La banca endureció la oferta de crédito en el segundo trimestre del año “de forma generalizada”, con criterios de concesión o condiciones más exigentes, al tiempo que la demanda siguió reduciéndose en el segmento de empresas y en el de vivienda, si bien se mantuvo en el de consumo.

Según la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España publicada este martes y recogida por EFE, entre abril y junio los criterios de concesión se endurecieron ligeramente tanto en la financiación a empresas como en los préstamos a hogares para adquisición de vivienda, y se mantuvieron estables en el segmento de consumo y otros fines.

Además, el módulo de la encuesta sobre riesgos asociados al cambio climático muestra que las entidades tienden a endurecer los criterios de concesión de crédito a empresas con elevadas emisiones y a inmuebles con eficiencia energética baja.

En comparación con las expectativas que las entidades tenían hace tres meses, la evolución de los criterios fue “algo más favorable de lo previsto”, lo que estaría vinculado a las menores tensiones en Oriente Medio tras el anuncio a mediados de junio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para una eventual finalización del conflicto.

Aun así, el porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas aumentó ligeramente en los créditos para adquisición de vivienda y se mantuvo prácticamente estable en los otros dos segmentos.

Por su parte, las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se endurecieron en los dos segmentos de hogares y se mantuvieron sin cambios significativos en el de financiación a empresas.

Menor demanda de financiación para pymes

En los préstamos destinados a consumo y otros fines, el endurecimiento se materializó en aumentos de los tipos de interés, como consecuencia de la traslación a los precios de los mayores costes de financiación soportados por los bancos, sin que ello afectara a los márgenes aplicados.

En los créditos para adquisición de vivienda, además de un aumento de los tipos de interés, se habría registrado también en algunas entidades un incremento moderado de los márgenes aplicados, tanto en los préstamos ordinarios, como en los de mayor riesgo.

El aumento de los márgenes se habría debido, según las entidades, a una percepción de mayores riesgos, si bien el impacto se habría visto parcialmente mitigado por la fuerte competencia existente en este segmento.

En cuanto a la demanda de crédito, descendió en el de financiación a empresas, afectando algo más a las pymes que a las grandes empresas, y también en el de crédito para adquisición de vivienda, mientras que en el de préstamos para consumo y otros fines se mantuvo sin cambios apreciables.

Para el tercer trimestre de 2026, los bancos prevén un nuevo endurecimiento de la oferta y una disminución generalizada de la demanda, si bien la encuesta se hizo antes de la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 9,3% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y rozó los 2,66 billones de euros.

Según las Cuentas Financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de marzo de 2026 exactamente hasta los 2,658 billones de euros y el avance se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- aumentaron un 8,15% frente a un año antes, hasta los 3,46 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 202,3% al cierre del primer trimestre de 2026, y la riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, supuso el 155,3%, frente al 149,5% en promedio desde el 2022.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles se mantuvo en efectivo y depósitos, que sumaban el 33,3% del total; seguido de participaciones en el capital (32%); en fondos de inversión (17,3%), y seguros y fondos de pensiones (11,5%).

El Banco de España explica que se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

La deuda de familias y empresas

La deuda consolidada de los hogares y las empresas ascendió a 1,798 billones de euros a finales del primer trimestre de 2026, un 2,8% más que un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 700.000 millones de marzo de 2025 a 728.000 millones a cierre del primer trimestre de 2026.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 42,5%, el nivel más bajo desde finales de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 1,049 billones de marzo de 2025 a los 1,07 billones de cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone, sin embargo, el 62,5 % del PIB, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas se explica, principalmente, por la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, que fue más que compensada con la evolución de las operaciones en el caso del resto de instrumentos.

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de los activos en el primer trimestre de 2026 alcanzaron el 1,3 % del PIB, nivel en línea con el promedio desde 2022, que se explica principalmente por las transacciones de efectivo y depósitos y de los otros activos.

Las operaciones por el lado del pasivo en las Administraciones Públicas se situaron en el 3,6% del PIB, por debajo del promedio desde 2022, debido a los valores representativos de deuda y los préstamos, añade el Banco de España.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considera que el problema del elevado número de bajas laborales en España es “muy complejo” y deriva, entre otros aspectos, de “la mala distribución de competencias entre administraciones públicas”.

En declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en los cursos de verano de El Escorial, Escrivá ha comentado las declaraciones que realizó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró que el “absentismo” es “un cáncer” y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

“Es un problema muy importante y complejo”, ha dicho Escrivá, quien ha situado su origen en que “la restricción presupuestaria fundamental la tiene la Seguridad Social, pero las decisiones sobre las bajas las toman los servicios de salud de cada comunidad autónoma y, a veces, la conexión y la coordinación entre estos dos niveles no funciona”.

Por ello, ha instado a buscar soluciones, como reforzar el papel de las mutuas de accidentes de trabajo, que “podrían claramente contribuir más y los servicios de salud de las comunidades autónomas podrían descansar más para todas estas cosas”.

El gobernador ha recordado que el informe anual del Banco de España del año pasado ya ponía el foco en “la dinámica de los últimos años de crecimiento muy fuerte del absentismo laboral, que nos pone en una de las situaciones más elevadas a nivel europeo”, algo que además supone “un problema para la competitividad de las empresas”.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) recull aquest dimarts l'acord del Consell de Ministres pel qual es renova el catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques Carles Manera com a membre del Consell de Govern del Banc d'Espanya per un altre període de sis anys.

Segons ha informat el Banc d'Espanya a través d'un comunicat, Carles Manera va ser nomenat inicialment per al càrrec el juliol de 2020. Des del 2023 ha presidit la comissió d'Auditoria del Banc d'Espanya.

Ara, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, ha aprovat la seva renovació com a conseller no nat del Consell de Govern del Banc d'Espanya per un altre període de sis anys.

Nascut el 1957 a Palma, Manera és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i en Història per la Universitat de les Illes Balears, de la qual va ser vicerector de Planificació Econòmica i Administrativa.

Entre el 2007 i el 2011 va ser conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern balear i va presidir el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears entre el 2017 i el 2020.

És autor d'11 llibres i ha publicat més de 255 treballs especialitzats en economia i història econòmica. Ha obtingut diversos reconeixements, com el Premi Extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat, el Premi Catalunya d'Economia i el Premi Ciutat de Palma d'Investigació.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este martes el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se renueva al catedrático de Historia e Instituciones Económicas Carles Manera como miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Según ha informado el Banco de España a través de un comunicado, Carles Manera fue nombrado inicialmente para el cargo en julio de 2020. Desde 2023 ha presidido la comisión de Auditoría del Banco de España.

Ahora, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha aprobado su renovación como consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Nacido en 1957 en Palma, Manera es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y en Historia por la Universitat de les Illes Balears, de la que fue vicerrector de Planificación Económica y Administrativa.

Entre 2007 y 2011 fue consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear y presidió el Consell Economic i Social de les Illes Balears entre 2017 y 2020.

Es autor de 11 libros y ha publicado más de 255 trabajos especializados en economía e historia económica. Ha obtenido diversos reconocimientos, como el Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado, el Premio Catalunya de Economía y el Premio Ciudad de Palma de Investigación.

Como un fantasma del pasado, las hipotecas vuelven a estar en la lupa de los reguladores y supervisores. Las entidades financieras saben que uno de sus productos estrella, con el que fidelizan clientes, está en el radar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Al mismo tiempo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Junta Europea de Riesgo Sistémico piden a España que ponga límites y restrinja la concesión crediticia ligada a la compra de vivienda.

Todo el sector recalca que la situación actual nada tiene que ver con la de hace casi dos décadas, ni en cuanto a los colchones de capital con los que cuentan las entidades financieras, ni respecto a las facilidades a la hora de conceder las hipotecas o las ratios de mora, de impagos, por parte de los clientes. Sin embargo, las voces que hablan sobre esa actividad crediticia se han multiplicado a lo largo de las últimas semanas.

Como referencia, en esa primera década de 2000, el despegue de las hipotecas estuvo ligado a la burbuja y a que se disparara el número de viviendas construidas. Fue el 'boom' del ladrillo. “La mayor parte de las nuevas deudas de las familias estuvo dirigida a la compra de viviendas, de la misma manera que una parte significativa del crédito a sociedades se destinó a la promoción inmobiliaria”, reconocía el Banco de España en su Informe Anual de 2008. “El número de transacciones inmobiliarias creció exponencialmente (llegando a alcanzar 955.000 en 2006), al tiempo que la construcción de nuevas viviendas se incrementó sustancialmente, de manera que el parque de viviendas aumentó a una tasa anual media del 2,7% entre 1995 y 2007 (de 18,3 a 25,1 millones), auspiciada también por la evolución alcista de los precios y por las expectativas de revalorización”, ahondó.

Ahora, sin embargo, se constituyen muchas menos hipotecas que hace 20 años, como se constata en el siguiente gráfico. 

A diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, actualmente, el Banco de España asegura que hacen falta más viviendas y cifra el déficit en 750.000 casas. Sin embargo, al mismo tiempo, admite que está estudiando limitar la concesión de hipotecas.

“Somos el único país de Europa, con Italia, que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya”, reconocía el martes, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Ese organismo europeo que mencionó Escrivá es el encargado de la supervisión macroprudencial de todo el sistema financiero de la UE y está encabezado por la presidenta del Banco Central Europeo. 

