El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos gana posiciones para sustituir a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE). Así lo señala una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), un think tank británico, entre expertos en política monetaria, que coloca al actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) como el candidato más cualificado entre los principales favoritos para presidir la institución.

Los cinco potenciales candidatos a la presidencia del BCE evaluados en función de nueve categorías, incluyendo experiencia, conocimientos y liderazgo, así como el potencial de apoyo nacional y europeo, fueron el neerlandés Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos; Isabel Schnabel, representante alemana en el Consejo Ejecutivo del BCE; Joachim Nagel, presidente del Bundesbank; el francés François Villeroy de Galhau, gobernador saliente del Banco de Francia; y el español Pablo Hernández de Cos, según recoge Europa Press.

De este modo, el exgobernador del Banco de España es el preferido de los expertos encuestados en cuatro de las nueve categorías (formación en economía monetaria, reputación de capacidad para generar consenso, capacidad para obtener el respaldo de otros Estados miembros, credenciales europeas), además de obtener la segunda mayor puntuación en categorías como experiencia en banca central y conocimiento de los mercados de capitales, así como la tercera mejor valoración en capital político.

Experiencia en gestión de crisis

Hernández de Cos ya formó formó parte del Consejo de Gobierno del BCE entre 2018 y 2024, en calidad de gobernador del supervisor español. De acuerdo con un funcionario de una institución multilateral de desarrollo, citado por los responsables de la consulta, combina aplomo, profundidad intelectual y una valiosa experiencia adquirida durante la gestión de la crisis española y en un entorno político sumamente complejo.

Por detrás del español, los resultados de la encuesta sitúan en una ajustada segunda posición al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, muy ligeramente por delante del neerlandés Knot y del galo Villeroy de Galhau, mientras que la alemana Schnabel, cuya candidatura tendría que sortear la restricción de un solo mandato para los miembros del consejo del BCE, queda relegada a la última posición entre los potenciales favoritos.

Asimismo, los autores de la consulta apuntan que una parte importante del debate sobre la elección del próximo presidente del BCE gira en torno a la cuestión de si Alemania estaría infringiendo las normas de la Unión Europea si ostentara simultáneamente la presidencia del BCE y de la Comisión Europea, que actualmente ocupa Ursula Von der Leyen, ya que parece bastante lejana la posibilidad de que esta abandone Bruselas prematuramente para asumir la presidencia federal alemana el próximo año.

Un sondeo entre economistas elaborado por 'Bloomberg' el pasado mes de enero apuntaba al holandés Klaas Knot como el candidato favorito en la carrera por la sucesión de Christine Lagarde al frente del instituto emisor de la eurozona, por delante del español Pablo Hernández de Cos, mientras que el tercer potencial candidato favorito para relevar a Lagarde sería el actual presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

De su lado, Hernández de Cos era el candidato favorito para el 26% de los economistas encuestados a principios de año por 'Financial Times', frente al 24% que prefería a Klaas Knot y el 14% que elegiría a Joachim Nagel, mientras que Isabel Schnabel recibía el 7% del apoyo.

El 10% de los hogares más pudientes concentran el 53% de los bienes en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España publicados esta semana. El 1% más rico, el que está en la cúspide, acumula el 21,6%, cerca de los máximos históricos registrados en 2020. Pero, más allá de los grandes datos que muestran que la desigualdad está lejos acabar, ¿dónde se concentra la riqueza de los hogares españoles?

La base de datos que ha actualizado el supervisor muestran que, si bien los ingresos de los hogares españoles han recuperado los niveles de 2001, el máximo de la serie histórica, en términos de riqueza neta —es decir, restadas las deudas— las cifras están aún lejos del máximo que se acumuló antes de la crisis financiera. Los efectos de esta recesión aún se notan en las posesiones de los hogares, una evolución que en la actualidad está marcada por la situación del mercado de la vivienda.

En 2008, la riqueza mediana —es decir, la que divide en dos mitades a la distribución, y es mucho más representativa que la cifra media— de los hogares españoles era de 236.960 euros, en cifras actualizadas con el valor de 2024. No eran los máximos en la serie histórica y aquí ya se estaban sintiendo los primeros coletazos de lo que luego se conocería como Gran Recesión. Pero es que en 2024 la riqueza mediana fue de 160.830 euros, muy lejos de la de aquel periodo.

Todos estos datos están actualizados con la inflación, lo que da la medida de cuál es la situación de los hogares españoles década y media después. El perfil de la riqueza de los hogares españoles se concentra en aquellos cuyo cabeza de familia está recién jubilado, de entre 65 y 74 años, con estudios universitarios y propietario de la vivienda en la que reside. Esto, dice el Banco de España, “responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta”, y tiende a descender después. 

Pero se ve claramente la diferencia por grupos de edad. En 2008, la riqueza se concentraba en los tramos centrales de la vida, mientras, ahora, cada vez más lo hace en los hogares más mayores.

De hecho, por primera vez en la historia los hogares liderados por un jubilado son los que acumulan más riqueza. Ligeramente por encima de aquellos en los que la persona cabeza de familia trabaja por cuenta propia —los autónomos—, en los cuales el valor del negocio se imputa a la riqueza del hogar.

La generación millenial, descolgada

Esta brecha se ve con más claridad cuando hablamos de generaciones. El análisis elaborado por el propio Banco de España muestra que los baby boomers, de primera o segunda generación, han experimentado una evolución de su riqueza mucho mejor a los de generaciones posteriores. La generación millenial (1986-1995) es la que ha tenido un peor punto de partida, pero su evolución parece ir mucho mejor que la inmediatamente anterior (1976-1985), que sintieron de primera mano los efectos de la Gran Recesión cuando empezaban a incorporarse al mercado laboral.

La explicación más razonable parece estar en el mercado de la vivienda. En la encuesta de 2024, los hogares que poseen su vivienda cayeron al mínimo histórico: el 70,6%. Hay varios motivos detrás, explicaron en el Banco de España. Por un lado, que hay más hogares que apuestan por el alquiler. Y, por otro, que la accesibilidad de la vivienda cada vez es más difícil. Con 30 años, solo el 30% de los millenials nacidos entre 1986 y 1995 eran propietarios. De las generaciones inmediatamente anteriores (1966-1985), con la misma edad, el 65% poseía la casa en la que residía.

Más peso de los activos financieros

Mientras cae la proporción de los activos reales —es decir, el inmobiliario, joyas, obras de arte o negocios—, avanza la proporción de los activos financieros, que ya supone un 23% de la riqueza de los hogares. 

Pero esta composición es cada vez más sofisticada, como definió el director general de Economía de la institución, David López Salido. Ha caído la proporción de riqueza que los hogares mantienen en cuentas corrientes (30,1%) y ha aumentado la proporción en renta fija (2,8%), coincidiendo con el boom por las letras del Tesoro.

El 20,5% de los hogares cuenta, además, con su riqueza en “otros activos financieros”, en la que se incluyen opciones como criptomonedas o futuros. Esta sofisticación se produce, sobre todo, entre los hogares más jóvenes, con estudios universitarios… Y de rentas elevadas.

Los hogares humildes, los más favorecidos

En cuanto a los ingresos de las familias, la renta mediana de los hogares recuperó en 2024 los máximos registrados en 2021, impulsados por el crecimiento económico y el buen momento del mercado laboral, que ha llevado a mínimos el desempleo y a máximos los datos de empleo. Además, en los dos años de referencia para los datos fiscales (2022-2023) coincidieron políticas de rentas como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con la inflación o el impulso del Ingreso Mínimo Vital.

Esto permitió que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución —es decir, el quinto con menores ingresos— incrementaron su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Sumar ha registrado este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados para limitar la suscripción de hipotecas variables solo a aquellos ciudadanos que acrediten “una alta solvencia financiera”, imponer un mayor control sobre los créditos mixtos (que cuentan con un porcentaje variable y otro a tipo fijo) y sustituir indicadores como el euríbor para referenciar estos préstamos, dadas sus “limitaciones estructurales” y la “mayor volatilidad a la deseable” que introducen en los contratos.

La formación ha presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que señalan que “la vivienda habitual no puede seguir siendo el lugar en el que el sistema financiero descarga riesgos que los hogares ni han creado ni están en condiciones de administrar”. Porque, a diferencia de los bancos, las familias no cuentan con departamentos de gestión de riesgos y, creen en la coalición, “la parte más débil de la relación contractual” se enfrenta a la carga de una potencial subida de los tipos de interés “que no puede administrar en condiciones de igualdad”.

“La concatenación de crisis geopolíticas, energéticas e inflacionarias de los últimos años, agravada por el reciente conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo, han puesto de manifiesto hasta qué punto el coste de la financiación puede verse alterado por factores que escapan por completo al control de los hogares”, destaca el texto de la iniciativa registrada ante la Comisión de Economía del Congreso, que se votará el próximo 29 de abril.

Así, destacan que el tipo variable tiene un peso en el saldo hipotecario del 61%, muy superior al de países del entorno como Francia o Alemania, donde el 80% de estos préstamos son a tipo fijo que, por definición, están más exentos de riesgo.

Según la formación, la comercialización de estos créditos variables en los últimos años se hizo “no por su mayor idoneidad para el cliente, sino por su conveniencia para las entidades”, lo que, en la práctica, supuso “una trampa financiera” para las familias en el caso de un cambio en el ciclo de la política monetaria. Precisamente lo que sucedió a raíz de 2022, cuando tras una década con tipos de interés 0, el Banco Central Europeo (BCE) endureció el precio del dinero para mitigar la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania. Y lo que podría suceder si el BCE actúa igual para responder a la subida de precios por la guerra en Oriente Medio.

Más control a las hipotecas mixtas

El texto, que no tiene carácter vinculante y solo marca una dirección política, busca que la Comisión de Economía inste al Ejecutivo a adoptar medidas que restrinjan la comercialización de hipotecas variables sobre la vivienda habitual. No a prohibirlas, pero sí a restrigirlas para “los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.

En los últimos años se han popularizado las hipotecas mixtas, que cuentan con un determinado periodo a tipo fijo y otro a tipo variable, algo que Sumar cree que también debe revisarse “para evitar que se utilicen como vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable en perjuicio de los hogares”.

La iniciativa también promueve la búsqueda de alternativas a indicadores como el euríbor o el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH), ambos indicadores “sometidos a limitaciones estructurales”, que exponen a los hogares a una “mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración” y que están expuestos a riesgos de manipulación en el mercado.

Así, ponen por ejemplo los movimientos en el euríbor a consecuencia de la guerra en Irán sin que el BCE haya modificado los tipos oficiales del mercado. “El propio diseño del sistema monetario europeo hace que las expectativas de mercado, las tensiones de financiación o los cambios de percepción sobre la senda futura de la política monetaria puedan trasladarse a las referencias hipotecarias antes de que se modifiquen los tipos de intervención. Eso supone una aberración, puesto que un índice legalmente debe reflejar la realidad sucedida, no determinar la que sucederá”, destaca la exposición de motivos.

