Recursos para la convivencia

El llamado “decreto de convivencia” propuesto por la Consejería de Educación y Formación Profesional establece “normas de respeto y disciplina en materia de convivencia escolar” de aplicación en “los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos” de la CARM. El aparato normativo disciplinario en materia de convivencia es algo habitual en cualquier reglamento que organice las relaciones sociales ordinarias dentro de un centro educativo. Desde hace muchos años, los responsables educativos de cada centro (así como el personal docente) realizan un esfuerzo específico por informar de estos reglamentos a todos los miembros de la comunidad educativa, de manera especial al alumnado y sus familias. No estamos, por tanto, ante una iniciativa aislada o estrictamente novedosa. Baste la referencia al artículo 124 de la LOE y al añadido 124.5 de la LOMLOE.

¿Qué aporta este borrador de decreto? Fundamentalmente, un régimen sancionador renovado para responder de manera más eficaz y ágil a comportamientos ajenos a “un entorno propicio para el estudio y la formación integral de nuestro alumnado”. El decreto reitera conceptos como “disciplina” y “actividad lectiva”, que invitan a un debate más amplio, quizá. ¿Qué otros conceptos consideramos esenciales en esta futura norma desde CCOO Enseñanza? La idea de prevención y una relación de recursos acorde a los retos propuestos para la “adquisición de hábitos de disciplina y respeto”.

Traemos a debate dos herramientas que la consejería mantiene fuera de funcionamiento. La figura del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección de los menores aparece en la LOE y LOMLOE, y queda concretada en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Se trata de una herramienta absolutamente adecuada para enfrentar proyectos de trabajo pormenorizados que atiendan las necesidades y las iniciativas educativas centro a centro. Por desgracia, esta figura viene siendo ninguneada sin contemplaciones por nuestras autoridades educativas autonómicas, hasta el punto de dedicar una hora semanal del horario no lectivo de un docente a sus múltiples responsabilidades. La Consejería de Educación no incumple la norma legal, pero la asfixia en la práctica. Bonito ejemplo de “disciplina y respeto”. Además, la consecuente descarga de trabajo para los equipos directivos sería una muy buena noticia para quienes sufren la saturación de responsabilidades y tareas comúnmente llamada “burocracia”.

Otro aspecto central que también está en manos de nuestro gobierno regional se llama ratios. El gobierno central está en disposición de tomar medidas más valientes al respecto, vaya por delante. Las negociaciones, por el contrario, no están siendo felices. Escuchamos a una y otra Administración pública cantar los síntomas de crecimiento y progreso de la economía regional y estatal. Pero para invertir en disminución de ratios nadie se moja con decisión.

Sin embargo, esta es la principal reclamación de cualquier docente. Y la que mayor repercusión ejerce en las relaciones y el trabajo dentro del centro educativo, dado que la posibilidad de escuchar y ser escuchadas modula en buena medida nuestras actitudes y comportamientos. En el proceso educativo habrá siempre obstáculos y dificultades. El proyecto educativo debe contemplarlos. Nadie puede negar la evidencia de los conflictos en nuestros centros, de distinto grado, naturaleza, complejidad, individuales o colectivos. Dado que el borrador de Decreto enfoca de forma reiterada al aula como lugar de desempeño, parece evidente que se impone una actuación en ese ámbito de trabajo.

Pero no solo en el aula. Tenemos centros públicos y privados concertados saturados. El propio consejero lo plantea. Sin embargo, las inversiones para aumentar el parque de centros educativos públicos no están en la agenda del gobierno autonómico. Dos ejemplos: uno, los dos últimos colegios públicos inaugurados han necesitado quince años para ser construidos; dos, la patronal del metal pidió dinero público para construir su centro de cualificación en Cartagena y meses después, en ceremonia bien ilustrada, el presidente regional se jactaba de cumplir el deseo empresarial, traducido en 5’4 millones de euros. Ni infrafinanciación, ni nada: prioridad regional. Eso es respeto y disciplina.

En definitiva, el Decreto de convivencia tendrá el efecto que los recursos para su aplicación le permitan alcanzar.

*Nacho Tornel es secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia