El Banco de España ha elevado al 2,6% su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año, dos décimas más que en su informe de junio, y ha mejorado también la proyección para 2027 hasta el 2,2% (0,5 puntos más), dado el “notable dinamismo” y “resiliencia” que está mostrando la economía española.

A dos meses del cierre del año, la institución liderada por el gobernador José Luis Escrivá se suma al consenso de la mayoría de observadores económicos nacionales e internacionales y anticipa que la actividad en España, lejos de estancarse como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, mantendrá el mismo ritmo que en 2025.

El Banco de España está sorprendido por la capacidad de resistencia y adaptación de la economía española, especialmente en relación con las principales economías europeas, con las que no cierra la brecha de crecimiento. El crecimiento esperado tanto en Francia como en Italia para 2027 es, por ejemplo del 0,5%, por encima del de Alemania, a pesar de su notable aumento del gasto, sobre todo en defensa.

La institución apunta que, “pese al complejo contexto internacional y al encarecimiento de la energía, la economía española mantiene un notable dinamismo en 2026”, gracias al tirón del consumo privado, favorecido por la creación de empleo, el crecimiento de la población, el aumento de la renta disponible y unas condiciones financieras que, hasta hace poco, han sido relativamente favorables. La subida de los tipos de interés, así como el shock inflacionario, se afrontan con un importante colchón de ahorro por parte de familias y empresas, destaca la entidad, lo que asegura una demanda nacional todavía fuerte, sobre todo si la crisis es transitoria.

Las medidas del Gobierno recortan 10 puntos la subida de la energía

El informe sobre la economía española del tercer trimestre, presentado este viernes, también revisa notablemente al alza las previsiones de inflación, que será no solo más alta de lo que se esperaba, sino también más duradera.

Así, la subida de precios medida a través del Índice Armonizado de Precios al Consumo –que utiliza una cesta común de productos y se emplea para comparar con el resto de países del euro– será del 3,9% en 2026, tres décimas más de lo anticipado, mientras que en 2027 la inflación apenas se ralentizará hasta el 3,7% (1,1 puntos porcentuales más que en junio). Por comparar, este indicador cerró 2025 en el 2,7%.

Si bien el grueso de la subida de la inflación se debe al incremento de los precios energéticos –su alza interanual se situó en el 22% en septiembre, 15 puntos más que en abril–, la entidad también prevé un empeoramiento de los datos de la tasa subyacente, la que excluye la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos de su cómputo. Esta se situaría en el 3,4% este año y en el 3,5% el que viene. Los economistas consideran esta cifra como la inflación “núcleo” del sistema productivo, por lo que un empeoramiento anticipa que las presiones de precios de la energía permeará al resto de sectores.

Como nota positiva, el Banco de España calcula que las medidas que ha adoptado el Gobierno para hacer frente a la subida de precios –las últimas, hace una semana, antes del adelanto electoral, con una ampliación de la rebaja fiscal a los carburantes y un tope a la subida de la tarifa regulada del gas– han permitido contener la escalada. “En ausencia de medidas, la inflación energética media en el período abril agosto habría superado en casi 10 pp a la observada y se habría situado por encima de la de la Unión Monetaria”, destaca el documento.

El supervisor calcula que el Gobierno ha movilizado en torno al 0,52% del PIB en ayudas y rebajas de impuestos frente a la guerra, que ha permitido un ahorro directo a los hogares de 3.675 millones de euros.

Además, la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) recoge una mejora en la percepción del impacto del conflicto sobre los negocios de las compañías sondeadas. Así, la proporción de empresas que declaran efectos negativos o muy negativos sobre la demanda internacional se recorta al 27,8%, desde el 30,3% de la anterior oleada, y en cuanto a la actividad nacional se rebaja al 33,7% (desde el 36,5%) frente al trimestre anterior. Las empresas también perciben una mejora de sus efectos sobre la inversión: aquellas que señalan un efecto negativo por el avance de la incertidumbre son el 40,9%, por debajo del 43,2%. Todo esto mientras mejoran las perspectivas, en general, de cara al cierre de año.

La inversión en vivienda se enfrenta a restricciones

El informe del Banco de España no abunda en la crisis de vivienda ni analiza los decretos aprobados por el Ejecutivo en respuesta al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada de su hogar por la empresa Urbagestión y que falleció esta semana tras 15 días en el hospital y sin haber vuelto a la que fue su casa durante 70 años.

Pero sí apunta que la inversión en residencial “mantiene un crecimiento más moderado de lo previsto”, ante la persistencia de determinadas restricciones sobre la oferta: un menor ritmo en la ejecución de los visados y una disminución de la tasa de finalización de nuevas viviendas, la aceleración de los costes de los factores productivos o las dificultades en el acceso y la conexión a la red eléctrica, que limitan nuevas promociones. Si bien las cifras de casas iniciadas desde 2024 y la evolución de la financiación apuntan a un 2027 mejor, “esta evolución futura se encuentra condicionada por la persistencia de restricciones de naturaleza estructural, como son la insuficiencia de mano de obra, la lentitud de los desarrollos urbanísticos o la escasez de suelo finalista”.

Sobre los textos aprobados por el Ejecutivo, cuya decaída propició el adelanto electoral, el director general de Economía de la entidad, David López Salido, ha apuntado durante la presentación del informe que se evaluarán sus efectos con datos, pero que ahora “es demasiado pronto” y “muy aventurado pensar en evaluarlos y su impacto en las finanzas públicas”.

La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 12,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y llegó a 2,81 billones.

Según las Cuentas Financieras de la Economía Española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de junio de 2026 exactamente hasta 2,812 billones de euros, una cifra inédita en la serie histórica. Mientras que la deuda de las familias se moderó hasta el 41,9% del PIB, valor mínimo desde el tercer trimestre de 1999.

El avance de la riqueza se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares (dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) aumentaron un 10,46% frente a un año antes, hasta los 3,64 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 209,7% al cierre del segundo trimestre de 2026, y la riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, supuso el 161,8%.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles estaba en participaciones en el capital, que sumaban el 32,8% del total; seguido de efectivo y depósitos (32%); fondos de inversión (17,5%), y seguros y fondos de pensiones (11,5%).

Se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

La deuda de familias y empresas  

La deuda consolidada de los hogares y las empresas ascendió a 1,805 billones de euros a finales del segundo trimestre de 2026, un 1,8% más que un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 718.495 millones de junio de 2025 a casi 728.820 millones a cierre del segundo trimestre de 2026.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 41,9%, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 1,055 billones de junio de 2025 a los 1,077 billones de cierre del segundo trimestre de 2026, lo que supone, sin embargo, el 61,9% del PIB, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas se explica, principalmente, por la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, que fue más que compensada con la evolución de las operaciones en el caso del resto de instrumentos.

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de los activos en el segundo trimestre de 2026 alcanzaron el 0,8 % del PIB, por debajo del promedio desde 2022, que se explica principalmente por las transacciones de efectivo y depósitos y de los otros activos.

Las operaciones por el lado del pasivo en las Administraciones Públicas se situaron en el 3,2 % del PIB, por debajo del promedio desde 2022, debido a los valores representativos de deuda y los préstamos, añade el Banco de España.

El Tesoro Público afronta un mes de octubre decisivo para su calendario de emisiones de deuda pública con la celebración de nuevas subastas en el mercado primario. El organismo dependiente del Ministerio de Economía mantiene su estrategia de obtener financiación a corto, medio y largo plazo mediante letras y bonos. Las fechas marcadas son el 6 y el 13 de octubre, dos jornadas clave en las que se ofrecerán diferentes tramos de vencimiento adaptados a la demanda. Estas emisiones coinciden con un creciente interés de los inversores particulares en busca de rentabilidades atractivas.

La primera cita del mes tendrá lugar este próximo martes 6, jornada reservada para la subasta de letras del Tesoro a plazos de 6 y 12 meses. En esta operación, las letras a 6 meses vencerán el 9 de abril de 2027, mientras que los títulos a 12 meses fijan su amortización el 8 de octubre de 2027. La fecha oficial de emisión de los valores adjudicados ha quedado establecida para el viernes 9 de octubre de 2026. Los títulos ofertados en este primer tramo permiten asegurar una rentabilidad fija a corto plazo, contando con el respaldo directo y la máxima garantía que ofrece el Estado.

Respecto a la operativa para acudir a la subasta del 6 de octubre, el plazo para presentar peticiones de forma online finalizó el 29 de septiembre. Sin embargo, los inversores particulares que optan por la vía presencial en las sucursales del Banco de España disponen hasta mañana viernes para registrar sus ofertas. Asimismo, los suscriptores no pertenecientes al Mercado Primario debieron aportar un depósito previo obligatorio del 2% sobre el nominal solicitado. Esta garantía se ajusta tras la subasta, devolviendo el sobrante de forma automática al inversor sin aplicar comisión alguna.

Una semana más tarde, el martes 13, el Tesoro celebrará la segunda subasta de letras del mes, centrada en los plazos de 3 y 9 meses. En este evento financiero, las letras a 3 meses tendrán su amortización el 15 de enero de 2027, mientras que las letras a 9 meses vencerán el 9 de julio de 2027. La fecha de emisión formal para ambos productos se ha fijado para el viernes 16 de octubre. Esta segunda convocatoria ofrece alternativas líquidas de muy corto plazo para aquellos perfiles ahorradores que prefieren flexibilidad y una rápida rotación del capital invertido.

