El 22 de febrero de 2000, hace ahora 25 años, ETA cometió un “magnicidio” en Vitoria. Asesinó con una furgoneta-bomba en el campus universitario a Fernando Buesa, de 54 años, y a su escolta, el ertzaina de 26 años Jorge Díez Elorza. Dos mujeres resultaron heridas. Buesa era 'de facto' el jefe de la oposición en Euskadi, portavoz socialista en el Parlamento Vasco y secretario general de su partido en Álava. Antes había sido vicelehendakari y consejero de Educación de 1991 a 1995 y diputado general entre 1987 y 1991, entre otros cargos institucionales y orgánicos, muchos de ellos simultáneos. Rechazó propuestas para ser ministro.

Es el historiador Antonio Rivera el que emplea el término “magnicidio”, poco usual en el historial de ETA, por el destinatario principal del atentado y por las consecuencia políticas que acarreó. Remarca que ningún miembro del Gobierno autonómico había sido asesinado desde que fue ejecutado el republicano Alfredo Espinosa en la Guerra Civil. Sin embargo, si el asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua espoleó un “espíritu” de unidad contra el terrorismo dos años y medio antes, los plúmbeos días que siguieron al de Buesa fueron jornadas de polarización social al haber alcanzado el lehendakari del PNV, Juan José Ibarretxe, un acuerdo político con EH, la marca que entonces empleaba la izquierda abertzale.

Buesa era abogado y, sobre todo, político. Se estrenó en las elecciones de 1977, las primeras tras el final de la dictadura, encabezando un partido democristiano que no obtuvo representación. Esto siempre fue utilizado en su contra por los críticos que tuvo en la federación vasca del PSOE cuando fue escalando de la mano de su gran colega y amigo Javier Rojo. En 1979, Rojo y él entraron al Gobierno de la Diputación de Álava dentro de una coalición con el PNV. Fue su bautismo institucional. Fue concejal, juntero, parlamentario y dirigente del partido, en ocasiones todo al mismo tiempo. No pudo ser alcalde de Vitoria pero en 1987 se convirtió en diputado general de Álava. El libro 'Fernando Buesa, una biografía política', redactado por el propio Rivera y por Eduardo Mateo, desliza que confrontó de una manera abierta con el alcalde de la capital, José Ángel Cuerda, que en aquellos años estaba en EA y luego volvió al PNV, su partido inicial. Cuentan que había que subir el volumen de la música durante sus reuniones para que no se escucharan los gritos. De aquellos años dejó un gran proyecto, la reforma de la antigua plaza del ganado de Zurbano para convertirla en un pabellón de baloncesto, el Araba Arena que, desde 2000, es oficialmente conocido como Fernando Buesa Arena en su memoria.

En 1991 fue el cabeza de entre los consejeros socialistas en la coalición con el PNV bajo la presidencia de José Antonio Ardanza. Era vicelehendakari para las políticas sociales y, específicamente, consejero de Educación. De esta época son las normativas que han estado vigentes hasta hace tan sólo unos meses cuando, en el final del mandato de Iñigo Urkullu, se aprobó la reforma educativa. Su mayor herencia fue el impulso a la publificación de las ikastolas privadas. Euskadi es aún hoy la comunidad autónoma con más peso de la enseñanza concertada y en aquellos años se habilitó una pasarela que algunos de estos colegios en euskera aceptaron. Eso también le granjeó críticas como supuesto enemigo de la lengua vasca.

El “magnicidio” tuvo un contexto. En septiembre de 1998, las fuerzas nacionalistas y el entorno de ETA suscribieron el pacto de Lizarra. Vino acompañado de una tregua. José María Aznar, líder del PP, estaba en La Moncloa. De aquellos años es su apuesta por dialogar con el “movimiento vasco de liberación”, como llamó a la organización armada, y centenares de acercamientos de presos. En 1999, PNV y EA, en minoría en Euskadi tras las elecciones en las que Ibarretxe sucedió a Ardanza, suscribieron un acuerdo de colaboración parlamentaria con Euskal Herritarrok o EH, la reformulación de la época de la antigua HB. En enero de 2000, ETA rompió la tregua y asesinó en Madrid un militar de alta graduación del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco. El 18 de febrero, en el que sería su último pleno antes de morir, Buesa afeó al lehendakari que no bastaba con tener “en suspenso” el pacto con EH, que tenía que romper amarras con la izquierda abertzale. Llegó a sugerirle que se sometiera a una cuestión de confianza. En ese debate con Ibarretxe, Buesa avisó: “ETA sigue en el intento de cometer nuevos crímenes terroristas”.

El 22 de febrero

El 22 de febrero era martes. En Vitoria hacía un día oscuro e invernal pero en Donostia era una jornada luminosa. El PSE-EE presentó allí, por la mañana, un manifiesto electoral. El 12 de marzo había generales en España y la campaña era inminente. Buesa fue uno de los participantes, junto con el entonces líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros. Llegó tarde y no salió en la fotografía de familia del evento. Allí estaba también Rojo, su 'número dos' en Álava.

“Hacía un día muy bonito. Había gente bañándose en el mar. Íbamos a ir a comer a Getaria pero, casualidades de la vida, me llamó mi abogado, Paulino Corcuera, para preparar un juicio en Bilbao y anulé la comida con Fernando. 'No te preocupes, hay más días', me contestó”, explica el ya retirado dirigente socialista, que en 2004 se convirtió en cuarta autoridad del Estado al ser designado como presidente del Senado. A primera hora de la tarde, ya estaban ambos en Vitoria. A las 17.00 horas había una reunión de campaña del PSE-EE alavés en la sede de la plaza del Arca.

A las 16.30 horas, los inseparables Rojo y Buesa estaban hablando por teléfono. Se escuchó el timbre del portero en medio de la llamada. “Te dejo, que viene Jorge. Nos vemos a las cinco”, le despidió Buesa tras anunciarle la llegada de Díez Elorza, su único guardaespaldas. En una zona de su ruta hacia la sede del partido, un joven había movido un Ford Fiesta con matrícula NA para dejar aparcar una Renault Express con placas falsas VI. Dentro, el 'comando Ituren' había instalado un potente explosivo que habían preparado en un piso franco ubicado en la calle de Federico García Lorca. A las 16.40 horas detonaron la bomba al paso de la pareja. El político murió en el acto y el policía minutos después. Dos transeúntes resultaron heridas. En 2011, en la primera sentencia judicial tras conocerse el cese del terrorismo, la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier García Gaztelu, conocido como 'Txapote', como autor intelectual del atentado. Antes lo habían sido los ejecutores materiales del doble asesinato, Asier Carrera, Luis Mariñelarena y Diego Ugarte.

Rojo escuchó desde su casa la explosicón. “Corrí las cortinas de la sala de estar y todas las palomas volaban. Volví a llamar a Fernando al móvil. No daba señal. Salí de casa inmediatamente con mi hija, Natalia. Se nos verá, porque nos grabó la televisión. Cuando llegamos, la Policía no nos dejaba pasar. Había muchos periodistas. Un ertzaina me agarró y me dijo textualmente: 'Es quien usted cree que es'. Y yo me derrumbé”, rememora su amigo.

¿Por qué había tantos periodistas a los pocos segundos del bombazo? El atentado tuvo lugar en un esquina del campus universitario de la UPV/EHU, junto a la escuela de Ingeniería y dos institutos. A pocos metros está la sede de la Presidencia vasca. A esa hora, en Lehendakaritza, se celebraba la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno. El portavoz de Ibarretxe, Josu Jon Imaz, ahora presidente de Repsol, se vio interrumpido por el estruendo. Una de aquellas periodistas, todavía en activo, recuerda cómo tembló el suelo, cómo salieron corriendo a ver qué pasaba y cómo se encontraron los cuerpos en el suelo y las llamas tras la deflagración. “La época más dolorosa de mi vida profesional”, titula. También recuerda aquella tarde el responsable de la brigada de limpieza que tuvo que intervenir tras el atentado, como en tantas otras ocasiones en aquella época. Recuerda cómo encontraron muy lejos los trozos de un reloj y cómo se lo entregaron a los ertzainas que allí recogían pruebas.

“Iba de camino a la sede cuando llamaron al escolta. Había habido una bomba en el campus. Yo pensé en Txema Portillo... Al cabo de cinco minutos ya me dijeron que era Fernando. Fue directamente a casa de Nati, su mujer”, cuenta Jesús Loza, entonces portavoz del PSE-EE en Vitoria y años después comisionado vasco para la paz y delegado del Gobierno de España en Euskadi. “Fernando no era sólo mi jefe. Era mi amigo”, lamenta. Asegura que se encontró a la familia “en un ambiente de desolación”. “Nati estaba hecha polvo, pero poco a poco se fue serenando. Y nos dijo a los presentes: 'Lo que tenéis que hacer es mantener la memoria de Fernando'. En ese mismo momento surgió la idea de la fundación”, explica. Se refiere a la Fundación Fernando Buesa, que sigue activa en la actualidad y que es junto con Covite una de las más relevantes en lo tocante a víctimas del terrorismo en España.

Uno de los asesores de Loza era Óscar Rodríguez Vaz, que entonces contaba 23 años. “Llevaba cuatro meses trabajando en el Ayuntamiento para Jesús. Teníamos un acuerdo para hacer alcalde a Alfonso Alonso, del PP. Fue una colaboración externa que funcionó muy bien. Dio tranquilidad en momentos muy convulsos”, cuenta. Si el nacionalismo vasco había acumulado fuerzas, en la otra parte del tablero político PP y PSE-EE habían fraguado un acercamiento muy importante e impensable en la actualidad. Rosa Díez era otra de las referencias socialistas, junto con Redondo Terreros. Ambos ya están lejos del partido. En los 'populares' estaban Carlos Iturgaiz y Jaime Mayor Oreja como grandes nombres.

“Sí, vivíamos unión con el PSE-EE a pesar de la tensión electoral en España. Estábamos en campaña y se enfrentaban Aznar y [Joaquín] Almunia”, confirma Alonso, el entonces alcalde, y que más tarde fue ministro de Sanidad con Mariano Rajoy, entre otros cargos. “Salíamos del pacto de Estella [por Lizarra] y la tregua se había roto. Por encima de todo, había humanidad, amistad y cercanía con los socialistas. No éramos lo mismo, pero estábamos unidos”, agrega en una entrevista telefónica.

“Recuerdo aquello como un día de 'shock' y rabia, pero también de futuro”, sigue Rodríguez Vaz, ya alejado de la primera línea del PSE-EE desde hace años. “El 'shock' era, claro, porque que a los cuatro meses maten a tu jefe es acojonante. Pero tras ese estadio de rabia bestial, vimos que esa misma tarde empezó a acercarse gente al partido. Llenaron la sede. Muchos políticos de hoy salieron de aquellos días. Era gente de mi generación. Fue el germen de unas juventudes superfuertes, de igual 45 ó 50 personas activas, que para Álava era muchísimo”.

Las movilizaciones empezaron ya esa misma tarde. Cuerda, el enemigo político de Buesa y ya fuera de la alcaldía de Vitoria, fue uno de los que se puso en primera fila para condenar lo ocurrido. Jóvenes socialistas también acudieron a la zona del campus, escenario habitual de protestas del entorno abertzale, para realizar pintadas y otras acciones de denuncia del crimen. Parte de la indignación empezó también a dirigirse hacia Ibarretxe, aunque esa noche sí hizo lo que le pidió Buesa unos días atrás, romper totalmente con EH.

El miércoles, 23 de febrero, aniversario del golpe de Estado de 1981, el Parlamento Vasco celebró un breve pleno extraordinario para dar lectura a un texto de condena. En el escaño vacío del asesinado se colocaron unas flores rojas. De negro y con gafas oscuras lloraba Isabel Celáa. Había sido su viceconsejera en Educación y también compañera parlamentaria. En 2009 ella misma se convirtió en consejera del ramo y, aunque no tenía el título, era igualmente la vicelehendakari 'de facto' de Patxi López por ser la de más edad en su gabinete. Y luego fue ministra. Ahora, a sus 75 años, es la embajadora de España en la Ciudad del Vaticano y en la Orden de Malta. “Era una figura espléndida. Fue un hombre excelente en todos los sentidos, de profundas convicciones éticas. Era un hombre de razón. Vivíamos un tiempo duro. Era el tiempo de Lizarra, de profundo nacionalismo. Y él siempre mantuvo que la sociedad era plural. La pérdida fue enorme”, relata al otro lado del teléfono desde Roma. Ella no olvida la campaña contra su jefe por la reforma educativa, pero prefiere no entrar en detalles sobre el pasado. En aquella sesión plenaria no participó la representación de EH. Los asignados de esta formación en la comisión de Derechos Humanos eran Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia y Josu Urrutikoetxea, más conocido como 'Ternera'.

Tras el pleno, se abrió al público la capilla ardiente de Buesa. Dirigentes socialistas como un joven Patxi López portaron el féretro hasta el espacio habilitado en el vestíbulo principal. Llevaba encima una bandera roja donde ponía “PSOE” y aparecía el puño y la rosa. Después se le añadió una ikurriña aportada por el presidente de la institución, el nacionalista Juan María Atutxa. Cientos de personas anónimas acudieron a la Cámara. En la actual sala de prensa se colocó un biombo para preservar la intimidad de la familia más cercana, de Nati y de sus tres hijos, Marta, Sara y Carlos. Estuvieron en Vitoria el presidente Aznar, el líder de la oposición Almunia, presidentes autonómicos de Catalunya, Extremadura o Andalucía y otras muchas autoridades. Una guardia rotatoria compuesta por agentes de gala de la Ertzaintza, del cuerpo de Miñones de Álava, de la Policía de Vitoria, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil velaba el cadáver.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, también acudió. Al llegar, se fundió en un abrazo con Jon Buesa, hermano de Fernando y dirigente del PNV de Álava. Dio la mano al socialista 'Txiki' Benegas. Pero no se saludó con Díez, Rojo o Loza. “Fue algo aterrador. Nos dolió y nos pareció intolerable”, recuerda el tercero. Ese mismo día, por la noche, se celebró el funeral. Se hizo en la catedral nueva de Vitoria, pegada al Parlamento. Rojo le había dicho a Loza que tuviera preparado un cura por si el obispo se negaba a oficiar las exequias, como ocurrió en el pasado con otros atentados. “Si hacía falta, estábamos dispuestos a tirar la puerta abajo”, bromea ahora Rojo sobre las tensiones que también se vivieron con parte de la jerarquía católica en el pasado.

La celebración religiosa fue a puerta cerrada por expreso deseo de la familia, aunque miles de personas se congregaron en el exterior. Ibarretxe y su Gobierno tuvieron que salir escoltados y por una puerta lateral ante las protestas de parte de los allí congregados. El clima político continuaba enrareciéndose. El Parlamento Vasco conserva digitalizada un amplísima colección de más de medio millar de negativos sobre estos acontecimientos y ha cedido parte de ese archivo para la elaboración de este reportaje.

Las manifestaciones enfrentadas

Y llegó el fin de semana. En Vitoria se había convocado una gran manifestación de repulsa. Iba a partir de la plaza de la Constitución y terminaría en el centro, en la Virgen Blanca. El PNV movilizó autobuses para arropar al lehendakari Ibarretxe. La crónica de 'El País' reflejaba que eran vehículos con matrículas BI y SS, lo que indicaba la procedencia de los asistentes. Hubo contactos entre el PSE-EE y el PNV pero no se logró un consenso. Los periodistas -la reportera de CNN+ era Letizia Ortiz, ahora esposa del jefe del Estado- contaron cómo hubo dos y hasta tres convocatorias en una. Por un lado, salió en cabeza la marcha gubernamental. Jon Buesa iba con sus compañeros de partido. Por otro lado, la familia más próxima iba con los dirigentes socialistas y los cargos institucionales del PP. En medio, Gesto por la Paz intentaba coser la herida, sin éxito.

