Cuatro vecinos y una asociación activa mantienen en pie esta aldea de La Rioja perteneciente al municipio riojano Muro de Aguas frente al silencio de las instituciones. Tienen el dinero para la luz desde hace años, pero la burocracia y la falta de voluntad política los mantienen en el siglo XIX. Y es que en pleno siglo XXI, el vecindario de este municipio continúa viviendo sin luz eléctrica, sin accesos dignos y, lo que es peor, sin ser escuchados.

El caso de la luz en Ambas Aguas roza lo kafkiano. En mayo de 2023 se firmó un convenio para conectar al pueblo a una línea de alta tensión que pasa a apenas 500 metros de las casas. El dinero, una partida de 291.000 euros transferida por el Gobierno de La Rioja, ya está en manos del Ayuntamiento de Muro de Aguas desde principios de 2024, pero la luz sigue sin llegar y los interruptores sin funcionar. El vecindario pide explicaciones e información, pero como la luz, tampoco llegan. “Nos dicen que están en plazo. El dinero lo tienen ellos y no vemos ni el proyecto ni la licitación. Llevan nueve meses 'evaluando' y nosotros seguimos con generadores”, lamenta el presidente de la Asociación Amigos de Ambas Aguas, Julián Pérez Alonso.

El entonces consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica, Álex Dorado, y el alcalde de Muro de Aguas, Pedro Juan Sanz, firmaron a principios de mayo de 2023 un convenio para comenzar los trabajos de conexión eléctrica de la “aldea de forma inmediata”. Además de Ambas Aguas, el entonces gobierno socialista de Concha Andreu rubricó convenios con otros ayuntamientos para la construcción de comunidades energéticas renovables en las aldeas de El Collado (Santa Engracia del Jubera) y Luezas de Cameros (Soto en Cameros). También se realizaron todos los trámites y la electricidad llegó a las aldeas de Treguajantes (Soto en Cameros), Larriba de Cameros (Ajamil de Cameros), Santa Marina (Santa Engracia del Jubera) y San Martín del Jubera (Santa Engracia del Jubera). Sin embargo el vecindario de Ambas Aguas no ha tenido la misma suerte y siguen sin poder utilizar un microondas o enchufar el taladro para realizar algún arreglo en casa sin estar pendientes de los generadores.

El tiempo pasa y las soluciones no llegan. “Estamos en plazo” es la única respuesta que reciben. Y así es. Desde el Gobierno de La Rioja responsabilizan al Consistorio: “según el convenio, la tramitación, licitación y ejecución de las actuaciones corresponden al Ayuntamiento de Muro de Aguas, en el ejercicio de sus competencias”. Y una matización más. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo apuntan no tener potestad para realizar un “control más exhaustivo del avance del proyecto porque el convenio fue formalizado en la anterior legislatura sin la previsión de hitos intermedios de ejecución, ni mecanismos específicos de seguimiento periódico”.

Desde el Ejecutivo regional aseguran no poder hacer nada a pesar de haber liberado una partida cercana a los 300.000 euros para que la luz llegue a Ambas Aguas, aunque sí reconocen que “son conscientes del interés que suscita este asunto”. Por esta razón, han mantenido contacto con el Ayuntamiento de Muro de Aguas “trasladándole la conveniencia e importancia de que se facilite la información actualizada sobre el estado de tramitación del expediente”. “La interlocución directa con el Ayuntamiento constituye el cauce más adecuado para canalizar las solicitudes de información que se pidan. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería continuará atenta a la evolución de las actuaciones en el marco de sus competencias”, zanjan desde el Ejecutivo regional.

