Aumentar los impuestos a las grandes fortunas podría llegar a salvar 29,5 millones de vidas. Esa es la conclusión de un estudio publicado en la revista científica Lancet y liderado por el ISGlobal de Barcelona, que ha analizado el impacto que tienen las ayudas al desarrollo en las sociedades más vulnerables y ha calculado qué pasaría si hubiera una mayor distribución de la riqueza gracias a tasas más exigentes.

Los investigadores han analizado los datos de 59 países de renta baja y media-baja para ver cómo afectan las prestaciones a la lucha contra la pobreza. El análisis muestra que aumentar estas inversiones se asocia con una reducción de hasta el 24% de mortalidad general y del 33% de las muertes de niños menores de cinco años.

A pesar del impacto positivo que tienen los fondos humanitarios, se trata de una partida que se está viendo recortada. Diversos países, como el Reino Unido o Alemania, ya han anunciado que reducirán el dinero que aportan a esta causa.

El caso que más destaca es el de Estados Unidos, que ha asegurado que aplicará un tijeretazo del 83% a las ayudas. Eso, según otro estudio publicado por ISGlobal a principios de verano, se podría traducir en 14 millones de muertes.

En vista de esta tendencia, los investigadores han propuesto a los estados otras maneras de sufragar las ayudas. “Ante el creciente endeudamiento de los países donantes y la reasignación cada vez mayor hacia el gasto militar, financiar la ayuda humanitaria mediante la fiscalidad se perfila como una de las estrategias más viables”, asegura Lucio Expósito, economista principal del estudio.

Los investigadores han diseñado diez escenarios teniendo en cuenta diversos impuestos y diversos grupos a tasar. Desde el ISGlobal han identificado las grandes fortunas, las grandes empresas multinacionales, las transacciones financieras, las emisiones de carbono, las criptomonedas y los intereses generados por la deuda soberana como fuentes más “plausibles” de fondos.

La medida más efectiva, según apuntan los investigadores, sería gravar con un 3% las grandes fortunas (cienmillonarios). Si se empezara a aplicar este 2026, de cara a 2030 podría acabar financiando ayuda suficiente como para evitar la muerte de 29,5 millones de personas, entre ellas 3,4 millones de niños. Esa misma medida, si se aplicara un impuesto del 1%, salvaría 15 millones de vidas; 2,1 millones de niños.

La siguiente medida que recaudaría más es la Tasa Tobin. Se trata de la carga del 0,02% del importe efectivo de la compra en todas aquellas operaciones financieras que superen los 1.000 millones de euros. Sólo con eso se podría salvar la vida a 24,5 millones de personas.

“El mundo está experimentando niveles extremos de desigualdad”, apuntan los investigadores, que recuerdan que el 10% de la población más opulenta posee el 75% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre sólo tiene el 2%. Con todo, a día de hoy se cuentan 92.140 cienmillonarios en el planeta.

“Un reducido número de personas y grandes corporaciones acumula riqueza a un ritmo sin precedentes, mientras millones de personas vulnerables siguen muriendo por falta de acceso a intervenciones humanitarias básicas y, en muchos casos, de bajo coste”, afirma Davide Rasella, impulsor y coordinador del estudio.

El investigador apunta a que sus propuestas son medidas “moderadas” de distribución de la riqueza y, aun así, el efecto sería “enorme”.

Las propuestas impositivas de este informe no surgen de la nada, sino que están basadas en iniciativas que ya se han puesto encima de la mesa en diversos foros internacionales. Aumentar los impuestos a actividades contaminantes (como las de la industria fósil), a las grandes multinacionales o a las grandes fortunas son soluciones que han sido debatidas en el Marco Inclusivo de la OCDE o en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.

La propuesta más en firme en esta línea se dio en 2024, durante la presidencia brasileña del G-20, donde el economista francés Gabriel Zucman reclamó una tasa anual del 2% a los grandes millonarios. Su estudio apuntaba a que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

También destacan las medidas que se están intentando sacar adelante en Estados Unidos por parte de rivales de Donald Trump. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, basó parte de su campaña en la necesidad de aumentar la carga impositiva a las grandes fortunas, mientras que en California habrá un referéndum este noviembre sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios.

Aumentar estos impuestos, reza el estudio, no sólo tendría un impacto positivo en las políticas humanitarias, sino que también ayudaría a acabar con la tendencia a la acumulación.

Sólo en España, en el último lustro la riqueza en manos del 1% más rico de la población ha crecido en seis puntos porcentuales. A mayor capital, mayor capacidad de inversión y eso genera más rendimientos. “Arreglar esta desviación no sólo sería más justo, sino que podría evitar millones de muertes”, zanjan los investigadores.

España ha propuesto a la Unión Europea que se graven los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático tras la sequía y los graves incendios forestales que están asolando Europa a causa de este emergencia.

Entre las propuestas está la Creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de nuevos recursos, incluyendo un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. Otras opciones a analizar incluyen instrumentos de deuda europeos.

La postura de España se incluye en un documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos, según ha informado el departamento de Sara Aagesen.

Según el Miteco, el documento plantea un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa.

“Europa -añade el Miteco- necesita un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia. Es esencial promover evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional”.

Transición Ecológica subraya que “la resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera de la UE”, con criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP). Además, el sector financiero de la UE debería seguir integrando los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros.

El ministerio defiende que la UE incorpore instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática, como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacionados con el clima. Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds).

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dará luz verde este viernes a la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, doce años después de que el anterior caducara. Lo va a hacer con los votos del Gobierno central, de Catalunya, la comunidad que lo ha liderado (PSC y ERC), y de Canarias, que reculó en julio y propició que se aplazara el cónclave a petición del PP. Le bastaba al Ejecutivo con el apoyo catalán: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más. El resto de comunidades previsiblemente lo rechazarán. Igual que el gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE), cuyo presidente, Emiliano García-Page, lleva meses criticándolo con dureza. Madrid, que ha hablado de modelo “profundamente injusto” e “impuesto por Catalunya”, ha anunciado que no acudirá a la reunión para intentar evitar que haya el quorum suficiente para constituir el consejo.

Prima la voluntariedad: nadie está obligado a subirse al nuevo modelo. Las comunidades pueden seguir con el sistema de 2009, caducado desde 2014, si así lo prefieren. Y quienes decidan sumarse al nuevo esquema tendrán, además, margen para elegir entre varios de sus mecanismos: si quieren acogerse al reparto del IVA de las pymes, si prefieren una caja compartida con el Estado o mantener el actual sistema de anticipos, y cómo quieren que se les compensen las competencias no homogéneas. Es un modelo, en la práctica, a varias velocidades.

El aprobado del CPFF es el primer paso necesario, pero no quiere decir que eche a andar. Primero ha de pasar por el Consejo de Ministros y, después, necesita el visto bueno del Congreso y Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. La batalla, en realidad, no ha hecho más que empezar.

Lo que Hacienda pone sobre la mesa, en cualquier caso, es una cantidad considerable: cerca de 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas a partir de 2027. Para dimensionar la cifra: esos recursos extra equivaldrían a cubrir un tercio de todo el gasto sanitario de varias autonomías, hasta la mitad de su gasto educativo, o siete veces lo que esas mismas comunidades destinan hoy a políticas de vivienda. Estas son las claves del nuevo sistema.

¿Cuánto dinero de más aporta el nuevo modelo?

El cálculo de Hacienda, proyectado sobre el ejercicio 2027, sitúa el incremento de recursos para el conjunto de comunidades autónomas en 20.975 millones de euros respecto al modelo vigente. Con esa inyección, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones de euros en total. Es la cifra que el Gobierno repite como argumento central: no se trata de un simple reparto distinto de lo mismo, sino de una ampliación real de la tarta para el sostenimiento del Estado del bienestar autonómico: sanidad, educación y servicios sociales, las tres competencias que más pesan en los presupuestos regionales.

¿De dónde sale el dinero?

El incremento se financia por dos vías: una parte llega directamente de las arcas del Estado (nivelación vertical), y la otra procede de una mayor participación de las comunidades en la recaudación de los grandes impuestos. Por el lado de la nivelación vertical, el Estado destinará casi 19.000 millones de euros.

Por el lado de la cesta de impuestos cedidos, las comunidades pasarán a quedarse con el 55% del IRPF que se recauda en su territorio (frente al 50% actual), y con el 56,5% del IVA (hoy es el 50%). Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos, y se incorporan a la cesta el 100% de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, el impuesto sobre la electricidad, el de patrimonio, el de depósitos bancarios y los de residuos. Esta mayor cesión de tributos supone otros 15.756 millones de euros.

¿Qué comunidades ganan más?

En términos absolutos, Andalucía es la gran beneficiada del nuevo modelo, con 4.846 millones de euros más al año. Le siguen Catalunya, con 4.686 millones, la Comunitat Valenciana, con 3.669 millones, y Madrid, con 2.555 millones. En volumen absoluto, es Andalucía la que recibe más recursos, lo que desmonta parcialmente el relato de un modelo diseñado exclusivamente para satisfacer a Catalunya. El reparto por habitante ajustado, en cualquier caso, sigue premiando a las comunidades peor financiadas hasta ahora, que es precisamente el objetivo declarado de la reforma.

Garantía de statu quo

Ninguna comunidad autónoma recibirá, al arrancar el nuevo sistema, menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Es la llamada garantía de statu quo, un mecanismo pensado para evitar que ninguna región salga perjudicada por el cambio de reglas, y que Hacienda define como “el último elemento del modelo de financiación”, el que actúa de cierre de todo el sistema.

Ese suelo se financia con aportaciones específicas de la Administración central, que, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, destinará unos 400 millones de euros a este fin. Sus principales beneficiarias serán Cantabria y Extremadura, las dos comunidades que, según los cálculos del Ministerio, más necesitaban de esta red de seguridad para no perder financiación respecto al esquema actual.

¿Cómo se garantiza la solidaridad entre comunidades?

El modelo actúa en dos planos distintos. El primero es lo que se conoce como nivelación horizontal, que amplía la solidaridad interterritorial para que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, calculada a partir de su propia capacidad tributaria. El segundo es la nivelación vertical ya explicada, financiada con aportaciones del Estado, que persigue reducir en dos tercios la brecha respecto a Madrid.

La población ajustada, la vara de medir

El reparto de recursos entre comunidades se basa en la llamada población ajustada, una fórmula que no es nueva: parte del sistema de cálculo que el equipo de la ex vicepresidenta María Jesús Montero ya propuso en 2021 y que entonces fue rechazado por las comunidades, pero que ahora se aplicará con algunas modificaciones. Su objetivo es medir las necesidades reales de gasto de cada territorio más allá del simple número de habitantes.