Los plazos administrativos de la subasta del 13 de octubre fijan el límite de peticiones telemáticas en la web del Tesoro para el martes 6. Asimismo, la tramitación presencial en las oficinas del Banco de España permanecerá abierta hasta el mediodía del jueves 8. En el reparto de la deuda, el Tesoro adjudica en primer lugar las ofertas no competitivas, en las que el inversor solicita una cantidad en euros aceptando el precio medio ponderado resultante. A continuación, se ordenan y cubren las ofertas competitivas de mayor a menor precio hasta alcanzar la cantidad deseada.

Junto a las letras a corto plazo, la programación del Tesoro Público incluye subastas de Bonos y Obligaciones del Estado previstas para el 1 y el 15 de octubre de 2026. A diferencia del papel a corto plazo, los bonos y obligaciones son títulos de renta fija emitidos a medio y largo plazo con vencimientos entre dos y treinta años. Estos activos abonan cupones periódicos anuales de interés sobre el nominal adjudicado y comparten la exigencia de una inversión mínima de mil euros. Los detalles relativos al cupón y vencimiento de cada emisión se publican previamente en el Boletín Oficial del Estado.

Gran interés

El sistema de inversión en letras y bonos se basa en un valor nominal estandarizado de mil euros por título, requiriendo solicitudes en múltiplos exactos de dicha cifra. Las letras del Tesoro se emiten al descuento, por lo que el precio desembolsado en la suscripción es inferior al valor nominal recuperado al vencimiento. De este modo, la ganancia bruta del inversor equivale a la diferencia exacta entre los mil euros reembolsados por el Estado al amortizar el título y el importe menor pagado al inicio. Este mecanismo transparente garantiza conocer de antemano el rendimiento final de la operación.

El interés del público minorista por las emisiones del Tesoro se mantiene en niveles récord, impulsado por rendimientos que rondan el 3% anual a un año. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de letras en manos de particulares alcanzó los 22.081 millones de euros tras sumar 822 millones en un solo mes. Esta cifra representa el 26% del total en circulación, consolidando a la deuda pública como el refugio preferido por los ahorradores frente a la inflación previa a la próxima reunión de tipos del Banco Central Europeo.

La contaminación y el calor extremo tienen un impacto directo en los precios de la vivienda. Los compradores prefieren zonas menos golpeadas por estos fenómenos ambientales con efecto directo en la salud, de modo que ambos factores reducen los precios de las casas. Un reciente informe del Banco de España apunta a que, en Madrid, un aumento del 10% en las emisiones de NO₂ reduce el precio de la vivienda en un 0,65% (unos 1.327 euros), mientras que otra investigación reciente de la Universidad Complutense cifró en un 0,08% la caída de precios de venta por cada día adicional por encima de los 35 grados en comparación con el año anterior.

La huida hacia lugares más frescos no es solo un fenómeno vacacional que ya amenaza al PIB turístico. La sensación de bienestar asociada a barrios menos contaminados o calurosos tiene su reflejo científico en las cifras de precios de la vivienda. El documento del Banco de España, realizado por Marina Gómez-García, estudia el impacto de la contaminación en los precios y da continuidad a dos informes que muestran la misma causalidad en Teherán y en diversas zonas de Estados Unidos.

El análisis pone en perspectiva que en Madrid, entre los años 2019 y 2023, la contaminación del aire cayó un 23,1%, lo cual habría tenido un impacto del 1,5% en los últimos tres meses, del 2,3% si ampliamos a los últimos seis y del 2,9% contando los últimos nueve meses. Utilizando un precio medio de una vivienda en Madrid de unos 204.197 euros, la caída de la contaminación habría supuesto subidas de 3.062 euros, 4.697 y 5.922 euros, respectivamente. A la inversa sucede lo opuesto: a mayor contaminación, menores precios, con un mayor impacto cuanto más sostenida en el tiempo es la exposición a las partículas.

Para hacer este cálculo en una ciudad como Madrid, con un nivel consistente de dióxido de nitrógeno y una tasa de propietarios del 70%, la investigadora elabora un complejo algoritmo a partir de los datos de 106.449 transacciones del Registro de la Propiedad entre 2014 y 2020 y de las 20 estaciones de medición de contaminación, así como datos meteorológicos y variables por barrios. Aísla también el estado de los pisos, el tamaño y otras variables con tal de pulir al máximo el impacto que pueda tener la contaminación en los precios.

El estudio analiza diversas variables que demuestran que el impacto de la contaminación en los precios es mayor en los barrios con más renta, con más niños, con mayor nivel educativo y con menor población. Concretamente, si en los barrios del 25% con menor renta un aumento del 10% en la contaminación reduce los precios un 0,47%, este efecto se duplica en los barrios de renta elevada hasta el 0,91%. Algo similar ocurre con el nivel educativo, pasando de un impacto del 0,43% en los barrios con menor formación al 0,95% en los barrios con mayor nivel formativo.

También la proporción de población extranjera casi sirve para duplicar el impacto: En los barrios con menor porcentaje de población extranjera no comunitaria, la contaminación penaliza con un 0,71% en los precios, mientras que allí donde hay más extracomunitarios tan solo afecta un 0,37%.

Además de en los precios, el aumento de la contaminación también reduce el número de compraventas, de forma que se demuestra que la polución del aire puede espantar a los potenciales compradores.

Casos concretos como el eje verde de Consell de Cent en Barcelona, donde, desde que se cerró al tráfico, los precios de los alquileres de pisos y locales comerciales se han disparado, ya apuntaban a una correlación entre estos factores, si bien en este caso concreto la amplitud del espacio público y la bajada del ruido que supone la ausencia de coches también tuvieron un papel crucial. Este estudio del Banco de España es el primero en analizar de manera científica y cuantitativa el impacto de la contaminación en los precios de la vivienda de Madrid, dando continuidad a literatura de otros países y abriendo el camino al de otras ciudades europeas o españolas.

Está demostrado que la contaminación daña al sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso mediante sus gases tóxicos y se asocia a hasta 22.000 muertes al año en España según un informe de Lancet de 2025 y a hasta 2.200 en el área metropolitana de Madrid, según otro estudio realizado por ISGlobal. Y, además, la contaminación por CO₂ está vinculada con el aumento de la temperatura del planeta y unos veranos más calurosos.

A su vez, este calor también está asociado a un aumento de la mortalidad de hasta 5.000 personas este verano en España, un récord que podría ir a más. Y existen también estudios que vinculan estas altas temperaturas a los precios de la vivienda.

Una investigación realizada por Adrián Fernández Pérez, profesor del University College de Dublín; Marta Gómez Puig, catedrática de la Universitat de Barcelona, y Simón Sosvilla Rivero, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, mostró el año pasado que las temperaturas elevadas inciden directamente en los precios de compra y de alquiler de una vivienda.

El calor, un factor cada vez más relevante

Más concretamente, cada día extra con respecto al año anterior por encima de los 35 grados centígrados conlleva una moderación del 0,08% en los precios de venta y del 0,15% en los alquileres. Buscar veranos frescos o al menos no tan calientes ya no es solo una preferencia que crece en vacaciones, sino también a la hora de escoger vivienda.

La investigación recuerda que las temperaturas por encima de los 35 grados ponen en riesgo la salud al causar tensión cardiovascular, inflamación, problemas respiratorios y deterioro cognitivo, así como al estado de ánimo y al desempeño laboral. Y analiza los precios de la vivienda de 47 provincias entre 2009 y 2024, para concluir que las subidas de temperatura por encima de los 35 grados han afectado a la baja a los precios de la vivienda. Esto no implica que los precios hayan bajado en esas zonas, sino que hubieran subido más de no haber sido por este fenómeno climático.

El pasado mes de junio, un informe de Fotocasa Research mostró a partir de una encuesta a ciudadanos que el 36% de las personas que buscan vivienda priorizan que esté lejos de las altas temperaturas. El 18% de los que se encuentran en búsqueda o ya han cambiado de vivienda lo hacen o lo han hecho como consecuencia directa de los episodios climáticos extremos, una tendencia que se da más entre los más jóvenes, por lo que promete afectar cada vez más al mercado.

La sede central del Banco de España, en pleno corazón de Madrid, es uno de los edificios más emblemáticos de la capital y, al mismo tiempo, uno de los más desconocidos para el público. Detrás de su imponente fachada de Cibeles se esconde un conjunto arquitectónico y artístico de más de un siglo de historia, con espacios como su monumental escalera de mármol, el antiguo Patio de Operaciones, sus espectaculares vidrieras o la célebre Cámara del Oro.

Ahora, madrileños y visitantes tendrán de nuevo la oportunidad de descubrir algunos de estos rincones. El Banco de España recupera su programa de Puertas Abiertas, puesto en marcha en 2025 y que tuvo una gran acogida durante su primera temporada. Las visitas guiadas serán gratuitas y se desarrollarán de lunes a domingo a partir del próximo 25 de septiembre.

Los recorridos permitirán conocer algunos de los espacios más singulares de la sede, diseñada originalmente por Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra e inaugurada en 1891. El edificio ha ido creciendo mediante sucesivas ampliaciones hasta completar el conjunto actual, incluida la intervención de Rafael Moneo en 2006. La construcción fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento Histórico en 1999.

Durante la visita, uno de los grandes protagonistas será el patrimonio artístico que atesora la institución. La Escalera de Honor, hecha en mármol de Carrara, conduce a diferentes dependencias decoradas con esculturas, rejerías y vidrieras, mientras que el antiguo Patio de Efectivos, hoy convertido en biblioteca, conserva su estructura de hierro fundido. También destaca el Patio de Operaciones, con su gran vidriera superior y su característico reloj art déco.

La temporada pasada tuvo además una de sus grandes novedades en la apertura al público de uno de los rincones más desconocidos del edificio: el Salón de Cobradores. Situado justo debajo de la majestuosa biblioteca, este espacio neoárabe fue restaurado por el estudio Paredes Pedrosa Arquitectos, dirigido por Ignacio García Pedrosa, que definió la intervención como una forma de “devolver al espacio su carácter público” después de décadas en desuso.

