“Oeeeeeee, oeoeoeeeeeeeee. Oeeeeeee. Oeeeeeee”. Son las siete y media de la tarde en estadio del Real Madrid. Las gradas están repletas: unas 70.000 personas cantan, aplauden con fuerza y corean genuinamente el famoso cántico sin letra que suele oírse en las competiciones deportivas. Pero esta vez no se celebra un partido de fútbol, ni la reciente victoria de Florentino Pérez para seguir al frente del club. Quien acaba de salir al campo es Robert Prevost, el papa León XIV. El público le recibe como a una auténtica superestrella, a la que artistas invitados como David Bustamante o Íñigo Quintero le dedican sus canciones en un estadio que, de forma excepcional, ha vuelto a dar conciertos.

Después de escuchar los testimonios variopintos de algunos asistentes –un vecino “laico” que decidió unirse a la vida parroquial, un treintañero que ha recibido su Primera Comunión o una familia de inmigrantes peruanos, en un guiño a sus orígenes–, León XIV abandonó el sillón blanco que coronaba el escenario poligonal, dividido en dos secciones diferenciadas, para dirigirse a la comunidad diocesana de Madrid en su último día completo en la capital. Jóvenes, adultos, niños y una amplia masa de fieles volvieron a gritar, entre el jolgorio y la emoción, cuando el máximo representante de los católicos lanzó una primera broma para romper el hielo: “Hoy la Iglesia ha echo un golazo para siempre”.

Las risas inundaron por unos segundos el estadio de fútbol, aunque se cortaron en seco cuando el pontífice comenzó su discurso. Lo primero fue agradecer la música. “Gracias al arzobispo [José Cobo] por haber introducido la parábola del canto”, dijo sobre los conciertos que esa tarde habían disfrutado los espectadores, esperando a su llegada desde la Catedral de la Almudena. Las canciones, muy habituales para la liturgia religiosa, son para él una forma de “crear comunidad” entre las “distintas almas” que ha conocido en su visita. Para él España es un pueblo que “ama la música, la danza y el estar juntos”, pero también conoce la “frustración y la desconfianza”.

“Vosotros testimoniais el Evangelio en la capital de un gran país europeo, sede de instituciones y organizaciones en las que se toman decisiones importantes para el presente y el futuro. Pero también destino de millones de visitantes y de hermanos y hermanas, en busca de nuevas oportunidades”, concluyó durante su discurso, en el que evoca la historia bíblica de Nehemías, que “involucró a una comunidad entera para reconstruir los muros de Jerusalén”. Una alegoría que llama a reconocer al otro y “no temer” a la diversidad de voces, procedencias o sensibilidades. Y que lanza otra advertencia: “Huid de las personas que cantan siempre la misma melodía”.

Entre el público se veían caras jóvenes, desde adolescentes hasta adultos primerizos y también personas de edad avanzada. Lograr una plaza en la grada no ha sido fácil, pero cada uno daba sus razones para estar allí. “La Iglesia me ha cambiado la vida”, resumía uno de los chavales que acudieron a ver al papa. Otros dijeron haberse entregado a la fe en respuesta a un momento difícil de su vida, como un hombre que narraba la situación de sus hijos con discapacidad. Algunos, también, eran curiosos buscando entrar a otro de esos eventos estelares que resuenan en Madrid: mientras Bad Bunny toca en el Metropolitano, el Bernabéu vuelve a la competencia para despedir a León XIV.

Recuerdos y controversias de una esperada visita

La visita de León XIV es la primera oficial de un papa a Madrid desde Juan Pablo II, que viajó tres veces a la capital. Su última estancia fue también la más exprés: un traslado de dos días en mayo de 2003. Casi una década más tarde, aunque sin llegar a ser un viaje apostólico, su sucesor Benedicto XVI voló a la ciudad para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que concluía ese año en la base aérea de Cuatro Vientos.

En estos 23 años –15 si se empieza contar desde la JMJ– han sucedido muchas cosas dentro y fuera de la Iglesia: la muerte en 2008 del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y uno de los grandes rostros del abuso sexual a menores; las primeras reuniones con víctimas y las sanciones impuestas por Benedicto XVI, después de que proliferaran más denuncias en Irlanda, EEUU, Alemania e incluso España, donde en 2019 se destapó el caso de la abadía de Montserrat. El Papa Francisco trató de modificar el rumbo pese a las resistencias de la jerarquía eclesiátisca, con reformas en la Curia Diocesana, un acercamiento a las comunidades vulnerables y el impulso de normas para obligar a denunciar cualquier presunto abuso sexual entre miembros de la Iglesia, estableciendo una responsabilidad en la omisión de socorro.

Desde su nombramiento, León XIV ha jurado defender aquel “preciado legado”. Sin embargo, una de las polémicas aterrizadas con su visita arremete cuestiona si se ha incumplido esa promesa. Acompañado de una fotografía del actual papa y simulando una reunión con él frente a la Nunciatura, Miguel Hurtado protagonizó el domingo una performance que era, a su vida, una crítica hacia Robert Prevost.

El primer denunciante público en la Abadía de Montserrat y conocido activista contra los abusos en la Iglesia se presentó a las puertas de la residencia papal en Madrid, en señal de protesta al no haber sido recibido por el pontífice. Hurtado, que sufrió abusos sexuales por parte del monje Andreu Soler y lo comunicó internamente (sin éxito) a los 22 años, consideraba que León XIV había optado por recibir a víctimas de “perfil bajo” –el representante del Vaticano se reunió este lunes con seis afectados por abusos de miembros del clero español– para no ver cara a cara a quienes “pueden apretarle” o “hacer preguntas incómodas que no quieran responder”.

También desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, inmerso en procesos judiciales de desahucio o causas con bloques de arrendatarios que se disputan su casa con un fondo inversor, han querido trasladar su propia lucha al pontífice. En una carta, que una portavoz de Sumar entregó este lunes en el Congreso, le han advertido del papel de algunas entidades vinculadas a la Iglesia en casos de especulación inmobiliaria. Un dardo indirecto al desahucio de Mariano Ordaz a los 67 años, cuya casa pertenecía a una orden católica, o a la venta millonaria de Fusara –una fundación ligada al Arzobipado de Madrid–, que ofreció unos edificios que habían sido donados para contribuir a causas sociales y terminaron pasando a empresas privadas.

Sin embargo, hasta el momento León XIV ha sido (junto a Bad Bunny) un gran reclamo para la ciudad. Para la misa oficiada por el papa el domingo desde Cibeles, después de la vigilia, y la procesión del Corpus Christi se calculan en torno a un millón y medio de asistentes, que debían escanear un código QR para obtener una plaza gratuita en el evento, al aire libre aunque con la previsión inequívoca de que iba a saturarse. Según la televisión pública española, que distribuyó a otras cadenas del mundo una retransmisión institucional, unos 400 millones de personas siguieron la visita del pontíce a través de sus pantallas.

Cinco voces para un mismo mensaje: no a las guerras, sí a la paz. Muy parecido al que el Papa León XIV está abanderando en sus mensajes durante su visita a España, pero en este caso, desde oraciones pronunciadas en cinco religiones diferentes: la católica, la católica grecolatina, la musulmana, la ortodoxa y la evangélica-protestante.

Ha sido con motivo del nuevo encuentro interreligioso que los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, han organizado por segundo año consecutivo, como ejemplo de convivencia entre diferentes credos. Un reflejo de las múltiples nacionalidades, más de una treintena, que conviven en este municipio de la comarca de la Manchuela y que ha propiciado que sea muy conocido incluso fuera de las fronteras españolas.

El acto, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, comenzó con la intervención de Floren Alfaro, trabajador social de la localidad, quien destacó que en un mundo “lleno de ruido, divisiones y enfrentamientos”, resulta “profundamente revolucionario” que todas estas voces se unan por la paz.

“Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida”, argumentó.

Tras lamentar que el odio, la violencia, el fanatismo o la indiferencia producen miles de muertes el todo el mundo, también señaló a aquellos que “intentan convencernos de que quienes son diferentes deben vivir separados, desconfiar unos de otros o incluso enfrentarse”.

Frente a esa idea, este encuentro interreligioso demuestra “exactamente lo contrario”. Porque, según resaltó el trabajador social, cuando se abren los libros sagrados de las distintas religiones, “encontramos un mensaje que se repite una y otra vez”.

Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida

Puso como ejemplo que en el Evangelio se encuentra la famosa frase “la paz os dejo y mi paz os doy”, una paz que “no nace de la imposición ni de la fuerza, sino del encuentro, del amor y de la reconciliación”. Por su parte, en el Corán, añadió, se enseña que “los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad y que cuando los ignorantes les hablan con agresividad, responden con palabras de paz”.

Asimismo, precisó que la tradición ortodoxa conserva las palabras del salmo que proclama la búsqueda de la paz, “no como una actitud pasiva, sino como una tarea constante que exige compromiso y perseverancia”.

También mencionó a las iglesias evangélicas, que recuerdan las palabras del apóstol Santiago: “Los que procuran la paz, siembran en paz para recoger frutos de justicia, porque no puede existir una paz verdadera si no está acompañada de justicia y fraternidad”.

Finalmente, la tradición grecocatólica, “heredera de la riqueza espiritual de Oriente y Occidente”, proclama en sus celebraciones “paz para todos”, recordando que esta última “no conoce fronteras, pueblos ni lenguas” y está destinada “a toda la familia humana”.

“Son cinco caminos distintos que se enfocan en una misma verdad: la paz no es debilidad, es valentía, y exige tender la mano cuando otros levantan muros, exige escuchar cuando otros gritan y encontrarse cuando otros quieren separarnos”, resumió el trabajador social.

Por eso destacó que el acto tiene un valor que va “más allá” de la iglesia que lo ha acogido. “Demuestra que la convivencia no es una teoría, es una realidad y la diversidad no es un problema que haya que resolver, sino una riqueza que podemos generar”.

Así, desde ese pequeño rincón de la Manchuela, defendió las diferentes voces para lanzar un mensaje “sencillo, pero poderoso” basada que “es posible convivir, respetarse, caminar juntos desde la diferencia”.

De la llamada del imán a la convivencia del protestantismo

Tras las palabras de Floren Alfaro, subieron al atril seis personas. Uno de ellos fue Abderrahman Louizi, imán que desde ese altar religioso realizó en árabe una llamada al rezo. De leer el Corán, en representación de la comunidad musulmana, se encargó Zakiya Louizi, con pasajes centrados en el pacifismo, la humildad y el respeto.

En representación de la religión protestante, Julia Estela Morales Villa rescató varios versículos de la Biblia centrados en la paz espiritual y en la necesidad de la convivencia.

Mensaje muy similar al promulgado por Anca Mariana Mititelu, en representación de los ortodoxos. Posteriormente, la voz de la religión grecocatólica la puso Maríya Bila Kryvetska, con un claro mensaje destinado principalmente la convivencia y el respeto por la diversidad.

Finalmente, Javier Cano, párroco de Villamalea, recordó el acto previo a la Eucaristía en las misas católicas, cuando se insta a los fieles a darse la paz entre ellos, destacando esa parte de la misa como una de las más importantes por ser el reflejo de la convivencia entre todas las personas.

Con motivo de este encuentro, los Servicios Sociales de Villamalea destacan que la diversidad de orígenes, idiomas, culturas y creencias convierte la convivencia cotidiana “en un mensaje visible y colectivo”. “Fue un acto religioso también de convivencia, de respeto, de comunidad. Una demostración de que es posible encontrarse, escucharse y caminar juntos sin renunciar a lo que cada uno es”.

Y bajo ese mensaje, instan a todas las personas a seguir “encontrándose en la plaza, en las calles, en las tiendas, en el fútbol” y “seguir convivir no es solo vivir juntos, es construir juntos”.

Un pueblo con proyección internacional

De esta forma, Villamalea ha vuelto a conseguir mostrarse como un crisol de diversidad religioso, un hecho del que ya se hicieron eco algunos medios internacionales, entre ellos el periódico inglés The Guardian, cuando este municipio, gobernado por el PP, aprobó, junto con la localidad vecina de Tarazona de la Mancha, una moción para pedir la regularización extraordinaria de migrantes.

