Las primeras quejas llegaron apenas cinco días después de la entrega de las llaves. Han pasado casi cuarenta años y las humedades, las grietas y los problemas estructurales siguen formando parte del paisaje cotidiano de Río Vístula 1, un bloque de viviendas de protección oficial del barrio cacereño de Aldea Moret cuya historia ha terminado convertida en una reclamación ante el Defensor del Pueblo. Las vecinas sostienen que el origen del conflicto no está solo en el deterioro del inmueble, sino en una anomalía institucional: el Ayuntamiento de Cáceres es, al mismo tiempo, promotor histórico de la promoción, propietario mayoritario y la autoridad encargada de fiscalizar el estado del edificio.

Para comprender la magnitud del conflicto es necesario remontarse a 1982, cuando se impulsó la construcción de 144 viviendas de protección oficial, promovidas directamente por el Ayuntamiento con financiación pública. Los archivos históricos revelan que la edificación nació marcada por importantes deficiencias técnicas: complicaciones geológicas, hundimientos del terreno por la presencia de antiguas galerías mineras y modificaciones de última hora en la cimentación.

Las viviendas fueron entregadas oficialmente en 1988. Menos de una semana después, los primeros adjudicatarios ya habían registrado denuncias por humedades, filtraciones e inundaciones. En 1989, ante la persistencia de grietas y fallos estructurales, numerosos adjudicatarios se negaron a formalizar la compraventa en escritura pública. En 2001, los servicios técnicos municipales redactaron un informe que documentaba el grave deterioro del Bloque III y señalaba patologías muy similares a las que se denuncian hoy, sin que ninguna corporación haya adoptado desde entonces una solución definitiva.

La doble cara municipal

El bloque en cuestión se compone de 48 viviendas, garaje comunitario y patio central. Sin embargo, la definición de su titularidad es el origen de un conflicto administrativo y contable que ha paralizado la gestión durante años. Según las certificaciones registrales, el Ayuntamiento figura como titular de aproximadamente 30 de las 48 viviendas, lo que equivale a un 62,23% de la cuota de participación. Por el contrario, el Inventario Municipal solo reconoce 20 viviendas bajo su titularidad pública. Esta discrepancia, causada por contratos privados no inscritos, escrituras no formalizadas y renuncias no tramitadas, ha impedido determinar con exactitud el reparto de las cargas económicas.

Según las quejas vecinales, a pesar de ostentar la mayoría absoluta de la propiedad, el Ayuntamiento ha operado con un doble rasero. Como propietario, acumula impagos sistemáticos de cuotas comunitarias. Aunque en los plenos municipales la Alcaldía actual llegó a afirmar que se encontraba “al corriente de pago”, la documentación revela que el consistorio no abonaba las cuotas regulares desde 2016–2020. “Como autoridad urbanística, dicta órdenes de ejecución duras, exige catas estructurales, reparaciones de fachada e inspecciones bajo amenaza de ejecución subsidiaria e imposición de hasta diez multas coercitivas mensuales”, se lamenta la representante vecinal Cristina Escarmena.

La comunidad califica este esquema como una perversión del sistema: la administración ahoga económicamente a la comunidad al no pagar sus cuotas y luego la sanciona por no ejecutar obras de mantenimiento que la propia falta de los ingresos municipales impide financiar.

La degradación del edificio alcanzó niveles de emergencia entre finales de 2025 y el verano de este año. En diciembre, Escarmena registró quejas por filtraciones masivas procedentes de los pisos superiores, todos de titularidad municipal, que habían calado los techos de cocina, baño y lavadero. Tras el derrumbe de la fachada del edificio colindante en la calle Río Tíber 6, Urbanismo amplió las inspecciones a Río Vístula 1 por compartir la misma arquitectura y el mismo riesgo de apoyo insuficiente del cerramiento.

A principios de año, el Ayuntamiento notificó a la comunidad el expediente disciplinario DIS‑MSG‑0002‑2026, que exigía perforaciones sistemáticas en toda la fachada en apenas un mes y bajo amenaza de multas coercitivas. Poco después, los días 7 y 8 de febrero, la Policía Local intervino de urgencia en el Tercero 12 (una vivienda municipal deshabitada) ante filtraciones constantes, caída de agua y riesgo inminente de desprendimiento. El falso techo se desplomó y el agua avanzó por el Segundo 12, también municipal, hasta inundar el Primero 12, propiedad de Escarmena, obligándola a abandonar su vivienda por riesgo eléctrico y acumulación de moho.

Además, el temor a un vicio de origen por el apoyo insuficiente de la hoja exterior de ladrillo llevó al consistorio a exigir una inspección técnica mediante taladros en cada paño y altura del cerramiento. La resolución advertía de ejecución subsidiaria (las obras se realizarían de oficio y se cargarían íntegramente a la comunidad) e imponía hasta diez multas coercitivas mensuales. La medida generó un profundo rechazo entre las familias: la comunidad carecía de recursos para costear las catas, asfixiada por la desaparición de su administrador y por los impagos del propio Ayuntamiento, y denunciaba que el consistorio utilizaba su brazo sancionador contra particulares mientras incumplía sus obligaciones como propietario mayoritario.

En plena emergencia estructural, el informe entregado al Defensor del Pueblo explica que técnicos del Instituto Municipal de Asuntos Sociales acudieron al edificio para adjudicar seis viviendas sociales. Solo pudieron entregar tres: una sin puerta de entrada, otra con ventanas tapiadas y ninguna con enganches básicos de luz, agua o gas. La entrega se produjo apenas doce días después de que Urbanismo notificara el expediente por riesgo de colapso.

Ya en febrero, informes técnicos confirmaron que la cubierta del edificio, formada por planchas de fibrocemento con amianto, se encuentra agrietada y ha superado su vida útil. La comunidad exige, por lo tanto, su retirada conforme al Real Decreto 396/2006.

La quiebra contable

La representante vecinal ha explicado también a este periódico que a la ruina física se sumó un colapso de gestión originado por el fraude privado y la inacción pública. A principios de 2024, la empresa administradora desapareció sin dejar rastro, apropiándose de toda la documentación comunitaria y dejando un agujero contable de entre 12.000 y 15.000 euros. La comunidad denunció el caso ante la Policía Nacional.

Sin recursos para contratar un nuevo administrador, un grupo de vecinas asumió la gestión: regularizaron el CIF comunitario, diligenciaron el libro de actas paralizado durante 40 años, obtuvieron el certificado digital y solicitaron notas simples de las 48 fincas para reconstruir la identidad jurídica del edificio.

Pero el episodio más grave para la supervivencia de las 48 familias estalló la pasada primavera. El edificio no dispone de contadores individuales: solo dos comunitarios, uno averiado desde 2015. La deuda acumulada asciende a 127.309,28 euros. La factura del agua incluye la tasa municipal de basuras; al no pagar el Ayuntamiento el recibo principal, la tasa se envía a Recaudación con recargos de demora ejecutivos contra los vecinos.

Según el informe, el Ayuntamiento pagaba la tasa de basuras mediante compensaciones unilaterales, cobrándose los tributos municipales a costa de las cuotas comunitarias que debía a la finca, mientras dejaba impagado el consumo de agua. En junio, publicó edictos exigiendo el pago en diez días bajo amenaza de corte de suministro y baja de oficio de los contratos. La medida afecta tanto a vecinos cumplidores como a inquilinos vulnerables.

El peregrinaje plenario y el rodillo administrativo

Entre enero y julio, la comunidad acudió a siete plenos consecutivos. La Alcaldía negó la titularidad municipal del bloque, afirmó estar al corriente de pago, intentó aplicar la prescripción a deudas anteriores a 2020, prometió órdenes de pago que luego rectificó y anunció informes técnicos a costa de la comunidad.

En agosto, la Resolución 2026006761 estimó parcialmente el recurso de reposición, reconoció la imposibilidad de los plazos iniciales y ordenó iniciar la ejecución subsidiaria para contratar un Proyecto Técnico de Actuaciones Prioritarias, repercutiendo su coste sobre la comunidad. El vecindario denuncia que la inspección en la que se fundamenta la resolución se realizó sin notificación previa y que la licitación del proyecto técnico vuelve a expropiar la voluntad de la Junta de Propietarios.

Mientras tanto, el grupo municipal de Podemos denunció públicamente el deterioro generalizado de las viviendas sociales en Aldea Moret —incluidas las de Río Vístula, Ródano y Primero de Mayo— y señaló que el estado del parque público evidencia un abandono prolongado. Según trasladó su portavoz, Consuelo López, el desprecio hacia la vivienda social es visible en el barrio: ventanas y puertas tapiadas, pisos entregados sin enganches de luz o agua y edificios sin mantenimiento. El grupo sostiene que Cáceres arrastra un grave problema habitacional y que “el equipo del alcalde, Rafael Mateos, lo agrava manteniendo el patrimonio municipal en condiciones lamentables y negándose a declarar la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría activar mecanismos de protección adicionales”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres sostiene que ya ha regularizado las cuotas comunitarias pendientes, (pero solo las correspondientes a recibos de 2022 y de los pisos que reconoce su titularidad), y que se encuentra al corriente de sus obligaciones como propietario. Afirma también que actúa como administración responsable de la conservación del inmueble: el 4 de septiembre aprobó iniciar la ejecución subsidiaria y encargar el proyecto técnico que determine las intervenciones en la fachada de Ródano, la cubierta y sus filtraciones, los sistemas de evacuación de aguas, los elementos estructurales con pérdida de revestimiento y la ventilación de la cámara inferior. Los informes municipales descartan un riesgo de colapso estructural, aunque reconocen deficiencias que requieren obras para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Defiende que cumple en los dos planos que le competen, como propietario y como autoridad urbanística, y recuerda que el coste de las obras será repercutido a la comunidad según normativa, sin perjuicio de su participación proporcional. La comunidad, entretanto, mantiene su reclamación ante el Defensor del Pueblo, convencida de que la raíz del conflicto no se resuelve con la regularización de cuotas ni con un proyecto técnico aislado, sino con una revisión integral de cuatro décadas de gestión pública.

El petitorio ante el Defensor del Pueblo

Ante el agotamiento de la vía administrativa y la imposibilidad económica de sufragar un pleito contencioso, el escrito solicita la intervención directa del Defensor del Pueblo bajo nueve peticiones fundamentales: investigación integral de la actuación municipal; aclaración registral definitiva; fiscalización económica; protección del suministro de agua; evaluación técnica independiente; límites a la ejecución subsidiaria; transparencia y derecho de defensa; evaluación del riesgo por amianto; y examen de esa doble condición municipal.

El texto concluye con una frase que resume el espíritu de la reclamación: “Cuando un problema permanece documentado durante más de cuarenta años sin resolverse, deja de ser únicamente un problema de conservación de un edificio para convertirse en una cuestión de buena administración, de responsabilidad pública y de confianza de la ciudadanía en sus instituciones porque esto no se trata de partidos políticos sino de una administración que es de todos”. La reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo aspira ahora a cerrar un conflicto que dura casi cuarenta años. Porque para quienes viven allí, la historia de Río Vístula 1 ya no es solo la de un bloque de viviendas en mal estado, sino la de una promesa pública que nunca llega a cumplirse.

Un soleado mediodía de mediados de octubre, una señora de más de setenta años se acerca decidida a la carpa central de la acampada por la vivienda en Santander. Ofrece media sonrisa y pregunta: “¿Sabes cómo luchábamos nosotros cuando éramos jóvenes?”. No deja espacio para la respuesta —aunque por debajo se escucha “A ver...”— y se responde seca: “Estudiando y trabajando”.

Tira otra pregunta seguida: “¿Sabes cómo he comprado mi piso? Ahorrando, privándome de muchas cosas, de fumar, de beber, de muchas cosas”. Mientras se aleja, Ángeles, de 52 años, que es la persona a la que se ha dirigido, le responde: “Me parece estupendo, señora, y que lo conserve durante muchos años”.

La señora no sabe que Ángeles y su pareja fueron desahuciadas y viven en situación de calle. Tampoco sabe que Fernando, jubilado, que está a unos metros, tiene un piso y una casa en propiedad. O que Quitos vive alquilado en casa de su abuela y Julio es profesor de Economía y vive de alquiler en casa de una amiga. Estos son solo cuatro casos. La señora no sabe porque no pregunta qué llevó a decenas de personas a instalar cuarenta tiendas para formar parte de la primera Acampada por la Vivienda de la Plaza Porticada, en Santander.

Cinco minutos después, se acerca otra señora de edad similar, con una sonrisa entera: “¿Qué necesitáis?”, pregunta antes de irse a comprar. Como la segunda, dicen en la acampada, es la mayoría.