Desde Sumar pretenden que se evalúe, en el plazo de un año, cuál es el impacto distributivo y social del modelo hipotecario sobre la estabilidad financiera de los hogares, fijándose con un especial interés en la exposición al tipo variable, el esfuerzo hipotecario y el riesgo de perder la vivienda habitual.

También, que el Gobierno legisle para dar “seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores” frente a las cláusulas abusivas y no transparentes y sobre la revisión de aquellas sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea”.

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Banco de España a entregar a los diputados de Sumar la información sobre los beneficios de las entidades financieras por 'aparcar' su liquidez en el Eurosistema no ha zanjado la disputa entre los diputados y el supervisor financiero. El organismo que lidera el gobernador José Luis Escrivá ha ofrecido al Congreso un acceso reservado a estas cifras, correspondientes a los años 2022 y 2023, con lo que dan por cumplido el mandato judicial, pero desde la formación acusan al Banco de España de “obstruir” la resolución y se plantean abrir un procedimiento de incumplimiento.

El conflicto se retrotrae a 2023, cuando tres diputados de Sumar –su portavoz económico, Carlos Martín; Txema Guijarro y Manuel Lago– llevaron al Banco de España ante la justicia ante su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito. Esta es una herramienta de la política monetaria que permite a la banca ingresar su exceso de liquidez en una cuenta del Eurosistema, que les remunera con un interés.

El Tribunal Supremo dictó sentencia a principios del mes pasado y avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

Una sala con la información

Así, el supervisor ha optado por dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que pone a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

Fuentes del Banco de España señalan que, tras una serie de conversaciones técnicas con los letrados del Supremo, creen que de esta manera cumplirían con el mandato judicial de poner la información a disposición de los diputados, que podrán acceder a ella, pero no fotografiar o fotocopiar los estadillos, ni publicarlos. Esta fue la solución que ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera, por lo que creen que este procedimiento ya cuenta con un precedente válido para divulgar información reservada.

De acuerdo con estas mismas fuentes, no han recibido aún una respuesta oficial por parte del Congreso y no hay una fecha para que se produzca esta revisión.

Pero en Sumar reconocen su enfado ante un comportamiento que consideran “obstruccionista” y “oscurantista” por parte del supervisor. “En lugar de remitirla, pretende limitar su acceso a una mera exhibición: nos plantea acudir a su sede para consultar en una sala el folio con los datos solicitados y, en todo caso, tomar notas”, critica Martín, que tacha la decisión de “subterfugio” para no dar cumplimiento. “La sentencia no habla de que nos debe exhibir la información y vayamos a coger apuntes. La sentencia habla de entregar, no exhibir, y se están inventando un procedimiento que no existe en la ley”, explica en declaraciones a este periódico.

“Que no sea examinada en sesión abierta y pública”

El fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo señala, y es a lo que se aferran desde Sumar, que “la ley se ha limitado a contemplar una posible salvaguardia, consistente en que el Gobernador del Banco de España pida que la información –que, en todo caso, debe entregar– no sea examinada en sesión abierta y pública”.

“Ese proceder [el que plantea el Banco de España] incumple claramente el sentido y el alcance de la resolución judicial. La información relativa a las cuantiosas subvenciones que se están destinando a la banca por sus depósitos en el Banco de España debe obrar en poder de los representantes públicos de forma íntegra, accesible y permanente, para poder ejercer con plenas garantías nuestras responsabilidades institucionales”, subraya el diputado.

El diputado explica que su objetivo es “ir hasta el final” y abrirán ante el Supremo un procedimiento de incumplimiento de sentencia cuando pasen dos meses desde la notificación de la misma. Se da la circunstancia de que la información demandada correspondía a los ejercicios 2022 y 2023, que es “el folio” –en palabras de Martín– que ahora les debe enseñar el Banco de España. Han mandado un burofax al supervisor reclamando la información, dice. Pero también han pedido los datos correspondientes a 2024 y 2025 y teme tener que recurrir a la vía judicial, de nuevo, para conseguirlos.

Más de 20.000 millones en intereses

Según los últimos datos de 2025, publicados recientemente en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.

Desde Sumar celebraron la sentencia como “un triunfo de la transparencia, pues ningún asunto importante puede quedar fuera del escrutinio y fiscalización de los representantes de la voluntad popular”, apuntó Martín. La información, señaló el portavoz económico de la formación al conocerse el fallo, “permite conocer qué bancos son más eficaces en la provisión de crédito y sirve para hacer un mejor diseño de la política fiscal, a través –por ejemplo– del impuesto extraordinario a la banca”.

De hecho, dice Martín a elDiario.es, esta información “no debería ser reservada”, ya que los datos de las subvenciones que recibe cualquier empresa son públicos, pero con la banca se hace una excepción.

En un artículo publicado hace unos días en este periódico, los economistas Carlos Arenillas (exvicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores) y Jorge Pérez (exjefe de regulación contable del Banco de España) defendían la necesidad de conocer esta información por el gasto público que implica. “Estos pagos a la banca suponen el coste más importante del Banco de España, y menos ingresos para el Estado (su único accionista). Las pérdidas operativas del Banco de España registradas en 2023 y 2024, antes de la aplicación de provisiones, ascendieron a casi 15.000 millones de euros. Una cifra semejante a lo pagado en intereses a la banca”, apuntan los expertos.

Aunque no hay datos oficiales –algunas entidades de menor tamaño, como el Banco Sabadell o Bankinter sí han publicado los ingresos por esta vía–, ambos economistas han calculado cuánto habría ingresado cada principal entidad del país por esa facilidad de depósito en el Eurosistema. Así, por ejemplo, el Santander se habría llevado algo más de 6.000 millones de euros; el BBVA y Caixabank, unos 2.800 millones. 

“La inyección de miles de millones a los bancos por sus cuentas corrientes en el banco central no parece una medida muy antiinflacionista. Tampoco se entiende que pagar esas cantidades sea el precio de la llamada estabilidad financiera. Y si es así, debe explicarse con claridad. La política monetaria no debería ser un dilema entre pérdidas públicas y beneficios privados”, defienden los autores.

Los hogares más humildes de España mejoraron sus rentas con mucha más intensidad que los más pudientes entre 2021 y 2023, gracias al buen momento del mercado laboral y el crecimiento económico y a pesar de las tensiones inflacionarias por la salida de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Un punto en el que coincidió con el desarrollo de políticas públicas como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el impulso del Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones con la inflación.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2024 y elaborada por el Banco de España, arrojan que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución –es decir, el quinto de las familias con menores ingresos– vieron incrementada su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Como muestra el gráfico anterior, la renta mediana –más representativa que la media, al situarse en el centro de la distribución y dividir en dos mitades los ingresos de los hogares– de las familias inmediatamente por encima, que se sitúan en el segundo quintil (entre los percentiles 20-40%) avanzó a un ritmo del 4,6% anual (un acumulado del 9,4%), la del tercer quintil sumó un 3,8% cada año (7,8% total) y la del cuarto, lo hizo en un 2,6% por ejercicio (5,2%). Solo en los hogares en la parte alta de la tabla este crecimiento fue más moderado. El 10% de mayores ingresos hasta vio cómo estos se redujeron levemente en el mismo periodo.

Más ricos por estar menos endeudados

Pero esta mejora de las rentas de los hogares más desfavorecidos choca cuando hablamos de riqueza, es decir, de los bienes y activos en posesión de las familias. Así, en términos de riqueza bruta (es decir, sin restar el valor de los endeudamientos), la mitad de los hogares, los que se encuentran en la parte baja de la distribución, vieron como esta cayó un 3% cada año. En términos de riqueza neta, una vez restadas las cuantías de las deudas, esta avanzó un 2,6%.

Es decir, la mejora no se explica por una mayor acumulación de bienes, sino porque o bien se han desendeudado, o se han endeudado menos. Y aquí el factor clave es el acceso a la vivienda. Porque su capacidad para comprar una casa, aunque sea a través de un crédito hipotecario, es menor.

En el Banco de España señalan que una parte tiene que ver con esa “restricción” en el acceso al crédito, pero lo vinculan con una “dinámica” en el mercado de la vivienda que tiende hacia el alquiler. “Cuando miramos a la estructura de la deuda, los hogares de menor riqueza tienen este menor componente de deuda asociada a lo inmobiliario”, detalló el director general de Economía de la entidad, David López Salido, durante un encuentro con medios de comunicación para presentar los resultados del informe. En el supervisor ven como un elemento “positivo” que hace menos vulnerables a las familias a la hora de incorporarse al mercado de la vivienda, al reducir la carga de deuda asociada.

Cada vez menos hogares propietarios

Esta menor propensión a la compra de vivienda –o la falta de acceso– ha provocado que la proporción de hogares que son propietarios de su vivienda principal haya caído al 70,6%, el mínimo desde la puesta en marcha de la estadística, a principios de los 2000. La caída, sostenida, se produce desde 2011, cuando alcanzó su máximo en torno al 80%, y ha caído casi 10 puntos porcentuales desde entonces.

Pero al mismo tiempo, y al calor del mercado inmobiliario, el valor de la vivienda ha recuperado peso dentro de los activos reales (inmobiliario, joyas, negocios…) con los que cuentan los hogares, hasta representar un 54,2% del total. Es el primer incremento de la serie histórica, ya que el peso de la vivienda dentro de la riqueza de los hogares ha caído desde 2002, cuando representaba en torno al 67%.

En términos de deuda, el porcentaje de hogares con algún tipo de endeudamiento sigue cayendo (54%) y el valor mediano del apalancamiento se situó en mínimos, 29.900 euros. Este menor endeudamiento se produce sobre todo en los hogares de menor renta. Las hipotecas representan en torno al 80% de la deuda total, un mínimo histórico, y la carga financiera asociada a estos créditos ya supone solo el 55% de los pagos de deuda a los que hacen frente los hogares.

Menos dinero en cuentas corrientas y más inversión

El valor de los activos financieros ha cobrado más peso, hasta un 23% sobre el total, y en el Banco de España detectan una mayor “sofisticación” de estos. Disminuyó hasta el 30,1% la proporción de hogares que contaban con su dinero en cuentas corrientas, más expuestas al mordisco de la inflación, y aumentó la proporción de las cuentas de ahorro o con un ligero interés hasta el 9,4%.

Destaca también la subida de los hogares con tenencia de valores de renta fija, algo consistente con el 'boom' en el interés por las Letras del Tesoro, en un momento en el que los depósitos de los bancos apenas retribuían las cuantías de los hogares.

En total, el valor de los activos financieros se disparó hasta los 17.600 millones de euros, el máximo de la serie histórica, gracias al crecimiento económico y la revalorización experimentada por las bolsas en este periodo.

La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre los ahorros y deudas que acumulan, se situó en 2,645 billones de euros al finalizar 2025, un 11% más que un año antes, y alcanzó un nuevo récord, mientras que su endeudamiento se situó, en términos relativos al producto interior bruto (PIB), en mínimos desde 1999.

Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas este viernes por el Banco de España, la riqueza financiera representaba en diciembre del año pasado el 156,8% del PIB, superando el promedio desde 2022, que era del 149,1%. Los activos financieros de los hogares (dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) aumentaron en 292.100 millones de euros con respecto a un año antes y alcanzaron los 3,436 billones de euros, un 9,3% más que a diciembre de 2024. Esto supone un 203,7% del PIB, frente al 196,8% de 2024.