Diseñado por Eduardo de Adaro, la sala combina elementos de inspiración oriental con otros de carácter industrial. Y podría no ser el último espacio hasta ahora vedado al público: si se cumplen los planes anunciados por la institución, a principios de 2028 se abrirá también la cámara acorazada donde se guarda el oro, uno de los lugares más herméticos y rodeados de misterio del edificio.

El recorrido permitirá además acercarse a la colección artística del Banco de España, formada por obras que abarcan desde finales del siglo XV hasta la actualidad. Entre sus fondos destacan los retratos que hizo por Francisco de Goya para el antiguo Banco de San Carlos, antecedente de la institución actual, así como obras de artistas como Sorolla, Fortuny, Tàpies, Picasso, Barceló o Chillida. En el Salón de los Goyas se conservan algunos de los retratos que el pintor aragonés hizo a personajes vinculados a aquella entidad.

Cómo conseguir entradas gratis

Las reservas para las visitas generales de la nueva temporada se abrirán este miércoles 16 de septiembre a las 12.00 en la web oficial del Banco de España. El programa amplía además su oferta respecto al año pasado: habrá más de 33.000 plazas disponibles, un 18% más que en la temporada anterior, repartidas en más de 1.000 visitas.

El público general podrá apuntarse a las visitas individuales, recorridos guiados de unos 90 minutos por algunos de los espacios más representativos de la sede central. Son gratuitas y requieren reserva previa, con un máximo de cuatro personas por solicitud. El acceso se lleva cabo por la calle de los Madrazo y será necesario presentar el DNI, NIE o pasaporte utilizado durante la reserva. Los menores de dos años no necesitan entrada.

También existe una modalidad específica para asociaciones, colectivos y grupos culturales, con un mínimo de cinco participantes. En este caso, la solicitud funciona como una pre-reserva que debe ser validada posteriormente por el Banco de España. Para formalizarla se necesitan los datos de la persona responsable y del grupo, incluido su CIF, y todos los asistentes deberán quedar registrados antes de la visita.

La tercera opción está dirigida a centros educativos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad, con grupos de al menos 15 personas. El recorrido mantiene una duración aproximada de 90 minutos y busca acercar a los estudiantes al patrimonio histórico y artístico de la institución y a su importancia en la historia de Madrid y de España.

Horarios de las visitas

Las visitas se concentran de lunes a domingo, aunque no todos los días cuentan con el mismo número de pases. Los lunes, los recorridos estarán guiados por el equipo de voluntariado del Banco de España y tendrán lugar a las 16.00 y 16.45.

Los viernes habrá pases a las 15.45, 16.30, 17.30, 18.15 y 19.15. Los sábados y domingos se amplía considerablemente la oferta, con visitas a las 9.45, 10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15 y 19.15.

El pasado 29 de julio supimos que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado ceder al Banco de España los edificios históricos de la Quinta de Torre Arias por los próximos 75 años. La justificación del consistorio es que la operación permitirá la rehabilitación de los edificios que alberga la quinta para que vuelvan a tener un uso. El parque de la finca, que son los jardines históricos, seguirá abierto al público como hasta ahora.

Los planes del Banco de España pasan por utilizar el palacete y las caballerizas del conjunto histórico para abrir un centro orientado a la promoción de la educación económica y financiera. El anuncio no ha caído bien en el grupo de entidades ciudadanas que llevan años agrupados en la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias para promover el uso público de la quinta del distrito San Blas-Canillejas.

Una de las reclamaciones vecinales y de las asociaciones en defensa del patrimonio de más largo aliento es que se respete la unidad y el espíritu histórico de un complejo que, si es singular, es sobre todo por la relación entre el palacio, las caballerizas, las edificaciones agropecuarias, las huertas, los cultivos y su paisaje. Torre Arias es el único ejemplo de quinta nobiliaria con uso mixto recreativo y agropecuario en Madrid, función que ha conservado hasta hace pocos años.

Ya en su día, se paralizó un proyecto de cesión del palacete a la Universidad de Navarra por, entre otras cosas, segregar los elementos de un conjunto cuyo valor gana enteros al ser entendido como una unidad. Aquel proyecto, que felizmente no llegó a puerto, implicaba la desaparición de parte de los edificios auxiliares y levantar nuevos inmuebles.

La Quinta de Torre Arias o de Canillejas: una colección de siglos a las puertas de Madrid

La Quinta de Torre Arias se encuentra junto al antiguo pueblo de Canillejas, una de las poblaciones más antiguas de Madrid –data del siglo XIII– que fue anexionada a la capital en 1949.

El origen de la quinta hay que buscarlo entre 1580 y 1602, cuando García de Alvarado Velasco, un criollo establecido en Perú que había recibido el título de primer conde de Villamor, decidió establecerse en la corte, para lo que adquirió las tierras y creo una quinta cercada con palacio, huerta y palomar.

La historia del complejo es la de distintos linajes aristocráticos. En el siglo XVII pasó a la casa de Aguilar, en el XVIII a la de Osuna, perteneció a los frailes dominicos de Santo Tomás o los Garro.

Desde finales del XVIII hasta principios del XIX la finca sufrió algunos periodos de abandono y los avatares de la guerra de la Independencia, pero con su compra por parte del marqués de Bedmar en 1850 comenzó un periodo de esplendor al que se debe su imagen actual. Una profunda restauración llevada a cabo durante este periodo no legó su característico etilo neomedievalista victoriano en ladrillo visto. Además, se construyeron muchos de los edificios auxiliares (estufas, vaquería, casas para empleados, lavadero o norias).

A finales del XIX la finca fue adquirida por la marquesa de la Torrecilla, que se la cedió a una hija casada con el VI conde de Torre Arias. De ahí viene su denominación actual. La explotación ganadera se mantuvo, centrada en la cría de caballos y galgos, aunque se añadieron elementos deportivos como pistas de tenis o croquet. Durante esta etapa se construyó también la puerta monumental que da a la calle de Alcalá.

La última condesa de Torre Arias falleció en 2012, legando la finca al Ayuntamiento de Madrid. Durante los años de Tierno Galván como alcalde se había establecido la cesión gratuita obligatoria al fallecimiento de los condes a cambio de recalificar como urbanizables más de 170.000 m2 de suelo de esta familia nobiliar. Así se sancionó en el Plan General de Urbanismo, que entró en vigor en 1986. El convenio incluía la condición de que los terrenos debían utilizarse como parque público y para fines culturales.

La finca fue puesta a punto y abrió como parque en noviembre de 2016. Hablamos de diecisiete hectáreas con una gran riqueza histórica y natural. En sus jardines se cuentan hasta 51 especies diferentes de árboles, algunos de gran valor, como una encina de más de trescientos años. En 2022 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico.

El interés de la quinta, más allá de ser un espléndido espacio de recreo para los madrileños y casi un continuo con la cercana Quinta de Los Molinos, estriba en sus posibilidades como conjunto. La naturaleza del espectacular palacete acastillado se entiende mejor junto con el resto de pabellones que lo convertían en una unidad económica. Los establos, el matadero, el espacio para la cría de galgos, el palomar, el gallinero, las casas del jardinero o la del guardia. Y, por supuesto, su infraestructura hidráulica, que cuenta con restos de los antiguos viajes del agua madrileños, concretamente del Viaje de Abroñigal Bajo, cuya construcción original se remonta a 1619, y ramales de captación para la finca.

Un espacio en la memoria de los vecinos

El uso prolongado de la quinta hace que aún sea parte de la memoria de los vecinos en sus anteriores vidas y, de hecho, es también conocida como Quinta de Canillejas.

Su utilización durante la segunda mitad del siglo XX aún cuenta con hebras vivas en la memoria oral de algunos de sus protagonistas. Es el caso de las vivencias de Pablo Hervás, reflejadas en este artículo de Página del Distrito con sus avatares como hijo de los guardeses de la finca.

“Hasta los años 60 un burro era el medio de locomoción para andar por la Quinta y con un rulo de piedra se pisaba y allanaba el terreno. Junto a la casa de los guardeses se situaba el corral con las gallinas para abastecer la cocina de los marqueses. La viña se ubicaba en la parte sur, junto a la valla perimetral de la calle Alcalá y se fijaba con espalderas y alambres para sujetar las cepas que daban un moscatel de primera categoría, muy reconocido en la región”, relata tirando de sus recuerdos infantiles, que incluyen también al resto del personal que trabajaba en el complejo o el código de toques de campana que se utilizaba en su interior, y que podía señalar el peligro de un incendio o la llegada de una visita de postín.

Hervás ha realizado visitas guiadas a la quinta y en este vídeo de Ateneo de Saberes puede encontrarse un buen repaso de sus vivencias, que son una llamada de atención acerca de la importancia de mantener la memoria del espacio como centro de trabajo, espacio segregado entre clases y de producción, además de como bonito ejemplo de patrimonio nobiliario.

Para saber más:

El Banco de España destacaba hace unas semanas que el déficit de viviendas en España es de 750.000 unidades por la mayor creación de hogares que construcción de casas. Para cubrir parte de este déficit, la vivienda ya construida podría jugar un papel clave, teniendo en cuenta las completas cifras que mostraba al arrancar el verano el informe estadístico anual del Ministerio de Vivienda. Una de ellas es que el 28,6% de las viviendas en España no son principales, un total de 7,7 millones de viviendas que podrían cubrir diez veces el déficit residencial, por los 19,3 millones de viviendas principales.

