El colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón, donde trabajaba el profesor detenido a mediados de mes por varios casos de presunta agresión sexual a menores, pornografía y pederastia, ha querido blindarse ante el escándalo defendiendo su colaboración con la Policía Nacional. El centro, que lleva 125 años abierto en el barrio de Malasaña, a pocos metros de Gran Vía, acaba de emitir un comunicado en el que asegura haber notificado a los agentes “desde que tuvo conocimiento de los hechos”; primero contactando al cuerpo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) nada más oír los primeros “testimonios e indicios sobre posibles conductas irregulares cometidas por un antiguo profesor de Secundaria”. Básicamente, mantienen no haber tenido noticias antes de lo que ocurría.

“Desde ese momento, el colegio ha mantenido una estrecha colaboración con la Policía para lograr el total esclarecimiento de los hechos, y seguirá aportando cuantos requerimientos e informaciones sean solicitados”, han aseverado en la misma nota, donde ofrecen su apoyo al alumnado y sus familias. El centro ha habilitado canales directos de escucha y asistencia personalizada para prestar “atención psicopedagógica, orientación o acompañamiento” y procurar disponer de “entornos seguros para la infancia”.

La Policía Nacional informó el martes de la detención, una semana antes, de un profesor de la ESO en un colegio religioso de Madrid. Se trata de un hombre español de 37 años y con antecedentes por hechos similares. Ahora lo acusan de varios delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, prostitución y pornografía infantil u otras modalidades de ciberacoso. Según han explicado fuentes policiales, tiempo atrás fue detenido por un delito parecido del que, sin embargo, no se enteraron en el colegio. No fue hasta este verano que el centro tuvo conocimiento de lo ocurrido a través del testimonio de alumnos.

El colegio también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y “sensibilidad en el tratamiento” de la información, apelando a “salvaguardar la intimidad y el bienestar de los menores y de sus familias”. Los agentes han identificado ya al menos a nueve víctimas con edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad, a las que ya se ha tomado declaración. La investigación sigue en marcha y ya se ha localizado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra el sospechoso, informa la Policía.

Además, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del profesor, donde incautaron “multitud de dispositivos” como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos que ahora están en poder de la autoridad judicial.

En el Pirineo aragonés hay pueblos cuya historia está ligada a los caminos que durante siglos conectaron distintos territorios. El paso de viajeros marcó el desarrollo de estos núcleos y dejó construcciones que todavía forman parte de sus calles. Iglesias, antiguas fortificaciones y tradiciones locales ayudan a entender esa relación con las rutas de montaña.

Es el caso de Castiello de Jaca, un municipio de la provincia de Huesca situado en la parte baja del Alto Valle del Aragón. Se encuentra a unos 921 metros de altitud y fue lugar de paso para viajeros y comerciantes que atravesaban esta zona del Pirineo. Su ubicación en el valle del río Aragón explica la importancia que tuvieron estos desplazamientos a lo largo de su historia.

El pueblo forma parte del tramo aragonés del Camino de Santiago Francés, que cruza la cordillera antes de llegar a Jaca. Cada año pasan por allí peregrinos que continúan esta ruta. En su casco urbano, dividido por un barranco, todavía pueden verse varios elementos relacionados con su pasado medieval.

Sin embargo, su rasgo más conocido tiene que ver con una colección de reliquias religiosas conservadas en la parroquia. Una leyenda protagonizada por un peregrino y una costumbre que todavía se mantiene explican por qué Castiello es conocido como “el pueblo de las cien reliquias”.

El origen del sobrenombre y la tradición de las reliquias

La iglesia de San Miguel conserva una arqueta de madera y plata situada junto al sagrario del altar mayor. En su interior se guardan reliquias atribuidas a distintos santos. La tradición local relaciona estas piezas con los primeros tiempos del cristianismo, aunque esa referencia no permite fijar por sí sola una fecha concreta para su llegada al municipio.

La leyenda tiene como protagonista a un peregrino valenciano. Según el relato, el hombre llegó a Castiello mientras se dirigía a Santiago de Compostela y se encontraba demasiado débil para continuar el viaje. Los vecinos le dieron cobijo y lo ayudaron a recuperarse antes de que pudiera seguir su camino.

La historia continúa con el agradecimiento del viajero. Como muestra de gratitud, habría dejado sus pertenencias a las familias que lo auxiliaron y al Ayuntamiento. Esa entrega explica, según el relato popular, la relación de Castiello con las reliquias, aunque no debe interpretarse como un hecho histórico documentado.

El sobrenombre de “pueblo de las cien reliquias” tampoco coincide con el número de piezas identificadas. Aunque el nombre hace referencia a un centenar, el inventario realizado después de una restauración en 2014 contabilizó catorce. La diferencia permite separar el apodo transmitido con el paso del tiempo del resultado de aquella revisión.

La conservación de la arqueta tiene además una particularidad. La llave permanece bajo custodia del alcalde, una costumbre vinculada a la entrega que recoge la leyenda. Su contenido no puede verse durante todo el año, ya que se muestra al público el primer domingo de julio. Por tanto, conocerlo depende de acudir en esa fecha y no de una visita habitual al templo.

La iglesia de San Miguel, el Camino de Santiago y la Garcipollera

Uno de los principales edificios históricos de Castiello es la iglesia de San Miguel, de origen románico y construida en el siglo XII. Se encuentra en la parte más alta del pueblo, una posición que ayuda a entender cómo se distribuyen las casas sobre la ladera. A su alrededor se conservan varios testimonios de etapas anteriores y buena parte del patrimonio histórico del municipio.

Cerca del templo aparecen restos de un cementerio medieval y vestigios de la antigua fortaleza. Ese castillo, del que todavía quedan algunos elementos, está relacionado con el nombre de la localidad. Su función defensiva respondía a la necesidad de controlar el paso por el valle del Aragón, utilizado durante siglos como vía de comunicación.

El pueblo se organiza a ambos lados de un barranco y sus edificios se reparten por la ladera. La iglesia ocupa la zona superior, mientras que las calles y las viviendas aparecen a diferentes alturas. Esa disposición se aprecia al recorrer el casco antiguo, donde el desnivel ha condicionado la forma en la que se fue desarrollando la población.

A este pasado se suma el Camino de Santiago. Castiello figura entre las localidades de la ruta francesa que atraviesa Aragón y recibe a los peregrinos antes de su llegada a Jaca. El paso de caminantes continúa formando parte del día a día de un municipio estrechamente ligado a este itinerario.

Más allá del casco urbano, Castiello sirve como puerta de entrada al valle de la Garcipollera. La zona cuenta con caminos que pueden recorrerse a pie o en bicicleta y ofrece otra posibilidad para quienes quieran prolongar la visita. Desde el propio pueblo parte un itinerario que conduce hasta la iglesia de Santa María de Iguácel, uno de los ejemplos vinculados al románico aragonés.

“Presuntos delitos en materia económica y en materia del ejercicio de sus funciones o potestad”. Esta es la ‘causa’ abierta ante el Tribunal de la Rota Romana contra el ex vicario general de la diócesis de Zamora, Antonio Jesús Martín de Lera, quien también dirigió durante años la delegación de Cáritas en Castilla y León.

Tal y como ha podido conocer elDiario.es, el juicio penal canónico contra Martín de Lera comenzó tras la denuncia del propio obispo de Zamora, Fernando Valera, quien hace dos años le retiró de Cáritas y hace año y medio le forzó a presentar su renuncia como vicario. Posteriormente, le apartó de sus parroquias.

Hace unas semanas, Valera denunció ante la Guardia Civil a uno de sus sacerdotes tras recibir una queja por presuntos abusos sexuales cometidos en un campamento de la diócesis.

Según fuentes conocedoras del caso, el Tribunal Colegial se constituyó el pasado 29 de enero y tras revisar las investigaciones previas realizadas, que confirmaron presuntas irregularidades del acusado tanto en su cargo de vicario general como, especialmente, en la gestión del patrimonio de Cáritas.

La decisión se tomó tras varias consultas, en las que participaron responsables de la Conferencia Episcopal y la Nunciatura, y que arrojaron diversos informes sobre pérdidas injustificadas de importantes cantidades de dinero en Cáritas, que a punto estuvieron de colocar a la entidad en situación de quiebra técnica.

Cuestionado sobre el caso, la diócesis se remitió a una próxima nota en la que se darán detalles del presunto escándalo. En la misma, el Obispado confirma la apertura de una “investigación previa” contra Martín de Lera, tras la cual “y apreciada la existencia de elementos suficientes para que los hechos fueran examinados en sede judicial, las actuaciones siguieron el cauce previsto por el ordenamiento canónico”. La diócesis confirmó la apertura de juicio, tal y como adelantó elDiario.es el pasado 29 de enero. En cuanto al ex vicario, se sabe que hace unos meses recurrió su cese como párroco ante el Vaticano, acusando al prelado de “abuso de poder”. Sin embargo, la apertura de juicio canónico en su contra, salvaguardando la presunción de inocencia, hace presumir que Roma no ha atendido su petición.

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La Policía Nacional ha recuperado tres de las obras de arte sacro que habían sido sustraídas en templos de Valladolid durante julio y septiembre, en una investigación que permitió el pasado 17 de septiembre la detención de un hombre como supuesto autor de varios delitos contra el patrimonio histórico.

Según han informado este viernes fuentes policiales, los hechos investigados presentaban un carácter excepcional en la provincia, al tratarse de sustracciones de obras de arte sacro del interior de iglesias, una modalidad delictiva poco habitual en la demarcación policial.

La sucesión de varios robos en poco tiempo llevó a los agentes especializados a considerar la posible existencia de una única autoría. La investigación se inició tras las denuncias presentadas por la desaparición de diferentes piezas de valor histórico y artístico en varios templos de la ciudad.

Entre ellas figuraban una talla de madera policromada representando a un ángel del siglo XIX, sustraída de la iglesia de San Felipe Neri; una talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, datada a finales del siglo XVII y sustraída del interior de la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

También figuraban un cuadro sobre lienzo titulado Ecce Homo, copia del pintor Luis de Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, denominada Jesús cae por segunda vez, ambas pertenecientes a la Iglesia de San Pablo.

Descripción coincidente del autor

Las declaraciones de los testigos permitieron obtener una descripción coincidente del presunto autor, lo que facilitó el avance de las pesquisas. Las gestiones practicadas por los agentes especializados en delitos contra el patrimonio histórico culminaron con la identificación del sospechoso y la autorización judicial para llevar a cabo una entrada y registro en su domicilio, situado en el barrio de Arturo Eyries de Valladolid.

Durante el registro, efectuado el 17 de septiembre, los investigadores arrestaron al sospechoso e intervinieron diversos objetos presuntamente utilizados para la comisión de los robos, entre ellos bolsas de transporte empleadas para ocultar y trasladar las piezas sustraídas, así como un patinete eléctrico utilizado para desplazarse entre los distintos lugares donde se cometieron los hechos.

No obstante, en aquella intervención no fue posible localizar ninguna de las obras desaparecidas ni determinar la participación de otras personas en los hechos, por lo que la investigación continuó abierta.

Fruto de las posteriores gestiones realizadas, intensificando los controles y vigilancias policiales en diferentes puntos, los agentes han logrado recuperar tres de las piezas denunciadas como sustraídas. En concreto, se ha recuperado la talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, perteneciente a la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

Asimismo, han sido recuperados el cuadro Ecce Homo, copia del pintor Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, ambas obras sustraídas del interior de la Iglesia de San Pablo. La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar la totalidad de las obras sustraídas y esclarecer completamente las circunstancias de los hechos.

Ya existen, pero necesitan ser reconocidos de manera oficial en el Código de Derecho Canónico, la ‘constitución’ que regula el gobierno de la Iglesia católica en todo el mundo. Y eso es lo que se vislumbra detrás del informe final de la Comisión canónica del Sínodo, que hace unos días hizo público la Santa Sede y que propone “una revisión integral” de la legislación eclesiástica para consagrar el liderazgo de laicos y mujeres en órganos de gobierno de la Iglesia.

Un proceso que ya arrancó Francisco, con el nombramiento de Simona Brambilla como primera mujer prefecta de la Vida Consagrada, la ‘jefa’ de todos los monjes, frailes y religiosas del mundo. Después, la siguieron Paolo Ruffini como primer laico al frente del dicasterio de la Comunicación; o Raffaela Petrini como 'alcaldesa' de la Ciudad del Vaticano. Ya con León XIV, Alessandra Smerilli fue nombrada ‘ministra’ de la Solidaridad del Vaticano, y la periodista laica Montse Alvarado se convertirá, en pocas semanas, en la nueva responsable de la comunicación vaticana. Este mismo jueves, Prevost nombraba a la religiosa irlandesa Mary Teresa Barron directora mundial de las Obras Misionales Pontificias, lo que la convierte en la máxima responsable del trabajo de centenares de misioneros católicos repartidos por el mundo. El sacerdocio, por el momento, parece vetado para las mujeres.