Mañana: Ángeles y Fernando

El 28 de septiembre, un grupo del Sindicato de Estudiantes de Cantabria llego a la plaza de la Porticada de Santander. Al día siguiente, llegaron Fernando y Quitos. Al día siguiente, Ángeles y su pareja. El viernes día 2 llegó Julio.

El 13 de octubre, quince días después, cerca de 40 tiendas aguantan en un costado de la céntrica plaza, con la vista puesta en cómo organizarse, al menos, hasta la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas, el 11 de noviembre. “Estamos cansados, algunos dicen de irse y otros preferimos aguantar”, dice Fernando. De momento, aguantan.

En la acampada de la plaza Porticada de Santander, en el centro de la ciudad, dicen que la mayoría de gente se acerca a ofrecer ayuda y así sucede en los ratos que elDiario.es les visita. En el puesto de recogida de comida hay tortillas y bocadillos y sobaos. En la pizarra, colgada en una columna de un arco, pone qué falta.

Fernando vive en una casa propia en Barcena de Pie de Concha, tras residir muchos años en Bilbao. Tiene además un apartamento en propiedad. Se lo pensó varios días, mientras veía la acampada de Madrid crecer. El 30 de septiembre se lanzó hasta Santander, a cuarenta minutos en coche de su pueblo, decidido a estar con la gente de la acampada: “Así fue la decisión: ellos se han movido, voy a ir con ellos”, dice con naturalidad.

“Desde entonces, he dormido aquí todos los días menos dos, porque era mi cumple y me fui a Bilbao con mis hijos”, cuenta sonriente este padre jubilado de tres hijos. Uno tiene piso en propiedad y las dos hijas viven en Bilbao en una habitación alquilada, en casas distintas, “porque todavía no les llega para comprar un piso”. El panorama de su familia le ha influido para formar parte de la acampada. Y no está solo, le acompaña su perra Lola.

Fernando se muestra vitalista, trata de animar a Ángeles. Esta noche han sido ellos los que han hecho la guardia de la acampada. Hacen guardia en dos turnos de noche porque, casi desde el principio, ha habido insultos a gritos de madrugada (y de día) como “iros a trabajar” o “hijos de puta”. a Ángeles le han gritado esta misma noche. “De los jóvenes: hay una chavala que tiene una paciencia con ellos que yo alucino. Ha llegado a estar ahí con cinco o seis chavales y hacerles cambiar de idea. Yo decía, ”Dios, es que se está ganando el cielo“.

Desde el 28 de septiembre, tres veces ha llegado la policía local de Santander a identificar personas de la acampada. La última, un mediodía de esta semana, la policía revisó “todas” las tiendas para “un informe”, cuenta Fernando que les dijeron. Como en la segunda vez, y a diferencia de la primera visita, los agentes no hablaron de multas.

La mayoría de la gente transita por la plaza ajena al colorido marco de tiendas de campaña que resisten en una esquina de la plaza, a un costado de la escultura del militar Pedro Velarde. Los que se detienen curiosos, tiene ánimo de ayudar y algunos colaboran con dinero para las multas venideras, que cuelan por la chimenea de una casita hecha a mano llamada 'caja de resistencia' de este lugar rebautizado por los que acampan como 'plaza de Amparo'.

“A nosotras esto nos supera”, reconoce Ángeles apesadumbrada. Cuando dice “esto”, no se refiere a la acampada, se refiere a vivir en la calle. De la acampada siente orgullo porque, dice, todos son “gente obrera”. Lleva con su pareja —que cuida de sus perras mientras hablamos—, dos meses en Santander.

Cuentan que vivían en Valencia hasta que fueron desahuciadas en julio de 2025. Su pareja está jubilada y ella no tiene empleo, pero lo busca: es cocinera. Han pasado por el centro de acogida Princesa Leticia y han dormido en la estación de autobuses, antes de formar parte de la acampada.

“Peleo por tener mi vida normal de antes”, explica Ángeles, que lleva sin trabajo desde 2023: “Los perjudicados somos todos, pero la gente obrera somos los que pagamos los platos rotos de la gente 'con posibles'; la gente que tiene un buen colchón no se preocupa por este tipo de causas”, dice Ángeles mirando a la plaza y pone un ejemplo: “Éste hombre -en referencia a Fernando- cobra su pensión y yo tenía una ayuda de 423 euros y pagaba 700 euros por el alquiler, aparte de luz y agua”.

“No bebemos alcohol ni tomamos drogas”, dice Ángeles sin ser preguntada al respecto. Presupone prejuicios, porque los experimenta con frecuencia. Pero la sensación de superación de vivir en la calle, no le quita para defender la acampada: “Peleamos por los derechos de todos, porque los alquileres son abusivos. Si pagas, no comes y, si no pagas, te desahucian”. Echa un vistazo alrededor y aunque por las mañanas hay poca gente (“alguno está descansando, muchos trabajan o estudian”), advierte con firmeza: “He visto familias completas con niños en la calle”.

Tarde: Quitos y Julio

Julio es profesor interino de Economía, está sentado en la carpa central de la acampada, enfrente de su amigo Quitos. En general, hay más gente por las tardes, así que se nota el movimiento esta tarde nublada de octubre. Julio es de Santander y vive de alquiler. “Tengo un trabajo más o menos estable, con un sueldo más o menos decente. No tengo casa, vivo ahora mismo en casa de una amiga que ella sí que consiguió comprar”, puntualiza este docente que percibe una carencia de pensamiento crítico en el curriculum educativo. “Deja poco espacio para los problemas sociales y económicos”, opina sobre el curriculum.

Algunos alumnos de quince años del curso anterior han pasado a visitarle desde que forma parte de la acampada. En clase, dice que trata de que le expliquen “qué creen que está pasando” por una razón: “Nada de lo que hacemos en economía es natural, sino que todos son decisiones y todo lo que está pasando como sociedad lo elegimos entre todos; que siga pasando, lo permitimos o luchamos contra ello”, dice que les plantea para romper con lo que presuponen. Y pone un ejemplo: “Si nosotros no queremos, como sociedad, que haya absolutamente nadie que viva en la calle, podemos hacerlo”.

Quitos es de Astillero y vive de alquiler en casa de su abuela, en Santander. Son conscientes de que, ahora mismo, tienen dónde vivir por familia y por amigos. Quitos, tiene 33 años, es pensionista desde hace dos meses. Es un caso peculiar por su edad: “Tengo una incapacidad absoluta revisable, que me han concedido porque tengo insuficiencia renal crónica y me han hecho un trasplante, pero me está rechazando el trasplante”, cuenta después de año y cuatro meses de transplante.

“Es importante recalcar que es una pensión después de varios años trabajando y mientras estaba trabajando de tornero fresador también dedicaba tiempo a luchar”, interrumpe Julio.

Desde los 25 años, Quitos cuenta que está involucrado con temas sociales en Cantabria y desde que empezó la acampada, ha decidido dedicar su tiempo a esta causa. “Es una elección, pero aquí todos ponemos el cuerpo”. Algunos amigos “de toda la vida” entienden por qué está en la acampada y otros, menos. Su madre, en cambio, tiene clara la decisión de su hijo. No pasa igual en los entornos de todos los acampados, hay familia y amigos con cierta resistencia a esta lucha, por más que les expliquen que es para todos, cuentan ambos.

“En una ciudad pequeña como la nuestra nos esperábamos a cierta gente. La acampada ha demostrado que es un tema bastante transversal y que ha movido a muchísima gente diferente”, dice Julio.

Transversal porque, como advierte Quitos, en el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, que lleva un año funcionando, en la última asamblea, llegaron 8 ó 10 casos nuevos de desahucio“.

Quitos reconoce que los jóvenes que, de jueves a sábado, se han acercado de madrugada a insultar, le preocupan. No casa por caso, porque no son violentos y porque la mayoría de gente “se ha involucrado con nosotros”, matiza, pero percibe en ellos algo que hace menos de una década no estaba ahí: “El problema es que ya no da vergüenza levantar la mano mientras cantan el Cara al Sol, ahora es una opinión y eso es un problema”.

Quitos se levanta y ofrece fruta a tres hombres que la piden y regresa: “Los chavales sienten que ser fascista o decir que con Franco se vivía mejor es ser rebelde. Oí por ahí que hay quien dice que la ultraderecha es el nuevo punk o el nuevo antisistema y no es así, están intentando cambiar los significados de las cosas”. Julio le observa y se suma: “Un chaval vino a la acampada y nos dijo: 'Mis amigos no dejan de decir tonterías, ¿puedo traerlos y les explicáis?'. Al menos se ven pequeños cambios”.

Quitos es optimista: “Veo a chavales con 16, 17, 18 años, 20 años... tengo esperanza en eso. Obviamente siguen siendo pocos, como lo éramos nosotros, los que empezamos en el activismo en Cantabria, pero hay gente con muchas ganas de trabajar, que viene con una base y con una conciencia ya dispuestos a participar y a hacer y a cambiar las cosas”.

El mismo día, 13 de octubre, la acampada celebra por la tarde una asamblea. Es hora de decidir, tras dos semanas, si el grupo si se queda o se levanta. La acampada por la vivienda en Santander se queda.

La presión social ha logrado frenar de nuevo el desahucio de Paca Blanco. Alejandra Jacinto, abogada de la activista ecologista y feminista, ha sido informada este miércoles de que el juzgado ha suspendido durante 60 días el procedimiento, aplazando así el lanzamiento previsto para el próximo 30 de noviembre. Las organizaciones que respaldan a Blanco atribuyen esta decisión a la movilización social y advierten de que la suspensión no garantiza aún su permanencia en la vivienda.

Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y diversas organizaciones del movimiento por la vivienda, entre ellas el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reclaman al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) una solución definitiva que regularice su situación contractual y le permita acceder a un alquiler social ajustado a sus ingresos.

Más de diez años en una vivienda pública

Blanco reside desde hace más de una década en una vivienda pública de la EMVS a la que se trasladó junto a su hijo, adjudicatario original del piso. Cuando él se marchó, comenzó a solicitar la subrogación del contrato para regularizar su situación. Según las organizaciones que la respaldan, durante estos años ha tratado de conseguir una respuesta institucional y ha abonado el alquiler.

Para los colectivos, encadenar suspensiones sin resolver el conflicto prolonga la incertidumbre y el desgaste de vivir bajo la amenaza de perder la casa. La nueva paralización concede un margen de tiempo, pero no ofrece garantías de estabilidad residencial ni evita que la activista vuelva a enfrentarse a un posible lanzamiento.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, entre ellos sindicatos, movimientos por la vivienda, entidades ecologistas, asociaciones vecinales y colectivos de pensionistas, han respaldado un manifiesto en su apoyo. Esta red consiguió frenar un intento anterior de desahucio y mantiene la movilización para exigir una solución estable.

El comunicado vincula también la urgencia de esta reivindicación con la muerte de Maricarmen, de 87 años, la semana pasada. Las organizaciones han señalado este caso al denunciar el sufrimiento que padecen las personas que viven bajo la amenaza de perder su vivienda. En su denuncia incluyen asimismo a Mariano y a otras personas desahuciadas o en riesgo de serlo.

Una trayectoria marcada por las luchas ecologistas y feministas

La amenaza de desahucio afecta a una mujer cuya trayectoria pública está ligada a décadas de activismo social. Paca Blanco es una militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas y ha participado en luchas ecologistas, feministas, antinucleares y por el derecho a la vivienda.

Su historia también está marcada por experiencias de precariedad y represión. Durante su juventud sufrió el internamiento forzado en instituciones del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que sometió a miles de jóvenes a un sistema de control moral y social.

Años después, Blanco fue expulsada de su vivienda en El Gordo, en Extremadura, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y encabezaba la oposición al complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas.

Ahora vuelve a enfrentarse a la posibilidad de perder su hogar. Las organizaciones que la acompañan advierten de las consecuencias que un desahucio podría tener sobre su autonomía y sus condiciones de vida. Consideran que su caso trasciende la situación individual de la activista y pone de manifiesto las dificultades para garantizar el derecho a la vivienda, incluso en el ámbito de la vivienda pública.

La suspensión de 60 días vuelve a aplazar el lanzamiento, pero deja pendiente la solución de fondo. Las organizaciones han anunciado que mantendrán la movilización hasta que Blanco tenga garantizada su permanencia en la vivienda.

La propia activista resume el desgaste que le provoca esta situación como una montaña rusa emocional: “Me dan bajones, ataques de ansiedad y estoy muy medicada; por otra parte, cuando veo el apoyo me dan subidones y así estoy”.