Escrivá admitió que el Consejo de Gobierno del Banco de España está realizando un “análisis sin precedentes” para decidir si introduce o no restricciones, que afectarían a las hipotecas de más riesgo, a las que se conceden, por ejemplo, a jóvenes. Un movimiento que, de facto, supondría una intervención sobre el negocio bancario. “Vemos cómo de eficaz puede ser una restricción y su efecto, pero al mismo tiempo vemos si no tiene efectos indeseados, porque son medidas intrusivas sobre el negocio bancario”. “Puede estar justificado restringir cómo dan las hipotecas”, asumió, “pero tenemos que estar seguros de que las medidas son eficaces y no estamos creando efectos adversos, a jóvenes, a hogares, crear disrupciones entre comprar o alquilar. Aspiramos a parametrizar si lo llegamos a hacer, para que no creemos efectos indeseados”. 

Algunas entidades ya han reaccionado a los posibles límites al mercado hipotecario. “En términos generales, estoy muy de acuerdo con que intervenir mercados que están funcionando perfectamente no suele ser positivo”, aseguró el 'country manager' de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, durante el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. 

En ese mismo evento, la presidenta de Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, defendió que “el mercado hipotecario español es competitivo” y que “funciona adecuadamente”. “El gobernador ya ha dicho que no ve necesarias las medidas, en este momento”, matizó la responsable de la patronal que agrupa a Santander, BBVA o Banco Sabadell, entre otras.

Competencia analiza las declaraciones de directivos

Al mismo tiempo que organismos internacionales piden límites en la concesión de hipotecas a los clientes que pueden tener más problemas para devolverlas, Competencia investiga si ha habido algún tipo de acuerdo entre las entidades en cuanto a las condiciones de los créditos. En concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando las “declaraciones” por parte de directivos del sector “sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo”. “Tales declaraciones”, justificó el organismo presidido por Cani Fernández, “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”.

Los bancos lo niegan. Afirman que sus políticas financieras y de negocio no quedan determinadas por lo que aseguren en declaraciones públicas, como las presentaciones de resultados. Esas estrategias corporativas, indican, “no dependen de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”, justificó a los medios el presidente de BBVA, Carlos Torres en el mismo curso de verano.

También la presidenta de la AEB opinó al respecto. “Nos sorprende porque sabemos que somos el mercado hipotecario más competitivo de Europa, el tercero más barato detrás de Malta y de Bulgaria”, aseguró en Santander. Defendió que, en España, las hipotecas son casi un punto porcentual más baratas que la media Europea. “Y esto refleja la mayor competencia y competitividad que tiene nuestro mercado hipotecario”, justificó. “Estoy segurísima de que las entidades cumplen a rajatabla las normativas”. También señaló que hay procesos similares llevados a cabo por la CNMC que “se han archivado y entendería que a este le pasase lo mismo, pero no quiero especular porque es muy reciente”.

Fuentes del sector bancario indican a elDiario.es que “en el mercado conviven modelos de negocio distintos: grandes bancos nacionales, entidades regionales, banca online, cooperativas de crédito y sucursales extranjeras y la competencia no se limita al tipo de interés, sino que incluye comisiones, vinculación, bonificaciones, financiación máxima, plazos y servicios asociados”. También, que el hecho de que “distintas entidades lleguen a conclusiones similares sobre la evolución del mercado no implica coordinación, sino reacción racional a información pública compartida”.

Al mismo tiempo, defienden que, en marzo, España se mantuvo como el tercer mercado con menor coste hipotecario de la zona euro, con un tipo del 2,75%, cuando en el conjunto de los países de la moneda única llega al 3,35%. 

Según los datos publicados por la Asociación Hipotecaria Española, a cierre de 2025, el saldo vivo de las hipotecas en España rozó, en total, los 619.000 millones de euros, niveles similares a los de 2022, con un crédito de dudosidad ligado a la compra de vivienda inferior al 2%. Y es un mercado que crece, en el mes de abril se constituyeron más de 40.000 hipotecas, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El importe medio de estas operaciones alcanzó los 173.331 euros, un 11% más que un año antes.

Escala el número de hipotecas y el importe contratado y, también, caminan al alza tanto los tipos en la eurozona como el Euribor, el índice que sirve de referencia para las acordadas a tipo de interés variable. Este último alcanzó en mayo el 2,8%, el nivel máximo en 20 meses. Mientras el BCE elevó hace unas semanas los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, rompiendo la estrategia marcada en septiembre de 2023 y a la espera de ver qué ocurre el mes que viene, si decide seguir por esa senda para contener las presiones inflacionistas.

El Tesoro Público español se prepara para afrontar un mes de julio cargado de actividad financiera con el objetivo de captar liquidez en los mercados. Tras cerrar las operaciones de junio, el organismo ya ha fijado en su calendario las fechas clave para la emisión de nuevos valores de deuda pública a corto plazo. En este contexto, los inversores particulares y grandes instituciones centran su mirada en las próximas subastas que tendrán lugar durante las dos primeras semanas del mes estival. Estas emisiones son especialmente seguidas por quienes buscan refugio en activos de bajo riesgo ante la volatilidad económica actual. 

El organismo emisor mantiene una transparencia absoluta en su planificación anual, permitiendo que los ciudadanos conozcan con antelación los días exactos de las operaciones. De hecho, ya se ha iniciado la cuenta atrás para que los interesados preparen sus peticiones de suscripción. La popularidad de estos instrumentos no ha dejado de crecer debido a la atractiva rentabilidad que vienen ofreciendo en los últimos tiempos. Es un momento crucial para aquellos que desean rentabilizar sus ahorros con la máxima seguridad que ofrece el Estado español.

La primera de las grandes citas en el calendario de julio está programada para el día 7, momento en que se subastarán dos tipos de valores. Se trata de las letras a seis y doce meses, que representan una de las opciones favoritas para el ahorro con vencimiento a medio plazo. Para participar en esta puja, el Tesoro establece fechas límite muy estrictas que los ahorradores deben tener presentes para no quedar fuera. En el caso de realizar la solicitud de forma telemática, el plazo máximo para presentar las peticiones online expira el 3 de julio. Quienes prefieran acudir de manera presencial a las sucursales del Banco de España tienen un margen similar, requiriendo siempre una cita previa. 

El valor nominal mínimo para entrar en esta subasta se mantiene en los 1.000 euros, permitiendo así el acceso a pequeños ahorradores. Es fundamental recordar que estas inversiones se realizan en tramos múltiplos de dicha cantidad, asegurando una estructura de deuda organizada. Estas letras a seis y doce meses suelen atraer el mayor volumen de capital en las subastas del Estado. Exactamente una semana después, el 14 de julio, el Tesoro Público volverá a abrir sus puertas para subastar los otros dos tipos de letras. En esta ocasión, el protagonismo recaerá sobre los títulos con vencimientos más breves e intermedios, concretamente las letras a tres y nueve meses. Esta segunda vuelta mensual completa el cuarteto de instrumentos de deuda a corto plazo que el Estado pone a disposición de los ciudadanos. 

Para esta subasta específica, los inversores disponen de un margen adicional, pudiendo presentar sus peticiones online hasta el día 10 de julio inclusive. Al igual que en la emisión anterior, el proceso garantiza que tanto minoristas como grandes fondos puedan competir en igualdad de condiciones técnicas. Las letras a tres meses son valoradas por su extrema liquidez, mientras que las de nueve meses ofrecen un equilibrio temporal muy demandado. El calendario oficial muestra que la emisión efectiva de estos títulos se producirá el 17 de julio, cerrando el ciclo. Resulta vital para el inversor coordinar sus fondos, ya que el pago de las adjudicaciones debe realizarse en las fechas señaladas.

El funcionamiento técnico de estos valores del Estado se basa en un sistema de emisión al descuento que resulta muy sencillo de comprender. A diferencia de otros productos financieros, las letras del Tesoro no pagan un cupón periódico o intereses anuales de forma explícita. La rentabilidad real para el comprador se genera a través de la diferencia entre el precio de compra y el valor de reembolso. Esto significa que el inversor adquiere cada letra por un importe inferior a su valor nominal de 1.000 euros en el momento inicial. Al llegar la fecha de vencimiento o amortización de la deuda, el Estado abona la totalidad de los 1.000 euros al titular. 

Es decir, si por ejemplo se adquiere un título por 970 euros, la ganancia bruta al finalizar el periodo será de 30 euros por unidad. Este método permite conocer de antemano la rentabilidad mínima que se obtendrá, aportando una gran seguridad al plan de ahorro. Para el cálculo preciso de estos rendimientos se aplican fórmulas financieras estandarizadas que consideran los días exactos hasta el vencimiento. El mercado secundario también permite negociar estos valores antes de que se cumpla su plazo de vencimiento final.

Al participar en una subasta, el inversor tiene la posibilidad de elegir entre realizar una oferta de carácter competitivo o no competitivo. En las ofertas no competitivas, el interesado simplemente indica la cantidad de dinero que desea invertir sin especificar un precio concreto. Bajo esta modalidad, el suscriptor acepta el precio medio ponderado que resulte de la subasta una vez que se hayan resuelto todas las pujas. Por el contrario, en las ofertas competitivas se debe indicar tanto el montante económico como el precio que se está dispuesto a pagar. El Tesoro Público emplea el sistema holandés combinado con el método de subasta convencional para determinar las adjudicaciones finales. Este proceso implica que las ofertas se clasifican de mayor a menor precio, aceptando aquellas que superan el mínimo fijado por el emisor. 

Las peticiones no competitivas son las primeras en ser atendidas por el organismo oficial, asegurando así su colocación prioritaria. Una vez cubierto el volumen previsto, se calcula el tipo de interés medio que regirá para el resto de los participantes. Este mecanismo busca optimizar el coste de la deuda para el Estado y ofrecer condiciones de mercado justas.