La primera columna llegó rápido e Ibarretxe pronunció un discurso que terminó augurando que la paz estaba más próxima en aquel momento. Jon Buesa, con el que este periódico no ha podido contactar para este reportaje, tuvo un protagonismo muy importante. Rojo no olvida cómo el lehendakari se marchó del lugar antes de que llegaran la viuda y los hijos. Cuenta que Jáuregui le pidió que improvisara unas palabras ante la masa. Y lo hizo. “Intervine en la Virgen Blanca. No se trata de pasar facturas a nadie. No tengo odio ni rencor, pero sí memoria. Y no quiero perderla. Después de un asesinato tan brutal, algunos quisieron manipular una manifestación. Hubo muchísima tensión. En aquellos momentos el Gobierno del PNV estaba tonteando con el mundo de ETA y marginándonos a los que no éramos nacionalistas”, explica. ¿Y qué dijo Rojo? Quien ya era a la fuerza el nuevo líder de los socialistas alaveses se dirigió a Ibarretxe: “Aquí falta el lehendakari. ¿Dónde está? Quiero transmitirle y pedirle que nos escuche, que nos mire, que nos vea, que no sea sordo y no fracase. Queremos ser parte importante de este pueblo, porque todos los que estamos aquí somos vascos”.

Josune Ariztondo era la 'número dos' del Euzkadi Buru Batzar del PNV, la única mujer en la ejecutiva, a la que había accedido apenas unas semanas antes. Ella acompañaba al ya fallecido Arzalluz en aquellos primeros pasos de ocho años en la dirección nacional del principal partido vasco. “El año 2000 fue terrible”, explica. A su juicio, “el ambiente ya era malo antes del asesinato”. La “complicidad histórica” entre nacionalistas y socialistas estaba rota desde Lizarra y “los mensajes contra Ibarretxe y contra el PNV eran muchísimos”. El funeral fue “terrible”, como también el desarrollo de la manifestación. Recuerda cómo algunos militantes del partido acabaron empapados porque les arrojaron agua. Ariztondo recuerda que también después de otros asesinatos de ese mismo año, como el de Juan María Jáuregui, también socialista, les generaron momentos de tensión. “En la capilla ardiente nos gritaron 'Ibarretxe, asesino', por ejemplo”, cuenta. “Es verdad que se señaló muhco al PNV en la manifestación. Pero es que, claro, habían hecho un acuerdo con ETA. La reivindicación de Ibarretxe fue lamentable. Quiero pensar que se equivocó”, interpreta Alonso desde la óptica del PP.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco era un joven Iñigo Urkullu. El lehendakari entre 2012 y 2024 explica que desde su posición intentaba en esos años “coadyuvar” a las “bases de una convivencia” compartida en Euskadi, aunque asume que no era una misión sencilla. Urkullu estaba en Sabin Etxea, la sede central del PNV, cuando se produjo el atentado. Califica de “triste” -textualmente 'tamalgarri', en euskera- todo lo que rodeó al asesinato de Buesa. “Tres manifestaciones paralelas, dos de ellas plegadas a intereses que parecían alejados de lo que la inmensa mayoría de la sociedad pedía y, sobre todo, necesitaba”, escribió también años después Pello Salaburu, rector de la UPV/EHU próximo al PNV.

Para Rafa Larreina el crimen fue “impactante”. Él era el portavoz de EA en el Parlamento, partido socio del PNV y también firmante del acuerdo con EH. Era el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos igualmente. “Con Fernando tenía una relación estrecha. Coincidíamos todos los sábados en la tertulia de Radio Euskadi y luego tomábamos café y hablábamos más allá de ser los portavoces de nuestros respectivos grupos. Fue un golpe muy duro. En la tregua habíamos hablado mucho. Estábamos ilusionados de que aquello acabase, de que aquello saliese bien”, explica. Considera que este atentado “truncó” las expectativas políticas depositadas en el final de ETA y admite que se generó “mucha tensión” en los días siguientes. “Hubo quien lo quiso convertir en un apoyo a Ibarretxe y eso generó malestar. Yo lo critiqué en unas declaraciones a los medios de comunicación en ese momento. Creo que en ese enfrentamiento se olvidó lo fundamental: el rechazo del asesinato y la solidaridad con la familia. Fue un momento triste. Me sentí el único criticando aquella polarización”, añade.

EA, su partido, es ahora parte de EH Bildu y Larreina terminó su vida política como diputado en el Congreso. Desde hace una década, aproximadamente, la coalición EH Bildu participa en los actos anuales de homenaje a Buesa. También lo hacen cargos de Sortu, el actual nombre de la izquierda abertzale, y no solamente los independientes o los procedentes de EA. Sin embargo, hasta fechas muy recientes ha habido también ataques a la tumba de Buesa y al monumento en su memoria, así como homenajes en las fiestas de Judizmendi a uno de los asesinos, Ugarte.

¿Y Díez Elorza? La capilla ardiente del agente estuvo en otro lugar de Vitoria. Algunos políticos como Almunia o Arzalluz también visitaron a su familia. El agente, con número profesional 13.115 por ser de la decimotercera promoción de la Policía vasca, era deportista y llegó a participar con su pueblo, San Vicente de Arana, en el Grand Prix de TVE.

“Jorge era una persona con muchísima profesionalidad e ilusión. Es de mi promoción. Desde que entró, su idea era ir a la unidad de escoltas, aun sabiendo lo que conllevaba. Cuando entramos, en 1993, todos sabíamos lo que era ETA”, explica un compañero en la academia de Arkaute. “El día del atentado iba solo con él. Se había advertido a los políticos de que había que cambiar de rutas. Pero esos avisos solían ser desatendidos”, agrega.

No el primer ertzaina asesinado por ETA y, desde luego, tampoco el primer policía. Pero sí el primer guardaespaldas. “Aquello fue un palo gordísimo”, señala esta fuente, que sigue en activo y prefiere mantener el anonimato. Este atentado motivó que se cambiaran las rutinas y se pasara a duplicar la escolta. “Y se forzó más a que la persona bajo custodia siguiera una serie de pautas”, agrega el ertzaina consultado.

“Ahora no hay terrorismo. Y eso es muy importante. Personas como Fernando dieron lo mejor de sí para llegar hasta aquí. Nos queda mucho dolor, pero los que defendían la violencia han fracasado. Decir ahora que no podíamos pasear por las calles de nuestra ciudad parece que es como inventarse un libro. Pero era así. Aquello tuvo un objetivo, quebrarnos. Pero fue lo contrario. Nos dio ética e impulso”, concluye Rojo. Y apostilla Celáa: “Aquel asesinato, desde una perspectiva social, fue una grandísima conmoción. La pérdida fue inmensa”. Para el 22 de febrero se ha convocado ya una ofrenda floral en lugar del atentado y una nueva edición del 'In Memoriam' a Buesa y Díez Elorza, cuyo lema es “luces para el futuro”.

Otros reportajes sobre el terrorismo en Euskadi

El Tribunal Constitucional ha pisado el acelerador de las sentencias en el último año y medio. Desde el principio de su mandato, el presidente, Cándido Conde-Pumpido, fue muy explícito al afirmar que uno de sus objetivos era terminar con la tradición de mantener asuntos de gran calado social durante años en un cajón hasta dictar sentencia, como sucedió durante más de una década con la ley del aborto.

Desde entonces el pleno, muchas veces con el voto del sector conservador en contra, ha avalado algunas de las normas más relevantes surgidas del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Desde la ley rider hasta el impuesto a las grandes fortunas pasando por la eutanasia, la reforma del Consejo General del Poder Judicial o el Ingreso Mínimo Vital, todas recurridas sin éxito por PP y Vox.

La última en conseguir el aval del tribunal en los últimos días ha sido la Ley de Vivienda. El pleno anunció hace unos días el rechazo a la mayor parte del recurso presentado por la Junta de Andalucía, una de las múltiples comunidades autónomas gobernadas por el PP que impugnaron una veintena de sus artículos. Con el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador, el tribunal avaló que el Estado pueda regular esa materia aunque sea una competencia de las comunidades autónomas: el derecho a la vivienda, dice la sentencia, es un derecho constitucional y el Ejecutivo central puede imponer normas básicas “que garanticen la igualdad de los ciudadanos en su ejercicio”.

Los magistrados todavía tienen pendientes media docena de recursos en torno a esta ley que afectan a artículos que todavía no han sido estudiados después de anular tres de ellos a instancias de la Junta: entre otros el que regula la vivienda protegida y el que establecía las obligaciones de los grandes tenedores de vivienda de informar sobre el número de casas que tienen en propiedad.

La proporción de siete votos progresistas a favor y cuatro conservadores en contra se ha mantenido en las deliberaciones más relevantes a nivel político y legislativo del último año, aunque no sea necesariamente la tónica en el todos los casos que estudia la corte de garantías. Sucedió cuando en marzo de 2023 avaló la ley de eutanasia rechazando los recursos de PP y Vox: “Garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida”, dijo la sentencia. El tribunal sí encontró la unanimidad unos meses más tarde para tumbar una norma del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso que limitaba el acceso a este derecho.

La misma proporción que avaló la reforma que impide desde 2021 hacer nombramientos en la cúpula judicial al Consejo General del Poder Judicial mientras mantenga el mandato caducado. El pasado mes de octubre el Constitucional rechazó los recursos de PP y Vox contra la modificación de la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces, con los cuatro magistrados conservadores considerando que la norma “despoja” al CGPJ de sus funciones “consustanciales”.

La ley rider, con la que el Ejecutivo buscaba combatir el abuso de la figura del falso autónomo en las plataformas de reparto, también obtuvo el aval del Constitucional con los votos a favor del sector progresista, constando la profunda división que parte el pleno del máximo intérprete de la Carta Magna. El impuesto a las grandes fortunas, recurrido por la Comunidad de Madrid de Ayuso, también quedó avalado por esta misma proporción después de recaudar más de 600 millones de euros en 2023.

Una de las primeras normas del Ejecutivo de coalición en recibir el aval del Constitucional en 2023 fue la conocida como 'ley Celáa', de educación, que entre otras cosas avala la retirada de subvenciones a colegios que segreguen a sus alumnos por sexo. Y una de las últimas ha sido la reforma del Código Penal que penaliza el acoso a mujeres que acuden a una clínica a abortar.

Pocas de estas votaciones han eludido esa división entre progresistas y conservadores y la proporción de siete votos en un sentido y cuatro en sentido contrario. Dos de las normas han sido avaladas con unanimidad: la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi y Navarra y la norma puesta en marcha en 2021 para intentar combatir el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. En el caso del IMV el Constitucional fue claro y con el voto favorable de sus 11 integrantes: no afecta a la “caja única” como alegaba Vox.

Se mantiene por el momento en la indeterminación la votación sobre la 'ley Rhodes' de protección de la infancia. El pasado mes de abril el ponente del recurso de Vox, el conservador Enrique Arnaldo, decidió retirar su ponencia en la que se mostraba partidario de estimar al menos de forma parcial el recurso de Vox para limitar la retirada de la guarda a los progenitores denunciados por malos tratos. En ese caso el sentido mayoritario del pleno es a favor de rechazar el recurso pero la votación todavía no se ha celebrado.

Las leyes pendientes de sentencia

La agenda del Tribunal Constitucional muestra que el pleno todavía tiene varias leyes relevantes de la última legislatura en la lista de asuntos pendientes recurridos por PP y Vox. Normas como la ley trans, la de Memoria Democrática, el aborto, la derogación de la sedición, la ley del 'solo sí es sí' o la reforma legal que pretendía desbloquear la última renovación parcial del propio Constitucional.

Todas las leyes han sido recurridas por el PP o por Vox, en el caso del partido de Santiago Abascal antes de perder los números parlamentarios que le permitían acudir continuamente al tribunal de garantías. En los últimos meses, la extrema derecha ha dirigido su estrategia de nuevo hacia la vía penal en el Tribunal Supremo.

Con el Tribunal Constitucional convertido en uno de los mayores campos de batalla de la política, la derecha desarrolla desde hace más de un año una estrategia de deslegitimación de este organismo desde que, tras las últimas renovaciones, cuenta con una mayoría progresista bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido.

Ninguna de estos recursos ha entrado, por ahora, en el calendario del pleno del Constitucional. Otras normas de calado de la pasada legislatura tampoco fueron recurridas, al menos en su integridad, por los partidos de la oposición: en el caso de la reforma laboral, por ejemplo, solo impugnaron la votación en la que Alberto Casero (PP) se postuló por error a favor de la norma, que salió adelante precisamente gracias a su voto.

El Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría rechazar el recurso que Vox presentó contra la ley de educación impulsada por la ministra Isabel Celáa, avalando algunos de sus puntos principales: la prohibición de financiar con dinero público la escuela que segrega al alumnado, la exclusión de la asignatura de religión del currículo escolar, la presencia de las lenguas cooficiales en la educación o la presencia de la perspectiva de género. Los magistrados del bloque conservador han votado en contra.

El tribunal de garantías ya había anunciado hace semanas su decisión de avalar una sentencia que rechazara todos los puntos del recurso del partido de Santiago Abascal. En un nuevo comunicado explica, por ejemplo, que el modelo educativo que surge de la Constitución es “pluralista” pero que no todos los modelos educativos tienen un derecho “a la prestación pública”. Concluyen los magistrados, por tanto, que esta diferencia de trato para los colegios que separan a chicos y chicas en las aulas está justificada: “Responde a una concepción ideológica del sistema educativo que no solo no puede ser tachada de arbitraria sino que, además, está inspirada en valores constitucionales”, dice.

Con estos argumentos rechazan las alegaciones del partido ultraderechista contra la disposición adicional que prohíbe a los centros “sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos” separar a los alumnos “por su género”. También consideran “conforme a la Constitución” que la asignatura de religión sea excluida del currículo educativo.

Quedan desestimadas también las quejas de Vox contra la perspectiva de género y su presencia en esta ley educativa, por ejemplo cuando obliga incorporarla en la educación secundaria a la hora de abordar “la orientación educativa y profesional del alumnado”. Explica el Constitucional que es un principio pedagógico dirigido a los colegios y las administraciones pero no a unos alumnos a los que no se impone, dice el tribunal de garantías, “ninguna perspectiva o adhesión ideológica”.

La ley Celáa también insta a las administraciones regionales a garantizar el derecho del alumnado a recibir enseñanzas en castellano pero también en las demás lenguas cooficiales del territorio, algo que Vox calificaba de “exclusión del castellano como lengua vehicular” en las aulas. El Constitucional, sin embargo, considera que esta medida es conforme con la cooficialidad de las lenguas autonómicas que consagra la Constitución, de la cual “no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo sino un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas y un derecho efectivo a usarlas, que no niega la ley recurrida”.

Esta sentencia cuenta con el voto en contra de los cuatro magistrados integrantes del sector conservador. Consideran, explica el Constitucional, que debió declararse inconstitucional “la prohibición de concertar educación diferenciada por sexos”, entre otros argumentos en los que apoyaban el recurso de Vox.

El Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría rechazar el recurso que Vox interpuso contra la ley Celaá de educación, entre otras cosas por la medida de no financiar con dinero público a colegios que segregan a los niños y niñas por sexo. La mayoría del tribunal de garantías ha decidido que se redacte una nueva ponencia pero que desestime íntegramente el recurso del partido ultraderechista.

Tal y como adelantó elDiario.es en 2021, la ponencia del conservador Ricardo Enríquez apostaba por dar la razón parcialmente a Vox y tumbar uno de los aspectos principales de la norma: el final de la financiación pública a colegios privados que segregan a niños y niñas por sexo. Esa ponencia recuerda al pleno que el mismo Constitucional ya avaló en 2018 este tipo de financiación educativa, explicando que es compatible con la Constitución.

La Ley Orgánica que modificó la también Ley Orgánica de Educación (Lomloe) entró en vigor en el primer mes de 2021 sustituyendo a la 'Ley Wert' del Partido Popular de 2013. Entre sus principales novedades, la norma impulsada por la entonces ministra Isabel Celaá incluía la modificación de asignaturas como Religión o Ética, introducía cambios en el reparto de materias entre administraciones, eliminaba la referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza y, entre otras cosas, daba más peso a la escuela pública.

Una vez rechazada la primera ponencia de Enríquez, sería el mismo miembro del pleno el que redacte un nuevo borrador de sentencia para buscar el apoyo mayoritario del tribunal de garantías. Se trata del segundo fracaso de Vox en el Tribunal Constitucional después de que ayer el pleno comunicara la desestimación de su recurso contra la ley de eutanasia.

La Asociación Nuevo Diagnóstico de Andalucía organizó un foro de debate con expertos sobre el sistema educativo andaluz. Parte de los resultados de ese debate se publicaron en un artículo sobre la gestión interna en los centros escolares. Este artículo recoge la segunda parte de las conclusiones del foro. Trata sobre las dificultades que existen en la realidad del sistema educativo para que los nuevos currículos que propone la Ley Orgánica del pasado 29 de diciembre (conocida como LOMLOE, que modificó la anterior Ley de Educación de 2006) puedan llevarse a la práctica.

En la Asociación Nuevo Diagnóstico de Andalucía creemos que, como recoge la LOMLOE, la finalidad principal de cualquier sistema educativo debe ser lograr que todos y todas las jóvenes puedan lograr su máximo desarrollo integral, y ello desde la igualdad de oportunidades para todos y todas.

La LOMLOE apuesta por una escuela inclusiva, que promueva la igualdad y la no discriminación, que elimine estereotipos y obstáculos en el acceso al aprendizaje. Para  eso, defiende la necesidad de un currículo flexible que pueda adaptarse a las necesidades educativas de cada alumno o alumna y a las propias del contexto en el que se produce el aprendizaje.

En la práctica, en la realidad actual, sucede que en el sistema educativo hay una distancia casi insalvable entre lo que los jóvenes necesitan aprender y lo que les ofrece el sistema educativo

La ley sostiene que la mayoría de los alumnos y alumnas que hoy día cursan enseñanzas primarias o secundarias trabajarán en empleos que actualmente no están creados, empleos que en muchas ocasiones ni siquiera podemos imaginar. Por ello, también sostiene que lo mejor es ofrecer a los estudiantes una educación basada en la adquisición de competencias que les sirvan para desenvolverse con garantías en ese escenario laboral de las próximas décadas. En consecuencia, propone una educación por competencias que garantice que van a disponer de las capacidades necesarias para adaptarse a los requisitos de esa nueva situación. Podríamos decir que esta es la teoría.

En la práctica, en la realidad actual, sucede que en el sistema educativo hay una distancia casi insalvable entre lo que los jóvenes necesitan aprender y lo que les ofrece el sistema educativo. Es una situación ya conocida, que hará muy difícil que se puedan alcanzar los objetivos que la ley pretende si no cambian otras cosas.

Entre los expertos que analizan el sistema educativo, hay un consenso generalizado, como se puso de manifiesto en el debate citado, sobre una serie de aspectos que limitan la posibilidad de alcanzar los objetivos de la LOMLOE. Entre ellos, que el actual currículo mantiene una tradición demasiado amplia en contenidos, muy academicista y sin coherencia interna (contenidos dispersos), lo que lo hace inabarcable en la práctica y desajustado en muchos casos con el nivel evolutivo del alumnado al que va dirigido. Se trata, por otro lado, de un currículo poco flexible, falto de herramientas que permitan modificaciones ágiles y puntuales que puedan facilitar la inclusión y evitar el excesivo fracaso escolar.

La realidad que perciben muchos profesores es que el currículo no ha cambiado en los 40 últimos años, porque en muchos casos el auténtico currículo del aula es el “libro de texto”, del que no es fácil prescindir. Paradójicamente sucede que, cuando se invita a los profesores a innovar en la adaptación del currículo, lo que interpretan en muchos casos es que lo que en realidad se les está proponiendo es que se salten el propio currículo.

El currículo que propone la Ley puede decirse que es más una expresión de buenos propósitos para el desarrollo de la pedagogía que un plan realista sobre cómo cambiar el sistema educativo en la dirección que la Ley pretende

Para modificar esta realidad, en lo que al currículo se refiere, la LOMLOE ha apostado por un enfoque competencial proponiendo un modelo de aprendizaje basado en la aplicación de los conocimientos. El objetivo global es conseguir una relación más directa entre lo que se aprende y cómo se aprende en los centros, con lo que se hace y cómo se hace fuera de ellos.

Es decir, la LOMLOE defiende un modelo de aprendizaje basado en la aplicación de los conocimientos, que invita a aplicar enfoques metodológicos y de evaluación flexibles, integradores e incluyentes, capaces de responder a perfiles muy diferentes de alumnado, que permitan incluir nuevos aprendizajes (que incluyan no solo contenidos, sino también valores, destrezas, emociones, motivaciones y actitudes) que favorezcan la formación de personas comprometidas con la colaboración, la sostenibilidad y el bienestar. En definitiva, se está buscando que los aprendizajes adquiridos ayuden a que el alumnado relacione los conceptos que aprende con las aplicaciones que tienen en su mundo cotidiano.

La LOMLOE no contempla que el aula es un lugar incierto que el profesorado tiene que gobernar teniendo en cuenta que una parte de los que están ahí, variable según los casos, no quieren estar

Pero, según se dijo en el debate, lo que en la actualidad ocurre dentro de las aulas no facilita  la propuesta de educar en competencias, destrezas, valores y otros aspectos contemplados en la LOMLOE antes citados. El currículo que propone la Ley puede decirse que es más una expresión de buenos propósitos para el desarrollo de la pedagogía, cosa frecuente en el BOE cuando se trata de normas educativas, que un plan realista sobre cómo cambiar el sistema educativo en la dirección que la Ley pretende, dada la situación actual que tiene el sistema educativo. La LOMLOE no contempla que el aula es un lugar incierto que el profesorado tiene que gobernar teniendo en cuenta que una parte de los que están ahí, variable según los casos, no quieren estar, de modo que la preocupación del docente queda muy centrada en cómo enfrentar esa situación. Por ello, el currículo deviene secundario en la práctica, condicionado por esa realidad del gobierno de la clase.

En resumen, en NDA coincidimos con los expertos en que cambiar el currículo se hace muy complejo, porque hay que desactivar lo que se llama la “estructura gramatical de la escuela”, que no es otra cosa que desactivar esa situación predominante de gobierno del aula y desactivar una pieza clave: las asignaturas.

Ya se van notando algunos tímidos intentos de cambio, pero si queremos que cambie la ESCUELA es necesario que se logre asentar un currículo más intenso que extenso. Que el currículo se encuentre apoyado en la “Renta Cultural Básica” que queremos que el alumnado adquiera y que logre integrar las transformaciones que lleven al diseño de actividades globalizadoras e interdisciplinares que promuevan un trabajo más integrador y colaborativo entre los equipos docentes.

Isabel Celaá ya es, oficialmente, embajadora de España ante la Santa Sede. Esta mañana, la que fuera ministra de Educación y 'madre' de la reforma educativa que lleva su nombre y que ha sido duramente contestada por la Iglesia católica, presentaba sus credenciales diplomáticas ante el Papa Francisco.

El encuentro con el Papa, en un clima de cordialidad, según han explicado fuentes de la embajada, se desarrolló por espacio de media hora. Esta tarde, Celaá visita junto a su familia la basílica de San Pedro, en un tradicional acto que suele cerrar la acogida al embajador español. En esta ocasión, no obstante, la ausencia en Roma del secretario de Estado, Pietro Parolin, hará que la primera reunión 'formal' con el canciller vaticano tenga lugar más adelante.

Aunque hasta hoy no se ha oficializado el intercambio de papeles con el Papa, Isabel Celaá ya lleva algunas semanas en Roma, tras sustituir a su antecesora, María del Carmen de la Peña, quien había dirigido la delegación española desde 2018. Su último 'encargo' fue la preparación del encuentro entre el Papa y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Celaá ya participó en varios actos con motivo del Día de la Mujer en la embajada, y según fuentes diplomáticas, entra en Roma con el conocimiento suficiente como para comenzar a trabajar desde el principio. Católica practicante, su designación tiene un claro componente político y estratégico para el Gobierno de Sánchez, que quiere tener una interlocución directa tanto con el Vaticano como con la cúpula episcopal española. 

Porque el momento es especialmente sensible. Como ya adelantara elDiario.es, por primera vez en décadas la Santa Sede estaría dispuesta a hablar de una revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, para actualizarlos a la realidad de la fe católica en España del siglo XXI y a la pluralidad existente en un país que ya no puede declararse única y exclusivamente católico. A su vez, el Gobierno tiene entre sus objetivos una revisión “consensuada” de los convenios con el Vaticano, que hunden sus raíces en el Concordato firmado durante el franquismo (1953) y que perpetuaron algunos de los privilegios fiscales, educativos y de representación.

Aunque Roma siempre ha delegado en los episcopados de cada país la negociación concreta de las relaciones Iglesia-Estado, en el caso de España, y de este pontificado, las vías de comunicación son múltiples. En este sentido, el papel de Isabel Celaá se comprende como el de 'facilitadora' de encuentros.

'Facilitadora' de encuentros

¿Cuáles son los puntos esenciales de la relación España-Iglesia católica? El más relevante, al menos para el Gobierno actual, está en el sistema fiscal y tributario de la Iglesia española que le permite, en primer lugar, estar exento de algunos impuestos (aunque la Conferencia Episcopal estima que disfruta de dichas exenciones gracias a la Ley de Fundaciones, y no al Concordato) y, singularmente, tener una casilla propia (en realidad, dos, si se suman las instituciones sociales propiedad de la Iglesia que, como Cáritas, también reciben dinero de la casilla de 'Otros Fines') en la Declaración de la Renta. Este año, solo en este concepto, la Conferencia Episcopal recibirá 295 millones de euros.

Un futuro sistema tributario y fiscal en el que también cabría la cuestión patrimonial. En este punto, los últimos avances en lo tocante a las inmatriculaciones permiten a ambas partes ser optimistas, pese a las acusaciones de la Conferencia Episcopal de “falta de lealtad” del Gobierno por filtrar a algunos medios el contenido del acuerdo sobre los bienes inmatriculados en virtud de la ley Aznar. También, y esto sí tocará a Isabel Celaá, la gestión de la 'Obra Pía', que es propietaria de numerosos inmuebles en Roma y cuyo futuro ya está siendo negociado entre Gobierno e Iglesia.

Por otro lado, y en consonancia con la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, España pretende subsanar algunos privilegios de la Iglesia en materia educativa (la reforma de la 'ley Celaá' en lo referente a la clase de Religión va en esa línea) y de presencia de lo católico en ámbitos hospitalarios, sociales o castrenses. La 'anomalía' de un Arzobispado Castrense en el que el obispo tiene rango de general de división es algo a negociar. El pago de sueldos públicos a capellanes castrenses o de hospitales también estará en la hipotética negociación.

Finalmente, el Ejecutivo pretende borrar cualquier vestigio de confesionalidad del Estado, más o menos encubierta, como ya hiciera en la promesa de los cargos públicos, a la que se podría sumar a patronazgos o la regulación de los 'funerales de Estado'. Cuestión bien distinta sería la participación, a título personal, de alcaldes o miembros de corporaciones municipales en procesiones o votos de la Villa.

En lo concreto, el Gobierno también está preocupado por que la Iglesia no sea un problema a la hora de aplicar la Ley de Memoria Democrática. El futuro del Valle de los Caídos podría ser uno de los primeros retos en los que Celaá tendría un papel que desarrollar desde el Palacio de la Embajada, en plena Piazza Spagna de la Ciudad Eterna.

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La semana ha estado marcada por las inundaciones que han dejado calles y edificios completamente anegados por el agua en zonas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La cuenca del Zadorra ha sido una de las más problemáticas, en parte por la necesidad de desembalsar Ullibarri-Gamboa, lo que ha provocado que el caudal aumente en gran medida. Además, el Vaticano ha relevado al controvertido obispo Munilla de Donostia y Pedro Sánchez ha propuesto a Isabel Celáa para ser la embajadora de España precisamente allá, en el Vaticano. Mientras tanto, Iñigo Urkullu y María Chivite han coincido en una cumbre en la que han firmado un nuevo acuerdo de colaboración. Y en Vitoria se está apostando por darle un lavado de cara al patio de los colegios, para que sea menos gris y más verde, amable e igualitario.

Relevo en la representación de España ante el Papa. Pedro Sánchez quiere a la exministra Isabel Celaá como nueva embajadora ante la Santa Sede. El Ministerio de Exteriores ha solicitado ya el plácet diplomático y está a la espera de recibir la respuesta del Vaticano, según han confirmado fuentes gubernamentales a elDiario.es. 

Sánchez prescindió de Celaá en la profunda remodelación del Gobierno que acometió en el mes de julio, con la que buscó una renovación de caras y un rejuvenecimiento del ala socialista del Gabinete, pero ahora le encuentra acomodo en uno de los puestos más jugosos de la carrera diplomática. 

La exministra de Educación ha estado meses en la diana de la derecha por la ley de educación con la que el Gobierno derogó la 'ley Wert' y que, entre otras cuestiones, ha quitado peso a la asignatura de religión en el currículo escolar al no contar para la nota media ni tener una alternativa como sucedía hasta ahora. Al haber impuesto límites a la concertada, la 'ley Celaá' tiene en pie de guerra a ese sector. 

La también exportavoz del Gobierno durante la primera etapa de Sánchez en Moncloa sustituirá en el cargo a María del Carmen de la Peña, una diplomática con un amplio bagaje que la llevó antes a ser embajadora en Etiopía, Seychelles, Yibuti, Qatar y como observadora permanente ante la Unión Africana. La que ha sido la segunda mujer en representar a España ante la Santa Sede se encamina a la jubilación dentro de unos meses, según fuentes gubernamentales.

La noticia, a la espera de la respuesta de la Santa Sede, ha sido recibida con sorpresa en el Episcopado español, que no esperaba un nombramiento así. “No sabemos a qué atenernos, si es un desafío o un intento de mostrar una cara 'católica' ante Roma”, explica un alto eclesiástico español.

El nombramiento de De la Peña en el Vaticano se produjo tres días antes de que la exvicepresidenta Carmen Calvo viajara a Roma para entrevistarse con el número dos de Francisco, Pietro Parolin, en un momento delicado para las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia en plenas negociaciones para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. 

