El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Alcoi ha desestimado la demanda interpuesta por la muerte de 15 personas y las lesiones de otras tres en la residencia de la tercera edad DomusVi durante la pandemia de Covid-19, en la que sus familiares reclamaban más de 2,2 millones en indemnizaciones, al descartar una actuación negligente por parte de la empresa que gestiona el centro. En la residencia fallecieron 74 personas a causa de la pandemia.

El titular del órgano judicial ha tomado esta decisión en una sentencia de 257 páginas que ha sido notificada este jueves a las partes, tras analizar de forma exhaustiva la prueba documental y las declaraciones de los numerosos testigos y peritos que intervinieron en el juicio, que se celebró entre los días 30 de septiembre y 10 de octubre del pasado año.

El juez ha concluido que no ha quedado acreditado que la mercantil demandada, Quavitae Servicios Asistenciales SAU, incurriera en una conducta negligente respecto a la entrada del virus en el geriátrico, a su propagación ni a la atención dispensada a los residentes.

Así, recuerda que una residencia no es un hospital y que la negligencia médica que los demandantes atribuyen a la empresa “no es asimilable a las que se busca imputar en los supuestos de exclusiva mala praxis del profesional sanitario”, pues los profesionales del geriátrico se vieron “condicionados por una falta de medios que no les resulta imputable”.

“La situación de pandemia que vivimos a partir de marzo de 2020 en España no entra dentro de ningún tipo de margen de normalidad” -razona el juzgador- y “superó los límites de cualquier actividad sociosanitaria, por muy bien provista de medios que estuviera”.

“Desabastecimiento total” de profesionales

De hecho, la aparición del virus Sars-Cov-2 provocó un “desabastecimiento total del profesional sanitario y sociosanitario disponible en el mercado laboral”, al igual que ocurrió con la falta de material, “una cuestión que afectó a nivel internacional” y que no puede por tanto imputarse a la empresa demandada, precisa a continuación.

El juez explica que un “enjuiciamiento justo” de este litigio exige partir “no de lo que se conoce ahora del virus, casi cinco años después del origen de la pandemia, sino de lo que se conocía entonces, a finales de febrero (de 2020), cuando ni siquiera la comunidad científica había concretado que el contagio se producía por microgotas y no por gotas de mayor tamaño, como inicialmente se sostuvo”. 

De hecho, “si nuestro Poder Ejecutivo no pudo prever ni prevenir la pandemia, no es menester exigirlo a una persona jurídico-privada, que cuanto menos se llegó a adelantar en ciertas actuaciones a las recomendaciones y directrices autonómicas”, afirma.

Así, sobre la posible falta de profesionales para atender a los residentes, la sentencia detalla que la residencia DomusVi cumplía a partir de marzo de 2020, “más que ampliamente, las ratios de personal” y contrató a “numerosos trabajadores, siempre en la medida de lo posible, para hacer frente a las nuevas necesidades ocasionadas por el virus”.

“Tampoco es responsable la codemandada de las bajas que durante el periodo de pandemia se ocasionaran por el contagio de sus trabajadores, y de no poder suplir estas bajas con nuevos empleados”, puntualiza el juez.

La resolución analiza pormenorizadamente las declaraciones de los múltiples testigos que intervinieron en el juicio y se detiene, en mayor medida, en la del que fuera jefe de la sección de Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoi.

De esas testificales, el juzgador aprecia “una contradicción evidente en distintos puntos” que impide concretar en qué momento, como dijo el citado testigo, “había residentes enfermos por toda la residencia”.

Igualmente, muchos extremos de su testimonio, como el hecho de que encontrara a dos fallecidos en una visita, tampoco han podido ser acreditados por otras pruebas.

No se podía evitar la entrada de la Covid en la residencia

La sentencia descarta que pudiera evitarse la entrada del Covid en la residencia, “incluso aunque se hubiera conseguido más material sanitario”, debido al número de trabajadores, de residentes y de familiares que iban de visitas, tal y como así reconocieron incluso peritos de los demandantes.

Lo mismo ocurrió con la propagación del virus, respecto a la que señala que era “muy difícil, casi imposible, elaborar una estrategia para impedirla”, dado el periodo de incubación previa de la enfermedad, en el que no aparecen síntomas, o la existencia de contagiados asintomáticos.

En cualquier caso, DomusVi de Alcoi trató ya los días 8 y 9 de marzo de 2020 “de restringir al máximo posible las visitas de todos los familiares” y adoptó cambios de habitaciones como “medida de asilamiento o sectorización”, argumenta el juez.

Además, las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias, que fueron adoptadas por la Generalitat el día 10 de ese mes, exigían el aislamiento de un residente solo cuando aparecieran síntomas de contagio y en la residencia alcoyana esos síntomas “no tienen lugar sino hasta el 14 de marzo”, tras confirmarse dos positivos en el hospital de la ciudad.

No hubo desatención

No hubo por tanto para el juzgador una desatención de los residentes derivada de la falta de personal en el centro ni tampoco un incumplimiento por parte de la empresa de los protocolos vigentes.

“No se ignoraron avisos, advertencias o recomendaciones” -puntualiza- máxime cuando en esos momentos “el mensaje desde las instituciones públicas era el de tranquilidad, tal y como demuestra la celebración de eventos festivos, sociales y deportivos y culturales que tuvieron lugar durante las fechas inmediatamente anteriores a la declaración del estado de alarma”.

El juez también descarta una conducta negligente en el hecho de que no se derivara a residentes contagiados a hospitales, pues el de referencia, Virgen de los Lirios de Alcoi, “se encontraba al límite al tiempo del brote en la residencia” y comunicó a la residencia que no estaba en situación de atenderlos.

Por otro lado, informes forenses aportados por la empresa demandada desaconsejaban esa derivación por esa situación de colapso del hospital y las patologías previas y la avanzada edad de los residentes y establecían que en el centro residencial podían recibir “un mejor trato, o cuanto menos más humano”.

La resolución judicial también repasa el historial clínico de cada uno de los fallecidos y concluye que no hay pruebas de que DomusVi fuese “negligente en la prestación de los servicios sanitarios, sociosanitarios y de rehabilitación” de esas 15 personas fallecidas ni infringiese las reglas de la denominada lex artis respecto a los tres residentes que resultaron lesionados.

El juez también entiende que no se dan en este caso los requisitos que fija la jurisprudencia del Tribunal Supremo para establecer una “relación de causalidad entre una eventual conducta negligente en la prestación de servicios sanitarios, sociosanitarios y de rehabilitación” por la empresa y los daños por los que se reclama su responsabilidad contractual.

Por otra parte, absuelve a la aseguradora de la residencia, Mapfre, a la que habían demandado tanto Quavitae como los actores principales, tras declarar la validez de una cláusula de la póliza contratada con la residencia que limitaba la cobertura temporal de ésta hasta el 31 de diciembre de 2020, ya que la primera reclamación que se dirigió a la compañía se produjo fuera de ese periodo, concretamente el 10 de marzo de 2021.

En cuanto a las costas procesales, y aunque el juez no alberga “dudas respecto al fondo al momento de resolver”, no se imponen a los demandantes principales las causadas a Quavitae porque “pudo existir” esas dudas “al tiempo de interponer la demanda”.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de 20 días.

El juzgado de Alcoi que ha investigado durante años a un grupo de extrema derecha ha decidido abrir juicio oral contra cinco de sus integrantes por intentar formar un supuesto partido político para difundir el odio, la violencia y la discriminación. Los cinco acusados irán al banquillo por delitos de odio, en algunos casos en concurso con desórdenes públicos, pero no por el delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en un primer momento.

La 'operación Ario' desmanteló en este grupo de extrema derecha en las primeras semanas de 2022 con varias detenciones en la Comunidad Valenciana pero también en Madrid y Cataluña. Una investigación que, en principio, perseguía a los autores de un ataque incendiario a un local LGTBI de la ciudad alicantina y en la difusión de propaganda nazi a través de un grupo de WhatsApp, blogs y diversos perfiles en internet. También se investigó la posesión de armas por parte de uno de ellos y la planificación de seguimientos a políticos de izquierdas.

El grupo, según la instrucción del caso, se reunió en 2020 en un grupo de WhatsApp llamado “NacionalDemócrata” en el que, bajo la apariencia de crear un partido político de ultraderecha, en realidad tenían la finalidad de “promover el odio, la violencia y la discriminación” contra judíos, homosexuales o negros. Así como planificar actos violentos que nunca llevaron a cabo. “Promover actos violentos de naturaleza política, aunque no consta que llevaran ninguno a la práctica”, dijo el juez en el auto de procesamiento.

Ahora el juzgado ha dado el siguiente paso y ha decretado la apertura de juicio oral contra ellos, que se celebrará en la Audiencia de Alicante. El delito de asociación ilícita que se les atribuyó en un primer momento queda descartado y el juicio se centrará en delitos de odio en varias modalidades, entre ellas “negación y trivialización del genocidio judío” así como desórdenes públicos.