Ya entonces, Floren Alfaro mostró su “orgullo y emoción” por el eco que recibió la iniciativa dado por un medio internacional de prestigio a la moción presentada -y aprobada por unanimidad- en ambos consistorios. “No puedo sentir otra cosa que orgullo. Orgullo de nuestros pueblos, de la gente que cree en una sociedad más justa, más humana y más decente”.

Este periódico destacó de los vecinos y vecinas de Villamalea llegados de otras partes del mundo, su “constante aporte de mano de obra” que “ha ayudado a convertir al municipio en una potencia agrícola”, entre otras cosas porque cerca de un 70% de los champiñones vendidos en España proceden de esta localidad albaceteña. Villamalea.

Este pueblo de Albacete ha seguido dando muestras de su espíritu humanitario. El pasado mes de octubre PP, PSOE e IU aprobaron, de nuevo por unanimidad, una moción en apoyo al pueblo palestino y en defensa de los derechos humanos en Gaza.

El PP rompió el aclamado consenso político

No obstante, el pasado mes de mayo ese consenso se rompió cuando en un pleno de la Diputación de Albacete, el segundo teniente de alcalde de Villamalea, Antonio Martínez, que también es diputado provincial, presentó una moción en la que arremetía contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, algo que su Ayuntamiento, del PP, había defendido meses antes desmarcándose de la tónica del partido a nivel nacional.

Los argumentos del teniente de alcalde fueron que se trata de un proceso “caótico”, con “falta de recursos” para los ayuntamientos y que, además, “anima a las mafias”, mensaje este último muy parecido al que defienden los discursos de ultraderecha capitaneados por Vox.

Los socialistas de la localidad albaceteña se echaron las manos a la cabeza por este viraje del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Aunque la moción fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación, este partido arremetió duramente contra el PP, que “durante meses quiso aparecer como defensor de la regularización de personas migrantes”.

“El mismo que firmó una moción conjunta con PSOE y Unidas Podemos, y aprovechó la repercusión nacional e internacional que tuvo nuestro pueblo como ejemplo de convivencia, ha terminado mostrando cuál era realmente su posición. Los conocemos (al PP) y sabemos que lo de Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas”, argumentaron.

El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.

Las asociaciones y colectivos de supervivientes de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica han expresado su “profunda preocupación” ante la falta de representatividad y pluralidad en los encuentros previstos con el papa León XIV durante su visita a España, que concluirá el próximo 12 de junio en Tenerife.

Las organizaciones firmantes son la Asociacion Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España, AVA, Infancia Robada Madrid, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada y la Plataforma de Víctimas de la Salle.

Y no son las únicas que hacen un llamamiento a León XIV. El Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias también ha hecho pública una carta al Papa con motivo de su próxima visita a las islas, en la que le pide que actúe de manera directa e inmediata contra la inacción y silencio que atribuye a los obispos españoles frente a los abusos sexuales a menores en la Iglesia.

En un comunicado conjunto firmado por dichas organizaciones, los supervivientes explican que su objetivo “nunca ha sido una fotografía ni un gesto simbólico vacío de contenido. Consideramos que cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas. Reclamamos un compromiso firme con las reivindicaciones de todos los supervivientes y un cambio profundo en la forma de afrontar esta realidad”, han manifestado.

Y han aprovechado para reiterar sus demandas: “El reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima, que garantice derechos efectivos; el acceso a atención psicológica y psiquiátrica especializada, a demanda y de por vida; medidas de apoyo para la inserción educativa y laboral; así como indemnizaciones dignas y proporcionales al daño sufrido”.

Por otro lado, han querido también expresar su preocupación por las personas que han quedado “excluidas del actual acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esa inclusión alcance a todas las víctimas, sin excepciones”, inciden.

Las organizaciones han exigido también respuestas para quienes, tras procesos judiciales con todas las garantías, han visto sus causas archivadas por falta de pruebas o por defectos procesales. “No es admisible imponer requisitos adicionales, como la identificación del agresor, para acceder al reconocimiento o a la atención. Del mismo modo, recordamos que no pueden quedar excluidas las personas que sufrieron abusos siendo mayores de edad: el daño y sus secuelas no dependen de la edad en el momento de los hechos”, resaltan.

Las asociaciones que durante años han trabajado públicamente, colaborado con investigaciones, con el Defensor del Pueblo y en la elaboración de propuestas de reparación, “deben ser escuchadas”, insisten, ya que, según explican, representan “una realidad diversa y compleja que no puede reducirse a una visión parcial ni sustituirse por relatos controlados por la propia institución”.

Además, las organizaciones advierten de que la exclusión de colectivos representativos puede generar una percepción errónea en la opinión pública, haciendo creer que existe un consenso o una satisfacción general que no se corresponde con la realidad. Esta situación, afirman, incrementa el sentimiento de abandono entre numerosas víctimas.

“Nuestro llamamiento no busca enfrentar a unas víctimas con otras. Todas merecen respeto. Lo que exigimos es que ninguna persona superviviente quede invisibilizada y que el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sea verdaderamente universal”, aclaran.

Las organizaciones de víctimas firmantes denuncian, además, la “narrativa” impulsada por la Iglesia española, que presenta iniciativas como el Plan PRIVA o el Programa Repara como respuestas suficientes, cuando “resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Consideramos que esta estrategia ha contribuido a silenciar a las asociaciones formadas por las propias víctimas y a imponer una versión parcial de la realidad”.

Por último, dirigen unas palabras directamente al papa León XIV para solicitarle que escuche también a quienes durante años han asumido el coste personal y social de denunciar y de trabajar por cambios reales. “Le reconocemos su compromiso con las políticas sociales impulsadas por su predecesor, especialmente en la defensa de los más vulnerables. Precisamente por ello, le pedimos un compromiso decidido con las víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia”.

“No nos evite: escúchenos y dialogue con nosotros. Las víctimas necesitamos su apoyo y su colaboración”, concluyen.

León XIV ha empezado fuerte su viaje a España. Ya desde el avión papal, en el que se comprometió a “trabajar personalmente” para acabar con la “llaga” que suponen los abusos a menores en la Iglesia, su visita parece destinada a dar claves políticas, y a señalar, con finezza vaticana, los dramas del sistema. Comenzó en Madrid, en el Palacio Real, con un discurso ante las autoridades en el que Prevost hizo un llamamiento rotundo a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, y agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

“Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación”, apuntó el Papa después del saludo de Felipe VI. “De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad”.

En sus primeras palabras oficiales, en el Palacio Real, ante representantes de la política, el mundo cultural y el Cuerpo Diplomático, León XIV recordó cómo la tradición sitúa la evangelización de España al apóstol Santiago, para evidenciar “el vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra”, que representa “una fuente de esperanza y de orientación entre los desafíos que hoy, como familia humana, debemos afrontar juntos”.

Con constantes referencias al Papa Francisco, pero también a tres de nuestros grandes santos, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila e Ignacio de Loyola, Prevost recordó que “nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz, por un nuevo conocimiento de la persona humana y de su dignidad inviolable, por la civilización del amor”.

“Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia”, rogó el pontífice. En este sentido, invitó “a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”.

Una “vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental”, que se basa en “apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos: he aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas”, frente al impulso de las nuevas tecnologías que, en su opinión, “se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba: en su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte. Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse”. 

“Es necesario, sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural”, insistió Prevost, quien matizó que “la seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo”.

“Vuestra propia historia lo atestigua”, reivindicó León XIV. “La presencia del islam en la Península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración. Durante ese periodo no sólo no hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos”, explicó, poniendo como ejemplo la convivencia en ciudades como Córdoba y Toledo.

“Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento —la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la Casa común, la paz— y traduzcámoslos en prácticas: planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y la paz”, afirmó el Papa, citando su última encíclica, para finalizar con el siguiente mensaje:

“Majestades, Altezas Reales, señoras y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. ¡Que Dios bendiga a España!”.

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León XIV ya está en España. Es la primera vez en 15 años que un pontífice visita nuestro país, uno de los favoritos por sus antecesores. Juan Pablo II vino hasta en cinco ocasiones, Benedicto XVI, en tres. La última, para clausurar, junto al entonces todopoderoso cardenal Rouco Varela, conocido por su dura oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011.

Desde entonces, ningún Papa ha venido a España. Francisco no quiso hacerlo. ¿Por qué? “Primero tienen que ponerse ustedes de acuerdo”, afirmó en varias ocasiones, subrayando no tanto la creciente polarización social y política en nuestro país, con el creciente papel de la extrema derecha de Vox, sino la profunda división en el interior de la Iglesia. Quince años –y un pontificado– después, la brecha no ha hecho sino aumentar.

La España que acogerá a Prevost está más dividida que entonces. También la Iglesia. De hecho, como adelantó elDiario.es, uno de los ejes de los discursos que el Papa dará en estos días girará en torno a la necesidad del diálogo en el interior de la Iglesia, al respeto de la diversidad y a la unidad de acción dentro de una sociedad donde los cristianos tienen que ser parte de la solución, y no –como ha sucedido en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos– del problema.

¿Qué Iglesia se encontrará León XIV? El panorama, contra las tesis de quienes apuntan a un ‘giro católico’ en la sociedad española, sigue siendo “desolador”, pese a reconocerse ‘brotes verdes’ entre algunos sectores de la juventud. Movimientos sobre los que advirtieron recientemente los obispos por el riesgo de “abuso espiritual” o “bombardeo emocional”, como los ‘retiros de impacto’ (Effetá, Emaús) o Hakuna (omnipresente en este viaje, al igual que el Opus Dei –los máximos responsables de la organización de la visita, entre ellos su coordinador general, Yago de la Cierva, forman parte de la prelatura–), ocupan buena parte de la agenda eclesiástica, orillando a movimientos sociales como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o la Iglesia de base. Y también es evidente la fuerte presencia de una férrea doctrina en lo moral que, en ocasiones, opaca la ingente labor social de Caritas, Manos Unidas u otras ONG católicas.

La Iglesia española está presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien en su etapa como secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) argumentaba que apenas había “unos pocos casos, o ninguno”, al referirse al drama de la pederastia y que ahora, como su máximo representante, asegura que la Iglesia es ejemplo de lucha contra los abusos, cuando la realidad muestra que estamos ante la Iglesia más refractaria a asumir su responsabilidad, junto a la italiana o polaca, de todo el continente.

Este viernes por la noche el Vaticano ha anunciado que el Papa se reunirá con supervivientes de la pederastia eclesial en España. Pese al anuncio, la Santa Sede ha evitado ofrecer más detalles de cómo y cuándo se producirá. Ante la ausencia de noticias, varias asociaciones de víctimas tenían previsto concentrarse ante las puertas de la ‘casa del Papa’ en Madrid. “León XIV, no recibiendo a las víctimas, ni siquiera fuera de agenda, ni siquiera veinte minutos de su poblada lista de actos, algunos irrelevantes, comete un error mayúsculo que las víctimas nunca olvidaremos ni por supuesto perdonaremos”, explicaba hace unos días a elDiario.es Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR Infancia Robada.

Conservadores y contra el Gobierno

La mayoría episcopal continúa estando, como hace década y media, alineada en el sector más conservador de la Iglesia, en materia de moral sexual, y también política, con declaraciones de varios prelados reclamando, desde hace meses, la dimisión del Gobierno y elecciones, y cuestionando acuerdos firmados, incluso, con la propia jerarquía, como el de la resignificación de Cuelgamuros o el nuevo sistema de reparaciones a víctimas de la pederastia.

Con todo, León XIV, al igual que hizo Francisco, ha mostrado sus preferencias. Y lo ha hecho en la figura del cardenal de Madrid, José Cobo, actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal y miembro del dicasterio de Obispos, el encargado de diseñar el ‘mapa’ de futuros obispos. Un Cobo que, en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, sigue teniendo una notable minoría de apoyos, apenas una veintena frente a los 70 obispos residenciales en las diócesis de nuestro país.

