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La historia de impunidad en Olivar 3: un edificio troceado para especular con pisos minúsculos en el corazón de Lavapiés

Edificio de la calle Olivar de Lavapiés que fue convertido en minipisos.

Alberto Pozas

Madrid —
22 de noviembre de 2026 21:39 h

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El edificio del número 3 de la madrileña calle del Olivar, que hace esquina con la calle de la Cabeza, fue levantado en este cruce de Lavapiés en 1849 y originalmente tenía 16 viviendas. Todo cambió cuando unos promotores inmobiliarios lo compraron en 2004 y, sin licencia ni permiso, trocearon la finca hasta conseguir que tuviera 43 casas mucho más pequeñas y que además no cumplían la normativa urbanística. Más de dos décadas después de la operación, el Tribunal Supremo ha confirmado que esta operación especulativa fue ilegal, pero ha absuelto a los promotores y al arquitecto al entender que no hubo ni delito urbanístico ni de estafa. Todos los jueces del caso han coincidido en una cosa: los posibles culpables nunca se sentaron en el banquillo.

La historia reciente de este piso arranca en las últimas semanas de 2004, cuando la empresa Estancias Históricas S.L. compró por 3,6 millones de euros este edificio que era Bien de Interés Cultural y tenía su fachada y sus escaleras protegidas por el Ayuntamiento al ser parte del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid. La construcción, que por aquel entonces tenía 16 casas, no había pasado la Inspección Técnica de Edificios y las obras para ponerlo todo a punto –fachada, azotea y fontanería y red de saneamiento– empezaron poco después de la compra. Para cuando las reformas terminaron, ya en el verano de 2007, este edificio centenario había cambiado: tenía hasta 43 casas, casi el triple que las iniciales, y mucho más pequeñas.

Los pisos cayeron en manos de inversores y estos a su vez se los vendieron a gente que buscaba vivir en Lavapiés o especular más. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que sus casas no eran lo que parecían y que las obras habían sido irregulares: no tenían ni licencia municipal ni autorización regional. Los pisos minúsculos que habían comprado en el centro de Madrid por más de 160.000 euros no tenían el mínimo de metros cuadrados establecido por la normativa municipal ni cumplían con la normativa de iluminación y ventilación. Se exponían, en el peor de los casos, a una orden de demolición.

Mientras el departamento urbanístico del Ayuntamiento de Madrid ponía en marcha inspecciones e imponía sanciones posteriormente anuladas, los nuevos propietarios afectados interpusieron una querella que desembocó en una accidentada causa penal que arrancó en 2012 en un juzgado de la Plaza de Castilla, no fue juzgada hasta 2023 en la Audiencia Provincial y no ha tenido sentencia firme hasta este mes de noviembre 2026. Un caso que, según ha podido comprobar Somos Lavapiés, ha acabado en absolución para todos los acusados de estafa y delitos urbanísticos, y sin indemnización para media docena de afectados.

Portal del edificio de la calle del Olivar (Lavapiés) afectado por la sentencia del Supremo.

El juicio tuvo lugar hace tres años con cinco personas en el banquillo: cuatro de ellas vinculadas a Estancias Históricas S.L. y el arquitecto acusado de diseñar el troceo interno e ilegal del edificio. La Fiscalía, representada por el especialista en medioambiente César Estirado, llegó a pedir hasta ocho años de cárcel para ellos. Y la Audiencia Provincial los condenó, aunque a penas muy inferiores: 22 meses de cárcel para los responsables de la promotora y 2 meses para el arquitecto, además de diversas multas. Para cuando se celebró el juicio, los acusados ya habían llegado a acuerdos con una parte importante de los afectados, que retiraron su acusación tras cobrar una indemnización.

