EH Bildu, la coalición Elkarrekin (encabezada por Podemos) y el PP han presentado varias enmiendas a los proyectos de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramitan en Gipuzkoa, Álava y Bizkaia. En general, buscan que se endurezca la normativa planteada por PNV y PSE-EE en algunos supuestos, por ejemplo con mayor presión a los pisos turísticos o a los cruceros. Las enmiendas adquieren un papel relevante en Gipuzkoa y en Álava, ya que en estos dos territorios los partidos de Gobierno foral no tienen mayoría y precisan del voto de uno de estos grupos para sacar adelante la norma. No sucede así en Bizkaia, donde tiene mayoría en las Juntas Generales el equipo de Gobierno. En 2025, nacionalistas y socialistas sacaron adelante la reforma fiscal con Podemos.

Una vez finalizada la presentación de enmiendas -cuyo plazo en el caso de Gipuzkoa terminaba este viernes, no así en el resto de territorios, ya que en Bizkaia ni siquiera ha empezado- arrancará el proceso de tramitación para que el impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2027, como se ha pactado entre las tres diputaciones para dar margen a los Ayuntamientos vascos a adecuar sus ordenanzas municipales a la norma. Pese a la petición expresa del alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, a los grupos para que adelantaran la aplicación del impuesto vía enmiendas, sólo el PP presenta una enmienda para que el proyecto se aplique cuanto antes. En concreto, los 'populares' introducen la salvedad de que, pese a que con carácter general entre en vigor en 2027, “los ayuntamientos que hubieran aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada a esta norma foral podrán acordar la aplicación efectiva del impuesto desde una fecha anterior en su ámbito territorial”. Es decir, que aunque PNV y PSE-EE no contemplan la posibilidad de adelantar la entrada en vigor, si necesitan pactar con el PP en Gipuzkoa podrían introducir la salvedad que permitiría al alcalde de Donostia adelantar la aplicación.

En concreto ,en las Juntas Generales de Gipuzkoa Elkarrekin (que allí solamente tiene representantes de Podemos) ha presentado siete enmiendas, las mismas que EH Bildu, y cinco el PP. En los dos primeros grupos las enmiendas serán iguales para los tres territorios. En el caso del PP es previsible que también, aunque no se ha confirmado este extremo desde esta formación.

Elkarrekin: “Intensidad” turística

Los representantes de Elkarrekin en las Juntas de Bizkaia, y Álava, Eneritz de Madariaga, y David Rodríguez, respectivamente, junto al coordinador general de Podemos, Richar Vaquero, han presentado este viernes las enmiendas con las que pretenden “que el impuesto refleje mejor el impacto real de las estancias y refuerce su capacidad de retorno social”. De entrada, proponen ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto, y que “se están destinando recursos y políticas públicas a alargar las estancias de las y los turistas en Euskadi y, en la medida que estas políticas tengan éxito, el impuesto tendrá que responder con ambición a la realidad del turismo y las estancias prolongadas”. Además, modifican las tablas de tarifas elevando los máximos y los mínimos a pagar, y equiparan el impuesto de los pisos turísticos a los hoteles de cinco estrellas, que pasarían a pagar entre 4,5 euros y 6,5 euros, En el proyecto de norma se fija entre 2,5 euros y 5 euros, para los hoteles de cinco estrellas, y las viviendas de uso turístico entre 2 y 4 euros. Podemos también plantea elevar el pago para los cruceristas, de entre 2,50 y 5,00 euros por día de amarre, a una horquilla entre 6 y 7 euros.

Además, plantea incluir un nuevo concepto en la norma, el de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal”. Con ello se dotaría de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible. A su vez, plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Además proponen incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor y extender la exención del pago a los acompañantes de personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III.

EH Bildu: un día más “se paga”

Desde EH Bildu las enmiendas también se dirigen entre otras cuestiones a que las viviendas turísticas tengan la “tasa máxima”, ya que, “con la actual crisis de vivienda, sobre la que inciden las viviendas turísticas, no se pueden tratarlas de manera ligera”, ha señalado en la Cámara vasca la parlamentaria Itziar Murua, que ha interpelado al consejero Javier Hurtado sobre los retrasos en la aplicación de este impuesto. De entrada, una de las enmiendas presentadas va encaminada a que quede especificado el impacto que genera la actividad turística en los alquileres de vivienda. En este sentido, piden también que el pago de este impuesto en las viviendas de uso turístico se iguale con los hoteles de cinco estrellas. También plantean modificar las horquilla de pagos al alza sobre todo para los cruceros que los equipara también con los hoteles de máxima categoría.

EH Bildu propone eliminar el límite de máximo de cinco días sobre los que se paga el impuesto, porque si argumenta que los costes que genera el turismo están directamente relacionados con la duración de la estancia, la “lógica es que un día más, se paga”, ha señalado Murua. Además, introduce cambios para los ayuntamientos puedan acceder a la información de los alojamientos de manera fiable y segura, y establecen que se pueda poner a disposición de las administraciones municipales “la información que los establecimientos de alojamiento deban remitir de acuerdo con la normativa aplicable en materia de seguridad pública”. En la misma línea de facilitar el trabajo a los ayuntamientos introduce el compromiso de la Diputación Foral de Gipuzkoa de que “poner a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos adecuados, mediante la creación de un sistema eficaz para la recogida fiable de la información y el cumplimiento de sus obligaciones”.

EH Bildu propone también que la evaluación del impacto del impuesto se lleve a cabo mediante una comisión de evaluación constituida por las tres Haciendas forales y por Eudel.  Por otra parte, propone que se modifique la norma cuando se defina o desarrolle el concepto e intensidad turística en el marco de la normativa turística de Euskadi.

PP: adelantar la fecha

En lo que se refiere a los 'populares', las enmiendas presentadas introducen la citada permitiendo a los ayuntamientos la entrada en vigor antes del 1 de enero de 2027, si tienen aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada. Consideran que de esta forma se permite “una implantación progresiva y flexible del impuesto respetando la autonomía municipal”. Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos puedan “establecer bonificaciones sobre la cuota tributaria de hasta el cien por cien, en función de las características del municipio, del volumen de plazas alojativas, de la tipología de los establecimientos o de otras circunstancias de interés público debidamente justificadas”. La norma actual prevé bonificaciones de hasta el 100% sólo para los municipios con 25 o menos plazas alojativas. En la misma línea solicitan que “las bonificaciones previstas en este artículo podrán dar lugar a una cuota tributaria efectiva nula, en los términos que establezca la correspondiente ordenanza fiscal”. Es decir, que se permita que “en la práctica y con total seguridad jurídica, un ayuntamiento apruebe y aplique el impuesto, pero con un impacto económico cero para el contribuyente si así lo decide”. También pide que se pueda eximir del impuesto a alojamientos rurales y de pequeña escala, adaptando la carga fiscal a la realidad de cada municipio.

Por último, desde el PP, se establece sobre el destino de la recaudación que los ayuntamientos establecerán en la ordenanza fiscal que desarrolle el Impuesto sobre Estancias Turísticas que “el ingreso generado se destine a partidas presupuestarias de mantenimiento urbano, seguridad, mejora de infraestructuras locales, limpieza, promoción de un turismo más sostenible y conservación del patrimonio histórico y cultural o cualquier otro siempre y cuando dichos recursos no se empleen para la creación de ningún tipo de sociedad ni para el funcionamiento administrativo de empresas públicas de turismo.”

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

Más Madrid ha presentado este martes una batería de medidas centradas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de volverlo “progresivo” y tratar de atajar la crisis de vivienda. Se trata de una Proposición de Ley registrada en el Congreso que tiene tres ejes: por un lado aumentar el IBI según el valor catastral del inmueble -con énfasis en el 10% más caro-, incrementarlo para aquellos que tengan más de cinco viviendas en la misma ciudad y subirlo a los fondos de inversión, sociedades y empresas.

Así lo han planteado en declaraciones a los medios de comunicación la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Maestre ha apuntado que Más Madrid mira a ciudades progresistas como Nueva York, cuyo alcalde Zohran Mamdani acaba de aplicar una subida de impuestos inmobiliarios a los más ricos, donde se aborda la crisis de la vivienda con la mirada puesta en “hacerle la vida más fácil a las familias trabajadoras y un poco más difícil a lo que tienen más”.

Su iniciativa busca que los municipios puedan aplicar el “principio básico de la justicia fiscal, que es que quien más tiene, pague más, quien más tiene contribuya más al bienestar del conjunto”. “Garantizar a cada familia de esta ciudad tener un techo digno sobre su cabeza, cosa que ahora evidentemente no se está garantizando”, ha asegurado.

Más impuestos a partir de la quinta vivienda, al 10% más rico y a empresas

Maestre han explicado que cada “pata” de su propuesta trata de responder a un eje de la problemática. El primero es intentar evitar la “acaparación” con un aumento tributario Para ello, plantean que los consistorios puedan subir las impuestos a quienes tienen más de cuatro viviendas en la misma ciudad, lo que considera la formación que evidencia que no son “para vivir, sino para acapar y para especular”.

