Las 107 viviendas de alquiler asequible del Primero de Mayo de Santander, cedidas por la Obra Social de La Caixa en 2016, fueron vendidas a finales de 2025 a un fondo privado que está presionando a los inquilinos para que abandonen sus pisos. Aunque estas viviendas no son VPO en sentido estricto, replican la dinámica que documenta la investigación realizada por Civio, una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos: parque con vocación social que termina en manos de fondos en cuanto se debilita su protección.

La particularidad del caso del Primero de Mayo es que fue una promoción privada, aunque el proceso de adjudicación de viviendas lo hizo el Ayuntamiento. Pero Santander no es una excepción. En otros lugares ya se está actuando para impedir esta tendencia. En Cataluña, la Generalitat está comprando un millar de viviendas a La Caixa por tanteo y retracto precisamente para evitarlo. Aquí, el Ayuntamiento de Santander ha dado la espalda a los afectados. Mientras la alcaldesa del Partido Popular, Gema Igual, evita implicarse en el conflicto asistió, en cambio, a un evento con el CEO de Caixabank, Gonzálo Cortázar, en la ciudad y se retrató con él.

Al hilo de la crisis de la vivienda que afecta a toda España y que se deja sentir en Cantabria, donde las viviendas turísticas y segundas residencias encarecen la venta y los alquileres, se vuelve la mirada hacia la necesidad de contar con vivienda pública.

El informe de Civio explica que Cantabria fue una de las primeras comunidades en crear una categoría propia de vivienda protegida autonómica en 2004 con plazos muy cortos: solo 15 años y con posibilidad de descalificación voluntaria a los cinco. Transcurrido esos plazos la vivienda quedaba liberada y podía venderse. Posteriormente, la ley de vivienda de 2014 amplió los plazos a entre 10 y 30 años según tipo de suelo y dependiendo de si habían recibido ayudas públicas.

El resultado de esta política autonómica de vivienda protegida es que la mitad de las viviendas protegidas construidas desde 1991 podría haber pasado ya al mercado libre, según estima el estudio de Civio.

En paralelo, Cantabria es una de las comunidades que exige los ingresos mínimos más altos para acceder a una vivienda protegida. Mientras en otras comunidades el baremo es más bajo, para asegurar que preferentemente se otorgan a las personas o familias más vulnerables, los cántabros pueden conseguirlo con salarios de hasta 2.333 euros al mes.

Las viviendas protegidas acaban pasando muy rápido al mercado libre

Desde el año 1991 se han construido en Cantabria cerca de 13.200 viviendas protegidas. Al final del año pasado, 2025, seguían dentro de su plazo de protección entre 10.600 y 11.130. Pero la mitad de ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente devolviendo las ayudas, por lo que el parque en estos momentos podría reducirse a un mínimo de 5.900 viviendas.

Eso supone que en los últimos cinco años han cumplido su plazo de protección entre 2.000 y 2.500 viviendas. Entre 2026 y 2030 lo harán cerca de 1.900 más, aunque todas ellas pueden haber sido descalificadas anticipadamente antes. Para finales de 2030 quedará entre el 44% y el 66,6% de las viviendas construidas desde 1991.

Precisamente en los plazos radica el problema de que las viviendas protegidas acaban pasando de manera muy rápida al mercado libre. Blackstone es el mayor propietario privado de vivienda alquilada en la Comunidad de Madrid y uno de los principales del Estado. La gran mayoría de todas las viviendas protegidas que ha comprado Blackstone tenían plazos de protección muy cortos: 2.223 de ellas de tan solo diez o siete años. Hasta el punto de que 174 de estas viviendas pasaron al mercado libre en 2014, pocos meses después de la compra, multiplicando su valor de mercado. 

Condiciones de las viviendas de protección

Actualmente existen 18 modelos diferentes de vivienda protegida en España: los de las comunidades y el del Estado. El acceso a las viviendas con protección oficial se hace en función del nivel de ingresos. Pueden ser de venta, de alquiler o de alquiler con opción a compra. De promoción pública o privada, o de régimen especial, general o de otro tipo con mayor o menor restricción de acceso en cuanto a ingresos económicos.

Las comunidades autónomas son las responsables de las calificaciones de vivienda protegida, al ser las que tienen las competencias en vivienda desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También son las establecen los requisitos, precios y el plazo de duración de la protección. Pero, en el caso de que reciban ayudas estatales, tienen que respetar las directrices marcadas por los planes de vivienda estatales.

Del millón y medio de viviendas protegidas que se han construido en España desde 1991 solo 147.653 tienen protección permanente. Es decir, que no pueden pasar al mercado libre. Entre 2026 y 2030, viviendas perderán su protección 341.487.

Desde 1968 en España se han construido 4,81 millones de viviendas protegidas. La gran mayoría de los 3,31 millones anteriores a 1991 ha pasado al mercado libre, a excepción de las públicas de alquiler, muchas de ellas propiedad del Instituto Nacional de Vivienda del franquismo y traspasadas a las comunidades autónomas con la vuelta a la democracia.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

La primera Ley de Vivienda de Cantabria, en tramitación en el Parlamento, refleja la fijación del Gobierno de Cantabria (PP) con un sí y un no rotundos: sí a la lucha contra la ocupación y no a poner límites a los precios de alquiler y venta. Y, tras más de un año de proceso, las posiciones de los partidos de la oposición también empiezan a entreverse, con un PRC que se queda de perfil mientras pide “cambios profundos” en el documento y un PSOE (impulsor con el PRC de una liberalizadora ley del Suelo en la pasada legislatura) en contra.

Pero quien ha mantenido su prioridad legislativa bien visible ha sido, dentro y fuera del hemiciclo, el consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP): ha dedicado la legislatura a posicionar la ocupación de viviendas sin contrato, que sistemáticamente llama “okupación”, como el principal problema a atajar para resolver el acceso a la vivienda.

La posibilidad de poner topes a los precios de venta y alquiler no es una opción, pese a las solicitudes de municipios como Castro, Comillas o Astillero. En la última comisión estatal de vivienda, en Madrid, Media ha enfatizado que la declaración de zonas tensionadas no va a incorporarse a la ley autonómica con el PP: “En Cantabria no vamos a aplicar zonas tensionadas, por mucho que la ministra se empeñe en ello, y que aumente las cantidades de dinero para aquellas comunidades autónomas que así lo hagan; nosotros no lo vamos a hacer”.

Y el consejero, ha dicho, tiene un argumento: las políticas de zonas tensionadas, que forman parte del Plan Estatal de Vivienda del que Cantabria recibe (y aporta) fondos, “se ha visto que son absolutamente equivocadas, que no llevan más que a la ruina del futuro del las políticas de vivienda y del futuro de nuestros hijos; y no vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos”, ha dicho como si arrendar una vivienda fuera una profesión.

La ocupación, según ha defendido Media durante la legislatura, mantiene “más de 50.000” viviendas vacías en Cantabria por “el miedo” que infunde en los propietarios. Por eso, como medida principal de su ley de vivienda, la iniciativa del gobierno incluye una oficina, que puso en marcha en 2025, para denunciar por teléfono o por email casos de ocupaciones. La inclusión de la oficina en la ley buscaría blindar el servicio público. Teóricamente, una vez resuelto el conflicto con la futura legislación, destrabaría la problemática de vivienda asequible, según un consejero que rechaza unos datos oficiales que minimizan la dimensión de los casos de ocupación.

Los datos van a la baja

En Cantabria hubo, en 2025, un total de 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda. Esta cifra supuso una reducción del 47% respecto al año anterior y un 77% menos respecto a 2020, cuando hubo 43 demandas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De 2020 a 2025, Cantabria pasó de 52 a 115 denuncias por allanamiento/usurpación de inmuebles, según datos consultados en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior. De los hechos constitutivos de delito, Guardia Civil y Policía Nacional pasaron de esclarecer 31 casos, por los que se produjeron dos detenciones, a 76, por los que hubo 11 detenciones.

La Fiscalía de Cantabria habla de usurpaciones para definir los actos que el Gobierno de Cantabria califica de “okupaciones”. Y tambien ofrece una panorama estadístico a la baja: un 24% menos de casos de diligencias previas en la fase de instrucción (búsqueda de indicios para evaluar si hay pruebas para un juicio). Si en 2024 contabilizó 113 diligencias previas, en 2025 hubo 86 diligencias.

Fuentes de la Fiscalía aclaran que “la mayoría” de las registradas bajo el concepto de 'usurpacion', son las llamadas “okupaciones” de casas: “Se ocupan pisos deterioriados, en desuso, o no terminada la construcción y con tiempo prolongado de abandono”, especifican.

El dato comprobable en cada institución es testimonial en relación a la población y va a la baja, pero choca con la retórica sostenida.

El Gobierno autonómico ha justificado en varias ocasiones que los datos de los juzgados son bajos por los procesos de mediación previos y porque los casos se dilatan hasta llegar a los tribunales, lo cual alteraría las cifras. Los datos del Ministerio del Interior indican un crecimiento, pero son cifras testimoniales en relación a la población. Y, sobre todo, la estadística estatal no distingue si la vivienda está habitada o no lo está, por lo que no es posible establecer una correlación entre estos datos, los casos judicializados de ocupación que reflejan los juzgados y la teoría de Media sobre el porqué de la vivienda vacía.

La radiografía de la vivienda en Cantabria, en los últimos cinco años, es una panorama de escasa oferta de vivienda pública de alquiler asequible-; de un aumento modesto de la vivienda nueva (de 742 a 1867, según el Colegio de Aparejadores), y de un incomprobable número oficial de vivienda vacía —el Gobierno solo ha informado verbalmente de las 50.000 viviendas—. Todo esto en un contexto de suelo rústico disponible para construir vivienda (tras el acuerdo PSOE-PRC en la pasada legislatura) y una visión liberalizadora del suelo por parte del PP para aumentar la construccción.

“La sensación” de Media

En los últimos cinco años, las cifras de desahucios no han dejado de bajar: 191 en 2025, dejando a Cantabria 12 puntos por debajo de la media nacional en la tasa por cada 10.000 habitantes (32 frente a 50), según datos del CGPJ. Pero la sensación que Media busca trasladar es que alguna vez, alguna persona, puede ocupar la casa de alguien. Y la palabra 'sensación' es una literalidad. El consejero de Vivienda, Roberto Media, lleva toda la legislatura enroscado en que un solo caso es suficiente. En febrero de 2025, tres meses antes de que la iniciativa saliese a exposición pública, Media dijo: “Da igual una o mil, la sensación de los ciudadanos es de que le puede tocar a cualquiera”.

Un año después, en abril de 2026, Media encontró un caso: denunció públicamente y ante la Guardia Civil “la ocupación ilegal” de una de las tres viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, rehabilitadas por la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, en Orejo (Marina de Cudeyo).

