Diez años después del referéndum que sacó al Reino Unido de la Unión Europea y seis años después de que el Gobierno de Boris Johnson optara por la ruptura más radical, el Gobierno de Keir Starmer intenta reestablecer lazos comerciales y políticos con sus antiguos socios europeos. Para intentar reparar el daño a la economía, el Reino Unido se prepara para aceptar de manera más automática las reglas del mercado único al que ya no pertenece.

El Gobierno laborista presentará el 13 mayo entre sus nuevas iniciativas legislativas la ley que permite aplicar el acuerdo de nuevos estándares para el comercio de comida y bebida con la UE y, de paso, incorporar la opción de que el Gobierno adapte la legislación necesaria a la europea por el procedimiento exprés que no requiere el proceso parlamentario completo. Como adelantó el Financial Times en marzo y ha confirmado ahora con más detalles el diario The Guardian, la legislación estará entre las que lea Carlos III en su discurso anual, la formalidad en la que el rey enumera las leyes que planea presentar el Gobierno en el nuevo curso parlamentario. 

En la ley que tendrá que votar el Parlamento se incluirá la posibilidad de que el Ejecutivo adopte la llamada legislación secundaria para alinear “de manera dinámica” las reglas británicas con las de la UE sin que los diputados puedan debatir y enmendarla: según este procedimiento, pueden aprobar o rechazar la legislación, pero no alargar el proceso ni alterarlo con aportaciones. Es una manera de acelerar cambios normativos que se conoce como los “poderes de Enrique VIII” por el intento del monarca de gobernar por decreto en el siglo XVI. Una proclamación de 1539 le dio el derecho de aprobar las leyes directamente, sin pasar por el Parlamento. En el procedimiento actual siempre se pasa por la Cámara de los Comunes, pero la diferencia reside en los debates y la capacidad de alterar la legislación.

Es un procedimiento cada vez más utilizado por los gobiernos británicos y, de hecho, los gobiernos conservadores lo usaron durante el largo proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea para aplicar rápido los cambios, pero es criticado por los parlamentarios y expertos constitucionales porque supone dar más poder al Ejecutivo. 

La alineación de las normas de manera discreta permite a Starmer, además, defender que no ha traicionado su “línea roja” en la última campaña, cuando prometió que no abriría negociaciones para que el Reino Unido se volviera a unir al mercado único, en el que participan otros países que están fuera de la UE, como Noruega, Islandia y Suiza.

Un mundo peligroso

Starmer defendió este lunes sus planes legislativos e insistió ante la Cámara de los Comunes que la “volatilidad” actual requiere más que nunca que el Reino Unido se acerque a la Unión Europa para intentar reparar el daño económico del Brexit, asegurar la independencia energética británica y reforzar la seguridad europea común contando más con los aliados del continente. 

“Estamos en un mundo de enorme conflicto, de gran incertidumbre, y creo con firmeza que los intereses del Reino Unido están en una relación más fuerte y más cercana con Europa, sea en defensa y seguridad, por supuesto, sea energía, de manera inevitable, o sea en nuestra economía”.

Starmer y su ministra de Economía, Rachel Reeves, llevan meses insistiendo en el daño económico del Brexit. La opinión pública es receptiva al mensaje.

La salida del Reino Unido de la UE es ahora muy impopular y la mayoría de la población quiere volver a la Unión o tener al menos una relación más cercana con los antiguos socios, según repiten los sondeos desde hace años. En la última encuesta de YouGov, de este marzo, el 55% cree que el Brexit fue un error y apoya la reincorporación completa a la Unión Europea. 

“Tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. No podemos tener todas las discusiones de la década pasada”, dijo también Starmer en una entrevista en la BBC. “Estamos intentando hacer el comercio más fácil para que haya menos obstáculos para las empresas y eso se traduzca en precios más bajos”.

Un portavoz del Gobierno aseguró que el Parlamento sí participará en el proceso “de la manera normal” porque debatirá, enmendará y votará sobre la legislación propuesta para agilizar el comercio de comida y bebida para “cortar la costosa burocracia” consecuencia del Brexit que está dañando “a agricultores, productores y empresas”. Según el Gobierno, el Reino Unido se juega más de 5.000 millones de libras (5.700 millones de euros) al año. 

Algo de voz, pero no voto

En la práctica, el plan ahora del Gobierno británico es alinear la legislación del mercado único y negociar con Bruselas el derecho de al menos tener algo de voz, aunque no voto, en los debates previos antes de que la UE adopte nuevas normas. Starmer espera avances en la próxima cumbre con la UE. En todo caso, el Reino Unido no estaría dentro del mercado único, que requiere libertad de movimiento también de personas, algo que el Gobierno laborista no quiere aceptar por la creciente oposición política y también popular a la migración de cualquier tipo. 

La presentación de la legislación en el Parlamento depende también de cómo vayan las negociaciones con Bruselas, pero el Gobierno laborista tiene una mayoría absoluta abrumadora con lo que se espera que la ley se apruebe en la Cámara de los Comunes. Aun así, el Brexit volverá a agitar el debate político que sigue dividiendo a una parte de la población de manera muy emocional, como explicaba el politólogo James Tilley en una entrevista con elDiario.es hace unas semanas.

Los conservadores y la extrema derecha ya describen los planes como “una traición” al Brexit, y los liberaldemócratas, los verdes y una parte de los laboristas quieren más. Laboristas como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, sugieren unirse de manera clara a la unión aduanera y al mercado único, e incluso proponer la vuelta total a la UE en las próximas elecciones generales de 2029. 

El presidente Donald Trump arremete casi a diario contra el primer ministro británico. Keir Starmer es uno de los pocos líderes europeos que han intentado mantener la relación con el voluble inquilino de la Casa Blanca y, a ratos, incluso ha conseguido aplacarle. Pero la relación está llegando a un callejón sin salida que está empujando al Reino Unido a reforzar su relación con los antiguos socios de la Unión Europea. 

Trump aprovechó las festividades de Pascua para imitar a Starmer y burlarse de él por querer “consultar con su equipo” las peticiones militares de Estados Unidos o para compararle con Neville Chamberlain, el primer ministro británico de los años 30 que intentó ignorar la amenaza de Adolf Hitler. Tanto Trump como su secretario de Defensa han subrayado el declive de los barcos y los aviones militares británicos, e incluso han cuestionado la labor de los soldados del supuesto aliado. El Reino Unido tiene “mucho camino que hacer”, según Trump. De momento, la ruta lleva a Londres lo más lejos posible de su imprevisible aliado transatlántico. 

Los mensajes del Gobierno de Starmer de las últimas semanas son inequívocos: la volátil situación económica y política internacional hace más necesario que nunca que los europeos permanezcan unidos. En uno de sus discursos más claros de defensa de la relación con Europa, este mes Starmer pidió “una alianza para el mundo peligroso que debemos navegar juntos”. También habló del “profundo daño del Brexit” a la economía británica, un tema tabú para los grandes partidos durante años. 

Es significativo que Starmer haya elegido este mensaje justo en el lanzamiento de la campaña del Partido Laborista en las elecciones municipales del 7 de mayo, donde los verdes y los liberaldemócratas son sus principales rivales por la izquierda. Esto indica que un mensaje contra el Brexit puede ser ahora una baza electoral.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, también ha argumentado el acercamiento a la legislación comunitaria para reducir las trabas comerciales y para ello el Gobierno presentará en mayo una nueva ley para que sea más automático adoptar cualquier cambio aprobado por la UE. Se espera que en la cumbre entre la UE y el Reino Unido, prevista para junio o julio, haya nuevos acuerdos para reducir la fricción comercial que tanto ha perjudicado a la economía británica desde el Brexit. El comercio con la UE es “el premio gordo”, mucho más que cualquier otro acuerdo bilateral, según reconoció Reeves.

La coalición para Ormuz

Pero Starmer está dando un paso más, centrado en la defensa y la seguridad y en las prioridades estratégicas de Europa, cada vez más alejadas de Washington. 

El primer ministro británico ha sido el anfitrión de la coordinación para reactivar el tránsito en el estrecho de Ormuz cuando pare la guerra de Irán –no durante, como querría Trump– y para ello se ha coordinado con casi todos los países europeos –a excepción de España, que ha decidido quedarse al margen de estas negociaciones– y varios aliados del Golfo Pérsico afectados por los ataques de Irán. Se trata del principio de una nueva coalición en la que Estados Unidos no participa.

Este martes, el Reino Unido volvió a ser anfitrión de una conferencia virtual de preparativos para el estrecho que no incluyó a Estados Unidos. Entre los invitados a la reunión de una cuarentena de países para considerar “medidas apropiadas” para el futuro estaban Francia, Alemania, Canadá, Japón y Emiratos Árabes. Según el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, España no ha querido participar porque considera estos esfuerzos diplomáticos como un riesgo de “escalar la guerra”. El Reino Unido, Francia, Alemania y otros países han rechazado las peticiones de Estados Unidos de escoltar ahora barcos, pero aseguran que quieren ayudar cuando haya un cese de hostilidades.

La opinión pública

Alejarse de Estados Unidos incluso ha logrado mejorar marginalmente la popularidad de Starmer. Los británicos de casi todo el espectro ideológico tienen ahora una opinión muy negativa sobre su tradicional aliado.

El 68% de los británicos considera que Estados Unidos está teniendo un impacto negativo en el resto del mundo, 11 puntos más que en enero, según la última encuesta publicada hace unos días por YouGov. Las opiniones más negativas vienen de los ciudadanos que se identifican como laboristas, liberaldemócratas y verdes, pero la subida de la cifra total en las últimas semanas viene sobre todo del cambio de los votantes que apoyaron al Partido Conservador: el 57% de quienes votaron por los tories en 2024 ven a Estados Unidos como una fuerza negativa para el resto del planeta, es decir, 15 puntos más que en enero. 

En total, apenas el 10% de la población en el Reino Unido cree que Estados Unidos ha tenido un impacto positivo en los últimos años. Los pocos apoyos que le quedan al país presidido por Trump ahora están en la extrema derecha de Nigel Farage. Pero incluso estos votantes están divididos y hay más que contestan que Estados Unidos tiene un efecto negativo más que lo contrario. 

“El problema Trump” es uno de los motivos por los que el apoyo del partido de Farage se ha estancado y puede ser uno de sus principales obstáculos ahora, según Luke Tryl, director de la encuestadora More in Common. Farage dijo este martes que estaba “bajo shock” por las amenazas de Trump sobre la muerte de una civilización y que su aliado había ido “demasiado lejos”.

El continuo coqueteo de Trump con Vladímir Putin en uno de los países más solidarios con Ucrania de Europa ha ayudado poco a la causa de Estados Unidos. También el apoyo de Estados Unidos a Israel en Gaza, una guerra a la que la opinión pública británica también se ha opuesto de manera mayoritaria. 

La cuestión ahora más allá de las palabras es hasta dónde se atreverá a ir Starmer en la relación con Bruselas y sus vecinos europeos.

Desde hace meses crecen las presiones dentro de su propio partido para que defienda al menos volver al mercado único y negociar un acuerdo similar al que tienen países que están fuera de la UE como Suiza, Noruega o Islandia. Algunos laboristas destacados, como el alcalde de Londres, piden explícitamente que el Partido Laborista presente como parte de su programa electoral para 2029 el regreso total a la Unión Europea. 

El 27 de septiembre de 1825, el primer tren público de pasajeros del mundo hizo su viaje inaugural para recorrer 40 kilómetros entre dos pequeñas ciudades del norte de Inglaterra. Dos siglos después, Reino Unido es el único país grande de Europa que no logra construir una red de alta velocidad ni apenas una línea de cualquier tipo.

No se ha completado ninguna línea ferroviaria al norte de Londres desde 1900 y el gran proyecto que prometía cambiar este declive sigue acortando la ruta prevista y disparando los costes y tiempos de viaje. 

El tren de alta velocidad que en su plan inicial en 2009 apuntaba a conectar el continente europeo con Edimburgo y Glasgow, en Escocia, fue mermando hasta quedar en una ruta de Londres a Manchester. En octubre de 2023, el entonces primer ministro, el conservador Rishi Sunak, canceló el último tramo previsto y dejó el proyecto en un tren entre Londres y Birmingham, que están a menos de 200 kilómetros de distancia.

Casi tres años después, el nuevo Gobierno laborista no sabe cuándo llegará el tren, cuánto costará y cuánto tardará en recorrer la única ruta prevista. Este marzo, la ministra de Transportes, Heidi Alexander, pidió una estimación de cuánto se ahorraría en costes y tiempo de construcción si el tren fuera más lento de lo planeado en principio. Espera una respuesta antes del verano.

Ahora el tren directo entre Londres y Birmingham tarda una hora y 17 minutos; con el esperado proyecto, el viaje sería de unos 40 minutos si las vías y los trenes están preparados para la máxima velocidad. Con el límite de velocidad estudiado ahora, el nuevo tren supondría poca diferencia de tiempo respecto al actual, pero en este momento se trata de añadir trenes y de que sean pronto una realidad más que de ahorrar unos minutos.

“La ruta siempre estuvo planeada para una velocidad demasiado alta, lo que añadía costes significativos e innecesarios. La distancia entre Londres y Birmingham es corta para estándares europeos, así que un extra de 40 kilómetros a la hora tampoco te ahorra mucho tiempo”, explica a elDiario.es Thomas Haines-Doran, economista, catedrático de la Universidad de Leeds especializado en sostenibilidad y autor del libro Derailed: How to Fix Britain’s Broken Railways. “Es mejor ver el proyecto como un muy necesario empujón de capacidad más que una inversión para ahorrar tiempo. Maximizar los beneficios para añadir capacidad requerirá, sin embargo, más trabajo y más inversión”.

La ministra Alexander dijo que hasta este febrero se habían gastado 46.200 millones de libras (más de 53.000 millones de euros) y que no era posible estimar lo que quedaba por gastar. La fecha de apertura de 2033, según la última estimación disponible, tampoco está confirmada. 

El resultado es un proyecto ferroviario con apenas un tercio de las obras completadas, que puede resultar en tiempos de viaje más lentos y cuyo coste final sigue siendo desconocido. 

“El proyecto se ha recortado tanto y ha sufrido tantos retrasos y costes crecientes que no traerá la mayoría de los beneficios esperados. Creará una nueva línea rápida entre London y Birmingham, pero se suponía que iba a traer mucho más”, explica Haines-Doran. “También hace que más inversiones en ferrocarril sean menos probables porque sugiere que este tipo de inversión es muy cara y lenta, aunque en realidad no sea así”.

A la vez, Reino Unido tiene muchas cuentas pendientes más allá de la alta velocidad: el país tiene niveles muy bajos de electrificación y algunas de las líneas deberían ser ampliadas o reconvertidas para permitir trenes con más capacidad, por ejemplo de dos pisos. Además, el desequilibrio regional sigue agudizándose mientras el tren de alta velocidad ya no llegará al norte del país.

“Hace falta mucha inversión en el norte de Inglaterra después de años en los que Londres y el sureste se han quedado con la mayoría del dinero. Considerando la catástrofe climática, también necesitamos una economía que dependa menos del transporte pesado”, explica el experto.

Arrogancia

El único tramo de alta velocidad (HS1) en el Reino Unido es el que recorre el Eurostar que conecta Londres con París, Bruselas y Ámsterdam en el segmento de 100 kilómetros entre la capital británica y el túnel del canal de la Mancha. El nuevo proyecto más ambicioso (HS2) pecó de arrogancia y no tuvo el apoyo nacional de ese primer tramo, según Sally Gimson, la autora del libro recién publicado Off the Rails: The Inside Story of HS2.

“La tecnología de la alta velocidad se había usado desde 1964. Pero lo que se planeó en el Reino Unido no era la tecnología antigua, no era el TGV3 que habían usado y desarrollado los franceses y los españoles”, explicaba hace unos días Gimson durante un evento del festival literario de Oxford. “Nadie pensó en levantar el teléfono y llamar a franceses o españoles: ‘Oigan, queremos una vía de alta velocidad, pero queremos que sea lo más rentable posible. ¿Podrían darnos algún consejo sobre cómo hacerlo exactamente?’. En cambio, dijimos que queríamos la vía férrea más rápida, la más moderna, la más recta del mundo, algo que nadie más había hecho y que el Reino Unido lideraría. Era un proyecto de innovación”.

El sueño de la gloria pasada llevó a no pedir ayuda a ingenieros y expertos en grandes proyectos de infraestructuras de países vecinos como España –el país con más kilómetros de alta velocidad del mundo después de China– y Francia o de otros líderes internacionales como Japón. Según Gimson, “puede que el Ministerio de Transportes no entendiera lo que estaba encargando, solo tenía un puñado de ingenieros”.

La historia del retraso a la hora de arrancar explica por qué España tiene 4.000 kilómetros de alta velocidad; Francia, 2.800; Italia, más de 1.400; y el Reino Unido, 100. 

Innovación victoriana

La innovación había sido un motor de la economía dos siglos atrás. En la época victoriana, se habían construido ferrocarriles por todo el país y los trenes habían sido un factor clave en la revolución industrial. La tecnología británica sí había sido innovadora y la habían copiado los franceses y otros europeos.

En siglo XX, mientras los raíles y los trenes dieron paso a las autopistas y a los automóviles, el Reino Unido se quedó descolgado sin una estrategia muy clara de transporte. En los años 70, según cuenta en el libro Gimson, el Reino Unido todavía estaba construyendo trenes de vapor mientras en 1964 había salido el primer tren bala de la estación de Tokio.

“Estábamos increíblemente atrasados”, explica. “Incluso cuando los franceses en 1981 lanzaron el TGV, no creíamos que necesitáramos un tren de alta velocidad. Esto era algo que hacían en el continente. Lo hacían en otros lugares, pero no aquí. Así que, en cierto modo, nos conformábamos con lo que teníamos.”

Falta de consenso

Ahora los cambios del proyecto de alta velocidad, con sus retrasos y su encarecimiento progresivo también tienen que ver con la resistencia de los condados al trazado del tren y la presión de comunidades de propietarios apegados a la naturaleza o simplemente a la tranquilidad. Las quejas de los llamados NIMBYs (por las siglas correspondientes a “not in my backyward”, no en mi patio trasero) han sido obstáculos constantes para el proyecto.

Las autoridades locales en el Reino Unido tienen pocas competencias, pero sus residentes y sus políticos bien conectados en los partidos, a veces ricos donantes, son capaces de paralizar grandes proyectos de infraestructuras. 

El líder del consejo local del condado de Buckinghamshire, Martin Tett, no quería un ferrocarril a través de su condado e hizo todo lo que pudo para pararlo, según cuenta Gimson. Un funcionario encargado del proyecto incluso sugirió que podría haber una parada en ese condado aunque la idea fuera una línea que conectaba ciudades. Aun así, “la respuesta fue que el consejo de Buckinghamshire no quería crecimiento en absoluto. Desde luego, no quería que se construyeran más casas alrededor”.

