España es el país de la UE que más ha incrementado los ingresos por los impuestos con una subida del 2,9 puntos porcentuales del PIB en la última década, según el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, que la Comisión Europea ha hecho público este viernes. Este incremento de recaudación se debe sobre todo a los impuestos sobre el trabajo, mientras que al capital apenas crecieron y los ingresos por consumo disminuyeron.

Los técnicos de la Unión Europea han llegado a esta conclusión tras comparar el periodo de 2020-2024 con el de 2015-2019. España está liderando la clasificación de ingresos tributarios sobre el PIB superiores a dos puntos porcentuales, seguido de Lituania (+2,3 puntos porcentuales) y Luxemburgo (+2,2 puntos porcentuales), mientras que con un aumento de un punto porcentual hay cuatro países: Polonia, Chipre, Eslovaquia y Letonia. El informe apunta que la media de ingresos de la Unión Europea se han mantenido estable, con un ligero decrecimiento en los últimos años.

En el lado contrario, la ratio de ingresos tributarios sobre el PIB disminuyó en más de dos puntos porcentuales en Malta y Hungría (−2,8 puntos porcentuales en ambos casos) y en más de un punto porcentual en Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia.

Sin embargo, mientras que en España la participación fiscal en España subió al 37,8% del PIB en 2025, la Eurozona alcanzó el 40,3%, lo que significa que España se encuentra a 2,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de su entorno monetario. En 2024, en España fue del 36,8% del PIB mientras que la media de la Eurozona se situó en 39,8%.

Atendiendo a las previsiones, en los años 2026 y 2027 nuestro país seguiría por debajo de la media, ya que entonces se prevé que este año la participación fiscal alcance el 38,2% del PIB y en 2027 llegue al 38,4%, más de dos puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona, que en ambos años se plantea que esté en el 40,6%.

Como resultado de esta evolución, España experimentará un incremento proyectado de 1,6 puntos porcentuales en su presión fiscal entre 2024 y 2027, superando el aumento de 1,1 puntos porcentuales estimado para la Eurozona en el mismo periodo.

Impulso por los impuestos sobre el trabajo

En el informe se apunta que “el incremento fiscal de España en la última década ha estado impulsado casi en su totalidad por los impuestos sobre el trabajo, cuyos ingresos aumentaron en más de 2,5 puntos porcentuales del PIB, mientras que las bases de capital apenas crecieron y los ingresos por consumo disminuyeron”.

Esta evolución se explica, según el informe de la UE, por la no indexación de los tramos del IRPF estatal frente a la inflación y el alza de las cotizaciones a la Seguridad Social. El documento destaca entre las medidas que han hecho subir los ingresos de los impuestos al trabajo que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentó las cotizaciones un 0,6 puntos porcentuales en 2023 con subidas anuales previstas de 0,1 puntos porcentuales hasta 2029, la nueva cotización de solidaridad introducida en 2025 para salarios que superan la base máxima y la actualización anual de las bases máximas de cotización, lo que aumenta la carga sobre los salarios medios-altos.

Por otro lado, el informe destaca que España es el único Estado miembro de la UE que actualmente mantiene un impuesto neto sobre el patrimonio. También se subraya que presenta una de las “tasas impositivas implícitas” sobre el consumo más bajas de la Unión Europea, situándose en el 13,6% en 2024, por delante de Malta (14,2 %) y Alemania (15,0 %).

En un momento en el que se está planteando traspasos a autonomías de la recaudación de impuestos, el informe revela que España es uno de los cuatro países de la UE (junto a Alemania, Bélgica y Austria) que cuenta con un subsector de administración regional con competencias recaudatorias, captando el 16,9% de los ingresos tributarios totales en 2024. No obstante, estudios académicos recopilados en el informe señalan que, a diferencia de otros países, una mayor descentralización o autonomía regional en España no se traduce en un incremento de la moral fiscal de sus ciudadanos.

El Ayuntamiento de Logroño ha dado el primer impulso a la modificación de sus ordenanzas fiscales con la elaboración de las 'Líneas fundamentales de la política fiscal para el ejercicio 2027', con reducción de tipos tanto en el IBI como en las plusvalías.

Es, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, a través de un documento que avanza algunas de las claves con las que se redactarán las próximas ordenanzas fiscales, seguramente, “para después del verano”.

En este sentido, establece “la actualización de los tipos para lograr una mayor reducción de cargas impositivas a la ciudadanía, especialmente en aquellos tributos que inciden con un carácter más general”.

De este modo, en concreto, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se contempla la reducción del tipo al 0,565% -en este momento, el tipo está fijado en un 0,57%-, lo que, ha dicho Sanz, supone “0,5 puntos básicos de reducción respecto del actual”.

En caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), “se establece una nueva reducción del 2,5% respecto de los máximos que se fijen por la normativa estatal”, con el objetivo “de llegar al final de legislatura al 10%”.

Respecto a los beneficios fiscales, se centran en tres objetivos prioritarios: el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las políticas ambientales.

En cuanto a las tasas y precios públicos, y siempre bajo los principios de estabilidad presupuestaria, se propondrá una actualización general de tasas y precios públicos con arreglo al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Finalmente, la digitalización de los procedimientos tributarios tendrá un papel relevante en las nuevas ordenanzas fiscales, “es algo en lo que se va a hacer especial hincapié”.

Así, se contempla la consolidación de la nueva Oficina Virtual Tributaria, el avance en el sistema de autoliquidación de operaciones tributarias y en la simplificación administrativa.

El caso Andic suma una derivada política (y, tal vez, fiscal) a la investigación judicial y al juicio mediático paralelo. El grupo parlamentario de los Comuns ha registrado ante el Parlament tres preguntas para que la Hacienda catalana responda sobre uno de los elementos más controvertidos de la causa sobre la muerte del fundador de Mango: la herencia en vida que Isak Andic habría legado a su hijo Jonathan.

“Es un caso de relevancia pública y es necesario que las grandes transmisiones patrimoniales tributen de acuerdo con la normativa vigente”, argumenta el portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid.

En concreto, los Comuns quieren saber si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) tiene constancia de alguna donación o transmisión patrimonial efectuada en vida por Isak Andic en favor de su hijo Jonathan. De ser así, el grupo parlamentario también solicita si se presentó la autoliquidación correspondiente al impuesto de sucesiones y cuál fue el importe declarado y liquidado por el tributo.

La jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio a Jonathan Andic ha puesto la cuestión del dinero en el centro de las pesquisas, al atribuir al primogénito un móvil económico para acabar con la vida de su padre.

La magistrada ha solicitado las conversaciones de WhatsApp de la víctima entre el 1 de mayo de 2024 y el día de su muerte para comprobar los “aspectos económicos de la herencia” del fundador de Mango.

La investigación ha desvelado que las cuestiones económicas fueron motivo de controversia entre padre e hijo, hasta el punto de formar parte de las sesiones que ambos mantuvieron con una autodenominada terapeuta. La defensa mantiene que los Andic superaron sus diferencias.

Según la jueza, a iniciativa de la autodenominada terapeuta, el fundador de Mango cedió a su hijo una herencia en vida que, sin embargo, la defensa mantiene que el investigado nunca llegó a cobrar.

En su recurso contra el millón de euros que la jueza le impuso como fianza, la defensa de Jonathan Andic manifestó que el “adelanto de herencia” no era fruto de la “obsesión por el dinero” que la magistrada atribuye al investigado, sino “una herramienta de inicial independencia que pronto fue renunciada por el propio Jonathan Andic”.

Además, la defensa negó que la fundación benéfica a la que el fundador de Mango planeaba dejar parte de su fortuna fuera motivo de discordia con sus hijos, tal y como corroboraron las declaraciones judiciales tanto de Jonathan como de sus hermanas Sarah y Judith. A los tres Isak Andic planteó un testamento equilibrado, indicó la defensa.

A la espera de confirmar si ese “adelanto” tributó, a los 40 millones que Isak Andic habría legado en vida a su hijo les correspondería una tributación por impuesto de donaciones de entre 3,6 y 3,9 millones, apuntan fuentes conocedoras del caso.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, el Código Civil de Catalunya regula lo que popularmente se conoce como herencia en vida a través de la figura del pacto sucesorio.

Causante y herederos se ponen de acuerdo en el reparto de bienes antes del fallecimiento, y para modificarlo es necesario otro acuerdo de todas las partes. Luego se declara a la ATC y tributa por el impuesto de sucesiones, que ofrece mayores reducciones y beneficios fiscales que el de donaciones.

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).

La Comisión Europea sigue la estela para simplificar las normas tributarias de la UE y reducir las cargas sobre las empresas. Este miércoles ha adoptado dos iniciativas para modernizar el marco europeo de imposición directa y reforzar la competitividad del Mercado Único que, según Bruselas, va a permitir a las compañías europeas ahorrar alrededor de 8.000 millones de euros al año, de los cuales 3.300 millones corresponderán a costes administrativos.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que “Europa necesita normas más simples para ofrecer mejores resultados. Nuestras propuestas de simplificación fiscal aportan soluciones que mejorarán radicalmente la claridad y la seguridad jurídica tanto para las empresas como para las administraciones tributarias. Reducirán los costes totales de cumplimiento para las empresas europeas en casi 8.000 millones de euros al año, incluidos 3.300 millones de euros anuales en costes administrativos. Con ello, el ahorro total derivado de nuestra agenda de simplificación supera ya los 18.000 millones de euros, lo que representa casi la mitad del objetivo fijado para este mandato”.

