Aunque la Comisión Europea ha confirmado que no hubo manipulación en la revisión del crecimiento de la economía española, que realizó el INE, el Partido Popular sigue utilizando este bulo como arma política para atacar al Gobierno en la figura de la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que entonces era vicepresidenta y ministra de Economía del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante la comparecencia de Calviño este jueves en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete ha lamentado “el desprecio sistemático” de la presidenta del BEI por el control y la independencia de las instituciones. Según Navarrete, esta actitud “viene de su etapa como vicepresidenta en el Gobierno de España”. El Partido Popular ha hecho del libro de memorias de la exministra de Economía un arma de oposición, aunque la Comisión Europea haya tumbado sus acusaciones.

En sus memorias, Calviño explica: “En el Ministerio de Economía teníamos claro que había un problema con la metodología de estimación del PIB del INE. Nunca hemos sabido bien por qué, pero el caso es que el organismo de estadística mantuvo durante años una estimación de la actividad muy inferior a la real... Por respeto, institucional, yo no quería cuestionar en público el trabajo del INE, lo que me exigió hacer verdaderos malabarismos en las entrevistas y preguntas parlamentarias. Pero sí podíamos tratar de ayudarles a nivel técnico para mejorar sus metodologías, y eso hicimos”.

El eurodiputado del PP ha espetado a Calviño que el reglamento europeo sobre estadística establece que son los presidentes del INE quienes tienen la competencia exclusiva para decidir los métodos, estándares y procedimientos estadísticos y que deben “actuar de forma independiente, sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno o institución”.

“¿Quién le ayudó a perpetrar semejante tropelía? Primero el INE. Ahora el BEI. El problema no es un episodio, es el patrón”, le ha remarcado Navarrete a la exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Respuesta del comisario europeo al PP

Sin embargo, ha sido el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quién ha desmentido los argumentos del PP precisamente como respuesta a una pregunta que hizo Navarrete junto a otros eurodiputados del PP español como Esteban González Pons, Dolors Montserrat, Isabel Benjumea y Tomáš Zdechovský, eurodiputado checo del PPE.

Dombrovskis responde a la pregunta parlamentaria de los europarlamentarios conservadores que “las revisiones del PIB en España publicadas en 2024 se realizaron de acuerdo con la metodología establecida en el Reglamento (UE) n.º 549/2013 sobre el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (ESA 2010)”.

Además, el comisario europeo subraya que “estas revisiones se debieron a la aplicación de una revisión de referencia periódica de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, realizada de forma coordinada en todos los Estados miembros al menos una vez cada cinco años para incorporar nuevas fuentes de datos y cambios importantes en la metodología estadística internacional”.

También añade que “el impacto de las revisiones sobre el PIB nominal de España fue del 1,6 % (promedio anual entre 2020 y 2023), situándose dentro del rango observado en otros Estados miembros, que varió entre el −3,8% y el 6,8%”, pero además recalca que “la revisión media de las tasas anuales de crecimiento del PIB real fue de 0,3 puntos porcentuales en España (promedio anual entre 2020 y 2023), mientras que el promedio para los Estados miembros osciló entre −0,4 y 1,1 puntos porcentuales”. Es decir, Dombrovskis rebaja el impacto de los cambios que realizó el INE del crecimiento económico de España respecto a otros servicios públicos estadísticos en diferentes países de la UE.

El comisario de Economía ha recordado que “la Comisión supervisa de forma continua el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea por parte de los Estados miembros”, especialmente el Reglamento sobre estadísticas europeas, que establece el principio de independencia profesional, que se desarrolla posteriormente en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.

En la pregunta de los eurodiputados del PP se asegura que la “posterior dimisión del presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, en junio de 2022, tras las presiones de la entonces vicepresidenta Nadia Calviño, confirmarían una grave vulneración de la independencia profesional del INE”.

Pero, el comisario europeo de Economía rebate está argumentación al asegurar que “tal como señaló la Comisión en otra pregunta... no dispone de información que indique que el Reglamento (CE) n.º 223/2009 haya sido vulnerado en relación con la decisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística de dimitir en 2022”.

La tragedia de Adamuz (Córdoba) obligó a cancelar esta semana dos de las fotos más esperadas del año en el ala económica de La Moncloa: la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro Económico Mundial —lo más parecido a un Tomorrowland del neocapitalismo global— y la reunión del jefe del Ejecutivo con los principales directivos del IBEX que acuden al encuentro en la pequeña localidad alpina de Davos (Suiza).

En su lugar, fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien presidió el encuentro con las grandes empresas españolas, y escuchó las preocupaciones de los ejecutivos por la incertidumbre global desatada, de nuevo, por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles; para él, la palabra más bonita del diccionario.

Si bien Cuerpo estuvo acompañado por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que ejerce un papel más político en el día a día del Ejecutivo, la agenda del titular de Economía estuvo repleta de reuniones con la élite económica global (la gestora de fondos Blackrock, las tecnológicas Qualcomm, HP y Cohere), citas con inversores para presentar el nuevo fondo soberano, entrevistas con medios internacionales y una intervención en un panel sobre economía europea, en el que se sentó a la vera de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

“Es un buen ejemplo de transgredir con su iniciativa”, loó la francesa, hablando de la propuesta española de poner en marcha una “coalición de voluntarios” entre los gobiernos de la Eurozona para avanzar en la integración económica sin que los Estados miembros más reticentes puedan ponerle freno. En la mesa también participaban otros grandes ejecutivos de la banca y la inversión del continente.

La escena, lejos de ser anecdótica, es ya habitual porque España ha pasado de ser el ‘patito feo’ del euro en la crisis del 2008 a ser la gran economía que más tira del crecimiento europeo. Y también un botón de muestra del peso del Ejecutivo de Sánchez a escala europea y del buen hacer de Cuerpo, que habla perfecto inglés y hasta se atreve con el japonés, como 'embajador' económico del Gobierno.

De 'número tres' de Economía a confrontar con Yolanda Díaz

Cuerpo, técnico comercial del Estado, dio el salto a lo más alto del Ministerio de Economía en diciembre de 2023, cuando Nadia Calviño fue elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De ser un casi desconocido secretario general del Tesoro Público, ha pasado a ser el ministro mejor valorado del Gobierno (es el único que aprueba, con un 5,3, según el CIS) y también el que más ha comparecido en rueda de prensa tras las reuniones semanales del Ejecutivo: casi una veintena de ocasiones, según los datos recogidos por Público.

Los buenos datos económicos —todavía mejores en la macro que en el día a día de los españoles—, la fallida opa hostil del BBVA al Banco Sabadell, o el diseño del Plan de Relanzamiento Comercial en respuesta a los aranceles de Trump son solo algunos de los expedientes que han pasado por la mesa de su Ministerio. Él fue el encargado de negociar con los grupos políticos la aprobación de esta red de apoyo, como también de encajar jurídicamente el embargo al comercio de armas con Israel. La confianza de Sánchez en él es tal, que Cuerpo fue el encargado de viajar a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, el secretario de Comercio, Scott Bessent, en pleno tira y afloja por los aranceles y por el enfado en la Casa Blanca —que sigue— por la inversión española en Defensa.

Cuerpo se curtió en Bruselas en su etapa al frente del Tesoro Público durante las eternas negociaciones europeas para reformar las reglas fiscales y ahora es el encargado de 'filtrar' todos los asuntos económicos que se elevan al Consejo de Ministros. Su tono conciliador lo aleja de la confrontación partidista. La oposición evita hacerle preguntas en las sesiones de control. Entre otras cosas, por la mala experiencia con Calviño, que se crecía en los embates parlamentarios.

Pero es en el seno del Gobierno donde ha encontrado las mayores resistencias. Sánchez escogió a María Jesús Montero como vicepresidenta en sustitución de Calviño, pero erigió a Cuerpo como responsable de la política económica al colocarlo al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Es el ‘consejillo’ de ministros económicos, la reunión que mastica todos los grandes asuntos del área. Y es el lugar donde, acusa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se frenan sus proyectos.

En el Ministerio de Trabajo han pasado de verlo como uno de los suyos (formó parte del primer comité de expertos para subir el salario mínimo) a la personificación del neoliberalismo. A raíz de las negociaciones para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, Díaz acusó a Cuerpo de frenar su tramitación interna. Llegó a decir que era “casi de mala persona” negarse a reducir media hora el tiempo de trabajo. Los dos socios llegaron a un acuerdo y finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros tal y como Díaz acordó con los sindicatos. Pero en el Congreso no llegó a superar el trámite de totalidad por el rechazo de Junts.

Sucedió lo mismo, recientemente, con la prórroga de 600.000 contratos de alquiler. Díaz aseguró que llevaría a la CDGAE un Real Decreto-Ley con la congelación de estos arrendamientos. Lo dijo antes del parón navideño. En un encuentro antes de las vacaciones, una fuente gubernamental subrayó, medio en broma medio en serio, que a la CDGAE solo va lo que dice Economía. Y cuentan desde el Ministerio de Trabajo que también está frenando su reglamento para promocionar las entidades de la banca ética, algo sobre lo que la cartera de Cuerpo no comenta.

El control de la CDGAE es clave. Nadia Calviño lo ejerció con mano de hierro durante su mandato. “Yo hasta que llegué al Gobierno, pensaba que el Comité Central del Partido Comunista de España era la reunión más dura que te podías encontrar en política. (...) En este tiempo como ministro he descubierto que no. Que lo más duro que hay en política es la CDGAE”, bromeó el exministro Alberto Garzón en su último Consejo de Ministros, en noviembre de 2023. A la entonces vicepresidenta la broma no le gustó.

La presidencia de la CDGAE afecta a los equilibrios internos del Gobierno. Por ejemplo, durante el mandato de Mariano Rajoy (2011-2018) fue el propio presidente el que asumió el liderazgo de la Comisión Delegada, colocando a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como 'número dos' también en este organismo. Entonces lo justificaron con la severidad de la crisis. Pero el objetivo era no dar alas ni a Luis de Guindos ni a Cristóbal Montoro, ministros de Economía y Hacienda, respectivamente, y que pugnaban entre ellos por el control de la política económica del Ejecutivo. 