La falta de consenso nacional ha sido desde el principio uno de los fallos. El proyecto lo lanzó el Gobierno del laborista Gordon Brown y lo reafirmó el de coalición del conservador David Cameron con los liberaldemócratas en 2015, pero ni había consenso interno ni los sucesivos gobiernos lo tuvieron tan claro de crisis en crisis, desde el Brexit a la pandemia. “No fue como Francia y España, donde la alta velocidad ha tenido éxito por el apoyo local y porque las empresas y los gobiernos se han sumado al proyecto”, explica la autora, que recuerda que el Tesoro le dio la espalda al proyecto o esperaba que fracasara. 

El Brexit

En junio de 2016, el referéndum del Brexit provocó la dimisión de Cameron y una crisis política que duró años igual que las negociaciones de salida del Reino Unido de la UE, que se oficializó en 2020 y sigue teniendo flecos. “Hubo una pausa en la que no pasó nada durante dos o tres años, apenas algún trabajo de preparación”, explica a elDiario.es Gimson. “Todos los políticos y todo el Gobierno estaban concentrados en el Brexit. Así que quedó en suspenso. El Covid fue el siguiente paso en el que hubo un retraso enorme.”

Esas pausas no se utilizaron para “repensar” hasta que Sunak en 2023 incluso barajó la opción de cancelar todo el proyecto. “Pero el problema es que una vez que lo has presentado como proyecto de ley en el Parlamento, es bastante difícil reconsiderarlo”, explica la experta. “Hay problemas incluso ahora sobre cambiar partes porque tiene el permiso de planificación preliminar que ha sido presentado en el Parlamento”.

El sobrecoste no es sólo consecuencia de la inflación, las crisis o los retrasos de las empresas encargadas, sino de las decisiones políticas. “Los diputados añadieron millones de libras a los costes por todo tipo de medidas de mitigación mientras el proyecto pasaba por el Parlamento. El principal problema del Brexit fue que se llegó a un punto en el que se perdió el impulso”, explica. 

Y esto sin contar la falta de trabajadores y de materiales por las nuevas barreras para la llegada de empleados y mercancías de la Unión Europea. Además, el Reino Unido se ha quedado sin las ayudas europeas de las que podía haber sido beneficiario y de las oportunidades de conexión con el continente.

“Un desastre total y absoluto”

En 2018, el ingeniero Alan Cook llegó a la presidencia del proyecto y descubrió que ni había permisos y gran parte del terreno ni siquiera se había comprado o estaba en proceso de compra. Las constructoras no habían dado precios cerrados porque los detalles de la ruta no hacían más que cambiar y durante años no estaba claro ni cómo estaba el terreno donde se harían las obras.

A la vez, dado que el proyecto se podía ir a pique en cualquier momento, las empresas obtuvieron garantías de pagos pasara lo que pasara. El jefe de una de las empresas constructoras le dijo a Cook que estaba “loco por aceptar ese trabajo” como presidente de HS2, que era “un desastre total y absoluto” y destruiría su carrera. Cook dimitió en 2021 y, desde entonces, varios responsables han intentado sin éxito revisar los contratos para abaratarlos y a la vez acelerar el proyecto. El intento de aclarar tiempos y costes recae ahora en Mark Wild, el consejero delegado desde diciembre de 2024, es decir, unos meses después de la victoria de Keir Starmer.

Wild ha hecho la revisión más a fondo y su conclusión es que “el reto es enorme” y que no había previsiones “precisas” sobre el trabajo que queda, según dijo la ministra de Transportes hace unos días.

De ahí la opción de limitar la velocidad máxima con la esperanza de acelerar las obras para que haya un tren funcionando a principios de la siguiente década aunque las vías no estén listas para el potencial de los trenes más rápidos. El máximo de velocidad sería de 300 kilómetros a la hora en lugar de 360 (más parecido a las velocidades máximas que se pueden alcanzar en Francia y para las que España se está preparando ahora). El plan inicial era que la ruta entre Londres y Birmingham estuviera lista este año; ahora ni siquiera hay fecha cerrada. 

Con una línea tan corta, ¿ha merecido la pena el esfuerzo? El argumento de cómo va a beneficiar al bien nacional es ahora más difícil de hacer. Sally Gimson cree que todavía merece la pena intentar una línea de alta velocidad con la esperanza de que algún día se convierta en algo más, pero cree que debería haber una conversación pública más clara sobre los sacrificios y aceptar los dilemas: “Tal vez se puede argumentar en contra de construir nuevas líneas porque todo esto destruye el campo. Tenemos mucha biodiversidad que ha desaparecido. Tal vez deberíamos estar reparándola. Tal vez haya una visión diferente del país”.

¿Y si el Reino Unido cancelara el proyecto? Thomas Haines-Doran, el catedrático de Leeds, cree que sería posible hacerlo, pero “sería una vergüenza nacional y se habrían gastado miles de millones sin ningún beneficio”.

Después de tanta espera, tanto dinero y la legislación parlamentaria asociada, cancelarlo es una decisión casi imposible para cualquier Gobierno: “Hay costes hundidos. Se han construido muchos túneles y un enorme viaducto. Se ha despejado el centro de Londres, alrededor de la estación de Euston”, explica Gimson. “Sólo queda seguir adelante y terminarlo. Y parece que no hay una solución sencilla para seguir adelante y terminarlo, porque si la hubiera Heidi Alexander la habría anunciado”.

Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres.

El aval político de los países de la Unión se ha producido este miércoles en una reunión de embajadores en Bruselas, tal y como ha confirmado en un comunicado el Consejo (gobiernos). Fuentes europeas confirman a Europa Press que ningún país se ha opuesto al acuerdo.

Sin embargo, se trata de un acuerdo de principio que necesita aún de la adopción formal por parte de la misma institución para que se concrete la firma y su aplicación provisional, lo que requiere de más tiempo, al menos dos meses para que se lleven a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del tratado, que deben ser traducidos a todas las lenguas de la UE.

El Acuerdo UE-Reino Unido relativo a Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y Reino Unido establecido por el Tratado de Comercio y Cooperación que normalizó las relaciones entre europeos y británicos tras la consolidación del Brexit y en cuyo ámbito de aplicación, en vigor desde 2021, no está incluido el Peñón.

Nuevo sistema de control de la UE

Según recuerda en un comunicado el Consejo, con este nuevo acuerdo la UE busca eliminar “todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguardan plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera”.

Con la señal de este miércoles, los Veintisiete buscan responder a la urgencia de avanzar en la tramitación de un tratado cuyo acuerdo se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal puede complicar la situación en la verja ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE el próximo 10 de abril, que obligará a un control reforzado en los pasos fronterizos con terceros países.

El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) empezó a aplicarse gradualmente en los países de la Unión el pasado otoño, pero su entrada en vigor plena está prevista para dentro de diez días, cuando deberá estar operativo en todas las entradas a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.

Fuentes del Ministerio de Interior consultadas por Europa Press afirman que las instalaciones y equipamiento técnico necesario para el control en el paso de Gibraltar a suelo comunitario están “operativos y disponibles”, aunque no aclaran el calendario de aplicación.

España, en consulta con la Comisión

En todo caso, y al margen de la preparación técnica, lo cierto es que la falta de aplicación del tratado que enmarca la relación de Gibraltar con respecto a la Unión Europea cuando entre en vigor el sistema EES supone, en la práctica, que este territorio siga siendo considerado a efectos de control fronterizo como país tercero y que los viajeros que quisieran cruzar desde o hacia el Peñón desde suelo español debieran someterse al registro en el nuevo sistema europeo.

Para evitar este vacío, el Gobierno ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para flexibilizar la aplicación del sistema EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles de la misma ni si Bruselas –que rechaza de manera general revisar el calendario para el sistema fronterizo– ve factible la iniciativa española. “La Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”, se ha limitado a responder un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos”, pero algunos de ellos siguen experimentando “dificultades técnicas” a pesar de que el calendario fue acordado y validado por los 27, recuerda el portavoz, que añade que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con ellos para asegurar que el sistema funciona correctamente.

Quejas desde Algeciras

Ante esta situación, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar que la comarca del Campo de Gibraltar tenga información sobre el tratado y el fin de la verja a través de los medios de comunicación y no por el Gobierno de España, resaltando “las dudas” que se siguen planteando en esta zona de la provincia de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Landaluce ha lamentado que como uno de los alcaldes de la comarca campogibraltareña, no se le haya informado sobre cuándo y cómo entrará en vigor el sistema de entrada y salida en la frontera, que debería empezar a funcionar provisionalmente el 10 de abril, una fecha que “llegado este mes, parece imposible”.

“Ya se habla de prórroga pero como es habitual nos hemos enterado por un medio de comunicación”, ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha señalado que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”.

“Nos merecemos un trato más digno”

En su opinión, esas “no son las formas adecuadas”, teniendo en cuenta que “las semanas van pasando y seguimos teniendo muchas dudas”, unos interrogantes que no sólo se plantean los políticos sino también “colectivos, transportistas, empresas de aduanas o Policía de frontera”, como ha enumerado.

Con respecto al sistema de entradas y salidas, ha pedido que los agentes conozcan los detalles de cómo van a tener que desarrollar su trabajo y en qué condiciones, recordando que “nos dijeron a bombo y platillo que en abril íbamos a ver la caída de esa histórica frontera”, encadenando eso con “la prosperidad compartida”.

“Pues abril ha llegado y ni una cosa ni la otra”, ha lamentado Landaluce, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno de España “no aparece” por la comarca para informar de “los supuestos benéficos de este acuerdo” y que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos merecemos un trato más digno”.

Diez años después del referéndum del Brexit, la economía británica sigue sufriendo las consecuencias y el Gobierno laborista se enfrenta al dilema de plantear la vuelta al mercado único. El primer ministro, Keir Starmer, aseguró en campaña que no se metería en una negociación para reincorporarse al espacio europeo, pero ahora aumentan las voces dentro de su partido y su Gobierno que le piden que lo haga.

El 23 de junio de 2016, el 51,9% de los británicos que votaron en el referéndum apoyó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero en la consulta no se interrogó sobre los términos. Después de cuatro años de debates internos, el Gobierno de Boris Johnson optó por la ruptura más radical. Otros países que no son miembros de la Unión Europea sí son parte del mercado único que supone el libre movimiento de personas, bienes y capitales: es el caso de Noruega, Liechtenstein e Islandia, que ahora incluso votará en referéndum su posible adhesión a la UE. Además, Suiza tiene acuerdos específicos que incluyen el libre movimiento de personas y de bienes según los sectores.

Starmer dijo en su programa electoral en 2024 que la vuelta al mercado único era “una línea roja”, en parte por el miedo a reactivar el debate sobre la inmigración europea. Pero el crecimiento anémico del Reino Unido, las pérdidas comerciales y las quejas continuas de las patronales por el exceso de burocracia post-Brexit y la falta de trabajadores están empujando al Gobierno laborista en otra dirección.

Después de tomar la decisión [de salir de la UE] todos nos quedamos un poco paralizados, fue traumático... Todo el mundo adoptó posiciones más propias de campaña, pero me gustaría pensar que ahora que tenemos que tomar decisiones sobre adónde vamos, tendremos una mirada un poco más calmada para examinar las evidencias

Marina Wheeler — abogada

Según estimaciones con datos de 2025, los efectos del Brexit han reducido el PIB británico hasta un 8%, el comercio, alrededor de un 15%, y las inversiones, un 18%. El impacto se ha ido notando de manera gradual mientras se han ido desplegando las nuevas reglas desde la salida oficial en 2020.

“No es sólo como pegarte un tiro en el pie, sino como amputarte tu propia pierna sin ninguna razón médica para hacerlo”, dijo hace unos días en Londres Alexander Stubb, el presidente de Finlandia y marido de una ciudadana británica.

Alinear la legislación a la UE

La posición oficial del Gobierno de Starmer ahora es que el Reino Unido va a alinear más sus estándares con los de la Unión Europea para facilitar el comercio, y planea presentar nueva legislación para ello este mayo para el discurso anual que pronuncia el rey enumerando las prioridades del Ejecutivo, según el Financial Times. Una de las legislaciones previstas del Gobierno, que tiene mayoría absoluta con holgado margen para aprobar cualquier norma, supone la adopción rápida de cualquier cambio normativo en la UE.

El Reino Unido y la Unión esperan anunciar de aquí al verano un acuerdo para el comercio de productos agrícolas y el Gobierno británico ya ha detectado 76 directivas y otras normas europeas que tendría que adoptar, que afectan a la mermelada de naranja o al pienso para mascotas. 

El plan, según ha dicho en público la ministra de Economía, Rachel Reeves, es “reconectar” con el mercado único sector a sector. Parte de los acuerdos de cooperación es que el Gobierno británico sea informado y tenga la oportunidad de opinar cuando se estén negociando en Bruselas nuevos estándares.

Más ambición

Pero ministros y otros políticos laboristas quieren un plan más ambicioso, que incluya la reintegración en el mercado único.

El alcalde de Londres y figura popular en el partido, Sadiq Khan, va más lejos y pide que el Partido Laborista defienda la vuelta a la Unión Europea, como también piden ya el Partido Liberaldemócrata, el tercer grupo en el Parlamento, y el Partido Verde. Casi el 60% de los adultos en el Reino Unido creen que fue un error marcharse de la Unión Europea y la mayoría quieren reincorporarse, según los últimos datos de YouGov, de enero.

“El destino del Reino Unido y de Londres está en la Unión Europea”, dijo Khan en una entrevista en La Repubblica hace unos días. “Es un destino inevitable y cada vez más necesario en un mundo increíblemente inestable y con Donald Trump en el poder en Estados Unidos. Europa es nuestra única seguridad. Por eso le pido al primer ministro Keir Starmer y a nuestro Partido Laborista que vayamos a las próximas elecciones con la promesa de volver a la Unión Europea”. 

También defiende que en esta legislatura, prevista hasta 2029, el Reino Unido se una a la unión aduanera primero y al mercado único después porque “ningún acuerdo comercial” será tan bueno para la economía británica como esos pasos. 

“Debemos ser claros sobre los beneficios de la Unión Europea porque hemos visto la alternativa. Hemos visto lo que pasa cuando estás fuera de la Unión Europea: menos inversión en el Reino Unido, menos exportaciones”, dice Khan, que también habla del impacto negativo en Londres, la ciudad de la que depende gran parte de la economía británica, todavía más desigual y desequilibrada desde el punto de vista regional desde el Brexit.

Khan apunta a que Londres está perdiendo europeos: desde 2019, al menos 140.000 ciudadanos de la UE se han ido de la capital, lo que ha afectado especialmente a los sectores de la construcción y la hostelería. 

“Maquillaje superficial”

La “línea roja” que se impuso Starmer en la campaña de las elecciones de 2024 en un país que sigue marcado por la división de quien votó a favor y en contra del Brexit es ahora un obstáculo para un escenario que cada vez tiene más apoyo popular y político. 

“Es una pena que no podamos volver atrás en el tiempo y cambiar eso”, dice un ministro al Financial Times. “No podemos llevar la promesa del mercado único en nuestro próximo programa electoral porque eso significaría libertad de movimiento, pero debemos incluir la unión aduanera”. 

Según Starmer, entrar en la unión aduanera pondría en peligro acuerdos comerciales, como el de Estados Unidos, que sigue siendo un compromiso más que una realidad. Pero ese u otros acuerdos apenas aportan unas décimas de PIB en comparación con las pérdidas más cuantiosas de estar fuera del mercado europeo vecino. Críticos de dentro y fuera del partido ven limitaciones a un paso considerado pequeño.

“Alinearse de manera unilateral es una especie de maquillaje superficial, no es algo serio”, dice a elDiario.es Marina Wheeler, abogada especialista en derechos humanos y que acaba de publicar un libro sobre el futuro de Europa durante el festival literario de Oxford. “Después de tomar la decisión todos nos quedamos un poco paralizados, fue traumático... Todo el mundo adoptó posiciones más propias de campaña, pero me gustaría pensar que ahora que tenemos que tomar decisiones sobre adónde vamos, tendremos una mirada un poco más calmada para examinar las evidencias”.

También recuerda un informe parlamentario recién publicado de la comisión de Exteriores que dice que a la política de reajuste del Gobierno británico con la UE le falta “dirección, definición e impulso”.

Wheeler, que estuvo casada hasta 2020 con Boris Johnson, se define como “eurófila”, pero también como partidaria de las reformas de la UE, por ejemplo para conseguir un mercado único más uniforme si el Reino Unido vuelve a entrar.

Varios diputados laboristas defienden una posición más ambiciosa en las negociaciones con la UE, especialmente ahora que el apoyo al Partido Laborista está bajando a favor de otros partidos abiertamente pro-UE como los verdes y los liberaldemócratas. 

“El Reino Unido tiene que ir más lejos. Una unión aduanera no es una oferta seria en estas circunstancias para afrontar cómo el comercio puede ser utilizado como un arma contra nosotros”, escribía en The Guardian en enero Stella Creasy, veterana diputada laborista y presidenta de un grupo a favor de Europa dentro del partido. “El Partido Laborista tiene que estar abierto a renegociar todas las barreras a la cooperación, incluyendo la integración en el mercado único en un acuerdo similar al de Suiza”. 

El mantra que ha rodeado la negociación sobre el Tratado de Gibraltar, desde 2020, ha sido el de la creación de un área de prosperidad compartida, entre los territorios todavía divididos por una Verja, levantada hace un siglo por Gran Bretaña y que desaparecerá si el contenido del acuerdo es finalmente ratificado por la Eurocámara, por el Parlamento de Gibraltar y por el de Reino Unido. Sin embargo, lo que hoy se comparte en el conjunto del área, entre el Peñón y la comarca circunvecina, es la incertidumbre sobre la puesta en práctica de los acuerdos, a partir de su previsible entrada en vigor, de manera provisional, el próximo 10 de abril, ya que presumiblemente habrá tiempo para sustanciarlo completamente antes de esa fecha.

A los empresarios de Gibraltar les preocupan las nuevas tasas impositivas equivalentes al IVA del 17 por ciento, el mínimo de la Unión, que rige en Luxemburgo y el régimen de importaciones de productos británicos que puede restarle competitividad al comercio y a la hostelería local. A los trabajadores transfronterizos, que la igualdad de derechos con los gibraltareños y británicos no acabe con los contratos a cero horas que rigen todavía en el Peñón y que vienen siendo denunciados por la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG).