La tesis de Roma, con Bergoglio y ahora con Prevost, es la de buscar prelados que puedan contribuir a generar en la Iglesia española el espíritu de la sinodalidad y de la apertura social. Prueba de ello ha sido la participación de entidades eclesiales en el proceso de regularización extraordinaria, pese a que ello conllevara duras acusaciones por parte de la ultraderecha, supuestamente católica, de Vox.

Aun así, siguen siendo mayoría los obispos que, en la actual situación, ven con buenos ojos la llegada de los más ultras al Gobierno. “Está bien que Vox controle al PP, que no deja de ser el PSOE de hace diez años”, constata un prelado perteneciente al sector más rigorista del episcopado español y que entiende, como muchos, que la “prioridad nacional” también pasa por reivindicar los valores ‘católicos’ de la sociedad española. Un movimiento identitario en el que grupos como Abogados Cristianos o HazteOír han vuelto a lograr, pese a la cercanía de algunos de ellos con El Yunque (sociedad secreta prohibida por la Iglesia) volver a tener altavoz en las parroquias.

El Papa hablará, y mucho, a la clase política y social. Desde su llegada este sábado al histórico discurso en el Congreso de los Diputados, o sus gestos con los migrantes en el muelle de Arguineguín. Pero sus mensajes también estarán orientados hacia el interior de una institución que necesita, con urgencia, trabajar para aflojar el ambiente de crispación generalizado, y ofrecer respuestas a las víctimas de abusos, los migrantes y las realidades históricamente olvidadas por la institución, y que el pontificado de Francisco ayudó a visibilizar en el interior de la Iglesia. Bergoglio lo intentó, pero no tuvo éxito en España. Tal vez por ello no quiso visitar nuestro país. ¿Lo logrará Prevost? Este viaje marcará la pauta del futuro de la Iglesia española. ¿Hacia dónde? Lo veremos.

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El Tribunal Suprem ha posat fi al llarg conflicte judicial que enfrontava el Bisbat de Mallorca amb la Comunitat de Religioses Jerònimes del convent de Santa Isabel, a Palma, en tombar l'últim intent de la diòcesi d'arrabassar-los la titularitat de l'immoble. L'Alt Tribunal ha inadmès el recurs de cassació amb què el Bisbat pretenia revertir la sentència que va donar la raó a la congregació en la disputa per la propietat dels seus béns i ha declarat ferma la resolució. Després d'anys de litigi i de diverses instàncies judicials, les Jerònimes consoliden definitivament la seva victòria i tanquen una batalla legal que ja no admet més recursos.

La providència de la Secció d'Admissió de la Sala Primera del Suprem, que imposa les costes processals a la diòcesi i acorda la pèrdua del dipòsit constituït per recórrer, desmunta un per un els arguments amb què la institució eclesiàstica cercava invalidar la seva derrota judicial. Els magistrats rebutgen els set motius plantejats pel Bisbat i conclouen que cap d'ells presenta l'interès cassacional necessari per justificar una revisió del cas.

L'origen del conflicte es remunta a diversos segles enrere. La història del convent i de l'església de Santa Isabel comença l'any 1336, quan Jaume Ça Granada va donar unes cases i un hort a una comunitat femenina que va prendre santa Elisabet com a patrona. Quan aquella comunitat fou dissolta per decisió episcopal el 1485, el seu patrimoni passà a mans de les monges jerònimes que la substituïren. És precisament la titularitat històrica d'aquests béns, alterada posteriorment pels processos desamortitzadors del segle XIX, la que ha estat al centre de la llarga batalla judicial que ara el Tribunal Suprem dona per tancada.

La llei de 1860, clau del litigi

Una de les estocades del tribunal afecta el nucli històric del conflicte: la interpretació de la Llei de 4 d'abril de 1860. La norma, aprovada després dels processos desamortitzadors del segle XIX, regulava la devolució a l'Església d'aquells béns eclesiàstics que havien estat confiscats per l'Estat però que mai no arribaren a vendre's. La qüestió central del litigi era determinar qui havia de ser considerat el legítim propietari d'aquests immobles: si el Bisbat de Mallorca o la comunitat religiosa que els posseïa abans de la desamortització. En aquest sentit, el Suprem avala la tesi de l'Audiència i recorda que la seva pròpia jurisprudència ha establert que la llei de 1860 ordenava la restitució dels béns als qui n'eren propietaris abans de la desamortització. En aquest cas, conclou, aquesta condició corresponia a la comunitat religiosa i no al Bisbat.

En aquesta línia, la Sala desactiva també la rellevància que la diòcesi atribuïa al conveni subscrit el 1865 entre l'Estat i el Bisbat per concretar el repartiment dels béns afectats per la desamortització impulsada deu anys abans per l'aleshores ministre d'Hisenda, Pascual Madoz. La institució eclesiàstica sostenia que aquest document avalava les seves pretensions sobre els immobles en disputa, però el Suprem considera que la qüestió ja havia quedat resolta de manera implícita per l'Audiència. Si aquesta va concloure que els béns desamortitzats que mai no arribaren a vendre's corresponien a la congregació religiosa i no al Bisbat, raona la Sala, el valor probatori que la diòcesi atribuïa al conveni de 1865 quedava automàticament descartat, sense necessitat d'un pronunciament específic sobre aquell document històric.

Respecte dels retrets processals formulats per la diòcesi, els magistrats descarten que l'Audiència Provincial hagués vulnerat la doctrina sobre la cosa jutjada, un dels principals pilars del recurs. El Bisbat sostenia que una resolució anterior condicionava necessàriament el resultat del procediment actual, però el Suprem replica que ambdós litigis perseguien objectius diferents: mentre que el primer versava sobre una rectificació registral, el segon tenia per objecte determinar qui era el legítim propietari dels immobles.

Els magistrats també rebutgen els arguments vinculats a la usucapió en entendre que, fins i tot si s'eliminassin del raonament de l'Audiència, la sentència continuaria sustentant-se en fonaments jurídics independents. En altres paraules, la discussió no tenia capacitat per alterar el resultat del plet.

Després de rebutjar tots els motius de cassació, el Suprem acorda la inadmissió íntegra del recurs, declara ferma la sentència de l'Audiència Provincial de Palma i tanca definitivament una disputa judicial que s'arrossegava des de feia anys. La resolució posa fi a la via judicial ordinària, ja que contra la providència d'inadmissió no hi cap cap recurs.

Victòria i alleujament entre les Jerònimes

En un comunicat difós aquest divendres, la presidenta de la Federació de Monestirs de Monges Jerònimes de Santa Paula i priora del monestir de Santa Isabel, sor Ángeles Sanz Rodríguez, ha celebrat que el Suprem hagi inadmès el recurs de la diòcesi i hagi convertit en ferma la sentència favorable a la congregació, anul·lant així la inmatriculació duta a terme el 2014 per l'anterior bisbe, Javier Salinas, “contra tot dret i tota raó i atentant contra els drets històrics i patrimonials de les monges”, i mantinguda “de manera contumaç” pel seu successor, Sebastià Taltavull.

Les Jerònimes recorden que “vénen posseint, ampliant, cuidant i atresorant pacíficament” el monestir des de 1485 i expressen la seva satisfacció pel fet que els magistrats ratifiquin que són les legítimes propietàries de l'immoble i que la sentència tanqui “definitivament” una disputa que qualifiquen de “tan llarga com lamentable”.

“Celebram ferventment que aquest pronunciament del Tribunal Suprem sigui el darrer capítol d'aquesta controvèrsia, tan llarga com lamentable, que ens ha enfrontat a algú tan de l'Església com és un bisbe”, assenyala la nota. Per la seva banda, la lletrada de les religioses, Pilar Rosselló, destaca que la Sala Primera hagi rebutjat íntegrament el recurs de cassació formulat pel Bisbat de Mallorca i ha celebrat “amb legítima satisfacció que avui sí es posi fi al patiment” de les Jerònimes.

Santa Isabel figurava en el llistat de propietats inmatriculades per l'Església a Palma juntament amb alguns dels immobles més emblemàtics de la ciutat, com la Catedral de Mallorca, el Palau Episcopal o l'església de Sant Miquel, a més de solars, terrenys i habitatges. El cas adquireix així una rellevància especial en el debat sobre les inmatriculacions eclesiàstiques, un fenomen que afectà milers de béns arreu de l'Estat i l'empremta del qual també s'estén a totes les illes de l'arxipèlag balear.

El futur del convent

La resolució judicial obre ara una nova etapa per al monestir. Situat en ple centre històric de Palma, l'immoble ocupa una ubicació especialment cobejada i el seu valor patrimonial i urbanístic el converteix en un espai susceptible de despertar l'interès de promotors hotelers o immobiliaris. Després de la primera sentència que els va donar la raó, dictada el 2022, les Jerònimes encara no havien concretat quin ús tindria el conjunt una vegada conclòs el litigi. La prioritat, manifestaren aleshores a aquest diari, passa per recuperar la vida religiosa al monestir. No obstant això, les dimensions de l'edifici i l'escassetat de vocacions fan preveure una fórmula que combini la presència conventual amb activitats de caràcter social, assistencial i cultural, a més de la reobertura al culte de l'església.

L'any 2016, la Fundació Amadip-ESMENT va plantejar un projecte que permetia compatibilitzar una petita comunitat religiosa amb iniciatives adreçades a persones amb discapacitat, incloent activitats d'agricultura ecològica, elaboració i venda de productes monàstics, visites guiades al conjunt històric i concerts a l'orgue del segle XVIII que conserva l'església. La proposta, que també preveia la recuperació del culte públic, va rebre el suport del Consell de Mallorca, de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de diferents especialistes en patrimoni. Tanmateix, mai no arribà a materialitzar-se a causa del conflicte judicial mantingut durant més d'una dècada amb el Bisbat, una controvèrsia que el Tribunal Suprem acaba ara de donar per tancada.

Las tres diócesis católicas de Extremadura han reclamado a la Junta que reconsidere la reducción de fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo incluida en los presupuestos autonómicos, una medida acordada por el Gobierno regional de PP y Vox que supone una drástica disminución de los recursos destinados a esta política pública.

En un comunicado conjunto difundido este viernes, las diócesis de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia expresan su preocupación por el recorte y recuerdan que la cooperación internacional constituye una herramienta fundamental para combatir la pobreza, promover los derechos humanos y favorecer la justicia global.

Los responsables eclesiásticos señalan que la solidaridad con los países y comunidades más vulnerables no debe entenderse como una acción secundaria, sino como una responsabilidad compartida que trasciende fronteras. En este sentido, defienden que la cooperación internacional no es incompatible con la atención a las necesidades sociales de Extremadura, sino que forma parte de un compromiso ético con la dignidad humana.

La petición de las diócesis se produce después de que la Junta anunciara una reducción de más de nueve millones de euros en los fondos destinados a cooperación internacional. El vicepresidente del Ejecutivo extremeño, Óscar Fernández Calle, ha defendido esta decisión argumentando que los recursos deben priorizarse para atender necesidades internas de la comunidad autónoma, como la dependencia, la sanidad o los servicios sociales. Según explicó recientemente, la partida destinada a cooperación pasará de alrededor de 11 millones de euros a unos 2 millones.

En su comunicado, las diócesis recuerdan además la larga trayectoria solidaria de la sociedad extremeña y el trabajo desarrollado durante décadas por organizaciones sociales, entidades religiosas y ONG en proyectos de desarrollo internacional. A su juicio, el apoyo institucional a estas iniciativas ha contribuido a proyectar una imagen de Extremadura comprometida con la justicia social y la solidaridad entre pueblos.

La posición de la Iglesia extremeña se suma a las críticas formuladas en los últimos días por organizaciones sociales, entidades de cooperación y colectivos defensores de los derechos humanos, que han mostrado su rechazo a los recortes y han reclamado al Ejecutivo autonómico que mantenga su compromiso con la cooperación internacional.