En su nota de prensa, citó también “intentos de ocupación” en viviendas públicas en Cerrias (Piélagos), que “obligaron al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia”. Una situación de intento de ocupación que, según Media, se repitió en Arnuero, donde “tras varios intentos” de ocupación, el Gobierno invirtió “250.000 euros de dinero público” en seguridad.

Media, gran defensor de la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, tiene por delante un proceso de discusión parlamentaria. Por ahora, el Gobierno autonómico, en 2026, ha vuelto a subir, por tercera vez esta legislatura, el precio del metro cuadrado de la VPO para compensar a las constructoras, no piensa declarar zonas tensionadas ni se plantea tampoco poner freno a la vivienda turística, esté o no regularizada. Y, mientras no contempla poner tope al precio del alquiler o de la venta, la compraventa sigue cayendo y el alquiler sigue subiendo.

Un círculo irregular de más de cincuenta personas rodea silencioso a una mujer pelirroja, delante de un bloque de pisos, a las afueras de Santander. Ella ejerce de portavoz informal para reconstruir un contexto que los vecinos de tres bloques de la calle Hermanos Calderón conocen. La duda colectiva es el desenlace.

La Obra Social de Fundación La Caixa, a través de su inmobiliaria InmoCaixa, construyó tres bloques de viviendas de alquiler asequible en plena crisis del ladrillo en España. A la colocación de la primera piedra, en 2011, acudió el entonces alcalde, Íñigo de la Serna (PP), quien regresó en 2015 para visitar las obras. Finalmente fueron tres bloques, por un precio de 350 a 500 euros, a cuyos inquilinos les fueron renovando los contratos. Así fue hasta que, en octubre de 2025, los más de 130 vecinos recibieron una inesperada notificación informándoles de que habían vendido en lote sus pisos de alquiler asequible a un fondo privado inmobiliario llamado Mosaic Propco.

Algunos aceptaron rescindir contrato por una baja cantidad. Otros negociaron comprar. Son alrededor de treinta, dicen en voz baja los presentes. El resto, un centenar, la mayoría de inquilinos de las 107 viviendas de esta calle del barrio de Peñacastillo, está este lunes, a las ocho de la tarde, en la calle.

Es una reunión de los afectados de las 107 viviendas con el recien creado Sindicato de la Vivienda de Cantabria. También asiste una arrendataria de un local (los bajos de los edificios son propiedad aún de InmoCaixa). Mencionan casos similares en municipios de Madrid, como Pinto, o en populosos distritos como Ensanche de Vallecas y Vicalvaro, que también eran de la Fundacion La Caixa y que igualmente han pasado a manos de Mosaic.

Vecinos y sindicato identifican “una operación por lotes” en el cambio de propiedad de los bloques, que se ha repetido en Madrid. Por eso, el sindicato cántabro les cuenta que ha contactado al Sindicato de Inquilinas de Madrid y avanza que buscarán más casos en otras provincias. “Entiendo que esto tiene que ser una negociación colectiva”, dice Yolanda Ceballos, una de las integrantes del sindicato, mientras la gente asiente.

“Hay que unificar los casos a nivel nacional”, dice una vecina de pelo corto, que también ha contactado a la Sociedad de Vivienda del Ayuntamiento Santander para entender si ha jugado algún papel desde antes o después de aquella primera piedra.

El cambio de estrategia, en cuestión de veinte años, en inversiones inmobiliarias de la Obra Social de Fundación La Caixa es real. En 2005, a través de Criteria Caixa, la entidad destinó fondos para construir pisos de alquiler a precios asequibles, cuya gestión correspondería a InmoCaixa. Después, la fundación llegó a alquilar 4.000 viviendas de este tipo en todo el país, incluyendo las 107 de la calle Hermanos Calderón.

Así fue hasta que en 2021, InmoCaixa empezó a dejar de invertir en vivienda residencial, resultando Cataluña una de las comunidades autónomas donde más pisos —alrededor de 2.000— pasarían a manos de la Generalitat, porque tenía derecho preferencial y buscaba aumentar el parque residencial público. En los casos de Vicalvaro y Ensanche de Vallecas, el Sindicato de Inquilinas se ha movilizado para apoyar a los vecinos cuyos pisos alquilados están en promociones libres, es decir, en suelo privado, por lo que el Ayuntamiento no tiene derecho preferencial a compra para plantear promoción pública.

Fuentes de InmoCaixa describen un proceso “responsable y paulatino de desinversión de la vivienda residencial, priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”. La reorientación está implicando la venta de viviendas de protección oficial, “priorizando la venta a los propios inquilinos que los han querido adquirir, así como a las administraciones locales y autonómicas”, según van concluyendo los contratos de los programas de alquiler asequible. En el caso de los bloques de la calle Hermanos Calderón, el vencimiento de los contratos oscila entre 2027 y 2030.

Mientras, en Santander, distribuidos entre el parterre y las columnas de uno de los bloques de las 107 viviendas de alquiler, los vecinos escuchan atentos a la portavoz. Ella cuenta cómo, a partir de 2025, empezaron a recibir llamadas, visitas y a veces whatsapp. Recibían, y reciben cada vez más habitualmente, dos opciones: aceptar dinero para finalizar contrato de alquiler —entre 6.000 y 15.000 euros, en los casos consultados— o directamente comprar el piso a un precio que, salvo excepciones, no podían asumir. “A cada vecino le han ofrecido una cosa”, dice la mujer que ha ejercido de portavoz.

La reunión avanza y algunos vecinos se animan a contar sus casos a elDiario.es. Uno cuenta cómo la inmobiliaria Básico Living le ha contactado “para gestionar las incidencias” y otro enseña su móvil con una propuesta de “acompañamiento” para la compra de su piso. Otros también citan a la agencia “de mediación” Imass, para negociar una liquidación de contrato o un contrato de compra. Otro, más al fondo, cuenta que ofreció 145.000 para intentar comprar su piso, en el que lleva diez años. La respuesta, dice sonriente, fue que no, por teléfono.

Siempre de forma individual, en reiteradas ocasiones. Por ahora, dicen, “la presión es amable”. Un vecino dice que le han llamado cinco veces en un mes. “A mí, dos veces la semana pasada”, advierte otro. “Si nos ofrecen dinero, es porque no nos pueden echar”, afirma categórica otra.

Más vecinos enseñan mensajes de Whatsapp como prueba de que, en ningún caso, las ofertas por escrito de las empresas incluyen propuestas concretas de dinero. “De dinero solo nos hablan por llamada o en persona”, dice un vecino que lleva un perro a la reunión: “Me ofrecieron 8.000 por irme y les dije: 'vale, que yo me voy, pero he invertido en este piso, solo me iría por 53.000 euros'. Claro, no les interesa”. Cada caso, es singular. A la mujer que ejerce de portavoz le ofrecieron la compra del piso en febrero de 2025 por 155.200 euros más impuestos, pero no se lo puede permitir.

Desde el Sindicato de la Vivienda preguntan de nuevo si están dispuestos a una lucha colectiva. “Somos muchos aquí, aquí vamos a luchar por todos”, dice tajante la mujer que ha iniciado la reunión.

Los vecinos han hablado varias veces con varios partidos políticos en mayo, pero muchos se preguntan por el papel del Ayuntamiento (PP), que no se ha comunicado formalmente con el centenar de vecinos. Algunos se preguntan de quién es la propiedad del suelo de los bloques, otros sospechan de si tiene derecho de tanteo, y a otros les gustaría saber si el consistorio nunca se ofreció a comprar el lote de 107 viviendas.

Según fuentes consultadas, la propiedad del suelo en Santander era privada, los bloques eran promociones libres y por lo tanto el Ayuntamiento no podía ejercer derecho de tanteo.

Sin embargo, desde el Sindicato de Vivienda demandan la participación del Ayuntamiento: “En este conflicto, el Ayuntamiento debería intentar ser un agente activo; si no es responsable, mínimo debería de mediar porque está sucediendo en su ciudad y aparecieron en la entrega de las viviendas”, cuestiona un día después Yolanda Ceballos, del Sindicato: “Este movimiento social tiene que ser a nivel español porque si dependemos de las instituciones cántabras, se pueden quedar sin casa”.

Hay más de 34.000 demandantes de vivienda social en Canarias. Mientras, el gobierno autonómico entrega a cuenta gotas las poquísimas casas de promoción pública que construye, 24 en los últimos tres años. Prometen que habrá más, pero ahora quienes soliciten una de estas viviendas tendrán que demostrar que residen en las islas, como poco, desde hace 12 años.  

Distintas asociaciones y plataformas por el derecho a la vivienda acusan de “discriminatoria e ineficaz” la nueva regulación por la que se accede a las viviendas de promoción pública en Canarias. Piden que se paralicen los desahucios, que las administraciones pongan a disposición “muchas más viviendas sociales públicas” y critican “las exigencias y burocracia” de la nueva normativa. 

Ya se están desplegando los primeros efectos del polémico Decreto 23/2026 que regula en Canarias el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, en vigor desde el pasado 7 de abril. 

Desde 2007, la vivienda pública se adjudicaba por sorteo entre quienes cumplieran el requisito de residencia de 7 años. Ahora, es un sistema de baremación basado en criterios sociales, como que los ingresos que no superen los 21.000 euros anuales para la vivienda de promoción pública, o los 42.000 euros para viviendas de promoción privadas. Sólo podrán registrarse quienes lleven un mínimo de cuatro años residiendo en las islas. Pero además, los demandantes de vivienda pública tendrán que demostrar un arraigo de 12 años de residencia continuada en Canarias, o 15 en el caso de residencia discontinua. Además, hay que tener cinco años de residencia o vinculación laboral en el municipio donde se ubique la vivienda. 

De este modo, Canarias se ha convertido en la primera región española que exige residencia fija en la comunidad autónoma. Y este es uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa. 

Una normativa polémica

Para el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura el reglamento de acceso es “extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos, que es para quien debería ser la vivienda protegida”. Califican la medida de “electoralista”, y señalan que se ha hecho “bajo la falsa premisa de los canarios primero”. Explican que si el actual gobierno “de verdad piensa en los canarios y canarias, que intervenga de una vez el mercado inmobiliario y facilite el acceso a una vivienda digna a todos, independientemente de sus dineros en el banco”. 

Para la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria, lo único que se está consiguiendo es “burocratizar más la vulnerabilidad para intentar reducir las listas de espera de acceso a la vivienda pública, con un gravísimo riesgo de exclusión silenciosa. Se está demostrando que el problema central sigue intacto, y es la falta de vivienda pública”, aseguran. 

En el mismo sentido el Sindicato de Inquilinas de Tenerife considera que la parte de la población que no cumple con los nuevos requisitos del Gobierno de Canarias “quedan directamente discriminadas”. Y asegura que así serán menos personas para “competir por la insuficiente cantidad de vivienda pública que hay y habrá”, sentencian. 

Un decreto contra los Derechos Humanos

Desde el Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirman que el decreto del Gobierno de Canaria va contra el derecho de igualdad de trato y a la no discriminación. “A nivel jurídico el decreto incumple casi cualquier tratado internacional en materia de Derechos Humanos, incluso la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias”, asegura Miguel Ruiz, abogado e investigador del Observatorio DESCA.  

