“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

El Gobierno empieza a desactivar este lunes el plan anticrisis para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio con el fin de la rebaja del IVA para la luz y el gas, sin aclarar qué medidas se mantendrán más allá del 30 de junio.

El IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá este 1 de junio al tipo general del 21%, tras un mes y medio a tipo reducido (10%), y también finalizará la rebaja del impuesto especial de electricidad, con lo que pasará del 0,5% al 5% habitual.

El paquete anticrisis aprobado el pasado 20 de marzo incluía una serie de medidas que, en principio, iban a estar en vigor hasta el 30 de junio, pero preveía la desactivación temprana de algunas de ellas si los precios de los suministros se contenían en abril, como ha sucedido para la electricidad y el gas.

Los carburantes, en cambio, mantendrán sus bonificaciones —rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos para el impuesto de hidrocarburos— dado que su inflación en abril se mantuvo muy por encima del umbral del 15% fijado por el Gobierno para su desactivación —los combustibles líquidos subieron un 51,7% y el gasóleo, un 28,2%—.

También continuarán en vigor hasta el 30 de junio otras medidas incluidas en el paquete, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

Continuidad de las medidas

Esta misma semana el Gobierno ha mantenido una reunión de alto nivel con los agentes sociales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y empezar a “calibrar” qué políticas de apoyo serán necesarias más allá del 30 de junio.

Tras este primer encuentro, CCOO y UGT han reclamado una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada de precios asociada al conflicto, así como el mantenimiento de la rebaja del IVA y una ayuda de 300 euros para las personas con ingresos bajos.

El Gobierno ha defendido que el plan está “está cumpliendo su objetivo” y ha avanzado que se reunirá en las próximas semanas con agentes sociales y sectores económicos para abordar la continuidad o adaptación de las medidas anticrisis.

La inflación podría llegar al 4%

Aunque en los dos últimos meses se ha contenido el índice de precios de consumo (IPC) —en mayo se mantuvo en el 3,2%—, varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año, como Funcas, que la sitúa en el 3,4% de media, ocho décimas por encima de las proyecciones anteriores.

El panel de Funcas correspondiente al mes de mayo muestra que también han revisado al alza sus previsiones medias de IPC para 2026 la Cámara de Comercio de España (3,2%), CEOE (3%) y el Instituto de Estudios Económicos (3%), en todos los casos medio punto más que en el panel de marzo.

La inflación podría alcanzar tasas del 4% en verano si se revierten las medidas, advierte Funcas, que en sus últimas previsiones planteó un escenario alternativo más adverso, con el precio del petróleo en 115 dólares, lo que situaría la tasa media de inflación de 2026 en el 4%.

En el caso de los alimentos no elaborados, que en abril se encarecieron un 4,6%, Funcas apunta a que podrían aumentar sus precios en un 7% a partir del verano y en otoño, ya que la subida de los fertilizantes por el conflicto tardará unos seis meses en llegar a los consumidores.

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la aprobación de una ayuda de estado de 9.000 millones de euros para que España ponga en marcha el sistema antiapagones que el Ministerio para la Transición Ecológica planteó a principios de 2025 y “garantizar que exista capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de manera flexible y que la producción de electricidad satisfaga la demanda prevista”. La propuesta permitirá que el Gobierno conceda subvenciones millonarias a las compañías energéticas para garantizar el suministro eléctrico en momentos de desajuste entre oferta y demanda y a la gran industria para que reduzca su consumo energético en momentos de pico de demanda.

Meses antes del histórico apagón generalizado que dejó a la Península Ibérica sin energía el pasado 28 de abril de 2025, Transición Ecológica diseñó la puesta en marcha de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español para asegurar el suministro eléctrico por unas centrales que puedan inyectar energía cuando quieran, recurrir a electricidad almacenada o reducir el consumo de la gran industria, todo ello bajo pago. Meses después del apagón, que según todos los informes estuvo relacionado con problemas en el control de tensión, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico español, también pidió a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) cambios “urgentes” en cuatro procedimientos de operación del sistema eléctrico tras detectar “variaciones bruscas de tensión” y “ante el riesgo para la seguridad del suministro”. 

El mecanismo de capacidad que ha aprobado Bruselas estará abierto a proyectos que “abarcan la generación de electricidad, la respuesta de la demanda (partes que reducen su consumo en respuesta a la reducción del suministro) y el almacenamiento (sujeto a criterios de admisibilidad medioambiental)”. El presupuesto de la medida, calculado a partir de las estimaciones de la Comisi´no Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9.000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.

En este nuevo mercado participarán la generación, el almacenamiento y la demanda –consumidores y agregadores–, que percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad o bien por reducir el consumo. Su coste recaerá financiará principalmente en la comercialización de electricidad, con mayor peso en las horas de mayor estrés del sistema eléctrico, con el consiguiente traspaso a la factura final.

La Comisión ha evaluado la medida española con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y ha constatado que “es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad”.

Además se trata de una medida “proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales” y “se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva”.

“Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por MW de capacidad disponible durante una situación de escasez. Como consecuencia de ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros. La medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia”, concluye la institución europea.

En el informe final de ENTSO-E, los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, sobre el apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 reveló que fue provocado por “un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión” y concluye que el apagón fue el resultado de múltiples factores interactuantes y una reacción en cadena. El colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios, aunque se confirmó que las compañías eléctricas fallaron en el control de la tensión y en la capacidad de respuesta.

Tras el visto bueno de Bruselas, Transición Ecológica ha agradecido a la Comisión Europea “el intenso trabajo realizado para comprobar que la propuesta de Mercado de Capacidad para el sistema eléctrico es acorde con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad”.

El departamento de Sara Aagesen subraya que “con el nuevo mercado se conseguirán dos objetivos: asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”. El ministerio ha avanzado en la tramitación de la propuesta normativa en paralelo a las conversaciones con la Comisión Europea y espera aprobarla durante las próximas semanas.

La patronal eléctrica aelēc ha valorado “muy positivamente” la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea, y confía en que se puedan lanzar “cuanto antes las subastas” de capacidad, “tanto a largo plazo” como las de corto. Este visto bueno “supone un paso decisivo para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y avanzar en la descarbonización del sistema energético”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España”.

Según la asociación a la que pertenecen Iberdrola y Endesa, “el mecanismo de capacidad constituye una herramienta imprescindible para garantizar que el sistema eléctrico disponga de los recursos firmes, flexibles y gestionables necesarios para acompañar el despliegue masivo de energías renovables y asegurar el suministro en todo momento”.

Y es “especialmente positivo que España cuente ya con luz verde europea para implantar un esquema de pagos por capacidad alineado con el marco comunitario y con los objetivos de transición energética”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España, de forma que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y aportar señales de inversión claras y estables que aseguren el suministro”.

El Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de la ley catalana de 2015 que impide a las compañías eléctricas cortar suministros básicos como la luz y el gas en casos de pobreza energética. El Alto Tribunal entiende que la norma es incompatible con el actual sistema estatal de protección de los consumidores vulnerables.

En una resolución del Pleno conocida este miércoles, el Constitucional explica que dos de los artículos de la citada norma contradicen “la regulación estatal referida al régimen y condiciones en las que puede ser suspendido el suministro energético de luz y gas por impago, en garantía del derecho de acceso de los consumidores vulnerables, infringiendo el régimen constitucional de distribución de competencias”.

El Constitucional estima así la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) frente a la ley de Consumo promulgada en 2015 en la comunidad autónoma para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

El TSJC consideraba que dos de los preceptos de la ley eran inconstitucionales al impedir 1ue la empresa suministradora pueda proceder al corte del suministro eléctrico, una vez transcurrido un plazo de quince días sin que se haya emitido un informe por el que se determine si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial.

Esto, según la resolución, contraviene las normas estatales relativas al establecimiento de las condiciones de acceso y suspensión al suministro de energía.

El Estado, “al amparo de sus competencias en materia de regulación del sector energético y de planificación general de la actividad económica”, ha dictado una serie de normas con el objetivo de proteger a los denominados consumidores vulnerables, regulando también la posibilidad de suspender el suministro de energía, indica el Constitucional en una nota.