El aumento de la riqueza neta se debe a la revalorización de los activos financieros durante todo el año pasado, principalmente las participaciones en el capital y los fondos de inversión, según el Banco de España. Las familias aumentaron sus participaciones en capital y los fondos de inversión, en tanto que se redujo el efectivo y sus depósitos.

El efectivo y los depósitos, aunque representan el 33,4% del total de los activos financieros, se situaron en niveles mínimos de los últimos treinta años al acabar 2025. Por el contrario, las participaciones en el capital, con un peso del 32,3% -muy cercano al de los depósitos-, y en fondos de inversión se encuentran cerca del máximo.

La deuda de familias y empresas

La deuda de los hogares aumentó en términos nominales un 3,88% hasta los 723.000 millones de euros en 2025, frente a los 696.000 millones con que cerró 2024. Sin embargo, al medirlo en relación al PIB esta se redujo, al situarse en el 42,8%, su nivel más bajo desde finales de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó un 0,76%, hasta los 1,056 billones de euros en 2025, frente a los 1,048 billones en 2024, si bien en relación al PIB descendió al 62,6%, un mínimo que no alcanzaba desde el tercer trimestre de 2001.

Las operaciones financieras consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas se mantenían en el 4,1% del PIB al finalizar 2025, similar al promedio registrado desde 2022, mientras que los de los hogares aumentaron hasta el 5,6%, frente al 3,4% que hubo en promedio desde esa fecha.

El Tesoro Público español ha diseñado un intenso calendario de subastas para este mes de abril con el objetivo de cubrir sus necesidades de financiación anuales en un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica global y la persistente escalada de la inflación en la eurozona. Esta situación ha provocado que el mercado anticipe posibles subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que se traduce directamente en una mayor rentabilidad exigida por los inversores en los títulos de deuda pública española emitidos recientemente por el organismo. El compromiso del Ministerio de Economía para este ejercicio se mantiene firme en la responsabilidad presupuestaria, buscando aprovechar el buen momento de la economía nacional para atraer capital tanto de grandes instituciones como de pequeños ahorradores particulares que buscan seguridad y rendimientos atractivos en el corto y largo plazo.

La actividad financiera de este cuarto mes del año comenzó el pasado martes con una importante emisión de letras del Tesoro con plazos de amortización fijados en seis y doce meses, respectivamente. A lo largo de la jornada, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa logró colocar un importe total que ascendió a los 6.439 millones de euros, situándose en el rango máximo de lo previsto inicialmente para dicha operación. La demanda conjunta superó con creces los 8.600 millones de euros, demostrando que el papel español sigue siendo un activo de gran atractivo para los inversores internacionales. Las letras de doce meses lideraron la adjudicación con más de 4.300 millones de euros colocados en el mercado.

Siguiendo con la planificación establecida, el organismo público vuelve a los mercados hoy mismo para realizar una subasta de bonos y obligaciones del Estado con objetivos de adjudicación ambiciosos. El rango previsto para esta operación oscila entre los 5.250 millones y los 6.750 millones de euros, buscando captar capital a medio y largo plazo para financiar la estrategia estatal. Esta segunda cita del mes es crucial para evaluar la confianza de los grandes tenedores de deuda ante los títulos que ofrecen cupones fijos anuales y que representan la mayor parte de las emisiones netas programadas para todo el año. Los inversores estarán atentos para comprobar si se mantiene la tendencia alcista de los tipos marginales de referencia vista en las emisiones anteriores.

Los valores que se subastan este jueves incluyen bonos del Estado a tres años con un cupón del 2,35% y bonos a cinco años con un cupón del 2,60% anual. Además, la oferta se completa con obligaciones del Estado a diez años con un cupón del 3,30 y una referencia especial de obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a diez años con un cupón del 1,15%. Para estas últimas, el principal de la inversión varía según la evolución de un índice de precios, protegiendo así el poder adquisitivo del inversor frente a escenarios de escalada de costes energéticos. Estas emisiones tienen fechas de vencimiento que se extienden hasta el año 2036 para los títulos de mayor duración ofertados actualmente.

La programación del Tesoro Público para la segunda quincena del mes de abril continuará el próximo martes 14 con una nueva convocatoria dirigida a los tramos más cortos de la curva de tipos mediante la emisión de letras. En esta ocasión se subastarán títulos con vencimientos a tres y nueve meses, complementando la oferta de papel comercial realizada al inicio de abril y permitiendo a los ahorradores diversificar sus carteras con plazos inferiores al año. Las peticiones para esta subasta pueden tramitarse tanto de forma competitiva, indicando el tipo de interés deseado, como no competitiva, aceptando el precio medio resultante de la operación según el procedimiento oficial. Esta subasta es tradicionalmente muy seguida por el inversor minorista, que utiliza las letras como una alternativa segura de ahorro frente a otros productos bancarios tradicionales.

Para cerrar el ciclo de subastas ordinarias del mes, el organismo financiero ha fijado una última cita el jueves 16 de abril dedicada nuevamente a los bonos y obligaciones del Estado. Con esta operación se completa el despliegue de deuda previsto para el periodo, buscando consolidar la posición financiera de España y asegurar los fondos necesarios para los compromisos de gasto del Estado. Al igual que en las citas anteriores, las referencias exactas que se emitirán en esta subasta final serán anunciadas oficialmente el viernes inmediatamente anterior a la celebración de la misma para información de los mercados. Es el broche final a un mes de intensa actividad en el que el Tesoro ha navegado con éxito la volatilidad mientras mantiene sus objetivos de captación de capital a medio y largo plazo.

Un trámite sencillo

Dentro de este marco de financiación, el Tesoro continúa impulsando su programa de bonos verdes soberanos, que ya cuenta con un volumen considerable en circulación para proyectos sostenibles. Estos valores son asimilables al resto de la deuda pública, pero están vinculados nocionalmente a gastos en actividades que favorecen la transición ecológica y la protección del medio ambiente bajo criterios muy estrictos. La gran demanda de este tipo de activos sostenibles ha ayudado históricamente al organismo a reducir sus costes de emisión y a ampliar su base de inversores hacia perfiles comprometidos.

Los ciudadanos interesados en participar en estas subastas de abril disponen de diversos canales para adquirir deuda pública de forma sencilla, destacando la posibilidad de abrir cuentas directas en las sucursales del Banco de España. Asimismo, el Tesoro ofrece un servicio de compra y venta a través de su página web oficial para residentes en el territorio nacional que posean un certificado digital o DNI electrónico reconocido. Es importante recordar que el importe mínimo para cualquier petición es de 1.000 euros y que para cantidades superiores se debe operar siempre en múltiplos de esa misma cifra nominal establecida por la normativa vigente. Con estos mecanismos, el Estado garantiza la transparencia y el acceso equitativo a sus valores de renta fija, fomentando la participación del ahorro privado en la financiación pública del país.

Extremadura cerró el año 2025 con 5.207 millones de euros de deuda, el equivalente al 18,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), 2,4 puntos menos que al cierre de 2024, según los datos que ha publicado este martes el Banco de España.

Este dato sitúa como comunidad extremeña como la séptima más endeudada en términos PIB, por detrás de Comunidad Valenciana, la más endeudada, con una deuda equivalente al 40,7% de su PIB (el mismo dato que un año antes), Murcia (31,2%, 0,6 puntos menos), Castilla-La Mancha (28,3%, 1,6 puntos menos), Cataluña (28,2%, 1,3 puntos menos) y Extremadura (18,5% y 2,4 puntos menos).

Las comunidades autónomas subieron su endeudamiento en 2025 en 5.698 millones más que al cierre de 2024, hasta los 341.642 millones, el 20,2 % del PIB, nueve décimas menos que un año antes.

Las comunidades autónomas menos endeudadas al final del 2025 fueron Navarra (9,4% de su PIB, 0,9 puntos menos) y Canarias (10,8%, 0,5 puntos menos).

En términos nominales, las deudas más abultadas se concentraron en Cataluña (90.082 millones), Comunidad Valenciana (63.934 millones), Andalucía (40.721 millones) y Madrid (37.825 millones).

El Euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las hipotecas variables, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, y cerrará marzo con la mayor subida mensual desde 2023, con lo que encarecerá las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años, según recoge la agencia Efe.

A falta de una sola sesión para que finalice marzo, la tasa media provisional del indicador alcanza el 2,532%, lo que supone una subida de 31,1 puntos básicos respecto a febrero, cuando cerró en el 2,221%. Este incremento es el mayor ascenso mensual del indicador desde enero de 2023, cuando escaló 31,9 puntos básicos (respecto al mes previo).

Asimismo, con esa tasa media, el Euríbor ha vuelto a niveles de octubre de 2024 (2,691%), y encarecerá las hipotecas por primera vez desde abril de 2024, aunque será levemente. Esto se debe a que hace un año, en marzo de 2025, la tasa media del Euríbor era inferior a la actual, del 2,398%.

Como ejemplo, para una hipoteca de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del Euríbor más un punto, el incremento será de unos 132 euros al año. Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 260 euros anuales.

El Euríbor se ha disparado este mes como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha impulsado el precio de la energía. El miedo a un alza exponencial de la inflación y al impacto en la economía ha provocado un cambio de previsión sobre la política monetaria de los bancos centrales.

El BCE está vigilante ante la evolución de la inflación

Los analistas de Ebury explican que el incremento del Euríbor responde directamente al aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés a lo largo de este año. “El detonante principal ha sido el conflicto en Irán, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y el consiguiente repunte en los precios del petróleo y del gas natural. Como importador neto de energía, Europa es especialmente vulnerable a este tipo de disrupciones en el suministro”, añaden los mismos expertos, para quienes dicha exposición no solo genera un riesgo de inflación importada, sino también de desaceleración económica.

En este sentido, precisan, el BCE ya “ha abandonado la idea de que se encontraba en una buena posición y ha puesto especial énfasis en los riesgos derivados de la situación en Oriente Medio”, en particular en los posibles efectos de segunda ronda sobre la inflación.

En consonancia, y tras revisar al alza sus proyecciones de inflación, el BCE ha dejado abierta la posibilidad de una subida de tipos. Pese a ello, los mismos analistas prevén que el Euríbor se estabilice en torno a los niveles actuales, al menos hasta que aparezcan señales más sólidas y creíbles de desescalada en el conflicto bélico.

“La información que vaya llegando en el próximo período ayudará al Consejo de Gobierno a evaluar cómo la guerra afectará a las perspectivas de inflación y a los riesgos que la rodean. El Consejo de Gobierno está siguiendo de cerca la situación, y su enfoque dependiente de los datos le permitirá fijar la política monetaria de manera adecuada”, aseguró el Banco Central Europeo en su último análisis.

El dato de inflación de España, el primero de la eurozona y publicado el pasado viernes, ya anticipó una escalada de los precios como consecuencia del conflicto. Así, el Índice de Precios al Consumo que elabora el INE escaló un punto, hasta el 3,3% en tasa interanual, un alza notable pero amortiguada por las ayudas fiscales aprobadas por el Ejecutivo.