A los gibraltareños, les inquieta la seguridad ciudadana y ya reclaman cámaras de vigilancia para evitar un hipotético incremento de la delincuencia. Y a los ecologistas, que el Tratado no deje suficientemente clara la protección de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, área protegida por la legislación europea, incluida en la Red Natura 2000, ante las maniobras de bunkering –suministro de combustible de barco a barco, en alta mar—o los rellenos sobre la superficie marina. Al menos, el Tratado deja claro que Gibraltar se sumará a la tasa del mercado de emisiones de Carbono, con el horizonte puesto en el año 2030, lo que aminorará la competencia desleal respecto al puerto de Algeciras.

“Traición”

El contencioso de soberanía sigue quedando fuera de la melé, pero la prensa y la ultraderecha británica de Reform UK ya hablan de “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, aunque el grueso de la negociación corrió a cargo de varios gobiernos conservadores, antes de su caída. En España, desde el Partido Popular, también se ha reprochado que nuestro país no haya sacado más ventaja para recuperar parte del istmo que se anexionó Gran Bretaña para levantar el aeropuerto, que ahora gestionará una joint venture europea y gibraltareña, con los controles Schengen ejercidos por la Unión Europea –esto es, España--, pero con un filtro local que seguirá correspondiendo a las autoridades gibraltareñas y británicas. 

Juan Franco, alcalde de La Línea, sigue exigiendo un trato singular para su localidad, habida cuenta del impacto que tendrá el volumen de tráfico que supondría una Verja de puertas abiertas. El previsible incremento en el precio de la vivienda es otro de los motivos de preocupación en la localidad vecina a la Roca, así como la supervivencia económica de la ciudad. Sin embargo, de momento, el Ayuntamiento ha optado por el pragmatismo y ha cedido 1.800 metros cuadrados de terreno al Estado sobre los que se edificará un viario que conectará la aduana española con el aeropuerto de Gibraltar, para la futura gestión de la zona aeroportuaria de la Roca.

El alcalde Franco valorado esta iniciativa como “muy importante” en lo que representa la reordenación de este entorno, “además de consolidar la zona y dar viabilidad a proyectos en los que desde el equipo de gobierno viene trabajando desde hace tiempo, como el Centro Tecnológico en terrenos del recinto ferial”. Dicho esto, a caballo entre los acuerdos internacionales y las necesidades localistas, se ha apresurado a aclarar que el real donde se asienta actualmente la Velada y fiestas no sufrirá por todo ello merma alguna, como los agoreros vaticinaban.

A nivel de infraestructuras, el alcalde entiende que es muy positivo poder contar con dicha infraestructura, ya que el uso conjunto del aeropuerto supondrá beneficios para el municipio linense.

“Texto complejo”

Nada más conocerse oficialmente el contenido jurídico del Tratado, el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, el sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix, a la sazón presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara baja, ha valorado el texto definitivo del acuerdo sobre la relación futura con Gibraltar tras el Brexit, calificándolo como un hito diplomático que transformará la realidad socioeconómica de la comarca.

“Estamos ante un texto complejo en el que la diplomacia ha trabajado durante años, siempre bajo la tutela del comisario Maros Sefcovic y con el impulso decidido del presidente Pedro Sánchez”, ha asegurado el dirigente socialista, volviendo a entonar el mismo mantra, el de que este acuerdo es la respuesta a la apuesta por una “zona de prosperidad compartida” que beneficiará a más de 300.000 campogibraltareños y vecinos de la provincia de Cádiz.

El líder de los socialistas gaditanos ha subrayado la “transparencia y participación” que ha guiado todo el proceso, resaltando que el ministro Albares ha mantenido un contacto fluido y permanente con los ocho alcaldes de la comarca, la Junta de Andalucía, la Diputación y los agentes económicos y sociales. “Frente a quienes buscaban la opacidad, este Gobierno ha traído a la comarca al ministro en múltiples ocasiones y ha comparecido tanto en el Pleno como en la comisión de Exteriores para dar cuenta de cada paso”, ha defendido el también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.

“Después de todo el ruido”

En el plano político, Ruiz Boix ha lanzado un mensaje directo a la oposición: “¿Qué van a hacer ahora el PP y sus socios de ultraderecha? Después de todo el ruido que han armado en torno a unas negociaciones tan vitales, el resultado es un texto que mejora la vida de la gente”. El secretario general ha exigido al Partido Popular que abandone su estrategia de confrontación en Europa y que sus representantes en la Eurocámara respalden un acuerdo que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía a ambos lados de la frontera.

Desde las filas conservadoras, no se tienen las mismas sensaciones. El alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, que fue presidente de la comisión de Exteriores del Senado hasta que se dio de baja del partido tras una denuncia por abusos que ha quedado archivada, sigue presidiendo la Corporación algecireña y mantiene un escaño, como “no adscrito”. Desde esa responsabilidad, ha vuelto a lamentar que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos tengamos que seguir enterando del contenido del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, con cuentagotas y a través de terceros, mientras que los legítimos representantes de los campogibraltareños carecemos de cualquier tipo de información al respecto”, volvió a protestar poco antes de que se conociera el contenido del Tratado.

“Es absolutamente inconcebible que a menos de 24 horas de que la Comisión Europea dé a conocer el contenido íntegro, los alcaldes de la comarca, aún no hayamos recibido ninguna información oficial por parte del Gobierno de España, sabiendo que lo que está en juego es el presente y el futuro de 300.000 campogibraltareños. Hemos solicitado numerosas reuniones con el Ministerio de Exteriores y con el resto que se está encargando de los detalles del acuerdo, y ni siquiera hemos recibido respuesta, ni nuestro Parlamento va a poder debatir el texto, con lo cual nos vamos a ver inmersos en un proceso en el que todo nos va a venir impuesto y sin consultar”, aseguró este miércoles.

Frente a la labor de transparencia y pedagogía que ha venido llevando a efecto el Gobierno gibraltareño durante las últimas semanas, a través de un sinfín de reuniones sectoriales, Landaluce recalca que “desde que comenzó este largo proceso, que se ha ido demorando una vez tras otra, siempre se han registrado más sombras que luces en lo que a facilitar información sobre el acuerdo se refiere, y ahora, que estamos en la recta final, se mantiene la misma tesitura. Lo lógico es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España hubiese convocado a los representantes de los ciudadanos del Campo de Gibraltar para informarles, entre otras cuestiones, de la tan deseada zona de prosperidad compartida, y de la que poco o nada se está hablando por el momento. Perdimos muchas oportunidades tras el Brexit y la postura de fortaleza española se convirtió en entreguismo y debilidad por intereses del PSOE”.

“Convidado de piedra”

“Ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que el Campo de Gibraltar va a ser poco menos que el convidado de piedra en este acuerdo, en el que todo parece indicar que en la colonia británica seguirán untando la tostada por los dos lados cuando a este lado de la frontera necesitamos que unos cuantos no se sigan aprovechando de las bondades de una comarca que requiere de una atención especial tanto por parte del Gobierno español como desde la Unión Europea. La vecindad es buena, pero no la ocupación. El buenismo se está demostrando que es perjudicial para nuestra comarca, para nuestra región y para el conjunto de España”.

Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO y miembro del Grupo Transfronterizo, que reúne a sindicalistas y empresarios de ambos lados de la Verja, considera necesario que el Gobierno español adopte “medidas que permitan a personas trabajadoras y empresas afrontar la puesta en marcha del tratado sobre Gibraltar, sin contratiempos y con pleno conocimiento de la nueva realidad y de laa oportunidades que pueda representar”..

“Supone un cambio de suma envergadura para la realidad socio-económica del Campo de Gibraltar y consideramos que el Gobierno de España debe poner en marcha los mecanismos de acompañamiento necesarios para que la sociedad campogibraltareña transite sin mayores contratiempos a la nueva realidad”, sostiene Triano.

Para este sindicato, si bien los agentes económicos y sociales han podido tener varios encuentros con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, “son muchas las incógnitas que persisten respeto al contenido del texto acordado; sobre sus repercusiones en los derechos e intereses de las personas trabajadoras afectadas y sobre los sectores económicos que han venido teniendo relaciones comerciales con Gibraltar”.

En este sentido, desde CCOO consideran que las notas técnicas que ha venido emitiendo el gobierno de la Roca han sido el único foco de información que han tenido en los últimos tiempos, hecho este que, a su criterio, han contrastado con el silencio de las autoridades españolas.

“Todo parece indicar que el periodo de implementación el tratado va a ser muy breve y esto se une la complejidad de los cambios que van a operar, siendo por ello que nuestro sindicato considera imprescindible la puesta en marcha por el Gobierno de España de un dispositivo de asesoramiento y tutela durante el proceso de implementación del Tratado”, ha añadido Triano que, no obstante, ha saludado la bondad del Tratado, sobre todo, si se tiene en cuenta que de fracasar este proceso, un Brexit duro en la Verja sería catastrófico para la economía de la zona y especialmente para los trabajadores.

Carta abierta

En una carta abierta al Ministro Principal, Fabian Picardo, y a la Ministra de Negocios, Gemma Arias-Vásquez, los representantes empresariales del Peñón --entre quienes figuran su histórica Cámara y su Federación de Pequeñas Empresas—han reafirmado su firme apoyo al Tratado y su clara preferencia por un resultado negociado para el Brexit local. En ese contexto, las empresas firmantes del escrito celebran la certeza que ofrece el Tratado «tras una década de incertidumbre respecto a la futura relación de Gibraltar con Europa».

Sin embargo, la carta advierte que el margen de tiempo es reducido y corto el periodo de transición de tres meses, fijado de antemano. Al mismo tiempo, entienden que «la confirmación tardía de la fecha de implementación han incrementado significativamente los riesgos que enfrentan las empresas, especialmente en los sectores minorista, mayorista, logístico, de servicios y de mercancías». Entre los aspectos que más les preocupa, figura el hecho de que «las empresas se enfrentan a un aumento inmediato del arancel de importación debido al impuesto de transacción, que sube al 15% desde tipos anteriores tan bajos como el 0%, junto con impuestos especiales más altos».

Todo ello provocará, a su juicio, interrupciones en la cadena de suministro, existencias invendibles, presión de flujo de caja y pérdidas en contratos existentes. La comunidad empresarial también expresó su creciente frustración por la falta de una guía detallada para saber a lo que van a enfrentarse, a partir de ahora, en el día a día.

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, en una reunión telemática con el comité constitucional de la Cámara de los Lores relativo a los territorios de Ultramar de Estados Unidos, puso en valor que el secreto del éxito del Tratado estribó en que no constituyó “una imposición para nosotros de ninguna manera”, sino que las autoridades gibraltareñas tuvieron un papel protagonista en todo el proceso: “Creo que el factor clave para tener éxito en las negociaciones con la Unión Europea ha sido que estas negociaciones se han llevado a cabo para Gibraltar por Gibraltar, junto y mano a mano con las sucesivas administraciones del Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido”, aseveró Picardo.

Aunque deja claro que la cuestión de la soberanía no forma parte del Tratado, el rotativo británico “The Telegraph” ha calificado el mismo como una “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, al entregar el control de los accesos al Peñón a la Unión Europea.

A renglón seguido, Suella Braverman, parlamentaria del partido ultraderechista británico Reform UK, insistió, como ya hiciera con el compromiso adquirido en junio respecto a este acuerdo, que se trata de “otra traición total de este vergonzoso gobierno”, en referencia a los laboristas del Reino Unido.

“Equivocada”

“Decía entonces, como lo digo ahora –le replicó Picardo--, que estás tan equivocada ahora como lo estabas en junio. El acuerdo que hemos alcanzado con la UE fue negociado por el Gobierno de Gibraltar junto con los ministros conservadores y laboristas del Reino Unido. Es un acuerdo excelente para los gibraltareños de todas las nacionalidades. Agradezco especialmente a James Cleverly y a Wendy Morton su apoyo durante este período, ya que Wendy visitó Gibraltar para una sesión informativa a principios de esta semana. Informé a la líder conservadora, Kemi Badenoch, durante mi última visita a Londres y espero contar con el apoyo de todos los partidos para este excelente acuerdo, que nos ayuda a evitar los numerosos y graves obstáculos que el Brexit creó para Gibraltar”.

Cabe recordar que cuando David Cameron convocó el referéndum sobre el Brexit, el 93 por ciento de los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Ahora, saben que si el Tratado se ratifica, seguirán siendo orgullosamente británicos, pero un poco más europeos.

Antes del 23 de junio de 2016, el debate del Brexit apenas estaba en la calle en el Reino Unido. En los siguientes diez años, dividiría familias, hundiría partidos políticos y definiría al electorado como ningún partido es ya capaz de hacerlo. Lo cambió todo el hecho de celebrar el referéndum, el resultado y las largas negociaciones del tipo de ruptura elegido por el Gobierno británico. La palabra Brexit apenas existía antes de la votación. En 2018 y 2019, sin embargo, se pronunció de media cada cinco minutos de debate parlamentario en la Cámara de los Comunes.

La Unión Europea era un debate de élites –fundamentalmente por la división del Partido Conservador– hasta que el referéndum centró la atención del país y lo partió en dos, según explican en su nuevo libro, Tribal Politics: How Brexit Divided Britain, James Tilley y Sarah Hobolt, dos grandes expertos en el Brexit que llevan una década estudiando la opinión pública alrededor de este asunto. 

Hablo con Tilley, catedrático de Políticas de la Universidad de Oxford, en su despacho de Jesus College, donde lleva dos décadas estudiando y trabajando. Encima de su mesa, un cartel de Batman con el Joker amenazante, anuncia: “Vote for me or I will kill you”. Tilley explica que lo tiene para impresionar a sus alumnos. Alrededor, además de libros académicos, hay novelas apiladas. La ciencia ficción es lo que, según él, ha explicado hasta ahora mejor el Brexit.

Esta es una parte de nuestra conversación, editada por extensión y claridad.

¿Le sorprendió que 10 años después del referéndum sigan existiendo en el electorado dos identidades tan marcadas entre quienes votaron a favor y en contra del Brexit?

El subtítulo original de este libro, cuando lo pensamos por primera vez hace cuatro o cinco años, era “El ascenso y la caída de la identidad del Brexit”. La caída no ha sucedido. Así que nos sorprendió. Pensamos que el tema moriría. Pero el Brexit es un asunto que vuelve a ser relevante de vez en cuando, y eso se filtra... Con el tiempo, lo esperable es que estas identidades desaparezcan, pero ha sido mucho más gradual de lo que pensábamos. 

¿Por qué? En las últimas elecciones, en 2024, laboristas y conservadores apenas hablaron del Brexit y esta división se mantuvo de todos modos. 

Son identidades de grupo de abajo arriba. Ahora nadie las adquiere. Son solo las personas que las tenían y las conservan. Esa es la diferencia con cómo solemos pensar sobre las identidades de partido. Hay personas que adquirieron esta identidad en el referéndum y durante al menos los cinco años siguientes, cuando éste era el gran tema en Gran Bretaña. Era muy relevante. Si ibas a una barbacoa o hablabas con gente en un pub, el tema salía. Esto se ha reforzado también después, en los últimos cinco años, aunque no en la misma medida.

Es como ser hincha de un equipo deportivo. De adolescente, te apasiona el Chelsea o el Nottingham Forest. Y durante esos cinco años es importantísimo para ti. No pierdes esto de repente 20 años después. Sigue siendo tu equipo, aunque no hagas nada al respecto. Si gana, te pones contento porque gana tu equipo. 

Es como ser hincha de un equipo deportivo. De adolescente, te apasiona el Chelsea o el Nottingham Forest. Y durante esos cinco años es importantísimo. No pierdes esto de repente 20 años después. Sigue siendo tu equipo, aunque no hagas nada al respecto. Si gana, te pones contento porque gana tu equipo.

¿Pero si no se une más gente a esas identidades, esta división desaparecerá?

Sí, pero eso va a llevar mucho tiempo. Incluso en los últimos diez años, los nuevos votantes, los que no pudieron votar en 2016, sólo representan alrededor del 12% del electorado. No son muchas personas y, pensando en el rango de edad, no son tan relevantes para la política porque no votan.

Pero habrá un declive. También hay un declive porque sobre todo los partidarios del Brexit están perdiendo esta identidad.

Las encuestas muestran que la mayoría de las personas cree que fue un error salirse de la UE. ¿Es esa una de las razones por las que las personas que votaron a favor del Brexit están perdiendo esta identidad?

Sí, de ahí viene la mayor parte del cambio. La mayoría de la gente dice que quiere reincorporarse a la UE. De todas formas, el Reino Unido no se reincorporaría en los mismos términos; en la práctica, cuando se da a la gente más información sobre lo que significaría la reincorporación, esto no suena tan bien. Si simplemente preguntas: “¿Quieres reincorporarte?”. Entonces sí, ese número ha aumentado.

En los últimos diez años, los nuevos votantes, los que no pudieron votar en 2016, sólo representan alrededor del 12% del electorado actual. No son muchas personas y, pensando en el rango de edad, no son tan relevantes para la política porque no votan.

¿Las negociaciones del Brexit crearon más tensión?

Probablemente. Imagine que hay otro referéndum y que la mayoría está a favor de reincorporarse. Luego está el proceso de reincorporación. Lo que sucederá es que muchas de las personas que voten por la reincorporación estarán bastante insatisfechas. Es la naturaleza de ganar y perder. Si ganas, puedes sentirte decepcionado. Si pierdes, no puedes, de alguna manera, porque crees que todo habría salido bien si hubieras ganado.

Su libro cuenta que las diferencias socioeconómicas de partidarios y detractores del Brexit no son tan marcadas. ¿No valen como explicación sobre quién votó a favor y en contra?

Lo que no vale es equipararlas. La clase social es algo que solía importar mucho. Es cierto que las personas de clase media y clase trabajadora eran ligeramente más propensas a votar por la permanencia en la Unión Europea. Pero si eligiera a una persona al azar con una ocupación de clase media de la población, esto no predeciría muy bien cómo votó. Acertaría más que al azar, pero no sería mucho mejor.

Si consideramos todas las características sociales, como la edad, la educación, la clase social, la raza, o incluso la región, las ponemos todas en un modelo para intentar predecir el voto, no sale una predicción demasiado buena. Es mejor que el azar, pero no mucho mejor. Algunos de esos modelos tienen un 60% de probabilidades de acertar. Eso significa que el 40% de las veces se equivocan.

¿Por qué?

Una de las razones es que estos factores no están tan estrechamente relacionados como se podría pensar. La otra es que, por ejemplo, cuando hablamos de edad, nos referimos al grupo de mayor edad y al de menor edad y los comparamos. Hay una diferencia relativamente grande, pero la mayoría de las personas no están en el grupo de menor edad: están en el medio. Solo afecta a las personas en los extremos. 

Se trata más de gente que en 2015 o 2016 tenía una visión genérica de la UE, vagamente influenciada por su clase social, educación, edad o incluso la fuerza de su identidad nacional. Muchas de esas personas tenían opiniones bastante similares, que se situaban en un punto intermedio. La visión más habitual era “no me gusta mucho la UE; no quiero irme de ella”.

