Carles Puigdemont lleva fuera de España desde el 30 de octubre de 2017. Llegó a Bruselas tras la fallida declaración de independencia y, después de nueve años de vericuetos judiciales en los que ha jugado al gato y al ratón con la justicia española, ha ganado.

Si lo ha conseguido es gracias a una ley, la de amnistía, que fue moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez. Las urnas le dieron el 23 de julio de 2023 la llave para que el presidente del Gobierno permaneciera en La Moncloa. Sánchez pasó de reclamar el cumplimiento “íntegro” de la sentencia del Supremo y presumir de que traería de vuelta a Puigdemont de la mano de la Fiscalía a votar la ley de amnistía. “Hacer de la necesidad virtud”, en palabras suyas. Ya antes había dado el paso con los indultos, en ese caso para contentar a ERC.

Por tacticismo o por convicción, el PSOE optó por buscar el apaciguamiento en Catalunya, una estrategia que funcionó pese a que, según las encuestas, no todos sus votantes comprendieron. Salvador Illa rematará pronto el plan con una foto: la de su reunión con Puigdemont en el Palau de la Generalitat cuando el líder de Junts vuelva a Catalunya

La amnistía ha sido también el instrumento para doblegar a unos jueces a los que pudo más su pulsión represora y, en más de un caso, autoritaria. Lo ha logrado por medio de la ley y de un tribunal, el de Justicia de la Unión Europea, que avaló el texto y desmontó las tesis del Supremo. Dos años y cuatro meses después de su aprobación, Puigdemont y otros líderes del procés han conseguido que se les aplique.

El expresident ha cometido muchos errores, y el que pagó más caro fue no convocar elecciones en octubre de 2017. Era su intención inicial y la acabó descartando por las presiones de ERC y la falta de garantías del Gobierno de Rajoy respecto a la aplicación del 155. El resto es conocido, aunque para Puigdemont aquel momento fue decisivo, vital y políticamente. Habrá gente que lo haya olvidado, pero él no, porque optó por una vía mucho más sombría de lo que sus adversarios y algunos medios han intentado trasladar. No estaba en la cárcel, cierto. Pero tampoco ha sido libre durante todos estos años.

Desde un principio quiso aprovechar su tirón mediático para “internacionalizar el conflicto”, aunque pronto descubrió que no sería nada fácil. Ni cuando fue eurodiputado ni después, el independentismo ha obtenido fuera los apoyos que anhelaba.

Durante estos años, el expresident ha recibido a mucha gente en Waterloo para mantener el pulso y estar al día de lo que pasaba en Catalunya, pero la distancia se ha impuesto. Comprobó también que las victorias judiciales que, incontestablemente, ha obtenido frente al juez Llarena durante todo este tiempo no se traducían en éxitos políticos.

La denominada “lucha del exilio” sirvió para que los tribunales extranjeros constataran los excesos de la alta magistratura española, pero poco más. Mientras tanto, la vida en Catalunya seguía y las preocupaciones de sus ciudadanos viraban del procés hacia las dificultades materiales, empezando por el aumento del coste de la vida y de los alquileres.

Eso explica también que Junts tumbase los decretos de vivienda. El partido ha logrado reconciliarse con sectores económicos influyentes, incluidos algunos de los que fueron más críticos con el procés y que ahora lo han recuperado como interlocutor para presionar en el Congreso de los Diputados. El ejemplo más evidente es la patronal Foment.

La legislatura empezó con la amnistía y acaba con ella. Alberto Núñez Feijóo escribió este martes en X que la amnistía es “otra mentira de Sánchez”. Lo que no dijo es que al PP ya le va bien que el futuro del expresident se haya resuelto. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, proclamó el pasado junio durante su discurso en el congreso del PP catalán. Precisamente esa expresión, “pasar página”, fue la que más repitió Illa durante la campaña de las autonómicas.

En su entrevista en The Sunday Times, Puigdemont anunció que su intención es hacer una gira por Catalunya para percibir cómo está “la realidad” del país. En su provincia, Girona, podrá constatar cómo el avance de Aliança Catalana parece imparable. No solo allí, pero especialmente allí y en Lleida. Se encontrará con fans, claro, pero también con antiguos votantes que ahora se han entregado a Sílvia Orriols y que lo consideran un “traidor”. Y con otros que van a votar a la extrema derecha por sus propuestas racistas y que, por más que Junts endurezca su discurso sobre inmigración, lo que quieren es un candidato netamente xenófobo.

Puigdemont se encontrará una Catalunya que ya no es la de 2017.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este martes que la “decisión del Tribunal Constitucional derrota la estrategia de los poderes públicos españoles” y ha insistido en que se “ha acabado el margen para manipular y retorcer una ley vigente desde hace dos años y cuatro meses”. Ahora bien, Puigdemont ha asegurado que “en términos de relación Catalunya-España, hoy no se soluciona nada” y ha abogado por el “carácter irrenunciable del derecho de autodeterminación y a las acciones unilaterales de carácter democrático y pacífico que correspondan cuando se hayan agotado todas las vías e intentos de solución negociada”. Puigdemont no ha querido dar una fecha concreta de su vuelta a España aunque en su entorno dejaron claro que no se presentaría a las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Pretender que vivimos en normalidad, reencuentro y concordia es mentir, es insultar el sufrimiento de tantas personas que, de cerca o de lejos, sufren las consecuencias de la represión en sus vidas”, ha asegurado el presidente de Junts. El mensaje es un claro señalamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que argumentó durante la mañana que la aplicación de la amnistía “ayuda a la sociedad catalana a mirar hacia adelante, aprender de los errores y avanzar. No lo hicimos pensando en un partido político ni en un político independentista. Lo hicimos pensando en la convivencia entre catalanes”. Sánchez recordó que defendieron “los indultos y la ley de amnistía. Y ahora Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la UE han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía”, que va a acabar con “un sentimiento transversal de indignación” que había en Catalunya por las condenas a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont ha apuntado que la sentencia del Constitucional “obliga a poner fin a la etapa de represión política que venimos sufriendo desde hace más de nueve años por haber votado por la independencia” de Catalunya. El expresidente de la Generalitat ha realizado esta declaración institucional en Waterloo (Bélgica) tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que ha abierto la puerta para que pueda volver a España, cuando se van a cumplir nueve años de su huida para evitar la acción de la justicia tras la declaración unilateral de independencia cuando era president de la Generalitat de Catalunya en 2017.

Arropado por los exconsellers de su Gobierno, Toni Comín y Lluís Puig, Puigdemont ha hecho estas declaraciones en la conocida como Casa de la República, en la localidad belga de Waterloo, donde ha vivido en los últimos nueve años desde que dejó España para evitar la acción de la justicia española. Este 27 de octubre se cumple el noveno aniversario de la declaración unilateral de independencia que se aprobó por votación secreta en el Parlamento de Catalunya.

“Consecuencias personales, familiares, sociales y políticas”

El presidente de Junts ha señalado que pese al “fracaso de la estrategia para extraditarnos y para hacernos comparecer ante los jueces españoles, a pesar de que hoy es clara la derrota de los poderes públicos españoles, nueve años de represión han tenido consecuencias en todos los planos, tanto personal y familiar como social y político”.

“Hemos tenido que afrontar todas las campañas electorales en una clara desigualdad de condiciones o en condiciones de grave anormalidad que ha acabado teniendo consecuencias en los resultados electorales”, ha subrayado el presidente de Junts.

A pesar de estas consecuencias, Puigdemont ha querido también enviar un mensaje de agradecimiento porque hoy era “un dia muy especial para nuestras familias, para nuestros amigos, y para toda la gente que de manera incansable nos ha acompañado y nos acompaña desde el primer día.

Si sobre las 12 del mediodía se sabía que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional había aprobado una sentencia que amnistía el delito de malversación atribuido a la exconsellera catalana Dolors Bassa y que abría la puerta al regreso próximo de Carles Puigdemont a España, solo media hora después el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, levantaba la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont.

El magistrado instructor no ha esperado ni a que el Constitucional notifique su sentencia y ha aplicado el criterio del tribunal de garantías, lo que facilita que el expresident catalán pueda volver a España en cualquier momento. La medida de Llarena también afecta a Toni Común y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de búsqueda y captura quedan levantadas.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha levantado la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional haya decidido amnistiar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés. El magistrado instructor no ha esperado ni a que el Constitucional notifique su sentencia sobre Dolors Bassa y ha aplicado el criterio del tribunal de garantías, lo que facilita que el expresident catalán pueda volver a España en cualquier momento. La medida de Llarena también afecta a Toni Común y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de búsqueda y captura quedan levantadas.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes, con los siete votos favorables del sector progresista, que la amnistía también debe abarcar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés condenados en 2019. Los magistrados han resuelto el caso de Dolors Bassa pero los razonamientos se aplican también el de Carles Puigdemont, imputado por ese delito de 2017 que también acarreaba una orden de detención nacional.