El Banco de España prevé un acelerón de la inflación ya este año y, en el peor escenario de la guerra en Irán (con precios del petróleo disparado y un conflicto extendido durante todo un año), podría rondar el 6%, lo que activaría sí o sí las subidas de tipos del BCE e, inevitablemente, encarecería aún más los préstamos hipotecarios.

Desde Asufin, advierten de que, ante este escenario donde el Euríbor mantiene una tendencia compleja y volátil, la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles depende directamente de la modalidad de sus contratos.

Según sus datos, aproximadamente el 59% del total de hipotecas vivas en España están referenciadas a tipos variables o mixtos, y por tanto, “cualquier repunte en el índice se traduce de forma casi inmediata en un incremento de sus cuotas, reduciendo su renta disponible para el consumo”.

Por el contrario, los hogares con “blindaje financiero” suponen el 41% restante, al disponer de cuotas fijas, dice Asufin, que no obstante, alerta de que las nuevas hipotecas fijas se están revisando al alza.

El ascenso del Euríbor ha roto con varios meses de estabilidad, ya que el mercado no espera movimientos por parte del BCE con una inflación controlada. No obstante, tras el estallido de la guerra, el Euríbor ha pasado de una tasa diaria del 2,222% en el último día de febrero, hasta alcanzar un máximo en 2,929% el pasado día 24, el nivel más alto desde septiembre de 2024. Asimismo, ha llegado a registrar sus mayores subidas diarias desde 2008.

La economía española aceleró a finales del año pasado y sentó los cimientos para otro año de crecimiento diferencial. Hasta tal punto, que ya se veía como un objetivo al alcance de la mano el liderar a las grandes economías avanzadas por tercer año consecutivo. Pero un mes de guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha sido suficiente para disipar los vientos de cola y prometer menos crecimiento y más inflación.

El INE dio este viernes el primer dato de inflación de la eurozona, por lo que todos los ojos estaban puestos en la evolución del IPC tras un mes de precios del petróleo disparados y su traslación a las gasolineras. Del 2,3% interanual que registró en febrero, al 3,3% en marzo. Un punto más explicado solamente por la guerra contra Irán.

“Aunque estaba previsto un acusado incremento debido a la subida de los precios del petróleo, esta cifra se sitúa por debajo del consenso, del 3,6%. Este es un desarrollo positivo en el escenario actual, particularmente el que la inflación núcleo permaneciera estable en el 2,7% interanual, ya que cualquier efecto de segunda ronda de los precios de la energía más altos sobre las presiones inflacionarias subyacentes tardarán tiempo en materializarse”, valoraban en una nota desde la consultora Oxford Economics.

La semana que ha estado en vigor el Plan anticrisis del Gobierno, con rebajas fiscales en los precios de los combustibles como medida estrella, ha sido suficiente para amortiguar unas décimas el mordisco al bolsillo que supone el encarecimiento del crudo. Y aunque las bajadas aún están lejos de los 30 céntimos que anticipó el Gobierno, desde el Ministerio de Economía lo achacan a “presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”.

El IPC adelantado este viernes –no conoceremos el definitivo hasta mediados de abril, por lo que todavía podrían bailar algunas décimas– es el primer dato oficial que mide el impacto de la guerra en la economía. Al menos, el primer dato macroeconómico, más allá de las cifras de los surtidores. 

Del FMI al Banco de España: menos avance del PIB y un IPC más elevado

El resto, son solo previsiones. Y como tal, están sujetas a la incertidumbre. Hasta finales del mes próximo no tendremos un primer avance de cómo ha afectado al producto interior bruto (PIB) del primer trimestre el conflicto. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco de España han publicado una primera tanda de proyecciones que ya recogen el impacto de la guerra.

El FMI, tras las consultas para el informe que elabora sobre la economía española, rebajó al 2,1% su previsión de avance del PIB para 2026 y al 1,8% en 2027. Los precios cerrarán 2026 con una subida media del 3% este año, que se ralentizará al 2,2% para el próximo.

Las de la OCDE son similares. En su caso, la actualización intermedia de sus proyecciones económicas incluye un escenario de desaceleración mundial y advierte de que el conflicto en Oriente Medio “pondrá a prueba la resiliencia de la economía global”. En cuanto a la proyección específica de España, recortan al 2,1% el avance del PIB en 2026 y al 1,7% en 2027. La inflación media será del 3% y el 2,2%, respectivamente.

Pero estos organismos internacionales carecen del músculo suficiente para un análisis de la economía española como el que elabora el Banco de España. En su caso, elevan la previsión de crecimiento al 2,3% para este año, una décima más de lo que anticiparon en diciembre, pero con varios fenómenos contrapuestos. Por un lado, el mayor vigor de la economía española en los últimos meses explicaba por sí misma una revisión al alza, pero la guerra y la subida de los precios recortaban el crecimiento. El efecto del Real Decreto-Ley anticrisis aprobado este jueves en el Congreso ha sido clave para compensar, al menos en parte, los efectos negativos del conflicto. Para el año que viene, estiman un avance del PIB del 1,7%. La inflación será del 3% este año y del 2,5% el que viene.

El Banco de España va más allá y diseña dos escenarios adicionales en función de la gravedad de la guerra en Oriente Medio. En el caso de ir al peor, con los precios de petróleo disparados y una disrupción de los mercados de materias primas, el crecimiento se frenaría al 1,9% este año y la inflación se dispararía al 5,9%. El próximo año, el PIB solo avanzaría un 1,1% y los precios subirían un 3,2%.

Antes del estallido de la guerra, en noviembre, el Gobierno elaboró el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado con la estimación de que la economía española crecería un 2,2% este año y un 2,1% el que viene. María Jesús Montero, hasta esta semana vicepresidenta y ministra de Hacienda, dejó las cuentas públicas ya preparadas para Arcadi España, su nuevo titular. Pero el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, va a tener que rehacer los números detrás del Presupuesto, como confirmaron este viernes fuentes del Gobierno. El impacto de las medidas anticrisis y los posibles efectos económicos a futuro todavía están sin medir.

El Banco de España prevé que el peor escenario de la guerra en Oriente Medio suponga un frenazo en el crecimiento económico de España y una inflación disparada, por el efecto de la subida de los precios del petróleo y de las disrupciones en el comercio internacional en el caso de que el conflicto se estanque.

La entidad ha publicado este viernes sus proyecciones económicas de primavera que, en su escenario central –el que los técnicos creen más probable–, mejora las previsiones de diciembre en cuanto a la evolución del producto interior bruto (PIB). Así, la estimación oficial revisa al 2,3%, una décima más, el crecimiento para 2026 gracias a que el vigor de la actividad y el Plan anticrisis aprobado por el Gobierno compensarán los efectos más negativos de la guerra en Oriente Medio. La inflación, eso sí, se disparará al 3%, 0,9 puntos más de los previstos con anterioridad.

Esta estimación llega solo unos días después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hayan rebajado las proyecciones de crecimiento para este año y el que viene. 

El Banco de España calculaba que la economía española avanzaría un 2,4% antes de desatarse el conflicto en Oriente Medio, gracias a su “dinamismo elevado y superior a lo previsto”, con un vigoroso comportamiento del consumo privado y de la inversión. Esto eran dos décimas más que en el escenario de diciembre, cuando apuntaron a un avance del 2,2%.

Pero la guerra y la subida de los precios energéticos ha trastocado la previsión. Según los cálculos de la dirección general de Economía, la guerra le costará 0,4 puntos al crecimiento del PIB. Un efecto que verá compensado, en parte (0,3 puntos), por el Real Decreto-Ley anticrisis que el Congreso avaló este jueves. 

El balance resulta positivo y arroja una revisión al alza, al citado 2,3%. Pero el Banco adelanta que el escenario está “sujeto a un grado de incertidumbre especialmente elevado como consecuencia del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo”. Así, dibujan dos escenarios más: uno adverso, en el que las disrupciones se plantean como transitorias; y otro severo, con un conflicto más duradero y una interrupción de los flujos de materias primas energéticas hasta finales de año.

En el primero de ellos, los economistas apuntan a un recorte de una décima adicional, hasta el 2,2%. Pero en el peor de los casos podría ralentizarse el crecimiento hasta el 1,9%.

Anticipa una desaceleración en 2027

La entidad que dirige José Luis Escrivá sí anticipa un frenazo económico hacia delante, ya que rebaja al 1,7% la proyección de crecimiento de 2027, que caería al 1,1% en el peor de los casos. 

Donde se notará más el impacto del conflicto en Oriente Medio será en los precios, fruto del encarecimiento del petróleo y el gas. En concreto, el Banco de España calcula que la inflación será del 3% de media en 2026, 0,9 puntos más, de lo que estimaron en diciembre. En el escenario más grave, el dato general podría situarse en el 5,9%, cifras no vistas desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En cuanto a la tasa subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos por ser más volátiles, se situaría en el 2,7% en el escenario central, dos décimas más.

“Este mayor crecimiento de los precios previsto para 2026 refleja, fundamentalmente, la trayectoria reciente de la inflación, junto con el incremento de los precios energéticos a escala global, efectos que se verían compensados, parcialmente, por la reducción de la fiscalidad energética aprobada en marzo”, destaca la entidad.

En 2027, la tasa general y la subyacente se situarían en el 2,5% y el 2,7%, respectivamente, seis décimas por encima de lo previsto hace seis meses. Si la guerra se recrudece, la subida de los precios sería, de media, del 3,2%.

Por lo que respecta al mercado laboral, el Banco de España prevé que la creación de empleo siga siendo sólida en los próximos dos años, del 2,2% y del 1,3% en cuanto al número de ocupados, y del 2,2% y el 1,2% en lo referente a las horas trabajadas. De esta manera, el paro cerrará este año, de media, en el 9,9%, que será el 9,6% el ejercicio que viene.

De las cuentas públicas, el Banco de España empeora ligeramente las cifras de déficit para este año hasta el 2,3% (dos décimas más), por las medidas fiscales aprobadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra. Con todo, el endeudamiento se situará en el 99,2% a final del 2026, por primera vez desde 2019 por debajo del umbral del 100% del PIB.

Ursula von der Leyen y Donald Trump sellaron con una sonrisa y los pulgares en alto la tregua comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. El acuerdo llegó el pasado verano tras meses de vaivenes arancelarios y se firmó en el campo de golf del magnate en Turnberry (Escocia). La Comisión Europea aceptaba como mal menor unas tarifas del 15% en sus exportaciones al país norteamericano a cambio de una serie de excepciones en sectores clave para la economía de los Veintisiete, como productos agrícolas o materias primas.

La foto, con un radiante Trump y una incómoda Von der Leyen –consciente de que estaba firmando un mal pacto pero presionada por Gobiernos como el alemán, con una industria muy dependiente de la relación comercial con EEUU–, prometía algo fundamental para la economía a ambos lados del Atlántico: certidumbre. Un escenario de certezas para el desarrollo de negocios en las dos orillas, aunque fuera a costa de la capitulación europea y la promesa de inversiones millonarias en aquel país.