Todas estas organizaciones señalan que este decreto perjudica a las personas migrantes “ya de por sí vulnerables”. Para el Observatorio DESCA esta normativa es “propia de gobiernos de extrema derecha que piden la prioridad nacional”. Y aseveran que esta normativa discrimina por “prioridad de origen y de clase”.

“En general este decreto tiene ganas de excluir, de discriminar y de reducir a muchísima población. Y aboca a una situación de sinhogarismo. Luego lamentamos que haya personas sin hogar, pero la propia normativa ya las está condenando a ellas”, asegura Ruiz.

Prioridad de vivienda para ricos

Aunque vivimos en un contexto social de emergencia habitacional, Canarias ha ascendido hasta el “Olimpo inmobiliario del lujo”. Según un reciente informe publicado por la red inmobiliaria The Simple Rent, las islas concentran aproximadamente el 12% del mercado de lujo nacional. Canarias es la tercera comunidad autónoma de España donde más residencias de lujo se venden. Sólo por detrás de Baleares y Madrid, y por delante de la Costa del Sol. 

Desde el Observatorio DESCA señalan que el Gobierno canario está “disfrazando el problema de que es una cuestión de prioridad nacional, está comprando el discurso a PP y Vox. Entonces, están dando prioridad solo para los ricos”, aseguran. 

Explican que el sentido del decreto va encaminado a legislar “contra la gente migrante pobre, pero a la rica se la sigue favoreciendo o no se actúa absolutamente en nada para evitar la especulación de la cual se benefician”.

Cómo solucionar el problema de vivienda

Javier Marrero de la plataforma Derecho al Techo sostiene que “seguimos sin un cambio de paradigma en la política de vivienda”. Considera que las administraciones canarias están ocultando lo que realmente hay que acometer, como: una “ampliación masiva y urgente del parque público y social de vivienda, aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas regulando los precios de los alquileres, limitar e inspeccionar la vivienda vacacional en áreas residenciales, y movilizar inmediatamente las vivienda vacías de grandes tenedores”. 

“En las zonas turísticas, la vivienda está secuestrada, y se tiene que prohibir”, afirman desde el Observatorio DESCA. Miguel Ruíz recuerda que en Cataluña se han extinguido las licencias turísticas hasta 2028. “Nada más se permiten viviendas turísticas en aquellos municipios que garanticen que no tienen ningún problema de vivienda”, y recuerda que ahora mismo no hay ninguno. Tampoco los hay en las islas.

Ruíz explica que en esta situación de emergencia residencial, “como así lo ha establecido por decreto el Gobierno de Canarias, se tiene que limitar esta situación”. Y señala que el gobierno canario también dijo que “iba a limitar las compras de no residentes. Esto jurídicamente es viable, con Observatorio lo estudiamos en su momento”, apunta. 

Además de blindar el parque público de vivienda, las soluciones pasarían por “movilizar el suelo”. También proponen que el gobierno autonómico “debe establecer un tanteo y retracto de la mayoría de operaciones que se hagan en materia de vivienda, para poder comprar viviendas a bajo precio”. 

Todos coinciden que la principal medida sería topar los alquileres, “cualquier persona sensata lo haría”, afirman desde el observatorio DESCA, y recuerdan que en Cataluña esa medida ya está en marcha con éxito. “Aunque no se ha solucionado la crisis de viviendas, para las 230.000 familias que viven de alquiler en Metropolitana, está funcionando”.

Otra medida mencionada sería “poner impuestos a las viviendas vacías”. Ruíz explica que no hace falta que se a todas las viviendas vacías, sólo con gravar las de los grandes tenedores, “SAREB, fondos de inversión, fondos buitre, recauda normalmente entre ocho o nueve millones de euros al año. Que no soluciona el problema de vivienda, pero bueno, se pueden comprar muchas viviendas. Se pueden comprar edificios enteros”, concluye.  

La conclusión de todos los colectivos mencionados es legislar con “políticas públicas valientes contra la especulación”. O como dice el mandato constitucional: “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. 

Un padre con discapacidad, una madre y sus dos hijos menores –uno de ellos con autismo de grado 3 y una discapacidad del 75%– han sido desahuciados este jueves del piso en el que llevaban desde 2019 en La Rambla en Barcelona. Sahin y su familia eran de los pocos vecinos que quedaban en este epicentro del turismo de la capital catalana hasta que la propiedad ha decidido echarles pese al informe que acredita su vulnerabilidad económica y social. La jueza ordenó el lanzamiento por finalización de contrato, tras la caída de la moratoria antidesahucios a finales de febrero.

Cerca de las 7 de la mañana, una treintena de vecinos, activistas por el derecho a la vivienda y algunos de los profesores de los pequeños se han concentrado frente a su portal para intentar frenar, sin éxito, el desahucio, que ha tenido lugar hacia las 9 de la mañana. Han tratado de frenar la entrada de la policía en el inmueble, aunque finalmente los agentes han conseguido romper la barricada improvisada con vallas de obra que los manifestantes han ideado para intentar blindar a Shahin y su familia.

Desde el Sindicato de Vivienda del Raval califican este caso de “especialmente grave” por la situación del hijo menor, que presenta un autismo severo. “Tener que pasar por un desahucio es algo duro para cualquier familia, pero en el caso de un niño en esta situación puede suponer un impacto mucho mayor por la ruptura de sus rutinas habituales”, señala Sara Vendrell, miembro del sindicato.

Otro de los puntos que hace que este lanzamiento sea “incomprensible” es que se ha llevado a cabo unos cinco meses antes de que la familia recibiera una vivienda social que ya tiene asignada, tras tres años de espera en la mesa de emergencia. “Solo pedíamos quedarnos hasta tener el piso de protección oficial”, ha lamentado el padre, Shahin Anwar.

El inmueble en el que vivían fue adquirido en su totalidad a finales de 2021 por la inmobiliaria VOC Barcelona SL, junto con el resto de viviendas del edificio, con el objetivo de destinarlo a alquiler de temporada. Ese mismo año finalizó también el contrato de la familia con el anterior propietario.

En el momento de la compra, la empresa ofreció 4.000 euros por el piso a Shahin, una cantidad que el inquilino consideró insuficiente para afrontar cualquier alternativa de alquiler en Barcelona, teniendo en cuenta que entonces no trabajaba debido a que se estaba recuperando de una operación en el hombro.

En 2022 se emitió la primera orden de desahucio, que fue aplazada por la moratoria de protección a hogares vulnerables hasta principios de 2024. Ese mismo año, se volvió a posponerse por el mismo motivo, aunque tras la caída de la medida a finales de febrero, el procedimiento se reactivó, se programó para el viernes pasado –cuando fue paralizado– y finalmente se ha ejecutado este jueves.

Al finalizar el contrato, Shahin siguió pagando la mensualidad acordada con el antiguo propietario hasta 2023, año en que reconoce que se vio “obligado” a dejar de pagar por la falta de un empleo con ingresos estables y al encontrarse limitado para determinados trabajos a causa de su estado físico. Tiene una discapacidad del 49% derivada de una tendinopatía crónica que le limita la movilidad de ambos brazos y le provoca dolores intensos. Antes del diagnóstico, trabajaba como camarero en un restaurante del que fue despedido mediante un ERTE durante la pandemia de COVID.

Desde entonces no ha podido reincorporarse al mercado laboral debido al empeoramiento del dolor y ha intentado, con apoyo de los Servicios Sociales, acceder a trabajos compatibles con sus capacidades funcionales. Sin embargo, únicamente ha conseguido empleos puntuales como traductor, sin estabilidad ni ingresos regulares. “Quiero trabajar, pero la mayoría de lo que encuentro requiere esfuerzo físico y, con el dolor que tengo, no puedo”, explica a elDiario.es. En estos momentos, está estudiando para obtener la licencia de taxista.

Tanto el Sindicato de Vivienda del Raval como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que han intentado negociar un contrato de alquiler con la propiedad en numerosas ocasiones. Sin embargo, sostienen que la empresa no ha mostrado disposición a alcanzar un acuerdo y ha mantenido en todo momento su voluntad de continuar con el procedimiento judicial. Por su parte, VOC Barcelona SL ha rechazado hacer declaraciones.

Desde el Sindicato reconocen que en 2024 lograron reunirse con la propiedad para intentar alcanzar un acuerdo de pago de cuotas hasta la adjudicación del piso de la mesa de emergencias, pero explican que finalmente la empresa decidió no negociar. “Llegamos a reunirnos y parecía que estaban dispuestos a hablar, pero de un día para otro cambiaron de opinión”, explica Vendrell. A principios de este año, los Servicios Sociales intentaron también llegar a un acuerdo, pero obtuvieron el mismo resultado.

Sin alternativa para una menor con autismo

Shahin y su familia aún no saben dónde dormirán esta noche. Desde Servicios Sociales les han ofrecido alojamiento de emergencia en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Sin embargo, estos centros suelen tener sólo habitaciones compartidas con otras familias, una situación que no resulta viable para el menor de la familia, que presenta el grado más severo de autismo. “Mi hijo necesita espacio y tranquilidad, y en una habitación compartida sé que se va a asustar. Además, cuando hay cambios se pone muy nervioso: se muerde las manos, rompe ropa y necesita espacio”.

Anna Pérez, profesora y miembro de la asociación Docents 080 (formada por varios docentes en contra los desahucios de los alumnos) advierte del impacto de estos episodios en el rendimiento escolar de los menores. “Acudir a la escuela sin saber dónde dormirán por la noche les genera una gran situación de estrés que, evidentemente, afecta a su concentración”.

Desde Docents 080 advierten de la magnitud del problema a través de un estudio realizado el curso pasado. En él participaron 46 escuelas catalanas, que detectaron un total de 215 niños que sufrieron un desahucio durante el curso. Además, en octubre de 2025 había 1.597 niños durmiendo en pensiones en la ciudad de Barcelona, según datos facilitados por la Generalitat a la misma organización.

“No nos hacemos a la idea de lo que puede suponer para un niño vivir en una pensión. Además, el hijo de Shahin, entre otras cosas, necesita comer alimentos triturados y es extremadamente sensible a los ruidos y a todo tipo de estímulos externos”, ha explicado Irene Abilla, directora del Centro de Educación Especial Vil·la Joana, donde estudia el menor, y miembro de la asociación.

En este sentido, desde Servicios Sociales les han propuesto que busquen alojamiento temporal por su cuenta y, posteriormente, reembolsarles los gastos de las noches que pasen. “Aun así, nos preocupa que la ruptura de la rutina del niño pueda afectar al progreso que ha logrado en los últimos meses”, ha añadido Abilla.

Hasta el momento, la familia no ha encontrado ningún hotel para pasar la noche, aunque espera poder resolverlo y poder sufragar el coste hasta que los Servicios Sociales les reintegren los gastos.

