Eran las 10.30 horas cuando se confirmó el peor de los pronósticos: Dulce, Herminio y su familia tenían que abandonar la casa en la que han vivido los últimos cinco años de su vida. De poco sirvió que a las siete de la mañana empezaran a concentrarse decenas de personas frente al domicilio, en un bloque de viviendas sociales de El Ruedo (Moratalaz) donde ese día había programado un desahucio. Esta pareja tiene cinco hijos, tres de ellos menores y uno, el más pequeño, con síndrome de down y necesidades especiales a la hora de mantener una rutina fija. Pero ahora, después de este segundo intento en un mismo mes, deberán alternarse entre casas de familiares hasta dar con la solución definitiva.

“¡Pueden estar orgullosos del trabajo que están haciendo! Dejar a cinco niños en la calle es para volver a casa y darse golpes de pecho. ¡No tenéis conciencia ni corazón!”, gritó el padre de familia a los ocho agentes que conformaron un cordón policial, tratando de contener a los manifestantes. Herminio abandonó su casa con lágrimas en los ojos y se hizo brevemente el silencio, por primera vez desde que los asistentes avistaron a lo lejos un furgón de la Policía Nacional. Formando una cadena humana, los vecinos bloquearon el acceso hasta ser arrastrados por los efectivos allí presentes, que inicialmente trataron de persuadirles para abandonar el lugar.

Algunos cayeron al suelo; otros, terminaron enzarzándose verbalmente con la Policía hasta que, poco a poco, las esperanzas mermaron. A las puertas del domicilio había, en ese momento, tanto miembros de organizaciones ciudadanas con experiencia en luchas sociales hasta vecinos de a pie, que conocen la zona y son en su mayoría de etnia gitana, al igual que la familia expulsada. En declaraciones a Somos Madrid, Herminio confirma que han cambiado la puerta de su casa y también la cerradura, así que solo queda mantenerse a flote y dividirse entre casas de familiares: “Al menos, hasta que alguien escuche a la ONU”, resalta.

Y es que, horas atrás, los ánimos de Dulce y su familia habían dado un vuelco. El martes por la tarde, a un día de la segunda fecha de desahucio, un organismo de la ONU apoyó su causa y trasladó públicamente sus preocupaciones al Gobierno central. Pidió frenarlo hasta llegar a una conclusión clara u ofrecerles una vivienda alternativa “que se ajuste a sus necesidades”, después de que los aliados de Dulce enviaran una carta al Comité de Derechos del Niño (el brazo de Naciones Unidas para la Infancia) para denunciar su situación, exponiendo que la única altermativa recibida desde la Administración era una habitación temporal en pisos compartidos.

El pasado 21 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 del Tribunal de Instancia de Madrid autorizó a la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Vivienda Social, a acceder a la vivienda “ocupada ilegalmente” por Dulce y su familia, tal como consta en el auto al que ha tenido acceso este periódico. Aunque hubo un primer intento el pasado 3 de julio, este logró paralizarse a tiempo y dar algo de oxígeno a los apelados. Ni ella ni Herminio tienen contrato oficial del piso, según aclaran las asociaciones vecinales implicadas en la protesta. No obstante, ambos “han solicitado en múltiples ocasiones negociar un contrato de alquiler social para quedarse en ese piso”. No lo consiguieron.

“Una habitación no es opción para familias numerosas”, lamentaba esta madrugada José, el hermano de la afectada y uno de sus allegados más activos con la causa, refiriéndose a la única alternativa que hasta el momento han recibido. Aunque en los días previos fue quien mantuvo más contacto con los medios de comunicación, este miércoles no pudo acudir a la protesta que el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y otras asociaciones vecinales habían convocado frente a la casa de Dulce. Cuenta que justo le coincide con unas pruebas médicas para tratarse la epilepsia, por las que llevaba ocho meses esperando. A lo largo de la mañana fue muy criticada la ausencia de miembros de Samur Social que asistieran a las familias, con más alternativas que una habitación colectiva.

Fuentes del área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad –que gestiona este servicio de emergencias– confirmaron a Somos Madrid la presencia de estos efectivos en el domicilio, aunque este periódico no los ha localizado. “Los servicios municipales ofrecieron a la familia un programa de alojamiento alternativo y Samur Social ha puesto a su disposición un recurso temporal, pero lo rechazaron”, zanjan, refiriéndose a lo que según la parte afectada era una única habitación para todos en un piso compartido. “Según trasladan, cuentan con alternativa familiar”, añaden, a lo que los representantes vecinales especifican que se trata de “un hueco para dormir en el salón de la madre de Dulce”.

A lo largo de la mañana, en torno a medio centenar de personas llegaron a amontonarse en el lugar de la cita. Distintas organizaciones del barrio se han aliado para colaborar en la defensa del caso, también en los tribunales o acudiendo a instancias europeas. El martes por la noche, después de recibir la misiva de la ONU y habiendo enviado un nuevo requerimiento a la Agencia de Vivienda Social, de carácter regional –siempre según la versión de las asociaciones–, decidieron probar un último recurso: solicitar medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

“Uno de los argumentos que más preocupan es la situación del hijo pequeño, que tiene Síndrome de Down”, explica a Somos Madrid una de las abogadas que colabora con la familia desde la Asociación Apoyo (Fermad), que se ha unido a otras entidades como el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, la Asociación Caminar, Coordinadora de Barrios o una radio hiperlocal. Fuentes del SVM relatan que ese mismo día, el martes, dos agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio de Dulce para “hacerles desistir” y pedirles que abandonaran el inmueble por cuenta propia.

Las organizaciones vecinales habían citado a las siete de la mañana a quienes pudieran acudir a la zona de El Ruedo, un complejo de viviendas sociales en los laterales de la M-30, frente al Parque de Roma. En las tres horas que transcurrieron hasta las 10, cuando estaba prevista la llegada de la comisión judicial, fueron llegando otros simpatizantes o vecinos. Lucila era una de ellas. Vecina de enfrente, acude al portal de Dulce días después de paralizar su propio desahucio. “Vivo con mi nieto, que solo tiene cuatro meses, y nuestro abogado logró que aplazaran la fecha del desahucio. Pero tampoco tenemos alternativa, y solo vivimos a unos metros de aquí”, relata a Somos Madrid, acompañada de su hijo y padre del menor.

Uno de los hijos mayores de Dulce bajaba a saludar poco antes del intento de desahucio. En ese momento, volvió a narrar su periplo. “Hay muchos prejuicios por el hecho de ser gitanos, y eso nos ha hecho más difícil el encontrar una casa donde vivir. Mi madre está muy asustada porque son muchos los menores a su cargo. Esto es una injusticia”, zanja, minutos antes del fatídico desenlace. Pasadas las once, la marea humana comenzó a disiparse y el debate se trasladó al bar de al lado, en la misma calle y con el nombre de este complejo de viviendas en la M-30. Un día antes, la Selección había ganado a Francia dos a cero en el Mundial, pero allí quedaba una sensación latente de derrota. “España no ha ganado nada”, llegó a escucharse.

El delegat del Govern central a les Illes i exalcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrat aquest dijous la seva candidatura per encapçalar la llista del PSOE al municipi mallorquí a les eleccions de 2027.

En una carta adreçada a la militància, Rodríguez ha explicat que fa el pas amb la voluntat de liderar un projecte que torni a situar les persones al centre de l'acció política i recuperi un Calvià pensat per als qui viuen, treballen i volen desenvolupar el seu projecte de vida.