El área económica del Gobierno va a experimentar una remodelación clave en los próximos meses por la salida de María Jesús Montero hacia Andalucía. Todos los ojos están puestos en Cuerpo, cuya iniciativa de crear un fondo soberano para dar continuidad a los Next Generation ha desatado el interés de los inversores. Su nombre ya sonó como posible candidato en Extremadura, ante las fatídicas previsiones electorales del defenestrado Miguel Ángel Gallardo. O como alcaldable de Madrid. El cargo al que sí aspiró fue al de presidente del Eurogrupo, pero los difíciles equilibrios europeos y la falta de apoyos hicieron que fuera el tercer ministro de Economía español en intentarlo y fallar. En su contra, hay quienes ya hablan —y dentro de los propios socios del Ejecutivo— de que es un perfil demasiado técnico y hace falta darle impulso político al Gobierno. Pero Calviño también era, en apariencia, tecnócrata. Y sorprendió.

A la exministra Nadia Calviño le ha dado por compartir su experiencia en el Gobierno. Es una sana costumbre a la que yo animo a los amigos que han pasado por la política. Me interesa saber su experiencia. Uno de los problemas de la desafección de la política es no conocer las bambalinas, las presiones a las que se ven sometidos, las limitaciones que tienen sus tomas de decisiones, por qué a veces hay que separarse del camino ideal.

El problema es que en nuestro país las memorias de los que han pasado por la política son garantía de que no vamos a saber nunca la verdad. Dicho en otras palabras hay un riesgo casi seguro de hacerse “un emérito”. Supongo que es humano. A todo el mundo le gusta quedar bien, justificar sus decisiones, pasar a la historia. Como dice una compañera, al final todos los que han pasado por el poder acaban necesitando un abrazo, necesitando que les comprendamos.

En el caso concreto de la exministra el asunto es que, buscando su propia redención, ha montado un buen lío. Nos dice ahora la ministra que (digamos) habló con los responsables del INE para que contemplaran la posibilidad de modificar al alza las estimaciones del PIB. La ministra cuenta con la ventaja de que los que estuvieron encima del asunto van a ser discretos y no van a entrar a discutir su versión. Y es lo correcto. Lo malo es que eso está alimentando una polémica sin demasiado recorrido, pero que, en estos tiempos en los que cualquier chispa puede provocar un incendio, está siendo bien aprovechada por los medios de siempre.

La polémica acaba resultando calcada a cualquier otra. ¡Pero cómo se le ocurre al Gobierno intervenir en la administración! ¡Cómo se atreven los políticos a meter sus interesadas manos en el pulcro trabajo de los impolutos técnicos! Lo vemos ahora en el INE, pero lo hemos visto en la justicia, en el Banco de España y en tantas otras disputas. Siempre la separación entre el mundo de la política y de una administración pública elevada a los altares de la objetividad. La antipolítica.

Hace años, dando un curso a personas que habían pasado la oposición para un alto cuerpo de la administración (el mismo de la exministra, de su antecesor, del ministro actual y tantos otros), uno de los alumnos nos preguntó a otro compañero y a mí, que impartíamos la clase, dónde había que situar la línea entre lo que te decía el político y nuestro trabajo como técnicos. Mi compañero y yo, ya con larga experiencia en la administración, nos miramos y le dijimos, con toda la delicadeza que pudimos, que esa línea no existía. Fue más o menos como decirle que los reyes son los padres. Luego le intentamos transmitir que no existe una línea, sino una ancha franja donde se viven situaciones de lo más diverso y que cada cual con su moral de funcionario público respetuoso con el voto popular tiene que gestionar. La cosa no era tan fácil como estar a un lado u otro de la línea.

La situación vivida en el INE en los años en los que resultaba evidente que se estaban haciendo mal las cosas en la estimación del PIB es uno de esos casos en los que estábamos en ese pantanoso terreno. ¿Sabiendo que se estaba haciendo mal algo debe la responsable del departamento dejar que se siga haciendo mal? Pues no. Bastante tardó en mi opinión en darse cuenta, por mucho que ahora se quiera colocar como la heroína del cuento. ¿Deben los empleados públicos defender un trabajo mal hecho amparándose simplemente en su supuesta objetividad y carácter técnico como, de hecho, hicieron en su momento? En mi opinión, no.

Y aquí en esta parte es donde aparecen otros invitados. Me atrevería a decir los tontos útiles en busca de su minuto de gloria. Las asociaciones profesionales. A cualquier se le concede el derecho a llamarse profesional y decir que representa a un colectivo. Algunos llevamos ya tiempo cansados de que se haga caso al Colegio de Economistas, que no reúne ni mucho menos a la totalidad de la profesión y que actúa como si en ese grupo de profesionales no hubiera partidarios de una cosa y otros de la contraria. Pero como se llama tan pomposamente Colegio de Economistas parece que es algo más. Pues no, no es mucho más que el club de amigos de la petanca de mi barrio. Y ahora sale a la palestra esa Asociación de Estadísticos del Estado que no reúne a más de cuatro veteranos mal contados (aunque supongo que siendo estadísticos contarse a ellos mismos se contarán bien). Si visitan su página web, verán su febril actividad en los últimos años. Pero, claro, si alguien les da visibilidad para alimentar polémicas, allá que se lanzan.

Llevemos las discusiones de lo que debe ser la relación entre la política y la administración por unas vías racionales, realistas, que ya somos mayorcitos y, de paso, que nadie hable de más ni nadie se arrogue el derecho de hablar por los demás por mucho que compartamos profesión.

España está muy por debajo del nivel de interconexión eléctrica que establece la Comisión Europea. Y ese fue uno de los puntos débiles durante el apagón que dejó al país sin luz durante todo un día a finales de abril. Los proyectos están en marcha, aunque van despacio. Este lunes se ha dado un paso más al firmarse con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) préstamos por valor de1.600 millones de euros para avanzar en la interconexión a través del Golfo de Bizkaia, que serán 400 kilómetros, de los cuales 300 serán por debajo del mar, convirtiéndose en la primera interconexión submarina de España.

La rúbrica del acuerdo de financiación con la entidad que preside Nadia Calviño se ha producido a primera hora de este lunes en Luxemburgo, aprovechando la reunión de ministros de Energía de la UE. Al acto, cerrado a los medios de comunicación, han acudido, además de la exvicepresidenta, el comisario de Energía, Dan Jørgensen; el ministro francés Marc Ferracci, y el subsecretario español de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel González; la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; y el directos general de Finanzas, Estrategia y Economía de la red de transporte eléctrico francesa, Thomas Veyrenc.

El proyecto, que supondrá la interconexión a través del Golfo de Bizkaia, lo lleva a cabo una empresa conjunta de Red Eléctrica y su homóloga francesa (RTE). La intención es que esté listo en 2028 y que permita duplicar la capacidad de intercambio de electricidad entre Francia y España hasta los 5.000 megavatios. “Eso significa energía más limpia, segura y asequible para millones de ciudadanos a la vez que evitará la emisión de 600.000 toneladas de CO2 anuales”, señala Red Eléctrica en un comunicado.

Esa interconexión es un proyecto de interés común para la UE y ya cuenta con 578 millones de euros del fondo 'Conectar Europa'. La firma del acuerdo con el BEI supone un primer tramo de préstamos por valor de 1.200 millones de euros. “El proyecto del Golfo de Vizcaya, junto con el proyecto subterráneo entre Baixas-Santa Llogaia y la mejora de la infraestructura existente Argia-Hernani contribuirán a incrementar la capacidad de interconexión entre la península ibérica y el resto de Europa, al tiempo que permitirán su mejor integración en el mercado energético de la UE”, señala Red Eléctrica. Es uno de los planes para llegar al 15% de interconexión en 2030, que es el objetivo establecido por la Comisión Europea y del que España está aún muy lejos (se sitúa en el 3% con el resto del continente).

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anticipó este lunes que en las próximas semanas se firmará un acuerdo para un interconector energético entre Francia y España.

Calviño protagonizó un diálogo organizado por el Ateneo de Madrid en el que avanzó este asunto sin dar más detalles. La presidenta del BEI destacó que la interconexión es una “tarea pendiente” desde hace mucho tiempo y “va a suponer un cambio muy importante desde el punto de vista de la integración”.

Preguntada por el apagón y si debe dimitir la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, la también exvicepresidenta española señaló que se está haciendo un análisis y que confía en “colaboren todos” los agentes implicados, “incluyendo las empresas eléctricas”, y se tenga “claridad sobre cuáles son las causas y evitar que se produzca una repetición”.

Calviño también aprovechó para “poner en valor la respuesta de la sociedad española”, que lo hizo “con tranquilidad, con solidaridad, de manera tranquila y madura”, y destacó que el sistema se recuperó “en un tiempo récord”.

Calviño afirmó que el BEI no está financiando la construcción de nuevas centrales nucleares, pero sí proyectos relacionados con reciclaje del combustible, refuerzo de la seguridad o investigación y desarrollo. Además, insistió en que no se financian nuevos proyectos de energías fósiles. “El BEI seguirá financiando todas aquellas energías que puedan jugar un papel importante” y garantizará el proceso de transición energética acompañando a las empresas con “normas proporcionadas”, afirmó.

Otro ámbito de inversión es la defensa, en el que reiteró que el BEI duplicará su inversión para este año, hasta los 2.000 millones de euros, y planteará una propuesta para aumentar algunas partidas en ámbitos clave. Calviño incidió en que los accionistas del banco son los 27 Estados miembro, cuyos intereses están alineados.

En cuanto a las tensiones comerciales con Estados Unidos, Calviño defendió mantener un diálogo “constructivo” al tiempo que avisó de que se está construyendo un nuevo orden mundial y “es importante que Europa dé una voz fuerte”.

España y otros 18 países de la Unión Europea (UE) han instado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a seguir ajustando su mandato para poder financiar más proyectos de seguridad y defensa y explore la posibilidad de emitir deuda, ante la “crucial” necesidad de reforzar la base industrial militar comunitaria.

“El BEI debe seguir explorando nuevas vías para desempeñar un papel aún más destacado en la financiación de inversiones y el apalancamiento de financiación privada para el sector de la seguridad y la defensa”, indicaron estos países a través de una carta conjunta dada a conocer este viernes.