El padrón municipal pesa un 30% en ese cálculo. La población protegida equivalente —que tiene en cuenta el gasto sanitario según los distintos grupos de edad— supone otro 38%, el tramo más determinante de la fórmula. La distribución de la población en edad escolar pondera un 17%. El resto se reparte entre superficie, dispersión e insularidad, variables que buscan compensar a los territorios con mayores costes estructurales para prestar servicios públicos. Con esta fórmula, el Gobierno calcula que las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades se reducirán casi a la mitad respecto al modelo actual.

El IVA de las pymes, a la carta

Uno de los elementos más novedosos del nuevo modelo es la posibilidad de que las comunidades opten por recibir el 56,5% del IVA Pyme, que genera la actividad de las pequeñas y medianas empresas en función de su domicilio fiscal, en lugar de repartirlo, como hasta ahora, según el consumo registrado en cada territorio. La adhesión es voluntaria y tiene un plazo de cinco años, revisable.

El mecanismo distribuye 2.084 millones de euros y, según fuentes del Ministerio, busca “reconocer el esfuerzo” de las comunidades que apuestan por el tejido de pymes. El caso de Catalunya ilustra bien su alcance: con el sistema actual se queda con apenas el 19% del IVA generado por sus pequeñas empresas, una cifra que con el nuevo mecanismo podría escalar hasta el 25%.

¿Y el dumping fiscal?

Es uno de los puntos que Hacienda aborda con más cautela. El nuevo modelo no incorpora una prohibición explícita del dumping fiscal, las rebajas de impuestos que aplican comunidades con más margen económico, singularmente Madrid, pero también Andalucía, y que erosionan la recaudación potencial del resto. Pero sí introduce un cambio con consecuencias prácticas: mejora la metodología para calcular el “valor normativo” de los tributos cedidos, de manera que se mida con más precisión la capacidad fiscal real de cada comunidad, al margen de las deducciones que aplique.

A esto se suma el compromiso de “lealtad institucional”: el Estado se obliga a compensar a las comunidades por aquellas normas estatales que les supongan más gasto o menos ingresos, un mecanismo que se revisará cada cinco años dentro del propio CPFF.

Lo que viene ahora

Una vez el modelo cuente con el aval del CPFF, el recorrido no habrá hecho más que empezar. La norma ha de pasar por la maquinaria del Consejo de Ministros. Y, después, el Congreso deberá ratificar tanto la reforma general como cada una de las leyes de cesión de tributos a las distintas comunidades, y ahí es donde el Gobierno se juega la verdadera partida: necesita el apoyo, entre otros, de un Junts que ya ha anunciado una enmienda a la totalidad.

El presidente catalán, Salvador Illa, considera que el apoyo de Canarias es “la prueba” de que se trata de un buen sistema. Con todo, Hacienda insiste en que hay margen para incorporar cambios, tanto en el trámite parlamentario como en las reuniones técnicas del Comité Permanente de Evaluación. La consellera catalana de Economía, Alícia Romero, ha pedido a PP y Junts que “faciliten la aprobación” y contribuyan a “mejorarlo” en el Congreso. Falta por ver si alguno de los dos está dispuesto a hacerlo.

PNV y PSE-EE han pactado un documento de mínimos para realizar una reforma fiscal 'armonizada' entre los tres territorios después de la tormenta desatada entre ambas formaciones por las medidas fiscales presentadas en Madrid por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que el PSE-EE aseguró que no se habían consensuado con ellos, y que incluso el propio secretario general del partido, Eneko Andueza, tachó de proyecto de “sesgo neoliberal”. De hecho, el documento suscrito por las cúpulas de ambas formaciones no incluye todas las medidas propuestas por la diputación vizcaína. Es el caso, por ejemplo, de las desgravaciones por los seguros médicos privados, una medida que no gustó nada en las filas de los socialistas, o las deducciones por gastos en gimnasios privados. También se modifican a la baja algunas desgravaciones del IRPF para atraer talento.

El acuerdo marco sobre los contenidos de las Normas Forales de Medidas Fiscales 2026, del que han dado cuentas los socios de gobierno a través de un comunicado conjunto, tiene el objetivo de “impulsar el arraigo empresarial, favorecer el relevo generacional, fortalecer la participación de las personas trabajadoras, atraer y fidelizar profesionales en Euskadi, mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible”. De momento es una base que tendrá que aprobarse después en las respectivas Juntas Generales de cada territorio. Ni en Álava ni en Gipuzkoa PNV y PSE-EE tienen mayoría, por lo que tendrán que buscar nuevos socios. De hecho, la normativa fiscal que está ahora en vigor se pactó en 2025 con Podemos.

Las medidas acordadas se incorporarán en los tres territorios históricos -Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, ya sea en los correspondientes anteproyectos normativos o durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas. “Todo ello sin perjuicio de que cada territorio pueda ampliar o complementar este marco común”, señalan, aludiendo a una máxima que han repetido desde los tres territorios estos meses, en el sentido de que “armonizar no es igualar”.

El acuerdo contempla la incorporación de una disposición adicional con rango de Norma Foral para evaluar el impacto de las medidas relacionadas con la continuidad empresarial, el arraigo, la fidelización y la atracción de personas y empresas. La evaluación se referirá a los periodos impositivos 2026-2029 y deberá analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, incluyendo, cuando proceda, variables desagregadas por sexo. Cada Gobierno foral dará cuenta de sus resultados a las Juntas Generales, que podrán valorar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones normativas.

Arraigo de las empresas y participación de los trabajadores

En concreto, para dar continuidad a las empresas y asegurar el relevo generacional, se ha acordado la reducción del 30% en plusvalías en determinadas transmisiones de empresas y negocios autónomos, siempre que se garantice la continuidad de la actividad y del empleo durante cinco años. Esta reducción se amplía al 35% si la transmisión se realiza a una micropyme y al 40% si es a una mujer menor de 36 años. Asimismo, se ha pactado revisar la normativa para la titularidad de los 'crowdfundings' y ampliar la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva para proyectos estratégicos de los territorios. La medida se aplicará sobre una base máxima de plusvalía de tres millones de euros. Se reforzarán las cautelas para garantizar el mantenimiento de la empresa y evitar operaciones que reduzcan sustancialmente el valor de la adquisición o permitan eludir los requisitos establecidos.

Por otra parte, se plantea ampliar la reserva prevista en el artículo 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades para proyectos estratégicos de país o de territorio. La definición y los requisitos de estos proyectos se concretarán reglamentariamente, atendiendo a factores como la creación de empleo estable y de calidad, el volumen de inversión y su alineación con las estrategias territoriales y de país.

El acuerdo contempla incentivos fiscales para favorecer que las personas trabajadoras participen en el capital de las empresas mediante la adquisición de acciones o participaciones, con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales. También se prevé facilitar préstamos para la incorporación de las personas trabajadoras a cooperativas o al capital de sus empresas. La aplicación de estos incentivos quedará condicionada al mantenimiento de las acciones o participaciones durante tres años. En las grandes empresas, el incentivo se orientará a los casos en los que la participación de las personas trabajadoras permita alcanzar el control de la sociedad o del grupo, con el objetivo de reforzar el arraigo de los centros de decisión.

Atracción de profesionales

Para la atracción de profesionales que hayan vivido en el extranjero, se ha acordado la exención del 42% en rendimientos del trabajo para el talento profesional y del 30% en rendimientos del trabajo para profesionales cualificados (con, al menos, FP de grado superior) en sectores como investigación, desarrollo e innovación, científico, técnico o financiero, medioambiental y de transición energética, tecnológico o de carácter biosanitario. Estas exenciones aumentan un 10% para menores de 36 años y tendrán una duración de 1+7 años. Asimismo, se incorpora una variable deducible de 2.000 euros (3.000 para menores de 36 años) por movilidad geográfica a las personas que se trasladen a territorio vasco que no cumplan criterio de impatriados.

Vivienda en alquiler

Relacionado también con la captación de talento, y ante las dificultades del mercado de la vivienda, se ha acordado la no tributación del abono de la empresa del alquiler de sus trabajadores en especie hasta 700 euros por mes con un máximo de hasta 24 meses por persona trabajadora, siempre que el alquiler no supere el índice de referencia, y hasta 300 euros en el resto de casos. También se habilitará a los ayuntamientos para establecer bonificaciones y avanzar hacia un modelo de IBI social. Y se estudiará la introducción de una deducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF para favorecer la cesión de viviendas o suelo finalista al parque público de alquiler o a proyectos de colaboración público-privada.

En cuanto a la formación y al empleo juvenil, se refuerzan los incentivos a la formación continua y dual y se incrementan las deducciones de creación de empleo si procede de esta formación.

Cuidados y movilidad

En el terreno de los cuidados, se ha acordado elevar el umbral de la deducción por cuidado a 500 euros, 750 euros si es por cuidado profesional, y a 1.000 euros en el caso de familias monoparentales. El acuerdo alcanza también la reparación social al incorporar medidas para facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas víctimas de abusos sufridos durante la infancia y la adolescencia en el ámbito institucional.

Existen también deducciones para el ámbito de la movilidad sostenible: se ha acordado una deducción del 5% por compra de vehículo nuevo si se achatarra otro de más de 20 años de antigüedad o si el vehículo antiguo supera un número de emisiones que se establecerá en el Reglamento. La medida tendrá una vigencia de dos años y se aplicará con límites de precio de 30.000 euros para los vehículos convencionales y de 40.000 euros para cero emisiones.

Fiscalidad de la empresa familiar y obligación de declarar

El acuerdo refuerza las reglas destinadas a evitar la elusión en la valoración de las transmisiones onerosas de empresas familiares. Como regla general, la persona adquirente tributará en una futura transmisión por el importe efectivamente satisfecho. “Si la Administración comprueba que dicho importe es distinto del declarado, se perderá el derecho a la exención, con la correspondiente regularización e intereses de demora”. También se analizará la necesidad de introducir una regla específica para las transmisiones lucrativas -donaciones y sucesiones de empresa familiar-, con remisión a la valoración prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y exigencia de tasación pericial cuando proceda.

En relación con la obligación de declarar en el IRPF, actualmente fijada en 20.000 euros, ambas formaciones acuerdan “abordar su actualización en el marco de los escenarios presupuestarios y de recaudación correspondientes al ejercicio 2027”.

La polémica por la propuesta de Bizkaia

Bizkaia presentó su propuesta fiscal en Madrid en el mes de junio, sin consensuarla con sus socios en el Gobierno foral, y tampoco con el resto de los territorios. La propuesta se realizó en Madrid, comunidad a la que se ha acusado desde el nacionalismo vasco en muchas ocasiones de hacer 'dumping' fiscal, y en un acto en el que participó una nutrida representación empresarial encabezada por el propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, junto a líderes de destacadas empresas y entidades como Petronor, Telefónica, Iberdrola o el BBVA, y que se deshicieron en elogios a las propuestas vizcaínas.

