El politólogo judío Ernst Fraenkel acuñó, desde el exilio en Estados Unidos, el término “Estado dual” para definir el funcionamiento de la Alemania nazi. El III Reich era, por un lado, un Estado normativo, donde en apariencia primaba el imperio de la ley, pero, por otro, convivía con el Estado prerrogativo, que aprovechaba el sistema para sus tropelías sin ningún contrapeso. Para el abogado estadounidense Robert Amsterdam, que se ha hecho popular en los últimos meses por lanzar una campaña desde el Financial Times donde acusaba a la Agencia Tributaria de “carterista”, el funcionamiento de la Hacienda española es un buen ejemplo de esto mismo.

A solo unos pasos del Congreso de los Diputados, y con la presencia en el público de referentes del turboliberalismo como el economista Daniel Lacalle, el abogado ha presentado este martes su libro Hacienda y el Estado Dual, escrito a cuatro manos con el fiscalista británico Christopher Wales. La portada –un toro de Osborne con la bandera española que proyecta una sombra con forma de mano a punto de agarrar a un ciudadano que huye– es toda una declaración de intenciones.

“Corruptos”, “depredadores”, “mafia” o “criminales” son solo algunos de los términos con los que ambos activistas se han dirigido a Hacienda, la Agencia Tributaria, los inspectores y los gobernantes –de PP y de PSOE–, en una presentación donde, a ratos y caóticamente, han mezclado sus críticas al funcionamiento del fisco con declaraciones sobre política, fondos europeos, los casos de corrupción o el diario El País. No han faltado comparaciones: Corea del Norte, China, Ruanda, Uganda… A pesar de que organismos internacionales como la OCDE, el FMI o la Unión Europea validan el sistema fiscal español.

“En Rusia los abogados son más valientes que en España”, ha dicho Amsterdam durante el coloquio. “Cuando fui detenido en Rusia en 2005 sabía que podía llamar a abogados para defenderme, pero en España no. (...) El miedo en España es algo que no se puede vivir en ningún otro país”, ha asegurado. “Creemos que Hacienda es una mafia. Es un problema de recursos humanos”, ha subrayado.

Contra los Inspectores de Hacienda

Amsterdam ha dicho que, durante 15 años, se dedicó a ejercer la abogacía y la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos que estarían amenazados en el país por la labor de la Agencia Tributaria, que se dedica a exprimir a los contribuyentes y a presumir su culpabilidad. El abogado ha puesto a la Hacienda española en el foco de su actividad tras defender a varios contribuyentes inspeccionados tras acogerse a la Ley Beckham. Ahora, prevé una tournée por España para reunirse con patronales y pedir una reforma fiscal en profundidad. Aunque sin números ni cifras, ni opiniones más allá del trazo grueso sobre unos inspectores de Hacienda a los que “pagan por joder”.

Los inspectores de Hacienda ya enviaron un comunicado hace unas semanas en el que, a raíz del revés judicial en el ‘caso Shakira’ y de la campaña desatada por Amsterdam, reclamaron respeto hacia su trabajo, asegurando que las críticas “han traspasado el límite de lo razonable”.

Su compañero de firma, Wales, que en su día asesoró a los laboristas Tony Blair y Gordon Brown en su paso por el Gobierno británico, ha asegurado que “el punto de partida en España, lo que los inspectores hacen, es estar convencidos de que eres culpable de fraude” a la Hacienda pública y que no hay control a labor del fisco, como sí existe en países como Ruanda o Uganda. Países perfectamente comparables con España, claro, según él.

De la IA a 1984, de Orwell

La intrusividad del Estado se va a disparar con el uso de la Inteligencia Artificial que, según Amsterdam, llevará al sistema más allá de las autocracias como el III Reich o la Rusia de Putin… Al mundo del 1984 de George Orwell.

Preguntado sobre por qué si la Hacienda española cae en los estándares de las autocracias, ninguna organización internacional actúa, Amsterdam ha explicado que para los expertos fiscalistas lo importante de un sistema es que recaude. España, lejos de ser un infierno fiscal, recauda mucho menos que otras potencias europeas en relación con el tamaño de su economía.

Insistido por este medio en sus comparaciones con dictaduras y si se plantea acudir a la justicia comunitaria, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amsterdam ha dado a entender que sí, aunque el problema es que la justicia va muy lenta.

“Puedes apostar a que vamos a acabar con esto. Vamos continuar hasta que esos bastardos corruptos dejen de arruinar vidas”, ha dicho, con la misma solemnidad con la que Escarlata O’Hara puso a Dios por testigo de que jamás volvería a pasar hambre.

“Chris y yo estamos aprovechando que no somos contribuyentes españoles y podemos decir la verdad”, ha zanjado Amsterdam. Los autores dicen que no se llevarán ni un euro de beneficios del libro. Hacienda, al menos, recaudará el IVA, del 4%. Sale a la venta este martes 9. Para cafeteros.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

Existe la idea arraigada en parte del debate público español de que la política fiscal debe entenderse exclusivamente como un mecanismo de redistribución. Sin embargo, la literatura contemporánea de economía política lleva años advirtiendo de que la fiscalidad cumple también una función competitiva y territorial. Los impuestos no solo redistribuyen renta; también condicionan comportamientos, orientan decisiones económicas y moldean la capacidad de un territorio para atraer o expulsar actividad productiva.

En las democracias descentralizadas, como España, este fenómeno resulta especialmente visible. Las comunidades autónomas no compiten únicamente mediante infraestructuras, servicios públicos o capital humano. Compiten también mediante seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y diseño fiscal.

La cuestión, por tanto, no es si debe existir fiscalidad. La cuestión relevante es qué estructura fiscal permite generar simultáneamente prosperidad, cohesión social y sostenibilidad financiera del Estado del bienestar.

La evidencia académica sobre el impacto económico de la fiscalidad es amplia y relativamente consistente. Christina Romer y David Romer, en un trabajo publicado en American Economic Review en 2010, concluyeron que las subidas de impuestos tienen efectos contractivos significativos sobre la actividad económica y el crecimiento. En términos similares, los economistas Karel Mertens y Morten Ravn demostraron posteriormente que los cambios fiscales influyen de forma relevante sobre el consumo agregado y la inversión privada.

Y existe un amplio consenso en torno a una idea básica: cuando la presión fiscal desincentiva inversión, ahorro, emprendimiento o consumo, el crecimiento potencial de un territorio tiende a reducirse.

La OCDE viene insistiendo desde hace años en la importancia de que los sistemas tributarios favorezcan productividad, inversión y competitividad económica. En su informe Tax Policy Reforms 2025, el organismo subraya que el diseño fiscal constituye un elemento central en la capacidad de las economías avanzadas para atraer actividad económica y sostener el crecimiento a largo plazo.

España ofrece además un interesante laboratorio comparado. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa nuevamente a Madrid entre las comunidades con un sistema tributario más competitivo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan con claridad algunas de estas diferencias. Según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE en diciembre de 2025, Madrid alcanzó un PIB per cápita de 44.755 euros, mientras Castilla-La Mancha se situó en torno a 26.291 euros por habitante. Evidentemente, la explicación de esta divergencia es multicausal y sería intelectualmente deshonesto reducirla únicamente a la política fiscal, pero negar el impacto del marco tributario sobre la competitividad territorial resultaría igualmente simplista.

La fiscalidad tiene además una dimensión institucional frecuentemente olvidada: la legitimidad. Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos. Por el contrario, cuando los impuestos se perciben como excesivos o incapaces de traducirse en mejoras reales, aumenta la desafección fiscal y disminuye la confianza institucional.

"Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos"

Por ello, la cuestión relevante no es únicamente cuánto recauda una administración regional, sino cómo el diseño de su estructura tributaria condiciona la generación de actividad económica, la atracción de capital, la creación de empleo.

Andalucía constituye uno de los ejemplos más citados en este debate. Tras la puesta en marcha de una estrategia orientada a mejorar su competitividad fiscal, la comunidad registró cifras récord de inversión extranjera, alcanzando los 1.364 millones de euros. Del mismo modo, Extremadura protagonizó en 2024 la mayor mejora de España en el Índice de Competitividad Fiscal, pasando de la decimoquinta a la séptima posición.

Pero más allá del debate político, resulta difícil negar que la política fiscal se ha convertido en una herramienta de posicionamiento económico entre comunidades autónomas.

En este contexto, Castilla-La Mancha merece una reflexión específica. Según los últimos informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 34% de los castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística sitúan el salario medio anual de la región en 26.062 euros, frente a los 29.540 euros de la media nacional.

La evaluación de políticas públicas exige analizar no solo los recursos invertidos o las intenciones declaradas, sino también los resultados obtenidos. Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, es obligado plantear una pregunta legítima: ¿están produciendo los resultados esperados las herramientas económicas e institucionales que se vienen aplicando durante la última década? Porque cuando una comunidad autónoma mantiene de forma persistente niveles de renta inferiores a la media nacional, salarios más bajos y mayores tasas de vulnerabilidad social, resulta razonable abrir un debate sereno sobre la necesidad de explorar estrategias alternativas.

Utilizando mecanismos de ciencia política comparada debemos analizar el porqué de que una comunidad autónoma experimente mejoras en competitividad, inversión, actividad empresarial o renta disponible tras la adopción de determinadas reformas económicas y fiscales. No para importar mecánicamente modelos ajenos, sino para comprender qué incentivos generan, qué efectos producen y cuáles de sus elementos podrían adaptarse a las características propias de cada territorio. En definitiva, la innovación institucional comienza cuando una sociedad es capaz de preguntarse si existen formas más eficaces de alcanzar los objetivos que comparte.

La cuestión verdaderamente relevante es qué modelo fiscal genera más prosperidad, más inversión, más empleo y una mayor capacidad financiera sostenible para sostener servicios públicos de calidad. Porque los territorios que penalizan sistemáticamente el crecimiento económico terminan debilitando, tarde o temprano, la propia base productiva que financia su Estado del Bienestar.

Castilla-La Mancha dispone de fortalezas extraordinarias. Su posición geográfica como eje de crecimiento económico para el sur de Europa, la capacidad de su sector agroalimentario, su posible tejido industrial y turístico emergente o su proximidad al principal mercado económico del país constituyen activos de enorme valor. Precisamente por ello resulta pertinente preguntarse si el actual marco de gestión pública está permitiendo aprovechar plenamente ese potencial.

“Un reequilibrio del gasto social entre generaciones”. La Comisión Europea entra de lleno en el debate en España sobre cómo se reparte el gasto social entre los diferentes grupos de edad, según se desprende del informe elaborado por la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas que se ha presentado este miércoles. Aunque en el informe no se hace una mención directa al gasto en pensiones, Bruselas sí resalta la necesidad de “un reequilibrio del gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, así como su vinculación con las políticas de activación, reduciendo aún más las desigualdades de renta” para luchar contra la pobreza infantil.

La Comisión también hace una llamada por “una creciente dependencia de la tributación del trabajo”, mientras “España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos”. En este sentido, destaca el IVA de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. A pesar de que se ha convertido en un tema en el que la oposición de derechas insiste en castigar al Gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguna mención en el informe sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Bruselas también hace una llamada por la desviación del gasto en 2026 e insta a España a que “respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”.

Posteriormente, un miembro de la Comisión sí que ha señalado que “España gasta muchísimo en partidas como pensiones, que no benefician particularmente a las nuevas generaciones. Hay que pensar en un gasto más orientado a las nuevas generaciones. Los pensionistas tienen casi el doble de la renta media y muchos de los beneficios y ayudas, como el transporte”.

Mientras, el informe sobre España contrapone que la pobreza “sigue siendo un desafío importante, en un contexto de niveles generales de pobreza elevados y de desigualdades de ingresos persistentemente altas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los Estados miembros con peores resultados de la Unión Europea en este ámbito”.