De hecho, el propio TC se ha pronunciado ya sobre esta cuestión, pues las normas objeto de la cuestión de inconstitucionalidad “fijan un régimen similar a otros ya declarados inconstitucionales” en 2018 y 2016. De dichas sentencias cabe entender que el Estado se encuentra habilitado “para establecer, como así ha hecho, un régimen homogéneo que asegure un tratamiento común tanto en cuanto a las consecuencias derivadas del impago del suministro eléctrico y de gas en todo el territorio nacional, como a la manera de proteger a los denominados consumidores vulnerables”.

La razón de la inconstitucionalidad es, por tanto, la contravención de ese régimen homogéneo estatal, subraya la resolución, ya que la regulación estatal vigente en el momento de plantearse la cuestión contemplaba otros mecanismos de protección del consumidor vulnerable.

Entre ellos destaca el conocido como bono social, “pero sin que hubiera excepciones o limitaciones al posible corte del suministro por impago del servicio”, indica la nota, que recuerda que ya se dio una respuesta similar en una regulación de este tipo de la Comunidad Valenciana

La Fundación Moeve y el Cabildo de Tenerife, a través del Programa Tenerife Isla Solidaria, celebraron este miércoles el acto de cierre de la última edición de la campaña Pobreza Energética CERO, una iniciativa impulsada por ambas entidades y desarrollada por Asmaer y Provivienda, para mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de familias en situación de vulnerabilidad social en la Isla. 

El acto, celebrado en el Centro Insular de Entidades de Voluntariado, sirvió para presentar los principales resultados de la campaña, reconocer el trabajo desarrollado por las entidades del tercer sector participantes y realizar una entrega simbólica de electrodomésticos eficientes vinculados a las actuaciones realizadas durante el proyecto. 

La iniciativa se ha desarrollado a través de un modelo de intervención en dos fases que ha permitido trabajar junto a 13 entidades sociales y llegar a 97 familias de distintos municipios de Tenerife mediante acciones de sensibilización, formación y acompañamiento energético personalizado. La campaña ha reforzado la capacidad de las entidades para detectar situaciones de vulnerabilidad energética y acercar herramientas y medidas de ahorro a familias con dificultades socioeconómicas, mediante asesoramiento, visitas domiciliarias y actuaciones de mejora adaptadas a cada hogar. 

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, puso en valor durante el acto “el papel fundamental del tercer sector para llegar a muchas familias y detectar situaciones de vulnerabilidad energética desde la cercanía y el acompañamiento cotidiano”, destacando además que la campaña “ha permitido generar una red de colaboración que refuerza la capacidad de respuesta y coordinación entre entidades, administraciones y recursos sociales de la isla”. 

Belén Machado, responsable de Fundación Moeve en Canarias, destacó que “la transición energética solo tiene sentido si va acompañada de justicia social y de una mejora real en la calidad de vida de las personas, además de la medioambiental”. En este sentido, valoró especialmente la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones públicas, las entidades sociales y las empresas, subrayando que “cuando todos los actores trabajan de forma coordinada es posible impulsar iniciativas que generan un impacto positivo y llegan de manera directa a las familias que más lo necesitan”. Asimismo señaló que “esta campaña ha permitido, además, aflorar y mejorar la situación, frecuentemente invisibilizada, de muchos hogares tinerfeños vulnerables”.

Formación y acompañamiento para reducir la vulnerabilidad energética

La campaña permitió desarrollar 39 sesiones informativas sobre ahorro y eficiencia energética dirigidas a 97 familias de distintos municipios de Tenerife, gracias al trabajo conjunto entre el Cabildo, Tenerife Isla Solidaria, Fundación Moeve, Provivienda, Asmaer y 13 entidades sociales de la Isla, que abarcan las asociaciones El Carmen se Mueve, Factoría Social, Signo de Vida Tenerife, Acción Social La Roca, ONG Canarias, Instituto Intercultural Canario (INCAN), Vida Con Salud, Cáritas Diocesana de Tenerife, ONG Sonrisas Canarias, Camaleón África, Raíces Compartidas, +Familia y la Fundación Canaria José Luis Montesinos.

Además, se llevó a cabo acompañamiento energético personalizado en 23 hogares de 11 municipios, con visitas domiciliarias, revisión de contratos eléctricos, análisis de hábitos de consumo y actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia y habitabilidad de las viviendas.

Entre las medidas desarrolladas destacan la entrega de 23 kits de eficiencia energética, el asesoramiento para el acceso al Bono Social Eléctrico y el suministro de 30 electrodomésticos eficientes para hogares con necesidades prioritarias. Asimismo, la campaña permitió formar a 16 profesionales y personas voluntarias como “agentes energéticos”, reforzando la capacidad de las entidades sociales para detectar y acompañar situaciones de vulnerabilidad energética desde una atención más cercana y continuada.

Continuidad de la campaña

De cara a los próximos meses, las entidades impulsoras de la campaña han avanzado su voluntad de dar continuidad a esta línea de trabajo mediante nuevas acciones centradas en la sostenibilidad y la eficiencia energética en el ámbito comunitario. La propuesta plantea seguir reforzando el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, ampliar las actuaciones de mejora en los hogares y continuar formando a profesionales y personas voluntarias para consolidar una red de apoyo cercana y especializada en materia de pobreza energética.

Esta semana se ha cumplido un año del gran apagón que dejó a España y a Portugal sin luz, sin conexión a Internet y provocó una alteración total de la normalidad en la vida de los ciudadanos de toda la Península Ibérica. Nosotros queremos recordarlo juntando los dos episodios que preparamos en su momento, tanto el que hicimos ese mismo día como otro, con más calma y reflexión. 

En el primero, el equipo de Un tema Al día, junto a la redacción de elDiario.es, se lanzó a la calle para buscar los sonidos de un apagón que ya forma parte de la historia de nuestro país.  

En el segundo, nos paramos a pensar qué nos pasó… Y hablamos con compañeros de elDiario.es y con otras personas sobre nuestra vulnerabilidad. Conocimos muchas historias, ninguna grave, ninguna acabó mal, pero que cuentan muchas emociones. Son Begoña, Sergio, Andrea, María y Margarita. 

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El Ayuntamiento de Albacete transformará el espacio urbano de la zona del Ensanche con una ampliación y mejora de zonas verdes con el objetivo de “mitigar los efectos del cambio climático” y mejorar el medioambiente urbano.

Este proyecto denominado 'Regenera Ensanche' estará cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y “permitirá invertir en los barrios de Fátima y Franciscanos más de 14 millones de euros, de los que 2,2 millones serán aportación municipal directa”, según ha infromado el Consistorio.

Islas de frescor y farolas solares

Las obras de la primera fase de aplicación del Plan consistirán en la creación de islas de frescor mediante la instalación de juegos de agua con fuentes transitables a ras de suelo en tres espacios públicos.

Estas tres actuaciones tendrán lugar en la plaza José Ramón Martínez Gualda, frente al Centro de participación ciudadana Ágora, bajo la pérgola existente; en el parque Ismael Belmonte de la plaza San Juan de Dios, ocupando el espacio circular de la fuente transitable ya instalada; y en la plaza Pablo Picasso, junto al Centro Sociocultural del Ensanche, en un espacio de 7x7 metros en la isleta peatonal.

El coste total de estas actuaciones será de 535.023,60 euros, a lo que hay que añadir el suministro de farolas solares para esas mismas plazas, que costarán 215.000 euros.

Así, el teniente de alcalde, Francisco Navarro, ha informado que “se instalarán 11 farolas solares en la plaza José Ramón Martínez Gualda y también en los puntos de la plaza San Juan de Dios que tengan espacio libre para las placas fotovoltaicas”. “Además, se instalarán seis farolas con microalgas en la plaza San Juan de Dios y un número a determinar de esos mismos elementos en la plaza Pablo Picasso junto a la nueva fuente transitable”.

El Ayuntamiento hará así “una experiencia piloto con unas luminarias que fusionan principios de biología sintética y de ingeniería eléctrica, ya que por el día absorben CO2 del aire convirtiéndolo en oxígeno y por la noche proporcionan luz”. Explican que la lámpara aprovecha la fotosíntesis del organismo y recarga su batería con energía producida en el proceso, lo que ofrece una alternativa sostenible a las fuentes de luz tradicionales.

Estas lámparas tienen dispositivos autónomos de captación de CO2 mediante microalgas, con paneles solares para el abastecimiento eléctrico del sistema junto con baterías de litio para no tener que conectarse a la red eléctrica.