Sota el lema 'Un Calvià per viure', la candidatura proposa una nova etapa basada en l'habitatge, la proximitat, la protecció del territori i l'enfortiment dels serveis públics.

En aquest sentit, una de les principals prioritats de la seva candidatura serà recuperar una “política decidida” de construcció d'habitatge de protecció oficial, com la impulsada durant els seus anys al capdavant de l'Ajuntament amb promocions a Santa Ponça i Magaluf.

“Calvià necessita tornar a construir habitatge públic perquè els nostres joves i les famílies puguin desenvolupar aquí el seu projecte de vida. Ja vam demostrar que era possible i vull tornar a fer-ho realitat”, assenyala en la missiva.

El socialista defensa un model turístic que pensi en les persones que fan possible el principal motor econòmic del municipi. “No existeix una bona política turística si no pensa també en el benestar dels seus treballadors i treballadores, en la seva formació i en unes condicions laborals dignes. Un Calvià millor també es construeix cuidant els qui sostenen el nostre turisme cada dia”, ha afegit.

Rodríguez ha agraït la feina del Grup Municipal Socialista durant aquesta legislatura, destacant una oposició “útil, responsable i propera”, centrada tant a fiscalitzar l'acció del govern com a presentar propostes per donar resposta als problemes dels veïns de Calvià.

Rodríguez també situa entre les seves prioritats la defensa del territori i la millora de la qualitat de vida dels residents, apostant per un municipi amb més espais verds i menys ciment.

“Calvià ha de protegir allò que el fa únic. Necessitem un Ajuntament que cuidi el nostre territori, que aposti per més zones verdes i menys asfalt, i que pensi sempre a millorar la qualitat de vida dels qui vivim aquí”, ha defensat.

Alfonso Rodríguez assegura afrontar aquest nou repte “amb la il·lusió, les forces i les ganes” de tornar a encapçalar la candidatura socialista i construir, al costat de la ciutadania, un projecte de futur per al municipi.

El delegado del Gobierno en las Islas y exalcade de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrado este jueves su candidatura para encabezar la lista del PSOE al municipios mallorquín en las elecciones de 2027.

En una carta dirigida a la militancia, Rodríguez ha explicado que da el paso con la voluntad de liderar un proyecto que vuelva a situar a las personas en el centro de la acción política y recupere un Calvià pensado para quienes viven, trabajan y quieren desarrollar su proyecto de vida.

Bajo el lema 'Un Calvià para vivir', la candidatura propone una nueva etapa basada en la vivienda, la proximidad, la protección del territorio y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En este sentido, una de las principales prioridades de su candidatura será recuperar una “política decidida” de construcción de vivienda de protección oficial, como la impulsada durante sus años al frente del Ayuntamiento con promociones en Santa Ponça y Magaluf.

“Calvià necesita volver a construir vivienda pública para que nuestros jóvenes y las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Ya demostramos que era posible y quiero volver a hacerlo realidad”, señala en la misiva.

El socialista defiende un modelo turístico que piense en las personas que hacen posible el principal motor económico del municipio. “No existe una buena política turística si no piensa también en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, en su formación y en unas condiciones laborales dignas. Un Calvià mejor también se construye cuidando a quienes sostienen nuestro turismo cada día”, ha añadido.

Rodríguez ha agradecido el trabajo del Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura, destacando una oposición “útil, responsable y cercana”, centrada tanto en fiscalizar la acción del gobierno como en presentar propuestas para dar respuesta a los problemas de los vecinos de Calvià.

Rodríguez también sitúa entre sus prioridades la defensa del territorio y la mejora de la calidad de vida de los residentes, apostando por un municipio con más espacios verdes y menos cemento.

“Calvià debe proteger aquello que lo hace único. Necesitamos un Ayuntamiento que cuide nuestro territorio, que apueste por más zonas verdes y menos asfalto, y que piense siempre en mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha defendido.

Alfonso Rodríguez asegura afrontar este nuevo reto “con la ilusión, las fuerzas y las ganas” de volver a encabezar la candidatura socialista y construir, junto a la ciudadanía, un proyecto de futuro para el municipio.

A tan solo tres días del desahucio masivo previsto en Becerril de Guía, se ha celebrado una reunión con las cuatro familias con menores que viven en el poblado. Según ha podido saber este periódico, en la reunión el Ayuntamiento les ha comunicado que “no hay nada para ellos”, al mismo tiempo que les ha advertido de que los menores afectados por el desahucio “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Afirmación que los vecinos han entendido como una amenaza. A la reunión han asistido el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, dos trabajadoras sociales y miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Han pasado dos meses desde que el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, informó a los medios de comunicación de que el 30 de junio se produciría un desahucio de 200 personas. El consistorio conoce desde diciembre de 2024, por un auto judicial, que se produciría este desalojo masivo en un terreno propiedad del grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM). Es el propio Ayuntamiento de Guía el que ha empadronado “al menos a 79 personas” en este poblado, según reconocía el propio alcalde a este periódico. Actualmente, el consistorio cifra en 50 las personas que serán desahuciadas el próximo martes y no tiene ningún tipo de ayuda ni solución habitacional para ellas, según afirma uno de los afectados a Canarias Ahora.

El desahucio se ha ido posponiendo por vía judicial desde octubre de 2025 a falta de informes de vulnerabilidad social. La última vez que el Juzgado solicitó estos informes al Ayuntamiento fue el pasado mes de marzo. Hasta ahora, el consistorio no ha informado de cuántos informes de vulnerabilidad social ha preparado y presentado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía.

Por su parte, la abogada de una de las personas afectadas ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por no haberse tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de su representado. En la parte del recurso a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la defensa considera que dicho auto carece de “valoración fáctica alguna, solicitud de informe de servicios sociales o ponderación del impacto del lanzamiento”. Es decir, que al menos en el caso de su cliente la vulnerabilidad no está correctamente acreditada para proceder al desalojo.

A la pregunta formulada al Ayuntamiento de Guía sobre cuántos informes de vulnerabilidad ha remitido al Juzgado tras el requerimiento de la jueza, posterior a un primer aplazamiento, el consistorio responde a esta redacción que “ha colaborado en todo momento con el Juzgado”, sin ofrecer más detalles al tratarse, alegan, de “información sensible”.

Colaboración interinstitucional

La noticia de este desahucio saltó a la opinión pública tras una nota emitida por el Ayuntamiento de Guía el pasado 9 de abril, en la que solicitaba colaboración interinstitucional, principalmente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, para amortiguar con tiempo el impacto que el desalojo pudiera tener sobre la vida de unas 200 personas.

Ese día, la Junta de Gobierno Local aprobó la declaración de “situación de riesgo social y sanitario” y la solicitud formal del apoyo y la actuación urgente de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para adoptar las medidas que correspondan en “materia de seguridad pública, atención social especializada, protección de menores, salud pública o recursos de acogida temporal y cuantas otras medidas resulten necesarias”. Se volvió a remitir el 29 de abril por sede electrónica y por correo electrónico a Cruz Roja Española en Las Palmas.

El Ayuntamiento asegura que este jueves se celebró “una última reunión” a la que asistieron representantes de las diferentes administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El propio alcalde había convocado a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que según ha podido confirmar este periódico “no les consta haber participado”. Hoy, en el poblado permanecen menos residentes —unas 50 personas, según el Ayuntamiento—, ya que muchas han ido abandonando el lugar ante la proximidad de la fecha de lanzamiento.