Bruselas recomienda para solucionar este desajuste la necesidad de reequilibrar el gasto público favoreciendo políticas destinadas a apoyar a los niños y a los jóvenes. La Comisión ha escogido un grupo de áreas prioritarias a las que se debería dirigir el gasto público que son la educación, el empleo y, especialmente al acceso a la vivienda, que se ha vuelto a colar este año como uno de los principales retos de la economía española.

En este sentido, la Comisión insiste en que “España cuenta con uno de los niveles más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, representando menos del 2% del parque total de viviendas, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7%”. Bruselas recomienda “superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda” como son la “disponibilidad limitada de suelo edificable, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos” para superar los “persistentes cuellos de botella en la oferta”.

Subir el IVA a la hostelería para recaudar hasta 7.000 millones más

A la hora de explicar la tributación en España, Bruselas apunta que “la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el subperíodo 2015-2019 al 51,8%” de 2020-2024. De hecho, “el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento” de la participación fiscal en España durante la última década, “lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo”. Es decir, los trabajadores contribuyen más fiscalmente que las rentas de capital o el consumo.

Bruselas argumenta esta situación por “la no indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de los tipos de cotización a la Seguridad Social han acelerado el desplazamiento de España hacia una mayor tributación del trabajo”.

Frente a esta situación, “los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y de impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación fiscal total”. En este sentido, el informe recalca que “España presenta las mayores brechas de política del IVA de la Unión Europea, como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos y de la mayor brecha derivada de exenciones del IVA”.

La Comisión hace una mención especial al IVA reducido de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. Frente al impuesto del 21% la hostelería paga un 10%. Según un técnico de la Comisión, “los beneficios fiscales que existen en España rondan 60.000 millones en total, de los cuales el IVA son casi el 60%”. En el caso del IVA de la hostelería, su incremento supondría que se ingresarían hasta 7.000 millones más en las arcas públicas.

Desvío del gasto

La Comisión prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1% en 2026 y un 14,9% de forma acumulada en el período 2024, 2025 y 2026. Esto supondría una desviación respecto a los datos que envió en Gobierno de España con un 4,2% anual, mientras que en el acumulado alcanzaría el 13,3%. Con los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez España cumpliría con la regla de gasto, ya que estaría por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB marcados por las reglas fiscales europeas.

“Teniendo en cuenta la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”, señala la Comisión.

Un técnico de la Comisión ha rebajado el impacto de este desvío y admitie que se hace la recomendación a España porque “está cerca del límite del acumulado”. “En la desviación acumulada se añade cierta flexibilidad a 2024, con lo cual en 2025 todavía tenemos un pequeño crédito de un 0,1% para el 26. La recomendación tiene en cuenta la flexibilidad de la cláusula de defensa. Hay un exceso de 0,4% del PIB con la cláusula defensa”.

La cláusula nacional de escape para el gasto en defensa permite a los países contabilizar el aumento del presupuesto militar fuera de las reglas fiscales ordinarias. España se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en un ardúa confrontación con Donald Trump, que exigía que el gasto en defensa de los aliados de la OTAN llegara al 5% del PIB.

Además, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha confirmado que se va ampliar la aplicación de la cláusula de escape para inversiones en energía, una medida que habían solicitado países como Italia y España, con idea de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esta ampliación facilitará que las cuentas españolas no superen los límites de la regla de gasto de la UE.

Las rentas bajas, las que más problemas tienen para acceder a una vivienda y en general para llegar a fin de mes, serán las que menos se beneficien del nuevo tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aprobado por el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca y que implicará una merma en los ingresos de la Generalitat de 160 millones de euros en un momento en el que la administración valenciana tiene serios problemas de tesorería y no puede hacer frente a las mejoras en la educación pública que han desencadenado una huelga que alcanza su cuarta semana de protestas.

Así, la nueva escala aprobada por el Consell beneficiará especialmente a las rentas medias y altas. En concreto, las rentas de hasta 12.000 euros se verán beneficiadas con un ahorro de 0,20% al pasar de un tipo aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, el ahorro será del 0,30%; las rentas de 42.000 euros hasta 72.000 euros tendrán un ahorro del 0,60% y a partir de esa cuantía será del 0,40% (ver tablas). De esta forma, el ahorro será un 25% más para estas rentas que para las de la franja de entre 12.000 y 22.000 euros. Si vamos a casos concretos, términos absolutos, una persona con una renta de 22.000 euros se ahorrará 54 euros y otra con una renta de 72.000 euros se ahorrará 324 euros.

De esta forma, los casi 2 millones de contribuyentes con rentas de hasta 30.000 euros se van a ahorrar entre 1 y 48 euros, mientras que las 693.048 personas con rentas de entre 30.000 y 80.000 euros tendrán un ahorro de entre 91 y 317 euros. Por su parte, los 68.328 contribuyentes con rentas superiores a 80.000 euros se ahorrarán entre 358 euros y 424 euros.

Así se recoge en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat -conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento- y cuyas novedades ha dado a conocer este lunes el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

El titular de Hacienda ha explicado que esta misma mañana ha salido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) el anuncio del trámite de audiencia ciudadana del Anteproyecto de Ley, que acompaña al Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 presentada el pasado viernes.

Rovira ha recordado que cuando llegaron al Gobierno valenciano aplicaron una reducción con la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, implementamos las medidas de las deducciones por salud y deporte, y justo este lunes, 1 de junio, ha entrado en vigor la reducción de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El conseller ha señalado que “faltaba dar el paso en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que la Comunitat Valenciana tiene los tipos más altos de toda España. Y lo que vamos a hacer es una rebaja que afecta a todos los tramos, especialmente a las rentas medias y bajas, y que alcanzará a 2,7 millones de contribuyentes concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 y 72.000 euros”.

El conseller ha señalado que esta medida se implementará en la Renta de 2026 cuya campaña se realizará en 2027. “Nuestro interés es que sea sostenible en el tiempo, por eso lo vamos haciendo de una manera progresiva”, ha manifestado.

Reducción de la carga fiscal y mantenimiento de la progresividad

Rovira ha explicado que el objetivo “es reducir la carga fiscal sobre rentas bajas y medias y controlar el impacto presupuestario además de mantener la progresividad del impuesto”.

Así, los primeros pasos que se han dado se centran en la reducción generalizada de tipos entre 0,2 y 0,6 puntos y mayor intensidad entre 32.000 euros y 72.000 euros. No hay cambios a partir de los 150.000 euros. El conseller ha remarcado que el 72% de los beneficiarios “son rentas inferiores a 30.000 euros y que el 87,3 % del ahorro total se concentra en contribuyentes con rentas inferiores a 80.000 euros”.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley establece medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares. “Era una medida que nos habían planteado principalmente desde la empresa familiar. Más del 90 % de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y era de justicia escucharlos y plantear medidas que garanticen que este tipo de negocios puedan continuar”, ha añadido el conseller.

Les rendes baixes, les que més problemes tenen per a accedir a un habitatge i, en general, per a arribar a final de mes, seran les que menys es beneficiaran del nou tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca i que implicarà una pèrdua en els ingressos de la Generalitat de 160 milions d'euros en un moment en què l'Administració valenciana té seriosos problemes de tresoreria i no pot fer front a les millores en l'educació pública que han desencadenat una vaga que arriba a la seua quarta setmana de protestes.

Així, la nova escala aprovada pel Consell beneficiarà especialment les rendes mitjanes i altes. En concret, les rendes de fins a 12.000 euros es veuran beneficiades amb un estalvi del 0,20% en passar d'un tipus aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, l'estalvi serà del 0,30%; les rendes d'entre 42.000 i 72.000 euros tindran un estalvi del 0,60%, i a partir d'aquesta quantia serà del 0,40% (vegeu les taules). D'aquesta manera, l'estalvi serà un 25% superior per a aquestes rendes que per a les de la franja d'entre 12.000 i 22.000 euros. Si anem a casos concrets, en termes absoluts, una persona amb una renda de 22.000 euros s'estalviarà 54 euros i una altra amb una renda de 72.000 euros s'estalviarà 324 euros.

D'aquesta manera, els quasi 2 milions de contribuents amb rendes de fins a 30.000 euros s'estalviaran entre 1 i 48 euros, mentre que les 693.048 persones amb rendes d'entre 30.000 i 80.000 euros tindran un estalvi d'entre 91 i 317 euros. Per la seua part, els 68.328 contribuents amb rendes superiors a 80.000 euros s'estalviaran entre 358 i 424 euros.

Així es recull en l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat —coneguda comunament com a Llei d'Acompanyament—, les novetats de la qual ha donat a conéixer aquest dilluns el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira.

El titular d'Hisenda ha explicat que aquest mateix matí ha sigut publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'anunci del tràmit d'audiència ciutadana de l'Avantprojecte de Llei, que acompanya el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2026 presentat divendres passat.

Rovira ha recordat que quan van arribar al Govern valencià van aplicar una reducció amb la bonificació del 99% de l'Impost de Successions i Donacions, van implementar les mesures de deducció per salut i esport i, just aquest dilluns, 1 de juny, ha entrat en vigor la reducció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El conseller ha assenyalat que “faltava fer el pas en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que la Comunitat Valenciana té els tipus més alts de tot Espanya. I el que farem és una rebaixa que afecta tots els trams, especialment les rendes mitjanes i baixes, i que arribarà a 2,7 milions de contribuents, concentrats especialment en els trams d'entre 32.000 i 72.000 euros”.

El conseller ha assenyalat que aquesta mesura s'aplicarà en la renda de 2026, la campanya de la qual es farà el 2027. “El nostre interés és que siga sostenible en el temps, per això ho anem fent d'una manera progressiva”, ha manifestat.

Reducció de la càrrega fiscal i manteniment de la progressivitat

Rovira ha explicat que l'objectiu “és reduir la càrrega fiscal sobre les rendes baixes i mitjanes i controlar l'impacte pressupostari, a més de mantenir la progressivitat de l'impost”.

Així, els primers passos que s'han donat se centren en la reducció generalitzada de tipus entre 0,2 i 0,6 punts, amb una major intensitat entre 32.000 i 72.000 euros. No hi ha canvis a partir dels 150.000 euros. El conseller ha remarcat que el 72 % dels beneficiaris “són contribuents amb rendes inferiors a 30.000 euros i que el 87,3 % de l'estalvi total es concentra en contribuents amb rendes inferiors a 80.000 euros”.

D'altra banda, l'Avantprojecte de Llei estableix mesures en els impostos de Successions i Donacions per a facilitar el relleu de les empreses familiars. “Era una mesura que ens havien plantejat principalment des de l'empresa familiar. Més del 90 % de les empreses de la Comunitat Valenciana són familiars i era de justícia escoltar-les i plantejar mesures que garantisquen que aquest tipus de negocis puguen continuar”, ha afegit el conseller.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado el primer paso para retomar las negociaciones con las comunidades de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así, España ha enviado una carta a cada uno de los consejeros regionales para iniciar una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En una nota de prensa, el Ministerio ha anunciado que será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien dirija las reuniones con las comunidades autónomas.

Gascón, el que fuera el número dos de la vicepresidenta María Jesús Montero, conoce al detalle el modelo de financiación autonómica que propuso el Ejecutivo a principios de año. Una reforma que el nuevo ministro ha hecho propia. “Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual”, dijo España en una entrevista con elDiario.es.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevan citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

Más de 220.000 millones para las comunidades

El Gobierno se reafirma en el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha aprobado en el pleno una importante modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La nueva normativa introduce un “ambicioso” paquete de bonificaciones fiscales potestativas, diseñadas para incentivar la creación de nuevas empresas, fomentar la contratación indefinida, promover las energías renovables y apoyar actividades de especial interés para la comunidad, según explica el Consistorio. 