Sin embargo, el Derecho Canónico no acoge esta posibilidad de manera formal. De ahí la relevancia de las “Propuestas de modificación de los cánones relativos al Gobierno eclesiástico, a la participación de los fieles y la rendición de cuentas”, que así se llama el estudio sinodal.

Un informe que, bajo una pátina 'técnica', esconde un cambio fundamental en la estructura de Gobierno de la Iglesia, especialmente después de los furibundos ataques de los sectores rigoristas a la asunción de responsabilidades de los laicos, y las mujeres, en dicasterios y altas magistraturas vaticanas: las “propuestas de modificación a los cánones del Código relacionados con la capacidad de los laicos, hombres y mujeres, para ejercer en la Iglesia oficios, cargos y ministerios para los que resulten idóneos y competentes, incluso dentro del ámbito del gobierno eclesiástico”.

Y es que los trabajos de la 'comisión canónica' han tratado de “identificar en cuáles términos las adquisiciones teológicas y eclesiológicas del proceso sinodal podrían traducirse en normas canónicas, distinguiendo tres horizontes temporales”. A corto plazo, proponiendo “modificaciones específicas a la normativa vigente, que sean capaces de sostener de inmediato el desarrollo concreto de la vida eclesial”. A medio plazo, identificando “ámbitos” en colaboración con los dicasterios competentes. Y a largo plazo, con “la necesidad de una revisión integral de los dos Códigos de Derecho Canónico —el latino y el oriental— para incorporar las instancias teológicas y eclesiológicas que han surgido”. 

El secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, define el Derecho Canónico como "la transposición a términos jurídicos de lo que, en cada época, la Iglesia percibe de sí misma y de lo que constituye el objeto de su fe, con las consiguientes repercusiones en la forma en que se realizan las relaciones humanas en su seno"

“Mientras la Iglesia en su conjunto se encuentra comprometida en una reflexión teológica y eclesiológica sobre su propia naturaleza sinodal, nos ha parecido importante iniciar también una reflexión sobre sus normas —los cánones— que sostienen su organización y las relaciones entre sus miembros”, explica el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, que define el Derecho Canónico como “la transposición a términos jurídicos de lo que, en cada época, la Iglesia percibe de sí misma y de lo que constituye el objeto de su fe, con las consiguientes repercusiones en la forma en que se realizan las relaciones humanas en su seno”.

Así, la primera parte del documento contiene propuestas de modificación a los cánones del Código relacionados con la capacidad de los laicos, hombres y mujeres, para ejercer en la Iglesia oficios, cargos y ministerios para los que resulten idóneos y competentes, incluso dentro del ámbito del gobierno eclesiástico.  

La segunda parte, en cambio, propone “una revisión en prospectiva sinodal de algunos cánones relativos a los Concilios particulares y a las Conferencias Episcopales, es decir, de aquellas instancias eclesiales responsables de la colaboración entre las Iglesias locales”. Finalmente, abordan los organismos de participación, ya establecidos en el Código, “pero propone modificaciones que potencian su dimensión participativa y su orientación misionera”.  

El abuso espiritual, la puerta abierta a otros abusos

Junto a ello, la Santa Sede lleva meses estudiando la posibilidad de un nuevo cambio en el Código, para incluir el ‘abuso espiritual’ como un delito canónico, lo que afectaría a casos tan mediáticos como el del exjesuita Rupnik o, en España, escándalos como el de las Hijas del Amor Misericordioso o el Instituto del Verbo Encarnado.

Actualmente, el abuso espiritual no es un delito según el Derecho Canónico, aunque las víctimas existen, y cada vez son más reconocidas por las instancias eclesiásticas, como una vertiente del 'falso misticismo' que, en los últimos tiempos, se ha convertido en moneda de curso habitual a la hora de hablar de los abusos en la Iglesia, como formas de dominación que, en ocasiones, puede acabar en abusos sexuales o físicos. El poder, que en el caso de la Iglesia, es la fuente de todos los males.

¿Qué se considera abuso espiritual? Según los expertos, se trata del uso de la religión, las creencias o las prácticas espirituales para manipular, controlar, aislar o dañar a una persona

¿Dónde ocurre? En relaciones asimétricas de poder, como la relación entre un superior y un subordinado, un director espiritual y su dirigido, o un catequista y un niño. De ahí que, en muchos casos, un abuso espiritual pueda concluir con otro tipo de abusos, que sí están tipificados por el Derecho Canónico, y forman parte de esa “lacra sistémica” de la que habló León XIV tanto en España como en Francia, tras reunirse con víctimas de abusos.

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El papa León XIV anunció este domingo que deberá operarse “en los próximos días” de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase “muy inicial y bien localizado”, afirmó tras el rezo del Ángelus dominical.

Ha sido el propio pontífice quien ha informado sobre su salud de forma pública, desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, explicó Prevost.

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado “consideran oportuno intervenir” y, siguiendo sus consejos, ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.

A la espera de saber si cancelará su gira latinoamericana

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre. Sin embargo, sus palabras este domingo en el Ángelus, justo antes de sorprender al mundo con esta noticia, sugieren que su gira latinoamericana sigue en pie.

Poco antes del anuncio, León XIV dedicó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, venerado en Perú. “Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado”, apreció. Y, acto seguido, aseguró: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”.

En el municipio de Boborás, en la provincia de Ourense, se encuentra Pazos de Arenteiro, una aldea que conserva un importante conjunto patrimonial dentro del medio rural gallego. Desde 1973 está reconocida como Conjunto Histórico-Artístico, una distinción que la convierte en un caso singular dentro de Galicia. Entre sus construcciones se encuentran una iglesia románica, varios pazos y casonas, dos puentes de origen medieval y antiguos molinos relacionados con los ríos Avia y Arenteiro.

La historia del lugar está vinculada a distintas órdenes religiosas y a la actividad económica que se desarrolló en esta parte de Ourense durante siglos. En el siglo XII ganó importancia con la presencia de la Orden del Santo Sepulcro y, a partir de 1542, con la Encomienda de San Xoán de Jerusalén. Esta última tuvo un papel destacado en la economía local, especialmente a través de la producción y comercialización del vino durante el siglo XVI.

Buena parte de ese pasado sigue siendo visible en sus calles. Las antiguas residencias señoriales conviven con construcciones religiosas, viviendas tradicionales, molinos y pasos sobre los cursos fluviales. Recorrer Pazos de Arenteiro permite comprobar cómo la arquitectura civil, la presencia de las órdenes religiosas y el aprovechamiento del agua fueron dando forma a un pequeño núcleo que todavía conserva elementos de distintas épocas.

La iglesia de San Salvador y la antigua Encomienda

Entre los principales edificios se encuentra la iglesia de San Salvador, de estilo románico y con algunos elementos góticos. En el exterior destaca especialmente la portada, donde aparece una pequeña cruz en el tímpano. A ambos lados se sitúan dos pares de columnas cuyos capiteles están decorados con motivos vegetales y representaciones de aves.

La iglesia forma parte del patrimonio relacionado con las órdenes religiosas que tuvieron presencia en el lugar. Muy cerca se encuentra la Rectoral Pazo da Encomenda, un inmueble rectangular de dos plantas que estuvo vinculado a un antiguo complejo monástico de mayor tamaño. Tras su rehabilitación, actualmente funciona como hospedería.

Los pazos que explican el pasado señorial de la aldea

Buena parte del patrimonio civil de Pazos de Arenteiro se concentra en sus antiguas residencias. Una de ellas es el Pazo de Arriba, cuya fachada incorpora un escudo de armas. Cuenta además con cuatro chimeneas rematadas en formas piramidales con bola y una cubierta restaurada a cuatro aguas. En la actualidad está dividido en dos partes, una de ellas acondicionada.

Otro de los inmuebles destacados es el Pazo de los Feijóo, cuya construcción comenzó en 1553 y fue ampliada posteriormente. Entre sus elementos arquitectónicos aparecen varios arcos de medio punto apoyados sobre pilares. También forma parte de este grupo el Pazo de Doña Elisa, organizado en forma de U alrededor de un patio privado y con un escudo rematado con decoración vegetal en la fachada. A estas residencias se suman varias casonas. La Casa do Médico tiene planta cuadrada, dos alturas y patio privado, mientras que la Casa do Palenque conserva carpintería de madera, tejado a tres aguas y un balcón sostenido por canecillos.

La Casa de Penedo tiene una historia diferente. Fue residencia del Inquisidor de Santiago y más tarde fue rehabilitada. En su fachada destaca una barandilla principal procedente del Monasterio de Oseira, trasladada hasta este lugar después de la desamortización de Mendizábal.

Dos antiguos molinos junto a los ríos

La cercanía de los ríos Avia y Arenteiro tuvo también una utilidad práctica para los habitantes de la zona. Junto al primero se encuentra el Muíño da Carauquela, situado cerca del puente de entrada. Aunque hoy está en ruinas, todavía conserva tres de sus muros originales y parte de los canales por los que se conducía el agua hasta la construcción.

En la margen del Arenteiro se encuentra el Muíño do Arenteiro. En su interior permanecen parte del mecanismo utilizado para la molienda y los conductos por los que circulaba el agua. Ambos molinos muestran cómo los cursos fluviales se aprovecharon durante años para tareas cotidianas y económicas diferentes de las relacionadas con las residencias señoriales o los edificios religiosos.

Dos puentes de origen medieval

Los ríos condicionaron también los accesos y las comunicaciones de Pazos de Arenteiro. Sobre el Avia se encuentra la Ponte da Cruz, que originalmente contaba con cuatro arcos. La estructura sufrió daños durante la Guerra de la Independencia y, del antiguo puente medieval, solo se conserva una de aquellas arcadas. La construcción posterior de un embalse dejó además el paso a una altura considerable respecto al nivel actual del río.

El otro paso histórico es la Ponte do Santo Sepulcro, situada sobre el Arenteiro. Está formada por dos arcos de medio punto, uno de diez metros y otro de 4,82 metros. En su estructura aparecen la cruz del Santo Sepulcro y el relieve de un santo, elementos relacionados con la presencia histórica de esta orden.

La protección concedida en 1973 permite entender la importancia del conjunto dentro del patrimonio rural gallego. En apenas unas calles se concentran huellas de la actividad religiosa, señorial y económica que marcó la evolución de Pazos de Arenteiro durante siglos y que todavía pueden reconocerse en buena parte de su trazado actual.

La Compañía de Jesús ha expulsado a Francesc Josep Peris por haber abusado sexualmente de menores de edad durante décadas, varios de ellos en el colegio Casp de Barcelona. Según ha informado la congregación en un comunicado, el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha decretado la expulsión de Peris del estado clerical y de la Compañía de Jesús.

La Compañía ha lamentado “profundamente” el mal causado y ha querido asumir su “responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado”. Al mismo tiempo, la Compañía ha mostrado su “reconocimiento a las víctimas por haber tenido la valentía y el coraje de denunciar los abusos que sufrieron, lo que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad”.

El proceso penal canónico ha sentenciado a Francesc Peris como culpable de varios delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos con menores (en este caso, abuso sexual) que ocurrieron al menos desde los años 70.

En consecuencia, la congregación ha decretado su expulsión del estado clerical, la pena más grave y de carácter permanente prevista por el Derecho Canónico para. La expulsión del estado clerical es competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano que ha sido delegada, a través de un mandato, en el Superior General. Esta decisión supone que Francisco Peris pierde todos los derechos, responsabilidades y funciones propias del estado clerical y queda excluido del ejercicio del ministerio sacerdotal.

El procedimiento tiene su origen en las denuncias de las víctimas, lo que hizo que la Compañía de Jesús, en 2023, pusiera en marcha un proceso canónico de investigación previa para examinar estas acusaciones e impusiera a Francesc Peris una serie de medidas cautelares.

De forma simultánea, el Superior General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha firmado el decreto por el que Francisco Peris ha sido expulsado de los jesuitas. Esta segunda decisión afecta específicamente a su condición de miembro de la Compañía y es jurídicamente distinta a la expulsión del estado clerical.

Ambas resoluciones suponen, por tanto, y dada la gravedad de los hechos, las máximas consecuencias canónicas previstas en los dos ámbitos afectados: su condición de sacerdote y su pertenencia a la Compañía de Jesús.