La última afirmación no debe tomarse literal, porque no necesariamente es donde están esas segundas residencias o viviendas vacías o turísticas donde se crean los hogares y existe la demanda. Pero al contrario de lo que pudiera parecer, el estallido de la burbuja inmobiliaria no supuso una gran caída de las viviendas no principales en España por la pérdida de segundas residencias.

Una vivienda principal (o vivienda habitual) es el inmueble donde una persona o familia reside de forma efectiva durante todo el año o la mayor parte de él. Legalmente, una persona solo puede tener una residencia principal a la vez. Administrativamente, se demuestra mediante el empadronamiento.

En comparación con otros países europeos, con cifras de Eurostat de 2021, España es de los países con mayor porcentaje de viviendas no destinadas a usos principales. Tan solo Croacia (40%), Bulgaria (39%), Grecia (35%) y Portugal (31%) le superan. En Francia, las viviendas no principales son tan solo el 18% y Alemania, con un 8%, y Países Bajos, con un 4%, son dos de los países con menos viviendas no principales.

Pese a que la creación de hogares es más rápida que la construcción de viviendas, siguen existiendo a día de hoy 1,33 viviendas por hogar entre los 19,5 millones de hogares y los 27 millones de viviendas existentes (cifra de 2024). Es un ratio inferior al que había en 2001, punto álgido con 1,53 viviendas por hogar y algo por debajo del 1,43, justo antes de que estallara la crisis, en 2007, o del 1,39 de 2012, desde que no ha parado de disminuir. O sea, se generan más hogares que viviendas se construyen.

En una estadística que recoge la evolución desde el año 2002, se observa que el momento en que hubo mayor porcentaje de viviendas principales sobre el total fue 2011, con un 71,7%, que fue cayendo hasta un mínimo del 69,6% en 2020 y que volvió a subir tras la pandemia hasta el 71,4% actual. Si bien después de la crisis de 2008 hubo una venta de segundas residencias, también se disparó la compra de viviendas por parte de no residentes al calor de la golden visa de 2013 y de la mayor movilidad de las clases pudientes e inversores, que aún lo han hecho más después de 2020.

Si lo comparamos territorialmente, el porcentaje de viviendas no principales es mayor en terrenos despoblados que en zonas turísticas, que se acercan a la media estatal. Así, Castilla y León es con gran diferencia la comunidad con más viviendas no principales, un 42,59% sobre el total, mientras que Madrid es la que presenta una mayor proporción de viviendas principales, con un 87,50% de las viviendas destinadas a vivir en ellas.

Se estima que de estas 7,7 millones de viviendas no principales, 2,9 millones son segundas residencias, unos 3,8 millones son viviendas vacías y existen unos 380.000 pisos turísticos, concentrados en ciudades turísticas y localidades costeras y de montaña donde pueden tensionar el mercado.

Ante la lentitud administrativa y las dificultades de encontrar mano de obra para avanzar en la construcción de viviendas y sobre todo de vivienda asequible que cubra este déficit, el Plan Estatal de Vivienda prevé una parte de sus 9.000 millones para incentivar a la rehabilitación y puesta en el mercado de alquiler asequible. También Casa 47 prevé la compra de vivienda usada como una medida complementaria a la construcción de vivienda asequible.

El economista experto en vivienda de la consultora KSNET Pablo Tucat advierte de que “el cálculo sobre las viviendas vacías ha generado controversia porque se hizo durante la pandemia”, cuando mucha gente había abandonado su hogar principal y se utilizó el consumo energético como baremo. Para sacar la estimación de viviendas no principales, el Ministerio utiliza también los empadronamientos, las declaraciones de la renta, la falta de contratos de suministros y los picos energéticos esporádicos, que determinan segundas residencias.

Tucat resalta que ese cálculo sobreestimó las viviendas vacías de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, por lo que cree que es importante “conocer dónde se ubican estas viviendas vacías”. “Si la mayor parte está en núcleos urbanos con alta demanda, la prioridad debe ser alta. Pero en urbanizaciones más alejadas o la España vaciada, la necesidad de movilizar vivienda es menos imperiosa”, señala. Ante esta realidad, señala medidas como recargas en el IBI a viviendas vacías, que hay municipios que ya aplican, para incentivar su uso.

Los tres diputados de Sumar que denunciaron al Banco de España en 2023 por no entregarles la información de las ganancias que reciben la banca por ‘aparcar’ su liquidez en el Eurosistema –lo que se conoce como “facilidad de depósito”– han recurrido a la justicia la decisión del gobernador José Luis Escrivá de ofrecerles un acceso reservado a información, después de que el Tribunal Supremo reconociera su derecho a esos datos, y piden que se les entregue “en el plazo máximo de cinco días”.

Así, han presentado un incidente de ejecución por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

La entidad resolvió dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que ponía a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

En el escrito presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago alegan que “la interpretación del Banco de España vacía el fallo de su contenido propio, porque sustituye la entrega por una exhibición controlada por la propia Administración que denegó la información y perdió el litigio”. El conflicto se retrotrae a 2023, cuando los tres diputados llevaron al supervisor ante la justicia por su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito.

Los diputados se comprometen a la confidencialidad

Así, subrayan que si el Tribunal Supremo –donde recurrieron en casación la decisión primera de la Audiencia Nacional– hubiese querido reconocer “únicamente un derecho de presencia física para examinar datos en una sala del Banco de España, lo habría dicho”. Y apuntan también que el conflicto no es entre dos instituciones (Banco de España y Congreso de los Diputados), sino entre el supervisor y los tres diputados denunciantes. Es por esto que la institución que preside Escrivá “no puede desplazar el centro de gravedad de la ejecución hacia una relación institucional con el Congreso ni convertir a un órgano ajeno al proceso en presupuesto de cumplimiento”.

En el recurso, los tres diputados se abren a “adoptar medidas razonables de confidencialidad” en el caso de que se les entregue dicha información, pero insisten en que “no cabe sustituir la entrega por una consulta en la sede del Banco de España”.

Es por ello que reclaman a la Audiencia Nacional que se le requiera al supervisor a entregar, “en el plazo máximo de cinco días”, “toda la información desglosada por entidad de crédito sobre los intereses por facilidades de depósito abonados por el Banco de España durante los ejercicios 2022 y 2023” y que se haga “en soporte documental completo y verificable, ya sea en papel en sobre cerrado o en soporte electrónico cifrado, con firma de recibí y expresa advertencia de confidencialidad”. Y se abre a la posibilidad de que esa recepción se produzca ante la Secretaría de la Sala de la Audiencia Nacional pero “sin que ello pueda convertirse en una mera consulta presencial en la sede del Banco de España”.

Además, requieren que se “aperciba expresamente” tanto al gobernador como a los responsables administrativos “de que el incumplimiento del requerimiento judicial podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas”.

“Su actitud obstruccionista revela que confunde autonomía con soberanía”, señaló, a través de su cuenta en la red social X, el diputado Carlos Martín. Una soberanía, indican desde el entorno de los denunciantes, que sigue estando representada en las Cortes Generales, por lo que los diputados deberían tener acceso a esta información para su labor de control.

Fuentes del Banco de España consultadas por esta decisión reiteran que la institución tiene capacidad, a la vista de la sentencia del Supremo, para imponer las medidas que consideren oportunas para garantizar la reserva de esos datos. En este sentido, la propuesta de poner a disposición de los tres diputados una sala de lectura, dicen, ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera y cumple a rajatabla con lo dictado por la justicia.

Según los últimos datos de 2025, publicados en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.

La banca endureció la oferta de crédito en el segundo trimestre del año “de forma generalizada”, con criterios de concesión o condiciones más exigentes, al tiempo que la demanda siguió reduciéndose en el segmento de empresas y en el de vivienda, si bien se mantuvo en el de consumo.

Según la Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España publicada este martes y recogida por EFE, entre abril y junio los criterios de concesión se endurecieron ligeramente tanto en la financiación a empresas como en los préstamos a hogares para adquisición de vivienda, y se mantuvieron estables en el segmento de consumo y otros fines.

Además, el módulo de la encuesta sobre riesgos asociados al cambio climático muestra que las entidades tienden a endurecer los criterios de concesión de crédito a empresas con elevadas emisiones y a inmuebles con eficiencia energética baja.

En comparación con las expectativas que las entidades tenían hace tres meses, la evolución de los criterios fue “algo más favorable de lo previsto”, lo que estaría vinculado a las menores tensiones en Oriente Medio tras el anuncio a mediados de junio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para una eventual finalización del conflicto.

Aun así, el porcentaje de solicitudes de crédito rechazadas aumentó ligeramente en los créditos para adquisición de vivienda y se mantuvo prácticamente estable en los otros dos segmentos.

Por su parte, las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se endurecieron en los dos segmentos de hogares y se mantuvieron sin cambios significativos en el de financiación a empresas.

Menor demanda de financiación para pymes

En los préstamos destinados a consumo y otros fines, el endurecimiento se materializó en aumentos de los tipos de interés, como consecuencia de la traslación a los precios de los mayores costes de financiación soportados por los bancos, sin que ello afectara a los márgenes aplicados.

En los créditos para adquisición de vivienda, además de un aumento de los tipos de interés, se habría registrado también en algunas entidades un incremento moderado de los márgenes aplicados, tanto en los préstamos ordinarios, como en los de mayor riesgo.

El aumento de los márgenes se habría debido, según las entidades, a una percepción de mayores riesgos, si bien el impacto se habría visto parcialmente mitigado por la fuerte competencia existente en este segmento.

En cuanto a la demanda de crédito, descendió en el de financiación a empresas, afectando algo más a las pymes que a las grandes empresas, y también en el de crédito para adquisición de vivienda, mientras que en el de préstamos para consumo y otros fines se mantuvo sin cambios apreciables.