Esta medida, impulsada por el equipo de gobierno, busca alinear la política fiscal del municipio con los objetivos estratégicos de crecimiento económico sostenible y creación de empleo de calidad. Las bonificaciones, que deberán ser solicitadas por los sujetos pasivos, se aplicarán sobre la cuota del impuesto una vez consideradas las bonificaciones obligatorias de carácter estatal. 

El alcalde, David de Vera, ha destacado la relevancia de esta iniciativa: “Con esta modificación, enviamos un mensaje claro a nuestros emprendedores y empresarios: el Ayuntamiento de Puerto del Rosario es su aliado. Estamos comprometidos con la creación de un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas. Estas bonificaciones no son un gasto, sino una inversión estratégica en el futuro de nuestro municipio, premiando a quienes arriesgan su capital para generar riqueza y, sobre todo, para crear puestos de trabajo estables y de calidad”. 

E concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, ha detallado el enfoque técnico y la solidez jurídica de la propuesta: “Hemos articulado un sistema de incentivos fiscales riguroso, transparente y alineado con la legalidad vigente. Cada una de estas bonificaciones responde a una necesidad concreta: apoyar a los que empiezan, premiar a los que contratan, impulsar la transición ecológica y proteger actividades de valor social o cultural. La gestión responsable de los recursos públicos también implica saber utilizarlos como palanca de progreso, y eso es exactamente lo que hacemos con esta ordenanza”.

Principales bonificaciones aprobadas

La modificación del artículo 5 de la ordenanza establece cuatro grandes líneas de bonificaciones, según acalara el Ayuntamiento: 

1.  Bonificación del 50% por Inicio de Actividad: Los nuevos empresarios y profesionales que inicien su actividad en el municipio disfrutarán de una bonificación del 50% en su cuota durante los cinco años posteriores al periodo de exención legal. Esta medida está diseñada para aliviar la carga fiscal en las etapas más cruciales de un nuevo negocio. 

2.  Bonificación por Creación de Empleo (hasta el 50%): Se establecen bonificaciones progresivas para las empresas que incrementen su plantilla media de trabajadores con contrato indefinido:

•    20% de bonificación por un incremento de entre 1 y 5 trabajadores.

•    35% de bonificación por un incremento de entre 6 y 10 trabajadores.

•    50% de bonificación por un incremento superior a 10 trabajadores. 

3.  Bonificación del 30% por Sostenibilidad: Las empresas que inviertan en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables o que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus locales se beneficiarán de una bonificación del 30%, siempre que dichas instalaciones cuenten con la homologación de la administración competente. 

4.  Bonificación del 50% por Especial Interés Municipal: Se aplicará una bonificación del 50% a aquellas actividades que, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación. 

Próximos pasos

Tras esta aprobación inicial, el texto de la modificación de la ordenanza se someterá a un periodo de información pública de treinta días hábiles para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. En caso de no presentarse ninguna, el acuerdo se entenderá como definitivo, procediéndose a su publicación final para su entrada en vigor. 

Con esta medida, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario reafirma su compromiso con una gestión pública proactiva, centrada en el bienestar de sus ciudadanos y en la construcción de un futuro más próspero y sostenible para todos. 

El Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que la reforma fiscal aprobada a finales de 2024 ha cumplido con sus objetivos más que de sobra y que los avances en materia tributaria de los últimos años son suficientes para evitar una medida no solo impopular, sino también inoportuna: la subida de los impuestos al diésel que pactó para recibir fondos europeos.

El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos 475 millones de euros de los fondos Next Generation EU tras acreditar que el paquete fiscal del Ejecutivo se dejó una pieza fundamental para los objetivos medioambientales europeos. Fuentes del Gobierno explicaron en su momento que los acuerdos con los grupos parlamentarios (se sumaron desde Podemos hasta Junts) incluían esta equiparación fiscal de los combustibles, pero un “error” de los morados impidió la incorporación de la enmienda al texto final de la ley.

Y pasada la ventana de la reforma fiscal, en el Ejecutivo reconocen que las mayorías parlamentarias ya hacían difícil (si no imposible) que saliera adelante una medida con un coste político tan elevado, pero la guerra en Oriente Medio —que ha disparado los precios del petróleo y, precisamente, ha obligado a rebajar los impuestos en los carburantes— la convierten en casi suicida.

“Como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel”, respondió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo de principios de mes.

La equiparación que intentó llevar a cabo el Gobierno —y que ya trató, sin éxito, de introducir en los Presupuestos de 2021— suponía elevar 9,37 céntimos el precio del litro del diésel, hasta los 0,40 euros, la misma cuantía con la que se grava el impuesto de hidrocarburos en la gasolina. El objetivo: “internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes”, de acuerdo con la enmienda del PSOE que no se llegó a aprobar.

Este compromiso se negoció con la Comisión dentro de la reforma fiscal, que formaba parte del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, solicitado en diciembre de 2024. Y, en su ausencia, el Ejecutivo comunitario la consideró incompleta y, en julio de 2025, congeló una parte de las ayudas a desembolsar.

“En base a la información proporcionada, la Comisión no tiene una garantía razonable de que las pruebas enviadas por España justifiquen debidamente el cumplimiento del hito 388, ya que España no ha proporcionado evidencia ni de la entrada en vigor de la reforma de la imposición al diesel o de alguna reforma en el área de la tributación ambiental, ni cómo las reformas adoptadas (...) han aumentado los ingresos fiscales de manera permanente en, al menos, 0,3 puntos del producto interior bruto (PIB)”, apuntó en su momento la Comisión para justificar la retención.

El Gobierno da la reforma por cumplida

Los Ministerios de Hacienda y Economía —este último departamento es quien lidera las conversaciones con la Unión Europea— se afanan ahora por tratar de convencer al Ejecutivo comunitario de que los avances de la recaudación en los últimos años han sido suficientes para dar la reforma por cumplida.

De hecho, en el Informe de Progreso Anual —el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas— que el Gobierno remitió a Bruselas a finales del mes pasado, el Ejecutivo ya daba por completados los compromisos adquiridos en materia de recaudación: 0,3% del PIB (algo más de 5.000 millones de euros) por la reforma tributaria y otro 0,1% a cuenta de la no deflactación del IRPF.

“La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural”, zanjó el Ejecutivo.

El Gobierno trata de cimentar con estas cifras de recaudación el cumplimiento de su compromiso con Bruselas. Una vía que dejó abierta, en parte, la propia Comisión en su valoración del quinto desembolso. “España envió sus estimaciones de ingresos permanentes derivados de las reformas que entraron en vigor, pero estas incluían el impacto del impuesto al diésel que no se aprobó y cuya aprobación estaba prevista en los próximos meses”, dice el documento. Y una vez restado de esas previsiones de ingresos el impuesto al diésel, se quedaban cortas.

Ahora, toda vez que la recaudación y las medidas desplegadas han funcionado mejor de lo previsto, en el Gobierno confían en que sea suficiente para desbloquear los 475 millones de euros dentro del sexto desembolso que reclamó en marzo. “Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388”, apuntó Hacienda en la nota de prensa en la que anunciaba la solicitud.

El momento temporal lo es todo, ya que, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este miércoles, el precio del gasóleo antes de impuestos en nuestro país ha aumentado un 47,6% desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. En cuanto al precio de venta, este martes el litro de gasóleo se vendía en las gasolineras a 1,694 euros, frente a 1,568 euros de la gasolina.

El encarecimiento ha sido amortiguado por las rebajas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo, pero algunas de ellas (en la luz y el gas) ya se han desactivado y queda en el aire la prórroga a partir del 30 de junio, que es cuando decae el grueso del paquete que diseñó el Gobierno en marzo. A pesar de que la ampliación todavía no está asegurada, la Comisión, en las previsiones económicas publicadas este jueves, ya da por hecho que la reducción del déficit público se frenará.

Según un estudio de ING Economics publicado esta semana, los hogares españoles destinaron un 4,9% de su renta disponible al gasto en combustibles en 2025. El incremento de los precios experimentado en los últimos meses elevará esta factura al 5,3%. Y la propensión no es a conducir menos, sino a gastar menos en otras partidas, apuntan los economistas.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para “combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias y concentrando el esfuerzo fiscal en los grandes patrimonios, con la idea de garantizar un suelo común de justicia tributaria, según informa Europa Press.

El portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín, ha explicado que con la propuesta se busca combatir prácticas de algunas comunidades como Madrid, donde a su juicio se aplican bonificaciones “que benefician a grandes fortunas incluso con la exención”.

Se permite deducir lo abonado en Sucesiones

La propuesta ha incluido un mecanismo para evitar la doble imposición, permitiendo deducir lo ya abonado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del nuevo gravamen estatal, garantizando así un suelo común de justicia tributaria en todo el territorio nacional.

Desde Sumar se ha apostado, además, por destinar la recaudación derivada de este nuevo impuesto a políticas públicas y apoyo a las personas más vulnerables, vinculando así la medida fiscal a objetivos de redistribución de la riqueza.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Al portavoz económico le han acompañado los diputados Enrique Santiago y Alda Recas en el registro de la iniciativa. Santiago, mediante la red social 'X', ha defendido el impulso de esta iniciativa bajo el lema “quien más tiene debe contribuir más” y ha sentenciado: “No puede ser que grandes capitales heredados y grandes donaciones hagan un 'sinpa' en las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.

Asimismo, el grupo parlamentario ha considerado que la medida es necesaria para garantizar que las grandes fortunas contribuyan equitativamente al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan los herederos.

Ocho de cada diez euros que el Impuesto de Patrimonio podría recaudar se 'escapan' por los agujeros en su diseño. Esa es una de las conclusiones de un estudio de Oxfam Intermón publicado este jueves, que alerta que la necesidad de reformar el tributo para mejorar su capacidad recaudatoria, en un momento en el que cada vez se habla más de las tasas propuestas por economistas como Gabriel Zucman o Thomas Piketty.

De acuerdo con el informe elaborado por la ONG, el tipo medio efectivo que se pagó sobre el patrimonio declarado en 2012 apenas fue del 0,17%, muy lejos del 3,5% que se establece en la norma estatal. Una proporción que aún cae más en el caso de los más ricos: el 0,1% más acaudalado apenas pagó un 0,1%.

El impuesto de España es una rareza en el entorno comparado: solo un puñado de países del entorno (como Noruega o Suiza) cuentan con un esquema similar. El tributo español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Tres de cada cuatro euros exentos los concentra el 10% más rico

Según Oxfam Intermón, cerca del 42% de la riqueza declarada queda fuera del ámbito del impuesto y, en su gran mayoría, se concentra en los contribuyentes más ricos. El 76% del patrimonio exento lo concentra el 10% de los declarantes con más riqueza, sostiene la organización.

El principal agujero es la exención sobre participaciones y acciones empresariales, que tiene una pérdida de recaudación potencial de 6.700 millones de euros, con datos de 2021. Aunque nació para proteger pequeñas y medianas empresas familiares, el análisis sostiene que actualmente beneficia especialmente a grandes patrimonios con importantes participaciones empresariales.

Otro gran agujero es el 'tope' conjunto a la cuota del impuesto de patrimonio y el IRPF, que conlleva pérdidas de en torno a 2.100 millones de euros. Hasta la entrada en vigor del impuesto temporal sobre las grandes fortunas, el dumping fiscal promovido por algunas Comunidades Autónomas, aplicando sustanciales bonificaciones de la cuota a pagar (de hasta el 100%), suponían otro importante agujero para la recaudación, especialmente beneficioso para las grandes fortunas.