La Compañía de Jesús ha admitido en un comunicado que la conclusión de estos procesos no repara por sí misma el mal causado ni pone fin a la responsabilidad moral e institucional de la Compañía para con las personas que sufrieron abusos sexuales por parte de uno de sus miembros.

La entidad, en su comunicado, “reconoce y condena los graves errores que cometió en el pasado en la forma de escuchar, proteger y responder a las víctimas ante los abusos y reitera su petición de perdón a las víctimas, a sus familias ya todas las personas que se han visto afectadas”.

La Compañía ha asegurado que mantiene su compromiso de atención integral a las víctimas, que incluye escucha, acompañamiento y reparación, además de facilitar y colaborar con la investigación de cualquier nueva información que se pueda conocer y continuar reforzando sus procedimientos de prevención, actuación y creación de entornos seguros.

Peris, de 84 años ha aceptado residir en una comunidad jesuita pese a no ser ya sacerdote para que permanezca en un entorno controlado. El acuerdo incluye unas normas de conducta y una serie de prohibiciones que Peris debe cumplir.

El exsacerdote no podrá tener ningún tipo de contacto con menores o adultos en situación de vulnerabilidad. Tampoco podrá ausentarse de la casa sin permiso expreso, ponerse en contacto con ninguna víctima ni recibir visitas sin permiso expreso.

Esta decisión responde, según la Compañía, a la voluntad de “compatibilizar la plena aplicación de las sanciones adoptadas con la responsabilidad de no desentenderse de una situación que requiere atención y seguimiento”. La Compañía de Jesús asegura que mantiene su “compromiso con la búsqueda de la verdad y la colaboración con la justicia en todos los ámbitos”.

La conclusión de los procedimientos canónicos, asegura la congregación, “no extingue su implicación en estas situaciones que nunca deberían haber pasado”. La entidad agrega que seguirá buscando “verdad, la justicia, la reparación y la creación de entornos seguros y saludables en todas sus instituciones y comunidades”.

En accedir a la nova església de Sant Pau, el primer que crida l'atenció és la llum. El temple s'obre cap al parc i permet fins i tot albirar la Catedral de Mallorca. L'espai, ubicat a la barriada palmesana de Son Dameto, ocupa uns 500 metres quadrats i té capacitat per a unes 300 persones. Hi ha cinc aules per a activitats socials, zones per a la comunitat parroquial, 24 places d'aparcament i plaques fotovoltaiques. La setmana passada, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, va consagrar i beneir el nou temple, el primer edifici catòlic de nova construcció que s'inaugura a Palma al segle XXI. Tanmateix, darrere les parets blanques i de la nova arquitectura hi ha una història immobiliària que va arrencar fa gairebé vint anys.

No és, en sentit estricte, una comunitat nova. La parròquia de Sant Pau va néixer el 1973, quan Son Dameto, nascut a partir d'una antiga trama de possessions i terrenys agrícoles, comptava amb uns 1.200 veïns. Durant més de mig segle, els seus feligresos van celebrar la missa en un local comercial situat als baixos d'un edifici d'habitatges del carrer Martí Boneo que, amb el temps, es va quedar petit per a una barriada que avui ronda els 12.000 habitants. La transformació urbana de la barriada es va accelerar a partir dels anys seixanta, quan van començar a substituir-se les antigues finques per equipaments i blocs residencials que, en l'actualitat, conviuen amb una creixent valorització immobiliària i una forta pressió sobre l'accés a l'habitatge.

La història del nou temple, que durant anys va travessar canvis de disseny, una crisi econòmica i una operació de permuta amb una constructora privada, comença a la primera dècada del segle XXI. Eren els temps de la bombolla immobiliària i del mandat de Catalina Cirer al capdavant de l'Ajuntament de Palma, amb el PP governant amb majoria absoluta i el multicondenat Jaume Matas al capdavant del Govern. El maig de 2006, el Consistori, amb Javier Rodrigo de Santos com a responsable d'Urbanisme, va formalitzar la cessió de diversos solars municipals al Bisbat de Mallorca per a la construcció de noves esglésies.

Més d'11.000 metres quadrats per a noves esglésies

L'operació es va justificar públicament per la consideració que l'Església duia a terme una “tasca social”, un argument que permetia encaixar la cessió de sòl públic per a equipaments religiosos dins la concepció municipal dels usos socials. No era un lot qualsevol: el conjunt superava els 11.000 metres quadrats i tenia un valor cadastral aproximat de quatre milions d'euros. Entre els terrenys figurava el de Son Dameto, d'uns 2.160 metres quadrats. A aquest se sumaven els de Son Güells, Son Peretó, Son Puigdorfila Sud, Son Ferragut i Son Busquets, ubicats en bona part en zones de Palma que llavors estaven experimentant processos d'expansió urbanística i fort desenvolupament immobiliari. El Bisbat comptava amb un termini de 25 anys per fer realitat els temples.

L'acord no es limitava a posar sòl municipal a disposició del Bisbat. L'Ajuntament es va comprometre també amb el llavors bisbe de Mallorca, Jesús Murgui, a impulsar les modificacions necessàries del planejament urbanístic municipal per fer possible la construcció dels nous equipaments religiosos. Un compromís que adquiriria especial rellevància en els mesos posteriors, quan van sorgir dubtes sobre la compatibilitat entre l'ús religiós previst pel Bisbat i la qualificació urbanística d'alguns dels solars, classificats llavors com a equipaments socioculturals.

No en va, la premsa va descriure aquella operació com una donació gratuïta de cinc solars municipals i la cessió va provocar fortes crítiques entre els grups de l'oposició municipal –PSOE, PSM i Esquerra Unida-Els Verds–, que van qüestionar públicament que estigués justificada el lliurament de sòl de titularitat pública per a la construcció de noves esglésies.

No va ser l'únic 'regal' del PP durant aquella legislatura. Amb prou feines un mes després, al juny, Matas i el bisbe Jesús Murgui signaven un acord amb el qual el Govern es comprometia a sufragar fins al 60% de la rehabilitació de 27 immobles eclesiàstics de Mallorca. En total, 11,3 milions d'euros públics. L'expresident balear apel·lava llavors a “aunar esforços i de treballar de manera conjunta per posar a l'abast dels ciutadans béns d'interès general que, en aquest cas, és un patrimoni de gran riquesa històrica, arquitectònica i d'incalculable valor sentimental per als mallorquins”.

Arriben els dubtes urbanístics

El novembre del 2007, amb Aina Calvo (PSOE) ja al capdavant de l'alcaldia, els dubtes sobre el conveni signat un any i mig abans pel govern de Cirer van aflorar públicament. Com va informar llavors Diari de Balears, l'Ajuntament havia detectat anomalies relacionades amb la compatibilitat urbanística dels solars cedits al Bisbat. Entre elles figurava la compatibilitat urbanística dels terrenys amb l'ús religiós. Un mes després, el mateix diari informava que el Consistori no modificaria el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per adaptar la qualificació dels terrenys -llavors destinats a equipaments socioculturals- als temples que pretenia construir la diòcesi. L'equip de govern sostenia que tots dos usos eren compatibles.

Finalment, l'abril del 2008, Calvo va signar davant notari l'escriptura pública relativa al solar destinat al nou temple de Son Dameto. En l'acte van participar Juan Servera, llavors vicari episcopal d'assumptes econòmics, l'advocat del Bisbat i el rector, Llorenç Fernández.

La crisi econòmica, però, va acabar passant factura a aquell ambiciós pla d'expansió de la xarxa de temples. La situació no va afectar únicament el calendari de la parròquia, sinó que també va modificar l'escenari patrimonial en el qual s'havia concebut l'operació. Els projectes previstos en els solars municipals no van arribar a materialitzar-se i, vuit anys després del conveni, l'abril del 2014, el Bisbat va tornar a l'Ajuntament quatre dels solars que havia rebut: Son Ferragut, Son Peretó, Son Güells i Son Busquets.

El solar de Son Dameto, l'excepció

Amb tot, la devolució no es va produir per iniciativa d'una recuperació unilateral de l'Ajuntament. Uns mesos abans, el grup municipal de Més havia portat al ple una proposta per revertir el conveni de 2006 i reclamar els solars cedits gratuïtament al Bisbat per destinar-los a finalitats públiques d'interès general. La iniciativa va ser rebutjada per 16 vots enfront d'11. El govern municipal del PP va al·legar llavors raons de seguretat jurídica per no rescindir unilateralment l'acord, encara que va deixar oberta la porta a una negociació amb la diòcesi. La negociació va desembocar, finalment, en la devolució de quatre terrenys.

Son Dameto va ser l'excepció. La diòcesi va mantenir el solar perquè allí sí que hi havia un projecte en marxa: el 2007, el Bisbat ja havia convocat un concurs d'idees per dissenyar la nova església de Sant Pau, que va guanyar l'estudi Oliveras Boix Arquitectes, tal com recull l'estudi d'arquitectura Cati Mestre. La parròquia defensava, a més, que el barri necessitava un nou espai religiós i social.

El 2015, el rector de Sant Pau explicaria que la decisió s'havia pres “per falta de finançament, però també de necessitats reals”: la crisi econòmica havia trastocat els plans i ja no persistia la necessitat de construir noves esglésies. Segons el rector, aquella operació específica no va ser una cessió sense contraprestació: es va articular com una permuta, mitjançant el lliurament a Cort d'un solar situat al costat de la parròquia de Martí Boneo. El projecte de Son Dameto va romandre durant anys com una peça buida al costat del parc, mentre la parròquia continuava funcionant al local dels baixos d'un bloc d'habitatges.

Del solar buit a una nova permuta

La solució definitiva va arribar a través d'una nova operació immobiliària. L'11 de juliol de 2024, el Bisbat va signar un contracte amb una empresa constructora mallorquina. El mecanisme va tornar a ser una permuta. Segons va explicar el rector Llorenç Fernández a la revista veïnal Sa Veu de Son Dameto, la constructora aixecaria el nou complex a canvi d'una part del patrimoni immobiliari de la parròquia: els dos antics pisos situats sobre el vell temple de Martí Boneo, el local on havia funcionat la parròquia, les instal·lacions de l'antiga guarderia i del rastell i un solar edificable situat al costat de l'actual temple.

El constructor preveia transformar part d'aquests immobles en habitatges i aixecar previsiblement un edifici residencial sobre el solar. Els immobles no s'entregarien fins que concloguessin les obres del nou complex.

“S'ha intentat que la permuta sigui equilibrada, cosa que no sabem si hem aconseguit”, reconeixia Fernández el 2025. No existeix, almenys en la documentació pública localitzada, una taxació comparativa que permeti determinar quant valien exactament els immobles entregats pel Bisbat i quant va costar finalment la construcció. El pressupost anunciat per al complex es va situar a prop dels dos milions d'euros.

L'operació també va obligar a rebaixar les ambicions del projecte original. La proposta inicial contemplava un complex de majors dimensions i una església amb capacitat per a unes 350 persones. L'encariment dels costos de construcció va obligar a executar només una part d'aquell disseny. El 2025, el rector explicava que el temple es reduiria a unes 250 places i que algunes de les sales i l'habitatge inicialment previstos quedarien fora d'aquesta primera fase. La segona edificació prevista en el projecte tampoc no s'ha construït per ara: en l'espai reservat s'ha habilitat una terrassa amb pèrgola.

Les obres van començar finalment el setembre del 2024. L'associació de veïns va celebrar llavors l'inici d'uns treballs que feia dècades que esperava i va explicar que el nou complex combinaria el temple amb espais per a activitats parroquials i ciutadanes. El projecte incloïa inicialment al voltant de 25 places d'aparcament, a més de sales per a catequesi, tallers, reunions i activitats de l'associació veïnal.

Part dels residents, però, es van mostrar severament crítics amb la nova construcció. En declaracions a elDiario.es, un d'ells recrimina que el projecte que finalment va començar a executar-se era més voluminós que el presentat inicialment: “I tal edificació va començar a créixer, a ser cada dia més gran, més totxo”. L'oposició d'alguns residents es va centrar especialment en l'impacte visual de l'edifici sobre el parc. Segons el testimoni d'Alonso, hi va haver veïns que van començar a referir-se a la construcció com “el mausoleu eclesiàstic”. Altres deien que “semblava una presó sense finestres”.