Pero la frágil paz comercial, que ya se vio amenazada por las pretensiones de la Casa Blanca sobre Groenlandia (de soberanía danesa), estalló por los aires con la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular la mayor parte de los aranceles que Donald Trump anunció con un cartel en cartón pluma el 2 de abril de 2024, el llamado Día de la Liberación. El presidente estadounidense reaccionó con una nueva tanda de tarifas, amparada bajo otro precepto legal, que distorsionó de nuevo el escenario y paralizó la ratificación del acuerdo de Turnberry en el Parlamento Europeo. De nuevo, incertidumbre.

Desde que hace casi seis años el COVID-19 pusiera en suspenso la actividad mundial, la economía se ha enfrentado a un estado de alerta permanente. La incertidumbre es ya un término de moda a la hora de realizar cualquier previsión, como un aviso de que la proyección podría irse al traste con la mínima volatilidad. El Fondo Monetario Internacional, en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales de octubre, menciona en 102 ocasiones “uncertainty” (incertidumbre). La OCDE, en su documento análogo de diciembre, cita la palabra 198 veces. Las últimas previsiones del Banco de España, también de final de año, la repiten 53.

Ahora bien, ¿es la incertidumbre un fenómeno con efecto económico real o solo un lugar común? “Vivimos en un mundo de incertidumbre constante. Cualquier decisión que tomamos, incluso si nos paramos a tomar un café o un té, lo hacemos con información limitada”, responde el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo. Es un caso exagerado, dice al teléfono, pero es el ejemplo perfecto para comprender hasta qué punto una disyuntiva afecta a decisiones sencillas del día a día, lo que se multiplica al extremo en caso de decisiones más relevantes, como la compra de una casa en el caso de una familia, o el lanzamiento de una inversión empresarial.

“Cuanto mayor es la incertidumbre, las decisiones se hacen más conservadoras. En el caso de las familias es evidente cuando llega una crisis: su consumo cae, lo que suele agravar la coyuntura económica. Con las empresas pasa lo mismo. Se suele decir que el capital es cobarde y las incertezas afectan a las variables de inversión”, detalla.

En el Gobierno son conscientes de que este fenómeno explica, en parte, ese hartazgo de la sociedad por el cual no perciben en su bolsillo la mejora de los indicadores macroeconómicos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo definió como “inseguridad económica” en su intervención en el Senado del pasado lunes: “En los últimos 15 años hemos tenido que pasar por shocks o crisis que normalmente pasan una vez cada dos o tres generaciones. La misma generación se ha tenido que enfrentar a una crisis financiera, a una pandemia, a un shock de inflación, a una guerra a las puertas de Europa, a una guerra arancelaria…”. Todo, sin descanso y sin percibir los dividendos del cohete económico.

Del rescate bancario a los aranceles: incertidumbre sin freno

La incertidumbre es más un estado de ánimo que un fenómeno mensurable, la mejor muestra de cómo la psicología y el comportamiento afecta a la economía. No aparece en una factura, ni en una nómina, ni en un agregado como el producto interior bruto (PIB). Pero está muy presente. Distintos organismos han desarrollado métricas específicas para tratar de aterrizarla. Uno de los indicadores más conocidos es el índice Economic Policy Uncertainty (EPU), que en nuestro país replica el Banco de España, y que se construye a través de palabras vinculadas a la incertidumbre que aparecen en la prensa local. Su última lectura, de enero, confirma que la incertidumbre es un 54% superior a la del promedio. De hecho, lleva más de quince años disparada. Desde 2010, solo se ha situado en nueve ocasiones por debajo del nivel 100, que sería la media.

Como se ve en el gráfico sobre estas líneas, los mayores picos de incertidumbre en la economía española se han dado con el COVID-19 (en mayo de 2020), con el Día de la Liberación que desbarató el comercio mundial como lo conocíamos en las últimas décadas (abril de 2025) o a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (febrero-marzo de 2022). Son eventos recientes, pero las incertezas se dispararon también durante el referéndum independentista del 1 de Octubre de 2017, tras la votación a favor del Brexit en 2016 o en el verano de 2012, cuando España se asomó al abismo económico y se produjo el rescate bancario. Los atentados del 11-S de 2001 o la invasión de Irak en 2003 provocaron los primeros picos a principios de siglo.

Sin embargo, uno de los problemas de los índices EPU es, como lo denomina el profesor de la escuela de negocios IESE Roberto García-Castro, el “efecto túnel” que supone fijarse únicamente en titulares de prensa. “Reacciona mucho a lo periodístico, a lo que está haciendo la Casa Blanca. Pero el mundo no se acaba con Trump”, razona en conversación telefónica. García-Castro es, junto con su compañero Miguel Ángel Ariño, el creador del índice I3E de incertidumbre económica, que la mide desde 2010 en España y, desde hace un mes, también en las principales 22 economías del mundo.

El indicador concentra los datos de precios bursátiles nacionales, precios de bonos soberanos a 10 años, tipos de cambio y precio del petróleo Brent. “Cuando agregas estas cuatro dimensiones –geopolítica, política, financiera y bursátil– emerge algo que es distinto a la simple volatilidad”, dice el profesor, que forma parte del departamento de Análisis de Decisiones. “Ahora mismo se habla y se publica mucho de incertidumbre, pero, con los datos en la mano, está relativamente baja”, abunda.

Y, a pesar de esto, el Banco de España, en su encuesta trimestral a las empresas, recoge que la incertidumbre es un factor que condiciona la actividad empresarial para una de cada dos compañías. Más que la energía y prácticamente al mismo nivel que la falta de personal, otro de los grandes temas recurrentes en el mundo patronal.

“Llevo casi 20 años dando clase a directivos y hemos visto de todo: la caída de Lehman Brothers, el colapso financiero mundial, pandemias, guerras… Pero nunca he tenido un foro con cinco o seis directores generales que digan que la incertidumbre es baja. Por definición, el personal directivo toma decisiones sin tener todas las certezas. La incertidumbre siempre está en máximos”, asevera García-Castro.

¿Una economía curada de espanto? El termómetro de la inversión

Entonces, ¿afecta a la economía o no? En el IESE tienen medido su impacto. “La economía mundial crece trimestralmente un 2,1% de media en los últimos 36 años. Que nuestro índice esté por encima de 100 o 125 de manera sostenida resta casi medio punto de PIB global”, señala el profesor.

Desde el servicio de estudios del Banco de España son cautos con respecto a la posibilidad de que la incertidumbre ya no arrastre a la actividad económica, puesto que eso requeriría del diseño de un “escenario alternativo” sin sus efectos.

“En general, la evolución observada de la actividad se explica por la incertidumbre, pero también por un conjunto de perturbaciones adicionales que en los últimos años pueden estar compensando su efecto. Por lo tanto, podría ser aventurado pensar que se ha producido un efecto de inatención o insensibilidad a la incertidumbre”, responden por correo electrónico.

Pero el año pasado, con todos los nubarrones posibles y la incertidumbre disparada, España registró un crecimiento del PIB del 2,8%, gracias a que el fuerte mercado interno compensó los vientos de cola que venían del exterior. “Parece que estamos curados de espanto”, dice el profesor Hidalgo. “Estamos muy alarmados y, después, se baja el tono porque parece que hay mucha resiliencia en la economía y nos estamos acostumbrando a un entorno de mayor incertidumbre que en décadas pasadas. De momento no hay señales de que esté afectando muy negativamente, como podríamos haber esperado desde el principio. A lo mejor somos nosotros, medios incluidos, que valoramos la incertidumbre de una forma más intensa de lo que realmente es”, reflexiona.

La última revisión de la Contabilidad Nacional por parte del INE dio un subidón a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), la variable que mide la inversión productiva y que se mostraba notablemente rezagada tras la pandemia, a pesar del crecimiento económico. Los economistas señalaban que este menor dinamismo podía deberse a su sensibilidad ante la incertidumbre. La cobardía del capital, que comentaba Hidalgo. Pero los nuevos cálculos de Estadística desmontan parte de ese relato.

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Miguel Artola es uno de los más críticos con la labor del INE desde la pandemia. Según explica en conversación telefónica, no hay datos que sustenten que España es un caso diferencial con respecto al comportamiento de la inversión, si lo comparamos con lo que sucede en el resto de Europa. Ni la falta de Presupuestos ni reformas como la del mercado de trabajo han provocado que todo salte por los aires, asevera. De hecho, el marco español es mucho más estable que el de países como Francia, que encadenan gobiernos fallidos.

A su juicio, una posible explicación es que la inversión ha cambiado radicalmente. La tradicional (en ladrillo y en infraestructuras) ha perdido peso y los institutos estadísticos aún no captan de manera precisa las vinculadas a las nuevas tecnologías. “La inversión está dirigiéndose más hacia activos financieros que no financieros. Puede que estemos asistiendo a que esa inversión en intangibles –como licencias de software, por ejemplo– va cobrando importancia y en la medición vamos por detrás”, explica.

Eso pondría en relativa cuestión el dogma sobre los efectos de la incertidumbre. Al menos, sus efectos en el pasado lustro. Lo apuntó en un artículo en este periódico: “Los datos publicados revelan un panorama menos pesimista y sugieren que ni la incertidumbre ha tenido un impacto tan pronunciado ni las políticas públicas han estado tan mal orientadas”.

La paz comercial salta por los aires

Con todo, está por ver cuál es el impacto real sobre la economía mundial de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Sobre todo, tras el varapalo del Alto Tribunal estadounidense a su andanada arancelaria, que ha respondido con una nueva tanda de tarifas cuya duración también es incierta.

“[El nuevo arancel] Va a generar un aumento de la incertidumbre para las empresas europeas y española, que no sabrán muy bien a qué atenerse”, apunta el investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, Federico Steinberg. De momento, lo que ya se ha disparado es el Índice de Incertidumbre Comercial (TPU, por sus siglas en inglés). Como se ve en el gráfico siguiente, los dos mandatos del magnate neoyorquino han sido especialmente tensos en lo comercial, alcanzando su culmen en abril de 2024.

“Estados Unidos va a seguir siendo un socio poco predecible”, lamenta el académico. “No vamos a volver a una situación como la de 2024 porque Trump es un proteccionista y encontrará la fórmula para mantener las tarifas”, detalla. Si las empresas españolas, que tienen una exposición limitada, buscan capear esa incertidumbre, tendrán que buscar mercados alternativos y fijarse más en Europa, sobre todo en ramas como el comercio de servicios que, a diferencia del de bienes, está menos controlado.

¿Es, entonces, factible limitar la incertidumbre y sus posibles consecuencias para el desarrollo de la economía? Hay vías, dice Manuel Hidalgo. Por ejemplo, la del Banco Central Europeo (BCE) que, cada vez que adopta una decisión sobre los tipos de interés, da pistas de cómo evolucionarán a futuro. Es la llamada “forward guidance”, que favorece la toma de decisiones para familias y empresas.

“El BCE es una institución que tiene muy claro lo que tiene que hacer en política fiscal, a diferencia de los políticos, que necesitan mensajes más rápidos y, a veces, sus anuncios añaden mucha incertidumbre. Pasó con Liz Truss durante su mandato en Reino Unido. Los bancos centrales han aprendido a hacerlo, pero los Gobiernos tienen otros incentivos”, sostiene.