Sin embargo, varios expertos han lanzado dudas sobre el impacto que la relajación de controles puede provocar en los incrementos de elusión fiscal. Desde la Comisión se asegura que con la simplificación de las medidas se busca un equilibrio que no tiene se tiene que traducir en que las empresas adopten más estrategias para minimizar el pago de impuestos.

Julien Desiderio, experto en política fiscal de Oxfam, ha señalado que “la simplificación es el último eufemismo de la Comisión Europea para la desregulación. En un momento de beneficios empresariales récord y de aumento de la desigualdad, tras décadas de una carrera a la baja en los tipos efectivos del impuesto de sociedades, la respuesta lógica sería garantizar que quienes más han ganado contribuyan más. Sin embargo, esta propuesta supone una nueva ronda de beneficios fiscales para las grandes corporaciones, mientras los presupuestos públicos están al límite”.

El responsable de fiscalidad de la ONG ha subrayado que “en lugar de cerrar las lagunas legales que permiten a las grandes empresas y a los superricos eludir el pago de la parte que les corresponde, la propuesta de la Comisión debilita las salvaguardas fundamentales contra la elusión fiscal y abre la puerta a exenciones más amplias para los rendimientos del capital. Esto significa menos ingresos para hospitales, escuelas y la acción climática, y una factura más elevada para el resto de la ciudadanía”.

Exención de la retención en origen

Por un lado, el Ómnibus de Fiscalidad Directa simplifica las normas para mejorar el mercado interior mediante una exención de la retención en origen para todos los pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones (royalties) entre empresas de la UE. Según la Comisión, al eliminar requisitos procedimentales previos y simplificar los procesos de devolución, esta medida facilitará la financiación, fomentará la inversión y reforzará la competitividad. Bruselas asegura que solo esta medida generará para los contribuyentes europeos ahorros y beneficios de 5.340 millones de euros anuales: la exención total de retenciones hará que el PIB de la UE aumente en un 0,04% a largo plazo.

En relación con los dividendos, los Estados podrán denegar la deducción de gastos de gestión ligados a una participación solo si esta es de al menos el 10%. Si esos costes se fijan a tanto alzado, no podrán superar el 5% de los beneficios distribuidos. Si se retiene el impuesto en exceso, se establece un plazo de solicitud de al menos dos años desde la distribución de beneficios y el Estado deberá reembolsarlo en un plazo máximo de un año.

Este Ómnibus también elimina restricciones a la financiación de terceros y de mercado, facilitando que las empresas inviertan en el mercado interior y simplifica la norma de limitación de intereses de la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD), eliminando determinadas opciones de aplicación y convirtiendo en obligatorio el umbral mínimo (de minimis). Estos cambios supondrán reducciones de costes administrativos y de cumplimiento superiores a 500 millones de euros al año.

Respecto a la reducción de la directiva de elusión fiscal, la deducción inmediata de gastos de capital en activos de I+D podrá hacerse en el año en que se incurre o en cualquiera de los cuatro periodos impositivos siguientes. Los activos deberán destinarse exclusivamente a I+D por un mínimo de tres años. Esta medida ahorrará unos 265 millones de euros anuales y aumentará el PIB europeo un 0,2% a largo plazo, según la Comisión.

La medida acaba con las disposiciones que se repiten entre las normas sobre Sociedades Extranjeras Controladas (CFC) y el impuesto mínimo global (Pilar Dos). Se calcula que la medida permitirá a las empresas ahorrar aproximadamente 160 millones de euros anuales en costes de cumplimiento. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedarán exentas de esta norma, generando un ahorro de 90 millones de euros anuales.

La Comisión recuerda que el 99,8% de las empresas de la UE son pymes y solo el 10% de estas pequeñas compañías tiene actividades transfronterizas, solo un 2% tiene filiales fuera de la UE y un 42% son entidades independientes sin empresas asociadas.

En cuanto a la limitación de intereses, se fija un límite estricto de deducción del 30% del Ebitda (beneficio bruto de explotación de una empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos ni el desgaste de los activos) para toda la UE. Se establece un derecho obligatorio de deducción de tres millones de euros, que será de obligado cumplimiento en los primeros tres años desde la entrada en vigor de la norma. Esto excluirá de facto a las Pymes, ahorrándoles 69 millones de euros anuales, mientras que los préstamos para productos de defensa quedarán excluidos si se formalizan en los primeros cinco periodos impositivos (años) tras la fecha de aplicación. La Comisión añade que la limitación no se aplicará si el Ebitda de la empresa experimenta una caída de al menos un 50% en un año fiscal respecto al anterior.

Menos obligaciones de información para las empresas

Por otro lado, se ha aprobado la refundición de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC) para simplificar las obligaciones de información en materia de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa. Al integrar la DAC y sus ocho modificaciones en un único texto legal, la normativa será más fácil de utilizar, según la Comisión.

Las medidas clave son la eliminación de las obligaciones de información para los grupos multinacionales sujetos al tipo mínimo del 15% establecido por las normas del Pilar Dos, lo que generará ahorros en costes de cumplimiento de aproximadamente 300 millones de euros.

También se elimina los requisitos de información para otras empresas de la UE respecto de determinados mecanismos fiscales transfronterizos que aportan un valor limitado a las administraciones tributarias, reduciendo en un 35% el volumen de declaraciones y permitiendo un ahorro anual de 40 millones de euros.

Además se eleva el umbral de declaración para las ventas de bienes realizadas en internet, eliminando las obligaciones de información para más de 10 millones de vendedores particulares, especialmente aquellos que venden artículos de segunda mano. Esta medida supondrá un ahorro en costes de cumplimiento de 678 millones de euros para las plataformas digitales.

Resolución de conflictos por doble imposición

Se agilizan los plazos procesales para la resolución de conflictos por doble imposición. Se sustituye la ambigua exigencia de “presentación simultánea” por una ventana estandarizada de 30 días naturales para enviar las quejas.Los contribuyentes disponen de un plazo de tres años para emitir una queja. Si una queja es rechazada, se otorgará un plazo de 30 días a la empresa afectada para corregir deficiencias. Cuando un Estado miembro requiera más información, la empresa afectada tendrá 3 meses para responder.

Los Estados miembros deberán adoptar las normativas antes del 31 de diciembre de 2028, para que la aplicación general comience el 1 de enero de 2029

Amb xifres d'ingressos de l'Estat de rècord i sense comptar la despesa que ha generat la reconstrucció per la dana, el Govern valencià del PP i de Vox, en el seu primer any de legislatura i amb els populars en solitari després, ha registrat xifres de dèficit preocupants que es troben entre les més altes dels últims anys. Unes xifres que s'acaben traduint en el deteriorament dels serveis públics, quan no directament en retallades en àmbits com l'educatiu, i que es veuen agreujades per les contínues baixades d'impostos aprovades en els últims dos anys, principalment per a les rendes altes.

En concret, segons les dades oficials del Ministeri d'Hisenda, en els anys 2024 i 2025, els seus dos primers exercicis complets, l'executiu de l'expresident Carlos Mazón (va dimitir el mes de novembre passat) va generar un dèficit de 2.565 milions d'euros (sense comptar els 292 milions generats per la dana) i de 2.373 milions d'euros (sense comptar els 1.589 milions de la riuada). En total, en dos anys s'ha elevat el deute en 4.938 milions d'euros, quasi la meitat dels 11.000 milions que el Govern ha anunciat que condonarà a la Comunitat Valenciana del total de 60.000 milions. D'aquests, 40.000 estarien vinculats a l'infrafinançament.

Es dona la circumstància que, si el Govern valencià que ara presideix Juan Francisco Pérez Llorca acceptara el nou model de finançament que veuen amb bons ulls els sindicats i la patronal, implicaria uns ingressos addicionals de 3.669 milions d'euros, per la qual cosa s'hauria compensat àmpliament el dèficit i encara hi hauria marge per a millorar els serveis socials, la sanitat o l'educació.

En els dos primers anys complets del Govern del Botànic, el dèficit total va ser de 1.613 milions el 2016 i de 854 milions el 2017, és a dir, 2.467 milions en total. En els huit anys de l'executiu d'esquerres, el pitjor any quant a generació de deute va ser 2022, amb 3.777 milions, una xifra motivada en part per la pandèmia de la covid-19. L'exercici següent, en què es van repartir pràcticament sis mesos de govern l'esquerra i la dreta, també es va assolir un dèficit important, amb 3.082 milions. No obstant això, hi ha hagut anys pitjors, com ara després de la crisi immobiliària del 2007, amb Francisco Camps i Alberto Fabra, tots dos del PP, al capdavant de la Generalitat: 5.412 milions de deute el 2010 i 6.709 milions el 2011.