En la misma línea se ha posicionado el alcalde de la aldea Jaime Jiménez. En una conversación con este medio ha insistido en que desde el Consistorio se “está trabajando en este asunto al que hemos dado la máxima prioridad sobre cualquier otra cuestión”. Y al igual que el Ejecutivo regional, Jiménez reitera que están dentro de plazo. “En lo que llevamos de legislatura, me han cambiado el secretario hasta en cuatro ocasiones y esto lo ralentiza todo. Aun así, el día de la semana que tenemos Secretaría damos prioridad a este proyecto”. Asimismo, el alcalde de la aldea califica de “bulos” las críticas del vecindario y asegura que el pueblo está divido: “La oposición (PSOE) está utilizando este problema para hacer su propia campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales”. Un cruce de acusaciones en las que Jiménez ha adelantado no va a participar porque su único objetivo “es seguir trabajando por su pueblo”.

Un vecindario que no se resiste

Mientras tanto, el vecindario y la asociación, que este año cumple cuatro décadas, seguirán trabajando por el pueblo. “No nos resistimos”, insiste Pérez. Resistencia que contrasta con la “pasividad” del Ayuntamiento. “Parece que quieren dejar morir el pueblo porque en los últimos treinta, cuarenta años, el Ayuntamiento no ha solicitado subvención alguna para acometer mejoras en la aldea”. Al contrario. “Somos nosotros, vecinos y asociación, quienes sufragamos y ejecutamos las obras”. Una de las últimas, el arreglo del tejado de la Iglesia en la que Pérez calcula que se han gastado 12.000 euros. Ambas Aguas tiene únicamente dos calles asfaltadas, también por la Asociación. “Para el encementado de una de ellas, el Ayuntamiento sí que nos facilitó el material, pero el trabajo lo hemos hecho nosotros”. Al igual que las labores de saneamiento e instalación de tuberías y desagües que realizaron durante unas vacaciones de Semana Santa.

La cohesión vecinal en esta aldea no es solo una cuestión de cortesía, sino de pura supervivencia. Hasta los años ochenta, eran los propios vecinos quienes se subían al tendido para reparar cualquier avería eléctrica. Hasta que la técnica superó la buena voluntad: “Somos pocos y, cuando los trabajos se complicaron, el vecindario se plantó”, recuerda el presidente de la Asociación. “El Ayuntamiento decidió mirar hacia otro lado” y Ambas Aguas terminó sumida en la oscuridad hasta hoy.

Y a la falta de electricidad se suma un acceso tercermundista. “Somos el único pueblo habitado de La Rioja sin un acceso digno”, denuncia Pérez. “No pedimos una carretera, únicamente un acceso digno a Ambas Aguas”. Más aún, añade, cuando a pesar de contar con tan solo cuatro vecinos de forma habitual, dos de ellos tienen empresa. “En el pueblo hay dos negocios, una minería y una ganadería. Si a estas personas no se les facilita que puedan trabajar... les están invitando a que se vaya de Ambas Aguas”, lamenta.

Incluso el servicio más básico, la recogida de basuras, se ha convertido en un problema. Desde hace unos años, el vecindario paga el impuesto de recogida de basura. “Hasta entonces, guardábamos la basura en casa y cada uno la llevaba hasta Muro de Aguas que está a unos seis kilómetros”. Ahora, y tras pagar el correspondiente impuesto (40 euros), se han instalado contenedores en los que depositar una basura que nadie recoge. “Durante meses no hay alguacil que recoja los contenedores. Antes nos llevábamos la basura a casa y estaba limpio, ahora el pueblo parece un estercolero”.

“Nos quieren dejar morir”

Esta dejadez y falta de servicios han suscitado entre el vecindario la sensación de que “quieren dejar morir el pueblo”. Y es que nos le sirven las respuestas del Gobierno de La Rioja y la ausencia de ellas por parte del Ayuntamiento de Ambas Aguas. “Llevamos tres años con el tema de la luz, solicitamos información y no nos la dan”. La última reunión con el Ayuntamiento de Muro de Aguas fue en julio de 2025. “Desde entonces el vacío, no contestan a las solicitudes de información realizada en septiembre, diciembre y marzo. El pasado mes convocamos otra reunión a la que invitamos al Ayuntamiento. No acudió nadie, ni siquiera nos respondieron”.

Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y Ambas Aguas continúa sin luz a pesar de que el dinero (291.000 euros) del Gobierno de La Rioja ya están en las arcas municipales desde principios de 2024. “Solo pedimos que la luz llegue por fin a Ambas Aguas. Si no nos hubieran prometido la luz, habríamos puesto más placas solares por nuestra cuenta. Pero nos tienen bloqueados con una promesa que nunca llega”, concluye. No piden milagros, solo que el dinero que ya existe se convierta en el cable que los conecte al siglo XXI.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada o PVPC da un respiro a los consumidores, a pesar de la subida de la inflación. En concreto, el recibo rondará este marzo los niveles del mes anterior, ya que el encarecimiento del coste de la energía -aun así contenido pese a la guerra en Irán- ha sido mitigado por la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para hacer frente a la coyuntura.

Así, el recibo de un consumidor tipo -con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle- ha sido de 53,71 euros, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este importe se encuentra en línea con los 53,19 euros de febrero, y supone una rebaja cercana al 5 % si se compara con los 56,29 euros de las mismas fechas de 2025.

También es similar a los 52,97 euros de mayo de 2025, cuando el recibo tiende a abaratarse ante un menor coste energético fruto de una alta generación renovable, y una demanda más controlada que en invierno y verano, los dos periodos pico por los sistemas de climatización.

En cualquier caso, el de 2024 sigue siendo el marzo más económico de los últimos años, con una factura de unos 45 euros para un consumidor tipo.

Vuelve la rebaja fiscal

El usuario PVPC se benefició entonces de los bajos precios del mercado mayorista de la electricidad o 'pool' en un mes extraordinariamente renovable que sentó las bases de las franjas horarias a cero euros o en negativo, un fenómeno ahora recurrente, sobre todo en primavera.

En 2024 también estaba en vigor la rebaja fiscal a la electricidad que el Gobierno lanzó con motivo de la crisis energética del 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Una fórmula que actualmente, con ocasión de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, el Gobierno ha recuperado en su plan de respuesta integral a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo.

Este incluye la rebaja temporal del IVA de la luz del 21 al 10 %, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5 %, y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado 21 de marzo.

Según explican las eléctricas, estas medidas se aplican ya a todas las facturas emitidas a partir del pasado 22 de marzo. Ahora bien, aclara Endesa en su blog, cuando hay un cambio en el IVA justo en medio de un periodo de facturación, las compañías no pueden aplicar una sola regla a todo el consumo.

De este modo se separa el periodo en dos tramos, uno antes y otro después del cambio; se aplica a cada uno el impuesto vigente en ese momento, y se reparten los costes fijos proporcionalmente.

A tenor de sus cálculos, las rebajas fiscales representan un ahorro mensual estimado de casi 7 euros para un hogar pequeño, con un consumo sin impuestos de unos 40 euros; de casi 12 euros para un hogar mediano, con consumo de 70 euros; y de 20 euros para un hogar grande o un local, con consumo de 120 euros.

Las renovables mitigan el 'pool'

La evolución del recibo para un contrato PVPC está vinculado, entre otros factores, al precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool'.

En marzo, el 'pool' se ha pagado, de media, a 41,5 euros/megavatio hora (MWh), un 22 % menos en comparativa interanual y muy por debajo de los 286,4 euros que marcó en los treinta primeros días de la guerra en Ucrania, cuando llegó a anotarse el que continúa siendo su máximo de siempre (544,98 euros/MWh).

Los expertos creen que el predominio renovable en el 'mix' eléctrico permite a España afrontar esta crisis en una mejor situación que otros países (en Francia, el MWh se ha pagado a 64 euros; en Alemania, a 99 euros, y en Italia, a 143 euros).

Conforme a los datos provisionales -sin autoconsumo- de Red Eléctrica a fecha del 30 de marzo, un 65,1 % de la electricidad del mes ha procedido de fuentes renovables, principalmente la eólica, que tiende a desplomar el precio del 'pool' en momentos de alta generación.