Vías para comprarlas

Existen diversas vías para tramitar la compra de estas cuatro letras del Estado, adaptándose a las necesidades de cada perfil de usuario. La opción más ágil actualmente es el servicio de compraventa de valores a través de la página web oficial del Tesoro Público. No obstante, este canal requiere que la suscripción se realice con al menos siete días de antelación respecto a la fecha de subasta. Concretamente, el plazo online se cierra a las 23:00 horas del séptimo día anterior para garantizar la correcta gestión de los fondos. Otra alternativa clásica es acudir físicamente a una de las sucursales del Banco de España distribuidas por todo el territorio nacional. Es indispensable concertar una cita previa y respetar el horario de atención, que suele ser de 8:30 a 14:00 horas. Además, las entidades bancarias privadas también actúan como intermediarios, facilitando el proceso a sus clientes a cambio de posibles comisiones. Para los inversores particulares que no son miembros del mercado primario, se exige a veces un depósito previo como garantía. 

En definitiva, las próximas subastas de julio representan una oportunidad clave para consolidar el ahorro en un producto con respaldo estatal. La tendencia alcista de los intereses en las letras del Tesoro, que han alcanzado niveles máximos desde 2024, justifica el interés masivo. Comparadas con los bonos y obligaciones a largo plazo, las letras ofrecen una flexibilidad temporal que se adapta mejor a la incertidumbre. El inversor conservador valora especialmente la garantía de recuperar su capital principal íntegro junto con la rentabilidad pactada en el proceso. Además, la sencillez del producto evita sorpresas desagradables ligadas a la volatilidad de los mercados de renta variable. 

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha comparecido este martes ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para hacer balance de la institución a lo largo del último ejercicio. Y, como ya publicó el Banco de España hace solo unos días, la vivienda centra gran parte de la atención de este análisis. También ha apuntado que el organismo que encabeza está estudiando medidas para restringir el crédito hipotecario, como han reclamado organismo internacionales, como el FMI o la Junta Europea de Riesgo Sistémico, aunque no se ha tomado una decisión al respecto por el impacto que puede tener en el sector financiero.

Escrivá ha hecho énfasis en la falta de oferta, en los problemas de coordinación de las diferentes administraciones públicas para solventarlo y en relevancia de la situación. “Nos parece importante, viendo los problemas de accesibilidad de colectivos y de personas jóvenes”, ha indicado. “Hay muchas razones, desde el punto de vista macroeconómico, por las que nos parece que hay que plantearlo como una emergencia nacional”.

“Es un problema multicausal”, ha argumentado el gobernador. “Hay múltiples factores” porque “las administraciones públicas, en vivienda, tienen una responsabilidad compartida”. “La coordinación no ha sido la mejor posible”. Ha indicado, por ejemplo, que tras la producción masiva de suelo con la burbuja se “paralizaron muchísimos desarrollos”. También, que “faltan infraestructuras” y que existen problemas del sector de la construcción, con una clara caída de la productividad.

Falta vivienda pública

En ese contexto, Escrivá ha puesto el foco en la falta de vivienda pública en alquiler. Ha puesto como ejemplo países como Dinamarca o Austria, que tienen una ratio de vivienda pública de una de cada cinco. “En Holanda, una tres”, En cambio, “en España, es una de cada 65” viviendas. “Ponemos los datos sobre la mesa”, ha apuntado. “Sigue sin abordarse el problema de la vivienda, sobre todo del alquiler accesible, desde el lado público”.

En cuanto a las posibles soluciones, Escrivá ha señalado que “hay que aumentar la oferta” y dar “un mayor papel de las entidades locales” en el desarrollo de vivienda pública. También, fomentar la vivienda industrializada. “Hay que buscar soluciones, la rehabilitación de las viviendas vacías” y ahí ha apuntado que iniciativas como las recogidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en lo vinculado a la rehabilitación, “han tenido un efecto modesto”. Escrivá también ha indicado la necesidad de “ajustar la Ley del suelo” porque “hay bastante consenso al respecto”. “Hay que reforzar las administraciones locales, si son muy pequeñas tienen que tener ayuda de las comunidades autónomas. Tiene que ser una prioridad, ayudar a los ayuntamientos más pequeños; y una planificación metropolitana y de infraestructuras”.

Donde llama a más prudencia es respecto a la política de demanda. “Mientras no haya oferta, hay problemas de presión social”. “Concluimos que las políticas de demanda tienen que ser transitorias, la política fundamental es la expansión de la oferta”. En ese sentido, ha ahondado que las políticas de demanda “hay que diseñarlas con cuidado, porque si protegemos a una parte de los demandantes o tensores en el ámbito de alquiler, se puede expulsar a otros del mercado”. Sin embargo, ha asumido que “puede tener sentido limitar los usos no residenciales y políticas muy focalizadas”.

Analiza límites en la concesión de hipotecas

Escrivá ha insistido en varias ocasiones en que no estamos en una situación similar a la de la burbuja inmobiliaria. “Estamos muy lejos en la carga total de la deuda”, ha recalcado. “Lo seguimos muy de cerca porque el Consejo de Gobierno [del Banco de España] podría poner límites a los estándares de concesión de créditos, con carácter general más allá de la supervisión micropudencial, a cada entidad”.

El gobernador del Banco de España ha apuntado que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) “con la historia que tiene España, insiste en que valoremos estas medidas. Estaos haciendo un análisis sin precedentes, publicaremos una monografía sobre la posibilidad de poner límites a la concesión de hipotecas”, ha adelantado.

“Lo vemos como un dilema entre eficiencia y eficacia. Tenemos que asegurarnos que vamos a ser eficaces. Si lo hacemos es porque el crédito está creciendo mucho, queremos contener el precio de la vivienda o que las entidades no tengan un aumento de la morosidad”, ha enumerado como opciones. “Vemos cómo de eficaz puede ser una restricción y su efecto, pero al mismo tiempo vemos si no tiene efectos indeseados, porque son medidas intrusivas sobre el negocio bancario”, ha reconocido. “Puede estar justificado restringir cómo dan las hipotecas”, las entidades financieras, “pero tenemos que estar seguros de que las medidas son eficaces y no estamos creando efectos adversos, a jóvenes, a hogares, crear disrupciones entre comprar o alquilar”, ha indicado. “Aspiramos a parametrizar, en su caso, si lo llegamos a hacer, para que no creemos efectos indeseados”, ha concluido.

“Obviamente que vamos a escuchar al sistema bancario español, a las autoridades europeas, al Gobierno, al resto de supervisores”, ha aseverado Escrivá. “Vamos a ser extremadamente prudentes. No tenemos previsto introducir estas medidas por el momento, pero es nuestra responsabilidad analizar el mercado inmobiliario”.

“Somos el único país de Europa con Italia que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya. Y no lo estamos haciendo porque lo estamos mirando, porque puede afectar que gente joven con bajos recursos”. “Vamos a tomar las decisiones con extremada prudencia, pero no por lo que diga la Asociación Española de la Banca (AEB), ha indicado en respuesta a la diputada del PP, María Pilar Alía.

Sobre el sector financiero, Escrivá ha indicado que, a diciembre de 2025 y comparado con la media entre 2014 y 2019, antes del COVID, “los bancos son más rentables, doblan el ratio de rentabilidad y son bastante más eficientes, han mejorado la ratio de eficiencia en 10 puntos”. Eso, ha incidido el gobernador del Banco de España “ha venido acompañado por una mejora de crédito” y por un recorte de la ratio de mora, que ha pasado del 9% al 2,6%. También ha apuntado que los indicadores de liquidez siguen estando a niveles muy altos, con una ratio de capital de alta calidad que ha pasado del 12,4 al 13,9%.

En esa misma comparecencia, el portavoz de Economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, ha indicado que su grupo parlamentario llevará al Banco de España a la Audiencia Nacional si la institución no acata la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a informar sobre los beneficios que obtuvieron las entidades financieras con los depósitos en el Banco Central Europeo (BCE). El Banco de España ofreció a los diputados una “sala de lectura” en sus instalaciones para que accedieran a los detalles sobre esos ingresos. “Quieren exhibir el folio de datos en una sala de su sede, nos obliga hacer un procedimiento de incumplimiento de sentencia en la Audiencia Nacional”, ha indicado Martín Urriza.

El precio real (ajustado a la inflación) de la vivienda en Canarias ha crecido casi un 4% anual entre 2014 y 2025, lo que supone cerca del doble que la media nacional (más de 2%), si bien se sitúa por debajo de Madrid y Baleares, que lideran las alzas, mientras que el del alquiler ha aumentado un 1,7 % anual en esos diez años en las islas.

Según los datos del Informe Anula 2025 que elabora el Banco de España y que han sido difundidos este lunes, este aumento sostenido de los precios se traduce en un elevado esfuerzo por parte de los hogares para acceder a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.

En concreto, en 2024, los hogares canarios debían destinar en torno a 6,7 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda y el 26,4% de su renta neta al arrendamiento, en línea con la media de España.

La nota señala que la evolución de los precios y de la renta de los hogares ha sido muy heterogénea en las distintas áreas urbanas de Canarias con subidas muy significativas en Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y La Palmas de Gran Canaria, lo que se traduce en un esfuerzo mayor para acceder a una vivienda en estas zonas geográficas, sobre todo en alquiler, aunque todavía se mantienen levemente por debajo de los umbrales considerados sostenibles.

Cita como ejemplo los casos de Arrecife y Santa Cruz de Tenerife que lideran los incrementos de los precios de la vivienda, superando con creces la media autonómica.

Así mismo, expone que en Canarias, el aumento de la demanda se ha visto reforzada por la adquisición de viviendas por parte de no residentes y por el alquiler turístico.