Una manera clásica de preguntar es dar más opciones. En un extremo, tienes un Estado federal de la UE. Y en el otro extremo, la salida de la UE. La respuesta más común elegida era quedarse y reducir las competencias de la UE. Pero esa no era una opción en la votación.

Una vez que has elegido, ese es el punto en el que diverges, porque entonces estás en un lado o en el otro en lugar de estar en un punto medio donde podrías cambiar de opinión con el tiempo. Hay características que apoyan esas opiniones y que forman el voto. Pero, en última instancia, lo importante es el voto en sí, porque eso separa a las personas en dos grupos.

En última instancia, lo importante es el voto en sí, porque eso separa a las personas en dos grupos.

¿No es correcto el cliché más común de que el Brexit fue el voto de la clase trabajadora contra la élite?

No me convence ese argumento. Por dos razones. Por un lado, la clase social, por sí sola, no predice bien el voto. La educación sí lo hace mucho mejor. No se trata de la clase social, al menos no de la posición económica.

Por otro lado, hay buenas razones por las que personas con diferentes trabajos o niveles educativos tienen opiniones diferentes sobre la pertenencia a la UE. Simplificando, si soy de clase media y tengo un alto nivel de cualificación, me beneficio de la pertenencia a la UE. En general, me beneficio de la mano de obra barata que viene del extranjero. Me beneficio de poder ir a trabajar al extranjero. Si tienes un trabajo de clase obrera, no te beneficias. Te enfrentas a una mayor competencia laboral. 

Pero la mayoría de la gente no hace asociaciones fuertes entre costes y beneficios. No veo que esto [el Brexit] fuera un rechazo a las élites. La evidencia de esto es muy débil. De hecho, no se trató de la desconfianza en el Gobierno, que sería lo obvio. Se trató más bien de la actitud de la gente hacia la pertenencia a la UE.

Su libro explica lo poco relevante que era la Unión Europea antes del referéndum más allá de las élites. ¿Tienen las élites políticas tanto poder todavía en el Reino Unido?

Cierto, la UE no era un tema relevante antes del referéndum… ¿Por qué me debería importar comparado con el servicio de salud, la situación económica o la inmigración? No es sorprendente. Tampoco es sorprendente que las élites se preocupen más al respecto, porque la UE siempre ha sido un proyecto liderado por las élites, basado en la idea del consenso permisivo, donde las élites deciden hacer algo y luego el público lo acepta... Además, si eres político, te interesan mucho los asuntos constitucionales y la soberanía de tu propio país, porque eres quien hace las leyes.

El referéndum de 1975 fue parecido. Había una gran mayoría a favor de quedarse para mantener el statu quo.

¿Podría estar ocurriendo esto de nuevo en el caso de la migración cuando las élites están poniendo tanto el foco ahí? 

Diría que siempre ha sido un tema muy relevante debido a las altas tasas de migración. Eso se volverá menos relevante si disminuyen. A la gente no le gusta y sigue sucediendo. Obviamente, la pandemia le restó importancia, igual que la guerra en Ucrania y los precios altos del gas y el petróleo, pero el tema ha vuelto porque esos otros factores han desaparecido o se han atenuado. 

Es una prioridad para la gente porque de verdad le importa. Y por eso los políticos hablan tanto de ello. Algunos preferirían no hacerlo, pero se han visto obligados.

¿Se puede hacer con la migración una equivalencia con la división de los bloques del Brexit?

Sí. Si nos fijamos en el apoyo a Reform, una gran parte corresponde a quienes votaron por la salida en el referéndum. Hay varias razones, pero una de ellas es que las actitudes de la gente hacia la inmigración coinciden hasta cierto punto con esa división, aunque mucha gente que votó por la permanencia también quiere reducir las tasas de inmigración. ¿Es a causa de los grupos identitarios? No estoy seguro. Pero hay correlación.

Las actitudes de la gente hacia la inmigración coinciden hasta cierto punto con esa división del Brexit

¿Cómo ve el resurgimiento de Farage en este contexto, con un tema tan difícil y divisivo en su pasado como el Brexit?

Quizás limite su apoyo. Sin el bagaje del Brexit, Reform lo tendría más fácil por el descontento con los partidos grandes. El reemplazo del Partido Conservador podría ocurrir, como ocurrió en Canadá. Pero esto lo dificulta, en cierto modo. Probablemente, hay un techo de los votantes que Reform puede atraer debido a la trayectoria de Farage como líder del UKIP y del Partido del Brexit. Si votaste por la permanencia, será difícil que votes por este partido.

Sin el bagaje del Brexit, Reform lo tendría más fácil por el descontento con los partidos grandes. El reemplazo del Partido Conservador podría ocurrir, como ocurrió en Canadá. Pero probablemente, hay un techo de los votantes que Reform puede atraer debido a la trayectoria de Farage como líder del UKIP y del Partido del Brexit. Si votaste por la permanencia, será difícil que votes por este partido.

¿Será entonces el Brexit un problema para Reform en última instancia?

Depende. Si el Partido Laborista ha logrado una mayoría con el 30% de los votos, quizás Reform también puede. Se trata más de cómo estén de divididas la izquierda y la derecha. Si hubiera un pacto electoral entre los conservadores y Reform, eso lo cambiaría todo y podrían obtener una gran mayoría.

El libro describe el Brexit como doloroso para mucha gente ¿La decisión de convocar un referéndum causó un problema comunitario?

¿Las elecciones causan problemas? También hay identidades partidistas y suelen ser bastante conflictivas. A la gente no le gusta la gente del partido contrario. Vemos esto históricamente en Gran Bretaña entre conservadores y laboristas. No hay mucha diferencia. La magnitud es un poco mayor en algunos casos. 

Tengo un proyecto que analiza la tolerancia política por partidos y vemos niveles bastante altos de intolerancia hacia la gente del otro bando. Damos a la gente dos descripciones de una manifestación. La mitad recibe una descripción de la manifestación organizada por los conservadores, la otra mitad por los sindicatos, y todo lo demás es exactamente igual. Decimos que hay mucha gente, los policías involucrados, calles cerradas… Si eres conservador, es mucho más probable que digas: “Sí, la protesta conservadora debería seguir adelante”, y viceversa. Son libertades civiles básicas, y, todavía peor, la gente le dice “no” al otro bando. 

No hacemos una comparación en términos de tolerancia con las identidades del Brexit. ¿Es malo que hayamos terminado con este tipo de división? Sí, pero solo en el mismo sentido en que es malo que terminemos con divisiones entre las etiquetas de partidos o los hinchas de equipos de fútbol. 

La mayoría de la gente hoy no estaría dispuesta a discriminar a las personas por su raza, sexo o religión. Pero está mucho más dispuesta a decir que lo haría y a hacerlo por creencias políticas. Si es un atributo selectivo, está bien; si es un atributo predefinido, está mal. ¿En realidad, cuál es la diferencia? Se trata de alguien diferente a ti.

En Gran Bretaña hace 50 años había mucha más discriminación racial. Y la gente estaba bastante dispuesta a admitirlo y a decir que pensaban que las personas de otra raza eran inferiores. Hoy muy pocos dirían eso, pero dirían frases parecidas sobre un grupo político opositor.

La mayoría de la gente hoy no estaría dispuesta a discriminar a las personas por su raza, sexo o religión. Pero está mucho más dispuesta a decir que lo haría y a hacerlo por creencias políticas

Pero ¿lo nuevo es la polarización afectiva, la pasión por la política como si fuera el fútbol? 

La mayor parte de la literatura académica sobre este tema está escrita por estadounidenses y se centra en Estados Unidos, donde, en el pasado, las personas tenían una identidad partidista muy fuerte, pero no se reflejaba en hostilidad hacia el otro bando. 

En cambio, en los países europeos, la situación era diferente: las personas tenían una afinidad ligeramente menor con su partido, estaba basado más en características sociales como la clase y la religión, y había mucha más animosidad hacia la gente del otro bando. En Gran Bretaña, era la distinción entre la clase trabajadora y la clase media. Había fricción que no existía en Estados Unidos, porque los demócratas y republicanos no se definían tanto por su clase y religión, o al menos la gente no los percibía así.

Lo que ha sucedido en Estados Unidos es que algunas de estas cosas se han alineado cada vez más. Tu religión, raza e ingresos predicen mejor tu voto que antes. Así la gente tiene una idea mejor de quién es ese tipo de persona en el otro bando. Y eso los hace más propensos a ser antagónicos.

¿Hay algo que aprender para otros países de lo que ocurrió en el Reino Unido?

Que las decisiones de élite, como las de Cameron para mantener a diputados de base de su lado… las decisiones relativamente apresuradas, pueden tener repercusiones masivas y duraderas. No solo en términos de la salida de Gran Bretaña de la UE, que, dependiendo de tu punto de vista, ha tenido un impacto grande o pequeño, sino en términos de cómo eso configura el escenario político para la próxima década de una manera bastante impredecible. 

La segunda cosa es que si hay un evento aislado, como un referéndum, que divide a la población de forma clara, mantiene su relevancia durante un tiempo. Si los partidos no están bien alineados, se dará una situación en la que se producirá una nueva división que se afianzará. Va a ser algo que perturbará el sistema de partidos existente.

Es irónico cómo algunos diputados conservadores estaban preocupados por el buen desempeño del UKIP en sus circunscripciones. Cuidado con lo que deseas. UKIP ha sido reemplazado por un partido mucho más exitoso. Al lidiar con ese problema, usaste un mazo para matar al ratón y derribaste tu propia casa. 

¿Diez años después del Brexit, cuál cree que es el mayor malentendido sobre lo que sucedió?

El mayor malentendido es que la opinión pública piensa que el problema es la otra parte…. No digo que todos sean teóricos de la conspiración. Muy pocas personas lo son. Se trata de pensar que la razón por la que esto sucedió de esta manera se debe a la ignorancia, la desinformación o a malas intenciones. ¿Y qué hay de tu lado? 

Cuando la gente habla de desinformación, nunca habla de que la desinformación se aplique a uno mismo. Siempre se aplica a otras personas, al otro bando. ¿Por qué va a ser diferente? Todos estamos involucrados en lo mismo, que es buscar lo que respalda nuestras opiniones, en última instancia. Y cada uno está en su propia burbuja de opiniones similares. 

¿Y entonces?

En cierto modo, se pierde el punto de que simplemente no estás de acuerdo y no pasa nada. Ambos grupos pueden llegar a conclusiones diferentes sobre una pregunta por intereses personales o puntos de vista diferentes sobre cómo debería ser el mundo.

Hay un estudio publicado sobre cómo las opiniones políticas de las personas son, al menos en parte, biológicas. Genéticamente, diferimos en lo que queremos y en cómo pensamos. Y hasta cierto punto, eso explica el tipo de política que quieres. Si eres una persona muy trabajadora, querrás un sistema de bienestar diferente al que buscas si eres muy perezoso.

Si le dices a la gente que hay una base genética, entonces ve la otra cara de una manera mucho mejor. El otro no es una mala persona; no es ignorante; no es estúpido; solo quiere algo diferente. El problema con el debate sobre la UE fue que no estaba enmarcado en términos de interés propio. Estaba enmarcado en términos de lo correcto. Lo correcto está en el ojo del observador.

Pero si nos remontamos 20 ó 30 años, se trataba de política de clases, y eso es diferente. Si eres de clase trabajadora, quieres algo porque te beneficiará. Si eres de clase media, quieres otra cosa porque te beneficiará. Puedes respetar a la persona del otro lado. Solo defiende sus propios intereses. Es una idea diferente a decir qué está bien y qué está mal.

¿Le parece una política más saludable?

Sí, en cierto modo lo es. Significa que ambos pueden respetar lo que la otra parte quiere, entenderlo y llegar a un acuerdo. Pero si piensas que la otra parte es estúpida o malvada, ¿por qué vas a tratar con ella? De hecho, no deberías ceder. ¿Por qué cederías con una persona malvada? Cuanto más te acercas a ese tipo de manera de ver a los otros, como actores egoístas, personas desinformadas y un poco estúpidas, más difícil es llegar a acuerdos.

El 25 de febrero, el Reino Unido empezará a aplicar de manera más estricta sus nuevas reglas de entrada en el país después del Brexit. La autorización de viaje que ya se exige a todos los ciudadanos de la UE que no sean residentes puede afectar, en particular, a británicos con doble nacionalidad. 

Los ciudadanos británicos que viven fuera de su país, igual que los irlandeses, no deben solicitar la autorización de viaje que pagan los demás no residentes de otros países en Europa. Los visitantes de España, como los del resto de la UE, deben rellenar un formulario llamado ETA por sus siglas en inglés y que cuesta unos 18 euros. Pero, a partir de la semana próxima, los británicos que tienen doble nacionalidad tendrán que enseñar un pasaporte británico o tener un documento especial adjunto al pasaporte de otro país que cuesta unos 670 euros.

Los ciudadanos con doble nacionalidad –algo más frecuente después del Brexit– hasta ahora tenían más formas de probar su ciudadanía británica y podían entrar en el país utilizando el pasaporte de su lugar habitual de residencia.

Además, los ciudadanos británicos no pueden pedir la autorización de entrada ETA como otros europeos. Si no pueden o no quieren renovar el pasaporte británico o no quieren tramitar el costoso papel adjunto, para seguir las reglas que se aplican a ciudadanos de la UE, tendrían que renunciar a su ciudadanía. Un factor de incertidumbre es que cuando el Gobierno británico anunció las nuevas reglas en noviembre, el formulario ya llevaba desde abril en vigor y ciudadanos con doble nacionalidad ya habían hecho este trámite, según denuncian organizaciones de derechos migratorios de británicos y europeos.

Británicos en España

Algunos países europeos ya obligan a renunciar a la ciudadanía original para conseguir la nacional. Eso sucede en España, por ejemplo, en el caso de británicos que no tengan progenitores españoles.

España sí permite mantener la ciudadanía de países latinoamericanos, y de algunos países con los que existen convenios, como Portugal y Francia. En la UE, esto no es tan relevante porque existe la libertad de movimiento y cualquier ciudadano puede instalarse, trabajar y estudiar en otro país.

El caso de España es especialmente importante para el Reino Unido, ya que es el país de la UE donde más británicos se concentran, con una comunidad estimada en más de 400.000 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023.

En caso de ciudadanos con doble nacionalidad española y británica, además, algunas organizaciones han señalado los problemas adicionales por la diferencia en el nombre en el caso de las mujeres casadas, puesto que en España no adoptan el apellido del marido y en el Reino Unido, la mayoría lo sigue haciendo. Además, en España se utilizan dos apellidos, y en el Reino Unido, uno.

Estas diferencias de identificación en dos pasaportes pueden crear problemas en la frontera o durante las renovaciones, y afectan especialmente a las mujeres. El contraste también se da con otros países de la UE, por ejemplo, en Grecia y en Países Bajos.

Doble nacionalidad desde el Brexit

La cantidad de británicos con ciudadanía de la UE se ha disparado desde el Brexit. Sólo contando a quienes han solicitado activamente otra nacionalidad –sin considerar quienes ya la tienen de manera automática por nacimiento y origen familiar–, el ritmo de peticiones se ha multiplicado por cuatro. Entre 2008 y 2016, el año del referéndum del Brexit, la media en el Reino Unido de aprobación de casos de doble nacionalidad con países de la UE era de 2.952 por trimestre; entre 2017 y 2025, fue de 13.036, según los datos del Ministerio del Interior británico. 

El Gobierno británico insiste en que ya ha dado suficiente tiempo de transición y ha comunicado las nuevas reglas sobre los ciudadanos británicos que viven fuera y tienen doble nacionalidad. También advierte que los operadores de transporte pueden negar el embarque a las “personas que no puedan dar una prueba satisfactoria de su elegibilidad para entrar en el Reino Unido”.

Si hay dudas sobre la documentación, los operadores tienden a ser conservadores por miedo a las penalizaciones para ellos. Las multas para aerolíneas, empresas ferroviarias o marítimas pueden ascender a más de 2.200 euros por pasajero. 

Falta de información

Los cambios post-Brexit afectan especialmente a ciudadanos que viven en países de la UE y que no estaban sometidos hasta ahora a estos controles. 

Varias organizaciones que defienden los derechos de los europeos en el Reino Unido y de los británicos que viven fuera se han quejado de la falta de información con tiempo y medios suficientes y han pedido en una carta conjunta al Gobierno británico una prórroga y más flexibilidad en las reglas.  

“No ha habido suficiente comunicación sobre esto, la mayoría se ha concentrado en que los visitantes soliciten la autorización de viaje”, explica a elDiario.es Monique Hawkins, directora de políticas públicas de the3Million, una organización civil que vela por los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido después del Brexit y una de las tres firmantes de la carta. “Muchos ciudadanos con doble nacionalidad que viven fuera no han renovado sus pasaportes británicos porque es un coste innecesario. Ahora de repente necesitan hacerlo o se arriesgan a no poder viajar al Reino Unido. Solicitar el pasaporte británico cuando vives fuera es engorroso y lleva mucho tiempo”.

Como recuerda Hawkins, esta es otra de las consecuencias no deseadas del Brexit, ya que los británicos con doble nacionalidad que ahora se pueden encontrar en este dilema tenían libertad de movimientos dentro de la UE.

También señala que otro de los problemas que puede haber en la frontera es para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y que siguen esperando respuesta para su solicitud de residencia. “Quienes todavía esperan una decisión –algunos de ellos durante años– pueden ser rechazados en la frontera del Reino Unido si viajan fuera e intentan volver”, dice Hawkins, cuya organización está intentando denunciar esta situación ante la justicia británica.

Hay decenas de miles de ciudadanos de la UE que esperan una decisión sobre su estatus o su revisión mientras el Ministerio del Interior tiene más de 100.000 solicitudes pendientes, según los últimos datos de septiembre. 

Diez años después del referéndum que aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Gobierno británico reconoce que su prioridad comercial para intentar resucitar su economía es una relación más cercana con el bloque que abandonó. 

“Hemos hecho acuerdos comerciales... Pero el premio gordo es claramente con la UE”, dijo este miércoles la ministra de Economía, Rachel Reeves, durante un evento en el Instituto Europeo de la London School of Economics. “La verdad es que la fuerza de la gravedad económica es la realidad. Casi la mitad de nuestro comercio es con la UE. Estoy de acuerdo en hacer acuerdos comerciales con India, Estados Unidos o Corea... pero ninguno de ellos va a ser tan grande como las relaciones comerciales con Europa”.