Para el tercer trimestre de 2026, los bancos prevén un nuevo endurecimiento de la oferta y una disminución generalizada de la demanda, si bien la encuesta se hizo antes de la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 9,3% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y rozó los 2,66 billones de euros.

Según las Cuentas Financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de marzo de 2026 exactamente hasta los 2,658 billones de euros y el avance se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión.

Los activos financieros de los hogares -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- aumentaron un 8,15% frente a un año antes, hasta los 3,46 billones.

En relación con el producto interior bruto (PIB), los activos financieros netos representaron un 202,3% al cierre del primer trimestre de 2026, y la riqueza financiera neta, una vez descontadas las deudas, supuso el 155,3%, frente al 149,5% en promedio desde el 2022.

El grueso de los activos financieros de los hogares españoles se mantuvo en efectivo y depósitos, que sumaban el 33,3% del total; seguido de participaciones en el capital (32%); en fondos de inversión (17,3%), y seguros y fondos de pensiones (11,5%).

El Banco de España explica que se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

La deuda de familias y empresas

La deuda consolidada de los hogares y las empresas ascendió a 1,798 billones de euros a finales del primer trimestre de 2026, un 2,8% más que un año antes.

En el caso de los hogares, la deuda aumentó y pasó de 700.000 millones de marzo de 2025 a 728.000 millones a cierre del primer trimestre de 2026.

Respecto al PIB, sin embargo, la ratio de deuda de los hogares disminuyó hasta el 42,5%, el nivel más bajo desde finales de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó desde los 1,049 billones de marzo de 2025 a los 1,07 billones de cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone, sin embargo, el 62,5 % del PIB, el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2001.

La evolución de la deuda consolidada de las empresas se explica, principalmente, por la menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, que fue más que compensada con la evolución de las operaciones en el caso del resto de instrumentos.

En cuanto a las Administraciones Públicas, las operaciones consolidadas de los activos en el primer trimestre de 2026 alcanzaron el 1,3 % del PIB, nivel en línea con el promedio desde 2022, que se explica principalmente por las transacciones de efectivo y depósitos y de los otros activos.

Las operaciones por el lado del pasivo en las Administraciones Públicas se situaron en el 3,6% del PIB, por debajo del promedio desde 2022, debido a los valores representativos de deuda y los préstamos, añade el Banco de España.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considera que el problema del elevado número de bajas laborales en España es “muy complejo” y deriva, entre otros aspectos, de “la mala distribución de competencias entre administraciones públicas”.

En declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en los cursos de verano de El Escorial, Escrivá ha comentado las declaraciones que realizó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró que el “absentismo” es “un cáncer” y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

“Es un problema muy importante y complejo”, ha dicho Escrivá, quien ha situado su origen en que “la restricción presupuestaria fundamental la tiene la Seguridad Social, pero las decisiones sobre las bajas las toman los servicios de salud de cada comunidad autónoma y, a veces, la conexión y la coordinación entre estos dos niveles no funciona”.

Por ello, ha instado a buscar soluciones, como reforzar el papel de las mutuas de accidentes de trabajo, que “podrían claramente contribuir más y los servicios de salud de las comunidades autónomas podrían descansar más para todas estas cosas”.

El gobernador ha recordado que el informe anual del Banco de España del año pasado ya ponía el foco en “la dinámica de los últimos años de crecimiento muy fuerte del absentismo laboral, que nos pone en una de las situaciones más elevadas a nivel europeo”, algo que además supone “un problema para la competitividad de las empresas”.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) recull aquest dimarts l'acord del Consell de Ministres pel qual es renova el catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques Carles Manera com a membre del Consell de Govern del Banc d'Espanya per un altre període de sis anys.

Segons ha informat el Banc d'Espanya a través d'un comunicat, Carles Manera va ser nomenat inicialment per al càrrec el juliol de 2020. Des del 2023 ha presidit la comissió d'Auditoria del Banc d'Espanya.

Ara, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, ha aprovat la seva renovació com a conseller no nat del Consell de Govern del Banc d'Espanya per un altre període de sis anys.

Nascut el 1957 a Palma, Manera és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i en Història per la Universitat de les Illes Balears, de la qual va ser vicerector de Planificació Econòmica i Administrativa.

Entre el 2007 i el 2011 va ser conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern balear i va presidir el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears entre el 2017 i el 2020.

És autor d'11 llibres i ha publicat més de 255 treballs especialitzats en economia i història econòmica. Ha obtingut diversos reconeixements, com el Premi Extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat, el Premi Catalunya d'Economia i el Premi Ciutat de Palma d'Investigació.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este martes el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se renueva al catedrático de Historia e Instituciones Económicas Carles Manera como miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Según ha informado el Banco de España a través de un comunicado, Carles Manera fue nombrado inicialmente para el cargo en julio de 2020. Desde 2023 ha presidido la comisión de Auditoría del Banco de España.

Ahora, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha aprobado su renovación como consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España por otro periodo de seis años.

Nacido en 1957 en Palma, Manera es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y en Historia por la Universitat de les Illes Balears, de la que fue vicerrector de Planificación Económica y Administrativa.

Entre 2007 y 2011 fue consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear y presidió el Consell Economic i Social de les Illes Balears entre 2017 y 2020.

Es autor de 11 libros y ha publicado más de 255 trabajos especializados en economía e historia económica. Ha obtenido diversos reconocimientos, como el Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado, el Premio Catalunya de Economía y el Premio Ciudad de Palma de Investigación.

Como un fantasma del pasado, las hipotecas vuelven a estar en la lupa de los reguladores y supervisores. Las entidades financieras saben que uno de sus productos estrella, con el que fidelizan clientes, está en el radar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Al mismo tiempo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Junta Europea de Riesgo Sistémico piden a España que ponga límites y restrinja la concesión crediticia ligada a la compra de vivienda.

Todo el sector recalca que la situación actual nada tiene que ver con la de hace casi dos décadas, ni en cuanto a los colchones de capital con los que cuentan las entidades financieras, ni respecto a las facilidades a la hora de conceder las hipotecas o las ratios de mora, de impagos, por parte de los clientes. Sin embargo, las voces que hablan sobre esa actividad crediticia se han multiplicado a lo largo de las últimas semanas.

Como referencia, en esa primera década de 2000, el despegue de las hipotecas estuvo ligado a la burbuja y a que se disparara el número de viviendas construidas. Fue el 'boom' del ladrillo. “La mayor parte de las nuevas deudas de las familias estuvo dirigida a la compra de viviendas, de la misma manera que una parte significativa del crédito a sociedades se destinó a la promoción inmobiliaria”, reconocía el Banco de España en su Informe Anual de 2008. “El número de transacciones inmobiliarias creció exponencialmente (llegando a alcanzar 955.000 en 2006), al tiempo que la construcción de nuevas viviendas se incrementó sustancialmente, de manera que el parque de viviendas aumentó a una tasa anual media del 2,7% entre 1995 y 2007 (de 18,3 a 25,1 millones), auspiciada también por la evolución alcista de los precios y por las expectativas de revalorización”, ahondó.

Ahora, sin embargo, se constituyen muchas menos hipotecas que hace 20 años, como se constata en el siguiente gráfico. 

A diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, actualmente, el Banco de España asegura que hacen falta más viviendas y cifra el déficit en 750.000 casas. Sin embargo, al mismo tiempo, admite que está estudiando limitar la concesión de hipotecas.

“Somos el único país de Europa, con Italia, que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya”, reconocía el martes, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Ese organismo europeo que mencionó Escrivá es el encargado de la supervisión macroprudencial de todo el sistema financiero de la UE y está encabezado por la presidenta del Banco Central Europeo. 

Escrivá admitió que el Consejo de Gobierno del Banco de España está realizando un “análisis sin precedentes” para decidir si introduce o no restricciones, que afectarían a las hipotecas de más riesgo, a las que se conceden, por ejemplo, a jóvenes. Un movimiento que, de facto, supondría una intervención sobre el negocio bancario. “Vemos cómo de eficaz puede ser una restricción y su efecto, pero al mismo tiempo vemos si no tiene efectos indeseados, porque son medidas intrusivas sobre el negocio bancario”. “Puede estar justificado restringir cómo dan las hipotecas”, asumió, “pero tenemos que estar seguros de que las medidas son eficaces y no estamos creando efectos adversos, a jóvenes, a hogares, crear disrupciones entre comprar o alquilar. Aspiramos a parametrizar si lo llegamos a hacer, para que no creemos efectos indeseados”. 

Algunas entidades ya han reaccionado a los posibles límites al mercado hipotecario. “En términos generales, estoy muy de acuerdo con que intervenir mercados que están funcionando perfectamente no suele ser positivo”, aseguró el 'country manager' de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, durante el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. 

En ese mismo evento, la presidenta de Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, defendió que “el mercado hipotecario español es competitivo” y que “funciona adecuadamente”. “El gobernador ya ha dicho que no ve necesarias las medidas, en este momento”, matizó la responsable de la patronal que agrupa a Santander, BBVA o Banco Sabadell, entre otras.

Competencia analiza las declaraciones de directivos

Al mismo tiempo que organismos internacionales piden límites en la concesión de hipotecas a los clientes que pueden tener más problemas para devolverlas, Competencia investiga si ha habido algún tipo de acuerdo entre las entidades en cuanto a las condiciones de los créditos. En concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando las “declaraciones” por parte de directivos del sector “sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo”. “Tales declaraciones”, justificó el organismo presidido por Cani Fernández, “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”.