Las relaciones con la Iglesia las ha asumido ahora el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya ha comenzado los contactos con la conferencia episcopal para los objetivos que el PSOE se marcó al llegar al poder y que se tienen que abordar en tres subcomisiones (la situación de los bienes inmatriculados y que puedan ser reclamados por sus legítimos propietarios; el pago del IBI por los inmuebles que no se dedican al culto y la Obra Pía de Roma). 

El gran asunto que se le atraganta al PSOE desde hace años es la revisión de los acuerdos con la Santa Sede. Ni siquiera está sobre la mesa que a Celaá le toque abordar el Concordato. La revisión de los acuerdos con el Vaticano es una histórica promesa del PSOE, pero que no figura en el acuerdo programático sellado con Unidas Podemos, que reclama renegociar los acuerdos. Sánchez rebajó su compromiso con la denuncia del Concordato en el último congreso del partido en el que los socialistas apostaron por llevarlo a cabo con “diálogo” y “consenso” con la Iglesia y las fuentes consultadas reconocen que no hay ninguna intención de activar ese proceso.

Celaá, que antes de ser ministra fue consejera de Educación en Euskadi, donde tenía una larga trayectoria parlamentaria, no será la primera embajadora con cariz político en el Vaticano. El histórico socialista gallego Paco Vázquez ocupó ese mismo puesto a instancias de José Luis Rodríguez Zapatero. Previamente lo había hecho el diplomático Jorge Dezcallar, procedente del CNI.  

¿Qué saben los jóvenes de 2021 de lo que fue ETA durante medio siglo? Recientes estudios han mostrado que no mucho, pero también apuntan a que no es un problema de desinterés. Este periódico, en el marco del décimo aniversario del final del terrorismo, ha realizado un experimento con ocho estudiantes de cuarto curso de una Universidad vasca y las conclusiones marcan una misma dirección. Conocen más o menos cuando se creó ETA, en pleno franquismo, que sus siglas esconden el lema Euskadi ta Askatasuna (‘Euskadi y Libertad’), que el militar Luis Carrero Blanco, una de sus primeras grandes operaciones, era el sucesor natural del dictador Francisco Franco y que existió el GAL como organización terrorista creada por los aparatos del Estado bajo el pretexto de acabar con ETA. Y no mucho más.

De las ocho encuestas, solamente en cuatro hay una respuesta a quién era Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado en 1997 y cuyo crimen sacó a la calle a miles de personas para protestar. Únicamente un estudiante señala que era edil en Ermua. A Fernando Buesa, vicelehendakari y dirigente socialista asesinado por ETA en 2000, lo menciona una persona, el mismo número de estudiantes que sabe que el nuevo Memorial está emplazado en Vitoria. La prueba se realiza en Donostia, la ciudad con más víctimas de ETA, un dato que no conocen. Tampoco son de dominio común conceptos como ‘kale borroka’ o ‘impuesto revolucionario’.

“Existe un escaso conocimiento sobre la historia reciente de Euskadi y la violencia vivida, pero eso no implica que tengan la cabeza vacía. Cada uno viene con su mochila, disponen de fragmentos de memoria individual y colectiva, ideas, relatos, simbología, etc. En su mayoría, estos proceden de las familias, de las cuadrillas, del entorno social y cultural o de los medios de comunicación y de las redes sociales, habiendo sido comunicados con frecuencia de forma implícita o parcial e interiorizados sin grandes cuestionamientos”, señalaba recientemente a este periódico Izaskun Sáez de la Fuente, investigadora de un proyecto llevado a cabo en la Universidad de Deusto a este respecto.

Para combatir ese desconocimiento y educar en un mensaje de deslegitimación de la violencia, la consejera de Educación entre 2009 y 2012, Isabel Celaá, puso en marcha hace una década un programa llamado ‘Víctimas educadoras’, que consistía en llevar a las aulas testimonios presenciales de afectados por el terrorismo. Inicialmente, el plan generó recelos en el PNV y en Aralar, el partido dirigido entonces por Aintzane Ezenarro. Ahora, un Gobierno liderado por los nacionalistas y con Ezenarro al frente del Instituto de la Memoria (Gogora) mantiene la iniciativa, que ha tomado el nombre de ‘Adi-Adian’. En Navarra existe un formato similar. A finales de 2019 se dio el dato de que al menos 15.000 alumnos habían participado ya en las charlas, ofrecidas no solamente por familiares de asesinados por ETA sino también de víctimas de los GAL o de la violencia policial. Se imparten en el segundo ciclo de Secundaria, en el Bachillerato y también en la Universidad.

El profesor universitario Iñaki García Arrizabalaga es uno de los participantes desde el inicio. Su padre, Juan Manuel García Cordero, fue asesinado en 1980 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una de las ramas de la ETA de la época. Era delegado de Telefónica en Gipuzkoa. Explica que en este década habrá dado entre 30 y 35 charlas, en centros públicos y privados y en grupos de euskera o de castellano, indistintamente. “Para una víctima nunca es agradable rememorar. Pero hay un espíritu de compromiso con la sociedad. Es nuestra aportación a la convivencia. Hay un sentimiento de gratitud y satisfacción de sentir que he pasado por una situación no agradable pero que ha merecido la pena”, señala.

“La participación de un centro es absolutamente voluntaria. Lo que nos hemos encontrado es una acogida muy favorable, una situación de respeto absoluto. Cuando estás delante de los estudiantes, ves que tienen un interés y una atención increíbles. Se les ha hablado poco y mal en sus familias y en la educación y tienen unas ganas enormes de saber. Hay mucha participación y muchas preguntas, aunque evidentemente no es lo mismo tercero de la ESO que tercero de carrera”, explica. No se le olvidará cuando le lanzaron la siguiente hipótesis. “Si tuvieras una pistola, ¿le dispararías ahora al que asesinó a tu padre?”. Cree García Arrizabalaga que llegan a reflexiones y conclusiones a las que no llegaría un adulto “contaminado” por toda la trayectoria previa.

“Cuando nació, se vio esto con muchísimo recelo. ¿Los van a querer adoctrinar? El tiempo ha acabado dando la razón a quienes diseñaron este programa y a quienes lo gestionan ahora. Ofrecemos sentimientos humanos desprovistos de cualquier intencionalidad política. No hay manipulación posible”, defiende. Destaca también la importancia de que colaboren personas que han sufrido violencias de diferente signo. “Que participen otras víctimas debe tomarse de manera absolutamente natural. Lo que planteamos todas es un mensaje de superación del odio y de concordia. Lo que pueda decir Pili Zabala, por ejemplo, lo asumo yo al 100%”, explica sobre la hermana de uno de los casos más duros del terrorismo de Estado, el crimen de Lasa y Zabala.

En vísperas del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo de 2021, celebrado el 11 de marzo, el Gobierno vasco presentó un documento consensuado en el seno del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, en el que se sientan organizaciones como la AVT, Covite o la Fundación Fernando Buesa. En él, se planteaba ampliar ‘Adi-Adian’ para dar cabida también a “personas que ejercieron la violencia y con posterioridad han realizado una profunda reflexión autocrítica de su propio pasado y del recurso a la violencia con fines políticos”, esto es, a miembros de ETA arrepentidos como los de la 'vía Nanclares'. “Un centro educativo tiene que ser valiente para traer a un exterrorista a las aulas. Pero no hay mayor deslegitimador de la violencia terrorista que quien la ha ejercido y que ahora dice que aquello no sirvió para nada. Como experiencia sería perfecto”, asegura García Arrizabalaga.

Hace más de un siglo, un rey de España, Alfonso XIII, y un presidente del consejo de ministros, Eduardo Dato, coincidieron en la necesidad de que Vitoria contara con un nuevo teatro tras el gran incendió que devoró el Principal, un complejo ubicado en una calle en cuesta junto al Ayuntamiento. Ahora, en 2021, el bisnieto de aquel monarca, Felipe VI, y el quincuagésimo sucesor de Dato, Pedro Sánchez, han reinaugurado aquel viejo centro cultural como Memorial para las Víctimas del Terrorismo. El museo, enteramente público y de acceso gratuito para el público, no recogerá el atentado que mató a Dato -hijo adoptivo de Vitoria- pero sí honra a 1.453 víctimas desde 1960, cuando una organización llamada DRIL asesinó a la niña Begoña Urroz en Donostia, hasta 2021, año de las últimas dos víctimas, los reporteros David Beriain y Roberto Fraile. A ellos se suman 4.977 heridos de diferente consideración.

El Memorial recoge los grandes atentados recientes de la historia de España, los de Catalunya en 2017 y Madrid en 2004 provocados por el yihadismo, pero sitúa con claridad a ETA como principal perpetrador al haber asesinado a 853 personas y herido a 2.597 sumada la rama militar, la político-militar y otros grupúsculos como los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Hay también espacio para los GRAPO y para organizaciones de extrema derecha e izquierda. Sobre el GAL, el Memorial que financia e inaugura un Gobierno socialista subraya que fue una “respuesta fuera de la legalidad” al terrorismo de ETA, que utilizó “sus mismos métodos” -asesinatos, secuestros, tortura- y que “fue promovido por varios altos cargos del Gobierno socialista” de Felipe González “junto con un grupo de policías y guardias civiles que quebrantaron las leyes que habían jurado defender”. Precisamente la izquierda abertzale, señalada en este museo por haber dado cobertura política y social a la violencia de ETA, ha apoyado una concentración coincidiendo con la inauguración en la que se denuncia la exclusión de víctimas de la violencia del Estado mientras se incluye como víctimas a Luis Carrero Blanco o Melitón Manzanas. Están en él todas las personas reconocidas como víctimas “del terrorismo” por ley, sean españolas o extranjeras si el atentado ha sido en España o si son españoles muertos en cualquier país o extranjeros asesinados en su lugar de origen por bandas de aquí.

Otro ejemplo que se ha puesto de manifiesto en la protesta en el exterior del Memorial es el de los cinco trabajadores tiroteados por la Policía Armada franquista en Vitoria el 3 de marzo de 1976, para los que ya se ha anunciado un memorial específico en la propia iglesia del barrio de Zaramaga en que se produjeron los hechos. Además, este Memorial coexistirá con el que el Gobierno vasco impulsa en la sede de Gogora, en Bilbao, y que abarca a las víctimas del terrorismo, a las de violencia policial -reconocidas en una ley autonómica de 2016- y a las del franquismo y la Guerra Civil. También habrá otro proyecto memorialístico en Gernika, ciudad bombardeada en 1937 por las aviaciones nazi alemana y fascista italiana que apoyaban el golpe de Estado de Francisco Franco.

El jefe del Estado, Felipe VI, ha acudido a la inauguración con puntualidad, a las 12.45 horas, acompañado de su esposa. Además de Sánchez, a quien un reducido grupo de personas que vitoreaban al Rey han pedido que dimita, han participado en la inauguración los ministros Fernando Grande-Marlaska e Isabel Celaá, ambos vascos, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma. El Gobierno vasco es patrón de la fundación del Memorial, dirigido por el periodista e investigador Florencio Domínguez. Otras autoridades presentes han sido el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, el diputado general de Álava, Ramiro González, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el presidente de las Juntas Generales de Álava, Pedro Elosegui, los dos vicelehendakari, Josu Erkoreka e Idoia Mendia, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la consejera navarra Ana Ollo, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, o el cónsul de Francia en Bilbao, Yann Battefort. El viejo teatro, que durante décadas fue la sede del Banco de España, ha sido engalanado con lonas verdes y con las banderas de Europa, España, Euskadi, Álava y Vitoria. A su frente, una placa ha sido descubierta y unos 'dantzaris' han regalado un 'aurresku' en honor a los presentes, muchos de ellos también representantes de diferentes asociaciones de víctimas, a quienes Felipe VI, con mascarilla FFP2 blanca por la COVID-19, ha saludado llevándose la mano en el corazón.

Todo el acto ha estado rodeado de un fortísimo despliegue policial. La Ertzaintza ha movilizado a unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Brigada Móvil (antidisturbios) e Intervención, así como un helicóptero. Había también uniformados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de la Policía Local de Vitoria y del cuerpo de Miñones. Un militar de alta graduación acompañaba al jefe del Estado. A ellos se le sumaban numerosos efectivos de paisano, muchos de ellos del propio servicio interno de la Casa Real. Se ha despejado un gran perímetro alrededor del Memorial, con furgonetas de la Ertzaintza en las calles aledañas, a las que se ha impedido el acceso. En la calle de Olaguíbel había decenas de coches oficiales oscuros, varios de ellos con matrículas especiales.

“Llamado a ser un referente internacional”, según el jefe del Estado

Tras la inauguración del edificio, celebrada en el exterior bajo un cielo plúmbeo, junto a la entrada principal, se ha realizado una primera visita del museo, tanto de su exposición permanente como de una muestra temporal sobre el 11-M. Ya en la planta más alta, esta vez con tres y no cinco banderas, las de Europa, España y Euskadi, se han sucedido los discursos. El monarca, que ha empleado el euskera para saludar al lehendakari y a otros mandatarios locales y que se ha retirado la mascarilla para intervenir, ha arrancado su parlamento mostrando su “alegría” y la de la reina Letizia por volver “a Vitoria, a Gasteiz” y por encontrarse con las autoridades locales y con los representantes de las asociaciones de víctimas. “Este proyecto iniciado con gran ilusión se ha desarrollado de manera muy satisfactoria, culminándose la rehabilitación de su sede, la antigua del Banco de España, que la Administración del Estado cedió”, ha explicado para añadir que ya se trabaja en una subsede en Madrid que “profundizará en el conocimiento del terrorismo yihadista”. Felipe VI ha destacado los “altos fines” del Memorial, que “está llamado a ser un referente internacional para la visibilidad de las víctimas del terrorismo, de su memoria y dignidad”. “La memoria de las víctimas del terrorismo es cosustancial a nuestros valores constitucionales”, ha apostillado.

“Señoras, señores, queridas víctimas del terrorismo, al llegar al final de este acto quiero volver a expresar de corazón nuestra gratitud y nuestra más profunda solidaridad -que conocéis bien- con todas las víctimas, con todos los heridos y amenazados y todas sus familias”, ha señalado. Y ha solemnizado: “Preservar la memoria de las víctimas es, por lo tanto, un ejercicio de respeto y de justicia, pero también un elemento esencial para que las generaciones venideras sean siempre conscientes de la gravedad de lo sucedido, del dolor que el terrorismo provoca a toda la sociedad y a sus víctimas en particular, y de la permanente obligación que toda sociedad y todo Estado tiene de combatirlo; con la ley, con sus capacidades policiales, de investigación y de cooperación internacional, y con la labor jurisdiccional de los tribunales de Justicia. Y así, que también hagan lo posible para evitar que vuelva a ocurrir”. Todos los presentes han aplaudido el discurso.

Antes, habían intervenido el director del centro, Florencio Domínguez, y el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero. Domínguez, que ha pedido guardar un minuto de silencio en memoria de los asesinados sin que ese homenaje haya durado ese tiempo, ha destacado el hecho de que la sede esté en Euskadi, porque es el de ETA el terrorismo que “más víctimas” ha generado y que “mayor impacto político ha provocado”. “Pero el memorial no olvida a ninguno de los terrorismos que hemos padecido”, ha agregado para recalcar que “nada disculpa la vulneración de los derechos humanos”. Sobre el trabajo que desarrollará esta instalación, ha indicado que mostrará a las nuevas generaciones lo negativo de los “discursos del odio” y ha prometido que no será “ni neutral ni equidistante”. Ha asegurado que el antiguo Banco de España es ahora “banco de la memoria”. Caballero, por su parte, ha agradecido el apoyo de La Corona a las víctimas del terrorismo.