Els quasi 5.000 milions de dèficit que ha generat el Consell el 2024 i el 2025 s'han produït, a més, en el moment en què més fons aporta el Govern malgrat l'infrafinançament. Així, el 2026 s'han transferit a la Generalitat 17.418 milions; el 2025 n'han sigut 15.921 milions, i el 2024 un total de 15.376 milions. En els últims anys del Botànic, les aportacions de l'Estat van ser de 10.797 milions el 2022, d'11.341 milions el 2021 i d'11.613 milions el 2020. El 2023 van ser 13.553 milions.

574 milions menys per les rebaixes d'impostos a les rendes altes

Pel que fa als impostos, la bonificació del 99% de l'impost de Successions i Donacions (292 milions), la supressió de l'impost sobre el Patrimoni per a persones amb béns valorats en fins a 1 milió d'euros (68 milions) i de l'impost sobre Activitats que Incideixen en el Medi Ambient, principalment a Iberdrola per la central nuclear (14 milions), suposen una minva de 374 milions d'euros a l'any per a les arques públiques.

A aquests cal sumar els 160 milions d'euros que es deixaran de recaptar amb la reforma del tram autonòmic de l'IRPF, que beneficia especialment les rendes de més de 72.000 euros. Així, per exemple, les rendes de fins a 12.000 euros es veuran beneficiades amb un estalvi del 0,20%, en passar d'un tipus aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, l'estalvi serà del 0,30%; les rendes d'entre 42.000 i 72.000 euros tindran un estalvi del 0,60%, i a partir d'aquesta quantia serà del 0,40% (vegeu les taules). D'aquesta manera, l'estalvi serà un 25% superior per a aquestes rendes que per a les de la franja d'entre 12.000 i 22.000 euros. Si anem a casos concrets, en termes absoluts, una persona amb una renda de 22.000 euros s'estalviarà 54 euros i una altra amb una renda de 72.000 euros s'estalviarà 324 euros.

A més, el mes de març passat es van estendre les deduccions per a activitats esportives o l'adquisició d'ulleres a persones amb salaris de fins a 60.000 euros (fins a aquell moment el límit era de 30.000 euros), una mesura que tindrà un cost per a les arques públiques de 27,2 milions. A aquests s'afegeixen altres 12,8 milions per les deduccions a rendes de fins a 60.000 euros per ensenyances de música impartides en conservatoris i escoles de música, o de música i dansa, així com per a la compra d'instruments i partitures.

Pitjors serveis públics

La conseqüència directa d'aquesta política és l'afebliment dels serveis públics. Sense anar més lluny, part de la vaga del professorat està relacionada amb les retallades en matèria d'infraestructures. A les escoles oficials de llengües, els sindicats denuncien que la Conselleria ha eliminat 244 grups i que, des del 2024, un total de 8.450 alumnes no han pogut accedir a l'ensenyament públic de llengües, per la qual cosa 61 professors han anat al carrer. També denuncien que en Formació Professional hi ha retallades, cosa que obliga els estudiants a buscar formació en la privada.

En matèria de serveis socials, el PSPV va denunciar recentment que l'oferta pública de residències a la Vall d'Albaida amb prou faenes cobreix un 8% de les necessitats de les persones majors, ja que aquesta comarca disposa de 333 places públiques per a atendre les peticions de 4.604 demandants que engruixen les llistes d'espera. Pel que fa a la dependència, el mes de maig hi havia 21.954 persones a l'espera de ser valorades, una xifra que, amb petits alts i baixos, s'ha mantingut els últims mesos. Si bé al gener hi havia 22.455 ciutadans en aquesta situació, la xifra es va disparar fins als 27.353 al febrer i, a poc a poc, va anar baixant de nou.

En sanitat, malgrat que el pla d'estiu compta amb un pressupost de 85 milions d'euros, 3 milions més que l'exercici anterior, la realitat és que l'atenció hospitalària es veurà minvada respecte de l'any anterior, segons denuncien els sindicats. Segons UGT, “el pla de vacances que ha presentat la Conselleria no arriba a cobrir tota la demanda assistencial” i afegeixen: “No s'hauria de concebre com una cosa normal que en el període estival es tanquen llits perquè, encara que la població té mobilitat en aquesta època, pel canvi climàtic i les onades de calor, cada vegada hi ha més patologies associades a les altes temperatures i continua havent-hi ingressos hospitalaris”.

Per la seua banda, CCOO denuncia que el Pla de Vacances “consolida les retallades assistencials malgrat augmentar-ne el pressupost” i que “consolida la reducció de l'activitat vespertina en Atenció Primària durant l'estiu”. Un altre dels aspectes que més preocupa el sindicat és la falta de transparència respecte a l'anomenat “reagrupament de llits” hospitalaris, “eufemisme amb què sorprén aquesta Conselleria per a denominar el tancament de llits que té previst i del qual no s'informa, ni sobre el nombre de llits afectats ni sobre els serveis implicats”.

El PSPV critica la política fiscal “injusta”

El Síndic del grup socialista en les Corts, José Muñoz, ha denunciat la “perillosa i profundament injusta” política fiscal del Consell de Pérez Llorca, que està “buidant de manera irresponsable els recursos de la Generalitat amb regals fiscals als patrimonis i rendes més elevades”, mentres els servicis públics de la Comunitat Valenciana “cauen a trossos, com estem veient estos dies amb el vergonyós i indecent pla d'estiu que suposarà el tancament a l'agost de més de 600 llits als hospitals o la mesquina garreperia practicada en les negociacions amb els docents mentres tenim el govern valencià més car de la història, en el qual s'han aprovat pujades de sou fins a un 36%”.

“El Govern d'Espanya està aprovant els majors recursos en favor de la Comunitat Valenciana de la història. Per a 2026 seran 17.418 milions d'euros, la qual cosa suposa 6.621 milions més del que va tindre el Consell del *Botànic en 2022, un 61% més de diners, i el que veiem és una evident deterioració dels servicis públics als valencians i una política de regals fiscals massius a les rendes més elevades”, ha denunciat Muñoz. El síndic del PSPV-PSOE advertix a més que els fons que vindran amb el nou model de finançament autonòmic, que suposarà l'arribada de 3.669 milions addicionals en 2027, han de servir per a reforçar i potenciar la sanitat, l'educació, els servicis socials, les empreses i treballadors, però no per a engreixar les butxaques de l'1% més ric com estan fent PP i Vox“.

Per a José Muñoz, esta política “frívola i populista” s'explica perquè Pérez Llorca és un president “a dit, que no han votat els valencians” i l'“única obsessió dels quals és caure en gràcia a Feijóo perquè ho deixe ser candidat del PP” a les eleccions de 2027. “Però els valencians no ens podem permetre el tindre un president suplent de Mazón que no pensa en la Comunitat Valenciana, sinó només en el seu interés i en el del PP a Madrid”, ha asseverat el portaveu socialista.

Con cifras de ingresos del Estado de récord y sin contar el gasto que ha generado la reconstrucción por la dana, el Gobierno valenciano del PP y de Vox en su primer año de legislatura y con los populares en solitario después ha registrado cifras de déficit preocupantes que están entre las más altas de los últimos años. Unas cifras que se acaban traduciendo en el debilitamiento de los servicios públicos, cuando no directamente en recortes en ámbitos como el educativo, y que vienen agravadas por las continuas bajadas de impuestos aprobadas en los últimos dos años, principalmente a las rentas altas.

En concreto, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en los años 2024 y 2025, sus dos primeros ejercicios completos, el ejecutivo del expresidente Carlos Mazón (dimitió el pasado mes de noviembre) generó un déficit de 2.565 millones de euros (sin contar los 292 generados por la dana) y de 2.373 millones de euros (sin contar los 1.589 de la riada). En total, en dos años se ha elevado la deuda en 4.938 millones de euros, casi la mitad de los 11.000 millones que el Gobierno ha anunciado que condonará a la Comunitat Valenciana del total de 60.000 millones. De ellos, 40.000 estarían vinculados a la infrafinanciación.

Se da la circunstancia de que si el Gobierno valenciano que ahora preside Juan Francisco Pérez Llorca aceptara el nuevo modelo de financiación que ven con buenos ojos los sindicatos y la patronal, implicaría unos ingresos adicionales de 3.669 millones de euros, por lo que se hubiera compensado ampliamente el déficit y aún habría recorrido para mejorar los servicios sociales, la sanidad o la educación.

En los dos primeros años completos del Gobierno del Botánico el déficit total fue de 1.613 millones en 2016 y de 854 en 2017, es decir, 2.467 millones en total. En los ocho años del ejecutivo de izquierdas el peor año en cuanto a generación de deuda fue 2022 con 3.777 millones, una cifra motivada en parte por la pandemia de la covid-19. El siguiente ejercicio, que se repartieron prácticamente seis meses la izquierda y la derecha también se alcanzó un déficit importante, con 3.082 millones. No obstante, ha habido años peores, como por ejemplo tras la crisis inmobiliaria de 2007, con Francisco Camps y Alberto Fabra, ambos del PP, al frente de la Generalitat: 5.412 millones de deuda en 2010 y 6.709 en 2011.