Llarena explica en su auto que esta decisión no implica una “ejecución anticipada” de la sentencia del Constitucional ni una “extensión automática” de su fallo al caso del expresident, sino su capacidad para revisar “de oficio” las medidas cautelares que pesan sobre él. No hacerlo, explica el juez que instruyó la causa del procés, podría llevar a la detención de Puigdemont si volviera a España, una medida que después podría ser “improcedente”. El juez explica, en cualquier caso, que cuando pueda examinar la sentencia completa del Constitucional revisará esta decisión.

La decisión de Llarena no resuelve todavía el fondo del asunto pero sí pone fin a casi una década de medidas cautelares de búsqueda y captura impuestas contra el expresident desde la primera apertura de diligencias en la Audiencia Nacional por una querella de la Fiscalía. Unas medidas cautelares por las que Puigdemont ha sido arrestado en Alemania y en Italia a lo largo de los últimos años, procesos en los que el Tribunal Supremo no consiguió la extradición del político independentista catalán.

La aplicación de la amnistía arrancó en el Tribunal Supremo con la decisión tanto del juez Llarena como de la Sala de lo Penal de no aplicar la ley de perdón al delito de malversación. También optaron por considerar que la ley no cumplía con la Carta Magna y plantearon una cuestión de inconstitucionalidad que se sumó a las presentadas por el Partido Popular, las comunidades autónomas donde gobierna y Castilla-La Mancha. Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entienden que la norma es legal y que puede ser aplicada.

“No declara aplicable la amnistía”

La segunda fase de recursos abarca el delito de malversación, que según el Tribunal Supremo no podía ser amnistiado y cuya pervivencia tenía varias consecuencias incluso después de los indultos: mantenía activas las condenas de inhabilitación de los políticos, lo que impide que se presenten a unas elecciones, y también la orden de detención de Puigdemont ahora levantada. La sentencia anunciada este martes por el Tribunal Constitucional, explica Llarena, “justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias”.

El magistrado especifica en este auto que el levantamiento de las medidas cautelares no es una decisión sobre si la malversación atribuida a Puigdemont queda definitivamente eliminada del expediente. “Este alzamiento no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes”. Cuando conozca el “texto íntegro” de la sentencia del Constitucional “se decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles”.

La decisión del Tribunal Supremo sobre Puigdemont, Comín y Puig ha sido comunicada “de manera inmediata” tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y a los Mossos para evitar que, en caso de que alguno de los tres vuelva a España en las próximas horas, sean arrestados. Carles Puigdemont, con la orden de detención vigente, volvió brevemente a Cataluña durante la sesión de investidura de Salvador Illa como president.

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha aprobado una sentencia que amnistía el delito de malversación atribuido a la exconsellera catalana Dolors Bassa y que abre la puerta al regreso próximo de Carles Puigdemont a España. Los magistrados han sacado adelante la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido, que entre duras críticas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda extender la amnistía a este delito. Una decisión que facilita la vuelta del expresident a España sin riesgo de ser detenido: el juez Pablo Llarena ha decidido levantar la orden de detención sin esperar a que la sentencia le sea notificada formalmente.

En un primer momento el pleno convocado este martes iba a analizar dos recursos de dos exconsellers condenados por el procés: Jordi Turull y Dolors Bassa. El ponente del primer caso, el conservador José María Macías, aceptó asumir el criterio mayoritario y elaborar una ponencia que amnistiara la malversación pero finalmente ha optado por retirar el asunto del orden del día. El pleno ha pasado directamente a estudiar el caso de Dolors Bassa con la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, teniendo todavía pendientes otros recursos como los de Oriol Junqueras, Joaquim Forn o Raül Romeva.

La ponencia de Conde-Pumpido, indican fuentes del tribunal de garantías, ha sido aprobada con siete votos a favor y cinco en contra de los magistrados del sector conservador, que emitirán votos particulares contrarios como han hecho en todos los recursos relacionados con la amnistía. La sentencia, que todavía tiene que ser notificada, incluye severas críticas al Tribunal Supremo por negar la amnistía a este delito de malversación e incluye indicaciones expresas para que la Sala de lo Penal de este tribunal aplique el criterio establecido en el recurso de Bassa.

La aplicación de la amnistía a la malversación ha sido uno de los puntos más conflictivos del desarrollo de la ley. Por un lado, la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito –alegando entre otras cosas que el procés afectó a intereses económicos europeos o que los políticos se lucraron con él– mantuvo las condenas de inhabilitación que impiden a varios condenados volver a una lista electoral. Por otro, ese delito sustenta la orden nacional de detención que Pablo Llarena activó contra Carles Puigdemont y que, en la práctica, le ha impedido hasta hoy mismo volver a España sin arriesgarse a ser detenido.

La ponencia de Conde-Pumpido que ahora se transforma en sentencia incluye críticas al criterio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en este asunto. Unas críticas basadas en que las afirmaciones de los autos que negaron la amnistía al delito de malversación no aparecían en la sentencia del procés de 2019: ni la afectación a los intereses económicos de la Unión Europea ni tampoco la posibilidad de que los condenados se hubieran lucrado con el procés porque, al usar medios públicos, no tuvieron que pagarlo de su bolsillo. Una “contradicción flagrante”, dice ahora la sentencia, en “dos pronunciamientos distintos e inconciliables”.

El pleno del Tribunal Constitucional afronta esta semana una deliberación clave sobre la amnistía y a las puertas de las próximas elecciones generales. Los magistrados tienen previsto dar luz verde a la aplicación de la ley de perdón al delito de malversación por el que fueron condenados Jordi Turull y Dolors Bassa, un movimiento que pondrá en marcha la cuenta atrás para que este criterio se aplique al caso de Carles Puigdemont y, en la práctica, pueda volver a España sin miedo a ser detenido. Los tiempos que maneja el tribunal de garantías hacen factible que todos los recursos pendientes queden solucionados antes del comienzo de la campaña electoral aunque vaya a tener una incidencia moderada en la elaboración de las listas de Junts y ERC, los dos partidos presentes en la lista de políticos pendientes de sentencia.

Los 12 magistrados tendrán este martes dos recursos encima de la mesa con los casos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa. Los dos acudieron al Constitucional porque, después del indulto que conmutó su pena de prisión, la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación mantenía intacta su condena de inhabilitación y eso les impedía presentarse a unas elecciones. El debate sobre el fondo del asunto no parece polémico: el ponente conservador del caso de Turull se ha comprometido a asumir el criterio de la mayoría y la ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre Dolors Bassa tampoco tendrá problema en salir adelante gracias a la mayoría progresista del organismo.

Está previsto, por tanto, que ambos recursos queden sentenciados entre el martes y el miércoles, aunque eso no significa que las resoluciones sean dictadas y notificadas el mismo día en que se conozca el resultado de las votaciones. Además de acometer el redactado definitivo de las resoluciones, los magistrados conservadores que previsiblemente discrepen también necesitarán tiempo para elaborar sus votos particulares. Sobre su cumplimiento, el propio presidente del Tribunal Constitucional dejó claro recientemente en un desayuno informativo que los tribunales de la Justicia ordinaria, entre ellos el Tribunal Supremo, estaban obligados a acatar y aplicar sus resoluciones, deslizando una crítica: “A veces surge una cierta voluntad de no atender las resoluciones del Tribunal Constitucional”, lamentó.

Las decisiones sobre Turull y Bassa no solo afectarán a estos dos exconsellers del Govern de Carles Puigdemont. Serán las primeras sentencias en las que el Constitucional dará por amnistiado el delito de malversación del procés, la acusación que mantiene al expresident bajo una orden de detención del Tribunal Supremo que implicará su detención si pone un pie en España. La decisión del Constitucional sobre este asunto, sin embargo, no se aplicará de forma automática al político catalán. La sentencia, una vez dictada y notificada, debe ser puesta en conocimiento formal del juez Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, para que levante la acusación de malversación y, con ella, la orden de detención. Está por ver si antes de hacerlo pide, por ejemplo, alegaciones a las partes.

Puigdemont y el 29N

Carles Puigdemont no tiene a día de hoy ningún impedimento que le aparte de una lista electoral de su partido –ya fue cabeza de lista de Junts al Parlament en 2024 y candidato a la investidura, entre otras–, pero la orden nacional de detención que pesa sobre él limita su actividad parlamentaria a delegar su voto, algo que también ha sido discutido por los tribunales. Está previsto que eso cambie en las próximas semanas cuando el Tribunal Supremo aplique las decisiones del Constitucional y haga desaparecer su imputación con malversación, aunque con la duda de en qué momento de la campaña electoral sucederá. Si antes 26 de octubre, límite para presentar candidaturas, o si ya en noviembre con la campaña en marcha y con Junts recuperando así su mayor activo electoral.