Part dels residents critiquen la nova construcció perquè és més voluminosa de la que es va presentar inicialment. 'El mausoleu es va cruspir, a la vista, alguns espais del parc; va passar a ser protagonista del lloc', comenta un veí

Entre les seves principals objeccions figura l'ocupació visual de l'espai verd: “El mausoleu 'es va berenar', a la vista, alguns espais del parc; va passar a ser protagonista del lloc”. També qüestiona que l'entorn immediat de l'edifici quedés integrat amb les zones verdes públiques i planteja que una construcció més petita hauria generat “un millor ambient i opinió”. El veí critica a més altres elements del complex, com les places d'aparcament i una estructura de bigues aixecada davant dels edificis.

Un complex de 500 metres quadrats

La nova parròquia de Sant Pau arriba a Son Dameto més de mig segle després de la creació de la comunitat. El projecte que finalment s'ha executat és, segons el Bisbat, només una part de la proposta inicialment concebuda. La institució assenyala que el disseny contemplava també un segon edifici, la construcció del qual ha quedat pendent d'una segona fase. En l'espai reservat per a aquesta ampliació s'ha habilitat finalment una terrassa exterior amb pèrgola per a activitats i trobades.

La presentació del nou edifici va estar marcada pel relat de la seva integració al barri. El Bisbat destaca que l'espai litúrgic i la terrassa poden quedar completament comunicats mitjançant unes portes corredisses, de manera que el temple s'obre cap a l'exterior. El rector, Llorenç Fernández, va resumir així la seva primera impressió: “M'imposa l'espai de blancor i llum i, al mateix temps, dic que aquell m'ajuda a escoltar. I escoltar m'ajuda a contemplar”. Des del recinte també es divisa la Catedral de Mallorca, una connexió que el mateix rector interpreta simbòlicament com un vincle amb l'“Església mare de la Diòcesi”.

La nova parròquia incorpora a més una dimensió social que tant el Bisbat com l'associació de veïns presenten com una continuïtat de l'activitat desenvolupada durant dècades. El complex albergarà activitats pastorals, formatives i comunitàries, entre elles classes de castellà per a persones immigrants, catequesi, reunions i altres iniciatives veïnals. Miquel Bestard, vicepresident de l'Associació de Veïns de Son Dameto-Son Pisà, va resumir la relació entre ambdues entitats: “L'any 91 es va crear l'Associació de Veïns en un local de la parròquia de Sant Pau. I des de llavors fem camí junts”.

El bisbe Sebastià Taltavull va presidir la dedicació i benedicció del nou temple en una celebració a la qual van acudir més de 500 persones. Durant la celebració, el rector va reivindicar la continuïtat d'una comunitat amb més de mig segle de trajectòria i va utilitzar una imatge per definir el paper que vol exercir la parròquia: “Encara que tot sembli trencat i descosit, hem de posar fil i agulla i seguir cosint fraternitat i justícia”. El Bisbat va presentar així el nou temple com la culminació d'un projecte nascut de les necessitats d'un barri que havia crescut durant dècades i que només va poder materialitzar-se, segons la seva versió, gràcies a una permuta que va permetre finançar la construcció.

Al acceder a la nueva iglesia de Sant Pau, lo primero que llama la atención es la luz. El templo se abre hacia el parque y permite incluso divisar la Catedral de Mallorca. El espacio, ubicado en la barriada palmesana de Son Dameto, ocupa unos 500 metros cuadrados y tiene capacidad para unas 300 personas. Hay cinco aulas para actividades sociales, zonas para la comunidad parroquial, 24 plazas de aparcamiento y placas fotovoltaicas. La semana pasada, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, consagró y bendijo el nuevo templo, el primer edificio católico de nueva construcción que se inaugura en Palma en el siglo XXI. Sin embargo, detrás de las paredes blancas y de la nueva arquitectura hay una historia inmobiliaria que arrancó hace casi veinte años.

No es, en sentido estricto, una comunidad nueva. La parroquia de Sant Pau nació en 1973, cuando Son Dameto, nacido a partir de una antigua trama de possessions y terrenos agrícolas, contaba con unos 1.200 vecinos. Durante más de medio siglo, sus feligreses celebraron la misa en un local comercial situado en los bajos de un edificio de viviendas de la calle Martí Boneo que, con el tiempo, se quedó pequeño para una barriada que hoy ronda los 12.000 habitantes. La transformación urbana de la barriada se aceleró a partir de los años sesenta, cuando comenzaron a sustituirse las antiguas fincas por equipamientos y bloques residenciales que, en la actualidad, conviven con una creciente valorización inmobiliaria y una fuerte presión sobre el acceso a la vivienda.

La historia del nuevo templo, que durante años atravesó cambios de diseño, una crisis económica y una operación de permuta con una constructora privada, comienza en la primera década del siglo XXI. Eran los tiempos de la burbuja inmobiliaria y del mandato de Catalina Cirer al frente del Ayuntamiento de Palma, con el PP gobernando con mayoría absoluta y el multicondenado Jaume Matas al frente del Govern. En mayo de 2006, el Consistorio, con Javier Rodrigo de Santos como responsable de Urbanismo, formalizó la cesión de varios solares municipales al Obispado de Mallorca para la construcción de nuevas Iglesias.

Más de 11.000 metros cuadrados para nuevas iglesias

La operación se justificó públicamente por la consideración de que la Iglesia desempeñaba una “labor social”, un argumento que permitía encajar la cesión de suelo público para equipamientos religiosos dentro de la concepción municipal de los usos sociales. No era un lote cualquiera: el conjunto superaba los 11.000 metros cuadrados y tenía un valor catastral aproximado de cuatro millones de euros. Entre los terrenos figuraba el de Son Dameto, de unos 2.160 metros cuadrados. A éste se sumaban los de Son Güells, Son Peretó, Son Puigdorfila Sud, Son Ferragut y Son Busquets, ubicados en buena parte en zonas de Palma que entonces estaban experimentando procesos de expansión urbanística y fuerte desarrollo inmobiliario. El Obispado contaba con un plazo de 25 años para hacer realidad los templos.

El acuerdo no se limitaba a poner suelo municipal a disposición del Obispado. El Ayuntamiento se comprometió también con el entonces obispo de Mallorca, Jesús Murgui, a impulsar las modificaciones necesarias del planeamiento urbanístico municipal para hacer posible la construcción de los nuevos equipamientos religiosos. Un compromiso que adquiriría especial relevancia en los meses posteriores, cuando surgieron dudas sobre la compatibilidad entre el uso religioso previsto por el Obispado y la calificación urbanística de algunos de los solares, clasificados entonces como equipamientos socioculturales.

No en vano, la prensa describió aquella operación como una donación gratuita de cinco solares municipales y la cesión provocó fuertes críticas entre los grupos de la oposición municipal –PSOE, PSM y Esquerra Unida-Els Verds–, que cuestionaron públicamente que estuviera justificada la entrega de suelo de titularidad pública para la construcción de nuevas iglesias.

No fue el único 'regalo' del PP durante aquella legislatura. Apenas un mes después, en junio, Matas y el obispo Jesús Murgui firmaban un acuerdo con el que el Govern se comprometía a sufragar hasta el 60% de la rehabilitación de 27 inmuebles eclesiásticos de Mallorca. En total, 11,3 millones de euros públicos. El expresidente balear apelaba entonces a “aunar esfuerzos y de trabajar de manera conjunta para poner al abasto de los ciudadanos bienes de interés general que, en este caso, es un patrimonio de gran riqueza histórica, arquitectónica y de incalculable valor sentimental para los mallorquines”.

Llegan las dudas urbanísticas

En noviembre de 2007, con Aina Calvo (PSOE) ya al frente de la alcaldía, las dudas sobre el convenio firmado año y medio antes por el gobierno de Cirer afloraron públicamente. Como informó entonces Diari de Balears, el Ayuntamiento había detectado anomalías relacionadas con la compatibilidad urbanística de los solares cedidos al Obispado. Entre ellas figuraba la compatibilidad urbanística de los terrenos con el uso religioso. Un mes después, el mismo periódico informaba de que el Consistorio no modificaría el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar la calificación de los terrenos -entonces destinados a equipamientos socioculturales- a los templos que pretendía construir la diócesis. El equipo de gobierno sostenía que ambos usos eran compatibles.

Finalmente, en abril de 2008, Calvo firmó ante notario la escritura pública relativa al solar destinado al nuevo templo de Son Dameto. En el acto participaron Juan Servera, entonces vicario episcopal de asuntos económicos, el abogado del Obispado y el párroco, Llorenç Fernández.

La crisis económica, sin embargo, terminó pasando factura a aquel ambicioso plan de expansión de la red de templos. La situación no afectó únicamente al calendario de la parroquia, sino que también modificó el escenario patrimonial en el que se había concebido la operación. Los proyectos previstos en los solares municipales no llegaron a materializarse y, ocho años después del convenio, en abril de 2014, el Obispado devolvió al Ayuntamiento cuatro de los solares que había recibido: Son Ferragut, Son Peretó, Son Güells y Son Busquets.

El solar de Son Dameto, la excepción

Con todo, la devolución no se produjo por iniciativa de una recuperación unilateral del Ayuntamiento. Unos meses antes, el grupo municipal de Més había llevado al pleno una propuesta para revertir el convenio de 2006 y reclamar los solares cedidos gratuitamente al Obispado para destinarlos a finalidades públicas de interés general. La iniciativa fue rechazada por 16 votos frente a 11. El gobierno municipal del PP alegó entonces razones de seguridad jurídica para no rescindir unilateralmente el acuerdo, aunque dejó abierta la puerta a una negociación con la diócesis. La negociación desembocó, finalmente, en la devolución de cuatro terrenos.

Son Dameto fue la excepción. La diócesis mantuvo el solar porque allí sí había un proyecto en marcha: en 2007, el Obispado ya había convocado un concurso de ideas para diseñar la nueva iglesia de Sant Pau, que ganó el estudio Oliveras Boix Arquitectes, tal como recoge el estudio de arquitectura Cati Mestre. La parroquia defendía, además, que el barrio necesitaba un nuevo espacio religioso y social.

En 2015, el rector de Sant Pau explicaría que la decisión se había tomado “por falta de financiación, pero también de necesidades reales”: la crisis económica había trastocado los planes y ya no persistía la necesidad de construir nuevas iglesias. Según el párroco, aquella operación específica no fue una cesión sin contraprestación: se articuló como una permuta, mediante la entrega a Cort de un solar situado junto a la parroquia de Martí Boneo. El proyecto de Son Dameto permaneció durante años como una pieza vacía junto al parque, mientras la parroquia continuaba funcionando en el local de los bajos de un bloque de viviendas.

Del solar vacío a una nueva permuta

La solución definitiva llegó a través de una nueva operación inmobiliaria. El 11 de julio de 2024, el Obispado firmó un contrato con una empresa constructora mallorquina. El mecanismo volvió a ser una permuta. Según explicó el párroco Llorenç Fernández a la revista vecinal Sa Veu de Son Dameto, la constructora levantaría el nuevo complejo a cambio de una parte del patrimonio inmobiliario de la parroquia: los dos antiguos pisos situados sobre el viejo templo de Martí Boneo, el local donde había funcionado la parroquia, las instalaciones de la antigua guardería y del rastrillo y un solar edificable situado junto al actual templo.

El constructor preveía transformar parte de esos inmuebles en viviendas y levantar previsiblemente un edificio residencial sobre el solar. Los inmuebles no se entregarían hasta que concluyeran las obras del nuevo complejo.

“Se ha intentado que la permuta sea equilibrada, algo que no sabemos si hemos conseguido”, reconocía Fernández en 2025. No existe, al menos en la documentación pública localizada, una tasación comparativa que permita determinar cuánto valían exactamente los inmuebles entregados por el Obispado y cuánto costó finalmente la construcción. El presupuesto anunciado para el complejo se situó cerca de los dos millones de euros.

La operación también obligó a rebajar las ambiciones del proyecto original. La propuesta inicial contemplaba un complejo de mayores dimensiones y una iglesia con capacidad para unas 350 personas. El encarecimiento de los costes de construcción obligó a ejecutar solo una parte de aquel diseño. En 2025, el párroco explicaba que el templo se reduciría a unas 250 plazas y que algunas de las salas y la vivienda inicialmente previstas quedarían fuera de esta primera fase. La segunda edificación prevista en el proyecto tampoco se ha construido por ahora: en el espacio reservado se ha habilitado una terraza con pérgola.

Las obras comenzaron finalmente en septiembre de 2024. La asociación de vecinos celebró entonces el inicio de unos trabajos que llevaba décadas esperando y explicó que el nuevo complejo combinaría el templo con espacios para actividades parroquiales y ciudadanas. El proyecto incluía inicialmente alrededor de 25 plazas de aparcamiento, además de salas para catequesis, talleres, reuniones y actividades de la asociación vecinal.