Las diócesis concluyen su llamamiento apelando al diálogo y a la reflexión para que la reducción presupuestaria pueda ser revisada, en un contexto en el que distintas organizaciones alertan de las consecuencias humanitarias que los recortes en cooperación pueden tener sobre las poblaciones más vulnerables.

El Tribunal Supremo ha puesto fin al largo conflicto judicial que enfrentaba al Obispado de Mallorca con la Comunidad de Religiosas Jerónimas del convento de Santa Isabel, en Palma, al tumbar el último intento de la diócesis de arrebatarles la titularidad del inmueble. El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación con el que el Obispado pretendía revertir la sentencia que dio la razón a la congregación en la disputa por la propiedad de sus bienes y ha declarado firme la resolución. Tras años de litigio y varias instancias judiciales, las Jerónimas consolidan definitivamente su victoria y cierran una batalla legal que ya no admite más recursos.

La providencia de la Sección de Admisión de la Sala Primera del Supremo, que impone las costas procesales a la diócesis y acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir, desmonta uno por uno los argumentos con los que la institución eclesiástica buscaba invalidar su derrota judicial. Los magistrados rechazan los siete motivos planteados por la institución eclesiástica y concluyen que ninguno de ellos presenta el interés casacional necesario para justificar una revisión del caso.

El origen del conflicto se remonta varios siglos atrás. La historia del convento y de la iglesia de Santa Isabel arranca en 1336, cuando Jaume Ça Granada donó unas casas y un huerto a una comunidad femenina que tomó a Santa Elisabet como patrona. Cuando aquella comunidad fue disuelta por decisión episcopal en 1485, su patrimonio pasó a manos de las monjas jerónimas que la sustituyeron. Es precisamente la titularidad histórica de esos bienes, alterada posteriormente por los procesos desamortizadores del siglo XIX, la que ha estado en el centro de la larga batalla judicial que ahora el Tribunal Supremo da por cerrada.

La ley de 1860, clave del litigio

Una de las estocadas del tribunal afecta al núcleo histórico del conflicto: la interpretación de la Ley de 4 de abril de 1860. La norma, aprobada tras los procesos desamortizadores del siglo XIX, regulaba la devolución a la Iglesia de aquellos bienes eclesiásticos que habían sido incautados por el Estado pero que nunca llegaron a venderse. La cuestión central del litigio era determinar quién debía ser considerado el legítimo propietario de esos inmuebles: si el Obispado de Mallorca o la comunidad religiosa que los poseía antes de la desamortización. En este sentido, el Supremo respalda la tesis de la Audiencia y recuerda que su propia jurisprudencia ha establecido que la ley de 1860 ordenaba la restitución de los bienes a quienes eran sus propietarios antes de la desamortización. En este caso, concluye, esa condición correspondía a la comunidad religiosa y no al Obispado.

En esta línea, la Sala desactiva también la relevancia que la diócesis atribuía al convenio suscrito en 1865 entre el Estado y el Obispado para concretar el reparto de los bienes afectados por la desamortización impulsada diez años antes por el entonces ministro de Hacienda, Pascual Madoz. La institución eclesiástica sostenía que ese documento respaldaba sus pretensiones sobre los inmuebles en disputa, pero el Supremo considera que la cuestión ya había quedado resuelta de forma implícita por la Audiencia. Si ésta concluyó que los bienes desamortizados que nunca llegaron a venderse correspondían a la congregación religiosa y no al Obispado, razona la Sala, el valor probatorio que la diócesis atribuía al convenio de 1865 quedaba automáticamente descartado, sin necesidad de un pronunciamiento específico sobre aquel documento histórico.

Respecto a los reproches procesales formulados por la diócesis, los magistrados descartan que la Audiencia Provincial vulnerase la doctrina sobre la cosa juzgada, uno de los principales pilares del recurso. El Obispado sostenía que una resolución anterior condicionaba necesariamente el resultado del procedimiento actual, pero el Supremo replica que ambos litigios perseguían objetivos distintos: mientras el primero versaba sobre una rectificación registral, el segundo tenía por objeto determinar quién era el legítimo propietario de los inmuebles.

Los magistrados también rechazan los argumentos vinculados a la usucapión al entender que, incluso si se eliminaran del razonamiento de la Audiencia, el fallo seguiría sosteniéndose sobre fundamentos jurídicos independientes. En otras palabras, la discusión carecía de capacidad para alterar el resultado del pleito.

Tras rechazar todos los motivos de casación, el Supremo acuerda la inadmisión íntegra del recurso, declara firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma y cierra definitivamente una disputa judicial que se arrastraba desde hace años. La resolución pone fin a la vía judicial ordinaria, ya que contra la providencia de inadmisión no cabe recurso alguno.

Victoria y alivio entre las Jerónimas

En un comunicado difundido este viernes, la presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula y priora del monasterio de Santa Isabel, sor Ángeles Sanz Rodríguez, ha aplaudido que el Supremo haya inadmitido el recurso de la diócesis y haya convertido en firme la sentencia favorable a la congregación, cancelando de este modo la inmatriculación llevada a cabo en 2014 por el anterior Obispo, Javier Salinas, “contra todo derecho y razón y atentando contra los derechos históricos y patrimoniales de las monjas”, y mantenida “de manera contumaz” por su sucesor, Sebastià Taltavull.

Las Jerónimas recuerdan que “vienen poseyendo, ampliando, cuidando y atesorando pacíficamente” el monasterio desde 1485 y expresan su satisfacción por el hecho de que los magistrados ratifiquen que son las legítimas propietarias del inmueble y que el fallo zanje “definitivamente” una disputa que califican de “tan larga como lamentable”.

“Celebramos fervientemente que este pronunciamiento del Tribunal Supremo sea el último capítulo de esta controversia, tan larga como lamentable, que nos ha enfrentado a alguien tan de la Iglesia como es un Obispo”, subraya la nota. Por su parte, la letrada de las religiosas, Pilar Rosselló, pone de relieve que la Sala Primera haya rechazado en su totalidad el recurso de casación formulado por el Obispado de Mallorca y ha celebrado “con legítima satisfacción que hoy sí se ponga fin al sufrimiento” de las Jerónimas.

Santa Isabel figuraba en el listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia en Palma junto a algunos de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad, como la Catedral de Mallorca, el Palacio Episcopal o la iglesia de Sant Miquel, además de solares, terrenos y viviendas. El caso adquiere así una relevancia especial en el debate sobre las inmatriculaciones eclesiásticas, un fenómeno que afectó a miles de bienes en todo el Estado y cuya huella también se extiende a todas las islas del archipiélago balear.

El futuro del convento

La resolución judicial abre ahora una nueva etapa para el monasterio. Situado en pleno centro histórico de Palma, el inmueble ocupa una ubicación especialmente codiciada y su valor patrimonial y urbanístico lo convierte en un espacio susceptible de despertar el interés de promotores hoteleros o inmobiliarios. Tras la primera sentencia que les dio la razón, dictada en 2022, las Jerónimas todavía no habían concretado qué uso tendría el conjunto una vez concluido el litigio. La prioridad, manifestaron entonces a este periódico, pasa por recuperar la vida religiosa en el monasterio. No obstante, las dimensiones del edificio y la escasez de vocaciones hacen prever una fórmula que combine la presencia conventual con actividades de carácter social, asistencial y cultural, además de la reapertura al culto de la iglesia.

En 2016, la Fundación Amadip-ESMENT planteó un proyecto que permitía compatibilizar una pequeña comunidad religiosa con iniciativas dirigidas a personas con discapacidad, incluyendo actividades de agricultura ecológica, elaboración y venta de productos monásticos, visitas guiadas al conjunto histórico y conciertos en el órgano del siglo XVIII que conserva la iglesia. La propuesta, que también contemplaba la recuperación del culto público, recibió el respaldo del Consell de Mallorca, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de distintos especialistas en patrimonio. Sin embargo, nunca llegó a materializarse debido al conflicto judicial mantenido durante más de una década con el Obispado, una controversia que el Tribunal Supremo acaba ahora de dar por cerrada.

Marisol Zamora y Olatz Mercader han comparecido este miércoles en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para relatar supuestos de violencia sexual cometidos por Patxi Ezkiaga, docente en La Salle de Donostia desde 1976 hasta 2012 y fallecido en 2018. Invitadas por la propia Cámara, han intervenido para explicar su situación y emitir su juicio sobre el informe del Ararteko y el tratamiento institucional de sus denuncias.

Desde el inicio de su intervención, las comparecientes han querido enmarcar su presencia como algo colectivo. “No somos dos personas: traemos una memoria colectiva que ha estado enterrada bajo un silencio de décadas”, ha señalado Mercader. Denuncia que su relato fue durante años un “secreto guardado bajo llave” en un entorno donde la institución religiosa tenía más peso que la palabra de las menores. A esto, Zamora ha añadido que los excesos no fueron solo individuales, sino también estructurales, sostenido durante años por el prestigio del agresor y el silencio del entorno.

En su relato, han descrito el impacto de la violencia sexual en la vida de las víctimas, con casos de traumas psicológicos, secuelas emocionales y hasta intentos de suicidio. Han señalado que el abuso no solo afectó a quienes lo sufrieron directamente, sino también a quienes fueron testigos en el aula de una dinámica que han descrito como un “ecosistema de impunidad”, enseñando cómo se puede hacer uso del poder y la autoridad.

“La vergüenza siempre ha estado de nuestro lado”, ha afirmado Zamora, reclamando que ese peso social se traslade a las instituciones responsables. Ambas han denunciado una “omertá” social en torno a los abusos sexuales y han advertido de que “lo que no se nombra no existe”, motivo por el que han decidido romper el silencio públicamente.

Las comparecientes han denunciado además la falta de respuesta adecuada por parte de la institución educativa. Han recordado que La Salle, un centro religioso privado sostenido con fondos públicos, rechazó las medidas de reparación colectiva propuestas en el marco del proceso restaurativo impulsado con el Ararteko, limitándose a respuestas individuales. “No es suficiente con reconocer el daño si no se repara”, ha reivindicado Mercader, criticando que la reparación dependa de la voluntad del propio centro.

Entre sus propuestas, han descrito una reparación con una dimensión colectiva y estructural, así como la creación de un certificado de víctima de violencia sexual que evite la revictimización en los distintos procedimientos administrativos. También han defendido la necesidad de vincular la financiación pública a compromisos éticos de protección infantil, establecer recursos especializados en trauma, crear fondos públicos de reparación y reforzar los mecanismos de prevención y auditoría en entornos con menores. Han interpelado directamente a las instituciones para que pasen de las declaraciones a los hechos. “No venimos a una foto ni a un gesto simbólico, venimos a exigir medidas”, ha señalado Zamora, advirtiendo de que la responsabilidad política es clave para evitar la repetición de casos similares.

Tras los discursos, PSE-EE, EH Bildu y PNV han brindado respuestas con un tono de reconocimiento y apoyo generalizado, aunque con matices. Los socialistas han manifestado su respeto por la valentía de las víctimas y ha defendido la necesidad de avanzar en procesos de justicia restaurativa ante la imposibilidad de una respuesta penal por la prescripción de los hechos y el fallecimiento del agresor. Su portavoz, Miren Gallástegui, ha subrayado el compromiso de “estudiar las propuestas” planteadas y ha criticado que La Salle no haya asumido una reparación colectiva.

Desde EH Bildu, su representante Amancay Villalba ha exigido un pronunciamiento público “claro” por parte del centro educativo que permitió la prolongación de los abusos. Han insistido en que el daño tiene una dimensión colectiva y comunitaria, y han reclamado que las instituciones asuman su responsabilidad por acción u omisión. Villalba ha reiterado la necesidad de avanzar en medidas de reparación, así como en el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios llegados durante el pleno de noviembre de 2023 sobre abusos en el ámbito religioso.