El resto de exconsellers condenados libran su batalla en paralelo y con un calendario igualmente ajustado en caso de querer figurar en alguna lista electoral del 29N. Los recursos de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y otros condenados todavía no están en el calendario, pero podrían quedar resueltos por aplicación de doctrina en el siguiente pleno del 20 de octubre, un día antes del comienzo del plazo para presentar candidaturas.

La aplicación de la amnistía se ha convertido en uno de los grandes choques entre Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Fiscalía. La Sala de lo Penal se negó a amnistiar el delito de malversación y, además, planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. El procés, dijeron por primera vez a lo largo de la causa, pudo afectar a los intereses económicos europeos y, además, supuso un enriquecimiento injusto para los políticos porque no tuvieron que pagar el referéndum del 1-O de su bolsillo. Las sentencias que dicte el Constitucional en los próximos días, tal y como figura en las ponencias que se votarán y cuentan con el apoyo mayoritario del pleno, apuntan en sentido contrario con algunas críticas muy duras al criterio del Tribunal Supremo.

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre el caso de Dolors Bassa, por ejemplo, acusa al Supremo de emitir “dos pronunciamientos distintos e inconciliables” sobre si la malversación es o no amnistiable, comparando la sentencia del procés con los autos que negaron el perdón a ese delito. Una “contradicción flagrante”, entre otras críticas a los autos del Supremo sobre el caso, que ahora serán sometidas a votación en un día que supondrá el principio del fin de la causa abierta contra Carles Puigdemont en 2017 a las puertas de unas elecciones generales convocadas, entre otros factores, por la posición de su partido en cuanto a la crisis de vivienda y los decretos que el Gobierno no consiguió sacar adelante en el Congreso la semana pasada.

Dos de los mandos de la Policía Nacional acusados de lesionar a Roger Español el 1-O han justificado el uso de balas de goma aduciendo que estaban replegándose, en una situación de “peligro extremo”, porque los concentrados les lanzaban botellas, ladrillos y palos. Tras la suspensión de la sesión durante tres horas por el episodio de hipertensión sufrido por el inspector acusado, el juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de reventar un ojo a Español se ha reanudado al mediodía, en la que se prevé la última sesión de la vista oral.

El inspector acusado, el segundo que ha declarado, ha admitido que fue él quien dio la orden de disparar frente al instituto Ramon Llull de Barcelona para facilitar la retirada de los agentes, en un momento en el que los policías estaban caminando hacia atrás, en una “maniobra evasiva, de huida de la zona”, bajo una lluvia de “cascotes, ladrillos, botellas, adoquines, palos y hasta una maceta”.

Según el agente, cuando dio la orden de disparar, el dispositivo se encontraba a unos 20 o 25 metros de los concentrados, pero la situación era de “extrema gravedad”, un caso en el que, ha dicho, los protocolos permiten lanzar pelotas hasta una distancia de 15 metros. “Consideré que ahí estábamos a una distancia suficiente”, ha añadido el inspector. El informe de los Mossos d'Esquadra sobre la secuencia del disparo que lesionó a Español concluye que la pelota de goma se lanzó a poco más de 14 metros.

El inspector ha dicho que no vio al escopetero disparar la pelota que segó el nervio óptico de Roger Español, pero ha afirmado que, en general, no apreció “conductas antirreglamentarias” entre los agentes del dispositivo. De hecho, ha endosado al escopetero la responsabilidad de decidir si el momento de disparar era el adecuado porque, ha afirmado, cabe incluso la posibilidad de que un 'bocachero' opte por no lanzar pelotas de goma si la situación no lo aconseja.

En ese sentido, ha recordado que, en el informe previo que dio a su equipo, les recordó que debían disparar con rebote y con los reductores de potencia activados, dado que en todo momento su actuación debía regirse por los principios de “mínima lesividad posible y mínima intervención”.

En la misma línea ha declarado uno de los subinspectores acusados, que ha explicado que cuando reciben la orden de disparar los policías se encontraban a entre 20 y 25 metros, y ha defendido que, dada la gravedad de los alborotos, la actuación de los agentes era “perfectamente ajustada” a la circular de la Policía Nacional sobre el uso de balas de goma.

Ambos han mantenido que, si se usa de acuerdo con los protocolos y con rebote previo, las bolas de goma no deberían causar ningún tipo de daños personales. “No es un objeto pensado para lesionar a nadie”, ha afirmado el subinspector.

El Tribunal Constitucional estudiará la semana que viene una ponencia de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, para amnistiar el delito de malversación de la exconsellera catalana Dolors Bassa. Una ponencia que carga contra el Tribunal Supremo y los argumentos usados para no perdonar ese ilícito: “Ha emitido dos pronunciamientos distintos y recíprocamente irreconciliables” sobre el procés, reprocha, para negar la amnistía al delito de malversación que impide volver a España a Carles Puigdemont sin arriesgarse a ser detenido. “La contradicción es flagrante e insoluble”, dice esta ponencia, sobre la diferencia entre la sentencia del procés y los autos que negaron la amnistía.

El pleno del Tribunal Constitucional empezó a estudiar la semana pasada las primeras reclamaciones de los líderes catalanes condenados por el procés contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación por el que fueron sancionados. La mayoría progresista del tribunal rechazó la propuesta del conservador José María Macías, que proponía descartar el recurso, y emplazó a una nueva votación en el primer pleno de octubre, pero con un borrador que sí amnistiara el delito.

Ese pleno analizará también el caso de Dolors Bassa, bajo la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, un documento que apuesta por amnistiar esa malversación y que carga contra el Tribunal Supremo por negar el perdón con argumentos que no cuadran con lo que dijo en su sentencia de 2019. Por ejemplo, cuando en la sentencia negó que el desafío soberanista de 2017 tuviera fuerza suficiente para imponer la independencia de Cataluña pero después en sus autos posteriores sí apreció esa “idoneidad”, punto clave para entender que todo podría haber afectado a los intereses económicos de la Unión Europea y rechazar que la malversación fuera amnistiable.

Entiende esta ponencia que el Constitucional votará la semana que viene que el Tribunal Supremo incurrió en “una interpretación impredecible” de la ley que además “al apartarse de la finalidad de la Ley de amnistía no ha mantenido el nexo de coherencia necesario”, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de Bassa. Los jueces del Supremo, dice este borrador, excedieron “los límites de la interpretación estricta de la ley”.

El debate del Tribunal Constitucional de la semana que viene será clave no solo para el futuro de Dolors Bassa y los condenados por malversación sino también para Carles Puigdemont. El expresident catalán no llegó a ser juzgado por permanecer fuera de España desde 2017 y reclama que la causa contra él por ese delito sea amnistiada, algo que por el momento ha rechazado el Supremo, manteniendo al político con una orden de detención nacional. Otros como Jordi Turull, por ejemplo, reclaman que la amnistía también levante su condena de inhabilitación, que les impide presentarse a unas elecciones.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes redactar una sentencia que amnistíe la malversación atribuida a los líderes políticos del procés, el delito que a día de hoy impide que Carles Puigdemont vuelva a España sin riesgo de ser detenido. La mayoría progresista ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que apostaba por no perdonar este delito en el caso del exconseller Jordi Turull, y abre la puerta a que los tribunales también levanten esa acusación contra el expresident cuando estudien su caso.

Fuentes del organismo explican que el magistrado Macías tendrá que redactar una nueva ponencia y que, además, el pleno estudiará próximamente el caso de Dolors Bassa con ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido. Estas dos ponencias que se votarán más adelante, añaden estas fuentes, serán para estimar la petición de amparo. Ese pleno, según ha informado el Tribunal Constitucional, será el próximo 6 de octubre.

El tribunal de garantías ha estudiado el primer recurso de uno de los condenados por el procés independentista de 2017 después de que el Tribunal Supremo se negara a amnistiar el delito de malversación, y también después de que tanto el mismo Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hayan avalado la ley. En el caso de Jordi Turull, exconseller de Carles Puigdemont y alto cargo de Junts, una vez indultada su pena de cárcel el recurso se centraba en amparar bajo el paraguas de la amnistía la inhabilitación que acarrea el delito de malversación y que le impide presentarse a unas elecciones.

La mayoría progresista del pleno ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que respaldaba la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación. Ahora el borrador de la sentencia tendrá que ser repetido y la mayoría del pleno entiende que sí debe otorgarse el amparo. El Supremo entendió que no era amnistiable ya que el dinero que los políticos no tuvieron que poner de su bolsillo supuso un enriquecimiento ilegal proscrito en la ley.

La decisión del Tribunal Constitucional, por tanto, todavía tendrá que esperar al redactado y votado de un nuevo borrador, pero pone en marcha la cuenta atrás para que Carles Puigdemont pueda volver a España sin exponerse a una detención, aunque tendrá que esperar a que se resuelvan sus propios recursos.