En 2025 las adquisiciones de no residentes supusieron el 20,3% de las compraventas en provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi el 15 % en la de Las Palmas, situándose muy por encima de la media de España (7,4%), según el Banco de España.

Además, refiere que en Tenerife y Las Palmas estas operaciones han aumentado en 12,5 y 7,9 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2007 y 2025.

Las viviendas de uso turístico tienen una especial relevancia en el mercado del alquiler del área urbana y la zona turística de Las Palmas de Gran Canaria, suponiendo el 12,9 y 26,9%, respectivamente, del mercado del alquiler (datos 2025).

En Tenerife, la presión de los alquileres turísticos es menor, situándose incluso por debajo de la media de España, suponiendo un 9,6% de la oferta del área urbana y el 8,2% de la zona turística. 

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha destacado este viernes la fortaleza del sistema financiero español, pero ha advertido de que “no hay que bajar la guardia” y que es “esencial que las entidades mantengan criterios prudentes” en la financiación, tanto en los créditos como en la concesión de hipotecas. Este jueves, el mismo organismo apuntaba la falta oferta de viviendas.

Para Escrivá, el sector financiero nacional se encuentra en una posición de fortaleza, con entidades sólidas, rentables, bien capitalizadas y con una capacidad de gestión que constituye una referencia en Europa.

“La buena evolución reciente de los resultados, la mejora de la eficiencia y la calidad de los balances reflejan un esfuerzo significativo que debe ser reconocido. Y esa fortaleza cobra pleno sentido cuando se traduce en capacidad de financiación, y cuando permite que el crédito acompañe a empresas y hogares y que la banca contribuya de forma estable al crecimiento de la economía”, ha resaltado.

No obstante, ha advertido de que reconocer la solidez del sector “no significa bajar la guardia”, por lo que ha abogado por preservar esa fortaleza con una vigilancia “prudente y continua”.

En el foro “Competitividad para el crecimiento”.“El papel del sector bancario”, organizado por AEB, CECA y Unacc, el gobernador ha señalado tres ámbitos en los que esa vigilancia resulta especialmente importante.

El primero de ellos son los estándares de concesión de crédito, ya que tal y como ha detallado Escrivá, en un entorno macroeconómico positivo como el actual, es “esencial que las entidades mantengan criterios prudentes”.

Ha recordado que “los riesgos suelen acumularse en las fases favorables del ciclo, cuando la percepción de riesgo tiende a relajarse. Por eso, acompañar a la economía no debe confundirse nunca con debilitar la calidad del crédito”.

“El segundo”, ha apuntado Escrivá, “es el mercado inmobiliario”. “No estamos en 2008, y conviene decirlo con la misma claridad. El punto de partida del sistema bancario, de los hogares y de las empresas es muy distinto; la regulación y la supervisión también lo son”, ha argumentado. “Pero eso no significa que podamos ignorar las señales que puedan aparecer en determinados segmentos o territorios. La situación del mercado inmobiliario exige seguimiento, análisis granular y una actuación macroprudencial proporcionada”.

El gobernador del Banco de España ha apuntado que “actualmente, nuestro análisis apunta a que, aunque los precios de la vivienda requieren una vigilancia estrecha, el riesgo asociado al sector inmobiliario se ve contenido por varios factores: el peso todavía moderado del sector inmobiliario y de la construcción en la economía, el bajo endeudamiento de los hogares y unos estándares de concesión de crédito que siguen siendo prudentes”. “En adelante, seguiremos haciendo un seguimiento estrecho de estos indicadores”.

Amenazas de “dimensión sistémica”

Además, ha señalado la tecnología. “La digitalización, la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos y el aumento de las amenazas cibernéticas están transformando la naturaleza de los riesgos operativos. Aquí la vigilancia no puede limitarse a cada entidad por separado”, ha explicado.

“Muchas de estas amenazas tienen una dimensión sistémica, porque afectan a infraestructuras compartidas, cadenas de suministro tecnológicas y mecanismos de confianza que son comunes al conjunto del sistema. Por eso, en este terreno, el mensaje que quisiera trasladar es también un mensaje de colaboración”.

“La competencia entre entidades debe seguir siendo intensa en el negocio, en la calidad del servicio, en la innovación y en la capacidad de atraer y acompañar a los clientes”, ha concluido Escrivá. “Pero hay ámbitos en los que cooperar más no debilita la competencia: la refuerza. La ciberseguridad, la inteligencia artificial responsable, la resiliencia operativa y determinadas infraestructuras tecnológicas comunes son espacios naturales de cooperación sectorial”.

La crisis de la vivienda en España no deja de agravarse y el déficit de casas acumulado entre 2021 y 2025 alcanzó las 750.000, según los cálculos del Banco de España, tras un nuevo año en el que la creación de hogares (240.000) más que duplicó la construcción de nuevos domicilios en el país (92.000). Esta cifra es un 9% inferior a la de 2024.

El supervisor ha publicado este jueves su Informe Anual 2025, en el que dedican un extenso capítulo a analizar la situación del mercado inmobiliario en el país y confirman que, a pesar de los esfuerzos de las administraciones públicas, la situación está lejos de mejorar. Sobre todo para los jóvenes, un colectivo para el que cada vez es más difícil emanciparse, alerta el Banco de España, ya sea a través de la compra o incluso del alquiler.

El Banco de España actualiza el análisis que ya hizo hace dos años, en el documento del año 2023, cuando ya apuntaban a un déficit de vivienda (las casas construidas menos los hogares creados) en el entorno de las 600.000. Ahora, la entidad que preside José Luis Escrivá constata que existe una “elevada heterogeneidad territorial” y que más de la mitad (52,5%) de esa falta de domicilios se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, València, Murcia y Málaga.

Esas diferencias regionales son un “hecho relevante”, a juicio del Banco de España, ya que arrojan que “no existe un único mercado de la vivienda, sino una multitud”, y esto es una singularidad en la recuperación del sector inmobiliario desde 2014, en comparación con otros ciclos expansivos anteriores.

Si bien el problema no es solo español, la cifra de nuestro país (750.000) casi dobla la cifra del déficit acumulado en Italia en el mismo periodo (400.000). En términos relativos al número de hogares residentes, eso supone un 3,7% en España, frente al 1,5% en Alemania o al equilibrio en Francia. Solo Alemania, a pesar de –o gracias a– su situación de estancamiento económico ha sido capaz de construir más viviendas que hogares se han creado.

A futuro, fuentes del Banco de España subraya que el escenario para esta falta de casas “no es muy halagüeño”, dado el vigor de los flujos migratorias y la creación de hogares, frente a las restricciones que se están encontrando por parte de la construcción de viviendas. La perspectiva es que este déficit aumente en los próximos años, hasta que la creación de casas no supere el factor demógrafico, como sucedía a principios de siglo.

Las restricciones en la oferta de vivienda, subraya el supervisor: por un lado, las trabas en la gestión urbanística y la oferta del suelo. Algo que se ha intentado solventar con una reforma de la Ley del Suelo que ya ha decaído varias veces en el Congreso. Y otros vinculados con la baja productividad del sector constructor o la falta de mano de obra. A finales de los 90, el empleo en el sector de la construcción representaba el 11% del empleo total. La proporción, a día de hoy, es solo del 7%, por lo que esa demanda de factor trabajo no se encuentra satisfecha a pesar de los flujos migratorios.

Las viviendas turísticas se comen el 10% del mercado del alquiler

Este déficit de casas creadas ya se está comiendo buena parte del stock de vivienda que se creó durante el boom inmobiliario de los 2000. Según los datos oficiales del Gobierno, aún quedarían 450.000 viviendas sin vender de aquella época. pero “una buena parte de estas viviendas no se adecuarían a las preferencias de la demanda debido a su localización y estado de conservación”.

De acuerdo con el documento, ahora mismo el parque de vivienda en las provincias de Madrid y Barcelona tendría una capacidad para aumentar la oferta residencial entre 300.000 y 350.000 hogares. Pero es difícil su movilización dado que ahora mismo están enfocadas en otros usos, como la vivienda turística, segundas residencias o están desocupadas y sin tener claras sus circunstancias de habitabilidad.

Las viviendas turísticas presionan al alza la demanda y, sobre todo, en el mercado del alquiler, donde representan en torno al 10% del mercado total. Entre 2021 y 2024 se produjo una aceleración de este mercado, llegando a alcanzar las 400.000 casas de alojamiento temporal para visitantes, pero las limitaciones impuestas y el desplazamiento a usos alternativos –como el alquiler de temporada– ha explicado que la cifra se recorte hasta 355.000 en 2025, de acuerdo con la entidad.

El resultado es que el acceso a la vivienda cada vez es más complicado, sobre todo en el caso de los jóvenes. Los precios de compra y alquiler suben por encima de los salarios. Ahora mismo, todos los hogares en alquiler de España deberían destinar 6,8 años de renta íntegra para comprar una vivienda. Esta ratio se eleva a los 7,5 en el caso de los jóvenes o nacidos fuera de España. Pero, para las capitales de provincia más tensionadas, como Madrid o Barcelona, puede superar los 10 años.

El efecto inmediato es que la proporción de jóvenes con vivienda en propiedad ha pasado del 41% en 2007 al 22% en 2025, un “efecto dramático”, según fuentes de la dirección de economía de la entidad. Y el efecto es menor porque la proporción de jóvenes en esta franja de edad se ha reducido en dos décadas: entonces eran el 25% de la población, y ahora solo el 18%.

La deuda pública de Cantabria se situó en 3.216 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 16,9% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos publicados este martes por el Banco de España.