El Gobierno de Cantabria (PP) no ha emitido una posición desde que en abril de 2026 se hiciera pública la venta de las 107 viviendas de alquiler asequible, en Santander, de Fundación La Caixa al fondo privado Mosaic Propco. En septiembre, la plataforma de inquilinos afectados de los tres bloques de la calle Hermanos Calderón propuso hasta en cuatro ocasiones una reunión para que el consejero de Vivienda, Roberto Media, conociera el caso de primera mano y así plantearle que ejerciera de mediador. La respuesta, en el cuarto intento, ha sido el silencio.

El 2 de septiembre, el representante jurídico de la plataforma, Juan Manuel Brun, trasladó la petición de “toma de contacto” para que la Consejería de Vivienda tuviese conocimiento “de primera mano” de una situación que afecta cerca de 90 familias que pueden ser desalojados de sus casas y “terminarían, la mayoría, en situaciones de extrema vulnerabilidad”.

Así, trasladó por escrito al ejecutuvo autonómico que considerase “qué actuaciones” podría realizar la Consejería de Vivienda. El objetivo era saber “qué alternativas” podría proponer Vivienda para el centenar de familias.

Por un lado, pedían que el gobierno autonómico ejerciera de mediador con Fundación La Caixa, como responsable de la venta. “Entendemos que Fundación La Caixa tiene responsabilidad jurídica en la compraventa que hizo con el fondo”. Consultada Fundación La Caixa al respecto de la petición de los vecinos, indican que “la relación con el Ayuntamiento siempre ha sido fluida” y que, tras la venta, la compañía declina hacer comentarios sobre los bloques de Hermanos Calderón.

Por otro, la plataforma pidió a Vivienda que explorase vías “para una posible venta” de Mosaic a manos públicas. La idea era y es que el Gobierno de Cantabria liderase la compra de las viviendas, con el Ayuntamiento de Santander (PP).

En las tres primeras comunicaciones, según Brun, la consejería de Vivienda dilató la reunión, pero la posibilidad estaba ahí. El cuarto intento fue a finales de septiembre, coincidiendo con las masivas movilizaciones en España por Maricarmen -la madrileña de 87 años cuyo desahucio fue paralizado por presión social-. Brun amplió entonces a Vivienda una nueva posibilidad de compra: que liderase la compraventa con el Ayuntamiento y con Casa 47, la entidad estatal de vivienda (PSOE).

Desde entonces, no ha habido ninguna respuesta. “Justamente cuando más posibilidades hay de lograr algo conjuntamente” con el resto de instituciones, cuestiona el representante jurídico.

“Si no quieren ir con esta propuesta tan ambiciosa, tienen 90 familias que se van a la calle ¿Qué van a hacer tanto desde la consejería de Vivienda? ¿Por qué no ha emitido ninguna opinión?”, se pregunta Brun, que subraya que no busca confrontar: “Creemos que hay vías jurídicas presupuestarias que les permitirían actuar sin problemas.”

Brun advierte de que la propuesta de ley de Vivienda liderada por Roberto Media habla precisamente de colaboraciones entre Ayuntamientos, Estado y Consejería de Vivienda para la adquisición de viviendas para alquiler asequible: “Es lo que nosotros estamos pidiendo”.

De momento, las únicas palabras recientes del consejero Roberto Media -cuyo borrador de ley está enfocado en la lucha contra la ocupación y rechaza poner topes a los precios del alquiler- sobre las movilizaciones por la vivienda en España han sido que las propuestas que llegan de la Puerta del Sol, en Madrid, “se aproximan más a Cuba que a un estado democrático y de derecho”.

“Qué sociedad queréis como jóvenes”, preguntó al micrófono una señora de unos sesenta años, cargando con una bolsa. “Es bastante fácil caer en la avaricia, lo he visto”, advirtió antes de recibir un aplauso. Así terminó el segundo testimonio que pudo escucharse este martes durante la primera asamblea pública organizada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en medio de la oleada Maricarmen que ha provocado una negociación en seis días de un decreto por la vivienda, que ha sido partido en dos, para su votación este viernes.

Un día después del grueso de manifestaciones en el resto del país -y tras una pequeña concentración marcada por el viento sur y las persistentes chispas de lluvia-, las reivindicaciones del Sindicato, que nació en abril, se hicieron. Y con ellas, la gente comenzó a sentarse, sobre cartones, sillas de camping o directamente en el suelo, evocando las concentraciones de 2015.

El Sindicato, heredero de movimientos sociales como Cantabria No se Vende y la PAH, exigió al Gobierno de Cantabria (PP) que regule los pisos turísticos, que acabe con los contratos temporales, que prohíba los desahucios, y, “sobre todo que los fondos buitre no se coman los barrios, como ha pasado en Hermanos Calderón”, dijo una de las sindicalistas, ante la atenta mirada de varios vecinos de los tres bloques de viviendas a los que un fondo de inversión quiere sacar de sus pisos de alquiler asequible, promovidos en origen por Fundación La Caixa, porque ahora son de su propiedad.

“Sabemos que los fondos de inversión están invadiendo Cantabria, pero estamos ante un punto de inflexión: no vamos a parar”, dijeron desde el Sindicato antes de exigir la dimisión del consejero de Vivienda, Roberto Media -quien ha enfocado su propuesta de ley de Vivienda en la lucha contra la ocupación-, y de preguntar retóricamente al delegado del Gobierno y al Estado “por qué reprime a palos el gobierno más progresista de la historia”.

Entre el centenar de asistentes que había sobre las siete de la tarde, había gente de veinte años a setenta y muchos. De los más jóvenes, solo un chico dijo estar pagando un alquiler de temporada, pero una chica de unos veinte dijo que Cantabria concentraba una de las juventudes más precarias del país y que no les era posible independizarse: “Está bien que la gente que milita como la que no esté hoy aquí y sepa la situación que vivimos los jóvenes en Cantabria”.

Escuchándola, un chico a su lado recordó la violencia que sufrió en el primer desahucio al que acudió para frenarlo. “Iba con conciencia de clase, pero no esperaba lo que pasó: la guardia civil me pegó una paliza en el pueblo donde vivía”, dijo antes de agregar que, gracias a que una persona grabó desde arriba, pudo desmontar la tesis policial de que él les había agredido: “La mejor manera de parar un desahucio siempre ha sido la fuerza popular. Lo que quieren es que te quedes en casa”, concluyó animando a la gente a evitar desahucios.

El micrófono social, muy tímido al inicio, fue pasando de mano. “En estos ocho de gobierno progresista, las condiciones de vida de la clase trabajadora no han mejorado”, advirtió un joven antes de que otro chico de unos veintitantos años cuestionase a las empresas de desocupación “aunque no existen en Cantabria” y señalase “las tiritas” del borrador del nuevo decreto de vivienda.

Una chica del Sindicato le señaló que sí existen empresas de desocupación y explicó, además, cómo la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, tiene una oficina de gestión contra los llamados 'ocupas' y 'inquiocupas': “Tenemos un organismo de gestión pública que está sacando a la gente de sus casas”.

Para ese instante, como un reflejo de los círculos de Podemos de 2015 en todas las ciudades de España, en el centro de la plaza del Ayuntamiento de Santander se había formado un círculo. Entonces, Una señora de pelo corto, sentada en su silla, recordó su desahucio. “Nadie sabe lo que es esto hasta que lo vive. Yo ocupé mi vivienda, según ellos, aunque era de mis padres pero la pusimos como aval en un banco y nos llevó a la ruina. He llegado a mirar la cartera para poder comprar un pan, me ha ayudado, sobre todo, la gente de la calle”. Tras siete años de contrato, ahora la vivienda, le han dicho en el banco, es propiedad “de unos chicos muy majos” que en principio se la van a alquilar cinco años. Ella reconoció que no confiaba. “Bueno, que tengáis suerte”, dijo a los jóvenes de la asamblea.

A la juventud presente también se refirió un señor de 74 años “y 53 cotizados”, que estaba de pie y que conocía a la señora de hacía casi veinte años, aunque llevaban tiempo sin verse. “Yo sí sé lo que es un desahucio, y ahora me encuentro en la calle hermanos Calderón. Arrastro los desahucios, tengo mala suerte, pero hoy estoy bien. Estoy aquí por luchar por los jóvenes y ya más no me pueden quitar, ya me lo quitaron. No os dejéis intimidar por nada”.

Algunos mencionaron a Amparo, la mujer que simbolizó en Cantabria la lucha contra los desahucios en 2015 y que murió dos días después de que la sacaran de casa. En medio del círculo de la primera asamblea popular por la vivienda del Sindicato, había un cartel que decía: 'Amparo, te mataron'.

El protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler del Ayuntamiento de Valladolid para colectivos vulnerables contraviene la legislación sobre violencia de género y debe modificarse para incluir a las víctimas de violencia machista. Esa es la principal conclusión del informe jurídico encargado por Alcaldía el pasado 14 de septiembre, después de que el PSOE desvelase que en mayo se había efectuado un cambio en el protocolo que pasó desapercibido en un primer momento, al sustituir a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica.

Para el equipo de gobierno, formado por la coalición PP-Vox, la violencia doméstica incluye la violencia machista, algo que descarta tajantemente el informe. El patinazo jurídico y político del equipo de gobierno se advirtió también por colectivos feministas que habían convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir una rectificación. También se planteaba intervenir con un recurso el Ministerio de Igualdad.

“La cuestión planteada debe responderse, desde el punto de vista jurídico, de manera negativa entendiendo, en consecuencia, que el protocolo aprobado por VIVA (la empresa municipal que gestional la vivienda), no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género”, se apunta en el informe.

Además, incide en que la legislación aplicable “obliga a referenciar de manera singular y expresa” a las mujeres víctimas de violencia de género y que esta violencia de género a las mujeres puede manifestarse en el ámbito doméstico y/o familiar pero también en otros diferentes a lo que hay que añadir que la violencia de género según la legislación que se aplica está directamente relacionada con el género interviniendo en ella unos sujetos, tanto desde el punto de vista activo (hombre) como pasivo (mujer o hijos / familiares menores de edad con los que tenga relación) que no son coincidentes con la violencia en el ámbito doméstico y / o familiar. “Dicho de otra manera: en el ámbito doméstico y/ o familiar puede haber violencia de género pero no toda violencia en el ámbito dicho, es de género, a lo que hay que añadir que ésta, la de violencia de género, puede producirse fuera de ese ámbito”.

Entrando en el terreno normativo, señala que en el ámbito de la vivienda se aplica el árticulo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 35 de la Ley 13/2010, donde se establecen medidas orientadas a proteger singularmente a mujeres víctimas de violencia de género. La normativa se complementa con la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 5 considera colectivo de especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda de protección pública y entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de género, y hay que tener en cuenta la finalidad de esa ley en los planes de vivienda. Pero es que además, la valoración de “situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar” no da prioridad al colectivo de víctimas de violencia de género por que la puntación que se obtiene en ese apartado es la misma cuando hay violencia doméstica que no se puede calificar como de género. Por todo ello el informe insta a completar el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler aprobado por VIVA incluyendo a las víctimas de violencia machista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha considerado que se trata de una victoria sobre todo de las mujeres, y de los colectivos y grupos políticos, además de una derrota “política y jurídica” del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “por abrazarse a la extrema derecha”.

La promoció projectada de 532 habitatges públics que el Ministeri d’Habitatge impulsarà a partir de 2027 a la zona de Ca n’Escandell, a la capital d’Eivissa, s’ha convertit en un dels principals escenaris de l’enfrontament entre les institucions eivissenques i el Govern central. El projecte preveu una inversió estatal de 131 milions d’euros per a 362 pisos en parcel·les 100% públiques, juntament amb una aportació addicional de 14 milions d’euros per desenvolupar 170 immobles més en col·laboració amb les administracions autonòmica i local.

La disputa per l’habitatge arriba, a més, en un moment de creixent pressió social sobre el Govern central. El desnonament de Maricarmen, una dona de vuitanta-set anys que feia set dècades que vivia a la mateixa casa, ha provocat una mobilització impulsada pel Sindicat d’Inquilines, amb una manifestació aquest dissabte a Madrid i una acampada posterior a la Puerta del Sol que es mantindrà almenys fins aquest dimarts, quan està prevista una votació al Consell de Ministres per aprovar un nou decret d’habitatge.

El cas ha convertit l’habitatge en un dels principals fronts polítics d’aquests dies i ha accelerat la negociació d’aquest nou decret que el Govern del PSOE i Sumar pretén aprovar aquest dimarts. Per tirar-lo endavant posteriorment al Congrés, necessitarà reunir una majoria parlamentària que, a més dels seus socis progressistes –ERC, Compromís, EH Bildu, BNG o Podemos–, passa també per aconseguir el suport de forces conservadores com el PNB i Junts. El Govern reconeix que les converses continuen obertes i que la concreció de les mesures encara està en negociació.