El PVPC también está expuesto al mercado de futuros de la electricidad, que está acusando la volatilidad fruto de la geopolítica aunque de forma más controlada que en las primeras semanas de conflicto en Oriente Próximo.

A cierre de marzo, los futuros de OMIP marcan un precio de 27 euros/MWh para abril (el pasado día 9 llegaron a 42,5 euros/MWh); de 78 euros para el tercer trimestre (el pasado día 20 rozaron los 83 euros/MWh), y de 56,75 euros/MWh para 2027.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

El sector de los centros de datos en España cerró el año 2025 con 439 MW de potencia instalada, equivalente a unos 500.000 hogares. Es un crecimiento del 25% respecto al año anterior. No obstante, la carrera solo acaba de empezar: para el año 2030, el sector quiere multiplicar su potencia instalada por seis, hasta los 2.537 MW, tal y como recoge el Informe Anual del sector elaborado por su patronal que ha sido presentado este miércoles.

La asociación SpainDC atribuye este crecimiento al auge de la inteligencia artificial, que se ha convertido en “el motor de demanda más disruptivo y determinante”. “Las cargas de trabajo de IA están incrementando los requisitos de densidad de potencia, acelerando la adopción de la refrigeración líquida y apuntalando la necesidad de instalaciones más grandes y con energía asegurada”, detalla.

Se trata de una tendencia que coloca a España como uno de los lugares del mundo más interesantes para construir nuevos centros de datos, debido a la disponibilidad de energía renovable y barata. Según los cálculos de la patronal, esto podría suponer hasta 66.900 millones de euros de inversión en el país y más de 17.000 empleos. Sin embargo, la tendencia también “incrementa la presión sobre la capacidad de la red eléctrica nacional y los marcos de concesión de autorizaciones”, reconoce el informe.

“La disponibilidad de energía se ha convertido en una de las limitaciones que influyen en el desarrollo de los centros de datos en España, especialmente en Madrid y sus alrededores. Aunque España presenta una abundante capacidad de generación de energía renovable, la disponibilidad y los tiempos de conexión a la red eléctrica –más que la generación en sí– están limitando cada vez más los nuevos desarrollos”, detallan.

Piden mejorar la red y prioridad en los permisos

Para acceder a esa inversión que quiere instalar nuevos centros de datos en España, el informe señala como “clave” mejorar “las limitaciones en subestaciones”, que transforman y distribuyen la electricidad, adaptando el voltaje según los requerimientos de hogares o industrias. También “el desigual margen de maniobra de la red eléctrica regional”, siendo ambos factores que ya “han retrasado o paralizado varios proyectos”, aseguran.

Para desenquistar este cuello de botella, el sector pide eliminar las “solicitudes especulativas de conexión a la red”: el informe advierte de que cada vez hay más promotores piden enganchar sus parcelas a enormes capacidades energéticas como las que necesitan los centros de datos para asegurarse el suministro sin tener un proyecto viable detrás, lo que congestiona las colas y bloquea el acceso a quienes sí tienen capacidad firme de ejecución. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llegó a denominar esta avalancha de peticiones como “una burbuja”.

A la mejor eléctrica la patronal suma también la petición de reducir la burocracia. Según sus cálculos, el 91% de los operadores se enfrenta a plazos de varios años de aprobación para obtener permisos, que se suma a las “incoherencias locales y regionales” que restan transparencia y ralentizan las obras. Resulta muy difícil, argumenta la patronal, aplicar normativas tradicionales de construcción a megainstalaciones que “albergan equipos en lugar de personas”.

“España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital”, ha manifestado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC: “Consolidarnos como hub digital del sur de Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e inteligencia artificial desde infraestructura propia”.

Negocio copado por multinacionales

La patronal de los centros de datos documenta en su informe como el sector “está experimentando una expansión rápida y profundamente transformadora en términos estructurales”. Se refiere a cómo España está dejando de ser un mercado periférico enfocado a los pequeños centros de datos corporativos nacionales (gestionados por bancos, administraciones o empresas de telecomunicaciones) para convertirse en un polo europeo dominado por los gigantes tecnológicos.