Los casi 5.000 millones de déficit que ha generado el Consell en 2024 y 2025 se han producido, además, en el momento en el que más fondos aporta el Gobierno a pesar de la infrafinanciación. Así, en 2026 se han transferido a la Generalitat 17.418 millones, en 2025 han sido 15.921 millones y en 2024 un total de 15.376 millones. En los últimos años del Botánico las aportaciones del Estado fueron de 10.797 millones en 2022, de 11.341 millones en 2021 o de 11.613 millones en 2020. En 2023, fueron 13.553 millones.

574 millones menos por las rebajas de impuestos a las rentas altas

En cuanto a los impuestos, la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones (292 millones), la supresión del impuesto de Patrimonio a personas con bienes valorados en hasta 1 millón de euros (68 millones) y del impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente, principalmente a Iberdrola por la central Nuclear (14 millones) supone una merma de 374 millones de euros al año para las arcas públicos.

A ellos hay que sumar los 160 millones de euros que se dejarán de recaudar con la reforma del tramo autonómico del IRPF que beneficia especialmente a las rentas de más de 72.000 euros. Así, por ejemplo, las rentas de hasta 12.000 euros se verán beneficiadas con un ahorro de 0,20% al pasar de un tipo aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, el ahorro será del 0,30%; las rentas de 42.000 euros hasta 72.000 euros tendrán un ahorro del 0,60% y a partir de esa cuantía será del 0,40% (ver tablas). De esta forma, el ahorro será un 25% más para estas rentas que para las de la franja de entre 12.000 y 22.000 euros. Si vamos a casos concretos, términos absolutos, una persona con una renta de 22.000 euros se ahorrará 54 euros y otra con una renta de 72.000 euros se ahorrará 324 euros.

Además, el pasado mes de marzo se extendieron las deducciones para actividades deportivas o adquisición de gafas a personas con salarios de hasta 60.000 euros (hasta ese momento el límite era de 30.000 euros), una medida que tendrá un coste para las arcas públicas de 27,2 millones. A ellos se añaden otros 12,8 millones por las deducciones a rentas de hasta 60.000 euros por enseñanzas de música impartidas en conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, así como para la compra de instrumentos y partituras.

En total, el descenso en la recaudación anual asciende a 574 millones de euros, o lo que es lo mismo, en una legislatura la merma sería de 2.296 millones de euros.

Peores servicios públicos

La consecuencia directa de esta política es el debilitamiento de los servicios públicos. Sin ir más lejos, parte de la huelga del profesorado está relacionado con los recortes en materia de infraestructuras. En las escuelas oficiales de idiomas los sindicatos denuncian que la conselleria ha eliminado 244 grupos y que desde 2024 un total de 8.450 alumnos no han podido acceder a la enseñanza de idiomas público, por lo que 61 profesores se han ido a la calle. También denuncian que en FP está habiendo recortes lo que obliga a los estudiantes a buscar formación en la privada.

En materia de servicios sociales, el PSPV denunció recientemente que la oferta pública de residencias en la Vall d'Albaida apenas cubre un 8% de las necesidades de las personas mayores, puesto que esta comarca dispone de 333 plazas públicas para atender las peticiones de 4.604 demandantes que engrosan las listas de espera. En cuanto a la dependencia, en el mes de mayo había 21.954 personas a la espera de ser valoradas una cifra que con pequeños altibajos se mantiene en los últimos meses. Si bien en enero había 22.455 ciudadanos en esta situación, la cifra se disparó hasta los 27.353 en febrero y poco a poco fue bajando de nuevo.

En sanidad, pese a que el plan de verano cuenta con un presupuesto de 85 millones de euros, 3 millones más que el ejercicio anterior, la realidad es que la atención hospitalaria se verá mermada con respecto al año anterior, según denuncian los sindicatos, mientras el PSPV ha denunciado que en agosto se cerrarán “más de 600 camas”.

Según UGT, “el plan de vacaciones que ha presentado la Conselleria no llega a cubrir toda la demanda asistencial” y añaden: “No debería concebirse como algo normal que en el periodo estival se cierren las camas porque aunque la población tiene movilidad en esta época, por el cambio climático y la ola de calor, cada vez existen más patologías asociadas a las altas temperaturas y sigue habiendo ingresos hospitalarios”.

Por su parte, CCOO denuncia que el Plan de Vacaciones “consolida los recortes asistenciales pese a aumentar su presupuesto” y que “consolida la reducción de la actividad vespertina en Atención Primaria durante el verano”. Otro de los aspectos que más preocupa al sindicato es la falta de transparencia respecto al denominado “reagrupamiento de camas” hospitalarias, “eufemismo con el que sorprende esta Consellería para denominar al cierre de camas que tiene previsto y del cual no se informa, ni sobre el número de camas afectadas o los servicios implicados”. 

El PSPV critica la política fiscal “injusta”

El Síndic del grupo socialista en las Corts, José Muñoz, ha denunciado la “peligrosa y profundamente injusta” política fiscal del Consell de Pérez Llorca, que está “vaciando de forma irresponsable los recursos de la Generalitat con regalos fiscales a los patrimonios y rentas más elevadas”, mientras los servicios públicos de la Comunitat Valenciana “se caen a pedazos, como estamos viendo estos días con el vergonzoso e indecente plan de verano que supondrá el cierre en agosto de más de 600 camas en los hospitales o la ruin cicatería practicada en las negociaciones con los docentes mientras tenemos el gobierno valenciano más caro de la historia, en el que se han aprobado subidas de sueldo hasta un 36%”.

“El Gobierno de España está aprobando los mayores recursos en favor de la Comunitat Valenciana de la historia. Para 2026 serán 17.418 millones de euros, lo que supone 6.621 millones más de lo que tuvo el Consell del Botànic en 2022, un 61% más de dinero, y lo que vemos es un evidente deterioro de los servicios públicos a los valencianos y una política de regalos fiscales masivos a las rentas más elevadas”, ha denunciado Muñoz. El síndic del PSPV-PSOE advierte además que los fondos que vendrán con el nuevo modelo de financiación autonómico, que supondrá la llegada de 3.669 millones adicionales en 2027, han de servir para reforzar y potenciar la sanidad, la educación, los servicios sociales, las empresas y trabajadores, pero no para engordar los bolsillos del 1% más rico como están haciendo PP y Vox“.

Para José Muñoz, esta política “frívola y populista” se explica porque Pérez Llorca es un presidente “a dedo, que no han votado los valencianos” y cuya “única obsesión es caer en gracia a Feijóo para que lo deje ser candidato del PP” a las elecciones de 2027. “Pero los valencianos no nos podemos permitir el tener un presidente suplente de Mazón que no piensa en la Comunitat Valenciana, sino solo en su interés y en el del PP en Madrid”, ha aseverado el portavoz socialista.

El impuesto que gravará las estancias de los turistas en Euskadi inicia una nueva etapa. Una vez que la norma foral, igual para los tres territorios, tiene ya el visto bueno de las respectivas Juntas Generales, la pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos, que deberán adaptar sus ordenanzas municipales para aplicar la nueva normativa, que confiere a los consistorios capacidad para aplicar recargos o deducciones sobre las cantidades generales a pagar por las estancias, según el caso, y siempre sujetos a unas determinadas condiciones. Las maquinarias municipales se ponen ya a trabajar para llegar a tiempo. Seis meses les concede la norma, porque entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para todos los ayuntamientos.

Los consistorios de las tres capitales vascas arrancarán en breve todo el procedimiento. Donostia, que se ha tenido que resignar a que el impuesto no entre en vigor hasta enero pese a la insistencia de su alcalde, Jon Insausti, para que se adelantara la aplicación en aquellos ayuntamientos que así lo decidieran, lleva la delantera. Este mismo viernes se ha celebrado una reunión interdepartamental de economía, turismo, intervención y la alcaldía para empezar a perfilar el tema. “La idea es tener el borrador para septiembre”, señalan fuentes municipales. En Bilbao “se espera empezar con la tramitación oficial el próximo mes” para que pueda ser llevado a su aprobación en Pleno y que esté a tiempo para diciembre. Y también en Vitoria arrancarán en breve con el proceso: “La elaboración de la ordenanza fiscal, la definición de los modelos de declaración que deberán presentar los establecimientos turísticos, el desarrollo de la plataforma tecnológica para las autoliquidaciones y la comunicación con las empresas del sector para garantizar una implantación ordenada”.

El impuesto, que es municipal, es decir, que se recaudará por los consistorios, deja margen a los ayuntamientos para decidir las horquillas de la tasa, e incluso si se aplica o no el impuesto en función de la intensidad de llegada de turistas que tengan. Es decir, el impuesto es el mismo para los tres territorios, según las normas aprobadas en las Juntas, pero será diferente en función de la situación de los ayuntamientos y la decisión que tomen.