El segundo eje es gravar “de forma clara las viviendas de lujo”, con una propuesta que plantea mantener esta tasa al 90% de los recibos de la capital, pero incrementárselo al 10%, con mayor énfasis al 1%. Estiman que con ello podrían recaudarse 100 millones de euros más y destinarlos a servicios que “necesita la gente corriente”. Aunque no han detallado dónde estaría ese límite del 10%, han hecho referencias a que podrían ser inmuebles por encima del millón de euros o de los dos millones.

La tercera línea de trabajo sería la que afecta a los fondos de inversión o a aquellos que tributan sus viviendas a través de “empresas interpuestas”. “Hay que acabar con esa ficción de que las empresas son las que tienen las casas, son las personas. Las viviendas son para vivir y por lo tanto queremos subirle los impuestos a esa ficción que permite pagar menos impuestos”, ha trasladado.

“El objetivo es claro, pinchar la burbuja inmobiliaria, pinchar la rentabilidad de la vivienda como un activo, devolver la vivienda al lugar del que nunca tuvo que salir, que es un derecho fundamental, y trabajar para que las grandes mayorías en esta ciudad vivan mejor”, ha insistido Maestre.

Por su parte, Bergerot ha indicado que el acaparamiento de inmuebles incide “directamente” en la subida del precio de las casas y en que los inquilinos tengan “vidas peores”. “Normalmente la mayoría, además, de esos inquilinos son trabajadores que se matan a currar para hacer más ricos a los que lo tienen todo”, ha lanzado.

Ha explicado que esta iniciativa en el Congreso forma parte de la ofensiva en pos de atajar la crisis de vivienda por parte de la formación regionalista. Además de en el Cámara Baja también se presentará en forma de moción en todos los ayuntamientos de la región para que los partidos se tengan que “retratar”. “Si están a favor precisamente de facilitarle la vida a la gente trabajadora, a las familias madrileñas, o quieren seguir del lado de los especuladores”, ha presentado Bergerot como opciones ante esta iniciativa de Más Madrid.

Por último, al ser preguntadas por si han acordado ya esta propuesta con su socio de coalición (PSOE) y con la mayoría de la investidura necesaria para sacarlo adelante --que pasa por el 'sí' de Junts--, han afirmado que en este momento empezarán “las conversaciones”. “Pero si todo el mundo está de acuerdo en que la vivienda es un problema y lo es porque una gente tiene mucha y mucha gente tiene poca, pues esta es una fantástica forma de empezar a ponerle límite a eso”, ha defendido Rita Maestre.

La rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pactada por PP y Vox en su acuerdo de Gobierno tendrá un impacto económico de ocho millones de euros cada año de la legislatura, lo que supondrá 32 millones de euros cuando esta finalice, según ha explicado este martes la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano.

El pacto contempla que en cada año de la legislatura se aplique una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, de modo que se llegue al 1% en 2029 para quedarse en una tributación del 7% y el 9%, respectivamente. Esa rebaja ya se incluirá en el proyecto de presupuestos que se llevará a la Asamblea en las próximas semanas.

El acuerdo también incluye una reducción al 0,5% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para las escrituras públicas que documenten la adquisición de viviendas habituales, siempre que el valor de la vivienda no supere los 200.000 euros, a favor de contribuyentes que no superen los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en tributación conjunta. Esto tendrá un impacto de 2,5 millones de euros, según la responsable de Hacienda.

A esto habría que sumar la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo III de parentesco (como de tíos a sobrinos) y la rebaja del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos y límites de renta, también incluidas en el acuerdo de PP y Vox.

Manzano ha dicho que estas y otras mejoras tributarias estarán incluidas en los presupuestos autonómicos para 2026, que estarán preparados “dentro de muy poco”. Hay que recordar que los presupuestos presentados por María Guardiola a finales de 2025, y que no salieron adelante, lo que motivó la convocatoria de elecciones autonómicas, incluía la bonificación de tasas y precios públicos, una deducción por gastos veterinarios y la rebaja del 75% del canon de saneamiento, con un impacto total de más de 20 millones de euros.

Lo que no incluirán las cuentas regionales este ejercicio es la rebaja del 30% de la ecotasa que paga la central nuclear de Almaraz. Esta reducción de la carga fiscal que beneficia a las eléctricas se deja para 2027, ya la Hacienda extremeña no puede asumir este año ese recorte de ingresos, según la consejera. El pacto de PP y Vox recoge una rebaja de la ecotasa del 30% anual hasta su total desaparición en 2029, lo que supondrá 90 millones de euros menos para las arcas autonómicas.

Pese a esta minoración de ingresos, Elena Manzano ha recordado que en los dos años y medio de legislatura las rebajas fiscales han supuesto 125 millones, mientras que la recaudación ha subido en más de 230 millones.

La prioridad nacional del pacto de PP y Vox

Por otro lado, la también portavoz del Ejecutivo extremeño en funciones ha afirmado que el concepto de prioridad nacional que figura en el pacto de gobierno entre PP y Vox lo que hace es valorar la vinculación territorial y el arraigo, y ha instado a los ciudadanos, y a los presidentes autonómicos, a interpretar este acuerdo “bajo los principios de legalidad, igualdad y justicia”.

Manzano ha defendido que el pacto alcanzado con Vox se desarrollará con el “máximo respeto” a la Constitución española, al principio de legalidad y al resto del ordenamiento jurídico. En concreto, en lo referido a la denominada “prioridad nacional” que figura en varias medidas del acuerdo, como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, ha argumentado que lo que se busca es que la población residente en Extremadura permanezca en ella.

Respecto a las declaraciones del presidente andaluz en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, en las que ha puesto el acuerdo como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía, ya que aspira a gobernar con mayoría absoluta, Manzano ha expresado su “máximo respeto institucional a cualquier consideración” y le ha deseado “la mayor de las suertes en ese proceso”.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 vuelve a situar a los contribuyentes ante un escenario en el que la revisión del borrador resulta determinante. Aunque la Agencia Tributaria facilita una base de datos cada vez más completa, no todos los beneficios fiscales se incorporan automáticamente. Esto obliga a comprobar con detalle cada apartado de la declaración para evitar errores y, sobre todo, para no dejar fuera deducciones que pueden reducir de forma significativa la cuota final.

En este contexto, el sistema fiscal mantiene una estructura compleja en la que conviven incentivos estatales con otros autonómicos, además de deducciones sujetas a requisitos muy concretos. La falta de información clara o la dificultad para interpretar la normativa provoca que muchos declarantes no apliquen correctamente todas las ventajas disponibles. Por ello, identificar las deducciones menos conocidas o que suelen pasar desapercibidas se convierte en un paso clave para ajustar la declaración a la situación real de cada contribuyente.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

El impuesto sobre la renta incluye un incentivo para quienes aportan capital a empresas de nueva creación o con pocos años de actividad. Esta medida permite aplicar una deducción en la cuota estatal por las cantidades invertidas en la suscripción de acciones o participaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Desde 2023, el porcentaje aplicable alcanza el 50% de la inversión realizada, con un límite máximo de base de 100.000 euros anuales. Esto significa que el beneficio fiscal se calcula sobre el valor de adquisición de las participaciones, dentro de ese tope. No obstante, la deducción exige condiciones como mantener la inversión durante un periodo determinado o que la empresa cumpla criterios específicos.

Otro aspecto relevante es que este incentivo no se puede combinar con deducciones autonómicas similares sobre las mismas cantidades. Esta incompatibilidad obliga a elegir qué beneficio aplicar en cada caso. La falta de conocimiento de estas condiciones hace que muchos contribuyentes no incluyan esta deducción, pese a haber realizado inversiones que podrían dar derecho a ella.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas cuentan con varias deducciones específicas en el IRPF. Estas medidas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan la demanda energética o mejoren el rendimiento del inmueble, y se han configurado como incentivos temporales.

Existen tres modalidades diferenciadas. La primera permite deducir un 20% del gasto cuando las obras logran reducir la demanda de calefacción o refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros. La segunda, orientada a disminuir el consumo de energía primaria no renovable, eleva el porcentaje hasta el 40%, con un límite de 7.500 euros. La tercera modalidad, centrada en la rehabilitación energética de edificios residenciales, alcanza el 60%, también con una base máxima de 5.000 euros.

Para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con certificados de eficiencia energética que acrediten la mejora obtenida. Este requisito técnico, junto con los límites y condiciones establecidos, explica que algunos contribuyentes no lleguen a aplicarlas, incluso cuando han realizado obras que podrían encajar en estos supuestos.

Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

La normativa también contempla incentivos fiscales para fomentar la movilidad eléctrica. En concreto, se han establecido deducciones temporales que permiten reducir la cuota por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga.