La construcción de 640 viviendas de alquiler social en los barrios zaragozanos de Miralbueno y Rosales del Canal está más cerca. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto la primera piedra para unas promociones que tendrán según el Ejecutivo autonómico un precio máximo de alquiler de 586 euros, mientras que sus inquilinos podrán recibir ayudas autonómicas para que su renta no supere el 30% de sus ingresos.

Los edificios se levantarán en terrenos que el Ayuntamiento ha cedido al Gobierno autonómico: 305 en la confluencia entre las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz, en Miralbueno; 143 en la calle Hipólito Lor, también en este barrio, y 192 entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss, en Rosales del Canal.

El 80% de los beneficiarios de estas promociones serán jóvenes de entre 18 y 39 años, y no pagarán más del 30% de su sueldo de alquiler, ya que el Gobierno de Aragón establecerá ayudas en función de los ingresos, que oscilarán entre el 20 y el 40% del precio.

Estas ayudas se aplicarán según la tipología de la vivienda, fijando una renta mensual de entre 235 a 313 euros al mes en pisos de una habitación, de 352 a 470 euros en los de dos habitaciones y de 440 a 586 euros en los de tres, un precio “muy inferior” al de mercado actual en la ciudad de Zaragoza, ha asegurado Azcón.

A todo ello ha sumado la directriz aprobada por el Ejecutivo autonómico en febrero de 2024, que permite que suelos inicialmente pensados para equipamientos públicos, pero que llevan décadas sin ejecutarse, se puedan destinar a “las necesidades reales” actuales, que pasan por la vivienda.

Impulso de vivienda pública

Todo ello es lo que ha llevado a impulsar un total de 3.081 viviendas públicas en Aragón en menos de dos años, según ha afirmado el presidente: “Nunca en tan poco tiempo se habían impulsado tantas viviendas públicas”, ha dicho, recordando que, a su llegada al Pignatelli, no es que no encontraran “ni un solo proyecto”, es que no había “ni un solo papel”. El objetivo, además, es poner en marcha otras 4.000 en esta legislatura.

Azcón ha participado en el acto junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y directivos de las empresas Urbania –adjudicataria de la concesión demanial para su gestión por 75 años–, Grupo Lobe y Sogeviso, encargadas de la construcción de estas futuras viviendas públicas de alquiler.

El presidente aragonés ha iniciado su intervención hablando de “proyecto histórico” a nivel local y regional: “Los que tenemos memoria sabemos que poner en marcha un proyecto de vivienda asequible de 640 viviendas es histórico, porque hay que remontarse a muchos años, a muchas décadas, para que un proyecto público impulsado por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Zaragoza se pusiera en funcionamiento”.

“En tiempo récord”

Un proyecto, ha continuado, que está relacionado con que la vivienda es ahora “prioridad” para ambas instituciones y con que aplican “fórmulas de gestión que funcionan”, además de la cooperación entre administraciones.

En las tres capitales provinciales, se ha optado por la fórmula de la concesión demanial, por la que suelos públicos se ponen a disposición de empresas para construir viviendas “en tiempo récord” y con un ahorro que ha estimado en el 25% de los costes. Ello permite, asimismo, que los suelos y los inmuebles reviertan en la Administración pasados 75 años.

“La fórmula que estamos aplicando en nuestra comunidad autónoma conjuga la viabilidad técnica de los proyectos, la viabilidad mercantil de los proyectos, con que haya un precio asequible en el que los jóvenes puedan adquirir esas viviendas”, ha destacado.

Por último, el presidente autonómico ha recordado que, cuando él y la alcaldesa de Zaragoza firmaron en febrero de 2024 un documento para impulsar la política de vivienda en la ciudad, muchos les dijeron “no lo conseguiréis”, pero “hoy miramos atrás y vemos que lo que prometimos lo estamos cumpliendo”.

Ello ha propiciado que un primer lote, de 608 viviendas en el Actur y Valdespartera, esté finalizado en los primeros meses de 2027, y este segundo lo esté en el primer semestre del año siguiente.

“Calidades incluso superiores”

El directivo de la empresa Urbania Jeffrey Sújar ha ofrecido detalles técnicos sobre estas viviendas, que han recibido financiación de capital internacional porque el proyecto “demuestra que el sector público y el sector privado pueden colaborar, pueden colaborar de verdad, y cuando lo hacen el resultado genera impacto positivo para el ciudadano”. Ha dejado claro especialmente que estas viviendas no son “peores” ni “más baratas” y que tienen “las mismas calidades o incluso superiores a las viviendas libres”. De hecho, ha estimado su precio en el mercado libre en torno a los 500.000 o 600.000 euros.

Según Sújar, estarán construidas “bajo algunos de los estándares más exigentes”, como el método 'Passive House', que permitirá tener un mejor nivel de aislamiento térmico y acústico, y una certificación internacional en materia de eficiencia energética, que permitirá reducir el gasto energético en calefacción y refrigeración entre el 75 y el 80%, manteniendo siempre una temperatura constante de entre 20 y 25 grados y sin corrientes de aire. Del mismo modo, su sistema de ventilación mecánica continuo, con filtros de alta eficiencia que elimina humedad, ayudará a tener una experiencia de vida que “va a ser de las más elevadas”.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y “garantizar el derecho efectivo”.

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una “respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional” que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

Intervenir de forma directa el mercado

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas a frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es “romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social”. “Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo”, ha indicado.

Blindar el parque público de vivienda

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye “un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria”.

“Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra”, ha añadido. Además, López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que “la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la comunidad autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios”.

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación que, según ha advertido, “están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias”.

Un modelo insostenible

La líder andaluza de CCOO ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que “es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad”.

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos. Por ello, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Un servicio de interés general

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Protección frente a los desahucios

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como “elemento clave”, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

En el municipio de Cuenca existe un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población residente en condiciones que la hagan asequible. Así lo asegura el informe de apoyo para la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

Publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cuenca, esta es una de las conclusiones que determina el estudio previo para realizar dicha declaración, para lo cual es necesario cumplir uno de los dos criterios de la Ley por el Derecho a la Vivienda en su artículo 18.

En este sentido, el artículo determina que podrán ser declaradas como tales aquellas áreas en las que concurra al menos una de las siguientes condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Asimismo, también es una condición que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente.

En cuanto al criterio uno sobre el esfuerzo económico para comprar o alquilar una vivienda en relación a la renta de los hogares, se comprueba que, aunque no se supera el 30 % requerido, la presión es “muy alta, con bastantes secciones igual o superior al 20 %”.

Asimismo, el informe ha determinado que más del 50 % de las secciones censales cumplen los requisitos contemplados en el segundo criterio y estos datos permiten considerar la “posible idoneidad” de extender la declaración de zona tensionada a todo el municipio.

Las secciones periféricas soportan una mayor inflación

Las secciones periféricas son, en su mayoría, las que han soportado una mayor inflación en los precios de compra, según ha señalado el informe, que ha destacado que son las zonas que “mejor estado de conservación de la vivienda presentan -probablemente por el año de construcción-, así como en las que se han ofertado obras de nueva construcción”.

Por su parte, el Casco Antiguo, barrio de Princesa Zaida (por la mayoría de pisos para estudiantes), zonas del centro de la ciudad (calle Colón y alrededores) y el distrito de Buenavista-Fuensanta son las más afectadas por el incremento del valor del alquiler superiores al 3 % respecto al IPC autonómico en los últimos cinco años.

En este caso, al contrario de lo que ocurre con los precios de la vivienda, son las secciones del centro y la zona universitaria las más tensionadas.

Además, el estudio de mercado ha determinado el déficit detectado en la oferta de alquiler, en especial en las secciones periféricas.

“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

“Dejadnos vivir tranquilos, estamos cansados ya”. Con esta evidente muestra de hartazgo se ha manifestado el primer vecino del residencial de viviendas protegidas Les Naus de Alicante con el que se han topado periodistas de elDiario.es tras identificarse como tales para recoger sus impresiones de todo lo que está sucediendo en torno a las adjudicaciones presuntamente irregulares a cargos del PP, familiares y funcionarios municipales.

“Le entendemos, pero hay un caso grave que investiga la justicia”, replican los informadores, a lo que el residente visiblemente contrariado espeta: “Que se haga justicia, pero a los demás que nos dejen en paz”, al tiempo que sale de la urbanización y se aleja caminando por la acera.

El testimonio de este residente, un hombre joven de no más de 40 años, representa el sentir general de muchos de los adjudicatarios que cumplieron con los trámites para acceder a las viviendas. Sin embargo, el sueño que suponía para ellos obtener una casa a un precio razonable para los tiempos que corren e iniciar así un proyecto de vida se transformó en pesadilla cuando se destapó el escándalo que ya investiga la titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante.

Hasta hora se conoce que una quincena de viviendas han ido a parar a individuos con algún tipo de vinculación con el Ayuntamiento de Alicante y el PP. Se trata, por un lado, de dos personas que mantienen una relación personal con la concejala de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali. Estos casos se suman a los de las viviendas adjudicadas a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a las de dos de los hijos y un sobrino de la también dimitida directora general Ana Pérez-Hickman, y a la del arquitecto municipal, Francisco Nieto, además de la que se quedó la mujer del funcionario de la Generalitat suspendido de empleo y sueldo. Los últimos casos que se han conocido son los de una interventora de la Generalitat con un sueldo de 70.000 euros, ahora tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, y el de una edil de San Vicente del Raspeig, cuyo hijo también ha sido adjudicatario.

A los pocos minutos sale del recinto una chica de edad similar con un carrito en el que lleva a su hijo, quien no tiene problemas en contar sus impresiones. Según comenta, “quizás el sistema por el que se ha tramitado todo no es el más adecuado, pero es el que había y nosotros hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido”, explica mientras un agente de la Policía Local sale carpeta en mano de uno de los bloques. Los agentes han iniciado una inspección a instancias de la Conselleria de Vivienda para comprobar si las personas empadronadas en las viviendas son efectivamente las que residen en las mismas.

“No es agradable todo lo que está pasando, tener a la Policía Local pidiendo documentación o levantarte una mañana y ver pintadas dentro de la urbanización. Hemos tenido que poner vigilancia porque también hemos recibido insultos, salimos a la calle con miedo”, lamenta.

Otro chico algo más joven también con un carrito en el que lleva a su hijo pregunta si los presentes son periodistas y tras la respuesta afirmativa se queja de algunas informaciones y de lo que les está suponiendo estar en el foco mediático: “Se están contando muchas mentiras y se nos está estigmatizando. Parece que todos los que estamos aquí seamos cargos del PP o hayamos hecho algún tipo de irregularidad cuando no es así en la mayoría de los casos, al menos que yo conozca”.