La deuda pública cántabra aumentó en un millón de euros respecto al cierre del año pasado (+0,03%) pero se redujo en 19 millones si se compara con el primer trimestre de 2025 (-0,58%), según el Protocolo de Déficit Excesivo.

La cifra actual de deuda, en términos absolutos, es la tercera más baja registrada en Cantabria desde 2019 -después de los 3.234 millones del cuatro trimestre de 2024 y de los 3.215 del trimestre anterior-, y la tercera menor en el primer trimestre del año tras La Rioja (1.888 millones) y Navarra (2.451 millones).

En relación al PIB, la deuda de Cantabria entre enero y marzo asciende al 16,9%, que son tres décimas menos que en último trimestre de 2025 (17,2%) y 1,2 puntos inferior a la del mismo periodo del año anterior, cuando era del 18,1% del PIB. En este caso, hay que remontarse a 2012 para encontrar un volumen de deuda menor en relación al PIB en Cantabria. Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, el porcentaje de la comunidad es el séptimo más bajo de las regiones.

La deuda nacional crece un 4,3%

En España, la deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.125 millones de euros, un 4,3% más respecto al primer trimestre del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 41.276 millones respecto al cuarto trimestre de 2025, un 2,4% más.

Con estos crecimientos registrados en este primer trimestre del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Cinco CCAA por debajo del umbral

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el primer trimestre de 2026 la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) fue de 346.910 millones de euros (20,3% del PIB), con un crecimiento interanual del 2,6%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,4%, seguida de la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).

Siempre me ha sorprendido la habilidad de los portugueses para situar a sus compatriotas en puestos clave de los organismos internacionales. Con un PIB que es la quinta parte del español, han conseguido colocar a sus nacionales en la Secretaría General de la ONU (António Guterres), en la Presidencia del Eurogrupo (Mario Centeno) y en la Presidencia de la Comisión Europea (Durão Barroso). Ningún español ha llegado a esos puestos, pese a formar parte de esos clubs desde la misma fecha en que lo hizo nuestro país vecino (la ONU en 1955, la UE en 1986 y la eurozona, desde su inicio, en 1999). La única explicación a este éxito luso es que todos los portugueses hacen piña en torno a sus candidaturas nacionales, independientemente del origen político, de la ideología o de cuál sea el Gobierno de turno.

En España somos mucho más cainitas, y hemos tenido ocasiones en el pasado para demostrarlo. En 2012, José Manuel Campa, que había sido Secretario de Estado de Economía con Zapatero, tenía muchas opciones y un apoyo externo garantizado para convertirse en miembro del Consejo del BCE, en el puesto que quedaba vacante al terminar el mandato de José Manuel González-Páramo, el único español en un puesto relevante del BCE desde 2004. Pero el rechazo del Gobierno de Rajoy impidió esa opción y España se quedó sin representación en la autoridad monetaria europea durante 6 años, hasta que Luis de Guindos ocupó la vicepresidencia del BCE en 2018, con el apoyo del gobierno de Rajoy y el rechazo del PSOE, entonces en la oposición.

Una excepción a este comportamiento sectario fue el nombramiento de Rodrigo Rato como Director Gerente (y máximo líder) del Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurrió entonces no es opinión. Es información, pues lo viví en primera persona. En marzo de 2004 se encontraba el FMI en pleno proceso de elección del nuevo director gerente en sustitución del alemán Horst Köhler, que iba a ser elegido presidente de Alemania. Rato tenía, lógicamente, el apoyo del gobierno de Aznar y era un candidato firme al puesto. Pero en marzo de 2004 las elecciones generales cambiaron el gobierno de España y el FMI exigía tener el apoyo del nuevo gobierno al candidato español.

A los pocos días de las elecciones, recibí una llamada del entonces número 2 del FMI, el mexicano Agustín Carstens, con quien había trabado una cierta amistad en mi época de economista jefe de BBVA. Agustín me dijo que la opinión del nuevo gobierno era condición necesaria (y suficiente) para el nombramiento de Rato para ese puesto. Le pedí unas horas para consultarlo con Zapatero (ni siquiera había sido investido presidente del gobierno) y este me confirmó su aprobación. Al fin y al cabo, era un candidato español y se trataba de un puesto muy importante en la esfera internacional, con rango de jefe de Estado.

Nuestro apoyo fue bien recibido por el FMI, pero provocó asombro dentro de España, tanto entre nuestras filas como las del PP. Seguramente en Portugal nadie se habría sorprendido por esta decisión. Es cierto que la experiencia no salió tan bien como se esperaba y Rato dejó el FMI a los 3 años, en circunstancias que nunca han sido aclaradas. Pero no es menos cierto que conseguimos colocar a un español en lo más alto de las instituciones financieras internacionales.

Ahora, 22 años después, tenemos la ocasión de tener a otro español, Pablo Hernández de Cos, nada menos que como Presidente del Banco Central Europeo (BCE), tras el final del mandato de la francesa Christine Lagarde. Se puede decir, con razón, que mi opinión sobre Pablo está sesgada, pues le conozco desde que era economista del Servicio de Estudios del Banco de España y he seguido toda su trayectoria. Pablo no sólo es un excelente economista, sino que es honrado, moderado, dialogante y reflexivo.

Pero, si no le conociera de nada, también le apoyaría con entusiasmo. Fue gobernador del Banco de España desde 2018 hasta 2024, en una época donde el BCE se distanció de su pasado más siniestro y apoyó decididamente a los países miembros del euro durante la crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania, respectivamente. Durante su mandato se alineó con las posiciones más moderadas (“dovish”) frente a los “halcones” de la Europa central. Desde 2024 es Director General del Banco Internacional de Pagos (BIS) en sustitución, precisamente, de Agustín Carstens. En esta época ha seguido ganando experiencia y prestigio internacional, lo que le convierte en un firme candidato a la presidencia del BCE.

Además de las cualidades del candidato, España se merece ese puesto, que hasta ahora sólo lo ha ocupado un holandés, dos franceses y un italiano. Somos el cuarto país de la eurozona, pero tenemos tres bancos entre los seis primeros de la zona euro. Incluyendo los dos primeros, Santander y BBVA. Y un sistema financiero mucho más moderno y tecnológicamente avanzado que el de nuestros socios de la unión. Del reto que suponen las nuevas tecnologías para el sistema de pagos también sabe, y mucho, Pablo Hernández de Cos.

No es la primera vez que España tiene esta oportunidad. A finales de los años 90, cuando se iba a crear el euro, le ofrecieron a Luis Ángel Rojo, entonces gobernador del Banco de España, ser el primer presidente del BCE. Declinó por motivos personales. Una lástima, porque la historia del euro probablemente habría sido otra. Seguramente habría evitado la creación de las burbujas de crédito e inmobiliarias en buena parte de la eurozona durante 2002-2005 (véase gráfico). Y, sin lugar a dudas, habría evitado el enfrentamiento entre el núcleo y la periferia, división agravada por el primer presidente del BCE, el desaparecido y poco llorado, Wim Duisenberg, al que se le asigna la paternidad del apelativo “P.I.G.S.” a los países del sur de la zona euro (Portugal, Italia, Grecia y España). Esta vez no podemos fallar. Dejemos al lado el cainismo hispano y apoyemos como país al candidato español al BCE: ¡Pablo for President!

El próximo 18 de mayo empezará a estar disponible el pago por Bizum en tiendas físicas en España. Tal y como ha confirmado la entidad financiera, con esta nueva funcionalidad los usuarios podrán realizar transacciones a comercios sin necesidad de efectivo o de tarjetas bancarias. Lo que comenzó como un método de pago de pequeñas operaciones entre amigos ha ido implementándose en otros ámbitos de la vida económica de la población, como el pago del IBI o del impuesto de vehículos. Ahora, también podrá utilizarse en compras físicas, solo será necesario que el teléfono tenga la función de NFC activada.

La plataforma ha adelantado que esta función no llegará a todos los usuarios a la vez. Tendrá una implementación progresiva a lo largo de los primeros meses, debido a que ni todas las entidades bancarias ni todos los comercios estarán preparados para aceptar este tipo de pago. Por el momento, los primeros bancos que lanzarán este servicio serán CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. Para finales de 2026, se espera que el sistema esté integrado en el resto de entidades españolas. Por tanto, aunque la fecha de inicio sea el 18 de mayo, no todos los clientes podrán usarlo al mismo tiempo. Respecto a los comercios, la mayoría no tendrá que cambiar de datáfono, bastará con que actualicen el dispositivo para que pueda procesar el sistema de Bizum Pay.

Como funcionará el sistema de pago con Bizum en comercios

Los pagos con Bizum serán de la misma naturaleza que las transacciones que ya se pueden hacer desde esta entidad, enviando de forma inmediata el dinero de una cuenta a otra. Los comercios sí que deberán pagar una pequeña comisión, de forma similar a la que deben abonar por recibir pagos a través de tarjetas bancarias. Como ventaja, podrán disponer del dinero recibido justo después de recibir la transacción, en lugar de tener que esperar hasta las 72 horas en las que puede demorarse el abono de dinero por los sistemas electrónicos tradicionales.

También significará que ni los bancos ni los establecimientos deberán depender tanto como hasta ahora de las pasarelas de pago electrónico más habituales en nuestro país, como Visa y MasterCard. De esta forma, la banca española va a poder desprenderse de forma parcial de su dependencia con estos intermediarios.

Los usuarios podrán pagar con Bizum a través de la aplicación de su banco, o desde la aplicación Bizum Pay, una cartera digital ideada para estas transacciones. El sistema funcionará con tecnología NFC (Near Field Communication, que significa comunicación de campo cercano), un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos, la misma tecnología empleada para los pagos con tarjeta desde el teléfono.