La prioritat per als residents obre el conflicte

La disputa se centra en els criteris d’accés als habitatges. L’alcalde de la ciutat, Rafa Triguero (PP), va reclamar davant la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que els veïns residents a l’illa tinguessin prioritat absoluta en l’accés als habitatges. La posició inicial de la ministra va rebutjar establir un criteri estricte d’arrelament territorial, defensant que l’oferta pública estatal també ha d’atendre els professionals sanitaris, docents i de serveis que es desplacen temporalment a l’illa per treballar.

Des de la direcció del PP insular, el vicesecretari de Política Insular, Mariano Juan, va qualificar d’incomprensible que l’Executiu reconegui l’emergència de l’habitatge d’Eivissa i, alhora, descarti mecanismes per prioritzar els joves i les famílies que intenten desenvolupar el seu projecte de vida al municipi. Segons Juan, no s’entén que el Govern sigui conscient de “l’excepcional gravetat del problema d’accés a l’habitatge que existeix a l’illa i, al mateix temps, descarti establir algun mecanisme que prioritzi aquells que ja viuen, treballen i desenvolupen el seu projecte de vida a Eivissa”.

El xoc inicial entorn dels criteris d’adjudicació va topar de ple amb la legislació autonòmica en matèria d’habitatge. L’article 70.8 de la Llei 5/2018 d’habitatge de les Illes Balears estableix explícitament que, per accedir a un habitatge protegit de promoció pública, el beneficiari ha d’acreditar un període mínim de residència de cinc anys a l’arxipèlag. Després de les dures crítiques de l’Ajuntament eivissenc —on es va recordar que el sòl municipal es va cedir per ajudar la població local i no per a aspirants sense vinculació amb l’illa—, fonts de Casa 47 (l’Entitat Estatal d’Habitatge i Sòl dependent del Ministeri) van aclarir a elDiario.es que l’adjudicació respectarà estrictament la normativa d’habitatge protegit vigent a la comunitat autònoma, precisant així la posició del Ministeri. Aquesta puntualització va ser celebrada per l’Ajuntament d’Eivissa com una rectificació forçada per les exigències municipals, i va sol·licitar que es formalitzi en el conveni corresponent.

La Llei 5/2018 d’habitatge de les Illes Balears estableix explícitament que, per accedir a un habitatge protegit de promoció pública, el beneficiari ha d’acreditar un període mínim de residència de cinc anys a l’arxipèlag

Tanmateix, el compromís d’aplicar la llei autonòmica no ha frenat les demandes del PP eivissenc, que ha decidit elevar l’exigència. Les institucions eivissenques –els cinc alcaldes de l’illa i el president del Consell Insular– reclamen que el requisit de residència prèvia no es quedi en els cinc anys fixats per la norma balear, sinó que s’incrementi fins als deu anys. “La legislació balear té fixats cinc anys. Si en volen deu, ho ha de canviar la seva majoria parlamentària”, responen fonts dels socialistes eivissencs. Toni Costa, portaveu del Govern, en canvi, recorda que la normativa d’habitatge balear fixa un mínim de cinc anys de residència per accedir a una promoció d’habitatge públic.

El PP eivissenc, per defensar la seva postura, considera que l’illa “té un problema de creixement demogràfic”. El president del Consell Insular, Vicent Marí, explica que durant les darreres dècades l’illa pràcticament ha duplicat la seva població i que construir habitatges perquè continuï arribant més gent “no resol el problema dels residents, sinó que augmenta la pressió sobre l’habitatge, el territori, les infraestructures i els serveis públics”, assenyala. Per aquestes raons, considera que l’habitatge públic “ha de permetre que les persones que ja viuen a Eivissa s’hi puguin quedar”. “Si construïm per continuar generant nova demanda sense atendre abans la que ja existeix, agreugem el problema en lloc de resoldre’l”.

L’habitatge entra en precampanya

La disputa pels habitatges de Ca n’Escandell s’emmarca en un clima de precampanya política amb la mirada posada en les eleccions municipals i autonòmiques de 2027. Durant una entrevista a Cadena SER Ibiza, la ministra Isabel Rodríguez va qualificar la crisi del lloguer a l’illa de “dramàtica” i va situar Eivissa com l’“epicentre” del problema. No obstant això, Rodríguez va responsabilitzar directament la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), acusant-la de negar-se a aplicar les eines que preveu la Llei estatal d’habitatge, com ara la declaració de zones de mercat residencial tensionat per limitar els preus dels arrendaments. La ministra va contraposar les mesures socialistes –construcció de parc públic, congelació de preus i lluita contra l’especulació– amb la gestió conservadora, citant també les directrius de la Comissió Europea impulsades per Ursula von der Leyen per limitar els lloguers turístics de curta durada.

En aquest context estatal s’entén també la pressió que el Sindicat d’Inquilines exerceix sobre el Govern amb l’anomenat “Decret Maricarmen”. L’organització reclama que el nou decret inclogui cinc mesures: mesures estructurals per impedir els desnonaments; una regulació dels lloguers de temporada i per habitacions; la congelació dels preus actuals del lloguer; pròrrogues efectives dels contractes i, com a principal reivindicació, la renovació automàtica de tots els contractes perquè passin a ser indefinits. El sindicat sosté que l’objectiu és evitar que es puguin repetir casos com el de Maricarmen i que els inquilins tinguin garantida més estabilitat residencial.

El paquet que el Govern negocia per portar aquest dimarts al Consell de Ministres comparteix alguns d’aquests objectius, tot i que no totes les reivindicacions del Sindicat d’Inquilines estan assumides. Sobre la taula hi ha mesures de protecció davant dels desnonaments, l’estabilització dels contractes de lloguer, la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions i una regulació més gran dels pisos turístics.

L’Executiu preveu, a més, bonificacions fiscals per als inquilins i per als propietaris que abaixin el preu del lloguer, ajuts per a la compra del primer habitatge, la protecció del parc estatal d’habitatge i una possible reducció de l’IVA per a la construcció d’habitatge protegit. També es negocia una fórmula per protegir els inquilins vulnerables davant dels desnonaments en habitatges propietat de fons voltor. El Govern preveu, així mateix, que els inquilins puguin sol·licitar una pròrroga dels seus contractes durant dos anys mantenint el mateix preu, però la renovació automàtica i indefinida que reclama el Sindicat d’Inquilines no forma, de moment, part de la posició dels socialistes.

Per la seva banda, l’encreuament entre les dues formacions ha adquirit un fort to d’acusacions cap als seus rivals polítics conservadors. Així, Rodríguez ha insinuat que històricament algunes promocions públiques han acabat “en mans dels regidors del PP, o de l’alcalde del PP o dels amics dels dirigents del PP”.

Rodríguez no ha esmentat directament Triguero. Tampoc no ha quedat clar si s’hi referia o no. Tot i que mai no ha estat adjudicatari d’un habitatge públic, l’alcalde ha estat al focus durant els darrers mesos després d’haver dut a terme una operació urbanística que pretenia, presumptament i segons ha denunciat l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL). Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial.

Darrere de la pugna institucional hi ha unes dades econòmiques que reflecteixen la dificultat d’accés a l’habitatge a l’arxipèlag. D’acord amb l’Índex de Preus de l’Habitatge (IPV) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el preu de l’habitatge lliure a les Balears va registrar un increment interanual del 13,7% en el segon trimestre de 2026, situant-se com la vuitena pujada més gran de tot l’Estat.

Aquesta tendència prolonga l’escalada de l’exercici anterior, quan el cost de l’habitatge nou va pujar un 13,4% i el de segona mà un 11,8% a les illes. Aquest escenari de preus a l’alça fa que treballadors amb una ocupació estable continuïn sense trobar habitatges assequibles, convertint la política residencial en la principal batalla política a l’arxipèlag balear.

La proyectada promoción de 532 viviendas públicas que el Ministerio de Vivienda impulsará a partir de 2027 en la zona de Ca n’Escandell, en la capital de Eivissa, se ha convertido en uno de los principales escenarios del enfrentamiento entre las instituciones ibicencas y el Gobierno central. El proyecto contempla una inversión estatal de 131 millones de euros para 362 pisos en parcelas 100% públicas, junto a una aportación adicional de 14 millones de euros para desarrollar otros 170 inmuebles en colaboración con las administraciones autonómica y local.

La disputa por la vivienda llega además en un momento de creciente presión social sobre el Gobierno central. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en la misma casa, ha provocado una movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinas, con una manifestación este sábado en Madrid y una acampada posterior en la Puerta del Sol que se mantendrá al menos hasta este martes, cuando está prevista una votación en el Consejo de Ministros para aprobar un nuevo decreto de vivienda.

El caso ha convertido la vivienda en uno de los principales frentes políticos de estos días y ha acelerado la negociación de este nuevo decreto que el Gobierno de PSOE y Sumar pretende aprobar este martes. Para sacarlo adelante después en el Congreso necesitará reunir una mayoría parlamentaria que, además de sus socios progresistas –ERC, Compromís, EH Bildu, BNG o Podemos–, pasa por conseguir también el respaldo de fuerzas conservadoras como PNV y Junts. El Gobierno reconoce que las conversaciones continúan abiertas y que la concreción de las medidas todavía está en negociación.

La prioridad para los residentes abre el choque

La disputa se centra en los criterios de acceso a las viviendas. El alcalde de la ciudad, Rafa Triguero (PP), reclamó ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que los vecinos residentes de la isla tuvieran prioridad absoluta en el acceso a las viviendas. La posición inicial de la ministra rechazó fijar un criterio estricto de arraigo territorial, defendiendo que la oferta pública estatal también debe atender a los profesionales sanitarios, docentes y de servicios que se desplazan temporalmente a la isla para trabajar.

Desde la dirección del PP insular, el vicesecretario de Política Insular, Mariano Juan, tildó de incomprensible que el Ejecutivo reconozca la emergencia habitacional de Eivissa y, al mismo tiempo, descarte mecanismos para priorizar a los jóvenes y familias que intentan desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Según Juan, no se entiende que el Gobierno sea consciente de “la excepcional gravedad del problema de acceso a la vivienda que existe en la isla y, al mismo tiempo, descarte establecer algún mecanismo que priorice a quienes ya viven, trabajan y desarrollan su proyecto de vida en Eivissa”.

El choque inicial en torno a los criterios de adjudicación colisionó de lleno con la legislación autonómica en materia de vivienda. El artículo 70.8 de la Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago. Tras las duras críticas del Consistorio ibicenco –donde se recordó que el suelo municipal se cedió para ayudar a la población local y no para aspirantes sin vinculación con la isla–, fuentes de Casa 47 (la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo dependiente del Ministerio) aclaran a elDiario.es que la adjudicación respetará estrictamente la normativa de vivienda protegida vigente en la comunidad autónoma, precisando así la posición del Ministerio. Esta puntualización fue celebrada por el Ayuntamiento de Eivissa como una rectificación forzada por las exigencias municipales, solicitando que se formalice en el convenio correspondiente.

La Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago

Sin embargo, el compromiso de aplicar la ley autonómica no ha frenado las demandas del PP ibicenco, que ha decidido elevar la exigencia. Las instituciones ibicencas –los cinco alcaldes de la isla y el presidente del Consell Insular– reclaman que el requisito de residencia previa no se quede en los cinco años fijados por la norma balear, sino que se incremente hasta los diez años. “La legislación balear tiene fijados cinco años. Si quieren diez, lo tiene que cambiar su mayoría parlamentaria”, responden fuentes de los socialistas ibicencos. Toni Costa, portavoz del Govern, en cambio, recuerda que la normativa de vivienda balear fija un mínimo de cinco años de residencia para acceder a una promoción de vivienda pública.

El PP ibicenco, para defender su postura, valora que la isla “tiene un problema de crecimiento demográfico”. El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, explica que durante las últimas décadas la isla prácticamente ha duplicado su población y que construir viviendas para que siga llegando más gente “no resuelve el problema de los residentes, sino que aumenta la presión sobre la vivienda, el territorio, las infraestructuras y los servicios públicos”, señala. Por estas razones, considera que la vivienda pública “debe permitir que las personas que ya viven en Eivissa puedan quedarse”. “Si construimos para seguir generando nueva demanda sin atender antes la que ya existe, agravamos el problema en lugar de resolverlo”.

La vivienda entra en precampaña

La disputa por las viviendas de Ca n’Escandell se enmarca en un clima de precampaña política con la vista puesta en los comicios municipales y autonómicos de 2027. Durante una entrevista en Cadena SER Ibiza, la ministra Isabel Rodríguez calificó la crisis de alquiler en la isla de “dramática” y situó a Eivissa como el “epicentro” del problema. No obstante, Rodríguez responsabilizó directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), acusándola de negarse a aplicar las herramientas que contempla la Ley estatal de Vivienda, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para topar los precios de los arrendamientos. La ministra contrapuso las medidas socialistas (construcción de parque público, congelación de precios y combate a la especulación) con la gestión conservadora, citando además las directrices de la Comisión Europea impulsadas por Ursula von der Leyen para limitar los alquileres turísticos de corta duración.

