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El Constitucional da vía libre a la cesión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados

Alberto Pozas

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El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso que Vox presentó contra la normativa que cedía a País Vasco y Navarra la gestión del Ingreso Mínimo Vital. El pleno, según ha sabido elDiario.es, ha desestimado las alegaciones del partido de Santiago Abascal contra la norma que gestiona el IMV y los artículos de los Presupuestos Generales que dejaban estos trámites en manos de los dos gobiernos autonómicos.

Una resolución que llega poco después de que hasta siete comunidades autónomas hayan solicitado la misma cesión. Según ha explicado la ministra Elma Saiz en el Congreso, el IMV cuenta con una inversión acumulada de 8.657 millones de euros desde su activación en 2020 “para apoyar y acompañar a los hogares más vulnerables”.

El partido de extrema derecha presentó el recurso y afirmó que esta cesión a País Vasco y Navarra suponía una “frontal vulneración de la caja única”. Macarena Olona, entonces todavía en la cúpula de Vox, tachó de “indigna” y “política” una cesión, que “rompe voluntariamente el marco constitucional de distribución de competencias en ese ámbito”. Según los últimos datos, el IMV ha tenido 67.573 beneficiarios en el País Vasco y 22.566 más en Navarra desde su entrada en vigor hace tres años y medio.

El Tribunal Constitucional, cuyo pleno ha terminado sus deliberaciones por esta semana, ha rechazado el recurso de Vox contra los dos preceptos que permitían hacer esta cesión. El primero estaba en la ley del propio Ingreso Mínimo Vital y establecía que las “comunidades autónomas de régimen foral” asumirían su gestión. El segundo, idéntico en contenido, era su espejo en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Según explica el Constitucional, esta medida no afecta a la “caja única” como alegaba Vox porque esa normativa que tienen que aplicar “es íntegramente estatal” y el Estado tiene capacidad para mantener el modelo unitario, fijando criterios o ejerciendo un control financiero posterior.

Cesión a las comunidades autónomas

La decisión del Constitucional llega poco después de que el Gobierno central haya dado pasos para que esta cesión se haga extensiva a todas las autonomías que lo soliciten, aunque no tengan haciendas forales como las tres provincias vascas y Navarra. Pedro Sánchez anunció en los últimos días de diciembre de 2023 que la gestión será puesta en manos de las comunidades autónomas “si lo solicitan”.

Desde entonces, hasta siete territorios gobernados tanto por el PSOE como por ejecuivos de coalición de PP y Vox, que recurrieron la cesión a Navarra y País Vasco, han mostrado su intención de asumir la gestión. Por el momento son la Comunitat Valenciana, Galicia, Andalucía, Balears, Castilla y León y Catalunya. Otras regiones como Castilla-La Mancha han anunciado que estudiarán primero las condiciones.

Según los datos de este mes de enero publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Ingreso Mínimo Vital llegó a casi 750.000 hogares donde viven casi 2,2 millones de personas, con 950.000 de los beneficiarios siendo menores de edad y 1,1 millones, más de la mitad, mujeres.

El Ingreso Mínimo Vital entró en funcionamiento en mayo de 2020, una prestación no contributiva, explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o están integradas en una unidad de convivencia y carezcan de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”.

Tras la transferencia, el IMV se ha integrado en la prestación propia vasca, la renta de garantía de ingresos o RGI. De este modo, los solicitantes acuden a una misma ventanilla (Lanbide) y es la Administración la que determina si el perceptor tiene derecho a una ayuda, a la otra o a ambas, ya que son compatibles. La titularidad de la prestación continúa siendo de la Seguridad Social y Euskadi es mero cajero que luego liquida los saldos, que se estimaron en 187 millones anuales de descuento en el Cupo, informa Iker Rioja.

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