Tras trasladar su malestar, un poco más calmado, explica cómo fue en su caso el proceso de adjudicación: “A finales de 2021 nos llaman de la cooperativa a la que estábamos apuntados y nos dicen si nos interesa un piso ya que las personas que teníamos por delante en la lista renuncian. Entonces aportamos una primera cuantía de 2.000 euros y luego, en 2022, una vez se aprueba la compra de la parcela aportamos un 25% del valor de la casa, en nuestro caso 57.000 euros. En octubre de 2024 nos dijeron que nos inscribiéramos en el registro de demandantes de la Generalitat y así lo hicimos”, un trámite que con el decreto aprobado dos meses después, en diciembre del mismo año, se eliminó para viviendas protegidas de iniciativa privada. Las viviendas se adquirieron por entre 200.000 y 230.000 euros sin IVA y en el mercado de renta libre podrían alcanzar actualmente un valor de más de 400.000 euros.

Sobre las inspecciones que realiza la Policía Local, explica que les preguntan si son los titulares de las viviendas y piden el DNI, al tiempo que afirma que, aunque no tiene certeza, es posible que haya “alguna vivienda alquilada” y estima que, en estos momentos, deben estar habitadas “algo más de un centenar de pisos de los 140 con sus residentes”, un dato que, puntualiza, es estimativo.

La Generalitat y la Iglesia han firmado un protocolo para que las diócesis catalanas pongan inmuebles de su propiedad a disposición de la Administración pública con el fin de destinarlos a vivienda social. El president del Govern, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, han presentado este lunes el acuerdo en el Palau de la Generalitat.

El pacto permitirá impulsar promociones de vivienda social en inmuebles que sean propiedad de la Iglesia católica, sin modificar su titularidad, pero con gestión pública. De este modo, la Iglesia mantendrá la propiedad de los edificios cedidos, mientras que la gestión corresponderá a la Generalitat. Durante el acto, Planellas ha defendido que el acceso a la vivienda debe abordarse como una “cuestión de país”, e Illa ha celebrado el acuerdo alcanzado con la institución eclesiástica.

Planellas ha representado en el Palau a todos los obispos de las diócesis con sede en Catalunya, incluidas las comunidades religiosas pertenecientes a la Unión de Religiosos de Catalunya (URC), para firmar el convenio junto a Illa. El acuerdo permitirá que las diócesis colaboren con la Generalitat y otras instituciones públicas y privadas del país para incrementar el parque de vivienda social en Catalunya.

Lo firmado hoy establece así un marco general de colaboración para promover e impulsar la promoción de vivienda social, sin detallar por ahora cuántas viviendas o solares podrán aportar. Con el objetivo de movilizar estos activos se creará una mesa de trabajo, integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y cinco miembros designados por la Generalitat.

Entre los representantes del Govern habrá cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito de urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática (ámbito de asuntos religiosos) de la Generalitat.

Se prevé que la mesa se reúna inicialmente una vez por semestre, con las funciones de colaborar institucionalmente, estudiar conjuntamente la creación de vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia católica, proponiendo los cambios normativos que la hagan viable y sin alterar el título de propiedad.

También promoverá e impulsará la firma de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las diócesis y archidiócesis titulares de los bienes eclesiásticos para la creación de nueva vivienda social. Finalmente, velará por que los proyectos resultantes se destinen a colectivos en situación de vulnerabilidad, con criterios de “transparencia y equidad”.

El acuerdo también prevé crear una comisión de seguimiento de este protocolo, integrada por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y tres representantes de la Generalitat. La comisión se reunirá al menos una vez al año.

La duración inicial del protocolo es de cuatro años, prorrogable por acuerdo mutuo de las partes. Las cesiones podrían oscilar entre los 30 y 75 años, en función de cada caso. La Iglesia las cederá de forma gratuita.

Durante su discurso, Planellas ha destacado la importancia de “rehacer y reutilizar” bienes de la Iglesia para destinarlos a vivienda social. El presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha subrayado que es un “motivo de alegría” para las diócesis aportar este “grano de arena” para intentar paliar la problemática de la vivienda.

El arzobispo ha reiterado que la crisis de acceso a la vivienda es “de país”. En este sentido, ha instado a los partidos a no hacer una “política polarizada”, sino a “sumar y unir”. “El tema de la vivienda es de país, no del Govern; tenemos que implicarnos todos para sumar y no restar”, ha repetido.

Illa ha remarcado que el acuerdo es “pionero” en el Estado y que permite “abrir camino” con una estrategia en la que “quien gana es el país”. “Con diligencia y paso a paso, respetaremos los ritmos de cada diócesis”, ha garantizado el presidente, que ha insistido en la “política integral” del Govern para favorecer el acceso a la vivienda.

Al acto de esta mañana han asistido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. Sus departamentos han pilotado las negociaciones para cerrar el acuerdo con la Iglesia.

El jefe del Ejecutivo ha añadido que quería que su primer acto oficial tras la baja médica fuera la firma de este convenio. Illa ha regresado hoy “plenamente consciente” de lo que ha vivido Catalunya durante su ausencia.

En una declaración institucional esta mañana desde el Palau, ha defendido que sabe “lo que hay que hacer”. “Debemos tener plena confianza en que Catalunya está preparada para resolver cualquier situación”, ha concluido.

“Vaig veure el render i vaig al·lucinar. Ni en somnis esperava que fos així”. Aquestes paraules, pronunciades per l'investigador cinematogràfic José Antonio Sarrià, condensen el clima d'expectació que ha generat la futura transformació d'un antic cinema, el Fantasio, que durant dècades va marcar milers d'espectadors a la localitat mallorquina de Sóller. L'emblemàtic edifici serà rehabilitat per albergar 11 habitatges de protecció oficial i un espai museístic dedicat a preservar la memòria cinematogràfica local, un projecte en què especialistes i ciutadania veuen una oportunitat de recuperar part de la seva identitat cultural i, alhora, intentar donar resposta a una de les necessitats socials més urgents d'aquest municipi enclavat en plena Serra de Tramuntana: l'accés a un habitatge.

La intervenció, impulsada per l'Institut Balear d'Habitatge (Ibavi) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sóller, pretén recuperar un immoble carregat d'història, conservant-ne la façana, els elements originals i símbols tan reconeixibles com el ròtul lluminós. “Jo vaig flipar quan em van dir que conservarien el neó. Va ser el primer rètol lluminós que hi va haver a un poble fora de Palma”, confessa Sarrià, editor de la revista Sóller Grindhouse, que, amb un disseny inspirat en l'estètica fanzinera dels vuitanta i noranta, ret homenatge als temples del cel·luloide que antany van atreure diverses generacions i van encendre la passió cinèfila de molts joves de la Vall de Sóller, el Fantasio i l'Alcàzar, erigits durant anys en espais clau en la vida cultural i social del municipi. La futura zona expositiva servirà per a rescatar la memòria d'aquells espais.

Per fer-ho, tal com explica Sarrià, el Govern ha demanat la col·laboració de diversos especialistes, entre els quals ell s'inclou, amb l'objectiu d'assessorar en la recreació estètica del Fantasio i actuar com a “catalitzadors” entre els col·leccionistes privats que conserven peces dels antics cinemes, com les marquesines de fusta en les quals setmanalment s'anunciaven les pel·lícules, el característic entapissat vermell dels seients o fins i tot la restauració de l'antic projector, que ja compta amb una partida pressupostària assignada. L'editor de Sóller Grindhouse destaca especialment la sensibilitat patrimonial del projecte i recorda que l'Ibavi ja va actuar de manera similar a Palma amb el cinema Doré, conservant-ne la façana i reconvertint-lo en pisos protegits. En el cas del Fantasio, però, la proposta va molt més enllà.

Sarrià subratlla que el deteriorament del Fantasio és major que el de l'Alcàzar, ja que va tancar una dècada abans –el 1984– i va patir espoliacions durant anys. “Es colava molta gent i s'enduia coses”, lamenta. Tot i així, confia que els elements conservats, la documentació gràfica existent i la implicació d'antics aficionats i col·leccionistes ajudin a construir un espai museístic coherent. “No són molts metres, però si es coordina bé pot quedar molt digne”, subratlla.

El cinema Fantasio va arrencar als anys trenta. L'edifici, construït en ple auge del cinematógraf arran de la seva arribada a l'illa, va ser dissenyat per l'arquitecte Guillem Forteza Pinya, destacat per la seva aportació al regionalisme i al racionalisme arquitectònic a Mallorca. Amb capacitat per a uns 715 espectadors, aviat es va convertir en un dels principals espais culturals del municipi. No obstant això, per comprendre la importància del Fantasio a la vida de Sóller és necessari retrocedir diverses dècades: des del 1840 la localitat va viure una profunda transformació econòmica i social.

Tal com documenta Plàcid Pérez, doctor en Història Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de Sóller (Mallorca): Evolució econòmica i social entre 1840 i 1936, l'auge del comerç de cítrics amb França, la industrialització tèxtil -especialment a la fi del segle XIX, amb l'arribada de les fàbriques mecanitzades- i l'emigració van generar una burgesia dinàmica i una classe treballadora organitzada que van dotar la vila d'un teixit associatiu inusitadament actiu per a la Mallorca de l' època. Societats recreatives, cooperatives agrícoles, mutualitats i entitats culturals van proliferar en un municipi que, malgrat el seu aïllament geogràfic, mantenia una intensa connexió exterior i una marcada consciència cívica.

L'edifici, dissenyat per l'arquitecte Guillem Forteza Pinya, es va construir als anys trenta

Un oasi de llibertat intel·lectual

Es tracta d'un dinamisme que va conduir a l'impuls d'una de les iniciatives culturals més singulars de la Mallorca dels anys vint: el Foment de Cultura de la Dona, impulsat el 1926 per la pedagoga i escriptora Maria Mayol. En plena dictadura de Primo de Rivera, l'entitat va néixer, de la mà de l'Associació per la Cultura de Mallorca, amb l'objectiu explícit de fomentar la formació cultural de les dones. Un petit oasi de llibertat intel·lectual en una societat encara profundament conservadora.

“Jo voldria que les dones, en fer l'entrada a la vida pública a la vida pública, sabéssim desfer la barricada [...]. Jo voldria que les dones que saben inspirar la pau dins la família, sabessin inspirar-la al carrer”, afirmava Mayol. Inspirat en el model de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de Barcelona, el Foment es va articular al voltant d'una biblioteca circulant, cursos formatius, conferències i activitats culturals dirigides principalment a dones, encara que, davant la creixent demanda, la biblioteca acabaria obrint-se també als homes.

L'edifici va acollir el Foment de Cultura de la Dona, impulsat en plena dictadura de Primo de Rivera per la pedagoga i escriptora Maria Mayol per fomentar la formació cultural de les dones: 'Jo voldria que les dones, en entrar a la vida pública, sabéssim desfer la barricada'

En el seu primer any de funcionament ja comptava amb més de 1.500 volums i una intensa programació cultural que incloía concerts, cicles formatius i exposicions, tal com expliquen, per la seva banda, l'artista Neus Marroig Colom i la historiadora Antònia M. Miró Crespí a la seva investigació El lloc és la memòria (espais ludicoculturals, cinemes a Sóller), la publicació de la qual busca rescatar i preservar el record d'espais avui desapareguts, de manera “lenta i oculta”, en un procés d'“esborrat de la memòria col·lectiva”. Una “destrucció planificada i sistemàtica del teixit històric” que, incideixen, ha passat a ser substituït per nous productes urbans i, en altres, “deixat caure a les runes”.