Parte de los residentes, sin embargo, se mostraron severamente críticos con la nueva construcción. En declaraciones a elDiario.es, uno de ellos recrimina que el proyecto que finalmente comenzó a ejecutarse era más voluminoso que el presentado inicialmente: “Y tal edificación empezó a crecer, a ser cada día más grande, más mazacote”. La oposición de algunos residentes se centró especialmente en el impacto visual del edificio sobre el parque. Según el testimonio de Alonso, hubo vecinos que empezaron a referirse a la construcción como “el mausoleo eclesiástico”. Otros decían que “parecía una cárcel sin ventanas”.

Parte de los residentes critican la nueva construcción porque es más voluminosa de la que se presentó inicialmente. 'El mausoleo se merendó, a la vista, algunos espacios del parque; pasó a ser protagonista del lugar', comenta un vecino

Entre sus principales objeciones figura la ocupación visual del espacio verde: “El mausoleo 'se merendó', a la vista, algunos espacios del parque; pasó a ser protagonista del lugar”. También cuestiona que el entorno inmediato del edificio quedara integrado con las zonas verdes públicas y plantea que una construcción más pequeña habría generado “un mejor ambiente y opinión”. El vecino critica además a otros elementos del complejo, como las plazas de aparcamiento y una estructura de vigas levantada frente a los edificios.

Un complejo de 500 metros cuadrados

La nueva parroquia de Sant Pau llega a Son Dameto más de medio siglo después de la creación de la comunidad. El proyecto que finalmente se ha ejecutado es, según el Obispado, solo una parte de la propuesta inicialmente concebida. La institución señala que el diseño contemplaba también un segundo edificio, cuya construcción ha quedado pendiente de una segunda fase. En el espacio reservado para esa ampliación se ha habilitado finalmente una terraza exterior con pérgola para actividades y encuentros.

La presentación del nuevo edificio estuvo marcada por el relato de su integración en el barrio. El Obispado destaca que el espacio litúrgico y la terraza pueden quedar completamente comunicados mediante unas puertas correderas, de manera que el templo se abre hacia el exterior. El rector, Llorenç Fernández, resumió así su primera impresión: “Me impone el espacio de blancura y luz y, al mismo tiempo, digo que aquel me ayuda a escuchar. Y escuchar me ayuda a contemplar”. Desde el recinto también se divisa la Catedral de Mallorca, una conexión que el propio rector interpreta simbólicamente como un vínculo con la “Iglesia madre de la Diócesis”.

La nueva parroquia incorpora además una dimensión social que tanto el Obispado como la asociación de vecinos presentan como una continuidad de la actividad desarrollada durante décadas. El complejo albergará actividades pastorales, formativas y comunitarias, entre ellas clases de castellano para personas inmigrantes, catequesis, reuniones y otras iniciativas vecinales. Miquel Bestard, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Son Dameto-Son Pisà, resumió la relación entre ambas entidades: “En el año 91 se creó la Asociación de Vecindarios en un local de la parroquia de Sant Pau. Y desde entonces hacemos camino juntos”.

El obispo Sebastià Taltavull presidió la dedicación y bendición del nuevo templo en una celebración a la que acudieron más de 500 personas. Durante la celebración, el rector reivindicó la continuidad de una comunidad con más de medio siglo de trayectoria y utilizó una imagen para definir el papel que quiere desempeñar la parroquia: “Aunque todo parezca roto y descosido, tenemos que poner hilo y aguja y seguir cosiendo fraternidad y justicia”. El Obispado presentó así el nuevo templo como la culminación de un proyecto nacido de las necesidades de un barrio que había crecido durante décadas y que solo pudo materializarse, según su versión, gracias a una permuta que permitió financiar la construcción.

Han tenido que pasar 54 años para que los jiennenses puedan volver a cruzar sus puertas. La iglesia de Santa Catalina Mártir, perteneciente al antiguo Convento de Santo Domingo, deja atrás más de medio siglo de cierre después de una rehabilitación de tres millones de euros, ejecutada por la Diputación de Jaén con fondos europeos procedentes del Gobierno de España, que recupera para la ciudad uno de los espacios históricos más desconocidos de su casco antiguo.

El presidente de la Diputación, Juan Latorre, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, participaron este martes en la inauguración del templo, cerrado desde 1972 y situado en un enclave especialmente rico desde el punto de vista patrimonial.

Su recuperación permite incorporar un nuevo espacio visitable a un entorno en el que se encuentran los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo y el antiguo Hospital de San Juan de Dios, reforzando así uno de los principales núcleos monumentales de la capital.

El presidente de la Diputación, Juan Latorre, califica la reapertura como un “día histórico” para Jaén y para el conjunto de la provincia después de más de cinco décadas con el edificio cerrado.

“Ponemos al servicio de la ciudadanía, de la cultura y de los operadores turísticos” un inmueble hasta ahora inaccesible, destaca Latorre, quien incide en las posibilidades que ofrece su incorporación al patrimonio visitable de la capital.

Para Julio Millán, la apertura tiene además un componente personal. El alcalde recuerda su vinculación con unas calles que ha recorrido desde niño sin haber tenido hasta ahora la oportunidad de conocer el interior del inmueble.

“Yo me he criado en este entorno y han sido cerca de cincuenta años los que llevo paseando y jugando por estas calles y nunca hemos podido disfrutar de este patrimonio tan importante que recoge todos los pasos de la historia de Jaén”, señala.

El regidor defendió que la actuación trasciende la recuperación arquitectónica del edificio y puede contribuir a la revitalización de esta zona de la ciudad. “Recuperamos patrimonio, lo ponemos en valor y de esta forma también se revaloriza nuestro casco antiguo”, afirma.

Millán vinculó este tipo de intervenciones con la generación de nuevas oportunidades para el barrio, tanto desde el punto de vista cultural y turístico como por su capacidad para favorecer la actividad económica.

Tres millones para devolverle su esplendor

La rehabilitación ha contado con una inversión de tres millones de euros procedentes del Gobierno de España. Los trabajos han abordado diferentes problemas acumulados durante décadas y han permitido recuperar elementos de especial valor artístico y arquitectónico.

La intervención ha incluido actuaciones en las cubiertas y carpinterías del inmueble, así como el tratamiento de las humedades. También se han restaurado cúpulas, pinturas murales, frescos y diferentes elementos ornamentales que vuelven ahora a ser visibles tras el prolongado cierre del templo.

A ello se suman los hallazgos derivados de la intervención arqueológica, que ha permitido sacar a la luz restos vinculados al antiguo palacio almohade, añadiendo una nueva dimensión histórica a un espacio en el que se superponen distintas etapas del pasado de Jaén.

Pedro Fernández puso precisamente el foco en el valor que la recuperación tiene más allá de la arquitectura. “No solo se recupera un patrimonio arquitectónico, sino también un patrimonio emocional, que nos identifica y que une a todos los jiennenses con su territorio y también con sus antepasados”, manifiesta el delegado del Gobierno.

Su ubicación refuerza además el valor de todo el entorno. La iglesia de Santa Catalina Mártir se encuentra junto a los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo y el antiguo Hospital de San Juan de Dios, de manera que su reapertura suma una nueva pieza a un enclave que concentra buena parte de la historia de Jaén.

El contenido de esta información ha sido elaborado con la colaboración de la Diputación de Jaén.

La comisión de personas expertas que trabaja en el reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia católica de Navarra, que se creó al amparo de la Ley Foral 24/2022, reconoció en 2025 un total de 16 víctimas de abusos sexuales. Tal y como han explicado los miembros de la comisión en una comparecencia parlamentaria para exponer su trabajo durante el año pasado, en 2025 se iniciaron 23 expedientes, de los cuales 16 finalizaron con reconocimientos y 7 continúan en proceso de valoración. Además, constan otras 16 solicitudes más pendientes de iniciar el trámite.

La comisión ha recibido, desde el inicio de su actividad en octubre de 2022 y hasta lo que llevamos de año de 2026, un total de 85 solicitudes: 80 pertenecientes a víctimas y 5 a testigos.

Por su parte, de las 72 solicitudes como víctimas recibidas hasta diciembre de 2025, 56 expedientes han sido iniciados para su valoración, 7 están en proceso y 1 declarado abandonado por la persona solicitante. El resto de las solicitudes corresponden a personas cuyos abusos ocurrieron fuera de Navarra, por lo que la comisión no puede reconocerlas como víctimas, pero sí les ofrece asesoramiento. De los 56 expedientes iniciados, 48 ya han finalizado, con 46 reconocimientos, 1 desestimación y otra persona que rechazó el reconocimiento.

Todos los victimarios fueron hombres

De entre las 16 personas reconocidas el año pasado, 15 son hombres y 1 mujer, y en todos los casos los victimarios han sido hombres. Asimismo, todas las víctimas refieren haber sido abusadas por parte de una única persona victimaria.

La media de edad de las personas evaluadas es de 66 años, con un rango de entre los 50 y los 74 años, provenientes de familias numerosas, con una media de 4 hermanos o hermanas en un intervalo de entre 1 y 7 hermanos. 12 de las personas reconocidas están casadas o con pareja, 3 divorciadas y 1 soltera.

En cuanto al nivel académico, 2 de las víctimas tienen estudios universitarios, 11 estudios secundarios como bachiller o formaciones profesionales y 3 estudios primarios. Asimismo, la mitad (8 personas) se encuentra actualmente jubilada y la otra mitad en activo. 

Entre otras cuestiones analizadas, 1 de las víctimas refiere haber necesitado asistencia psicológica en algún momento de su vida, debido a un trastorno de ansiedad, mientras que las 15 restantes no han acudido nunca a servicios de salud mental. En cuanto a consumos y adicciones, 2 han respondido afirmativamente y 14 han indicado que no han consumido nada.

El 94% de los abusos se produjo en entornos educativos y colegios

La edad media del inicio de los abusos es de 9 años, pero con diferencias significativas, ya que hay víctimas en las que comenzaron con 7 años y otras con 17.

Por su parte, la mayoría de los casos se circunscriben a la década de los años 60 (9 abusos), seguido de los 70 (6) y los 80 (1).

En cuanto al lugar donde se produjeron los abusos, el 94% (15 casos) ocurrieron en entornos educativos y colegios, y el otro restante en el domicilio del victimario.

Con respecto a la relación con la persona victimaria, 7 ejercían la labor de director del colegio, 8 trabajaban como profesores en los distintos centros educativos y uno era un religioso amigo de la familia que cometió los hechos en su propio domicilio.

6 de los abusos sexuales, de carácter grave

Por su parte, 9 de los 16 abusos sexuales son considerados de carácter moderado, que comprenden masturbaciones o tocamientos en órganos sexuales u otras partes del cuerpo con carácter sexualizante. Otros 6 casos son de carácter grave, que consisten en penetraciones bucales, anales o vaginales con órganos sexuales, dedos o cualquier otra parte del cuerpo, objetos, etc., y un abuso entra en la categoría de leve, que comprende los tocamientos por encima de la ropa, comentarios obscenos o proposiciones sexuales.

Por su parte, el 69% de las víctimas (11 personas) aseguran que nunca comunicaron los hechos sufridos, bien porque no eran conscientes de los mismos, por la edad en la que ocurrieron, por la falta de confianza con las personas adultas de su entorno y las repercusiones que ello pudiera tener, así como por miedo y amenazas del propio victimario. Por su parte, 5 personas (31%) sí informaron a algún familiar cercano.

Asimismo, 10 de las víctimas refieren que sí hubo testigos, siendo estos, en todos los casos, compañeros y compañeras de clase, frente a otras 6 personas que manifiestan que los abusos se produjeron en ámbitos de intimidad y sin testigos.

En cuanto a la afectación que hayan podido sufrir en el estilo de vida, 6 personas sí señalan que los abusos han influido de manera decisiva en su desarrollo, de los que 4 refieren impactos en el ámbito social e interpersonal y 2 en el ámbito sexual, mientras que las otras 10 víctimas restantes responden negativamente a esta cuestión.

En relación con si las experiencias traumáticas vividas han podido influirles en su vida espiritual, religiosa, trascendente o en cualquiera de sus formas, 8 víctimas manifiestan que sí han influido de manera determinante, y las restantes 8 señalan que no.

En cuanto a las emociones de las víctimas, de entre las más comunes aparecen la rabia, el odio, la tristeza, el asco, el dolor, la impotencia, la humillación, la culpa, la frustración, la rebeldía, la incomprensión y la venganza, entre otras.