La misiva ha sido firmada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los dirigentes de Finlandia, Bélgica, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.

El BEI ya eliminó en mayo pasado uno de sus principales obstáculos para invertir en defensa al suprimir el requisito que exigía que para financiar una tecnología de uso dual -civil y militar, las únicas que puede financiar la institución- el proyecto en cuestión obtuviese más del 50% de sus futuros ingresos del uso civil de la misma.

Esa decisión permitió elevar ligeramente la financiación de proyectos militares, que pasó a ser de 1.000 millones en 2024, el doble que el año anterior para ese tipo de proyectos. La intención de Calviño es que se duplique a lo largo de este año. Sin embargo, es una cifra insuficiente para la inmensa mayoría de gobiernos europeos, que son los accionistas del BEI.

La presidenta se ha mostrado reticente a ampliar el mandato que tiene el BEI para financiar armamento. “No somos un Ministerio de Defensa, somos el Banco Europeo de Inversiones”, contestó en una rueda de prensa en Bruselas este jueves en la que presentó el informe anual de la entidad.

De hecho, dijo que el BEI “ha adoptado una posición muy proactiva y ambiciosa para aumentar su apoyo a la industria de seguridad y defensa europea salvaguardando al mismo tiempo su capacidad financiera”.

Los 19 países de la UE firmantes de la carta insisten ahora en que el banco vuelva a evaluar la lista de actividades y sectores que quedan excluidos de su financiación.

En concreto, piden que se defina “con mayor precisión” la terminología y el contenido de las actividades excluidas y tener “un alcance lo más limitado posible para ajustarse a las nuevas prioridades políticas de la UE”.

También insisten en ajustar la política de préstamos para aumentar el volumen de financiación disponible en el ámbito de la seguridad y la defensa

“Este mayor énfasis en seguridad y defensa, por ejemplo incrementando el volumen de inversión disponible de la Iniciativa Estratégica Europea de Seguridad, debería preservar la financiación eficaz de las demás prioridades estratégicas del BEI”, indicaron.

Finalmente, instan a que el BEI contemple la emisión de deuda para financiar proyectos de seguridad y defensa, lo que a su juicio “podría aumentar la transparencia y aportar claridad y la posibilidad de elección para los inversores”.

No obstante, creen que esto debería considerarse en consulta con los mercados financieros y las agencias de calificación en cuanto a la viabilidad de esta posibilidad, de cara a garantizar “la financiación más eficaz y rentable posible” para este tipo de proyectos y prestando atención “a la posible repercusión sobre los costes de financiación de los actuales bonos del BEI”.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) que dirige la exvicepresidenta Nadia Calviño ha duplicado el gasto en proyectos dedicados a la seguridad y la defensa, aunque el sector representa una pequeña parte de los 89.000 millones en financiación que ha invertido la entidad en 2024. El 60% de los proyectos tienen que ver con la acción climática, lo que ha llevado a la española a asegurar durante la presentación de los resultados que se ha consolidado como “el banco del clima”.

En cuanto a la defensa, se han destinado 1.000 millones y la previsión de Calviño es que esa cifra se duplique en 2025. El incremento se ha producido coincidiendo con la estrategia de la UE de reforzar la industria militar tras la invasión rusa de Ucrania. Los estados miembros, que son los accionistas del BEI, decidieron darle a la entidad un rol específico para incrementar su participación en la financiación del sector.

El pasado mes de mayo se cambiaron las reglas internas de la entidad para rebajar los límites que tenía para invertir en proyectos de doble uso (civil y militar) y facilitar de esa manera la inversión específica en proyectos de defensa. Con esa modificación de las normas del BEI, que supone que ya no se tienen que invertir en proyectos que destinen al menos el 50% para uso civil, se han incrementado las inversiones.

“El Grupo BEI ha aumentado significativamente sus inversiones elegibles en proyectos de uso dual, que ahora incluyen protección de fronteras, movilidad militar, desminado y descontaminación, espacio, ciberseguridad, protección del fondo marino e infraestructuras críticas, investigación y desarrollo y drones”, señala la entidad en un comunicado.

El debate, no obstante, gira en torno a la posibilidad de quitar las restricciones y que la entidad pública pueda financiar directamente armamento. Para eso se requeriría un cambio en las normas (en la jerga comunitaria modificar el “mandato” que tiene el BEI). Calviño no es muy partidaria de ese movimiento y evita pronunciarse con claridad.

“No somos un Ministerio de Defensa, somos el Banco Europeo de Inversiones”, ha despejado Calviño a preguntas de los periodistas en Bruselas durante la presentación del informe anual. La decisión, en todo caso, correspondería a los gobiernos europeos. Lo que ha dicho la presidenta es que se está llevando a cabo un “test de mercado” por si fuera necesario “otro ajuste en las reglas de elegibilidad”, aunque en ningún momento ha querido pronunciarse sobre si se ampliará el mandato para proyectos armamentísticos.

De hecho, Calviño ha asegurado que cuenta con el “apoyo” de los líderes de la UE -y también ha mencionado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte- a la “aproximación” que actualmente tiene el BEI.

Las financiación para España ha alcanzado los 12.300 millones de euros, según ha adelantado Calviño. Se trata de un incremento de unos mil millones respecto a los 11.340 millones que se destinaron al país en 2023. España es el segundo receptor de financiación, por detrás de Francia (12.600 millones de euros), y seguida de (11.000 millones de euros) y Alemania (9.600 millones).

En su primera gran viaje oficial al extranjero, el lehendakari, Imanol Pradales, ha elegido como destino Bruselas, la capital de la Unión Europea, y otras sedes comunitarias, como Luxemburgo. Allí, ha defendido que Euskadi tenga “voz propia” en el concierto comunitario. Pradales, en una recepción a la comunidad vasca residente en Bruselas, ha señalado algunos “pasos” en la internacionalización vasca. Ha citado el reciente acuerdo con el Estado para que las Haciendas forales tengan “participación directa” en el Ecofin -“incluyendo sus grupos de alto nivel”-, el impulso de la macrorregión atlántica -una herencia de Iñigo Urkullu-, la sede del secretariado permanente de la Coalición Local 2030 de la ONU y, como novedad, también un “roster vasco”, una suerte de red de personas influyentes que impulsen la imagen de Euskadi en el exterior a modo de 'lobby'.

Sobre esta cuestión, ha invitado a sumarse al “roster” a los vascos residentes en el país de flamencos y valones. “La Euskadi global necesita de vuestra aportación y participación. Es necesario tejer nuevas redes y conectar con nodos que nos aporten valor humano, cultural, económico, científico, social, de seguridad, ... Y ahí vuestra ayuda será fundamental. Sé que muchos de vosotros trabajáis en las instituciones europeas que hoy y mañana estamos visitando. Algunos de vosotros sois niñas o niños de la guerra, o descendéis de ellos. Otros sois jóvenes que disfrutáis de las becas Global Training o Beint o, simplemente, estáis viviendo una interesante experiencia en este país en busca de una oportunidad laboral en Bélgica”, ha señalado.

“La Unión Europea no puede ser únicamente un club de Estados. Europa es mucho más que eso. Euskadi debe ser un actor activo a favor de la estabilidad y fortaleza del proyecto europeo. Tienen que vernos como un país fiable y confiable con capacidad de influir en el marco europeo. Somos un país estable y seguro del que se pueden fiar y en el que pueden confiar. Estamos alineados con la política europea a favor de la soberanía estratégica, el modelo de bienestar y cohesión social, la competitividad para el bienestar, Los derechos humanos y los valores fundacionales de la UE. Los vascos queremos seguir aportando al renacer del proyecto europeo. Y aspiramos a tener voz propia en las mesas en las que se toman las decisiones relevantes que nos afectan”, ha manifestado Pradales.

Antes del encuentro social en Bruselas, Pradales ha mantenido un encuentro en Luxemburgo con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno de España. Tras esa cita, el lehendakari ha apelado a “la importancia de establecer nuevos recursos financieros que permitan reforzar la política pública de vivienda en el marco de la transición social”. Ha destacado “la oportunidad de crear instrumentos de colaboración público-privada en los que el BEI pueda desempeñar un papel esencial para ampliar el parque público de vivienda y fomentar una oferta que responda a las necesidades de las personas jóvenes”. “Este planteamiento está alineado con las orientaciones de los informes Draghi y Letta, que abogan por una mayor inversión en innovación como motor de transformación y desarrollo económico”, ha manifestado igualmente.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ ha rechazado citar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la exvicepresidenta Nadia Calviño, tal y como le habían solicitado las acusaciones populares Hazte Oír y Iustitia Europa en relación al rescate de Air Europa. 

En un auto, el magistrado explica que el objetivo de esta investigación es indagar en las irregularidades en torno a la organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia y no sobre las posibles irregularidades que hubieran podido existir en las ayudas públicas del rescate de Air Europa.

El juez considera que sus testificales no aportarían “nada nuevo” y sostiene que la “vía correcta” para avanzar en las investigación es analizar la “información” que vaya poniendo a disposición del juzgado la “unidad policial investigadora”. En este caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las acusaciones populares también habían pedido la declaración de Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, denegada al entender el juez que su comparecencia “carece de interés”. El magistrado deja para más adelante la decisión de citar a otros dos guardias civiles a la espera de conocer la opinión de la Fiscalía, uno de ellos muy cercano a Koldo García, el principal imputado.

Las acusaciones de extrema derecha Hazte Oír y Iustitia Europa solicitaron al juez Moreno que citara a Sánchez y Calviño después de que sus nombres aparecieran referenciados en un informe de esa unidad policial. Según mensajes intervenidos a los implicados en el ‘caso Koldo’, ambos se habrían reunido con el exministro José Luis Ábalos para abordar el asunto del rescate.

La aerolínea, al igual que ocurrió con otras empresas del sector a nivel europeo, recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial. 

Ábalos, pendiente del Supremo

El caso Koldo, inicialmente bautizado como 'operación Delorme', investiga desde hace meses si un entramado corrupto liderado por Koldo García y el empresario Víctor de Aldama consiguió millones de euros en adjudicaciones de organismos públicos durante la pandemia aprovechando la cercanía del primero con el entonces ministro, José Luis Ábalos, y su departamento.