Ana María C., directora de la residencia de Domus Vi en Alcoi durante la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, declaró este miércoles en condición de testigo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoi en el primer juicio en España por la vía civil contra la entidad gestora de una residencia de mayores. La mujer aseguró que no había falta de personal en la residencia privada de titularidad pública, a pesar de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas multó al centro con una sanción muy grave de 40.000 euros por falta de personal en un expediente iniciado pocos meses antes de la pandemia. La sanción, tal como informó este diario, reprochaba que la residencia no disponía del “personal establecido por la normativa reguladora de cada servicio, tanto en la dedicación como en la calificación profesional exigida y necesaria para el ejercicio de sus funciones”.

El departamento autonómico, que vio “riesgo y peligro para las personas usuarias”, constató que faltaban un médico y un técnico de animación sociocultural, según recordaba la testigo, que aseguró que el facultativo contratado tras la inspección “estuvo muy poco tiempo y luego ya se fue”. La testigo no recordaba si se sustituyó al médico.

Ya en plena pandemia, se contrató a una médico “para ampliar el equipo” y la Conselleria de Sanitat, tras tomar el control de la residencia el 18 de marzo de 2020, envió a una segunda doctora de refuerzo.

La testigo reconoció que el médico de la residencia, Hernán S., también realizaba guardias en el Hospital Virgen de los Lirios. “Tenía su jornada de lunes a viernes y pasaba las horas que tenía que hacer en el centro. Su horario era flexible porque tenía que ir al hospital”, explicó la antigua directora de la residencia.

Ana María C. también relató que los dos años anteriores a la pandemia hubo en la residencia sendos brotes de gastroenteritis. También confirmó que en 2019, varios familiares de residentes firmaron un escrito con su “percepción de que el personal era insuficiente”.

La noche del 13 de marzo de 2020, víspera de la declaración del estado de alarma, un primer residente dio positivo en Covid en el hospital al que había sido trasladado. “Nuestra prioridad era evitar que entrara en virus al centro”, dijo la antigua directora. Como en casi todo el país, las mascarillas eran insuficientes. A partir del 14 de marzo, en la residencia empezaron a tomar medidas con los pocos recursos con los que contaban. Dos días después, falleció el primer residente contagiado de Covid.

La directora de la residencia refutó la descripción del médico Manuel Pérez, jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Virgen de los Lirios, sobre el “caos” y la “hecatombe” que aseguraba haber presenciado en la residencia de Domus Vi. La testigo aseguró que las palabras del médico no respondían a la realidad.

“Los contagios eran de 15 en 15”

Tras el primer positivo confirmado, la residencia separó a los usuarios con síntomas de los asintomáticos. Sin embargo, tras un testado del conjunto de los residentes, realizado “mucho más adelante”, se dieron cuenta de que había positivos en Covid asintomáticos, con lo que la primera sectorización fue en balde.

La extrabajadora de Domus Vi destacó la virulencia del virus a consecuencia de la carga viral “muy fuerte”. “Los contagios eran de 15 en 15”, dijo.

Después de que la Conselleria de Sanitat tomara el control de la residencia “para reorganizar todo para contener el virus”, la empresa se vio obligada a duplicar el personal, poniendo a trabajar a todos los empleados a jornada completa.

Sin embargo, el hospital con el que se coordinaban los responsables de la residencia solo pudo aportar unas pocas batas y mascarillas, en un momento muy crítico en el que los profesionales de los centros sanitarios de toda España se fabricaban equipos de protección individual con bolsas de basura.

Sobre la aplicación de los protocolos, la testigo afirmó: “A partir del 14 de marzo, todo lo que nos estaba llegando [de Sanidad] lo aplicábamos en cuanto podíamos, era lo más inmediato posible”. “Era diario, los procedimientos iban cambiando de un día para otro”, apostilló.

La residencia de Cocentaina, también de Domus Vi, contaba con los mismos protocolos, según reconoció la antigua directora. Sin embargo, en la residencia de Alcoi murieron la mitad de los usuarios (74 fallecidos).

“Quiero que se haga justicia”. María Consuelo V. tenía a sus padres ingresados en la residencia de mayores Domus Vi de Alcoi (Alicante), de gestión privada y titularidad pública. Su madre falleció por covid en abril de 2020, en la peor etapa de la pandemia. La mujer declaró como testigo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoi en el primer juicio en España por la vía civil contra la entidad gestora de una residencia de mayores. En el proceso, impulsado por la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi de Alcoy y Cocentaina, están personados 46 allegados de 18 de las 74 víctimas mortales del primer mes de la pandemia (murieron el 52% de los mayores internos), con una petición de indemnización de más de dos millones de euros.

La segunda sesión del juicio, celebrada este martes, vino precedida por la declaración del médico Manuel Pérez, jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Virgen de los Lirios, quien acudió a la residencia el 12 de marzo de 2020, dos días antes de la declaración del estado de excepción. El galeno describió la situación como una “hecatombe”, con un tremendo “caos organizativo”, con “falta de personal” y sin aislamiento de los residentes con síntomas. Un “abandono” y una “desorganización” que no vio en otras residencias que visitó, declaró. Un gerocultor, que también compareció en la primera sesión de la vista, calificó de “nefasta” la gestión del centro.

Todos los testigos incidieron en situaciones muy parecidas. Conchín, una mujer cuyo padre falleció la madrugada del 16 de marzo de 2020 explicó que su intención no era “cobrar dinero” sino obtener justicia. “Por suerte o por desgracia fue de los primeros en morir”, dijo. El hombre había sido ingresado una semana antes en el hospital a consecuencia de una sonda que le habían puesto incorrectamente en la residencia. En el centro sanitario recomendaron que volviera a la residencia para evitar el contagio en el hospital. Sin embrago, nunca fue aislado.

La testigo relató su último contacto con su progenitor: “Me dejaron entrar a mí solo cinco minutos acompañada de la psicóloga, no estaba aislado, al lado estaba el compañero [de habitación]. Lo justo para darle un abrazo, un beso y nada más”.

Mónica M., cuyo suegro falleció en la residencia la madrugada del 21 de marzo de 2020, lamentó que la residencia no informara posteriormente a los allegados sobre las circunstancias del fallecimiento de sus seres queridos: “Nos hubiera gustado, y creo que es muy razonable, que nos explicaran cuál fue el proceso, quién lo atendió y en qué condiciones llega a fallecer”.

La mayoría de los testigos de la segunda sesión del juicio fueron mujeres. Enrique, el marido de María Cecilia V., falleció meses antes de la pandemia, el 7 de octubre de 2019. La mujer, al igual que el resto de testigos, incidió en la falta de personal en la residencia: “Noté que allí faltaba mucha gente para atender humanamente a las personas que estaban ingresadas”. De hecho, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sancionó a la residencia con una multa de 40.000 euros en el marco de un expediente previo a la pandemia por falta de personal, tal como informó este diario.

“El trato no era humano”

También recordó que “unas personas que han trabajado toda la vida, tiene sus derechos a estar bien atendidas”. No era el caso, a tenor de los testimonios de los familiares, que suscribieron una queja a la dirección, firmada por 127 personas, antes de la carnicería que supuso la covid en el centro privado.

“El trato no era humano, no por las personas que trabajaban allí que estaban mal pagadas y supercargadas [de trabajo] y no podían atender”, dijo la testigo, que centró sus críticas en la dirección de la residencia. “Eran personas muy vulnerables que necesitaban atención y no la tenían”, abundó.

La madre María Consuelo V., que sufría alzheimer, falleció el 14 de abril de 2020 a consecuencia del covid-19. La testigo lamentó que recibió una “información muy sesgada” y limitada. “Solo decían lo imprescindible”, afirmó ante el juez. La mujer aseguró que, en la residencia, “las cosas no funcionaban bien a causa de la escasez de trabajadores”.

La testigo relató una situación ilustrativa de la condiciones de la residencia que sufrió su padre, también residente y fallecido en 2019. El hombre se rompió la cadera tras una caída. Sin embrago, en la residencia, según dijo, ni siquiera se dieron cuenta de que se había roto la cadera. “Tuvieron las santas narices, si se me permite decirlo así, de vestirlo con la cadera rota y de sentarlo en la sala de estar por la mañana, solo con verlo me di cuenta de que allí pasaba algo”, declaró en el juicio.

La tanda de testigos de la segunda sesión del juicio reflejó una residencia con falta de medios y una situación caótica ante la pandemia del covid-19. Los allegados de los fallecidos que declararon, todos en tono afligido, relataron la impotencia que sintieron ante la falta de medios en la residencia y ante la poca información que recibían sobre el estado de sus seres queridos. “Eran todos personas, no eran cosas”, dijo María Cecilia V.

Seis de los 25 municipios más baratos para alquilar una vivienda en España se encuentran en la Comunitat Valenciana y ninguno supera los siete euros por metro cuadrado, según un estudio realizado por el portal Idealista.

En concreto, Ontinyent (Valencia) es el tercer municipio de España con menor precio medio del alquiler, que se sitúa en 5,5 euros/m2. La siguiente localidad de la Comunitat Valenciana donde más barato resulta alquilar es Onda (Castellón), que con 6,4 euro/m2 se encuentra en el decimosegundo puesto del ranking nacional.

Elda y Alcoi (Alicante) ocupan la decimotercera y decimocuarta posición con un precio de 6,4 y 6,5 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Por su parte, Vila-real (Castellón) está en la decimoséptima posición con un precio de 6,6 euros por metro cuadrado, y Borriana (Castellón) cierra la lista en la Comunitat Valenciana con un precio de 6,7 euros por metro cuadrado, empatando en el ranking con varias localidades españolas.