“El impuesto sobre el patrimonio es una herramienta necesaria, pero con un diseño muy débil e insuficiente frente a unas grandes fortunas que estructuran su riqueza para esquivar el pago del impuesto. Está diseñado de tal forma que se va vaciando desde dentro mismo, como si fueran termitas. Y esto reduce su progresividad, su capacidad para recaudar de quién más tiene y para redistribuir la riqueza”, señala Iñigo Macías, investigador de Oxfam Intermón y autor del informe.

Un estudio reciente de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez ya apuntó que una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Las compañías de mayor tamaño siguen pagando menos, proporcionalmente, que las pequeñas y medianas empresas en su declaración del Impuesto de Sociedades. Un análisis del Consejo General de Economistas confirma que, con datos de 2023, aquellas empresas con más de 250 empleados abonaron un tipo efectivo del 20,8% sobre su base imponible, dos puntos menos que las pymes (22,97%).

A pesar de que España cuenta con un tipo general del 25% en el Impuesto de Sociedades –el tercer gravamen que más recauda del sistema fiscal, por detrás del IRPF y el IVA–, el empleo de deducciones u otros beneficios como la compensación de bases imponibles negativas (es decir, pérdidas en ejercicios previos), así como los recursos para contratar a grandes despachos de abogados fiscalistas, permiten rebajar la carga tributaria de las grandes compañías.

Así, con datos de 2023, el tipo efectivo de las 54.288 grandes empresas que declararon el Impuesto de Sociedades fue del 20,8%, el más bajo de la clasificación. Por encima se encuentran las compañías sin asalariados, con un tipo del 21,2%, 356.471 declarantes; las medianas, aquellas con entre 100 y 250 trabajadores (22,02%, con 159.408 compañías); las microempresas, con menos de 10 empleos (22,37%, 823.652 sociedades); y las pequeñas, hasta 50 empleados (22,97%, 289.315).

La recaudación supera los 40.000 millones

El paquete fiscal que aprobó el Ejecutivo a finales de 2024 incluyó una rebaja del gravamen para aquellas compañías con una facturación inferior a los 50.000 euros, que verán cómo se recorta progresivamente hasta el 17% en 2027 (en 2026 es del 19%), en tanto que se situará en el 20% para aquellas pymes y empresas de tamaño reducido por encima de esa barrera.

El 60% del 1,63 millones de empresas que declararon el Impuesto de Sociedades facturaron menos de 100.000 euros aquel año, y apenas el 16% facturó más de un millón de euros. Algo más de 2.500 compañías reportó una cifra de negocios superior a 100 millones de euros en 2023.

En aquel año, la recaudación del Impuesto de Sociedades alcanzó los 35.060 millones de euros. Los últimos datos, de 2025, arrojan unos ingresos de 42.266 millones, superando la barrera de los 40.000 millones por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Desde 2021, año severamente golpeado por la pandemia, esta partida ha aumentado cerca del 60%.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cifrado este miércoles en 9.428 millones de euros el IVA defraudado en 2022, un 13,3% de los ingresos teóricos de esta figura fiscal y el 0,69% del producto interior bruto (PIB) de ese año.

Fedea ha publicado este miércoles el estudio 'Una aproximación a la brecha fiscal en el IVA de los hogares residentes en España', en el que calcula la brecha fiscal de cumplimiento del IVA de 2022, entendida como la diferencia entre los ingresos teóricos que se obtendrían si no hubiera fraude y lo realmente recaudado, lo que “constituye una aproximación al fraude existente en el impuesto”.

El estudio sitúa los ingresos teóricos del IVA -calculados conforme a la encuesta de presupuestos familiares, la de condiciones de vida y el consumo de los hogares a partir de la contabilidad nacional- en 70.717 millones de euros, lejos de los 61.289 millones de euros efectivamente recaudados.

Fedea advierte de que su cálculo de la brecha, de 9.428 millones, está condicionado por varios supuestos metodológicos, entre ellos la asunción de que no hay fraude en impuestos especiales, un concepto que sirve de base imponible para el IVA de esos productos.

Así, en caso de que se introdujeran en el cálculo del IVA teórico los ingresos reales de los impuestos especiales la brecha fiscal se reduciría a 8.403 millones.

Tovalloles netes, llençols acabats de canviar, càpsules de cafè, bugaderia industrial, neteja “diària”, petits kits de bany... En els darrers anys, propietaris i empreses dedicades al lloguer turístic han intentat “colar” a Hisenda despeses i deduccions pròpies de la indústria hotelera. L'objectiu: aconseguir un tractament fiscal molt més favorable, accedir a avantatges en l’IVA i ampliar les desgravacions possibles a l'IRPF. Els tribunals, però, han anat estrenyent el setge sobre aquells que intenten equiparar pisos turístics i vil·les vacacionals amb hotels, desmuntant un per un arguments basats en canvis de tovalloles, serveis de bugaderia i esmorzars de cortesia.

La 'batalla' fiscal es lliura en ple auge del lloguer vacacional. Mentre col·lectius socials denuncien que el boom de les plataformes de lloguer turístic i la pressió inversora vinculada al negoci vacacional han transformat barris sencers, disparat el preu de l’habitatge i multiplicat la rendibilitat de pisos, xalets i vil·les turístiques, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris com a conseqüència de la imparable gentrificació, la patronal del lloguer turístic recrimina que s'utilitzi aquest sector com a “cap de turc” de la crisi habitacional i que s'“estigmatitzi” un àmbit que reclama més seguretat jurídica.

Segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al novembre de 2025 hi havia a Espanya 329.764 habitatges turístics -més d'1,6 milions de places en total- anunciades en plataformes digitals com Airbnb, Booking o Vrbo, xifra que equival a l'1,24% del parc total d'habitatges del país. A Balears, l'INE comptabilitzava 19.398 habitatges turístics i més de 124.000 places vacacionals, equivalent a gairebé el 3% de tots els habitatges de l'arxipèlag. Mentrestant, les administracions han intensificat les inspeccions i sancions contra els habitatges turístics que operen de manera il·legal.

En paral·lel a l’expansió d’aquest fenomen, un altre front ha anat creixent silenciosament: el de com han de tributar aquests allotjaments i fins on pot arribar l’Agència Tributària (AEAT) a l’hora d’acceptar deduccions vinculades a una activitat que intenta acostar-se fiscalment al model hoteler. El fenomen ha atret tant petits propietaris com societats especialitzades en l’explotació d’allotjaments turístics, algunes convertides ja en autèntiques gestores d’habitatges repartits per diferents enclavaments vacacionals.

Ni les tovalloles ni la neteja ocasional basten

Una de les sentències més recents, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), afecta dos particulars que havien declarat els ingressos del seu habitatge turístic com a rendiments d’activitat econòmica per ampliar les deduccions a l’IRPF. Entre les despeses que pretenien computar figuraven costos vinculats al manteniment de l’immoble, la neteja o la reposició de roba de llit i tovalloles. La clau del litigi era demostrar que el pis no era un simple lloguer vacacional, sinó una activitat equiparable a un negoci hoteler. Per això, els propietaris al·legaven “reforços puntuals de neteja”, atenció permanent les 24 hores i serveis de bugaderia i canvi de llençols, fundes de coixí i draps de cuina.

Davant això, el tribunal desmunta un per un aquests arguments. La sentència conclou que no existeix una estructura empresarial ni la prestació de serveis equiparables als del sector hoteler, asseverant que l'atenció al client “no és diferent de la que tot arrendador ha de dispensar” davant incidències normals en un habitatge llogat i subratllant que la neteja únicament pot equiparar-se a la d'un hotel quan es presta “diàriament o amb una periodicitat fixa”, no quan es limita a l'entrada i sortida d'hostes o a neteges ocasionals sol·licitades per alguns clients.

La resolució afecta, en la pràctica, la manera en què tributen milers d'habitatges vacacionals a l'IRPF. El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos han de declarar-se com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions. El tribunal rebutja, així mateix, un altre dels arguments habituals en aquest tipus de litigis: deduir despeses durant tot el temps en què l'habitatge va estar anunciat o disponible en plataformes turístiques. La Sala fixa que les despeses només poden prorratejar-se en funció dels dies en què l'immoble va estar efectivament llogat.

El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos s'han de declarar com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions

Té, cafè i sabó de mans sota la lupa

La màxima instància judicial ja s'havia pronunciat en termes similars el gener de 2025 arran d'un litigi impulsat per Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una societat que defensava que l'habitatge turístic que explotava oferia autèntics serveis hotelers i, per tant, podia deduir-se l'IVA: va arribar a al·legar que oferia “tè, cafè, sucre, sabó de mans i paper higiènic”, a més d'atenció 24 hores i neteges durant les estades. El conflicte afectava, en concret, una regularització de 63.309 euros. Els magistrats van examinar els registres de neteja aportats per la mercantil i van concloure que la majoria eren posteriors a la sortida dels hostes i no comparables a les neteges diàries de la indústria hotelera.

Es tracta d'una diferència que canvia per complet el resultat fiscal: si el lloguer turístic es considera una mera cessió d'habitatge, l'activitat queda exempta d'IVA i les deduccions són molt més limitades. Si, per contra, existeixen veritables serveis hotelers, el propietari pot desgravar més despeses i compensar les quotes suportades. La qüestió pivota sobre un precepte concret de la Llei de l'IVA: l'article 20.U.23è, que estableix que el lloguer d'habitatges està exempt d'aquest impost, però introdueix una excepció: deixa d'estar exempt quan l'arrendador presta “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”.

D'aquesta manera, per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no pot deduir-se l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler -amb serveis equivalents als d'un hotel- l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions.

Per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no es pot deduir l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler, l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions fiscals

La mateixa batalla s'està lliurant en altres comunitats autònomes. A Andalusia, el Tribunal Superior de Justícia va analitzar el cas de Riad del Ciprés SL, empresa que al·legava que els seus apartaments turístics funcionaven realment com allotjaments hotelers i que, per tant, podia beneficiar-se d'un tractament fiscal més favorable en l'IVA. Per sostenir-ho, assegurava que oferia esmorzars, neteja diària, bugaderia industrial, canvi de llençols i tovalloles, articles d'higiene personal (els anomenats amenities) i atenció permanent les 24 hores, i fins i tot va aportar factures de bugaderia industrial i referències en plataformes turístiques per acreditar aquests serveis.

El litigi afectava quotes de 5.015 euros, però el tribunal va desmuntar bona part de les proves. La sentència subratlla que “la posada a disposició del client de cafès, sucre i altres productes no constitueix serveis propis de restauració” i afegeix que “el canvi de roba i la seva neteja prestat a l'entrada i sortida del període contractat” tampoc basta per parlar de serveis complementaris propis de la indústria hotelera. Els magistrats fins i tot van reparar en el reduït import de les factures de bugaderia -uns 85 euros en total durant diversos mesos- per concloure que no demostraven l'existència d'un autèntic servei hoteler de canvi diari de roba de llit i tovalloles.

Tiquets de supermercat i vil·les de luxe

També l'Audiència Nacional ha hagut de dirimir aquest tipus de conflictes fiscals. El febrer passat va analitzar el cas de Ogladenis S.L.U., enfrontada amb Hisenda per l'explotació de tres vil·les turístiques de luxe situades a Catalunya i valorades en més de cinc milions d'euros. L'empresa defensava que no gestionava simples habitatges vacacionals, sinó allotjaments equiparables a petits hotels, i al·legava, com en els altres casos, oferir neteja periòdica, canvi de llençols, atenció permanent les 24 hores, esmorzars, servei de transfer, càtering i assistència continuada als hostes.