En este contexto estatal se entiende también la presión que el Sindicato de Inquilinas está ejerciendo sobre el Gobierno con el llamado “Decreto Maricarmen”. La organización reclama que el nuevo decreto incluya cinco medidas: medidas estructurales para impedir los desahucios; una regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones; la congelación de los precios actuales del alquiler; prórrogas efectivas de los contratos y, como principal reivindicación, la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos. El sindicato sostiene que el objetivo es evitar que puedan repetirse casos como el de Maricarmen y que los inquilinos tengan garantizada una mayor estabilidad residencial.

El paquete que el Gobierno negocia para llevar este martes al Consejo de Ministros comparte algunos de esos objetivos, aunque no todas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas están asumidas. Sobre la mesa están medidas de protección frente a los desahucios, la estabilización de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y una mayor regulación de los pisos turísticos.

El Ejecutivo contempla además bonificaciones fiscales para inquilinos y para propietarios que bajen el precio del alquiler, ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda y una posible reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida. También se negocia una fórmula para proteger a los inquilinos vulnerables frente a desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre. El Gobierno prevé asimismo que los inquilinos puedan solicitar una prórroga de sus contratos durante dos años manteniendo el mismo precio, pero la renovación automática e indefinida que reclama el Sindicato de Inquilinas no forma, de momento, parte de la posición de los socialistas.

Por su parte, el cruce entre ambas formaciones ha adquirido un fuerte tono de acusaciones hacia sus rivales políticos conservadores. Así, Rodríguez ha deslizado que históricamente algunas promociones públicas han terminado “en manos de los concejales del PP, o del alcalde del PP o de los amigos de los dirigentes del PP”.

Rodríguez no ha mencionado directamente a Triguero. Tampoco ha quedado claro si se refería o no a él. Aunque nunca ha sido adjudicatario de una vivienda pública, el alcalde ha estado en el foco durante los últimos meses después de haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según ha denunciado la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial.

Detrás de la pugna institucional subyacen unos datos económicos que reflejan la dificultad de acceso al hogar en el archipiélago. De acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre en Balears registró un incremento interanual del 13,7% en el segundo trimestre de 2026, situándose como la octava mayor subida de todo el país.

Esta tendencia prolonga la escalada del ejercicio anterior, cuando el coste de la vivienda nueva subió un 13,4% y el de segunda mano un 11,8% en las islas. Este escenario de precios al alza hace que trabajadores con empleo estable sigan sin encontrar viviendas asequibles, convirtiendo la política residencial en la principal batalla política en el archipiélago balear.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes que el “grave problema” de la vivienda “necesita menos ideología y más gestión” para resolverlo, además de reivindicar la colaboración público-privada como vía para abordarlo, frente a las “proclamas” o decisiones “unilaterales”.

Son mensajes que Juanma Moreno ha trasladado durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este, en la capital andaluza, en la que ha subrayado que, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), “el acceso a la vivienda ha ido escalando” hasta situarse entre los tres primeros “problemas” para los españoles actualmente.

Moreno ha defendido que el Gobierno andaluz que preside asume este “reto” como “una línea de acción que tiene que ser prioritaria y debe ser urgente”, y ha advertido de que “si alguien cree que va a solucionar el problema de la vivienda con proclamas, no solamente se equivoca, sino que va a generar una frustración y una melancolía en la población”.

En esa línea, ha aseverado que “este es un problema muy grave, tremendamente grave”, que “requiere del concurso de todos y cada uno de los actores” que están vinculados “al ámbito de la construcción”, entre los que ha subrayado que las instituciones públicas juegan un “papel destacado”.

En ese punto, Moreno ha querido poner en valor la “colaboración y cooperación entre instituciones”, y ha reivindicado que la Junta ha “multiplicado por cuatro la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) desde el año 2019, alcanzando la cifra de 18.300”, y Andalucía se ha convertido en “la tercera comunidad autónoma que más vivienda de VPO está impulsando”.

Además, ha destacado que la Junta “lidera la construcción de vivienda libre en España”, desde el convencimiento de que, “hay un problema de oferta y demanda”, y “cuantas más viviendas se pongan en marcha, se construyan, más posibilidades habrá de romper esa diferencia entre oferta y demanda”.

Construir más para resolver el problema

De igual modo, el presidente de la Junta ha señalado que este es “un asunto tan serio” para el que “no existen varitas mágicas”. “Ya nos gustaría”, ha manifestado, “porque es verdaderamente muy frustrante ver a tantos jóvenes y a tantas familias sufrir por no poder acceder a un hogar digno”, ha apostillado Moreno, que ha comentado que él mismo se encuentra “por muchas calles de Andalucía con jóvenes” que le cuentan la “realidad dramática” que viven, en la que, pese a haberse “esforzado” en su formación y sus estudios, no pueden “ni siquiera alquilar una vivienda porque no las hay”.

En ese punto, Moreno ha sostenido que “el reto de la vivienda no se resuelve con una sola medida, ni de manera unilateral por parte de una administración en solitario”. Sería “un error”, según ha opinado el presidente andaluz, que ha rechazado además que este problema se pueda resolver “enfrentando a lo público y a lo privado”, que, en su opinión, conforman “dos esferas complementarias y fundamentales”.

Moreno ha agregado que, “después de escuchar a centenares de actores que participan en el ámbito de la vivienda, el problema se empieza a resolver cuando se construye más, movilizando mucho suelo, agilizando los trámites y los plazos, restándole cargas administrativas, burocráticas e impuestos a gran parte de los procedimientos que hay a la hora del desarrollo urbanístico y de construir una vivienda, en colaboración con los promotores y con las constructoras”.

“Tenemos que hablar con promotores y constructoras, que tener un diálogo franco y complicidad con ellos”, ha proclamado en esa línea Juanma Moreno, quien también ha apostado por sumar “todos los recursos disponibles” procedentes de administraciones como ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno de España y, “por supuesto, fondos europeos”.

Objetivo: 20.000 nuevas viviendas asequibles en cinco años

Moreno ha explicado que “el objetivo global es impulsar desde Andalucía 20.000 nuevas viviendas asequibles en los próximos cinco años, duplicando así el ritmo de promoción que tenemos en la actualidad”. “Es una estimación prudente y realista, no queremos vender motos, sino que hemos hecho un cálculo con el ritmo y con los recursos que disponemos, lo que podemos hacer, y podría incluso ir a más, porque contamos con una bolsa de suelo con capacidad de más de 43.000 viviendas que vamos a poner en marcha”, ha comentado el presidente de la Junta.

En esta línea ha destacado, además, que “comprar una vivienda en Andalucía será menos costoso en el año 2027”, porque “los andaluces que compren una vivienda de segunda mano podrán beneficiarse de una nueva rebaja del impuesto que se paga por la compra” merced a que desde la Junta van a “bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7 al 6,75%, y lo vamos a seguir bajando año tras año hasta llevarlo al 6%”.

Además, el presidente ha indicado que su gobierno va a “elevar el límite del precio de la vivienda para los tipos reducido y superreducido de los 150.000 a los 200.000 euros, adaptándolo más a la realidad”, y ha valorado que, estas medidas, según los “cálculos” de la Junta, “van a beneficiar a cerca de 150.000” andaluces.

Moreno ha concluido incidiendo en la idea de que “el problema de la vivienda necesita menos ideología y más gestión”, y que “cuanto más gestión hagamos y menos ideología haya, del ámbito que sea, en el ámbito de la vivienda, más fácilmente será acercarnos a la solución de este grave problema que no solamente tenemos en Andalucía, sino que tenemos en el conjunto de España”.

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha supuesto una espita para el enorme problema de acceso a la vivienda en España. Aunque no es un caso puntual, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación social, con movilizaciones en toda España para pedir soluciones. Incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables.

La situación no es ajena a Castilla-La Mancha, que tradicionalmente había sido una de las regiones españolas con los precios más bajos de compra y alquiler. Ya no lo es. Y esta situación coincide con la decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de tramitar por la vía de urgencia la que será su primera ley de medidas sobre suelo y vivienda en doce años. No es estrictamente una 'ley de vivienda', pero busca incorporar una regulación de la que se lleva hablando una década.

En su primer discurso de investidura en 2015, Emiliano García-Page prometió una ley “social” para frenar los desahucios en la comunidad autónoma. Arrancaba entonces una legislatura en la que gobernó con Podemos y en la que llegó a redactarse un borrador en el que, entre otras cosas, se contemplaba multar a los bancos que no ofrecieran alquiler social como alternativa a los desahucios. También incluía numerosas medidas para dar soluciones habitacionales a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La normativa nunca llegó a aprobarse. En 2019, el PSOE ganó por mayoría absoluta, Podemos se quedó sin representación parlamentaria y el borrador se quedó en un cajón. Desde entonces, son muchas las medidas que el Gobierno de Page ha adoptado para garantizar el acceso a la vivienda: ayudas, incentivos, avales, construcción de inmuebles en colaboración público-privada y otras derivadas del Plan Estatal de Vivienda. Pero no ha vuelto a hablar de desahucios.

Una ley de medidas sobre suelo y vivienda antes de final de año

Ahora, doce años después, las Cortes de Castilla-La Mancha tramitan por la vía de urgencia la mencionada ley de medidas sobre suelo y vivienda que entrará en vigor antes de final de año, prácticamente en el tramo final de la legislatura antes de las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027.

En ese texto, que todavía puede modificarse vía enmiendas, el Gobierno regional no recoge ni una sola mención a algún tipo de disposición normativa que pueda impedir situaciones de desahucio como la de Maricarmen, es decir, propiciadas por la compra de inmuebles por parte de bancos o de fondos-buitre.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha registró 748 desahucios, tanto por impago del alquiler como de hipotecas, en el último año completo oficial recopilado por el Observatorio de la Vivienda Asequible, según los registros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y aunque los datos apuntan a un descenso generalizado en la región, la cantidad de lanzamientos sigue siendo muy significativa.

La norma que se va a aprobar en esta comunidad autónoma está centrada, básicamente, en ampliar, flexibilizar y dar protección permanente a su parque público de vivienda, pero no incorpora esas medidas de hace diez años, o algunas similares como las que el Ejecutivo central quiere prorrogar con el decreto de alquileres en el mercado libre.

No obstante, la futura ley de Page sí tiene como objetivo, de otra manera, dar protección a la ciudadanía más vulnerable. Lo hará regulando el denominado ‘desahucio administrativo’: un procedimiento para la defensa y recuperación de la posesión de los bienes del patrimonio público residencial.

Esta figura se utiliza para que la Administración autonómica recupere la posesión de inmuebles de su propiedad con algún tipo de protección, así como sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias. La norma establece que el desahucio puede ejecutarse en casos de impago. Se requiere primero a la persona obligada para que pague los importes vencidos en un plazo de 15 días, apercibiéndole de desahucio. Y si no abona la totalidad en ese plazo, se dicta resolución de desahucio concediendo 10 días para hacer efectivo el pago o entregar las llaves; de lo contrario, se procede al lanzamiento de personas y enseres.

Este procedimiento sigue la normativa común administrativa, pero si es necesario entrar en el domicilio del afectado, la Consejería de Fomento competente debe obtener obligatoriamente la preceptiva autorización judicial.

No obstante, el procedimiento ofrecerá alternativas. La norma contempla un conjunto de mecanismos de prevención, flexibilidad de pago y protección social diseñados para atender situaciones de dificultad antes de llegar a la ejecución del desahucio en las viviendas del parque público.

Moratorias en casos excepcionales de “marcado carácter social”

Por ejemplo, para evitar el desahucio administrativo, en casos excepcionales de “marcado carácter social debidamente motivados”, la Consejería de Fomento puede autorizar moratorias en el pago de las rentas de alquiler mediante un plan individualizado para la persona adjudicataria.

La propuesta legislativa no especifica plazos máximos de suspensión de pago, importes, requisitos de renta cuantitativos ni procedimientos de solicitud detallados, dejando esos aspectos a la regulación reglamentaria o a la negociación individual del mencionado plan de pagos.

Y aunque la modalidad ordinaria es el contrato de arrendamiento, la ley permite expresamente recurrir a modalidades de cesión de uso o cesión gratuita en precario cuando existan razones sociales justificadas. ¿Como cuáles? Se crea la figura de viviendas sociales para colectivos en riesgo de exclusión, concebida específicamente para cubrir necesidades habitacionales dentro de un itinerario de inserción social diseñado por los servicios sociales competentes. Además, la norma permite reservar un porcentaje del parque público de vivienda social para este tipo de atención prioritaria.

