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Los vecinos de Tribulete piden reabrir la causa contra un fondo por acoso: “El objetivo era forzar la salida de los vecinos”

Portal del número 7 de la calle Tribulete.

Alberto Pozas

16 de noviembre de 2026 21:36 h

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Los vecinos del número 7 de la calle Tribulete de Lavapiés han pedido a la Justicia que reabra la causa por acoso inmobiliario contra el fondo de inversión que compró sus casas y quiere que se marchen. En su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, los inquilinos que se niegan a dejar sus casas consideran que las obras puestas en marcha en el edificio tenían un objetivo: forzar la “salida rápida” de los vecinos para destinar el inmueble “a la explotación especulativa de alquiler turístico o de lujo”. Lo que “eufemísticamente” se conoce, dice el recurso, como “maximizar la rentabilidad”.

El fondo Elix compró el número 7 de la calle Tribulete en marzo de 2024, una compra que tiempo después se convirtió en la primera causa judicial por acoso inmobiliario contra una de estas empresas. Los vecinos que se negaban a abandonar sus casas denunciaban, entre otras cosas, que sus nuevos caseros habían puesto en marcha todo tipo de obras en el edificio para, bajo la excusa de modernizar la finca, molestar tanto que no tuvieran otra opción que marcharse. Humedades, desprendimientos, ruidos y todo tipo de molestias, denuncian, que afectaron a la salud de algunos y tenían por objetivo echarlos de allí.

Ante la jueza declararon tanto los representantes de la empresa imputados como los vecinos afectados. Los primeros defendieron que no acosaron a ningún vecino y que las obras que pusieron en marcha eran necesarias para que el edificio fuera seguro para vivir, todo mientras intentaban llegar a acuerdos amistosos con los inquilinos para que se fueran. Los denunciantes, por su parte, relataron las penurias que pasaron por unas obras invasivas que no eran urgentes, dando también otra versión de las negociaciones de la empresa: presión y coacciones para que se marchasen cuanto antes.

La jueza archivó el caso el pasado mes de octubre al entender que no hay pruebas de que todas las actuaciones del fondo Elix tuvieran por objetivo forzar la salida de los vecinos. Unos argumentos que ahora combaten en un recurso ante la Audiencia de Madrid los inquilinos de los ocho inmuebles que se resisten a abandonar Tribulete 7. La magistrada, reprocha este recurso, “ignora un conjunto abrumador de indicios objetivos” a favor de la teoría de que ha existido un acoso inmobiliario. “Demuestran que el objetivo de Elix no era ejecutar una obra amigable de conservación, sino forzar la salida rápida de los vecinos para destinar el inmueble a la explotación especulativa de alquiler turístico o de lujo, lo que eufemísticamente se denomina maximizar la rentabilidad”, dice.

Destacan como “dato cuantitativo incuestionable” el “vaciado” del 70% del bloque. “Resulta lógicamente insostenible mantener que no ha existido acoso” ante la cantidad de personas que han abandonado el edificio. “Es el resultado directo del éxito de la estrategia de desasosiego y acoso implantado por el grupo inversor”. Recuerdan también que la “urgencia” de las obras fue “un artificio” para molestar con unas “obras innecesarias” frente a la Inspección Técnica de Edificios favorable. Igualmente apuntan a las “coacciones verbales indirectas” y la imposición de “cláusulas de silencio” a los que sí quisieron pactar su salida.

“Actos hostiles” para echar a los vecinos

La investigación judicial confrontó dos versiones y al final la magistrada dio más credibilidad a la versión del fondo Elix, cuyos directivos y trabajadores llegaron a afirmar que habían sido víctimas de una campaña de desprestigio por parte de los medios y los vecinos denunciantes. El responsable de las obras que pusieron en marcha en el edificio explicó que eran necesarias para que buena parte del inmueble siguiera siendo habitable y culpó a los denunciantes de no permitir hacer reparaciones en sus casas cuando hubo desperfectos en la fachada o el tejado. La trabajadora de Elix que fue enviada para mediar con los vecinos también defendió que su misión era atender las necesidades de las familias que tenían que marcharse, incluso ayudando a algunas a buscar trabajo o nuevos alojamientos.

Los vecinos ofrecieron, sin embargo, una versión diferente. Presiones por parte de los representantes de la empresa, falta de voluntad para arreglar los desperfectos causados por las obras innecesarias y una actitud de sus trabajadores lejos de la postura dialogante que trasladaron los imputados a la jueza. Un arquitecto contratado por los vecinos explicó que las reformas que puso en marcha el fondo propietario se podrían haber hecho de una manera menos invasiva.

El recurso lleva estos argumentos hasta la Audiencia Provincial de Madrid con la esperanza de que obligue a reabrir la causa. En primer lugar, por no haber citado a testigos como la gestora de la finca. Pero también por exculpar al fondo “dando por ciertos” los testimonios exculpatorios mientras “degrada y minimiza los testimonios de las víctimas”. Uno de los vecinos, resume el escrito, “refirió cómo su hija de cinco años tenía pánico al salir al rellano del portal”. Los investigados, mientras tanto y según explica el recurso, “tenían el firme propósito de poner fin a la relación arrendaticia” y actuaron en consecuencia.

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