De hecho, pagar con Bizum funcionará de forma similar a este método de pago, tan solo habrá que aproximar el dispositivo móvil al datáfono del establecimiento. A los pocos segundos, la operación se habrá efectuado, sin necesidad de introducir el código PIN ni utilizar dinero en efectivo o tarjetas. Para que las transacciones puedan efectuarse, deberá estar el NFC activado, una función que en dispositivos iPhone está activada por defecto, y que en Android debe habilitarse desde el menú de ajustes.

Expansión a Europa

Creado en España en el año 2016, Bizum cuenta con unos 30 millones de usuarios en nuestro país y ha llegado a 26 entidades bancarias, el 96% de la cuota de mercado nacional: está disponible en BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankia, Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Liberbank, Laboral Kutxa, EVO, Eurocaja Rural, Caja de Ingenieros, Mediolanum, Cajalmendralejo, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin Bank, Openbank y Oficina Directa.

También, desde el año 2024, funciona en Andorra, Portugal e Italia. Se espera que las transacciones sean posibles en el resto del continente gracias a la iniciativa EuroPA, impulsada por Bizum y otras compañías europeas que ofertan servicios similares, como SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay. De implementarse este sistema paneuropeo, se espera que el alcance sea masivo. En principio, podría abarcar por el momento a trece países europeos y dar servicio a más de 130 millones de ciudadanos de todo el continente, lo que supondría dar cobertura a aproximadamente el 62% de la población total de la Unión Europea y Noruega.

No se descarta que otros países se unan al proyecto, que cuenta con la participación de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, junto con las jurisdicciones de Andorra y Luxemburgo. De implantarse, ciudadanos españoles podrían recibir dinero de forma inmediata desde, por ejemplo, Alemania.

El Banco de España critica que las entidades bancarias tienen una alta dependencia de proveedores externos y ahí pesan, sobre todo, los estadounidenses. “La dependencia de terceros es muy significativa y va a ir a más porque es muy difícil tenerlo todo 'in house”, ha asegurado Mercedes Solano, directora general de Supervisión, durante la presentación de la Memoria de Supervisión del último ejercicio.

“El Banco de España querría que las empresas europeas de nube avancen lo suficiente para sustituir a las estadounidenses, pero no estamos en esa situación”, ha admitido. “Pediremos que eviten la concentración, que tengan varios proveedores y tengan planes para cambiar de uno a otro”, ha enumerado. También, que identifiquen a los proveedores, por si hay algún problema. 

De hecho, en esa memoria apunta que “respecto al uso de nuevas tecnologías, las principales actuaciones” del Banco de España “se han focalizado en el análisis de riesgos derivados de las migraciones a la nube, tanto pública como privada, y del uso de la inteligencia artificial (IA)”. “Los principales objetivos son: solventar la dependencia de un reducido grupo de proveedores externos a la UE de servicios en la nube (riesgos de concentración y geopolítico); aumentar la capacidad de definición de planes de contingencia que permitan seguir prestando servicios críticos ante posibles interrupciones de los servicios en la nube”. También, “la definición de un uso racional de la IA” y “la asignación de recursos humanos suficientemente cualificados para la implantación de las nuevas tecnologías, el control de riesgos y la alta dirección”.

Esa dependencia se da en un contexto de alta incertidumbre global, como el actual, donde hace un llamamiento a la cautela “porque no sabemos lo que va a pasar” con la guerra en Irán. “Hay que mantenerse muy cautos, porque están ahí los riesgos geopolíticos y de incertidumbre máxima”, ha explicado Solano. En este sentido, el Banco de España indica que se analizarán, en modelos de test de estrés, el posible efecto de esa incertidumbre en las entidades que, repite, es máxima, aunque de momento no esté sobre la mesa la petición de nuevas provisiones. “Aunque los balances y el perfil de riesgo de las entidades significativas [donde están Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell] mostraban solidez, la persistencia de tensiones internacionales y la incertidumbre sobre las perspectivas económicas exigían mantener un enfoque prudente”.

Y, de cara a los próximos años, hasta 2028, “la primera prioridad trata de incrementar la resistencia financiera de las entidades ante la intensificación de las tensiones comerciales mundiales y el aumento de los riesgos geopolíticos y la incertidumbre general”, admite el Banco de España. “Las entidades deben adoptar y mantener unos criterios sólidos en la concesión de crédito, evitando la acumulación de nuevos préstamos dudosos y problemas en la fijación de sus precios o en la gestión de costes”. 

Sobre el impacto de la inteligencia artificial, el supervisor apunta la vigilancia de mercado, pero, en España, “no se ha establecido quién va a ser la autoridad, consideramos que debería ser el Banco de España, serán modelos ligados con la relación de los bancos con los clientes”. 

Seguimiento de influencers

Por otro lado, el Banco de España ha activado “un seguimiento continuo específico de la publicidad a través de influencers”. El organismo no da detalles concretos al respecto sobre entidades, pero sí enumera que ha puesto en marcha 262 medidas disciplinarias “para corregir las deficiencias y debilidades identificadas”. Son 117 más que un año antes, incluido un expediente sancionador relacionado con materia de conducta, que no identifica.

“Las piezas revisadas se centran en la publicidad de tarjetas de crédito y financiación de automóviles”, indica en la Memoria de Supervisión. “Este último segmento es el que de forma recurrente presenta más irregularidades”, señala, “relacionadas con la falta de información sobre la entidad que financia y las condiciones económicas de la financiación”. “Además, ante el creciente uso de publicidad a través de influencers, a finales de 2025 se puso en marcha un seguimiento continuado específico de este medio”, resume.

Dispara las sanciones a las entidades

El organismo encabezado por José Luis Escrivá detalla que, durante el pasado año, “tramitó 20 expedientes sancionadores en los ámbitos prudencial, de protección del cliente bancario y de lucha contra el intrusismo”. En total, “13 de ellos concluyeron con sanciones que, en conjunto, superaron los 49 millones de euros”. Es una cifra significativa, porque multiplica por casi 20 las sanciones del año anterior, que se situaron en 2,7 millones de euros.

“En su mayoría”, explica el Banco de España “también alcanzaron a administradores, directivos o titulares de participaciones significativas de las entidades implicadas, arrojando un total de 79 expedientados”.

“Del total de los expedientes sancionadores tramitados en el año, el 40% correspondió a casos de intrusismo financiero, mientras que el 20% estuvo relacionado con infracciones en materia de titularidad del capital”, añade. También apunta que puede emitir algún tipo de indicación sobre el crédito responsable, al margen de las inspecciones que está realizando. “La idea con el préstamo responsable es preventiva, contrastar lo que están haciendo con la normativa. Se lo comunicaremos al sector para que actúe en consecuencia”.

En cuanto al apagón, del que hoy se cumple el año, ha recalcado que fue un problema ligado al sistema eléctrico, no al bancario y, como medidas, no se han puesto en marcha cuestiones supervisoras. “Las entidades fueron resilientes”, aunque se está trabajando por ejemplo, con los sistemas de pago, para que se puedan realizar “incluso en estas situaciones”, según ha señalado Montserrat Jiménez, subdirectora del Departamento de Sistemas de Pago.

El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos gana posiciones para sustituir a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE). Así lo señala una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), un think tank británico, entre expertos en política monetaria, que coloca al actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) como el candidato más cualificado entre los principales favoritos para presidir la institución.

Los cinco potenciales candidatos a la presidencia del BCE evaluados en función de nueve categorías, incluyendo experiencia, conocimientos y liderazgo, así como el potencial de apoyo nacional y europeo, fueron el neerlandés Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos; Isabel Schnabel, representante alemana en el Consejo Ejecutivo del BCE; Joachim Nagel, presidente del Bundesbank; el francés François Villeroy de Galhau, gobernador saliente del Banco de Francia; y el español Pablo Hernández de Cos, según recoge Europa Press.

De este modo, el exgobernador del Banco de España es el preferido de los expertos encuestados en cuatro de las nueve categorías (formación en economía monetaria, reputación de capacidad para generar consenso, capacidad para obtener el respaldo de otros Estados miembros, credenciales europeas), además de obtener la segunda mayor puntuación en categorías como experiencia en banca central y conocimiento de los mercados de capitales, así como la tercera mejor valoración en capital político.

Experiencia en gestión de crisis

Hernández de Cos ya formó formó parte del Consejo de Gobierno del BCE entre 2018 y 2024, en calidad de gobernador del supervisor español. De acuerdo con un funcionario de una institución multilateral de desarrollo, citado por los responsables de la consulta, combina aplomo, profundidad intelectual y una valiosa experiencia adquirida durante la gestión de la crisis española y en un entorno político sumamente complejo.

Por detrás del español, los resultados de la encuesta sitúan en una ajustada segunda posición al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, muy ligeramente por delante del neerlandés Knot y del galo Villeroy de Galhau, mientras que la alemana Schnabel, cuya candidatura tendría que sortear la restricción de un solo mandato para los miembros del consejo del BCE, queda relegada a la última posición entre los potenciales favoritos.

Asimismo, los autores de la consulta apuntan que una parte importante del debate sobre la elección del próximo presidente del BCE gira en torno a la cuestión de si Alemania estaría infringiendo las normas de la Unión Europea si ostentara simultáneamente la presidencia del BCE y de la Comisión Europea, que actualmente ocupa Ursula Von der Leyen, ya que parece bastante lejana la posibilidad de que esta abandone Bruselas prematuramente para asumir la presidencia federal alemana el próximo año.