En las últimas semanas parte de las pesquisas se han dirigido precisamente contra Ábalos, con el juez remitiendo el caso al Tribunal Supremo para que sea imputado por su “papel principal” en la trama, que por el momento ha negado el propio Ábalos.

El rescate de Air Europa es una de las principales vías que han intentado impulsar, por ahora sin éxito, las acusaciones populares que comparten el caso de Koldo García y el de Begoña Gómez. En la causa contra la esposa del Presidente del Gobierno la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que dejar fuera de las diligencias del juez Peinado las indagaciones que había hecho a partir de las “meras sospechas” de la denuncia inicial de Manos Limpias.

El Instituto Nacional de Estadística ha reconocido que ha calculado mal, con una desviación importante a la baja, el Producto Interior Bruto de España. El INE ha hecho tres revisiones al alza del PIB español y prepara una cuarta tras el mayor error estadístico de su historia. ¿Por qué es importante este error? ¿Qué trascendencia política tiene y cómo afecta en la vida de los ciudadanos? 

Nos adentramos en las profundidades de la macroeconomía para entender cómo ha podido pasar esto con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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El debate ya estaba sobre la mesa meses antes de que la exvicepresidenta económica, Nadia Calviño, se hiciera con las riendas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero ahora ha llegado a su máximo apogeo. Cada vez hay más presión para que esa entidad pública, que se ha erigido como el 'banco del clima' para financiar proyectos de lucha contra el cambio climático y transformación hacia la economía verde, entre de lleno en la industria de la defensa. La española había evitado tomar partido e, incluso ahora que las cartas están sobre la mesa y que numerosos gobiernos elevan la presión, ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que el BEI sufrague armamento y munición.

Esa es a priori una financiación prohibida por los estatutos de la institución, que tiene entre sus atribuciones la subvención de proyectos que sean de interés para la UE y que en los últimos años se han centrado en la transición ecológica o la digitalización. Pero la preocupación por la defensa y la seguridad es cada vez mayor y, por tanto, una prioridad para los 27 que han ido, además, incrementando su gasto militar, especialmente por la guerra en Ucrania. Ese momento marcó un punto de inflexión para los gobiernos que lo habían dejado de lado en tiempos de paz. Pero el ataque de Vladímir Putin dejó en evidencia las carencias estratégicas del continente y los llamamientos a entrar en una “economía de guerra” se multiplicaron.

Calviño ha reconocido que redoblar los esfuerzos en materia de seguridad y defensa es la tercera prioridad del BEI, por detrás de su consolidación como el 'banco verde' y la aceleración de la digitalización. “Está claro que hay una necesidad de reforzar la industria de la defensa europea”, señaló este viernes en una rueda de prensa tras la reunión informal de ministros de Finanzas de la UE en Gante (Bélgica) a la que asistió para abordar el asunto.

La orden viene, en todo caso, de más arriba. Fueron los líderes de los 27 –los accionistas del BEI en última instancia– los que marcaron el paso del BEI en el Consejo Europeo de diciembre. “La Unión debe asumir una mayor responsabilidad en lo que respecta a su propia seguridad y defensa, seguir una línea de acción estratégica y aumentar su capacidad para actuar de manera autónoma”, expresaron en las conclusiones de aquella reunión que dedicaban una mención expresa al BEI: “Pide que se refuerce el papel del Grupo del Banco Europeo de Inversiones en apoyo de la seguridad y la defensa europeas, tomando como base la Iniciativa Estratégica Europea de Seguridad del BEI”.

¿Cuál va a ser la fórmula? En marzo de 2022, se derribó un primer muro al lanzar esa iniciativa para financiar proyectos de seguridad y defensa de uso dual, es decir, los que pueden tener uso civil y militar. “Eso incluye los drones y la protección de fronteras”, repitió varias veces Calviño. También los proyectos de I+D o la protección de infraestructuras críticas. Para eso se destinaron 6.000 millones de euros de los que apenas se han utilizado un tercio. El compromiso alcanzado por Calviño es “acelerar” la inversión de esos fondos y elaborar un informe sobre todo lo que cabe en el 'saco' del doble uso civil y militar. Ese trabajo lo tiene que presentar dentro de dos meses.

Y de ese guion no quiso salir eludiendo en dos ocasiones responder a la pregunta concreta de si el BEI podría financiar armamento y munición (para ello habría que cambiar los estatutos y se requiere de mayoría simple). “Está claro y hay unanimidad en que tenemos que reforzar el apoyo a la defensa”, repitió la exvicepresidenta, que reconoció que se sobre la mesa se pusieron “diferentes elementos y alternativas”.

Fondos europeos para la industria militar

“La industria de defensa tiene un componente muy elevado de inversión de I+D+I y eso entra dentro de las capacidades de bienes públicos europeos que tenemos todos que financiar. Es importante que tengamos un ángulo europeo de la industria”, afirmó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Más claro aún fue su homólogo belga, Vincent Van Peteghem: “Bélgica cree que tenemos que invertir más en defensa. Tenemos que invertir en seguridad. Es importante ver cuáles son las posibilidades y una de ellas es la dirección estratégica del BEI”. También el alemán, Christian Lindner, se mostró partidario de ampliar el mandato del BEI.

Pero no es la única opción. El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó recientemente destinar eurobonos al impulso de la industria militar europea. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, vio con buenos ojos la propuesta de mutualizar la deuda en línea con los fondos de recuperación de la pandemia. “No digo que tengamos que prorrogar Next Generation EU, digo que podemos utilizar esa metodología para diferentes objetivos comunes y entre ellos la defensa ahora es absolutamente crucial”, explicó.

En plena precampaña electoral, en la que el asunto de la defensa y la seguridad va a ser una de las ideas fuerza -especialmente del Partido Popular Europeo- el debate está abierto y, por el momento, el papel más claro lo tiene Calviño que, aunque ha intentado moverse en la cautela, ya tiene deberes por delante para mover a la UE hacia una “economía de guerra”.

El apretón presupuestario, con el retorno al cumplimiento de las reglas fiscales europeas, ha marcado el relevo ministerial en Economía. El nuevo ministro, Carlos Cuerpo, es técnico comercial y economista del Estado, teco en la jerga administrativa española. Como Nadia Calviño, Román Escolano, Luis de Guindos o el recientemente fallecido Pedro Solbes. Todos ellos aprobaron una dificilísima oposición que abre las puertas a la Administración, a las empresas privadas y a puestos clave en la Unión Europea. 

Precisamente en la Comisión fue donde Carlos Cuerpo comenzó a bregarse. Era 2011, cuando las normas de austeridad fiscal y los rescates financieros exigían a los Estados una reducción de gastos que agravó la recesión. Cuerpo trabajó con el gobierno conservador de Rajoy en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef. Allí ejerció de director de análisis macroeconómico con José Luis Escrivá como máximo responsable. Escrivá ejercerá a partir de ahora como ministro de Transformación Digital y Función Pública; Cuerpo, como titular de Economía y presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La tecnocracia suele circular hacia arriba cuando no viaja al sector privado. 

Quizá el mayor mérito del nuevo ministro sea el de representar la continuidad en una cartera que ejerce de faro y enlace con el poder supranacional. Las posibilidades de su perfil han quedado acrecentadas por dos factores: el primero, por el supuesto rechazo de otros candidatos como los exsecretarios de Estado José Manuel Campa y David Vegara, que sirven actualmente en el sector bancario y que no son altos funcionarios; y segundo, por el papel del ahora titular económico como negociador de las nuevas reglas de déficit y deuda pública. Cuerpo cesa precisamente como secretario general del Tesoro, donde ejercía como responsable de la gestión de la deuda pública estatal. 

Las reglas fiscales obligan al Estado español a respetar una serie de límites de déficit público y de endeudamiento con respecto al PIB, en particular, a no superar el 3% de déficit y el 60% de deuda. Pese a la flexibilidad que ha logrado otorgarse a estos criterios tras las últimas negociaciones, la presión alemana ha logrado mantener las cifras del pacto de estabilidad y crecimiento, establecido tras el Tratado de Maastricht. Unos criterios que deberían ser siempre medios y nunca fines para que Europa y sus países miembros pudieran incrementar su productividad y resiliencia en un contexto de incertidumbre radical. 

En dicho contexto, el impulso de inversiones ambiciosas, de fórmulas más imaginativas de financiación, como la deuda mutualizada, e incluso, de una reflexión sobre la naturaleza del dinero y de la deuda pública podrían contribuir a hacer del supranacional un ente con más capacidad de supervivencia en el mundo a medio y largo plazo. 

Cuerpo representa, en definitiva, la continuidad entre los burócratas que toman algunas de las decisiones que más nos afectan. No obstante, algunas cosas han cambiado entre los tecos durante estos años. Entre estas, el papel del Banco Central Europeo desde 2012, la nueva orientación de la Comisión, una generación de economistas capaces de ver más problemas que la inflación en España y, por supuesto, el contrapeso de los ministros del gasto, y en especial, de los de Sumar, cuya voz debe seguir oyéndose también en esta área. 

Gobernar en coalición es caminar entre equilibrios políticos, ideológicos, corporativos y electorales. Este Ejecutivo continuará en un continuo diálogo entre democracia y tecnocracia: el tiempo dirá si el nuevo ministro se acerca más al recientemente fallecido Jacques Delors que al también finado Wolfgang Schäuble. Dos exministros de Hacienda y, al mismo tiempo, dos formas muy distintas de concebir la economía nacional y la europea. De nuestros actores políticos, sindicales, burocráticos y corporativos depende todo ello. 

La salida de Nadia Calviño del Gobierno camino del Banco Europeo de Inversiones ha abierto el camino para que María Jesús Montero (Sevilla, 1966) ascienda a número dos de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda será vicepresidenta primera aunque con competencias distintas a las de su antecesora. Montero ya no tendrá como principal misión entenderse con los organismos europeos ni coordinar la política económica, sino los Presupuestos y abordar la reforma de la financiación autonómica, uno de los principales retos de la legislatura.

La nueva vicepresidenta primera sabe del asunto. No solo porque ha sido la responsable de los Presupuestos de Pedro Sánchez desde 2018, sino porque antes fue consejera andaluza durante una década y media bajo las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. 

