El Gobierno de Cantabria impulsa una ley de vivienda centrada en la “okupación” aunque el año pasado solo hubo diez casos

La primera Ley de Vivienda de Cantabria, en tramitación en el Parlamento, refleja la fijación del Gobierno de Cantabria (PP) con un sí y un no rotundos: sí a la lucha contra la ocupación y no a poner límites a los precios de alquiler y venta. Y, tras más de un año de proceso, las posiciones de los partidos de la oposición también empiezan a entreverse, con un PRC que se queda de perfil mientras pide “cambios profundos” en el documento y un PSOE (impulsor con el PRC de una liberalizadora ley del Suelo en la pasada legislatura) en contra.

Pero quien ha mantenido su prioridad legislativa bien visible ha sido, dentro y fuera del hemiciclo, el consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP): ha dedicado la legislatura a posicionar la ocupación de viviendas sin contrato, que sistemáticamente llama “okupación”, como el principal problema a atajar para resolver el acceso a la vivienda.

La posibilidad de poner topes a los precios de venta y alquiler no es una opción, pese a las solicitudes de municipios como Castro, Comillas o Astillero. En la última comisión estatal de vivienda, en Madrid, Media ha enfatizado que la declaración de zonas tensionadas no va a incorporarse a la ley autonómica con el PP: “En Cantabria no vamos a aplicar zonas tensionadas, por mucho que la ministra se empeñe en ello, y que aumente las cantidades de dinero para aquellas comunidades autónomas que así lo hagan; nosotros no lo vamos a hacer”.

Y el consejero, ha dicho, tiene un argumento: las políticas de zonas tensionadas, que forman parte del Plan Estatal de Vivienda del que Cantabria recibe (y aporta) fondos, “se ha visto que son absolutamente equivocadas, que no llevan más que a la ruina del futuro del las políticas de vivienda y del futuro de nuestros hijos; y no vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos”, ha dicho como si arrendar una vivienda fuera una profesión.

La ocupación, según ha defendido Media durante la legislatura, mantiene “más de 50.000” viviendas vacías en Cantabria por “el miedo” que infunde en los propietarios. Por eso, como medida principal de su ley de vivienda, la iniciativa del gobierno incluye una oficina, que puso en marcha en 2025, para denunciar por teléfono o por email casos de ocupaciones. La inclusión de la oficina en la ley buscaría blindar el servicio público. Teóricamente, una vez resuelto el conflicto con la futura legislación, destrabaría la problemática de vivienda asequible, según un consejero que rechaza unos datos oficiales que minimizan la dimensión de los casos de ocupación.

Los datos van a la baja

En Cantabria hubo, en 2025, un total de 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda. Esta cifra supuso una reducción del 47% respecto al año anterior y un 77% menos respecto a 2020, cuando hubo 43 demandas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De 2020 a 2025, Cantabria pasó de 52 a 115 denuncias por allanamiento/usurpación de inmuebles, según datos consultados en el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior. De los hechos constitutivos de delito, Guardia Civil y Policía Nacional pasaron de esclarecer 31 casos, por los que se produjeron dos detenciones, a 76, por los que hubo 11 detenciones.

La Fiscalía de Cantabria habla de usurpaciones para definir los actos que el Gobierno de Cantabria califica de “okupaciones”. Y tambien ofrece una panorama estadístico a la baja: un 24% menos de casos de diligencias previas en la fase de instrucción (búsqueda de indicios para evaluar si hay pruebas para un juicio). Si en 2024 contabilizó 113 diligencias previas, en 2025 hubo 86 diligencias.

Fuentes de la Fiscalía aclaran que “la mayoría” de las registradas bajo el concepto de 'usurpacion', son las llamadas “okupaciones” de casas: “Se ocupan pisos deterioriados, en desuso, o no terminada la construcción y con tiempo prolongado de abandono”, especifican.

El dato comprobable en cada institución es testimonial en relación a la población y va a la baja, pero choca con la retórica sostenida.

El Gobierno autonómico ha justificado en varias ocasiones que los datos de los juzgados son bajos por los procesos de mediación previos y porque los casos se dilatan hasta llegar a los tribunales, lo cual alteraría las cifras. Los datos del Ministerio del Interior indican un crecimiento, pero son cifras testimoniales en relación a la población. Y, sobre todo, la estadística estatal no distingue si la vivienda está habitada o no lo está, por lo que no es posible establecer una correlación entre estos datos, los casos judicializados de ocupación que reflejan los juzgados y la teoría de Media sobre el porqué de la vivienda vacía.

La radiografía de la vivienda en Cantabria, en los últimos cinco años, es una panorama de escasa oferta de vivienda pública de alquiler asequible-; de un aumento modesto de la vivienda nueva (de 742 a 1867, según el Colegio de Aparejadores), y de un incomprobable número oficial de vivienda vacía —el Gobierno solo ha informado verbalmente de las 50.000 viviendas—. Todo esto en un contexto de suelo rústico disponible para construir vivienda (tras el acuerdo PSOE-PRC en la pasada legislatura) y una visión liberalizadora del suelo por parte del PP para aumentar la construccción.

“La sensación” de Media

En los últimos cinco años, las cifras de desahucios no han dejado de bajar: 191 en 2025, dejando a Cantabria 12 puntos por debajo de la media nacional en la tasa por cada 10.000 habitantes (32 frente a 50), según datos del CGPJ. Pero la sensación que Media busca trasladar es que alguna vez, alguna persona, puede ocupar la casa de alguien. Y la palabra 'sensación' es una literalidad. El consejero de Vivienda, Roberto Media, lleva toda la legislatura enroscado en que un solo caso es suficiente. En febrero de 2025, tres meses antes de que la iniciativa saliese a exposición pública, Media dijo: “Da igual una o mil, la sensación de los ciudadanos es de que le puede tocar a cualquiera”.

Un año después, en abril de 2026, Media encontró un caso: denunció públicamente y ante la Guardia Civil “la ocupación ilegal” de una de las tres viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, rehabilitadas por la empresa cántabra de la vivienda, Gesvican, en Orejo (Marina de Cudeyo).

En su nota de prensa, citó también “intentos de ocupación” en viviendas públicas en Cerrias (Piélagos), que “obligaron al Ejecutivo a contratar servicios de vigilancia”. Una situación de intento de ocupación que, según Media, se repitió en Arnuero, donde “tras varios intentos” de ocupación, el Gobierno invirtió “250.000 euros de dinero público” en seguridad.

Media, gran defensor de la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, tiene por delante un proceso de discusión parlamentaria. Por ahora, el Gobierno autonómico, en 2026, ha vuelto a subir, por tercera vez esta legislatura, el precio del metro cuadrado de la VPO para compensar a las constructoras, no piensa declarar zonas tensionadas ni se plantea tampoco poner freno a la vivienda turística, esté o no regularizada. Y, mientras no contempla poner tope al precio del alquiler o de la venta, la compraventa sigue cayendo y el alquiler sigue subiendo.