En las redes sociales, el lehendakari también ha dejado un mensaje. “Ha tenido lugar un acto institucional de unidad, homenaje y solidaridad con todas las víctimas y sus familiares, a quienes honraremos siempre con nuestro recuerdo. Ninguna razón política puede anular la dignidad, la integridad y el derecho a la vida. Tras décadas de terrorismo, daño injusto y dolor damos un paso más en la tarea de respetar, promocionar y defender la dignidad de toda persona y los derechos humanos. Este es nuestro bien común”, ha escrito Urkullu, que ha enmarcado este proyecto en otros que impulsa el Gobierno vasco sobre otras vulneraciones de derechos humanos.

Los fondos europeos del Plan de Recuperación asociado a la crisis provocada por la COVID que el Gobierno va a destinar a Educación se van a destinar a digitalizar el todo el sistema, Universidad incluida, a formar al profesorado de todas las etapas, a impulsar la Formación Profesional y a mejorar la equidad de la educación obligatoria mediante la creación de nuevas plazas de Educación Infantil o el refuerzo de programas específicos de apoyo como el PROA.

Los ministros de Educación, Isabel Celaá, y el de Universidades, Manuel Castells, han presentado este miércoles en La Moncloa el destino de esos fondos, una comparecencia que no ha traído grandes novedades (todas las medidas se habían anunciado ya según se han ido aprobando), pero que ha servido para obtener una visión de conjunto del uso de esta partida, que asciende entre ambos ministerios a más de 5.000 millones de euros. También para confirmar aspectos que se han quedado fuera (todos los no explícitamente mencionados), como una hipotética bajada de las ratios, la medida más solicitada por las asociaciones docentes, o anunciar la llegada por fin de los 300.000 ordenadores que Educación anunció que comprarían, que llegarán a algunas comunidades cuando el curso se acaba.

“Han pasado por 32 actuaciones. Adquirimos ordenadores para todo el curso del tiempo, no para un día”, ha justificado la ministra. “Que le lleguen a Madrid en junio no parece tan mal. Nos habría gustado mucho que llegaran antes, pero no ha podido ser. ¿Por qué? Porque los controles del contrato administrativo son tales que nos han traído hasta aquí. Las empresas que han entrado han tenido que tomarse su tiempo. Pero ya está en marcha y es una noticia extraordinaria”, ha sostenido.

Los ministros también han hablado del curso que viene, aunque sin ofrecer demasiadas certezas. Respecto a la etapa obligatoria, Celaá ha anunciado que la semana que viene hay una reunión a tres en la Conferencia Sectorial entre Educación, Sanidad y las comunidades autónomas para perfilar el año académico. Entre las cuestiones a resolver, si se acaba la con la semipresencialidad, que se ha dado sobre todo en los últimos cursos de Secundaria y en el Bachillerato, y el uso o no de mascarillas, ventilación, etc.

Más claro parece este extremo en la Universidad. El ministro Castells ha sostenido que, aunque no se sabe en qué momento de la pandemia va a estar España en septiembre, “la mascarilla la vamos a llevar, las ventanas las vamos a abrir y las distancias se van a mantener”, ha adelantado. También tiene claro el ministro, tras la polémica del primer cuatrimestre, que los exámenes serán presenciales este verano. Como en el caso de Educación, Universidades hablará del curso con las comunidades y los rectores, en este caso durante el próximo mes de agosto.

Respecto a la duración limitada de estas ayudas en su conjunto, ambos ministros han insistido en que lo importante es abrir vías y que luego se continúen. “En 2024 esperamos que la historia no concluya, algunas personas seguirán viviendo”, ha ironizado Celaá. Castells ha defendido la impronta que dejarán los programas: “Las 4.000 personas que se van a recualificar estos años no desaparecen, hemos conseguido instalar capacidad docente e investigadora que desarrollarán en el futuro. Lo mismo pasa con la digitalización, es una transformación total del sistema”.

Ambos mandatarios han coincidido en señalar la, en su opinión, importancia de todos estos programas. “En mi larga carrera no he conocido un plan tan ambicioso que combine ideas innovadoras, principios de equidad y recursos. Es un campo en el que he hecho mucha investigación y es importante”, ha halagado el ministro Castells los proyectos de Educación. Celaá ha defendido que “la profunda reforma del sistema educativo” que emprendió el Gobierno el año pasado se verá “definitivamente impulsada” con el Plan de Recuperación.

Digitalizar el sistema de arriba abajo

Sea cual sea la situación el próximo curso, ambos ministerios contemplan que en algún momento, más inmediato o menos, haya que recurrir a algún tipo de enseñanza a distancia, y se preparan para ello. Buena parte de los fondos de recuperación se van a dedicar a digitalizar toda la infraestructura educativa, desde los colegios hasta las universidades. Educación destinará a ello 1.496 millones de euros, ha explicado Celaá, para instalar y mantener 240.000 aulas digitales interactivas en tres años (más de la mitad de las 425.000 existentes) que, entre otras cosas, permitan la enseñanza a distancia en el caso de que haya que enviar a parte del alumnado a su casa en determinados días, como ha sucedido este año. También se formará a los docentes para que sepan sacar partidos a estas aulas.

También se han adquirido por fin los 300.000 dispositivos (ordenadores y tablets) que se anunciaron al principio de curso para reducir la brecha digital. El pero es que los aparatos llegarán con el curso ya finalizado, hecho que la ministra ha admitido no es el ideal, pero ha sido el más rápido posible en función de los ritmos de contratación de la administración. Universidades destinará 142 millones de euros a mejoras similares.

Mejora de la equidad y la igualdad

Otra de las patas del proyecto del Gobierno. Educación va a aprovechar parte de los fondos para impulsar una de las medidas firmadas en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, el aumento de la oferta de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil, el que cubre entre cero y tres años. Para ello, se destinarán 670 millones de euros a la creación de 60.000 nuevas plazas, bien abriendo nuevas líneas en escuelas ya existentes bien creando nuevos centros. La cifra aún se queda corta respecto a las 240.000 que organizaciones como Save the Children calculan necesarias para universalizar esta etapa, que en España ronda el 40% de escolarización frente al 99% del 3-6.

También habrá un refuerzo del programa de apoyo a alumnos con necesidades educativas PROA, que tiene gran aceptación entre el profesorado. Con los 320 millones de euros dedicados a esta cuestión, PROA llegará a 2.500 centros más, según el Gobierno. También se van a crear un millar de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades, que seguirán a las familias y sus hijos durante el curso.

Universidades incluye en este apartado el aumento de las becas universitarias que ya ha anunciado y ejecutado el ministerio (un aumento del 22% en la partida y 90.000 estudiantes más favorecidos), aunque en este caso los fondos no vienen del plan europeo.

Formación del profesorado

Quizá la joya de la corona de Universidades. La cartera de Castells ha aprobado ya tres ambiciosos programas de ayudas a la formación y movilidad del profesorado universitario, dotados con 387 millones de euros, la mayor parte de su presupuesto extra con origen europeo. Son tres programas para jóvenes doctores, para profesorado universitario ya establecido y para la atracción de talento internacional con una duración de tres años. También habrá formación digital para el profesorado, tanto universitario como de Primaria y Secundaria.

El impulso a la FP

La última de las medidas de Educación, quizá la menos mediática aunque se come casi la mitad del presupuesto, 2.075 millones de euros. Un tercio de esta cantidad se invertirá en acreditar las competencias laborales que tres millones de españoles han obtenido mediante la experiencia laboral pero que no tienen reconocidas. Celaá ha cifrado la ambición del programa: en los últimos diez años se han acreditado las competencias de 300.000 personas y su ministerio aspira a hacerlo ahora con diez veces más en apenas tres años.

El impulso a la Formación Profesional se completa con 400 millones de euros para la formación modular de 700.000 trabajadores y desempleados, 200 millones para la creación de una red de centros de excelencia y 254 millones para crear 135.000 nuevas plazas de FP, entre otras medidas menores.

Escúchalo aquí en iVoox

¿Qué significa que un niño o niña tenga Necesidades Educativas Especiales? ¿Qué medios necesitamos para atenderles? ¿Son suficientes? ¿Qué piden las familias?

Nuevo documental de Carne Cruda a cargo de Elena Gómez en el que entrevistamos a la ministra de Educación, María Isabel Celáa, para analizar los efectos de la reforma educativa del Gobierno en la educación especial en España. Puedes ver la entrevista completa aquí:

Y contamos cómo lo viven niños y familias con Raquel Sastre, de la Plataforma Familias por la Atención Temprana; con Francisco Bescós, autor de “Las manos cerradas”; con Elena Martín Ortega, exasesora de la elaboración de la LOMLOE y con Gerardo Echeita, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

También, con la bibliotecaria con Síndrome de Down Almudena Fernández Rodríguez, con Isabel Alonso, profesora y directora pedagógica de un colegio de educación especial y con Luís Martín de CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

De postre, nos visitan los amigos de “Échale papas”, un programa de radio realizado por las chavalas y los chavales del Centro Ocupacional Pintor Rosales, en Madrid, que se escucha todos los viernes en Radio Almenara.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, recurrirá ante los tribunales el veto parental que planea implantar el Gobierno de Murcia porque vulnera la libertad de cátedra, la autonomía de los centros educativos y “el derecho fundamental a ser educado” del propio alumno. “Lo recurriremos (el permiso parental) como lo recurrimos el año pasado. Es curioso que el Gobierno del PP de Murcia haya usado la educación como herramienta de cambio para procurarse un gobierno de mayoría, incorporando a la ultraderecha”, ha afirmado Celaá en una entrevista en la Ser.

La implantación del veto parental -que los padres puedan decidir la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en las aulas, como clases de educación afectivo-sexual, las más polémicas- supone “un recorte del derecho fundamental a una educación integral, que no solo incorpora destrezas cognitivas” sino cuestiones como “proteger su salud mental y física y el respeto al diferente, por tanto la educación afectivo sexual está incorporada al currículum”, ha razonado.

La consejera de Educación de Murcia, Mabel Campuzano, defiende la implantación del permiso parental y no es partidaria de vacunarse contra la COVID-19, cuestión última que la ministra de Educación ha tachado de “acientífico” y de “poco adecuado” porque es un “referente público”. “Yo me pondré cualquiera de las vacunas que me digan y en el sitio donde corresponda, creo en las vacunas y quiero vacunarme cuanto antes”, ha añadido Celaá.

Por otro lado, ha negado que se haya abierto la mano para que los alumnos pasaran de curso el año pasado y ha recordado que España es uno de los países donde más se suspende: La media de la OCDE en número de repetidores es de un 12 % frente a casi un 29% de nuestro país. En 2020, ha añadido, “todos los alumnos hicieron sus pruebas, la EBAU se hizo presencial, por tanto no hubo aprobados generales, pero sí hubo una evaluación colectiva; no es que cada profesor de manera aislada fuera poniendo su nota sino el elenco de profesores, que esto es lo ideal y habría de mantenerse esta evaluación colegiada”.

Apenas 20 días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prohibiera una charla de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el 8M, en un instituto público madrileño, al considerar que se trataba de un ejercicio de “adoctrinamiento”, este lunes la presidenta madrileña sí ha permitido un acto del líder de su partido, Pablo Casado, en otro colegio de la capital concertado –que subsiste gracias al dinero público– y en el que se imparte una educación religiosa de la confesión católica: el Colegio Internacional J. H. Newman.

Casado ha acudido a ese centro precisamente en plena precampaña de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo y lo ha hecho con un fin político, lanzando continuas soflamas contra el Gobierno progresista. El objetivo ha sido cargar contra la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celaá, y confirmar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la citada normativa en el Tribunal Constitucional.

En un mismo discurso, Casado ha asegurado que hay que “evitar el adoctrinamiento educativo” que a su juicio “se está viendo no solo en Catalunya sino también en otras comunidades autónomas” y, a la vez, ha alabado a “John Henry Newman”, el inglés al que da nombre al colegio que ha visitado, y que fue “canonizado por el Papa Francisco hace dos años” porque “decidió abandonar la iglesia de Inglaterra para entrar en la Iglesia de Roma por defender la libertad de conciencia”. El líder del PP, que ha hablado en un micrófono en el que se podía leer la consigna “Por la libertad” y que ha estado acompañado por el líder de UPN, Javier Esparza, también ha aprovechado para alabar la gestión de Ayuso, candidata a la reelección, asegurando que “en Madrid se garantiza la libertad de elección de centro”.

“Los hijos no pertenecen al Estado, debe alejar sus manos de la formación familiar de sus hijos. No vamos a permitir esta ingeniería social”, ha asegurado, en alusión al Gobierno progresista. A su juicio, la ley Celaá afecta a la “libertad” de “elección de centro educativo” y es un “ataque contra la educación concertada”. También ha dicho Casado que “esta ley conculca lo que es una riqueza, que es la lengua, ataca al castellano como lengua vehicular en toda España”. En definitiva, el líder del PP ha tildado la normativa de “instrumento de ingeniería social”.

Qué dice el recurso del PP

El recurso ante el Constitucional registrado este martes por el PP, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española. En el texto se critica así “que en determinadas Comunidades Autónomas con lengua cooficial se trate al castellano como una lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más”.

Se explica, además, que “la ablación del carácter vehicular del castellano en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar tal carácter de la lengua oficial de España en el ámbito educativo”. “Elimina así el último reducto que permitía a los padres reclamar de las administraciones educativas la efectividad de su derecho a que sus hijos puedan utilizar el castellano como lengua vehicular, normal y natural”, añade el recurso contra la norma.

También se impugnan “los preceptos que atacan a la educación concertada”, considerando que “se cercena la libertad educativa cuando se impide a los centros concertados organizar actividades complementarias del modo que entiendan más oportuno y adecuado”. Asimismo, el PP cree que la con la ley se ataca “frontalmente al sostenimiento económico de los colegios concertados mediante la prohibición de percibir cualquier tipo de aportación por estas actividades”.

Finalmente, el PP impugna los artículos que prevén que todas las solicitudes de escolarización en la educación infantil de cero a tres años sean atendidas por plazas públicas.

El pasado 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba el nombramiento de Encarna Cuenca (Albacete, 1958) como presidenta del Consejo Escolar del Estado, un cargo del que tomaba posesión unos días después. Cuenca, licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, ocupaba desde 2015 la presidencia del Consell Escolar valenciano.

Lo primero que me gustaría preguntarle es cómo surge la posibilidad de presidir este organismo. ¿Cómo le proponen ocupar el cargo?

Supongo que ha debido contribuir el hecho de haber sido seis años presidenta del Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana y miembro de la Junta de Participación Autonómica del Consejo Escolar del Estado, unido a mi trayectoria profesional. Conocer el trabajo en el aula y en las administraciones autonómica, estatal y europea, siete años en el Ministerio, imagino que fueron claves para pensar en mí como relevo a Enrique Roca, que manifestó su deseo de jubilarse.

Formalmente, la propuesta fue, como estos tiempos de pandemia aconsejan, por teléfono. Recibí una llamada del secretario de Estado de Educación ofreciéndome la posibilidad de presidir el Consejo. Me honra enormemente que pensasen en mí y agradezco a la ministra su confianza.

En su toma de posesión definió este órgano como un espacio de diálogo y de encuentro de voces diferentes que deben sonar de manera armónica. ¿Pero qué es el Consejo Escolar del Estado? ¿Para qué sirve?

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de los sectores que están más directamente relacionados con el mundo educativo. Está integrado por 105 personas en representación del alumnado, las familias, los centros educativos, las organizaciones sindicales y empresariales, la administración educativa, universidades, entidades locales y organizaciones de mujeres, además de personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación y los presidentes y presidentas de los consejos escolares autonómicos.