En el caso de la adquisición de un vehículo, el contribuyente puede deducirse el 15% del importe, siempre que se respeten los límites fijados. La base máxima se sitúa en 20.000 euros, incluyendo el precio, los gastos y los impuestos asociados, y el coste del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de aplicar el IVA.

Por otro lado, también se incluyen las inversiones destinadas a instalar infraestructuras de recarga en viviendas. Ambas medidas están sujetas a plazos concretos y a requisitos específicos, lo que hace necesario revisar cada caso. El desconocimiento de estas condiciones provoca que no siempre se reflejen en la declaración.

Deducciones por donativos

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los beneficios fiscales más extendidos, aunque no todos los contribuyentes lo aplican correctamente. Este incentivo permite reducir la cuota en función de las cantidades aportadas a organizaciones acogidas al régimen fiscal correspondiente.

En términos generales, los primeros 250 euros donados permiten aplicar una deducción del 80%. A partir de esa cantidad, el porcentaje se reduce al 40%, siempre dentro de los límites establecidos. Además, el total deducible no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para beneficiarse de esta deducción es necesario contar con el certificado emitido por la entidad receptora. La falta de este documento o el desconocimiento de los porcentajes aplicables hace que algunas aportaciones no se incluyan en la declaración, pese a su impacto directo en el resultado.

Sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, permiten reducir la base imponible del impuesto, lo que puede traducirse en un ahorro fiscal relevante. Este mecanismo no actúa como una deducción directa, pero sí disminuye la cantidad sobre la que se calcula el IRPF.

En el caso de los planes individuales, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar una reducción adicional por aportaciones a planes de empleo, que puede alcanzar hasta 8.500 euros.

Para trabajadores autónomos, el límite adicional es menor, con un máximo de 4.250 euros en determinados supuestos. A pesar de estos incentivos, no todos los contribuyentes aprovechan el margen disponible, lo que reduce el efecto fiscal del ahorro destinado a la jubilación.

Deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

En el ámbito de la vivienda existen dos deducciones principales que siguen generando dudas. Por un lado, la deducción por adquisición de vivienda habitual se mantiene únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y continúan pagando el préstamo. Este régimen transitorio permite seguir aplicando el beneficio bajo las condiciones establecidas.

Por otro lado, la deducción por alquiler a nivel estatal se limita a contratos anteriores a 2015 y está sujeta a determinados niveles de renta. En estos casos, se puede deducir un porcentaje de las cantidades pagadas, siempre que se cumplan los requisitos de base imponible y límites fijados.

Además, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias deducciones en materia de vivienda, lo que amplía las posibilidades de aplicación. A esto se añade que los propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda habitual pueden aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes elevados si se cumplen determinadas condiciones.

Las políticas públicas de redistribución a través de impuestos y prestaciones permitieron reducir en un 31,9% la desigualdad de la renta entre los hogares españoles en 2023, una corrección algo inferior a la registrada en 2022 (33,8%).

Fedea ha publicado este lunes la décima edición de su Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, que relaciona la mayor parte de esta redistribución de la renta con el efecto de las prestaciones monetarias (72,4%, sobre todo por las pensiones) y el resto, con prestaciones en especie (23,8%) e impuestos (3,7%).

De acuerdo a este informe, la renta de mercado ampliada -que incluye, además de las rentas salariales y de capital, transferencias, planes de pensiones e indemnizaciones por despido- aumentó un 8,7% en 2023.

Una vez incorporado el efecto de las prestaciones monetarias -que crecieron un 6,4%, impulsadas por el aumento de las pensiones de jubilación o invalidez pero ya sin la bonificación a los carburantes-, la renta bruta media de los hogares aumentó un 8,2% en 2023.

El sistema fiscal solo corrige un 1,5% la desigualdad

Fedea observa un ligero aumento de la desigualdad de la renta de mercado y una menor corrección por parte de las prestaciones monetarias (del 23,1%, frente al 23,9% de 2023), lo que lleva a un aumento del 1,71% en la desigualdad de la renta bruta (el índice de Gini se situó en 0,4333).

Por lo que respecta al impacto del sistema fiscal, la renta disponible (después de impuestos) aumentó un 9,1% en 2023, pero el efecto redistributivo de los impuestos fue inferior (1,55%, frente al 2,65 % de 2022), lo que elevó la desigualdad de la renta disponible en un 2,87%.

La renta disponible extendida -que suma a la renta disponible las prestaciones en especie percibidas en forma de sanidad y educación- aumentó un 8,4%, ya que estos servicios contribuyeron a reducir la desigualdad en la distribución de la renta en un 10%.

De esta manera, el conjunto de la intervención pública redujo en un 31,9% la desigualdad de la renta: el 40 % de hogares de mayor renta fue contribuyente neto -sus aportaciones en impuestos fueron inferiores a las prestaciones recibidas- y el 60 % de menor renta, beneficiarios netos.

A la sombra del encuentro entre los presidentes de Brasil y de España, Lula y Pedro Sánchez, el socialismo europeo celebra en Barcelona dos jornadas de mesas redondas con líderes políticos y académicos que intentan marcar una agenda común frente al trumpismo del odio y el neoliberalismo. En la Fira de Barcelona, el mismo escenario que acoge grandes cumbres empresariales de la ciudad como el Mobile, ministros del Gobierno (ninguno de Sumar, todos del PSOE) y voces progresistas de todo el mundo han marcado una dirección difícil de seguir cuando están en el ejecutivo: subir los impuestos a los megarricos para mejorar el estado del bienestar, intervenir el mercado de la vivienda, controlar la voracidad de la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas y apostar por las renovables ante la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Algunos de estos asuntos pasan por encima en el memorando acordado por Lula y Sánchez, que ya se mostraron de acuerdo en gravar a las grandes fortunas con un 2% durante la presidencia brasileña del G20 en el 2024, de forma que se conseguirían 250.000 millones de euros. Este acuerdo, por supuesto, sigue sin plasmarse en un gran acuerdo mundial, pero sobre el papel todos los grandes pensadores y políticos progresistas están de acuerdo. El asunto fiscal a las fortunas quedó fuera del memorando, que se centró en asuntos económicos más bilaterales como la cooperación en transición energética ante la crisis del petróleo por la guerra de Irán o garantizar la cadena de suministro de los minerales críticos, necesarios para esta transición y para la electrónica.

Hace tan solo un día, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo viral un vídeo en el que anunciaba que impondrá un nuevo impuesto a las segundas residencias de más de 5 millones de dólares. En los últimos meses, el economista francés Gabriel Zucman ha vuelto a popularizar la idea del impuesto a los megarricos con la publicación de sus últimos libros La riqueza oculta de las naciones: investigación sobre los paraísos fiscales y de El triunfo de la injusticia: cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacerles pagar.

Boric con gafas de sol

En la conferencia del economista en la cumbre de Barcelona, el diálogo entre realpolitik y academia cobró cuerpo cuando apareció entre el público y con gafas de sol a modo incógnito un exmandatario sudamericano. “Hola, soy Gabriel Boric, hasta hace unos meses presidente de Chile”, irrumpió, y preguntó cómo delimitar el patrimonio exacto de los megarricos y si debería ser un impuesto destinado a un país o internacional.

“Los analistas financieros deben determinar el valor patrimonial, a partir de los beneficios de las cotizadas, la investigación de las no cotizadas y las tasaciones que hacen los seguros de bienes como yates”, respondió Zucman, al tiempo que expresó que se puede “a la vez” imponer gravámenes internos para beneficios de un país y “un fondo global para ayudar a la educación y la sanidad en países en vías de desarrollo o la transición energética”.

Un superrico, defendió Zucman, es alguien que tiene más de 100 millones de dólares en riqueza. “La riqueza extrema es real, pero cuentan el cuento de que es virtual”, denunció, y puso como ejemplo el día en que Elon Musk, “que decía que no tenía efectivo, encontró 44.000 millones de dólares para comprar Twitter, convertirla en una máquina de propaganda y después llegar a ser ministro”.

“La Unión Europea requiere una unanimidad de los 27 para aprobar este tipo de impuestos que jamás podrá existir. Pero cualquier país solo podría aplicar este impuesto, con el único riesgo de la migración de bienes”, dijo, y detalló que hay fórmulas para que los millonarios que se lleven fortunas sigan pagando impuestos en el país de origen. “Si uno es ciudadano de los Estados Unidos, sigue pagando impuestos allí toda la vida. Un francés se va a Suiza y deja de pagar. Esto no tiene ningún sentido, al menos deberían seguir pagando unos años, diez o quince, en Francia”, dijo, con un ejemplo que podría servir para los españoles que se llevan sus fortunas a Andorra.