Médica de profesión, entró con el aura de independiente en el Gobierno andaluz en 2002, como viceconsejera de Salud después de haber sido directora médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Dos años después ya era consejera.

Montero acumuló dieciséis años en la Junta los que estuvo al frente de los departamentos de Sanidad, primero, y de Hacienda, después, y en donde aplicó los duros recortes impuestos desde Bruselas y el Gobierno de Mariano Rajoy tras el estallido de la crisis financiera y la apuesta de Europa por las políticas austericidas.

Cuando Sánchez la llamó para su Gobierno era una de las mujeres de más peso del Gobierno de Susana Díaz, quien apenas unos meses después perdería el control de la Junta en favor del PP de Juan Manuel Moreno. El nombre de Montero había sonado un año antes como posible sustituta de Díaz cuando los socialistas andaluces pensaban que la entonces presidenta Díaz derrotaría a Pedro Sánchez en las primarias de mayo de 2017, lo que la obligaría a dejar el Gobierno autonómico en manos de una persona de confianza antes de marcharse a Madrid. Quien acabó dando el gran salto a la política nacional fue ella. Díaz también acabó en la capital, pero como senadora.

De Hacienda a vicepresidenta

Montero ha consumado este viernes un nuevo paso en su escalada en la pirámide del poder en España tras un lustro como una de las principales colaboradoras de Pedro Sánchez. Cinco años en los que ha ido ganando importancia tanto en el Ejecutivo como en el PSOE, de la que es vicesecretaria general desde 2022, cargo en el que sustituyó a Adriana Lastra.

La nueva vicepresidenta primera entró al Gobierno en junio 2018 tras la moción de censura que sacó de Moncloa a Mariano Rajoy. Con un pasado de contención presupuestaria en Andalucía, Pedro Sánchez la situó al frente de Hacienda para su primer Gobierno, todavía en solitario. 

Con un papel público todavía menor, Montero fue una de las negociadoras de los primeros acuerdos programáticos con Unidos Podemos una vez que el PSOE asumió el Gobierno.  Como el de los Presupuestos de 2019 , que no vieron la luz por el veto de ERC. Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales.

Aquel documento iba más allá de las cuentas públicas, y sentó las bases programáticas del primer Gobierno de coalición en casi un siglo. Tras la doble cita electoral de 2019, PSOE y Unidas Podemos cerraron un Ejecutivo conjunto. También entonces Montero fue quien echó horas en la mesa de negociación para la arquitectura programática y ministerial.

En ese Gobierno Montero ganó peso político al asumir la Portavocía que dejaba libre Isabel Celaá. La ministra de Hacienda se convirtió en el rostro del Consejo de Ministros tras bregarse en el Parlamento con la oposición, e incluso con algunos de sus aliados. Montero demostró dotes discursivas y comunicativas que Sanchez quiso explotar en un contexto político muy complejo: un Gobierno conjunto con una izquierda muy combativa dentro, alianzas parlamentarias con independentistas, y una derecha que buscó el derribo del Ejecutivo desde antes incluso de su toma de posesión. Por cualquier método.

La legislatura tenía como principales objetivos pactados por las partes el recuperar partidas económicas que habían casi desaparecido durante los mandatos del PP, así como afrontar la normalización política en Catalunya. Pero la pandemia del coronavirus hizo saltar todo por los aires. O casi todo.

En aquellos primeros meses de 2020 el Gobierno de coalición vivió un duro e intenso debate interno que marcó de inicio cómo iba a reaccionar España ante el shock económico derivado del confinamiento y demás medidas destinadas a reducir el impacto económico del virus.

Había dos posiciones, como recuerdan a elDiario.es fuentes conocedoras del desarrollo de aquellos días en los que la tensión fue máxima: una parte apostaba por hacer una intervención mínima frente a quienes pedían un derroche de estímulos de corte keynesianos. En el primer grupo estaban Nadia Calviño y Montero. En el segundo, Unidas Podemos en bloque apoyados por el Ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. 

“Antes de responder al teléfono ya te ha dicho que no, es su estrategia negociadora”, apuntan quienes han tenido que hacerlo en estos 16 años con cargo ejecutivo. Su actitud, dicen otros, es de “contable”. Es decir, le tiene aversión, sostienen, al descuadre de las cuentas.

Pero a Montero también le reconocen una habilidad política que Calviño no acabó de demostrar: la adaptabilidad. La flamante vicepresidenta primera pasó de los recortes al equilibrio contable y, ante la ruptura del dique de la austeridad en la lucha contra la pandemia, primero, y contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, después, se ha echado en brazos de la expansión presupuestaria.

El Consejo de Ministros aprobó hace unos días el techo de gasto para 2024: 199.120 millones. El más alto de la historia. Gracias, en parte, a los fondos europeos que negociaron Calviño y el nuevo responsable de Economía, Carlos Cuerpo. 

El reparto de tareas que ha ideado Sánchez para el nuevo Gobierno no da más funciones a Montero, que gana peso político, pero no competencias. “La coordinación de la política económica y la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (Cdgae) se queda en Economía”, explican desde Moncloa a elDiario.es. Esa comisión es la que reúne a los ministros económicos y donde se negocian buena parte de las políticas del Ejecutivo, y ha sido escenario de fortísimos enfrentamientos entre las dos partes de la coalición desde 2020.

Montero también pierde una pata habitualmente asociada a Hacienda, la Función Pública, que pasa a depender del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá.  

Desde el PP inciden en la redistribución de tareas que salen del departamento que gana Montero para arremeter contra una de sus rivales más duras en el Gobierno. “Sánchez demuestra lo que le importa la economía quitando la Vicepresidencia al Ministerio”, ha dicho el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en redes sociales. “Que la ‘número dos’ del PSOE sea la ‘número dos’ del Gobierno, mientras la portavoz del Ejecutivo es también la portavoz de Ferraz, es la demostración de que Sánchez quiere un gobierno de trinchera y más preocupado por ir al choque con el PP que por dignificar la gestión pública”, añaden desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

“Políticamente gana muchísimo peso”, defienden las fuentes de la Moncloa consultadas. El motivo, no solo que gestionar los Presupuestos otorga un gran poder a la persona que debe hacerlo. Sino porque esta legislatura está llamada a ser la de la revisión de la financiación autonómica. Un asunto de gran relevancia económica, política y por supuesto, mediática.

Sobre la mesa está la quita de deuda a Catalunya, que irá acompañada de una cesión de tributos todavía sin concretar. Dos medidas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez con los votos de ERC y Junts que el Gobierno, por boca de Montero, ha comprometido extender al resto de comunidades autónomas del régimen común: todas menos País Vasco y Navarra.

Montero pilotará esa negociación a varias bandas, bilaterales y multilaterales a la vez, y que ocupan y preocupan a partidos y administraciones con intereses contrapuestos, a veces incluso entre quienes comparten ideario. Una oportunidad para confirmar esas dotes negociadoras que dicen que tiene, o para estrellarse y naufragar donde otros ya lo hicieron antes. Si triunfa, su nombre ganará muchos enteros en una futura y todavía no abierta carrera sucesoria en el PSOE.

Los intercambios de carteras entre los ministros suelen dejar palabras de emoción en las despedidas, momentos distendidos y discursos más informales de los que se suelen ver en otros actos. El de este viernes, mucho más breve al tratarse solo de la salida de la ministra Calviño, no ha sido una excepción.

Las risas han empezado al posar para la fotografía con la cartera del Ministerio de Economía, cuando el nuevo titular del departamento, Carlos Cuerpo, ha fingido que se le caía de las manos.

Cuerpo se ha permitido colar varios chascarrillos en su propio discurso. “Hasta ayer por la noche no llamé a mi madre para decirle todo lo que iba a pasar y dediqué menos tiempo respecto a lo que iba a ocurrir hoy que a decirle que era verdad, que no era una inocentada. Lección aprendida, el 28 de diciembre no es el mejor día para dar este tipo de noticias”. “Mamá, como ves, no era una inocentada”, ha bromeado.

Ya en clave más seria, también ha defendido la idea de continuidad “en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo” y ha asegurado que no se pueden permitir “fallar”. “Rigor técnico pero con guante de seda”, ha incidido Cuerpo, que ha recordado emocionado la historia de su familia y el esfuerzo de su abuelo en Extremadura para dar formación a sus hijos.

El nuevo ministro de Economía en sustitución de Nadia Calviño es Carlos Cuerpo, desde 2021 y hasta ahora secretario general del Tesoro. Durante el anuncio del relevo, Pedro Sánchez ha descrito a Cuerpo como “un europeísta convencido”, una condición crucial justo cuando vuelven las reglas fiscales a la UE.

“Ha liderado las negociaciones técnicas de las reglas fiscales, con unas 100 reuniones y/o llamadas bilaterales”, destaca una de sus principales colaboradoras en los ultimos dos años. “Eso te da idea de la intensidad del trabajo y la tenacidad que ha tenido para sacar este expediente adelante”, añade esta misma fuente.

“¡Tenemos un acuerdo equilibrado sobre las reglas fiscales, que son adecuadas para los desafíos presentes y futuros! La construcción del consenso europeo en su máxima expresión”, celebró el 20 de diciembre el nuevo ministro de Economía, haciendo gala del “europeísmo” que ha utilizado Sánchez para clasificarle.

Cuerpo es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003 y Doctor en Economía por la UAM en 2017. Su perfil es técnico y de la casa. Como Nadia Calviño, y como otros tantos cargos españoles en instituciones nacionales e internacionales (Luis de Guindos, Pedro Solbes, Jordi Sevilla...) se sacó la oposición del Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado, en 2008.

Es decir, es un “teco”, en la jerga de la Administración, que consiguió su primer trabajo público como analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional en el Ministerio de Economía y Competitividad de Pedro Solbes, en plena crisis financiera.

Desde 2011, realizó tareas similares para la Comisión Europea, y en 2014 saltó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En esta institución, pasó de junior a ser director de la división de Análisis Económico, en solo 6 años, con José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como jefe.