El vicelehendakari y secretario general del PSE-EE en Bizkaia, Mikel Torres, aseguró haber conocido el anteproyecto de reforma a la vez que la prensa, y señaló que las reformas fiscales “se acuerdan y se pactan, lo mismo que se hizo con la reforma fiscal de abril de 2025”. Eneko Andueza subió el tono de las críticas un mes después, a mediados de julio, al considerar que se trata de una propuesta con “sesgo neoliberal”. Ambos partidos se han empleado a fondo en los meses de verano para llegar a este documento de mínimos, aunque queda toda la tramitación las Juntas y se ha abierto ya de pleno el periodo preelectoral, y la fiscalidad es siempre uno de los temas centrales de las pugnas electorales.

Tras cerrarse el acuerdo entre las cúpulas de los partidos, la diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha considerado que se trata de un “paso adelante” para seguir avanzando en los retos económicos del territorio y seguir avanzando en construir “una economía fuerte y competitiva que ofrezca confianza a las empresas y a las personas que quieran desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en Gipuzkoa”. “Nos esforzaremos sobremanera para alcanzar con los grupos junteros un acuerdo amplio que beneficie al conjunto de las y los guipuzcoanos”, ha señalado.

La Rioja contará con una Ley de Medidas Fiscales de apoyo a las familias. Así lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el Debate sobre el Estado de la Región que se está celebrando en el Parlamento de La Rioja y que continuará mañana miércoles. Una Ley de Medidas Fiscales de apoyo a las familias con “las que damos un apoyo decidido a la natalidad y protección fiscal”, ha dicho Capellán además de asegurar que “hoy La Rioja es la Comunidad Autónoma que más ha avanzado en competitividad fiscal en los dos últimos años y encabeza con Madris y País Vasco el escalafón de las regiones con los impuestos más bajos de España”.

Y es que el jefe del Ejecutivo riojano considera que “bajar los impuestos es una política económica social y acertada”. Unas reformas fiscales que asegura “han beneficiado al conjunto de la población y han dejado en los bolsillos de los riojanos más de 82,81 millones de euros”. En lo relativo a la recaudación, “estamos recaudando más”. En impuestos cedidos, se ha recaudado cerca de un 11 por ciento más en esta legislatura: los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria (IRPF, Sociedades, IVA, impuestos especiales…) un incremento del 29,17 por ciento entre 2024 y 2026 (mientras en España ha sido una media del 21,5 por ciento).

“Bajar los impuestos es una política económica y social acertada”, señala Capellán porrque “cuando se bajan los impuestos, las familias pueden gastar más, consumen más, las empresas invierten más. La economía crece y los gobiernos disponen más presupuesto para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos: esto es una realidad”.

Y a pesar de todas estas rebajas impositivas, Capellán ha dicho ser consciente de que “hay familias que tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes porque los precios suben, cada vez más, incluso más que los sueldos, y por lo tanto se pierde poder adquisitivo”. Para contrarrestarlo ha anunciado una Ley de medidas fiscales de apoyo a las familias. Un texto con el que el Gobierno de La Rioja pretende dar un “apoyo decidido a la natalidad y protección fiscal aumentando las deducciones fiscales por nacimientos de hijos; aumentando el mínimo personal y familiar; estableciendo deducciones fiscales para familias numerosas y monoparentales; para la contratación de empleados del hogar; o deducciones para actividades extraescolares”. Y además, La Rioja reducirá los tipos impositivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales “con el objetivo de rebajar un uno por ciento todos los tipos de este impuesto hasta 2030 para continuar impulsando desde el punto de vista fiscal el acceso de los jóvenes a la vivienda”.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

La Unión ha pedido por carta a la presidenta María Guardiola que recapacite en su propuesta de eliminar de forma progresiva la ecotasa, pues “va a perdonar 147 millones de euros” a las propietarias de la central nuclear de Almaraz y “estas mismas empresas van a pagar impuestos en Cataluña de los cuales 45 millones van al sector agrario”.

“¿Para quién gobierna? ¿para los extremeños o para las multinacionales eléctricas?”, se ha preguntado la organización en un comunicado de prensa, donde precisa que con la supresión en el plazo de tres años de este impuesto se “prevé la pérdida de ingresos en las arcas regionales por este concepto de 25 millones de euros para 2027, de 50 millones para 2028 y de 74 millones para 2029”.

La organización agraria recuerda que los accionistas que gestionan la central son “Iberdrola con el 53 % y unos beneficios en el 2025 de 6.285 millones de euros; Endesa con el 36% y unos beneficios de 2.351 millones de euros; Naturgy con el 11% y beneficios de 2.023 millones”.

Se da la circunstancia de que “dos de estos accionistas que gestionan el 89% (Iberdrola y Endesa) de la central de Almaraz son los mismos que gestionan en Cataluña las centrales nucleares de Ascó y de Vandellòs”.

Añade que el Parlamento Catalán ha aprobado la Ley 1/2025 de fondos agrarios y ganaderos por la que destinan “el 30 % del impuestos que pagan sus centrales nucleares en Cataluña a ayudar al sector agrario catalán: en el año 2025 la parte de los impuestos de las centrales catalanas supusieron un total de 45 millones de euros”.

La Unión lamenta que cuando en Extremadura se dirigen a la Consejería de Agricultura para solicitarles ayudas a los agricultores y ganaderos extremeños por motivos de la climatología, enfermedades ganaderas, etc., siempre obtienen “la misma respuesta: la Junta de Extremadura no tiene fondos para aprobar estas ayudas”.

“No es admisible que los agricultores y ganaderos catalanes tengan una serie de ayudas para compensar a los profesionales del sector agrario en planes de mejoras, ayudas a la sequía en los sectores del vino y olivar, al sector apícola, etc. y en cambio aquí no se apruebe ayuda alguna por falta de presupuestos”, asevera.

Esta situación, critica, se puede resumir en que “con los mismos accionistas en Cataluña se pagan impuestos de los que una parte importante va al sector agrario” y en “Extremadura le perdonamos este impuesto a empresas que en el año 2025 tuvieron 10.659 millones de euros de beneficios y que además cotizan el impuesto de sociedades en otras regiones”.

Noruega ha culminado, en la práctica, la electrificación de su mercado automovilístico. Los vehículos 100% eléctricos alcanzaron en julio una cuota del 97,6% de las nuevas matriculaciones, un porcentaje sin precedentes que convierte al país nórdico en el primero del mundo donde los modelos de combustión han quedado reducidos a cifras prácticamente testimoniales.

Según los datos publicados por el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV), durante el pasado mes se matricularon 9.609 turismos nuevos, de los que 9.379 fueron completamente eléctricos. En contraste, únicamente se registraron 15 vehículos de gasolina y dos diésel. Los híbridos convencionales representaron apenas un 1% del mercado, con 96 unidades, mientras que los híbridos enchufables sumaron 117 matriculaciones.

El hito alcanzado por Noruega contrasta con la situación del resto de Europa. Mientras el mercado noruego está prácticamente electrificado, los vehículos eléctricos puros representan alrededor del 10% de las ventas en España y apenas el 5,9% en Italia, lo que evidencia la enorme diferencia en el ritmo de adopción de esta tecnología.

El mercado noruego ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Hace apenas siete años ya era considerado el gran laboratorio mundial del vehículo eléctrico. En 2019, los coches eléctricos y los híbridos enchufables concentraban el 58% de las matriculaciones, una cifra que entonces parecía propia de un futuro lejano para el resto de Europa. Hoy, aquel porcentaje ha quedado ampliamente superado y los automóviles de combustión han desaparecido prácticamente del mercado de vehículos nuevos.

Décadas de incentivos

La transformación no ha sido fruto de la casualidad. Noruega ha mantenido durante años una política continuada de incentivos fiscales y ventajas para los vehículos de cero emisiones. La exención del IVA y del impuesto de matriculación ha permitido que muchos modelos eléctricos resulten incluso más baratos que sus equivalentes de gasolina o diésel, una circunstancia prácticamente única en Europa.

A ello se han sumado otros beneficios, como descuentos en peajes, facilidades de aparcamiento, acceso preferente a determinadas vías y una extensa infraestructura de recarga. Gracias a esta combinación de medidas, el país se convirtió en el principal escaparate mundial de la movilidad eléctrica mucho antes de que otros mercados iniciaran su transición.

Las calles de Oslo son el mejor reflejo de ese cambio. La capital noruega pasó a concentrar la mayor densidad de coches eléctricos del mundo y una de las ofertas más amplias de modelos de cero emisiones disponibles en los concesionarios europeos. Durante años, modelos de Tesla dominaron el paisaje urbano, simbolizando una revolución que ahora alcanza su fase definitiva con mucha más competencia.

Las ventas mantienen el dominio eléctrico

En los siete primeros meses del año se han matriculado en Noruega 83.012 turismos nuevos, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos han seguido creciendo un 1,3%, hasta alcanzar las 81.040 unidades, lo que mantiene la cuota de mercado en el 97,6%.

Por fabricantes, Toyota fue la marca más vendida en julio, una posición que no ocupaba desde mayo de 2024. La firma japonesa matriculó 1.260 vehículos, más del triple que en el mismo mes del año pasado. Volkswagen se situó en segunda posición con 985 unidades, mientras que el fabricante chino Xpeng completó el podio con 843 matriculaciones.

También por modelos Toyota lideró el mercado. El Toyota bZ4X fue el turismo más matriculado del mes con 532 unidades, seguido del Volkswagen ID.4, con 485, y del nuevo Toyota Urban Cruiser, con 437. De esta forma, la marca japonesa colocó dos de sus vehículos entre los tres más vendidos del país.

La cantidad que se espera que la generación boomer legue a sus descendientes a lo largo de los próximos años es tan grande que se ha etiquetado al fenómeno como “La Gran Sucesión”. Los escenarios más conservadores hablan de una transferencia media de 250.000 euros, equivalente a diez años de trabajo con salario mediano, y especialmente en forma de patrimonio inmobiliario. Eso significa que una cantidad enorme de riqueza está a punto de cambiar de manos precisamente en un momento en que resulta extraordinariamente difícil crear nueva riqueza mediante el trabajo.

Debemos comenzar señalando que, en general, hay tres formas por las que un individuo puede incrementar su riqueza: ganarla trabajando, haciendo “rendir” a propiedades que ya se poseen o recibirla de otra generación. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que la primera puerta se ha ido cerrando, la segunda exige superar una barrera de entrada muy difícil y la tercera se ha convertido en un ascensor relativamente eficaz, pero injusto. Como consecuencia, la propiedad ha adquirido una importancia creciente para las familias, lo mismo que su desigual distribución entre los hogares para el conjunto de la economía.