Y, por su parte, en lo que respecta a la reparación del daño, 7 de las víctimas solicitan el reconocimiento público y personal de los hechos sucedidos y la responsabilidad de los centros, congregaciones, órdenes o diócesis implicados. Además, 8 personas refieren la petición pública de perdón, ya sea por acción u omisión, en la protección de las personas menores implicadas. Una de ellas, por su parte, reivindica que el nombre del victimario se haga público, 2 solicitan una indemnización económica, y una más pide la eliminación del concordato.

En el municipio de Oviedo, a unos cuatro kilómetros del centro urbano de la capital asturiana, se encuentran dos templos católicos: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Ambos están ubicados de forma privilegiada en la falda sur del monte Naranco y forman parte del recorrido que muchos realizan para llegar hasta el pico de la zona rocosa, situado a 634 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Este lugar representa uno de los enclaves patrimoniales y paisajísticos más importantes del norte de España, además de uno de los más concurridos.

Ambos monumentos son un claro ejemplo del arte prerrománico asturiano, concretamente dentro del estilo arquitectónico e histórico denominado “ramirense”. Su monumentalidad, estado de conservación y singularidad histórica motivaron su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Este conjunto monumental constituye uno de los testimonios más excepcionales de la arquitectura altomedieval europea, destacando por la innovación en sus soluciones constructivas y su decoración escultórica.

Uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos por el gran público sobre Santa María del Naranco es que, originariamente, no se proyectó de forma exclusiva como una iglesia o templo religioso, sino que funcionó en un principio como un palacio destinado al ocio y la representación del monarca. Destaca por su cuidada estructura de dos plantas: una planta baja con una sala de baños, restos de una piscina y un posible cuerpo de guardia, y una planta noble flanqueada por logias. Recientes hallazgos han confirmado que fue realizado como un edificio de uso civil y representativo, destinado posteriormente a acoger la sepultura del rey Ramiro I.

La transformación funcional del edificio se produjo siglos más tarde. Concretamente, la destrucción de la cabecera de la vecina iglesia de San Miguel de Lillo y de parte de sus naves provocó la necesidad de implantar el culto religioso en Santa María, un cambio que se produjo probablemente durante el siglo XII. Como prueba documental de este hecho histórico, la Crónica Silense del año 1150 ya registra formalmente a Santa María del Naranco como un templo consagrado.

En cuanto a sus detalles ornamentales, destacan especialmente los capiteles y las basas de sus columnas. Los capiteles están decorados con laboriosos relieves de soga —columnas sogueadas— y motivos geométricos o figurativos como el árbol de la vida, mientras que las basas se apoyan sobre plintos —bases completamente lisas para dar mayor altura—. Sobre estos se encuentra la basa, de forma redondeada y decorada.

Su estructura está dividida en dos plantas, con una planta baja abovedada y una planta noble flanqueada por dos característicos miradores o logias. Esta disposición supuso una auténtica revolución arquitectónica para su época, consolidándose como el aula regia más importante conservada del Reino de Asturias.

San Miguel de Lillo

Situada a escasos metros de Santa María del Naranco —a unos 150 metros— se alza la singular iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo, también conocida históricamente como Sanmiguel de Liño. Este templo está dedicado al arcángel San Miguel y fue mandado edificar hacia el año 842 por el rey Ramiro I. El monumento fue construido directamente junto a los palacios reales, cumpliendo la función litúrgica de iglesia palatina, un lugar destinado a la oración privada y que servía como centro de culto para el soberano, su familia y sus empleados.

Al igual que su monumento hermano, San Miguel de Lillo recibió reconocimiento internacional al ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. El acceso a este segundo monumento se realiza a través de la carretera que asciende por curvas cerradas y más abiertas hacia la propia cima del monte Naranco. Aunque hoy en día solo se conserva una parte de su estructura original, sus relieves esculpidos y su planta de cruz griega modificada reflejan el esplendor artístico del momento. Asimismo, los relieves de sus puertas y las antiguas figuras inspiradas en el arte clásico y bizantino muestran la importancia de esta iglesia para el patrimonio europeo.

Información clave

Para quienes estén interesados en conocer por dentro estos monumentos, la visita es siempre guiada, a excepción de los lunes, cuando se realiza sin guía y de forma gratuita. Las visitas parten de Santa María del Naranco y tienen una duración aproximada de 40 minutos. Durante el verano, del 1 de abril al 30 de septiembre, los horarios son de martes a sábado de 9:30 a 13:00 y de 15:30 a 19:00, mientras que los lunes únicamente están disponibles en horario de mañana. Por otro lado, del 1 de octubre al 31 de marzo, el acceso es de martes a sábado de 10:00 a 14:30, y los domingos y lunes de 10:00 a 12:30. Asimismo, es importante saber que hay ciertos días del año en los que permanece cerrado: el 1 y 6 de enero, el 8 y 21 de septiembre y el 25 de diciembre.

La entrada general conjunta para ambos monumentos cuesta cinco euros por persona. En grupos de más de 20 personas, la tarifa es de cuatro euros por persona, con reserva previa. En el caso de grupos escolares, el coste es de dos euros por alumno. Los lunes el acceso es totalmente gratuito, si bien la visita guiada no se encuentra disponible bajo estas condiciones generales. Las entradas correspondientes se adquieren directamente en Santa María del Naranco.

No es necesario realizar una reserva previa para visitantes individuales. No obstante, existe la opción de realizar una reserva online, que se encuentra limitada a determinados días y horas. Las visitas guiadas están limitadas a 25 personas, por lo que, si se va a realizar una visita, conviene organizarla con tiempo. Planificar con suficiente antelación el desplazamiento y la compra de las entradas permite que la visita pueda realizarse sin problemas de acceso. En caso de no poder conocer los monumentos por dentro, siempre queda la opción de recorrer los grandes prados con árboles que los rodean y contemplar los edificios desde el exterior.

La diócesis de Getafe ha decidido cerrar el grupo 'Hermanos del Amor Misericordioso', la rama masculina de las Hijas del Amor Misericordioso (HAM), una asociación pública de fieles que fue suprimida hace un mes y medio por la Archidiócesis de Madrid tras una investigación por casos de abusos que implicaban a la superiora de la asociación.

Según explica la diócesis de Getafe en un comunicado publicado este martes, desde el año 2008 han acompañado a un grupo de jóvenes en su proceso de discernimiento vocacional, es decir, en la búsqueda y valoración de una posible vocación religiosa, con vistas a una posible constitución como familia religiosa bajo el nombre de 'Hermanos del Amor Misericordioso' (HAM). Durante estos años, según precisa, algunos de sus miembros han sido ordenados diáconos y sacerdotes y actualmente ejercen distintas funciones pastorales en la diócesis.

Un nuevo camino para sus miembros

Sin embargo, señala que, “tras un tiempo prolongado de reflexión y acompañamiento, el obispo de Getafe ha comunicado a los sacerdotes, diáconos y seminaristas vinculados a este itinerario vocacional que, en adelante, el discernimiento sobre una eventual vocación a la vida religiosa deberá realizarse de manera personal e individual”.

En todo caso, puntualiza que “los seminaristas podrán continuar dicho discernimiento en sus respectivos seminarios o, si así lo consideran oportuno, incorporándose a un instituto de vida religiosa o a otra forma de vida consagrada legítimamente reconocida por la Iglesia”. Es decir, podrán seguir su formación religiosa de manera individual dentro de un seminario o incorporándose a otra institución religiosa reconocida por la Iglesia.

Por otra parte, añade que los ministros ordenados, es decir, los sacerdotes y diáconos, continuarán este proceso mientras ejercen los ministerios pastorales que les han sido encomendados en la diócesis.

El obispado advierte de que esta decisión “no supone un juicio negativo sobre la autenticidad del deseo manifestado por los interesados de vivir una vocación religiosa”. Al contrario, asegura que reconoce y valora dicho deseo.

Además, aclara que los diáconos que se encuentran en camino hacia el presbiterado, es decir, hacia la ordenación como sacerdotes, recibirán la ordenación sacerdotal “en el momento oportuno, una vez reunidas las condiciones requeridas por el derecho de la Iglesia, y posteriormente recibirán el correspondiente encargo pastoral en la diócesis”.

La diócesis asegura su “acompañamiento humano y pastoral” a los miembros de este grupo y pone a su disposición “espacios de escucha, acogida y apoyo”.

Este sábado, Torreciudad (Huesca) acogerá su tradicional Jornada Mariana de la Familia. Un encuentro que reúne a decenas de miles de familias, en su mayor parte cercanas al Opus Dei, y que este año estará presidido por el decano del Tribunal de la Signatura Apostólica del Vaticano, Alejandro Arellano. Él es, desde hace dos años, el comisario pontificio plenipotenciario designado por la Santa Sede para resolver el durísimo conflicto que enfrenta a la Obra y a la diócesis de Barbastro-Monzón desde 2020 y que la semana pasada alcanzó niveles insospechados.

¿Cuál es el origen del conflicto? Hace ahora seis años, la prelatura y la diócesis se reunieron para reformular los términos de un acuerdo sobre el complejo, que tienen su origen en 1962 y que en 1975 concluyó con la marcha de la imagen de la Virgen de Torreciudad desde la ermita original (del siglo XI) a la construida por la Obra para venerar a la Virgen de los Ángeles, que según la tradición ‘curó’ a su fundador, Escrivá de Balaguer, cuando era un niño.

El inicio del conflicto radicaba en el control del complejo, construido por el Opus sobre terreno de la diócesis. Sin embargo, mientras se negociaban dichos términos, la diócesis observó algunas maniobras relacionadas con asuntos económicos y comenzó a tirar del hilo. En 2023, tras no alcanzar un acuerdo, Pérez Pueyo decidió nombrar a un nuevo rector del recinto, a lo que se opuso la Obra, ya por entonces 'intervenida' por la Santa Sede. En 2024, Francisco nombró a Arellano comisario plenipotenciario para decidir sobre el futuro del complejo, que cada año atrae a cerca de doscientos mil peregrinos, pero dos años después Roma todavía no ha tomado una decisión.

El conflicto se agravó este verano, después de que se anunciara la llegada de Arellano a Torreciudad sin que la diócesis fuera avisada, lo que se vio como una “provocación”. Así, el 31 de agosto, el obispo de la diócesis, Ángel Pérez Pueyo, lanzaba un órdago al Opus (y al propio comisario papal) al anunciar que, si no se produce el regreso de la imagen de la Virgen de Torreciudad a su lugar original, renunciará a su cargo. “Yo no puedo firmar, aprobar ni consentir una fórmula que prive a este pueblo de Barbastro-Monzón de su propia Madre, o que la convierta en alguien extraño que haga algunas visitas a sus hijos desde casa ajena”, escribía el prelado, haciendo saltar las alarmas en la Santa Sede.

El prelado, de hecho, ordenó el retorno de la talla a la ermita original para una celebración que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre. Horas después, la Virgen volvió a la sede del Opus. En su carta de agosto, Pérez Pueyo llegó a hablar de “expolio” por parte de la Obra al patrimonio de la diócesis. El prelado también criticó la actuación del comisario, defendiendo que debía centrarse en el futuro del complejo y no en una suerte de “intervención” de la diócesis, como en algunos momentos ha parecido.

La cosa no quedó ahí. Pocos días después, El País publicaba las cartas que el difunto Papa Francisco había enviado a Pérez Pueyo, en las que le animaba a “no ceder” en sus demandas y le alertaba de las “intrigas mafiosas” en su contra. El contenido de las misivas, así como las maniobras para sacar al obispo de Barbastro y enviarlo a Ciudad Real ya habían sido adelantadas hace un año por elDiario.es, pero la filtración de las cartas, escritas y firmadas de puño y letra por Bergoglio, elevaban el tono y la gravedad de la cuestión. Y afectan directamente a cualquier decisión que pueda tomar León XIV.

Tras la publicación de las cartas de Francisco a Pérez Pueyo, el Opus Dei, que había mantenido una posición de silencio oficial, emitió unas “precisiones” en las que hacía un repaso a la historia de Torreciudad. Rechazaba que pudiera hablarse de “una sustracción, una usurpación o una retención ilegal, como sugiere el obispo de Barbastro”.

En su comunicado, la Obra, que no hace referencia alguna a los papeles de Bergoglio, recordaba que “en la escritura pública del 24 de septiembre de 1962 (...) se cedió a perpetuidad el dominio útil –no la propiedad, que corresponde a la diócesis– de la antigua ermita y de la imagen”, remarcando que, “posteriormente, el acuerdo documentado el 8 de septiembre de 1966 estableció que el Patronato construiría y financiaría el nuevo santuario con la condición expresa de que la imagen recibiera en él culto y veneración”.