Reeves habló de más “integración” y más “alineación” del Reino Unido con las normas europeas en algunos sectores. La ministra mencionó, en particular, los servicios financieros, que es el gran negocio de Londres. También aseguró que en las próximas semanas puede haber avances en la cooperación de defensa, que el Reino Unido lleva meses negociando con Bruselas sin éxito.

La ministra dijo que aunque no esté de acuerdo con las tácticas de Donald Trump cree que “el diagnóstico” de Estados Unidos es correcto en relación con la competencia de China, y, por eso, reivindicó las normas comunes europeas. “Debe haber más colaboración entre los países que comparten valores”, dijo. “Me gustaría construir un club más grande de países afines”.

El Gobierno laborista prometió estrechar lazos con la UE, pero desde su llegada al poder, en julio de 2024, poco ha cambiado para un país que, según el plan de Boris Johnson, decidió romper todos sus vínculos con el club comunitario con una salida total del mercado único. El Ejecutivo de Keir Starmer ha hecho algunos ajustes para aligerar los controles en las fronteras de algunos productos, ha firmado un acuerdo para volver al programa Erasmus de intercambio de estudiantes con limitaciones y ha mejorado la relación diplomática con la UE, pero el aislamiento y las trabas para empresas e individuos siguen mermando las relaciones.

Los efectos del Brexit

Reeves está haciendo malabarismos en cada presupuesto por una economía que crece menos de las estimaciones del Gobierno, en parte por el lastre del aislamiento de su principal mercado. La ministra insistió en que para crecer más su país debe eliminar parte de las barreras que se impuso con el Brexit.

Desde la salida oficial del Reino Unido en la UE, en enero de 2020, los efectos económicos del Brexit se han ido notando a cámara lenta, pero han sido incluso peores de lo esperado. Hasta el año pasado, el PIB británico se había reducido entre un 6% y un 8% por el efecto del Brexit; la inversión, hasta un 18%, y el empleo hasta un 4%, según los cálculos del estudio más completo hasta la fecha. 

Casi en cada rincón de la economía británica se nota el impacto de la salida de la UE, desde las universidades –con menos estudiantes, profesores, becas y proyectos europeos– hasta las explotaciones agrícolas, con menos temporeros y menos mercado.

El comercio, esencial para la isla, ha caído desde entonces pese a los intentos de suplir las pérdidas con acuerdos con otros países, como Estados Unidos. Así, las exportaciones de los productos agrícolas británicos a la UE cayeron casi un 40% entre 2020 y 2025, según datos recién publicados. El sector agrícola, como otros esenciales como el sanitario y el de transporte, adolecen en particular la falta de trabajadores europeos. 

El Gobierno de Gibraltar ha aprobado el acuerdo suscrito entre la UE y Reino Unido y que regirá la relación del Peñón con los Veintisiete tras el Brexit, primer paso para su ratificación definitiva por la parte británica, mientras que a nivel europeo deberá ser refrendado por el Consejo y la Eurocámara. Según ha informado en un comunicado, el gabinete ministerial ha examinado “una versión del texto que aún no ha sido sometida a una revisión jurídica definitiva, aunque se considera poco probable que se produzcan cambios de carácter político durante dicho proceso legal”.

Bruselas y Londres anunciaron el pasado 17 de diciembre que se había conseguido cerrar el texto legal del acuerdo político sellado el 11 de junio, a falta de la revisión jurídica del mismo que su ratificación por ambas partes.

Tras ser informado sobre el contenido del tratado y de los documentos asociados al mismo por el fiscal general gibraltareño, Michael Llamas, en seis reuniones en las dos últimas semanas, el Gobierno del Peñón ha aprobado el acuerdo para su ratificación, “siempre que no se introduzcan cambios en el significado del texto aprobado durante la revisión legal”.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha felicitado de que “el gabinete ministerial haya dado luz verde a la ratificación del Tratado”.

Rumbo al Parlamento británico

Así las cosas, una vez que se disponga del texto definitivo, para lo que por el momento no hay fecha, este será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate. Tras su aprobación parlamentaria en el Peñón, el acuerdo seguirá el procedimiento de ratificación en el Parlamento británico.

Aquí, una vez que el tratado se presente en las cámaras, comienza un periodo de 21 días tras el que, si no hay un rechazo expreso, queda ratificado, conforme a la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010.

En caso de que la Cámara de los Comunes apruebe una resolución en contra de la ratificación, se inicia otro periodo de 21 días, un procedimiento que podría repetirse, lo que da a los Comunes en última instancia poder de veto a la hora de ratificar un tratado internacional.

Por lo que se refiere a la Cámara de los Lores, su opinión no es vinculante, por lo que el Gobierno puede obviarla, argumentado por qué es importante la ratificación, validando así el tratado.

Hace unas semanas, Zack Polanski, el líder del Partido Verde en Inglaterra y Gales, contó que el equipo de Zohran Mamdani le ofreció un encuentro en Nueva York. Tuvo que rechazarlo. El alcalde demócrata es el político al que más se le compara en casa, pero el británico no coge un avión desde hace más de una década y no quiere romper lo que para él es una cuestión de principios por ver a la nueva estrella de la izquierda estadounidense.

Polanski tiene 43 años frente a los 34 de Mamdani y representa a un partido minoritario con pocas opciones de escalar por el sistema electoral británico, pero desde que fue elegido como líder en septiembre ha disparado la intención de voto de los verdes y está aglutinando en particular el apoyo entre los más jóvenes y urbanitas decepcionados por el Partido Laborista. Como Mamdani, viene de la política local de una gran ciudad —es concejal de Londres— y dio sus primeros pasos profesionales en un escenario. También nació en una familia de inmigrantes y es atacado habitualmente por sus creencias religiosas. 

Polanski es la adaptación del apellido que él recuperó cuando tenía 18 años para recordar la historia de su familia judía, originaria de Letonia, que sufrió la persecución y tuvo que huir primero a Ucrania, luego a Polonia y finalmente a Reino Unido. Polanski había pensado de niño que sus bisabuelos se habían cambiado el apellido a Paulden por la persecución de los nazis, pero con los años descubrió que, en realidad, había sido por el antisemitismo al llegar a Reino Unido. 

Israel y Gaza

Polanski estudió en una escuela primaria judía a las afueras de Manchester y dice que se sentía “conectado” con Israel, aunque nunca había visitado el país. Durante años, no quería opinar sobre el Gobierno israelí o el conflicto en Oriente Próximo e incluso se sentía incómodo de que le preguntaran. “Mi respuesta habitual era que no soy un político judío. Soy un político que resulta ser judío, y no estoy aquí para contestar preguntas sobre Israel”, explicaba hace unos días en el popular pódcast The Rest is Politics. Pero su posición ha ido evolucionando y ahora es crítico con Israel y describe la guerra en Gaza como un “genocidio”. “No soy yo el que lo dice, lo dice casi cada experto en genocidio alrededor del mundo y lo dice Naciones Unidas”, explica.

Los votantes laboristas no están en su gran mayoría pasándose a Reform UK, sino a ‘no sé’, a los liberaldemócratas y, sobre todo, a los verdes de Zack Polanski (aproximadamente el doble de los que se pasan a Reform)

Ben Ansell — atedrático de Políticas de la Universidad de Oxford

Por algunas de estas declaraciones asegura que ha recibido ataques “duros” de algunas comunidades judías en el Reino Unido, si bien ya está acostumbrado, especialmente en redes sociales, a los insultos sobre su fe, su dentadura —tiene las palas algo separadas— y su vida personal. Cuando era adolescente, cuenta que sufrió acoso en su entorno por ser gay, en particular en un instituto no judío donde se sentía minoría por su religión y su identidad sexual. Ahora parte de los insultos que recibe también son homófobos. 

La discriminación es algo que volvió a ver incluso en sus primeros años en política, cuando se metió en 2015 en el Partido Liberaldemócrata y al entonces líder, un cristiano evangélico, Tim Farron, le costaba decir que el sexo entre personas gais no era un “pecado”. “Me sentí bastante decepcionado”, cuenta ahora Polanski. 

Teatro e hipnosis

Había llegado a la política después de años dedicándose al teatro —que estudió en la universidad en Georgia, en Estados Unidos— y después de una experiencia laboral variada que incluyó un trabajo como hipnoterapeuta. Una de sus primeras apariciones públicas que hizo fue en el diario The Sun en 2013, que contó que había hipnotizado a una mujer que quería tener los pechos más grandes como supuesta terapia para ayudarla. Entonces, el joven identificado como terapeuta presumió de que era “un nuevo enfoque” más barato que la cirugía. Polanski asegura ahora que el tabloide no reflejó bien lo que pasó, que fue idea de la mujer que le visitó y escribió el artículo, que se trataba de darle confianza en la imagen de su cuerpo y que nunca le cobró por la sesión. 

En septiembre de este año, cuando fue elegido líder del Partido Verde, Polanski pidió perdón por haber sugerido la conexión entre la hipnosis y la apariencia física y aseguró que ya se había disculpado 12 años atrás. También dijo, citando a un político laborista de los años 70: “No me importa de dónde vienes, lo importante es dónde vas”. 

Éxito en las encuestas

Adónde va está limitado en gran medida por el sistema electoral del Reino Unido, que en las elecciones generales elige en cada distrito electoral idéntico por población a un solo diputado por mayoría, lo que perjudica a los partidos pequeños, a menudo sin representación pese a un número sustancial de votos.

Ahora en la mayoría de las encuestas de intención de voto, el Partido Verde está empatado con el Partido Conservador y el Partido Liberaldemócrata, e incluso cerca del Partido Laborista: en el último sondeo de YouGov, el 16% de los ciudadanos apoya a los verdes frente al 19% que dice que respalda a los laboristas. 

El éxito de Polanski también ha coincidido con las disputas del nuevo partido de izquierda coliderado por Jeremy Corbyn, marcado por las peleas con su otra líder y la salida temprana de varios diputados.

Pensando en las elecciones generales de 2029, Polanski admite que podría tener que pactar con el Partido Laborista para evitar comerle terreno y acabar beneficiando a una coalición de los conservadores y la extrema derecha de Reform. Pero también dice que tendría que ser con otro líder, no con Keir Starmer y, en cualquier caso, espera ser muy competitivo en las elecciones municipales intermedias. El puesto más codiciado es la alcaldía de Londres, que se disputará en 2028. En la ciudad ya hay concejales pasándose del Partido Laborista a los verdes. 

Anti-Brexit

Una de las banderas más claras que está tomando el Partido Verde es la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea, que defiende abiertamente. En sus primeros años en política, Polanski hizo campaña contra el Brexit e incluso abucheó en 2016 a Corbyn, entonces líder del Partido Laborista, por no defender claramente la permanencia del Reino Unido en la UE. 

Ahora también critica con dureza la política migratoria del actual Gobierno laborista, que describe como “cruel” y ataca por su impacto económico y social. A veces, con sus dosis de polémica, como cuando hace unos días defendió en un programa de debate de la BBC la importancia de los inmigrantes en el Servicio Nacional de Salud con un argumento crudo: “Uno de cada cinco trabajadores de cuidados son extranjeros. No sé tú, pero yo no tengo muchas ganas de limpiarle el culo a alguien, y estoy muy agradecido a la gente que hace ese trabajo”, dijo, frente a los ataques de otro político. Luego explicó que su pareja trabaja en un centro dedicado a cuidados paliativos y sabe bien de qué está hablando. 

Algunos críticos le acusan de no estar presentando suficiente atención a la razón de ser de los verdes -la lucha contra el cambio climático-, pero Polanski dice que su partido tiene que ofrecer también un mensaje poderoso centrado en particular en la desigualdad. Pese a su interés por la economía, en el pódcast The Rest is Politics le costó explicar algunas de sus propuestas fiscales y confundió la deuda y el déficit. 

Polanski reconoce que no ha terminado el libro de Greta Thunberg y no tiene especial interés por las negociaciones internacionales como la COP, que critica por ser poco eficaz y demasiado corporativa. También cree que hay que ligar más los debates sobre el cambio climático a la seguridad alimentaria o la conservación del espacio natural más inmediato. 

Mientras el partido de Starmer sigue centrado en cómo conquistar a los votantes de extrema derecha, la realidad es que el Partido Laborista está perdiendo apoyos entre sus votantes a la izquierda. “Los votantes laboristas no están en su gran mayoría pasándose a Reform UK”, explica Ben Ansell, catedrático de Políticas de la Universidad de Oxford, “sino a ‘no sé’, a los liberaldemócratas y, sobre todo, a los verdes de Zack Polanski (aproximadamente el doble de los que se pasan a Reform)”.

El líder verde está dispuesto ahora a un “pacto de no agresión” con el Partido Laborista. Según contaron fuentes de su partido a Politico, a Polanski le preocupa contribuir a la victoria de Farage y ha dicho a sus colaboradores: “No me lo perdonaría a mí mismo”.

La Unión Europea y Reino Unido cierran un acuerdo para la nueva relación del bloque comunitario con Gibraltar tras el Brexit, seis meses después de que las partes anunciaran el fin de las negociaciones, lo que supone un paso más hacia la ratificación del futuro Tratado, aunque aún no es el definitivo para su entrada en vigor.

“El texto se encuentra actualmente bajo la revisión legal por parte de la Unión Europea y Reino Unido, antes de poder proceder con los respectivos procedimientos internos para la firma y conclusión del futuro acuerdo”, ha indicado un portavoz comunitario a Europa Press, tras confirmar que el texto legal se “completó” el pasado día 12.

El mismo portavoz ha destacado que el objetivo principal del futuro acuerdo es “garantizar la prosperidad” de toda la región y que ello se logrará “eliminando todas las barreras físicas” a la libre circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, “preservando al mismo tiempo el espacio sin fronteras Schengen, el Mercado Único y la Unión Aduanera. ”Esto aportará confianza y seguridad jurídica a la vida y al bienestar de los habitantes de toda la región, al promover la prosperidad compartida“, ha detallado.

Trámites

Con este paso se finalizan las negociaciones iniciadas hace casi cuatro años que dieron lugar a un acuerdo político el pasado 11 de junio. Todo ello, se logró tras una reunión en Bruselas entre el comisario encargado de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, y el ministro de Exteriores británico, David Lammy; en donde también estuvieron el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Una vez se complete la revisión legal por parte de Bruselas y Londres, para la que no hay un plazo fijado, el Tratado tendrá aún que ser traducido a todas las lenguas oficiales de la UE antes de que sea sometido al Consejo (gobiernos) para su adopción y el Parlamento Europeo vote su consentimiento.

“Falta de información”

Pese al éxito que reflejan los interlocutores, José Ignacio Landaluce (PP), alcalde de Algeciras, ha manifestado su “preocupación” por la falta de información pública sobre el contenido del tratado que regulará la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, solicitando “transparencia” y la “participación” de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Landaluce ha señalado que, aunque se habla de prosperidad compartida y de eliminación de barreras para el tránsito de personas y mercancías, los municipios del Campo de Gibraltar “siguen sin conocer los detalles concretos del acuerdo ni su impacto real” sobre cuestiones como empleo, actividad portuaria, control aduanero, movilidad diaria de miles de trabajadores y seguridad jurídica de la zona.

“Hablamos de fronteras, de controles, de fiscalidad, de competencia económica y de miles de trabajadores transfronterizos. No se puede pedir confianza sin transparencia”, ha subrayado Landaluce, quien ha reiterado que “cualquier acuerdo debe garantizar igualdad de condiciones, respeto a la legalidad vigente y beneficios reales para el conjunto del Campo de Gibraltar”.

“Optimismo y esperanza”

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, municipio que hace frontera con el Peñón, se ha mostrado “cauto” a la espera de ver en qué va a consistir este acuerdo, aunque viéndolo con “una mezcla de optimismo y esperanza”.

En un audio difundido a los medios que están “con una mezcla de optimismo, esperanza y, sobre todo, cautela”, a la espera de ver “en qué va a consistir este acuerdo, cómo va a afectar al día a día de nuestros vecinos y cuál va a ser el nuevo estatus quo con el que nos vamos a encontrar en relación a nuestros vecinos de Gibraltar”.

“Esperemos que con este acuerdo se acaben acometiendo una serie de problemas que ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que afectan fundamentalmente a nuestra ciudad y también al resto de la comarca”, ha manifestado Juan Franco.

Este miércoles se espera que se anuncie un acuerdo para el regreso del Reino Unido a Erasmus, el programa de intercambio de estudiantes de la UE, como parte de la iniciativa del Gobierno británico para estrechar las relaciones con Bruselas.

Según fuentes consultadas, ambas partes acordaron el martes los detalles finales del anuncio, con un plan para permitir que los alumnos británicos participen en el programa de la UE a partir de enero de 2027.

Según The Guardian, los estudiantes británicos también podrían participar en prácticas de formación profesional en el marco del programa Erasmus+, así como en intercambios universitarios.

Se cree que los ministros británicos están interesados en ampliar los beneficios del programa más allá de los intercambios académicos tradicionales de estudiantes universitarios a un sector más amplio de la población, incluyendo las zonas que votaron a favor del Brexit.

El ministro de Relaciones Exteriores de la UE, Nick Thomas-Symonds, y su homólogo de la UE, Maroš Šefčovič, se reunieron el miércoles pasado en Bruselas para hacer balance de las negociaciones hasta la fecha, y se cree que han logrado que Erasmus salga adelante.

El Reino Unido abandonó Erasmus tras el Brexit, cuando Boris Johnson afirmó que el programa no ofrecía una buena relación calidad-precio. El Gobierno laborista acordó reabrir las negociaciones en la cumbre entre el Reino Unido y la UE celebrada el pasado mes de mayo, y ha estado tratando de reducir el coste de la participación del Reino Unido.

La reincorporación del Reino Unido al programa Erasmus, dotado con 23 000 millones de libras esterlinas, ha sido una de las principales demandas de las capitales de la UE como parte de las conversaciones de «reinicio», junto con un acuerdo de movilidad que concedería a los jóvenes europeos el derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido durante varios años y a los británicos a hacer lo mismo en Europa.

Un rápido avance en el programa Erasmus ayudaría a los ministros a demostrar los progresos realizados en su esfuerzo por mejorar las relaciones con la UE. Las conversaciones para incorporarse al fondo de defensa del bloque, dotado con 131 000 millones de libras esterlinas, se rompieron el mes pasado después de que Francia exigiera que el Reino Unido contribuyera con 5700 millones de libras esterlinas a los presupuestos de la UE para que las empresas de defensa británicas pudieran licitar por contratos.

Las negociaciones sobre las exportaciones de alimentos, los mercados energéticos y el programa de movilidad juvenil también parecían estar estancadas, pero fuentes de ambas partes afirmaron que confiaban en que todos los elementos del acuerdo de «reinicio» se cerrarían.

