La Ley de Vivienda del PP se tambalea: los regionalistas exigen un cambio profundo para dar su apoyo

La Ley de Vivienda, que ya está tramitando, acaba de cerrar el plazo para presentar enmiendas de los grupos parlamentarios. No es un texto -muy centrado en la 'okupación'- que genere excesivo entusiasmo. El PSOE ya ha anunciado su rechazo: “queremos una ley que ponga en el centro a las personas y no al mercado como prioridad”, argumentó. Los socialistas dicen que el PP propone lo de siempre: liberalizar y confiar en que el mercado lo resolverá. Pero, en su opinión, si no se interviene el problema no se resuelve, empeora. 

La postura del PRC es un poco más ambigua, inicialmente facilitó su tramitación y votó en contra de las enmiendas a la totalidad para que el proyecto siguiese adelante, pero consideran que es insuficiente y que necesita cambios. Los regionalistas han presentado cien aportaciones que consideran “imprescindibles” y ha advertido de que, si no son incorporadas, la futura norma no contará con su apoyo.

Además, ha alertado de que el problema de la vivienda no puede analizarse al margen del 'boom' de los alojamientos de uso turístico y ha responsabilizado al Gobierno autonómico de permitir una expansión “descontrolada”. En su opinión, la insuficiente aplicación de la normativa, la falta de inspección y la permisividad del Ejecutivo están teniendo consecuencias directas sobre un mercado residencial ya sometido a una fuerte presión. “Cada vivienda que abandona el alquiler residencial para incorporarse al turístico reduce la oferta disponible y contribuye a tensionar todavía más los precios”, ha lamentado.

Ante esta situación, la regionalista ha anunciado que el PRC exigirá durante el nuevo periodo de sesiones “más control, más inspección y una lucha efectiva contra la oferta ilegal”.

A Vox le parece insuficiente por la derecha. Dice que la ley no combate de forma efectiva la 'okupación', que no soluciona la falta real de suelo ni incentiva la oferta de vivienda asequible. Tampoco les hacen gracia medidas como el cohousing. Además reclama que se aplique el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas e iniciativas de vivienda pública.

Cantabristas no está representado en el Parlamento pero ya ha pedido públicamente que, por ejemplo, que se revierta la ley del PP que permite a personas jurídicas -empresas y fondos de inversión- explotar pisos turísticos. Esta propuesta busca “combatir la crisis de vivienda y evitar casos como Santa Clara 8 en Santander”. El partido critica que, amparándose en la ley aprobada por el Gobierno de Buruaga en 2025, un fondo de inversión ha comprado el edificio de Santa Clara 8 en Santander para expulsar a todos sus habitantes y convertir todo el inmueble en apartamentos turísticos.

Además, ha anunciado que si consigue representación en el hemiciclo, abogará por realizar una modificación en la Ley de Vivienda que permita intervenir en el mercado del alquiler. El candidato cantabrista Paulu Lobete ha declarado que “es necesario poder topar el precio de las viviendas de alquiler en zonas tensionadas por la presión turística”.

Enmiendas PRC y PSOE

Precisamente hoy, unos días antes de que se inicie el periodo de sesiones en el Parlamento -que no se reune desde final de junio-, PRC y PSOE han presentado las enmiendas que plantean al proyecto de Ley de Vivienda del Partido Popular.

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado más de 100 enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda con el objetivo de “dar un giro de 180 grados” al texto presentado por el Gobierno y convertirlo en una herramienta capaz de aumentar la oferta, bajar los precios y facilitar el acceso de los cántabros, especialmente de los jóvenes y las clases medias.

La diputada y candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, y el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, quienes han explicado que sus propuestas son fruto del trabajo realizado durante los últimos meses y de las aportaciones recogidas tanto en las comparecencias parlamentarias como en reuniones con administradores de fincas, abogados, ingenieros, constructores, promotores, entidades sociales, responsables públicos, representantes de viviendas de uso turístico, afectados por la ocupación y expertos universitarios.

Fernández Viaña ha defendido la necesidad de una ley que “ponga más vivienda a disposición de los cántabros, con reglas claras, seguridad jurídica y resultados que se puedan evaluar”.

La diputada ha explicado que las enmiendas regionalistas persiguen cuatro grandes objetivos: incorporar al mercado inmuebles que actualmente están vacíos o destinados al uso turístico, facilitar el acceso a precios asequibles, favorecer que los cántabros puedan desarrollar su proyecto de vida en los pueblos y establecer mecanismos para evaluar los resultados de la ley.

“Movilizamos vivienda que hoy está vacía; facilitamos que viviendas turísticas puedan regresar voluntariamente al alquiler residencial; creamos vivienda asequible para jóvenes, para familias y para rentas mínimas; permitimos vivir en el medio rural sin convertir nuestro suelo en un espacio para la especulación, y obligamos a medir los resultados”, ha resumido.

Una de las principales novedades planteadas por el PRC es la creación de la figura de la vivienda rural protegida y la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LOTUCA) para evitar que la posibilidad de construir en suelo rústico termine favoreciendo la proliferación de segundas residencias o alojamientos turísticos.

Vivienda rural protegida

La propuesta pretende que las construcciones en este ámbito se destinen a residencia habitual y contribuyan a fijar población en los núcleos rurales de Cantabria, quedando sometidas a calificación y al correspondiente régimen de protección.

A este respecto, Hernando ha precisado que estas viviendas deben estar sujetas a requisitos que garanticen su utilización como primera residencia, con condiciones para su posterior transmisión que eviten la especulación. “Para vivir, lo que haga falta, pero especular no es la estrategia de los regionalistas”, ha recalcado.