Un embudo en los recursos

Actualmente, el municipio de Guía carece de recursos habitacionales propios, lo que impide dar una respuesta inmediata a situaciones de emergencia como los desahucios y obliga a recurrir a otras administraciones. Además, el plan concertado de este año tiene una inversión de 4.416,98 euros inferior a la del año anterior, según datos de la Consejería de Bienestar Social.

Con una estructura limitada a cinco trabajadoras sociales -tres fijas, dos interinas y una externa vinculada a la Renta Canaria-, el sistema afronta una sobrecarga crítica. La gestión de expedientes de vulnerabilidad, ayudas y alternativas habitacionales recae sobre un equipo claramente insuficiente, lo que anticipa un posible colapso administrativo ante picos de demanda como el actual.

“Ignorados ocupantes”

Actualmente, hay al menos 79 personas empadronadas en el asentamiento de la antigua finca de Mr. Leacock. Según el auto judicial de 6 de marzo, quien ejecuta el lanzamiento es Félix Santiago Melián SL, y los interpelados son únicamente dos personas con nombre y apellidos. También se menciona como ejecutados a los “ignorados ocupantes” y se cita como interesado al Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Según el testimonio de algunos de los residentes entrevistados por Canarias Ahora, “nadie del Ayuntamiento se ha preocupado por nosotros ni ha pasado por aquí”.

En una entrevista anterior, se señalaba que “actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias, con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía”.

Así, según la información recabada, todo apunta a que el desahucio de Mr. Leacock sigue previsto y que no se han producido avances administrativos significativos desde el mes de abril. Algunos residentes han manifestado a este periódico su intención de concentrarse frente al Ayuntamiento y que no saben dónde van a dormir el martes si finalmente se ejecuta el desalojo.

Clara Salas, vecina de la calle Hermanos Calderón, ha hecho este jueves por primera vez en su vida una pregunta ante el pleno municipal del Ayuntamiento de Santander: “Mientras los fondos buitre se adueñan de nuestra ciudad y convierten la vivienda en un negocio, ¿qué va a hacer este Ayuntamiento?”. Y lo ha preguntado, en representación del centenar de inquilinos afectados por la venta de tres bloques de pisos en lote de la Fundación La Caixa a un privado, llamado Mosaic Propco, que ha dado dos opciones a través de terceros: que compren sus pisos o que se marchen cuando les venza el contrato, en muchos casos, en 2027.

La respuesta institucional de Gema Igual ha sido: “Entiendo que la solicitud, para no llevarme a engaño, es que el Ayuntamiento de Santander compre sus pisos”, a lo que Salas ha respondido que “efectivamente”, e Igual le ha respondido en 12 segundos exactos: “Muchas gracias, recibimos su solicitud, la estudiamos y les contestamos”. Pero no ha quedado ahí.

El pleno municipal de Santander de junio ha sido largo y con fallos en el sistema de microfonía en la sala y en el vídeo web que permite a la ciudadanía escuchar desde la web del ayuntamiento los plenos. Después de cinco horas y media de pleno, pero ya en el turno de ruegos y preguntas, que incluye la opción de que el público -previo registro- haga una pregunta, la alcaldesa ha decidido hacer un receso de hora y media, del que ha dicho que había informado, pero no se le ha oído -ha justificado-, por los problemas con la microfonía.

Al inicio del receso, vecinas de la calle Hermanos Calderón, sorprendidas han hablado con Igual para afearle la decisión, porque muchos no podían volver después al pleno. La alcaldesa les ha dicho que los recesos son habituales, pero el concejal de IU, Keruin Martínez, ha intervenido en la conversación informal para advertir de que, en situaciones similares, no hay recesos. Entonces el grupo, acompañado del Sindicato de la Vivienda, le ha pedido a Gema Igual un compromiso de reunión, porque la alcaldesa había condicionado días atrás la posibilidad de reunirse con ellos hasta tener un informe histórico del caso y también de recibir una respuesta del fondo privado sobre la situación de los bloques. Este jueves, fuera de micrófonos, les ha confirmado que se reunirá con los vecinos en julio, aunque no reciba respuesta del fondo Mosaic Propco. También ha invitado a que fueran en ese momento a su despacho dos representantes del grupo de inquilinos, que han aceptado. Todo, de nuevo, fuera de cámaras.

Dos horas y media después ha sido la intervención de Salas en el turno de preguntas del público. Una intervención que no ha podido verse en la portada de la web del Ayuntamiento, donde se ha emitido como cada pleno mensual, porque la señal se ha cortado justo antes de que Salas pusiera contexto al caso, durante una intervención de cinco minutos, y le preguntara “si va a obrar como otras Administraciones”.

Lo ha planteado poniendo de ejemplo a la Generalitat de Catalunya -que ha comprado unos bloques de viviendas manteniéndolas en un régimen de alquiler social, porque el suelo era municipal-, “o nos va a abandonar para que seamos despellejados por los buitres que asolan nuestras ciudades, expulsándonos de Santander. Son ustedes los que hablan del arraigo cada vez que pueden. ¿Por qué el Ayuntamiento de Santander no negocia la adquisición de estos edificios?”. La respuesta, a efectos prácticos, aún no llega.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, en coordinación con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el también socialista Javier Hurtado, ha enviado una carta a Jesús Encinar, CEO y fundador de Idealista, para exigir la retirada de anuncios de ventas de viviendas de protección oficial con sobreprecios. Al no ser legal vender las viviendas tasadas por un precio superior al establecido por el Gobierno vasco, lo que hacen los propietarios es vender los muebles por un precio considerablemente más elevado y así llevarse una ganancia extra. De hecho, se ha anunciado ya una reforma legislativa en este sentido.

“En los últimos días, hemos podido constatar la existencia de ofertas en las que la transmisión de viviendas protegidas se condiciona, de forma indisociable, al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios. Esta práctica, presentada como una supuesta compraventa de muebles, encubre en realidad un sobreprecio que vulnera de manera clara el régimen jurídico de las VPO y desnaturaliza los objetivos de interés público que las sustentan”, alerta la carta.

En el escrito Itxaso recalca que “el parque de vivienda protegida en Euskadi es el resultado de un esfuerzo sostenido durante décadas por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto: un esfuerzo económico, normativo y humano orientado a garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para las clases medias y trabajadoras”. “La VPO no es un producto especulativo, sino un instrumento clave de cohesión social, diseñado precisamente para amortiguar las tensiones de un mercado inmobiliario cuyos precios se han desacoplado de las capacidades adquisitivas de buena parte de la ciudadanía. No podemos, por tanto, admitir que este objetivo se vea pervertido mediante prácticas que, bajo apariencia de legalidad, introducen incrementos ilegítimos en el precio efectivo de las viviendas. Es evidente que el mobiliario tiene un valor en el mercado; pero resulta igualmente evidente que no puede imponerse su adquisición como condición necesaria para acceder a una vivienda protegida”, sostiene.

De esta manera, exige tres acciones a Idealista: que procedan a la “revisión inmediata” de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en su plataforma, con especial atención a aquellas ofertas que incluyan pagos adicionales encubiertos; que “retiren sin demora” todos aquellos anuncios en los que se condicione la compraventa de la VPO a la adquisición obligatoria de mobiliario u otros bienes accesorios y que “establezcan mecanismos de control y verificación más estrictos”, que impidan la publicación y difusión de este tipo de prácticas en el futuro.