En realidad, resulta del todo coherente que el Gobierno regional haya incluido la regulación de esta figura, a la luz del espíritu de la nueva ley: promover y ampliar su parque público de viviendas como solución a los problemas de acceso y como patrimonio “separado, finalista y circular”, lo que implica que todos los ingresos derivados de la enajenación de sus bienes deben revertir íntegramente a este patrimonio.

Ese parque público de vivienda social estará formado por inmuebles de titularidad pública (o construidas sobre derechos de superficie o cesión), viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tanteo y retracto, así como inmuebles privados o públicos cedidos en usufructo mediante convenios. Es decir, se permitirá la reconversión de parcelas calificadas para uso terciario o dotacional privado a viviendas de protección pública.

Es más, habrá un principio de “interés autonómico” en la reconversión de los inmuebles: significa que tendrá carácter excepcional y su régimen prevalecerá de forma directa sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento urbanístico, sin necesidad de tramitar una modificación, revisión o innovación de esos planes locales.

La habilitación especial estará vigente durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de prorrogarse de forma motivada por el Consejo de Gobierno por períodos sucesivos de hasta cinco años

Pero, a efectos de esos posibles desahucios administrativos, ¿a qué refiere la futura ley cuando habla de vivienda protegida con la categoría de vivienda social? Atendiendo a su origen y forma de incorporación al parque público de la Junta, la ley especifica los siguientes tipos de inmuebles: los de titularidad autonómica destinados a tenencia temporal con rentas fijadas en función del nivel de ingresos del adjudicatario; los obtenidos en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración regional; los adquiridos directamente por la el Gobierno regional para tal fin; y los de titularidad pública o privada provenientes de convenios o contratos que cedan su usufructo a la Administración autonómica.

Durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha de la toma en consideración de esta proposición de ley, ninguno de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) hicieron referencia alguna a los desahucios. Ahora, la norma debe pasar por comisión y trámite de enmiendas, donde podría verse modificada, aunque, por el momento, ni el Grupo Socialista ni el Gobierno han manifestado su intención de cambiar el trasfondo de la norma para intervenir de alguna manera en el mercado de vivienda libre y evitar situaciones como la de Maricarmen, y otras muchas personas, en el país.

Cuando el pasado 27 de agosto los camiones encargados del movimiento de tierras entraron en la parcela 89.37 de Rosales del Canal, muchos vecinos estaban todavía de vacaciones y otros no esperaban que las obras comenzaran de forma inmediata. Los trabajos levantan grandes cantidades de polvo que, según denuncian los residentes, cubren los vehículos estacionados en las proximidades, mientras unas torres móviles de videovigilancia controlan ahora el perímetro de la actuación.

Precisamente, la instalación de estas cámaras ya ha sido puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Aragón y se ha realizado una consulta ante la Agencia Española de Protección de Datos para conocer si cumplen los requisitos establecidos para la captación de imágenes en un espacio próximo a viviendas y vías públicas.

“Con nocturnidad y alevosía”, resumen los vecinos el inicio de unas obras a las que se oponen desde hace casi dos años. En los cerca de 6.000 metros cuadrados de la parcela 89.37, originalmente calificada para equipamiento público docente, el Gobierno de Aragón prevé levantar 192 viviendas públicas de alquiler asequible dentro del programa de Vivienda Dotacional Pública desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

La promoción forma parte de un paquete de 640 viviendas repartidas entre Rosales del Canal y Miralbueno. En este caso, el Gobierno de Aragón asumió la competencia para tramitar la licencia urbanística de las obras, lo que le permite agilizar los trámites al concentrar el procedimiento administrativo evitando los periodos de alegaciones en vía administrativa que luego también pueden acabar en vía judicial.

A la controversia urbanística se ha sumado ahora otra de carácter ambiental. El portavoz de la Asociación Vecinal Entrelagos, Nacho Jordán, ha anunciado que pondrán los hechos en conocimiento del departamento competente en Medio Ambiente para que compruebe si los trabajos de extracción de tierras se ajustan a la normativa y a las autorizaciones correspondientes.

La asociación sostiene que los materiales están siendo trasladados a una gravera de Áridos Blesa situada al norte del polígono de Malpica y reclama que se acredite su correcta gestión. En concreto, Entrelagos exige que se compruebe la procedencia y naturaleza de los materiales, su trazabilidad, la documentación que ampara su transporte y destino y el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de la obra.

El próximo 27 de septiembre está prevista una nueva manifestación y un recorrido en bici con familias y niños hasta la actual ubicación del centro de salud en Arcosur “para evidenciar las distancias (a más de 2,5 kilómetros) y reivindicar que se haga donde ya hay población consolidada y en crecimiento permanente en Arcosur Norte.

Sin respuesta de los tribunales

La oposición vecinal al proyecto comenzó hace dos años, cuando Entrelagos reclamó preservar la parcela 89.37 para cubrir las necesidades de equipamientos de Rosales del Canal y Arcosur Norte. La asociación recuerda que el solar estaba destinado originalmente a uso educativo y que el propio Departamento de Sanidad llegó a solicitarlo para construir un centro de salud. Entre sus reivindicaciones figuran también un instituto con Bachillerato y Formación Profesional, completar las instalaciones educativas existentes y disponer de nuevos equipamientos deportivos.

La reclamación vecinal ha obtenido también respaldo político. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el 23 de diciembre de 2025, con los 16 votos de PSOE, Vox y Zaragoza en Común frente a los 15 del PP, una moción para revertir la cesión y el cambio de uso de la 89.37, restituir su destino dotacional educativo y elaborar una planificación integral de los equipamientos educativos y servicios públicos necesarios en el Distrito Sur. El acuerdo político, sin embargo, no ha impedido que la promoción siga adelante.

El conflicto terminó trasladándose a los tribunales. Entrelagos mantiene recursos contencioso-administrativos contra las decisiones que han permitido desarrollar las viviendas en estos suelos y cuestiona el acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en septiembre de 2024 para declarar compatible la vivienda dotacional pública con los usos de equipamiento previstos en parcelas de Rosales del Canal y Miralbueno.

La asociación sostiene en su demanda que esos terrenos estaban protegidos por el planeamiento como equipamientos públicos y que la construcción de viviendas exigía modificar previamente el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. También argumenta que la cesión de los solares municipales a la Comunidad Autónoma estaba condicionada al cumplimiento del planeamiento vigente y cuestiona distintos aspectos de la tramitación seguida posteriormente.

Entre ellos, Entrelagos destaca que durante el procedimiento se emitieron informes que plantearon reparos al modelo elegido y pone el foco en la cronología de la licitación: según recoge su demanda, el plazo para presentar ofertas comenzó el 20 de noviembre de 2024 y el acuerdo que había declarado la compatibilidad de usos no se publicó oficialmente hasta el día 28.

La asociación pidió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declarase nulo o anulable el acuerdo que permitió compatibilizar la vivienda dotacional con los usos anteriores de las parcelas. Los recursos continúan pendientes de resolución y, al no haberse acordado medidas cautelares que paralizaran el proyecto, Entrelagos teme que la sentencia llegue cuando las 192 viviendas de Rosales estén ya muy avanzadas o incluso construidas.

Equipamientos pendientes

Para Entrelagos, el comienzo de las obras en la 89.37 agrava un problema que va mucho más allá de las 192 viviendas (número por encima de las 160 previstas). La asociación recuerda que Sanidad llegó a solicitar esta misma parcela para construir un centro de salud pero Rosales del Canal continúa necesitando equipamientos educativos y sanitarios para atender a una población ya consolidada y al futuro crecimiento de Arcosur Norte.

Aunque se ha trasladado que el Gobierno de Aragón planea construir dos nuevos colegios y un instituto en Arcosur tampoco resuelve, a juicio de la asociación, esas carencias porque no dan respuesta a las necesidades de Rosales y Arcosur Norte. El portavoz de la asociación, Nacho Jordán, cree que “se utiliza el anuncio de equipamientos públicos como reclamo para la promoción inmobiliaria encareciendo el precio de la vivienda allí donde todavía no vive nadie en vez de donde ya hay población consolidada con carencias que no se verán cubiertas con esos anuncios aunque se materialicen”.

La búsqueda de emplazamientos tampoco resulta sencilla. El corredor aéreo del aeropuerto de Zaragoza condiciona parte del suelo de Arcosur y limita determinados usos educativos y sanitarios por la afección del ruido, como reconoce la propia documentación municipal. A ello se añaden las dudas sobre la presencia de dolinas y las condiciones geológicas de algunos terrenos, que han obligado a realizar estudios antes de decidir dónde ubicar determinados equipamientos.

En Rosales, además, las principales parcelas dotacionales tienen ya un destino concreto o están comprometidas. La 89.38 alberga el CPI Rosales del Canal y reserva espacio para completar sus instalaciones; la 89.35 mantiene su uso deportivo y la 89.37, inicialmente destinada a equipamiento educativo, ha pasado a albergar las viviendas públicas que ahora comienzan a construirse.

Por eso, la asociación Entrelagos reclama que Ayuntamiento y Gobierno de Aragón planifiquen conjuntamente los equipamientos de Rosales del Canal y Arcosur Norte, teniendo en cuenta tanto la población existente como el crecimiento previsto y las limitaciones reales de los terrenos disponibles. Su temor es que la pérdida progresiva de parcelas aptas termine haciendo más difícil encontrar suelo para los servicios públicos que consideran todavía pendientes.

Un nuevo hundimiento en Calahorra ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a realojar al vecindario afectado, unas tres familias. Tal y como informa el Consistorio, se ha hundido el suelo de una bajera de un inmueble ubicado en la calle El Sol de propiedad privada.

Afortunadamente no se han producido daños personales, solo materiales “lo que obligado al Ayuntamiento a adoptar medias preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos”. Las personas afectadas han sido realojadas en viviendas municipales, “garantizando así que puedan disponer de un alojamiento seguro mientras los propietarios del edificio evalúan el estado del inmueble y determinan el alcance de los trabajos necesarios”.

El edificio afectado, explican fuentes del Ayuntamiento, consta de dos bajeras y tres pisos en los que vivían tres familias. Hasta el lugar del hundimiento se han acercado, además de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo; el concejal de Políticas sociales, David Antoñanzas; técnicos municipales; Policía Local y Guardia Civil, así como los propietarios del edificio.

Desde el Consistorio han trasladado un mensaje de tranquilidad recordando que la “prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, así como de esta calle de la ciudad”. Para ello, se ha vallado solo la zona que ocupa la fachada del inmueble y se prohíbe aparcar y circular por este tramo de la calle El Sol.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha criticado el “silencio” de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), sobre las casi 80 viviendas vacías de la calle Ballestas y ha instado al Ejecutivo rgional a aprovecharlas para dar una “oportunidad” a jóvenes y familias.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha criticado que esas viviendas -ubicadas en los bloques 7A y 7B de la citada calle y propiedad de la SAREB- sigan vacías en vez de emplearse para dar respuesta a uno de los principales problemas que afrontan actualmente jóvenes y familias, como es el acceso a una vivienda.

Según ha relatado, durante años estos bloques fueron el hogar de numerosas familias hasta que la llegada progresiva de okupas “terminó generando importantes problemas en la zona”.

Tras ello, el Ayuntamiento inició entonces “una batalla para recuperar los edificios que, junto a los vecinos y la actuación de Policía y Guardia Civil, permitió finalmente poner fin a aquella situación. Actualmente, permanecen cerrados y protegidos para evitar nuevas ocupaciones.

En este sentido, ha señalado que, desde que el Ayuntamiento logró poner fin a la ocupación de esos dos bloques, el alcalde ha mantenido reuniones con el consejero de Vivienda, Roberto Media, y con la propia Buruaga para tratar de convertir estos inmuebles en una oportunidad real para jóvenes y familias.

De hecho, ha indicado que, a principios de este año, el alcalde volvió a insistir mediante una carta formal dirigida al Gobierno de Cantabria para avanzar en una solución.

“Desde entonces, ni Astillero ni Guarnizo han recibido una respuesta ni conocen avances por parte del Ejecutivo regional”, se ha quejado el regidor, que ha censurado que, mientras que la vivienda “ha pasado de ser una prioridad a convertirse en una necesidad para muchísimos jóvenes y familias”, “seguimos sin señales de vida de Buruaga para dar una solución a una oportunidad que tenemos delante de nosotros”.

El alcalde ha insistido, de nuevo, al Gobierno regional, que impulse las gestiones necesarias con la SAREB para permitir poner las viviendas nuevamente en uso.