Los bancos lo niegan. Afirman que sus políticas financieras y de negocio no quedan determinadas por lo que aseguren en declaraciones públicas, como las presentaciones de resultados. Esas estrategias corporativas, indican, “no dependen de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”, justificó a los medios el presidente de BBVA, Carlos Torres en el mismo curso de verano.

También la presidenta de la AEB opinó al respecto. “Nos sorprende porque sabemos que somos el mercado hipotecario más competitivo de Europa, el tercero más barato detrás de Malta y de Bulgaria”, aseguró en Santander. Defendió que, en España, las hipotecas son casi un punto porcentual más baratas que la media Europea. “Y esto refleja la mayor competencia y competitividad que tiene nuestro mercado hipotecario”, justificó. “Estoy segurísima de que las entidades cumplen a rajatabla las normativas”. También señaló que hay procesos similares llevados a cabo por la CNMC que “se han archivado y entendería que a este le pasase lo mismo, pero no quiero especular porque es muy reciente”.

Fuentes del sector bancario indican a elDiario.es que “en el mercado conviven modelos de negocio distintos: grandes bancos nacionales, entidades regionales, banca online, cooperativas de crédito y sucursales extranjeras y la competencia no se limita al tipo de interés, sino que incluye comisiones, vinculación, bonificaciones, financiación máxima, plazos y servicios asociados”. También, que el hecho de que “distintas entidades lleguen a conclusiones similares sobre la evolución del mercado no implica coordinación, sino reacción racional a información pública compartida”.

Al mismo tiempo, defienden que, en marzo, España se mantuvo como el tercer mercado con menor coste hipotecario de la zona euro, con un tipo del 2,75%, cuando en el conjunto de los países de la moneda única llega al 3,35%. 

Según los datos publicados por la Asociación Hipotecaria Española, a cierre de 2025, el saldo vivo de las hipotecas en España rozó, en total, los 619.000 millones de euros, niveles similares a los de 2022, con un crédito de dudosidad ligado a la compra de vivienda inferior al 2%. Y es un mercado que crece, en el mes de abril se constituyeron más de 40.000 hipotecas, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El importe medio de estas operaciones alcanzó los 173.331 euros, un 11% más que un año antes.

Escala el número de hipotecas y el importe contratado y, también, caminan al alza tanto los tipos en la eurozona como el Euribor, el índice que sirve de referencia para las acordadas a tipo de interés variable. Este último alcanzó en mayo el 2,8%, el nivel máximo en 20 meses. Mientras el BCE elevó hace unas semanas los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, rompiendo la estrategia marcada en septiembre de 2023 y a la espera de ver qué ocurre el mes que viene, si decide seguir por esa senda para contener las presiones inflacionistas.

El Tesoro Público español se prepara para afrontar un mes de julio cargado de actividad financiera con el objetivo de captar liquidez en los mercados. Tras cerrar las operaciones de junio, el organismo ya ha fijado en su calendario las fechas clave para la emisión de nuevos valores de deuda pública a corto plazo. En este contexto, los inversores particulares y grandes instituciones centran su mirada en las próximas subastas que tendrán lugar durante las dos primeras semanas del mes estival. Estas emisiones son especialmente seguidas por quienes buscan refugio en activos de bajo riesgo ante la volatilidad económica actual. 

El organismo emisor mantiene una transparencia absoluta en su planificación anual, permitiendo que los ciudadanos conozcan con antelación los días exactos de las operaciones. De hecho, ya se ha iniciado la cuenta atrás para que los interesados preparen sus peticiones de suscripción. La popularidad de estos instrumentos no ha dejado de crecer debido a la atractiva rentabilidad que vienen ofreciendo en los últimos tiempos. Es un momento crucial para aquellos que desean rentabilizar sus ahorros con la máxima seguridad que ofrece el Estado español.

La primera de las grandes citas en el calendario de julio está programada para el día 7, momento en que se subastarán dos tipos de valores. Se trata de las letras a seis y doce meses, que representan una de las opciones favoritas para el ahorro con vencimiento a medio plazo. Para participar en esta puja, el Tesoro establece fechas límite muy estrictas que los ahorradores deben tener presentes para no quedar fuera. En el caso de realizar la solicitud de forma telemática, el plazo máximo para presentar las peticiones online expira el 3 de julio. Quienes prefieran acudir de manera presencial a las sucursales del Banco de España tienen un margen similar, requiriendo siempre una cita previa. 

El valor nominal mínimo para entrar en esta subasta se mantiene en los 1.000 euros, permitiendo así el acceso a pequeños ahorradores. Es fundamental recordar que estas inversiones se realizan en tramos múltiplos de dicha cantidad, asegurando una estructura de deuda organizada. Estas letras a seis y doce meses suelen atraer el mayor volumen de capital en las subastas del Estado. Exactamente una semana después, el 14 de julio, el Tesoro Público volverá a abrir sus puertas para subastar los otros dos tipos de letras. En esta ocasión, el protagonismo recaerá sobre los títulos con vencimientos más breves e intermedios, concretamente las letras a tres y nueve meses. Esta segunda vuelta mensual completa el cuarteto de instrumentos de deuda a corto plazo que el Estado pone a disposición de los ciudadanos. 

Para esta subasta específica, los inversores disponen de un margen adicional, pudiendo presentar sus peticiones online hasta el día 10 de julio inclusive. Al igual que en la emisión anterior, el proceso garantiza que tanto minoristas como grandes fondos puedan competir en igualdad de condiciones técnicas. Las letras a tres meses son valoradas por su extrema liquidez, mientras que las de nueve meses ofrecen un equilibrio temporal muy demandado. El calendario oficial muestra que la emisión efectiva de estos títulos se producirá el 17 de julio, cerrando el ciclo. Resulta vital para el inversor coordinar sus fondos, ya que el pago de las adjudicaciones debe realizarse en las fechas señaladas.

El funcionamiento técnico de estos valores del Estado se basa en un sistema de emisión al descuento que resulta muy sencillo de comprender. A diferencia de otros productos financieros, las letras del Tesoro no pagan un cupón periódico o intereses anuales de forma explícita. La rentabilidad real para el comprador se genera a través de la diferencia entre el precio de compra y el valor de reembolso. Esto significa que el inversor adquiere cada letra por un importe inferior a su valor nominal de 1.000 euros en el momento inicial. Al llegar la fecha de vencimiento o amortización de la deuda, el Estado abona la totalidad de los 1.000 euros al titular. 

Es decir, si por ejemplo se adquiere un título por 970 euros, la ganancia bruta al finalizar el periodo será de 30 euros por unidad. Este método permite conocer de antemano la rentabilidad mínima que se obtendrá, aportando una gran seguridad al plan de ahorro. Para el cálculo preciso de estos rendimientos se aplican fórmulas financieras estandarizadas que consideran los días exactos hasta el vencimiento. El mercado secundario también permite negociar estos valores antes de que se cumpla su plazo de vencimiento final.

Al participar en una subasta, el inversor tiene la posibilidad de elegir entre realizar una oferta de carácter competitivo o no competitivo. En las ofertas no competitivas, el interesado simplemente indica la cantidad de dinero que desea invertir sin especificar un precio concreto. Bajo esta modalidad, el suscriptor acepta el precio medio ponderado que resulte de la subasta una vez que se hayan resuelto todas las pujas. Por el contrario, en las ofertas competitivas se debe indicar tanto el montante económico como el precio que se está dispuesto a pagar. El Tesoro Público emplea el sistema holandés combinado con el método de subasta convencional para determinar las adjudicaciones finales. Este proceso implica que las ofertas se clasifican de mayor a menor precio, aceptando aquellas que superan el mínimo fijado por el emisor. 

Las peticiones no competitivas son las primeras en ser atendidas por el organismo oficial, asegurando así su colocación prioritaria. Una vez cubierto el volumen previsto, se calcula el tipo de interés medio que regirá para el resto de los participantes. Este mecanismo busca optimizar el coste de la deuda para el Estado y ofrecer condiciones de mercado justas.

Vías para comprarlas

Existen diversas vías para tramitar la compra de estas cuatro letras del Estado, adaptándose a las necesidades de cada perfil de usuario. La opción más ágil actualmente es el servicio de compraventa de valores a través de la página web oficial del Tesoro Público. No obstante, este canal requiere que la suscripción se realice con al menos siete días de antelación respecto a la fecha de subasta. Concretamente, el plazo online se cierra a las 23:00 horas del séptimo día anterior para garantizar la correcta gestión de los fondos. Otra alternativa clásica es acudir físicamente a una de las sucursales del Banco de España distribuidas por todo el territorio nacional. Es indispensable concertar una cita previa y respetar el horario de atención, que suele ser de 8:30 a 14:00 horas. Además, las entidades bancarias privadas también actúan como intermediarios, facilitando el proceso a sus clientes a cambio de posibles comisiones. Para los inversores particulares que no son miembros del mercado primario, se exige a veces un depósito previo como garantía. 

En definitiva, las próximas subastas de julio representan una oportunidad clave para consolidar el ahorro en un producto con respaldo estatal. La tendencia alcista de los intereses en las letras del Tesoro, que han alcanzado niveles máximos desde 2024, justifica el interés masivo. Comparadas con los bonos y obligaciones a largo plazo, las letras ofrecen una flexibilidad temporal que se adapta mejor a la incertidumbre. El inversor conservador valora especialmente la garantía de recuperar su capital principal íntegro junto con la rentabilidad pactada en el proceso. Además, la sencillez del producto evita sorpresas desagradables ligadas a la volatilidad de los mercados de renta variable. 