La función del Consejo es asesorar, a instancias de la administración, sobre proyectos normativos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno, mediante la emisión de dictámenes, y a iniciativa propia mediante informes y propuestas. Otro instrumento fundamental es el informe sobre el estado del sistema educativo, donde se incluyen las propuestas de mejora de la educación relacionadas con diversos aspectos de la enseñanza no universitaria.

Por otra parte, el Consejo Escolar del Estado integra la participación territorial a través de la Junta de Participación, compuesta por los respectivos presidentes y presidentas de los consejos escolares autonómicos, cuyo papel considero fundamental.

Por eso es crucial escuchar juntas todas las voces que lo integran, alumnado, familias, profesorado… dialogando, porque son las voces que nos permitirán conocer sus intereses y elaborar propuestas acordes a las necesidades de las personas destinatarias de las normas. “Deben sonar armónicas” es una metáfora para ilustrar la necesidad de consenso, de la imprescindible tarea de escuchar y llegar a acuerdos, como fórmula para potenciar al máximo las soluciones adoptadas.

Supongo que estos días está teniendo mucha actividad. ¿Cómo lleva estas primeras semanas? ¿Cuáles son los primeros 'deberes' que se ha puesto?

Estas semanas están siendo muy enriquecedoras. La primera tarea que considero clave es conocer, de primera mano, las sensibilidades de los diferentes sectores, sus necesidades, puntos de vista, pero también aquello que pueden aportar. Por eso estamos realizando reuniones con los distintos sectores en las que intercambiamos ideas y reflexionamos juntos. A partir de las conclusiones elaboraremos nuestra agenda de prioridades y puntos de encuentro.

¿Y más a largo plazo, cuáles son los objetivos que se ha marcado como presidenta?

Una vez identificados los puntos de encuentro y consensuada la agenda, poner en marcha el trabajo conjunto contando con todas las personas que integran el Consejo Escolar del Estado para buscar las mejores respuestas a las necesidades planteadas. Además, obviamente, de elaborar los dictámenes que nos sean solicitados.

¿Cómo valora su experiencia al frente del Consell Escolar Valencià?

Siento un profundo agradecimiento. Me llevo grandes regalos: amistades, oportunidad de conocer puntos de vista diferentes contados en primera persona, capacidad de escucha... He visto que las personas podemos avanzar poniendo el acento en lo que compartimos, que necesitamos un tiempo inevitable para pensar juntas y sentir que las diferencias no nos separan sino que nos complementan.

Es evidente que la educación se ha resentido en este último año. ¿Se ha perdido un curso?

Que el golpe de esta pandemia ha sido muy grande en todos los ámbitos y en todos los sectores es un hecho indiscutible. También en la educación. La comunidad educativa ha sido y está siendo golpeada duramente. Pero hemos aprendido el valor del trabajo conjunto y se han puesto en evidencia necesidades, pero también posibilidades de enfrentarlas juntos y, por tanto, seguir avanzando más firmemente.

Si consideramos ganar o perder un curso académico en términos clásicos, de contenidos, seguramente la respuesta a su pregunta es sí, la educación se ha resentido. Pero si tenemos en cuenta los aprendizajes significativos a lo largo de este año, tal vez podemos sacar una visión más positiva. Sería un buen ejercicio reflexionar sobre qué nos ha enseñado la pandemia a cada uno de nosotros.

La COVID-19 ha sido muy dura para toda la comunidad educativa, sobre todo para los alumnos. ¿Cómo se ha adaptado el sistema educativo a la pandemia?

Con todos los recursos, personales y materiales disponibles puestos al servicio de la educación. Con dedicación por parte del profesorado y de los equipos directivos, de las familias, de las administraciones educativas, el apoyo de los miembros de la comunidad educativa. Con ganas, como en una guerra, sacando fuerzas de flaqueza para seguir ofreciendo la mejor educación posible. Y el alumnado nos ha demostrado su capacidad de responder, su deseo de colaborar en la lucha.

¿Necesitamos mejorar? Eso siempre, pero de momento solo tengo palabras de agradecimiento.

¿Qué opina de la Ley Celaá?

Personalmente creo que está planteada desde una perspectiva muy adecuada: dar respuesta a los problemas de la educación en nuestro país apuntados por diferentes estudios nacionales e internacionales y ser lo suficientemente flexible como para permitir adecuar las soluciones a situaciones específicas.

¿Y en su experiencia como presidenta del Consell Escolar Valencià, qué le parecen las polémicas generadas a cuenta del decreto de plurilingüismo o con la concertada en la Comunitat Valenciana?

Creo que muchas veces las polémicas se podrían resolver, o al menos mitigar. Todo debate, racionalizado, es bienvenido. Escucharse con ánimo de entender al otro es un signo de amistad y por tanto, el primer paso para llegar a acuerdos.

¿Se utiliza la educación como arma política?

Por encima de cualquier planteamiento particular, lo que es imprescindible para el futuro de las nuevas generaciones es conseguir una educación universal de calidad, para todas las personas, sin excepción, que permita desarrollar todas sus potencialidades. Como dijo Mandela, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Quien pretenda utilizar la educación como arma política, con fines partidistas, debería asumir la culpa del daño que ello conlleva para las futuras generaciones.

Y para finalizar, me gustaría saber qué opinión le merece el hecho de que en España parezca imposible consensuar una ley educativa.

Una pena. Tendremos que buscar la manera de conseguir que esta lamentable tradición desaparezca y ser capaces de encontrar un camino en el que la discrepancia no sea un obstáculo para seguir avanzando juntos.

El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno una leve reforma del decreto de escolarización que estrenó este mismo curso para adaptarlo a la nueva legislación básica estatal, la llamada Ley Celaá o Lomloe. Las modificaciones no alteran ni el orden de prelación de los alumnos al acceder a una plaza escolar -sigue primando la cercanía al domicilio familiar y tener hermanos ya matriculados en el centro- ni el actual equilibrio de centros públicos y privados concertados. Andalucía es la primera de las cinco comunidades gobernadas por el PP que entierra la promesa del distrito escolar único -modelo de referencia de Madrid y de la consigna “libertad de elección de centros”, abanderada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, anunció que sus comunidades gobernarían “a la contra” de la Ley Celaá, pero Andalucía acaba de amoldar su normativa de escolarización a la legislación básica, porque prácticamente no hay diferencia y porque la Junta no estaba dispuesta a cambiar un decreto con un porcentaje de satisfacción del 98% “sólo por consignas políticas”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se dotó hace un año de un nuevo decreto de escolarización que apenas difería del modelo aplicado durante décadas por los anteriores gobiernos socialistas, de modo que la adaptación a la Ley Celaá apenas ha requerido de unos ajustes menores. En términos educativos, el cambio es residual. En términos políticos, es otra cosa. Ésta es la segunda vez que el Ejecutivo de PP y Cs tiene la oportunidad de implantar el distrito escolar único en Andalucía, una medida comprometida por escrito con sus aliados de Vox, que sustentan el Gobierno y dan estabilidad a la legislatura. La primera, bajo el paraguas de la antigua Ley Wert (PP); la segunda, con la recién aprobada Ley Celaá (PSOE). La Junta ha desechado esa oportunidad en ambos casos.

Distrito único ¿exportable?

Al arrancar el mandato, hace ahora dos años, el PP firmó con la formación de Santiago Abascal un acuerdo político al margen de su socio de coalición, Ciudadanos. El punto 14 de ese documento plantea “eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”. El partido naranja, que pilota la Consejería de Educación bajo la batuta de Javier Imbroda, nunca se ha sentido compelido por aquel acuerdo que sellaban sus socios con la ultraderecha y, en consecuencia, ha obviado los puntos con los que no estaba de acuerdo. En realidad, tampoco los expertos en educación del PP creen que la fórmula del distrito escolar único implantada desde hace años en Madrid -una comunidad uniprovincial y con grandes concentraciones de población- sea fácilmente exportable a Andalucía, una región mucho más extensa, de ocho provincias, con una realidad rural muy distinta a la de las grandes urbes.

El distrito escolar único es el modelo que abandera la línea más dura del PP cuando repite el mantra de la “libertad de elección de centro de los padres”, esto es, que las familias puedan matricular a sus hijos en el colegio que quieran, sin limitaciones administrativas de ningún tipo. En Andalucía, nueve de cada diez alumnos logra plaza en la escuela elegida en primera opción desde hace décadas, pero en algunas capitales de provincia, como Sevilla, Málaga o Cádiz, el exceso de demanda en un puñado de colegios privados concertados rebasa la oferta de plazas, y desencadena un movimiento de protestas de muchas familias que acaban reclamando su “derecho a elegir” dónde estudian sus hijos.

La supuesta limitación en Andalucía no está en el baremo de puntos que usa la Junta cuando tiene que desempatar a los aspirantes a un colegio con más solicitudes que plazas. El límite está en la zonificación, el llamado mapa escolar que subdivide las grandes ciudades en distritos escolares. Dentro de su distrito, una familia tiene prioridad para escolarizar a su hijo en los colegios de alrededor, y con esta fórmula se resuelve el 98% de las matrículas presentadas cada año. Pero al optar a una plaza en una escuela fuera del distrito escolar donde uno reside, el baremo puntúa menos y hay más riesgo de no conseguir matricular al niño en un centro escolar con mucha demanda en su barrio. Es una casuística residual, que sin embargo concentra su problemática en un determinado tipo de colegio privado concertado, con cierto prestigio social.

El Gobierno de Moreno Bonilla, pese a defender con el mismo entusiasmo que Casado y Díaz Ayuso el lema de la “libertad de elección de escuela”, se ha cuidado mucho de no desmontar el aparatoso modelo de escolarización de su comunidad, que tiene una eficacia del 98%, y que cada año mete en el sistema escolar a más alumnos que Galicia, Asturias y Aragón juntas.

El peso de los puntos

La modificación del decreto, aprobada este martes en Consejo de Gobierno, mantiene el orden de puntuación del baremo, pero redistribuye el peso de algunos criterios: la puntuación máxima por tener hermanos ya matriculados en la escuela pasa de 20 a 14 puntos, y adquiere el mismo valor que el criterio de proximidad al domicilio familiar. La ley Celaá también introduce puntos por una discapacidad sobrevenida durante el curso escolar del alumno o cualquiera de sus familiares, y se concede un punto extra a los niños nacidos de parto múltiple. La legislación estatal también incorpora un cambio importante: la última palabra en la admisión del alumnado será competencia del Consejo Escolar, un órgano de participación colegiado con profesores, padres y estudiantes, en vez de que la decisión dependa en última instancia del director del centro, como hasta ahora.

El pulso ideológico entre la derecha y la izquierda en educación termina reducido a un falso pulso entre escuela pública y concertada. En Andalucía, el 82% de los municipios carece de oferta privada concertada. La polémica por la falta de plazas en centros concertados o públicos en determinados barrios se concentra en las ciudades. La anterior ley básica del PP -la llamada Ley Wert- recogía el criterio de la “demanda social” en la norma de escolarización, que obligaba a la Administración a plegar sus criterios de planificación escolar al interés de las familias. Ese concepto desaparece de la Ley Celaá, aunque en la práctica tendrá un impacto reducido en Andalucía. Ya lo tuvo mientras estuvo en vigor la ley Wert, porque la fisonomía escolar de esta comunidad no tiene nada que ver con la de Madrid.

La Junta incorporó un cambio minúsculo en su decreto de escolarización para intentar visibilizar ese compromiso con la demanda social: añadió que todos los distritos escolares de Andalucía tendrían que ofertar obligatoriamente al menos un colegio concertado. En realidad, no existía ningún distrito escolar en Andalucía que no tuviera ya oferta de escuelas concertadas del segundo ciclo de Infantil (3 años), que es el curso de acceso al sistema educativo para el 98% de los alumnos andaluces.

Ignacio Escolar ha conversado en Conectados con Isabel Celaá, ministra de Educación y FP. La ministra ha vuelto a defender la presencialidad en las aulas mientras se siguen alcanzando cifras récord de contagios. Celaá ha defendido que la “presencialidad tiene beneficios para niños y jóvenes que son insustituibles” y que estos “no pueden compararse con eventuales riesgos”. Por eso ha recordado que se ha llegado a un “consenso con las comunidades autónomas de mantener los centros abiertos lo máximo posible” y ha asegurado que le preocuparía “muchísimo tener que cerrar las aulas”.

La ministra ha reconocido que es “ciertamente incómodo” acudir a los centros escolares en invierno con las ventanas abiertas, pero que “la ventilación natural es lo más seguro”.

La máxima responsable de Educación ha resaltado que se han producido “muchos menos” contagios de los esperados en los centros y que esto ha sido debido a que las medidas “higiénico sanitarias son muy rigurosas”.

Además, ha apuntado que no sería coherente el cierre de los colegios mientras la hostelería sigue abierta. “¿Cómo vamos a soportar que los bares sigan abiertos, con todo el respeto a los hosteleros, y los centros educativos cerrados? Sería muy mala señal”, ha afirmado.

La vacunación de los profesores, “priorizada en una segunda fase”

Preguntada por los socios y socias de elDiario.es sobre si los profesores como personal esencial podrán acceder de forma prioritaria a la vacuna, Celaá ha asegurado que “los docentes están priorizados en una segunda fase”, algo que habló “en su día” con el ministro de Sanidad. “Estábamos de acuerdo”, ha añadido, resaltando que el profesorado está “incorporado en una segunda fase”, pero que lo que necesitamos es “que lleguen las vacunas”.

Del mismo modo, ha asegurado que “no está contemplado que la vacuna sea obligatoria para acudir a clase” y ha aclarado que estas decisiones se toman “bajo criterio sanitario”.

La responsable de Educación también ha analizado al detalle su nueva ley ya en vigor, la Lomloe, y ha evaluado las polémicas que han surgido, como los aspectos relacionados con los centros concertados, que han llevado a que las derechas se rebelen contra la norma llegando a extremos como el de la Comunidad de Madrid, que pretende dar forma a su propia ley.

La ministra ha recordado a las comunidades díscolas que se trata de una “ley orgánica, que trata derechos fundamentales y regula para el territorio nacional” por lo que “ninguna ley de una comunidad autónoma puede estar en contra de esa ley orgánica”. Así ha defendido que las comunidades tienen capacidad legislativa y que se está trabajando para desarrollar la norma de manera consensuada en las autonomías, “pero nunca pueden estar en contra de la ley”.

“Contra los abusos de la concertada”

Celaá ha señalado que su ley “no cuestiona la escuela concertada”, pero que acaba “con los abusos de la concertada”. Así ha explicado que la norma “respeta y reconoce a los centros concertados que cumplen con una función social y no tienen ánimo de lucro”, pero que “lamentablemente”, “este ánimo de lucro ha aparecido en algunos casos y hay que desprenderse de eso para mejorar la calidad del servicio público en su conjunto, en igualdad de obligaciones”. La ministra ha reconocido que la situación de la concertada en la Comunidad de Madrid ha tenido “algún peso” a la hora de enfocar esta regulación.

La ministra se ha mostrado contundente en su defensa de la “educación en la diversidad” y ha reclamado que se necesitan “todos los talentos, no solo los de las élites”. “Tenemos que dar un palo soberano a la segregación escolar”, ha afirmado, señalando que se necesita “una escolarización equilibrada que permita educar en la diversidad respetando la libertad de elección”.