Además, Itxaso ha informado de que desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco han iniciado ya “actuaciones de inspección y análisis en distintos expedientes”, y no descartan “emprender las acciones administrativas o legales que correspondan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”. Por último, la carta finaliza con un aviso para el propietario de Idealista. “Le informamos de que hemos puesto los hechos en conocimiento del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, por las responsabilidades que pudieran derivarse en lo que afecta a los ámbitos de su competencia. Estamos convencidos de que Idealista, como plataforma de referencia en el mercado inmobiliario, comparte la responsabilidad de contribuir a la transparencia, la legalidad y la equidad en el acceso a la vivienda. Le insto, por tanto, a actuar con diligencia y compromiso para erradicar estas prácticas”, concluye.

Podemos Cantabria ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra el Ayuntamiento de Santander por no facilitar la documentación relativa a las viviendas de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.

La formación registró el 5 de mayo una solicitud de acceso a información pública para conocer los convenios, acuerdos, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos existentes entre el Ayuntamiento y la Obra Social “la Caixa”, CaixaBank o entidades vinculadas en relación con estas promociones.

La petición afecta a las 107 viviendas incluidas dentro de este programa de alquiler asequible: 70 entregadas en 2013 y otras 37 en 2016.

Se trata de inmuebles promovidos originalmente por la Obra Social “la Caixa” que han acabado en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo.

Tras no recibir respuesta del Ayuntamiento de Santander dentro del plazo legal, Podemos ha decidido elevar el caso al Consejo de Transparencia.

“No puede ser que Íñigo de la Serna promocionara estas viviendas desde el Ayuntamiento como una obra social y ahora el propio Ayuntamiento no entregue el convenio que explica qué se firmó y qué garantías tenían las familias. Una falta de transparencia que es un patrón de conducta consolidado en las administraciones gobernadas por el PP en Cantabria”, ha denunciado Pablo Gómez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria.

La formación mantuvo este miércoles un encuentro con vecinos afectados, quienes trasladaron su preocupación por el futuro de sus hogares “después de que unas viviendas que nacieron bajo la promesa de ofrecer alquileres asequibles hayan terminado en manos de una sociedad inversora”, ha señalado la formación.

“Queremos el convenio para saber la verdad: cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta, derechos de tanteo o retracto, y qué obligaciones asumieron las partes cuando se presentó este proyecto como una iniciativa social”, han precisado desde Podemos.

La formación ha explicado que la reclamación presentada ante Transparencia afecta a documentación relacionada con una política pública de vivienda y con actuaciones en las que participó una administración, por lo que considera que existe“ un evidente interés ciudadano en conocer todo el expediente”. “No hablamos solo de una compraventa entre empresas. Hablamos de viviendas que fueron presentadas institucionalmente como una solución para familias trabajadoras. Las administraciones que se hicieron la foto entonces tienen que dar explicaciones ahora”, ha sostenido Gómez.

Para Podemos “Lo mínimo que merecen estas familias es respeto y transparencia. Si todo se hizo correctamente, no debería haber ningún problema en enseñar los documentos”, concluye.

Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.

Las 107 viviendas de alquiler asequible del Primero de Mayo de Santander, cedidas por la Obra Social de La Caixa en 2016, fueron vendidas a finales de 2025 a un fondo privado que está presionando a los inquilinos para que abandonen sus pisos. Aunque estas viviendas no son VPO en sentido estricto, replican la dinámica que documenta la investigación realizada por Civio, una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos: parque con vocación social que termina en manos de fondos en cuanto se debilita su protección.

La particularidad del caso del Primero de Mayo es que fue una promoción privada, aunque el proceso de adjudicación de viviendas lo hizo el Ayuntamiento. Pero Santander no es una excepción. En otros lugares ya se está actuando para impedir esta tendencia. En Cataluña, la Generalitat está comprando un millar de viviendas a La Caixa por tanteo y retracto precisamente para evitarlo. Aquí, el Ayuntamiento de Santander ha dado la espalda a los afectados. Mientras la alcaldesa del Partido Popular, Gema Igual, evita implicarse en el conflicto asistió, en cambio, a un evento con el CEO de Caixabank, Gonzálo Cortázar, en la ciudad y se retrató con él.

Al hilo de la crisis de la vivienda que afecta a toda España y que se deja sentir en Cantabria, donde las viviendas turísticas y segundas residencias encarecen la venta y los alquileres, se vuelve la mirada hacia la necesidad de contar con vivienda pública.

El informe de Civio explica que Cantabria fue una de las primeras comunidades en crear una categoría propia de vivienda protegida autonómica en 2004 con plazos muy cortos: solo 15 años y con posibilidad de descalificación voluntaria a los cinco. Transcurrido esos plazos la vivienda quedaba liberada y podía venderse. Posteriormente, la ley de vivienda de 2014 amplió los plazos a entre 10 y 30 años según tipo de suelo y dependiendo de si habían recibido ayudas públicas.

El resultado de esta política autonómica de vivienda protegida es que la mitad de las viviendas protegidas construidas desde 1991 podría haber pasado ya al mercado libre, según estima el estudio de Civio.

En paralelo, Cantabria es una de las comunidades que exige los ingresos mínimos más altos para acceder a una vivienda protegida. Mientras en otras comunidades el baremo es más bajo, para asegurar que preferentemente se otorgan a las personas o familias más vulnerables, los cántabros pueden conseguirlo con salarios de hasta 2.333 euros al mes.

Las viviendas protegidas acaban pasando muy rápido al mercado libre

Desde el año 1991 se han construido en Cantabria cerca de 13.200 viviendas protegidas. Al final del año pasado, 2025, seguían dentro de su plazo de protección entre 10.600 y 11.130. Pero la mitad de ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente devolviendo las ayudas, por lo que el parque en estos momentos podría reducirse a un mínimo de 5.900 viviendas.

Eso supone que en los últimos cinco años han cumplido su plazo de protección entre 2.000 y 2.500 viviendas. Entre 2026 y 2030 lo harán cerca de 1.900 más, aunque todas ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente antes. Para finales de 2030 quedará entre el 44% y el 66,6% de las viviendas construidas desde 1991.

Precisamente en los plazos radica el problema de que las viviendas protegidas acaban pasando de manera muy rápida al mercado libre. Blackstone es el mayor propietario privado de vivienda alquilada en la Comunidad de Madrid y uno de los principales del Estado. La gran mayoría de todas las viviendas protegidas que ha comprado Blackstone tenían plazos de protección muy cortos: 2.223 de ellas de tan solo diez o siete años. Hasta el punto de que 174 de estas viviendas pasaron al mercado libre en 2014, pocos meses después de la compra, multiplicando su valor de mercado. 

Condiciones de las viviendas de protección

Actualmente existen 18 modelos diferentes de vivienda protegida en España: los de las comunidades y el del Estado. El acceso a las viviendas con protección oficial se hace en función del nivel de ingresos. Pueden ser de venta, de alquiler o de alquiler con opción a compra. De promoción pública o privada, o de régimen especial, general o de otro tipo con mayor o menor restricción de acceso en cuanto a ingresos económicos.