Otro de los ejes de las enmiendas es reforzar el Programa de Movilización de Vivienda Vacía de Cantabria (MOVIVA) mediante una línea específica para captar pisos procedentes del mercado turístico y facilitar su incorporación voluntaria al alquiler residencial continuado.

El objetivo del PRC es movilizar hasta 2.000 viviendas, haciendo atractiva su incorporación al programa con “garantías de cobro para los propietarios, gestión pública y la posibilidad de financiar actuaciones de adecuación cuando se cumplan las condiciones establecidas”.

La propuesta contempla que los propietarios puedan recibir directamente el pago del Gobierno y contar con ayudas para adecuar los inmuebles, a cambio de cumplir requisitos de precio y habitabilidad y mantenerlos en el programa durante, al menos, tres años.

Precios asequibles para rentas medias

Los regionalistas también plantean una nueva herramienta de vivienda asequible dirigida a las rentas medias que, como consecuencia de los precios actuales, encuentran grandes dificultades para comprar o alquilar en el mercado libre. Para ello, abogan por fórmulas de colaboración entre administraciones, operadores públicos y privados, cooperativas y entidades sociales que permitan ofertar viviendas a precios asequibles, “con obligación de servicio público, controles y límites”.

En este ámbito, el PRC quiere aumentar del 40 al 50 por ciento el peso que puede alcanzar la vivienda de precio tasado dentro de las viviendas protegidas de los desarrollos urbanísticos.

Las propuestas incluyen también medidas de colaboración público-privada, el impulso de la construcción industrializada y la activación de entidades acreditadoras de colaboración para agilizar la tramitación administrativa en materia urbanística.

Garantizar el seguimiento de las políticas incluidas en la futura ley es otro de los objetivos que los regionalistas consideran esenciales, por lo que defienden una estrategia a diez años que se desarrolle mediante planes quinquenales, con objetivos cuantificados y evaluables. “Queremos saber cuántas viviendas se prometen, cuántas están en proyecto, cuántas están en construcción y, sobre todo, cuántas viviendas realmente están disponibles para las familias”, ha precisado Fernández Viaña.

Las enmiendas contemplan además movilizar suelo público para vivienda protegida, acompasar la construcción de vivienda libre y protegida, reforzar las garantías para arrendatarios y propietarios y mejorar las medidas dirigidas a afrontar situaciones de emergencia habitacional y exclusión residencial.

Finalmente, Hernando ha tendido la mano al resto de los grupos políticos y ha mostrado su disposición a negociar durante la tramitación parlamentaria para alcanzar acuerdos que contribuyan a conseguir “la mejor Ley de Vivienda para Cantabria”.

Aportaciones de los socialistas

El Partido Socialista ha registrado en el Parlamento 54 enmiendas parciales para “mejorar” la Ley de Vivienda del Gobierno regional (PP) en las que exige “más vivienda publica, más suelo publico, más vivienda asequible y más capacidad de la Administración para garantizarla”.

Con la vista puesta en los próximos años, por tanto mas allá de esta legislatura, el PSOE pretende con sus iniciativas enmendar la ley del Partido Popular que llega “en tiempo de descuento y sin tiempo real para aplicarse”, han opinado.

El secretario general del PSOE Pedro Casares ha explicado este jueves en rueda de prensa que las enmiendas se dirigen a plasmar “cinco ideas” con las que mejorar la norma.

La primera de ellas es la declaración de “zonas tensionadas” en los municipios de Cantabria que lo soliciten. “Hay ayuntamientos que lo piden” y hay datos de otras comunidades autónomas que apuntan que “esta política funciona”.

Los socialistas solicitan también la creación de mas vivienda pública y asequible y que ésta permanezca dentro del patrimonio público. “No puede ser un bien de mercado, es un derecho”, han aseverado. Y ha señalado “queremos un parque público, que crezca y no sea una oportunidad de negocio”.

Además, han exigido al Gobierno que movilice la vivienda vacía y “huya del enfrentamiento entre propietarios y arrendatarios”. En su opinión, el actual plan “no funciona”, por lo que debe establecer garantías y contraprestaciones económicas a los propietarios a la vez que un precio asequible a los arrendatarios que no supere el 30% de sus ingresos.

Los jóvenes son el centro de algunas de las “mejoras” a la Ley de Vivienda propuestas por el PSOE. Pretenden garantizar que la Administración sea “parte de la solución” con una ley que establezca una prestación de emancipación vinculada al alquiler y de prioridad a los jóvenes con menos ingresos.

Finalmente, las enmiendas presentadas abogan también por avanzar en la industrialización de la vivienda, implicando a sectores como los empresarios y los profesionales de la construcción.

“No basta con decir que hacen falta más viviendas, hay que construir más rápido y apostar por la industrialización”, ha afirmado Casares, quien ha apostado porque este sistema de construcción pueda alcanzar cifras del 40% en los próximos años.

También ha pedido al Gobierno autonómico que no achaque “los problemas” de vivienda que presenta Cantabria“ a la Ley estatal ya que, como sus representantes manifiestan, esta norma ”no se aplica en Cantabria“.

Por otro lado, ha resaltado en sus críticas al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga que “Cantabria lidera la subida de precios en el mercado de alquiler y venta como consecuencia de las políticas del PP”.

Finalmente ha añadido Casares que “la nueva Ley de Vivienda no soluciona problemas reales, el PP no es consciente del problema, su modelo no defiende el derecho a la vivienda y sí a los que prefieren hacer negocio”.