En 2020 volvió al Ministerio de Economía como director general de Análisis Macroeconómico, ya en el equipo de Nadia Calviño y recomendado por Escrivá. En 2021 fue nombrado secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Su carrera cumple el requisito de haber bregado en el ámbito europeo en asuntos cruciales como la emisión de deuda pública o el estudio de las políticas económicas. Al mismo tiempo, su leve carga política deja espacio para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ascienda a vicepresidenta primera.

Eso sí, Carlos Cuerpo se pondrá al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano que los ministros del ramo discuten las principales decisiones de la materia. Oficialmente, la conocida como CDGAE es “un órgano colegiado del Gobierno encargado de garantizar la plena coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales con los criterios de la política económica”. Una comisón clave.

Oportunamente, en su primer discurso como ministro, y tras recorge la cartera de Calviño, ha utilizado varias anécdotas personales y familiares para sacudirse el perfil de tecnócrata. “Recientemente, cuando me preguntaron de qué medida me sentía más orgulloso de estos últimos años, la primera que se vino a la cabeza no fueron la financiación de los ERTE o los avales de la COVID a las empresas, fueron los avances en la inclusión financiera de los mayores y de las personas con diversidad funcional”, ha relatado.

Inmediatamente después, ha vuelto a ejercer el papel para el que está llamado, aludiendo a “la responsabilidad fiscal”, y el celebrando el nuevo corsé de la UE, que “nos marcará el camino” para “crear un colchón para poder resistir crisis futuras y, a la vez, nos permitirá mantener inversiones estratégicas”.

“Es un lujo a nivel personal y profesional, tiene una enorme experiencia, una gran formación y conoce todos los temas y a todos”, señala otra de las personas que ha trabajado junto a él como secretario del Tesoro.

“Es un servidor público excepcional, con prestigio internacional y gran conocimiento de la teoría económica, de las políticas públicas y de la administración. He tenido el placer de trabajar con él y por eso sé que lo hará muy bien”, ha indicido Pablo de Ramón-Laca, quien compartió tareas con él en la secretario del Tesoro hasta que consiguió un puesto en el FMI.

A principios de noviembre, en la red social X (antes Twitter), Cuerpo se declaró del equipo de Calviño y dijo estar “triste” por verla partir al BEI. “Sin embargo, tan feliz por este merecido reconocimiento”, concluyó. La nueva presidenta del BEI le ha devuelto ese cariño este mismo viernes: “Ha sido mi compañero inseparable en tantas batallas...”

Carlos Cuerpo es el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al hasta ahora secretario general del Tesoro para cubrir la marcha de la vicepresidenta primera a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El perfil del nuevo ministro es técnico y de la casa. Como Nadia Calviño, y como otros tantos cargos españoles en instituciones nacionales e internacionales (Luis de Guindos, Pedro Solbes, Jordi Sevilla...) se sacó la oposición del Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado, en 2008. Es decir, es un “teco”, en la jerga de la Administración, que consiguió su primer trabajo público como analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional en el Ministerio de Economía y Competitividad de Pedro Solbes, en plena crisis financiera.

Desde 2011, realizó tareas similares para la Comisión Europea, y en 2014 saltó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En esta institución, pasó de junior a ser director de la división de Análisis Económico, en solo 6 años, con José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como jefe.

En 2020 volvió al Ministerio de Economía como director general de Análisis Macroeconómico, ya en el equipo de Nadia Calviño y recomendado por Escrivá. En 2021 fue nombrado secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Su carrera cumple el requisito de haber bregado en el ámbito europeo en asuntos cruciales como la emisión de deuda pública o el estudio de las políticas económicas. Al mismo tiempo, su leve carga política deja espacio para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ascienda a vicepresidenta primera.

Eso sí, Carlos Cuerpo se pondrá al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano en el que los ministros del ramo discuten las principales decisiones de la materia. Oficialmente, la conocida como CDGAE es “un órgano colegiado del Gobierno encargado de garantizar la plena coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales con los criterios de la política económica”. Una comisón clave.

Pedro Sánchez ha descrito al nuevo ministro como “un europeísta convencido”, y ha anunciado que desaparece la vicepresidenta cuarta que ocupaba la propia María Jesús Montero. Yolanda Díaz continúa como vicepresidenta segunda y Teresa Ribera como vicepresidenta tercera.

Contexto económico

El nuevo ministro hereda una economía que está frenando su crecimiento tras completar la recuperación del shock de la COVID en 2022 y resistir mejor que los principales socios europeos el daño de la inflación desde 2021. El PIB cerrará 2023 con un avance cercano al 2,5%, “cuatro veces más que la media de la eurozona”, según destacó el propio Pedro Sánchez este miércoles, en su balance del año, tras el último Consejo de Ministros.

La evolución de la economía de nuestro país ha destacado en la reconstrucción de la pandemia por la inédita respuesta social (financiación de los ERTE, diseño del IMV, revalorización de las pensiones...), y por otras medidas que han favorecido cambios estructurales en el mercado de trabajo (donde se ha alcanzado un récord de 21 millones personas contratadas), en el mayor peso de sectores relacionados con la innovación y la tecnología y en el tirón de las exportaciones de servicios (y no solo turísticos).

Medidas y transformaciones que han protegido las rentas de las familias y los beneficios de las empresas. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o el despliegue del Plan de Recuperación son algunas de las más destacadas.

En 2024, se espera que el PIB crezca un 1,6%, según el Banco de España. Un ritmo inferior al que venía marcando desde 2021 pero que vuelve a destacar en la eurozona. Precisamente, la debilidad del sector exterior (con menos exportaciones y un turismo que ha tocado o está cerca de tocar techo) explica gran parte del frenazo. Mientras, el consumo de los hogares y la inversión de las empresas serán los principales motores.

El nuevo ministro tiene el doble reto de seguir protegiendo a ambos y de cumplir con las reglas fiscales que estrena la UE el próximo año y que obligarán a dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) en el 3% y a reducir el endeudamiento, disparado por la pandemia y por la crisis financiera de hace una década. Pedro Sánchez le ha enseñado el camino con el decreto anti crisis que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles, y que ha reducido su coste a 5.300 millones, desde los los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.

En el largo plazo, tendrá que reducir la desigualdad, afrontar la elevada tasa de paro estructural (seguirá por encima del 11% el año que viene pese al récord de afiliados a la Seguridad Social) y atender a las inversiones necesarias para la transición verde y digital. Para esto último, serán cruciales las decisiones que se tomen en la UE en un contexto de incremento de los costes de financiación, en el que vuelve el corsé fiscal y de graves tensiones geopolíticas, con la invasión rusa de Ucrania y la masacre de Palestina como principales focos de preocupación.

Nadia Calviño, la tecnócrata que salvó la crisis

La nueva presidenta del BEI, Nadia Calviño, empezó su carrera a mediados de los 90 en el mismo Ministerio de Economía. En 2006, consiguió su primer trabajo en la Comisión Europea, y en 2014 llegó a directora general de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, con el conservador Jean-Claude Juncker como presidente.

En ese cargó permaneció hasta que fue reclamada por Pedro Sánchez en 2018, cuando el PSOE formó su primer Gobierno, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese cargo europeo se labró la fama de ostentar una gran proyección en la UE, según sus defensores. Mientras que más a la izquierda la acusaban de tener una visión cómplice de la ortodoxia de Alemania.

Lo cierto es que Nadia Calviño nunca ha rechinado entre los líderes conservadores, europeos o nacionales, y tampoco entre los empresarios ni banqueros, más preocupados por otros cargos del Gobierno de coalición.

El BEI es un organismo desconocido para el gran público, pero apoya proyectos estratégicos para el club comunitario y vehiculará una buena parte de los préstamos del Plan de Recuperación. Desde verano, la propia Calviño destacó su importancia y aseguró que sólo una candidatura con su nombre podía prosperar. Para lograrlo, ha necesitado la confianza de una mayoría de los países de la UE.

La economía creció un 0,3% en el tercer trimestre, respecto al trimestre anterior, gracias a la resistencia del consumo de las familias y pese a la debilidad internacional, según ha confirmado el INE (Instituto Nacional de Estadística) este viernes.

El avance del PIB (Producto Interior Bruto) se sobrepuso al daño de la inflación y de las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) por los aumentos de salarios y por la creación de empleo, que apoyaron la capacidad de gastar de los hogares en pleno verano y en la principal temporada para el turismo.

El crecimiento apenas desaceleró una décima respecto al 0,4% que la economía de España creció en el segundo trimestre, y se mantiene en el camino que le dirige a cumplir las expectativas de un incremento de la actividad cercano al 2,5% en el conjunto de 2023, el más destacado de la eurozona.

“Este crecimiento diferencial es muy relevante en un contexto de elevada incertidumbre internacional, subida de los tipos de interés y estancamiento de la eurozona”, destacan desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La variación interanual del PIB (que compara el tercer trimestre frente al mismo trimestre de 2022) se sitúa en el 1,8%, frente al 2,0% del trimestre precedente. Y, concretamente, “la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 1,7 puntos. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de 0,2 puntos”, según recoge el INE.

“El crecimiento del PIB en el tercer trimestre se apoya en la pujanza de la demanda nacional. Destaca la contribución del consumo privado, impulsado por las ganancias de poder adquisitivo y la evolución del empleo”, continúan desde el departamento que lidera la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Fuerte crecimiento del gasto de las familias en verano

Volviendo al cálculo trimestral, el consumo de las familias aumentó un 1,4%, al mayor ritmo de todo el año, corroborando, como ya explicó elDiario.es en esta información, que en niveles agregados las familias se han repuesto del shock de la pandemia y también de la crisis de inflación que exacerbó la invasión rusa de Ucrania. El incremento es el mayor desde el segundo trimestre de 2022, justo después de la última gran ola de contagios por COVID.

La renta disponible de los hogares se ha recuperado rápidamente del daño de las subidas de precios por los aumentos de salarios desde finales de 2022, la creación de empleo y las medidas del Gobierno. La extraordinaria respuesta política, que ha favorecido la flexibilidad fiscal permitida desde la Unión Europea (UE) hasta ahora, va desde la financiación pública de los ERTE (Expedientes de regulación de empleo), pasa por el incremento de las pensiones según el IPC y por la reforma laboral y el récord de contratos indefinidos, y llega hasta el tope al gas (o mecanismo ibérico) para contener la escalada de la electricidad.