Hemos analizado muchas veces la evolución del salario real en la economía española, cuya característica principal es que está prácticamente estancado desde hace décadas (aunque en los últimos años remonte ligeramente). También hemos hablado de lo engañoso que es hablar de un salario real promedio, cuando en la distribución salarial hay salarios muy elevados y salarios muy bajos al mismo tiempo. Pero adicionalmente podemos ampliar el foco y darnos cuenta de que también puede coexistir al mismo tiempo un trabajador con un salario alto y sin propiedades y, por otro lado, un trabajador con un salario modesto, pero con varias propiedades inmobiliarias que le proporcionan unos complementos que, dado el mercado de alquiler, pueden ser superiores incluso a su remuneración laboral. En esas circunstancias, es obvio que los ingresos laborales no nos ofrecen toda la información de lo que está sucediendo en nuestro país. Y lo cierto es que estamos asistiendo a una mutación en la forma del enriquecimiento de las familias, sobre todo entre lo que se llama convencionalmente clase media.

Piénsese que durante buena parte del capitalismo de posguerra en occidente existió un vínculo bastante estrecho entre crecimiento de la productividad, salarios reales y capacidad de acumulación de los hogares. Aunque no hay que idealizarlo, los trabajadores podían aumentar su riqueza a través de un canal que comenzaba con las mejoras de productividad en la economía, seguía con salarios reales más altos y consecuentemente con una cierta capacidad de ahorro, la compra de activos como una vivienda, y el resultado final era un incremento de patrimonio. Esta es, básicamente, la sucesión típica de una persona de la generación ‘boomer’ que, a día de hoy, ya ha terminado de pagar la hipoteca y dispone de un nivel importante de riqueza neta (activos menos deudas).

Pero el régimen de acumulación actual es mucho más problemático. Las reformas neoliberales de los años ochenta desmantelaron en todo Occidente la lógica anterior, provocando particularmente una ruptura en el canal que vincula el crecimiento de la productividad con el crecimiento salarial. Se trataba de un efecto buscado, en tanto el programa neoliberal se anclaba en la idea de que la competitividad sólo era posible con costes laborales unitarios más bajos, es decir, salarios baratos. La consecuencia ha sido que la capacidad de ahorro de los trabajadores ha disminuido mientras activos como la vivienda se han revalorizado, lo que ha dificultado el acceso a una vivienda en propiedad y desembocado en una disminución del patrimonio neto.

Dado que con los salarios no es posible acumular riqueza, entonces el rentismo se ha convertido en una opción atractiva. Especialmente del inmobiliario. Pero para convertirse en rentista primero hay que haber acumulado patrimonio, cosa que no está al alcance de todos. Dicho de otra forma: aunque el mercado de la vivienda ofrezca rentabilidades altísimas, hay que tener dinero para pagar la compra de una vivienda o, al menos, la entrada a una hipoteca. Y con los precios actuales se trata de una barrera de entrada altísima. Eso agrava el carácter desigual del rentismo, ya que la acumulación patrimonial acaba dependiendo de la propia acumulación patrimonial. En otro contexto, el economista y premio Nobel Gunner Myrdal habló de “causalidad circular acumulativa” para referirse a una dinámica como esa: bajo esas reglas, cuanto más rico eres, más rico serás.

Si tomamos la actualidad como punto de partida, la foto es horrible porque la riqueza en España está realmente mal distribuida. Según la Encuesta Financiera de las Familias, el 10% más rico de los hogares es propietario de más de la mitad de la riqueza neta (53%). Como vemos en el siguiente gráfico, además es una cifra superior a la de comienzos de siglo (43%). Pero ese incremento de casi diez puntos es principalmente el resultado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que hundió el valor de las propiedades inmuebles de todos los hogares propietarios, pero afectó más a las clases medias —ya que las clases altas tienen una cartera más diversificada e invierten en otros activos—.

Esto abunda en la idea de que en España la riqueza y su desigual distribución están estrechamente asociadas a la evolución del mercado inmobiliario. Y, naturalmente, el cambio de manos dentro de una familia es una forma de reproducir en el tiempo esa desigualdad. Por ejemplo, según el trabajo de Pedro Salas-Rojo y Juan Gabriel Rodríguez, cerca del 70% de la desigualdad de riqueza en España está asociada a las herencias. Pero esto no sólo vale para las familias ricas, que heredan en cantidades monetarias muy elevadas, sino también para familias mucho más modestas aunque para ellos las cantidades operen más como alivio que como mecanismo de reproducción de élites.

Al fin y al cabo, ¿qué les queda a los trabajadores que, con salarios modestos y sin propiedades que rentabilizar, quieren incorporarse al circuito de la acumulación o simplemente prosperar? En efecto, heredar de sus padres y familiares. En un país donde la herencia es fundamentalmente inmobiliaria, la herencia no es tanto un reparto como una forma de determinar quién entra en el mercado de activos y quién se queda fuera de él para siempre.

Supongamos, para verlo con claridad, que mañana al despertar todas las viviendas de España valieran exactamente el doble. El patrimonio inmobiliario del país se habría duplicado en las estadísticas, los propietarios se sentirían más ricos, y, sin embargo, no habría ni una vivienda más ni una vivienda mejor: lo único que habría ocurrido es una transferencia de valor desde los compradores futuros hacia los propietarios presentes. Y los que no son propietarios estarían aún más lejos de acceder a ese circuito. Por eso se puede afirmar que la revalorización no crea riqueza, sino que redistribuye derechos. Una economía puede duplicar su riqueza contable mientras su inversión productiva neta se estanca, que es aproximadamente lo que ha pasado.

Pero esto es relativamente nuevo porque deriva del hecho de que la vivienda se ha revalorizado en cantidades muy elevadas. De hecho, que hoy trabajadores jubilados sean contablemente “ricos” es consecuencia de decisiones de compra de patrimonio hace décadas. Esas generaciones anteriores no sólo pudieron comprar porque ganaban proporcionalmente más, sino especialmente porque los activos inmobiliarios eran mucho más baratos. Comprar una vivienda en los años ochenta requería un esfuerzo económico mucho menor que en la actualidad, y debido a la revalorización del suelo esas viviendas ahora tienen mucho más valor; un “premio” que heredarán sus descendientes.

La pregunta del millón es por qué las viviendas se han encarecido tanto en estas últimas décadas. Desde luego no puede reducirse todo a una simplista lectura de oferta y demanda. Hay muchos factores que influyen, y la mayoría tienen que ver con las características propias del régimen de acumulación del capitalismo contemporáneo: un capitalismo financiarizado en el que el dinero no se dirige tanto a inversiones productivas como a inversiones especulativas. Dicho de otra forma: el capitalismo occidental tiene serias dificultades para encontrar oportunidades de inversión productiva que sean suficientemente rentables. Para el capital occidental, estrangulado crecientemente por la competencia internacional —especialmente de China— es mucho más atractivo invertir en actividades especulativas, y el resultado es una inflación de activos (especialmente inmobiliarios, pero no sólo). A ello cabe sumar otros factores, como los demográficos, regulatorios, etc.

Este contexto es importante, ya que el capitalismo occidental se encuentra ante una combinación de problemas: menor crecimiento de la productividad, menor dinamismo de la inversión que refleja menor rentabilidad, elevados niveles de endeudamiento, tensiones geopolíticas que expresan una mayor competencia internacional y restricciones energéticas y ecológicas. El resultado es un entorno de crecimiento mucho más débil que el de todos los periodos anteriores. Como se puede ver en el siguiente gráfico, con datos para países de la OCDE, el crecimiento medio anual del PIB por habitante ha descendido en forma de escalera a lo largo de tres períodos: la posguerra hasta 1974, el ciclo neoliberal hasta 2008 y la década larga posterior a la crisis financiera, que es la más mediocre de los tres.

Obsérvese que este desplazamiento desde un capitalismo anclado en la inversión productiva hacia un capitalismo financiarizado es el correlato macroeconómico del desplazamiento del enriquecimiento personal vía trabajo (donde cambiamos nuestro tiempo de trabajo por dinero) hacia el enriquecimiento vía rentismo (donde cambiamos dinero por más dinero). En realidad, se trata de un aspecto fetichizado, ya que en la narrativa convencional es equivalente invertir en finanzas o en industria, de la misma forma que tiene la misma legitimidad ganar dinero trabajando o por el alquiler que te pagan los inquilinos. Pero lo que hay detrás en todas las actividades financieras son los derechos de captura sobre el trabajo ajeno, también en esa “casa que se paga sola” para el pequeño propietario de clase media.

En definitiva, en una economía de bajo crecimiento, una proporción creciente de la población necesita que los activos se revaloricen para mantener su posición económica, precisamente porque los salarios ya no lo hacen suficientemente. Y eso ayuda a explicar por qué la exención sobre el impuesto de donaciones y sucesiones es apoyada no sólo por las elites sino también por importantes sectores de las clases medias y populares. De hecho, este impuesto no está de moda: en el conjunto de la OCDE la recaudación por este concepto ha caído con fuerza desde los años sesenta, y en ese mismo período siete países europeos lo han suprimido por completo, a los que hay que sumar fuera del continente casos como India o Rusia, mientras China nunca llegó a establecerlo. En España, donde la carga efectiva es prácticamente residual por el juego de bonificaciones autonómicas, sigue siendo objeto de un debate intermitente y desaforado en torno a lo que las derechas bautizaron como “impuesto a la muerte”.

Existe, desde luego, una élite cuyo enriquecimiento casi exponencial depende de que las transmisiones no se toquen. Es el tipo de comportamiento que criticaba un liberal como John Stuart Mill, quien estaba en contra de las “familias perpetuas” tanto por razones morales como de eficiencia —consideraba que los herederos eran más ociosos y menos dispuestos a trabajar duro—. Pero esa élite cuenta con aliados en una coalición de propietarios modestos cuyo único patrimonio es una o dos viviendas, y que perciben cualquier gravamen sobre el patrimonio como una amenaza a la poca seguridad que les queda fuera de un Estado social (sanidad, educación, pensiones…) amenazado por los recortes y la pérdida de calidad. Como ya dije en el análisis de la vivienda, esta oposición responde a incentivos materiales muy concretos, porque cuando el salario ya no es estable ni permite acumular riqueza, la vivienda familiar es literalmente la última frontera frente a la intemperie. Lo curioso es que la misma dinámica que concentra la riqueza arriba convierte a los de abajo en guardianes de la concentración. Los estudios al respecto han repetido una y otra vez que la propiedad de vivienda reduce el apoyo a la redistribución, y la revalorización lo reduce todavía más.