A este respecto ha señalado que “no se puede confundir la libertad de elección de las familias con la libertad de los centros para elegir otras familias” y ha defendido que no pueden existir desigualdades en los centros públicos. “No podemos permitir que la publica y centros concertados que escolarizan necesidades educativas especiales atiendan a todas las necesidades del sistema y otros no”.

“Equipamiento y formación” para la enseñanza online

Sobre los avances en la educación a distancia y preguntada sobre por qué no se apuesta desde su ministerio por la educación a distancia en los cursos superiores, Celaá ha asegurado que es necesario “avanzar más técnicamente”. La ministra ha reconocido que en marzo “se improvisó casi todo” cuando hubo que pasar “en 24 horas de lo presencial a la enseñanza online”. Reconociendo que el profesorado “mostró un músculo extraordinario”, Celaá ha señalado que “el año 21 será clave para hacer posible la enseñanza híbrida y online”, pero para ello se necesitan “aulas interactivas”, “equipamiento” y “formación de los profesionales”.

Sobre el reparto de ordenadores y tablets que anunció el ministerio para los alumnos más vulnerables, la ministra ha reconocido el retraso, que ha achacado sobre todo a las comunidades que se han incorporado tarde al programa, lo que “ha retrasado la licitación”. Celaá ha asegurado que los primeros equipos comenzarán a llegar en febrero y marzo.

Recientemente, con la aprobación a trámite de la nueva Ley de Educación (la LOMLOE), hemos asistido a numerosas movilizaciones de la derecha por todo el país reclamando, entre otras cosas, “Libertad”, pues consideran que esta Ley les recorta la libertad de poder educar a sus hijos según sus convicciones (yo diría adoctrinar según su ideología) y de poder escoger para ellos el centro que quieren para sus estudios.

No deja de ser curiosa la imagen de los diputados de la derecha española golpeando sus escaños al grito de “Libertad”. Confieso que me quedé ojiplático al verlo y oírlo. Diputados y diputadas que han rechazado, una tras otra, mociones que condenan la dictadura de Franco, que han defendido a ultranza la LOMCE, la reforma laboral y la ley mordaza, o que consideran de los suyos a aquellos que quieren fusilar a 26 millones de españoles, gritando “Libertad”. No cabe duda que el descaro y el cinismo de la derecha no tiene parangón.

En este tema, la Comunidad de Madrid se autoerigido en el paladín de la “Libertad”. Al parecer, en la Comunidad de Madrid, vivimos en el paraíso de la “Libertad”, donde cualquier ciudadano puede elegir “libremente” aquello que considera que es mejor para su bienestar. Recuerdo un discurso de la presidenta Cristina Cifuentes defendiendo la ampliación de las terrazas de los bares bajo el argumento de que, “si una persona decide ”libremente“ sentarse en una terraza a tomar una café, debe poder hacerlo”. Menudo cinismo, señora. ¿Y si decide comprarse una litrona y bebérsela en el parque, o fumar en el despacho de la oficina, o circular en dirección prohibida, o no pagar impuestos…? Todas ellas son decisiones tomadas “libremente”, pero ¿se pueden llevar a cabo?

La derecha madrileña nos lleva machacando una y otra vez con el argumento de la “decisión libre de los ciudadanos” en cualquier discurso sobre sus políticas, especialmente la educativa. Sin embargo, es un argumento totalmente falso, porque, en realidad, para la derecha madrileña, la educación es como ir a comprar un coche: tanto tienes, tanto te ofrezco. Que eres rico, puedes elegir entre todos. Que eres pobre, sólo tengo estos.

En el tema educativo, la Comunidad de Madrid no apuesta por la “libertad de elección” de los padres. Sino por la “libertad de elección” de aquellos que puedan pagársela. Como cuando compramos un coche. Todos tenemos libertad para comprarnos el que queramos. Otra cosa es que podamos hacerlo. Curioso concepto de la “Libertad”.

Qué libertad de elección tienen las familias en las que sus progenitores están en paro. Qué libertad de elección tienen las familias en las que hay hijos con necesidades educativas especiales. Qué libertad tienen las familias que tienen hijos con conductas disruptivas o problemas psicológicos.

Para empezar, esta ley (la LOMLOE) en su artículo 1 recalca “La libertad de enseñanza. Reconocer el derecho a los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro en el marco de los principios constitucionales”. Lo cual nos indica que estas protestas, de principio, carecen de fundamento. Pero es que, en el caso madrileño, efectivamente hay una sangrante falta de libertad de elección de centro. Pero para aquellas familias que desean llevar a sus hijos a la Escuela Pública.

Ejemplos tenemos, como el caso del barrio de Montecarmelo, donde los vecinos detallaban indignados la situación: “Contamos con un colegio concertado católico (Santa María La Blanca), que ocupa dos parcelas públicas de uso educativo (las mejor ubicadas en el barrio), la última de ellas con licencia del Ayuntamiento desde este pasado mes de marzo para construir su bachillerato (privado). Este colegio cuenta, entre otros espacios, con iglesia, auditorio y tiene planificada una piscina. Igualmente cuenta con escuela infantil propia.

Por otro lado, tenemos el Colegio Alemán de Madrid, trasladado a Montecarmelo hace dos años.

En referencia a las infraestructuras educativas públicas contamos con la escuela infantil Sol Solito (que compite con numerosas escuelas privadas subvencionadas) y dos colegios de educación infantil y primaria, ambos por encima de línea (masificados) debido a la alta demanda de plazas escolares en un barrio que ya requiere la construcción de un tercer centro público. Y con el añadido de que uno de los dos colegios (Antonio Fontán) lleva años sufriendo las obras de las diferentes fases de su construcción, con las molestias que ocasiona convivir diariamente con ellas y ver que los retrasos en su entrega son la tónica general.

Y por último tenemos una parcela vacía, de uso educativo, dividida por un talud de entre 8-15 metros de altura, que imposibilita la actuación sobre ella para construir un instituto de educación secundaria público, ya que es la única que queda para su ubicación. Desde hace años, llevamos solicitando a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Madrid este centro y, tras múltiples compromisos y promesas, seguimos sin tener ninguna confirmación de nada, y la parcela sigue ahí, vacía, únicamente modificada por los anuncios que sobre ella se instalan con publicidad de negocios del barrio“

Pero, tenemos un último capítulo en esto de priorizar la escuela privada frente a la pública. Es el caso del barrio de El Cañaveral en Madrid, donde el Ayuntamiento ya ha cedido una parcela de 23.000 metros cuadrados para la construcción de un colegio concertado en un barrio de nueva creación en el distrito de Vicálvaro, donde hay planificadas en torno a 14.000 viviendas. Ni se ha hablado de un colegio público. Aquí, como en otros barrios de Madrid, primero se construye un colegio privado y, luego, cuando las familias ya han “elegido libremente ese centro” se construye un público (no vaya a ser que el privado no tenga suficientes solicitudes si “compite” con el público)

Desde el año 2009 al 2018, el gasto medio en educación de los hogares españoles ha pasado de 9.308€ a 12.354, es decir, ha subido un 33% en los peores años de la crisis. ¿De qué libertad estamos hablando? Si quieren verdadera “libertad”, ¿por qué no luchan por eliminar las cuotas de los colegios concertados (ilegales y fraudulentas)?. Pero eso no, eso supondría la admisión de alumnos “no deseables” para su imagen.

No. No se confundan. No es “Libertad de Elección”. Es libertad para continuar con “mis” centros de adoctrinamiento a los que, naturalmente, no puede entrar cualquiera. Esa es la Libertad de la que hablan, no nos engañemos.

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) aprobada el pasado 19 de noviembre en el pleno del Congreso por la exigua cantidad de 177 votos y conocida por el vulgo como la Ley Celaá, es para muchos la peor ley educativa de las ocho que hasta el momento ha visto la democracia española, al igual que para otros lo fue la Ley Wert, la LOGSE, la LOCE o cualesquiera otras confusas siglas. Todos, es decir, ninguno, tienen razón. Opinar ―hasta la fecha― es gratis, y la educación es una de estas cuestiones fundamentales de las que todo humano viviente parece ser catedrático e insigne experto de alcance interestelar. 

La educación es esencial para el bienestar y la prosperidad de un país. Sería magnífico que todas estas personas sabias predicaran con el ejemplo y expresaran sus opiniones, si no con conocimiento de causa, pues eso sería más bien pedir demasiado, sí al menos con un poquito de ello, de educación. Porque la soflama política y mediática con la que ha sido recibida esta nueva norma está siendo de todo menos educada. La LOMLOE, es cierto, ha sido utilizada como moneda de cambio en las negociaciones del PSOE con Podemos y ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y de ahí que exhiba un sesgo izquierdista mayor de lo que probablemente hubiera deseado la propia ministra y el presidente del Gobierno, pero eso tampoco implica que tenga que ser mala per se. Veamos en verdad cómo puede afectar esta ley a los 8,2 millones de escolares de España. 

Aseguran sus detractores que la Ley Celaá pretende cerrar las escuelas de educación especial donde son atendidos miles de niños con distintos grados de discapacidad, lo que obligará a derivar a estos niños a colegios ordinarios; que el Gobierno pretende que un profesor que carece de la formación necesaria atienda las necesidades de niños con discapacidades severas mientras da clase simultáneamente a otros treinta críos; y que ni estos podrán avanzar ni aquellos serán atendidos como necesitan. Y, por si fuera poco, y esto sí que es verdad, que no detalla cómo ni quién financiará esa adaptación de los centros. 

Pero la realidad es que esta medida está basada en un informe de la ONU que concluía que era necesaria la integración de los niños con necesidades educativas especiales, para que dejaran de ser enseñados en centros aislados y desprestigiados. Y no, desde luego que la nueva norma no acabará conduciendo a la desaparición de las escuelas especiales, sino que lo que se quiere es adaptar en el plazo de diez años las escuelas tradicionales para que puedan acoger a más niños con discapacidad y que asistan a los centros de educación especial tan solo aquellos escolares que no puedan ser atendidos en los centros ordinarios por necesitar una educación muy específica, dado el alcance de sus disfunciones. 

La LOMLOE elimina el carácter vehicular (expresión que aparece por primera vez en 2013, en la Ley Wert) del español o castellano, por lo que los niños cuyas familias quieran que sus hijos utilicen la lengua de Garcilaso como herramienta principal en su instrucción verán cercenados sus derechos, dice parte de la turba. Lo estaban ya, pero la ley oficializa la discriminación de los niños castellanohablantes al privarles de asidero legal para reclamar su derecho a recibir al menos parte de su educación troncal en español. En la práctica, autonomías como la catalana habían arrinconado ya el castellano de las aulas frente a la pasividad de los distintos gobiernos del PP y del PSOE. Así, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya analizó hace unos meses 2.214 programas educativos de las escuelas públicas catalanas y no halló ninguno en el que la lengua vehicular fuese el castellano, por lo que en realidad el artículo de la ley Celaá no cambia nada. Esquerra, nadie lo niega, amenazó con no apoyar los Presupuestos si este requerimiento no era incluido, pero le va a dar lo mismo, pues la tozuda realidad demuestra que los alumnos catalanes, vascos o gallegos dominan el idioma de Quevedo al menos igual de bien que el resto de españoles. Y así será siempre, por cierto, pues nadie puede ser tan obtuso de renunciar a una comunicación tan bella y precisa con más de seiscientos millones de personas.

Otro lugar común de estos días es que la Ley Celaá hunde aún más el ya ínfimo nivel de exigencia de las escuelas públicas españolas y permite a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos. Es falso. Es posible que el ala más radical de Podemos así lo hubiera deseado, pero lo único que aporta la nueva norma al respecto es que se permitirá aprobar bachillerato con un suspenso, algo que ha creado notable escándalo, pero que es práctica habitual en los claustros de los centros desde que la presión social determina que a los niños hay que aprobarlos porque sí, lo merezcan o no, y de esto hace ya un par de décadas. 

Por otro lado, los más devotos piensan que esta ley viola el artículo 27 de la Constitución que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban “la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Quizás Iglesias y Sánchez lo pretendieran, pero los acuerdos con el Vaticano de 1979 ―que el Gobierno quiere renegociar― impiden suprimir de la oferta de asignaturas la Religión, aunque ahora esta materia no tendrá una alternativa. Aparecerá ―si el alumno la escoge― en el boletín de notas, pero no computará, lo que provocará que muchos estudiantes que la elegían para mejorar su nota en bachillerato ―en vez de Francés o Dibujo Técnico, por ejemplo― no la cursen, lo que puede suponer una pérdida de puestos de trabajo de profesores de Religión, que no son funcionarios a pesar de que les paga el Estado, sino indefinidos o temporales designados a dedo por el obispo correspondiente. Pero, faltaría más, cada familia podrá seguir escogiendo la formación religiosa y moral que estime oportuna.

Y hemos dejado lo mejor para el final, como en una buena película de Disney. Según el parecer de sus críticos más feroces, la LOMLOE pone fecha de defunción a la escuela concertada. La elimina, la extingue. La extermina. Afirman que esta ley confunde educación pública con educación estatal, pues la pública incluye tanto las escuelas gestionadas por el Estado como las concertadas, que son tan públicas como las estatales, solo que son regidas por profesores, fundaciones u otro tipo de organizaciones. Según ellos, lo que pretende la Ley Celaá es acabar con la libertad de elección de los padres y con la libertad de enseñanza, para que la única educación pública posible en España sea la impartida directamente por el Estado y se pueda así adoctrinar a los futuros votantes desde bien pequeñitos. 

Pero eso no es verdadero. El gran objetivo de esta ley es lograr una equidad en la escuela española que hoy día no existe. En la actualidad, nueve de cada diez niños sin recursos y ocho de cada diez hijos de inmigrantes están escolarizados en la escuela pública, pese a que esta instruye al 67,1% del alumnado (la concertada al 25,5% y la privada al 7,4%). Por eso la ley establece que prime al escolarizar a un niño la cercanía al centro. Cada autonomía fijará para cada escuela un cupo de alumnos con necesidades especiales ―las ratios serán menores en zonas sensibles―, habrá “plazas vivas” para matriculaciones durante el curso (muchas veces de inmigrantes), no se podrá ceder suelo público para construir un colegio privado o los procesos de admisión serán más transparentes. Asimismo, el Gobierno quiere frenar la sangría de cuotas irregulares que pagan los padres, muy extendidas en la enseñanza concertada, que además las familias se desgravan, aunque esté prohibido.

Y nada más. Y nada menos. Y cada cual que opine lo que quiera, pero que se instruya y se informe un tanto antes de la abrir la boca para enarbolar con desmanes varios una u otra bandera en representación de uno u otro estilo y contenido educativos. Y que mimemos a nuestros niños. Y a su educación. Porque sin ellos no hay presente ni habrá futuro.

Casi ocho años después de que se aprobara la Lomce, y cuando se cumple un año desde que se presentó por primera vez en el Congreso, España tiene nueva ley educativa. La Lomloe ya ha completado el trámite parlamentario y queda pendiente solo de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será la octava ley educativa de la democracia.

La nueva norma incluye varios cambios de mayor o menor calado. Hay modificaciones de tipo organizativo, relativas a la oferta de plazas escolares o la construcción de nuevos centros, y de tipo educativo, que atañen a cuándo se puede pasar de curso o qué se va a estudiar en las escuelas. Los cambios en el rol de la escuela concertada o la educación especial han estado entre los más polémicos.

Aclaramos en este artículo algunas dudas prácticas que pueden surgir a las familias de cara al cambio de ley.

¿Cuándo entra en vigor la ley?