El PNV, a través de Josune Escota, ha trasladado su reconocimiento al sufrimiento de las víctimas y ha afirmado que les escuchan y que les creen. Escota ha subrayado la gravedad de los hechos recogidos en el informe del Ararteko y la importancia de actuar ante ello. También ha defendido que “la verdad, la justicia y la reparación” deben abordarse también desde una dimensión colectiva y ha apelado a la responsabilidad compartida de instituciones y sociedad para garantizar la no repetición.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga fue adelantada por 'El País' en 2024, aunque las víctimas sostienen que los hechos pudieron prolongarse hasta 2012. Al menos 30 mujeres han sido identificadas como víctimas tanto en el aula como en actividades extracurriculares como gimnasia rítmica, excursiones y campamentos. El informe del Ararteko recoge que algunas víctimas sufrieron abusos graves durante años, con secuelas físicas y psicológicas persistentes que requieren atención especializada, en un caso que ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional y la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito educativo y religioso.

Gracia. Con esta palabra latina de especial relevancia en el catolicismo se ha bautizado el dispositivo de seguridad que se está ultimando para la visita del papa León XIV a Madrid, Cataluña y Canarias, un evento que va a exigir un histórico dispositivo policial y que volverá a poner a prueba la capacidad de España ante concentraciones multitudinarias.

Aunque los detalles del operativo no se van a conocer, desde el Ministerio del Interior y las delegaciones del Gobierno implicadas se han desgranado ya las cifras de un despliegue de seguridad sin precedentes, ya que incide en cuatro provincias y en múltiples escenarios, muchos al aire libre.

Para el diseño del plan de seguridad se han estudiado al detalle los cerca de 40 actos agendados oficialmente en este primer viaje apostólico del Papa a España, que tiene una duración relevante, 6 días, 4 horas y 30 minutos de fase “crítica”: León XIV aterrizará en Madrid este sábado a las 10.30 horas y abandonará suelo español desde Tenerife a las 15.00 horas del viernes día 12.

Dadas las características singulares de este viaje, el plan de seguridad ha quedado recogido en una instrucción (la 2/2026) firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con el objetivo de articular un marco común de gestión.

Del GEO a la “cápsula” de protección del papa y arcos detectores

Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la Policía Municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la Guardia Urbana catalana y otros 200 de la Policía Canaria.

Fuentes próximas al operativo diseñado explican a EFE que la Policía Nacional liderará el despliegue, con la implicación de decenas de unidades que van desde el Grupo Especial de Operaciones (GEO), pasando por los grupos competentes en materia de seguridad ciudadana, con un importante número de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Caballería, guías caninos, medios aéreos, subsuelo o brigadas móviles también participan en este despliegue de la Policía en el que trabajarán, aunque más en la sombra, agentes que ciberpatrullan las redes para detectar posibles amenazas y funcionarios adscritos a la Comisaría General de Información. No hay que olvidar que España tiene en vigor un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista.

Además, junto a la Guardia Suiza Pontificia, policías de paisano de la Unidad Central de Protección se integrarán en la cápsula de seguridad de León XIV durante todo el viaje. Tanto a pie como en vehículo serán los agentes encargados del círculo de protección más cercano al pontífice.

Especial también es el blindaje en el entorno a las residencias donde se alojará León XIV, con un robusto perímetro de seguridad en la Nunciatura Apostólica de Madrid y en los palacios episcopales de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Ya en las calles, y ante los multitudinarios actos que se prevén -se estima la asistencia de un millón de personas en la misa que oficiara este domingo en la plaza de Cibeles, miles de fieles en la Sagrada Familia el miércoles 10 y las eucarísticas que se celebrarán Las Palmas y Santa Cruz Tenerife los días 11 y 12-, se establecerán controles e, incluso, el servicio de armamento de la Policía instalará arcos detectores de metales y sustancias explosivas.

En estos escáneres se situarán, junto con agentes experimentados, 450 alumnos de la academia de Policía de Ávila, mientras que otros 2.100 futuros agentes apoyarán a la UIP en los alrededores de los filtros y cordones de seguridad por las calles afectadas.

En fase de 'alerta' y a cuatro días de pasar a 'crítica'

Para que nada falle y ante cualquier incidencia, se establecerán centros de mandos operativos en los que participará personal de las instituciones implicadas, así como los servicios de emergencias.

El operativo se ha dividido en cuatro fases, dos de ellas ya culminadas, la 'previa', iniciada desde que se confirmó la visita, y la denominada 'preventiva' que finalizó el pasado domingo.

Desde este lunes, se ha entrado de lleno en la fase de 'alerta' con más presencia policial en las calles. Horas antes de que el papa pise suelo español este sábado, las fuerzas de seguridad activarán la fase 'crítica'.

Esta última fase comprenderá las tres sedes de la visita del papa. En Madrid, desde la medianoche del 6 de junio hasta a las 13:30 horas del día 9; en Barcelona desde las 07:00 del 9 a las 08:00 horas del 11 de junio y en Canarias, desde la medianoche de ese 11 de junio hasta que el avión del papa abandone el día 12 el espacio aéreo español. 

En pleno ajetreo por la visita del Papa, otro frente inesperado se abre ante el Arzobispado de Madrid. Los inquilinos de Fusara, una fundación ligada a la Iglesia que vendió edificios residenciales y dejó a unas 200 familias a merced del nuevo comprador, vuelven a dar pasos que salpican a la Diócesis. Su abogada acaba de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el máximo garante de la Carta Magna. En él cuestiona la legitimidad del Patronato de la fundación para retirarse como acusación particular de la causa, algo que finalmente ocurrió en septiembre, y acusa a estos “sujetos procesales” de haberse alineado con los beneficiarios del acuerdo, miembros de la antigua cúpula de Fusara: “Sin Acusación Popular no hay acusación [...], y sin acusación no hay enjuiciamiento”.

En el escrito, registrado el miércoles pasado y firmado por hasta 15 recurrentes –todos inquilinos salvo una sociedad mercantil, Carandela S.L.–, los denunciantes señalan directamente a la Archidiócesis de Madrid: consideran que la imputación de miembros de la antigua cúpula de Fusara y parte del núcleo de confianza del entonces arzobispo, Carlos Osoro, “acredita objetivamente la existencia de un conflicto de interés estructural” entre la circunscripción católica y la resolución de esta causa.

La demanda recuerda que, entre los acusados que llegarán a juicio, figuran el exdelegado episcopal de fundaciones del Arzobispado, David López Royo, y también el interventor general de la Archidiócesis en el momento de la venta, Julio Lage, muy cercano a Osoro.

Ambos responsables fueron acusados de posibles delitos de administración desleal agravada y corrupción entre particulares, y es sobre esta base donde se asienta el último recurso de los inquilinos: estos creen que una futura condena en su contra “podría comprometer la responsabilidad civil subsidiaria” de Fusara y explicar, así su retirada como acusación particular del caso. Es más, los denunciante opinan que una entidad como esta no siempre ha de considerarse “correctamente representada” por su Patronato, sobre todo si se adoptan decisiones “perjudiciales” para su razón de ser.

“Los beneficiarios reales de la fundación son, pues, los pobres de Madrid, no la persona jurídica fundacional”, reza el escrito, al que ha tenido acceso Somos Madrid. Una tesis que de momento exponen solo los afectados, y aún no ha sido asumida por los tribunales. Sin embargo, fue precisamente una denuncia vecinal la que abrió en 2019 una primera investigación del caso. La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara) no se personó hasta más de un año después, cuando la venta de los edificios ya había sido paralizada con unas medidas cautelares.

Un acuerdo extrajudicial que cambió el rumbo de la causa

El origen de este caso fue la venta de 14 edificios residenciales que pertenecían a Fusara. La operación inicial se cerró por 74 millones de euros en 2019 y afectó a cerca de 200 familias inquilinas, que pasaron a depender del nuevo propietario, un grupo inversor inmobiliario. La fundación defendió entonces que esta venta permitía obtener recursos para cumplir mejor sus fines asistenciales; en cambio, los arrendatarios insistieron en que el patrimonio fue transmitido por debajo de su valor real y en contra de la voluntad fundacional que dio origen a la entidad. El verano pasado, Fusara alcanzó un acuerdo extrajudicial cos los investigados y renunció a determinadas acciones penales y civiles, solicitando su expulsión como acusación popular.

A cambio, sus beneficios por la venta pasaron de 74 a casi 100 millones de euros después de un acuerdo con el comprador, la empresa Tapiamar. “Ya han empezado a enviarnos cartas de no renovación”, destaca Jesús, uno de los inquilinos sacudidos por la operación. Sobre el recurso de amparo, detalla que el Tribunal Constitucional les ha instado a reducir el texto de acusación en un plazo de 15 días.

Después de eso, aún tendrán que esperar para saber si su demanda ha sido finalmente admitida a trámite. Más allá del caso concreto, la abogada intenta convencer al Constitucional de que existe una cuestión inédita de relevancia general: si la acción popular puede seguir actuando cuando considera que el Patronato de una fundación está defendiendo una posición contraria a los intereses colectivos para los que esa entidad fue creada.

La demanda insiste en que Fusara nació del legado de unas donantes, que cedieron sus propiedades a la fundación para sostener un orfanato con menores vulnerables. Con ese argumento, los recurrentes piden al Constitucional que delimite hasta dónde puede llegar la acción popular cuando aprecia una divergencia entre la voluntad del Patronato y el interés de los beneficiarios de una fundación. La admisión a trámite del recurso no supone un respaldo a ninguno de estos planteamientos: el primer paso será que el Tribunal Constitucional decida si aprecia la “especial trascendencia constitucional” que alegan los recurrentes, y acepte estudiar a fondo la causa.

“A día de hoy, no está previsto que el Santo Padre reciba a víctimas de abusos”. Esta es la respuesta que la diócesis de Madrid ha dado a Eduardo Torralbo, víctima de abusos en los salesianos de Barakaldo. Eduardo había escrito tanto a Nunciatura como a la diócesis de Bilbao, preguntando por un posible encuentro del pontífice, durante su visita a Madrid, con los supervivientes de la pederastia eclesial. Este lunes, el Arzobispado de Madrid le ha contestado.

En un escrito remitido a su correo electrónico, al que ha tenido acceso elDiario.es, la diócesis subraya que “es cierto que desde el comité organizador se estuvo hablando con la delegación vaticana de ello, pero hasta el momento, en el programa oficial de la visita no se ha contemplado dicho encuentro”. Fuentes eclesiales no descartan que finalmente el encuentro pueda producirse, en el marco de la información que el Papa quiere recibir sobre cómo actúa la Iglesia en Madrid ante los abusos.

“Me parece un poco indignante como víctima que Su Santidad no tenga a bien recibirnos. Solo hubiera sido un momento que a algunas víctimas lo hubiéramos recibido como un acto de reparación y reconocimiento”, relata a elDiario.es Eduardo, cuyo caso es uno del millar que ha reconocido la Iglesia católica. Hace unos meses, pasó por el plan PRIVA, y rechazó la indemnización que se le ofreció, al considerarla “ridícula”: le ofrecían 17.600 euros por el daño moral sufrido, y otros 10.000 por los gastos de psiquiatra. “Mi familia y yo nos hemos gastado más de 60.000 euros a día de hoy en gastos médicos”, explica. Hace poco presentó una nueva denuncia, esta vez ante la Oficina abierta tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo.

“Me parece un poco indignante como victima que Su Santidad no tenga a bien recibirnos. Solo hubiera sido un momento que a algunas victimas lo hubieramos recibido como un acto de reparacion y reconocimiento"

Otras víctimas, como Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR Infancia Robada, lamenta la decisión, a falta de una confirmación de última hora. “En caso de ser cierto que el Papa León XIV no recibirá a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica en Madrid para ANIR, AVA, Lulacris y Justice Initiative España, la ausencia de esta audiencia supone ante todo, una ofensa más de la Iglesia a sus víctimas, una actitud alejada de los principios de la doctrina social de la iglesia y de la reciente encíclica Magnifica Humanitas y una perversa manera más de la amplia y ya legendaria costumbre de ocultar a las víctimas, niños y niñas, intentando convertirlos en verdugos, salvaguardando a pederastas y encubridores”.