Las comunidades autónomas son las responsables de las calificaciones de vivienda protegida, al ser las que tienen las competencias en vivienda desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También son las establecen los requisitos, precios y el plazo de duración de la protección. Pero, en el caso de que reciban ayudas estatales, tienen que respetar las directrices marcadas por los planes de vivienda estatales.

Del millón y medio de viviendas protegidas que se han construido en España desde 1991 solo 147.653 tienen protección permanente. Es decir, que no pueden pasar al mercado libre. Entre 2026 y 2030, viviendas perderán su protección 341.487.

Desde 1968 en España se han construido 4,81 millones de viviendas protegidas. La gran mayoría de los 3,31 millones anteriores a 1991 ha pasado al mercado libre, a excepción de las públicas de alquiler, muchas de ellas propiedad del Instituto Nacional de Vivienda del franquismo y traspasadas a las comunidades autónomas con la vuelta a la democracia.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

La primera Ley de Vivienda de Cantabria, en tramitación en el Parlamento, refleja la fijación del Gobierno de Cantabria (PP) con un sí y un no rotundos: sí a la lucha contra la ocupación y no a poner límites a los precios de alquiler y venta. Y, tras más de un año de proceso, las posiciones de los partidos de la oposición también empiezan a entreverse, con un PRC que se queda de perfil mientras pide “cambios profundos” en el documento y un PSOE (impulsor con el PRC de una liberalizadora ley del Suelo en la pasada legislatura) en contra.

Pero quien ha mantenido su prioridad legislativa bien visible ha sido, dentro y fuera del hemiciclo, el consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP): ha dedicado la legislatura a posicionar la ocupación de viviendas sin contrato, que sistemáticamente llama “okupación”, como el principal problema a atajar para resolver el acceso a la vivienda.

La posibilidad de poner topes a los precios de venta y alquiler no es una opción, pese a las solicitudes de municipios como Castro, Comillas o Astillero. En la última comisión estatal de vivienda, en Madrid, Media ha enfatizado que la declaración de zonas tensionadas no va a incorporarse a la ley autonómica con el PP: “En Cantabria no vamos a aplicar zonas tensionadas, por mucho que la ministra se empeñe en ello, y que aumente las cantidades de dinero para aquellas comunidades autónomas que así lo hagan; nosotros no lo vamos a hacer”.

Y el consejero, ha dicho, tiene un argumento: las políticas de zonas tensionadas, que forman parte del Plan Estatal de Vivienda del que Cantabria recibe (y aporta) fondos, “se ha visto que son absolutamente equivocadas, que no llevan más que a la ruina del futuro del las políticas de vivienda y del futuro de nuestros hijos; y no vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos”, ha dicho como si arrendar una vivienda fuera una profesión.

La ocupación, según ha defendido Media durante la legislatura, mantiene “más de 50.000” viviendas vacías en Cantabria por “el miedo” que infunde en los propietarios. Por eso, como medida principal de su ley de vivienda, la iniciativa del gobierno incluye una oficina, que puso en marcha en 2025, para denunciar por teléfono o por email casos de ocupaciones. La inclusión de la oficina en la ley buscaría blindar el servicio público. Teóricamente, una vez resuelto el conflicto con la futura legislación, destrabaría la problemática de vivienda asequible, según un consejero que rechaza unos datos oficiales que minimizan la dimensión de los casos de ocupación.

Los datos van a la baja

En Cantabria hubo, en 2025, un total de 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda. Esta cifra supuso una reducción del 47% respecto al año anterior y un 77% menos respecto a 2020, cuando hubo 43 demandas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De 2020 a 2025, Cantabria pasó de 52 a 115 denuncias por allanamiento/usurpación de inmuebles, según datos consultados en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior. De los hechos constitutivos de delito, Guardia Civil y Policía Nacional pasaron de esclarecer 31 casos, por los que se produjeron dos detenciones, a 76, por los que hubo 11 detenciones.

La Fiscalía de Cantabria habla de usurpaciones para definir los actos que el Gobierno de Cantabria califica de “okupaciones”. Y tambien ofrece una panorama estadístico a la baja: un 24% menos de casos de diligencias previas en la fase de instrucción (búsqueda de indicios para evaluar si hay pruebas para un juicio). Si en 2024 contabilizó 113 diligencias previas, en 2025 hubo 86 diligencias.

Fuentes de la Fiscalía aclaran que “la mayoría” de las registradas bajo el concepto de 'usurpacion', son las llamadas “okupaciones” de casas: “Se ocupan pisos deterioriados, en desuso, o no terminada la construcción y con tiempo prolongado de abandono”, especifican.

El dato comprobable en cada institución es testimonial en relación a la población y va a la baja, pero choca con la retórica sostenida.

El Gobierno autonómico ha justificado en varias ocasiones que los datos de los juzgados son bajos por los procesos de mediación previos y porque los casos se dilatan hasta llegar a los tribunales, lo cual alteraría las cifras. Los datos del Ministerio del Interior indican un crecimiento, pero son cifras testimoniales en relación a la población. Y, sobre todo, la estadística estatal no distingue si la vivienda está habitada o no lo está, por lo que no es posible establecer una correlación entre estos datos, los casos judicializados de ocupación que reflejan los juzgados y la teoría de Media sobre el porqué de la vivienda vacía.

La radiografía de la vivienda en Cantabria, en los últimos cinco años, es una panorama de escasa oferta de vivienda pública de alquiler asequible-; de un aumento modesto de la vivienda nueva (de 742 a 1867, según el Colegio de Aparejadores), y de un incomprobable número oficial de vivienda vacía —el Gobierno solo ha informado verbalmente de las 50.000 viviendas—. Todo esto en un contexto de suelo rústico disponible para construir vivienda (tras el acuerdo PSOE-PRC en la pasada legislatura) y una visión liberalizadora del suelo por parte del PP para aumentar la construccción.

“La sensación” de Media

En los últimos cinco años, las cifras de desahucios no han dejado de bajar: 191 en 2025, dejando a Cantabria 12 puntos por debajo de la media nacional en la tasa por cada 10.000 habitantes (32 frente a 50), según datos del CGPJ. Pero la sensación que Media busca trasladar es que alguna vez, alguna persona, puede ocupar la casa de alguien. Y la palabra 'sensación' es una literalidad. El consejero de Vivienda, Roberto Media, lleva toda la legislatura enroscado en que un solo caso es suficiente. En febrero de 2025, tres meses antes de que la iniciativa saliese a exposición pública, Media dijo: “Da igual una o mil, la sensación de los ciudadanos es de que le puede tocar a cualquiera”.

Un año después, en abril de 2026, Media encontró un caso: denunció públicamente y ante la Guardia Civil “la ocupación ilegal” de una de las tres viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, rehabilitadas por la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, en Orejo (Marina de Cudeyo).

En su nota de prensa, citó también “intentos de ocupación” en viviendas públicas en Cerrias (Piélagos), que “obligaron al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia”. Una situación de intento de ocupación que, según Media, se repitió en Arnuero, donde “tras varios intentos” de ocupación, el Gobierno invirtió “250.000 euros de dinero público” en seguridad.

Media, gran defensor de la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, tiene por delante un proceso de discusión parlamentaria. Por ahora, el Gobierno autonómico, en 2026, ha vuelto a subir, por tercera vez esta legislatura, el precio del metro cuadrado de la VPO para compensar a las constructoras, no piensa declarar zonas tensionadas ni se plantea tampoco poner freno a la vivienda turística, esté o no regularizada. Y, mientras no contempla poner tope al precio del alquiler o de la venta, la compraventa sigue cayendo y el alquiler sigue subiendo.

