Antifraude detecta que seis residencias de ancianos privadas están por encima de la media de fallecidos por COVID-19

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha reseñado más de 550 fallecidos en residencias de mayores a consecuencia de la COVID-19. El organismo contra el fraude que dirige Joan Llinares inició una investigación sobre la financiación pública de los centros de mayores más afectados por la pandemia para comprobar el uso de los fondos públicos que reciben. El informe de Antifraude revela que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ha incoado nueve expedientes durante 2020, de los que cuatro corresponden a las entidades con mayor mortandad derivada de la COVID-19.

Así, el departamento de Oltra ha incoado un procedimiento sancionador por infracción grave (por un importe de 6.505,07 euros) contra un centro en el que el Servicio de Inspección detectó que no se cumplía con el mínimo de personal exigido para garantizar una asistencia de calidad a los mayores, tal como le imponen los pliegos de contratación.

Una residencia de Alicante para personas mayores dependientes ha sido sancionado con 40.000 euros por una infracción grave en materia de personal. La visita de inspección detectó la “falta de horas de dedicación del médico”, una carencia que ya había reseñado en dos visitas anteriores previas a la pandemia.

Otro centro ha sido sancionado por una infracción grave con 2.404,06 euros con una resolución dictada anticipadamente por pronto pago. Un cuarto procedimiento sancionador, sin relación con la materia específica de personal, se saldó sin imposición de multa.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuenta con un Plan de Inspección, un documento con carácter plurianual con las líneas básicas de actuación, y con un Programa Anual Básico de Inspección (PAB), de carácter reservado, con las propuestas de control efectuadas por los órganos directivos del departamento encargado de los centros.

Seis centros privados y tres públicos por encima de la media de fallecidos

La documentación recabada por la agencia sobre 56 centros (14 públicos y 42 privados) muestra que un 7,79% de los usuarios de plazas residenciales fallecieron por COVID-19. Por encima de la media de fallecimientos se sitúan seis centros privados y tres públicos: Alcoi (con 64 fallecimientos, un 45,71% del total de plazas); Torrent (28 muertes, un 36,84% del total); Onil (16 fallecimientos, el 31,37%); Morella (21 muertes, el 30,88%); Vila-real (35 fallecimientos, un 29,17%); València (7 muertes, un 25,93%); Villahermosa (14 fallecimientos, un 22,95%); otro centro en València con 27 muertos, el 21,77%), y Jarafuel (tres fallecidos, un 15% del total).

El informe de Antifraude también desglosa el plan de inspecciones de la Conselleria de Oltra en residencias de personas mayores. La Generalitat Valenciana ha atendido una treintena de peticiones de inspección y ha visitado medio centenar de centros de nueva autorización. Por iniciativa del propio Servicio de Inspección se han efectuado 68 visitas a centros y 55 inspecciones, en materia de seguridad alimentaria, conjuntas con la dirección general de Salud Pública. En total, Igualdad y Políticas Inclusivas ha atendido 101 denuncias, de las cuales más de dos tercios han requerido una visita de inspección. 

La AVA ha concluido que los hechos no constituyen un fraude al constatar que “constan las certificaciones de comprobación de cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos”.

Aun así, Antifraude ha recomendado a la Conselleria que planifique un programa de control permanente específico “en aras a la comprobación periódica y continua del cumplimiento de las obligaciones, estipulaciones y condiciones contenidas en los pliegos y contratos reguladores” de los centros de residencias de tercera edad tanto públicos como privados que incluyan plazas con financiación de la Generalitat Valenciana.

El organismo recomienda que se priorice “de manera singular” la verificación del cumplimiento de los ratios de personal sanitario y asistencial “de carácter prestacional”. También añade que el plan de inspecciones debería incluir la “comprobación y verificación in situ” de los centros de residencias de la tercera edad con una “frecuencia máxima cuatrianual”, sin perjuicio de cualquier otra “acción singular o específica que proceda”.