Amb això pretenia mantenir importants deduccions d'IVA vinculades tant a la construcció com a l'explotació dels immobles. Per “acreditar” que realment prestava serveis hotelers, la mercantil va arribar a aportar factures modificades, publicitat en línia, comentaris de clients i converses amb hostes. En algunes factures apareixia fins i tot la frase “amb servei d'esmorzar i neteja diària inclosos”.

L'AEAT va frenar les pretensions de l'empresa en asseverar que els habitatges funcionaven realment com a arrendaments exempts d'IVA i que, per tant, no podia deduir-se aquestes quotes. En la seva sentència, l'AN va detectar, a més, contradiccions entre diferents versions de les factures i l'activitat efectivament demostrada, així com inconsistències entre la publicitat de les vil·les i els serveis que realment podien prestar-se.

Hisenda va revisar fins i tot tiquets de supermercat, el nombre de treballadors contractats, les hores materials necessàries per netejar les propietats i les dimensions de les vil·les, que sumaven 18 habitacions, 12 banys i més de 400 metres quadrats cadascuna. El tribunal considera “físicament i materialment impossible” que l'empresa pogués prestar el servei de neteja diària que afirmava realitzar, especialment tenint en compte que durant part de la temporada només hi havia una netejadora per atendre totes les propietats.

L'AN va més enllà i analitza una qüestió molt més complexa: l'anomenat “autoconsum per canvi d'afectació”, és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost.

L'Audiència Nacional va més enllà i analitza una qüestió encara més complexa: l'anomenat "autoconsum per canvi d'afectació", és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost

El de l'“autoconsum per canvi d'afectació” és, precisament, un dels fronts que també afloren en una sentència dictada el 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L.. En aquest cas, Hisenda va sostenir que un habitatge inicialment lligat a una promoció immobiliària havia acabat utilitzant-se com a arrendament residencial, cosa que obligava a regularitzar les deduccions d'IVA practicades durant la construcció. El conflicte va acabar derivant en una liquidació de més de 80.000 euros i una sanció addicional de més de 43.000 euros.

El criteri que ara estan aplicant diferents tribunals arrenca, en bona mesura, d'una sentència clau del Tribunal Supremo dictada el novembre de 2020. En ella, l'alt tribunal va fixar que, per determinar si un lloguer turístic ha de tributar com una activitat hotelera, no basta que l'allotjament tengui llicència turística, s'anunciï en plataformes vacacionals o es comercialitzi com a apartament turístic. El determinant, subratlla l'Alt Tribunal, és que existeixin autèntics “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”, com neteja periòdica durant l'estada, restauració o una atenció equiparable a la d'un hotel.

Sobre la base de la mateixa doctrina, no totes les resolucions tomben les pretensions dels propietaris. El desembre de 2025, el TSJ d'Andalusia sí va reconèixer el dret d'una empresa d'apartaments turístics a deduir-se l'IVA perquè, a diferència d'altres casos, va considerar acreditat que existia una veritable obligació de prestar serveis propis d'hostalatge. La clau radica en el fet que la societat, Escolástica Inversiones S.L., explotava un edifici complet d'apartaments turístics i va aconseguir demostrar que oferia neteja diària durant l'estada -encara que fos “a demanda” del client-, a més de canvi de llençols, atenció permanent, gestió d'entrades i productes d'acollida. El tribunal va entendre que l'important no era que tots els hostes sol·licitassin efectivament aquests serveis, sinó que l'empresa assumia contractualment l'obligació d'oferir-los, cosa que l'apropava al funcionament d'un establiment hoteler.

La sentència introdueix així un matís rellevant davant altres resolucions més restrictives: basta acreditar de manera sòlida l'existència real i continuada d'algun dels “serveis complementaris propis de la indústria hotelera” previstos a la Llei de l'IVA perquè l'activitat deixi d'estar exempta i el propietari o l'empresa puguin deduir-se les quotes suportades.

Toallas limpias, sábanas recién cambiadas, cápsulas de café, lavandería industrial, limpieza “diaria”, pequeños kits de baño... En los últimos años, propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico han intentado “colar” a Hacienda gastos y deducciones propios de la industria hotelera. El objetivo: lograr un tratamiento fiscal mucho más favorable, acceder a ventajas en el IVA y ampliar las desgravaciones posibles en el IRPF. Los tribunales, sin embargo, han estrechado el cerco sobre quienes intentan equiparar pisos turísticos y villas vacacionales con hoteles, desmontando uno por uno argumentos basados en cambios de toallas, servicios de lavandería y desayunos de cortesía.

La 'batalla' fiscal se libra en pleno auge del alquiler vacacional. Mientras colectivos sociales denuncian que el boom de plataformas de alquiler turístico y la presión inversora ligada al negocio vacacional han transformado barrios enteros, disparado el precio de la vivienda y multiplicado la rentabilidad de pisos, chalés y villas turísticas, provocando con ello que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación, la patronal del alquiler turístico recrimina que se utilice este sector como “cabeza de turco” de la crisis habitacional y que se “estigmatice” a un ámbito que reclama mayor seguridad jurídica.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas -más de 1,6 millones de plazas en total- anunciadas en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo, lo que equivale al 1,24% del parque total de viviendas del país. En Balears, el INE contabilizaba 19.398 viviendas turísticas y más de 124.000 plazas vacacionales, equvalente a casi el 3% de todas las viviendas del archipiélago. Mientras tanto, las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones contra las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.

En paralelo a la expansión de este fenómeno, otro frente ha ido creciendo silenciosamente: el de cómo deben tributar estos alojamientos y hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de aceptar deducciones vinculadas a una actividad que intenta acercarse fiscalmente al modelo hotelero. El fenómeno ha atraído tanto a pequeños propietarios como a sociedades especializadas en la explotación de alojamientos turísticos, algunas convertidas ya en auténticas gestoras de viviendas repartidas por distintos enclaves vacacionales.

Ni las toallas ni la limpieza ocasional bastan

Una de las sentencias más recientes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), afecta a dos particulares que habían declarado los ingresos de su vivienda turística como rendimientos de actividad económica para ampliar las deducciones en el IRPF. Entre los gastos que pretendían computar figuraban costes vinculados al mantenimiento del inmueble, la limpieza o la reposición de ropa de cama y toallas. La clave del litigio estaba en demostrar que el piso no era un simple alquiler vacacional, sino una actividad equiparable a un negocio hotelero. Para ello, los propietarios alegaban “refuerzos puntuales de limpieza”, atención permanente las 24 horas y servicios de lavandería y cambio de sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.

Frente a ello, el tribunal desmonta uno por uno esos argumentos. La sentencia concluye que no existe una estructura empresarial ni la prestación de servicios equiparables a los del sector hotelero, aseverando que la atención al cliente “no es distinta de la que todo arrendador debe dispensar” ante incidencias normales en una vivienda alquilada y subrayando que la limpieza únicamente puede equipararse a la de un hotel cuando se presta “a diario o con una periodicidad fija”, no cuando se limita a la entrada y salida de huéspedes o a limpiezas ocasionales solicitadas por algunos clientes.

La resolución afecta, en la práctica, a la forma en que tributan miles de viviendas vacacionales en el IRPF. El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones. El tribunal rechaza, asimismo, otro de los argumentos habituales en este tipo de litigios: deducirse gastos durante todo el tiempo en que la vivienda estuvo anunciada o disponible en plataformas turísticas. La Sala fija que los gastos solo pueden prorratearse en función de los días en que el inmueble estuvo efectivamente alquilado.

El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones

Té, café y jabón de manos bajo la lupa

La máxima instancia judicial ya se había pronunciado en términos similares en enero de 2025 a raíz de un litigio impulsado por Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una sociedad que defendía que la vivienda turística que explotaba ofrecía auténticos servicios hoteleros y, por tanto, podía deducirse el IVA: llegó a alegar que ofrecía “té, café, azúcar, jabón de manos y papel higiénico”, además de atención 24 horas y limpiezas durante las estancias. El conflicto afectaba, en concreto, a una regularización de 63.309 euros. Los magistrados examinaron los registros de limpieza aportados por la mercantil y concluyeron que la mayoría eran posteriores a la salida de los huéspedes y no comparables a las limpiezas diarias de la industria hotelera.

Se trata de una diferencia que cambia por completo el resultado fiscal: si el alquiler turístico se considera una mera cesión de vivienda, la actividad queda exenta de IVA y las deducciones son mucho más limitadas. Si, por el contrario, existen verdaderos servicios hoteleros, el propietario puede desgravar más gastos y compensar las cuotas soportadas. La cuestión pivota sobre un precepto concreto de la Ley del IVA: el artículo 20. Uno. 23º, que establece que el alquiler de viviendas está exento de este impuesto, pero introduce una excepción: deja de estar exento cuando el arrendador presta “servicios complementarios propios de la industria hotelera”.

De este modo, para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero -con servicios equivalentes a los de un hotel- la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones.

Para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero, la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones

La misma batalla se está librando en otras comunidades autónomas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso de Riad del Ciprés SL, empresa que alegaba que sus apartamentos turísticos funcionaban realmente como alojamientos hoteleros y que, por tanto, podía beneficiarse de un tratamiento fiscal más favorable en el IVA. Para sostenerlo, aseguró que ofrecía desayunos, limpieza diaria, lavandería industrial, cambio de sábanas y toallas, artículos de aseo (los llamados amenities ) y atención permanente las 24 horas, e incluso aportó facturas de lavandería industrial y referencias en plataformas turísticas para acreditar esos servicios.

El litigio afectaba a cuotas de 5.015 euros, pero el tribunal desmontó buena parte de las pruebas. La sentencia subraya que “la puesta a disposición del cliente de cafés, azúcar y otros productos no constituye servicios propios de restauración” y añade que “el cambio de ropa y su limpieza prestado a la entrada y salida del período contratado” tampoco basta para hablar de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Los magistrados incluso repararon en el reducido importe de las facturas de lavandería -unos 85 euros en total durante varios meses- para concluir que no demostraban la existencia de un auténtico servicio hotelero de cambio diario de ropa de cama y toallas.

Tickets de supermercado y villas de lujo

También la Audiencia Nacional ha tenido que dirimir este tipo de conflictos fiscales. El pasado febrero analizó el caso de la mercantil Ogladenis S.L.U., enfrentada con Hacienda por la explotación de tres villas turísticas de lujo situadas en Catalunya y valoradas en más de cinco millones de euros. La empresa defendía que no gestionaba simples viviendas vacacionales, sino alojamientos equiparables a pequeños hoteles, y alegaba, como en los demás casos, ofrecer limpieza periódica, cambio de sábanas, atención permanente las 24 horas, desayunos, servicio de transfer, catering y asistencia continuada al huésped.

Con ello pretendía mantener importantes deducciones de IVA vinculadas tanto a la construcción como a la explotación de los inmuebles. Para 'acreditar' que realmente prestaba servicios hoteleros, la mercantil llegó a aportar facturas modificadas, publicidad online, comentarios de clientes y conversaciones con huéspedes. En algunas facturas aparecía incluso la frase “con servicio de desayuno y limpieza diaria incluidos”.

La AEAT frenó las pretensiones de la empresa al aseverar que las viviendas funcionaban realmente como arrendamientos exentos de IVA y que, por tanto, no podía deducirse esas cuotas. En su sentencia, la AN detectó además contradicciones entre distintas versiones de las facturas y la actividad efectivamente demostrada, además de inconsistencias entre la publicidad de las villas y los servicios que realmente podían prestarse.

Hacienda revisó incluso tickets del supermercado, el número de trabajadores contratados, las horas materiales necesarias para limpiar las propiedades y las dimensiones de las villas, que sumaban 18 habitaciones, 12 baños y más de 400 metros cuadrados cada una. El tribunal considera “física y materialmente imposible” que la empresa pudiera prestar el servicio de limpieza diaria que afirmaba realizar, especialmente teniendo en cuenta que durante parte de la temporada solo había una limpiadora para atender todas las propiedades.