El pasado mayo, la UE y el Reino Unido ya pactaron ajustes en su relación para aliviar los efectos del Brexit. En el acuerdo se incluía precisamente la posibilidad de que el Reino Unido volviera al programa Erasmus, además de un acuerdo pesquero para doce años, el compromiso de aligerar los controles de productos de comida y bebida en la frontera y más cooperación en defensa.

Ante el cambio de opinión pública sobre la UE, Keir Starmer declaró en una rueda de prensa celebrada en Londres hace dos semanas que “necesitamos acercarnos” a la UE, argumentando que la gente “tiene que madurar” al respecto y aceptar que ello requerirá “concesiones mutuas”.

Fuentes gubernamentales han informado a The Guardian de que el primer ministro, a cuyo gabinete se ha solicitado una declaración, está llevando a cabo un proceso “iterativo” con la UE y que en la próxima cumbre anual de reinicio, prevista para la primavera, se pondrán sobre la mesa nuevos temas.

Traducción de Virginia Sarabia

Las llegadas de refugiados a través del canal de la Mancha centran el debate político en el Reino Unido. También las de los trabajadores extranjeros contratados con visados y las de los estudiantes de fuera que, pagando más que los locales, financian las grandes universidades del país. 

El Gobierno laborista, con un consenso de izquierda a derecha bastante general, quiere reducir los números de todos, o al menos el dato convertido en tótem: la migración neta, es decir la diferencia entre las personas que llegan y las que se van. 

Mientras en otros lugares florecen debates sobre la abundancia, el Reino Unido abraza la escasez. Las cifras publicadas este jueves son un éxito según la visión local: la migración neta ha bajado, en parte porque más residentes en el Reino Unido han abandonado el país en el último año. 

Entre junio de 2024 y junio de 2025, la migración neta fue de 204.000 personas, el número más bajo desde 2021 y un 69% menos que el año anterior, según la oficina nacional de estadística. Algo menos de 900.000 emigraron al Reino Unido en ese tiempo, 400.000 menos que el año anterior, y casi 700.000 salieron del país, unas 43.000 personas más en comparación con los 12 meses previos. Se fueron de un país que apenas crece, sigue con precios récord, adolece de la escasez de trabajadores en sanidad, transporte y construcción, y comercia menos con el resto del mundo.

En este contexto, el nuevo presupuesto del Gobierno británico sube impuestos para mantener el gasto público en un ejemplo de equilibrismo con la escasez disponible. La Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria, la agencia independiente que asesora al Gobierno, asegura que ninguna de las medidas anunciadas este miércoles contribuirá al crecimiento. Entre un seis y un ocho por ciento de la riqueza de la última década se ha perdido por el Brexit, según el último gran estudio sobre el tema.

Pocos políticos defienden que la presencia de menos migrantes lleva a peores servicios públicos, que a su vez implica más enfado ciudadano y ascenso de populistas que culpan a los extranjeros y empujan restricciones que acaban empeorando el país, como explica en un gráfico elocuente el economista Jonathan Portes.

Hace unas semanas, Diego Rubio, el jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, explicó en un escenario en Londres un rato antes de que hablara el presidente español cuál es la elección relacionada con la inmigración, el comercio y las conexiones internacionales de las democracias en este momento: la disyuntiva entre aquellos países que eligen “permanecer cerrados” y muy probablemente se quedarán “estancados” y con problemas para controlar el déficit y mantener el Estado del Bienestar, y las “economías abiertas que crecen”.

El Reino Unido ya ha hecho su elección. Y no tiene buena pinta. 

La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, anunció este miércoles nuevas subidas de impuestos para una economía endeudada y que apenas crece, lastrada por el Brexit. El Gobierno laborista intenta así mantener el nivel de gasto público y aumentar algunas ayudas sociales.

El efecto lento, pero más profundo de lo esperado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha limitado las opciones del Estado británico ante una economía que ha sufrido más de lo esperado, según explica ahora Reeves para justificar un presupuesto con elecciones “necesarias” para “reconstruir” la economía británica.

“Esto no va de los últimos 14 meses, va de los anteriores 14 años”, dijo Reeves en la presentación del presupuesto público en el Parlamento, en referencia al tiempo del Partido Conservador en el poder. “El legado del Brexit y la pandemia, y las decisiones dañinas del partido ahora en la oposición de recorte del gasto público”.

Impuestos y gastos

Las retenciones de los asalariados, especialmente los que cobran rentas bajas y medias, subirán al congelar los tramos de tributación en lugar de actualizarlos según la inflación. De un lado, habrá más contribuyentes que antes no pagaban impuestos por estar por debajo del umbral mínimo; y de otro, aumentarán los cargos para los asalariados sobre todo en la franja media para el Reino Unido, según los cálculos del Financial Times. Reeves sostiene que sigue manteniendo la promesa del Partido Laborista de no subir los impuestos a la clase trabajadora porque no ha tocado los niveles de IRPF. La congelación de los umbrales es una medida que tomó el anterior gobierno conservador e iba a caducar en 2028, pero ahora el laborista alarga el efecto esa decisión otros tres años más, hasta el año fiscal 2030/2031.

Además, subirán impuestos para las viviendas más caras en propiedad, los fondos de pensiones, los dividendos, las apuestas online, los coches eléctricos y las admisiones de estudiantes universitarios extranjeros, entre una suma de medidas.

Con estos impuestos, Reeves espera poder cuadrar las cuentas para eliminar las restricciones aprobadas por el anterior gobierno conservador a la ayuda por hijos -quedó limitada a los primeros dos- y así luchar contra la pobreza infantil; congelar los precios de los billetes de tren -ya son los más caros de Europa- y bajar algunas tasas en las facturas eléctricas, entre las más elevadas del continente y que seguirán subiendo el año próximo. 

Reeves también anunció más ayudas para subsidiar comidas gratis y bibliotecas en las escuelas, pero subrayó sobre todo la importancia de quitar el límite de dos hijos para las ayudas a las familias con menos ingresos: esta decisión puede sacar a 450.000 niños de la pobreza, según los cálculos de la agencia independiente que asesora al Gobierno sobre las cuentas públicas.

Además, la ministra anunció el aumento del salario mínimo por encima del 4%. En el caso de los trabajadores mayores de 21 años, el mínimo permitido a la hora subirá el año que viene a 12,71 libras (14,47 euros). Y, en el de los jóvenes entre 18 y 20 años, que tienen su propio tramo, la subida será del 8,5% hasta 10,85 libras (12,25 euros). 

Pesimismo

Los anuncios llegan en un contexto de bajo crecimiento, precios altos, infraestructuras decrépitas, escasez de trabajadores y comercio menguante. La mayoría de los británicos creen que el Reino Unido está en recesión, aunque técnicamente no lo esté -no cumple con la definición de recesión de dos trimestres consecutivos de caída del PIB, según el último sondeo de la encuestadora More in Common. “El panorama es de verdadero pesimismo”, explicaba este lunes Luke Tryl, el director ejecutivo, en la presentación de sus datos, basados también en conversaciones en profundidad con grupos de votantes. Las palabras más habituales para describir el estado de la economía, según sus encuestas, son “malo”, “estancado” y “terrible”.

El Gobierno laborista tiene ahora el nivel más bajo de aprobación registrado por su encuesta, especialmente la ministra de Economía, que sale en varios sondeos como la peor valorada de todas las personas que han ocupado el puesto desde que hay datos comparables. Reeves también es la primera mujer en el cargo.

El descontento toca también a quienes votaron por Keir Starmer en las elecciones generales de julio de 2024: hasta un 27% de ellos dice ahora que Rishi Sunak, el último primer ministro conservador, sería mejor jefe de Gobierno que el laborista. En general, dos tercios de los votantes dicen que preferirían a Sunak, que terminó su mandato como el primer ministro más impopular y cosechó el peor resultado de la historia del Partido Conservador.

El lastre del Brexit

Uno de los grandes lastres de la economía, como también reconoce ahora Reeves, es el Brexit, cuyo efectos se han ido notando a cámara lenta desde antes de la salida oficial del Reino Unido de la UE, que fue en enero de 2020.

La ruptura con su principal socio y su principal mercado ha costado al Reino Unido entre un seis y un ocho por ciento del PIB por persona, según un nuevo estudio del National Bureau of Economic Research, un centenario centro de análisis económico de Estados Unidos, privado y sin ánimo de lucro. Uno de los autores del estudio es economista veterano en el Banco de Inglaterra, Philip Bunn. El centro ha presentado sus conclusiones a la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria, una agencia independiente que asesora al Gobierno británico y cuyo cálculo indicaba una pérdida de riqueza alrededor del 4% del PIB. 

El análisis destaca que “el efecto del Brexit se ha ido acumulando de manera gradual en el tiempo”, por ejemplo con una reducción de la inversión de hasta el 18% y el empleo y la productividad hasta el 4%. “Estos efectos muy negativos reflejan una combinación de elevada incertidumbre, reducción de la demanda, tiempo de gestión dedicado a otras tareas y creciente asignación ineficiente de recursos por el largo proceso del Brexit”, explica el estudio, que dice que las primeras estimaciones del efecto de la salida de la Unión Europea “fueron correctas con un horizonte de cinco años, pero subestimaron el impacto a lo largo de una década”. 

La Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria subrayó en su análisis del presupuesto anunciado este miércoles que las previsiones de crecimiento del Reino Unido a medio plazo siguen siendo “débiles” y reflejan “un ambiente más restrictivo para el comercio global igual que el impacto continuo del Brexit”. Su previsión es que la salida de la UE reduzca el comercio total de la economía británica un 15% a largo plazo.

La mayoría de la población en el Reino Unido cree ahora que el Brexit fue una decisión equivocada, pero el mayor artífice de la salida de la salida de la UE, Nigel Farage, es el líder del partido que encabeza la intención de voto en las encuestas. Farage, como una parte de la población, sostiene que el Brexit podría haber funcionado si los políticos lo hubieran gestionado de otra manera.

La mayoría de la población está a favor de que el Reino Unido vuelva a la UE, pero a la vez hay división sobre la necesidad de convocar otro referéndum en los próximos cinco años, según los últimos sondeos de junio.

Lo primero que la mayoría de la gente recuerda de Nathan Gill es su altura imponente. Con sus 193 centímetros de estatura, el exlíder del partido ultraderechista Reform UK en Gales sobresalía por encima de colegas y rivales, y sus botas vaqueras favoritas lo hacían todavía más alto.

De no ser por eso, este hombre de 52 años y voz suave habría pasado desapercibido entre los pintorescos personajes que acompañaban al líder del partido, Nigel Farage. Hasta hace poco, los perfiles que se escribían sobre él se centraban en su rareza como político: un miembro abstemio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que enarbolaba la bandera del Ukip (el partido precedesor del Partido del Brexit y luego de Reform) en el Parlamento de Gales, donde sus rivales le acusaban de no acudir a menudo.

Su imagen actual es notablemente diferente y perturbadora. Este viernes fue condenado a 10 años y medio de cárcel por el Tribunal Penal de Inglaterra y Gales tras declararse culpable por aceptar sobornos para favorecer a Rusia en sus discursos y entrevistas como miembro del Parlamento Europeo. Una caída en desgracia casi única en la política británica moderna, comparable tal vez a la de John Stonehouse, el prometedor diputado laborista reclutado a principios de los 60 por los servicios checos de espionaje.

La jueza Bobbie Cheema-Grubb dictó que el daño causado es “profundo” en un “abuso de una posición de autoridad significativa”, la ofensa se repitió en el tiempo y la revelación de las acciones del ex eurodiputado ha erosionado la confianza en las instituciones democráticas.

Pero la caída de Gill no es solo personal. Sus vínculos con Rusia generan preguntas incómodas también para Reform UK y su líder, Nigel Farage. Gill era uno de los principales lugartenientes de Farage cuando los dos estaban en Bruselas y, aunque el líder ultraderechista haya intentado distanciarse de él, varias personas que trabajaron con ellos en la capital belga han contado a The Guardian que tenían una relación estrecha.

“Postales” y “regalos de Navidad”

La caída de Gill se remonta a julio de 2021, cuando, en la cola de llegadas del aeropuerto internacional Dulles, en Washington, unos agentes del FBI detuvieron a Oleg Voloshyn, político ucraniano afín al Kremlin y a Viktor Medvedchuk, el oligarca ucraniano conocido en su país como el “príncipe oscuro” por su alianza y amistad duradera con Vladímir Putin.

Faltaba menos de un año para que Rusia comenzara la invasión a gran escala de Ucrania y Medvedchuk había sido acusado de traición. Sus canales de televisión, en los que emitía propaganda rusa, habían sido retirados de la parrilla. Voloshyn era su enviado en Occidente y estaba en el punto de mira de las autoridades estadounidenses.

En el teléfono de Voloshyn, el FBI encontró mensajes de WhatsApp en los que hablaba de pagos secretos a Gill. Fue puesto en libertad después de tres horas de interrogatorio, pero tanto Voloshyn como Medvedchuk quedarían señalados un año después por Estados Unidos como agentes de un complot del Kremlin para instalar a un gobierno títere en Ucrania.

Voloshyn era el otro acusado junto a Gill, pero ya se encontraba en Moscú, fuera del alcance de las autoridades británicas. En septiembre de 2021, dos meses después de la breve detención de Voloshyn, la policía antiterrorista arrestó a Gill en el aeropuerto de Manchester. Los agentes encontraron mensajes en su teléfono que demostraban un acuerdo con Voloshyn. Según la Fiscalía, Gill aceptó dinero en efectivo en al menos ocho ocasiones a cambio de declaraciones y opiniones que beneficiaban a Rusia.

La cantidad exacta no está clara, pero en los mensajes de WhatsApp entre él y Voloshyn se mencionan cantidades que suman al menos 10.000 libras esterlinas [unos 11.300 euros]. La policía asegura que se trataron de al menos cuatro veces más. La acusación habló este viernes de sobornos de “varios miles” de libras, y la jueza dijo que no es posible precisar cuánto recibió con certeza.

Al leerlas ahora, aquellas declaraciones públicas de Gill parecen sutiles, pero sirvieron para crear un ambiente propicio para la guerra de propaganda que el Kremlin libraba para presentar a los líderes ucranianos afines a Occidente como represivos.

Nathan [Gill] ocupaba un lugar único en el partido. Era la figura central en Gales

Fuente anónima

A cambio de su cooperación en esta secreta campaña de relaciones públicas, Gill recibió “postales” y “regalos de Navidad”, los nombres en clave del dinero percibido. Eran su recompensa por pronunciar discursos en el Parlamento Europeo y conceder entrevistas televisivas con guiones escritos por Voloshyn.

En respuesta por correo electrónico a The Guardian, Voloshyn desmiente haber actuado bajo órdenes del servicio de espionaje ruso FSB, como sostienen las autoridades de Reino Unido y EEUU. Insiste en que los pagos, que solían ser de entre 4.000 y 5.000 libras esterlinas cada uno [entre 4.500 y 5.700 euros], no eran sobornos, sino honorarios a cambio de su aparición en los medios. Describe a Gill como un “humilde” padre de cinco hijos, que “claramente no es rico” y que está siendo “víctima de una conspiración geopolítica”.

La enrevesada historia de Gill y Voloshyn genera nuevas preguntas sobre cómo Rusia ha intentado cultivar contactos dentro de la política británica. David Coburn y Jonathan Arnott también trabajaban en Bruselas como eurodiputados del bloque Ukip de Farage, cuando en octubre de 2018 viajaron junto a Gill a Ucrania en una visita durante la que fueron entrevistados por el canal prorrusso 112 Ucrania, asociado a Medvedchuk.

Seis semanas más tarde, el 11 de diciembre de 2018, los tres eurodiputados hicieron declaraciones similares durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la libertad de prensa en Ucrania y sobre la decisión de permitir que el país ingrese en la Unión Europea (UE). Gill fue el primero en hablar. Tras expresar su “plena solidaridad por Ucrania”, añadió: “Es un error combatir la represión con represión”. Según los fiscales británicos, Voloshyn le había entregado a Gill el guion de ese discurso el 7 de diciembre de 2018.

Arnott y Coburn hablaron a continuación. El primero pidió al Gobierno ucraniano que garantizara la libertad de prensa “en un contexto de violencia contra los periodistas y del cierre propuesto de canales de televisión”. Coburn acusó a los dirigentes de Kiev de “no estar a la altura” en materia de libertad de prensa, acusándolos de “conspirar” para cerrar el canal ‘112 Ucrania’ y cuestionando si el país era apto para adherirse a la UE. Gill y Coburn formaban parte en ese momento del nuevo consejo “internacional” del canal, junto con Voloshyn y otros.

No hay indicios de que Coburn o Arnott aceptaran sobornos como Gill. Contactado por The Guardian, Arnott ha rechazado tener vínculos con Rusia o haber actuado en su interés, recordando otra parte de su discurso en la que decía que “la mejor respuesta a la pérdida de libertad es aumentar la libertad”. “Creo que eso proporciona un poco de contexto a lo que decía en el discurso y explica mi punto de vista; la represión de la libertad de expresión por parte de Rusia no debe contrarrestarse con la misma represión por parte de Ucrania”, dice. The Guardian también ha tratado de contactar con Coburn, sin éxito.

En su intercambio por correo electrónico con The Guardian, Voloshyn responde que la cadena 112 Ucrania “debería haber” cubierto los gastos de viaje de los eurodiputados durante la visita de 2018. Pero en los hechos, y según las declaraciones de los tres ante el Parlamento Europeo, los billetes fueron sufragados por el Centro Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, una tapadera creada por agentes del espionaje ruso apropiándose del nombre de una organización genuina. 

El polaco Janusz Niedźwiecki, presidente ficticio de esa organización pantalla, fue detenido en 2021 en su país como sospechoso de espiar para Rusia. Arnott dijo que, de haber sabido que el dinero para el viaje procedía de agentes rusos, “obviamente no habría participado en ninguna visita en esas condiciones”.

Red de contactos

Farage ha tenido que responder varias preguntas sobre el alcance de su relación con Voloshyn. Nadia Sass, esposa de Voloshyn y periodista de la cadena 112 Ucrania, escribió el año pasado en la red social X que “echaría de menos a Nigel Farage y a su equipo” junto a una foto que podría ser de 2018 en la que ella y Farage aparecen fuera del Parlamento Europeo.

En otro tuit se podía ver una foto de Farage sosteniendo una camiseta donde se leía la frase “Leave and Let Die #brexit” [juego de palabras que alude a la canción ‘Live and Let Die’, donde la palabra live tiene una pronunciación similar a la de la campaña leave por la salida de Reino Unido de la UE], aparentemente tomada en 2018 en la oficina de Gill en Estrasburgo. Según Voloshyn, que dice no haber hablado nunca con Farage, su esposa se la entregó a Farage porque tenía un negocio de camisetas con mensajes políticos y buscaba una forma de promocionarlas.