Jaén, el más barato de España

Úbeda, en la provincia de Jaén, es el municipio más barato para alquilar una vivienda en España, con 5 euros al mes por cada metro cuadrado de media, según un estudio realizado por idealista, el principal marketplace inmobiliario del sur de Europa, basado en su informe de precios del mes de julio de 2024.

Todos los demás municipios tienen precios mayores, siendo Puertollano (Ciudad Real) quien ocupa la segunda posición con 5,4 euros/m2, seguido por Ontinyent (Valencia) que se sitúa en 5,5 euros/m2 y Don Benito (Badajoz) con 5,6 euros/m2. Los municipios de Valdepeñas (Ciudad Real) y Linares (Jaén) comparten un precio de 5,8 euros/m2, mientras que en Lucena (Córdoba) sube hasta los 5,9 euros/m2.

Con precios ya a partir de los 6 euros se encuentran Almansa (Albacete) que registra 6 euros/m2, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con 6,1 euros/m2, Ponferrada (León) con 6,3 euros/m2, Mérida (Badajoz) Onda (Castellón) y Elda (Alicante) con 6,4 euros/m2 en los tres casos. También en Alicante se encuentra Alcoi, que comparte precio con la ciudad de Zamora con 6,5 euros/m2.

Con 6,6 euros/m2 al mes se encuentran las localidades de Molina de Segura (Murcia) y Vila-real (Castellón), mientras que en Ciudad Real capital, Borriana (Castellón) y Ronda (Málaga) el precio se sitúa en 6,7 euros/m2. En Talavera de la Reina (Toledo) los alquileres están a 6,8 euros/m2 y en Antequera (Málaga), Utrera (Sevilla), Salobreña y Las Gabias (ambas en Granada) llegan hasta los 7 euros/m2.

Sis dels 25 municipis més barats per llogar un habitatge a Espanya es troben a la Comunitat Valenciana i cap no supera els set euros per metre quadrat, segons un estudi realitzat pel portal Idealista.

En concret, Ontinyent (València) és el tercer municipi d'Espanya amb un preu mitjà més baix del lloguer, que se situa en 5,5 euros/m2. La localitat següent de la Comunitat Valenciana on més barat resulta llogar és Onda (Castelló), que amb 6,4 euro/m2 es troba en el dotzè lloc del rànquing nacional.

Elda i Alcoi (Alacant) ocupen la tretzena i catorzena posició amb un preu de 6,4 i 6,5 euros per metre quadrat, respectivament.

Per la seva banda, Vila-real (Castelló) està a la dissetena posició amb un preu de 6,6 euros per metre quadrat, i Borriana (Castelló) tanca la llista a la Comunitat Valenciana amb un preu de 6,7 euros per metre quadrat , empatant al rànquing amb diverses localitats espanyoles.

Jaén, el més barat d'Espanya

Úbeda, a la província de Jaén, és el municipi més barat per llogar un habitatge a Espanya, amb 5 euros al mes per cada metre quadrat de mitjana, segons un estudi realitzat per idealista, el principal marketplace immobiliari del sud d'Europa, basat en informe de preus del mes de juliol de 2024.

Tots els altres municipis tenen preus majors, sent Puertollano (Ciudad Real) qui ocupa la segona posició amb 5,4 euros/m2, seguit per Ontinyent (València) que se situa en 5,5 euros/m2 i Don Benito (Badajoz) amb 5,6 euros/m2. Els municipis de Valdepeñas (Ciudad Real) i Linares (Jaén) comparteixen un preu de 5,8 euros/m2, mentre que a Lucena (Còrdova) puja fins als 5,9 euros/m2.

Amb preus ja a partir dels 6 euros es troben Almansa (Albacete) que registra 6 euros/m2, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) amb 6,1 euros/m2, Ponferrada (Lleó) amb 6,3 euros/m2, Mèrida (Badajoz) Onda (Castelló) i Elda (Alacant) amb 6,4 euros/m2 en tots tres casos. També a Alacant hi ha Alcoi, que comparteix preu amb la ciutat de Zamora amb 6,5 euros/m2.

Amb 6,6 euros/m2 al mes es troben les localitats de Molina de Segura (Múrcia) i Vila-real (Castelló), mentre que a Ciudad Real capital, Borriana (Castelló) i Ronda (Màlaga) el preu se situa en 6 ,7 euros/m2. A Talavera de la Reina (Toledo) els lloguers són a 6,8 euros/m2 ia Antequera (Màlaga), Utrera (Sevilla), Salobreña i Las Gabias (totes dues a Granada) arriben fins als 7 euros/m2.

La Policía Local ha detenido en Alcoi (Alicante) a un hombre de 42 años por presuntamente intentar tirar por el balcón a su mujer en la vivienda que compartía con ella y en presencia de los hijos comunes, ambos menores de edad. La mujer, que presentaba lesiones de gravedad, permanece ingresada en la Unidad de Críticos del hospital.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este pasado domingo, cuando los agentes fueron alertados por una llamada telefónica, según ha indicado el Ayuntamiento de Alcoi este martes en un comunicado.

Una vez en el domicilio, consiguieron reducir al presunto agresor, que supuestamente había intentado lanzar a su mujer por el balcón, y lo detuvieron. A causa de la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima fue atendida de urgencia en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente fue trasladada al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoi, donde permanece ingresada en la Unidad de Críticos.

Los hijos de la pareja, menores de edad, también fueron atendidos y han quedado al cargo de familiares. El hombre de 42 años ha pasado a disposición judicial. El Ayuntamiento ha agradecido la labor de la Policía y ha condenado “rotundamente” este acto de violencia.

Prisión provisional

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Alcoi, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha decretado esta tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por intentar matar, presuntamente, a su compañera sentimental. 

La causa está abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de homicidio en grado de tentativa, malos tratos y amenazas.  

La jueza ha dictado también contra el presunto agresor una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima, por si en algún momento de la tramitación del procedimiento quedara en libertad provisional. 

Asimismo, como medidas civiles provisionales, ha acordado atribuir en exclusiva a la mujer la guarda y custodia y el ejercicio de la patria potestad sobre los dos hijos menores de la pareja, al igual que el uso y disfrute de la vivienda familiar.  

El auto establece por último que el investigado deba pagar a su compañera una pensión de alimentos para el sustento de los niños y que no pueda disfrutar de ningún régimen de visitas con ellos.  

Coincidiendo con el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República, un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcoi ha retirado todos los honores del consistorio otorgados al dictador Francisco Franco en 1959, en plena dictadura.

La medida simbólica ha tardado dos años en materializarse. La formación Guanyem Alcoi hizo un ruego en el pleno municipal del 1 de octubre de 2021 para que la ciudad cumpliera con la ley de Memoria Histórica.

El 10 de abril de 1959 el pleno del consistorio propuso otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad de Alcoy a Francisco Franco, como “manifestación de inquebrantable y entusiasta adhesión a su persona y al Régimen que representa, como salvador de la Patria y restaurador de la vida de los municipios españoles”, según dice el acta.

Después de 64 años, el Ayuntamiento de Alcoi retira los honores al dictador en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, en cuyo artículo 40 se indica que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resultan manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comportan exaltación o enaltecimiento de la revuelta militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista.

El candidato de Guanyar Alcoi, Sergi Rodríguez, ha criticado que el “afán electoral” del PSPV-PSOE, que gobierna el ayuntamiento, por haber convocado un pleno extraordinario para la retirada de los honores al dictador.

“Tardar tanto en quitar la simbología de una dictadura que generó tanta muerte y sufrimiento debería haber sido una de las prioridades de un gobierno progresista”, critica Rodríguez. “No hacerlo ha sido una falta de respeto a todos los alcotanas y alcotanas que construyeron la democracia de la que hoy disfrutamos”, agrega.

La plataforma municipalista recuerda que el ayuntamiento ha justificado la retirada de honores a Francisco Franco escudándose en la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2022, a pesar de que la norma autonómica del 2017 ya preveía esta posibilidad.

La ley autonómica daba un plazo de un año desde su aprobación para “revisar e invalidar” todas distinciones, nombramientos y títulos honoríficos de exaltación del régimen franquista.

Cinco ultraderechistas de Alicante detenidos hace un año durante la conocida como 'operación Ario' serán juzgados por delito de odio y asociación ilícita tras ser acusados por un juez de organizarse en un grupo de WhatsApp llamado “NacionalDemócrata” para difundir contenidos nazis, racistas y homófobos en diversas redes sociales y blogs de internet. El instructor del caso ha procesado a esos cinco de los siete acusados de organizarse para promover “actos violentos de naturaleza política” que finalmente no llevaron a cabo, además de difundir el discurso de odio en la red, según ha sabido elDiario.es.

Todos fueron imputados y arrestados en la Comunidad Valenciana así como en Madrid y Catalunya a finales del mes de enero de 2022 en una la citada 'operación Ario' y coordinada por el juzgado número 3 de la localidad alicantina de Alcoi. La investigación se centró en un ataque incendiario a un local LGTBI de la ciudad y en la difusión de propaganda nazi a través de un grupo de WhatsApp, blogs y diversos perfiles en internet. También se investigó la posesión de armas por parte de uno de ellos y la planificación de seguimientos a políticos de izquierdas.