Un círculo irregular de más de cincuenta personas rodea silencioso a una mujer pelirroja, delante de un bloque de pisos, a las afueras de Santander. Ella ejerce de portavoz informal para reconstruir un contexto que los vecinos de tres bloques de la calle Hermanos Calderón conocen. La duda colectiva es el desenlace.

La Obra Social de Fundación La Caixa, a través de su inmobiliaria InmoCaixa, construyó tres bloques de viviendas de alquiler asequible en plena crisis del ladrillo en España. A la colocación de la primera piedra, en 2011, acudió el entonces alcalde, Íñigo de la Serna (PP), quien regresó en 2015 para visitar las obras. Finalmente fueron tres bloques, por un precio de 350 a 500 euros, a cuyos inquilinos les fueron renovando los contratos. Así fue hasta que, en octubre de 2025, los más de 130 vecinos recibieron una inesperada notificación informándoles de que habían vendido en lote sus pisos de alquiler asequible a un fondo privado inmobiliario llamado Mosaic Propco.

Algunos aceptaron rescindir contrato por una baja cantidad. Otros negociaron comprar. Son alrededor de treinta, dicen en voz baja los presentes. El resto, un centenar, la mayoría de inquilinos de las 107 viviendas de esta calle del barrio de Peñacastillo, está este lunes, a las ocho de la tarde, en la calle.

Es una reunión de los afectados de las 107 viviendas con el recien creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria. También asiste una arrendataria de un local (los bajos de los edificios son propiedad aún de InmoCaixa). Mencionan casos similares en municipios de Madrid, como Pinto, o en populosos distritos como Ensanche de Vallecas y Vicalvaro, que también eran de la Fundacion La Caixa y que igualmente han pasado a manos de Mosaic.

Vecinos y sindicato identifican “una operación por lotes” en el cambio de propiedad de los bloques, que se ha repetido en Madrid. Por eso, el sindicato cántabro les cuenta que ha contactado al Sindicato de Inquilinas de Madrid y avanza que buscarán más casos en otras provincias. “Entiendo que esto tiene que ser una negociación colectiva”, dice Yolanda Ceballos, una de las integrantes del sindicato, mientras la gente asiente.

“Hay que unificar los casos a nivel nacional”, dice una vecina de pelo corto, que también ha contactado a la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento Santander para entender si ha jugado algún papel desde antes o después de aquella primera piedra.

El cambio de estrategia, en cuestión de veinte años, en inversiones inmobiliarias de la Obra Social de Fundación La Caixa es real. En 2005, a través de Criteria Caixa, la entidad destinó fondos para construir pisos de alquiler a precios asequibles, cuya gestión correspondería a InmoCaixa. Después, la fundación llegó a alquilar 4.000 viviendas de este tipo en todo el país, incluyendo las 107 de la calle Hermanos Calderón.

Así fue hasta que en 2021, InmoCaixa empezó a dejar de invertir en vivienda residencial, resultando Cataluña una de las comunidades autónomas donde más pisos —alrededor de 2.000— pasarían a manos de la Generalitat, porque tenía derecho preferencial y buscaba aumentar el parque residencial público. En los casos de Vicalvaro y Ensanche de Vallecas, el Sindicato de Inquilinas se ha movilizado para apoyar a los vecinos cuyos pisos alquilados están en promociones libres, es decir, en suelo privado, por lo que el Ayuntamiento no tiene derecho preferencial a compra para plantear promoción pública.

Fuentes de InmoCaixa describen un proceso “responsable y paulatino de desinversión de la vivienda residencial, priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”. La reorientación está implicando la venta de viviendas de protección oficial, “priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”, según van concluyendo los contratos de los programas de alquiler asequible. En el caso de los bloques de la calle Hermanos Calderón, el vencimiento de los contratos oscila entre 2027 y 2030.

Mientras, en Santander, distribuidos entre el parterre y las columnas de uno de los bloques de las 107 viviendas de alquiler, los vecinos escuchan atentos a la portavoz. Ella cuenta cómo, a partir de 2025, empezaron a recibir llamadas, visitas y a veces whatsapp. Recibían, y reciben cada vez más habitualmente, dos opciones: aceptar dinero para finalizar contrato de alquiler —entre 6.000 y 15.000 euros, en los casos consultados— o directamente comprar el piso a un precio que, salvo excepciones, no podían asumir. “A cada vecino le han ofrecido una cosa”, dice la mujer que ha ejercido de portavoz.

La reunión avanza y algunos vecinos se animan a contar sus casos a elDiario.es. Uno cuenta cómo la inmobiliaria Básico Living le ha contactado “para gestionar las incidencias” y otro enseña su móvil con una propuesta de “acompañamiento” para la compra de su piso. Otros también citan a la agencia “de mediación” Imass, para negociar una liquidación de contrato o un contrato de compra. Otro, más al fondo, cuenta que ofreció 145.000 para intentar comprar su piso, en el que lleva diez años. La respuesta, dice sonriente, fue que no, por teléfono.

Siempre de forma individual, en reiteradas ocasiones. Por ahora, dicen, “la presión es amable”. Un vecino dice que le han llamado cinco veces en un mes. “A mí, dos veces la semana pasada”, advierte otro. “Si nos ofrecen dinero, es porque no nos pueden echar”, afirma categórica otra.

Más vecinos enseñan mensajes de Whatsapp como prueba de que, en ningún caso, las ofertas por escrito de las empresas incluyen propuestas concretas de dinero. “De dinero solo nos hablan por llamada o en persona”, dice un vecino que lleva un perro a la reunión: “Me ofrecieron 8.000 por irme y les dije: 'vale, que yo me voy, pero he invertido en este piso, solo me iría por 53.000 euros'. Claro, no les interesa”. Cada caso, es singular. A la mujer que ejerce de portavoz le ofrecieron la compra del piso en febrero de 2025 por 155.200 euros más impuestos, pero no se lo puede permitir.

Desde el Sindicato de la Vivienda preguntan de nuevo si están dispuestos a una lucha colectiva. “Somos muchos aquí, aquí vamos a luchar por todos”, dice tajante la mujer que ha iniciado la reunión.

Los vecinos han hablado varias veces con varios partidos políticos en mayo, pero muchos se preguntan por el papel del Ayuntamiento (PP), que no se ha comunicado formalmente con el centenar de vecinos. Algunos se preguntan de quién es la propiedad del suelo de los bloques, otros sospechan de si tiene derecho de tanteo, y a otros les gustaría saber si el consistorio nunca se ofreció a comprar el lote de 107 viviendas.

Según fuentes consultadas, la propiedad del suelo en Santander era privada, los bloques eran promociones libres y por lo tanto el Ayuntamiento no podía ejercer derecho de tanteo.

Sin embargo, desde el Sindicato de Vivienda demandan la participación del Ayuntamiento: “En este conflicto, el Ayuntamiento debería intentar ser un agente activo; si no es responsable, mínimo debería de mediar porque está sucediendo en su ciudad y aparecieron en la entrega de las viviendas”, cuestiona un día después Yolanda Ceballos, del Sindicato: “Este movimiento social tiene que ser a nivel español porque si dependemos de las instituciones cántabras, se pueden quedar sin casa”.