Com assenyalen en el seu estudi, l'ambició del projecte entorn del Foment va portar Mayol a promoure la construcció d'un local propi que s'ubicaria en el mateix solar que anys després ocuparia el Fantasio, resultat d'una ambiciosa operació financera impulsada per l'activista sollerica que va incloure l'émissió d'obligacions per poder costejar la compra del terreny i l'edificació de l'immoble. No obstant això, com subratllen Marroig i Miró, la iniciativa no va obtenir el suport econòmic esperat i la subscripció va resultar insuficient, la qual cosa va obligar Mayol a respondre personalment amb el seu propi patrimoni per fer front als deutes.

Del somni pedagògic al declivi

La pressió financera va acabar resultant insostenible per a l'entitat: el manteniment de l'edifici i la fragilitat dels ingressos van impedir que el projecte pogués seguir endavant, a la qual cosa es va sumar un clima polític cada vegada més advers: la creixent implicació de Mayol en posicions republicanes i progressistes va despertar recels en els sectors més conservadors de Sóller, que van impulsar una campanya de descrèdit contra ella. “L'animadversió que va despertar l'actitud vitalista i progressista de Maria Mayol entre els seus conciutadans de Sóller va traspassar els límits del possible 'escàndol moral'”, documenta, per la seva banda, Isabel Graña, autora de Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona“, el treball més exhaustiu sobre la figura que va desbordar les convencions de la seva època: Mayol va ser acusada d'haver utilitzat la seva posició de presidenta del Foment de Cultura de la Dona en benefici personal per guanyar les oposicions de professora municipal de francès, la qual cosa va deteriorar la seva imatge en un entorn cada vegada més hostil.

El 1934 va dimitir com a presidenta –va acabar traslladant-se a Vilanova i la Geltrú, on va exercir de catedràtica de francès, tornant puntualment a Mallorca per participar en la campanya de 1936 a favor del Front Popular–, la qual cosa va provocar la dimissió en cadena de les seves col·laboradores més properes, Francisca Rotger i Antònia Rullan, i va precipitar la posada a la venda de l'immoble. Poc després, l'edifici iniciaria una nova etapa sota una altra denominació i una altra funció: es convertiria en el cinema Fantasio, obrint un capítol diferent, però igualment determinant, en la vida social i cultural de Sóller.

L'animadversió que va despertar l'actitud vitalista i progressista de Maria Mayol entre els seus conciutadans de Sóller va traspassar els límits del possible 'escàndol moral'

Isabel Graña — Autora de 'Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona'

La presència del cinema a la localitat, no obstant això, va tenir arrels més tempranes: a finals del segle XIX, quan encara no existien sales estables, ja es documenten projeccions ambulants amb estereoscopis i llanternes màgiques en cafès i places de Sóller, mentre que la primera funció cinematogràfica tindria lloc el 1897, al teatre de la Defensora Sollerense, tal com va informar el diari La Almudaina“ en la seva edició del 13 d'octubre d'aquell any –”per mitjà d'aquest meravellós invent segle es presenten multitud d'escenes plenes de vida i moviment“– i documentaria posteriorment l'historiador Cristòfol-Miquel Sbert, autor, entre altres obres, d'El cinema a les Balears (segles XIX i XX). Aquelles sessions pioneres van marcar l'inici d'una tradició audiovisual que, dècades més tard, cristal·litzaria en l'obertura de sales permanents com el Fantasio, consolidant l'hàbit del cinema com a experiència col·lectiva en la vida social de la Vall.

Durant les dècades següents, el Fantasio va conviure amb altres locals i amb fenòmens com el cineclub pioner fundat el 1954, que, segons recull Sbert, projectava pel·lícules poc comercials emmarcades en moviments com la Nouvelle Vague francesa o el neorealisme italià, i generava debats culturals a la Vall. El 1951 es va habilitar l'anomenat Pati Fantasio, un espai a l'aire lliure destinat a projeccions estivals i espectacles populars, fórmula habitual en la postguerra mallorquina per aprofitar els mesos d'estiu. El 1953, l'interior va ser reformat per l'arquitecte Antoni Coll Sancho i, el 1957, va incorporar il·luminació de neó a la façana, reforçant així la seva innovadora imatge dins del paisatge urbà de la Part Forana.

La polèmica de la “pel·lícula pornogràfica”

Durant les dècades de 1960 i 1970, el Fantasio va adaptar la seva programació als canvis del mercat exhibidor, amb la projecció de westerns, pel·lícules bèliques i melodrames, i, ja en la Transició, pel·lícules classificades 'S', fenòmen comú en les sales tradicionals que buscaven mantenir la viabilitat econòmica davant la competència televisiva. El Setmanari Sóller del 14 de juny de 1980 recollia fins i tot, en la seva secció 'Taronges i llimones', el rebombori sorgit entorn dels cartells exhibits al Fantasio. El text desmentia el rumor que apuntava que l'aleshores regidora Aina Colom hagués pujat a la cabina per “parar la proyecció d'una pel·lícula pornogràfica” i aclarava que la seva presència es va produir a petició del fill de l'empresari, “el Sr. Salas”, per examinar els cartells col·locats a l'exterior del cinema. Segons aquesta versió, el propi empresari hauria manifestat que, si l'Ajuntament considerava inadequada l'exhibició pública d'aquelles imatges, es retirarien sense inconvenient. El Fantasio es va veure així embolicat en un debat públic que s'estenia a la resta del país entre la nova permissivitat cultural de l'Espanya postfranquista i la sensibilitat de part de la societat local.

La nova vida del Fantasio

El Fantasio va funcionar amb regularitat fins a principis dels anys vuitanta, quan la crisi del model d'exhibició tradicional va acabar passant-li factura. La competència de la televisió, els canvis en els hàbits d'oci i la progressiva pèrdua de públic van reduir la seva rendibilitat i la sala es va veure abocada a tancar el 1984, amb l'última projecció d' El Padrí, de Francis Ford Coppola, posant fi a mig segle d'activitat cinematogràfica en el cor de Sóller. Des d'aleshores, l'edifici va romandre tancat i sense ús, sotmès al deteriorament progressiu i a episodis d'espoliacions que van agreujar el seu estat de conservació. Al llarg de les dècades següents es van succeir propostes per reconvertir-lo en auditori, escola de música o centre cultural, però cap va arribar a materialitzar-se, ja sigui per falta de finançament o per canvis a les prioritats polítiques municipals.

Com subratllen Marroig i Miró en el seu estudi, els cinemes en aquest enclavament de la Serra de Tramuntana van formar part d'“una història social recordada avui ”per gran part dels ciutadans de la Vall que van viure l'evolució del cinema com una finestra cap al món, a més d'un espai lúdic on poder relacionar-se“. ”Tant grans com joves i nens van gaudir dels cinemes sollerics fins a mitjans dels anys noranta“, data en la qual, recorden, va abaixar la persiana l'últim cinema actiu del moment, l'Alcàzar. ”Les històries de vida són pràcticament el que queda d'aquests espais“, reflexionen.

L'antic Fantasio es va convertir així en una peça més del paisatge urbà en decadència, símbol tant de la memòria col·lectiva com de la dificultat per sostenir els equipaments culturals tradicionals en un nou context econòmic i audiovisual. Aquella situació va fer un gir quan el Govern balear, a través de l'Ibavi, va incorporar l'immoble al seu programa de promoció pública d'habitatge. El projecte preveu la rehabilitació integral de l'edifici per albergar 11 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer -un d'ells adaptat a persones amb discapacitat- i un espai expositiu municipal dedicat a preservar la memòria cinematogràfica de Sóller, combinant així funció social i recuperació patrimonial en un mateix espai.

El projecte preveu la rehabilitació integral de l'edifici per albergar 11 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i un espai expositiu municipal dedicat a preservar la memòria cinematogràfica de Sóller, combinant així funció social i recuperació patrimonial

Lluny de demolir l'immoble per construir un bloc modern, l'Ibavi preveu mantenir elements arquitectònics, decoratius i històrics de l'edifici original, entre els quals es troben la façana principal i els seus ròtuls, que es restauraran per mantenir l'estètica original de l'edifici; la fusteria, les rajoles originals i els forjats que formen part integral de l'estructura; fins a 40 seients de l'antiga sala de projeccions, la barra de l'antic bar i altres peces i vestigis que formaran part de l'exposició museística.

L'editor de Sóller Grindhouse assenyala que, durant mesos, el futur de l'edifici va ser incert. Després del fracàs d'una proposta impulsada per l'entorn de l'actor Daniel Brühl -que, segons explica, actuava com a imatge visible d'un grup inversor interessat en l'immoble-, el risc d'abandó era real. “Una vegada que l'Ajuntament va reconèixer públicament que no tenia capacitat per a rehabilitar-lo, l'única opció era l'enderroc, com va passar amb la Defensora”, assenyala. L'entrada de l'Ibavi, al seu judici, va ser decisiva per a evitar la pèrdua definitiva de l'edifici.

A nivell personal, reconeix que ell no va arribar a conèixer el Fantasio en funcionament -per edat, estava més vinculat a l'Alcázar-, però sent el projecte com una oportunitat històrica. “Això anirà cobrant força quan arrenquin les obres”, anticipa. Ho diu convençut que, aquesta vegada, el Fantasio no serà un record més perdut en la memòria de Sóller, sinó una part visible i viva de la seva identitat col·lectiva.

“Vi el render y aluciné. Ni en sueños esperaba que fuese así”. Estas palabras, pronunciadas por el investigador cinematográfico José Antonio Sarrià, condensan el clima de expectación que ha generado la futura transformación de un antiguo cine, el Fantasio, que durante décadas marcó a miles de espectadores en la localidad mallorquina de Sóller. El emblemático edificio será rehabilitado para albergar 11 viviendas de protección oficial y un espacio museístico dedicado a preservar la memoria cinematográfica local, un proyecto en el que especialistas y ciudadanía ven una oportunidad de recuperar parte de su identidad cultural y, a su vez, intentar dar respuesta a una de las necesidades sociales más acuciantes de este municipio enclavado en plena Serra de Tramuntana: el acceso a una vivienda.