Los ultras se sentarán en el banquillo después de que el juzgado haya dictado auto de procesamiento contra ellos por un delito de odio y otro de organización criminal, a la espera de que la Fiscalía solicite la apertura de juicio oral contra ellos.

Para el instructor, después de un año de investigación, hay indicios suficientes de que uno de ellos, José Antonio R.M, creó en 2020 un grupo de WhatsApp, llamado “NacionalDemócrata”, en el que participaban todos los acusados junto a más personas. Bajo la apariencia de crear un partido político de ultraderecha, la finalidad del grupo era en realidad “promover el odio, la violencia y la discriminación” contra judíos, homosexuales o negros. Pero también planificar actos violentos que nunca llevaron a cabo.

Otro de sus objetivos era, según recoge el auto de procesamiento, “promover actos violentos de naturaleza política, aunque no consta que llevaran ninguno a la práctica”. La documentación del caso, tal y como reveló este periódico, recoge conversaciones intervenidas por la Policía en la que algunos de los acusados planificaban seguimientos a políticos de izquierdas.

En paralelo a estos planes no consumados para ejercer violencia contra políticos en España, cada uno de estos cinco ultraderechistas está acusado de difundir contenidos racistas, homófobos y próximos al nazismo en diversas plataformas digitales. El fundador del grupo de WhatsApp, por ejemplo, creó también un blog llamado “Partido Nacional Demócrata”, desde el que llamaba al odio contra diversos colectivos y llegaba a justificar el genocidio cometido por los nazis.

El auto también destaca las aportaciones de contenido de odio que este ultra hacía en un blog llamado “La Comanchera Chismosa”, supuestamente gestionado por dos de los acusados junto con varios perfiles de Twitter donde se vertía el mismo tipo de discurso y donde también escribía un cuarto acusado. El quinto procesado negaba y justificaba el Holocausto desde un perfil en la red social VK, considerada la versión rusa de Facebook.

Los cinco están acusado de un delito de odio y otro de organización criminal. En cuanto al primero, el instructor afirma por ejemplo que “la literalidad de los textos evidencia la naturaleza discriminatoria de los mismos”, al referirse a los contenidos que uno de ellos publicaba en su blog. En cuanto al segundo delito, el juez destaca los “contactos personales más directos” entre los integrantes del grupo de WhatsApp para crear el partido político ultra que diera “amparo” a sus planes delictivos.

Las pruebas, a falta de la celebración del juicio, son suficientes para “apreciar la existencia de una asociación de carácter ilícito encaminada tanto a la comisión y promoción de delitos como al fomento y promoción del odio y la discriminación frente a colectivos especialmente vulnerables”, dice el auto.

Armas y un ataque a un local LGTBI

Tras más de un año de investigación, el auto de procesamiento deja fuera del juicio a dos de los acusados y deja también fuera de la nómina de acusaciones el ataque a un local LGTBI de Alcoi del que, en un primer momento, la Policía responsabilizó a uno de los ultras.

Un ataque perpetrado en octubre de 2021 contra la sede del colectivo LGTBI 'Ponts d'Igualtat', que ese día amaneció con una bandera LGTBI quemada, signos de quemaduras en la fachada y un papel en el suelo: el águila imperial hitleriana portando el yugo y las flechas falangistas en vez de la esvástica con el nombre del Partido Nacional Demócrata y un mensaje en mayúsculas. “Contra el separatismo y sus cómplices”, decía.

Uno de los acusados reconoció ante los policías haber colocado esa propaganda, haber participado en una agresión a un hombre junto con ultras del Espanyol e, incluso, haber hecho pintadas fascistas y nazis en la sede de Podemos en Alcoi, pero no haber perpetrado ese ataque. Y la investigación no ha permitido reunir pruebas suficientes para sentarle en el banquillo también por esos hechos. Se archiva esa parte del caso “por más que pueda existir cierta sospecha”, dice el auto.

Otros dos ultras investigados también se quedan fuera del futuro juicio. No llevaban ninguno de los blogs o perfiles investigados por difundir el discurso nazi del resto de imputados. Uno de ellos también era investigado por tener un arma sin licencia en su casa pero el juzgado concluye que “el arma de fuego intervenida en su domicilio no precisa de permiso ni licencia alguna”, dejando la puerta abierta a que pueda ser multado por la vía administrativa. Era un revólver que, según la Policía, estaba “en perfecto estado de funcionamiento”.

“No está permitido hacer ningún tipo de publicaciones. Ni hacer comentarios, ni recomendaciones a publicaciones de otras empresas ya sean clientes o no (ni siquiera si tenéis vinculación familiar con ellas), ni interactuar públicamente con otros perfiles profesionales que no sean miembros de Aitex”. Con este mensaje, Vicente Blanes, director general del centro tecnológico Aitex, prohíbe a sus empleados interactuar en LinkedIn, una popular red social centrada en currículums profesionales. La decisión se ha tomado en el contexto de la fuga de algunos empleados en desacuerdo con la dirección del centro.

La Asociación de Investigación de la Industria Textil (Aitex), una asociación privada sin ánimo de lucro fundada en 1985 por iniciativa de la Generalitat Valenciana y perteneciente a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (Redit), tiene su sede central en Alcoi, epicentro de la tradición industrial y textil valenciana, y cuenta con una red de una decena de oficinas internacionales. La entidad se presenta como el “centro de referencia a la vanguardia en innovación, investigación y desarrollo tecnológico en España y uno de los cinco principales de Europa”.

Su director general ha pedido a los casi 400 empleados que, para hacer un “buen uso” de LinkedIn, se limiten a comentar o recomendar publicaciones de Aitex, “o bien publicaciones realizadas por otras organizaciones que estén relacionadas” con el centro tecnológico, “sus actividades o servicios, asistencia a ferias, eventos y sobre la actualidad o noticias de Aitex”. 

El correo electrónico, al que ha tenido acceso elDiario.es, remarca que cada uno de los profesionales del instituto tecnológico figura en la red social con su cargo en la organización. “Por lo tanto, estas publicaciones tienen impacto a nivel profesional como parte de nuestro equipo que sois y también tienen impacto sobre nuestra marca”, reza el mensaje firmado por Vicente Blanes, director general de la entidad desde 2001, según figura en su perfil de LinkedIn.

“Con copia” a algún responsable

El mensaje insta a los empleados a proponer al negociado de marketing y comunicación, “con copia” a algún responsable del Comité Ejecutivo de Dirección, si algún empleado “considera que hay que publicar en LinkedIn algún tema concreto sobre su actividad o departamento”.

Vicente Blanes, consultado por este periódico, sostiene que “como es lógico y natural, cualquier trabajador de Aitex puede hacer el uso que considere de cualquier red social, incluida LinkedIn, siempre que no vaya su nombre asociado a su cargo en Aitex”.

El directivo pone un ejemplo: si un trabajador felicita en un comentario a una empresa que ha desarrollado un producto nuevo, puede haber competidores descontentos. “Estas cosas en una compañía hay que regularlas”, señala. “Creo que es lógico que cuando una persona tiene su propia identidad sin vincular a la marca de la compañía, pueda decir lo que le dé la gana”, concluye.

Las siete personas detenidas por la Policía Nacional en la operación Ario no tienen el perfil habitual de grupos radicalizados que preparan un ataque, aunque algunos no escatimaban en palabras a la hora de verbalizar sus deseos violentos. Dos de los acusados son un matrimonio de ancianos de Barcelona que vertían mensajes racistas en Twitter y en varios blogs, mientras que otros tres arrestados afirmaban sin matices que su deseo era derramar sangre aunque con la duda de si tenían capacidad para hacerlo. Uno de ellos tenía en su casa varias armas y un manual para elaborar explosivos caseros.

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es demuestra también que el cabecilla del grupo, vecino de Alcoi, intentó acercarse a Vox sin demasiado éxito, al menos por las pruebas que obran en poder de los investigadores. El pasado 25 de enero la Policía Nacional irrumpía en la casa del supuesto líder del grupo nazi radicado en Alcoi (Alicante) para buscar pruebas de su actividad. Los agentes, por orden del juzgado número 3 de la ciudad, llevaban meses monitorizando sus movimientos y conversaciones para estar atentos a cualquier signo de continuidad a la amenaza que había lanzado por WhatsApp unos meses antes: “Para el año que viene planeamos iniciar la violencia armada en las calles”. Antes de empezar el registro, el acusado J.A.R.M pidió a los agentes que llamaran a “David”, porque él le proporcionaría un abogado para su defensa. Les dio el teléfono.

Ese “David”, según consta en las diligencias del caso, es David Abad, el único concejal de Vox en Alcoi, que rechazó tener nada que ver con él y no le prestó la ayuda que pedía y el arrestado fue atendido por un abogado de oficio. Desde el partido en Alicante aclaran a elDiario.es que el detenido no tenía ningún tipo de relación con Vox, ni por pertenencia ni por colaboración, y que la relación de este arrestado con el edil era personal y esporádica. David Abad, alcoyano de 48 años, fue el cabeza de lista de Vox en Alcoi en las elecciones municipales, cuando la formación ultraderechista obtuvo un sillón en el salón de plenos con casi 1.600 votos en séptima posición en la primera participación electoral del partido en la localidad.