Apuesta por la sostenibilidad

En todos los trabajos a realizar, ha aclarado Navarro, “se pondrá especial atención a los criterios de sostenibilidad económica y ambiental, por lo que el consumo de las instalaciones será lo más reducido posible, y además se tendrá en cuenta la accesibilidad de personas con movilidad reducida”.

El teniente de alcalde ha señalado que “el Plan Regenera va a cambiar la fisonomía de barrios que son fundamentales para la ciudad, con una gran densidad de población y que así verán mejorada la calidad de vida de los vecinos, con una atención especial al medio ambiente”. “Una vez más, los fondos europeos van a sernos muy útiles para construir una ciudad mejor y más moderna”, ha culminado.

La inflación ha dado un leve respiro en abril, después del subidón experimentado en marzo, y se ha moderado dos décimas hasta el 3,2% interanual, gracias a la bajada del precio de la electricidad y a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno, que han compensado las subidas en los carburantes.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este miércoles el dato de avance del Índice de Precios al Consumo (IPC), la electricidad ha bajado en abril de 2026 más de lo que lo hizo en abril de 2025. Esto se debe no solo a la generación de energía renovable, que ha contenido el shock de la guerra en Oriente Medio en los precios del petróleo, sino a las rebajas del Ejecutivo en impuestos como el IVA eléctrico u otros tributos específicos que afectan a la factura de la luz. Ya lo avanzaba el profesor Miguel Sebastián en este artículo en elDiario.es.

En menor medida, ha contribuido a esta moderación que los precios del turismo han crecido menos en 2026 que en el mismo mes de 2025, dado que la Semana Santa coincidió este año entre finales de marzo y principios de abril, mientras que el ejercicio pasado cayó íntegramente en el cuarto mes del año.

La subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que han vuelto a máximos esta semana desde que estalló el conflicto en Irán por los ataques combinados de Israel y Estados Unidos, se ha traducido en una subida de la categoría “combustibles y lubricantes para vehículos personales”, recoge Estadística, frente a la bajada que experimentaron en el mismo mes del año pasado.

La subyacente también se frena

El alivio en el IPC general ha supuesto también una moderación en la tasa de inflación subyacente -que excluye de su cálculo los precios energéticos y de la alimentación fresca, por ser más volátiles, y que los economistas consideran 'núcleo' del tejido productivo- al 2,8% interanual, una décima menos que en marzo.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo considera que las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo cumplen “su objetivo principal: que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares”.

“España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables”, destaca Cuerpo.

La moderación de la inflación se ve más clara en la evolución intermensual (es decir, abril sobre marzo) que en términos interanuales. Así, los precios subieron un 0,4% en el mes de abril, frente a la subida del 1,2% experimentada en marzo, en pleno estallido del conflicto.

En cuanto al IPC Armonizado, que utiliza una cesta común en los países europeos y es el que se utiliza para las comparaciones con el resto de socios, este se situó en el 3,5%, una décima por encima del dato de abril. La subyacente armonizada fue del 3,1%.

Cuatro vecinos y una asociación activa mantienen en pie esta aldea de La Rioja perteneciente al municipio riojano Muro de Aguas frente al silencio de las instituciones. Tienen el dinero para la luz desde hace años, pero la burocracia y la falta de voluntad política los mantienen en el siglo XIX. Y es que en pleno siglo XXI, el vecindario de este municipio continúa viviendo sin luz eléctrica, sin accesos dignos y, lo que es peor, sin ser escuchados.

El caso de la luz en Ambas Aguas roza lo kafkiano. En mayo de 2023 se firmó un convenio para conectar al pueblo a una línea de alta tensión que pasa a apenas 500 metros de las casas. El dinero, una partida de 291.000 euros transferida por el Gobierno de La Rioja, ya está en manos del Ayuntamiento de Muro de Aguas desde principios de 2024, pero la luz sigue sin llegar y los interruptores sin funcionar. El vecindario pide explicaciones e información, pero como la luz, tampoco llegan. “Nos dicen que están en plazo. El dinero lo tienen ellos y no vemos ni el proyecto ni la licitación. Llevan nueve meses 'evaluando' y nosotros seguimos con generadores”, lamenta el presidente de la Asociación Amigos de Ambas Aguas, Julián Pérez Alonso.

El entonces consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica, Álex Dorado, y el alcalde de Muro de Aguas, Pedro Juan Sanz, firmaron a principios de mayo de 2023 un convenio para comenzar los trabajos de conexión eléctrica de la “aldea de forma inmediata”. Además de Ambas Aguas, el entonces gobierno socialista de Concha Andreu rubricó convenios con otros ayuntamientos para la construcción de comunidades energéticas renovables en las aldeas de El Collado (Santa Engracia del Jubera) y Luezas de Cameros (Soto en Cameros). También se realizaron todos los trámites y la electricidad llegó a las aldeas de Treguajantes (Soto en Cameros), Larriba de Cameros (Ajamil de Cameros), Santa Marina (Santa Engracia del Jubera) y San Martín del Jubera (Santa Engracia del Jubera). Sin embargo el vecindario de Ambas Aguas no ha tenido la misma suerte y siguen sin poder utilizar un microondas o enchufar el taladro para realizar algún arreglo en casa sin estar pendientes de los generadores.

El tiempo pasa y las soluciones no llegan. “Estamos en plazo” es la única respuesta que reciben. Y así es. Desde el Gobierno de La Rioja responsabilizan al Consistorio: “según el convenio, la tramitación, licitación y ejecución de las actuaciones corresponden al Ayuntamiento de Muro de Aguas, en el ejercicio de sus competencias”. Y una matización más. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo apuntan no tener potestad para realizar un “control más exhaustivo del avance del proyecto porque el convenio fue formalizado en la anterior legislatura sin la previsión de hitos intermedios de ejecución, ni mecanismos específicos de seguimiento periódico”.

Desde el Ejecutivo regional aseguran no poder hacer nada a pesar de haber liberado una partida cercana a los 300.000 euros para que la luz llegue a Ambas Aguas, aunque sí reconocen que “son conscientes del interés que suscita este asunto”. Por esta razón, han mantenido contacto con el Ayuntamiento de Muro de Aguas “trasladándole la conveniencia e importancia de que se facilite la información actualizada sobre el estado de tramitación del expediente”. “La interlocución directa con el Ayuntamiento constituye el cauce más adecuado para canalizar las solicitudes de información que se pidan. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería continuará atenta a la evolución de las actuaciones en el marco de sus competencias”, zanjan desde el Ejecutivo regional.

En la misma línea se ha posicionado el alcalde de la aldea Jaime Jiménez. En una conversación con este medio ha insistido en que desde el Consistorio se “está trabajando en este asunto al que hemos dado la máxima prioridad sobre cualquier otra cuestión”. Y al igual que el Ejecutivo regional, Jiménez reitera que están dentro de plazo. “En lo que llevamos de legislatura, me han cambiado el secretario hasta en cuatro ocasiones y esto lo ralentiza todo. Aun así, el día de la semana que tenemos Secretaría damos prioridad a este proyecto”. Asimismo, el alcalde de la aldea califica de “bulos” las críticas del vecindario y asegura que el pueblo está divido: “La oposición (PSOE) está utilizando este problema para hacer su propia campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales”. Un cruce de acusaciones en las que Jiménez ha adelantado no va a participar porque su único objetivo “es seguir trabajando por su pueblo”.

Un vecindario que no se resiste

Mientras tanto, el vecindario y la asociación, que este año cumple cuatro décadas, seguirán trabajando por el pueblo. “No nos resistimos”, insiste Pérez. Resistencia que contrasta con la “pasividad” del Ayuntamiento. “Parece que quieren dejar morir el pueblo porque en los últimos treinta, cuarenta años, el Ayuntamiento no ha solicitado subvención alguna para acometer mejoras en la aldea”. Al contrario. “Somos nosotros, vecinos y asociación, quienes sufragamos y ejecutamos las obras”. Una de las últimas, el arreglo del tejado de la Iglesia en la que Pérez calcula que se han gastado 12.000 euros. Ambas Aguas tiene únicamente dos calles asfaltadas, también por la Asociación. “Para el encementado de una de ellas, el Ayuntamiento sí que nos facilitó el material, pero el trabajo lo hemos hecho nosotros”. Al igual que las labores de saneamiento e instalación de tuberías y desagües que realizaron durante unas vacaciones de Semana Santa.