“Resultamos molestos para los príncipes de la Iglesia, se ve que para estos los niños y niñas agredidos y agredidas sexualmente no son actores de primera, solo figurantes cuya palabra, su voz, debe ser anulada una y otra vez, desconociendo que la suciedad se combate desde dentro, que los delitos se denuncian en la justicia ordinaria acompañando a las víctimas y no situándose del lado del agresor delincuente”, afirma Cuatrecasas, quien sostiene que “León XIV, no recibiendo a las víctimas, ni siquiera fuera de agenda, ni siquiera veinte minutos de su poblada lista de actos algunos irrelevantes, comete un error mayúsculo que las víctimas nunca olvidaremos ni por supuesto perdonaremos”. “Es una ofensa imperdonable a los más vulnerables”, concluye.

Aunque la Santa Sede no suele hacer públicos este tipo de eventos, y deja a los protagonistas poder contar (o no) lo que sucede en un encuentro privado, lo cierto es que las reuniones del Papa con las asociaciones de víctimas durante sus viajes son una tónica constante desde el pontificado de Benedicto XVI, en una práctica que oficializó Francisco y que Prevost parecía decidido a mantener. Al menos, hasta la fecha.

Desde hace meses, y a petición de las asociaciones de víctimas, se viene buscando un hueco en la intensa agenda papal para llevar a cabo este encuentro, una petición expresa que el cardenal Cobo hizo al Papa. “A día de hoy”, la respuesta es no.

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Hay lugares que parecen construidos para esconder secretos. El Monasterio de San Juan de la Peña, oculto bajo una enorme roca en el entorno natural de Jaca, es uno de ellos. Aislado, frío y rodeado de bosque, este antiguo cenobio medieval lleva siglos ligado a una de las leyendas más fascinantes de la historia cristiana: la del Santo Grial.

Su ubicación ya impresiona antes incluso de cruzar sus muros. El monasterio parece incrustado en la montaña, protegido por una gigantesca pared de roca que todavía hoy genera esa sensación de refugio remoto y casi inaccesible. Y precisamente ahí, entre pasillos sombríos, claustros románicos y tumbas reales, la tradición sitúa uno de los episodios más importantes de la historia del Grial.

Los orígenes del lugar se remontan a la Alta Edad Media, cuando el enclave comenzó siendo refugio de eremitas. Sin embargo, su gran transformación llegó en el siglo XI, cuando el rey Sancho el Mayor de Navarra refundó el monasterio y lo convirtió en uno de los grandes centros religiosos y políticos del naciente Reino de Aragón. A partir de entonces, San Juan de la Peña pasó también a funcionar como Panteón Real.

Durante siglos, los monjes benedictinos que habitaron este rincón de Aragón llevaron una vida austera marcada por el aislamiento, el frío y la espiritualidad. Pero también por una enorme responsabilidad: custodiar una de las reliquias más importantes de la Cristiandad.

El monasterio donde se protegió el Santo Grial

La tradición sostiene que el Santo Grial, la copa utilizada por Jesús durante la Última Cena, permaneció protegido en el monasterio entre los años 1076 y 1399. Esa conexión convirtió a San Juan de la Peña en uno de los lugares más simbólicos vinculados a la historia de la reliquia.

La web oficial Turismo de Aragón, dice que “la copa, supuestamente usada por Jesús en la Última Cena, estuvo protegida en este monasterio desde el año 1076 hasta 1399”. Esa huella histórica forma hoy parte de la conocida Ruta del Santo Grial, un recorrido que atraviesa distintos puntos vinculados a la tradición de la reliquia en territorio aragonés.

Recorrer el monasterio permite imaginar cómo debió de ser la vida dentro de aquel enclave medieval escondido entre montañas. Los claustros, las pequeñas estancias y la sensación permanente de humedad y piedra generan una atmósfera casi intacta, como si parte del lugar hubiese quedado suspendida en el tiempo.

El conjunto también quedó marcado por un incendio devastador en 1675, que obligó a construir un nuevo monasterio en el cercano Llano de San Indalecio. Ese Monasterio Nuevo sigue formando parte del complejo y hoy ha sido rehabilitado como Hospedería de Aragón, permitiendo incluso dormir dentro de un espacio históricamente ligado a la vida monástica.

Un rincón entre naturaleza, historia y leyenda

Más allá de la leyenda del Grial, San Juan de la Peña destaca también por el paisaje que lo rodea. El monasterio se encuentra dentro de un espacio natural protegido donde el bosque, las montañas y las rutas de senderismo forman parte inseparable de la experiencia. Aquí la naturaleza y la historia parecen avanzar juntas.

El Centro de Interpretación, situado en el Monasterio Nuevo, ayuda además a comprender la evolución histórica del enclave y el papel que tuvo en los primeros siglos del Reino de Aragón. Porque San Juan de la Peña no es únicamente un monasterio escondido bajo una roca. Es también uno de esos lugares donde religión, poder, paisaje y leyenda terminaron mezclándose hasta convertirse en algo mucho más grande que un simple monumento histórico.

La llegada del papa León XIV a España se interpreta dentro de la Iglesia católica como uno de los acontecimientos más importantes desde la visita de Benedicto XVI en 2011. El viaje, previsto del 6 al 12 de junio, tendrá una dimensión no solo religiosa y multitudinaria, sino también política, social y simbólica, en un momento especialmente delicado para la Iglesia española, marcada por la secularización, la pérdida de influencia pública y los escándalos de abusos sexuales.

La visita papal coincide además con el cuestionamiento de varios obispos españoles investigados por abusos o encubrimiento, entre ellos Rafael Zornoza y Pedro Aguado. Este último, obispo de Jaca y Huesca y ex superior general de los Escolapios, está siendo investigado por el Vaticano en relación con el caso de pederastia de México que implica al religioso escolapio José Miguel Flores Martínez, expulsado por abusos sexuales al exmonaguillo Javier Alcántara entre 2006 y 2010. Aguado ha declarado recientemente por escrito ante la Fiscalía mexicana, que mantiene abierta la investigación sobre un posible encubrimiento institucional. El documental de RTVE ‘Cruzar la noche’ emitido en abril ayudó a dar dimensión pública internacional al caso al centrar el foco no solo en el abuso, sino en los mecanismos de silencio y protección institucional dentro de la Iglesia

El obispo de Jaca y Huesca ha defendido que actuó “de inmediato”, una vez que tuvo conocimiento de los hechos. Sin embargo, la víctima y varios medios sostienen que el sacerdote continuó apareciendo públicamente como religioso después de esa expulsión y que incluso recibió homenajes tras su muerte. La propia orden calificó más tarde el funeral celebrado como una “imprudencia pastoral”.

Además de la causa en México, el Vaticano abrió en 2026 una investigación canónica sobre la actuación de Pedro Aguado ya que, según varias informaciones, el papa León XIV ordenó revisar si existió encubrimiento y Roma analiza si la respuesta institucional fue adecuada o si hubo negligencia grave.

Esto convierte el caso en uno de los expedientes más sensibles actualmente para la Iglesia española, porque afecta a un obispo en ejercicio y conecta con la gestión histórica de abusos dentro de congregaciones religiosas internacionales.

La clave Senegal

El caso mexicano no es el único que salpica al actual obispo de Jaca y Huesca. Diversas investigaciones periodísticas y el documental ‘La fugida: veritats ocultes’, emitido por 3Cat, relacionan a otros religiosos escolapios con abusos sexuales y posibles mecanismos de protección dentro de la orden bajo el generalato de Pedro Aguado. Entre ellos aparecen Manel Sales y Josep Maria Canet, vinculados con abusos en Senegal, así como Josep Blay, condenado en 2023 por abusos a menores en Cataluña.

El documental presenta a Blay como uno de los pocos casos con condena judicial firme. Fue sentenciado por abusar de varias niñas en Alella, aunque previamente ya había dejado víctimas en los Escolapios de Sitges durante los años sesenta. La investigación subraya cómo pudo mantener durante décadas autoridad y contacto con menores dentro de instituciones religiosas y analiza las dificultades que encontraban las víctimas para ser escuchadas o protegidas cuando denunciaban hechos ocurridos en el entorno eclesial.

Otro de los casos centrales es el de Manel Sales. Según la investigación periodística recogida por la serie, Sales habría abusado sexualmente de menores durante aproximadamente veinticinco años en Senegal. Aunque reconoció parte de los hechos, nunca fue juzgado penalmente y continuó viviendo protegido dentro del entorno escolapio catalán. El documental sostiene que dentro de la congregación existía conocimiento interno de la situación y que se priorizó evitar el escándalo institucional antes que acudir a la justicia civil o reparar adecuadamente a las víctimas.

La serie también profundiza en el caso de Josep Maria Canet, a quien varias víctimas señalan no solo como presunto encubridor de Sales, sino también como autor de agresiones sexuales a menores. Canet dirigió la escuela e internado Joseph Faye, en Oussouye, al sur de Senegal, donde convivió y trabajó junto a Sales dentro de la misión escolapia. Según la investigación dirigida por Guillem Sánchez, ambos religiosos ejercieron durante años una enorme autoridad sobre niños especialmente vulnerables que dependían de ellos para estudiar, alimentarse y acceder a oportunidades de futuro, y donde está mal vista la homosexualidad.

Los abusos comenzaron a aflorar públicamente tras la denuncia de varios voluntarios de ONGs que trabajaron allí. Los Escolapios impulsaron una comisión en Senegal para investigar las denuncias relacionadas con Sales. Fue entonces cuando aparecieron testimonios de antiguos alumnos que aseguraban haber sufrido también abusos por parte de Canet entre 1992 y 2005, cuando las víctimas tenían entre 8 y 12 años. La investigación sostiene además que Canet siguió ocupando cargos relevantes siendo ecónomo de la orden que dirigía Pedro Aguado y desempeñó funciones de gobierno dentro de la estructura escolapia catalana incluso después de regresar de Senegal y no fue apartado completamente hasta 2023.

Segundo obispo investigado

El nombramiento de Pedro Aguado Cuesta como obispo de Jaca y Huesca en 2024 sorprendió dentro de la propia Iglesia porque no procedía de la carrera episcopal tradicional, sino de dirigir durante quince años la Orden de las Escuelas Pías a nivel mundial como superior general. Su nombramiento coincidió además con la aparición interna de denuncias y tensiones relacionadas con abusos dentro de la orden, especialmente en México y Senegal, lo que llevó a algunas víctimas y analistas a interpretar el nombramiento como un respaldo institucional del Vaticano en un momento delicado. El peso simbólico de Aragón para los Escolapios —por el vínculo con José de Calasanz y Peralta de la Sal— reforzó todavía más esa lectura. Sin embargo, tras hacerse pública la denuncia de Javier Alcántara en México y abrirse investigaciones sobre el escolapio José Miguel Flores Martínez, el ascenso de Aguado pasó a convertirse en un problema para Roma, ya que terminó siendo uno de los pocos obispos españoles investigados por presunto encubrimiento de abusos.

El caso sitúa a Aguado como el segundo obispo español investigado formalmente por el Vaticano tras Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta entre 2011 y 2025, cuyo caso se convirtió en uno de los mayores escándalos recientes de la Iglesia española y en un precedente histórico dentro de la Iglesia española. El papa León XIV aceptó su renuncia en noviembre de 2025.

Ambos casos presentan paralelismos porque afectan a obispos españoles; ha intervenido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe; las víctimas acudieron directamente a Roma, y ambos han generado una grave crisis institucional. Pero el caso Zornoza es más grave porque afectaba directamente a la conducta personal de un obispo en ejercicio. Fue el primer caso conocido en España en el que el Vaticano abrió una investigación formal por pederastia contra el titular de una diócesis. En febrero de 2026 el Tribunal de la Rota concluyó la investigación preliminar y recomendó abrir un juicio penal canónico tras escuchar a la víctima, a Zornoza y a varios testigos, incluido uno que afirmó haber presenciado los abusos denunciados. Sin embargo, el Vaticano terminó archivando posteriormente el procedimiento por cuestiones técnicas relacionadas con la edad de la víctima y la aplicación del derecho canónico vigente cuando ocurrieron los hechos. Además, el escándalo aumentó cuando trascendieron acusaciones de que también habría ignorado denuncias contra otros sacerdotes y cuando salió a la luz una conversación en la que un alto cargo eclesiástico pedía a la víctima mantener silencio sobre el caso. Todo ello convirtió el expediente en símbolo de las tensiones internas de la Iglesia entre la voluntad de reparación pública y las inercias históricas de opacidad y protección institucional.