Es importante subrayar que esto no es una cuestión únicamente, ni principalmente, generacional. Los boomers no son culpables de la situación de las generaciones posteriores: ellos también fueron producto de unas condiciones económicas que les permitieron acumular patrimonio trabajando y comprando activos cuando eran relativamente baratos. Esas condiciones fueron el resultado no sólo de un capitalismo occidental más sólido y mejor posicionado, sino también de las luchas obreras que empujaron hacia una redistribución más justa del excedente. El asunto central es que esas condiciones ya no existen. Y no lo hacen porque el capitalismo occidental está perdiendo su lugar de honor en la economía-mundo, porque las luchas obreras han perdido capacidad de influencia y porque otras regiones del mundo se están desenvolviendo mejor en la lucha competitiva que impone el sistema. Como consecuencia, el capitalismo occidental está en una deriva decadente tal que el trabajo (y el salario) es cada vez menos importante y, sin embargo, lo es mucho más el aguijón especulativo que, paradójicamente, hace más pobre y débil a la economía.

Los ayuntamientos vascos han empezado a perfilar las respectivas ordenanzas para aplicar el impuesto turístico a partir del 1 de enero de 2027. Con él, se gravará a los viajeros que pernocten en Euskadi durante los seis primeros días de su estancia. Aunque desde que se aprobó la norma por parte de las tres Juntas Generales los consistorios ya han estado trabajando sobre la forma de aplicación, para que entre en vigor a principios de año sin problemas los respectivos plenos deberán aprobar las normativas en otoño. Son ya varios los municipios que ya han sacado a exposición pública sus primeros borradores y dejan ver ya que la normativa será distinta casi en cada municipio, desde tarifas mínimas a las máximas, según el caso, aunque con el denominador común de poner el foco especialmente en penalizar los pisos y viviendas turísticas sobre los alojamientos tradicionales. Todo parece indicar que la mayoría de los ayuntamientos que apliquen el impuesto optarán por las tarifas máximas en el caso de los primeros, es decir, 6,5 euros por noche para las pernoctaciones en pisos y viviendas turísticas, lo mismo que el máximo aplicable para un hotel de cinco estrellas.

Las tres capitales son el principal exponente de las diferencias a la hora de elegir las tarifas con las que se aplicará el impuesto. Desde la elección de la tarifa mínima de Vitoria, hasta las máximas de Donostia, con el punto intermedio en Bilbao. Donostia es la capital más afectada por el efecto del turismo hasta ahora, y desde el primer momento ha defendido aplicar las tarifas más elevadas. De hecho, el alcalde, Jon Insausti, del PNV, ha pedido hasta el último momento que el impuesto se aplicara para la capital guipuzcoana desde este mismo verano, algo que finalmente no ha sido posible.

Donostia prevé recaudar alrededor de ocho millones de euros con este impuesto con la aplicación de las tarifas más altas dentro de la horquilla aprobada por las diputaciones, que es la misma tabla para las tres. Esto significa que los turistas pagarán en Donostia 6,50 euros si pernoctan en hoteles de cinco estrellas, lo mismo que las viviendas turísticas enteras o por habitaciones, mientras que los cruceristas pagarán siete euros. En los hoteles de cuatro estrellas 5,50; de 3 estrellas 3,50; de 2 estrellas 2,50; y de 1 estrella 1,75. Los viajeros que se alojen en agroturismo pagarán 1,25 euros. En las pensiones el coste será de 1,75 euros; en apartamentos turísticos 3,50 euros; en campings y otras modalidades de acampada 1,75 euros; y en albergues 1,75 euros.

Bilbao, a la espera de ver cuál es el desarrollo final de la norma y de si se aceptan o no las posibles enmiendas de los grupos, ha optado por un punto intermedio, “utilizando el margen que ofrece la norma foral con criterios de moderación y equilibrio”, han señalado desde el consistorio. Para que los viajeros “contribuyan de forma razonable al sostenimiento de los servicios públicos sin perjudicar la competitividad de Bilbao como destino”. Esto supone en la práctica que se supera el mínimo en casi todas las categorías de alojamiento, pero sin llegar a los tipos máximos, salvo en el caso de los pisos o viviendas turísticas enteras o por habitaciones, que pagarán 6,5 euros por noche, el tope posible.

En el resto de los alojamientos de Bilbao se pagará, en principio, menos que en Donostia, pese a que las previsiones de recaudación son superiores, y calculan que la capital vizcaína recaudará alrededor de 12 millones de euros. En concreto, el borrador de norma de Bilbao prevé pagos de 5 euros para los hoteles de cinco estrellas, 4 euros para los de cuatro estrellas y 2 euros, 1,5 y 1 euro para los de tres, dos y una estrella, respectivamente. En las pensiones, campings, agroturismo, casas rurales y albergues, será de 1 euro, y de 3,5 para los apartamentos turísticos, frente a los 6,5 de los pisos y viviendas turísticas. Los cruceros pagarán 6 euros.

Vitoria es la capital que ha optado por el mínimo de la horquilla en todas las categorías de alojamientos, al menos en el arranque de la tramitación de la orden, incluidas las viviendas de uso turístico en las que se pagarán 4,5 euros por noche. Lo mismo que los establecimientos hoteleros de cinco estrellas. En los de cuatro estrellas se pagarán 3,50 euros, y 1,50, un euro y 0,75 euros para las tres categorías hoteleras siguientes. 0,75 euros se pagará también en las pensiones, campings, casas rurales y albergues, mientras que en apartamentos turísticos el coste será de 1,5 euros. En los agroturismos se pagará 0,50 euros.

Si Vitoria ha optado por los mínimos, la localidad alavesa de Laguardia sí ha reservado la tarifa máxima para las viviendas de uso turístico. En estos casos se cobrarán 6,5 euros por persona y noche para “frenar la proliferación de este tipo de alojamientos y proteger el uso residencial del casco histórico”. También se aplicará la tasa máxima a los hoteles de cinco estrellas, aunque en este momento no hay ninguno en esta localidad de la Rioja Alavesa. En el resto de alojamientos las tarifas previstas se situarán por debajo de rango máximo de la horquilla. En otras localidades como la guipuzcoana Oñati también se gravará al máximo los pisos turísticos.

Todavía quedan meses hasta que se conozca la forma definitiva que tendrá este impuesto en cada municipio. Los Ayuntamientos son autónomos para decidir no aplicarlo, pero incluso los que así lo decidan tienen que aprobar una ordenanza con exenciones del impuesto. En el caso de que no se aprueben las ordenanzas municipales se aplicarán por defecto las tarifas más elevada de cada tramo.

Com cada estiu des que governa el PP, tornen les rebaixes fiscals per als rics a la Comunitat Valenciana. Com si es tractara d’una campanya de consum, el PP i Vox aproven un nou regal a les grans fortunes amb la llei de mesures fiscals, que ha superat l’últim tràmit a les Corts Valencianes. Els grans patrimonis que tributen a la Comunitat Valenciana —persones que declaren un patrimoni de més d’un milió d’euros, sense comptar l’habitatge ni les empreses— gaudiran d’un nou benefici.

Són prop de 23.000 grans fortunes les que ja no hauran de pagar aquest impost des que governen el PP i Vox. Mesos abans de dimitir, Carlos Mazón va pactar amb Vox augmentar l’exempció de mig milió a un milió d’euros, amb un impacte pressupostari de quasi 62 milions d’euros per a les arques públiques, segons va dir la seua consellera d’Hisenda. Aquesta gran rebaixa va implicar que la meitat dels contribuents per aquest tribut deixaren de contribuir.

Ara, en l’últim debat parlamentari abans de l’estiu, Juanfran Pérez Llorca segueix les seues petjades, també gràcies a Vox. Una esmena de Vox pactada amb el PP eleva el mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni fins als dos milions d’euros. En la pràctica, segons les dades de la Conselleria d’Hisenda corresponents al 2023, això suposa perdonar aquest tribut al 84% dels declarants. Huit de cada deu milionaris no pagaran l’impost sobre el patrimoni gràcies al PP i Vox, una mesura que comportarà una retallada directa de 28 milions d’euros més per a les arques públiques. A més, també comportarà una rebaixa per als qui el continuen pagant, perquè descomptaran més patrimoni de la base imposable.

Segons les dades d’Hisenda, l’any 2023 van pagar aquest impost 27.711 persones, de les quals 1.156 van pagar zero euros. Per trams, hi ha 13.307 declarants amb patrimonis d’entre mig milió i un milió d’euros, que entre tots van pagar 10,3 milions d’euros, a penes 775 euros per persona. Aquests contribuents declaren un patrimoni conjunt de 10.200 milions d’euros. L’impacte d’aquest tribut en les seues fortunes és irrisori.

En el tram següent que consta en la resposta parlamentària al PSPV, d’un milió a un milió i mig d’euros, hi ha 7.132 declarants, que entre tots van pagar una quota de 25,7 milions d’euros per un patrimoni conjunt de 8.931 milions. Més amunt en l’escala, en el tram d’entre 1,5 i 2 milions d’euros, hi ha 3.001 declarants, que van pagar 26,4 milions d’euros per un patrimoni conjunt de 5.347 milions. Amb la reforma fiscal del PP i Vox, ja no hauran de pagar-lo.

A més, els qui continuen pagant l’impost —a penes un de cada deu declarants— es beneficiaran d’una reducció de la base imposable pels dos milions d’euros exempts. D’aquest impost estan exempts l’habitatge habitual, fins a 300.000 euros per cada declarant; els béns de caràcter historicoartístic reconegut; els béns afectes a activitats empresarials o professionals, i les participacions socials en les anomenades empreses familiars.

“Erosionen la cohesió social”

Respecte d’això, el portaveu socialista, José Muñoz, ha denunciat que “es demostra que per al PP i Vox la veritable prioritat són els rics”. “Des que el PP i Vox governen el 2023, les mesures tributàries han anat encaminades a beneficiar les rendes i els patrimonis més elevats, mentre han sotmés els valencians i valencianes a retallades i mentre assistim a un deteriorament imparable de la sanitat pública, l’educació pública i la xarxa de protecció dels serveis socials”, adverteix Muñoz, que censura “el procés d’amnistia fiscal encoberta per als més rics”.

El socialista considera “un escàndol insuportable” que el PP i Vox hagen aplicat una política de “rebaixes fiscals massives” al 0,5% dels valencians més adinerats de la Comunitat Valenciana, mentre “castiguen el 99,5% amb les llistes d’espera, les ràtios elevades i els barracons a l’escola pública, i amb retallades en les prestacions socials”. El dirigent socialista ha recalcat que aquestes dretes “estan molt preocupades per exonerar del pagament de Patrimoni una minoria que acapara béns declarats a l’efecte de l’impost que sumen 24.500 milions d’euros, tot i que encara són més rics perquè molts altres béns no computen a l’efecte del tribut”. Aquestes retallades “erosionen la igualtat d’oportunitats i destrueixen la cohesió social”.