El Tribunal Constitucional afronta esta semana el debate decisivo sobre la aplicación de la amnistía a los condenados del procés independentista catalán. Una deliberación del pleno en la que el conservador José María Macías defenderá una ponencia para rechazar las alegaciones del exconseller Jordi Turull y mantener su condena de inhabilitación por el delito de malversación que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar. Un borrador que, además de respaldar a la Sala de lo Penal, orilla el aval a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a la amnistía y sus argumentos sobre ese delito que, a día de hoy, impide el regreso de Carles Puigdemont a España sin riesgo de ser arrestado.

Jordi Turull, conseller del Govern de Carles Puigdemont, fue condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2019, la condena más alta del caso por detrás de Oriol Junqueras. Con su condena de prisión fuera de circulación tras el indulto parcial concedido por el Gobierno en 2021, la pelea del hoy secretario general de Junts per Catalunya se centró en que la amnistía se aplicara también a la condena de inhabilitación derivada del delito de malversación y que, en la práctica, le impide volver a la política. La respuesta no unánime del Tribunal Supremo –con una magistrada, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra– fue negativa: no tuvo que pagar el procés de su bolsillo y eso, según los jueces, equivale a un enriquecimiento ilegal proscrito en la amnistía.

Su recurso llega a pleno después de que la amnistía haya pasado todos los filtros: tanto el del propio Tribunal Constitucional como el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último contradijo al Tribunal Supremo en un punto ahora clave: el procés independentista de 2017 no afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para no aplicar la amnistía al delito de malversación. La ponencia que defenderá esta semana el magistrado conservador José María Macías priva de efectos a esta resolución europea al entender que no puede ser aplicada “retrospectivamente” a lo que antes dijo el Supremo.

El papel de Macías en los debates del Constitucional sobre la amnistía fue polémico desde su primera designación como ponente del recurso del Partido Popular contra la ley. Su pasado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y su activa oposición a la ley de perdón del procés determinaron que la mayoría progresista del pleno aceptara su exclusión de todos los debates después de ser recusado por la Fiscalía. Se mantuvo como ponente del recurso de Jordi Turull porque, tal y como constató el tribunal, el exconseller lo pidió fuera de plazo.

La ponencia de este magistrado, que ha podido examinar elDiario.es, propone rechazar todos los argumentos de Turull, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y respaldar al Tribunal Supremo en su negativa a amnistiar la malversación. El hecho de que la Sala de lo Penal dijera, por primera vez en el proceso judicial que arrancó en 2017, que los líderes del procés había tenido un “beneficio patrimonial”, no supone una “introducción sorpresiva de hechos o calificaciones” que haya vulnerado los derechos de Turull.

La negativa del Supremo a eliminar la condena de inhabilitación que le impide presentarse a unas elecciones, añade Macías, no vulnera sus derechos políticos. Eso lo hizo, en todo caso, la sentencia que le impuso 12 años de cárcel, pero como recuerda la ponencia ya fue avalada por el Tribunal Constitucional: “La negativa a aplicar la amnistía no introduce una nueva restricción sino que mantiene los efectos de una pena impuesta con todas las garantías, en virtud de un título judicial firme, que ya ha superado el correspondiente control constitucional”. Se apoya en otro caso ligado al procés donde el Constitucional argumentó lo mismo: la condena del expresident Joaquim Torra que le sacó de la presidencia de la Generalitat de Catalunya.

No hubo “animadversión” contra Turull

La ponencia de Macías, entre críticas formales al recurso del exconseller, también rechaza que se haya conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva y descarta que el Supremo interpretara erróneamente la voluntad del legislador en la amnistía. “Ha desarrollado una respuesta razonada, completa y estructurada”, dice el borrador de sentencia. “Solicitar que interpretemos la Ley sin otra referencia que la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación y el procés, añade Macías, “no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión” hacia Turull. La doctrina establecida en casos de malversación como Emarsa –el saqueo millonario de la depuradora de València– apoya, según Macías, que el “beneficio” de un condenado por malversar no consista solo en quedarse el dinero: “También puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles”.

El magistrado del bloque conservador dedica las últimas páginas de su borrador a uno de los grandes hitos del tránsito judicial de la amnistía: la sentencia del TJUE que avaló la ley de perdón el pasado mes de julio. El tribunal europeo, reconoce Macías, “se ha pronunciado sobre esta cuestión en un sentido distinto al sostenido por la Sala Segunda”. Pero eso, añade, no cambia nada en el caso de Turull: “No permite proyectar retrospectivamente su contenido sobre el juicio de razonabilidad que ahora nos corresponde realizar, referido a la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo en el contexto normativo y jurisprudencial existente en el momento en que adoptó las resoluciones impugnadas”.

El caso de Turull marcará el camino al resto de políticos catalanes, entre ellos a Carles Puigdemont, que espera un aval del Constitucional para ver desaparecer su orden de detención y poder regresar a España sin miedo a ser arrestado. Pero no será una decisión inmediata. La ponencia de Macías será analizada por una mayoría progresista que, hasta ahora, ha deliberado y votado en sentido contrario. Eso llevaría a un cambio de ponente y a una nueva deliberación en las semanas siguientes.

Turno para la policía en el juicio contra cuatro agentes por reventar el ojo a Roger Español durante la votación del 1-O de octubre. El juez ha escuchado la declaración este jueves, entre otros, del supervisor de los destacamentos de la Policía Nacional en Barcelona, que ha asegurado que los manifestantes estaban “muy avisados” de lo que podía suceder. 

“Se avisó de que iban a proceder a abrir paso y la ciudadanía estaba muy avisada de cómo lo haría, de lo que podría suceder. Además, habían tirado salvas”, ha afirmado el policía. Con todo, ha reconocido que desconoce si alertaron “específicamente” de que iban a disparar balas de goma, en total 17, en la zona de la escuela Ramón Llull.

El mando policial ha declarado este jueves como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de disparar la pelota de goma que dejó tuerto a Roger Español, votante del 1-O. Se trata del único juicio que se celebrará por las cargas de ese día, debido a que no les aplica la amnistía. La Fiscalía pide su absolución, mientras que las acusaciones reclaman hasta 13 años de cárcel.  

Además del supervisor de los destacamentos, un escudero que participó en el operativo de la escuela Ramon Llull ha reiterado ante el tribunal que los manifestantes fueron alertados tres veces por megafonía, “siempre en tono educado y audible”, y dejando pasar tiempo entre avisos.

El que fue jefe de las unidades Camel, entre las que estaba la que hirió a Español, ha defendido que el disparo de 17 balas de goma en la zona “fue ponderado”, pues respondía, asegura, a “la manera tan agresiva con la que el público concentrado estaba lanzando objetos a los agentes y poniendo en grave riesgo su integridad física”. “Era una situación complicada, de muchos insultos y violencia extrema”, ha afirmado el escudero, quien afirma que le tiraron piedras, cascos de obra y botellas.

El mando de las unidades Camel ha explicado, de hecho, que el dispositivo del 1-O “no difería en nada al de una final de la Champions, visita del Papa o al de ayuda en la DANA en Valencia”. 

En cuanto al uso de balas de goma, ha detallado que se ordenó que se emplearan con los reductores de potencia activados y apuntando al suelo, lo que “no significa” que no se pudiera disparar apuntando directamente a los objetivos. “Ni es obligatorio el rebote, ni está prohibido el tiro tenso”, ha explicado el mando policial.

Sin embargo, ha puntualizado que su uso siempre está condicionado a que la integridad física de los agentes esté en peligro y que en ningún caso se “compele” a los escopeteros a disparar hasta que no vean “la oportunidad” o “el disparo oportuno”.

Un escopetero de los que integraba la unidad del dispositivo de la escuela Ramon Llull ha declarado, en cambio, que las balas “siempre se tiran con rebote; es lo que me han enseñado”.

El jefe de las unidades Camel ha defendido también la actuación de los agentes durante la salida, a quienes ordenó que usaran “los medios personales y materiales” para poder abandonar el lugar, un escape que considera que el responsable de esa unidad tenía la capacidad de dirigir de forma “óptima”.

Una pancarta preside la entrada de la iglesia. “En Sant Medir luchamos por el País, la Libertad, el Barrio, la Lengua y la Cultura”, se lee. Una clara señal de que esta no es una parroquia al uso. Desde hace más de 80 años, Sant Medir se ha convertido para su barrio, Sants, en un centro neurálgico de proyectos vecinales y reivindicaciones políticas.

Esta es la iglesia que vio nacer a Comisiones Obreras de Catalunya, primero en un encuentro clandestino en 1964, y luego la constitución del sindicato en julio 1976, hace 50 años. También acogió a inmigrantes sin papeles a principios de siglo, para reclamar su regularización (como hicieron otras parroquias barcelonesas).

Actualmente, entre las entidades a las que da cobijo, una de las más destacadas es una radio vecinal que cuenta con más de una cuarentena de programas y el voluntariado de 150 vecinos. La emisora se llama Sants 3 Ràdio, y ocupa los dos últimos pisos de la torre del campanario, donde antes vivían los sacerdotes.