Peralta de la Sal, refugio escolapio

El peso simbólico de Aragón también resulta relevante en este contexto. José de Calasanz, fundador de los Escolapios, nació en Peralta de la Sal, en Huesca, donde la orden mantiene uno de sus principales centros históricos. Precisamente Peralta de la Sal aparece de forma recurrente en varias investigaciones relacionadas con religiosos acusados de abusos.

Según distintas publicaciones, José Miguel Flores Martínez, acusado de abusar sexualmente de Javier Alcántara en México entre 2006 y 2010, pasó por el monasterio escolapio de Peralta de la Sal después de conocerse las denuncias. Allí habría permanecido como medida de aislamiento antes de ser apartado definitivamente del sacerdocio por el Vaticano y fallecer en 2022.

Otro nombre vinculado a Peralta es el de John Santillan, religioso vinculado con la orden de los Escolapios y acusado de abusos sexuales a menores en California durante las décadas de 1970 y 1980. Diversas investigaciones periodísticas sostienen que Santillan terminó refugiado en Peralta de la Sal tras abandonar Estados Unidos y permaneció allí hasta su muerte en 2004.

Se siguió el patrón de algunas congregaciones religiosas de trasladar o proteger a religiosos denunciados enviándolos a otros países o manteniéndolos en entornos discretos alejados del foco judicial. Recientemente, por citar otro ejemplo, un jesuita zaragozano ha sido apartado provisionalmente de su puesto de sacerdote tras la denuncia por unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a un menor en Alicante y Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la Compañía de Jesús.

Los problemas relacionados con abusos y encubrimientos dentro de los Escolapios no son recientes. De hecho, están en el propio origen cuando en el siglo XVII, la orden fundada por José de Calasanz quedó envuelta en un grave escándalo protagonizado por el sacerdote Stefano Cherubini, acusado de abusar sistemáticamente de menores en escuelas escolapias de Nápoles. Según diversos historiadores, Calasanz conocía parte de las acusaciones de Cherubini, perteneciente a una familia poderosa dentro de la curia romana, con conexiones jurídicas y eclesiásticas influyentes.

El fundador de la obra no actuó con contundencia para apartarlo definitivamente y el escándalo terminó provocando una intervención directa del papa Inocencio X, que en 1646 degradó a Calasanz y prácticamente desmanteló temporalmente la orden. Aunque la crisis no se debió exclusivamente a los abusos, muchos investigadores consideran hoy que el caso Cherubini fue decisivo en el derrumbe institucional de los Escolapios en aquella época.

Cuatro siglos después, los investigadores sobre abusos en la Iglesia siguen señalando inquietantes paralelismos: denuncias internas ignoradas, traslados de religiosos acusados, protección institucional y prioridad por preservar la reputación de la congregación antes que la protección de las víctimas.

“Rosendo Salvado sería hoy un Prevost. Alguien que, viniendo desde el mundo ‘de arriba’ se atreve a mirar la realidad ‘desde abajo’, desde los más pobres”. El periodista, escritor y viajero Valentín Carrera desarrolla en ‘El mundo desde abajo’ (Folch&Folch), la odisea de este misionero dominico gallego, que pasó medio siglo en la Australia Occidental, luchando contra las colonias y apostando por la igualdad en la otra parte del mundo. El autor, que con este libro (“Una novela de no ficción”, asegura) conquistó el primer premio Altair, firmará ejemplares este sábado en la feria del libro de Madrid.

Siendo una persona no creyente, ¿cómo decides entrar en un personaje tan desconocido para el público, pero con una historia fascinante, como Rosendo Salvado? 

Esta es una historia fascinante. Si Rosendo Salvado hubiera nacido en Londres, hubiera sido Livingstone. Son contemporáneos. Los dos comparten la vocación misionera, uno protestante, el otro católico. Los dos son exploradores, los dos luchan contra la esclavitud. Uno acaba siendo reconocido mundialmente, y el otro se pierde en Australia, en su misión.

 ¿Por qué es un personaje tan relevante? 

En primer lugar, queda el monasterio de Nueva Nursia, la única abadía benedictina que existe en Australia. Donde había una selva y un desierto, él va abriendo camino. Es un personaje querido y reconocido en Australia Occidental, hay imanes de nevera, tazas y camisetas de Rosendo Salvado. Hay hasta un ‘Camino de Salvado’, los doscientos kilómetros que hizo desde el puerto de Fremantle hasta la misión.

¿Qué queda para la historia de su expedición en Australia? 

Queda el ejemplo ético de un monje avanzado para su tiempo, un defensor de los derechos humanos y de la igualdad, un personaje que se implica con la comunidad, con el encuentro con el otro. Rosendo defiende los derechos humanos en un contexto donde todavía había esclavitud. Con algo irrebatible: desde su fe, todos somos hijos de Dios y todos somos iguales, no existen razas, solamente una, la raza humana. En este momento en que, de nuevo, se están repartiendo carnés de ciudadanos de primera y de en función de tu país de origen o del color de la piel, alguien hace 150 años pone en práctica la igualdad, es fascinante. Es el primero que da empleo a mujeres en la colonia. Trabaja por la dignidad, y lo hace desde el encuentro, desde el abrazo. Rosendo fue un hombre con una fuerza de voluntad inquebrantable, que se enfrentó a las dificultades de su tiempo.

¿La iglesia le apoyó? ¿Le olvidó? ¿Le puso piedras en el campo? 

La Iglesia no le hizo mucho caso. Él llegó a ser el decano de todos los obispos de la cristiandad. Conoció a tres papas, participó en el Concilio Vaticano I, acabó conociendo los entresijos del Vaticano. Cuando hablo de ‘El mundo desde abajo’ me refiero a que él está con los humildes.

Se fue a la otra parte del mundo en un momento en que las conexiones no eran las que son ahora… En un mundo como el actual, y en una Iglesia donde los celos, la envidia, la corrupción, están a la orden del día, ¿cómo lo afronta?

En la misión hay una página infame de corrupción. El obispo que preside la misión, John Brady, fue expulsado porque Salvado le denunció porque se apropia de los terrenos de la misión, los inscribe a su nombre. Cuando llega la condena del Vaticano, Bradky no la acepta, desobedece al Vaticano y monta un pequeño cisma. En cambio, Salvador Rosendo no se enriqueció, observa el voto de pobreza porque todo lo que hace es para la misión.

“Rosendo Salvado sería hoy un Prevost. Alguien que, viniendo desde el mundo ‘de arriba’ se atreve a mirar la realidad ‘desde abajo’, desde los más pobres”

¿Cómo entras en contacto con este mundo?

En Santiago de Compostela hay una calle que se llama calle Rosendo Salvado. En Tui, que es donde nació, sí que hay algo más, una estatua conmemorativa, un archivo… En 2014, que se cumplía el segundo centenario de su nacimiento, el Consejo de la Cultura Galega organizó un congreso, donde se hablaba de él. Era un congreso de especialistas, y acabamos flipando. Con el tiempo, conseguí hacer un documental para la Televisión Gallega, y me fui a Australia. Mi idea era hacer un documental, pero comencé a recabar un material precioso, que iba guardando en carpetas. Entregué el documental, pero con todo lo que recogí, me puse a trabajar en este libro.

Es una novela de no ficción, un género extraño…

El diálogo de la novela y la entrevista tienen mucho en común. La única diferencia es que yo no pongo ningún dato inventado. Todo lo que cuento está documentado.

Y cuando me invento algo, lo digo. En este caso, no necesitas inventar: la vida de Rosendo es un libro de aventuras. Cuando va por la selva, cuando se encuentra con los indígenas, cuando la riada le lleva el carro con los bueyes, cuando hace el concierto de Perth, cuando camina con los zapatos sin suelas atados con tripas de canguro… Todas las cosas que le van pasando, que él va resolviendo como un auténtico explorador e intrépido, son pura novela. Parecen ficción, pero son realidad.

Y esto es lo que le da valor. El tipo llega a la selva, aprende homeopatía y se convierte en el curandero de la tribu. Salva la vida de la gente, aprende a coser y consigue que la gente de la tribu comience a vestirse. Acaba montando el primer taller de Zara en la selva.

¿Quién, o qué, sería Rosendo Salvado hoy?

Podría ser un Prevost, tranquilamente. Como él, que pasó 20 años en Amazonas, muy querido en las comunidades indígenas de Perú, y que apuesta por el mundo desde abajo. El título de El mundo desde abajo alude a un punto de vista geográfico: nosotros vemos el mapa, y Europa está arriba, y los pobres abajo. En China pasa lo contrario. Deberíamos salir de nuestro ombligo y ver el mundo desde abajo, desde los de abajo. Prevost, que viene del mundo desde arriba, como Salvado, contempla la realidad desde abajo, desde los más humildes.

Además, el Papa debe tener tu libro…

Espero que lo tenga durante su visita a Montserrat. Allí se lo he dejado. Sí, definitivamente, yo creo que sería Prevost. Su apuesta por la igualdad, por los derechos humanos es clarísima. Hoy la colonia no es Londres, pero la metrópoli es la Casa Blanca. Se opone a ese poder absoluto también.

Francisco Javier C., el sacerdote acusado de dormir y violar a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad, y además registrarlo en fotografías y vídeos, ha negado todos los hechos en su declaración ante la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

Según ha dicho, no son suyas las manos y órganos sexuales que se ven junto a las mujeres sedadas en algunas de las fotos, como tampoco lo sería la voz que se escucha en varios de los vídeos, que han sido geolocalizados y datados por peritos informáticos. “Fran, me estoy agobiando”, llega a decir con voz pastosa una de las mujeres en el vídeo.

Cuando se le ha mostrado una grabación con contenido sexual explícito en la que la cámara se gira y aparece brevemente su cara, ha dicho: “Se ve mi rostro pero no reconozco esa situación. Aparentemente soy yo, pero esa situación no se ha dado”.

El excura ha sugerido que toda la prueba gráfica existente, presuntamente extraída de un disco duro suyo, ha sido elaborada y/o colocada allí por la denunciante en venganza por la resistencia que él tenía a iniciar una relación de pareja con ella, valiéndose de unos presuntos expertos informáticos que tendría en su entorno: “Creo que quería arruinarme la vida y consiguió inventar algo para que así fuera”.

La pericial sobre los vídeos y fotos

Su cara, su voz, las manos y otras partes de su anatomía han sido reconocidas por los peritos que le han examinado, pero hay un eslabón débil para las acusaciones: la cadena de custodia del material, supuestamente hallado en las navidades de 2022 en un disco duro del Padre Fran por su expareja (o amiga con la que mantuvo “escarceos”, según él).

Días después del hallazgo, la denunciante copió el contenido en su ordenador particular, que lo mantuvo durante meses antes de que llegara a la Policía. El primer agente se llevó parte en un pendrive; posteriormente, la unidad especializada hizo un volcado del contenido del ordenador de ella, que es el que ha servido de prueba en el juicio.

Del disco duro original del exsacerdote nunca se volvió a saber: según ha contado él, cuando regresó a Melilla tras el retiro espiritual que le sugirió el Obispado, le habían desvalijado su ordenador, el disco duro, dinero y documentación particular.

Para asegurar la integridad de los archivos, hoy han declarado también peritos informáticos nombrados por el tribunal que, a partir de los metadatos, han corroborado que no han sido alterados, la fecha de las imágenes e incluso la ubicación de los vídeos, tomados según han dicho en el domicilio familiar del cura en Vélez-Málaga, la casa que le proporcionó el Obispado en su destino de Ardales y en un piso de una calle de Málaga donde pernoctó en ocasiones.