Una tesis que no concuerda con la explicación de la diócesis, que argumenta que el acuerdo de 1962 decía expresamente que la imagen de la Virgen debía “seguir siendo venerada en el mismo templo” y que niega tener constancia documental del posterior acuerdo de 1966, del que la Obra solo muestra un acta notarial que hace referencia al mismo, pero no el original.

Este mismo viernes, el Obispado ha emitido un comunicado en respuesta a las “precisiones” con las que el Opus Dei reivindica su derecho a conservar la talla original. El obispo, Ángel Pérez Pueyo, insiste en que el acuerdo para Torreciudad exigía “no retirar la imagen de la ermita” original.

“Los hijos de Barbastro-Monzón no quieren a su Madre de visita, la quieren en casa”, señala la diócesis, que confirma que no existe documentación expresa del supuesto acuerdo de 1966 que permitiría el traslado de la imagen original de la Virgen. La construcción de un gran templo junto a la ermita original “no puede justificar el traslado sin la debida autorización de una imagen de la Virgen que pertenece al pueblo de Barbastro-Monzón”, recalca el comunicado de la diócesis

León, ante “una situación diabólica”

“Una situación diabólica”. Así es como definen fuentes bien conocedoras del conflicto. La Santa Sede ya tendría que haber tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Torreciudad, de la Virgen y, por extensión, el del obispo de Barbastro, Ángel Pérez Pueyo. “El problema es que, después de la publicación de las cartas de Francisco, la situación se ha tornado imposible para el comisario, y para el propio León XIV”, afirman fuentes cercanas al proceso consultadas por elDiario.es.

“Si el Papa falla en contra del obispo, lo estará haciendo en contra de Francisco. Si lo hace a favor, todos pensarán que lo ha hecho presionado”. En la Santa Sede, que oficialmente no comenta la situación, hay cierto “malestar” por la filtración de las cartas de Bergoglio, que “dificultan” cualquier posible fin pactado al conflicto. Hasta hace semanas, muchos pensaban que la presencia de Arellano este fin de semana en Torreciudad serviría para anunciar el futuro del templo. Tras los últimos acontecimientos, pocos lo esperan. Incluso, lo temen: “Si el comisario dice algo justo ahora, ratificaría esas ‘intrigas mafiosas’ de las que hablaba Francisco”, apunta un obispo consultado por elDiario.es, aunque admite que, “a día de hoy, cualquier cosa puede pasar”.

¿Qué pasará con Torreciudad? En principio, se mantiene un principio de solución que, como adelantó elDiario.es, estuvo muy cerca de cerrarse el verano pasado, pero filtraciones que Roma achacaba al Opus Dei echaron por tierra. ¿En qué consistiría? Torreciudad se convertiría en un santuario internacional, dependiente directamente de la Santa Sede, que podría intervenir en todo lo referente a la gestión, incluida la patrimonial, del complejo, uno de los grandes secretos del conflicto.

En cuanto a la talla, la propuesta hablaba de que al menos en dos ocasiones al año podría volver a su ermita original. Sin embargo, el último órdago de Pérez Pueyo —“tened por seguro que vuestro pastor nunca firmaría ese improbable expolio a vuestra dignidad. Pondría en tal caso mi cargo a disposición por lealtad a nuestro pueblo”— dificulta esta posibilidad.

En los últimos días, el obispo ha tratado de rebajar la tensión, afirmando que “deseo que el Opus Dei pueda seguir desarrollando aquí su misión”, pero reafirmándose en su posición de no ceder. No es la primera vez que lo hace: ya hace años, contra el criterio de Roma, defendió la devolución de los bienes de la Franja desde Lleida a Barbastro, llevando el caso a los tribunales. Y ganándolo. A día de hoy, nadie descarta que pueda hacer lo mismo. Más aún cuando otras voces apuntan a que una hipotética marcha del obispo de Barbastro supondría, de facto, la unificación de las diócesis de Huesca y Jaca (ya unidas en la figura de un solo obispo, aunque se mantienen como diócesis propias) con la de Barbastro-Monzón.

¿Qué hará, entonces, el Papa? Fuentes eclesiales apuntan a que, a diferencia de Francisco, León XIV es un pontífice más pausado, que trata de escuchar todas las opciones, y que no quiere dar “pasos en falso” en esta polémica.

Una polémica que no viene sola. Y es que Prevost todavía no ha aprobado la reforma de los estatutos del Opus Dei, cuyo texto inicial fue rechazado en dos ocasiones por Francisco y cuyo redactado final fue entregado hace más de un año al nuevo Papa, sin que haya tomado una decisión definitiva acerca del futuro de la prelatura.

Tampoco ha hablado sobre el escándalo de las ‘sirvientas’ de la Obra en Argentina, que afecta entre otros al vicario general del Opus Dei, Mario Fazio. Prevost sí recibió hace pocos meses al periodista Gareth Gore, quien ha denunciado prácticas de manipulación espiritual y económica por parte de la institución. En ese encuentro, Gore planteó la urgencia de que el Vaticano dé respuesta a las víctimas de Argentina del Opus Dei y el Papa le dijo que lo haría.

¿Podría León XIV unir todas las causas del Opus Dei? “Yo no lo descartaría” apunta una fuente vaticana a elDiario.es. Tampoco, que este sábado, el comisario Arellano pueda dar alguna nueva pista.

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La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la sentencia de la magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado de diciembre del pasado año que absolvió a 21 personas -doce mujeres y nueve varones- acusadas de un delito de coacciones por concentrarse y rezar ante la clínica Askabide de la capital en la que se realizan interrupciones del embarazo. Era la primera vez en Euskadi, España y Europa en la que se llevaba a juicio un caso en virtud de la reforma legal de 2022 para proteger el ejercicio de un derecho frente a las campañas de organizaciones ultracatólicas, como las que se convocaron en Vitoria. La sentencia fue recurrida y ahora, la Audiencia alavesa en una sentencia del magistrado Jesús Alfonso Poncela García, ha rechazado el recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por la clínica Askabide, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que la sentencia reconoce que entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 los acusados acudieron a rezar ante una clínica de Vitoria en la que mujeres ejercen su derecho al aborto, el juzgado ha acordado la absolución debido a que considera que “no hubo actos ofensivos, de intimidación, ni coactivos, ni insultos; ni tampoco prueba de la existencia de hechos ”con una gravedad apreciable“ que pudieran considerarse ”actos molestos“ susceptibles de ser sancionados penalmente. Las personas, como ha quedado probado, se situaban en una acera frente a la clínica, en diagonal respecto a la misma, rezaban unas veces en silencio y otras en voz alta, ”sin que en este último caso los rezos fueran audibles para los usuarios“ que estaban dentro de la clínica, aunque algunas de esas personas portaban carteles ”DIN A4“ con frases como ”no estás sola“, ”estamos aquí para ayudarte“, ”rezamos por ti“.

La sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Álava, sostiene que “el juzgado considera que no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo, porque nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas” y también “descarta completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados, contra el criterio sostenido por la Fiscalía y por testigos aportados por la clínica Askabide. “No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes”, detalla la sentencia.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Álava reconoce que comparte el mismo criterio. “Este tribunal comparte el criterio de la magistrada de la instancia de que la conducta probada llevada a cabo por los acusados no puede considerarse como acoso, ni tiene la entidad suficiente como para crear un acoso ambiental”, afirma ahora la Audiencia alavesa, que detalla que “sería exigible algo más que la conducta llevada a cabo por los acusados para poder ser típica y situarse en un escalón inmediatamente inferior a una conducta coactiva” y constituir así ese “acoso o integrar ese concepto de acto molesto”.

No obstante, el propio tribunal reconoce en la sentencia que está “ante el análisis de un tipo penal novedoso, de escaso desarrollo jurisprudencial y en el que se ha tenido que analizar su interpretación a la vista del conflicto existente entre distintos derechos: derecho de reunión, y libertad de expresión, de culto y de religión frente a la libertad de decisión” e insiste en que “la misma magistrada del Juzgado de lo Penal -Beatriz Eva Román Gobernado- hizo alusión a la escasez de sentencias sobre la materia, y lo novedoso de la situación”. “En este contexto deducir una temeridad manifiesta por la parte recurrente no es proporcionado a la complejidad de la cuestión jurídica que se ha planteado en este procedimiento”, concluye.

El Gobierno de María Guardiola destinará 1.862.352 euros de la sanidad pública extremeña a la asistencia religiosa católica en los hospitales durante los próximos cuatro años, según el convenio cuya firma ha autorizado este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

El acuerdo se suscribirá entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz y tendrá una vigencia de cuatro años, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030., lo que supone una media de 465.600 euros anuales. El convenio contempla además la posibilidad de establecer prórrogas en los términos previstos en el propio acuerdo.

En virtud del convenio, en cada centro hospitalario de Extremadura habrá un Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC). Estará integrado por capellanes o por otras personas legítimamente designadas para desarrollar esta labor por las autoridades eclesiásticas competentes.

Los servicios estarán abiertos a las personas hospitalizadas y a sus acompañantes que soliciten recibir asistencia religiosa. Entre las actividades previstas se encuentran las visitas a los pacientes ingresados, la celebración de actos de culto y la administración de los sacramentos.

El personal encargado de esta asistencia también podrá ofrecer asesoramiento en cuestiones religiosas y morales, así como colaborar en actuaciones relacionadas con la humanización de la atención hospitalaria.

La visita del papa León XIV a Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, no solo mueve la arena política en el país. La semana pasada, una organización internacional que lucha contra el abuso eclesiástico en todo el mundo, Ending Clergy Abuse (ECA), presentó un escrito ante la justicia argentina para pedir que avance la causa en la que se acusa al Opus Dei de trata y explotación laboral de al menos 43 mujeres como sirvientas religiosas de sus jerarquías, ante el peligro de que acabe prescribiendo.

“Una investigación diligente y sin demoras injustificadas es la única vía para evitar la impunidad y proteger los derechos humanos fundamentales de las víctimas”, señala el escrito de más de 30 páginas por el que ECA pide al juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 y quien tiene la causa a cargo desde hace dos años, que la acepte como amicus curiae. Se trata de una figura que permite a un tercero, que no forma parte de un litigio, intervenir en él de forma voluntaria.

Rafecas, que deberá decidir si acepta o no esta solicitud, recibió en septiembre de 2024 una acusación formal contra los máximos responsables del Opus Dei en la Argentina. Era el resultado de dos años de investigación de la Procuraduría contra la Trata de Personas (PROTEX) y de la Fiscalía Federal N°3. Desde entonces, el juez tiene el pedido formal de citar a cinco religiosos a declaración indagatoria, pero aún no lo ha hecho. “Por este camino, la causa corre serios riesgos de ir a la prescripción”, advierten desde la propia justicia federal, que destaca la importancia de esta presentación.

ECA es una organización global de activistas de derechos humanos y supervivientes en más de 21 países y cinco continentes que lucha para obligar a la Iglesia a poner fin al abuso clerical y buscar justicia efectiva para las víctimas. Ahí apunta la presentación, que pide seriedad y celeridad para garantizar el acceso a la justicia: “Frente a denuncias de graves violaciones de derechos humanos el simple acceso de las víctimas a la justicia no se satisface con la simple recepción formal de una denuncia ni con actos que no generen una secuela en el juicio”, remarcan.

En diciembre de 2025, tras reunirse con León XIV en el Vaticano, ECA organizó en Buenos Aires una cumbre para escuchar los testimonios de las mujeres que denuncian explotación de parte del Opus Dei. En ese encuentro, se escuchó a mujeres de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Guatemala e Irlanda.

“El compromiso de ECA y la actual junta directiva es la tolerancia cero con los abusos. Esta cumbre es parte de este compromiso: hay que terminar con las instituciones opacas si queremos terminar con los abusos en cualquiera de sus formas. Cuando estuvimos con el papa León XIV, él apoyó nuestro trabajo y nos encomendó visibilizar las denuncias existentes. La de las 43 mujeres contra el Opus Dei es la más importante en este momento”, dijo Sergio Salinas Giordano, abogado y director de ECA.

Un modus operandi para captar y explotar a niñas y adolescentes

Los primeros testimonios de las 43 mujeres que sirvieron al Opus Dei se conocieron en Argentina en 2021 a través de la prensa. En septiembre de ese mismo año, representadas por el abogado Sebastián Sal, las mujeres realizaron una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que llevó el título de 'Abusos de poder y de conciencia con ulterior sometimiento de las víctimas a situaciones de explotación personal'.