La cohesión vecinal en esta aldea no es solo una cuestión de cortesía, sino de pura supervivencia. Hasta los años ochenta, eran los propios vecinos quienes se subían al tendido para reparar cualquier avería eléctrica. Hasta que la técnica superó la buena voluntad: “Somos pocos y, cuando los trabajos se complicaron, el vecindario se plantó”, recuerda el presidente de la Asociación. “El Ayuntamiento decidió mirar hacia otro lado” y Ambas Aguas terminó sumida en la oscuridad hasta hoy.

Y a la falta de electricidad se suma un acceso tercermundista. “Somos el único pueblo habitado de La Rioja sin un acceso digno”, denuncia Pérez. “No pedimos una carretera, únicamente un acceso digno a Ambas Aguas”. Más aún, añade, cuando a pesar de contar con tan solo cuatro vecinos de forma habitual, dos de ellos tienen empresa. “En el pueblo hay dos negocios, una minería y una ganadería. Si a estas personas no se les facilita que puedan trabajar... les están invitando a que se vaya de Ambas Aguas”, lamenta.

Incluso el servicio más básico, la recogida de basuras, se ha convertido en un problema. Desde hace unos años, el vecindario paga el impuesto de recogida de basura. “Hasta entonces, guardábamos la basura en casa y cada uno la llevaba hasta Muro de Aguas que está a unos seis kilómetros”. Ahora, y tras pagar el correspondiente impuesto (40 euros), se han instalado contenedores en los que depositar una basura que nadie recoge. “Durante meses no hay alguacil que recoja los contenedores. Antes nos llevábamos la basura a casa y estaba limpio, ahora el pueblo parece un estercolero”.

“Nos quieren dejar morir”

Esta dejadez y falta de servicios han suscitado entre el vecindario la sensación de que “quieren dejar morir el pueblo”. Y es que nos le sirven las respuestas del Gobierno de La Rioja y la ausencia de ellas por parte del Ayuntamiento de Ambas Aguas. “Llevamos tres años con el tema de la luz, solicitamos información y no nos la dan”. La última reunión con el Ayuntamiento de Muro de Aguas fue en julio de 2025. “Desde entonces el vacío, no contestan a las solicitudes de información realizada en septiembre, diciembre y marzo. El pasado mes convocamos otra reunión a la que invitamos al Ayuntamiento. No acudió nadie, ni siquiera nos respondieron”.

Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y Ambas Aguas continúa sin luz a pesar de que el dinero (291.000 euros) del Gobierno de La Rioja ya están en las arcas municipales desde principios de 2024. “Solo pedimos que la luz llegue por fin a Ambas Aguas. Si no nos hubieran prometido la luz, habríamos puesto más placas solares por nuestra cuenta. Pero nos tienen bloqueados con una promesa que nunca llega”, concluye. No piden milagros, solo que el dinero que ya existe se convierta en el cable que los conecte al siglo XXI.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada o PVPC da un respiro a los consumidores, a pesar de la subida de la inflación. En concreto, el recibo rondará este marzo los niveles del mes anterior, ya que el encarecimiento del coste de la energía -aun así contenido pese a la guerra en Irán- ha sido mitigado por la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para hacer frente a la coyuntura.

Así, el recibo de un consumidor tipo -con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle- ha sido de 53,71 euros, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este importe se encuentra en línea con los 53,19 euros de febrero, y supone una rebaja cercana al 5 % si se compara con los 56,29 euros de las mismas fechas de 2025.

También es similar a los 52,97 euros de mayo de 2025, cuando el recibo tiende a abaratarse ante un menor coste energético fruto de una alta generación renovable, y una demanda más controlada que en invierno y verano, los dos periodos pico por los sistemas de climatización.

En cualquier caso, el de 2024 sigue siendo el marzo más económico de los últimos años, con una factura de unos 45 euros para un consumidor tipo.

Vuelve la rebaja fiscal

El usuario PVPC se benefició entonces de los bajos precios del mercado mayorista de la electricidad o 'pool' en un mes extraordinariamente renovable que sentó las bases de las franjas horarias a cero euros o en negativo, un fenómeno ahora recurrente, sobre todo en primavera.

En 2024 también estaba en vigor la rebaja fiscal a la electricidad que el Gobierno lanzó con motivo de la crisis energética del 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Una fórmula que actualmente, con ocasión de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, el Gobierno ha recuperado en su plan de respuesta integral a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo.

Este incluye la rebaja temporal del IVA de la luz del 21 al 10 %, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5 %, y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado 21 de marzo.

Según explican las eléctricas, estas medidas se aplican ya a todas las facturas emitidas a partir del pasado 22 de marzo. Ahora bien, aclara Endesa en su blog, cuando hay un cambio en el IVA justo en medio de un periodo de facturación, las compañías no pueden aplicar una sola regla a todo el consumo.

De este modo se separa el periodo en dos tramos, uno antes y otro después del cambio; se aplica a cada uno el impuesto vigente en ese momento, y se reparten los costes fijos proporcionalmente.

A tenor de sus cálculos, las rebajas fiscales representan un ahorro mensual estimado de casi 7 euros para un hogar pequeño, con un consumo sin impuestos de unos 40 euros; de casi 12 euros para un hogar mediano, con consumo de 70 euros; y de 20 euros para un hogar grande o un local, con consumo de 120 euros.

Las renovables mitigan el 'pool'

La evolución del recibo para un contrato PVPC está vinculado, entre otros factores, al precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool'.

En marzo, el 'pool' se ha pagado, de media, a 41,5 euros/megavatio hora (MWh), un 22 % menos en comparativa interanual y muy por debajo de los 286,4 euros que marcó en los treinta primeros días de la guerra en Ucrania, cuando llegó a anotarse el que continúa siendo su máximo de siempre (544,98 euros/MWh).

Los expertos creen que el predominio renovable en el 'mix' eléctrico permite a España afrontar esta crisis en una mejor situación que otros países (en Francia, el MWh se ha pagado a 64 euros; en Alemania, a 99 euros, y en Italia, a 143 euros).

Conforme a los datos provisionales -sin autoconsumo- de Red Eléctrica a fecha del 30 de marzo, un 65,1 % de la electricidad del mes ha procedido de fuentes renovables, principalmente la eólica, que tiende a desplomar el precio del 'pool' en momentos de alta generación.

El PVPC también está expuesto al mercado de futuros de la electricidad, que está acusando la volatilidad fruto de la geopolítica aunque de forma más controlada que en las primeras semanas de conflicto en Oriente Próximo.

A cierre de marzo, los futuros de OMIP marcan un precio de 27 euros/MWh para abril (el pasado día 9 llegaron a 42,5 euros/MWh); de 78 euros para el tercer trimestre (el pasado día 20 rozaron los 83 euros/MWh), y de 56,75 euros/MWh para 2027.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

El sector de los centros de datos en España cerró el año 2025 con 439 MW de potencia instalada, equivalente a unos 500.000 hogares. Es un crecimiento del 25% respecto al año anterior. No obstante, la carrera solo acaba de empezar: para el año 2030, el sector quiere multiplicar su potencia instalada por seis, hasta los 2.537 MW, tal y como recoge el Informe Anual del sector elaborado por su patronal que ha sido presentado este miércoles.

La asociación SpainDC atribuye este crecimiento al auge de la inteligencia artificial, que se ha convertido en “el motor de demanda más disruptivo y determinante”. “Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia, acelerando la adopción de la refrigeración líquida y apuntalando la necesidad de instalaciones más grandes y con energía asegurada”, detalla.

Se trata de una tendencia que coloca a España como uno de los lugares del mundo más interesantes para construir nuevos centros de datos, debido a la disponibilidad de energía renovable y barata. Según los cálculos de la patronal, esto podría suponer hasta 66.900 millones de euros de inversión en el país y más de 17.000 empleos. Sin embargo, la tendencia también “incrementa la presión sobre la capacidad de la red eléctrica nacional y los marcos de concesión de autorizaciones”, reconoce el informe.

“La disponibilidad de energía se ha convertido en una de las limitaciones que influyen en el desarrollo de los centros de datos en España, especialmente en Madrid y sus alrededores. Aunque España presenta una abundante capacidad de generación de energía renovable, la disponibilidad y los tiempos de conexión a la red eléctrica –más que la generación en sí– están limitando cada vez más los nuevos desarrollos”, detallan.