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Un padre con discapacidad, una madre y sus dos hijos menores –uno de ellos con autismo de grado 3 y una discapacidad del 75%– han sido desahuciados este jueves del piso en el que llevaban desde 2019 en La Rambla en Barcelona. Sahin y su familia eran de los pocos vecinos que quedaban en este epicentro del turismo de la capital catalana hasta que la propiedad ha decidido echarles pese al informe que acredita su vulnerabilidad económica y social. La jueza ordenó el lanzamiento por finalización de contrato, tras la caída de la moratoria antidesahucios a finales de febrero.

Cerca de las 7 de la mañana, una treintena de vecinos, activistas por el derecho a la vivienda y algunos de los profesores de los pequeños se han concentrado frente a su portal para intentar frenar, sin éxito, el desahucio, que ha tenido lugar hacia las 9 de la mañana. Han tratado de frenar la entrada de la policía en el inmueble, aunque finalmente los agentes han conseguido romper la barricada improvisada con vallas de obra que los manifestantes han ideado para intentar blindar a Shahin y su familia.

Desde el Sindicato de Vivienda del Raval califican este caso de “especialmente grave” por la situación del hijo menor, que presenta un autismo severo. “Tener que pasar por un desahucio es algo duro para cualquier familia, pero en el caso de un niño en esta situación puede suponer un impacto mucho mayor por la ruptura de sus rutinas habituales”, señala Sara Vendrell, miembro del sindicato.

Otro de los puntos que hace que este lanzamiento sea “incomprensible” es que se ha llevado a cabo unos cinco meses antes de que la familia recibiera una vivienda social que ya tiene asignada, tras tres años de espera en la mesa de emergencia. “Solo pedíamos quedarnos hasta tener el piso de protección oficial”, ha lamentado el padre, Shahin Anwar.

El inmueble en el que vivían fue adquirido en su totalidad a finales de 2021 por la inmobiliaria VOC Barcelona SL, junto con el resto de viviendas del edificio, con el objetivo de destinarlo a alquiler de temporada. Ese mismo año finalizó también el contrato de la familia con el anterior propietario.

En el momento de la compra, la empresa ofreció 4.000 euros por el piso a Shahin, una cantidad que el inquilino consideró insuficiente para afrontar cualquier alternativa de alquiler en Barcelona, teniendo en cuenta que entonces no trabajaba debido a que se estaba recuperando de una operación en el hombro.

En 2022 se emitió la primera orden de desahucio, que fue aplazada por la moratoria de protección a hogares vulnerables hasta principios de 2024. Ese mismo año, se volvió a posponerse por el mismo motivo, aunque tras la caída de la medida a finales de febrero, el procedimiento se reactivó, se programó para el viernes pasado –cuando fue paralizado– y finalmente se ha ejecutado este jueves.

Al finalizar el contrato, Shahin siguió pagando la mensualidad acordada con el antiguo propietario hasta 2023, año en que reconoce que se vio “obligado” a dejar de pagar por la falta de un empleo con ingresos estables y al encontrarse limitado para determinados trabajos a causa de su estado físico. Tiene una discapacidad del 49% derivada de una tendinopatía crónica que le limita la movilidad de ambos brazos y le provoca dolores intensos. Antes del diagnóstico, trabajaba como camarero en un restaurante del que fue despedido mediante un ERTE durante la pandemia de COVID.

Desde entonces no ha podido reincorporarse al mercado laboral debido al empeoramiento del dolor y ha intentado, con apoyo de los Servicios Sociales, acceder a trabajos compatibles con sus capacidades funcionales. Sin embargo, únicamente ha conseguido empleos puntuales como traductor, sin estabilidad ni ingresos regulares. “Quiero trabajar, pero la mayoría de lo que encuentro requiere esfuerzo físico y, con el dolor que tengo, no puedo”, explica a elDiario.es. En estos momentos, está estudiando para obtener la licencia de taxista.

Tanto el Sindicato de Vivienda del Raval como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que han intentado negociar un contrato de alquiler con la propiedad en numerosas ocasiones. Sin embargo, sostienen que la empresa no ha mostrado disposición a alcanzar un acuerdo y ha mantenido en todo momento su voluntad de continuar con el procedimiento judicial. Por su parte, VOC Barcelona SL ha rechazado hacer declaraciones.

Desde el Sindicato reconocen que en 2024 lograron reunirse con la propiedad para intentar alcanzar un acuerdo de pago de cuotas hasta la adjudicación del piso de la mesa de emergencias, pero explican que finalmente la empresa decidió no negociar. “Llegamos a reunirnos y parecía que estaban dispuestos a hablar, pero de un día para otro cambiaron de opinión”, explica Vendrell. A principios de este año, los Servicios Sociales intentaron también llegar a un acuerdo, pero obtuvieron el mismo resultado.

Sin alternativa para una menor con autismo

Shahin y su familia aún no saben dónde dormirán esta noche. Desde Servicios Sociales les han ofrecido alojamiento de emergencia en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Sin embargo, estos centros suelen tener sólo habitaciones compartidas con otras familias, una situación que no resulta viable para el menor de la familia, que presenta el grado más severo de autismo. “Mi hijo necesita espacio y tranquilidad, y en una habitación compartida sé que se va a asustar. Además, cuando hay cambios se pone muy nervioso: se muerde las manos, rompe ropa y necesita espacio”.

Anna Pérez, profesora y miembro de la asociación Docents 080 (formada por varios docentes en contra los desahucios de los alumnos) advierte del impacto de estos episodios en el rendimiento escolar de los menores. “Acudir a la escuela sin saber dónde dormirán por la noche les genera una gran situación de estrés que, evidentemente, afecta a su concentración”.

Desde Docents 080 advierten de la magnitud del problema a través de un estudio realizado el curso pasado. En él participaron 46 escuelas catalanas, que detectaron un total de 215 niños que sufrieron un desahucio durante el curso. Además, en octubre de 2025 había 1.597 niños durmiendo en pensiones en la ciudad de Barcelona, según datos facilitados por la Generalitat a la misma organización.

“No nos hacemos a la idea de lo que puede suponer para un niño vivir en una pensión. Además, el hijo de Shahin, entre otras cosas, necesita comer alimentos triturados y es extremadamente sensible a los ruidos y a todo tipo de estímulos externos”, ha explicado Irene Abilla, directora del Centro de Educación Especial Vil·la Joana, donde estudia el menor, y miembro de la asociación.

En este sentido, desde Servicios Sociales les han propuesto que busquen alojamiento temporal por su cuenta y, posteriormente, reembolsarles los gastos de las noches que pasen. “Aun así, nos preocupa que la ruptura de la rutina del niño pueda afectar al progreso que ha logrado en los últimos meses”, ha añadido Abilla.

Hasta el momento, la familia no ha encontrado ningún hotel para pasar la noche, aunque espera poder resolverlo y poder sufragar el coste hasta que los Servicios Sociales les reintegren los gastos.

La construcción de 640 viviendas de alquiler social en los barrios zaragozanos de Miralbueno y Rosales del Canal está más cerca. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto la primera piedra para unas promociones que tendrán según el Ejecutivo autonómico un precio máximo de alquiler de 586 euros, mientras que sus inquilinos podrán recibir ayudas autonómicas para que su renta no supere el 30% de sus ingresos.