“No se trata de empezar de cero. Son casi 80 viviendas ya construidas, acompañadas de garajes y trasteros, que con una puesta a punto y voluntad por parte de las administraciones podrían volver a convertirse en hogares asequibles para jóvenes y familias”, ha insistido.

Soberón considera que estas viviendas, ubicadas en una “zona extraordinaria de la región”, son una “oportunidad fantástica” que no se puede desaprovechar en un momento en que cada vez “resulta más difícil para nuestros jóvenes independizarse y para muchas familias acceder a una vivienda”.

“Desde Astillero se continuará insistiendo ante el Gobierno regional para que dé respuesta a esta petición y lidere las gestiones necesarias con SAREB para transformar un problema del pasado en una oportunidad de futuro para jóvenes y familias”, ha advertido.

Castilla-La Mancha vuelve a anunciar promociones de viviendas protegidas sobre suelo público. La noticia podría parecer, a primera vista, un paso en la buena dirección. Y lo es. Necesitamos construir más vivienda asequible y aprovechar lo público para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Pero… ¿Qué ocurrirá con esas viviendas dentro de quince años?

La respuesta es sencilla. Dejarán de ser viviendas protegidas. A partir de ese momento podrán venderse al precio que cada propietario considere y el esfuerzo público que hizo posible esa promoción desaparecerá definitivamente.

Es una historia que ya hemos vivido. Desde los años ochenta se han construido casi tres millones de viviendas protegidas, según un informe de CCOO de 2024, con ayudas públicas, suelo público e importantes ventajas para promotores y compradores.

Aquellas promociones resolvieron problemas inmediatos de acceso para muchas familias, pero la inmensa mayoría acabó descalificándose al cabo de unos años. Sólo medio millón mantienen algún control de precios. Muchas, forman hoy parte del mercado libre y se venden por cientos de miles de euros más de lo que costaron.

El resultado es paradójico. El dinero público sirvió para facilitar el acceso a una vivienda una sola vez. Después, el beneficio generado por esa inversión dejó de ser colectivo para convertirse en beneficio privado.

Y, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha decidido volver a recorrer ese mismo camino. Las promociones anunciadas en Toledo y Azuqueca de Henares se construirán sobre suelo público vendido a promotores privados, pero su protección terminará a los quince años. Es decir, el patrimonio público volverá a desaparecer con el paso del tiempo, obligando a las administraciones futuras a empezar otra vez desde cero.

En esto sí se entienden PSOE y PP. El Ayuntamiento de Toledo, presidido por Carlos Velázquez, lejos de corregir ese modelo, está siguiendo la misma senda en sus propias promociones de vivienda como las trece de la Avenida Santa Bárbara que tendrán exactamente la misma protección: Viviendas de Precio Tasado (VPT) por 15 años.

Gobierno regional y gobierno municipal discrepan en muchas cosas, pero parecen coincidir en una idea: utilizar el patrimonio público para crear vivienda asequible solo de manera temporal.

Pero… ¿Por qué vender definitivamente un recurso público que es escaso?

Cada parcela pública destinada a vivienda es una oportunidad única. Una vez vendida, no vuelve. Y cuando las viviendas dejan de estar protegidas, la Administración tiene que volver a comprar suelo, volver a invertir dinero público y volver a construir otra promoción para resolver el mismo problema.

Es una política que condena al sector público a correr eternamente detrás del mercado inmobiliario.

Existen alternativas. Cada vez más ciudades y países apuestan por modelos de protección permanente o de muy larga duración. Las familias pueden comprar una vivienda a un precio asequible, desarrollar en ella su proyecto de vida y venderla si lo necesitan, pero siempre dentro de un sistema que mantiene el precio controlado y garantiza que la vivienda siga siendo asequible para el siguiente comprador.

Así, cada euro invertido por la sociedad genera un patrimonio que permanece al servicio de la sociedad.

La política de vivienda no debería consistir únicamente en construir más viviendas. También debería preguntarse qué ocurre con ellas dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Porque cuando el suelo es público, la vivienda debería seguir cumpliendo una función pública.

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo tienen hoy la oportunidad de romper con un modelo que ya demostró sus límites. Pueden utilizar el patrimonio público para crear un parque de vivienda asequible permanente o pueden repetir una política que durante décadas ha ido transfiriendo al mercado libre viviendas construidas con recursos de todos.

Tropezar una vez puede ser un error. Tropezar dos veces con la misma piedra ya es una decisión política.

Para cerrar la quinta temporada de Un tema Al día escuchamos el episodio que grabamos en el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es que se celebró en Rivas-Vaciamadrid el 26 y 27 de junio (ese que el PP de Madrid trató de evitar que se celebrara). En este episodio especial, grabado ante el público, hablamos del monstruo de la vivienda. Un monstruo que recorre la historia de España… y la vida de Mari Carmen, cuya historia particular, que ahora tiene 87 años y que está en riesgo de desahucio, cuenta la historia de la vivienda en nuestro país.

Esta sucesión de problemas sin solución en torno a algo tan básico como tener una casa ha sido una constante en los episodios que hemos preparado estas temporadas de Un tema Al día. Escuchamos esos sonidos que nos ayudan a entender la variedad y magnitud del problema. Además, conocemos otras dos historias.

Una nos la trae Germán Aranda, periodista que cubre vivienda en elDiario.es. Nos vamos al barrio de La Peseta, en Madrid y entramos en la casa de Cristina, una de tantas personas en riesgo de desahucio porque su edificio fue comprado por Blackstone y, después, por otro fondo buitre, Brookfield. La otra historia, que no es especialmente dramática, pero que ayuda a contar la historia de todos, nos la trae el productor de Un tema Al día, Marcos García Santonja: es la historia de Elia, que vive con su hija en Lavapiés. Relata un miedo que viven todos los inquilinos: el de perder su hogar.

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Aquí puedes ver el episodio en vídeo:

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Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

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Eran las 10.30 horas cuando se confirmó el peor de los pronósticos: Dulce, Herminio y su familia tenían que abandonar la casa en la que han vivido los últimos cinco años de su vida. De poco sirvió que a las siete de la mañana empezaran a concentrarse decenas de personas frente al domicilio, en un bloque de viviendas sociales de El Ruedo (Moratalaz) donde ese día había programado un desahucio. Esta pareja tiene cinco hijos, tres de ellos menores y uno, el más pequeño, con síndrome de down y necesidades especiales a la hora de mantener una rutina fija. Pero ahora, después de este segundo intento en un mismo mes, deberán alternarse entre casas de familiares hasta dar con la solución definitiva.

“¡Pueden estar orgullosos del trabajo que están haciendo! Dejar a cinco niños en la calle es para volver a casa y darse golpes de pecho. ¡No tenéis conciencia ni corazón!”, gritó el padre de familia a los ocho agentes que conformaron un cordón policial, tratando de contener a los manifestantes. Herminio abandonó su casa con lágrimas en los ojos y se hizo brevemente el silencio, por primera vez desde que los asistentes avistaron a lo lejos un furgón de la Policía Nacional. Formando una cadena humana, los vecinos bloquearon el acceso hasta ser arrastrados por los efectivos allí presentes, que inicialmente trataron de persuadirles para abandonar el lugar.

Algunos cayeron al suelo; otros, terminaron enzarzándose verbalmente con la Policía hasta que, poco a poco, las esperanzas mermaron. A las puertas del domicilio había, en ese momento, tanto miembros de organizaciones ciudadanas con experiencia en luchas sociales hasta vecinos de a pie, que conocen la zona y son en su mayoría de etnia gitana, al igual que la familia expulsada. En declaraciones a Somos Madrid, Herminio confirma que han cambiado la puerta de su casa y también la cerradura, así que solo queda mantenerse a flote y dividirse entre casas de familiares: “Al menos, hasta que alguien escuche a la ONU”, resalta.

Y es que, horas atrás, los ánimos de Dulce y su familia habían dado un vuelco. El martes por la tarde, a un día de la segunda fecha de desahucio, un organismo de la ONU apoyó su causa y trasladó públicamente sus preocupaciones al Gobierno central. Pidió frenarlo hasta llegar a una conclusión clara u ofrecerles una vivienda alternativa “que se ajuste a sus necesidades”, después de que los aliados de Dulce enviaran una carta al Comité de Derechos del Niño (el brazo de Naciones Unidas para la Infancia) para denunciar su situación, exponiendo que la única altermativa recibida desde la Administración era una habitación temporal en pisos compartidos.

El pasado 21 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 del Tribunal de Instancia de Madrid autorizó a la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Vivienda Social, a acceder a la vivienda “ocupada ilegalmente” por Dulce y su familia, tal como consta en el auto al que ha tenido acceso este periódico. Aunque hubo un primer intento el pasado 3 de julio, este logró paralizarse a tiempo y dar algo de oxígeno a los apelados. Ni ella ni Herminio tienen contrato oficial del piso, según aclaran las asociaciones vecinales implicadas en la protesta. No obstante, ambos “han solicitado en múltiples ocasiones negociar un contrato de alquiler social para quedarse en ese piso”. No lo consiguieron.

“Una habitación no es opción para familias numerosas”, lamentaba esta madrugada José, el hermano de la afectada y uno de sus allegados más activos con la causa, refiriéndose a la única alternativa que hasta el momento han recibido. Aunque en los días previos fue quien mantuvo más contacto con los medios de comunicación, este miércoles no pudo acudir a la protesta que el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y otras asociaciones vecinales habían convocado frente a la casa de Dulce. Cuenta que justo le coincide con unas pruebas médicas para tratarse la epilepsia, por las que llevaba ocho meses esperando. A lo largo de la mañana fue muy criticada la ausencia de miembros de Samur Social que asistieran a las familias, con más alternativas que una habitación colectiva.

Fuentes del área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad –que gestiona este servicio de emergencias– confirmaron a Somos Madrid la presencia de estos efectivos en el domicilio, aunque este periódico no los ha localizado. “Los servicios municipales ofrecieron a la familia un programa de alojamiento alternativo y Samur Social ha puesto a su disposición un recurso temporal, pero lo rechazaron”, zanjan, refiriéndose a lo que según la parte afectada era una única habitación para todos en un piso compartido. “Según trasladan, cuentan con alternativa familiar”, añaden, a lo que los representantes vecinales especifican que se trata de “un hueco para dormir en el salón de la madre de Dulce”.

A lo largo de la mañana, en torno a medio centenar de personas llegaron a amontonarse en el lugar de la cita. Distintas organizaciones del barrio se han aliado para colaborar en la defensa del caso, también en los tribunales o acudiendo a instancias europeas. El martes por la noche, después de recibir la misiva de la ONU y habiendo enviado un nuevo requerimiento a la Agencia de Vivienda Social, de carácter regional –siempre según la versión de las asociaciones–, decidieron probar un último recurso: solicitar medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Uno de los argumentos que más preocupan es la situación del hijo pequeño, que tiene Síndrome de Down”, explica a Somos Madrid una de las abogadas que colabora con la familia desde la Asociación Apoyo (Fermad), que se ha unido a otras entidades como el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, la Asociación Caminar, Coordinadora de Barrios o una radio hiperlocal. Fuentes del SVM relatan que ese mismo día, el martes, dos agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Dulce para “hacerles desistir” y pedirles que abandonaran el inmueble por cuenta propia.

Las organizaciones vecinales habían citado a las siete de la mañana a quienes pudieran acudir a la zona de El Ruedo, un complejo de viviendas sociales en los laterales de la M-30, frente al Parque de Roma. En las tres horas que transcurrieron hasta las 10, cuando estaba prevista la llegada de la comisión judicial, fueron llegando otros simpatizantes o vecinos. Lucila era una de ellas. Vecina de enfrente, acude al portal de Dulce días después de paralizar su propio desahucio. “Vivo con mi nieto, que solo tiene cuatro meses, y nuestro abogado logró que aplazaran la fecha del desahucio. Pero tampoco tenemos alternativa, y solo vivimos a unos metros de aquí”, relata a Somos Madrid, acompañada de su hijo y padre del menor.

Uno de los hijos mayores de Dulce bajaba a saludar poco antes del intento de desahucio. En ese momento, volvió a narrar su periplo. “Hay muchos prejuicios por el hecho de ser gitanos, y eso nos ha hecho más difícil el encontrar una casa donde vivir. Mi madre está muy asustada porque son muchos los menores a su cargo. Esto es una injusticia”, zanja, minutos antes del fatídico desenlace. Pasadas las once, la marea humana comenzó a disiparse y el debate se trasladó al bar de al lado, en la misma calle y con el nombre de este complejo de viviendas en la M-30. Un día antes, la Selección había ganado a Francia dos a cero en el Mundial, pero allí quedaba una sensación latente de derrota. “España no ha ganado nada”, llegó a escucharse.