En ese escrito, relataron un sistema de captación engañoso de parte del Opus Dei a partir de la década de los 70 en Argentina y otros países limítrofes para reclutarlas como sirvientas. El modus operandi se repitió por al menos cuatro décadas en distintas provincias y países: les ofrecían estudios secundarios en una escuela en Buenos Aires y allí, aisladas de sus familias, las manipulaban para hacer “compromisos de castidad, pobreza y obediencia” y vivir de por vida como sirvientas sin salario y en condiciones de semiencierro.

“La propia investigación fiscal describe mecanismos de selección dirigidos especialmente hacia niñas y adolescentes provenientes de contextos rurales y de bajos recursos, a quienes se les habría ofrecido la posibilidad de estudiar y capacitarse”, remarca ECA y señala que el consentimiento que argumenta el Opus Dei no sería tal porque al momento de la captación las denunciantes tenían entre 12 y 16 años en su mayoría.

Otro de los puntos centrales es la continuidad en el tiempo de este sistema, que comenzó a principios de la década de los 70 y continuó hasta, por lo menos, 2015. Es por esto que la acusación de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano —a cargo de la PROTEX— y el fiscal federal Eduardo Taiano apunta a los máximos responsables del Opus Dei en la Argentina durante los últimos 40 años. De esta manera, por primera vez una causa apunta a las cúpulas y reconoce la organización jerárquica de la institución.

Los acusados son cinco sacerdotes, de los cuales cuatro fueron vicarios regionales en Buenos Aires: Carlos Nannei (1991-2000) y Patricio Olmos (2000-2010) —hoy en la Argentina y ya en sus 80 años— y Mariano Fazio (2010-2014) y Víctor Urrestarazu (2014-2022), ambos en sus 60 y los dos cumpliendo funciones fuera de su país. Urrestarazu estaba a cargo cuando estalló la denuncia por trata y fue enviado por la organización a Paraguay. El otro sacerdote, Gabriel Dondo, no llegó a ser vicario, pero tuvo a su cargo la dirección espiritual de las numerarias auxiliares —así llama la organización a las mujeres que sirven por “vocación divina”—.

Fazio es el más joven y es, a día de hoy, el segundo hombre más importante de la organización en el mundo. Llegó a Roma en 2014, un año después de que su compatriota Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El entonces jefe máximo del Opus Dei, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

León XIV, el heredero de Francisco en la reforma del Opus Dei

El papa Francisco nunca habló públicamente de la denuncia en su país ni instó una respuesta formal del Vaticano a las víctimas. Sin embargo, pocos meses después de que el caso saliera a la luz, en 2022, impulsó una reforma del Opus Dei por la que modificó su jerarquía dentro de la Iglesia y le quitó los privilegios que Juan Pablo II le había otorgado en 1982 y que le permitieron funcionar con reglas autónomas y casi a puertas cerradas hasta ahora.

El Opus Dei nunca cumplió con la entrega de los estatutos adecuados hasta la llegada de León XIV, que apenas asumió el pontificado se los reclamó a las autoridades y demostró así que está dispuesto a concluir esta reforma histórica de la Obra.

Un hecho que apunta en esta dirección es que en marzo León XIV citó al Vaticano al periodista inglés Gareth Gore, autor del libro Opus y quien ha denunciado prácticas de manipulación espiritual y económica por parte de la institución. En ese encuentro, Gore planteó la urgencia de que el Vaticano dé respuesta a las víctimas de Argentina del Opus Dei y el Papa le dijo que lo haría.

Una práctica sistemática en todo el mundo

El Opus Dei está presente en 68 países y se sospecha que en todos aplicó la misma práctica de captar mujeres jóvenes y vulnerables para someterlas como sirvientas religiosas. Los testimonios de una decena de países así lo confirman. El último caso conocido es el de la peruana María Dominga Calderón, quien fue 17 años una numeraria auxiliar. Su testimonio es clave para el abordaje que Robert Prevost pueda darle a este tema, ya que es el primero en el país que lo vio surgir como candidato a la jefatura de la Iglesia Católica y donde él construyó su compromiso con las víctimas de abuso eclesiástico.

Se llaman Theresa Aletheia y Danielle Lussier. Eran monjas de las Hijas de San Pablo, una orden religiosa de Estados Unidos que abandonaron en 2022, después de que una de sus compañeras sufriera agresiones sexuales por parte de su director espiritual. También ellas denunciaron abusos, en su caso espirituales y morales, por parte del clérigo y, desde entonces, han dedicado su vida a acompañar a supervivientes de abusos y pederastia en la Iglesia.

El director espiritual fue apartado de la congregación, pero siguió ejerciendo como sacerdote, mientras algunas de las religiosas abandonaron la orden, hastiadas por la falta de condena y, sobre todo, por la ausencia de empatía de la institución.

Al menos en lo jurídico, desde la publicación del informe 'Spotlight' por parte del Boston Globe, la sociedad civil estadounidense comenzó a tomar conciencia de una lacra que en otros países, como España, todavía está por descubrir. De hecho, en Estados Unidos, una treintena de diócesis y al menos tres congregaciones se han declarado en bancarrota en los últimos años tras verse obligadas a abonar indemnizaciones a las víctimas que superan los 2.570 millones de euros.

Ahora, Aletheia y Lussier han dado un paso más y están a punto de crear su propia congregación, con ese mismo objetivo: que los supervivientes de los abusos en el seno de la Iglesia tengan un lugar donde denunciar, sanar y poder encontrar la dignidad que las personas en las que habían confiado antes les negaron.

Las monjas han pedido permiso al obispo de Lexington (Kentucky, Estados Unidos), John Stowe, para crear esta nueva congregación, que han bautizado como las 'Hermanas del Pequeño Camino de la Belleza, la Verdad y la Bondad'. Esta sería la primera orden religiosa cuyo carisma será, precisamente, la atención a las víctimas de abusos en la Iglesia católica.

Tal y como señala Religion News Service (RNS), Aletheia y Lussier ya han constituido una asociación privada de fieles, el primer paso formal antes de lograr el reconocimiento, primero diocesano, y, posteriormente, en el ámbito vaticano. Este otoño, las dos religiosas tienen previsto reunirse con varias mujeres interesadas en unirse a la comunidad.

Según la RNS, el obispo de Lexington considera “muy importante” el proyecto de estas dos mujeres, que han sufrido abusos espirituales y pueden empatizar con las víctimas. Fue precisamente esa experiencia la que les hizo sentir que el Espíritu les impelía a ayudar a otras personas que hubieran sufrido violencia a manos de responsables de la Iglesia. “Creo que un grupo de hermanas que han experimentado alguna forma de abuso, un abuso espiritual, pueden identificarse con las víctimas y, al mismo tiempo, no ser amenazantes y tomar en serio lo que escuchan de ellas”, señaló Stowe.

“¿Cómo podemos ayudar a la gente de la iglesia a reconocer estos patrones sin que tengan que pasar por la experiencia de sufrir?”, preguntó Aletheia. “Porque esa es la enseñanza más clara. Pero, ¿podemos evitar esa enseñanza para la mayoría de la gente? Obviamente, creemos que sí, pero estamos tratando de averiguar qué significa eso en la práctica”. Las hermanas dedican la mayor parte de su tiempo a reunirse con personas que han sufrido diferentes formas de abuso: emocional, económico, espiritual y sexual.

Hasta el momento, han recibido decenas de solicitudes procedentes de todo Estados Unidos a través de su web. Aunque la congregación, en el futuro, solo podría estar formada por mujeres, las víctimas (y sus 'feligreses') son mujeres y hombres. Una de ellas, John Bellocchio, aseguró haber sufrido abusos por parte del ex cardenal Theodore McCarrick, el primer purpurado destituido por el papa Francisco en 2019 tras un juicio canónico. “Simplemente me escucharon, que alguien lo hiciera me ayudó”, señaló Bellocchio. “Tuve que reconstruir mi vida de fe y lo estoy haciendo poco a poco. Las hermanas son una parte fundamental de eso”.

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A finales de septiembre, del 25 al 28, León XIV visitará Francia. Durante su viaje, está previsto un encuentro con las víctimas de abusos del clero en aquel país que, según fuentes cercanas, “desde luego, no será como en España”. La reunión se celebrará en Lourdes y, a diferencia de lo ocurrido en Madrid, será organizada por las propias víctimas, según ha podido confirmar elDiario.es.

Y es que, aunque la visita de Prevost a Madrid, Barcelona y Canarias del pasado mes de junio fue un éxito de organización y participación, en Roma molestó, y mucho, el escándalo suscitado en torno al encuentro del Papa con las víctimas de abusos, del que se excluyó a los representantes de las principales asociaciones.

Tanto en Madrid como en Montserrat y en Canarias, hubo intentos de una reunión entre estas organizaciones y el pontífice que, finalmente, solo se encontró con seis personas, escogidas entre el Arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, los rostros más conocidos de la lucha antipederastia en la Iglesia, como Juan Cuatrecasas o Miguel Ángel Hurtado, se concentraban frente a la Nunciatura en la capital, donde se les prometió una reunión con León XIV en Roma. Tres meses después, no se tiene noticia de este compromiso.

El Vaticano parece haber aprendido la lección. Junto al anuncio de la visita, la Sala Stampa de la Santa Sede confirmaba que “durante su próximo viaje apostólico a Francia, el Papa León XIV se reunirá en privado con algunas personas que han sido víctimas de abusos en la Iglesia. Las propias víctimas participarán en la preparación de ese encuentro. Se facilitarán más detalles en su momento”.

Según el informe publicado en 2021 por la comisión independiente (CIASE), unas 330.000 personas sufrieron abusos sexuales por parte de clérigos, religiosos y laicos en el seno de la Iglesia católica en Francia desde 1950. Una cifra solo similar a la extrapolación de datos que llevó a cabo el Defensor del Pueblo en España y que hablaba de una cifra que rondaría los 440.000 abusados en nuestro país.

“Aún se están estudiando los detalles, pero el principio ya está acordado”, añadía un comunicado de los obispos franceses, que no daba cuenta de cuándo, ni de dónde, se llevaría a cabo la cita. Tal y como ha podido saber este medio, el encuentro con las víctimas será en el santuario de Lourdes, donde León XIV acudirá los días 26 y 27 de septiembre.

La elección de Lourdes como lugar de la reunión no es baladí: el santuario situado en la falda de los Pirineos es uno de los lugares más visitados de Francia y, desde ese enclave, los obispos franceses lanzaron su primera petición de perdón a las víctimas, hace ahora tres años. Además, el obispo de la zona, Jean-Marc Micas, ha anunciado la retirada de los murales que decoran la fachada y el templo, obras del ex jesuita esloveno Marko Rupnik acusado de abusos sexuales y espirituales por parte de decenas de religiosas, cuyo juicio canónico tendrá lugar en los próximos meses.

La retirada permanente de los mosaicos, según reconoció el propio Micas en una entrevista a Paris Match, fue ordenada por el propio Prevost. “La visita del Santo Padre a Lourdes es una oportunidad para dar un paso más en este asunto (...). Todas las obras de la fachada serán cubiertas y posteriormente decoradas en conmemoración del viaje apostólico de León XIV”, confirmó el prelado, quien insistió en la oportunidad de que el viaje papal, y su encuentro con las víctimas, puedan hacer de Lourdes un ‘santuario’ para los propios supervivientes de abusos.

“Mi función es asegurar que el Santuario acoja a todos y, especialmente, a quienes sufren”, explica el obispo, quien añade que entre los fieles “se encuentran víctimas de abuso y agresión sexual, tanto niños como adultos. Sin embargo, desde que salieron a la luz las graves acusaciones contra el padre Marko Rupnik, se ha vuelto difícil, incluso imposible, que estas víctimas vengan... Quienes sufren y están heridos, quienes necesitan consuelo y sanación, deben seguir siendo la prioridad en Lourdes. Esta es la gracia singular de este Santuario: nada debe impedirles responder al mensaje de la Virgen que los invita a peregrinar”. De ahí la medida que, explica Micas, ya comenzó en 2023, cuando comenzaron a conocerse las supuestas atrocidades cometidas por Rupnik. Entonces, se creó una comisión que, en 2025, decidió cubrir los mosaicos situados en la puerta de entrada.

Ahora, la decisión será definitiva: “Los mosaicos permanecerán cubiertos tras la peregrinación del Santo Padre, después de la cual se iniciará una nueva revisión. La comisión actual se ampliará, en particular para incluir a artistas y teólogos, con el fin de considerar el futuro de la fachada de la basílica”, finaliza el obispo.

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