La economía española encadena quince años de sobresaltos y, desde la pandemia, no ha habido un ejercicio tranquilo. Pero, a pesar de todo, el PIB se ha comportado mejor de lo esperado, aunque quede “trabajo por hacer” para que eso se traduzca en bienestar. Hay incertidumbre y la economía, sin embargo, se mueve.

La deuda pública cerró 2025 en el 100,8% del producto interior bruto (PIB), su menor ratio desde marzo de 2020 en pleno estallido de la pandemia, gracias al crecimiento económico y a pesar de que el endeudamiento en términos nominales se incrementó en 78.108 millones de euros.

El Banco de España ha publicado este martes los datos de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas correspondientes al mes de diciembre del año pasado. El montante total rozó los 1,7 billones de euros, con un incremento del 4,8% interanual. Pero, al medirse en relación con el total del PIB, la ratio arroja su menor cifra desde el impacto del COVID-19, lo que muestra que el Estado por fin está recuperado del shock que supuso el confinamiento para las cuentas públicas.

El dato de cierre de año mejora incluso el objetivo que se había marcado el Gobierno para 2026, que era del 100,9% del PIB, de acuerdo con la senda de estabilidad que diseñó el Ministerio de Hacienda para los Presupuestos Generales del Estado, que decayó en el Congreso.

España ha tardado casi cinco años en situarse en un dato similar al de principios de 2020, antes de que el COVID-19 provocara un cerrojazo global y la economía española se hundiera un 11%. El Gobierno desplegó un escudo social frente a los efectos de la pandemia, con ERTEs, ayudas y un refuerzo de los servicios públicos que, sumado a la recesión, disparó la deuda pública hasta el 124,2% del PIB en marzo de 2021.

El Estado debe 1,55 billones de euros

Según los últimos datos publicados este martes, el grueso del endeudamiento corresponde al Estado, con 1,55 billones de euros; seguido de los 341.880 millones de las comunidades autónomas (20,3% del PIB), los 136.179 millones de la Seguridad Social (8,1% del PIB) y los 20.773 millones de las corporaciones locales (1,2% del PIB).

En términos interanuales, el endeudamiento del Estado ha aumentado en 75.630 millones; el de las comunidades autónomas ha crecido en 5.963 millones, en tanto que el de la Seguridad Social ha sumado 10.006 millones. Al otro lado, el de las corporaciones locales se ha recortado en 2.122 millones, en relación con diciembre de 2025.

El Tesoro Público español realiza hoy una nueva subasta de deuda, en bonos del Estado y obligaciones, en una operación que representa la segunda puja de febrero y que pretende situarse en el punto medio del rango de financiación previsto por el organismo. Las diferentes opciones ofrecidas por el Banco de España pretenden dar respuesta a unos inversores interesados por la deuda soberana española en un contexto de mercados financieros dinámicos. El interés de los mercados sigue siendo elevado pese a la incertidumbre económica que marca el inicio del año. Esta subasta consolida la posición de España en los mercados de renta fija durante el ejercicio de 2026.

En concreto, se adjudicarán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70% y obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 3,20%. Concretamente, los tipos de interés de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,348% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,943% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 1,280% para las obligaciones del Estado indexadas a 7 años y 10 meses y en el 3,204% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses. 

Dentro de las cuatro referencias mencionadas que se emiten hoy, los bonos del Estado a tres años juegan un papel fundamental en la estrategia de captación. Hay que tener en cuenta que, en cuanto a la rentabilidad, el interés marginal se situó en la anterior ocasión en un tipo del 2,348% en la subasta realizada el pasado 15 de enero. Los inversores suelen valorar positivamente estos activos de menor duración para equilibrar sus carteras de inversión. El cupón fijado para esta referencia de deuda se mantiene en el 2,35%, según los datos oficiales. La segunda referencia destacada del día son las obligaciones del Estado a siete años. Este título, que cuenta con un cupón del 3,00% y vence el 31 de enero de 2033, tuvo un interés marginal del 2,943% en la última puja celebrada anteriormente para este mismo activo. 

La subasta de hoy se produce apenas dos días después de que el organismo realizara una operación de mercado exitosa. El pasado martes, el Tesoro Público colocó 6.134,355 millones de euros en letras a seis y doce meses. En aquella ocasión, el volumen adjudicado se situó en el rango alto previsto, demostrando la vigencia del ahorro minorista. En dicha ocasión se registraron rebajas en las rentabilidades marginales ofrecidas por ambas referencias. Las letras a doce meses, que son el plazo estrella para los inversores, situaron su interés medio en el 2,02%. Por su parte, el rendimiento de las letras a seis meses se contrajo levemente hasta situarse en el entorno del 1,97%. La demanda total en esa primera subasta de febrero alcanzó los 9.316 millones de euros entre los inversores. Existe, no obstante, una percepción de que las peticiones pierden algo de fuelle según bajan ligeramente las rentabilidades.

Con la subasta celebrada hoy, el Tesoro español continúa avanzando con paso firme en su programa de financiación para 2026. Hasta la fecha, el organismo ya ha emitido un total de 29.787 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Esta cifra representa ya el 16,8% del objetivo total de financiación previsto para el presente ejercicio en estos plazos. Las necesidades de financiación nueva para todo el año 2026 se han fijado en unos 55.000 millones de euros, por lo que se trata de la misma cuantía neta que se programó para el año 2025, manteniendo la estabilidad presupuestaria. 

Del total de emisiones netas previstas, 50.000 millones corresponderán a bonos, obligaciones y otras deudas de largo plazo. Los 5.000 millones de euros restantes se cubrirán mediante la emisión de las populares letras del Tesoro nacional. La estrategia financiera está condicionada por el buen comportamiento de la economía y la disciplina fiscal. Si se analizan las cifras en términos brutos, el volumen de emisiones totales ascenderá este año a 285.693 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 4,2% respecto al cierre estimado del ejercicio anterior, que fue de 274.242 millones. Este aumento en el volumen bruto está directamente ligado a las mayores amortizaciones de deuda previstas para el recién estrenado 2026. 

De ese total programado, 176.935 millones corresponderán a emisiones brutas de instrumentos de deuda a medio y largo plazo, lo que representa un incremento del 3,1% comparado con lo que se contempló para el programa financiero del 2025. Por otro lado, para las letras del Tesoro se prevé un volumen de 108.758 millones de euros este año. Dicha cifra es casi un 5,9% superior al cierre estimado del año pasado para este tipo de papel corto. El Tesoro debe gestionar estos vencimientos elevados mientras intenta mantener costes de financiación bajos.

Prudencia vs incertidumbre

Un indicador clave de la salud financiera del Estado es la vida media de la deuda en circulación hoy. Actualmente, la vida media de la deuda soberana española se sitúa en los 7,83 años, según los últimos datos. Durante el año 2025, este indicador se mantuvo estable en el entorno de los ocho años por quinto año consecutivo. En concreto, el año pasado cerró con una vida media de 7,93 años, su nivel más alto desde el 2021. Por su parte, el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa actualmente en el 2,318%. Lograr mantener este coste en niveles controlados es uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría General del Tesoro. El alargamiento de los plazos de vencimiento ha sido una constante en la gestión de la deuda pública nacional. Esto permite al Estado reducir el riesgo de refinanciación ante posibles episodios de volatilidad.

El escenario geopolítico y económico actual sigue marcando la hoja de ruta de los inversores que acuden a las subastas. La subida del euro frente al dólar ha modificado recientemente las expectativas sobre el futuro de los tipos de interés. A principios de año, el mercado apostaba por subidas de tipos en la segunda mitad de 2026, pero esa idea pierde fuerza. La incertidumbre sobre el precio de las materias primas y los riesgos geopolíticos invitan a la prudencia a los inversores. En este entorno, la deuda pública española se percibe como un refugio seguro con rentabilidades todavía atractivas. La próxima cita para el mercado será el 10 de febrero, con una nueva subasta de letras del Tesoro. En esa ocasión se ofrecerán títulos a tres y nueve meses para seguir completando el programa de captación. El Tesoro confía en que el buen momento de la economía nacional siga respaldando la demanda de sus bonos.

La crisis del mercado de la vivienda se ceba más sobre los hogares más vulnerables. No es solo una percepción, sino que lo constata el propio Banco de España a través de una nueva estadística sobre el reparto de la riqueza en la que se constata que el techo es, cada vez más, una fuente de desigualdad.

El organismo ha publicado este jueves las Cuentas Distributivas de la Riqueza de los Hogares, un nuevo registro trimestral que pretende llenar los huecos que existen en las bases de datos que habitualmente lo miden –la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España y las Cuentas no financieras de los sectores institucionales (CNFSI), del INE–, con frecuencias anuales o que se presentan con muchísimo decalaje.

En un primer vistazo, la distribución de la riqueza neta de los hogares españoles se ha mantenido relativamente estable desde 2014, que es cuando comienza la serie. A finales de ese año, el 50% de los hogares más pobres concentraban el 7,7% de la riqueza, mientras que en el segundo trimestre de 2025 (los últimos disponibles) este porcentaje ha aumentado hasta el 8,6%. En el caso del 10% más rico, los datos también muestran una consistencia, pasando del 53,8% del patrimonio total al 53,5% entre las mismas fechas.

Los hogares más pobres se hipotecan menos

Pero en el detalle de los componentes de esa riqueza es donde se encuentran los matices. Y son muy relevantes. Así, el 50% de los hogares más pobres están mucho menos endeudados en la actualidad que en 2014 (han pasado de concentrar el 53% de la deuda total a solo el 33,8%), mientras que la de los hogares más ricos ha crecido del 17,1% al 21,6%.

En apariencia, esto sería una buena noticia. Pero es la constatación de que los hogares más humildes están siendo expulsados del mercado de la vivienda, ya que ese menor endeudamiento se explica porque tienen menos préstamos hipotecarios (del 57,6% al 34,1%).

Esa menor deuda para comprar casas se traduce en que el 50% de los hogares más pobres han perdido peso relativo en el total de la riqueza en vivienda. A finales de 2014, era el 18%. Ese porcentaje se ha desplomado hasta el 12,5%, con los últimos datos disponibles. Por contra, para el 10% más rico se ha incrementado del 37,4% al 41,8%.

“Estos movimientos en los pasivos (deudas) y activos de los hogares se compensan en buena medida, lo que explica la estabilidad de la distribución de la riqueza neta”, explica el organismo en una entrada de su blog.

La caída del peso de la vivienda en la riqueza del 50% de hogares más pobres no es baladí, ya que gran parte de su patrimonio está concentrado ahí o en depósitos bancarios. A diferencia de los hogares más ricos, que lo tienen más diversificados en inversión en acciones, fondos de inversión o empresas.

La economía española hace tiempo que dejó de ser el farolillo rojo de la Unión Europea. En 2024, el producto interior bruto (PIB) español creció un 3,5%, la economía avanzada más dinámica ese año. En 2025, todas las previsiones indican que cerrará con un incremento del 2,9%, también muy por encima de sus pares. Y las proyecciones para 2026 son optimistas pese a la incertidumbre.