Piden mejorar la red y prioridad en los permisos

Para acceder a esa inversión que quiere instalar nuevos centros de datos en España, el informe señala como “clave” mejorar “las limitaciones en subestaciones”, que transforman y distribuyen la electricidad, adaptando el voltaje según los requerimientos de hogares o industrias. También “el desigual margen de maniobra de la red eléctrica regional”, siendo ambos factores que ya “han retrasado o paralizado varios proyectos”, aseguran.

Para desenquistar este cuello de botella, el sector pide eliminar las “solicitudes especulativas de conexión a la red”: el informe advierte de que cada vez hay más promotores piden enganchar sus parcelas a enormes capacidades energéticas como las que necesitan los centros de datos para asegurarse el suministro sin tener un proyecto viable detrás, lo que congestiona las colas y bloquea el acceso a quienes sí tienen capacidad firme de ejecución. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a denominar esta avalancha de peticiones como “una burbuja”.

A la mejor eléctrica la patronal suma también la petición de reducir la burocracia. Según sus cálculos, el 91% de los operadores se enfrenta a plazos de varios años de aprobación para obtener permisos, que se suma a las “incoherencias locales y regionales” que restan transparencia y ralentizan las obras. Resulta muy difícil, argumenta la patronal, aplicar normativas tradicionales de construcción a megainstalaciones que “albergan equipos en lugar de personas”.

“España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital”, ha manifestado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC: “Consolidarnos como hub digital del sur de Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e inteligencia artificial desde infraestructura propia”.

Negocio copado por multinacionales

La patronal de los centros de datos documenta en su informe como el sector “está experimentando una expansión rápida y profundamente transformadora en términos estructurales”. Se refiere a cómo España está dejando de ser un mercado periférico enfocado a los pequeños centros de datos corporativos nacionales (gestionados por bancos, administraciones o empresas de telecomunicaciones) para convertirse en un polo europeo dominado por los gigantes tecnológicos.

A finales de 2025, la potencia instalada en los centros de datos de estas grandes multinacionales ya superó en volumen a la infraestructura de las instalaciones empresariales tradicionales. Solo durante el último año, la inversión directa de estos gigantes, a los que se denomina “hiperescalares”, se triplicó. Destacan las apuestas de Amazon, que supera ya los 33.000 millones de euros de inversión en Aragón; Microsoft, con más de 5.000 millones en la misma región; o Meta, con un gran centro de datos en Talavera de la Reina con un coste de unos 1.000 millones de euros.

La presión eléctrica sobre estas regiones es grande. Solo entre Amazon y Microsoft consumirán tanta energía como el resto de la comunidad aragonesa antes del boom de los centros de datos. Además, asociaciones ecologistas y locales han demandado a la primera por la falta de transparencia en la utilización de otros recursos, como el agua, así como los pactos que ha alcanzado con las administraciones.

La trampa de la energía limpia

La asociación sitúa la sostenibilidad como un requisito básico para su operativa en España, afirmando que el 95% de la electricidad consumida por los operadores hiperescalares proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, para alcanzar estas cifras en sus balances, las compañías recurren a Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y Garantías de Origen (GdO), métodos que tanto los especialistas en cambio climático como sus propios empleados consideran como una trampa contable.

El motivo es que estos certificados permiten a las empresas deducirse emisiones en sus informes oficiales sin que ello suponga necesariamente la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia o un cambio real en el mix energético de la red eléctrica, como documentó elDiario.es en este reportaje.

La clave radica en el consumo real de estas infraestructuras, que requieren energía de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Durante los periodos nocturnos, cuando la producción renovable cae, los centros de datos absorben electricidad proveniente de centrales de gas o nucleares. Sin embargo, el Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las multinacionales destacar únicamente la cifra de emisiones más favorable, basada en certificados de carbono. Este método de cálculo camufla hasta el 85% de la contaminación efectiva producida por la inteligencia artificial.

Hoy en día, es habitual ver en muchos hogares regletas llenas de cargadores, enchufes de lámparas y de otros dispositivos. Durante años, han sido la forma más sencilla de sumar conexiones sin tener que tocar la instalación eléctrica de la casa. Son cómodas y económicas, y permiten conectar varios dispositivos a la vez, lo que resulta útil en escritorios, salones o cocinas con pocas tomas eléctricas fijas. Pero con tantos aparatos portátiles y la necesidad de cargar varios dispositivos a la vez, las regletas muestran sus límites: cables enredados, adaptadores que ocupan varias tomas y un desorden general que puede dificultar mantener un espacio limpio y organizado.

Por otro lado, añadir enchufes implica obras y un gasto que no todos los hogares pueden asumir. En pisos antiguos o de alquiler, estas intervenciones pueden ser complicadas o directamente imposibles. Por eso, cada vez más familias buscan soluciones más prácticas y flexibles, capaces de adaptarse a las necesidades reales sin depender de reformas costosas. Los enchufes modulares de superficie surgen como una alternativa clara: permiten añadir puntos de conexión de manera sencilla, combinando tomas normales con puertos USB, sin alterar la pared ni comprometer la estética del hogar.

Estos sistemas modulares se están instalando en salones, cocinas, dormitorios y oficinas, sobre todo porque se adaptan al espacio disponible y a la creciente demanda de conectividad. A diferencia de las regletas, permiten colocar los enchufes justo donde se necesitan, reduciendo cables y adaptadores por toda la habitación. Además, se pueden reorganizar o ampliar según cambien las necesidades de cada estancia, lo que los hace más versátiles para hogares modernos donde los dispositivos conectados varían constantemente.

La integración de puertos USB, incluido el estándar USB‑C, ha sido un factor clave para su popularidad. Cada vez más dispositivos, desde móviles y tablets hasta pequeños electrodomésticos portátiles, se cargan mediante estas conexiones. Contar con enchufes que ya incluyen puertos USB evita adaptadores adicionales, reduce el desorden de cables y mantiene el espacio más accesible y cómodo, algo especialmente útil en áreas con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.

Por qué avanzan rápido los enchufes modulares

La razón principal de la adopción creciente de los enchufes modulares es su instalación sin obra. Los módulos se fijan a la pared, a muebles o incluso a superficies de trabajo mediante tornillos o adhesivos resistentes, y todo el cableado queda oculto en canaletas discretas que se integran con el entorno. Esto permite sumar puntos de corriente sin necesidad de romper paredes ni instalar cajas adicionales, ofreciendo una solución rápida y limpia para quienes buscan comodidad y funcionalidad.

Otra ventaja es la flexibilidad en la distribución de las conexiones. Mientras que una regleta ofrece un bloque fijo de enchufes, los sistemas modulares permiten combinar tomas convencionales con puertos USB y otros módulos según lo que se necesite en cada espacio. Esta adaptabilidad hace que los usuarios puedan reorganizar sus puntos de conexión si cambian los muebles o los aparatos electrónicos, sin depender de cables sueltos o adaptadores externos que suelen acompañar a las regletas.

La seguridad es otro aspecto importante. Muchos enchufes modulares incluyen mecanismos de protección frente a sobrecargas y obturadores de seguridad para niños, características que no siempre se encuentran en regletas básicas. Además, al distribuir los puntos de conexión a lo largo de un módulo en lugar de concentrarlos en un solo bloque, se reduce el riesgo de sobrecalentamiento o tensión en las tomas, lo que contribuye a un entorno doméstico más seguro.

Por último, la estética y el orden visual han sido factores clave en la aceptación de estos sistemas. Las regletas tradicionales suelen dejar cables a la vista y ocupar espacio, mientras que los enchufes modulares se integran con la pared o el mobiliario, combinando con el diseño interior y ofreciendo un acabado más limpio y ordenado. Esta característica es especialmente valorada en hogares modernos, donde la funcionalidad y la apariencia se buscan en equilibrio.

En conjunto, la combinación de facilidad de instalación, flexibilidad, integración de puertos USB, seguridad y estética ha impulsado la adopción de los enchufes modulares en muchos hogares. Cada vez más personas optan por esta solución frente a las regletas, ya que permite gestionar la electricidad de manera más eficiente, segura y adaptada a la vida digital contemporánea. Los sistemas modulares representan así una evolución natural de la infraestructura eléctrica doméstica, que responde a la creciente demanda de conectividad sin sacrificar comodidad ni orden en los espacios del hogar.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este lunes de que la situación actual es “muy grave” y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio y las amenazas crecientes de ataques por parte de EEUU e Irán.

Durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra, Birol señaló que la actual crisis equivale a “dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos”, en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Medio, lo que representa una “amenaza mayor” para la economía global, informa la agencia EFE.

“Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección”, subrayó durante su visita de un solo día a Australia, donde tiene previsto reunirse también con el primer ministro, Anthony Albanese, antes de proseguir su gira por Asia.

La AIE acordó el pasado 11 de marzo liberalizar el mayor volumen de reservas estratégicas de petróleo de la historia. En concreto, van a sacar al mercado 400 millones de barriles de estas reservas para compensar las pérdidas de abastecimiento por este conflicto internacional.

Tras las dos primeras semanas de cautela, Europa ya se prepara para los efectos “graves” de una guerra que prevé larga. En España, el Gobierno aprobó el viernes el primer paquete de ayudas y medidas para mitigar y tratar de minimizar los daños del conflicto.

Al menos 40 infraestructuras gravemente dañadas

Birol alertó de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido “gravemente o muy gravemente” afectadas en nueve países, lo que agrava la incertidumbre sobre el suministro.

El responsable de la AIE destacó que la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, es la principal vía para aliviar las tensiones energéticas.

Este corredor marítimo permanece prácticamente bloqueado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

En este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Teherán que reabra completamente el estrecho, bajo la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes.

Por su parte, Irán ha respondido advirtiendo que, si su red energética es atacada, tomará represalias contra instalaciones energéticas y plantas de desalinización en distintos países de Oriente Medio.

El impacto ya se refleja en los mercados, con un repunte del precio del crudo, que superó los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del lunes.

El director de la AIE hizo un llamamiento a la cooperación internacional para evitar un deterioro mayor de la situación y urgió a una resolución rápida del conflicto, ante el riesgo de consecuencias económicas globales de gran alcance

Ante cada crisis del petróleo, España repite la misma fórmula: descuentos al combustible que no tenemos, pagados con dinero público que no nos sobra. Es una receta populista, ineficaz y regresiva. Una idea equivocada, que lleva saliendo mal desde hace medio siglo. 

El primero que apostó por ella fue Franco, en 1973, tras la primera gran crisis del petróleo. La Guerra del Yom Kippur –apenas 19 días– llevó a un embargo de los países árabes exportadores contra EEUU y sus aliados, por su apoyo a Israel en ese conflicto. El precio del crudo subió un 70% en un solo día; acabaría multiplicándose por cuatro. La respuesta de la dictadura fue intentar que los españoles no se enteraran de la crisis. Evitar medidas impopulares en un momento en que el régimen agonizaba. Mientras el precio de la gasolina se disparaba en todo el mundo, en España solo subió un 20%. El resto lo ponía el Estado.

Aquella política fue desastrosa. Los ingresos del Estado por el monopolio del petróleo pasaron de 26.355 millones de pesetas en 1973 a solo 234 millones en 1974. El descuento a la gasolina se comió el 4,7% del presupuesto público. Al no trasladar el precio del petróleo, España siguió como si nada hasta finales de 1975. No se redujo el consumo. El golpe llegó después, mucho más duro. El crecimiento del PIB pasó del 7,8% en 1973 al 0,5% en 1975. La inflación alcanzó el 28% en 1977. Los Pactos de la Moncloa estabilizaron la situación, pero sin abordar la dependencia energética. Cuando llegó la segunda crisis del petróleo, en 1979, España seguía sin los deberes hechos. La economía se atascó durante casi una década.

Por fortuna, ya no estamos en esa época. En este siglo XXI, España ha transformado su modelo energético, algo que está siendo clave en el crecimiento de nuestra economía. Hoy España produce electricidad más barata gracias a las renovables, que suman casi el 60% de la producción. “El sábado pasado, el precio del megavatio hora en España fue de 14 euros, frente a más de 100 en Italia, Alemania o Francia”, presumió Pedro Sánchez en su rueda de prensa de este viernes. 

“España está mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para este shock energético”, dijo también el presidente. Es una verdad a medias.

En producción eléctrica renovable hemos hecho los deberes. España saca muy buena nota. No así en el transporte: ahí el suspenso es absoluto. 

España ocupa en torno al puesto 20 en la UE en penetración del coche eléctrico. Solo hay siete países peor. En ventas nuevas, sumando híbridos enchufables, España apenas alcanza el 20%, frente al 30% de Alemania, el 35% de Países Bajos, el 38% de Portugal o el 50% de Dinamarca. Si miramos el parque total, el porcentaje es ridículo: apenas el 1,5% tiene etiqueta cero. La inmensa mayoría de los coches en España dependen del petróleo.

Quien cree que es un problema de renta se equivoca. ¿Por qué Portugal sí está logrando el despegue del coche eléctrico y no España?

Se entiende todo mejor con este gráfico. Ojo: son datos previos a la bajada al 10% del IVA para los combustibles que acaba de anunciar el Gobierno.

Somos uno de los países de la UE con impuestos más bajos a los combustibles. En gasolina, solo Bulgaria tiene una carga fiscal menor. En diésel, solo nos gana Estonia. En precio final, es difícil encontrar gasolineras más baratas que las españolas entre los países de nuestro entorno. Por eso las colas, en la frontera, siempre están de nuestro lado.

Al mismo tiempo, antes de impuestos, el precio de la gasolina en España es de los más altos de Europa. Algo que solo se puede explicar por los márgenes del refino y de las distribuidoras: no por la carga fiscal que soportan los combustibles ni por el precio mundial del crudo, que es similar para todos.

En parte es herencia de las políticas franquistas, que la democracia nunca corrigió por el mismo motivo: es impopular. El resto de Europa lleva décadas gravando fuertemente el combustible para reducir su consumo y la dependencia del petróleo. 

En toda Europa hay campañas públicas para animar a los conductores a revisar la presión de sus ruedas: el consumo aumenta hasta un 10% si están poco infladas. Cobran peajes en las vías de alta velocidad y es por lo mismo: para desincentivar el coche privado y no subvencionar el transporte de mercancías por carretera. En las grandes ciudades, apuestan por la bicicleta, o por restringir el coche en el centro. 

España, país sin petróleo, pero paraíso de la gasolina (para las petroleras, más que para los consumidores). Y también del diésel: la Comisión Europea lleva años exigiendo eliminar su ventaja fiscal, hasta el punto de que hay 1.000 millones de fondos europeos en juego.

Es una cantidad que probablemente haya que sumar a los 5.000 millones en descuentos fiscales que ayer anunció el Gobierno, su plan frente a la guerra de Irán. Se dice pronto esa cifra: 5.000 millones es el doble que la mayor convocatoria de becas de la historia.

Esta rebaja de impuestos será regresiva: la mayor parte irá a familias que no lo necesitan. Será ineficaz: engordará los beneficios de las petroleras. E irá en dirección contraria a lo que España necesita: depender menos del petróleo.

Ya lo vimos en la anterior legislatura, con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis de Ucrania. Según los datos de la AIREF, costó 4.531 millones de euros. El 40% fue al tercio más rico; el más pobre solo recibió el 20%. Y unos 857 millones acabaron mejorando los beneficios de las petroleras, según este estudio. 

Aquella medida solo sirvió para frenar el IPC. Como España tiene impuestos más bajos sobre el combustible, también es donde más aumenta el precio cuando sube el petróleo. Un problema que no se resolverá mientras no se corrija esa fiscalidad.

El PSOE parece haber optado por un paquete de medidas que perfectamente podría haber firmado la derecha. Es casi lo mismo que pedía Feijóo: bajar unos impuestos que ya eran bajos. Parece que la prioridad –más que tomar las medidas adecuadas– era hacer algo que pudiera ganar la votación en el Congreso.

Es también decepcionante el papel de Sumar en esta negociación. Retrasaron su entrada en el Consejo de Ministros como modo de presión para incluir la moratoria para los pisos de alquiler. Es un gesto de cara a la galería: esa moratoria no va a prosperar –como saben todos en la coalición– porque no hay mayoría suficiente en el Congreso. PNV y Junts se oponen frontalmente.