La AN va más allá y analiza una cuestión mucho más compleja: el llamado “autoconsumo por cambio de afectación”, es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto.

La Audiencia Nacional va más allá y analiza una cuestión más compleja: el llamado "autoconsumo por cambio de afectación", es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto

El del “autoconsumo por cambio de afectación” es, precisamente, uno de los frentes que también afloran en una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Murcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L. En ese caso, Hacienda sostuvo que una vivienda inicialmente ligada a una promoción inmobiliaria había terminado utilizándose como arrendamiento residencial, lo que obligaba a regularizar las deducciones de IVA practicadas durante la construcción. El conflicto acabó derivando en una liquidación de más de 80.000 euros y una sanción adicional de más de 43.000 euros.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

“Immer mehr deutsche Immobilienbesitzer auf Mallorca interessieren sich für den Pacto Sucesorio” (“cada vegada més propietaris alemanys a Mallorca s'interessen pel Pacte Successori”). L'afirmació la fa un dels despatxos especialitzats en clients estrangers amb propietats a Balears, que resumeix d'aquesta manera la transformació d'una antiga institució del dret civil balear, la definició successòria -lligada des de l'edat mitjana a les herències familiars i a la transmissió tradicional del patrimoni mallorquí-, en una sofisticada eina d'“optimització” fiscal i “planificació successòria transfronterera”. Mentre milers de residents afronten preus de compra i lloguer inassumibles per a la gran majoria, part de l'ecosistema jurídic-fiscal promociona l'illa com l'escenari ideal per a “Erben & Schenken” (“heretar i donar”).

La definició successòria -nascuda fa segles per ordenar el repartiment familiar de béns i preservar la continuïtat patrimonial- permet avançar l'herència en vida sempre que l'hereu renunciï anticipadament a la legítima que li correspondria en el futur. La importància d'aquesta figura resideix en un tractament fiscal que, en molts casos, resulta més favorable que el de les donacions tradicionals i en un elevat blindatge jurídic que dificulta revertir o impugnar la transmissió una vegada formalitzada. A través d'aquests pactes, les famílies poden decidir en vida qui rep què, evitar incerteses futures i ordenar la successió amb precisió, transformant l'herència, en la pràctica, en una operació planificada i executada abans de la mort.

L'elevat pes del comprador estranger a les Balears, tanmateix, ha impulsat l'interès internacional -especialment europeu- per la definició successòria: amb l'auge dels pactes hereditaris, Mallorca ha vist proliferar un ecosistema d'assessories internacionals, family offices i despatxos especialitzats en planificació fiscal i transmissió patrimonial dirigits a propietaris estrangers amb patrimoni i inversions a les illes, sobretot alemanys, britànics, suïssos i austríacs.

La mateixa terminologia utilitzada per aquests despatxos reflecteix el grau de refinament assolit pel negoci patrimonial a Mallorca: algunes firmes ofereixen directament serveis de “Steuer–und Vermögensplanung für deutsche Familien” (“planificació fiscal i patrimonial per a famílies alemanyes”), prometen “maximale Kontrolle über ihr Erbe” (“màxim control sobre l'herència”) i anuncien estratègies per “reduir la càrrega fiscal de manera legal i eficient”. Una d'aquestes arriba a assenyalar que la major de les Balears s'ha convertit en un “Steuerparadies” (“paradís fiscal”) per conservar, transmetre i blindar patrimoni immobiliari entre generacions, consolidant-se com “un centre estratègic per a la planificació patrimonial”.

L'elevat pes del comprador estranger a Balears, els avantatges fiscals associats a aquestes operacions i el fort blindatge jurídic que dificulta revertir o impugnar la transmissió una vegada formalitzada han impulsat l'interès internacional -especialment europeu- per la definició successòria

L'expansió internacional d'aquestes fórmules successòries es produeix en un context marcat per la creixent pressió immobiliària sobre Balears, on l'encariment sostingut de l'habitatge, l'increment dels inversors immobiliaris, la concentració de propietats en mans de grans tenidors, l'expansió del lloguer vacacional i l'escassetat d'habitatge públic han convertit l'accés residencial en un dels principals problemes socials de les illes.

Des de fa anys, ciutadans d'altres països -alemanys, britànics i francesos al capdavant- amb elevada capacitat adquisitiva competeixen en el mercat immobiliari balear per propietats els preus de les quals resulten inassequibles per a gran part de la població resident. El 2025, el 29,8% de les operacions de compravenda i el 15,2% de les hipoteques van estar protagonitzades per compradors internacionals, molt per damunt de la mitjana estatal: la demanda es va incrementar fins a les 97.500 transaccions, enfront de les prop de 93.000 del 2024, d'acord a les dades recentment publicades pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils.

En aquest context, Mallorca ha deixat de ser únicament una destinació residencial o turística per convertir-se també en un espai de planificació patrimonial internacional lligat a grans revaloritzacions immobiliàries. Algunes publicacions dirigides a propietaris europeus destaquen precisament l'atractiu d'utilitzar pactes successoris sobre immobles amb “elevades plusvàlues encara no gravades”, consolidant una lògica en la qual l'habitatge apareix no només com a residència, sinó també com a actiu hereditari i fiscal. Una situació a la qual se suma el gir tributari impulsat PP i Vox en la seva batalla per reduir al màxim la recaptació fiscal. Tot just arrencar l'actual legislatura, el Govern de Marga Prohens va suprimir l'impost de successions i donacions, una mesura amb la qual els més rics han deixat de pagar a les arques públiques prop de 400 milions d'euros.

L'atractiu fiscal balear

En els darrers anys, la jurisprudència balear ha reforçat la definició successòria com una figura especialment sòlida i difícil de revertir. Ho reflecteix, entre altres resolucions consultades per elDiario.es, una sentència dictada el 2024 per l'Audiència Provincial de Palma, que va rebutjar que una dona de 91 anys pogués recuperar els immobles entregats al seu fill mitjançant definició successòria després d'acusar-lo d'apropiar-se dels seus diners. El tribunal va concloure que el pacte no podia revocar-se com una donació ordinària precisament per la seva naturalesa contractual. En un altre cas, els magistrats varen rebutjar la reclamació d'un fill que exigia més de 67.000 euros en considerar que una finca transmesa en vida a la seva germana mitjançant definició successòria havia alterat l'equilibri hereditari familiar.

L'Audiència Provincial de Palma va rebutjar que una dona de 91 anys pogués recuperar els immobles lliurats al seu fill mitjançant definició successòria després d'acusar-lo d'apropiar-se dels seus diners. El tribunal va concloure que el pacte no podia revocar-se com una donació ordinària precisament per la seva naturalesa contractual

L'amplitud d'aquestes figures arriba fins i tot als menors d'edat. En una sentència del passat mes de març, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va concloure que un menor d'edat major de 16 anys pot renunciar vàlidament a la seva legítima en un pacte successori encara que no estigui emancipat. El cas partia d'una liquidació de l'impost sobre successions i donacions realitzada per l'Agència Tributària autonòmica (ATIB), que va considerar que una escriptura de definició atorgada a favor d'una menor havia de tributar com una donació ordinària. L'Administració entenia que, en no estar emancipada, la menor mancava de capacitat per renunciar als seus drets successoris. Tanmateix, el tribunal rebutja aquesta interpretació i assenyala que la normativa balear no prohibeix expressament aquest supòsit. Davant aquest silenci, sosté que s'ha d'aplicar de manera supletòria el Codi Civil, concretament l'article 166, que permet als menors majors de 16 anys actuar amb consentiment en document públic i amb l'assistència dels seus representants legals.

De l'Edat Mitjana a les herències “optimitzades”

La definició successòria enfonsa les seves arrels en el dret civil mallorquí medieval, consolidat després de la conquesta de Jaume I i desenvolupat per la Corona d'Aragó com un mecanisme per ordenar la transmissió del patrimoni familiar i evitar conflictes hereditaris. En una societat tradicionalment basada en la continuïtat de la casa i la propietat, aquests pactes permetien distribuir béns en vida i assegurar l'estabilitat del llinatge. Avui, segles després, aquella institució històrica ha fet el salt de les notaries locals a les publicacions dirigides a clients estrangers d'elevat poder adquisitiu, als quals ofereixen serveis de nachfolgeplanung -planificació successòria- i detallen fins i tot com utilitzar aquesta figura evitant determinades càrregues fiscals associades a les donacions convencionals.

La definició successòria enfonsa les seves arrels en el dret civil mallorquí medieval, consolidat després de la conquesta de Jaume I i desenvolupat per la Corona d'Aragó com un mecanisme per ordenar la transmissió del patrimoni familiar i evitar conflictes hereditaris

Un dels despatxos especialitzats en clients alemanys, Stein & Partner -entre les especialitats del qual es troba l'“estructuració d'inversions i empreses per a l'optimització fiscal”- descriu els pactes successoris balears com a eines de “planificació successòria transfronterera” i admet que “molts ciutadans europeus” estan utilitzant aquestes fórmules per transferir en vida immobles als seus fills a Mallorca. En una de les seves publicacions, assegura que “moltes famílies a Balears utilitzen aquesta possibilitat de planificació fiscal especialment per a immobles amb elevades plusvàlues encara no gravades”. Una altra de les webs, Mallorca Tax, encapçala un dels seus posts amb el títol The Balearic Pacto Sucesorio Explained for Foreign Property Owners.

El contrast fiscal entre Alemanya i Balears apareix de manera recurrent en aquest tipus de publicacions. Part de l'“atractiu” que aquests despatxos atorguen als pactes successoris a les illes s'alimenta també de la comparació fiscal amb altres països europeus. Algunes publicacions jurídiques alemanyes destaquen que les herències i donacions entre familiars directes a les illes gaudeixen de bonificacions pràcticament inexistents a Alemanya, presentant l'arxipèlag com un territori pràcticament lliure d'imposts per heretar o donar.

La batalla jurídica pels estrangers residents

Un dels grans punts d'inflexió d'aquestes operacions es va produir el 2016, quan el Tribunal Suprem (TS) va establir que la transmissió de béns mitjançant pacte successori no generava guany patrimonial a l'IRPF per a qui els cedia, equiparant-la fiscalment a una herència i reforçant així el seu atractiu davant les donacions tradicionals. La decisió va convertir la definició balear en una fórmula molt més avantatjosa que la donació tradicional, especialment per transmetre immobles revaloritzats. “És així des del moment en què el donatari tributarà al tipus del 0% –i, en alguns casos, a l'1%– per l'Impost de Successions i Donacions, mentre que el donant està exempt de tributar per l'IRPF”, explica a elDiario.es el vicedegà del Col·legi Notarial de Balears, Bartolomé Bibiloni. El notari admet que la reduïda fiscalitat ha estat un dels factors decisius en l'auge recent d'aquestes operacions.

Un dels grans punts d'inflexió d'aquestes operacions es va produir el 2016, quan el Tribunal Suprem va establir que la transmissió de béns mitjançant pacte successori no generava guany patrimonial en l'IRPF per a qui els cedía, equiparant-la fiscalment a una herència i reforçant així el seu atractiu enfront de les donacions tradicionals

Quant a l'accés d'estrangers a aquesta figura, la Compilació del Dret Civil balear –la normativa civil pròpia de les illes– exigia tradicionalment que qui atorgàs una definició successòria tengués “veïnatge civil mallorquí”, una condició jurídica vinculada a l'arrelament en un territori amb dret civil propi i que els ciutadans estrangers no podien adquirir formalment. Aquest requisit limitava l'accés als pactes successoris a aquells que ostentaven aquesta vinculació civil específica.