En España, recientemente el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, propuso un impuesto de estas características, aunque ya existe en España un impuesto estatal de solidaridad a grandes fortunas desde el año 2022, que grava a partir del 1,7% a fortunas de entre 3 y 5,3 millones, un 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y un 3,5% a los que tienen más de esta cantidad. El impuesto a los megarricos se sumaría en las fortunas superiores a los 100 millones de euros.

El impuesto a los megarricos fue también motivo de debate en una de las primeras mesas de la jornada, en la que el economista Tommaso Faccio, experto en impuestos, recordó que Donald Trump propuso en 1999 un impuesto más ambicioso en términos cuantitativos a las grandes fortunas para acabar con la deuda pública estadounidense. “Para acabar con la deuda de Estados Unidos, hacen falta 39 billones de dólares y para acabar con la pobreza extrema, 10 veces menos, 318.000 millones”, detalló.

Faccio detalló que en los últimos 30 años, el 1% más rico ha visto aumentar su riqueza un 115% mientras los menos ricos lo hacían tan solo en un 65%, agrandando la desigualdad y ha querido desmentir un mito de la derecha contra las izquierdas: “No queremos acabar con la riqueza, sino con la pobreza”. “El 10% más rico concentra el 80% de la riqueza”, aportó la secretaria de política económica del Ministerio de Hacienda brasileña Deborah Freire. El exprimer ministro de Suecia, Stefan Lofven, también se mostró partícipe de gravar a las grandes fortunas.

Vivienda, IA y transición energética

Más allá del impuesto a las fortunas, otros temas centrales de la agenda económica como la vivienda, la IA o la transición energética han sido debatidas en el foro progresista con visiones más bien coincidentes. En la mesa sobre vivienda, sin presencia española, el más contundente fue el alcalde de Atenas, Haris Doukas, quien defendió la receta de “controlar precios, restringir la vivienda de corto plazo y turística, proteger contra desahucios y promover la inversión en vivienda social y asequible”, sin que nadie le rebatiera.

El líder de Vooruit en Bélgica, Conner Rousseau, diputado de 33 años, subrayó el hecho de que “hace unos años, un trabajador de la construcción y una limpiadora eran pobres, pero podían pagar una vivienda” y hoy en día “con dos carreras no puedes pagarte una”. Luca Menesini, presidente del Partido Europeo Socialista en el Comité Europeo de las Regiones, se mostró contundente con la idea de que “hay que intervenir el mercado ya”. “Solo eso no nos hará ganar las elecciones en Europa, pero es muy importante”, ha rematado.

En la mesa sobre Inteligencia Artificial, el investigador alemán Christian Kellerman, del German Research Centre for Artificial Intelligence, reconoció que todavía “no está claro” cómo será el impacto de la IA en el mundo laboral, entre visiones que muestran un “renacimiento de las clases medias”, una “canibalización de las clases trabajadoras” o un posible aumento del desempleo. Ante esta incertidumbre, defendió que “la socialdemocracia tiene un campo para crear políticas de rentas”. 

El eurodiputado italiano del Partido Democrático Brando Benifei defendió que las regulaciones “tienen que ser claras y evitar la discriminación” y combatir la visión de “unas empresas que quieren que no exista la regulación o la participación de sindicatos”. 

En el plano energético e industrial, las voces de izquierda coincidieron en defender la importancia de la transición ecológica para que Europa combata su dependencia de los combustibles fósiles, crítica en plena guerra de Irán, y, de paso, bajen los precios y se ayude a combatir el cambio climático.

La economista Mariana Mazzucato, una de las grandes expertas presentes, defendió que la sociedad “ha fallado” en los tipos de economía que ha permitido. “Las finanzas están en llamas y no tiene por qué ser así”, ha defendido, en una crítica al hecho de que vivamos “una sociedad en que los beneficios no son reinvertidos” en la mejora de las condiciones de vida. “La energía y la vivienda no pueden ser un juego de apuestas que hunden a miles de personas en la miseria”, sentenció.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado esta mañana que la liquidación del presupuesto de 2025 certifica que “Conrado Escobar bate récord de recaudación mientras incumple su promesa de bajar los impuestos y frena inversiones en los barrios”. 

En rueda de prensa, el edil riojanista se ha referido a los datos del informe de Intervención, entre los que destacan una recaudación total de 165.670.458,61 euros, la cifra más alta en lo que va de mandato. “La única realidad es que se ha confirmado el engaño fiscal del Gobierno del PP, que prometió bajar los impuestos un 10% a las familias y hoy vemos que los ingresos corrientes han subido un 8% desde 2023”, ha asegurado.

Según ha detallado Antoñanzas, el aumento de los ingresos ha sido significativo por el “basurazo”, que ha permitido incrementar el saldo en 2,18 millones de euros respecto al 2024. También el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pese a la bajada anunciada ha generado 140.000 euros más de ingresos, así como el Impuesto sobre Vehículos, con 114.800 euros adicionales.  

“El señor Conrado Escobar recauda más dinero a costa del bolsillo de los ciudadanos, pero no ha trasladado ese esfuerzo a la calle. Tenemos servicios más caros, calles más sucias y peor mantenidas y barrios abandonados”, ha criticado. 

En este sentido, se ha referido a la ejecución del gasto, “claramente insuficiente, especialmente en inversiones”. “Es muy preocupante –ha considerado- que el Gobierno solo haya realizado un tercio de lo previsto, dejando proyectos paralizados y lastrando la transformación de la ciudad, lo que demuestra la falta de ambición del alcalde con Logroño”. 

A ello, el edil riojanista ha sumado que “solo se haya ingresado el 22% de lo presupuestado por venta de suelo, cuando es fundamental para financiar inversiones”. “No solo han sido incapaces de ingresar ocho de cada diez euros prometidos, sino que, de los escasos 3,9 millones recaudados han tenido que devolver 1,2 millones de euros a Bosonit. Dinero que se ha quitado de inversiones para pagar a una empresa que ha incumplido con Logroño”, ha lamentado.

“Recortes en los barrios”

Dentro de este contexto, Antoñanzas ha recordado que el presupuesto de 2025 entró en vigor con un mes de retraso y que se aprobó con un desnivel inicial de 8 millones de euros. “La falta de planificación y mala gestión del PP derivó en un Plan de Gestión Municipal con recortes que afectaron a áreas tan sensibles como servicios sociales, el mantenimiento urbano o las prestaciones públicas”, ha censurado. 

Por último, ha advertido de que la liquidación refleja un incumplimiento de la regla de gasto, lo que obligará al Ayuntamiento a aprobar nuevamente un plan económico-financiero. “El Gobierno debe explicar a la ciudadanía qué ajustes realizará y cómo afectarán a la calidad de los servicios públicos y a la presión fiscal”, ha afirmado.

“Estamos ante un Gobierno que recauda más que nunca, invierte menos que nunca y además obliga a los logroñeses a pagar las consecuencias de su mala gestión económica”, ha finalizado.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se desarrolla, como cada año, con un calendario organizado en varias fases que permiten a los contribuyentes elegir cómo presentar su declaración. El proceso arranca con la vía telemática, que concentra una parte importante de las gestiones, pero a medida que avanza el calendario se habilitan otros canales de asistencia. Entre ellos, la atención telefónica vuelve a ocupar un lugar relevante para quienes necesitan apoyo durante el trámite o prefieren no gestionarlo por su cuenta.

En este contexto, la Agencia Tributaria mantiene el servicio conocido como “Le Llamamos”, un sistema que permite confeccionar la declaración mediante una llamada con personal técnico. Este modelo requiere una planificación previa por parte del contribuyente, ya que solo se puede utilizar con cita previa y dentro de unos plazos concretos. La gestión de este servicio se realiza principalmente a través de la sede electrónica oficial, donde también se detallan los requisitos y condiciones para acceder a esta modalidad dentro de la campaña.

Cuándo se puede solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El servicio telefónico de la Agencia Tributaria tiene su propio calendario dentro de la campaña. Este sistema estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza la campaña de la renta por cualquier vía. No obstante, el acceso a este servicio no es inmediato desde su inicio.

Para poder utilizarlo, es obligatorio reservar cita previa dentro de un plazo concreto. La solicitud podrá realizarse desde el 29 de abril y permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Este margen establece el periodo en el que los contribuyentes pueden elegir día y hora para recibir la llamada de la Agencia Tributaria.

La diferencia entre el calendario de solicitud y el de atención implica que la cita debe pedirse con antelación. El sistema asigna las franjas disponibles en función de la demanda, por lo que la disponibilidad de horarios puede variar a medida que avanza la campaña. Esto hace que quienes estén interesados en este canal deban anticiparse para encontrar fechas que se ajusten a su disponibilidad.

El cierre definitivo de la campaña está previsto para el 30 de junio, lo que marca también el final del servicio telefónico. A partir de ese momento, ya no será posible presentar la declaración ni solicitar asistencia por este medio. Este límite afecta a todos los canales, incluidos el presencial y el telemático.