De nuevo, el país ha superado todos los vientos que venían de frente y ha superado las expectativas fijadas a finales del año pasado, cuando los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina, así como la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, se antojaban como frenos para el motor del crecimiento.

España cerró 2025 con pleno de previsiones en el 2,9% del PIB. Es cierto que a final del año y con casi toda la información encima de la mesa, los diferentes centros de estudio tienen más sencillo atinar en su proyección. Pero es que hace doce meses el más optimista, el Banco de España, calculaba un avance del 2,5%.

La fortaleza del mercado laboral, la moderación de los precios y las ganancias de poder adquisitivo, el repunte de la inversión o el despliegue de los fondos europeos son algunas de las claves que explican por qué la economía española parece una balsa de aceite en plena convulsión mundial, a pesar de la enorme fragmentación del arco parlamentario y las crecientes dificultades del Gobierno para sacar adelante sus medidas o aprobar unos Presupuestos.

Este 2026, la economía española avanzará más del 2%, apuntan todas las previsiones. Alemania, Francia o Italia, las otras tres 'grandes' del euro, crecerán la mitad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA… Todos coinciden en sus análisis del vigor de la economía española. Todos apuntan que seguirá, aunque con cierta ralentización, en 2026. Y todos señalan que, pese a todo, hay nubarrones en el horizonte.

El FMI destaca el crecimiento excepcional de España

“La economía española se ha comportado excepcionalmente en los últimos años, con tasas de crecimiento realmente generosas, en torno al 3%. (...) Y debo decir que no se debió solo al turismo, sino que también tuvo que ver la tecnología, las comunicaciones y los nuevos sectores. Y eso son noticias fantásticas para la economía española”, señaló el director del Departamento para Europa del FMI, Alfred Kammer, el pasado octubre durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas Mundiales que elabora la organización.

El FMI, que no cuenta con un capítulo específico para el país más allá de sus informes anuales que publica en junio –el conocido como Artículo IV–, actualizó en octubre la previsión de crecimiento de España para 2025 al 2,9%, siendo entonces uno de los organismos más optimistas con respecto a la economía española. Más que el propio Gobierno, que entonces apuntaba a un avance del PIB del 2,7%. En cuanto a 2026, su previsión es que el ritmo se desacelere hasta el 2%, todavía una tasa muy sana.

Después de dos años como líder de las economías avanzadas, la organización situó a España también en el podio para este año, aunque una décima por detrás de Estados Unidos (2,1%). Con todo, el FMI suele ser de los organismos más conservadores en sus proyecciones a largo plazo. Actualizará sus cifras en las próximas semanas, coincidiendo con la celebración del Foro de Davos (Suiza). El año pasado en estas fechas calculaba un 2,3% de subida del PIB en 2025 y un 1,8% en 2026. La realidad ha demostrado ser bastante más vigorosa.

La Comisión Europea subraya la fortaleza del mercado laboral

Las proyecciones económicas por países que acompañan al Paquete de Otoño de la Comisión Europea también dieron buenas noticias a España. Más allá de situar la estimación para 2025 en el 2,9%, al igual que el resto de analistas, dispararon al 2,3% la previsión para 2026. Nuestro país, a los ojos de los economistas comunitarios, será la gran economía avanzada que más crezca, por encima de Estados Unidos (1,9%) y casi el doble que la zona euro (1,2%).

“La demanda doméstica será el principal motor de crecimiento en el periodo 2025-2027, sobre todo gracias al consumo privado y al buen comportamiento de la inversión. El gasto de los hogares se beneficiará de las ganancias de poder adquisitivo y de la creación de empleo, en un contexto de flujos migratorios sostenidos”, destacó el informe del Ejecutivo comunitario.

La fortaleza del consumo interno suplirá la atonía del sector exterior, afectado por la guerra arancelaria y por unos socios comerciales (Alemania, fundamentalmente) que aún no están saliendo del bache económico. Este es uno de los riesgos que destacan desde Bruselas: el hecho de que una actividad más lenta en países clave para los intereses españoles puedan frenar el crecimiento, bien por las exportaciones, bien por la llegada de turistas. 

La OCDE: los fondos europeos avivarán la inversión en su último año

La OCDE publicó el pasado noviembre su estudio bianual sobre la economía española. Y lo presentó su secretario general, Mathias Cormann, en un acto junto al ministro Carlos Cuerpo, en una muestra de la importancia del documento… y de que no incluía grandes críticas a la política económica del Gobierno. Todos los aspectos más espinosos eran ya propuestas conocidas de la organización: subir el IVA, revisar el sistema de pensiones o “calibrar cuidadosamente” las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). 

Los técnicos de la OCDE destacaron el comportamiento “notablemente bueno” de la economía española, que ha crecido después de la pandemia de manera “equilibrada, resiliente y estable”, gracias a una combinación de factores como la gran creación de empleo y los aumentos de productividad, reduciendo su dependencia del capital extranjero.

La organización apunta también en su informe de Perspectivas económicas que España será la economía avanzada líder en 2026 (2,2%), por delante de Estados Unidos (1,7%) y avanzando el doble que Alemania o Francia (ambas, el 1%). “El consumo privado crecerá gracias a la fuerte creación de empleo, al aumento de los salarios reales y a la mejora de las condiciones financieras. La inversión empresarial y de los hogares se verá impulsada por la bajada de las tasas de interés y el despliegue en curso de los fondos del PRTR, para luego desacelerarse en 2027, a medida que estos fondos vayan remitiendo”, abundan en su ficha sobre el país.

BBVA Research: el más optimista

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, moderó ligeramente, a principios de diciembre, su previsión de crecimiento para 2025 del 3% que calculaba en octubre al 2,9% en diciembre. Una rebaja de una décima que, en realidad, se trasladó a 2026, cuando calculan que la economía avanzará un 2,4%, la proyección más optimista de los analistas habituales.

La mejora de la renta disponible de los hogares, la relajación de los tipos de interés (a pesar del puntual repunte del euríbor) y los fondos europeos serán las claves sobre las que descansará el crecimiento en el próximo bienio. Pero la desaceleración vendrá por una moderación de la llegada de turistas extranjeros, al situarse el país al borde de su capacidad de acogida de viajeros; de una ralentización en las exportaciones de bienes y de una política fiscal más contractiva a mediados del año, una vez acaben los fondos europeos y el Gobierno tenga que hacer frente a sus compromisos de consolidación con Europa.

El Banco de España apunta a grandes crecimientos salariales

El último en sumarse a la ola de optimismo ha sido el Banco de España. La entidad fue de las primeras en rebajar el crecimiento previsto para este año por el impacto de los aranceles, pero ha ido elevando la previsión a lo largo del año. 2025 cerró con un crecimiento del 2,9%, según su análisis, y 2026 lo hará con un alza del 2,2%. 

El supervisor eleva notablemente sus previsiones de cara a los dos próximos ejercicios, en la línea de una mejora de la economía a escala global, gracias a una incertidumbre menor que hace unos meses. Además, la actualización ya incorpora la revisión de los datos de la Contabilidad Nacional de septiembre, que arrojaron un 2024 mucho mejor de lo anticipado. Asimismo, 2026 estará muy influido por la “fortaleza del consumo privado, que ha superado las expectativas” y un “ciclo de inversión que se mantiene robusto”. Los salarios están creciendo con vigor y podrían hacerlo más, tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de funcionarios, apunta la entidad.

“El consumo privado sería el componente con mayor aportación al crecimiento, impulsado por la renta disponible de los hogares, el empleo y los flujos migratorios. No obstante, se anticipa una desaceleración gradual del consumo a lo largo del horizonte de proyección, en línea con la ralentización esperada de dichos factores y en un contexto en el que la tasa de ahorro, aunque se reduciría en los próximos años, se mantendría por encima de su promedio histórico”, detalla el informe trimestral del Banco de España.

Los riesgos: de la Casa Blanca a las cuentas públicas

El hecho de que la economía española haya capeado la tormenta mejor que otras economías desde la pandemia no evita que siga siendo vulnerable a lo que está por llegar. Por un lado, porque la incertidumbre vinculada a la Administración Trump es algo que va a seguir presente. Por otro, porque potenciales desarrollos en las guerras en curso moverán todo el escenario geopolítico. Además, y aunque las bolsas estén en máximos (sobre todo, el Ibex 35), una brutal corrección bursátil, especialmente por las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial, podría causar un verdadero terremoto.

A la interna, la fragmentación política, la concatenación de citas electorales a principios de año y la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizados son algunos de los aspectos que determinarán la evolución de la economía en los primeros trimestres, los de mayor peso a la hora de determinar el crecimiento de un ejercicio.

Con todo, la economía española vive un buen momento con la inflación en descenso y el mercado laboral marcando récords, aunque esta bonanza esté tardando en notarse en el bolsillo de las familias. La mejora de las cuentas públicas ha hecho que las principales agencias de calificación hayan subido la ‘nota’ de la deuda española en el último año. Y podrían volver a hacerlo, pasando de un notable a un sobresaliente, a lo largo de 2026.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 2,91 millones a cuatro agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2021 y 2022, según un comunicado que recoge Europa Press. La decisión también conlleva la prohibición de participar en concursos públicos.

En concreto, el organismo regulador ha sancionado a Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail División por repartirse un contrato del Banco de España y otro de la UCM, acarreando sanciones de 850.000, 690.000 y 740.000 euros, respectivamente.

Por su parte, la compañía IAG7 Viajes ha sido multada con 630.000 euros solo por el primer caso.

Además, Competencia, que inició este expediente en diciembre de 2023 e inspeccionó las sedes de varias empresas, ha impuesto la prohibición de participar en concursos públicos durante seis meses a Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail, y durante tres meses a IAG7.

Es la cuarta resolución en la que la CNMC fija directamente el alcance y duración de la prohibición de contratar. Contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

Reparto de licitaciones

Entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, IAG7, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España, de servicios de agencia de viajes integrados de forma fija en su oficina (expediente 21/04609), para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones.

Con respecto al otro contrato, entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail acordaron repartirse de forma rotatoria los encargos del personal de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando la UCM emitía una solicitud de viaje y/o alojamiento, solo recibía una oferta en vez de tres, lo que disminuyó tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir.

“Este tipo de acuerdos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, ha señalado Competencia.

La morosidad de la banca española bajó en octubre al 2,84%, desde el 2,87% de septiembre, y marcó su tasa más baja en 17 años, desde septiembre de 2008, en plena burbuja del ladrillo, gracias a que el saldo de créditos creció y los préstamos impagados se redujeron, según los datos publicados este viernes por el Banco de España y que recoge la agencia EFE.

Los préstamos morosos cayeron 174 millones, hasta los 34.523 millones; mientras que la cartera crediticia se amplió hasta 1,215 billones, frente a los 1,210 billones de cierre de septiembre.

En comparación con octubre de 2024, la morosidad del crédito ha pasado del 3,41% de entonces al 2,84% de ahora, gracias a que el saldo de préstamos dudosos se ha reducido en 5.643 millones.

Además del dato total del sector, el Banco de España publica cada mes la morosidad agregada de bancos, cajas y cooperativas (cajas rurales), por un lado; y, por otro, la de las financieras de consumo.