El problema de fondo sigue siendo el de siempre, igual que en los años 70. Nadie quiere tomar una medida tan impopular como subir la gasolina o el diesel, o permitir que suban. 

La electricidad en España –el precio mayorista– es una de las más baratas de Europa. Hay horas, casi todas las semanas, donde la producción renovable es mayor que toda la demanda. Y aun así, aquí seguimos: apoyando fiscalmente una energía que no tenemos, en lugar de apostar por la que nos sobra.

Muchas causas, menos responsabilidades. El informe final de ENTSO-E, los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, sobre el apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 revela que fue provocado por “un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión” y concluye que el apagón fue el resultado de múltiples factores interactuantes y una reacción en cadena. El colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios, aunque se confirma que las compañías eléctricas fallaron en el control de la tensión y en la capacidad de respuesta.

Como anécdota que ejemplifica la opacidad de las compañías energéticas en España, los expertos recalcan en el informe que la recopilación de la información fue fácil en Portugal, mientras que en nuestro país “la recopilación de datos de terceros resultó más complicada. Se intercambiaron más de 240 correos electrónicos y cartas” con las terceras partes implicadas entre el 28 de junio de 2025 y el 17 de febrero de 2026. Los expertos subrayan que “aún faltan algunos datos, en particular sobre las desconexiones de generación que ocurrieron antes del apagón”, lo que impidió “identificar la causa de dichas desconexiones debido a la ausencia de registros de fallos. Los propietarios de dichas instalaciones citaron la falta de datos de registro de fallos como la razón por la que no pudieron proporcionar esta información a la investigación”.

El apagón fue provocado por un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión. El factor clave del colapso fue la ineficacia del control de tensión en la red española. Al no poder contenerse el aumento de tensión inicial con los equipos disponibles, se produjo una reacción en cascada de desconexiones por sobretensión de numerosos generadores, especialmente eólicos y solares. Esta pérdida masiva de generación provocó que la frecuencia de la red cayera abruptamente. Finalmente, a las 12:33:19 horas, los sistemas eléctricos de España y Portugal perdieron el sincronismo con el resto del sistema europeo continental y colapsaron por completo, sin que los planes de defensa automáticos pudieran evitarlo debido a la magnitud y rapidez del fallo.

Los 49 expertos europeos, que han elaborado el informe, apuntan a una falta de respuesta de los generadores renovables y convencionales, ya que las plantas de energía renovable operaban con un factor de potencia fijo, por lo que solo absorbían energía reactiva proporcional a su potencia activa y no reaccionaban para estabilizar las fluctuaciones de tensión. Por otro lado, varios generadores convencionales síncronos no aportaron la energía reactiva requerida, situándose por debajo del 75% de su valor de referencia.

Además, recalcan fallos en la respuesta de la red, ya que la conexión y desconexión de componentes clave para el control de tensión (los reactores de derivación) se realizaba de forma manual, lo que introdujo demoras críticas debido al tiempo necesario para la toma de decisiones y procesamiento por parte de los operadores.

Entre los hechos que provocaron el apagón, estos expertos también destacan que el aumento de tensión activó las protecciones de los inversores de muchas pequeñas instalaciones fotovoltaicas (menores a 1 MW, como paneles en tejados), provocando su desconexión en cascada e incrementando drásticamente los flujos de energía y los desajustes en la red.

Sobre los episodios de oscilación previos al colapso, el informe señala que en la media hora anterior al apagón absoluto, el sistema sufrió dos episodios de oscilación grave (una oscilación local de 0,63 Hz impulsada por inversores y una oscilación interzonal de 0,2 Hz) que alteraron severamente la estabilidad y contribuyeron a empeorar las condiciones.

Además la red de transmisión española de 400 kV opera bajo normativas que le permiten un rango de tensión más amplio que al resto de los países europeos. Esto provocó que el margen entre el límite de tensión operativo permitido y el límite en el que los generadores se desconectan por seguridad fuera muy pequeño o inexistente, con lo que los márgenes de seguridad son insuficientes.

El informe también revela que hay deficiencias normativas en el sistema eléctrico español, ya que el marco regulatorio aplicable (Procedimiento de Operación 7.4) no exigía especificaciones de comportamiento dinámico a los generadores convencionales ni imponía consecuencias económicas si estos no cumplían con los requisitos de control de tensión.

Responsabilidad diluida en todo el sistema eléctrico

Los expertos europeos apuntan que la responsabilidad estuvo diluida en fallos de todo el sistema eléctrico. Por un lado, advierten de las deficiencias en las normativas, revelando que el marco regulatorio no exigía a las plantas renovables reaccionar ante cambios de tensión, sino que operaban con factor de potencia fijo, ni impone consecuencias económicas a los generadores convencionales cuando no cumplían con sus obligaciones de control de reactiva.

Por otro lado, no fue una sola planta la que falló. El informe señala que varios generadores convencionales no aportaron la energía reactiva esperada, y una cantidad masiva de pequeñas y grandes instalaciones renovables se desconectaron en cascada debido a que sus protecciones de sobretensión estaban configuradas por debajo de los requisitos o de forma desalineada con las necesidades del sistema.

También apuntan que a las limitaciones de red y a los operadores, ya que la red española de 400 kV opera con un rango de tensión más amplio que el resto de Europa, lo que de por sí deja muy poco margen de maniobra ante un pico de voltaje. A esto se sumó que la conexión de equipos vitales, los conocidos como reactores de derivación, se tenía que hacer manualmente, lo que requirió un tiempo de toma de decisiones que el sistema no disponía.

REE asegura que “no falló y cumplió con la normativa”

Inmediatamente después de la publicación del informe de ENTSO-E,  Red Eléctrica lanzó un comunicado en el que asegura que “no falló y cumplió con la normativa antes, durante y después del apagón”, pese a que el informe de los expertos europeos señala que el colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios y se debió a un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión. El factor clave del colapso fue la ineficacia del control de tensión en la red española.

Aragón produce más del doble de la electricidad que consume, pero esa ventaja energética no garantiza por sí sola la llegada de nuevas inversiones industriales o tecnológicas. El principal problema, según advierte un informe presentado este martes por la Fundación Basilio Paraíso –impulsada por la Cámara de Comercio de Zaragoza–, es que la red eléctrica no siempre tiene capacidad para llevar esa energía hasta los lugares donde quieren instalarse los proyectos.

El estudio, titulado 'El punto de inflexión energético para Aragón' y elaborado por la consultora PwC, analiza la situación energética de la comunidad y los retos que afronta para atraer nuevas inversiones. “Con este estudio pretendemos contestar a tres cuestiones; producimos el doble, pero cómo se puede beneficiar la comunidad autónoma; cómo podemos favorecer a nuestras PYMES, y cómo se crea este ecosistema para que seamos más competitivos”, ha explicado el secretario de la entidad, José Miguel Sánchez.

Mucha producción y poco consumo

Los datos reflejan el peso energético de Aragón. En 2025 la comunidad produjo 22.365 gigavatios hora (GWh) de electricidad, mientras que su consumo interno fue de 10.659 GWh. Es decir, genera más del doble de la energía que utiliza y exporta alrededor de 11.700 GWh al año a otros territorios.

Este superávit se explica por un parque energético amplio y mayoritariamente renovable. Aragón cuenta con 13.793 megavatios de potencia instalada y el 82,5 % corresponde a energías renovables, sobre todo eólica y fotovoltaica. Sin embargo, el reto ya no es producir más energía, “sino poder entregarla allí donde se sitúan las nuevas inversiones industriales y energéticas”, recoge el estudio.

El socio de PwC y autor del informe, Óscar Barrero, ha insistido en esa idea durante la presentación: “La energía es una ventaja competitiva para Aragón, pero la energía sola no vale, necesitamos infraestructura para conectarla con la demanda. Sino somos capaces de hacer las cosas de forma eficaz, la oportunidad no será tan grande o se marchará”.

Una red con capacidad limitada y los centros de datos

El informe identifica limitaciones en la infraestructura de transporte como un condicionante principal. Según los mapas del operador del sistema, existen 54 nudos sin capacidad disponible para nuevas conexiones de demanda. El estudio detecta además una “brecha relevante” entre la potencia autorizada y la que está en servicio : de los 30 nudos con capacidad otorgada, solo 10 tienen demanda en operación. Esto implica que solo el 12,7% de la capacidad concedida está actualmente en funcionamiento. Según el documento, esta falta de materialización de los proyectos puede generar “bloqueos en el acceso y conexión” para nuevas inversiones industriales.