Dentro del mismo calendario, la Agencia Tributaria también contempla otras modalidades de atención. La asistencia en oficinas, por ejemplo, se activa más tarde: las citas pueden solicitarse desde el 29 de mayo y la atención presencial se presta entre el 1 y el 30 de junio. Aunque esta opción sigue disponible, el servicio telefónico se mantiene como una alternativa intermedia entre la gestión autónoma por internet y la atención en oficinas.

Cómo solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El proceso para reservar cita previa se gestiona principalmente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el apartado habilitado para este trámite, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE, Cl@ve, el número de referencia, el DNI electrónico o el certificado electrónico. También existe la posibilidad de realizar la solicitud por teléfono a través de los números habilitados para la campaña.

Una vez dentro del sistema, es necesario seleccionar el servicio correspondiente a la campaña de la renta y elegir la opción de confección de la declaración por vía telefónica. A continuación, el sistema muestra un calendario con las fechas disponibles, entre las que el usuario puede escoger la que mejor se ajuste a su situación.

Durante la reserva, se solicita un número de teléfono de contacto. Este dato es esencial, ya que será el canal utilizado por la Agencia Tributaria para realizar la llamada en el día y la franja horaria elegidos. La llamada se efectuará desde el número 913 335 333, por lo que se recomienda estar disponible en ese intervalo horario previamente seleccionado.

La gestión de la cita no termina con la reserva inicial. El sistema permite modificar o cancelar la cita por los mismos canales utilizados para solicitarla. En caso de no poder atender la llamada, la Agencia Tributaria indica que se debe anular la cita con al menos 24 horas de antelación. Si no se realiza este trámite, será necesario solicitar una nueva dentro del periodo disponible, siempre que queden huecos libres.

Documentación necesaria para presentar la declaración por teléfono

Para que la atención telefónica se desarrolle correctamente, es imprescindible preparar previamente toda la documentación necesaria. La Agencia Tributaria señala que deben estar presentes las personas titulares de la declaración en el momento de la llamada, ya que será necesario verificar la identidad. En caso de utilizar el sistema Cl@ve, se debe disponer del teléfono asociado al registro; si no, será necesario contar con el número de referencia.

Entre la documentación básica exigida se encuentran el DNI, así como copia del de otros contribuyentes incluidos en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles. Esta información es imprescindible para completar el trámite, y su ausencia impide que se pueda elaborar la declaración durante la llamada.

Además, la Agencia Tributaria indica que deben prepararse documentos adicionales en caso de haber percibido determinadas rentas que no figuren en los datos fiscales. Esto incluye ingresos por trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas, operaciones con inmuebles o activos financieros, así como posibles deducciones autonómicas u otros beneficios fiscales. La falta de estos datos puede impedir la correcta elaboración de la declaración.

El servicio telefónico funciona en tiempo real, lo que significa que la declaración se confecciona durante la llamada con la información disponible en ese momento. Por este motivo, la preparación previa es un requisito clave para evitar incidencias y completar el proceso en una sola gestión.

La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, ya está en marcha desde el pasado 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio. Como ocurre cada año, este proceso vuelve a generar dudas entre los contribuyentes, especialmente en torno a qué gastos pueden incluirse en la declaración para intentar mejorar el resultado final. Más allá de los conceptos habituales, existen determinados desembolsos cotidianos que pueden tener encaje en el IRPF, aunque solo en situaciones muy concretas.

El momento de presentar la declaración suele venir acompañado de una revisión detallada de gastos con la intención de reducir la factura fiscal. En ese contexto, conceptos como el seguro del hogar, del coche o de salud aparecen con frecuencia entre las preguntas más habituales. Sin embargo, la normativa no permite su aplicación de forma generalizada y establece límites claros sobre quién puede incluirlos y en qué condiciones, lo que deja fuera a buena parte de los contribuyentes.

Además, cada campaña incorpora matices que obligan a prestar atención a los requisitos vigentes en cada ejercicio. La relación entre estos seguros y la actividad económica o determinadas situaciones personales, es lo que marca la diferencia a la hora de poder incluirlos en la declaración. Por eso, entender en qué casos se pueden aplicar y bajo qué condiciones resulta clave para evitar errores y ajustar correctamente la información presentada ante Hacienda.

Seguros de vivienda

El seguro del hogar solo tiene impacto en la declaración en situaciones muy concretas. Uno de los principales casos es el de la deducción por inversión en vivienda habitual, que se mantiene en vigor de forma transitoria para contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. En estos supuestos, parte del seguro puede integrarse dentro del límite conjunto de la deducción, que alcanza un máximo anual de 1.356 euros.

Para que esta posibilidad se aplique, deben cumplirse varias condiciones al mismo tiempo: que la vivienda sea la residencia habitual, que la hipoteca esté vinculada a una compra anterior a 2013 y que el seguro esté asociado al préstamo hipotecario desde el momento de la firma o ligado a operaciones de construcción o adecuación del inmueble, siempre dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Fuera de este régimen, el seguro del hogar no tiene impacto para la mayoría de contribuyentes. Sin embargo, sí puede tenerlo en otros escenarios. En el caso de autónomos que trabajan desde su vivienda, es posible deducir una parte del seguro, pero únicamente en proporción a la superficie del inmueble utilizada para la actividad profesional.

También se contempla su inclusión cuando la vivienda está destinada al alquiler. En ese caso, el seguro se considera un gasto relacionado con la obtención de ingresos por arrendamiento, por lo que puede incorporarse como parte de los costes deducibles asociados al inmueble.

Seguros del coche

El seguro del vehículo está condicionado de forma estricta a su uso profesional. En términos generales, no es deducible para trabajadores asalariados, ya que se considera un gasto de carácter personal. La excepción se encuentra en los autónomos que utilizan el coche como parte directa de su actividad económica.

En estos casos, el vehículo debe estar afecto a la actividad, es decir, debe utilizarse de forma necesaria para el desarrollo del trabajo. Cuando se cumple esta condición, el seguro puede deducirse al 100%, siempre que el coche esté registrado como elemento vinculado a la actividad profesional.

Esta afectación no solo permite incluir el seguro, sino también otros gastos asociados como reparaciones, mantenimiento, peajes o ITV, siempre dentro del mismo criterio de uso profesional. Además, esta deducción se admite en actividades en las que el vehículo es imprescindible, como el transporte de mercancías, el traslado de clientes o el trabajo de agentes comerciales, entre otros supuestos.

Si el coche no está claramente vinculado a la actividad económica o tiene un uso mixto sin justificación suficiente, el seguro no puede incluirse en la declaración y se mantiene como un gasto personal sin deducción.

Seguros de salud

El seguro de salud tiene un tratamiento diferenciado respecto al resto de pólizas. En términos generales, no es deducible para trabajadores por cuenta ajena, salvo cuando forma parte de sistemas de retribución flexible gestionados a través de la empresa. En estos casos, la contratación debe realizarse mediante la compañía y no de forma individual por el trabajador.

Para los autónomos, en cambio, sí existe la posibilidad de incluir el seguro médico como gasto deducible, siempre que esté vinculado a su actividad y correctamente justificado mediante facturas. Esta deducción tiene además límites concretos: hasta 500 euros por persona asegurada, incluyendo al propio autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar.

En situaciones de discapacidad, este límite puede ampliarse hasta los 1.500 euros. En todos los casos, el requisito principal es que el seguro esté correctamente integrado en la actividad económica o en el sistema de retribución correspondiente, ya que no se admite como gasto personal general.

Cada año, al hacer la Declaración de la Renta, los contribuyentes deben revisar con detalle la información vinculada a sus inmuebles, un apartado que incluye tanto la vivienda habitual como segundas residencias o propiedades en alquiler. En este procedimiento, la Agencia Tributaria solicita una serie de datos que permiten identificar correctamente cada inmueble, y aunque en muchos casos parte de esa información ya aparece incorporada en el borrador, no siempre consta de forma completa o actualizada.

Dentro de esos datos, la referencia catastral es uno de los elementos que más dudas genera. Se trata de un identificador oficial que permite asociar cada inmueble a su registro correspondiente dentro del Catastro. Su función es facilitar la localización exacta de una vivienda o propiedad dentro del sistema administrativo, y su presencia se ha vuelto habitual en trámites fiscales, especialmente en la Declaración de la Renta y en otros procedimientos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

El incremento del uso de plataformas digitales ha simplificado la consulta de esta información, pero todavía es frecuente que los contribuyentes tengan que recurrir a documentos antiguos o a distintos canales para localizarla. En muchos casos, este código ya ha sido utilizado en declaraciones anteriores, aunque no siempre se conserva a mano.

Qué es la referencia catastral y para qué sirve

La referencia catastral es un código alfanumérico formado por 20 caracteres que identifica de manera única cada inmueble registrado en España. Este identificador lo asigna el Catastro, organismo dependiente de la Dirección General del Catastro, y permite diferenciar cada propiedad dentro de su base de datos oficial. No existen dos inmuebles con la misma referencia, lo que convierte este código en un elemento exclusivo para cada vivienda, oficina, garaje, finca o construcción.