Según se desprende del caso, el concejal de Vox en Alcoi y el supuesto cabecilla del grupo nazi investigado en la operación Ario se conocían, aunque no hay ninguna prueba de que participase en sus actividades investigadas ni de que mantuvieran una relación estrecha ni se ha dirigido ningún tipo de investigación contra él. La Policía Nacional registró una primera conversación que supuestamente tuvieron por teléfono en abril de 2021, cuando el líder del grupo y el edil y portavoz de Vox se citaron en una cafetería de la Plaça Espanya, a pocos metros de su despacho en el consistorio.

El motivo de la cita, tal y como comprobaron los agentes, no tenía a priori nada que ver con el grupo ultraderechista y violento que estaban investigando. El ahora imputado llegó a la cafetería con dos personas desconocidas para los agentes que, según dijeron los asistentes a la reunión, eran “miembros de la disidencia del régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro”. El acusado comentó la situación política de España y Venezuela sin que los agentes registraran nada de interés en esta reunión ni tampoco la intervención del edil.

No constan más reuniones o conversaciones intervenidas por la Policía Nacional en el marco de esta investigación, ni que el juzgado mostrase mayor interés por la relación del supuesto líder del grupo nazi con el diputado de la ultraderecha. Hasta que nueve meses más tarde J.A.R.M fue detenido y en el registro de su casa en Alcoi pidió que los agentes llamaran al concejal para que le asignara un abogado y poder defenderse. Primero no cogió el teléfono y cuando los agentes dieron con él, aseguró que “no conoce al detenido y que consecuentemente no va a recomendar abogado alguno para nadie”. En ese momento se le asignó un abogado de oficio y el registro siguió adelante.

Los documentos policiales del sumario revelan que el de Abad no era el único contacto de este ultraderechista con el partido de Santiago Abascal, sin que eso se haya traducido en ningún tipo de imputación o línea de investigación. Compartía grupos de WhatsApp con algunos miembros del partido, tal y como revela el sumario, y mantuvo conversaciones también con una mujer que ha sido varias veces candidata de Vox en Barcelona y Catalunya en las elecciones generales de 2019, las municipales de ese año y las autonómicas de 2021, aunque nunca ha obtenido representación al ir en los puestos más bajos de la lista e incluso como suplente.

Esas conversaciones en las que la Policía no identifica a la interlocutora pero sí la titularidad del teléfono evidencian que este imputado compartía grupos de WhatsApp, en ocasiones administrados por él, con algunos militantes o simpatizantes de Vox además de otras personas. También que visitó la sede de Vox en Barcelona junto con otro acusado el año pasado.

Blogs, Twitter y chats

Pocos integrantes del grupo llegaron a verse en persona, al menos que haya podido detectar la Policía Nacional en sus pesquisas, pero tenían varios puntos digitales de encuentro. La mayoría participaba en el chat de WhatsApp 'NacionalDemocrata' donde se vertían soflamas ultraderechistas pero también lo hacían en blogs y otras redes sociales. El cabecilla del grupo, por ejemplo, manejaba entonces un blog donde difundía escritos nazis, y varios acusados tenían cuentas de Twitter en las que hacían lo mismo.

Según la Policía, formaba parte de una fase que un informe define como “activismo digital” compuesto de varias etapas: difusión de odio, radicalización, adoctrinamiento y posteriormente captación de masa social. Los investigadores explican que detrás de estos planes se puede encontrar, especulan, “la actuación de grupos con un modus operandi similar al investigado en las presentes actuaciones, siendo especialmente la prevención policial y judicial el factor principal que justificaría la no realización hasta el momento en España de actos similares, desarticulando Grupos Criminales similares en su estado embrionario”.

La mayor preocupación de los investigadores está en los detenidos que parecían dispuestos a ir más allá de internet, aunque todavía queda una investigación larga por delante. En casa de uno de ellos, los policías encontraron un manual de elaboración de explosivos además de un revólver en perfecto estado y que había sido disparado recientemente. “Quiero voluntarios con cojones”, le dijo en una conversación a un interlocutor. “Quiero cabezas cortadas”, dijo también en el chat 'NacionalDemocrata' en octubre del año pasado.

Manifestación en Barcelona

Esta no es la única ocasión en la que los investigadores detectaron un acercamiento entre el imputado, que guardaba en su casa listas con nombres de miembros de PSOE y Unidas Podemos y antiguas y supuestas matrículas de políticos independentistas, y el partido de Santiago Abascal, aunque no perteneciera al mismo y no colaborase con ellos. El 13 de octubre de 2021 los agentes detectaron y reflejaron una “visita a la sede de Vox” en Barcelona a las cinco y media de la tarde acompañado de otro imputado, aunque no reflejan ni qué hacía allí ni tampoco si se reunió con alguien o sólo pasó por delante de la sede. Lo que sí figura en otros puntos del sumario es la razón por la que estaba en Barcelona.

El atestado principal del caso recoge cómo un día antes, el 12 de octubre de 2021, el líder del autoproclamado Partido Nacional Demócrata –sin registro ni afiliados conocidos– acudió a la tradicional manifestación ultraderechista que distintos partidos fascistas y nazis convocaron en la ciudad. Ese día, según las vigilancias policiales, estuvo físicamente con Lionel G.R, otro de los investigados, uno de los pocos encuentros reales entre los miembros del supuesto grupo recogidos por los investigadores. Un integrante del grupo que, según las pesquisas, tenía contacto con la ultraderecha francesa y que afirmó haber hecho “vigilancias” con otro de los miembros del grupo en la capital catalana. Además fue, en su momento, representante del partido “Nosotros”, formación que lidera el exconcejal del PP en Palafolls (Barcelona) Óscar Bermán.

El 12 de octubre la ultraderecha convocó una manifestación en Montjüic como cada año en el día del festivo nacional del 12 de octubre con la presencia de partidos ultras como Democracia Nacional, convocante del evento, y con distintas banderas y simbología ultraderechista. Previamente, por la mañana, Vox había protagonizado con otros colectivos una ofrenda floral en la estatua de Colón situada en el puerto de Barcelona. Un día después, el líder del grupo acudía a la sede de Vox, aunque los investigadores no especifican si entró o si simplemente se quedó en la puerta. Había quedado con Lionel G.R para ir allí aunque sin que conste lo que hicieron en la sede.

Las redes sociales del principal imputado reflejan que dirigió varios mensajes públicos a distintos dirigentes de Vox, y al propio partido, que al menos de manera pública no recibieron respuesta. “¿Algún problema si colaboramos con Vox Alicante y Alcoy?”, preguntó en 2018 mientras aseguraba entonces representar a una formación que, como el Partido Nacional Demócrata, tampoco existe como tal. Llegó a preguntar a un periodista por la dirección de la sede de Vox en Alcoi sin recibir tampoco respuesta.

Los perfiles de distintos imputados en distintas redes sociales analizados por los investigadores revelan una relación ideológica conflictiva e incluso contradictoria de este grupo de ultraderechistas con el partido de Santiago Abascal. Muchos de ellos lanzaron durante un tiempo duras críticas a Vox por su postura con respecto a Israel y otros llamaron a afiliarse al partido para después criticar con dureza su proximidad al PP.

Hace dos semanas la Policía Nacional ejecutaba la 'operación Ario' y detenía a 7 personas relacionadas con un grupo de ultraderecha. Un grupo con miembros en Alicante, Barcelona y Madrid que se dedicaba, sobre todo, a difundir propaganda nazi y fascista y, en algunos casos, a almacenar armas blancas y armas de fuego. La documentación del caso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, apunta a que alguno de sus miembros tenía pensado dar el salto a la violencia aunque, según se desprende del sumario, no tuvieran capacidad operativa: “Para el año que viene planeamos iniciar la violencia armada en las calles”, dijo uno de ellos. En los registros se intervinieron listas con matrículas de coches que el cabecilla atribuyó a políticos independentistas catalanes y también con nombres de representantes de PSOE, Podemos y de distintos miembros de la Fiscalía. Y un manual para fabricar explosivos caseros.

La investigación, coordinada por el juzgado 3 de Alcoy, arrancó en marzo de 2020, cuando la Policía Nacional recibió una denuncia anónima que alertaba sobre la existencia de un grupo de WhatsApp con más de 100 personas llamado “NacionalDemocrata”. Un grupo en el que participaban varios acusados y en el que continuamente se lanzaban soflamas ultraderechistas es José R.M, autoproclamado líder del Partido Nacional Demócrata. Una formación que no está registrada como partido político pero que, según dijo su cabecilla ante la Policía Nacional, cuenta con una treintena de seguidores en todo el país y cuyo nombre no es del todo desconocido en la localidad alicantina de Alcoi aunque no tenga ningún tipo de estructura.

El 11 de octubre de 2021 la sede del colectivo LGTBI 'Ponts d'Igualtat' amaneció con una bandera LGTBI quemada, signos de quemaduras en la fachada y un papel en el suelo: el águila imperial hitleriana portando el yugo y las flechas falangistas en vez de la esvástica con el nombre del Partido Nacional Demócrata y un mensaje en mayúsculas. “Contra el separatismo y sus cómplices”, decía. En su declaración ante los policías, este detenido afirmó haber colocado esa propaganda, haber participado en una agresión a un hombre junto con ultras del Espanyol e, incluso, haber hecho pintadas fascistas y nazis en la sede de Podemos en Alcoi. El partido nunca ha denunciado una agresión de esas características en su sede de Alcoi pero sí en otra de la provincia de Alicante, como Elche.