La controvèrsia va esclatar el 2019, quan la Direcció General dels Registres i del Notariat va rebutjar la inscripció d'una definició successòria atorgada per una ciutadana francesa resident a Mallorca a favor dels seus fills en considerar precisament que una estrangera no podia tenir veïnatge civil mallorquí.

Tanmateix, l'Audiència Provincial de Palma i posteriorment el TSJIB varen desmuntar aquesta interpretació en aplicar el Reglament Europeu de Successions, que situa la residència habitual -i no el veïnatge civil- com a principal criteri de connexió. La decisió ampliava de facto l'abast dels pactes successoris balears: els estrangers considerats residents a les illes, és a dir, Balears constituís el seu principal centre de vida personal o familiar, també podien acollir-se a aquestes figures històriques del dret civil balear. Allò que durant segles havia funcionat com una institució lligada a famílies mallorquines passava així a convertir-se en una eina accessible per a residents internacionals amb patrimoni immobiliari a Balears.

La controvèrsia va esclatar el 2019, quan la Direcció General dels Registres i del Notariat va rebutjar la inscripció d'una definició successòria atorgada per una dona francesa resident a Mallorca a favor dels seus fills en considerar que una estrangera no podia tenir veïnatge civil mallorquí. Els tribunals van desmuntar aquesta interpretació en aplicar el Reglament Europeu de Successions, que situa la residència habitual com a principal criteri de connexió

La llei que va consolidar el fenomen

El fenomen es va acabar de consolidar amb l'aprovació de la llei 8/2022 de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, una norma que va reconèixer expressament la necessitat d'adaptar els pactes successoris al seu “protagonisme actual”. La reforma va modernitzar i ampliar la regulació d'aquestes històriques figures, va aclarir aspectes que havien generat conflictes interpretatius i va introduir noves possibilitats –com els pactes entre padrins i nets– per respondre a la seva creixent utilització com a eina de planificació patrimonial i successòria.

A parer de Bibiloni, la normativa ha representat una “fita important” en el dret civil balear “en ser la primera i, possiblement, l'única llei sectorial que tracta dels pactes successoris a tot el territori nacional”. “El mèrit de la llei ha estat regular [la definició successòria] amb més detall, desenvolupar alguns dels seus aspectes i deixar algunes idees perfectament clares per tal d'evitar les confusions que es produïen, especialment en l'àmbit fiscal”, subratlla el notari, qui va ser president del Consell Assessor del Dret Civil de les Illes Balears entre els anys 2018 i 2023, període durant el qual es va aprovar la norma. És autor, a més, del Manual Civil i Fiscal dels pactes successoris en el Dret Civil de les Illes Balears.

La Llei balear 8/2022 de successió pactada o contractual ha representat una fita important en el nostre Dret civil, en ser la primera i, possiblement, l'única llei sectorial que tracta dels pactes successoris en tot el territori nacional

Bartolomé Bibiloni — Vicedegà del Col·legi Notarial de Balears

La internacionalització dels pactes successoris balears va generar un profund debat dins l'àmbit jurídic. El catedràtic de Dret Civil de la Universitat de les Illes Balears Pedro Antonio Munar considera que el fenomen s'ha d'analitzar amb matisos i rebutja interpretar l'obertura de la definició successòria a residents estrangers com una anomalia jurídica. En declaracions a elDiario.es, recorda que el Reglament Europeu de Successions va introduir precisament el criteri de la residència habitual per determinar la llei aplicable a les herències en contextos de mobilitat internacional. “No és que un senyor digui: ‘Tenc una casa a Mallorca’ i ja està. Ha d'acreditar una residència habitual real a Balears”.

Munar subratlla, a més, una paradoxa jurídica: mentre un ciutadà alemany o estatunidenc resident habitual a Mallorca pot acollir-se al dret civil balear i utilitzar pactes successoris, un espanyol amb veïnatge civil comú –“de Guadalajara, per exemple”– no pot fer-ho encara que visqui temporalment a les illes, perquè la seva successió continua regint-se pel Codi Civil estatal. No existeix una discriminació, sosté, perquè la llei aplicable no és la mateixa per a l'europeu que per a l'espanyol que no tengui veïnatge civil balear. El jurista insisteix, a més, que l'auge actual no pot explicar-se únicament per raons fiscals: “Avui a Balears les donacions entre pares i fills també estan pràcticament bonificades”, apunta, assenyalant que en alguns casos “fins i tot és més fàcil fer una donació que un pacte successori”.

El catedràtic de Dret Civil de la UIB Pere Antoni Munar subratlla una paradoxa jurídica: mentre un ciutadà alemany o nord-americà resident habitual a Mallorca es pot acollir al dret civil balear i utilitzar pactes successoris, un espanyol amb veïnatge civil comú no pot fer-ho encara que visqui temporalment a les illes, perquè la seva successió continua regint-se pel Codi Civil estatal

Herències en vida i crisi d'habitatge

El vicedegà del Col·legi Notarial assenyala, per la seva banda, que els “importants avantatges” que ofereixen els pactes successoris “també beneficien els estrangers”. “Els estrangers residents a les nostres illes, de la nacionalitat que sigui, poden atorgar un pacte successori, de definició o de liquidació, com els naturals d'aquestes, és a dir, com qui ostenta el veïnatge civil balear. Les discussions que es pogueren plantejar en un moment anterior varen quedar resoltes, primer, pel TSJIB i, després, per la mateixa Llei 8/2022, ja de manera definitiva”, recalca.

El notari, tanmateix, rebutja que existeixi un ús generalitzat d'aquestes figures en resposta a una “estratègia determinada” per part dels compradors estrangers. Segons assenyala, es tracta d'una “tendència per la qual s'inclinen aquells que duen vivint o habitant per períodes una propietat que posseeixen a les illes, i que, en tenir ja una edat avançada, desitgen cedir-la als seus fills”. “No és freqüent que es comprin els immobles pensant en aquesta futura possibilitat”, sentencia.

Bibiloni conclou que l'auge dels pactes successoris també ha incidit “en la millora de les relacions familiars”: “No és el mateix reunir tots els membres d'una família vivint els pares que quan ha mort algun d'ells -o ambdós-”, afirma. Al seu judici, la creixent utilització d'aquestes fórmules es relaciona a més amb el problema d'accés a l'habitatge, especialment entre els més joves. “Amb els pactes successoris els pares estan disposats a desprendre's d'alguna propietat per facilitar que els fills es puguin permetre una residència a baix cost”, sentencia.

“Immer mehr deutsche Immobilienbesitzer auf Mallorca interessieren sich für den Pacto Sucesorio” (“cada vez más propietarios alemanes en Mallorca se interesan por el Pacto Sucesorio”). La afirmación la realiza uno de los bufetes especializados en clientes extranjeros con propiedades en Balears, que resume de este modo la transformación de una antigua institución del derecho civil balear, la definición sucesoria –ligada desde la Edad Media a las herencias familiares y a la transmisión tradicional del patrimonio mallorquín–, en una sofisticada herramienta de “optimización” fiscal y “planificación sucesoria transfronteriza”. Mientras miles de residentes afrontan precios de compra y alquiler inasumibles para la gran mayoría, parte del ecosistema jurídico-fiscal promociona la isla como el escenario ideal para “Erben & Schenken” (“heredar y donar”).

La definición sucesoria –nacida siglos atrás para ordenar el reparto familiar de bienes y preservar la continuidad patrimonial– permite adelantar la herencia en vida siempre que el heredero renuncie anticipadamente a la legítima que le correspondería en el futuro. La importancia de esta figura reside en un tratamiento fiscal que, en muchos casos, resulta más favorable que el de las donaciones tradicionales y en un elevado blindaje jurídico que dificulta revertir o impugnar la transmisión una vez formalizada. A través de estos pactos, las familias pueden decidir en vida quién recibe qué, evitar incertidumbres futuras y ordenar la sucesión con precisión, transformando la herencia, en la práctica, en una operación planificada y ejecutada antes del fallecimiento.

El elevado peso del comprador extranjero en Balears, sin embargo, ha impulsado el interés internacional –especialmente europeo– por la definición sucesoria: con el auge de los pactos hereditarios, Mallorca ha visto proliferar un ecosistema de asesorías internacionales, family offices y despachos especializados en planificación fiscal y transmisión patrimonial dirigidos a propietarios extranjeros con patrimonio e inversiones en las islas, sobre todo alemanes, británicos, suizos y austríacos.

La propia terminología utilizada por estos despachos refleja el grado de refinamiento alcanzado por el negocio patrimonial en Mallorca: algunas firmas ofrecen directamente servicios de “Steuer–und Vermögensplanung für deutsche Familien” (“planificación fiscal y patrimonial para familias alemanas”), prometen “maximale Kontrolle über ihr Erbe” (“máximo control sobre la herencia”) y anuncian estrategias para “reducir la carga fiscal de forma legal y eficiente”. Una de estas ellas llega a señalar que la mayor de las Balears se ha convertido en un “Steuerparadies” (“paraíso fiscal”) para conservar, transmitir y blindar patrimonio inmobiliario entre generaciones, consolidándose como “un centro estratégico para la planificación patrimonial”.

El elevado peso del comprador extranjero en Balears, las ventajas fiscales asociadas a estas operaciones y el fuerte blindaje jurídico que dificulta revertir o impugnar la transmisión una vez formalizada han impulsado el interés internacional -especialmente europeo- por la definición sucesoria

La expansión internacional de estas fórmulas sucesorias se produce en un contexto marcado por la creciente presión inmobiliaria sobre Balears, donde el encarecimiento sostenido de la vivienda, el incremento de los inversores inmobiliarios, la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores, la expansión del alquiler vacacional y la escasez de vivienda pública han convertido el acceso residencial en uno de los principales problemas sociales de las islas.

Desde hace años, ciudadanos de otros países –alemanes, británicos y franceses a la cabeza– con elevada capacidad adquisitiva compiten en el mercado inmobiliario balear por propiedades cuyos precios resultan inasumibles para gran parte de la población residente. En 2025, el 29,8% de las operaciones de compraventa y el 15,2% de las hipotecas estuvieron protagonizadas por compradores internacionales, muy por encima de la media estatal: la demanda se incrementó hasta las 97.500 transacciones, frente a las cerca de 93.000 de 2024, de acuerdo a los datos recién publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles.

En este contexto, Mallorca ha dejado de ser únicamente un destino residencial o turístico para convertirse también en un espacio de planificación patrimonial internacional ligado a grandes revalorizaciones inmobiliarias. Algunas publicaciones dirigidas a propietarios europeos destacan precisamente el atractivo de utilizar pactos sucesorios sobre inmuebles con “elevadas plusvalías aún no gravadas”, consolidando una lógica en la que la vivienda aparece no solo como residencia, sino también como activo hereditario y fiscal. Una situación a la que se suma el giro tributario impulsado PP y Vox en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal. Nada más arrancar la actual legislatura, el Govern de Marga Prohens suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones, una medida con la que los más ricos han dejado de pagar a las arcas públicas cerca de 400 millones de euros.

El atractivo fiscal balear

En los últimos años, la jurisprudencia balear ha reforzado la definición sucesoria como una figura especialmente sólida y difícil de revertir. Lo refleja, entre otras resoluciones consultadas por elDiario.es, una sentencia dictada en 2024 por la Audiencia Provincial de Palma, que rechazó que una mujer de 91 años pudiera recuperar los inmuebles entregados a su hijo mediante definición sucesoria tras acusarle de apropiarse de su dinero. El tribunal concluyó que el pacto no podía revocarse como una donación ordinaria precisamente por su naturaleza contractual. En otro caso, los magistrados rechazaron la reclamación de un hijo que exigía más de 67.000 euros al considerar que una finca transmitida en vida a su hermana mediante definición sucesoria había alterado el equilibrio hereditario familiar.