Este número funciona como una especie de identificador del inmueble. A través de él, el sistema catastral asocia datos básicos de la propiedad, como su ubicación exacta, su uso, su superficie o determinadas características físicas. En algunos casos también permite consultar información adicional vinculada al inmueble dentro del registro, lo que lo convierte en una pieza habitual en trámites relacionados con la propiedad.

Su uso no se limita a la Declaración de la Renta. La referencia catastral aparece en distintos procedimientos administrativos vinculados a la vivienda, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, operaciones de compraventa, herencias o contratos de alquiler. En todos estos casos, sirve para identificar sin ambigüedades el bien inmueble al que se hace referencia.

En el ámbito del IRPF, su inclusión es obligatoria en determinados casos cuando se declara una vivienda o cuando el sistema lo requiere para completar los datos del inmueble. Si el contribuyente tiene varios bienes, este código permite distinguir cada uno de ellos de forma precisa dentro del formulario.

Cómo consultar la referencia catastral de una vivienda

Existen varias formas de localizar la referencia catastral sin necesidad de iniciar un trámite complejo. Una de las más habituales es revisar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, donde este código suele aparecer reflejado junto a los datos de la vivienda. Este documento es una de las fuentes más directas para acceder a esta información.

Otra vía frecuente es la documentación relacionada con la propiedad. En el caso de viviendas en propiedad, las escrituras de compraventa suelen incluir la referencia catastral dentro de la descripción del inmueble. También puede aparecer en contratos de alquiler, donde se incorpora como parte de los datos identificativos de la vivienda arrendada.

Si no se dispone de estos documentos, la consulta puede realizarse a través de la Sede Electrónica del Catastro. En esta plataforma es posible introducir la dirección del inmueble mediante la opción de búsqueda por calle y número. Una vez localizada la vivienda, el sistema muestra los datos asociados, entre ellos la referencia catastral y otras características básicas del inmueble, como su superficie o su uso. Este método es uno de los más utilizados porque permite acceder directamente a la información sin necesidad de documentación adicional, siempre que se conozca la dirección exacta del inmueble.

Otra alternativa es recurrir a Declaraciones de la Renta de años anteriores. En muchos casos, este dato ya fue incluido en ejercicios previos, por lo que puede recuperarse revisando la documentación presentada en campañas anteriores. Esto resulta útil especialmente cuando no se dispone de otros documentos físicos o digitales.

También es posible consultar la referencia catastral a través de los servicios de atención del Catastro, tanto de forma presencial como telefónica. Este canal se utiliza cuando no es posible localizar el código por medios habituales o cuando existen dudas sobre la correspondencia entre la dirección del inmueble y los datos registrados. En estos casos, suele ser necesario aportar información básica del inmueble para facilitar la búsqueda.

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

En la declaración de la renta, una parte importante del resultado final no depende únicamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Estas pueden establecer deducciones propias dentro del IRPF que, en muchos casos, no se tienen en cuenta, pese a que pueden suponer un ahorro relevante: reducen la cantidad a pagar o incrementan la devolución según el caso. Se trata de un conjunto de beneficios fiscales que se aplican en situaciones muy diversas, especialmente vinculadas a la vivienda, y que abarcan desde el alquiler y la compra hasta la rehabilitación o el apoyo a determinados colectivos como jóvenes o familias.

Para poder acceder a estas ventajas es necesario cumplir un requisito clave: haber tenido la residencia fiscal en una misma comunidad durante la mayor parte del año, lo que en la práctica supone haber permanecido en ese territorio al menos 183 días durante el ejercicio. Solo entonces pueden aplicarse las deducciones autonómicas correspondientes. La campaña de la renta del ejercicio 2025 podrá presentarse entre el 8 de abril de 2026 y el 30 de junio, por lo que conviene tener presentes estas medidas antes de realizar la declaración.

A continuación, se recogen las deducciones aprobadas para el IRPF en cada comunidad autónoma para el ejercicio 2025:

Andalucía

Los contribuyentes que hayan desarrollado su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales autonómicas:

Aragón

En Aragón, quienes hayan fijado allí su residencia habitual durante 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones autonómicas:

Principado de Asturias

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en el Principado de Asturias podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Illes Balears

En las Illes Balears, los residentes habituales durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes medidas fiscales autonómicas:

Canarias

Quienes hayan residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio 2025 podrán aplicar estas deducciones autonómicas:

Cantabria

Los residentes en Cantabria durante 2025 tendrán acceso a estas deducciones autonómicas:

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, quienes hayan mantenido su residencia habitual durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales:

Castilla y León

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en Castilla y León podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Catalunya

En Catalunya, los contribuyentes residentes en 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones:

Extremadura

Quienes hayan tenido su residencia habitual en Extremadura durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones autonómicas:

Galicia

En Galicia, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a las siguientes deducciones:

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones fiscales:

Región de Murcia

En la Región de Murcia, los contribuyentes con residencia habitual durante 2025 podrán aplicar estas deducciones:

La Rioja

En La Rioja, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones autonómicas:

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a estas deducciones:

Acaba de arrancar la campaña correspondiente al año 2025. Desde el 8 de abril los declarantes pueden consultar y confirmar su borrador a través de internet, un plazo que se extiende hasta el próximo 30 de junio. Aunque para algunos contribuyentes presentar la declaración de la renta es una opción, aquellos que reciban 22.000 euros brutos anuales de un pagador o 15.876 euros de dos o más pagadores deben formalizarla. Lo mismo ocurre con los trabajadores por cuenta propia, estén bajo el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. También deberán presentar la declaración los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Diseñado por la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, el IMV es una ayuda que busca garantizar un nivel mínimo de renta a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de una renta exenta, el grueso de sus beneficiarios no tendrán que incluirla en su declaración. Pero sí que están obligados a presentar la declaración correspondiente al IRPF, con independencia a la cuantía total que perciban estos usuarios. En caso de no formalizar la renta, el SEPE podría suspender de forma temporal el ingreso de esta prestación.

Para la mayoría de los contribuyentes que reciben el IMV, será una declaración fácil de presentar y sin ingresos que declarar. En el grueso de los casos, la cuota será a cero, el ciudadano no tendrá que pagar ni Hacienda le tendrá que devolver ningún importe.

Sí que deberán declararse las cuantías que superen los 12.600 euros, en otras palabras, el importe equivalente a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de que se supere este umbral por recibir ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos de naturaleza similar, solo se debe tributar por el exceso de esta cuantía.

Qué beneficiarios del IMV tienen que presentar la declaración

Tal y como establece la Agencia Tributaria, con el fin de mantener esta prestación deben presentar la declaración de la renta “las personas titulares del ingreso mínimo vital y todas las personas integrantes de la unidad de convivencia”.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, se entienden por unidad de convivencia la constituida por “todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”. Todas ellos, con independencia de si reúnen requisitos que a priori podrían eximirles de presentar la declaración, deberán presentar la declaración de la renta si se encuentran en una unidad de convivencia que se beneficia del IMV.

Qué ocurre si los beneficiarios del IMV son menores

En el supuesto de la existencia de menores en la unidad de convivencia, estos también tendrán que presentar la declaración, de forma individual o conjunta con sus progenitores, aunque Hacienda recomienda esto último. Si los padres están casados, podrá presentarse la declaración del menor junto a la de la pareja. Si este no es el caso, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro declaración individual. En cualquiera de estos escenarios, se deberá consignar el NIF del menor a la hora de cumplimentar la declaración.

Existen casos en los que es preciso que el menor presente la declaración por separado, por ejemplo si recibe una renta. De ser asi puede autenticarse al menor en el servicio de RENTA WEB mediante dos métodos:

Requisitos para recibir el IMV

De no ser beneficiario del IMV, es contribuyente puede solicitarlo si cumple una serie de requisitos. Se trata de unas condiciones sencillas de comprobar a través del portal web para solicitar esta ayuda, puesto que cuenta con un simulador que comprueba si el candidato es apto. En general, las condiciones para poder optar al IMV son las siguientes:

Europa se mantiene bajo la amenaza de una dura crisis económica. Así se ha expresado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en el Parlamento Europeo, donde ha señalado este jueves que “la economía europea sigue expuesta al riesgo de un choque estanflacionario, una situación donde un crecimiento más lento coincide con una inflación más alta”, pese al “frágil” alto el fuego de dos semanas que están negociando Estados Unidos e Irán.

“La guerra en Oriente Medio ha provocado una de las mayores interrupciones en la cadena de suministro en la historia del mercado energético global. Los ataques al estrecho de Ormuz y la focalización de infraestructuras energéticas han provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, y las repercusiones de estas perturbaciones se sienten en toda la economía mundial”, ha subrayado el comisario.