“Nigel Farage se encuentra con miles de personas cada año; cientos de ellos piden hacerse una foto con él”, dice un portavoz de Farage. “Las acciones del señor Gill, que [Farage] condena enérgicamente, le han sorprendido y enfadado de manera profunda”. El portavoz también afirma que Farage no tenía ningún conocimiento de las “vergonzosas actividades” de Gill.

Pero tanto el polaco Niedźwiecki como el ucraniano Voloshyn parecen haber ampliado su red de contactos más allá de las sucesivas encarnaciones de los partidos de Farage. Los dos aparecen mencionados en los correos electrónicos de alerta que el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, envió a todos los diputados de Westminster en julio de 2021 y enero de 2022.

Se entiende que varios diputados se pusieron en contacto con los servicios de seguridad después de que Hoyle alertara de los intentos de Voloshyn de conseguir que varios políticos del Parlamento británico apoyaran políticas que coincidían con los intereses del Gobierno ruso.

Sir John Whittingdale, exministro británico y presidente de la comisión parlamentaria pluripartidista sobre Ucrania, dice haber conocido a Voloshyn cuando era “la mano derecha” de Kostyantyn Gryshchenko, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania durante el mandato del presidente prorruso Viktor Yanukóvich. “Alrededor de 2012 fui como observador a unas elecciones, y [en 2018] lo vi una vez a petición suya en Westminster junto a Nadia Sass [la esposa de Voloshyn]”, dice Whittingdale a The Guardian. “Según recuerdo, se quejaban de que el Gobierno [ucraniano] restringiera y acosara a su canal de televisión”. “Ahora ha sido identificado como un agente ruso, pero cuando le conocí trabajaba para el [anterior] Gobierno ucraniano, que era bastante prorruso”, añade.

No hay indicios de que Whittingdale ni otros diputados conservadores, como Mark Pritchard, que tenía programado participar junto a Sass durante una mesa redonda en Londres, se vean comprometidos por su relación con Voloshyn.

De obispo mormón a político

Como se esperaba, Gill fuera ha pagado el precio más alto. La admisión de culpabilidad que hizo en septiembre por ocho sobornos recibidos entre el 6 de diciembre de 2018 y el 18 de julio de 2019 pilló a los fiscales por sorpresa. Tras comparecer ante el tribunal de magistrados de Westminster y con el rostro pálido, Gill se declaró culpable antes de entregar su pasaporte y registrarse en la policía de Anglesey, cumpliendo con la orden de la corte.

No creo que [Gill] fuera lo suficientemente avispado como para entender de verdad en qué se había involucrado, la verdad es que es muy triste

Alex Phillips — Exasesora de prensa de Gill

Antes de entrar en política, Gill había ejercido durante seis años como obispo mormón en Anglesey, la isla galesa donde vive junto a su esposa y a sus hijos. Allí también había gestionado un antiguo negocio fundado por su familia y dedicado a prestar servicios en residencias de ancianos, con la mayor parte de sus operaciones en la ciudad de Hull. Tras la crisis financiera de 2008, la empresa quebró con una deuda de 116.000 libras esterlinas [unos 132.000 euros].

Después de eso trató de hacerse una carrera en política, con varios fracasos en las elecciones municipales y regionales antes de ser elegido finalmente eurodiputado del Ukip en 2014. Tras las penas que pasó gestionando un negocio en dificultades y sus fracasos electorales, Gill había llegado por fin al centro político de Bruselas, codeándose con el ecléctico grupo de lobbies y visitantes internacionales del Parlamento Europeo. Fue entonces cuando le surgió un interés, hasta entonces desconocido, por los asuntos internacionales.

Farage ha intentado tomar distancia de Gill. En declaraciones a la cadena BBC dijo haberse quedado “atónito” al saber que el antiguo líder de su partido en Gales aceptaba sobornos. “No sabía nada al respecto; lo único que sabía era que había estado en Ucrania; le dije que no fuera, él me desobedeció y se fue, yo no tenía ni idea de las declaraciones que había hecho”, respondió Farage cuando le preguntaron si había interrogado a Gill sobre sus declaraciones.

Pero muchas personas que trabajaron con Gill y Farage en Estrasburgo y en Bruselas sostienen que los dos hombres mantenían una relación cercana. Gill fue descrito como el “ejecutor” y como la “mano derecha” de Farage por personas que también decían recordar que sus oficinas estaban pegadas. “Gill estaba muy involucrado en la organización, era la mano derecha de Farage, su oficina estaba justo al lado de la de Farage”, dice a The Guardian un eurodiputado del Ukip de esa época.

“Nathan [Gill] ocupaba un lugar único en el partido”, dice otra fuente. “Era la figura central en Gales, y David [Coburn] lo era en Escocia; David me resultaba bastante difícil, podía ser muy directo; era muy leal a Nigel [Farage]”.

Las vulnerabilidades personales de Gill también son las que las agencias de espionaje extranjeras buscan aprovechar. “Hay un trasfondo trágico en todo esto, es evidente que se cebaron con alguien vulnerable económicamente”, dice Alex Phillips, una antigua asesora de prensa de Gill que también trabajó junto a él como eurodiputada del Partido del Brexit.

Phillips asegura estar “tan sorprendida como todo el mundo” por la detención de Gill, tras lo que ella acudió voluntariamente a la Policía metropolitana para comunicar su desconocimiento absoluto sobre las actividades secretas. “No creo que [Gill] fuera lo suficientemente avispado como para entender de verdad en qué se había involucrado, la verdad es que es muy triste”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido en el Congreso para explicar el “acuerdo histórico” alcanzado en junio con Reino Unido y la Comisión Europea para establecer el nuevo estatus de Gibraltar tras el Brexit entre críticas del PP y Vox, que le han acusado de haber cedido en la reclamación de la soberanía de España sobre el Peñón. El jefe de la diplomacia española ha criticado la “hipocresía” de los populares al recordarles que las negociaciones comenzaron durante el mandato de Mariano Rajoy y el entonces ministro de Exteriores que aseguró que la soberanía no era “el asunto” de esas conversaciones.

El portavoz del PP, Carlos Floriano, ha dedicado el grueso de su intervención a cuestionar la “solidez internacional” de España por los casos de corrupción que afectan al Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de “dar noticias de política exterior que lo tapen todo”. Es más, ha asegurado que el acuerdo sobre Gibraltar, que se cerró en una reunión en Bruselas a la que acudieron Albares, su homólogo británico y el comisario de Seguridad Económica, Maros Sefcovic, se alcanzó el 11 de junio por la publicación de un informe de la UCO.

“Bastó la publicación del informe de la UCO para que ese día se anunciara el acuerdo con Gibraltar. Es su práctica habitual. Para el informe de la UCO, el acuerdo de Gibraltar”, ha dicho el diputado del PP. Las negociaciones se habían intensificado en las semanas anteriores y en Bruselas se daba por hecho el acuerdo antes de que se filtrara el informe de la Guardia Civil que apuntaba a la recepción de mordidas por parte del exministro José Luis Ábalos.

“El señor Albares no podía esperar más y no da ni un paso en el asunto de la soberanía. Su silencio y decir que no renuncia a nada no nos impide más que pensar que algo malo habra detrás. Hubiera sido posible plantear algo en términos de soberanía. Plantear la cosoberanía para resolver el acuerdo”, ha planteado Floriano.

En esa misma línea, el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha dicho que el acuerdo supone la “constatación de que España ha perdido una oportunidad histórica para avanzar en la recuperación de nuestra soberanía sobre la roca”. El diputado de la ultraderecha ha dicho que “la calculada ambigüedad del acuerdo sobre la cuestión de la soberanía favorece al Reino Unido” y que la integración de Gibraltar en el espacio Schengen así como en la futura Unión Aduanera de la UE “refrendan” la soberanía en manos de Reino Unido, como se estableció en el Tratado de Utrecht.

El representante de Vox ha dicho que es una “torpeza no incluir siquiera la promesa de seguir negociando sobre el asunto” y que es una “vergonzosa abdicación” de la responsabilidad del ministro de “velar por la recuperación de nuestra integridad territorial, el retorno del Peñón a la soberanía española”. “Esto constituye una felonía y una traición de la que son responsables usted y quien le mantiene”, ha zanjado.

Albares ha respondido al PP recordando que sus representantes en el Campo de Gibraltar y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, han aplaudido el acuerdo. Y ha tirado de hemeroteca para reprochar la “hipocresía” de los conservadores dado que el ministro Alfonso Dastis, con quien se iniciaron esas negociaciones, aseguró que “la recuperación de la soberanía de Gibraltar” no condicionaría “un acuerdo entre la UE y Reino Unido”. “La soberanía no va a ser un problema”, dijo en 2017. “¿Por qué tanta hipocresía cuando está en juego el bienestar de los ciudadanos?”, se ha preguntado el jefe de la diplomacia.

Al diputado de Vox le ha recordado que “rendición” fue la palabra que usaron los tabloides británicos y los diputados de la ultraderecha para calificar el acuerdo. “Los ultras siempre se dan la mano y siempre están de acuerdo”, ha afirmado.

Sobre las críticas más generalizadas que ha recibido por no haber presentado el texto, Albares ha recordado que lo que se firmó fue una base para el acuerdo y que es la Comisión Europea la que tiene que redactarlo y presentarlo ante el Parlamento Europeo. “Está terminando las correcciones jurídicas y las traducciones”, ha dicho el ministro, que se ha mostrado convencido de que el PP español votará a favor en la Eurocámara.

A Alex Ellis (Londres, 1967) se le nota que está contento de ser embajador de Reino Unido en España. Y más esta semana, que se produjo uno de los eventos para los que lleva trabajando desde que llegó a Madrid hace justo un año: un encuentro entre Pedro Sánchez y el primer ministro, Keir Starmer, para la firma de un marco bilateral estratégico entre los dos países. Una cita de esas características no se había producido en los últimos siete años, fundamentalmente por el Brexit. Sin duda el gran hito de la diplomacia entre los dos países fue el acuerdo alcanzado en junio sobre el nuevo estatus de Gibraltar, que se resistió cinco años tras el acuerdo de salida de la Unión Europea.

El embajador recibió este viernes a elDiario.es en su despacho, situado en uno de los últimos pisos de una de las cuatro torres que caracterizan ya el skyline de Madrid. Su discurso se centra en la política de “reset” que ha iniciado el líder laborista para impulsar las relaciones con la UE. “Los grandes países europeos tenemos que juntarnos más en un contexto nuevo”, explica sobre una situación diferente que atribuye a la invasión rusa de Ucrania, desafíos internacionales, como la emergencia climática, y la decisión de Donald Trump de desvincularse de la seguridad de Europa.

¿El acuerdo con Gibraltar marca un antes y un después en las relaciones entre España y Reino Unido?

Marca un después, después de nuestra salida de la Unión Europea. El acuerdo se ha hecho para resolver las consecuencias de nuestra salida de la Unión Europea. Me alegro de haber conseguido el acuerdo político entre las cuatro partes y haber abierto el camino para tener el relanzamiento de nuestra relación en la reunión de esta semana entre el presidente Sánchez y el primer ministro, Keir Starmer. Es un acuerdo importante que, al final, debe beneficiar a los seres humanos en esta parte de España y en Gibraltar, para establecer el flujo de personas y de bienes entre los dos, entre Gibraltar y la Línea.

¿Por qué se ha tardado tanto en cerrar el acuerdo?

Es un acuerdo muy técnico, muy complejo, que permite este flujo comercial y humano en una situación en la que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea y, al mismo tiempo, respeta la posición de soberanía de los dos países. Reconciliar esas tres cosas no ha sido fácil. Técnicamente es difícil, políticamente es difícil; pero lo hemos conseguido.

Cerrar el acuerdo de Gibraltar necesitó un empujón político

¿Tienen marcado en rojo un día en la agenda para que se ejecute el acuerdo, para cerrar el texto?

Hay varias etapas. Tenemos que cerrar el texto jurídico porque es un acuerdo legal. Después tenemos que ratificarlo. Luego tenemos que implementarlo. No pongo un día en rojo, pero hay un compromiso claro de todas las partes para llegar a implementar el acuerdo lo más rápidamente posible.

¿Cree que la coexistencia de dos gobiernos progresistas, en Madrid y en Londres, ha facilitado el entendimiento?

Lo más importante ha sido el deseo político para cerrar el acuerdo. Lo que diría es que fue evidente el deseo por parte del ministro Albares y también de nuestro ministro, de la Comisión Europea y de Fabián Picardo [ministro principal de Gibraltar]. Eso fue lo esencial, porque nosotros, los técnicos, los diplomáticos, podemos trabajar hasta un cierto punto, pero al final se necesita un empujón político.

Hace unos meses, el ministro Albares dijo que se necesitaban “dos para bailar tango” y que la pelota estaba en el tejado de Londres. La percepción aquí ha sido que el empujón se ha producido cuando ha llegado Starmer al Gobierno. No sé si es errónea.

Hubo un encuentro entre los dos ministros en mi primera semana [como embajador en Madrid], en septiembre del año pasado en Londres. Creo que entendieron el deseo político para hacer eso y que había necesidad de tomar las decisiones políticas.

¿Cómo diría que son las relaciones entre España y Reino Unido?

Fenomenal, una palabra especial española [bromea]. Lo importante es lo que ha pasado esta semana: la primera reunión bilateral en siete años. Es impresionante. Es terrible que hayamos tardado tanto tiempo en hacerlo. Me alegro de que hemos conseguido finalmente relanzar una vieja amistad. Somos aliados y amigos en un nuevo contexto internacional que ha cambiado mucho. Primero, un elemento esencial fue cerrar el acuerdo sobre Gibraltar, pero después mirar adelante para un abanico muy largo de cuestiones.

¿Y por qué no se habían producido en siete años este tipo de encuentros? ¿Era solo por Gibraltar?

También en parte por el Brexit. Hubo una reunión corta entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro Starmer en la Comunidad Política Europea, en julio del año pasado, que marcó el deseo para rehacer la relación en un contexto nuevo. Mi trabajo desde que llegué aquí ha sido eso, básicamente la preparación, resolver las cuestiones y mirar para adelante, porque el mundo en que estamos es un mundo en que dos grandes gobiernos europeos tenemos que trabajar más en conjunto.

¿Diría que el Brexit les ha paralizado un poco desde el punto de vista de la política internacional?

No, pero el Brexit requirió una negociación con la Unión Europea para la salida, después la negociación del futuro y lo que Starmer ha hecho cuando llegó es un reset, restablecer relaciones más cercanas con la UE, que hemos conseguido en mayo de este año y después eso tenemos que implementarlo y ha dado una energía nueva para la relación con la Unión Europea y con los principales Estados miembros. Por eso hemos hecho un reset con Francia, con Alemania en julio, y ahora con España en septiembre.

Lo esencial es que todos los socios de la OTAN van a aumentar el gasto. La cuestión no es sólo el número, sino también cómo hacerlo.

Respecto al acuerdo que se firmó el miércoles, ¿en qué tipo de inversiones se está trabajando?

La cantidad de inversiones ya es enorme. Reino Unido es el mayor receptor de inversiones españolas en Europa; el segundo en el mundo, después de los Estados Unidos. Iberdrola está en el camino de ser el mayor distribuidor de electricidad en Reino Unido. Santander es uno de los principales bancos en el Reino Unido, acaba de comprar TSB, de Sabadell. Telefónica invierte muchísimo. Y viceversa. Reino Unido es uno de los cinco principales inversores.

Sectores que yo destacaría son la transición energética, con empresas como Octopus, que es nuevo, antiguas empresas como BP; la tecnología, y la defensa, donde tenemos ahora Navantia como vector inversor en Reino Unido en la construcción de buques para la Armada británica. Queremos más flujo de defensa porque es un sector que va a crecer mucho en la próxima década por la situación que tenemos en Europa.

¿Qué le parece a Reino Unido la posición que ha tenido España en el seno de la OTAN de negarse a llegar al 5% del PIB en gasto militar?

Lo esencial es que todos los socios de la OTAN van a aumentar el gasto. Eso es evidente. La cuestión no es solamente el número, sino también cómo hacerlo. Uno de los elementos del marco estratégico que los dos líderes han firmado es la defensa de la industria de defensa. Gastar más, muy bien; pero gastar de forma más eficiente, con objetivos compartidos, es lo esencial.

Ha hablado de las inversiones de Reino Unido en la industria militar española, ¿al revés hay algún tipo de plan?

Es lo que queremos. Ya hay una relación bastante buena entre Navantia y varias empresas británicas y una de las áreas que queremos explorar es cómo podemos establecer un flujo de inversión, de ideas y de tecnología entre los dos países, en los dos sentidos.

En el Gobierno español estaban muy contentos con la reunión con Starmer y una de las cosas que decían es que antes en la relación bilateral probablemente solo se hablaba del independentismo en España, de la crisis con Catalunya y que ahora no; y viceversa, que antes solo se hablaba del Brexit, de la ruptura y que ahora la relación era diferente. ¿Cómo se percibe a España políticamente en el Reino Unido?

La reunión de esta semana ha pasado página de casi una década sin tener una relación estratégica. Eso es lo que estamos estableciendo ahora, y menos por razones de política interna, sino más por el mundo en que estamos actualmente. Primero con la invasión de territorio europeo por Rusia. Segundo, por la continuidad de los temas internacionales, que son problemas transversales, como el clima. Y tercero, el mundo en que los Estados Unidos ha dicho que van a reducir su presidencia militar en Europa. Los grandes países europeos tenemos que juntarnos más en un contexto nuevo, en que nosotros somos parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Tenemos que rehacer esas alianzas en este contexto nuevo y eso es básicamente lo que hemos hecho con el Marco Estratégico esta semana.

Usted ha hablado de la estabilidad del Gobierno de Starmer, de la mayoría parlamentaria que tiene. No es la mayoría que tiene Sánchez aquí, le está costando sacar los presupuestos. Entiendo que usted escribe informes para Londres sobre la situación política en España, aunque diga que no es un comentarista de la política. ¿Qué es lo que traslada esos informes?

[Ríe] Es evidente que los dos gobiernos tienen un deseo compartido, que en este mundo, queremos trabajar más en común. Y eso fue evidente desde mi llegada aquí: el compromiso político para llegar a un acuerdo sobre Gibraltar, el compromiso político para hacer más en común en defensa, el compromiso político para aumentar la relación económica ya es grande. La política interna de España la dejo para los excelentes periodistas españoles y para los electores españoles, que no soy uno de ellos.

A lo que me refiero es a si traslada una cierta preocupación por la inestabilidad que puede tener el Gobierno.