El informe también apunta al aumento de la demanda eléctrica ligado a la electrificación de la industria y al crecimiento de la economía digital, especialmente los centros de datos. Actualmente Aragón cuenta con 108 megavatios de potencia IT instalada en este tipo de instalaciones, lo que equivale aproximadamente a 162 megavatios de potencia eléctrica real. Estas infraestructuras ya representan cerca del 14 % del consumo eléctrico final de la comunidad.

Las previsiones del Plan Energético de Aragón 2024-2030 apuntan a un crecimiento aún mayor, con hasta 3,7 gigavatios asociados a centros de datos y otros 1,7 gigavatios vinculados a grandes consumidores electrointensivos.

Para las empresas que quieren instalarse, uno de los factores decisivos es el llamado “time-to-power”, es decir, el tiempo que pasa desde que se obtiene el permiso de acceso a la red hasta que el suministro eléctrico está disponible. “Cuanto menor sea ese plazo, mayor será la capacidad de un territorio para atraer proyectos industriales y tecnológicos”, señala el informe.

Aunque la planificación de la red hasta 2030 podría habilitar alrededor de 15,2 gigavatios de nuevos puntos de conexión –una cifra superior a la demanda potencial prevista–, el estudio advierte de que el principal reto será ejecutar las infraestructuras necesarias y acelerar la puesta en marcha de los proyectos.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defiende revisar las condiciones de acceso al bono social eléctrico para que la renta sea el único criterio determinante para recibir la ayuda. En un informe elaborado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado a la entidad Diego Rodríguez, el ‘think tank’ respalda la propuesta del Ejecutivo de eliminar el criterio de familia numerosa como condición suficiente para acceder a este descuento en la factura de la luz.

El estudio valora positivamente la orientación recogida en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 del Gobierno, que ya apunta en esa dirección. Según el análisis, el acceso al bono debería basarse exclusivamente en criterios de renta, aunque manteniendo ajustes por el tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia.

Distorsiones en el diseño actual

Fedea defiende en su informe que existe “un problema de asequibilidad energética” que afecta al bienestar de determinados hogares, lo que justifica la existencia de mecanismos de transferencia de renta acompañados de medidas regulatorias que garanticen el acceso al suministro.

Sin embargo, el estudio subraya que el diseño actual combina criterios de renta con otros que no dependen directamente de los ingresos. Esta mezcla, sostiene, introduce “distorsiones relevantes” en la relación entre vulnerabilidad económica y acceso real a la ayuda.

Uno de los elementos más cuestionados es el criterio de familia numerosa. Al operar como condición suficiente para recibir el bono social, el informe considera que debilita el carácter redistributivo de la medida y genera patrones territoriales específicos, con una mayor concentración de beneficiarios por esta vía en determinadas comunidades autónomas.

Cobertura desigual según el nivel de renta

Las principales modificaciones del bono social eléctrico, creado en 2009, han girado en torno a los criterios para definir al consumidor vulnerable, a los porcentajes de descuento aplicados y al sistema de financiación del mecanismo.

El análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que la cobertura del bono social eléctrico ha mejorado entre 2021 y 2025 en todos los niveles de renta, en parte por la ampliación de los requisitos de elegibilidad. No obstante, el informe señala que los problemas de baja cobertura se concentran en los dos primeros deciles de renta —los hogares con menos ingresos—, mientras que en los deciles superiores la cobertura es prácticamente completa.

Además, se ha registrado un aumento del porcentaje de beneficiarios en los niveles de renta más altos, algo que, según Fedea, refuerza la idea de que el diseño actual limita la capacidad redistributiva del instrumento.

Coste y financiación del bono social

El informe también analiza el coste y el sistema de financiación del bono social. Recuerda que la delimitación de los agentes obligados a financiarlo fue anulada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por motivos relacionados con el principio de no discriminación.

Aunque el esquema vigente reparte el coste entre empresas de generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos, el estudio concluye que en la práctica el gasto acaba trasladándose al conjunto de los consumidores.

Más allá de la reforma del bono social eléctrico, Fedea propone abrir una reflexión más amplia sobre la política de lucha contra la pobreza energética. El informe cuestiona el enfoque fragmentado actual y plantea avanzar hacia un instrumento integrado que cubra el conjunto de consumos energéticos de los hogares.

Un cheque energético o un complemento en el IMV

Entre las opciones, el estudio menciona la posibilidad de crear un complemento energético dentro del Ingreso Mínimo Vital, aunque advierte de que el número de beneficiarios de esta prestación es actualmente mucho menor que el de quienes reciben el bono social.

Otra alternativa sería establecer un cheque energético que cubra todos los consumos del hogar, incluidos aquellos que no dependen de un contrato de suministro, como los combustibles para calefacción o transporte. Este sistema debería determinarse en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de vulnerabilidad y la localización geográfica.

El informe plantea además que la ayuda se conceda preferentemente de forma automática por parte de las administraciones públicas y que su financiación combine recursos presupuestarios, aportaciones del sector energético y fondos europeos vinculados al Fondo Social para el Clima.

Como alternativa adicional, el autor menciona la posibilidad de canalizar este apoyo a través del IRPF mediante un crédito fiscal reembolsable, configurado como un impuesto negativo sobre la renta similar a la deducción por maternidad.

Funcas prevé que un conflicto de tres meses de duración en Oriente Medio podría costarle dos décimas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) a la economía española y elevaría la inflación por encima del 3%, debido a la subida de los precios de la energía y a la escasez de fertilizantes que proceden del Golfo Pérsico.

El centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro ha publicado este viernes un análisis sobre los potenciales efectos sobre la economía de una coyuntura bélica de corta duración en Oriente Medio, un escenario que ven como el más plausible en la actualidad, ante la falta de incentivos en Irán y en Estados Unidos para alargarla.

En una semana de conflicto, los precios del petróleo han repuntado un 14% y el del gas natural ha avanzado un 48%, una reacción notable pero “menos virulenta” que la experimentada por los mercados tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. “En ese momento el petróleo llegó a cotizar por encima de los 180 dólares, más del doble de la cotización observada a día de hoy, y el Mibgas escaló hasta los 200 euros, cuatro veces más de lo que vale en la actualidad”, destacan los economistas de Funcas.

Otro mercado clave es el de los fertilizantes, ya que los países del Golfo son grandes productores de este insumo básico para el sector agroalimentario. Desde el viernes, su precio ha crecido un 24% hasta los 590 dólares por tonelada, todavía lejos del precio alcanzado durante la guerra en Ucrania (870 dólares), pero más cercano a este máximo que en el caso de los productos energéticos.

Repostar es 10 céntimos más caro

Estos mercados internacionales han provocado que repostar combustible cueste ya 10 céntimos más por litro que la semana pasada, mientras que el PVPC del mercado de la electricidad ya está un 13% por encima de la media del mes pasado. Funcas apunta que un avance del 10% en los precios del petróleo suma una décima al IPC, el mismo efecto que tiene una subida de la misma magnitud en el precio del gas.

Funcas apunta que unos precios energéticos en estos niveles durante tres meses elevaría la inflación por encima del 3%, lo que tendría efecto claro en la cesta de la compra. Esto retraería el consumo privado, que se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la economía española, y también tendría su impacto en las exportaciones a nuestros principales socios comerciales. El turismo podría verse afectado por una subida de los precios de los desplazamientos, aunque se vería compensado por un mayor atractivo de España frente a los destinos cercanos al Oriente Medio, considerados más inseguros. La incertidumbre derivada del conflicto también podría pesar en las decisiones de inversión de empresas y consumidores, restando crecimiento en una variable clave que empezaba a mostrar mayor dinamismo.

Todo ello derivaría en dos décimas menos de crecimiento este año (la última previsión del centro de estudios apuntaba a un avance del PIB del 2,4% en 2026), por lo que sería un impacto “limitado”, dice la nota. “No obstante, si la contienda se prolongara por más tiempo, o si se destruyeran instalaciones e infraestructuras clave dando lugar a disrupciones importantes en los flujos de productos energéticos –petróleo, gas, o derivados– el escenario sería significativamente más negativo”, advierten.