La norma introdude el concepto de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal” para dotar de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible, en otra de las enmiendas plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no sólo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%. Es decir, en función de su intensidad turística, un viajero alojado en un piso turístico puede pagar 6,5 euros o 4,5 euros, o nada, según lo que decida el municipio en su ordenanza.

En concreto las tablas de tarifas suponen entre 4,5 euros y 6,5 euros para los pisos turísticos y los hoteles de cinco estrellas, y para los cruceristas una horquilla entre 6 y 7 euros por día y amarre Los hoteles de cuatro estrellas pagarán entre 2 y 4 euros, entre 1,5 euros a 3 si tienen tres estrellas; de 1 a 2 euros para los establecimientos de dos estrellas y entre 0,7 y 1,5 euros para los de categoría de sólo una estrella. Es mismo impuesto se pagará en las pensiones, en los campings y en los albergues. Los agroturismo están en el tramo más reducido para los agroturismos, de entre 0,5 y 1,25 euros por persona. La tasa de pagará durante seis seis primeros días de estancia en Euskadi.

Barcelona quiere subir significativamente la tasa que pagan los cruceristas que están de paso en la ciudad. Al menos así lo manifiestan los Comuns y ERC, que prevén aprobar sendas iniciativas en el Ayuntamiento con el apoyo del PSC para que el Parlament permita subir el gravamen hasta los 24 euros al día para estos cruceristas que hacen escala en la ciudad.

Ambas iniciativas se debatirán en la comisión de Economía que se celebra este miércoles en el consistorio, y saldrán aprobadas con la mayoría de votos que ostentan las fuerzas progresistas. El siguiente paso sería acudir con esta propuesta al Parlament, competente en esta materia –igual que en la tasa turística– para que lo modifique. 

Actualmente, los cruceristas, una cifra que no para de crecer pese a los límites anunciados a este sector para los próximos años, pagan un máximo de 5 euros por jornada, a los que se suman 6 de la citada tasa turística. Si la propuesta lanzada por Comuns y ERC, y que cuenta con el apoyo del PSC, se lleva a cabo, el recargo municipal subiría a 24 euros (a los que se añadirían los 6 de la tasa).

Barcelona en Comú, además, ha anunciado una enmienda a la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del Parlament para que se incluya esta recarga. “El alcalde nos dice que la ciudad está masificada, y estamos de acuerdo, pero pacta con Junts el Plan de Usos en Ciutat Vella que refuerza los comercios dirigidos a los turistas”, ha criticado la concejal de los Comuns Carol Recio. 

Hoy los cruceristas de paso suponen el 45% del total“, ha recordado Jordi Castellana, concejal de ERC, en referencia al peso que tienen los viajeros que hacen escala por un día en la ciudad. ”Subir el recargo supondría incrementar ingresos de 20 millones anuales“, ha afirmado. ERC propone destinar ese diner a bonificar el 50% del coste del comedor escolar para todos los alumnos de la capital catalana. 

El politólogo judío Ernst Fraenkel acuñó, desde el exilio en Estados Unidos, el término “Estado dual” para definir el funcionamiento de la Alemania nazi. El III Reich era, por un lado, un Estado normativo, donde en apariencia primaba el imperio de la ley, pero, por otro, convivía con el Estado prerrogativo, que aprovechaba el sistema para sus tropelías sin ningún contrapeso. Para el abogado estadounidense Robert Amsterdam, que se ha hecho popular en los últimos meses por lanzar una campaña desde el Financial Times donde acusaba a la Agencia Tributaria de “carterista”, el funcionamiento de la Hacienda española es un buen ejemplo de esto mismo.

A solo unos pasos del Congreso de los Diputados, y con la presencia en el público de referentes del turboliberalismo como el economista Daniel Lacalle, el abogado ha presentado este martes su libro Hacienda y el Estado Dual, escrito a cuatro manos con el fiscalista británico Christopher Wales. La portada –un toro de Osborne con la bandera española que proyecta una sombra con forma de mano a punto de agarrar a un ciudadano que huye– es toda una declaración de intenciones.

“Corruptos”, “depredadores”, “mafia” o “criminales” son solo algunos de los términos con los que ambos activistas se han dirigido a Hacienda, la Agencia Tributaria, los inspectores y los gobernantes –de PP y de PSOE–, en una presentación donde, a ratos y caóticamente, han mezclado sus críticas al funcionamiento del fisco con declaraciones sobre política, fondos europeos, los casos de corrupción o el diario El País. No han faltado comparaciones: Corea del Norte, China, Ruanda, Uganda… A pesar de que organismos internacionales como la OCDE, el FMI o la Unión Europea validan el sistema fiscal español.

“En Rusia los abogados son más valientes que en España”, ha dicho Amsterdam durante el coloquio. “Cuando fui detenido en Rusia en 2005 sabía que podía llamar a abogados para defenderme, pero en España no. (...) El miedo en España es algo que no se puede vivir en ningún otro país”, ha asegurado. “Creemos que Hacienda es una mafia. Es un problema de recursos humanos”, ha subrayado.

Contra los Inspectores de Hacienda

Amsterdam ha dicho que, durante 15 años, se dedicó a ejercer la abogacía y la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos que estarían amenazados en el país por la labor de la Agencia Tributaria, que se dedica a exprimir a los contribuyentes y a presumir su culpabilidad. El abogado ha puesto a la Hacienda española en el foco de su actividad tras defender a varios contribuyentes inspeccionados tras acogerse a la Ley Beckham. Ahora, prevé una tournée por España para reunirse con patronales y pedir una reforma fiscal en profundidad. Aunque sin números ni cifras, ni opiniones más allá del trazo grueso sobre unos inspectores de Hacienda a los que “pagan por joder”.

Los inspectores de Hacienda ya enviaron un comunicado hace unas semanas en el que, a raíz del revés judicial en el ‘caso Shakira’ y de la campaña desatada por Amsterdam, reclamaron respeto hacia su trabajo, asegurando que las críticas “han traspasado el límite de lo razonable”.

Su compañero de firma, Wales, que en su día asesoró a los laboristas Tony Blair y Gordon Brown en su paso por el Gobierno británico, ha asegurado que “el punto de partida en España, lo que los inspectores hacen, es estar convencidos de que eres culpable de fraude” a la Hacienda pública y que no hay control a labor del fisco, como sí existe en países como Ruanda o Uganda. Países perfectamente comparables con España, claro, según él.

De la IA a 1984, de Orwell

La intrusividad del Estado se va a disparar con el uso de la Inteligencia Artificial que, según Amsterdam, llevará al sistema más allá de las autocracias como el III Reich o la Rusia de Putin… Al mundo del 1984 de George Orwell.

Preguntado sobre por qué si la Hacienda española cae en los estándares de las autocracias, ninguna organización internacional actúa, Amsterdam ha explicado que para los expertos fiscalistas lo importante de un sistema es que recaude. España, lejos de ser un infierno fiscal, recauda mucho menos que otras potencias europeas en relación con el tamaño de su economía.

Insistido por este medio en sus comparaciones con dictaduras y si se plantea acudir a la justicia comunitaria, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amsterdam ha dado a entender que sí, aunque el problema es que la justicia va muy lenta.

“Puedes apostar a que vamos a acabar con esto. Vamos continuar hasta que esos bastardos corruptos dejen de arruinar vidas”, ha dicho, con la misma solemnidad con la que Escarlata O’Hara puso a Dios por testigo de que jamás volvería a pasar hambre.

“Chris y yo estamos aprovechando que no somos contribuyentes españoles y podemos decir la verdad”, ha zanjado Amsterdam. Los autores dicen que no se llevarán ni un euro de beneficios del libro. Hacienda, al menos, recaudará el IVA, del 4%. Sale a la venta este martes 9. Para cafeteros.

La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

Existe la idea arraigada en parte del debate público español de que la política fiscal debe entenderse exclusivamente como un mecanismo de redistribución. Sin embargo, la literatura contemporánea de economía política lleva años advirtiendo de que la fiscalidad cumple también una función competitiva y territorial. Los impuestos no solo redistribuyen renta; también condicionan comportamientos, orientan decisiones económicas y moldean la capacidad de un territorio para atraer o expulsar actividad productiva.

En las democracias descentralizadas, como España, este fenómeno resulta especialmente visible. Las comunidades autónomas no compiten únicamente mediante infraestructuras, servicios públicos o capital humano. Compiten también mediante seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y diseño fiscal.

La cuestión, por tanto, no es si debe existir fiscalidad. La cuestión relevante es qué estructura fiscal permite generar simultáneamente prosperidad, cohesión social y sostenibilidad financiera del Estado del bienestar.

La evidencia académica sobre el impacto económico de la fiscalidad es amplia y relativamente consistente. Christina Romer y David Romer, en un trabajo publicado en American Economic Review en 2010, concluyeron que las subidas de impuestos tienen efectos contractivos significativos sobre la actividad económica y el crecimiento. En términos similares, los economistas Karel Mertens y Morten Ravn demostraron posteriormente que los cambios fiscales influyen de forma relevante sobre el consumo agregado y la inversión privada.