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha comparecido este martes ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para hacer balance de la institución a lo largo del último ejercicio. Y, como ya publicó el Banco de España hace solo unos días, la vivienda centra gran parte de la atención de este análisis. También ha apuntado que el organismo que encabeza está estudiando medidas para restringir el crédito hipotecario, como han reclamado organismo internacionales, como el FMI o la Junta Europea de Riesgo Sistémico, aunque no se ha tomado una decisión al respecto por el impacto que puede tener en el sector financiero.

Escrivá ha hecho énfasis en la falta de oferta, en los problemas de coordinación de las diferentes administraciones públicas para solventarlo y en relevancia de la situación. “Nos parece importante, viendo los problemas de accesibilidad de colectivos y de personas jóvenes”, ha indicado. “Hay muchas razones, desde el punto de vista macroeconómico, por las que nos parece que hay que plantearlo como una emergencia nacional”.

“Es un problema multicausal”, ha argumentado el gobernador. “Hay múltiples factores” porque “las administraciones públicas, en vivienda, tienen una responsabilidad compartida”. “La coordinación no ha sido la mejor posible”. Ha indicado, por ejemplo, que tras la producción masiva de suelo con la burbuja se “paralizaron muchísimos desarrollos”. También, que “faltan infraestructuras” y que existen problemas del sector de la construcción, con una clara caída de la productividad.

Falta vivienda pública

En ese contexto, Escrivá ha puesto el foco en la falta de vivienda pública en alquiler. Ha puesto como ejemplo países como Dinamarca o Austria, que tienen una ratio de vivienda pública de una de cada cinco. “En Holanda, una tres”, En cambio, “en España, es una de cada 65” viviendas. “Ponemos los datos sobre la mesa”, ha apuntado. “Sigue sin abordarse el problema de la vivienda, sobre todo del alquiler accesible, desde el lado público”.

En cuanto a las posibles soluciones, Escrivá ha señalado que “hay que aumentar la oferta” y dar “un mayor papel de las entidades locales” en el desarrollo de vivienda pública. También, fomentar la vivienda industrializada. “Hay que buscar soluciones, la rehabilitación de las viviendas vacías” y ahí ha apuntado que iniciativas como las recogidas en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en lo vinculado a la rehabilitación, “han tenido un efecto modesto”. Escrivá también ha indicado la necesidad de “ajustar la Ley del suelo” porque “hay bastante consenso al respecto”. “Hay que reforzar las administraciones locales, si son muy pequeñas tienen que tener ayuda de las comunidades autónomas. Tiene que ser una prioridad, ayudar a los ayuntamientos más pequeños; y una planificación metropolitana y de infraestructuras”.

Donde llama a más prudencia es respecto a la política de demanda. “Mientras no haya oferta, hay problemas de presión social”. “Concluimos que las políticas de demanda tienen que ser transitorias, la política fundamental es la expansión de la oferta”. En ese sentido, ha ahondado que las políticas de demanda “hay que diseñarlas con cuidado, porque si protegemos a una parte de los demandantes o tensores en el ámbito de alquiler, se puede expulsar a otros del mercado”. Sin embargo, ha asumido que “puede tener sentido limitar los usos no residenciales y políticas muy focalizadas”.

Analiza límites en la concesión de hipotecas

Escrivá ha insistido en varias ocasiones en que no estamos en una situación similar a la de la burbuja inmobiliaria. “Estamos muy lejos en la carga total de la deuda”, ha recalcado. “Lo seguimos muy de cerca porque el Consejo de Gobierno [del Banco de España] podría poner límites a los estándares de concesión de créditos, con carácter general más allá de la supervisión micropudencial, a cada entidad”.

El gobernador del Banco de España ha apuntado que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) “con la historia que tiene España, insiste en que valoremos estas medidas. Estaos haciendo un análisis sin precedentes, publicaremos una monografía sobre la posibilidad de poner límites a la concesión de hipotecas”, ha adelantado.

“Lo vemos como un dilema entre eficiencia y eficacia. Tenemos que asegurarnos que vamos a ser eficaces. Si lo hacemos es porque el crédito está creciendo mucho, queremos contener el precio de la vivienda o que las entidades no tengan un aumento de la morosidad”, ha enumerado como opciones. “Vemos cómo de eficaz puede ser una restricción y su efecto, pero al mismo tiempo vemos si no tiene efectos indeseados, porque son medidas intrusivas sobre el negocio bancario”, ha reconocido. “Puede estar justificado restringir cómo dan las hipotecas”, las entidades financieras, “pero tenemos que estar seguros de que las medidas son eficaces y no estamos creando efectos adversos, a jóvenes, a hogares, crear disrupciones entre comprar o alquilar”, ha indicado. “Aspiramos a parametrizar, en su caso, si lo llegamos a hacer, para que no creemos efectos indeseados”, ha concluido.

“Obviamente que vamos a escuchar al sistema bancario español, a las autoridades europeas, al Gobierno, al resto de supervisores”, ha aseverado Escrivá. “Vamos a ser extremadamente prudentes. No tenemos previsto introducir estas medidas por el momento, pero es nuestra responsabilidad analizar el mercado inmobiliario”.

“Somos el único país de Europa con Italia que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya. Y no lo estamos haciendo porque lo estamos mirando, porque puede afectar que gente joven con bajos recursos”. “Vamos a tomar las decisiones con extremada prudencia, pero no por lo que diga la Asociación Española de la Banca (AEB), ha indicado en respuesta a la diputada del PP, María Pilar Alía.

Sobre el sector financiero, Escrivá ha indicado que, a diciembre de 2025 y comparado con la media entre 2014 y 2019, antes del COVID, “los bancos son más rentables, doblan el ratio de rentabilidad y son bastante más eficientes, han mejorado la ratio de eficiencia en 10 puntos”. Eso, ha incidido el gobernador del Banco de España “ha venido acompañado por una mejora de crédito” y por un recorte de la ratio de mora, que ha pasado del 9% al 2,6%. También ha apuntado que los indicadores de liquidez siguen estando a niveles muy altos, con una ratio de capital de alta calidad que ha pasado del 12,4 al 13,9%.

En esa misma comparecencia, el portavoz de Economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, ha indicado que su grupo parlamentario llevará al Banco de España a la Audiencia Nacional si la institución no acata la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a informar sobre los beneficios que obtuvieron las entidades financieras con los depósitos en el Banco Central Europeo (BCE). El Banco de España ofreció a los diputados una “sala de lectura” en sus instalaciones para que accedieran a los detalles sobre esos ingresos. “Quieren exhibir el folio de datos en una sala de su sede, nos obliga hacer un procedimiento de incumplimiento de sentencia en la Audiencia Nacional”, ha indicado Martín Urriza.

El precio real (ajustado a la inflación) de la vivienda en Canarias ha crecido casi un 4% anual entre 2014 y 2025, lo que supone cerca del doble que la media nacional (más de 2%), si bien se sitúa por debajo de Madrid y Baleares, que lideran las alzas, mientras que el del alquiler ha aumentado un 1,7 % anual en esos diez años en las islas.

Según los datos del Informe Anula 2025 que elabora el Banco de España y que han sido difundidos este lunes, este aumento sostenido de los precios se traduce en un elevado esfuerzo por parte de los hogares para acceder a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.

En concreto, en 2024, los hogares canarios debían destinar en torno a 6,7 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda y el 26,4% de su renta neta al arrendamiento, en línea con la media de España.

La nota señala que la evolución de los precios y de la renta de los hogares ha sido muy heterogénea en las distintas áreas urbanas de Canarias con subidas muy significativas en Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y La Palmas de Gran Canaria, lo que se traduce en un esfuerzo mayor para acceder a una vivienda en estas zonas geográficas, sobre todo en alquiler, aunque todavía se mantienen levemente por debajo de los umbrales considerados sostenibles.

Cita como ejemplo los casos de Arrecife y Santa Cruz de Tenerife que lideran los incrementos de los precios de la vivienda, superando con creces la media autonómica.

Así mismo, expone que en Canarias, el aumento de la demanda se ha visto reforzada por la adquisición de viviendas por parte de no residentes y por el alquiler turístico.

En 2025 las adquisiciones de no residentes supusieron el 20,3% de las compraventas en provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi el 15 % en la de Las Palmas, situándose muy por encima de la media de España (7,4%), según el Banco de España.

Además, refiere que en Tenerife y Las Palmas estas operaciones han aumentado en 12,5 y 7,9 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2007 y 2025.

Las viviendas de uso turístico tienen una especial relevancia en el mercado del alquiler del área urbana y la zona turística de Las Palmas de Gran Canaria, suponiendo el 12,9 y 26,9%, respectivamente, del mercado del alquiler (datos 2025).

En Tenerife, la presión de los alquileres turísticos es menor, situándose incluso por debajo de la media de España, suponiendo un 9,6% de la oferta del área urbana y el 8,2% de la zona turística. 

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha destacado este viernes la fortaleza del sistema financiero español, pero ha advertido de que “no hay que bajar la guardia” y que es “esencial que las entidades mantengan criterios prudentes” en la financiación, tanto en los créditos como en la concesión de hipotecas. Este jueves, el mismo organismo apuntaba la falta oferta de viviendas.

Para Escrivá, el sector financiero nacional se encuentra en una posición de fortaleza, con entidades sólidas, rentables, bien capitalizadas y con una capacidad de gestión que constituye una referencia en Europa.

“La buena evolución reciente de los resultados, la mejora de la eficiencia y la calidad de los balances reflejan un esfuerzo significativo que debe ser reconocido. Y esa fortaleza cobra pleno sentido cuando se traduce en capacidad de financiación, y cuando permite que el crédito acompañe a empresas y hogares y que la banca contribuya de forma estable al crecimiento de la economía”, ha resaltado.

No obstante, ha advertido de que reconocer la solidez del sector “no significa bajar la guardia”, por lo que ha abogado por preservar esa fortaleza con una vigilancia “prudente y continua”.