Este hombre de 56 años, detenido en el año 2000 en el metro de Barcelona por un robo, es considerado por la Policía Nacional como el impulsor de este grupo que, además de difundir propaganda nazi y racista en diversas redes sociales y blogs, estaba preparándose para algo más. En una conversación intervenida por los investigadores el pasado mes de noviembre, por ejemplo, este ultraderechista hablaba con una tercera persona no identificada: “Para el año que viene planeamos iniciar la violencia armada en las calles”, dice, para añadir que “un fusil de francotirador faltaría”. Su interlocutor, no identificado por ahora, le da muchas posibilidades: “Las armas… las diseñamos y fabricamos nosotros. Soy ingeniero industrial y tengo experiencia en el diseño por ordenador y varios de mis compañeros de armas son expertos en química”. La idea del francotirador le parece bien: “Contamos con fusiles de asalto subfusiles pistolas y grandes cantidades de explosivos… El fusil con silenciador y con un alcance de 2000 metros”.

No hay constancia de ningún preparativo por su parte para estos supuestos ataques y el sumario no recoge que, por ejemplo, se vieran en persona o mantuvieran conversaciones grupales por este motivo. Pero este detenido no era el único que dejaba por escrito su intención de perpetrar acciones violentas, según el contenido del atestado. Otro investigado, J.V.G.R, afirma que “habrá que pedir ayuda de los skinheads” cuando en octubre una tercera persona no identificada afirma que “hay que empezar a regar las calles de España con sangre mora”.

En esos chats también participaba un excandidato de la ultraderecha catalana, Modesto R.P, que a veces hablaba de pegar carteles pero a veces hablaba de violencia: “Hay que llevarse por delante a estos perro (sic) moros y al fiscal de odio”, dijo por ejemplo en una ocasión. Este es el detenido en cuya casa se incautó, entre otras cosas, un manual para elaborar explosivos caseros que ahora examinan los investigadores para conocer su alcance.

Uno de los interlocutores de estos miembros destacados del grupo era, según la Policía Nacional, un ultraderechista conocido en España y en Francia. Lionel R.G participaba también en estos chats, y el atestado recoge cómo la Subdirección Antiterrorista de Francia alertó de sus vínculos por internet con una persona arrestada en ese país por enaltecer al terrorista noruego de extrema derecha Anders Breivik, autor de la matanza de Utoya en 2011. Estos dos últimos miembros del grupo sí habían dado un paso más y, según la Policía, hacían “vigilancias para cometer algún tipo de acción que conllevaba riesgos, posiblemente de carácter violento”.

El atestado no recoge el resultado o contenido de estas vigilancias pero sí lo que encontraron los agentes en casa de José R.M en Alcoi: listados de placas de matrícula de vehículos que, según la Policía, son “pertenecientes a supuestos independentistas catalanes” así como también una lista “con nombres de miembros de Unidas Podemos y el Partido Socialista” que, según los investigadores, podrían ser objetivos. “Sugieren que se hallaban en un proceso de fijación de objetivos operativos personales que podrían constituir el foco de alguna acción directa contra ellos”, dice el atestado. Él mismo reconoció en el juzgado que eran matrículas de vehículos de políticos catalanes, pero no del momento actual sino de la época en la que él vivía en Barcelona.

Armas, políticos y fiscales

En sus declaraciones policiales –que tendrán que ser ratificadas o no en sede judicial– uno de los acusados apuntó a otro y aseguró que ese grupo de WhatsApp con más de 100 personas no estaba sólo para soltar soflamas ultraderechistas. “Organizaba viajes para desplazarse a Barcelona, con la intención de agredir a personas de corte independentista, motivado por su odio hacia ellos o hacia las personas de ideología de izquierdas”, recoge el atestado.

Entre la lista de nombres que la Policía considera como posibles objetivos del grupo no sólo hay independentistas y políticos de PSOE y Podemos. También hay fiscales en un listado encontrado en casa de otro detenido: María Teresa Verdugo (fiscal delegada de delitos de odio en Málaga), José Javier Polo (fiscal en la Audiencia Nacional hasta que recientemente se pasó a la abogacía) o Jacobo Fernández (fiscal de criminalidad informática en Málaga). Junto con ellos hay otros no relacionados con la política o el Ministerio Público y el atestado no explica si los investigadores han recogido más pruebas que permitan deducir si habían puesto algún tipo de preparativo en marcha.

Los propios agentes explican en el atestado que el grupo ha sido desarticulado en una fase muy embrionaria: “Se desea destacar la importancia de la intervención temprana que ha llevado a la desarticulación de este grupo”, dice el atestado. Pero esta intervención rápida de la Policía, dicen los investigadores, no implica que no hayan encontrado pruebas en los registros domiciliarios que apunten en la dirección de la violencia. “No es en absoluto descartable que la continuidad de sus actividades hubiera podido cristalizar en acciones concretas de ataque a nivel personal”, dicen los agentes. Los investigadores, por ahora, no les atribuyen una capacidad operativa suficiente para perpetrar un ataque de estas características pero sí hay indicios preocupantes.

Lo dicen porque junto con las listas de nombres y las supuestas vigilancias los agentes encontraron armas en algunos domicilios. En casa de Modesto R.P en Barcelona, por ejemplo, un revólver “en perfecto estado de funcionamiento”, munición para una pistola del calibre 22 y un “manual de fabricación de explosivos”. Las imágenes difundidas por la Policía Nacional tras el estallido de la 'operación Ario' reflejan no sólo simbología nazi y diversas armas blancas sino un cuaderno negro llamado “Manual de explosivos caseros”.

Hay más detenidos, acusados de participar en la difusión de propaganda nazi a través de las redes sociales en posibles delitos de odio, entre ellos un matrimonio de avanzada edad de Barcelona. También hay imputado un vecino de Torrejón de Ardoz por, supuestamente, recibir y repartir propaganda de este Partido Nacional Demócrata, y la Policía especula con su presencia en una de las concentraciones y actos de acoso protagonizados frente al domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar el año pasado.

“Queremos saber qué ha pasado en la residencia porque desde el 20 de marzo que quedó intervenida por la Conselleria de Sanidad no nos han pedido autorización para nada ni nos han informado de las decisiones que se han tomado, cuando la legislación establece que en una situación epidemiológica como la actual hay que facilitar toda la información”.

Así se pronuncia uno de los familiares de las personas mayores de la residencia de Alcoi que gestiona la empresa Domus Vi, uno de los principales focos de coronavirus durante la pandemia en la que afirma que han fallecido 74 de los 138 usuarios, es decir, más de la mitad.

Él es uno de los miembros de la directiva de la plataforma de familiares que se acaba de constituir y que ya cuenta con 40 miembros. La entidad se presentará oficialmente en los próximos días con el objetivo de darse a conocer y de explicar las acciones judiciales que han iniciado de la mano de un despacho jurídico contratado expresamente.

“De momento el trabajo de los abogados se centrará en requerimientos a todas las partes implicadas para recopilar información y esclarecer qué ha pasado para haber llegado a este desastre; una vez recopilada la información y si se observasen responsabilidades, actuaremos en consecuencia”, ha explicado.

Así, se está solicitando documentación a las consellerias de Sanidad y de  Políticas Inclusivas, a Domus Vi, a la Fiscalía y al Ayuntamiento de Alcoi.

Este miembro de la plataforma entiende que se han podido menoscabar “derechos de personas que no tienen autonomía o plena conciencia”. “A los familiares nunca nos han dicho nada de lo que iban a hacer con ellos o de por qué no los han trasladado en un momento dado al hospital de Alcoi, que en ningún momento ha tenido problemas de saturación”, añade.

Además, asegura que pese a que se les dijo que cuando uno de los usuarios daba positivo se le aislaba, tienen constancia de que había casos en los que seguían compartiendo habitación. En la actualidad, según la última información de la que disponen, hay 10 residentes contagiados y cuatro trabajadores.

Como informó eldiario.es, esta residencia forma parte del modelo de accesibilidad de la época del PP que impulsó el exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco, en 2001, y que acabó de consolidar el exconseller y expresidente de las Corts Valencianes Juan Cotino, fallecido recientemente.

El financiador del Partido Popular, Enrique Ortiz, ha vuelto a librarse de la justicia por un caso de corrupción. Primero quedó absuelto de un delito de tenencia ilícita de armas tras hallar la policía un revólver en sus oficinas en los registros por la operación Brugal en 2010.  Después volvería a quedar libre del cargo de un delito de fraude fiscal por unas deducciones fiscales en una operación inmobiliaria en pleno boom del ladrillo; más tarde, en 2018, asumió el pago de una multa de 1,6 millones de euros a cambio de eludir su ingreso en la cárcel por pagos irregulares al PP en las campañas de 2007 y 2008, y hace un mes pactó con la fiscalía y las acusaciones confesar que participó en el amaño el PGOU de Alicante orquestado por los exalcaldes de Alicante Díaz Alperi y Sonia Castedo.