La morosidad de bancos, cajas y cooperativas pasó del 2,78% de septiembre al 2,75% de octubre, igualmente la tasa más baja en 17 años, gracias a que los préstamos impagados bajaron 217 millones en un solo mes, hasta 31.990 millones.

En el caso de las financieras de consumo, la ratio de morosidad creció en octubre respecto a septiembre, al pasar del 5,31% al 5,49%, después de que los préstamos impagados crecieran un 1,43%, hasta 2.344 millones.

Comparado con un año antes, las financieras de consumo han visto cómo la morosidad de los préstamos concedidos ha pasado del 6,68% de octubre de 2024 al 5,49% del mismo mes de 2025.

La mora hipotecaria

El Banco de España también ha publicado este viernes los datos correspondientes a la morosidad sectorial, que corresponden al tercer trimestre de 2025, periodo durante el cual el crédito destinado a la compra de vivienda alcanzó 491.866 millones de euros.

Estas cifras muestran un descenso de los créditos dudosos para la compra de vivienda en este periodo hasta 9.583 millones, 802 millones menos que en el trimestre anterior.

Por tanto, la morosidad de los préstamos destinados a la compra de vivienda se situó en el tercer trimestre de 2025 en el 1,95%, frente al 2,12% registrado entre abril y junio.

Si se compara con el tercer trimestre de 2024, la tasa de morosidad de los préstamos destinados a la adquisición de vivienda se redujo de forma notable, ya que entre julio y septiembre del pasado año la tasa se situó en el 2,53%.

Respecto al total de créditos a empresas, la cifra total ascendió en el tercer trimestre a 549.627 millones de euros, lo que supuso un descenso de 3.565 millones respecto al trimestre anterior.

Por su parte, los créditos dudosos a empresas disminuyeron hasta los 18.830 millones de euros frente a los 19.488 millones de un trimestre antes, y también por debajo de los 21.469 millones del tercer trimestre de 2024. 

El Banco de España ha disparado la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2026 al 2,2% (cuatro décimas más) y al 1,9% (0,2 puntos) para 2027, después de que la economía española haya demostrado una mayor fortaleza de la esperada durante 2025, a pesar del incierto contexto internacional, y gracias a la fuerza del consumo de los hogares y la inversión.

La entidad que dirige José Luis Escrivá ha presentado este miércoles sus proyecciones económicas de invierno, que revisan al alza los tres años del horizonte de previsión del informe, después de que la última revisión de la Contabilidad Nacional arrojara un mayor dinamismo de la actividad del que se había calculado con anterioridad.

El Banco de España apunta a que la economía española crecerá un 2,9% en 2025, tres décimas más que en la previsión de septiembre y en la línea del consenso de los analistas. Este mismo miércoles el Instituto Nacional de Estadística ha presentado los datos de la Contabilidad Nacional correspondientes al tercer trimestre, en el que el PIB avanzó un 0,6%. Con los datos del año casi cerrados, el crecimiento está prácticamente confirmado en esa cifra.

El supervisor eleva notablemente sus previsiones de cara a los dos próximos ejercicios, en la línea de una mejora de la economía a escala global, gracias a una menor incertidumbre que hace unos meses. Los acuerdos comerciales han amortiguado la guerra comercial desatada por Donald Trump tras su vuelta a la Casa Blanca y, aunque serán un factor que limite notablemente la actividad, no serán tan nocivos como se esperaba hace un año. Las dudas en relación con los conflictos bélicos en Palestina o Ucrania también se han suavizado, pero podrían dispararse en los próximos meses y siguen siendo un factor de riesgo para el crecimiento.

La renta, el empleo y los salarios disparan el consumo

El informe, el primero de David López Salido como director general de Economía del Banco de España, explica que la revisión obedece tanto a una mejora de los datos de la Contabilidad Nacional, como a la “fortaleza del consumo privado, que ha superado las expectativas” y a un “ciclo de inversión que se mantiene robusto”, sobre todo en el caso de 2026.

“El dinamismo del consumo estaría reflejando la mejora de las condiciones financieras para créditos al consumo, así como el repunte de la confianza del consumidor en un entorno de dinamismo del empleo y de aumentos de la riqueza de los hogares, lo que podría prolongar esta tendencia en los próximos trimestres”, señala el documento.

Esta mejora se estaría traduciendo sobre todo en el consumo de bienes duraderos (como coches o electrodomésticos), un factor que estaría “detrás de la resiliencia y de la importancia de la demanda interna sosteniendo el crecimiento”, ha dicho López Salido durante la presentación del documento.

El sector exterior también se habría contraído menos de lo que se anticipaba a mediados de este año y las exportaciones de servicios no turísticos habrían experimentado un “significativo dinamismo”.

Es por todo esto que el Banco de España cree que la economía española seguirá creciendo a buen ritmo, muy por encima del resto de los socios europeos, aunque se desacelerará ligeramente en los próximos años. “El consumo privado sería el componente con mayor aportación al crecimiento, impulsado por la renta disponible de los hogares, el empleo y los flujos migratorios. No obstante, se anticipa una desaceleración gradual del consumo a lo largo del horizonte de proyección, en línea con la ralentización esperada de dichos factores y en un contexto en el que la tasa de ahorro, aunque se reduciría en los próximos años, se mantendría por encima de su promedio histórico”, apunta el documento. 

La inversión, que se está acelerando en los últimos trimestres, seguirá fuerte gracias al despliegue de los fondos europeos, que caducan el próximo 31 de agosto, y a una mejora de las condiciones de financiación gracias a la relajación de la política monetaria. La inversión en vivienda cada vez aporta más al crecimiento. Pero esta rúbrica se desacelerará en los próximos años, conforme se ralentice la actividad económica.

A la baja influirá el sector exterior. Por un lado, por una gradual moderación en la llegada de turistas extranjeros y de las exportaciones de servicios no turísticos. Por otro, porque las importaciones (que han sido muy dinámicas este año), se desacelerarán en los próximos ejercicios.

La inflación, más fuerte de lo esperado

El Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de inflación, que será más 'pegajosa' de lo que habían proyectado. Este año cerrará en el 2,7% (dos décimas más), mientras que en 2026 será del 2,1% (cuatro décimas más) y del 1,9% en 2027. Estas revisiones se explican por una dinámica inflacionaria superior a la esperada en septiembre, así como a una subida salarial por encima de la estimada. 

Los precios crecen más en España que en los países de nuestro entorno, lo que resta competitividad a la economía española. Francia se sitúa en torno al 0,8% y Alemania está por encima del 2%. Pero el último dato de España coloca el IPC en el 3,2%, “destacando por encima de la media de forma consistente”, subrayan.

El Banco de España también eleva con fortaleza las previsiones de creación de empleo: subirá un 2,7% este año, un 2,0% el que viene y un 1,4% en 2027. La tasa de paro bajará más despacio (10,6% de media en 2025, 10,0% en 2026 y 9,6% en 2027), debido a que la población activa aumentará a un mayor ritmo, gracias a la inmigración.

Sobre las cuentas públicas, el supervisor estima que el Gobierno cumplirá con su objetivo de déficit del 2,5% este año y mejora su previsión para el que viene, hasta el 2,1%. Con todo, el descuadre en las cuentas públicas volvería a empeorarse en 2027, fundamentalmente porque ese año se producirá la mayor subida del acuerdo salarial pactado con los funcionarios. La deuda pública bajará en 2026 por debajo del 100% del PIB (99,1%), por lo que el Estado habrá disipado por completo los efectos del subidón a cuenta de la pandemia. En 2027, esta ratio se colocará en el 98,3% del PIB.

El escenario que dibuja el Banco de España no está exento de riesgos. Por un lado, una mayor evolución de los salarios y los márgenes empresariales podría disparar la inflación y restar crecimiento del PIB. La vivienda será otro factor clave: si la oferta responde de manera más intensa, esto podría azuzar el crecimiento y también los precios. Y el sector exterior, con tanta incertidumbre a escala global, podría también torpedear la actividad. A eso habría que sumar la alta cotización en las bolsas mundiales: “Los episodios recientes de volatilidad financiera —asociados a las empresas tecnológicas— evidencian el riesgo de una corrección abrupta de la valoración de los activos con riesgo”.

El Banco de España descarta que existan signos de que España está o se encamina hacia una burbuja inmobiliaria ya que los precios siguen, en términos reales, casi un 20% por debajo del pico que alcanzaron en 2007, antes del estallido de la crisis, y las familias y empresas se encuentran en una posición de endeudamiento mucho más sólida que entonces.

El director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del supervisor, Daniel Pérez Cid, ha asegurado que “hoy por hoy” no aprecian riesgos de una burbuja en el mercado de la vivienda, al menos en los términos en los que pueda desencadenar un shock que afecte a la estabilidad del sistema bancario.

“Hoy por hoy no vemos esos signos de burbuja. Cosa distinta es que no estemos monitorizando, siguiendo y haciendo esfuerzos. Pero no estamos en la situación previa a la crisis anterior”, ha asegurado el responsable de la entidad durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera de otoño.

Así, en los años previos a la Gran Recesión coincidieron varios factores como un “crecimiento muy desbocado de la demanda” con un elevado endeudamiento y situaciones poco robustas tanto de las familias como del sector constructor.

Pero ahora, la demanda de vivienda tiene mucho que ver con el crecimiento poblacional y el empuje del turismo, que choca con una oferta de casas que no responde con la suficiente agilidad. El sector financiero no ha relajado sus estándares de concesión de hipotecas y crédito, lo que evita en parte el grueso de ese riesgo sistémico.

De hecho, según un indicador elaborado por la entidad financiera, en términos de riesgo el nivel actual es similar al de 2001, varios años antes de que comenzara a desbocarse (2004-2005) y desembocara en el estallido de la burbuja. En la actualidad, este peligro en el mercado se explica fundamentalmente por los precios y por la propia actividad en el sector inmobiliario.

Los precios en términos reales, es decir, descontada la inflación, están en la actualidad en niveles de 2005 y un 17,5% por debajo del pico alcanzado en 2007. Con todo, el crecimiento del coste de un hogar lleva casi un año creciendo mucho más que el de las rentas medias de los hogares, lo que presiona más el bolsillo.

Donde sí aprecian un signo de preocupación es en el precio de la vivienda en las zonas con mayor tensionamiento, donde está aumentando a tasas más aceleradas que en aquellas provincias con menor demanda. Es decir, el precio por metro cuadrado ya se acerca a los 3.500 euros en aquellos territorios donde ya el suelo era más caro, en tanto que permanece estable en el resto del territorio.

“A diferencia de lo observado durante el boom inmobiliario de los 2000, no se observa así una expansión generalizada de los precios por provincias”, dice el supervisor en el citado informe.

Por tanto, concluye el Banco de España, el mercado es significativamente menos vulnerable que antes de la crisis financiera y la evolución de los precios “se enmarca en una coyuntura en la que, desde una perspectiva histórica, la actividad de construcción es débil, el endeudamiento de los hogares es bajo, el crédito inmobiliario es contenido y los estándares de concesión crediticia no apuntan signos de relajación significativa”.