En el foro “Competitividad para el crecimiento”.“El papel del sector bancario”, organizado por AEB, CECA y Unacc, el gobernador ha señalado tres ámbitos en los que esa vigilancia resulta especialmente importante.

El primero de ellos son los estándares de concesión de crédito, ya que tal y como ha detallado Escrivá, en un entorno macroeconómico positivo como el actual, es “esencial que las entidades mantengan criterios prudentes”.

Ha recordado que “los riesgos suelen acumularse en las fases favorables del ciclo, cuando la percepción de riesgo tiende a relajarse. Por eso, acompañar a la economía no debe confundirse nunca con debilitar la calidad del crédito”.

“El segundo”, ha apuntado Escrivá, “es el mercado inmobiliario”. “No estamos en 2008, y conviene decirlo con la misma claridad. El punto de partida del sistema bancario, de los hogares y de las empresas es muy distinto; la regulación y la supervisión también lo son”, ha argumentado. “Pero eso no significa que podamos ignorar las señales que puedan aparecer en determinados segmentos o territorios. La situación del mercado inmobiliario exige seguimiento, análisis granular y una actuación macroprudencial proporcionada”.

El gobernador del Banco de España ha apuntado que “actualmente, nuestro análisis apunta a que, aunque los precios de la vivienda requieren una vigilancia estrecha, el riesgo asociado al sector inmobiliario se ve contenido por varios factores: el peso todavía moderado del sector inmobiliario y de la construcción en la economía, el bajo endeudamiento de los hogares y unos estándares de concesión de crédito que siguen siendo prudentes”. “En adelante, seguiremos haciendo un seguimiento estrecho de estos indicadores”.

Amenazas de “dimensión sistémica”

Además, ha señalado la tecnología. “La digitalización, la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos y el aumento de las amenazas cibernéticas están transformando la naturaleza de los riesgos operativos. Aquí la vigilancia no puede limitarse a cada entidad por separado”, ha explicado.

“Muchas de estas amenazas tienen una dimensión sistémica, porque afectan a infraestructuras compartidas, cadenas de suministro tecnológicas y mecanismos de confianza que son comunes al conjunto del sistema. Por eso, en este terreno, el mensaje que quisiera trasladar es también un mensaje de colaboración”.

“La competencia entre entidades debe seguir siendo intensa en el negocio, en la calidad del servicio, en la innovación y en la capacidad de atraer y acompañar a los clientes”, ha concluido Escrivá. “Pero hay ámbitos en los que cooperar más no debilita la competencia: la refuerza. La ciberseguridad, la inteligencia artificial responsable, la resiliencia operativa y determinadas infraestructuras tecnológicas comunes son espacios naturales de cooperación sectorial”.

La crisis de la vivienda en España no deja de agravarse y el déficit de casas acumulado entre 2021 y 2025 alcanzó las 750.000, según los cálculos del Banco de España, tras un nuevo año en el que la creación de hogares (240.000) más que duplicó la construcción de nuevos domicilios en el país (92.000). Esta cifra es un 9% inferior a la de 2024.

El supervisor ha publicado este jueves su Informe Anual 2025, en el que dedican un extenso capítulo a analizar la situación del mercado inmobiliario en el país y confirman que, a pesar de los esfuerzos de las administraciones públicas, la situación está lejos de mejorar. Sobre todo para los jóvenes, un colectivo para el que cada vez es más difícil emanciparse, alerta el Banco de España, ya sea a través de la compra o incluso del alquiler.

El Banco de España actualiza el análisis que ya hizo hace dos años, en el documento del año 2023, cuando ya apuntaban a un déficit de vivienda (las casas construidas menos los hogares creados) en el entorno de las 600.000. Ahora, la entidad que preside José Luis Escrivá constata que existe una “elevada heterogeneidad territorial” y que más de la mitad (52,5%) de esa falta de domicilios se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, València, Murcia y Málaga.

Esas diferencias regionales son un “hecho relevante”, a juicio del Banco de España, ya que arrojan que “no existe un único mercado de la vivienda, sino una multitud”, y esto es una singularidad en la recuperación del sector inmobiliario desde 2014, en comparación con otros ciclos expansivos anteriores.

Si bien el problema no es solo español, la cifra de nuestro país (750.000) casi dobla la cifra del déficit acumulado en Italia en el mismo periodo (400.000). En términos relativos al número de hogares residentes, eso supone un 3,7% en España, frente al 1,5% en Alemania o al equilibrio en Francia. Solo Alemania, a pesar de –o gracias a– su situación de estancamiento económico ha sido capaz de construir más viviendas que hogares se han creado.

A futuro, fuentes del Banco de España subraya que el escenario para esta falta de casas “no es muy halagüeño”, dado el vigor de los flujos migratorias y la creación de hogares, frente a las restricciones que se están encontrando por parte de la construcción de viviendas. La perspectiva es que este déficit aumente en los próximos años, hasta que la creación de casas no supere el factor demógrafico, como sucedía a principios de siglo.

Las restricciones en la oferta de vivienda, subraya el supervisor: por un lado, las trabas en la gestión urbanística y la oferta del suelo. Algo que se ha intentado solventar con una reforma de la Ley del Suelo que ya ha decaído varias veces en el Congreso. Y otros vinculados con la baja productividad del sector constructor o la falta de mano de obra. A finales de los 90, el empleo en el sector de la construcción representaba el 11% del empleo total. La proporción, a día de hoy, es solo del 7%, por lo que esa demanda de factor trabajo no se encuentra satisfecha a pesar de los flujos migratorios.

Las viviendas turísticas se comen el 10% del mercado del alquiler

Este déficit de casas creadas ya se está comiendo buena parte del stock de vivienda que se creó durante el boom inmobiliario de los 2000. Según los datos oficiales del Gobierno, aún quedarían 450.000 viviendas sin vender de aquella época. pero “una buena parte de estas viviendas no se adecuarían a las preferencias de la demanda debido a su localización y estado de conservación”.

De acuerdo con el documento, ahora mismo el parque de vivienda en las provincias de Madrid y Barcelona tendría una capacidad para aumentar la oferta residencial entre 300.000 y 350.000 hogares. Pero es difícil su movilización dado que ahora mismo están enfocadas en otros usos, como la vivienda turística, segundas residencias o están desocupadas y sin tener claras sus circunstancias de habitabilidad.

Las viviendas turísticas presionan al alza la demanda y, sobre todo, en el mercado del alquiler, donde representan en torno al 10% del mercado total. Entre 2021 y 2024 se produjo una aceleración de este mercado, llegando a alcanzar las 400.000 casas de alojamiento temporal para visitantes, pero las limitaciones impuestas y el desplazamiento a usos alternativos –como el alquiler de temporada– ha explicado que la cifra se recorte hasta 355.000 en 2025, de acuerdo con la entidad.

El resultado es que el acceso a la vivienda cada vez es más complicado, sobre todo en el caso de los jóvenes. Los precios de compra y alquiler suben por encima de los salarios. Ahora mismo, todos los hogares en alquiler de España deberían destinar 6,8 años de renta íntegra para comprar una vivienda. Esta ratio se eleva a los 7,5 en el caso de los jóvenes o nacidos fuera de España. Pero, para las capitales de provincia más tensionadas, como Madrid o Barcelona, puede superar los 10 años.

El efecto inmediato es que la proporción de jóvenes con vivienda en propiedad ha pasado del 41% en 2007 al 22% en 2025, un “efecto dramático”, según fuentes de la dirección de economía de la entidad. Y el efecto es menor porque la proporción de jóvenes en esta franja de edad se ha reducido en dos décadas: entonces eran el 25% de la población, y ahora solo el 18%.

La deuda pública de Cantabria se situó en 3.216 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 16,9% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos publicados este martes por el Banco de España.

La deuda pública cántabra aumentó en un millón de euros respecto al cierre del año pasado (+0,03%) pero se redujo en 19 millones si se compara con el primer trimestre de 2025 (-0,58%), según el Protocolo de Déficit Excesivo.

La cifra actual de deuda, en términos absolutos, es la tercera más baja registrada en Cantabria desde 2019 -después de los 3.234 millones del cuatro trimestre de 2024 y de los 3.215 del trimestre anterior-, y la tercera menor en el primer trimestre del año tras La Rioja (1.888 millones) y Navarra (2.451 millones).

En relación al PIB, la deuda de Cantabria entre enero y marzo asciende al 16,9%, que son tres décimas menos que en último trimestre de 2025 (17,2%) y 1,2 puntos inferior a la del mismo periodo del año anterior, cuando era del 18,1% del PIB. En este caso, hay que remontarse a 2012 para encontrar un volumen de deuda menor en relación al PIB en Cantabria. Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, el porcentaje de la comunidad es el séptimo más bajo de las regiones.

La deuda nacional crece un 4,3%

En España, la deuda de las administraciones públicas se situó en el primer trimestre en máximos de 1,740 billones de euros, tras elevarse un 4,3% en términos interanuales, aunque moderó su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) al 101,6% respecto al mismo período del año anterior, 1,7 puntos porcentuales menos.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,740 billones) aumentó en 72.125 millones de euros, un 4,3% más respecto al primer trimestre del año pasado, al tiempo que registró un incremento de 41.276 millones respecto al cuarto trimestre de 2025, un 2,4% más.

Con estos crecimientos registrados en este primer trimestre del año, el dato avanzado por el Banco de España supera el máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 2025, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

Cinco CCAA por debajo del umbral

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el primer trimestre de 2026 la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) fue de 346.910 millones de euros (20,3% del PIB), con un crecimiento interanual del 2,6%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,4%, seguida de la Región de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).