Esta evolución del dinero que las familias tienen para consumir o para guardar dista mucho del hundimiento de los años de la austeridad tras la gran crisis financiera de 2008. Por supuesto, se trata de una visión promedio, que no atiende a la desigualdad que existe en nuestro país entre los más ricos y los más vulnerables. Sin duda, uno de los principales problemas estructurales de España y de todo el sistema capitalista.

Menos precariedad en el mercado de trabajo

La estabilidad laboral es crucial en el gasto de las familias, ya que si la expectativa es mantener el puesto de trabajo o poder encontrar otro es más fácil tomar decisiones de consumo, sobre todo en verano, en plena temporada de vacaciones y turismo.

Y, por supuesto, son claves las mejoras de las remuneraciones. Los últimos datos de la Contabilidad Nacional recogen incrementos de los salarios por trabajador del 6% en el primer trimestre de 2023, del 5,3% en el segundo y del 4,8% en el tercero. Unas subidas de los sueldos que han coincidido con tasas de inflación más bajas, que llegaron a reducirse por debajo del 2% en junio, permitiendo efectivamente cierta recuperación de poder adquisitivo.

El Banco de España calculó este miércoles que la inflación terminará en el 3,4% de media este año. Y según proyectó en la actualización de sus proyecciones económicas, las subidas de precios se moderarían al 2,3% en 2024 si el Gobierno mantuviera todas las medidas de choque que están vigentes actualmente y que caducan al cierre de este 2023. La institución solo contempla que el Gobierno extenderá la bajada del IVA a los alimentos y las subvenciones al transporte público y deja las subidas de precios en el 3,3%, casi igual que este año.

Caída de la inversión en vivienda

El golpe de las subidas de los tipos de interés oficiales, que se traslada directamente al euríbor (el índice de referencia para las hipotecas), sí que se notó la inversión en vivienda, que retrocedió 2,5% en el tercer trimestre, respecto al trimestre anterior. Se trata de la mayor caída de toda la recuperación tras el shock de la pandemia, después de llegar a avanzar un 3,5% en el segundo trimestre y otro 1,4% en el arranque de ejercicio.

Sin embargo, sí que creció la inversión de las empresas tanto en “maquinaria, bienes de equipo, sistemas de armamento y recursos biológicos cultivados” (según el sistema de clasificación y cálculo del INE), un 1,8%, como en “productos de propiedad intelectual”, un 1,2%, principalmente por el despliegue del Plan de Recuperación. Un despliegue que se observa en el crecimiento del gasto de las administraciones públicas que recoge la Contabilidad Nacional del INE, y que ya supera en 8,5 puntos en nivel previo a la pandemia.

Este jueves, el Gobierno aseguró que la economía no se habría recuperado del shock de la COVID hasta 2024 sin el Plan de Recuperación de la UE. El Gobierno asegura que los fondos europeos entregados desde 2021 y las reformas exigidas han elevado el crecimiento inercial del PIB (Producto interior bruto) 5,1 puntos hasta este 2023. Según defendió este la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, fueron un factor crucial para que nuestro país completará la reconstrucción tras la pandemia en 2022. 

Si se observa la evolución de los distintos sectores, los grandes beneficiados entre julio y septiembre fueron los servicios, que crecieron un 0,9%, con un extraordinario tirón del 11,9% de las “actividades artísticas, recreativas y otros servicios”. Un salto, relacionado con la buena campaña turística y la resistencia del consumo de las familias, que no solo se dio frente al trimestre anterior sino que fue del 8,9% respecto al verano de 2022. En cambio, “comercio, transporte y hostelería” se contrajeron, apenas un 0,1%, aunque avanzó un 3,2% en términos interanuales.

La mayor debilidad surge, de nuevo, en las “actividades inmobiliarias”, que acumulan tres trimestres consecutivos de caídas de la actividad. Y, además, en el otro gran foco de incertidumbre para la economía española: las exportaciones, que disminuyeron un 4,1% respecto al trimestre anterior pese al tirón del turismo. En el cálculo interanual, retrocedieron un 2,4%.

“Esta desaceleración se produce por un descenso en las tasas interan,uales de las exportaciones de bienes (del −2,9 al −68%) compensado, en parte, por el incremento de las exportaciones de servicios (del 4,6% al 8,8%)”, resumen el INE, que destaca que, por su parte, “la variación del gasto de no residentes en el territorio económico aumenta 13 puntos (del 2,2% al 15,2%)”, como consecuencia de la temporada veraniega.

Asimismo, sufrieron una caída trimestral de la actividad la construcción (-0,7%) y “la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (-4,3%)”, mientras que creció la industria manufacturera, un 0,6%.

El diputado de Vox José Sánchez García ha puesto de ejemplo el plan económico ultraliberal de Javier Milei en Argentina para descalificar la gestión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño. El representante del partido de extrema derecha ha defendido la teoría económica de las privatizaciones, recortes y desregulaciones que el nuevo presidente latinoamericano ha aprobado en su país.

“Sigo echando de menos que usted haga, y ya me parece que no va a haber ocasión [en referencia a la marcha de Calviño a la presidencia del BEI en 2024], alguna reflexión de naturaleza económica. Porque siendo ministra de Economía, se lo he dicho muchas veces, espero que hable de economía. A lo mejor desde el BEI...”, ha arrancado el diputado del grupo parlamentario que lidera Santiago Abascal, en la Comisión Mixta para la Unión Europea que se celebra este jueves en el Senado, dedicada a dar explicaciones sobre el despliegue del Plan de Recuperación.

“Usted viene aquí, ofrece unos datos, realiza unas intervenciones descriptivas, presenta un panorama de éxito que irradia al universo mundo. Esto no es hablar de economía. Hace unos días tomó posesión de la presidencia de la República Argentina el señor Javier Milei. El señor Milei en un acto que no era el propio para aquello hablo de economía”, ha añadido el representante de extrema derecha.

“Usted podrá compartir lo que dijo Milei o no, pero habló de economía. Y se acaba de publicar un decreto llamado de Necesidad y Urgencia, cuya exposición de motivos consta de 4 páginas, con explicaciones de teoría económica, en la que se sustenta lo que va a ser la política económíica de esa presidencia”, ha proseguido. “Usted esto, nunca, nada, a pesar de que sabemos que es Técnica Comercial y Economista del Estado, y de que ha tenido altos cargos en la Comisión Europea, y a pesar de que lleva desempeñando esta cartera más de 5 años. Aunque ya por fin ha logrado usted librarse de ella porque debía ser una tortura ser ministra de Economía con ese jefe de Gobierno”, ha concluido.

Este miércoles, en la cadena de televisión nacional de Argentina, Javier Milei leyó los principales artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que borra de un plumazo leyes sociales, avanza hacia la privatización de empresas públicas, propone duros recortes en el gasto del Estado y distintas desregulaciones, por ejemplo en el mercado de la vivienda. Son 83 páginas que incluyen derogaciones de leyes clave y reformas que acotan derechos e impulsan la privatización de empresas estatales.

“Nuestros sentimientos con ocasión de su nombramiento como presidenta del BEI son encontrados. En primer lugar, no le ocultaré a usted una cierta alegría porque abandone usted el Ministerio de Economía [...]. Por otra parte, nos invade el temor a cerca de quién pueda ser sucesor en esta importante cartera. Porque claro, si pensamos en el señor Garzón, el ex ministro, o la vicepresidenta segunda, o la vicepresidenta cuarta, esto ya sería de escalofrío. De modo que, a lo mejor, vamos a echarla a usted de menos”, ha comentado también José Sánchez García.

La economía no se habría recuperado del shock de la COVID hasta 2024 sin el Plan de Recuperación de la Unión Europea (UE). El Gobierno asegura que los fondos europeos entregados desde 2021 y las reformas exigidas han elevado el crecimiento inercial del PIB (Producto interior bruto) 5,1 puntos hasta este 2023. De hecho, según ha defendido este jueves la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, fueron un factor crucial para que nuestro país completará la reconstrucción tras la pandemia en 2022.

“El Plan de Recuperación está siendo un instrumento clave para lograr una recuperación rápida e intensa e impulsar la modernización de nuestra economía en clave verde y digital”, ha defendido la también ministra de Economía, Comercio y Empresa, en su última Comisión Mixta para la Unión Europea en el Senado, justo antes de asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a partir de enero.

“Gracias a los fondos europeos 'Next Generation EU', se ha generado una dinámica de inversión y transformación cuyos resultados son ya tangibles y marcan el ciclo económico iniciado tras la pandemia, con un impacto significativo en el plano económico y social”, ha añadido.

En cifras más concretas, a cierre de 2023, “el impacto económico del Plan de Recuperación se traduce en 2,5 puntos en el nivel de PIB, en línea con lo previsto, mientras que para 2021-2022, el impacto del Plan fue superior al estimado inicialmente”, ha explicado. “Son 35.000 millones de euros solo este año distribuidos entre las inversiones y las reformas”, ha detallado.

“Durante los dos primeros años de despliegue del Plan, se ha registrado una sorpresa positiva en relación con la estimación inicial, que se añadió al efecto anticipado de las inversiones en forma de expectativas. Concretamente, el impacto del Plan fue de 0,9 puntos en 2021 y de 2 puntos en 2022, frente a los 0,7 y 1,9 puntos estimados, respectivamente”, ha apuntado.

Este miércoles, España pidió el cuarto pago de este Plan de Recuperación, por más de 10.000 millones de euros, “en base al cumplimiento de hitos y objetivos, consolidando a nuestro país entre los países de la UE más avanzados en el despliegue de los fondos europeos”, ha defendido Calviño.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha informado que, incluso en un año con dos convocatorias electorales, se ha mantenido el fuerte ritmo de convocatorias y licitaciones de fondos europeos, consolidando una media de 2.000 millones de euros al mes.

El conjunto de las administraciones públicas ha adjudicado ya el 90% de los más de 37.300 millones de euros recibidos, que están llegando a la economía con un impacto positivo al impulsar la inversión productiva, el empleo de calidad, la modernización tecnológica y la reindustrialización de la economía en clave verde y digital. “Se están financiando más de 600.000 proyectos en todo el territorio, de los cuales un 60% están impulsados por empresas y centros de investigación”, ha destacado la vicepresidenta.