La intervención, impulsada por el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) con la colaboración del Ajuntament de Sóller, pretende recuperar un inmueble cargado de historia, conservando su fachada, los elementos originales y símbolos tan reconocibles como el rótulo luminoso. “Yo flipé cuando me dijeron que iban a conservar el neón. Fue el primer letrero luminoso que hubo en un pueblo fuera de Palma”, confiesa Sarrià, editor de la revista Sóller Grindhouse, que, con un diseño inspirado en la estética fanzinera de los ochenta y noventa, rinde homenaje a los templos del celuloide que antaño atrajeron a varias generaciones y encendieron la pasión cinéfila de muchos jóvenes de la Vall de Sóller, el Fantasio y el Alcázar, erigidos durante años en espacios clave en la vida cultural y social del municipio. La futura zona expositiva servirá para rescatar la memoria de aquellos espacios.

Para ello, tal como explica Sarrià, el Govern ha pedido la colaboración de varios especialistas, entre los que él se incluye, con el objetivo de asesorar en la recreación estética del Fantasio y actuar como “catalizadores” entre los coleccionistas privados que conservan piezas de los antiguos cines, como las marquesinas de madera en las que semanalmente se anunciaban las películas, el característico tapizado rojo de los asientos o incluso la restauración del antiguo proyector, que ya cuenta con una partida presupuestaria asignada. El editor de Sóller Grindhouse destaca especialmente la sensibilidad patrimonial del proyecto y recuerda que el Ibavi ya actuó de forma similar en Palma con el cine Doré, conservando su fachada y reconvirtiéndolo en pisos protegidos. En el caso del Fantasio, sin embargo, la propuesta va mucho más lejos.

Sarrià subraya que el deterioro del Fantasio es mayor que el del Alcázar, ya que cerró una década antes –en 1984– y sufrió expolio durante años. “Se colaba mucha gente y se llevaba cosas”, lamenta. Aun así, confía en que los elementos conservados, la documentación gráfica existente y la implicación de antiguos aficionados y coleccionistas ayuden a construir un espacio museístico coherente. “No son muchos metros, pero si se coordina bien puede quedar muy digno”, subraya.

El cine Fantasio echó a andar en los años treinta. El edificio, construido en pleno auge del cinematógrafo tras su llegada a la isla, fue diseñado por el arquitecto Guillem Forteza Pinya, destacado por su aportación al regionalismo y al racionalismo arquitectónico en Mallorca. Con capacidad para unos 715 espectadores, pronto se convirtió en uno de los principales espacios culturales del municipio. Sin embargo, para comprender la importancia del Fantasio en la vida de Sóller es necesario retroceder varias décadas: entre 1840 y 1936, la localidad vivió una profunda transformación económica y social.

Tal como documenta Plàcid Pérez, doctor en Historia Medieval por la Universitat Autònoma de Barcelona y autor de Sóller (Mallorca): Evolució econòmica i social entre 1840 i 1936, el auge del comercio de cítricos con Francia, la industrialización textil -especialmente a finales del siglo XIX, con la llegada de las fábricas mecanizadas- y la emigración generaron una activa burguesía local y una clase trabajadora organizada que dotaron a la villa de un tejido asociativo inusualmente activo para la Mallorca de la época. Sociedades recreativas, cooperativas agrícolas, mutualidades y entidades culturales proliferaron en un municipio que, pese a su aislamiento geográfico, mantenía una intensa conexión exterior y una marcada conciencia cívica.

El edificio, diseñado por el arquitecto Guillem Forteza Pinya, se construyó en los años treinta

Un oasis de libertad intelectual

Se trata de un dinamismo que condujo al impulso de una de las iniciativas culturales más singulares de la Mallorca de los años veinte: el Foment de Cultura de la Dona, impulsado en 1926 por la pedagoga y escritora Maria Mayol. En plena dictadura de Primo de Rivera, la entidad nació, de la mano de la Associació per la Cultura de Mallorca, con el objetivo explícito de fomentar la formación cultural de las mujeres. Un pequeño oasis de libertad intelectual en una sociedad todavía profundamente conservadora.

“Yo querría que las mujeres, al entrar en la vida pública, supiéramos deshacer la barricada [...]. Yo querría que las mujeres que saben inspirar la paz dentro de la familia, supieran inspirarla en la calle”, afirmaba Mayol. Inspirado en el modelo del Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de Barcelona, el Foment se articuló en torno a una biblioteca circulante, cursos formativos, conferencias y actividades culturales dirigidas principalmente a mujeres, aunque, ante la creciente demanda, la biblioteca acabaría abriéndose también a los hombres.

El edificio acogió el Foment de Cultura de la Dona, impulsado en plena dictadura de Primo de Rivera por la pedagoga y escritora Maria Mayol para fomentar la formación cultural de las mujeres: 'Yo querría que las mujeres, al entrar en la vida pública, supiéramos deshacer la barricada"

En su primer año de funcionamiento ya contaba con más de 1.500 volúmenes y una intensa programación cultural que incluía conciertos, ciclos formativos y exposiciones, tal como explican, por su parte, la artista Neus Marroig Colom y la historiadora Antònia M. Miró Crespí en su investigación El lloc és la memòria (espais ludicoculturals, cinemes a Sóller), cuya publicación busca rescatar y preservar el recuerdo de espacios hoy desaparecidos, de manera “lenta y oculta”, en un proceso de “borrado de la memoria colectiva”. Una “destrucción planificada y sistemática del tejido histórico” que, inciden, ha pasado a ser sustituido por nuevos productos urbanos y, en otros, “dejado caer en el escombro”.

Como señalan en su estudio, la ambición del proyecto en torno al Foment llevó a Mayol a promover la construcción de un local propio que se ubicaría en el mismo solar que años después ocuparía el Fantasio, resultado de una ambiciosa operación financiera impulsada por la activista sollerica que incluyó la emisión de obligaciones para poder costear la compra del terreno y la edificación del inmueble. Sin embargo, como subrayan Marroig y Miró, la iniciativa no obtuvo el respaldo económico esperado y la suscripción resultó insuficiente, lo que obligó a Mayol a responder personalmente con su propio patrimonio para hacer frente a las deudas.

Del sueño pedagógico al declive

La presión financiera acabó resultando insostenible para la entidad: el mantenimiento del edificio y la fragilidad de los ingresos impidieron que el proyecto pudiera seguir adelante, a lo que se sumó un clima político cada vez más adverso: la creciente implicación de Mayol en posiciones republicanas y progresistas despertó recelos en los sectores más conservadores de Sóller, que impulsaron una campaña de descrédito contra ella. “La animadversión que despertó la actitud vitalista y progresista de Maria Mayol entre sus conciudadanos de Sóller traspasó los límites del posible 'escándalo moral'”, documenta, por su parte, Isabel Graña, autora de Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona, el trabajo más exhaustivo sobre la figura que desbordó las convenciones de su época: Mayol fue acusada de haber utilizado su posición de presidenta del Fomento de Cultura de la Mujer en beneficio personal para ganar las oposiciones de profesora municipal de francés, lo que deterioro su imagen en un entorno cada vez más hostil.

En 1934 dimitió como presidenta –acabó trasladándose a Vilanova i la Geltrú, donde ejerció de catedrática de francés, volviendo puntualmente a Mallorca para participar en la campaña de 1936 a favor del Frente Popular–, lo que provocó la dimisión en cadena de sus colaboradoras más cercanas, Francisca Rotger i Antònia Rullan, y precipitó la puesta a la venta del inmueble. Poco después, el edificio iniciaría una nueva etapa bajo otra denominación y otra función: se convertiría en el cine Fantasio, abriendo un capítulo distinto, pero igualmente determinante, en la vida social y cultural de Sóller.

La animadversión que despertó la actitud vitalista y progresista de Maria Mayol entre sus conciudadanos de Sóller traspasó los límites del posible 'escándalo moral'

Isabel Graña — Autora de Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona

La presencia del cine en la localidad, sin embargo, tuvo raíces más tempranas: a finales del siglo XIX, cuando todavía no existían salas estables, ya se documentan proyecciones ambulantes con estereoscopios y linternas mágicas en cafés y plazas de Sóller, mientras que la primera función cinematográfica tendría lugar en 1897, en el teatro de la Defensora Sollerense, tal como informó el diario La Almudaina en su edición del 13 de octubre de aquel año –“por medio de este maravilloso invento siglo se presentan multitud de escenas llenas de vida y movimiento”– y documentaría posteriormente el historiador Cristòfol-Miquel Sbert, autor, entre otras obras, de El cinema a les Balears (segles XIX i XX). Aquellas sesiones pioneras marcaron el inicio de una tradición audiovisual que, décadas más tarde, cristalizaría en la apertura de salas permanentes como el Fantasio, consolidando el hábito del cine como experiencia colectiva en la vida social de la Vall.

Durante las décadas siguientes, el Fantasio convivió con otros locales y con fenómenos como el cineclub pionero fundado en 1954, que, según recoge Sbert, proyectaba películas poco comerciales enmarcadas en movimientos como la Nouvelle Vague francesa o el neorrealismo italiano, y generaba debates culturales en la Vall. En 1951 se habilitó el llamado Patio Fantasio, un espacio al aire libre destinado a proyecciones estivales y espectáculos populares, fórmula habitual en la posguerra mallorquina para aprovechar los meses de verano. En 1953, el interior fue reformado por el arquitecto Antoni Coll Sancho y, en 1957, incorporó iluminación de neón en la fachada, reforzando así su innovadora imagen dentro del paisaje urbano de la Part Forana.

La polémica de la “película pornográfica”

Durante las décadas de 1960 y 1970, el Fantasio adaptó su programación a los cambios del mercado exhibidor, con la proyección de wésterns, películas bélicas y melodramas, y, ya en la Transición, películas clasificadas 'S', fenómeno común en las salas tradicionales que buscaban mantener la viabilidad económica ante la competencia televisiva. El Setmanari Sóller del 14 de junio de 1980 recogía incluso, en su sección 'Taronges i llimones', el revuelo surgido en torno a los carteles exhibidos en el Fantasio. El texto desmentía el rumor que apuntaba a que la entonces concejala Aina Colom hubiera subido a la cabina para “parar el pase de una película pornográfica” y aclaraba que su presencia se produjo a petición del hijo del empresario, “el Sr. Salas”, para examinar los afiches colocados en el exterior del cine. Según esa versión, el propio empresario habría manifestado que, si el Ayuntamiento consideraba inadecuada la exhibición pública de tales imágenes, se retirarían sin inconveniente. El Fantasio se vio así envuelto en un debate público que se extendía al resto del país entre la nueva permisividad cultural de la España postfranquista y la sensibilidad de parte de la sociedad local.

La nueva vida del Fantasio

El Fantasio funcionó con regularidad hasta comienzos de los años ochenta, cuando la crisis del modelo de exhibición tradicional acabó pasándole factura. La competencia de la televisión, los cambios en los hábitos de ocio y la progresiva pérdida de público redujeron su rentabilidad y la sala se vio abocada a cerrar en 1984, con la última proyección de El Padrino, de Francis Ford Coppola, poniendo fin a medio siglo de actividad cinematográfica en el corazón de Sóller. Desde entonces, el edificio permaneció cerrado y sin uso, sometido al deterioro progresivo y a episodios de expolio que agravaron su estado de conservación. A lo largo de las décadas siguientes se sucedieron propuestas para reconvertirlo en auditorio, escuela de música o centro cultural, pero ninguna llegó a materializarse, ya fuera por falta de financiación o por cambios en las prioridades políticas municipales.