Y existe un amplio consenso en torno a una idea básica: cuando la presión fiscal desincentiva inversión, ahorro, emprendimiento o consumo, el crecimiento potencial de un territorio tiende a reducirse.

La OCDE viene insistiendo desde hace años en la importancia de que los sistemas tributarios favorezcan productividad, inversión y competitividad económica. En su informe Tax Policy Reforms 2025, el organismo subraya que el diseño fiscal constituye un elemento central en la capacidad de las economías avanzadas para atraer actividad económica y sostener el crecimiento a largo plazo.

España ofrece además un interesante laboratorio comparado. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa nuevamente a Madrid entre las comunidades con un sistema tributario más competitivo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan con claridad algunas de estas diferencias. Según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE en diciembre de 2025, Madrid alcanzó un PIB per cápita de 44.755 euros, mientras Castilla-La Mancha se situó en torno a 26.291 euros por habitante. Evidentemente, la explicación de esta divergencia es multicausal y sería intelectualmente deshonesto reducirla únicamente a la política fiscal, pero negar el impacto del marco tributario sobre la competitividad territorial resultaría igualmente simplista.

La fiscalidad tiene además una dimensión institucional frecuentemente olvidada: la legitimidad. Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos. Por el contrario, cuando los impuestos se perciben como excesivos o incapaces de traducirse en mejoras reales, aumenta la desafección fiscal y disminuye la confianza institucional.

"Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos"

Por ello, la cuestión relevante no es únicamente cuánto recauda una administración regional, sino cómo el diseño de su estructura tributaria condiciona la generación de actividad económica, la atracción de capital, la creación de empleo.

Andalucía constituye uno de los ejemplos más citados en este debate. Tras la puesta en marcha de una estrategia orientada a mejorar su competitividad fiscal, la comunidad registró cifras récord de inversión extranjera, alcanzando los 1.364 millones de euros. Del mismo modo, Extremadura protagonizó en 2024 la mayor mejora de España en el Índice de Competitividad Fiscal, pasando de la decimoquinta a la séptima posición.

Pero más allá del debate político, resulta difícil negar que la política fiscal se ha convertido en una herramienta de posicionamiento económico entre comunidades autónomas.

En este contexto, Castilla-La Mancha merece una reflexión específica. Según los últimos informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 34% de los castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística sitúan el salario medio anual de la región en 26.062 euros, frente a los 29.540 euros de la media nacional.

La evaluación de políticas públicas exige analizar no solo los recursos invertidos o las intenciones declaradas, sino también los resultados obtenidos. Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, es obligado plantear una pregunta legítima: ¿están produciendo los resultados esperados las herramientas económicas e institucionales que se vienen aplicando durante la última década? Porque cuando una comunidad autónoma mantiene de forma persistente niveles de renta inferiores a la media nacional, salarios más bajos y mayores tasas de vulnerabilidad social, resulta razonable abrir un debate sereno sobre la necesidad de explorar estrategias alternativas.

Utilizando mecanismos de ciencia política comparada debemos analizar el porqué de que una comunidad autónoma experimente mejoras en competitividad, inversión, actividad empresarial o renta disponible tras la adopción de determinadas reformas económicas y fiscales. No para importar mecánicamente modelos ajenos, sino para comprender qué incentivos generan, qué efectos producen y cuáles de sus elementos podrían adaptarse a las características propias de cada territorio. En definitiva, la innovación institucional comienza cuando una sociedad es capaz de preguntarse si existen formas más eficaces de alcanzar los objetivos que comparte.

La cuestión verdaderamente relevante es qué modelo fiscal genera más prosperidad, más inversión, más empleo y una mayor capacidad financiera sostenible para sostener servicios públicos de calidad. Porque los territorios que penalizan sistemáticamente el crecimiento económico terminan debilitando, tarde o temprano, la propia base productiva que financia su Estado del Bienestar.

Castilla-La Mancha dispone de fortalezas extraordinarias. Su posición geográfica como eje de crecimiento económico para el sur de Europa, la capacidad de su sector agroalimentario, su posible tejido industrial y turístico emergente o su proximidad al principal mercado económico del país constituyen activos de enorme valor. Precisamente por ello resulta pertinente preguntarse si el actual marco de gestión pública está permitiendo aprovechar plenamente ese potencial.

“Un reequilibrio del gasto social entre generaciones”. La Comisión Europea entra de lleno en el debate en España sobre cómo se reparte el gasto social entre los diferentes grupos de edad, según se desprende del informe elaborado por la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas que se ha presentado este miércoles. Aunque en el informe no se hace una mención directa al gasto en pensiones, Bruselas sí resalta la necesidad de “un reequilibrio del gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, así como su vinculación con las políticas de activación, reduciendo aún más las desigualdades de renta” para luchar contra la pobreza infantil.

La Comisión también hace una llamada por “una creciente dependencia de la tributación del trabajo”, mientras “España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos”. En este sentido, destaca el IVA de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. A pesar de que se ha convertido en un tema en el que la oposición de derechas insiste en castigar al Gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguna mención en el informe sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Bruselas también hace una llamada por la desviación del gasto en 2026 e insta a España a que “respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”.

Posteriormente, un miembro de la Comisión sí que ha señalado que “España gasta muchísimo en partidas como pensiones, que no benefician particularmente a las nuevas generaciones. Hay que pensar en un gasto más orientado a las nuevas generaciones. Los pensionistas tienen casi el doble de la renta media y muchos de los beneficios y ayudas, como el transporte”.

Mientras, el informe sobre España contrapone que la pobreza “sigue siendo un desafío importante, en un contexto de niveles generales de pobreza elevados y de desigualdades de ingresos persistentemente altas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los Estados miembros con peores resultados de la Unión Europea en este ámbito”.

Bruselas recomienda para solucionar este desajuste la necesidad de reequilibrar el gasto público favoreciendo políticas destinadas a apoyar a los niños y a los jóvenes. La Comisión ha escogido un grupo de áreas prioritarias a las que se debería dirigir el gasto público que son la educación, el empleo y, especialmente al acceso a la vivienda, que se ha vuelto a colar este año como uno de los principales retos de la economía española.

En este sentido, la Comisión insiste en que “España cuenta con uno de los niveles más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, representando menos del 2% del parque total de viviendas, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7%”. Bruselas recomienda “superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda” como son la “disponibilidad limitada de suelo edificable, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos” para superar los “persistentes cuellos de botella en la oferta”.

Subir el IVA a la hostelería para recaudar hasta 7.000 millones más

A la hora de explicar la tributación en España, Bruselas apunta que “la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el subperíodo 2015-2019 al 51,8%” de 2020-2024. De hecho, “el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento” de la participación fiscal en España durante la última década, “lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo”. Es decir, los trabajadores contribuyen más fiscalmente que las rentas de capital o el consumo.

Bruselas argumenta esta situación por “la no indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de los tipos de cotización a la Seguridad Social han acelerado el desplazamiento de España hacia una mayor tributación del trabajo”.

Frente a esta situación, “los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y de impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación fiscal total”. En este sentido, el informe recalca que “España presenta las mayores brechas de política del IVA de la Unión Europea, como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos y de la mayor brecha derivada de exenciones del IVA”.

La Comisión hace una mención especial al IVA reducido de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. Frente al impuesto del 21% la hostelería paga un 10%. Según un técnico de la Comisión, “los beneficios fiscales que existen en España rondan 60.000 millones en total, de los cuales el IVA son casi el 60%”. En el caso del IVA de la hostelería, su incremento supondría que se ingresarían hasta 7.000 millones más en las arcas públicas.

Desvío del gasto

La Comisión prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1% en 2026 y un 14,9% de forma acumulada en el período 2024, 2025 y 2026. Esto supondría una desviación respecto a los datos que envió en Gobierno de España con un 4,2% anual, mientras que en el acumulado alcanzaría el 13,3%. Con los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez España cumpliría con la regla de gasto, ya que estaría por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB marcados por las reglas fiscales europeas.

“Teniendo en cuenta la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”, señala la Comisión.

Un técnico de la Comisión ha rebajado el impacto de este desvío y admitie que se hace la recomendación a España porque “está cerca del límite del acumulado”. “En la desviación acumulada se añade cierta flexibilidad a 2024, con lo cual en 2025 todavía tenemos un pequeño crédito de un 0,1% para el 26. La recomendación tiene en cuenta la flexibilidad de la cláusula de defensa. Hay un exceso de 0,4% del PIB con la cláusula defensa”.

La cláusula nacional de escape para el gasto en defensa permite a los países contabilizar el aumento del presupuesto militar fuera de las reglas fiscales ordinarias. España se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en un ardúa confrontación con Donald Trump, que exigía que el gasto en defensa de los aliados de la OTAN llegara al 5% del PIB.

Además, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha confirmado que se va ampliar la aplicación de la cláusula de escape para inversiones en energía, una medida que habían solicitado países como Italia y España, con idea de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esta ampliación facilitará que las cuentas españolas no superen los límites de la regla de gasto de la UE.