En la última entrega de este serial, el empresario autodenominado “polla insaciable” ha conseguido salir indemne de los delitos de estafa y falsedad documental por los sobrecostes en las obras del Teatro Calderón de Alcoi promovidas por el Partido Popular en 2001. La sorpresa llegaba esta semana en forma de auto, firmado por el juzgado número 2 de Primera Instancia de Alcoi, cuyo titular ha declarado el sobreseimiento de las diligencias previas porque, según se recoge en el auto de archivo, el magistrado había tratado sin éxito y hasta en cinco ocasiones de nombrar a un perito para que cumplimentara la necesaria labor de comprobación de los hechos.

Que hasta cinco peritos se negaran a aceptar el encargo “es muy extraño”, aseguran fuentes jurídicas cercanas al caso, aunque, añaden, “no es la primera vez que ocurre en la justicia”. El juez había acordado en marzo de 2016 la designación de un perito judicial que emitiera un informe sobre dichos posibles sobrecostes, cifrados en 1,2 millones de euros según un informe pericial previo encargado por el Ayuntamiento, entonces en manos del PSPV-PSOE y Esquerra Unida. Por cierto, ese año Enrique Ortiz acudió a declarar en calidad de imputado por estos hechos. Lo acabó haciendo a la quinta vez, después de cuatro intentos fallidos

Con respecto al procedimiento para designar peritos judiciales, la justicia, en estos casos, recurre a la bolsa de peritos que están adscritos a los decanatos y esos peritos acaban siendo facilitados por las asociaciones profesionales y los colegios oficiales, afirman fuentes de la Asociación Nacional de Peritos Judiciales Colegiados. Si el perito rehúsa el caso, “debe justificar por qué no acepta el encargo”, añaden, después de entender que la negativa de cinco expertos “es algo muy raro”.

Guanyar Alcoi, en su escrito de alegaciones como acusación particular, recuerda que nadie podrá negarse, sin estar legítimamente impedido, al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que sí ha ocurrido puesto que salvo uno de los peritos a los que se consultó, que alegó que se iba a marchar a otro país, los peritos sucesivamente designados deberían de haber aceptado el encargo. Uno de ellos esgrimió a finales de 2019 que “el coste” de la realización del informe pericial “es muy superior a la contraprestación”, refiriéndose a la “complejidad de la documentación obrante en el expediente”. En líneas similares se expresó la última perito requerida, en enero de 2020.

Los motivos “económicos” alegados por los dos últimos peritos designados, “no son admisibles”, expone Guanyar. Su argumento es que la ley contempla, como señala la asociación nacional consultada, que “tienen derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena que quien no acudiere al llamamiento del juez o se negare a prestar el informe deberá enfrentarse a pena de prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 24 meses (200 a 5.000 euros) por incurrir en un delito del artículo 463.1 CP.

Recurso

El gobierno local del PSPV-PSOE ha presentado recurso al auto ya que considera que la motivación del archivo “es insuficiente y que hay suficientes pruebas con las periciales existentes para abrir juicio oral, determinándose en el mismo, tal y como se sospecha, si las obras del teatro Calderón tuvieron sobrecostes no justificados por más de un millón de euros para las arcas municipales”.

Los hechos en cuestión pidieron ser investigados por socialistas y EU con el cambio de gobierno local. Se presentó un procedimiento contencioso administrativo al detectarse irregularidades en la justificación de las obras de la infraestructura cultural, se desestimó, pero se abrió la causa penal al presentarse una denuncia por las citadas obras entendiendo que había un sobrecoste no justificado de las mismas.

La denuncia, que tuvo entrada el 23 de marzo de 2015, y que fue ampliada el 3 de marzo del 2016, fue admitida por el Ministerio Fiscal al constatar indicios de un presunto delito de estafa y falsedad documental, haciéndola suya, por lo que se abrieron diligencias previas, tal y como acredita el auto de sobreseimiento.

Tras diversos años, donde el procedimiento siguió su curso, se intentó nombrar por parte del juzgado de Primera Instancia a un perito judicial para constatar el delito, y tras la renuncia de un total de cinco peritos, el propio juzgado argumenta, ya que no es posible realizar la pericial, que “no puede ser acreditada la perpetración del delito”.

El Ayuntamiento, en cambio, entiende que hay suficientes periciales puesto que también existe una pericial de oficio, realizada dentro del procedimiento contencioso administrativo a petición del juzgado, la cual se incorporó al auto, que ratificaba las posibles irregularidades que se denuncian, “incluso sin querer atender a las periciales de parte, igual de válidas, objetivas y profesionales”. En el propio recurso municipal se argumenta que “el hecho de que hubiera sido mejor la práctica de otro nuevo informe, por un perito judicial, no priva ni de credibilidad ni de eficacia a las diligencias de investigación ya practicadas”.

“¿Acaso dichos técnicos no tienen titulación suficiente como para emitir sus informes? ¿Considera el juzgado que la opinión de un perito nombrado judicialmente es de mejor calidad que la de dichos arquitectos técnicos?”, se pregunta Guanyar en su escrito. Este grupo municipal entiende que el juez instructor debería haber valorado las dos pruebas periciales existentes antes de acordar el sobreseimiento, decisión que debería haber tomado un tribunal enjuiciador, y no el órgano instructor.

Una de les residències més afectades per la crisi del coronavirus com és la DomusVi d'Alcoi forma part del model d'accessibilitat de l'època del PP que va impulsar l'exconseller de Benestar Social Rafael Blasco, en 2001, i que va acabar de consolidar l'exconseller i expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino, mort recentment.

La Generalitat Valenciana té concertades 8.236 places de les quals més de 5.000 corresponen a l'esmentat model. Després del pas de Blasco per la cartera de Benestar Social, Cotino va continuar premiant l'empresa que va impulsar la seua família al costat del constructor imputat en Brugal i condemnat en Gürtel pel finançament il·legal del PP, Enrique Ortiz, Savia-Gerocentros. Quatre empreses controlen més del 70% d'aquestes 5.000 places i els seus propietaris són des de constructores a grups estrangers especialistes en el sector. El TSJ va anul·lar en 2016 aquest model d'accessibilitat, una part del qual es va tornar a traure a concurs.

Va ser Blasco, actualment en règim de semillibertat després de sis anys a la presó pel cas Cooperació, qui va adjudicar en 2002 una concessió a 45 anys a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Sacova, formada per la constructora OHL i l'Asociación de Servicios Aser, per a habilitar i gestionar una residència en l'antic Hospital Civil Oliver d'Alcoi.

En 2015 aquesta empresa va passar a les mans de Quavitae Servicios Asistenciales per 46,7 milions d'euros i en 2017 al grup francés Casa Vita SAS, el seu propietari en l'actualitat a través de la  filial GeriaVi SAU. L'empresa va guanyar 3,3 milions després d'una facturació en 2017 de 29,7 milions.

Segons el document a què ha tingut accés eldiario.es, el contracte es va adjudicar sense possibilitat de pròrroga i sense l'obligatorietat que l'empresa adjudicatària abonara un cànon anual a la conselleria, com és habitual en aquesta mena de concessions.

El document reflecteix que a canvi l'empresa es va comprometre a rehabilitar l'edifici de l'antic hospital, un cost que s'aproximaria a la xifra dels 45 anys del pagament d'un cànon, per aquest motiu es va deixar sense efecte. A més, estableix que el centre tindria 140 places, 47 a disposició de la conselleria. Actualment el preu per plaça és d'uns 1.600 euros.

Aquesta residència ha sigut un dels principals focus de contagi de la província d'Alacant des que va arrancar la pandèmia. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va deixar d'oferir informació de persones mortes per residència quan ja s'hi havien comptabilitzat 26 morts. Setmanes més tard els familiars van denunciar que s'havia arribat als 70 morts i que l'empresa, almenys durant diversos dies, els va posar traves per a contactar amb els seus parents internats.

A més, aquesta és una de les 13 residències valencianes que investiga per la via civil la Fiscalia, a causa del seu elevat índex de mortalitat. Les investigacions civils només inclouen en principi la recollida d'informació i el seguiment per a garantir que no es produeixen irregularitats.

Una de las residencias más afectadas por la crisis del coronavirus como es la DomusVi de Alcoi forma parte del modelo de accesibilidad de la época del PP que impulsó el exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco, en 2001, y que acabó de consolidar el exconseller y expresidente de las Corts Valencianes Juan Cotino, fallecido recientemente.

La Generalitat Valenciana tiene concertadas 8.236 plazas de las que más de 5.000 corresponden al mencionado modelo. Tras el paso de Blasco por la cartera de Bienestar Social, Cotino siguió premiando a la empresa que impulsó su familia junto al constructor imputado en Brugal y condenado en Gürtel, Enrique Ortiz, Savia-Gerocentros. Cuatro empresas controlan más del 70% de estas 5.000 plazas y sus propietarios son desde constructoras a grupos extranjeros especialistas en el sector. El TSJ anuló en 2016 este modelo de accesibilidad, una parte del cual se volvió a sacar a concurso.

Fue Blasco, actualmente en régimen de semilibertad tras seis años en prisión por el caso Cooperación, quien adjudicó en 2002 una concesión a 45 años a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacova, formada por la constructora OHL y la Asociación de Servicios Aser, para habilitar y gestionar una residencia en el antiguo Hospital Civil Oliver de Alcoi.