Como subrayan Marroig y Miró en su estudio, los cines en este enclave de la Serra de Tramuntana formaron parte de “una historia social recordada hoy por gran parte de los ciudadanos de la Vall que vivieron la evolución del cine como una ventana hacia el mundo, además de un espacio lúdico donde poder relacionarse”. “Tanto mayores como jóvenes y niños disfrutaron de los cines sollerics hasta mediados de los años noventa”, fecha en la que, recuerdan, bajó la persiana el último cine activo del momento, el Alcázar. “Las historias de vida son prácticamente lo que queda de estos espacios”, reflexionan.

El antiguo Fantasio se convirtió así en una pieza más del paisaje urbano en decadencia, símbolo tanto de la memoria colectiva como de la dificultad para sostener los equipamientos culturales tradicionales en un nuevo contexto económico y audiovisual. Esa situación dio un giro cuando el Govern balear, a través del Ibavi, incorporó el inmueble a su programa de promoción pública de vivienda. El proyecto prevé la rehabilitación integral del edificio para albergar 11 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler -una de ellas adaptada a personas con discapacidad- y un espacio expositivo municipal dedicado a preservar la memoria cinematográfica de Sóller, combinando así función social y recuperación patrimonial.

El proyecto prevé la rehabilitación integral del edificio para albergar 11 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y un espacio expositivo municipal dedicado a preservar la memoria cinematográfica de Sóller, combinando así función social y recuperación patrimonial

Lejos de derribar el inmueble para construir un bloque moderno, el Ibavi prevé mantener elementos arquitectónicos, decorativos e históricos del edificio original, entre los que se encuentran la fachada principal y sus rótulos, que se restaurarán para mantener la estética original del edificio; la carpintería, las baldosas originales y los forjados que forman parte integral de la estructura; hasta 40 asientos de la antigua sala de proyecciones, la barra del antiguo bar y otras piezas y vestigios que formarán parte de la exposición museística.

El editor de Sóller Grindhouse señala que, durante meses, el futuro del edificio fue incierto. Tras el fracaso de una propuesta impulsada por el entorno del actor Daniel Brühl -que, según explica, actuaba como imagen visible de un grupo inversor interesado en el inmueble-, el riesgo de abandono era real. “Una vez que el Ayuntamiento reconoció públicamente que no tenía capacidad para rehabilitarlo, la única opción era que se viniese abajo, como pasó con la Defensora”, señala. La entrada del Ibavi, a su juicio, fue decisiva para evitar la pérdida definitiva del edificio.

Desde lo personal, reconoce que él no llegó a conocer el Fantasio en funcionamiento -por edad, estaba más vinculado al Alcázar-, pero siente el proyecto como una oportunidad histórica. “Esto va a ir cobrando fuerza cuando arranquen las obras”, anticipa. Lo dice convencido de que, esta vez, el Fantasio no será un recuerdo más perdido en la memoria de Sóller, sino una parte visible y viva de su identidad colectiva.

En 2024, Laura fue diagnosticada de un trastorno neuromuscular no especificado, miastenia gravis y tirotoxicosis, lo que equivale a una discapacidad reconocida del 38%, algo que desde entonces le ha impedido trabajar. Su marido, su cuidador principal, se encarga de cuidarla a ella y a sus dos hijos, de 11 y 16 años. Esto ha llevado a la familia a una situación de vulnerabilidad social, puesto que viven con una renta de garantía de ingresos (RGI) de 1.495,55 euros al mes, pero de la que cobrarán 1.090,24 euros durante los próximos tres años por haber cobrado antes ingresos indebidos que Lanbide obliga a devolver. Aunque estos ingresos indebidos a menudo provienen de desajustes en la actualización de rentas, conllevan la obligación de reintegro. Dada la situación y las dificultades que tienen para hacer frente al alquiler del piso de Vitoria en el que viven, han solicitado un aplazamiento del desahucio que está previsto para el próximo viernes, 13 de febrero. Sin embargo, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria ha denegado la suspensión del desahucio alegando que no existe forma de comprobar la vulnerabilidad económica de la familia.

“A pesar de que concurra vulnerabilidad social, no concurre vulnerabilidad económica conforme a la documentación presentada y que obra en el expediente. De hecho, se especifica en el informe remitido en fecha de 19 de enero de 2026 que no es posible valorar si existe vulnerabilidad económica, ya que, a pesar de habérselo requerido según procedimiento establecido, no han presentado documentación para la realización de dicha valoración económica. Asimismo, se reseña en el informe que no ha sido posible proporcionar una solución alternativa tendente a proporcionar una solución habitacional debido a que no existe un plan de intervención con la familia por la falta de colaboración de esta con los Servicios Sociales. Por ello, no procede acordar la prórroga de la suspensión, debiendo ser mantenido el lanzamiento señalado para el día 13 de febrero de 2026 a sus 10.30 horas”, señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Laura insiste en que en ningún momento se han negado a la realización de la valoración económica y que han colaborado con servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas de servicios sociales, pero la respuesta ha sido esa. Solo pedimos una vivienda digna y asequible”, reconoce la afectada, que ha elevado una queja ante la defensoría vasca del pueblo (Ararteko) que a su vez ha solicitado a través de un escrito al Ayuntamiento de Vitoria “la recomendación de que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia”, dado que se encuentran dados de alta como demandantes de vivienda pública en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.

“A la vista de la documentación que obraba en el expediente no aprecia argumentación o motivación alguna que justificara la negativa del Ayuntamiento de Vitoria a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en la normativa y en el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo del Poder Judicial, la Administración General de la CAE y la asociación de municipios vascos (EUDEL) en la atención a personas de especial vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social y de vivienda. La unidad convivencial afectada forma parte del colectivo de especial necesidad de vivienda al que se refiere la normativa y el Convenio mencionado”, detalla el escrito del Ararteko entregado al Ayuntamiento, que a día de hoy no ha recibido contestación del Consistorio.

“Nos sentimos abandonados por las instituciones, no nos han dado soluciones desde que empezamos. No queremos dinero, lo único que solicitamos es una vivienda digna y poder empezar de cero. No es cuestión de echarle la culpa a la propietaria de la casa, consideramos ella no ha hecho nada malo, pero las instituciones no nos han dado una respuesta, todo el mundo se lava las manos. Estamos intentando hacer bien las cosas y luchar por una vivienda digna, pero vemos que el viernes los cuatro nos vamos a tener que separar. Mi marido y yo tendremos que ir a un albergue, mientras mis hijos no sé dónde irán, quedarán en manos de servicios sociales que en lugar de ayudarnos nos han dificultado la situación”, reconoce Laura.

Este periódico ha solicitado información relativa a este caso al Ayuntamiento de Vitoria y concretamente al área de Servicios Sociales, que informan de que “para hacer el informe de vulnerabilidad económica las profesionales les solicitan a la persona/familia la documentación de la situación económica”. “Con esa documentación el economista del Departamento hace la valoración económica según los criterios que establece el Juzgado, no son criterios de Servicios Sociales”, explican a este periódico, alegando la falta de la documentación aportada por la familia, algo que Laura niega rotundamente.

“Desde el año 2024 tienen toda la información que han solicitado. Hemos acudido a todas las citas y tenemos justificantes de todos los documentos entregados. Se aferran a que falta información para no darnos el informe de vulnerabilidad económica, cuando saben de sobra que no somos solventes y así lo hemos demostrado con documentos”, lamenta la afectada, a la espera de que la Administración pública ofrezca a su familia una alternativa a la calle para el próximo viernes, 13 de febrero, cuando tengan que marcharse de su hogar.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha notificado a Paca Blanco, de 77 años, una orden de desahucio solicitada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La activista lleva más de diez años viviendo en un piso público adjudicado originalmente a su hijo y, pese a sus reiterados intentos de regularizar su situación, la empresa municipal no ha aceptado su subrogación en el contrato.

Blanco, figura destacada en la defensa del medio ambiente y los derechos sociales, ha solicitado durante años que el Ayuntamiento de Madrid la reconozca como inquilina y le permita abonar el alquiler social correspondiente. En el último año ha pagado la renta, aunque la administración continúa sin reconocerla como arrendataria.

Colectivos de vivienda, organizaciones ecologistas y movimientos sociales de todo el Estado reclaman que se garantice su derecho a permanecer en la vivienda y se le aplique un alquiler social acorde a sus ingresos. Consideran que su caso refleja la situación de miles de personas mayores y trabajadoras que viven en condiciones de vulnerabilidad habitacional.

Una crisis estructural de vivienda

Desde Ecologistas en Acción señalan que el conflicto se enmarca en una crisis estructural del acceso a la vivienda en España. La organización denuncia que el mercado inmobiliario se ha convertido en un motor de desigualdad, impulsado por la especulación y el auge del turismo masivo, lo que ha relegado el valor social de la vivienda frente a su rentabilidad económica.

Según la entidad, mientras grandes inversores obtienen beneficios extraordinarios y las clases medias acumulan propiedades como inversión, amplios sectores populares son expulsados de sus barrios. La vivienda social, añaden, sigue siendo insuficiente, y la construcción de vivienda protegida ha servido en ocasiones para alimentar el mercado más que para garantizar derechos.

Una vida atravesada por la lucha y la precariedad

La trayectoria de Paca Blanco está marcada por décadas de activismo y también por episodios de violencia institucional. Durante el franquismo fue internada en el Patronato de la Mujer, donde miles de niñas y mujeres fueron recluidas sin garantías y sometidas a malos tratos. Ya en democracia, como coordinadora de Ecologistas en Acción en Extremadura, sufrió amenazas y agresiones por su oposición al proyecto de lujo Marina de Valdecañas, llegando incluso a perder la vivienda que había adquirido en El Gordo.

Su biografía, recuerdan sus compañeras, es la de una mujer que ha trabajado toda su vida, ha criado a cinco hijos y ha dedicado décadas a la defensa del territorio, la lucha antinuclear y los derechos sociales. Su compromiso le ha valido el reconocimiento de colectivos de Madrid, Extremadura y otros territorios.

Los colectivos que la apoyan consideran que el desahucio supone una nueva ofensiva institucional contra una mujer que ha dedicado su vida a la defensa del bien común. Alertan de que la orden la sitúa ante la posibilidad de quedarse en la calle o ser derivada a una residencia, pese a haber intentado regularizar su situación por vías administrativas.

Por ello, organizaciones de vivienda, movimientos ecologistas y colectivos sociales exigen que se reconozca su derecho a permanecer en la vivienda pública que habita y que se garantice un alquiler social adecuado a sus ingresos. Subrayan que la reivindicación no es solo para Paca Blanco, sino para todas las personas que luchan por una vida digna en un contexto de creciente precariedad habitacional.