Aunque el comisario admite que “la recientemente anunciada tregua de dos semanas aporta una desescalada muy necesaria que se refleja en los mercados energéticos, con el crudo Brent cotizando ahora por debajo de los 100 dólares por barril”, también avisa de que “la perspectiva a largo plazo sigue estando marcada por una profunda incertidumbre”, de manera que mantiene que “el crecimiento podría ser hasta 0,4-0,6 puntos porcentuales más bajo y la inflación hasta 1,1-1,5 puntos porcentuales más alta, tanto en 2026 como en 2027”.

Pese a los riesgos económicos para Europa, Dombrovskis ha rechazado una posible suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ante la posibilidad del incremento del déficit de los países miembros por las medidas de apoyo a la población y las empresas por el incremento de los precios de la energía que ha provocado la guerra de Irán. “La condición para activar la cláusula de escape general es una recesión económica severa en la zona euro o en la Unión Europea en su conjunto. Actualmente, no estamos en ese escenario”, ha remarcado el comisario.

“Margen de maniobra más limitado”

Sin embargo, Dombrovskis sí que ha insistido en que “es crucial tener en cuenta que el margen de maniobra es ahora más limitado que en choques anteriores, debido a mayores niveles de déficit y deuda, en un entorno de tipos de interés más altos y la urgente necesidad de un gasto adicional en defensa”.

“Cabe destacar que los recientes desarrollos en los precios de la energía y en Oriente Medio generan presión adicional sobre las finanzas públicas, no solo por el deterioro de las perspectivas económicas, sino también por los costos asociados a las respuestas políticas de los Estados miembros”, ha remarcado el comisario.

España ha sido avisada por la Comisión Europea por rebajar el IVA de los combustibles del 21% al tipo reducido del 10 %. Esta es una de las medidas dentro del paquete que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio. Según Bruselas, este cambio al tipo reducido se desvía de la normativa europea sobre este impuesto. La Comisión mandó una carta al Gobierno español, y al de Polonia por aprobar una medida similar, en la que recuerdan “a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”. Fuentes del Ministerio de Hacienda defendieron que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural y destacaron que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea.

Dombrovskis ha subrayado que cualquier medida que aprueben los países miembros “debe ser temporal y específica, con un plazo claro de finalización, y no debe aumentar la demanda agregada de petróleo y gas en un momento en el que se necesitan ahorros. Los Estados miembros deben seguir estos principios y mantener el crecimiento neto del gasto dentro de los límites recomendados por el Consejo”.

En cuanto a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea, entre las que se encuentra España, que pidieron un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, el comisario ha respondido que “ya hubo un impuesto a las ganancias inesperadas durante la anterior crisis energética”, en referencia a la subida de la inflación con la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Aunque la Comisión Europea aún no ha puesto encima de la mesa las medidas que supuestamente iba a lanzar por la crisis de precios energéticos, Dombrovskis ha comentado que “no hay nada que impida a los Estados miembros aplicar este impuesto, ya que la tributación directa está, en gran medida, dentro de sus competencias. Estamos evaluando la posibilidad de una estrategia más coordinada a nivel europeo. Actualmente se está analizando, pero sigue siendo una opción, como lo fue durante la crisis anterior”.

La OCDE recomienda a España reforzar las inversiones en materia energética, sobre todo aquellas relativas a las redes eléctricas y el refuerzo de la infraestructura, y mejorar las políticas de formación para jóvenes y adultos de cara a aumentar una productividad económica que, reconoce, ha avanzado en los últimos años.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media. Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35 % en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30 % en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún “significativo”.

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El organismo, con sede en París, reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno.

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que “seguir agilizando” la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para “hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro”.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

Más IVA y menos impuestos al trabajo

En materia fiscal, la OCDE recupera viejas recomendaciones para reducir la imposición sobre el trabajo, que, dicen, desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales.

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las “elevadas” cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible. Su receta es “impuestos menos distorsionadores” como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

Arranca esta semana la campaña de la renta y, como cada año, vuelve el viejo debate sobre los impuestos. Para el PP y determinados círculos empresariales pagamos demasiados, vivimos en un infierno fiscal, aunque la realidad se obstine en decir lo contrario. Más allá del trámite, conviene mirarlo desde la economía real: la de las familias que las pasan canutas. Porque es ahí donde el sistema fiscal deja de ser una abstracción y se convierte en un mecanismo concreto y central de redistribución de la riqueza. Y en un momento en el que dos grandes grietas —la vivienda y la pobreza infantil— condicionan la vida de millones de personas, esa función adquiere un sentido especialmente tangible.

La pobreza infantil, en particular, resume bien el problema: empezar mal la carrera te marca para siempre. Por eso gana fuerza la idea de abordarla como un derecho desde el inicio. El ministro Pablo Bustinduy lo plantea con claridad al defender una prestación universal por crianza. No como una ayuda condicionada, sino como un mecanismo eficaz que llega a todos de forma inmediata. Y quien no la necesite la devolverá vía impuestos. Es decir, la redistribución no se hace en la puerta de entrada, sino a través del sistema fiscal, como ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo esta entrevista.

El enfoque del ministro conecta con una corriente económica cada vez más influyente. Carles Manera, catedrático de Historia Económica y consejero del Banco de España, insiste en que invertir en infancia es la política con mayor retorno posible, mientras que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, sitúa el debate en la necesidad de un nuevo contrato social: menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades. En palabras de Costas: esto va de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes antes de que entren en el mercado de trabajo. Las tres ideas apuntan en la misma dirección: garantizar condiciones de partida más igualitarias no solo es justo, también es eficiente. Y España, con niveles de pobreza infantil anómalamente altos, tiene ahí un margen de mejora evidente.

Pero es que a todo lo anterior se suma otra presión estructural: el envejecimiento. Viviremos más y necesitaremos más cuidados, lo que obliga a construir un sistema público adaptado a esta nueva realidad, como contamos en la nueva edición de nuestra revista trimestral: ‘El sueño de la vida eterna. Una vieja aspiración entre la realidad y el delirio'. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. De nuevo, hablamos de derechos que requieren financiación estable y sostenida en el tiempo.

Y ahí es donde la campaña de la renta vuelve a cobrar sentido. Si la vivienda y la infancia deben ser derechos, y si los cuidados van a ser el próximo gran pilar del Estado del bienestar, alguien tiene que sostenerlos. La respuesta pasa por reforzar la progresividad: que los que más tienen aporten más. No solo porque de esa contribución depende que las prestaciones universales funcionen con la eficacia que se les presupone, sino por equidad.

El gráfico

El titular del gráfico es lo que dicen los datos analizados por este diario sobre qué hogares se benefician más de la rebaja de impuestos a los combustibles, una de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y que cuenta con el respaldo del Congreso. Te las recuerdo por si ahora no caes: una reducción del IVA de los combustibles al 10% y otra del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. El texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

Por cierto, no sé si sabes que esta semana Bruselas ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, aunque también es cierto que la Comisión no va a tomar ninguna medida al respecto.

Volviendo al gráfico, según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Gran parte del plan se basa en bajar impuestos para todos.

—¿Por qué no se ha apostado por ayudas más focalizadas en quienes realmente no pueden pagar la factura, en lugar de beneficiar también a rentas altas?“ —pregunté hace unos días a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el VI Foro Económico de elDiario.es.

Se fue un poco por la tangente. Si te interesa la entrevista la tienes en este enlace, y si quieres saber más sobre el asunto del gráfico pincha aquí.

El dato

1,7%

Es el porcentaje de asalariados que fueron contratados en 2025 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo. Son dos décimas menos que en 2024. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 319.700 asalariados obtuvieron el año pasado un puesto de trabajo gracias a la intermediación de una oficina pública de empleo.

Un poco desastre tratándose de un servicio público y teniendo en cuenta que en España hay aún 2,4 millones de parados, casi el 10% de la población activa, pese al nuevo récord histórico de trabajadores, con casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social. El SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad llevan años en el punto de mira, al parecerse más a un registro de parados que un servicio para encontrar empleo.

Este dato contrasta con el registrado por las empresas de trabajo temporal (ETT), cuya tasa de intermediación duplica la de las oficinas públicas de empleo, según Europa Press. Las ETT y las agencias de empleo sellaron 4,36 millones de contratos de puesta a disposición en 2025, según cálculos de la patronal del sector, Asempleo.

La plantilla del SEPE se estimaba en 2025 en unas 7.400 personas, un millar menos que en 2019, que se ocupan de coordinar el pago de las prestaciones; son las llamadas políticas pasivas. Las activas –buscarte empleo—dependen de los servicios autonómicos de empleo. El de Andalucía (SAE), uno de los más grandes tiene más de 3.000 empleados dedicados a la orientación y gestión. Catalunya (SOC) y Comunidad de Madrid (Empléate) cuentan también con estructuras robustas que superan los 2.000 efectivos cada una para atender a sus respectivos mercados laborales.