Esa primera sentencia declaró probado que el objetivo de esta empresa era “especular con el edificio” y que “aprovecharon” la obligación de hacer obras y superar la ITE para ir más allá y trocear los pisos con obras “que no estaban amparadas por licencia urbanística alguna”. Todo para, según la Audiencia de Madrid, “lucrarse con la venta de los apartamentos”. Lo hicieron también “ocultando a los adquirientes finales” que las casas no cumplían con la normativa urbanística. La comunidad de vecinos, además, tuvo que pagar más de 62.000 euros para legalizar la obra del ascensor en la escalera protegida.

Un plan “en la penumbra” para fraccionar el edificio

Esa primera sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid consideró que los responsables de la empresa que compró el edificio en 2004 puso en marcha un plan para ejecutar el “fraccionamiento desmedido” del inmueble en connivencia con los primeros compradores, a los que consideró “hombres de paja”, “intermediarios” o “empresas pantalla”, para ejecutar el plan sin levantar sospechas. “Había que permanecer en la penumbra”, dijeron los jueces.

El encogimiento de tamaño de las casas “se ocultó”, según la Audiencia, y no quedó constancia porque “era absurdo”. “Es evidente el concierto entre los acusados y el resto de intermediarios”, dijo la primera sentencia del caso, para llevar a cabo el plan sin que los compradores finales se enterasen. En el juicio comparecieron 20 de estos compradores y alguno relató que recibieron una llamada de Iberdrola para comunicarles que incluso su suministro era irregular.

El asunto ha cambiado radicalmente al llegar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la propia Fiscalía contradiciendo sus anteriores posturas y apoyando parte de los recursos de los condenados. Los jueces, con Manuel Marchena como ponente, han decidido absolver a todos los acusados de trocear Olivar 3 para especular. Queda “fuera de dudas” que esa obra fue ilegal y es “incuestionable” que hacía falta una licencia, pero no hay pruebas de que fuera una estafa organizada.

El Supremo lanza duras críticas tanto a la Audiencia Provincial de Madrid como a la Fiscalía de Medioambiente de la región. En primer lugar, por basarse en la “mera intuición” para condenar por estafa a los responsables de Estancias Históricas S.L. en supuesta connivencia con unos intermediarios que ni siquiera declararon. “No existe razonamiento alguno”, añaden los jueces antes de recordar que no existe una “estafa por control remoto”.

Los dardos también van dirigidos a la Fiscalía madrileña, algo en lo que el Supremo coincide con la Audiencia Provincial. Ya en la primera sentencia del caso se dejó caer que en el banquillo tendrían que haber estado todos esos intermediarios y “hombres de paja” que, supuestamente, participaron en el fraccionamiento del edificio. “Sorprende que no hayan sido acusados”, dijo. Ahora, el Supremo recoge el guante y apunta también a la Fiscalía y su “visible ligereza” al establecer su acusación. Uno de los condenados, incluso, fue confundido con otra persona dentro de la estructura de la empresa.

No hay estafa y tampoco un delito contra el ordenamiento urbanístico que, además, habría prescrito para cuando los hechos fueron denunciados. “La ilegalidad de estas obras interiores no debe arrastrar a la condena penal”, razona el Supremo. En la última década, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han anulado multas y sanciones municipales a la empresa y el arquitecto, pero eso, dice el Supremo, no afecta a este caso. Sí lo hace que el Código Penal, recuerda, “no castiga la construcción sin licencia”.

El resultado, casi 20 años después de las obras, es que el edificio que conecta las calles de la Cabeza y el Olivar, en la parte alta de Lavapiés, sigue albergando varias decenas de minipisos construidos de forma ilegal en un edificio centenario y con un solo objetivo, declarado así por los tribunales: especular. Muchos de los afectados llegaron a un acuerdo económico con los acusados antes del juicio, pero la media docena –entre ellos gente que compró varios para invertir– que decidió seguir ejerciendo la acusación, con estas absoluciones, pierde también indemnizaciones que van desde los 15.000 hasta los 33.000 euros.

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