Las rentas bajas, las que más problemas tienen para acceder a una vivienda y en general para llegar a fin de mes, serán las que menos se beneficien del nuevo tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aprobado por el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca y que implicará una merma en los ingresos de la Generalitat de 160 millones de euros en un momento en el que la administración valenciana tiene serios problemas de tesorería y no puede hacer frente a las mejoras en la educación pública que han desencadenado una huelga que alcanza su cuarta semana de protestas.

Así, la nueva escala aprobada por el Consell beneficiará especialmente a las rentas medias y altas. En concreto, las rentas de hasta 12.000 euros se verán beneficiadas con un ahorro de 0,20% al pasar de un tipo aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, el ahorro será del 0,30%; las rentas de 42.000 euros hasta 72.000 euros tendrán un ahorro del 0,60% y a partir de esa cuantía será del 0,40% (ver tablas). De esta forma, el ahorro será un 25% más para estas rentas que para las de la franja de entre 12.000 y 22.000 euros. Si vamos a casos concretos, términos absolutos, una persona con una renta de 22.000 euros se ahorrará 54 euros y otra con una renta de 72.000 euros se ahorrará 324 euros.

De esta forma, los casi 2 millones de contribuyentes con rentas de hasta 30.000 euros se van a ahorrar entre 1 y 48 euros, mientras que las 693.048 personas con rentas de entre 30.000 y 80.000 euros tendrán un ahorro de entre 91 y 317 euros. Por su parte, los 68.328 contribuyentes con rentas superiores a 80.000 euros se ahorrarán entre 358 euros y 424 euros.

Así se recoge en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat -conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento- y cuyas novedades ha dado a conocer este lunes el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

El titular de Hacienda ha explicado que esta misma mañana ha salido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) el anuncio del trámite de audiencia ciudadana del Anteproyecto de Ley, que acompaña al Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 presentada el pasado viernes.

Rovira ha recordado que cuando llegaron al Gobierno valenciano aplicaron una reducción con la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, implementamos las medidas de las deducciones por salud y deporte, y justo este lunes, 1 de junio, ha entrado en vigor la reducción de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El conseller ha señalado que “faltaba dar el paso en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que la Comunitat Valenciana tiene los tipos más altos de toda España. Y lo que vamos a hacer es una rebaja que afecta a todos los tramos, especialmente a las rentas medias y bajas, y que alcanzará a 2,7 millones de contribuyentes concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 y 72.000 euros”.

El conseller ha señalado que esta medida se implementará en la Renta de 2026 cuya campaña se realizará en 2027. “Nuestro interés es que sea sostenible en el tiempo, por eso lo vamos haciendo de una manera progresiva”, ha manifestado.

Reducción de la carga fiscal y mantenimiento de la progresividad

Rovira ha explicado que el objetivo “es reducir la carga fiscal sobre rentas bajas y medias y controlar el impacto presupuestario además de mantener la progresividad del impuesto”.

Así, los primeros pasos que se han dado se centran en la reducción generalizada de tipos entre 0,2 y 0,6 puntos y mayor intensidad entre 32.000 euros y 72.000 euros. No hay cambios a partir de los 150.000 euros. El conseller ha remarcado que el 72% de los beneficiarios “son rentas inferiores a 30.000 euros y que el 87,3 % del ahorro total se concentra en contribuyentes con rentas inferiores a 80.000 euros”.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley establece medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares. “Era una medida que nos habían planteado principalmente desde la empresa familiar. Más del 90 % de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y era de justicia escucharlos y plantear medidas que garanticen que este tipo de negocios puedan continuar”, ha añadido el conseller.

Les rendes baixes, les que més problemes tenen per a accedir a un habitatge i, en general, per a arribar a final de mes, seran les que menys es beneficiaran del nou tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca i que implicarà una pèrdua en els ingressos de la Generalitat de 160 milions d'euros en un moment en què l'Administració valenciana té seriosos problemes de tresoreria i no pot fer front a les millores en l'educació pública que han desencadenat una vaga que arriba a la seua quarta setmana de protestes.

Així, la nova escala aprovada pel Consell beneficiarà especialment les rendes mitjanes i altes. En concret, les rendes de fins a 12.000 euros es veuran beneficiades amb un estalvi del 0,20% en passar d'un tipus aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, l'estalvi serà del 0,30%; les rendes d'entre 42.000 i 72.000 euros tindran un estalvi del 0,60%, i a partir d'aquesta quantia serà del 0,40% (vegeu les taules). D'aquesta manera, l'estalvi serà un 25% superior per a aquestes rendes que per a les de la franja d'entre 12.000 i 22.000 euros. Si anem a casos concrets, en termes absoluts, una persona amb una renda de 22.000 euros s'estalviarà 54 euros i una altra amb una renda de 72.000 euros s'estalviarà 324 euros.

D'aquesta manera, els quasi 2 milions de contribuents amb rendes de fins a 30.000 euros s'estalviaran entre 1 i 48 euros, mentre que les 693.048 persones amb rendes d'entre 30.000 i 80.000 euros tindran un estalvi d'entre 91 i 317 euros. Per la seua part, els 68.328 contribuents amb rendes superiors a 80.000 euros s'estalviaran entre 358 i 424 euros.

Així es recull en l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat —coneguda comunament com a Llei d'Acompanyament—, les novetats de la qual ha donat a conéixer aquest dilluns el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira.

El titular d'Hisenda ha explicat que aquest mateix matí ha sigut publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'anunci del tràmit d'audiència ciutadana de l'Avantprojecte de Llei, que acompanya el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2026 presentat divendres passat.

Rovira ha recordat que quan van arribar al Govern valencià van aplicar una reducció amb la bonificació del 99% de l'Impost de Successions i Donacions, van implementar les mesures de deducció per salut i esport i, just aquest dilluns, 1 de juny, ha entrat en vigor la reducció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El conseller ha assenyalat que “faltava fer el pas en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que la Comunitat Valenciana té els tipus més alts de tot Espanya. I el que farem és una rebaixa que afecta tots els trams, especialment les rendes mitjanes i baixes, i que arribarà a 2,7 milions de contribuents, concentrats especialment en els trams d'entre 32.000 i 72.000 euros”.

El conseller ha assenyalat que aquesta mesura s'aplicarà en la renda de 2026, la campanya de la qual es farà el 2027. “El nostre interés és que siga sostenible en el temps, per això ho anem fent d'una manera progressiva”, ha manifestat.

Reducció de la càrrega fiscal i manteniment de la progressivitat

Rovira ha explicat que l'objectiu “és reduir la càrrega fiscal sobre les rendes baixes i mitjanes i controlar l'impacte pressupostari, a més de mantenir la progressivitat de l'impost”.

Així, els primers passos que s'han donat se centren en la reducció generalitzada de tipus entre 0,2 i 0,6 punts, amb una major intensitat entre 32.000 i 72.000 euros. No hi ha canvis a partir dels 150.000 euros. El conseller ha remarcat que el 72 % dels beneficiaris “són contribuents amb rendes inferiors a 30.000 euros i que el 87,3 % de l'estalvi total es concentra en contribuents amb rendes inferiors a 80.000 euros”.

D'altra banda, l'Avantprojecte de Llei estableix mesures en els impostos de Successions i Donacions per a facilitar el relleu de les empreses familiars. “Era una mesura que ens havien plantejat principalment des de l'empresa familiar. Més del 90 % de les empreses de la Comunitat Valenciana són familiars i era de justícia escoltar-les i plantejar mesures que garantisquen que aquest tipus de negocis puguen continuar”, ha afegit el conseller.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado el primer paso para retomar las negociaciones con las comunidades de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así, España ha enviado una carta a cada uno de los consejeros regionales para iniciar una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En una nota de prensa, el Ministerio ha anunciado que será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien dirija las reuniones con las comunidades autónomas.

Gascón, el que fuera el número dos de la vicepresidenta María Jesús Montero, conoce al detalle el modelo de financiación autonómica que propuso el Ejecutivo a principios de año. Una reforma que el nuevo ministro ha hecho propia. “Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual”, dijo España en una entrevista con elDiario.es.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevan citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

Más de 220.000 millones para las comunidades

El Gobierno se reafirma en el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha aprobado en el pleno una importante modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La nueva normativa introduce un “ambicioso” paquete de bonificaciones fiscales potestativas, diseñadas para incentivar la creación de nuevas empresas, fomentar la contratación indefinida, promover las energías renovables y apoyar actividades de especial interés para la comunidad, según explica el Consistorio. 

Esta medida, impulsada por el equipo de gobierno, busca alinear la política fiscal del municipio con los objetivos estratégicos de crecimiento económico sostenible y creación de empleo de calidad. Las bonificaciones, que deberán ser solicitadas por los sujetos pasivos, se aplicarán sobre la cuota del impuesto una vez consideradas las bonificaciones obligatorias de carácter estatal. 