Exactamente 20 días después de publicarse en el BOE, lo que ocurrirá en pocos días. Otra cosa es cuándo empezarán a aplicarse las medidas, porque la educación es un sistema vivo, con unos procesos que no pueden cambiarse de la noche a la mañana. Además, este tipo de leyes orgánicas establecen medidas bastante generales con fórmulas tipo “se fomentará” o “se velará por” que requieren de un desarrollo normativo posterior para afinar los detalles y la ejecución. Algunas partes de este corresponden al Ministerio de Educación y otras a las comunidades autónomas. La mayoría de las medidas empezarán a partir del curso 2022-2023.

¿Mi hija va a estudiar con la Lomce o con la Lomloe?

La Lomloe establece que “las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos” educativos entrarán en vigor “en el que curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta ley”, o sea para el curso 2022-2023, para los cursos impares de Primaria, Secundaria y Bachillerato (esto es, 1º de las tres etapas, 3º de la ESO y 5º de Primaria) y un año más tarde, curso 2023-2024, para los pares (o sea, 2º de las tres etapas, 4º de la ESO y 6º de Primaria).

La Lomloe prohíbe repetir más de dos veces y mi hijo ya lo ha hecho. ¿Le aplica este límite ya?

Este curso no, pero sí el siguiente si continúa en la etapa obligatoria del sistema educativo (hasta 4º de la ESO). El calendario de implantación de la Lomloe, detallado en la disposición adicional quinta, establece que las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción, así como las de titulación en la ESO, entrarán en vigor el curso siguiente al de aprobación de la ley. Esto es, el 2021-2022. En cualquier caso, la Lomloe establece que la repetición será “excepcional”.

¿Puedo elegir entre colegio concertado y público?

Sí. Contrariamente a lo que se vende desde Más Plurales, la plataforma que agrupa a la patronal de la escuela concertada, la Lomloe no cambia las posibilidades de elección de centro de las familias. La ley estipula que “corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las condiciones para la adscripción de centros públicos, respetando la posibilidad de libre elección de centro”. La novedad de la ley es que establece que la escuela pública tiene que garantizar la oferta de plazas “mediante una oferta suficiente de plazas públicas” o que “las administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas”, además de promover “un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”. Esta disposición debe asegurar la disponibilidad de una plaza pública para todo el que la pida.

Sin embargo, hay algún matiz a la hora del reparto del alumnado en su conjunto. La Lomloe quiere que haya un mayor equilibrio entre el perfil del alumnado de los centros con concierto y los públicos, por aquello de que habitualmente las familias más adineradas acaban en general en los privados sostenidos con fondos públicos, mientras que las más humildes son usuarias de los de titularidad estatal y eso tiene un nombre: segregación. Para ello, la ley Celaá primará a la hora de matricular criterios de cercanía al domicilio o al trabajo de los padres y crear áreas de influencia de los centros educativos que “cubran en lo posible una población socialmente heterogénea”.

Para asegurar la igualdad en el acceso, las familias podrán presentar su solicitud de admisión ante la administración educativa, como ahora, pero también ante la comisión de garantías, que deberán velar por el cumplimiento de las normas, “especialmente las relativas evitar la segregación del alumnado”.

Mis hijos están matriculados en un centro concertado, ¿pueden perder la plaza?

No si la familia no quiere. El artículo 87.4 de la Lomloe se mantiene sin tocar una coma respecto a la Lomce. Dice: “Los centros públicos y privados concertados están obligados a mantener escolarizados a todos sus alumnos, hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo cambio de centro producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre derechos y deberes de los alumnos”. Incluso la Justicia ha obligado a renovar el concierto en alguna ocasión para evitar esto.

¿Y puede el colegio perder el concierto?

Posible es. El Ministerio de Educación explica que la nueva normativa relativa a la concertada está más pensada para mirar al futuro que al pasado. Mientras esté vigente un concierto un centro no lo va a perder en principio, cuando toque renovarlo (normalmente los colegios se conciertan durante cuatro o seis años y se va renovando) sí es más posible, según admiten fuentes del PSOE. Aunque en la respuesta definitiva a esa pregunta van a tener mucho que decir las comunidades autónomas, que son las encargadas de los desarrollos de la ley y de su control y aplicación. Tienen que respetar los mínimos que esta impone, pero la redacción normativa es lo suficientemente interpretable, y apela a las “administraciones educativas”, como para que las autonomías tengan margen.

La pérdida de un concierto es complicada, explican fuentes del Ministerio de Educación. Normalmente tiene que ser debido a las causas del régimen sancionador del régimen de conciertos, pero centros que lo hayan perdido no por sanción ni voluntad propia debe haber muy poquitos, explican las fuentes. Las causas suelen ser por incumplimiento de la gratuidad o las condiciones básicas del concierto, añaden.

Pero hay un matiz. Técnicamente, los conciertos no se otorgan a centros enteros, se dan a unidades (aulas) específicas, aunque lo habitual es que los reciba todo el colegio. Pero puede darse el caso de que un centro tenga clases con concierto y otras sin. Bajo esta premisa, lo que sí puede ocurrir a la hora de renovar un concierto es que si sobran plazas en una determinada zona la administración educativa, encargada de programar la oferta de plazas en la red considerada de servicio público (colegios públicos y concertados) decida que hay que reducir la oferta y opte por no renovar el concierto a algunas unidades de un colegio privado sostenido con fondos públicos. “El número de líneas [clases por nivel] que se aprueba es un proceso dinámico en función del número de plazas en la zona donde está el centro”, explican las fuentes de Educación. Lo esperable, dice el ministerio, es que haya un proceso de programación de plazas y una negociación si se diera el caso.

La Lomloe elimina el concepto de “demanda social” a la hora de programar la red de centros, una fórmula que se ha utilizado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, para construir centros con concierto en barrios de nueva creación o cuando faltaban plazas escolares. También se ha utilizado para propiciar la extensión de conciertos y a la vez evitar que en algunas comunidades que querían eliminar alguna línea, unidad, incluso concierto por baja ratio perdiesen recursos presentados por las patronales y los mismos centros.

Desaparecida esa fórmula de la ley, los colegios con concierto pierden un asidero al que agarrarse y quedan a expensas de la programación de plazas que realice cada comunidad, que debe respetar que la oferta esté garantizada por plazas de titularidad pública, según marca la ley. En términos prácticos, esto por ejemplo podría dar argumentos al Gobierno valenciano para no renovar conciertos si lo puede justificar. Ya lo intentó bajo la Lomce la Generalitat valenciana, pero la Justicia lo impidió mirando por el interés de las familias y de los propios centros. Pero también dará a la Comunidad de Madrid la opción de programar sus plazas y mantener los conciertos como pretende, siempre que garantice la oferta de plazas públicas.

¿Y si está levantado sobre una parcela pública cedida por la administración y se acaba el periodo de cesión?

De nuevo, la Lomloe mira más hacia delante que hacia atrás y su objetivo es que no se haga a futuro. Pero es un caso que se puede dar. “Hay que verlo caso a caso, depende de las condiciones, cómo se ha concretado cada cesión”, explican desde Educación. “Puede haber casos de cesión, otros por licitación, quizá a cambio de un canon... los modelos varían. Pero si tienes un contrato, tienes unos derechos. Cuando caduque habrá que ver si existe derecho a prórroga expresa, tácita, etc. Los derechos de las personas en esa situación habrá que verlos en cada caso y siempre está la opción de ejercer sus derechos en los tribunales”, añaden. Y en estos casos la administración de referencia es la comunidad autónoma.

Sobre esto, la Justicia tiende a amparar a los centros y a las familias que podrían verse perjudicadas. No en este caso específico de la cesión de suelo, pero en Catalunya y Valencia ha habido sentencias que han obligado a devolver conciertos a centros a los que se les quería retirar porque estos colegios perderían alumnos y que por lo tanto sufrirían “una disminución de ingresos que sin duda afectará a su situación económica”, y el cese de la financiación pública de los centros comportaría que las familias “deban asumir el coste de la enseñanza”, y que algunas de ellas “decidan cambiar a sus hijos de centro, máxime en la situación de crisis económica actual”.

Estoy pagando una cuota 'voluntaria', ¿tendré que seguir haciéndolo?

La normativa ya prohibía el pago de cuotas obligatorias a los centros concertados, pero nadie se ha encargado nunca de hacerla cumplir. La Lomloe pretende ser la primera en lograrlo. Estos pagos mensuales se justifican desde los centros privados sostenidos con fondos públicos como necesarios para su regular funcionamiento, dado que el precio que paga el Estado por concierto es, aseguran, insuficiente (y es cierto que el coste de una plaza es menor en un colegio concertado que en un público, aunque la cuestión tiene matices). Pero las asociaciones de padres y los sindicatos denuncian que estas cuotas también se utilizan para cribar al alumnado que acude a estos centros.

La Lomloe trata de ir un paso más allá y asegurar que las cuotas se dejen de pagar. Para ello, obliga a las comunidades autónomas a vigilarlo (pero seguirá dependiendo del celo que estas pongan) y establece una serie de prohibiciones específicas para tratar de poner coto a esta práctica: no puede haber cuotas apelando a actividades complementarias (no obligatorias) estables en horario lectivo (por ejemplo, no se puede poner una clase de natación en mitad de la jornada escolar) y las administraciones “deberán supervisar” que esto se cumpla.

Tengo un hijo con discapacidad. ¿Podré elegir si va a un centro ordinario o uno de educación especial? ¿Cuánto pesará mi opinión?

A la espera del desarrollo normativa que tendrán que realizar las comunidades autónomas, la Lomloe está pensada para ofrecer a las familias que quieren que sus hijos acudan a los centros ordinarios un respaldo normativo del que ahora carecen (algunas de ellas se ven actualmente obligadas por la administración a escolarizar a sus hijos en centros de educación especial contra su voluntad). Es en este sentido en el que suelen darse las discrepancias. Habitualmente, si una familia quiere acudir a un centro de educación especial y esto está justificado por las condiciones del menor, no es problemático. Educación dice no tener constancia de casos en este sentido.

Pero la norma también apuesta por la inclusión como principio general. La ya ley establece es que “la escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los 21 años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”, y añade que se evaluará al final de cada curso a los alumnos para “proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el más inclusivo”.

¿Y si la administración decide matricular a un alumno en un tipo de centro contra el criterio familiar?

La ley establece que “la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado [que determinarán a qué tipo de centro acude] se realizará, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado”, pero el peso de cada parte, administración y familia, queda pendiente del desarrollo si es que llega a estipularse. La ley menciona esta posible discrepancia, pero lo hace bajo la previsión antes mencionada de que el posible conflicto suele darse en el sentido de que la familia quiera inclusión y la autoridad educativa dictamine especial: “Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. De nuevo, en un sentido.

¿Y si pese a todo una familia quiere especial pero la administración apuesta por la ordinaria? Es un caso tan improbable, responde Educación, que ni se contempla, “pero lo esperable es que se negocie”.

¿Van a cerrar estos centros?

La Lomloe no dice nada de cierres. La ley Celaá sí da un plazo de diez años para que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad” (la Convención de la ONU dice que todos los alumnos deben matricularse en los centros ordinarios) y añade que “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Los profesionales de estos colegios no creen que la Lomloe vaya a implicar su cierre, pero sí temen un vaciamiento de los centros y que les pidan cosas que no podrán asumir, como asesorar a sus centros ordinarios de referencia. “Lo que plantean difícilmente va a funcionar sin incremento de gasto en ambos modelos”, explica el director de uno de estos centros especiales en Madrid. “Nos preocupa que si tenemos que ser centros de referencia y recursos y asesorar a un gran número de centros [ordinarios] difícilmente podremos hacerlo sin desatender a nuestros alumnos si no hay más recursos”.

Mi hija tiene problemas para seguir el ritmo de sus compañeros en clase en Secundaria. ¿Hay medidas para esto?

La Lomloe recupera los programas de diversificación curricular que eliminó la Lomce. Con la LOE, los alumnos que tenían dificultades para avanzar por el sistema pasaban en 3º de la ESO a estos programas, que llevaban a una titulación en Secundaria y que tenían muy buena acogida entre el profesorado. Wert los cambió por los PMAR, una alternativa similar pero que se realizaba entre 2º y 3º y devolvía al alumno a 4º con el resto de sus compañeros, lo que suponía devolverlos de repente a un curso ordinario para tratar de obtener el título de Secundaria, que en la práctica es una vuelta a un nivel más difícil.

También hay cambios en la FP Básica, la alternativa profesional para el alumnado con problemas de rendimiento, aunque en este caso será junto a una ley propia que está en desarrollo. Esta vía, que empieza a los 15 años, ofrecía pocas salidas a los estudiantes. Algunos podían titular en Secundaria, pero no todos. Cuando concluya la reforma normativa, la FPB otorgará el título automáticamente, lo cual permitirá seguir progresando por el sistema.

¿Se rebaja la exigencia educativa?

Esto es una cuestión de opiniones. Hay dos elementos principales que influyen en la respuesta a esta pregunta. Por un lado, cuánto y cómo se enseña en la escuela que deben aprender los alumnos. Por otro, los mínimos que se les exigen para promocionar de curso y/o sacarse el título de una etapa. Es una realidad objetiva que Educación quiere rebajar el contenido de los currículos, que considera “enciclopédicos” en palabras de la ministra, y centrar la enseñanza más en el “saber hacer” que en “saber”. Queda por ver hasta dónde llega esa rebaja.

Respecto a la promoción y titulación, la Lomloe establece la novedad de que como máximo se podrá repetir dos veces en toda la etapa obligatoria. Esta medida tiene la posible interpretación de que se rebaja el nivel porque una vez alcanzado ese límite el alumno solo puede promocionar. Pero también trata de resolver la anomalía española con las repeticiones, un problema del sistema reconocido por todos: el 30% del alumnado de 15 años no está en el curso que debería. La Lomloe también dice que se podrá promocionar de curso con asignaturas suspendidas. Esto ya sucedía con la Lomce: la estadística del Ministerio de Educación dice que uno de cada cinco alumnos promociona así en toda España de media. También en las comunidades donde manda el PP, el partido que más crítico se ha mostrado con esta medida (Madrid tiene un 24,2% de titulados en ESO con suspensos).

¿Podrá mi hija estudiar en castellano si yo quiero?

Dando por hecho que esta pregunta se dirige a Catalunya, la respuesta es que no está claro pero probablemente sí, al menos en parte. Actualmente, la Justicia ya avala que se pueda solicitar que un alumno estudie el 25% del currículo (esto es, dos asignaturas) en castellano. La Lomloe ha eliminado la referencia a que esta lengua deba ser vehicular en la enseñanza, lo cual en teoría blindaba la inmersión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó la semana pasada que ese 25% debe ser para todos sin necesidad de pedirlo. El pero a esta decisión es que la tomó basándose en la normativa vigente en ese momento, la Lomce. Y la Lomloe cambia las reglas de juego. La Generalitat va a recurrir la medida, queda esperar al resultado del recurso para saber qué va a ocurrir.

¿Qué pasa al final con la Religión?

Se mantiene parecida para los estudiantes. Seguirá siendo obligatorio para colegios e institutos ofrecerla, pero voluntaria para los alumnos cursarla. Los dos cambios principales son que dejará de contar para la nota media, como sucede ahora, y que deja de tener asignatura espejo (la alternativa para quien no quería cogerla), lo cual va a provocar a priori que la asignatura tenga que ir al final o al principio del día, porque los alumnos no pueden estar sin clase en mitad de la jornada escolar.