Un sondeo entre economistas elaborado por 'Bloomberg' el pasado mes de enero apuntaba al holandés Klaas Knot como el candidato favorito en la carrera por la sucesión de Christine Lagarde al frente del instituto emisor de la eurozona, por delante del español Pablo Hernández de Cos, mientras que el tercer potencial candidato favorito para relevar a Lagarde sería el actual presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

De su lado, Hernández de Cos era el candidato favorito para el 26% de los economistas encuestados a principios de año por 'Financial Times', frente al 24% que prefería a Klaas Knot y el 14% que elegiría a Joachim Nagel, mientras que Isabel Schnabel recibía el 7% del apoyo.

El 10% de los hogares más pudientes concentran el 53% de los bienes en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España publicados esta semana. El 1% más rico, el que está en la cúspide, acumula el 21,6%, cerca de los máximos históricos registrados en 2020. Pero, más allá de los grandes datos que muestran que la desigualdad está lejos acabar, ¿dónde se concentra la riqueza de los hogares españoles?

La base de datos que ha actualizado el supervisor muestran que, si bien los ingresos de los hogares españoles han recuperado los niveles de 2001, el máximo de la serie histórica, en términos de riqueza neta —es decir, restadas las deudas— las cifras están aún lejos del máximo que se acumuló antes de la crisis financiera. Los efectos de esta recesión aún se notan en las posesiones de los hogares, una evolución que en la actualidad está marcada por la situación del mercado de la vivienda.

En 2008, la riqueza mediana —es decir, la que divide en dos mitades a la distribución, y es mucho más representativa que la cifra media— de los hogares españoles era de 236.960 euros, en cifras actualizadas con el valor de 2024. No eran los máximos en la serie histórica y aquí ya se estaban sintiendo los primeros coletazos de lo que luego se conocería como Gran Recesión. Pero es que en 2024 la riqueza mediana fue de 160.830 euros, muy lejos de la de aquel periodo.

Todos estos datos están actualizados con la inflación, lo que da la medida de cuál es la situación de los hogares españoles década y media después. El perfil de la riqueza de los hogares españoles se concentra en aquellos cuyo cabeza de familia está recién jubilado, de entre 65 y 74 años, con estudios universitarios y propietario de la vivienda en la que reside. Esto, dice el Banco de España, “responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta”, y tiende a descender después. 

Pero se ve claramente la diferencia por grupos de edad. En 2008, la riqueza se concentraba en los tramos centrales de la vida, mientras, ahora, cada vez más lo hace en los hogares más mayores.

De hecho, por primera vez en la historia los hogares liderados por un jubilado son los que acumulan más riqueza. Ligeramente por encima de aquellos en los que la persona cabeza de familia trabaja por cuenta propia —los autónomos—, en los cuales el valor del negocio se imputa a la riqueza del hogar.

La generación millenial, descolgada

Esta brecha se ve con más claridad cuando hablamos de generaciones. El análisis elaborado por el propio Banco de España muestra que los baby boomers, de primera o segunda generación, han experimentado una evolución de su riqueza mucho mejor a los de generaciones posteriores. La generación millenial (1986-1995) es la que ha tenido un peor punto de partida, pero su evolución parece ir mucho mejor que la inmediatamente anterior (1976-1985), que sintieron de primera mano los efectos de la Gran Recesión cuando empezaban a incorporarse al mercado laboral.

La explicación más razonable parece estar en el mercado de la vivienda. En la encuesta de 2024, los hogares que poseen su vivienda cayeron al mínimo histórico: el 70,6%. Hay varios motivos detrás, explicaron en el Banco de España. Por un lado, que hay más hogares que apuestan por el alquiler. Y, por otro, que la accesibilidad de la vivienda cada vez es más difícil. Con 30 años, solo el 30% de los millenials nacidos entre 1986 y 1995 eran propietarios. De las generaciones inmediatamente anteriores (1966-1985), con la misma edad, el 65% poseía la casa en la que residía.

Más peso de los activos financieros

Mientras cae la proporción de los activos reales —es decir, el inmobiliario, joyas, obras de arte o negocios—, avanza la proporción de los activos financieros, que ya supone un 23% de la riqueza de los hogares. 

Pero esta composición es cada vez más sofisticada, como definió el director general de Economía de la institución, David López Salido. Ha caído la proporción de riqueza que los hogares mantienen en cuentas corrientes (30,1%) y ha aumentado la proporción en renta fija (2,8%), coincidiendo con el boom por las letras del Tesoro.

El 20,5% de los hogares cuenta, además, con su riqueza en “otros activos financieros”, en la que se incluyen opciones como criptomonedas o futuros. Esta sofisticación se produce, sobre todo, entre los hogares más jóvenes, con estudios universitarios… Y de rentas elevadas.

Los hogares humildes, los más favorecidos

En cuanto a los ingresos de las familias, la renta mediana de los hogares recuperó en 2024 los máximos registrados en 2021, impulsados por el crecimiento económico y el buen momento del mercado laboral, que ha llevado a mínimos el desempleo y a máximos los datos de empleo. Además, en los dos años de referencia para los datos fiscales (2022-2023) coincidieron políticas de rentas como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con la inflación o el impulso del Ingreso Mínimo Vital.

Esto permitió que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución —es decir, el quinto con menores ingresos— incrementaron su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Sumar ha registrado este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados para limitar la suscripción de hipotecas variables solo a aquellos ciudadanos que acrediten “una alta solvencia financiera”, imponer un mayor control sobre los créditos mixtos (que cuentan con un porcentaje variable y otro a tipo fijo) y sustituir indicadores como el euríbor para referenciar estos préstamos, dadas sus “limitaciones estructurales” y la “mayor volatilidad a la deseable” que introducen en los contratos.

La formación ha presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que señalan que “la vivienda habitual no puede seguir siendo el lugar en el que el sistema financiero descarga riesgos que los hogares ni han creado ni están en condiciones de administrar”. Porque, a diferencia de los bancos, las familias no cuentan con departamentos de gestión de riesgos y, creen en la coalición, “la parte más débil de la relación contractual” se enfrenta a la carga de una potencial subida de los tipos de interés “que no puede administrar en condiciones de igualdad”.

“La concatenación de crisis geopolíticas, energéticas e inflacionarias de los últimos años, agravada por el reciente conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo, han puesto de manifiesto hasta qué punto el coste de la financiación puede verse alterado por factores que escapan por completo al control de los hogares”, destaca el texto de la iniciativa registrada ante la Comisión de Economía del Congreso, que se votará el próximo 29 de abril.

Así, destacan que el tipo variable tiene un peso en el saldo hipotecario del 61%, muy superior al de países del entorno como Francia o Alemania, donde el 80% de estos préstamos son a tipo fijo que, por definición, están más exentos de riesgo.

Según la formación, la comercialización de estos créditos variables en los últimos años se hizo “no por su mayor idoneidad para el cliente, sino por su conveniencia para las entidades”, lo que, en la práctica, supuso “una trampa financiera” para las familias en el caso de un cambio en el ciclo de la política monetaria. Precisamente lo que sucedió a raíz de 2022, cuando tras una década con tipos de interés 0, el Banco Central Europeo (BCE) endureció el precio del dinero para mitigar la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania. Y lo que podría suceder si el BCE actúa igual para responder a la subida de precios por la guerra en Oriente Medio.

Más control a las hipotecas mixtas

El texto, que no tiene carácter vinculante y solo marca una dirección política, busca que la Comisión de Economía inste al Ejecutivo a adoptar medidas que restrinjan la comercialización de hipotecas variables sobre la vivienda habitual. No a prohibirlas, pero sí a restrigirlas para “los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.

En los últimos años se han popularizado las hipotecas mixtas, que cuentan con un determinado periodo a tipo fijo y otro a tipo variable, algo que Sumar cree que también debe revisarse “para evitar que se utilicen como vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable en perjuicio de los hogares”.

La iniciativa también promueve la búsqueda de alternativas a indicadores como el euríbor o el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH), ambos indicadores “sometidos a limitaciones estructurales”, que exponen a los hogares a una “mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración” y que están expuestos a riesgos de manipulación en el mercado.

Así, ponen por ejemplo los movimientos en el euríbor a consecuencia de la guerra en Irán sin que el BCE haya modificado los tipos oficiales del mercado. “El propio diseño del sistema monetario europeo hace que las expectativas de mercado, las tensiones de financiación o los cambios de percepción sobre la senda futura de la política monetaria puedan trasladarse a las referencias hipotecarias antes de que se modifiquen los tipos de intervención. Eso supone una aberración, puesto que un índice legalmente debe reflejar la realidad sucedida, no determinar la que sucederá”, destaca la exposición de motivos.

Desde Sumar pretenden que se evalúe, en el plazo de un año, cuál es el impacto distributivo y social del modelo hipotecario sobre la estabilidad financiera de los hogares, fijándose con un especial interés en la exposición al tipo variable, el esfuerzo hipotecario y el riesgo de perder la vivienda habitual.

También, que el Gobierno legisle para dar “seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores” frente a las cláusulas abusivas y no transparentes y sobre la revisión de aquellas sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea”.

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Banco de España a entregar a los diputados de Sumar la información sobre los beneficios de las entidades financieras por 'aparcar' su liquidez en el Eurosistema no ha zanjado la disputa entre los diputados y el supervisor financiero. El organismo que lidera el gobernador José Luis Escrivá ha ofrecido al Congreso un acceso reservado a estas cifras, correspondientes a los años 2022 y 2023, con lo que dan por cumplido el mandato judicial, pero desde la formación acusan al Banco de España de “obstruir” la resolución y se plantean abrir un procedimiento de incumplimiento.