El delegat del Govern central a les Illes i exalcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrat aquest dijous la seva candidatura per encapçalar la llista del PSOE al municipi mallorquí a les eleccions de 2027.

En una carta adreçada a la militància, Rodríguez ha explicat que fa el pas amb la voluntat de liderar un projecte que torni a situar les persones al centre de l'acció política i recuperi un Calvià pensat per als qui viuen, treballen i volen desenvolupar el seu projecte de vida.

Sota el lema 'Un Calvià per viure', la candidatura proposa una nova etapa basada en l'habitatge, la proximitat, la protecció del territori i l'enfortiment dels serveis públics.

En aquest sentit, una de les principals prioritats de la seva candidatura serà recuperar una “política decidida” de construcció d'habitatge de protecció oficial, com la impulsada durant els seus anys al capdavant de l'Ajuntament amb promocions a Santa Ponça i Magaluf.

“Calvià necessita tornar a construir habitatge públic perquè els nostres joves i les famílies puguin desenvolupar aquí el seu projecte de vida. Ja vam demostrar que era possible i vull tornar a fer-ho realitat”, assenyala en la missiva.

El socialista defensa un model turístic que pensi en les persones que fan possible el principal motor econòmic del municipi. “No existeix una bona política turística si no pensa també en el benestar dels seus treballadors i treballadores, en la seva formació i en unes condicions laborals dignes. Un Calvià millor també es construeix cuidant els qui sostenen el nostre turisme cada dia”, ha afegit.

Rodríguez ha agraït la feina del Grup Municipal Socialista durant aquesta legislatura, destacant una oposició “útil, responsable i propera”, centrada tant a fiscalitzar l'acció del govern com a presentar propostes per donar resposta als problemes dels veïns de Calvià.

Rodríguez també situa entre les seves prioritats la defensa del territori i la millora de la qualitat de vida dels residents, apostant per un municipi amb més espais verds i menys ciment.

“Calvià ha de protegir allò que el fa únic. Necessitem un Ajuntament que cuidi el nostre territori, que aposti per més zones verdes i menys asfalt, i que pensi sempre a millorar la qualitat de vida dels qui vivim aquí”, ha defensat.

Alfonso Rodríguez assegura afrontar aquest nou repte “amb la il·lusió, les forces i les ganes” de tornar a encapçalar la candidatura socialista i construir, al costat de la ciutadania, un projecte de futur per al municipi.

El delegado del Gobierno en las Islas y exalcade de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrado este jueves su candidatura para encabezar la lista del PSOE al municipios mallorquín en las elecciones de 2027.

En una carta dirigida a la militancia, Rodríguez ha explicado que da el paso con la voluntad de liderar un proyecto que vuelva a situar a las personas en el centro de la acción política y recupere un Calvià pensado para quienes viven, trabajan y quieren desarrollar su proyecto de vida.

Bajo el lema 'Un Calvià para vivir', la candidatura propone una nueva etapa basada en la vivienda, la proximidad, la protección del territorio y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En este sentido, una de las principales prioridades de su candidatura será recuperar una “política decidida” de construcción de vivienda de protección oficial, como la impulsada durante sus años al frente del Ayuntamiento con promociones en Santa Ponça y Magaluf.

“Calvià necesita volver a construir vivienda pública para que nuestros jóvenes y las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Ya demostramos que era posible y quiero volver a hacerlo realidad”, señala en la misiva.

El socialista defiende un modelo turístico que piense en las personas que hacen posible el principal motor económico del municipio. “No existe una buena política turística si no piensa también en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, en su formación y en unas condiciones laborales dignas. Un Calvià mejor también se construye cuidando a quienes sostienen nuestro turismo cada día”, ha añadido.

Rodríguez ha agradecido el trabajo del Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura, destacando una oposición “útil, responsable y cercana”, centrada tanto en fiscalizar la acción del gobierno como en presentar propuestas para dar respuesta a los problemas de los vecinos de Calvià.

Rodríguez también sitúa entre sus prioridades la defensa del territorio y la mejora de la calidad de vida de los residentes, apostando por un municipio con más espacios verdes y menos cemento.

“Calvià debe proteger aquello que lo hace único. Necesitamos un Ayuntamiento que cuide nuestro territorio, que apueste por más zonas verdes y menos asfalto, y que piense siempre en mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha defendido.

Alfonso Rodríguez asegura afrontar este nuevo reto “con la ilusión, las fuerzas y las ganas” de volver a encabezar la candidatura socialista y construir, junto a la ciudadanía, un proyecto de futuro para el municipio.

A tan solo tres días del desahucio masivo previsto en Becerril de Guía, se ha celebrado una reunión con las cuatro familias con menores que viven en el poblado. Según ha podido saber este periódico, en la reunión el Ayuntamiento les ha comunicado que “no hay nada para ellos”, al mismo tiempo que les ha advertido de que los menores afectados por el desahucio “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Afirmación que los vecinos han entendido como una amenaza. A la reunión han asistido el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, dos trabajadoras sociales y miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Han pasado dos meses desde que el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, informó a los medios de comunicación de que el 30 de junio se produciría un desahucio de 200 personas. El consistorio conoce desde diciembre de 2024, por un auto judicial, que se produciría este desalojo masivo en un terreno propiedad del grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM). Es el propio Ayuntamiento de Guía el que ha empadronado “al menos a 79 personas” en este poblado, según reconocía el propio alcalde a este periódico. Actualmente, el consistorio cifra en 50 las personas que serán desahuciadas el próximo martes y no tiene ningún tipo de ayuda ni solución habitacional para ellas, según afirma uno de los afectados a Canarias Ahora.

El desahucio se ha ido posponiendo por vía judicial desde octubre de 2025 a falta de informes de vulnerabilidad social. La última vez que el Juzgado solicitó estos informes al Ayuntamiento fue el pasado mes de marzo. Hasta ahora, el consistorio no ha informado de cuántos informes de vulnerabilidad social ha preparado y presentado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía.

Por su parte, la abogada de una de las personas afectadas ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por no haberse tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de su representado. En la parte del recurso a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la defensa considera que dicho auto carece de “valoración fáctica alguna, solicitud de informe de servicios sociales o ponderación del impacto del lanzamiento”. Es decir, que al menos en el caso de su cliente la vulnerabilidad no está correctamente acreditada para proceder al desalojo.

A la pregunta formulada al Ayuntamiento de Guía sobre cuántos informes de vulnerabilidad ha remitido al Juzgado tras el requerimiento de la jueza, posterior a un primer aplazamiento, el consistorio responde a esta redacción que “ha colaborado en todo momento con el Juzgado”, sin ofrecer más detalles al tratarse, alegan, de “información sensible”.

Colaboración interinstitucional

La noticia de este desahucio saltó a la opinión pública tras una nota emitida por el Ayuntamiento de Guía el pasado 9 de abril, en la que solicitaba colaboración interinstitucional, principalmente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, para amortiguar con tiempo el impacto que el desalojo pudiera tener sobre la vida de unas 200 personas.

Ese día, la Junta de Gobierno Local aprobó la declaración de “situación de riesgo social y sanitario” y la solicitud formal del apoyo y la actuación urgente de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para adoptar las medidas que correspondan en “materia de seguridad pública, atención social especializada, protección de menores, salud pública o recursos de acogida temporal y cuantas otras medidas resulten necesarias”. Se volvió a remitir el 29 de abril por sede electrónica y por correo electrónico a Cruz Roja Española en Las Palmas.

El Ayuntamiento asegura que este jueves se celebró “una última reunión” a la que asistieron representantes de las diferentes administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El propio alcalde había convocado a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que según ha podido confirmar este periódico “no les consta haber participado”. Hoy, en el poblado permanecen menos residentes —unas 50 personas, según el Ayuntamiento—, ya que muchas han ido abandonando el lugar ante la proximidad de la fecha de lanzamiento.

Un embudo en los recursos

Actualmente, el municipio de Guía carece de recursos habitacionales propios, lo que impide dar una respuesta inmediata a situaciones de emergencia como los desahucios y obliga a recurrir a otras administraciones. Además, el plan concertado de este año tiene una inversión de 4.416,98 euros inferior a la del año anterior, según datos de la Consejería de Bienestar Social.

Con una estructura limitada a cinco trabajadoras sociales -tres fijas, dos interinas y una externa vinculada a la Renta Canaria-, el sistema afronta una sobrecarga crítica. La gestión de expedientes de vulnerabilidad, ayudas y alternativas habitacionales recae sobre un equipo claramente insuficiente, lo que anticipa un posible colapso administrativo ante picos de demanda como el actual.

“Ignorados ocupantes”

Actualmente, hay al menos 79 personas empadronadas en el asentamiento de la antigua finca de Mr. Leacock. Según el auto judicial de 6 de marzo, quien ejecuta el lanzamiento es Félix Santiago Melián SL, y los interpelados son únicamente dos personas con nombre y apellidos. También se menciona como ejecutados a los “ignorados ocupantes” y se cita como interesado al Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Según el testimonio de algunos de los residentes entrevistados por Canarias Ahora, “nadie del Ayuntamiento se ha preocupado por nosotros ni ha pasado por aquí”.

En una entrevista anterior, se señalaba que “actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias, con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía”.

Así, según la información recabada, todo apunta a que el desahucio de Mr. Leacock sigue previsto y que no se han producido avances administrativos significativos desde el mes de abril. Algunos residentes han manifestado a este periódico su intención de concentrarse frente al Ayuntamiento y que no saben dónde van a dormir el martes si finalmente se ejecuta el desalojo.

Clara Salas, vecina de la calle Hermanos Calderón, ha hecho este jueves por primera vez en su vida una pregunta ante el pleno municipal del Ayuntamiento de Santander: “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”. Y lo ha preguntado, en representación del centenar de inquilinos afectados por la venta de tres bloques de pisos en lote de la Fundación La Caixa a un privado, llamado Mosaic Propco, que ha dado dos opciones a través de terceros: que compren sus pisos o que se marchen cuando les venza el contrato, en muchos casos, en 2027.

La respuesta institucional de Gema Igual ha sido: “Entiendo que la solicitud, para no llevarme a engaño, es que el Ayuntamiento de Santander compre sus pisos”, a lo que Salas ha respondido que “efectivamente”, e Igual le ha respondido en 12 segundos exactos: “Muchas gracias, recibimos su solicitud, la estudiamos y les contestamos”. Pero no ha quedado ahí.

El pleno municipal de Santander de junio ha sido largo y con fallos en el sistema de microfonía en la sala y en el vídeo web que permite a la ciudadanía escuchar desde la web del ayuntamiento los plenos. Después de cinco horas y media de pleno, pero ya en el turno de ruegos y preguntas, que incluye la opción de que el público -previo registro- haga una pregunta, la alcaldesa ha decidido hacer un receso de hora y media, del que ha dicho que había informado, pero no se le ha oído -ha justificado-, por los problemas con la microfonía.

Al inicio del receso, vecinas de la calle Hermanos Calderón, sorprendidas han hablado con Igual para afearle la decisión, porque muchos no podían volver después al pleno. La alcaldesa les ha dicho que los recesos son habituales, pero el concejal de IU, Keruin Martínez, ha intervenido en la conversación informal para advertir de que, en situaciones similares, no hay recesos. Entonces el grupo, acompañado del Sindicato de la Vivienda, le ha pedido a Gema Igual un compromiso de reunión, porque la alcaldesa había condicionado días atrás la posibilidad de reunirse con ellos hasta tener un informe histórico del caso y también de recibir una respuesta del fondo privado sobre la situación de los bloques. Este jueves, fuera de micrófonos, les ha confirmado que se reunirá con los vecinos en julio, aunque no reciba respuesta del fondo Mosaic Propco. También ha invitado a que fueran en ese momento a su despacho dos representantes del grupo de inquilinos, que han aceptado. Todo, de nuevo, fuera de cámaras.

Dos horas y media después ha sido la intervención de Salas en el turno de preguntas del público. Una intervención que no ha podido verse en la portada de la web del Ayuntamiento, donde se ha emitido como cada pleno mensual, porque la señal se ha cortado justo antes de que Salas pusiera contexto al caso, durante una intervención de cinco minutos, y le preguntara “si va a obrar como otras Administraciones”.

Lo ha planteado poniendo de ejemplo a la Generalitat de Catalunya -que ha comprado unos bloques de viviendas manteniéndolas en un régimen de alquiler social, porque el suelo era municipal-, “o nos va a abandonar para que seamos despellejados por los buitres que asolan nuestras ciudades, expulsándonos de Santander. Son ustedes los que hablan del arraigo cada vez que pueden. ¿Por qué el Ayuntamiento de Santander no negocia la adquisición de estos edificios?”. La respuesta, a efectos prácticos, aún no llega.