“Aquí todo el mundo es voluntario, y todos son del propio tejido asociativo del barrio”, afirma su director, Oleguer Forcades. En ese mismo espacio, durante el franquismo, se imprimían octavillas clandestinas con una máquina de ciclostil. Todavía conservan una de los años sesenta.

La emisora es solo una particularidad más de un lugar especial para la gente de la Bordeta, el barrio del distrito de Sants donde se ubica la parroquia. Como no tienen centro cívico, Sant Medir ha ocupado su hueco.

“Es el centro cívico del barrio, lo ha asumido toda la vida”, resume Just Arrizabalaga, que forma parte del Consejo Pastoral pese a que aclara que no está bautizado. Lo que aquí se comparte, insiste, no es el credo. “Puedes encontrar a una persona de la CUP repartiendo alimentos al lado de una del PP, sin ningún problema. Lo que tenemos claro son los valores”, defiende.

Sants 3 Ràdio emite desde 1997. “Es una herramienta comunitaria, para que las entidades tengan una manera de difundir lo que hacen”, explica Forcades, que detalla que los Castellers de Sants tienen su programa, o que cada día hacen una tertulia política con representantes del consistorio del distrito. Para la Fiesta Mayor de Sants despliegan catorce horas de directo repartidas en cuatro días. Y cada Nochevieja retransmiten en directo las campanadas que Just toca desde la torre mientras el barrio se toma las uvas.

Más allá de la radio, gracias a la parroquia se fundó en su día la primera escuela del barrio, la Escola Sant Medir, y el club de baloncesto. La lista de asociaciones es larga: tienen un grupo de solidaridad que da clases de catalán e informática y reparte alimentos. También está la Coral de Sant Medir, que cuenta con unas ciento cincuenta voces de todas las edades.

Cuna de CCOO… y de la CNT

El 20 de noviembre de 1964, unos 300 trabajadores culminaron en Sant Medir la fundación de Comisiones Obreras de Catalunya, en pleno franquismo, que también allí se constituyó formalmente como sindicato en 1976. Ese mismo año, el 28 de febrero de 1976, se refundó bajo el mismo techo la CNT catalana, también pasaron por el recinto los integrantes de Assemblea de Catalunya (el paraguas unitario del antifranquismo catalán), así como numerosos foros prohibidos durante las épocas más duras de represión.

Para entender cómo una iglesia ha acabado siendo un núcleo del activismo vecinal de Barcelona hay que remontarse a los orígenes. El obispado la creó por decreto en octubre de 1945, cuando la Bordeta eran solo campos. Aprovechando el dinero del Congreso Eucarístico de 1952, la parroquia impulsó una cooperativa que levantó cientos de pisos a precios populares para los obreros de la zona; los primeros se entregaron en 1957. El templo definitivo lo bendijo el arzobispo en el año 1960, y en su construcción reside un elemento especial, ya que no era una iglesia cualquiera: la proyectó Jordi Bonet i Armengol, hijo de un discípulo de Gaudí. Años más tarde, él mismo dirigiría las obras de la Sagrada Família. De ahí las bóvedas inclinadas y el trencadís de las cúpulas.

Los curas de aquella primera hornada eran, para la época, casi de la teología de la liberación. Forcades explica que a uno de ellos le quemaron el coche en la puerta después de plantar cara a la Falange en plena misa.

Lo curioso, apunta Arrizabalaga, es que aquellos curas veteranos, los que rondaban los ochenta, eran los más combativos, y con los relevos ha pasado lo contrario. “Cuanto más jóvenes, más carcas”, zanja. Explica en este punto que la iglesia les ha vetado algunas charlas en Sant Medir. “Las acabamos haciendo en otros espacios culturales”, explica el director de la radio.

El encierro de inmigrantes

Lo que distingue Sant Medir de otras parroquias antifranquistas, muchas de las cuales se apagaron, es que no ha abandonado su tradición solidaria. Decenas de episodios lo ilustran a lo largo de los años, pero destaca uno: el encierro de inmigrantes del año 2001: 39 inmigrantes sin papeles se encerraron en los locales parroquiales para exigir su regularización. Y ahí estaba Just, que habla francés e inglés e hizo de enlace y traductor con la parroquia del Pi, donde también había un encierro y se negociaba con las autoridades.

La imagen que todos recuerdan llegó dos años después: cuando murió el rector que los había acogido, los mismos inmigrantes portaron su ataúd a hombros. “La iglesia estaba llena, y todos ellos con turbante”, recuerda.

Los muros de la parroquia han vivido también el encierro vecinal para abrir el complejo abandonado Can Batlló, las pancartas por los presos del procés y el apoyo a la consulta independentista del 9-N, cuando Sant Medir fue colegio electoral. “Siempre ha estado con la puerta abierta a todo el mundo”, sostiene Forcades. Esta apertura también ha costado disgustos: hasta 29 denuncias, cuenta, “por la izquierda y por la derecha”, con cristales rotos y banderas arrancadas. “Solo hay que mirar las reseñas de Google”, ironiza. Y añaden: “Aquí no se han colgado banderas del vaticano ni nadie fue a ver al Papa”. Siempre a contracorriente, no se sienten identificados con la vertiente institucional del cristianismo.

En la cripta, bajo el altar, un Cristo poco común preside la penumbra: no está caído ni muerto, sino de pie, resucitado. Para Just es un símbolo que contiene el gran porqué de Sant Medir: “Si somos cristianos, es porque va resucitando, no porque va muriendo”, dice. A su manera, la última parroquia rebelde de Barcelona lleva ochenta años haciendo lo mismo.

El Tribunal Supremo ha acordado declarar amnistiados los actos por los que fueron condenados un total de ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos en el marco del procés independentista en Cataluña. Es la primera vez que el Alto Tribunal aplica la norma después de que el Tribunal Constitucional en junio de 2025 la avalara por seis votos a favor de lamayoría progresista por cuatro en contra de la minoría conservadora.

Entre estos ocho, se encuentran los miembros de la Mesa del Parlament que en 2019 presidía el exconseller de ERC Roger Torrent y que fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les acusó de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación.

Esa sentencia, que fundamentó la absolución en que ambas resoluciones aprobadas por la Mesa y votadas por el Parlament en 2019 eran “meras proclamas políticas” y que no pretendían “materializar” la autodeterminación, fue recurrida en casación ante el Alto Tribunal. Ahora, la Sala de lo Penal indica que los hechos por los que fueron juzgados encajan en los supuestos incluidos en la ley de Amnistía. Por tanto declara amnistiados los actos protagonizados por los entonces diputados Josep Costa i Rosellló, Eusebi Campdepadrós i Pucurull , Adriana Delgado y Roger Torrent. Así, “se declara extinguida su eventual responsabilidad penal como consecuencia de los mismos”.

En total, el Supremo acuerda aplicar la amnistía a un total de ocho personas, todas acusadas de desobediencia y desórdenes públicos. Entre los afectados está Maties Secarrant, quien fuera alcalde de Sabadell, que fue condenado a una pena de multa y a la inhabilitación para cargo público por cuatro meses por auspiciar el uso de locales municipales para que la ciudadanía pudiera votar en el referéndum de independencia “con la firme voluntad de transgredir lo ordenado por el Tribunal Constitucional”.

Además de este alcalde, constan varias personas que fueron procesadas y condenadas por desórdenes públicos por participar en los altercados que se produjeron en diferentes localidades después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. La Sala entiende que aunque los hechos se produjeron tiempo después del proceso de autodeterminación catalán si encuentran encaje en la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para la normalización de la convivencia.

“Actuaron en el contexto de un acto de protesta contra la sentencia núm. 459/2019 de 18 de octubre de 2019, dictada por esta Sala, en que se enjuiciaron, entre otros, hechos cometidos con ocasión de la consulta celebrada en Cataluña de 1 de octubre de 2017. Además, los hechos por los que se condenó, en la presente causa, tuvieron lugar la noche del 18 al 19 de octubre de 2019 y los hechos atribuidos a los condenados fueron calificados de desórdenes públicos”, explica una de las resoluciones.

Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal aplica esta ley que borra delitos pasados y extingue la responsabilidad penal. Antes, en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresident Oriol Junqueras llegó a estudiar su aplicación pero concluyó que no era aplicable para los delitos de malversación. En los casos de este viernes, que comprenden delitos de desobediencia y desórdenes públicos, el Supremo entendía que si entraban dentro de la amnistía pero antes de aplicarla planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. Cuestión que ya se resolvió por parte del Constitucional en junio de 2025.

Estos autos llegan después de que el pasado 16 de junio se conociera el aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, fue el encargado de l en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha culminado la resolución de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía interpuestos por varias comunidades autónomas, casi todas gobernadas por el PP, después de haber rechazado también el que presentó la Junta de Extremadura. Así lo ha comunicado el Constitucional en una nota de prensa en la que confirma el 'no' al recurso de inconstitucionalidad de Extremadura por los mismos motivos que lo hizo con el resto.