La Audiencia Provincial de Palma rechazó que una mujer de 91 años pudiera recuperar los inmuebles entregados a su hijo mediante definición sucesoria tras acusarle de apropiarse de su dinero. El tribunal concluyó que el pacto no podía revocarse como una donación ordinaria precisamente por su naturaleza contractual

La amplitud de estas figuras llega incluso a los menores de edad. En una sentencia del pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) concluyó que un menor de edad mayor de 16 años puede renunciar válidamente a su legítima en un pacto sucesorio aunque no esté emancipado. El caso partía de una liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones realizada por la Agencia Tributaria autonómica (ATIB), que consideró que una escritura de definición otorgada en favor de una menor debía tributar como donación ordinaria. La Administración entendía que, al no estar emancipada, la menor carecía de capacidad para renunciar a sus derechos sucesorios. Sin embargo, el tribunal rechaza esta interpretación y señala que la normativa balear no prohíbe expresamente este supuesto. Ante ese silencio, sostiene que debe aplicarse de forma supletoria el Código Civil, en concreto el artículo 166, que permite a los menores mayores de 16 años actuar con consentimiento en documento público y con la asistencia de sus representantes legales.

De la Edad Media a las herencias “optimizadas”

La definición sucesoria hunde sus raíces en el derecho civil mallorquín medieval, consolidado tras la conquista de Jaume I y desarrollado por la Corona de Aragón como un mecanismo para ordenar la transmisión del patrimonio familiar y evitar conflictos hereditarios. En una sociedad tradicionalmente basada en la continuidad de la casa y la propiedad, estos pactos permitían distribuir bienes en vida y asegurar la estabilidad del linaje. Hoy, siglos después, aquella institución histórica ha saltado de las notarías locales a las publicaciones dirigidas a clientes extranjeros de elevado poder adquisitivo, a quienes ofrecen servicios de nachfolgeplanung –planificación sucesoria– y detallan incluso cómo utilizar esta figura evitando determinadas cargas fiscales asociadas a las donaciones convencionales.

La definición sucesoria hunde sus raíces en el derecho civil mallorquín medieval, consolidado tras la conquista de Jaume I y desarrollado por la Corona de Aragón como un mecanismo para ordenar la transmisión del patrimonio familiar y evitar conflictos hereditarios

Uno de los despachos especializados en clientes alemanes, Stein & Partner –entre cuyas especialidades se encuentra la “estructuración de inversiones y empresas para la optimización fiscal”– describe los pactos sucesorios baleares como herramientas de “planificación sucesoria transfronteriza” y admite que “muchos ciudadanos europeos” están utilizando estas fórmulas para transferir en vida inmuebles a sus hijos en Mallorca. En una de sus publicaciones, asegura que “muchas familias en Baleares utilizan esta posibilidad de planificación fiscal especialmente para inmuebles con elevadas plusvalías aún no gravadas”. Otra de las webs, Mallorca Tax, encabeza uno de sus post con el título The Balearic Pacto Sucesorio Explained for Foreign Property Owners.

El contraste fiscal entre Alemania y Balears aparece de forma recurrente en este tipo de publicaciones. Parte del 'atractivo' que estos despachos otorgan a los pactos sucesorios en las islas se alimenta también de la comparación fiscal con otros países europeos. Algunas publicaciones jurídicas alemanas destacan que las herencias y donaciones entre familiares directos en las islas disfrutan de bonificaciones prácticamente inexistentes en Alemania, presentando el archipiélago como un territorio prácticamente libre de impuestos para heredar o donar.

La batalla jurídica por los extranjeros residentes

Uno de los grandes puntos de inflexión de estas operaciones se produjo en 2016, cuando el Tribunal Supremo (TS) estableció que la transmisión de bienes mediante pacto sucesorio no generaba ganancia patrimonial en el IRPF para quien los cedía, equiparándola fiscalmente a una herencia y reforzando así su atractivo frente a las donaciones tradicionales. La decisión convirtió la definición balear en una fórmula mucho más ventajosa que la donación tradicional, especialmente para transmitir inmuebles revalorizados. “Es así desde el momento en que el donatario tributará al tipo del 0% –y, en algunos casos, al 1%– por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que el donante está exento de tributar por el IRPF”, explica a elDiario.es el vicedecano del Colegio Notarial de Balears, Bartolomé Bibiloni. El notario admite que la reducida fiscalidad ha sido uno de los factores decisivos en el auge reciente de estas operaciones.

Uno de los grandes puntos de inflexión de estas operaciones se produjo en 2016, cuando el Tribunal Supremo (TS) estableció que la transmisión de bienes mediante pacto sucesorio no generaba ganancia patrimonial en el IRPF para quien los cedía, equiparándola fiscalmente a una herencia y reforzando así su atractivo frente a las donaciones tradicionales

En cuanto al acceso de extranjeros a esta figura, la Compilación del Derecho Civil balear –la normativa civil propia de las islas– exigía tradicionalmente que quien otorgara una definición sucesoria tuviera “vecindad civil mallorquina”, una condición jurídica vinculada al arraigo en un territorio con derecho civil propio y que los ciudadanos extranjeros no podían adquirir formalmente. Ese requisito limitaba el acceso a los pactos sucesorios a quienes ostentaban esa vinculación civil específica.

La controversia estalló en 2019, cuando la Dirección General de los Registros y del Notariado rechazó la inscripción de una definición sucesoria otorgada por una ciudadana francesa residente en Mallorca a favor de sus hijos al considerar precisamente que una extranjera no podía tener vecindad civil mallorquina.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma y posteriormente el TSJIB desmontaron esa interpretación al aplicar el Reglamento Europeo de Sucesiones, que sitúa la residencia habitual -y no la vecindad civil- como principal criterio de conexión. La decisión ampliaba de facto el alcance de los pactos sucesorios baleares: los extranjeros considerados residentes en las islas, es decir, que Balears constituyera su principal centro de vida personal o familiar-, también podían acogerse a estas figuras históricas del derecho civil balear. Lo que durante siglos había funcionado como una institución ligada a familias mallorquinas pasaba así a convertirse en una herramienta accesible para residentes internacionales con patrimonio inmobiliario en Balears.

La controversia estalló en 2019, cuando la Dirección General de los Registros y del Notariado rechazó la inscripción de una definición sucesoria otorgada por una mujer francesa residente en Mallorca a favor de sus hijos al considerar que una extranjera no podía tener vecindad civil mallorquina. Los tribunales desmontaron esa interpretación al aplicar el Reglamento Europeo de Sucesiones, que sitúa la residencia habitual como principal criterio de conexión

La ley que consolidó el fenómeno

El alcance internacional de esta figura terminó de consolidarse con la aprobación de la ley 8/2022 de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears, una norma que reconoció expresamente la necesidad de adaptar los pactos sucesorios a su “protagonismo actual”. La reforma modernizó y amplió la regulación de estas históricas figuras, clarificó aspectos que habían generado conflictos interpretativos e introdujo nuevas posibilidades –como los pactos entre abuelos y nietos– para responder a su creciente utilización como herramienta de planificación patrimonial y sucesoria.

A juicio de Bibiloni, la normativa ha representado un “hito importante” importante en el Derecho civil balear “al ser la primera y, posiblemente, la única ley sectorial que trata de los pactos sucesorios en todo el territorio nacional”. “El mérito de la ley ha sido regular [la definición sucesoria] con más detalle, desarrollar algunos de sus aspectos y dejar alguna ideas perfectamente claras a fin de evitar las confusiones que se producían, en especial en el ámbito fiscal”, subraya el notario, quien fue presidente del Consell Asesor del Derecho civil de las Illes Balears entre los años 2018 y 2023, periodo durante el cual se aprobó la norma. Es autor, además, del Manual Civil y Fiscal de los pactos sucesorios en el Derecho Civil de las Illes Balears.

La Ley balear 8/2022 de sucesión paccionada o contractual ha representado un hito importante en nuestro Derecho civil, al ser la primera y, posiblemente, la única ley sectorial que trata de los pactos sucesorios en todo el territorio nacional

Bartolomé Bibiloni — Vicedecano del Colegio Notarial de Balears

La internacionalización de los pactos sucesorios baleares generó un profundo debate dentro del ámbito jurídico. El catedrático de Derecho Civil de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pedro Antonio Munar considera que el fenómeno debe analizarse con matices y rechaza interpretar la apertura de la definición sucesoria a residentes extranjeros como una anomalía jurídica. En declaraciones a elDiario.es, recuerda que el Reglamento Europeo de Sucesiones introdujo precisamente el criterio de la residencia habitual para determinar la ley aplicable a las herencias en contextos de movilidad internacional. “No es que un señor diga: ‘Tengo una casa en Mallorca’ y ya está. Tiene que acreditar una residencia habitual real en Balears”.

Munar subraya, además, una paradoja jurídica: mientras un ciudadano alemán o estadounidense residente habitual en Mallorca puede acogerse al derecho civil balear y utilizar pactos sucesorios, un español con vecindad civil común –“de Guadalajara, por ejemplo”– no puede hacerlo aunque viva temporalmente en las islas, porque su sucesión continúa rigiéndose por el Código Civil estatal. No existe una discriminación, sostiene, porque la ley aplicable no es la misma para el europeo que para el español que no tenga vecindad civil balear. El jurista insiste además en que el auge actual no puede explicarse únicamente por razones fiscales: “Hoy en Balears las donaciones entre padres e hijos también están prácticamente bonificadas”, apunta, señalando que en algunos casos “incluso es más fácil hacer una donación que un pacto sucesorio”.

El catedrático de Derecho Civil de la UIB Pedro Antonio Munar subraya una paradoja jurídica: mientras un ciudadano alemán o estadounidense residente habitual en Mallorca puede acogerse al derecho civil balear y utilizar pactos sucesorios, un español con vecindad civil común no puede hacerlo aunque viva temporalmente en las islas, porque su sucesión continúa rigiéndose por el Código Civil estatal

Herencias en vida y crisis de vivienda

El vicedecano del Colegio Notarial señala, por su parte, que las “importantes ventajas” que ofrecen los pactos sucesorios “también benefician a los extranjeros”. “Los extranjeros residentes en nuestras islas, de la nacionalidad que sea, pueden otorgar un pacto sucesorio, de definición o de finiquito, como los naturales de las mismas, es decir, como quien ostenta la vecindad civil balear. Las discusiones que pudieron plantearse en un momento anterior quedaron zanjadas, primero, por el TSJIB y, después, por la propia Ley 8/2022, ya de forma definitiva”, recalca.

El notario, sin embargo, rechaza que exista un uso generalizado de estas figuras en respuesta a una “estrategia determinada” por parte de los compradores extranjeros. Según señala, se trata de una “tendencia por la que se inclinan aquellos que llevan viviendo o habitando por periodos una propiedad que poseen en las islas, y que, al tener ya una avanzada edad, desean cederla a sus hijos”. “No es frecuente que se compren los inmuebles pensando en esa futura posibilidad”, sentencia.

Bibiloni concluye que el auge de los pactos sucesorios también ha incidido “en la mejoría de las relaciones familiares”: “No es lo mismo reunir a todos los miembros de una familia viviendo los padres que cuando ha fallecido alguno de ellos –o ambos–”, afirma. A su juicio, la creciente utilización de estas fórmulas se relaciona además con el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. “Con los pactos sucesorios los padres están dispuestos a desprenderse de alguna propiedad para facilitar que los hijos puedan permitirse una residencia a bajo coste”, sentencia.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.