A finales de 2025, la potencia instalada en los centros de datos de estas grandes multinacionales ya superó en volumen a la infraestructura de las instalaciones empresariales tradicionales. Solo durante el último año, la inversión directa de estos gigantes, a los que se denomina “hiperescalares”, se triplicó. Destacan las apuestas de Amazon, que supera ya los 33.000 millones de euros de inversión en Aragón; Microsoft, con más de 5.000 millones en la misma región; o Meta, con un gran centro de datos en Talavera de la Reina con un coste de unos 1.000 millones de euros.

La presión eléctrica sobre estas regiones es grande. Solo entre Amazon y Microsoft consumirán tanta energía como el resto de la comunidad aragonesa antes del boom de los centros de datos. Además, asociaciones ecologistas y locales han demandado a la primera por la falta de transparencia en la utilización de otros recursos, como el agua, así como los pactos que ha alcanzado con las administraciones.

La trampa de la energía limpia

La asociación sitúa la sostenibilidad como un requisito básico para su operativa en España, afirmando que el 95% de la electricidad consumida por los operadores hiperescalares proviene de fuentes con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, para alcanzar estas cifras en sus balances, las compañías recurren a Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y Garantías de Origen (GdO), métodos que tanto los especialistas en cambio climático como sus propios empleados consideran como una trampa contable.

El motivo es que estos certificados permiten a las empresas deducirse emisiones en sus informes oficiales sin que ello suponga necesariamente la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia o un cambio real en el mix energético de la red eléctrica, como documentó elDiario.es en este reportaje.

La clave radica en el consumo real de estas infraestructuras, que requieren energía de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Durante los periodos nocturnos, cuando la producción renovable cae, los centros de datos absorben electricidad proveniente de centrales de gas o nucleares. Sin embargo, el Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las multinacionales destacar únicamente la cifra de emisiones más favorable, basada en certificados de carbono. Este método de cálculo camufla hasta el 85% de la contaminación efectiva producida por la inteligencia artificial.

Hoy en día, es habitual ver en muchos hogares regletas llenas de cargadores, enchufes de lámparas y de otros dispositivos. Durante años, han sido la forma más sencilla de sumar conexiones sin tener que tocar la instalación eléctrica de la casa. Son cómodas y económicas, y permiten conectar varios dispositivos a la vez, lo que resulta útil en escritorios, salones o cocinas con pocas tomas eléctricas fijas. Pero con tantos aparatos portátiles y la necesidad de cargar varios dispositivos a la vez, las regletas muestran sus límites: cables enredados, adaptadores que ocupan varias tomas y un desorden general que puede dificultar mantener un espacio limpio y organizado.

Por otro lado, añadir enchufes implica obras y un gasto que no todos los hogares pueden asumir. En pisos antiguos o de alquiler, estas intervenciones pueden ser complicadas o directamente imposibles. Por eso, cada vez más familias buscan soluciones más prácticas y flexibles, capaces de adaptarse a las necesidades reales sin depender de reformas costosas. Los enchufes modulares de superficie surgen como una alternativa clara: permiten añadir puntos de conexión de manera sencilla, combinando tomas normales con puertos USB, sin alterar la pared ni comprometer la estética del hogar.

Estos sistemas modulares se están instalando en salones, cocinas, dormitorios y oficinas, sobre todo porque se adaptan al espacio disponible y a la creciente demanda de conectividad. A diferencia de las regletas, permiten colocar los enchufes justo donde se necesitan, reduciendo cables y adaptadores por toda la habitación. Además, se pueden reorganizar o ampliar según cambien las necesidades de cada estancia, lo que los hace más versátiles para hogares modernos donde los dispositivos conectados varían constantemente.