No todo nos parece mal 

Buenas noticias para Grifols. La multinacional de hemoderivados catalana ha comunicado la intención de colocar en la bolsa de Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en este país. Bloomberg la cifra en el 20% del capital. Se trata de su división estrella –el año pasado le aportó 6.487 millones de euros de un total de 7.524– e incluye el desarrollo y la comercialización de medicamentos derivados del plasma humano (proteínas plasmáticas) y otras terapias biotecnológicas. Las principales proteínas plasmáticas que produce esta división a nivel global son las inmunoglobulinas, indicadas para tratar inmunodeficiencias primarias, por ejemplo; la albúmina, para restaurar el volumen circulatorio, o bien otras como el factor VIII o la alfa-1 antitripsina, destinadas a tratar trastornos o deficiencias genéticas.

El plasma es la parte líquida de la sangre y Grifols se encarga de fraccionarlo para poder obtener las proteínas plasmáticas que comercializa.

Fuentes del mercado han asegurado a EFE que el negocio de Biopharma en EEUU tiene una valoración empresarial superior a los 20.000 millones de dólares.

La operación está pensada para reducir la deuda y coger pulmón financiero “para respaldar la inversión en sus prioridades estratégicas de crecimiento”, apuntó la compañía en un comunicado. Grifols cerró 2025 con una deuda financiera neta por valor de unos 8.818 millones de euros, por lo que continúa siendo una ratio de apalancamiento elevada. Si Biopharma es la principal división de negocio para Grifols, EEUU es un país realmente relevante para la multinacional, aunque no detalla exactamente cuánto aporta ese país. Contando todas las divisiones de negocio, la región formada por EEUU y Canadá aportó 4.253 millones de euros en 2025, el 56,5 % del total, mientras que la UE reportó 1.613 millones, el 21,44 %, y la región denominada Resto del Mundo generó otros 1.657 millones (22 %).

Tipos (y tipas) de interés

Sube Arcadi España, ministro de Hacienda. Hay perfiles que irrumpen y otros que se deslizan con naturalidad por las costuras del poder. Arcadi España pertenece a estos últimos: hijo de un histórico del PSPV, formado en la cultura de partido y con una habilidad notable para situarse junto a quien debía estar en cada momento. En ese ecosistema es una virtud muy cotizada.

Aunque ha tenido un paso por la esfera privada como asesor financiero en AFI, ha vivido poco al margen de la política. Discípulo político de Ximo Puig, fue ganando peso en la Generalitat Valenciana hasta pilotar la Conselleria de Hacienda. Allí construyó un perfil de gestor con discurso —esa idea suya de que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” lo define bien—, aunque no logró esquivar del todo las críticas. Las más persistentes apuntan a una gestión con más relato que huella, especialmente si se compara con su predecesor y maestro, Vicent Soler, más combativo y reformista. También se le reprocha haber rebajado la presión sobre la infrafinanciación valenciana, tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Ahora, ya en el Ministerio de Hacienda, le toca comprobar si ese equilibrio entre discurso y práctica aguanta en primera línea. Tiene por delante dos pruebas que no admiten retórica: sacar adelante unos Presupuestos en un Congreso fragmentado y encarar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Hasta aquí por hoy.

El martes que viene vuelvo a tu correo.

Mientras, puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con tus sugerencias o quejas. 

¡Un abrazo!

¿Qué llevó a siete futbolistas profesionales de distintos equipos y nacionalidades a comprar relojes de lujo a una empresa andorrana investigada por presunto contrabando? El juez del principado Joan Carles Moynat trata de responder a esta pregunta en la causa que mantiene abierta y en la que ha pedido la colaboración de España para que los jugadores declaren como imputados.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado pone cifras a lo que pagó cada futbolista por los relojes. Además, el instructor del principado quiere saber si los jugadores acudieron a Andorra a recoger el producto, o si se lo llevaron a España. De ser así, pide que los futbolistas identifiquen y den el teléfono de la persona que se lo entregó.

En concreto, el juez quiere que los futbolistas expliquen “si vinieron o hicieron venir a alguien a Andorra para recoger el reloj”, y en caso afirmativo que aporten los documentos de exportación del mismo a España. “En caso negativo -apostilla el juez en su auto- deberían indicar con detalles las personas con las que estuvieron en contacto para comprar el reloj, cómo le hicieron llegar el mismo y quién se los llevó indicando el teléfono y nombres de las personas y dónde recibieron el reloj”. También reclama a los jugadores que aporten los documentos que acrediten su eventual declaración.

El juez tiene una hipótesis sobre el caso que investiga. Según el magistrado, las compras de relojes que se realizaban a través de la empresa andorrana del investigado Diego G.C. y un socio serían, en realidad, un mecanismo para eludir el pago de impuestos, ya que hasta el principado los importaba una empresa española también vinculada con el principal encausado.

A falta de que los detalles que puedan aportar los futbolistas, el juez del principado ha hecho cálculos que permiten perfilar el negocio que se hizo con los jugadores: en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado cifra en un total de 1,3 millones de euros el precio de venta de los 16 los relojes que adquirieron en España los futbolistas, frente al millón de euros que consta como valor de importación cuando los modelos entraron en el principado.

Las diferencias entre el precio del reloj cuando fue importado a Andorra y lo que pagaron los futbolistas por ellos son dispares. El magistrado destaca que uno de los relojes que en 2021 adquirió por 110.000 euros el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, por entonces en el Arsenal, correspondería a un modelo importado en el principado por un valor de 52.000 euros. Esto es, una diferencia de 58.000 euros.

El margen de beneficio es más modesto en otros casos. Por ejemplo, el Rolex Daytona Platinium que adquirió en 2021 el futbolista del Real Madrid Daniel Carvajal: el juez señala que el jugador lo compró por 64.800 cuando su valor de importación fue de 61.000 euros. 

Existen diferencias incluso entre los relojes que la sociedad andorrana vinculada a Diego G.C. vendió a un mismo futbolista. A David Silva le proporcionó a cambio de 18.990, según relata el juez en su resolución, un Patek Philippe importado a Andorra por 17.000 euros, casi 2.000 euros más. Pero el margen se eleva hasta los 9.000 euros en otro modelo de la misma marca que, apunta el instructor, el empresario vendió por 114.000 euros al exjugador del Valencia o el Manchester City tras haberlo importado por 103.000.

De la actividad empresarial de Best In, la firma andorrana en el foco de las pesquisas, destacan dos hechos: que una sociedad poco conocida del principado vendiera directamente los relojes a los futbolistas y el volumen de negocio con los jugadores, que asciende a 1,3 millones de euros. Las compraventas se efectuaron entre 2020 y 2025.

Además de las ventas de relojes que sí ha logrado documentar el magistrado, existe un pago de 58.000 euros del jugador del Oviedo Santi Cazorla a la firma andorrana sin que se haya podido encontrar una factura de la compraventa “en la contabilidad” de la empresa andorrana, indica el juez.

Tras estudiar la documentación que han recabado las autoridades aduaneras y tributarias de Andorra, el magistrado concluye que la empresa del investigado importó 38 relojes a Andorra desde España sin que luego conste una declaración aduanera de exportación. Algunos modelos, sin embargo, coinciden con los que finalmente fueron vendidos a los futbolistas en España, según el juez sin pagar impuestos.

El juez detalla que los relojes se pagaban por transferencia desde las cuentas corrientes de los jugadores a la cuenta de la sociedad andorrana, pero que luego no se pagaba el IVA de la importación a España del reloj desde Andorra. Así habría ocurrido en el caso de David Silva, a quien la Hacienda española reclamó 26.000 euros del impuesto. Según un acuerdo entre el futbolista y Diego G.C., el empresario andorrano terminó asumiendo el pago del impuesto que la Agencia Tributaria reclamaba al jugador.

El magistrado quiere preguntar a los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los Rolex y Patek Philippe que adquirieron a una empresa del principado tras no considerar convincentes las explicaciones que dio el empresario Diego G.C. antes de su ingreso en prisión provisional en octubre de 2025.

En un auto, el magistrado destaca que Diego G.C. “no recuerda ni a quién, ni dónde ni cómo” entregaba los relojes a los compradores, pese a que el magistrado le preguntó por una venta que llevó a cabo días antes de su detención.

La falta de memoria del investigado en su declaración contrasta, destaca el juez del caso, con el acuerdo por el que Diego G.C. asumió el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva en 2021, cuando el jugador militaba en la Real Sociedad. En ese documento, se describe que el reloj “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana del empresario.

“El hecho de que [Diego G.C.] no recuerde absolutamente nada cuando se le pide detalles de las entregas de los relojes hace denotar que probablemente su operativa consistía mayoritariamente en importar los relojes a Andorra con el objetivo de ser bajados a España de contrabando”, concluye el instructor en su resolución.