Como cada verano desde que gobierna el PP, vuelven las rebajas fiscales para los ricos a la Comunitat Valenciana. Como si de la campañas de consumo se tratara, PP y Vox aprueban un nuevo regalo a las grandes fortunas con la ley de medidas fiscales, que ha pasado su último trámite en las Corts Valencianes. Los grandes patrimonios que tributan en la Comunitat Valenciana -personas que declaran un patrimonio de más de un millón de euros, sin contar la vivienda ni empresas- disfrutarán de un nuevo beneficio.

Son cerca de 23.000 grandes fortunas las que ya no tendrán que pagar este impuesto desde que gobiernan PP y Vox. Meses antes de dimitir, Carlos Mazón pactó con Vox aumentar la exención de medio millón a un millón de euros, con un impacto presupuestario de casi 62 millones para las arcas públicas, según dijo su consellera de Hacienda. Esa gran rebaja implicó que la mitad de los contribuyentes por este tributo dejaran de contribuir.

Ahora, en el último debate parlamentario antes del verano, Juanfran Pérez Llorca sigue su estela, también gracias a Vox. Una enmienda de Vox pactada con el PP eleva el mínimo exento del impuesto de patrimonio hasta los dos millones de euros. En la práctica, según los datos de la Conselleria de Hacienda correspondientes a 2023, supone perdonar este tributo al 84% de sus declarantes. Ocho de cada 10 millonarios no pagarán impuesto de patrimonio gracias a PP y Vox, que conllevará un recorte directo de otros 28 millones de euros para las arcas públicas. Además, conllevará una rebaja para quienes lo sigan pagando, porque descontarán más patrimonio de la base imponible.

Según los datos de Hacienda, en el año 2023 pagaron este impuesto 27.711 personas, de las que 1.156 pagaron cero euros. Por tramos, hay 13.307 declarantes de entre medio millón y un millón de euros, que entre todos pagaron 10,3 millones de euros (a apenas 775 euros por cabeza). Estos declaran un patrimonio en conjunto de 10.200 millones de euros. El impacto de este tributo en sus fortunas es irrisorio.

En el siguiente tramo que consta en la respuesta parlamentaria al PSPV, de un millón a un millón y medio de euros, hay 7.132 declarantes, que entre todos pagaron una cuota de 25,7 millones para un patrimonio conjunto de 8.931 millones de euros. Subiendo en la escala, en el tramo entre 1,5 millones y 2 millones de euros hay 3.001 declarantes, que pagaron 26,4 millones por un patrimonio conjunto de 5.347 millones de euros. Con la reforma fiscal de PP y Vox, no tendrán que pagarlo.

Además, los que sigan pagando el impuesto -apenas uno de cada 10 declarantes- se beneficiarán de una reducción en la base imponible de esos dos millones de euros exentos. De este impuesto están exentos la vivienda habitual (hasta 300.000 euros por cada declarante), los bienes de carácter artístico-histórico reconocido, los afectos a actividades empresariales/profesionales y las participaciones sociales en las llamadas empresas familiares.

“Erosionan la cohesión social”

Al respecto, el portavoz socialista, José Muñoz, ha denunciado que “se demuestra que para el PP y Vox la auténtica prioridad es la prioridad de los ricos”. “Desde que gobiernan PP y Vox en 2023, las medidas tributarias han ido encaminadas a beneficiar a las rentas y patrimonios más elevados, mientras han hinchado a los valencianos y valencianas a recortes y mientras asistimos a un deterioro imparable de la sanidad pública, la educación pública y la red de protección de los servicios sociales”, advierte Muñoz, quien censura “el proceso de amnistía fiscal encubierta para los más ricos”.

El socialista considera “un escándalo insoportable” que PP y Vox hayan aplicado una política de “rebajas fiscales masivas” al 0,5% de valencianos más adinerados de la Comunitat Valenciana mientras “fríen al 99,5% con las listas de espera, ratios elevadas y barracones en la escuela pública y recortes en prestaciones sociales”. El dirigente socialista ha recalcado que estas derechas “están muy preocupadas por exonerar del pago de Patrimonio a una minoría que amasa bienes declarados a efectos del impuesto que suman los 24.500 millones de euros, aunque son más ricos aún porque muchos otros bienes no computan a efectos del tributo”. Estos recortes “erosionan la igualdad de oportunidades y que destruyen la cohesión social”.

El precio de venta al público de los carburantes registrará este sábado una subida de más de seis céntimos por litro en todo el territorio nacional, según ha advertido este jueves la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees).

En un comunicado, la patronal del sector ha explicado que esta variación responde a la aplicación durante el mes de agosto de los tipos del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), lo que se traducirá en un incremento de cinco céntimos sobre el que se viene aplicando en julio, más su correspondiente IVA adicional.

Por ello, Ceees ha solicitado la extensión de las reducciones fiscales aprobadas por el RDL 7/2026, al menos, hasta la finalización del periodo estival.

En este sentido, ha afirmado que mantener la rebaja del IVA al 10% y la minoración del IEH durante los meses de mayor movilidad del año resultaba clave para no perjudicar el poder adquisitivo de los ciudadanos en sus desplazamientos vacacionales, evitar presiones inflacionistas adicionales sobre el transporte y proteger la competitividad de la actividad turística.

Además, ha recordado que la situación de los mercados energéticos globales “está lejos de haberse consolidado”, por lo que retirar las rebajas fiscales en el momento de aumento de consumo añade un factor de incertidumbre prescindible.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central que declare el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento de excepcional interés público. La petición, que confirman a este medio fuentes de la consejería de Cultura, Turismo y Deporte, fue formalizada el pasado miércoles 29 de julio mediante una carta rubricada por el responsable autonómico del ramo, Mariano de Paco. La misiva está dirigida a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Desde este departamento todavía no han concretado una respuesta.

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso argumentan que “la celebración de esta prueba en Madrid durante el período 2026-2035, bajo la organización de Ifema, incorpora a la región en el calendario de una competición deportiva de impacto mundial”. Y añaden: “Esta dimensión internacional y su repercusión económica constituyen una oportunidad para la proyección exterior de España, atraer visitantes e inversión y promover la actividad de sectores como turismo, hostelería y servicios”.

La reclamación no tiene solo un carácter simbólico, ya que la declaracón de acontecimiento de excepcional interés público implica medidas de ahorro fiscal para los promotores del evento. Entre ellas sobresalen la deducción del 15% de en el impuesto de sociedades para gastos en propaganda y publicidad, rebajas del IRPF o en el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR).

La Consejería detalla que la declaración se ampara en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. “La solicitud se fundamenta también en precedentes similares que sí fueron declarados de excepcional interés público por el Consejo de Ministros”, apostillan.

Citan el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló, en 2020, o el Gran Premio de España de Motociclismo celebrado en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, en 2025. “Estos antecedentes acreditan la adecuación de la declaración para competiciones internacionales del motor atendiendo a la relevancia deportiva, dimensión internacional, incidencia económica, impacto social y capacidad para movilizar financiación privada”, sostienen.

España es el país de la UE que más ha incrementado los ingresos por los impuestos con una subida del 2,9 puntos porcentuales del PIB en la última década, según el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, que la Comisión Europea ha hecho público este viernes. Este incremento de recaudación se debe sobre todo a los impuestos sobre el trabajo, mientras que al capital apenas crecieron y los ingresos por consumo disminuyeron.

Los técnicos de la Unión Europea han llegado a esta conclusión tras comparar el periodo de 2020-2024 con el de 2015-2019. España está liderando la clasificación de ingresos tributarios sobre el PIB superiores a dos puntos porcentuales, seguido de Lituania (+2,3 puntos porcentuales) y Luxemburgo (+2,2 puntos porcentuales), mientras que con un aumento de un punto porcentual hay cuatro países: Polonia, Chipre, Eslovaquia y Letonia. El informe apunta que la media de ingresos de la Unión Europea se han mantenido estable, con un ligero decrecimiento en los últimos años.

En el lado contrario, la ratio de ingresos tributarios sobre el PIB disminuyó en más de dos puntos porcentuales en Malta y Hungría (−2,8 puntos porcentuales en ambos casos) y en más de un punto porcentual en Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia.

Sin embargo, mientras que en España la participación fiscal en España subió al 37,8% del PIB en 2025, la Eurozona alcanzó el 40,3%, lo que significa que España se encuentra a 2,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de su entorno monetario. En 2024, en España fue del 36,8% del PIB mientras que la media de la Eurozona se situó en 39,8%.

Atendiendo a las previsiones, en los años 2026 y 2027 nuestro país seguiría por debajo de la media, ya que entonces se prevé que este año la participación fiscal alcance el 38,2% del PIB y en 2027 llegue al 38,4%, más de dos puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona, que en ambos años se plantea que esté en el 40,6%.

Como resultado de esta evolución, España experimentará un incremento proyectado de 1,6 puntos porcentuales en su presión fiscal entre 2024 y 2027, superando el aumento de 1,1 puntos porcentuales estimado para la Eurozona en el mismo periodo.

Impulso por los impuestos sobre el trabajo

En el informe se apunta que “el incremento fiscal de España en la última década ha estado impulsado casi en su totalidad por los impuestos sobre el trabajo, cuyos ingresos aumentaron en más de 2,5 puntos porcentuales del PIB, mientras que las bases de capital apenas crecieron y los ingresos por consumo disminuyeron”.

Esta evolución se explica, según el informe de la UE, por la no indexación de los tramos del IRPF estatal frente a la inflación y el alza de las cotizaciones a la Seguridad Social. El documento destaca entre las medidas que han hecho subir los ingresos de los impuestos al trabajo que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentó las cotizaciones un 0,6 puntos porcentuales en 2023 con subidas anuales previstas de 0,1 puntos porcentuales hasta 2029, la nueva cotización de solidaridad introducida en 2025 para salarios que superan la base máxima y la actualización anual de las bases máximas de cotización, lo que aumenta la carga sobre los salarios medios-altos.

Por otro lado, el informe destaca que España es el único Estado miembro de la UE que actualmente mantiene un impuesto neto sobre el patrimonio. También se subraya que presenta una de las “tasas impositivas implícitas” sobre el consumo más bajas de la Unión Europea, situándose en el 13,6% en 2024, por delante de Malta (14,2 %) y Alemania (15,0 %).