La integración de puertos USB, incluido el estándar USB‑C, ha sido un factor clave para su popularidad. Cada vez más dispositivos, desde móviles y tablets hasta pequeños electrodomésticos portátiles, se cargan mediante estas conexiones. Contar con enchufes que ya incluyen puertos USB evita adaptadores adicionales, reduce el desorden de cables y mantiene el espacio más accesible y cómodo, algo especialmente útil en áreas con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.

Por qué avanzan rápido los enchufes modulares

La razón principal de la adopción creciente de los enchufes modulares es su instalación sin obra. Los módulos se fijan a la pared, a muebles o incluso a superficies de trabajo mediante tornillos o adhesivos resistentes, y todo el cableado queda oculto en canaletas discretas que se integran con el entorno. Esto permite sumar puntos de corriente sin necesidad de romper paredes ni instalar cajas adicionales, ofreciendo una solución rápida y limpia para quienes buscan comodidad y funcionalidad.

Otra ventaja es la flexibilidad en la distribución de las conexiones. Mientras que una regleta ofrece un bloque fijo de enchufes, los sistemas modulares permiten combinar tomas convencionales con puertos USB y otros módulos según lo que se necesite en cada espacio. Esta adaptabilidad hace que los usuarios puedan reorganizar sus puntos de conexión si cambian los muebles o los aparatos electrónicos, sin depender de cables sueltos o adaptadores externos que suelen acompañar a las regletas.

La seguridad es otro aspecto importante. Muchos enchufes modulares incluyen mecanismos de protección frente a sobrecargas y obturadores de seguridad para niños, características que no siempre se encuentran en regletas básicas. Además, al distribuir los puntos de conexión a lo largo de un módulo en lugar de concentrarlos en un solo bloque, se reduce el riesgo de sobrecalentamiento o tensión en las tomas, lo que contribuye a un entorno doméstico más seguro.

Por último, la estética y el orden visual han sido factores clave en la aceptación de estos sistemas. Las regletas tradicionales suelen dejar cables a la vista y ocupar espacio, mientras que los enchufes modulares se integran con la pared o el mobiliario, combinando con el diseño interior y ofreciendo un acabado más limpio y ordenado. Esta característica es especialmente valorada en hogares modernos, donde la funcionalidad y la apariencia se buscan en equilibrio.

En conjunto, la combinación de facilidad de instalación, flexibilidad, integración de puertos USB, seguridad y estética ha impulsado la adopción de los enchufes modulares en muchos hogares. Cada vez más personas optan por esta solución frente a las regletas, ya que permite gestionar la electricidad de manera más eficiente, segura y adaptada a la vida digital contemporánea. Los sistemas modulares representan así una evolución natural de la infraestructura eléctrica doméstica, que responde a la creciente demanda de conectividad sin sacrificar comodidad ni orden en los espacios del hogar.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este lunes de que la situación actual es “muy grave” y supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un contexto marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio y las amenazas crecientes de ataques por parte de EEUU e Irán.

Durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra, Birol señaló que la actual crisis equivale a “dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos”, en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Medio, lo que representa una “amenaza mayor” para la economía global, informa la agencia EFE.

“Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección”, subrayó durante su visita de un solo día a Australia, donde tiene previsto reunirse también con el primer ministro, Anthony Albanese, antes de proseguir su gira por Asia.

La AIE acordó el pasado 11 de marzo liberalizar el mayor volumen de reservas estratégicas de petróleo de la historia. En concreto, van a sacar al mercado 400 millones de barriles de estas reservas para compensar las pérdidas de abastecimiento por este conflicto internacional.

Tras las dos primeras semanas de cautela, Europa ya se prepara para los efectos “graves” de una guerra que prevé larga. En España, el Gobierno aprobó el viernes el primer paquete de ayudas y medidas para mitigar y tratar de minimizar los daños del conflicto.

Al menos 40 infraestructuras gravemente dañadas

Birol alertó de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido “gravemente o muy gravemente” afectadas en nueve países, lo que agrava la incertidumbre sobre el suministro.