Eso lo dejo para los periódicos. Yo tengo siempre que mantener el ojo en el horizonte del mundo en que estamos y en la Europa que estamos actualmente. España y Reino Unido son dos grandes países europeos que tienen una visión internacional también. Mi primer predecesor llegó aquí hace más de 500 años y ya en 1509 había una relación bilateral con visión para el resto del mundo, y eso tenemos que mantenerlo, porque el mundo es totalmente distinto del mundo que conocí cuando empecé en la diplomacia hace 35 años. Hay claro los altos y bajos de gobiernos y de sociedades y economías, es normal. Pero lo esencial es mantener los ojos en el horizonte, en la realidad geopolítica y geoeconómica que tenemos actualmente.

Cuanta mayor presión consistente sobre Israel, mejor.

Uno de los puntos de acuerdo que destacaron tanto Sánchez como Starmer en la reunión del miércoles en materia de política internacional, más allá de Ucrania, fue la respuesta a la masacre en Gaza. España espera a sus socios europeos para ir tomando decisiones y está paralizado. ¿Se está negociando algo en conjunto de respuesta de España y Reino Unido a Israel o también con la Unión Europea?

Hay un alineamiento en las políticas de España y Reino Unido en la situación actual en Gaza. Nosotros estamos apoyando con ayuda monetaria y estamos ayudando para la evacuación de niños de los hospitales en Gaza. Estamos haciendo varias formas de presión sobre el Gobierno israelí para un alto al fuego que permita que la ayuda humanitaria llegue a las personas que necesitan. Hemos suspendido las negociaciones para el acuerdo de libre comercio con Israel. Hemos suspendido varias licencias de exportación de armas a Israel. Estamos haciendo lo que podemos hacer. Yo creo que España también.

También ponemos eso siempre en la perspectiva de una paz duradera. La situación es de ultraje en Gaza y la hambruna, que no es inevitable, es la consecuencia de decisiones humanas. Más allá de la situación inmediata en Gaza y Cisjordania, tenemos que poner eso en un contexto que necesita una paz duradera con la solución de los dos estados y, por eso, vamos probablemente a reconocer el Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas al final de este mes. Depende un poco de las acciones del Gobierno israelí, pero no han hecho las cosas que queremos.

¿Cree que una mayor presión por parte de la Unión Europea en línea con lo que está haciendo Reino Unido podría hacer cambiar al Gobierno de Israel?

Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos, los elementos para presionar al Gobierno israelí para que haya un alto el fuego que permita que la ayuda llegue a Gaza. También estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos sobre eso. Cuanta mayor presión consistente, mejor. Pero al final tiene que haber una solución de dos Estados y Hamás tiene que liberar incondicionalmente los rehenes que todavía queden en Gaza. Es importante recordar que a quien no le gusta nada la solución de los Estados es a Hamás. Entonces hay siempre varios elementos, pero estamos haciendo lo que podemos hacer. Sobre la Unión Europea, eso lo dejo para los Estados miembros de la Unión Europea.

Volviendo al acuerdo, uno de los puntos por los que se pasa de puntillas es la migración. La respuesta que dan los dos países es distinta. ¿Saca Reino Unido alguna lección de la posición de España respecto a la migración, que aquí está siendo uno de los motores del crecimiento económico?

Los dos gobiernos tienen interés compartido en entender mutuamente cómo podemos gestionar la inmigración ilegal en los países de origen y tránsito. Estuvo aquí nuestra ministra de Interior en junio hablando con su homólogo español sobre eso. Muchos países europeos tenemos ahora un reto, que es que la migración legal se dé de una forma sostenible, y una respuesta a la lucha contra la inmigración ilegal. En Reino Unido tenemos una lucha bastante fuerte contra la inmigración ilegal. Por eso el Gobierno ha tomado varias medidas.

Es una preocupación popular, en las encuestas la inmigración y la inmigración ilegal sigue siendo el número uno de preocupación de la gente. Cualquier gobierno en esa situación tiene que enfrentar la cuestión. Tenemos una gran historia de ser un país abierto, desde Arturo Barea –que voy a seguir leyendo sus memorias– hasta Mikel Arteta, gran entrenador del mejor club de fútbol del mundo. Reino Unido es un país atractivo, pero al mismo tiempo tenemos que luchar contra el abuso del sistema. En parte es una lucha contra las bandas criminales que se aprovechan.

¿Cree que tiene razón la población a la hora de estar preocupada por la migración? Hay otros problemas, como la deuda, la situación económica...

Un embajador representa a su país, no comenta si la población tiene razón o no.

En su labor como embajador, ¿le ocupa espacio la preocupación por el auge de la extrema derecha?

Mi trabajo es representar los intereses británicos en este país. No soy comentarista político. Y yo trabajo como representación del Gobierno elegido en Reino Unido, que es un gobierno de la izquierda con mandato para cinco años y con una mayoría amplia. Ese es mi trabajo, entrar en la parte de política doméstica lo dejo para los políticos y para los periodistas, que son mucho mejores que yo.

Ha hablado de la migración ilegal, pero también se están tomando medidas con respecto a la migración legal. Hay una cosa que preocupa en Bruselas y es el acuerdo para la movilidad de jóvenes que está bloqueado o paralizado. ¿Está buscando Londres acuerdos bilaterales con países como España, que a lo mejor le preocupan menos, para no tener que llegar a un acuerdo con la UE?

No, porque una parte del acuerdo alcanzado en mayo de este año entre Reino Unido y la Unión Europea fue un acuerdo para investigar y seguir un mecanismo para jóvenes. Ahora hay un mandato a los dos lados para la negociación. La Unión Europea tiene sus intereses y nosotros, también. Creo que eso seguirá adelante. No diría que hay un bloqueo. Yo diría que lo que hay es el típico proceso de negociación.

Catorce meses después de haber ganado las elecciones con una mayoría abrumadora en la Cámara de los Comunes, Keir Starmer está en apuros. El primer ministro británico aceptó este viernes la dimisión de Angela Rayner, su gran aliada y el símbolo de la “clase trabajadora”, y tuvo que remodelar de urgencia su Gobierno, cada vez más impopular.

La vice primera ministra, ministra de Vivienda y segunda también del Partido Laborista deja sus puestos después de haber pagado una tasa menor de la debida en la compra de un piso el pasado mayo en lo que, según ella y según una investigación ética independiente, es un error no intencionado. 

Su salida provocó la remodelación inmediata del Gobierno. El sustituto de Rayner como vice primer ministro es David Lammy, hasta ahora ministro de Exteriores y que pasa a Justicia. La nueva jefa de la diplomacia británica será Yvette Cooper, hasta ahora en Interior, una cartera que ocupa ahora la ministra que estaba en Justicia, Shabana Mahmooud. Rachel Reeves sigue siendo la canciller, encargada del Tesoro. Así las tres grandes carteras -Exteriores, Interior y Economía- están en manos de mujeres por primera vez en un Gobierno británico. También nombró nuevos ministros en Vivienda, Medio Ambiente y relaciones con Escocia.

En cualquier caso, en la mayoría de los casos son las mismas caras en un gabinete que tiene el reto de cambiar su imagen ante un público descontento con todos las opciones políticas que tiene. Starmer también hizo cambios en varios cargos del Partido Laborista, que ahora tendrá que celebrar una votación interna para elegir a un número dos.

Descontento general

Ahora el 70% de los ciudadanos dicen tener una opinión negativa del Gobierno, incluidos cerca de un 60% de votantes identificados como laboristas, según la última encuesta de YouGov. El nivel de descontento es casi idéntico al que sentían los encuestados en junio de 2024 en las últimas semanas de vida del Ejecutivo del Partido Conservador. Ante el hundimiento de ambos partidos, el principal beneficiario es hasta ahora Nigel Farage. Su partido de extrema derecha, Reform, va el primero en las encuestas de intención de voto, si bien los encuestados dicen preferir un gobierno de Starmer a uno de Farage si se les presenta ese dilema (que en teoría no se presentará hasta las generales, previstas en 2029).

La hasta ahora vice primera ministra era más popular que Starmer, pero también había bajado en consideración ante la opinión pública. Rayner, en particular, sufría desde hacía meses las portadas de los diarios que la criticaban por sus ideas, su ropa o su supuesta hipocresía al pedir subidas de impuestos para los más ricos. Una investigación del Mail on Sunday el año pasado sobre la venta de una vivienda de protección oficial en 2015 aseguraba que no había pagado lo suficiente en impuestos, pero en ese caso Hacienda le dio la razón a Rayner después de una investigación pedida por el Partido Conservador.

La dimisión llegó este viernes después de que Rayner pidiera asesoramiento fiscal para examinar sus cuentas por las informaciones publicadas por el Daily Mail y el Telegraph sobre la compra de un piso y la clasificación como vivienda principal.

Rayner anunció su renuncia en cuanto recibió la carta del consejero independiente sobre el código ético del Gobierno que decía que no había cumplido con “los estándares más altos posibles de conducta apropiada” al no haber buscado más asesoría fiscal para la compra del piso el pasado mayo en un caso especialmente complicado por su situación familiar. La política laborista había vendido su parte de la casa que compartía con su exmarido y que ahora es propiedad de un fondo fiduciario a nombre de uno de los hijos de la pareja, un adolescente de 17 años con discapacidad. El consejero independiente, Laurie Magnus, reconoció “la integridad” de Rayner, pero aun así concluyó que había violado el código ético del Gobierno. 

Rayner, de 45 años, era la interlocutora habitual con el ala más a la izquierda del partido, y la que conectaba con colegas y periodistas más fácilmente que el más distante Starmer. A menudo, su historia personal destacaba en medio de una clase política dominada por las élites económicas: Rayner fue madre adolescente en una pequeña ciudad del norte de Inglaterra y abandonó el colegio para trabajar y mantener a su familia en una vivienda de protección oficial. Volvió a estudiar y logró un título como asistente de cuidados sociales. Se metió en política a través de los sindicatos locales y es diputada nacional desde 2015.

Starmer, que tuvo algún enfrentamiento con ella cuando el partido estaba en la oposición, había forjado una buena relación política con Rayner, y este mismo miércoles dijo que estaba “orgulloso” de sentarse a su lado. Además de ser la número dos del Gobierno, Starmer le había encomendado una de las tareas que obsesionan al Gobierno: la construcción y la mejoría de viviendas y la ayuda para corregir la fuerte desigualdad regional. 

Desigualdad regional, precios disparados

La pobreza fuera de Londres es una de las lacras del país, que sigue sufriendo por servicios deteriorados, precios altos para la electricidad y otras necesidades básicas, y un crecimiento de la economía anémico. Mientras el agujero fiscal se sigue agrandando, el coste de pedir prestado para el Estado se ha disparado a niveles que no se registraban desde 1998 y el Ejecutivo ya cuenta con más subidas de impuestos en otoño para no seguir recortando el gasto público.

Starmer ha reculado en algunos intentos de reducir programas de ayudas a largo plazo para quienes no trabajan por discapacidad o enfermedad o la ayuda universal para pagar la factura eléctrica que reciben todos los pensionistas. Las quejas de su propio partido le han hecho dar marcha atrás, y a la vez el desequilibrio fiscal sigue aumentando mientras no llega la receta a la que el primer ministro fiaba todo: el crecimiento económico.

La incertidumbre provocada por los aranceles de la Administración Trump y el aislamiento comercial y laboral del Brexit siguen perjudicando a la economía británica. 

Mientras ni los baches ni los trenes mejoran, la minoría que propulsó la salida del Reino Unido de la Unión Europea se ha concentrado alrededor del partido de Farage. El líder de Reform, que habló este viernes en el congreso de su partido, dijo que su intención es “devolver la grandeza” al Reino Unido, o, en inglés, “make Britain great again”.

En su primera reunión formal en Downing Street, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han firmado este miércoles un compromiso de cooperación que promete más inversiones en defensa, energía y otros sectores clave para empresas de los dos países. Además, hablaron de las guerras en Ucrania y en Gaza, que el presidente español mencionó como ejemplo de uno de los asuntos en los que los dos gobiernos están “alineados”.

Sánchez y Starmer formalizaron un pacto para estrechar relaciones políticas y económicas, como está haciendo el Reino Unido con otros países europeos después del Brexit, y apadrinaron una reunión entre grandes empresas. Con tono cordial, ambos líderes comentaron ante las cámaras sus preocupaciones comunes.

“Somos dos gobiernos alineados en muchos asuntos, en muchas políticas... Estamos en perfecta sintonía sobre algunos debates globales, como el cambio climático, Ucrania o la terrible tragedia que afrontamos en Gaza”, dijo Sánchez, en inglés, después de la reunión, y sentado junto a Starmer, que también mencionó en particular la “terrible situación” en Gaza. El acuerdo de cooperación firmado entre los líderes menciona la coordinación de “iniciativas para promover la solución de los dos Estados y el Estado palestino” y “apoyar una estrategia de seguridad regional que integre plenamente a Israel”.

El Gobierno laborista es uno de los que está considerando ahora el reconocimiento del Estado palestino, ha roto sus negociaciones comerciales con Israel y ha sancionado a ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu y a colonos en Cisjordania, pero ha sido criticado a menudo por, por ejemplo, no aplicar un embargo total de armas a Israel. Además, el Gobierno de Starmer decidió meter este verano en la lista de organizaciones terroristas a un grupo llamado Palestine Action, que entró en una base militar en junio para protestar, y esto ha llevado a la detención de cientos de personas en protestas que lo apoyan.

La posición de Sánchez sobre Gaza estaba muy destacaba este miércoles en Londres también en la portada del diario The Guardian, que abría su edición en papel con una entrevista en la que el presidente del Gobierno se quejaba del bloqueo de la Unión Europea.

Reunión con empresarios

Después de la cita entre Sánchez y Starmer, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la canciller británica, Rachel Reeves, se reunieron con representantes de compañías de ambos países, entre ellas, del lado español, Iberdrola, Santander, Telefónica y Navantia, la empresa pública de construcción naval civil y militar que acaba de comprar el histórico astillero de Irlanda del Norte donde se construyó el Titanic. Del lado británico, están invitadas empresas energéticas como BP, Octopus y SSE, y varias del sector de defensa. 

Los gobiernos, según el documento firmado, se han comprometido a crear “un entorno favorable” para que las empresas comercien e inviertan más, y a celebrar foros con directivos de empresas españolas y británicas de manera periódica. El documento menciona la pequeñas y medianas empresas, aunque en la reunión de este miércoles las representadas eran compañías muy grandes, y un posible acuerdo para que sea más fácil entrar en el Reino Unido en el caso de “viajes cortos de negocios”. La declaración conjunta apoya también la idea de eliminar obstáculos para que jóvenes puedan estudiar y trabajar en el Reino Unido y España, pero subraya que esto “no debe confundirse con el concepto de migración”, que el Gobierno laborista quiere reducir.

Cooperación en seguridad y defensa

Además, el documento menciona la cooperación en materia de seguridad y defensa, en particular en relación con “ciberataques rusos, el sabotaje, las injerencias extranjeras, la manipulación de la información, los asesinatos y el espionaje”. La declaración también subraya “la asociación estratégica UE-OTAN” como “esencial para la seguridad y la prosperidad de la región euroatlántica” y promete “cooperación” entre las fuerzas armadas de ambos países.

El Reino Unido estima que podrá llegar a un gasto de defensa y seguridad nacional en sentido amplio del 4,1% del PIB para 2027, y aquí cuenta no sólo la expansión de gasto tradicional en armamento o mejoría de instalaciones militares, sino gastos más generales para la seguridad, como el refuerzo de la red energética, la ciberseguridad, la mejoría de la red ferroviaria y hasta el control de fronteras. Las empresas españolas presentes en la reunión, que ya trabajan en el Reino Unido, pueden beneficiarse de más contratos públicos, que, según los datos recién publicados por el Ministerio de Defensa británico, suelen ser más lucrativos para las empresas no británicas aunque la mayoría vayan para las locales.

Los detalles de Gibraltar

Pese a haber firmado un acuerdo de cooperación muy amplio, Sánchez y Starmer no entraron en detalles sobre el desarrollo del acuerdo para el nuevo estatus de Gibraltar, que todavía depende de un texto legislativo que está en proceso de elaboración y deberá ser aprobado por las partes, incluido el Parlamento Europeo. En todo caso, los gobiernos esperan derribar la verja de entrada al Peñón, y con ella los controles para personas y bienes, a principios de 2026. 

El estatus de Gibraltar tras el Brexit ha sido uno de los obstáculos que los gobiernos esperaban resolver antes de reunirse y que llevaba pendiente desde la salida oficial del Reino Unido de la UE, en enero de 2020. El pacto político del pasado junio ha facilitado la reunión y la firma del acuerdo bilateral. Pero los detalles fiscales, laborales, comerciales y migratorios clave quedan pendientes de un proceso que llevará meses completar. El borrador del texto legal, según fuentes británicas, suma 200 páginas por su complejidad dada la cantidad de asuntos incluidos, y el tratado para resolver los primeros asuntos se espera este otoño.

Poco trato 

Pese a su supuesta sintonía ideológica, Sánchez y Starmer apenas han tenido trato personal desde la llegada al poder del primer ministro británico en julio de 2024. 

El laborista ha invitado ya dos veces al Reino Unido al presidente francés Emmanuel Macron, incluyendo una visita de Estado de tres días este julio, y le ha visitado otras tantas para encuentros bilaterales en París. Es habitual que el Reino Unido tenga más trato con Francia, su vecino y un país parecido en tamaño y peso internacional, pero Starmer también ha tenido más relación con líderes de países más periféricos, como la primera italiana, Giorgia Meloni, con la que ya ha mantenido tres reuniones formales, o de países más pequeños que España, como el primer ministro polaco, Donald Tusk, con quien Starmer se reunió en enero en Varsovia. 

Además, el primer ministro británico suele hablar a menudo por teléfono con otros líderes europeos, pero apenas lo ha hecho con Sánchez, según la información pública de Downing Street. Su último contacto telefónico bilateral fue el 11 de junio tras el anuncio del acuerdo para Gibraltar. En todo caso, como recordó Starmer, han pasado siete años desde la última visita de un presidente español a Downing Street.

Coalición de dispuestos

Una de las prioridades internacionales de Starmer es una posible misión para mantener la paz en Ucrania si hay un cese de hostilidades, pero el Gobierno español ha estado entre los más tímidos a la hora de ofrecer recursos. Este jueves está previsto que el presidente Sánchez asista a la reunión de la “coalición de dispuestos” en París.

En Europa, más allá de Francia y Alemania, Starmer también ha trabado alianzas con gobiernos que pueden ayudar a suavizar la difícil relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo el presidente finlandés. 

De otro lado, Starmer ha tejido acuerdos sobre la respuesta a la guerra en Gaza con otros países, como el caso de Canadá y Noruega, con cuyos gobiernos coordinó sanciones contra varios ministros del Gobierno israelí. Los tres países están fuera de la Unión Europea, y por tanto tienen más margen para imponer por su cuenta estos castigos.