En 2015 esta empresa pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales por 46,7 millones de euros y en 2017 al grupo francés Casa Vita SAS, su propietario en la actualidad a través de su filial GeriaVi SAU. La empresa ganó 3,3 millones tras una facturación en 2017 de 29,7 millones. 

Según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es, el contrato se adjudicó sin posibilidad de prórroga y sin la obligatoriedad de que la empresa adjudicataria abonara un canon anual a la conselleria, como es habitual en este tipo de concesiones.

El documento refleja que a cambio la empresa se comprometió a rehabilitar el edificio del antiguo hospital, un coste que se aproximaría al montante de los 45 años del pago de un canon, de ahí que se dejara sin efecto. Además, establece que el centro tendría 140 plazas, de ellas 47 a disposición de la conselleria. Actualmente el precio por plaza es de unos 1.600 euros.

Esta residencia ha sido uno de los principales focos de contagio de la provincia de Alicante desde que arrancó la pandemia. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública dejó de ofrecer información de personas fallecidas por residencia cuando ya se habían contabilizado 26 muertes. Semanas más tarde los familiares denunciaron que se habían alcanzado los 70 fallecidos y que la empresa, al menos durante varios días, les puso trabas para contactar con sus parientes internados.

Además, esta es una de las 13 residencias valencianas que investiga por la vía civil la Fiscalía, debido a su elevado índice de mortalidad. Las investigaciones civiles solo incluyen en principio la recogida de información y el seguimiento para garantizar que no se producen irregularidades.

La residencia de personas mayores de Alcoi se ha convertido en uno de los principales focos de coronavirus la provincia de Alicante e incluso de toda la Comunitat Valenciana.

No en vano, se han registrado hasta ahora 26 fallecidos, el 32% de toda la provincia y el 15,5% de todo el territorio valenciano, donde las muertes con COVID-19 se elevan ya a 167.

Al respecto, la consellera de Sanidad, Ana Berceló, ha confirmado este jueves que el origen del brote está en uno de los empleados del centro que gestiona la empresa DomusVi.

Barceló ha explicado que aún no tienen los resultados epidemiológicos de los análisis practicados a residentes y empleados para determinar las causas de la virulencia del virus en el centro.

En cuanto a los datos de fallecidos, la consellera ha relativizado las cifras en función de la capacidad de residentes de este centro, que asciende a 134, en comparación con la residencia Santa Elena de Torrent (València), donde ha habido nueve fallecidos de un total de 85 usuarios.

En el caso de Alcoi, el primer positivo se confirmó el pasado 17 de marzo, tres días después de decretarse por precaución el cierre a visitas de las 334 residencias públicas y privadas de toda la Comunitat Valenciana. Desde entonces hasta ahora, los datos de positivos y fallecidos se han disparado.

Según los datos aportados este jueves por Barceló, el número total de fallecidos en residencias valencianas se eleva a 44, tres más que este miércoles. De ellos, uno pertenece al centro de Morella en la provincia de Castellón; 26 al de Alcoi, dos al de la Vila Joiosa y dos al de Petrer en Alicante; en la provincia de València se han dado nueve fallecidos en Torrent, uno en Moncada, uno en Alaquàs y otro en València ciudad.

Barceló ha anunciado que desde este jueves 83 inspectores (29 en Alicante, 41 en València y 13 en Castellón) van a peinar los 285 centros de personas mayores públicos y privados en los que aún no se ha producido ningún contagio para comprobar que se cumplen todos los protocolos de seguridad y prevención.

La epidemia del coronavirus ha alcanzado los 2.616 casos en la Comunitat Valenciana y los 143 fallecidos. Unas cifras que, pese a ser importantes, quedan muy por detrás de otras autonomías españolas como Madrid, País Vasco, Catalunya, Castilla y León o Castilla-La Mancha. 

En las últimas horas, los brotes han proliferado especialmente en las residencias de personas mayores, precisamente la población de mayor riesgo ante el COVID-19.

Así, según los últimos datos ofrecidos este miércoles 25 de marzo por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en las últimas 24 horas el número de centros con algún caso positivo registrado ha pasado de 24 a 45, seis de esas residencias en la provincia de Castellón, 11 en la de Alicante y 28 en la de València. Esto supone que un 13,4% de las 334 residencias públicas y privadas de la Comunitat Valenciana cuentan un brote.

Según Barceló, en esas 45 centros se han detectado casos positivos en 181 residentes, 37 más de los registrados este martes. Además, han resultado contagiados 66 trabajadores (siete más que el martes) y 326 están en cuarentena (119 más en 24 horas).

En cuanto a los residentes fallecidos con coronvirus, ascienden a 41 (seis más de los 35 registrados este martes), uno en la provincia de Castellón, 29 en la de Alicante y 11 en la provincia València, donde ha habido un repunte de cinco muertes.

Llama la atención el caso de la residencia de gestión privada de Alcoi DomusVi, con 134 residentes, uno de los principales focos de toda la Comunitat Valenciana.

Aunque este miércoles Barceló no ofreció datos de fallecidos por residencias, hasta el martes fueron 26 las muertes registradas en Alcoi, es decir, el 20% de los residentes. Los datos ofrecidos por la consellera sí que constatan un fallecido más en centros de la provincia de Alicante, por lo que en el peor de los casos la cifra alcanzaría los 27.

Con todo, dando por bueno el dato de las 26 muertes, supondría que el 36,6% de los fallecidos en la provincia alicantina y el 18% de toda la Comunitat Valenciana se han registrado en esta residencia.

Barceló reconoció que en estos momentos desconoce el origen del contagio y los motivos de la agresividad del brote: “Se han tomado muestras a todos los residentes y al personal con síntomas para procesar y analizar cuál es el origen; el departamento de edipidemiología está estudiando a qué se debe la virulencia de este foco”.

La consellera anunció además el pasado 18 de marzo, momento en el que empezaron a aparecer positivos en diferentes centros de mayores de la Comunitat Valenciana, que su departamento procedía a la intervención de la gestión sanitaria de los 334 centros de la tercera edad públicos y privados , en los que se están llevando a cabo inspecciones y a los que se está dotando de material de protección para el personal. 

Por otra parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha procedido a la desinfección de la residencia de Alcoi y hará lo propio en el resto.

La consellera de Sanidad del Gobierno valenciano, Ana Barceló, ha actualizado este martes las cifras de afectados por la crisis del coronavirus.

Barceló ha informado de que en las últimas 24 horas se han registrado 226 nuevos positivos, lo que eleva la cifra total de contagios a 2.167 personas, 229 en la provincia de Castellón, 629 en la de Alicante y 1.307 en la de València; un 19% del total de infectados es personal sanitario.

La consellera ha explicado que en estos momentos hay 917 pacientes ingresados, 94 en Castellón (20 en la UCI), 290 en Alicante (47 en la UCI) y 533 en València (94 en la UCI). En cuanto a las altas, ha habido un total de 37.

Sobre los fallecimientos, se han registrado 21 más en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de muertes con COVID-19 a 115.

De los 21 nuevos fallecidos, cinco se han registrado en la residencia de personas mayores de Alcoi, donde ya son 26 los residentes que han faltado. En el resto de residencias en las que ha habido contagios, no han variado las cifras de fallecidos (seis en Torrent, dos en la Vila Joisa y uno en Morella).

En total, se han registrado 40 nuevos positivos en las residencias públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, lo que eleva a 144 los contagios, de los que 59 son trabajadores. Además, otros 207 empleados están en cuarentena.

En cuanto al perfil de los afectados, el 8% tienen entre 0 y 30 años, el 45% entre 31 y y 60 años, el 33% entre 61 y 80 años y el 14% tienen más de 80 años. Además, el 91,4% de los fallecidos tienen más de 75 años.

Barceló ha anunciado que expertos de la Conselleria trabajan en un protocolo para que los familiares de los pacientes en estado terminal puedan despedirse de alguna de manera, algo que hasta ahora no es posible por el riesgo de contagio.

Sobre la falta de material sanitario de protección para el personal de las residencias de ancianos, la consellera ha explicado que entre este martes y este miércoles se distribuirá todo los necesario desde los hospitales de los que han pasado a depender los centros de tercera edad.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha confirmado un foco de 58 casos positivos a la Residencia de Mayores DomusVi de Alcoi, lo cual supone más de un tercio de los usuarios que son 134. De los infectados una persona tuvo que ser hospitalizada y ha muerto, aunque Barceló ha destacado que “no se puede determinar que haya sido de Coronavirus”. De los infectados se explica que 8 están controlados en unidad hospitalaria domiciliaria.

La conselleria también señala que “se está investigando” aunque en este momento “no se puede facilitar el dato de cómo se ha podido producir el contagio” del COVID-19. El centro, que mantiene en aislamiento a los enfermos, ha suspendido las visitas de familiares con el objetivo de combatir la expansión de los contagios.

El foco de la residencia de Alcoi se suma también a la de Torrent en la que se han dado 51 casos positivos, de los cuales 19 son trabajadores. En esta misma residencia ya son cuatro las personas de edad avanzada con patologías previas las que han fallecido.