“Yo esas imágenes no las he tomado, los hechos no se han dado, las denuncias surgieron a partir de que R. empezara a hacerme la vida imposible. No sé cómo pudo llegar a ese material: ni es mío, ni estaba en el disco duro, ni los hechos se dieron, ni tuve conciencia”, ha repetido en múltiples ocasiones, cada vez que la fiscal o alguna de las acusaciones le ha preguntado por alguna de las ocasiones fechadas en las que, presuntamente, abusó de alguna de las cuatro víctimas.

Su defensa ha aportado un informe pericial que cuestiona la integridad y la trazabilidad de esos archivos como elemento probatorio, aunque no han llegado a decir que la propia cara del sacerdote pudiera haber sido generada con inteligencia artificial, como ha sugerido este.

La Fiscalía y las acusaciones piden 72 años de prisión

Con su declaración, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha cerrado la cuarta sesión del juicio al sacerdote, acusado de cuatro delitos cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro delitos de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con carácter continuado y las agravantes de abuso de confianza y alevosía, cometidos entre 2012 y 2018.

Según el relato de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, el hombre se valía su cercanía con las víctimas, a algunas de las cuales conocía desde que eran niños, para dormir en la misma habitación con motivo de excursiones o noches de fiesta; las sedaba con algún narcótico muy potente (presumiblemente éxtasis líquido); y luego aprovechaba su profunda somnolencia para tomar fotos y vídeos de ellas en ropa interior, ponerlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos o el pene, o masturbarse. Las acusaciones creen que se prevalió de su condición de sacerdote para ganarse su confianza.

De cada víctima hay un centenar de fotos. Fueron identificadas porque estaban clasificadas en carpetas por su nombre. Ninguna supo que habían sufrido esos abusos hasta que la Policía contactó con ellas. Hoy han declarado también expertos en psiquiatría forense que han concretado el daño psicológico que sufren y las terapias que tienen que realizar para superar el trauma.

En el juicio es también parte la Diócesis de Málaga, como posible responsable civil subsidiaria de la indemnización que pudiera concederse a las víctimas. El Obispo de Málaga, José Antonio Satué, pidió perdón en nombre de la Iglesia a las cuatro mujeres y prometió que la Diócesis contribuiría a reparar económicamente el daño si el exsacerdote es condenado, y aunque la Diócesis no lo sea. Sin embargo, en la primera jornada del juicio su letrado pidió la nulidad de todas las actuaciones y una vuelta al inicio del proceso, con el argumento de que podría haber pedido diligencias que exoneraran a la Diócesis de toda responsabilidad.

A lo largo de la semana, han pasado por la Audiencia Provincial la denunciante (expareja del sacerdote), las cuatro víctimas, policías, peritos, miembros de la Iglesia (el ayudante del sacerdote y el vicario de la diócesis de Melilla), amigos y el propio acusado.

La Fiscalía pide para él 72 años de prisión y que indemnice con 300.000 euros a cada víctima, peticiones que reiteran las acusaciones particulares. Ninguna ha modificado la petición de pena, tampoco ha cambiado su calificación la defensa. Este viernes, el juicio quedará visto para sentencia con la exposición de las conclusiones de estas cuatro jornadas de práctica de la prueba.

Holika arrancará su octava edición con un espectáculo audiovisual del Padre Guilherme en la Plaza de la Catedral de Calahorra. La jornada inaugural del festival contará también con artistas como Lexlay B2B Javi Colina, Marnik o Joyse.

La Plaza de la Catedral acogerá el 1 de julio un espectáculo protagonizado p“or una propuesta que combinará música electrónica, patrimonio histórico y una potente producción audiovisual en la que se fusionarán la tradición, la historia y la vanguardia”, según explican desde la organización. La actuación tendrá lugar frente a la fachada de la Catedral de Calahorra, “transformando”, según señalan, “uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un escenario inmersivo al aire libre”.

El show contará con un mapping proyectado sobre la fachada del templo, acompañado de un importante despliegue de iluminación y láser diseñado específicamente para esta localización donde actuará de Padre Guilherme, también estarán artistas como Lexlay B2B Javi Colina, Marnik o Joyse. “La combinación entre patrimonio y lenguaje audiovisual contemporáneo marcará el inicio de una edición especialmente ambiciosa para el festival”, resaltan desde Holika.

El festival hará así de la Catedral de Calahorra, construida entre los siglos XV y XVIII y situada junto al río en el lugar vinculado al martirio de San Emeterio y San Celedonio, eje central de una noche pensada para reunir a público local y asistentes llegados de diferentes puntos del país. “Su arquitectura monumental y su singular ubicación servirán como lienzo para un espectáculo visual diseñado exclusivamente para esta inauguración”, explican.

El festival volverá a apostar por una producción de gran formato con escenarios de primer nivel, destacando un Main Stage con más de 500 metros cuadrados de pantallas LED distribuidos en más de 87 metros de fachada, más de 200 proyectores de iluminación espectacular y láser, y un sistema de sonido superior a 180kW de potencia, situándose al nivel técnico de las grandes producciones del circuito nacional.

El festival Holika está organizado por Burcor Producciones con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja. Desde Holila agradecen el apoyo institucional del consistorio calagurritano como clave en la consolidación de Holika, que desde 2022 tiene sede fija en Calahorra. Precisamente, el Ayuntamiento de Calahorra está llevando a cabo una actuación por más de un millón de euros de dinero público para ampliar el aparcamiento de la Catedral, el lugar donde precisamente se ubica el recinto del festival, y prepararlo para la realización de eventos.

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha presentado este miércoles, en el Palacio Episcopal de Calahorra, el clave de Herramélluri, un instrumento histórico atribuido al constructor real Diego Fernández y vinculado a la colección de la reina Bárbara de Braganza. Junto al instrumento original se ha presentado también una copia realizada del clave, cuya financiación ha sido posible gracias al Marqués de Vargas, Pelayo de la Mata.

En el acto han estado presentes el obispo de la Diócesis,Santos Montoya Torres; el delegado diocesano de Patrimonio y deán de la Catedral de Calahorra, Jesús Merino Morga; el responsable del Taller Diocesano de Organería, Rubén Pérez Iracheta; y el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel.

El conocido como clave de Herramélluri fue localizado en esta localidad riojana y ha sido estudiado por Rubén Pérez Iracheta, responsable del Taller Diocesano de Organería. Según la investigación publicada por el propio restaurador, se trata de un clave largo español de mediados del siglo XVIII, de 56 notas y tres registros practicables, dos juegos de 8 pies y uno de 4 pies. Sus dimensiones aproximadas son 237 centímetros de largo, 91 centímetros de ancho y 21 centímetros de fondo.

La importancia del instrumento radica en varios aspectos. Por un lado, puede atribuirse al constructor real Diego Fernández, considerado uno de los grandes nombres de la construcción de claves en la España del siglo XVIII. Por otro, el estudio organológico permite relacionarlo con el número 8 del inventario de la reina Bárbara de Braganza, construido en torno a 1749. La reina, esposa de Fernando VI, tuvo una sólida formación musical y desempeñó un papel destacado como mecenas, en un contexto cortesano marcado por la presencia de músicos como Domenico Scarlatti.

Hasta fechas recientes apenas se conocían ejemplares conservados de Diego Fernández. La identificación del clave de Herramélluri, junto con otros instrumentos atribuidos al mismo constructor, permite ampliar el conocimiento sobre su estilo constructivo, sus soluciones técnicas y el lugar que ocuparon estos instrumentos en la vida musical de la Corte española. En este sentido, el hallazgo riojano abre nuevas perspectivas para la investigación sobre los claves que pudieron sonar en los palacios españoles del siglo XVIII.

El instrumento presenta características de especial interés: caja de nogal, teclado de 56 notas, naturales chapeadas en ébano, accidentales con forro de hueso, y una construcción que revela tanto la calidad del trabajo artesanal como la singularidad de la escuela española de claves. Su estudio ha permitido reconocer detalles técnicos poco frecuentes y establecer comparaciones con otros instrumentos conservados en colecciones nacionales e internacionales.

La Diócesis subraya que este proyecto une conservación, estudio y transmisión del patrimonio. El clave de Herramélluri no solo forma parte de la historia musical europea, sino también de la memoria patrimonial de La Rioja, donde las iglesias, monasterios, archivos y bienes históricos siguen ofreciendo testimonios de gran valor para comprender la vida cultural y religiosa de los pueblos riojanos. Se podrá visitar hasta otoño en el Palacio Episcopal, después participará en la exposición de AutorIA en San Millán de la Cogolla y en 2027 estará en el Palacio Real de Madrid y en el Palacio de Aranjuez.

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño agradece la colaboración de las instituciones, técnicos del taller diocesano y entidades que han hecho posible este trabajo, de manera especial el apoyo del Marqués de Vargas, Pelayo de la Mata, en la financiación de la copia, y reitera su compromiso con la conservación responsable del patrimonio histórico-artístico y sacro de La Rioja, así como con su transmisión a las generaciones futuras.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional analizaron “cientos y cientos” de archivos informáticos “de carácter sexual” y con “mujeres inconscientes siendo agredidas” en la investigación sobre el sacerdote acusado de supuestamente agredir sexualmente a cuatro amigas, tras sedarlas, y grabar esos momentos. De hecho, en uno de los vídeos se ve la cara al procesado.

Así lo ha dicho la responsable de dicha unidad a nivel central, que llevó la investigación, en su comparecencia en la segunda sesión del juicio a este cura acusado de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones.

Esta investigadora, instructora del atestado, ha explicado que en el material, dividido en carpetas con el nombre de cada víctima, se veía “mujeres inconscientes siendo agredidas”. Al respecto, otro de los investigadores ha apuntado a que el acusado habría utilizado la llamada 'droga de las violaciones', que deja a las víctimas “adormecidas”, que es transparente y que no deja sabor.

La responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían nada; “no sabían ni que habían sido grabadas”; de hecho, ha apuntado, dos no quisieron ver las imágenes. “Fue un shock para ellas”, ha dicho, al tiempo que ha considerado que el acusado “se aprovecha” de la condición de sacerdote, que genera en estas víctimas “cercanía y confianza”.

Esta investigadora ha señalado que en uno de los vídeos aparece el acusado, al que “se le ve mientras está agrediendo” a una de las mujeres con “cara libidinosa”, y ha explicado que se hizo un informe para geolocalizar los vídeos y se determinó la fecha de las fotos; mientras que ha apuntado que no es posible precisar estos datos de los pantallazos que también había entre los archivos analizados.

Cómo llegaron los vídeos

Tanto esta investigadora como el instructor del atestado de la UFAM de Melilla ha explicado la forma en que llegó a la Policía Nacional el material, que la denunciante, novia entonces del acusado, encontró en un disco duro en la casa del procesado en dicha ciudad autónoma y copió en su ordenador. Esta puso los hechos en conocimiento de la Iglesia y también de un amigo policía.

Precisamente, este agente también ha declarado y ha explicado que la denunciante le enseñó las carpetas con nombres de mujeres y con archivos “de ámbito sexual bastante alto”. “Le digo que tiene que denunciar y ella es reticente porque era creyente y había intentado hablar con el obispo”, ha señalado, al tiempo que ha precisado que hizo copia en un pen drive del trabajo porque “entendía que había que preservar la prueba del delito”.

Tras tener las imágenes, hizo una nota interna por escrito y lo comunicó a sus superiores. En ese momento, comenzaron las gestiones primero en la UFAM de Melilla, con la participación también de la Fiscalía, y luego en la unidad a nivel central, sobre el material grabado en el pen drive pero también sobre un volcado formal del ordenador de la denunciante, han señalado los investigadores.

En esta sesión de este martes también ha declarado un testigo que era amigo del acusado, al que conoció por participar en campamentos religiosos, quien ha señalado que cuando se quedaban a dormir en las casas del acusado era este el que distribuía las habitaciones y dormía con las mujeres, lo que ha considerado normal por la relación de amistad que tenían.