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El Constitucional avala la mayor parte de la ley de vivienda pero tumba el artículo sobre los pisos protegidos

Construcción de un bloque de viviendas en una imagen de archivo

Alberto Pozas / Cristina G. Bolinches

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El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar la mayor parte del primer recurso que ha estudiado contra la ley de vivienda un año después de su entrada en vigor. El pleno ha desestimado buena parte de los argumentos de la Junta de Andalucía pero ha anulado de forma íntegra, entre otros, el artículo 16 de la ley: el que regula la vivienda protegida en todos aquellos aspectos que no estén recogidos ya en la normativa autonómica, que seguía prevaleciendo. La decisión del Constitucional implica un aval a que el ejecutivo central regule en materia de vivienda aunque esta sea una competencia transferida a las comunidades autónomas.

Sobre el artículo que afecta a la vivienda protegida, el Constitucional entiende que “tiene un nivel de detalle excesivo” al establecer “un derecho de apllicación supletoria” en una materia que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

El pleno, con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores, también anula el artículo que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a aportar detalles de todas las casas que tienen, como por ejemplo su ubicación y el cumplimiento de sus deberes como propietario. Queda anulada también la previsión que obligaba a invertir el dinero de las sanciones por el incumplimiento de la función social de la vivienda en la creación de parques públicos de vivienda. Queda anulada también la disposición transitoria primera, que imponía los efectos de la nueva ley a las viviendas que formaran parte de un parque público de vivienda.

El pleno del tribunal de garantías llevaba varias semanas estudiando uno de los múltiples recursos que tiene encima de la mesa contra la Ley de Vivienda: el de la Junta de Andalucía. Una de las administraciones públicas regionales gobernadas por el PP que llevaron la norma hasta el Constitucional junto con Madrid o Balears, además del propio PP o los ejecutivos catalán y vasco.

El recurso andaluz que ahora ha quedado mayoritariamente rechazado cuestionaba 16 artículos y tres disposiciones más. Algunos de estos puntos, claves de la ley de vivienda como los principios que rigen el blindaje de la de vivienda protegida, las zonas tensionadas, las exigencias a grandes tenedores de vivienda o la regulación al detalle de los parques públicos de vivienda. También el artículo que consagra por primera vez en una ley la vivienda como un derecho.

La ley de vivienda salió adelante en el Parlamento en mayo del año pasado, más de un año después de salir del Consejo de Ministros. Una de las grandes normas de la pasada legislatura del ejecutivo de coalición y que obtuvo el aval del Congreso después de que el ejecutivo central, tras meses de negociaciones internas, llegara a un acuerdo con ERC y EH Bildu. PP y Vox votaron en contra argumentando que la norma fomentaba las ocupaciones ilegales de inmuebles.

Poco después de conocerse el fallo a través de un comunicado del Constitucional, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han afirmado que la decisión es “una buena noticia” al interpretar que la resolución “refrenda” la competencia estatal para regular la vivienda. Sobre los artículos que quedan anulados, estas fuentes explican que la corrección de esos aspectos “no elimina un elemento esencial y es que esta Ley, en palabras del propio TC, es un texto no solo necesario sino imprescindible”.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado esta tarde en un acto en Barcelona que, con la decisión del Constitucional, “se pone de manifiesto lo que el Gobierno ha mantenido todo este tiempo, que es la competencia del Estado para intervenir en las políticas de vivienda. Subrayo esa competencia no solo desde el punto de vista crediticio o de regulación de la actividad económica como hasta ahora venía entendiéndose; sino también”, ha indicado “en igualdad de todos los españoles y españolas en la garantía de sus derechos”.

Además, Rodríguez ha destacado que la vivienda, con este fallo, “se consolida como un derecho en el que hemos de participar todas las administraciones públicas y donde este Gobierno está comprometido a poner todos los recursos y dar todos los pasos en el que hoy es uno de los principales problemas de la ciudadanía”. Ahí, ha enumerado los recursos irán a “mejorar el parque público de vivienda asequible, para mejorar la financiación a familias jóvenes y a los propios promotores, atendiendo a circunstancias excepcionales como puede ser el exceso de apartamentos turísticos que tensionan los mercados o las singularidades del medio rural”.

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