En un momento en el que se está planteando traspasos a autonomías de la recaudación de impuestos, el informe revela que España es uno de los cuatro países de la UE (junto a Alemania, Bélgica y Austria) que cuenta con un subsector de administración regional con competencias recaudatorias, captando el 16,9% de los ingresos tributarios totales en 2024. No obstante, estudios académicos recopilados en el informe señalan que, a diferencia de otros países, una mayor descentralización o autonomía regional en España no se traduce en un incremento de la moral fiscal de sus ciudadanos.

El Ayuntamiento de Logroño ha dado el primer impulso a la modificación de sus ordenanzas fiscales con la elaboración de las 'Líneas fundamentales de la política fiscal para el ejercicio 2027', con reducción de tipos tanto en el IBI como en las plusvalías.

Es, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, a través de un documento que avanza algunas de las claves con las que se redactarán las próximas ordenanzas fiscales, seguramente, “para después del verano”.

En este sentido, establece “la actualización de los tipos para lograr una mayor reducción de cargas impositivas a la ciudadanía, especialmente en aquellos tributos que inciden con un carácter más general”.

De este modo, en concreto, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se contempla la reducción del tipo al 0,565% -en este momento, el tipo está fijado en un 0,57%-, lo que, ha dicho Sanz, supone “0,5 puntos básicos de reducción respecto del actual”.

En caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), “se establece una nueva reducción del 2,5% respecto de los máximos que se fijen por la normativa estatal”, con el objetivo “de llegar al final de legislatura al 10%”.

Respecto a los beneficios fiscales, se centran en tres objetivos prioritarios: el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las políticas ambientales.

En cuanto a las tasas y precios públicos, y siempre bajo los principios de estabilidad presupuestaria, se propondrá una actualización general de tasas y precios públicos con arreglo al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Finalmente, la digitalización de los procedimientos tributarios tendrá un papel relevante en las nuevas ordenanzas fiscales, “es algo en lo que se va a hacer especial hincapié”.

Así, se contempla la consolidación de la nueva Oficina Virtual Tributaria, el avance en el sistema de autoliquidación de operaciones tributarias y en la simplificación administrativa.

El caso Andic suma una derivada política (y, tal vez, fiscal) a la investigación judicial y al juicio mediático paralelo. El grupo parlamentario de los Comuns ha registrado ante el Parlament tres preguntas para que la Hacienda catalana responda sobre uno de los elementos más controvertidos de la causa sobre la muerte del fundador de Mango: la herencia en vida que Isak Andic habría legado a su hijo Jonathan.

“Es un caso de relevancia pública y es necesario que las grandes transmisiones patrimoniales tributen de acuerdo con la normativa vigente”, argumenta el portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid.

En concreto, los Comuns quieren saber si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) tiene constancia de alguna donación o transmisión patrimonial efectuada en vida por Isak Andic en favor de su hijo Jonathan. De ser así, el grupo parlamentario también solicita si se presentó la autoliquidación correspondiente al impuesto de sucesiones y cuál fue el importe declarado y liquidado por el tributo.

La jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio a Jonathan Andic ha puesto la cuestión del dinero en el centro de las pesquisas, al atribuir al primogénito un móvil económico para acabar con la vida de su padre.

La magistrada ha solicitado las conversaciones de WhatsApp de la víctima entre el 1 de mayo de 2024 y el día de su muerte para comprobar los “aspectos económicos de la herencia” del fundador de Mango.

La investigación ha desvelado que las cuestiones económicas fueron motivo de controversia entre padre e hijo, hasta el punto de formar parte de las sesiones que ambos mantuvieron con una autodenominada terapeuta. La defensa mantiene que los Andic superaron sus diferencias.

Según la jueza, a iniciativa de la autodenominada terapeuta, el fundador de Mango cedió a su hijo una herencia en vida que, sin embargo, la defensa mantiene que el investigado nunca llegó a cobrar.

En su recurso contra el millón de euros que la jueza le impuso como fianza, la defensa de Jonathan Andic manifestó que el “adelanto de herencia” no era fruto de la “obsesión por el dinero” que la magistrada atribuye al investigado, sino “una herramienta de inicial independencia que pronto fue renunciada por el propio Jonathan Andic”.

Además, la defensa negó que la fundación benéfica a la que el fundador de Mango planeaba dejar parte de su fortuna fuera motivo de discordia con sus hijos, tal y como corroboraron las declaraciones judiciales tanto de Jonathan como de sus hermanas Sarah y Judith. A los tres Isak Andic planteó un testamento equilibrado, indicó la defensa.

A la espera de confirmar si ese “adelanto” tributó, a los 40 millones que Isak Andic habría legado en vida a su hijo les correspondería una tributación por impuesto de donaciones de entre 3,6 y 3,9 millones, apuntan fuentes conocedoras del caso.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, el Código Civil de Catalunya regula lo que popularmente se conoce como herencia en vida a través de la figura del pacto sucesorio.

Causante y herederos se ponen de acuerdo en el reparto de bienes antes del fallecimiento, y para modificarlo es necesario otro acuerdo de todas las partes. Luego se declara a la ATC y tributa por el impuesto de sucesiones, que ofrece mayores reducciones y beneficios fiscales que el de donaciones.

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).

La Comisión Europea sigue la estela para simplificar las normas tributarias de la UE y reducir las cargas sobre las empresas. Este miércoles ha adoptado dos iniciativas para modernizar el marco europeo de imposición directa y reforzar la competitividad del Mercado Único que, según Bruselas, va a permitir a las compañías europeas ahorrar alrededor de 8.000 millones de euros al año, de los cuales 3.300 millones corresponderán a costes administrativos.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que “Europa necesita normas más simples para ofrecer mejores resultados. Nuestras propuestas de simplificación fiscal aportan soluciones que mejorarán radicalmente la claridad y la seguridad jurídica tanto para las empresas como para las administraciones tributarias. Reducirán los costes totales de cumplimiento para las empresas europeas en casi 8.000 millones de euros al año, incluidos 3.300 millones de euros anuales en costes administrativos. Con ello, el ahorro total derivado de nuestra agenda de simplificación supera ya los 18.000 millones de euros, lo que representa casi la mitad del objetivo fijado para este mandato”.

Sin embargo, varios expertos han lanzado dudas sobre el impacto que la relajación de controles puede provocar en los incrementos de elusión fiscal. Desde la Comisión se asegura que con la simplificación de las medidas se busca un equilibrio que no tiene se tiene que traducir en que las empresas adopten más estrategias para minimizar el pago de impuestos.

Julien Desiderio, experto en política fiscal de Oxfam, ha señalado que “la simplificación es el último eufemismo de la Comisión Europea para la desregulación. En un momento de beneficios empresariales récord y de aumento de la desigualdad, tras décadas de una carrera a la baja en los tipos efectivos del impuesto de sociedades, la respuesta lógica sería garantizar que quienes más han ganado contribuyan más. Sin embargo, esta propuesta supone una nueva ronda de beneficios fiscales para las grandes corporaciones, mientras los presupuestos públicos están al límite”.

El responsable de fiscalidad de la ONG ha subrayado que “en lugar de cerrar las lagunas legales que permiten a las grandes empresas y a los superricos eludir el pago de la parte que les corresponde, la propuesta de la Comisión debilita las salvaguardas fundamentales contra la elusión fiscal y abre la puerta a exenciones más amplias para los rendimientos del capital. Esto significa menos ingresos para hospitales, escuelas y la acción climática, y una factura más elevada para el resto de la ciudadanía”.

Exención de la retención en origen

Por un lado, el Ómnibus de Fiscalidad Directa simplifica las normas para mejorar el mercado interior mediante una exención de la retención en origen para todos los pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones (royalties) entre empresas de la UE. Según la Comisión, al eliminar requisitos procedimentales previos y simplificar los procesos de devolución, esta medida facilitará la financiación, fomentará la inversión y reforzará la competitividad. Bruselas asegura que solo esta medida generará para los contribuyentes europeos ahorros y beneficios de 5.340 millones de euros anuales: la exención total de retenciones hará que el PIB de la UE aumente en un 0,04% a largo plazo.

En relación con los dividendos, los Estados podrán denegar la deducción de gastos de gestión ligados a una participación solo si esta es de al menos el 10%. Si esos costes se fijan a tanto alzado, no podrán superar el 5% de los beneficios distribuidos. Si se retiene el impuesto en exceso, se establece un plazo de solicitud de al menos dos años desde la distribución de beneficios y el Estado deberá reembolsarlo en un plazo máximo de un año.

Este Ómnibus también elimina restricciones a la financiación de terceros y de mercado, facilitando que las empresas inviertan en el mercado interior y simplifica la norma de limitación de intereses de la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD), eliminando determinadas opciones de aplicación y convirtiendo en obligatorio el umbral mínimo (de minimis). Estos cambios supondrán reducciones de costes administrativos y de cumplimiento superiores a 500 millones de euros al año.

Respecto a la reducción de la directiva de elusión fiscal, la deducción inmediata de gastos de capital en activos de I+D podrá hacerse en el año en que se incurre o en cualquiera de los cuatro periodos impositivos siguientes. Los activos deberán destinarse exclusivamente a I+D por un mínimo de tres años. Esta medida ahorrará unos 265 millones de euros anuales y aumentará el PIB europeo un 0,2% a largo plazo, según la Comisión.

La medida acaba con las disposiciones que se repiten entre las normas sobre Sociedades Extranjeras Controladas (CFC) y el impuesto mínimo global (Pilar Dos). Se calcula que la medida permitirá a las empresas ahorrar aproximadamente 160 millones de euros anuales en costes de cumplimiento. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedarán exentas de esta norma, generando un ahorro de 90 millones de euros anuales.

La Comisión recuerda que el 99,8% de las empresas de la UE son pymes y solo el 10% de estas pequeñas compañías tiene actividades transfronterizas, solo un 2% tiene filiales fuera de la UE y un 42% son entidades independientes sin empresas asociadas.

En cuanto a la limitación de intereses, se fija un límite estricto de deducción del 30% del Ebitda (beneficio bruto de explotación de una empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos ni el desgaste de los activos) para toda la UE. Se establece un derecho obligatorio de deducción de tres millones de euros, que será de obligado cumplimiento en los primeros tres años desde la entrada en vigor de la norma. Esto excluirá de facto a las Pymes, ahorrándoles 69 millones de euros anuales, mientras que los préstamos para productos de defensa quedarán excluidos si se formalizan en los primeros cinco periodos impositivos (años) tras la fecha de aplicación. La Comisión añade que la limitación no se aplicará si el Ebitda de la empresa experimenta una caída de al menos un 50% en un año fiscal respecto al anterior.

Menos obligaciones de información para las empresas

Por otro lado, se ha aprobado la refundición de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC) para simplificar las obligaciones de información en materia de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa. Al integrar la DAC y sus ocho modificaciones en un único texto legal, la normativa será más fácil de utilizar, según la Comisión.