El conflicto se retrotrae a 2023, cuando tres diputados de Sumar –su portavoz económico, Carlos Martín; Txema Guijarro y Manuel Lago– llevaron al Banco de España ante la justicia ante su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito. Esta es una herramienta de la política monetaria que permite a la banca ingresar su exceso de liquidez en una cuenta del Eurosistema, que les remunera con un interés.

El Tribunal Supremo dictó sentencia a principios del mes pasado y avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

Una sala con la información

Así, el supervisor ha optado por dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que pone a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

Fuentes del Banco de España señalan que, tras una serie de conversaciones técnicas con los letrados del Supremo, creen que de esta manera cumplirían con el mandato judicial de poner la información a disposición de los diputados, que podrán acceder a ella, pero no fotografiar o fotocopiar los estadillos, ni publicarlos. Esta fue la solución que ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera, por lo que creen que este procedimiento ya cuenta con un precedente válido para divulgar información reservada.

De acuerdo con estas mismas fuentes, no han recibido aún una respuesta oficial por parte del Congreso y no hay una fecha para que se produzca esta revisión.

Pero en Sumar reconocen su enfado ante un comportamiento que consideran “obstruccionista” y “oscurantista” por parte del supervisor. “En lugar de remitirla, pretende limitar su acceso a una mera exhibición: nos plantea acudir a su sede para consultar en una sala el folio con los datos solicitados y, en todo caso, tomar notas”, critica Martín, que tacha la decisión de “subterfugio” para no dar cumplimiento. “La sentencia no habla de que nos debe exhibir la información y vayamos a coger apuntes. La sentencia habla de entregar, no exhibir, y se están inventando un procedimiento que no existe en la ley”, explica en declaraciones a este periódico.

“Que no sea examinada en sesión abierta y pública”

El fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo señala, y es a lo que se aferran desde Sumar, que “la ley se ha limitado a contemplar una posible salvaguardia, consistente en que el Gobernador del Banco de España pida que la información –que, en todo caso, debe entregar– no sea examinada en sesión abierta y pública”.

“Ese proceder [el que plantea el Banco de España] incumple claramente el sentido y el alcance de la resolución judicial. La información relativa a las cuantiosas subvenciones que se están destinando a la banca por sus depósitos en el Banco de España debe obrar en poder de los representantes públicos de forma íntegra, accesible y permanente, para poder ejercer con plenas garantías nuestras responsabilidades institucionales”, subraya el diputado.

El diputado explica que su objetivo es “ir hasta el final” y abrirán ante el Supremo un procedimiento de incumplimiento de sentencia cuando pasen dos meses desde la notificación de la misma. Se da la circunstancia de que la información demandada correspondía a los ejercicios 2022 y 2023, que es “el folio” –en palabras de Martín– que ahora les debe enseñar el Banco de España. Han mandado un burofax al supervisor reclamando la información, dice. Pero también han pedido los datos correspondientes a 2024 y 2025 y teme tener que recurrir a la vía judicial, de nuevo, para conseguirlos.

Más de 20.000 millones en intereses

Según los últimos datos de 2025, publicados recientemente en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.

Desde Sumar celebraron la sentencia como “un triunfo de la transparencia, pues ningún asunto importante puede quedar fuera del escrutinio y fiscalización de los representantes de la voluntad popular”, apuntó Martín. La información, señaló el portavoz económico de la formación al conocerse el fallo, “permite conocer qué bancos son más eficaces en la provisión de crédito y sirve para hacer un mejor diseño de la política fiscal, a través –por ejemplo– del impuesto extraordinario a la banca”.

De hecho, dice Martín a elDiario.es, esta información “no debería ser reservada”, ya que los datos de las subvenciones que recibe cualquier empresa son públicos, pero con la banca se hace una excepción.

En un artículo publicado hace unos días en este periódico, los economistas Carlos Arenillas (exvicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores) y Jorge Pérez (exjefe de regulación contable del Banco de España) defendían la necesidad de conocer esta información por el gasto público que implica. “Estos pagos a la banca suponen el coste más importante del Banco de España, y menos ingresos para el Estado (su único accionista). Las pérdidas operativas del Banco de España registradas en 2023 y 2024, antes de la aplicación de provisiones, ascendieron a casi 15.000 millones de euros. Una cifra semejante a lo pagado en intereses a la banca”, apuntan los expertos.

Aunque no hay datos oficiales –algunas entidades de menor tamaño, como el Banco Sabadell o Bankinter sí han publicado los ingresos por esta vía–, ambos economistas han calculado cuánto habría ingresado cada principal entidad del país por esa facilidad de depósito en el Eurosistema. Así, por ejemplo, el Santander se habría llevado algo más de 6.000 millones de euros; el BBVA y Caixabank, unos 2.800 millones. 

“La inyección de miles de millones a los bancos por sus cuentas corrientes en el banco central no parece una medida muy antiinflacionista. Tampoco se entiende que pagar esas cantidades sea el precio de la llamada estabilidad financiera. Y si es así, debe explicarse con claridad. La política monetaria no debería ser un dilema entre pérdidas públicas y beneficios privados”, defienden los autores.

Los hogares más humildes de España mejoraron sus rentas con mucha más intensidad que los más pudientes entre 2021 y 2023, gracias al buen momento del mercado laboral y el crecimiento económico y a pesar de las tensiones inflacionarias por la salida de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Un punto en el que coincidió con el desarrollo de políticas públicas como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el impulso del Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones con la inflación.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2024 y elaborada por el Banco de España, arrojan que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución –es decir, el quinto de las familias con menores ingresos– vieron incrementada su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Como muestra el gráfico anterior, la renta mediana –más representativa que la media, al situarse en el centro de la distribución y dividir en dos mitades los ingresos de los hogares– de las familias inmediatamente por encima, que se sitúan en el segundo quintil (entre los percentiles 20-40%) avanzó a un ritmo del 4,6% anual (un acumulado del 9,4%), la del tercer quintil sumó un 3,8% cada año (7,8% total) y la del cuarto, lo hizo en un 2,6% por ejercicio (5,2%). Solo en los hogares en la parte alta de la tabla este crecimiento fue más moderado. El 10% de mayores ingresos hasta vio cómo estos se redujeron levemente en el mismo periodo.

Más ricos por estar menos endeudados

Pero esta mejora de las rentas de los hogares más desfavorecidos choca cuando hablamos de riqueza, es decir, de los bienes y activos en posesión de las familias. Así, en términos de riqueza bruta (es decir, sin restar el valor de los endeudamientos), la mitad de los hogares, los que se encuentran en la parte baja de la distribución, vieron como esta cayó un 3% cada año. En términos de riqueza neta, una vez restadas las cuantías de las deudas, esta avanzó un 2,6%.

Es decir, la mejora no se explica por una mayor acumulación de bienes, sino porque o bien se han desendeudado, o se han endeudado menos. Y aquí el factor clave es el acceso a la vivienda. Porque su capacidad para comprar una casa, aunque sea a través de un crédito hipotecario, es menor.

En el Banco de España señalan que una parte tiene que ver con esa “restricción” en el acceso al crédito, pero lo vinculan con una “dinámica” en el mercado de la vivienda que tiende hacia el alquiler. “Cuando miramos a la estructura de la deuda, los hogares de menor riqueza tienen este menor componente de deuda asociada a lo inmobiliario”, detalló el director general de Economía de la entidad, David López Salido, durante un encuentro con medios de comunicación para presentar los resultados del informe. En el supervisor ven como un elemento “positivo” que hace menos vulnerables a las familias a la hora de incorporarse al mercado de la vivienda, al reducir la carga de deuda asociada.

Cada vez menos hogares propietarios

Esta menor propensión a la compra de vivienda –o la falta de acceso– ha provocado que la proporción de hogares que son propietarios de su vivienda principal haya caído al 70,6%, el mínimo desde la puesta en marcha de la estadística, a principios de los 2000. La caída, sostenida, se produce desde 2011, cuando alcanzó su máximo en torno al 80%, y ha caído casi 10 puntos porcentuales desde entonces.

Pero al mismo tiempo, y al calor del mercado inmobiliario, el valor de la vivienda ha recuperado peso dentro de los activos reales (inmobiliario, joyas, negocios…) con los que cuentan los hogares, hasta representar un 54,2% del total. Es el primer incremento de la serie histórica, ya que el peso de la vivienda dentro de la riqueza de los hogares ha caído desde 2002, cuando representaba en torno al 67%.

En términos de deuda, el porcentaje de hogares con algún tipo de endeudamiento sigue cayendo (54%) y el valor mediano del apalancamiento se situó en mínimos, 29.900 euros. Este menor endeudamiento se produce sobre todo en los hogares de menor renta. Las hipotecas representan en torno al 80% de la deuda total, un mínimo histórico, y la carga financiera asociada a estos créditos ya supone solo el 55% de los pagos de deuda a los que hacen frente los hogares.

Menos dinero en cuentas corrientas y más inversión

El valor de los activos financieros ha cobrado más peso, hasta un 23% sobre el total, y en el Banco de España detectan una mayor “sofisticación” de estos. Disminuyó hasta el 30,1% la proporción de hogares que contaban con su dinero en cuentas corrientas, más expuestas al mordisco de la inflación, y aumentó la proporción de las cuentas de ahorro o con un ligero interés hasta el 9,4%.

Destaca también la subida de los hogares con tenencia de valores de renta fija, algo consistente con el 'boom' en el interés por las Letras del Tesoro, en un momento en el que los depósitos de los bancos apenas retribuían las cuantías de los hogares.

En total, el valor de los activos financieros se disparó hasta los 17.600 millones de euros, el máximo de la serie histórica, gracias al crecimiento económico y la revalorización experimentada por las bolsas en este periodo.