El alcalde, David de Vera, ha destacado la relevancia de esta iniciativa: “Con esta modificación, enviamos un mensaje claro a nuestros emprendedores y empresarios: el Ayuntamiento de Puerto del Rosario es su aliado. Estamos comprometidos con la creación de un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas. Estas bonificaciones no son un gasto, sino una inversión estratégica en el futuro de nuestro municipio, premiando a quienes arriesgan su capital para generar riqueza y, sobre todo, para crear puestos de trabajo estables y de calidad”. 

E concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, ha detallado el enfoque técnico y la solidez jurídica de la propuesta: “Hemos articulado un sistema de incentivos fiscales riguroso, transparente y alineado con la legalidad vigente. Cada una de estas bonificaciones responde a una necesidad concreta: apoyar a los que empiezan, premiar a los que contratan, impulsar la transición ecológica y proteger actividades de valor social o cultural. La gestión responsable de los recursos públicos también implica saber utilizarlos como palanca de progreso, y eso es exactamente lo que hacemos con esta ordenanza”.

Principales bonificaciones aprobadas

La modificación del artículo 5 de la ordenanza establece cuatro grandes líneas de bonificaciones, según acalara el Ayuntamiento: 

1.  Bonificación del 50% por Inicio de Actividad: Los nuevos empresarios y profesionales que inicien su actividad en el municipio disfrutarán de una bonificación del 50% en su cuota durante los cinco años posteriores al periodo de exención legal. Esta medida está diseñada para aliviar la carga fiscal en las etapas más cruciales de un nuevo negocio. 

2.  Bonificación por Creación de Empleo (hasta el 50%): Se establecen bonificaciones progresivas para las empresas que incrementen su plantilla media de trabajadores con contrato indefinido:

•    20% de bonificación por un incremento de entre 1 y 5 trabajadores.

•    35% de bonificación por un incremento de entre 6 y 10 trabajadores.

•    50% de bonificación por un incremento superior a 10 trabajadores. 

3.  Bonificación del 30% por Sostenibilidad: Las empresas que inviertan en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables o que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus locales se beneficiarán de una bonificación del 30%, siempre que dichas instalaciones cuenten con la homologación de la administración competente. 

4.  Bonificación del 50% por Especial Interés Municipal: Se aplicará una bonificación del 50% a aquellas actividades que, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación. 

Próximos pasos

Tras esta aprobación inicial, el texto de la modificación de la ordenanza se someterá a un periodo de información pública de treinta días hábiles para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. En caso de no presentarse ninguna, el acuerdo se entenderá como definitivo, procediéndose a su publicación final para su entrada en vigor. 

Con esta medida, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario reafirma su compromiso con una gestión pública proactiva, centrada en el bienestar de sus ciudadanos y en la construcción de un futuro más próspero y sostenible para todos. 

El Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que la reforma fiscal aprobada a finales de 2024 ha cumplido con sus objetivos más que de sobra y que los avances en materia tributaria de los últimos años son suficientes para evitar una medida no solo impopular, sino también inoportuna: la subida de los impuestos al diésel que pactó para recibir fondos europeos.

El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos 475 millones de euros de los fondos Next Generation EU tras acreditar que el paquete fiscal del Ejecutivo se dejó una pieza fundamental para los objetivos medioambientales europeos. Fuentes del Gobierno explicaron en su momento que los acuerdos con los grupos parlamentarios (se sumaron desde Podemos hasta Junts) incluían esta equiparación fiscal de los combustibles, pero un “error” de los morados impidió la incorporación de la enmienda al texto final de la ley.

Y pasada la ventana de la reforma fiscal, en el Ejecutivo reconocen que las mayorías parlamentarias ya hacían difícil (si no imposible) que saliera adelante una medida con un coste político tan elevado, pero la guerra en Oriente Medio —que ha disparado los precios del petróleo y, precisamente, ha obligado a rebajar los impuestos en los carburantes— la convierten en casi suicida.

“Como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel”, respondió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo de principios de mes.

La equiparación que intentó llevar a cabo el Gobierno —y que ya trató, sin éxito, de introducir en los Presupuestos de 2021— suponía elevar 9,37 céntimos el precio del litro del diésel, hasta los 0,40 euros, la misma cuantía con la que se grava el impuesto de hidrocarburos en la gasolina. El objetivo: “internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes”, de acuerdo con la enmienda del PSOE que no se llegó a aprobar.

Este compromiso se negoció con la Comisión dentro de la reforma fiscal, que formaba parte del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, solicitado en diciembre de 2024. Y, en su ausencia, el Ejecutivo comunitario la consideró incompleta y, en julio de 2025, congeló una parte de las ayudas a desembolsar.

“En base a la información proporcionada, la Comisión no tiene una garantía razonable de que las pruebas enviadas por España justifiquen debidamente el cumplimiento del hito 388, ya que España no ha proporcionado evidencia ni de la entrada en vigor de la reforma de la imposición al diesel o de alguna reforma en el área de la tributación ambiental, ni cómo las reformas adoptadas (...) han aumentado los ingresos fiscales de manera permanente en, al menos, 0,3 puntos del producto interior bruto (PIB)”, apuntó en su momento la Comisión para justificar la retención.

El Gobierno da la reforma por cumplida

Los Ministerios de Hacienda y Economía —este último departamento es quien lidera las conversaciones con la Unión Europea— se afanan ahora por tratar de convencer al Ejecutivo comunitario de que los avances de la recaudación en los últimos años han sido suficientes para dar la reforma por cumplida.

De hecho, en el Informe de Progreso Anual —el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas— que el Gobierno remitió a Bruselas a finales del mes pasado, el Ejecutivo ya daba por completados los compromisos adquiridos en materia de recaudación: 0,3% del PIB (algo más de 5.000 millones de euros) por la reforma tributaria y otro 0,1% a cuenta de la no deflactación del IRPF.

“La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural”, zanjó el Ejecutivo.

El Gobierno trata de cimentar con estas cifras de recaudación el cumplimiento de su compromiso con Bruselas. Una vía que dejó abierta, en parte, la propia Comisión en su valoración del quinto desembolso. “España envió sus estimaciones de ingresos permanentes derivados de las reformas que entraron en vigor, pero estas incluían el impacto del impuesto al diésel que no se aprobó y cuya aprobación estaba prevista en los próximos meses”, dice el documento. Y una vez restado de esas previsiones de ingresos el impuesto al diésel, se quedaban cortas.

Ahora, toda vez que la recaudación y las medidas desplegadas han funcionado mejor de lo previsto, en el Gobierno confían en que sea suficiente para desbloquear los 475 millones de euros dentro del sexto desembolso que reclamó en marzo. “Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388”, apuntó Hacienda en la nota de prensa en la que anunciaba la solicitud.

El momento temporal lo es todo, ya que, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este miércoles, el precio del gasóleo antes de impuestos en nuestro país ha aumentado un 47,6% desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. En cuanto al precio de venta, este martes el litro de gasóleo se vendía en las gasolineras a 1,694 euros, frente a 1,568 euros de la gasolina.

El encarecimiento ha sido amortiguado por las rebajas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo, pero algunas de ellas (en la luz y el gas) ya se han desactivado y queda en el aire la prórroga a partir del 30 de junio, que es cuando decae el grueso del paquete que diseñó el Gobierno en marzo. A pesar de que la ampliación todavía no está asegurada, la Comisión, en las previsiones económicas publicadas este jueves, ya da por hecho que la reducción del déficit público se frenará.

Según un estudio de ING Economics publicado esta semana, los hogares españoles destinaron un 4,9% de su renta disponible al gasto en combustibles en 2025. El incremento de los precios experimentado en los últimos meses elevará esta factura al 5,3%. Y la propensión no es a conducir menos, sino a gastar menos en otras partidas, apuntan los economistas.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para “combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias y concentrando el esfuerzo fiscal en los grandes patrimonios, con la idea de garantizar un suelo común de justicia tributaria, según informa Europa Press.

El portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín, ha explicado que con la propuesta se busca combatir prácticas de algunas comunidades como Madrid, donde a su juicio se aplican bonificaciones “que benefician a grandes fortunas incluso con la exención”.

Se permite deducir lo abonado en Sucesiones

La propuesta ha incluido un mecanismo para evitar la doble imposición, permitiendo deducir lo ya abonado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del nuevo gravamen estatal, garantizando así un suelo común de justicia tributaria en todo el territorio nacional.

Desde Sumar se ha apostado, además, por destinar la recaudación derivada de este nuevo impuesto a políticas públicas y apoyo a las personas más vulnerables, vinculando así la medida fiscal a objetivos de redistribución de la riqueza.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Al portavoz económico le han acompañado los diputados Enrique Santiago y Alda Recas en el registro de la iniciativa. Santiago, mediante la red social 'X', ha defendido el impulso de esta iniciativa bajo el lema “quien más tiene debe contribuir más” y ha sentenciado: “No puede ser que grandes capitales heredados y grandes donaciones hagan un 'sinpa' en las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.

Asimismo, el grupo parlamentario ha considerado que la medida es necesaria para garantizar que las grandes fortunas contribuyan equitativamente al sostenimiento del Estado y sus servicios públicos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan los herederos.