Las medidas clave son la eliminación de las obligaciones de información para los grupos multinacionales sujetos al tipo mínimo del 15% establecido por las normas del Pilar Dos, lo que generará ahorros en costes de cumplimiento de aproximadamente 300 millones de euros.

También se elimina los requisitos de información para otras empresas de la UE respecto de determinados mecanismos fiscales transfronterizos que aportan un valor limitado a las administraciones tributarias, reduciendo en un 35% el volumen de declaraciones y permitiendo un ahorro anual de 40 millones de euros.

Además se eleva el umbral de declaración para las ventas de bienes realizadas en internet, eliminando las obligaciones de información para más de 10 millones de vendedores particulares, especialmente aquellos que venden artículos de segunda mano. Esta medida supondrá un ahorro en costes de cumplimiento de 678 millones de euros para las plataformas digitales.

Resolución de conflictos por doble imposición

Se agilizan los plazos procesales para la resolución de conflictos por doble imposición. Se sustituye la ambigua exigencia de “presentación simultánea” por una ventana estandarizada de 30 días naturales para enviar las quejas.Los contribuyentes disponen de un plazo de tres años para emitir una queja. Si una queja es rechazada, se otorgará un plazo de 30 días a la empresa afectada para corregir deficiencias. Cuando un Estado miembro requiera más información, la empresa afectada tendrá 3 meses para responder.

Los Estados miembros deberán adoptar las normativas antes del 31 de diciembre de 2028, para que la aplicación general comience el 1 de enero de 2029

Amb xifres d'ingressos de l'Estat de rècord i sense comptar la despesa que ha generat la reconstrucció per la dana, el Govern valencià del PP i de Vox, en el seu primer any de legislatura i amb els populars en solitari després, ha registrat xifres de dèficit preocupants que es troben entre les més altes dels últims anys. Unes xifres que s'acaben traduint en el deteriorament dels serveis públics, quan no directament en retallades en àmbits com l'educatiu, i que es veuen agreujades per les contínues baixades d'impostos aprovades en els últims dos anys, principalment per a les rendes altes.

En concret, segons les dades oficials del Ministeri d'Hisenda, en els anys 2024 i 2025, els seus dos primers exercicis complets, l'executiu de l'expresident Carlos Mazón (va dimitir el mes de novembre passat) va generar un dèficit de 2.565 milions d'euros (sense comptar els 292 milions generats per la dana) i de 2.373 milions d'euros (sense comptar els 1.589 milions de la riuada). En total, en dos anys s'ha elevat el deute en 4.938 milions d'euros, quasi la meitat dels 11.000 milions que el Govern ha anunciat que condonarà a la Comunitat Valenciana del total de 60.000 milions. D'aquests, 40.000 estarien vinculats a l'infrafinançament.

Es dona la circumstància que, si el Govern valencià que ara presideix Juan Francisco Pérez Llorca acceptara el nou model de finançament que veuen amb bons ulls els sindicats i la patronal, implicaria uns ingressos addicionals de 3.669 milions d'euros, per la qual cosa s'hauria compensat àmpliament el dèficit i encara hi hauria marge per a millorar els serveis socials, la sanitat o l'educació.

En els dos primers anys complets del Govern del Botànic, el dèficit total va ser de 1.613 milions el 2016 i de 854 milions el 2017, és a dir, 2.467 milions en total. En els huit anys de l'executiu d'esquerres, el pitjor any quant a generació de deute va ser 2022, amb 3.777 milions, una xifra motivada en part per la pandèmia de la covid-19. L'exercici següent, en què es van repartir pràcticament sis mesos de govern l'esquerra i la dreta, també es va assolir un dèficit important, amb 3.082 milions. No obstant això, hi ha hagut anys pitjors, com ara després de la crisi immobiliària del 2007, amb Francisco Camps i Alberto Fabra, tots dos del PP, al capdavant de la Generalitat: 5.412 milions de deute el 2010 i 6.709 milions el 2011.

Els quasi 5.000 milions de dèficit que ha generat el Consell el 2024 i el 2025 s'han produït, a més, en el moment en què més fons aporta el Govern malgrat l'infrafinançament. Així, el 2026 s'han transferit a la Generalitat 17.418 milions; el 2025 n'han sigut 15.921 milions, i el 2024 un total de 15.376 milions. En els últims anys del Botànic, les aportacions de l'Estat van ser de 10.797 milions el 2022, d'11.341 milions el 2021 i d'11.613 milions el 2020. El 2023 van ser 13.553 milions.

574 milions menys per les rebaixes d'impostos a les rendes altes

Pel que fa als impostos, la bonificació del 99% de l'impost de Successions i Donacions (292 milions), la supressió de l'impost sobre el Patrimoni per a persones amb béns valorats en fins a 1 milió d'euros (68 milions) i de l'impost sobre Activitats que Incideixen en el Medi Ambient, principalment a Iberdrola per la central nuclear (14 milions), suposen una minva de 374 milions d'euros a l'any per a les arques públiques.

A aquests cal sumar els 160 milions d'euros que es deixaran de recaptar amb la reforma del tram autonòmic de l'IRPF, que beneficia especialment les rendes de més de 72.000 euros. Així, per exemple, les rendes de fins a 12.000 euros es veuran beneficiades amb un estalvi del 0,20%, en passar d'un tipus aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, l'estalvi serà del 0,30%; les rendes d'entre 42.000 i 72.000 euros tindran un estalvi del 0,60%, i a partir d'aquesta quantia serà del 0,40% (vegeu les taules). D'aquesta manera, l'estalvi serà un 25% superior per a aquestes rendes que per a les de la franja d'entre 12.000 i 22.000 euros. Si anem a casos concrets, en termes absoluts, una persona amb una renda de 22.000 euros s'estalviarà 54 euros i una altra amb una renda de 72.000 euros s'estalviarà 324 euros.

A més, el mes de març passat es van estendre les deduccions per a activitats esportives o l'adquisició d'ulleres a persones amb salaris de fins a 60.000 euros (fins a aquell moment el límit era de 30.000 euros), una mesura que tindrà un cost per a les arques públiques de 27,2 milions. A aquests s'afegeixen altres 12,8 milions per les deduccions a rendes de fins a 60.000 euros per ensenyances de música impartides en conservatoris i escoles de música, o de música i dansa, així com per a la compra d'instruments i partitures.

Pitjors serveis públics

La conseqüència directa d'aquesta política és l'afebliment dels serveis públics. Sense anar més lluny, part de la vaga del professorat està relacionada amb les retallades en matèria d'infraestructures. A les escoles oficials de llengües, els sindicats denuncien que la Conselleria ha eliminat 244 grups i que, des del 2024, un total de 8.450 alumnes no han pogut accedir a l'ensenyament públic de llengües, per la qual cosa 61 professors han anat al carrer. També denuncien que en Formació Professional hi ha retallades, cosa que obliga els estudiants a buscar formació en la privada.

En matèria de serveis socials, el PSPV va denunciar recentment que l'oferta pública de residències a la Vall d'Albaida amb prou faenes cobreix un 8% de les necessitats de les persones majors, ja que aquesta comarca disposa de 333 places públiques per a atendre les peticions de 4.604 demandants que engruixen les llistes d'espera. Pel que fa a la dependència, el mes de maig hi havia 21.954 persones a l'espera de ser valorades, una xifra que, amb petits alts i baixos, s'ha mantingut els últims mesos. Si bé al gener hi havia 22.455 ciutadans en aquesta situació, la xifra es va disparar fins als 27.353 al febrer i, a poc a poc, va anar baixant de nou.

En sanitat, malgrat que el pla d'estiu compta amb un pressupost de 85 milions d'euros, 3 milions més que l'exercici anterior, la realitat és que l'atenció hospitalària es veurà minvada respecte de l'any anterior, segons denuncien els sindicats. Segons UGT, “el pla de vacances que ha presentat la Conselleria no arriba a cobrir tota la demanda assistencial” i afegeixen: “No s'hauria de concebre com una cosa normal que en el període estival es tanquen llits perquè, encara que la població té mobilitat en aquesta època, pel canvi climàtic i les onades de calor, cada vegada hi ha més patologies associades a les altes temperatures i continua havent-hi ingressos hospitalaris”.

Per la seua banda, CCOO denuncia que el Pla de Vacances “consolida les retallades assistencials malgrat augmentar-ne el pressupost” i que “consolida la reducció de l'activitat vespertina en Atenció Primària durant l'estiu”. Un altre dels aspectes que més preocupa el sindicat és la falta de transparència respecte a l'anomenat “reagrupament de llits” hospitalaris, “eufemisme amb què sorprén aquesta Conselleria per a denominar el tancament de llits que té previst i del qual no s'informa, ni sobre el nombre de llits afectats ni sobre els serveis implicats”.

El PSPV critica la política fiscal “injusta”

El Síndic del grup socialista en les Corts, José Muñoz, ha denunciat la “perillosa i profundament injusta” política fiscal del Consell de Pérez Llorca, que està “buidant de manera irresponsable els recursos de la Generalitat amb regals fiscals als patrimonis i rendes més elevades”, mentres els servicis públics de la Comunitat Valenciana “cauen a trossos, com estem veient estos dies amb el vergonyós i indecent pla d'estiu que suposarà el tancament a l'agost de més de 600 llits als hospitals o la mesquina garreperia practicada en les negociacions amb els docents mentres tenim el govern valencià més car de la història, en el qual s'han aprovat pujades de sou fins a un 36%”.

“El Govern d'Espanya està aprovant els majors recursos en favor de la Comunitat Valenciana de la història. Per a 2026 seran 17.418 milions d'euros, la qual cosa suposa 6.621 milions més del que va tindre el Consell del *Botànic en 2022, un 61% més de diners, i el que veiem és una evident deterioració dels servicis públics als valencians i una política de regals fiscals massius a les rendes més elevades”, ha denunciat Muñoz. El síndic del PSPV-PSOE advertix a més que els fons que vindran amb el nou model de finançament autonòmic, que suposarà l'arribada de 3.669 milions addicionals en 2027, han de servir per a reforçar i potenciar la sanitat, l'educació, els servicis socials, les empreses i treballadors, però no per a engreixar les butxaques de l'1% més ric com estan fent PP i Vox“.

Per a José Muñoz, esta política “frívola i populista” s'explica perquè Pérez Llorca és un president “a dit, que no han votat els valencians” i l'“única obsessió dels quals és caure en gràcia a Feijóo perquè ho deixe ser candidat del PP” a les eleccions de 2027. “Però els valencians no ens podem permetre el tindre un president suplent de Mazón que no pensa en la Comunitat Valenciana, sinó només en el seu interés i en el del PP a Madrid”, ha asseverat el portaveu socialista.