Al igual que el resto de sentencias sobre la medida de gracia, ha contado con el voto particular de los magistrados del sector conservador Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. De este modo, quedan resueltos definitivamente los 16 recursos de inconstitucionalidad promovidos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, los grupos 'populares' del Congreso y Senado y Castilla-La Mancha, dirigida por el socialista Emiliano García-Page, así como las cuestiones de constitucionalidad interpuestas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las salas de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, informa Europa Press.

Fue hace poco más de un año cuando el órgano de garantías avaló con los seis votos a favor de la mayoría progresista la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1 de octubre de 2017, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en la Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la “autoamnistía”.

En Domenico Scarlatti validaron la amnistía porque “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, subrayando que “su porqué es jurídicamente indiferente”, dado que toda ley obedece a “criterios de oportunidad política”, centrándose únicamente en si existen circunstancias excepcionales que la justifiquen para afirmar que no es un “capricho” porque busca “mayor paz ciudadana”.

Esa primera sentencia, de 205 páginas, rechazó que la amnistía requiera una “habilitación expresa” de la Carta Magna, indicando que “el silencio constitucional, por sí solo, no equivale a la prohibición”. “De otro modo, se estaría privando a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas que no le han sido sustraídas por decisión del constituyente, lo que conllevaría la infracción del principio democrático”, avisó.

Tras ello, se detuvo en el análisis de si esta amnistía en particular respeta la Constitución, respondiendo con ello al alegato 'popular' de que se trata en realidad de una “autoamnistía” proscrita. “Por principio”, enfatizó, “una ley debatida y aprobada por el Parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”.

Apostilla, además, que la “autoamnistía” es “propia de sistemas políticos autoritarios o de estados en transición, dictadas o autorizadas por quienes se benefician de tal inmunidad o por las instituciones que han perpetrado esos actos o amparado a sus autores, para impedir la investigación y persecución de conductas constitutivas de los más graves crímenes”.

El aval de la justicia europea

Las consecutivas resoluciones sobre la ley de amnistía han recogido los argumentos de la primera, rechazando todos y cada uno de los recursos interpuestos. Precisamente, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, destacó el martes en la entrega de la memoria anual del órgano de garantías al rey “el esfuerzo y la labor” en relación con las 20 sentencias dictadas a lo largo del 2025 y del 2026 sobre la ley de amnistía.

Conde-Pumpido remarcó “la dedicación de la institución para resolver los numerosos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en un plazo razonable”, esto es, “menos de un año para el primer recurso y menos de dos para la totalidad de los mismos”.

Tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía, el Constitucional comenzará el próximo 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del 'procés' contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley. Comenzará ese día con el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull. El resto, presentados por el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras o los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, se señalarán “en los plenos sucesivos”.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

El pasado jueves se resolvió uno de los asuntos políticos más controvertidos de la legislatura: la legalidad de la ley de amnistía aprobada en 2024. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció su aval a la norma, cuya aplicación no ha sido completada. Y el PP, que tras conocer la decisión se limitó a expresar su “respeto”, si bien aseguró que no borra la “responsabilidad política” del independentismo, llevaba semanas rebajando su discurso sobre el procés sospechando que la decisión del TJUE iba a ser favorable a la polémica normativa. Una década después de la crisis abierta en Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su partido “pasar página” de uno de los momentos más delicados para la integridad territorial de España.

El Tribunal Supremo se ha negado hasta ahora a aplicar plenamente la ley de amnistía. El caso más relevante es el que afecta a quien dirigía la Generalitat en octubre de 2017. Fue Puigdemont quien verbalizó la brevísima declaración unilateral de independencia, para suspenderla en el mismo acto y, tres días después, escapar hacia Bélgica. Desde entonces, reside en Waterloo a la espera del perdón que no llega y que permitió a Pedro Sánchez obtener los siete votos de Junts para su investidura.

La respuesta europea deja ya casi en imposible cualquier nueva petición del Tribunal Supremo para extraditar a Puigdemont, aunque deberá ser el alto tribunal el que ahora decida qué hacer con el expresident tras conocer la decisión del TJUE. También determina el futuro de los CDR acusados de terrorismo, que ya pueden ser amnistiados según la sentencia del tribunal comunitario, por lo que ha caído el último obstáculo a su aplicación plena.

Desde su aprobación en 2023, el PP ha visto en la ley de amnistía uno de sus principales ejes de crítica al Gobierno. En septiembre de ese mismo año, antes incluso de su fallido intento de investidura, Feijóo sacó a la calle a miles de personas contra la medida de gracia y acusó a Pedro Sánchez de “vender” España. Insistió en noviembre. Y en enero de 2024.

Feijóo puso sus esperanzas en las instituciones comunitarias. “Tengo fe en los tribunales y en los foros jurisdiccionales españoles y europeos”, aseguró a finales de 2023. También Isabel Díaz Ayuso lanzó una “llamada de auxilio a todas las instituciones, sobre todo las europeas” en uno de esos actos multitudinarios.

Las acusaciones vertidas contra Sánchez fueron de grueso calibre. Se le señaló de “traidor”, de hacer una “transacción” a cambio de permanecer en el poder, de protagonizar “un pacto entre un prófugo de la justicia y un preso de la ambición”. Tanto desde los partidos como desde instancias judiciales se ha señalado al Gobierno por una norma cuyo objetivo era rebajar la tensión en Catalunya y desjudicializar la vida política en esa comunidad.

Feijóo y las dos barajas

Pero mientras la derecha se lanzaba con todo contra Sánchez, el PP de Feijóo mantuvo línea directa con Junts. Desde el principio de la legislatura, aunque los españoles no se enteraron hasta febrero de 2024, cuando un alto cargo del partido reconoció ante un grupo de periodistas que habían negociado con los de Puigdemont la investidura de su jefe de filas.

El PP estudió la amnistía, aunque la descartó casi sobre la marcha. No ocurrió lo mismo con los indultos: los de Feijóo los pusieron sobre la mesa de negociación para conquistar los votos de los siete diputados de Junts. Una oferta que no convenció al expresidente catalán, ya que implicaba entregarse a la justicia española, cumplir pena de prisión y, dentro de unos años, recibir el perdón.

Feijóo planteó así para Puigdemont una hoja de ruta similar a la que el Gobierno ideó para los líderes del procés que no huyeron y que provocó multitudinarias manifestaciones en toda España. Entre otras, la famosa foto de Colón. Cuando Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre otros, recibieron el perdón oficial, las críticas de las derechas contra el Ejecutivo fueron muy duras. “Humillan al poder judicial, humillan al poder ejecutivo”, dijo en su día Alberto Núñez Feijóo. Apenas dos años después, se los ofreció a Puigdemont.

Pero hubo más detalles en aquella revelación. Por ejemplo, que eran conscientes de la extrema dificultad de condenar a Puigdemont por terrorismo, lo que sí hubiera vetado definitivamente cualquier opción de amnistía.

Mientras en público alentaban esas acusaciones, en privado asumían que no iban a ningún lado. Un doble juego que el PP de Feijóo ha mantenido durante toda la legislatura: críticas a los pactos del Gobierno con Junts y, a la vez, negociaciones con los independentistas para sacar en el Congreso iniciativas propias o tumbar las del Ejecutivo.

Quizá uno de los ejemplos más palmarios de este doble lenguaje sea Miguel Tellado. Como portavoz parlamentario lanzó duras diatribas contra su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, pero hace apenas un año confirmó formalmente ante las cámaras que mantenían relaciones con Junts.

En realidad, Feijóo ha intentado atraer al independentismo catalán de derechas durante toda la legislatura. También al PNV, aunque con los primeros ha funcionado más que con los segundos. Esta misma primavera, el líder del PP les arengó en público para apoyarle en una moción de censura contra Sánchez, sin mucho éxito.

“Pasar página”

Los guiños del PP a Junts han sido muchos. Uno de los que fueran principales dirigentes de Feijóo, Esteban González Pons, dijo en 2023 que “es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Pero quizá nunca se habían expresado como lo hizo Feijóo el pasado 27 de junio: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante la clausura del PP catalán que reeligió a Alejandro Fernández como líder. Pese a Feijóo. Porque la dirección nacional no lo quería al frente de la organización autonómica, aunque no ha tenido más remedio que tragar.

Fernández tiene un discurso opuesto al de su jefe de filas. El líder del PP catalán, respaldado afectuosamente por Cayetana Álvarez de Toledo y toda el ala dura del partido, sostiene no solo que no hay que “pasar página” del procés, sino que este sigue en marcha. Este mismo mes de junio aseguró que el actual procés es más peligroso porque lo lideran los socialistas, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la cabeza.