La proyección del Gobierno es que el Plan de Recuperación siga elevando el crecimiento inercial de la economía ejercicio a ejercicio, hasta 2031. Es decir, 7 años más.

Los 100 mayores perceptores

Hace un mes, el Ejecutivo envió a la Comisión Europea el listado de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos. “Los 100 mayores perceptores de los fondos europeos en España aglutinan una inversión de más de 5.100 millones de euros, que representa cerca del 14% sobre los 37.000 millones de euros recibidos [hasta ahora]”, se aclaró entonces.

En el listado enviado a Bruselas destacan las inversiones en materia de movilidad sostenible, en tres ámbitos: las del Estado, dirigidas a ADIF y a concesionarias ferroviarias para el desarrollo de infraestructuras de Alta Velocidad, como el Corredor Mediterráneo o la conexión de las redes Norte y Sur; las percibidas por empresas beneficiarias del proyecto estratégico del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) para la modernización de la cadena de valor del sector de la automoción, como Seat, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz y Power Holdco Spain. Y las de los 30 ayuntamientos, que han recibido 423 millones de euros dirigidos fundamentalmente a generar zonas de bajas emisiones en el ámbito urbano, desarrollar el comercio local y de proximidad, recuperar zonas verdes y potenciar la digitalización, entre otras inversiones.

El Ayuntamiento de Madrid es la corporación local que más fondos europeos has recibido, con más de 65 millones de euros. Le siguen los ayuntamientos de Zaragoza, Alicante, Valladolid, Murcia, Bilbao, Vigo o Málaga, junto a la empresa pública gestora de transportes en la zona metropolitana de Barcelona, lo que contribuye al objetivo de cohesión territorial.

“No figuran en el listado las comunidades autónomas, que han recibido en su conjunto cerca de 24.500 millones de euros de fondos europeos para la gestión de inversiones dentro de su ámbito de competencias, entre las que figuran transferencias con las que se están financiando más de 60.000 plazas de educación de 0 a 3 años, más de 300.000 plazas de Formación Profesional, el apoyo a la economía circular, la transformación digital de atención primaria, la renovación de más de 850 equipos de alta tecnología para hospitales ya instalados, el despliegue de puntos de recarga y fomento de vehículos eléctricos o la rehabilitación de viviendas y barrios, entre otros”, apuntan en Economía.

Cabe señalar que la lista identifica como perceptor final a la entidad pública que realiza la convocatoria en el caso de licitaciones de obras y servicios. Por otra parte, 40 empresas privadas figuran en el listado, tratándose fundamentalmente de entidades de gran tamaño que, por su capacidad, llevan a cabo proyectos de envergadura.

Este jueves, Calviño ha reconocido que ha habido convocatorias de fondos europeos que han quedado “desiertas” en diferentes comunidades autónomas, por lo que les ha pedido “más voluntad” para aprovechar estos recursos. “Me preocupa el hecho de que haya convocatorias de las comunidades autónomas que quedan vacantes”, ha comentado.  

“El ritmo de ejecución es muy diferente y hay algunas comunidades autónomas que no han tenido una voluntad fuerte de aprovechar los fondos europeos”, ha apostillado. Esto lo ha dicho en referencia a Andalucía, donde la ministra cree que hay una “notable falta de capacidad a la hora de ejecutar” los proyectos por parte de la Junta que preside Juanma Moreno.

“Precisamente, el territorio que más necesitaría aprovechar plenamente estos fondos europeos”, ha incidido Calviño, concretando que la comunidad autónoma sólo ha asignado el 55% de los fondos que el Estado ha transferido. Una realidad “que ocurre en otros eterritorios gobernados por los 'populares”, a los que la vicepresidenta ha acusado de querer “boicotear” los recursos procedentes de Bruselas.

Subvenciones

“Con el fin de maximizar la transparencia, el Gobierno de España ha publicado también la lista de 50 principales adjudicatarias de licitaciones de obras y servicios financiadas con los fondos Next Generation EU. Las convocatorias y licitaciones establecen la colaboración de pymes en estos proyectos”, continúa el Ministerio de Economía.

Aquí, destacan las compañías de obras públicas en infraestructuras ferroviarias, empresas públicas de transportes que están llevando a cabo la incorporación de vehículos eléctricos y entidades de digitalización.

De este modo, encabezan en listado de las principales compañías adjudicatarias y beneficiarias de subvenciones las uniones temporales de empresas (UTEs) de Totana (152 millones de euros) y CAF (134 millones de euros), seguidas de Ferrovial Construcción (125 millones de euros) y el grupo de soluciones tecnológicas Thales España (119,7 millones de euros). Les siguen las UTE Canal de Acceso (105 millones de euros) y de Sacyr- Cavosa-Taboada y Ramos (102 millones de euros) o el grupo automotriz Irizar (83,6 millones de euros).

Acuerdo en el seno del Gobierno que permite aprobar la reforma del subsidio por desempleo este martes en el Consejo de Ministros, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes de Trabajo a elDiario.es. Tras intensas negociaciones entre Trabajo y Economía a lo largo de los últimos días, el departamento de Yolanda Díaz ha logrado el consenso dentro del Ejecutivo para sacar adelante la revisión del sistema asistencial de desempleo, que cubre a unas 800.000 personas. Se aumentan las cuantías a los 570 euros al mes para nuevos beneficiarios y también se amplían los beneficiarios, entre otras medidas.

La reforma del subsidio de paro forma parte del Plan europeo de Recuperación y Resiliencia y, aunque estaba prevista para finales de 2022, se acabó retrasando y quedó a la espera de la formación del nuevo gobierno tras las elecciones del 23J. Con el inicio del nuevo Ejecutivo de coalición, de PSOE y Sumar, las tensiones entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz volvieron a estallar a propósito de esta regulación.

Mientras en Trabajo proponían una reforma que ampliaba la protección del actual sistema, en línea con lo pactado con Bruselas, en Economía planteaban reducir su cuantía y duración, “recortes” contra los que se rebeló el Ministerio de Yolanda Díaz.

La reforma que se ha aprobado este martes no incluye “ningún recorte”, ha celebrado la vicepresidenta Yolanda Díaz en rueda de prensa. “Somos un Gobierno que defiende los trabajadores y las trabajadoras, que no ha hecho más que ensanchar los derechos laborales” en sus mandatos, ha subrayado la vicepresidenta segunda.

Cuantía de 570 euros al mes

La reforma amplía la cuantía del subsidio, aunque no tanto como planteó Yolanda Díaz. Trabajo propuso incrementar la ayuda, hoy en 480 euros al mes (el 80% el IPREM), hasta los 660 euros mensuales. En Economía insistían en la necesidad de un subsidio decreciente en el tiempo, para incentivar la vuelta al empleo, con cifras que se iban por debajo del nivel actual, hasta los 300 euros al mes.

Finalmente, el decreto que se aprobará este martes aumenta la cuantía y decrece en los meses de percepción, pero sin recortes respecto al nivel actual. Comenzará con 570 euros al mes en un inicio, durante los primeros seis meses, cuando pasará a los 540 euros en los siguientes seis meses y se mantendrá en los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación.

Las cuantías del subsidio no son fijas, sino que dependerán de cuánto marque el IPREM, hoy en 600 euros mensuales. Así, el subsidio será del 95% del IPREM los primeros seis meses, luego pasará al 90% y por último se mantendrá en el 80% del indicador.

El aumento “será aplicable a los nuevos reconocimientos de este subsidio, no a los anteriores”, precisan en el Ministerio de Trabajo. Además, “se mantiene el subsidio para mayores de 52 años en su cuantía del 80% IPREM”.

Sin mes de espera y más beneficiarios

De inicio, una de las medidas relevantes es que se elimina el mes de espera entre el cobro de la prestación y la percepción del subsidio. Se trata de un vacío de cobertura que dejaba a las personas desempleadas un mes sin ingresos.

“También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares”, indica Trabajo. Hoy se pide un mínimo de tres meses a las personas con cargas familiares y seis si no las tienen.

Además, aumentan los beneficiarios, como anunció Trabajo. “Se incorpora a la protección a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares”, que ya había sido confirmado en algunas declaraciones por el presidente Sánchez, y además podrán percibirlo “los eventuales agrarios” del conjunto del país (no solo Andalucía y Extremadura) y “las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla”.

Hasta seis meses de subsidio y salario

Otra de las novedades más relevantes de la reforma es que se podrá compatibilizar el cobro del subsidio y un salario si se encuentra un empleo por cuenta ajena, una medida contenida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. En este punto, Trabajo planteó un periodo de compatibilidad de 45 días y en Economía exigían que fuera más amplio, para incentivar que se aceptaran estos empleos.

Finalmente, las dos partes del Gobierno han acordado regular “la compatibilidad entre percibir el subsidio y el empleo hasta 180 días como fórmula para facilitar la transición al mercado de trabajo de las personas desempleadas”, indican en Trabajo.

Además, las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio) “serán compatibles con las becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación profesional o en el trabajo” así como “para realizar prácticas formativas o prácticas académicas externas en entidades públicas o privadas, que formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre dichas entidades y el centro docente de que se trate”.

Se universaliza la acumulación del permiso de lactancia

La norma que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros consiste en un decreto laboral con otra medida que estaba pendiente, para transponer una directivas europea.

Se generaliza el permiso de lactancia a un máximo de 28 días, con el objetivo de universalizar el derecho a acumular el periodo de lactancia. Hasta ahora, este podía acumularse en jornadas completas, pero “en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa”.

Así, esta norma lo convierte en un derecho de todas las personas trabajadoras. Esta medida está prevista para la transposición de la directiva de conciliación, sobre la que Bruselas ha llevado a España ante la justicia europea.

En el caso de que dos personas de la misma empresa ejercieran este derecho por el mismo bebé “podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación”, explican en Trabajo.

“Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses”, sigue recogiendo el decreto como hasta el momento.

Se preveía que se incluyera también la transposición de otra directiva, la de condiciones transparentes y previsibles de trabajo, pero finalmente no se añadió en la norma.