Los partidos convierten el Constitucional en el campo de batalla de sus disputas

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

Que la ley de amnistía –todavía en tramitación parlamentaria y, por tanto, sin versión definitiva– va a terminar en manos del Constitucional es algo que ha vaticinado el propio Tribunal Supremo. “Corresponde al Tribunal Constitucional determinar si efectivamente las leyes aprobadas o que puedan aprobarse son conformes con el ordenamiento constitucional”, explicó a Vox al rechazar una de sus denuncias contra el Gobierno por sus negociaciones de investidura.

Tampoco es ningún secreto que ese es el objetivo de las derechas, al menos como paso previo a acudir a unas instituciones europeas en las que ahora confían para supervisar el enésimo intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Vox perdió los 50 diputados que le permitían acudir en solitario al Constitucional, pero ya anunció que intentaría impugnar esta norma aprovechando los sillones que ocupa de la mano del PP en varios gobiernos autonómicos. Y los populares tampoco han escondido su intención de hacerlo, por esta y por cualquier otra vía.

La Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco (PP) en compañía de la extrema derecha de Vox, ya anunció hace apenas unas semanas que sus servicios jurídicos acudirán al Constitucional tan pronto la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de un anuncio similar al que han realizado Andalucía y Murcia, ambas gobernadas por el PP. Mientras, en el Congreso las derechas pugnan por hacer posible la ilegalización de partidos independentistas a través de sus enmiendas a la norma y en el Senado acometen reformas para retrasar su entrada en vigor.

Vox solo podrá sumarse a esta batalla judicial a través de los gobiernos autonómicos en los que participa, y no por tanto a título particular firmando sus propios recursos, porque el último batacazo electoral les dejó muy por debajo de la línea roja de los 50 diputados que da acceso a poder presentar este tipo de impugnaciones. Pero el primer paso, aunque el objetivo sea que la norma termine ante algún tribunal comunitario, será la calle Domenico Scarlatti de Madrid.

Siete leyes clave pendientes de sentencia

La de la amnistía será, sin duda, la batalla legal de la legislatura, tanto por su importancia política como por las consecuencias de la sentencia que dicte, en uno u otro sentido, el Tribunal Constitucional. Un aval a la norma supondría un varapalo al discurso público que mantienen PP y Vox sobre esta ley todavía pendiente de aprobación y aplicación. La anulación de la amnistía sería un golpe demoledor para el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, elemento clave para el apoyo de Junts a su investidura.

Mientras la ley se aprueba, se publica y se recurre, el tribunal de garantías tiene pendiente al menos siete grandes normas aprobadas por el Gobierno y recurridas por PP o Vox.

Una de ellas es la reforma que derogó el delito de sedición, punto esencial de la condena de los líderes del procés independentista catalán. También se reformó el delito de malversación. Y está a la espera de sentencia sobre el fondo del asunto la reforma que puso en marcha el Gobierno para desbloquear la renovación parcial del propio Constitucional y que derivó en una crisis institucional sin precedentes entre el tribunal y el Parlamento.

Están pendientes varias normas impulsadas desde la facción del Ejecutivo de coalición y que desde Unidas Podemos esgrimen como banderas de su gestión: el Ingreso Mínimo Vital, la ley Trans y la reforma del Código Penal conocida como la del 'solo sí es sí'. Todas recurridas por la derecha ante el Tribunal Constitucional. También aguardan un pronunciamiento los recursos sobre la última reforma de la ley del aborto y la ley de Memoria Democrática.

La derecha se lanza a deslegitimar el tribunal

La sobrecarga de asuntos de gran calado público llega después de la última y accidentada renovación parcial del tribunal que tuvo como resultado una mayoría progresista de sus miembros inédita en la última década. Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Supremo y exfiscal general del Estado bajo gobierno socialista, PP y Vox se han lanzado a la deslegitimación del tribunal cuando sus recursos contra proyectos clave de Gobierno han empezado a ser rechazados.

La sentencias con más peso en los archivos del Constitucional del año pasado proceden de recursos fracasados de PP y Vox. Una de ellas fue la que blindó el derecho al aborto y desestimó las alegaciones que presentó el partido de Alberto Núñez-Feijóo hace más de una década, cuando todavía tenía a Mariano Rajoy al frente. Otras, las que rechazaron los recursos de PP y Vox contra la ley de Eutanasia. Y finalmente el proceso que terminó por avalar la reforma que impide hace nombramientos al Consejo del Poder Judicial mientras sigue en funciones con el mandato caducado.

Todas estas sentencias y otras como las que han rechazado los recursos de PP, Vox y las administraciones que Gobiernan contra el impuesto a las grandes fortunas o la 'ley Rider', han zanjado grandes batallas políticas de la derecha y se han encontrado con una campaña de esos partidos para deslegitimar al tribunal de garantías una vez ha empezado a rechazar algunos de sus grandes recursos. Desde la presidencia de Conde-Pumpido, al que definen poco menos que como una extensión del PSOE dentro del Constitucional, hasta el triunfo de los postulados del sector progresista por mayoría, algo criticado hasta por el presidente interno del CGPJ, organismo donde tampoco abundan las decisiones relevantes unánimes.

La mayoría progresista tiene todavía más de un lustro de vida en el Constitucional, pero hay un puesto pendiente de renovación que, a día de hoy, merma aún más las posibilidades del sector conservador. Es la vacante que dejó el jurista Alfredo Montoya por motivos de salud a mediados de 2022 y que, por el momento, no ha sido cubierta. A principios de diciembre, el PP anunció que pondría en marcha esta designación en el Senado.

Mientras tanto, la última renovación del Constitucional ha introducido cambios y no solo en su composición y su equilibrio interno de fuerzas. Uno de los objetivos expresados desde el primer día por su nuevo presidente es conseguir que el Constitucional pise el acelerador y deje de solucionar recursos cuando ya no tienen ningún efecto práctico y cuando las leyes que estudian ya han sido modificadas. O también para evitar que un migrante que recurre su expulsión ni siquiera esté en España para recibir la sentencia que le da la razón y le permite permanecer en el país.

El escenario de las batallas jurídicas entre partidos políticos también será autonómico. Entre otras, están encima de la mesa asuntos como el del 25% del castellano en las aulas de Catalunya o el catalán en Balears, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid o las sucesivas reformas de Telemadrid. Solo son algunos de los recursos de origen político que el tribunal de garantías tiene en sus cajones desde hace al menos tres años esperando una sentencia.