“Ahora lo que queremos es mirar al futuro, queremos más porque Cataluña merece más”, dijo Feijóo. Sus palabras las ratificó esta misma semana su portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista en Rac 1. “Estamos preocupados por la España de 2026 y no por la de 2018”, dijo. Dos afirmaciones que colocan al PP donde está la mayoría del arco parlamentario. Con un lustro de retraso, eso sí.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el 16 de julio sobre la ley de amnistía. La sala grande del tribunal con sede en Luxemburgo debe resolver las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la amnistía en la causa por los gastos vinculados al 1-O y las de la Audiencia Nacional por el caso de la 'Operación Judas' contra los CDR.

Dean Spielmann, abogado general del TJUE, ya se mostró favorable a la norma en una opinión hecha pública el pasado noviembre y avaló su aplicación tanto para los gastos del referéndum como para el caso de los CDR, pero puso algunas objeciones de procedimiento. Su opinión no es vinculante para el TJUE, pero los magistrados parten de esa posición para emitir una sentencia.

Decenas de líderes y activistas independentistas están pendientes de Luxemburgo para beneficiarse de la amnistía, aunque también dependen del Tribunal Constitucional. Ahora, la justicia europea resolverá el caso justo un año después de la audiencia sobre las cuestiones prejudiciales de ambos tribunales españoles.

La ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez entró en vigor el 11 de junio de 2024. La norma dice que busca la “normalización institucional, política y social” en Catalunya y exime de responsabilidad penal, administrativa y contable a los implicados en el 'proceso'.

Pactada con los partidos independentistas como parte del acuerdo de investidura de Sánchez, la amnistía ha generado polémica. Aparte de las denuncias de PP y Vox, los tribunales que deben aplicar la amnistía han cuestionado su validez.

El Tribunal Supremo directamente no ha querido aplicarlo en los casos de malversación que afectan a dirigentes como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, y se ha limitado a hacer una cuestión de inconstitucionalidad sobre la legalidad de la norma por el posible “trato discriminatorio” en función de la “ideología”, pero el TC ya la ha desestimado.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de Vilanova han optado por preguntar al TJUE si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea.

Ahora el TJUE está examinando las prejudiciales del TdC y la AN sobre la aplicación de la amnistía a la responsabilidad contable por los gastos del 'proceso' y los presuntos delitos de terrorismo en el caso de los CDR.

La opinión del abogado general

En el procedimiento de preguntas prejudiciales en el TJUE, el abogado general del tribunal presenta una opinión no vinculante a los magistrados para que elaboren la sentencia. La sala grande del TJUE que baraja la ley de amnistía tendrá en cuenta su posición. El tribunal no está obligado a mantenerlo, pero en la mayoría de los casos se pronuncia en el mismo sentido. 

El 13 de noviembre, el abogado general del TJUE Daniel Spielmann defendió que la amnistía para los gastos del 'procés' y el caso de los CDR es compatible con el derecho de la UE, pero puso reparos de procedimiento al considerar que algunas disposiciones de la ley vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. 

En respuesta a las preguntas prejudiciales del Tribunal de Cuentas, Spielmann aseguró que los hechos del 'procés' no afectan a los intereses financieros de la UE porque no existe “un vínculo directo” con la reducción “actual o potencial” de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la UE. Una interpretación que se opone a la del Tribunal Supremo en la causa del 1-O.

Eso sí, consideró insuficientes los plazos que la ley impone al TdC para resolver sobre la aplicación de la amnistía y criticó que se impida la comparecencia de algunas partes.

En cuanto al caso de los CDR en la Audiencia Nacional, Spielmann sostuvo en su dictamen que la ley de amnistía es compatible con la directiva europea de lucha contra el terrorismo porque se aplica a determinados hechos, limitados en el tiempo y por su naturaleza. Además, establece una “exclusión explícita” de los actos que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida ya la integridad física.

Más allá de las cuestiones prejudiciales planteadas por ambos tribunales, Spielmann replicó a las críticas de la Comisión Europea a la legitimidad de la ley de amnistía: “Desde mi punto de vista, nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía en este caso”, sentenció.

Si ya es difícil seguir manteniendo la cordura en pleno siglo XXI, imagínense siendo catalán después de haber sobrevivido al procés. Es un verdadero milagro seguir atándose los zapatos sin miedo a trastabillar mientras la televisión escupe cada mañana un nuevo bombardeo. Y luego, por si quedara alguna duda, aixecar de nou la persiana, que dia que pasa, any que empeny; porque, frente al (des)orden mundial y tras una de las etapas más convulsas que ha vivido el país, ¿a qué pueden agarrarse los catalanes para seguir siendo catalanes en este mundo global? Esa es, precisamente, la pregunta que se plantea Albert Pijuan (Calafell, 1985) en Pel carril del mig (La Segona Perifèria).

De hecho, ha llovido mucho desde aquel 2017. Tanta euforia colectiva alumbró un tapiz de momentos en el que, según las sensibilidades, uno podía estar encontrando el sentido de la vida, o, por el contrario, hallarse en la perdición irremediable. En fin, que el procés fueron muchas cosas y los politólogos ya dilucidarán qué fue; aunque, si en algo podemos estar de acuerdo, no hay duda de que el procés fue una centrifugadora de la historia reciente catalana, un acelerador de partículas que dispersó por el espacio y el tiempo la materia gris de El fet català. 

Tras la Transición, esa sustancia gris tuvo en Jordi Pujol su representación más sólida, para entendernos. Sin embargo, desde que el líder conservador abandonó el tablero político, el principio rector que ordenaba el país empezó a convulsionar. Con Pujol, me dijo una tarde Josep Ramoneda, no hubiera habido 1 de octubre de 2017. Luego, ya con la sentencia del Estatut y la DUI, todo saltó por los aires. Y así, en medio de aquel acelerón, la historia se precipitó y la clase dirigente nos convocó a la solemnidad. Recuerden: cada comparecencia del Govern adquiría la trascendencia que pedía el momentum histórico. Y así fue que se trenzó el relato de las esencias y el país ya no sabía si era más rauxa o más seny. Sin embargo, proclamar tanta solemnidad siempre implica un riesgo: en algún momento de la actuación, la máscara se resquebraja, y, entonces, desde el fondo, emerge lo cómico en toda su plenitud. Es justo en esa grieta en la que aflora la risa y se derrumba la solemnidad, donde se sitúa el ensayo/ficción de Albert Pijuan. 

Todo empezó con un encargo. El editor de La Segona Periferia le pidió a Pijuan una exploración acerca de la catalanidad y la conducción por el carril central; un encargo, por otro lado, nada irrisorio, dadas las fijaciones que tenemos los catalanes. Pijuan, lejos de arrugarse, aceptó la propuesta y supo, de inicio, que quería tomar el pulso a la Catalunya pos-procés. Un acierto, sin duda. Tras la utopía disponible, ¿qué otro marco podría haber ofrecido mejores perspectivas para rumiar el fet català? Posiblemente ninguno. Y así, ataviado de humor y conya, mucha conya, el autor nacido en Calafell recompone el puzle.  

La risa empieza a aletear desde las primeras páginas, cuando todos los emblemas de la identidad catalana (ese repertorio de maneres de fer i ser) se suceden encarnados en un elenco de personajes hilarantes; desde concejales, alcaldes y técnicos en seguridad viaria hasta editores, portavoces y jefes de policía de los Mossos d’Esquadra. En fin, todo un coro de voces —un guirigay estructurado en trece prólogos— que deambula sobre una cuestión fundamental: la conducción por el carril central. 

El personaje clave de este ensayo de ficción es Felip Roda, un hombre vulgar y corriente —como usted y como yo y como más de uno—, cuya fijación automovilística por conducir por el carril central no es solo una imprudencia temeraria susceptible de ser multada, sino una genuina actitud ontológica. Felip Roda, que, sin duda alguna, responde a una genealogía política identificable —el antiguo votante pujolista, el català emprenyat, el protector de la unión orgánica del poble— simboliza un sentir amplio de la sociedad catalana que se pregunta, tras el procés: i ara què? Pues, poca cosa, limitarse a conducir por el carril central i anar fent. ¿Resultado de todo ello? Un retrato divertido, cómico y satírico, repleto de absurdos y guiños y juegos, como si Pijuan se disfrazara del Valle-Inclán que retrató la España de 1920, aunque sin el peso trágico de la historia. En Pel carril del mig hay humor, ligereza y verdad, un entramado muy al estilo de los Monty Python. 

Cabe preguntarse, sin embargo, ¿qué se vislumbra en el horizonte, mientras se conduce mascullando por el carril central con el libro de Pijuan en el salpicadero? Una Catalunya repleta de desafíos. Encarecimiento de la vivienda. Precariedad laboral. Vida encapsulada en la era digital. Crisis climática. Y un sinfín de cosas más. El libro de Pijuan, por suerte, nos recuerda el humor, la capacidad de reírnos de nosotros mismos y, así, nos humanizamos un poco. Ya se sabe: una sociedad que se ríe de sí misma es mucho más madura. Solo riéndose de uno mismo frente al espejo cada mañana antes de ir a trabajar, se podrá alcanzar, algún día, la revolución. 

El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. 

La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuenta cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. 

Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España.

El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”.

La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”.

La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“.

Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”.

La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”.

El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

Es conocida por la opinión pública la “policía patriótica” que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir al nacionalismo catalán, por un lado, y para evitar, por otro, que la documentación de la que disponía Luis Bárcenas pudiera acabar en manos de los jueces que estaban investigando la corrupción del PP.

Menos conocida es la “justicia patriótica” que se activó en el Tribunal Supremo (TS), por un lado, y la Junta Electoral Central (JEC), por otro, para perseguir a los políticos nacionalistas que habían dirigido el procés.

La “policía patriótica” está próxima a ser enjuiciada en España. Tiempo habrá para analizar la forma en que la justicia española realiza esta tarea, aunque ya tenemos algunas indicaciones de la forma tan irregular en que se ha procedido en la fase de instrucción. Pero queda todavía recorrido hasta que se pueda emitir una valoración sobre la misma. 

Sobre la “justicia patriótica” sí parece que nos vamos aproximando al final. Entre marzo y abril de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirá la última palabra, cuando se pronuncie sobre el recurso contra la ley de amnistía. 

Pero este jueves se ha hecho pública una sentencia del TJUE que, aunque no tiene nada que ver directamente con la ley de amnistía, sí es muy expresiva de lo que ha sido la forma de proceder de la justicia española respecto del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes elegidos como diputados europeos.

La sentencia ha resuelto un asunto que se remonta a marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo accedió a la petición del Tribunal Supremo de España de levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con la finalidad de que pudieran ser extraditados a España y procesados por el TS. 

La concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo fue recurrida al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE), que desestimó el recurso, al entender que la decisión del Parlamento era correcta y que no se había vulnerado con ella ningún derecho de los parlamentarios catalanes. 

Contra dicha decisión del TGUE se interpuso recurso de amparo ante el TJUE, que ha sido resuelto favorablemente, al entender el máximo órgano judicial de la Unión Europea que el Parlamento Europeo había vulnerado el derecho a un juez imparcial en la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español, vulneración que había sido replicada por el TGUE, razón por la cual tenían que ser anulados tanto el acto parlamentario como el judicial. 

Es importante subrayar el sentido y alcance que el TJUE atribuye al derecho a un juez imparcial, que en este caso se extiende al acto parlamentario de otorgamiento del suplicatorio. La instrucción parlamentaria del suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí se encomendó al parlamentario Angel Dzhambazki, que pertenece al grupo político del que formaba parte Vox. El Parlamento entendió que dicha pertenencia no afectaba a la imparcialidad en la instrucción del suplicatorio, opinión que fue compartida por el TGUE. 

El TJUE, por el contrario, considera que “en aras de la coherencia” el derecho a un juez imparcial exige que “el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina”, pues un ponente con esa connotación “no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima del diputado objeto de dicho suplicatorio en cuanto a un posible prejuicio hacia él y, por lo tanto, no puede ser considerado imparcial”.

(¿Puede haber alguna duda con esta doctrina sobre la imparcialidad de la vulneración del derecho del exfiscal general del Estado a un juez imparcial? También habrá momento para volver sobre este asunto. Sigamos).

El reproche del TJUE al Parlamento se reproduce, pero con más intensidad, respecto del TGUE, ya que no solamente se le echa en cara “incurrir en el error” de considerar que la designación de un ponente del mismo grupo político que Vox “era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente”, sino que, además, desconoce que este eurodiputado búlgaro organizó un evento en marzo de 2019 con la intervención del secretario general de Vox con el tema 'Catalunya es España'. “La organización del evento, dice la sentencia, era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Catalunya, sino de una posición favorable al procesamiento de los diputados”.  

La sentencia no tiene efectos jurídicos para Carles Puigdemont, ya que la concesión del suplicatorio tuvo lugar en la legislatura anterior. Al no ser parlamentario en esta, la decisión no tiene ningún efecto práctico respecto de él, ya que, como he explicado varias veces, las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos.

Ello no quiere decir que no tenga efecto alguno, ya que la opinión del TJUE le permite al expresidente esperar la sentencia sobre la ley de amnistía con mucha más confianza. 

En mi opinión, le podría permitir dirigirse al Tribunal Constitucional para que revisara su decisión sobre las medidas cautelares denegadas respecto de la orden de detención en España dictada contra él por el TS. Con esta sentencia, el voto particular de Ramón Sáez Valcárcel se ve enormemente fortalecido frente a la opinión mayoritaria de sus colegas.

Pero, sobre todo, la sentencia sí tiene efectos para Toni Comín, que sí ha sido elegido parlamentario para esta legislatura, pero que se encuentra en una situación esperpéntica, ya que se le reconoce que fue elegido por los ciudadanos, pero no fue reconocido como tal por la Junta Electoral Central (JEC). Al no ser incluido en la lista de eurodiputados elaborada por la JEC, a Toni Comín se le reconoce la titularidad, pero no el ejercicio de la condición de diputado. Esta situación delirante ha sido avalada por el TGUE, pero está pendiente la resolución del recurso por el TJUE, que presumiblemente atenderá la reclamación a tenor de la fundamentación jurídica de la sentencia conocida este jueves.

La sentencia del TJUE viene a reiterar la posición que han tenido todos los órganos judiciales europeos que han tenido que pronunciarse sobre las decisiones de la justicia española, tanto las unipersonales del juez instructor, Pablo Llarena, como las colegiadas de la Sala Segunda. 

Cuando se conozca la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía, habrá que hacer una exposición de conjunto sobre el naufragio de la “justicia patriótica” en las playas de la justicia europea. En la playa belga, en la alemana, en la italiana, en la escocesa, en la suiza además de en la playa del TJUE.

Filmin, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado donde defiende la inclusión del documental Ícaro: la semana en llamas en su catálogo. La plataforma incluye desde la pasada semana en su oferta este documental que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía española, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del Procés.

Dirigida por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, la cinta incluye imágenes inéditas hasta ahora de los incidentes, grabadas por agentes de estas unidades y también por helicópteros policiales, además de imágenes grabadas por los medios de comunicación que siguieron las protestas, si bien no se citan especificamente. La película tampoco incluye testimonios de Mossos D'esquadra, que junto a la Policía Nacional participaron en el operativo.

Se acabó de editar en 2022, pero hasta ahora no se ha publicado en ninguna plataforma, y de hecho ha pasado fuera del radar de la opinión pública hasta hace pocos días, cuando gracias a un tuit laudatorio de la exfundadora de Vox Macarena Olona la polémica se ha disparado en la red social conocida como X.

En su publicación de Olona escribe: “Qué manera de llorar anoche viendo el documental. Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia. ”Operación Ícaro“, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del proces, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España. Podéis verlo en Filmin. Fuerza y honor”.

Las réplicas en X no se han hecho esperar, a las que Olona ha respondido llamando a muchos de sus adversarios “anormales con lazo amarillo”.

Comunicado de Filmin

Pero las protestas también han ido dirigidas hacia Filmin por incluir esta cinta en su oferta, a lo cual la plataforma ha respondido por boca de su fundador y máximo ejecutivo Jaume Ripoll con un comunicado tambien en X.

“En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”, comienza el comunicado. “Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro: la semana en llamas. Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, círculos de amistades y entornos laborales”, prosigue.

La plataforma asegura seguidamente que Icaro: la semana en llamas es un documental de 2022 que aporta una mirada concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona“. ”Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de lo que ocurrió“.

Y advierte que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque” además de dejar claro que no ha sido producida ni distribuida por Filmin; “es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero”.

A continuación Ripoll recuerda que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica; nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal y creemos, además, que la pluralidad no se proclama: se demuestra con un catálogo tan diverso como el nuestro con más de 11.000 títulos”.

“Por eso”, apostilla, “en Filmin conviven obras muy vinculadas al debate político y cultural catalán (entre otras, «L'endemà», «Cataluña- Espanya», «Ciutat morta» o «Quatre d'onze, castell per l'independencia») con otros títulos con miradas diferentes sobre el Procés y su contexto”.

El comunicado termina diciendo: “Agradecemos sinceramente los mensajes que recibimos y los leemos con respeto, nos ayudan a pensar y a mejorar y si algo nos parece importante ahora mismo es recordar que el cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”.

Ataques a las oficinas de Filmin

Pero las explicaciones de Jaume Ripoll no han sido bienvenidas en X por parte de algunos usuarios, algunos de ellos con marcada relevacia política, que han promovido la cancelación masiva de suscripciones a la plataforma por parte de los abonados.

A lo largo de la tarde de ayer se sucedieron en X las contestaciones al comunicado, y esta mañana el propio Ripoll ha colgado una publicación en esta red denunciando un ataque a las oficinas de la empresa, con pintadas que se pueden ver en las imágenes adjuntadas. En ellas se puede leer: “Filmin colaborador con la represión española”. Tras los ataques, el dirigente de Filmin se ha declarado “bastante hecho polvo”.