Los edificios se levantarán en terrenos que el Ayuntamiento ha cedido al Gobierno autonómico: 305 en la confluencia entre las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz, en Miralbueno; 143 en la calle Hipólito Lor, también en este barrio, y 192 entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss, en Rosales del Canal.

El 80% de los beneficiarios de estas promociones serán jóvenes de entre 18 y 39 años, y no pagarán más del 30% de su sueldo de alquiler, ya que el Gobierno de Aragón establecerá ayudas en función de los ingresos, que oscilarán entre el 20 y el 40% del precio.

Estas ayudas se aplicarán según la tipología de la vivienda, fijando una renta mensual de entre 235 a 313 euros al mes en pisos de una habitación, de 352 a 470 euros en los de dos habitaciones y de 440 a 586 euros en los de tres, un precio “muy inferior” al de mercado actual en la ciudad de Zaragoza, ha asegurado Azcón.

A todo ello ha sumado la directriz aprobada por el Ejecutivo autonómico en febrero de 2024, que permite que suelos inicialmente pensados para equipamientos públicos, pero que llevan décadas sin ejecutarse, se puedan destinar a “las necesidades reales” actuales, que pasan por la vivienda.

Impulso de vivienda pública

Todo ello es lo que ha llevado a impulsar un total de 3.081 viviendas públicas en Aragón en menos de dos años, según ha afirmado el presidente: “Nunca en tan poco tiempo se habían impulsado tantas viviendas públicas”, ha dicho, recordando que, a su llegada al Pignatelli, no es que no encontraran “ni un solo proyecto”, es que no había “ni un solo papel”. El objetivo, además, es poner en marcha otras 4.000 en esta legislatura.

Azcón ha participado en el acto junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y directivos de las empresas Urbania –adjudicataria de la concesión demanial para su gestión por 75 años–, Grupo Lobe y Sogeviso, encargadas de la construcción de estas futuras viviendas públicas de alquiler.

El presidente aragonés ha iniciado su intervención hablando de “proyecto histórico” a nivel local y regional: “Los que tenemos memoria sabemos que poner en marcha un proyecto de vivienda asequible de 640 viviendas es histórico, porque hay que remontarse a muchos años, a muchas décadas, para que un proyecto público impulsado por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Zaragoza se pusiera en funcionamiento”.

“En tiempo récord”

Un proyecto, ha continuado, que está relacionado con que la vivienda es ahora “prioridad” para ambas instituciones y con que aplican “fórmulas de gestión que funcionan”, además de la cooperación entre administraciones.

En las tres capitales provinciales, se ha optado por la fórmula de la concesión demanial, por la que suelos públicos se ponen a disposición de empresas para construir viviendas “en tiempo récord” y con un ahorro que ha estimado en el 25% de los costes. Ello permite, asimismo, que los suelos y los inmuebles reviertan en la Administración pasados 75 años.

“La fórmula que estamos aplicando en nuestra comunidad autónoma conjuga la viabilidad técnica de los proyectos, la viabilidad mercantil de los proyectos, con que haya un precio asequible en el que los jóvenes puedan adquirir esas viviendas”, ha destacado.

Por último, el presidente autonómico ha recordado que, cuando él y la alcaldesa de Zaragoza firmaron en febrero de 2024 un documento para impulsar la política de vivienda en la ciudad, muchos les dijeron “no lo conseguiréis”, pero “hoy miramos atrás y vemos que lo que prometimos lo estamos cumpliendo”.

Ello ha propiciado que un primer lote, de 608 viviendas en el Actur y Valdespartera, esté finalizado en los primeros meses de 2027, y este segundo lo esté en el primer semestre del año siguiente.

“Calidades incluso superiores”

El directivo de la empresa Urbania Jeffrey Sújar ha ofrecido detalles técnicos sobre estas viviendas, que han recibido financiación de capital internacional porque el proyecto “demuestra que el sector público y el sector privado pueden colaborar, pueden colaborar de verdad, y cuando lo hacen el resultado genera impacto positivo para el ciudadano”. Ha dejado claro especialmente que estas viviendas no son “peores” ni “más baratas” y que tienen “las mismas calidades o incluso superiores a las viviendas libres”. De hecho, ha estimado su precio en el mercado libre en torno a los 500.000 o 600.000 euros.

Según Sújar, estarán construidas “bajo algunos de los estándares más exigentes”, como el método 'Passive House', que permitirá tener un mejor nivel de aislamiento térmico y acústico, y una certificación internacional en materia de eficiencia energética, que permitirá reducir el gasto energético en calefacción y refrigeración entre el 75 y el 80%, manteniendo siempre una temperatura constante de entre 20 y 25 grados y sin corrientes de aire. Del mismo modo, su sistema de ventilación mecánica continuo, con filtros de alta eficiencia que elimina humedad, ayudará a tener una experiencia de vida que “va a ser de las más elevadas”.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y “garantizar el derecho efectivo”.

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una “respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional” que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

Intervenir de forma directa el mercado

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas a frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es “romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social”. “Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo”, ha indicado.

Blindar el parque público de vivienda

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye “un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria”.

“Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra”, ha añadido. Además, López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que “la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la comunidad autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios”.

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación que, según ha advertido, “están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias”.

Un modelo insostenible

La líder andaluza de CCOO ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que “es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad”.

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos. Por ello, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Un servicio de interés general

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Protección frente a los desahucios

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como “elemento clave”, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

En el municipio de Cuenca existe un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población residente en condiciones que la hagan asequible. Así lo asegura el informe de apoyo para la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

Publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cuenca, esta es una de las conclusiones que determina el estudio previo para realizar dicha declaración, para lo cual es necesario cumplir uno de los dos criterios de la Ley por el Derecho a la Vivienda en su artículo 18.

En este sentido, el artículo determina que podrán ser declaradas como tales aquellas áreas en las que concurra al menos una de las siguientes condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Asimismo, también es una condición que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente.

En cuanto al criterio uno sobre el esfuerzo económico para comprar o alquilar una vivienda en relación a la renta de los hogares, se comprueba que, aunque no se supera el 30 % requerido, la presión es “muy alta, con bastantes secciones igual o superior al 20 %”.

Asimismo, el informe ha determinado que más del 50 % de las secciones censales cumplen los requisitos contemplados en el segundo criterio y estos datos permiten considerar la “posible idoneidad” de extender la declaración de zona tensionada a todo el municipio.

Las secciones periféricas soportan una mayor inflación

Las secciones periféricas son, en su mayoría, las que han soportado una mayor inflación en los precios de compra, según ha señalado el informe, que ha destacado que son las zonas que “mejor estado de conservación de la vivienda presentan -probablemente por el año de construcción-, así como en las que se han ofertado obras de nueva construcción”.

Por su parte, el Casco Antiguo, barrio de Princesa Zaida (por la mayoría de pisos para estudiantes), zonas del centro de la ciudad (calle Colón y alrededores) y el distrito de Buenavista-Fuensanta son las más afectadas por el incremento del valor del alquiler superiores al 3 % respecto al IPC autonómico en los últimos cinco años.

En este caso, al contrario de lo que ocurre con los precios de la vivienda, son las secciones del centro y la zona universitaria las más tensionadas.

Además, el estudio de mercado ha determinado el déficit detectado en la oferta de alquiler, en especial en las secciones periféricas.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.