El responsable de la AIE destacó que la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, es la principal vía para aliviar las tensiones energéticas.

Este corredor marítimo permanece prácticamente bloqueado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

En este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Teherán que reabra completamente el estrecho, bajo la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes.

Por su parte, Irán ha respondido advirtiendo que, si su red energética es atacada, tomará represalias contra instalaciones energéticas y plantas de desalinización en distintos países de Oriente Medio.

El impacto ya se refleja en los mercados, con un repunte del precio del crudo, que superó los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del lunes.

El director de la AIE hizo un llamamiento a la cooperación internacional para evitar un deterioro mayor de la situación y urgió a una resolución rápida del conflicto, ante el riesgo de consecuencias económicas globales de gran alcance

Ante cada crisis del petróleo, España repite la misma fórmula: descuentos al combustible que no tenemos, pagados con dinero público que no nos sobra. Es una receta populista, ineficaz y regresiva. Una idea equivocada, que lleva saliendo mal desde hace medio siglo. 

El primero que apostó por ella fue Franco, en 1973, tras la primera gran crisis del petróleo. La Guerra del Yom Kippur –apenas 19 días– llevó a un embargo de los países árabes exportadores contra EEUU y sus aliados, por su apoyo a Israel en ese conflicto. El precio del crudo subió un 70% en un solo día; acabaría multiplicándose por cuatro. La respuesta de la dictadura fue intentar que los españoles no se enteraran de la crisis. Evitar medidas impopulares en un momento en que el régimen agonizaba. Mientras el precio de la gasolina se disparaba en todo el mundo, en España solo subió un 20%. El resto lo ponía el Estado.

Aquella política fue desastrosa. Los ingresos del Estado por el monopolio del petróleo pasaron de 26.355 millones de pesetas en 1973 a solo 234 millones en 1974. El descuento a la gasolina se comió el 4,7% del presupuesto público. Al no trasladar el precio del petróleo, España siguió como si nada hasta finales de 1975. No se redujo el consumo. El golpe llegó después, mucho más duro. El crecimiento del PIB pasó del 7,8% en 1973 al 0,5% en 1975. La inflación alcanzó el 28% en 1977. Los Pactos de la Moncloa estabilizaron la situación, pero sin abordar la dependencia energética. Cuando llegó la segunda crisis del petróleo, en 1979, España seguía sin los deberes hechos. La economía se atascó durante casi una década.

Por fortuna, ya no estamos en esa época. En este siglo XXI, España ha transformado su modelo energético, algo que está siendo clave en el crecimiento de nuestra economía. Hoy España produce electricidad más barata gracias a las renovables, que suman casi el 60% de la producción. “El sábado pasado, el precio del megavatio hora en España fue de 14 euros, frente a más de 100 en Italia, Alemania o Francia”, presumió Pedro Sánchez en su rueda de prensa de este viernes. 

“España está mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para este shock energético”, dijo también el presidente. Es una verdad a medias.

En producción eléctrica renovable hemos hecho los deberes. España saca muy buena nota. No así en el transporte: ahí el suspenso es absoluto. 

España ocupa en torno al puesto 20 en la UE en penetración del coche eléctrico. Solo hay siete países peor. En ventas nuevas, sumando híbridos enchufables, España apenas alcanza el 20%, frente al 30% de Alemania, el 35% de Países Bajos, el 38% de Portugal o el 50% de Dinamarca. Si miramos el parque total, el porcentaje es ridículo: apenas el 1,5% tiene etiqueta cero. La inmensa mayoría de los coches en España dependen del petróleo.

Quien cree que es un problema de renta se equivoca. ¿Por qué Portugal sí está logrando el despegue del coche eléctrico y no España?

Se entiende todo mejor con este gráfico. Ojo: son datos previos a la bajada al 10% del IVA para los combustibles que acaba de anunciar el Gobierno.

Somos uno de los países de la UE con impuestos más bajos a los combustibles. En gasolina, solo Bulgaria tiene una carga fiscal menor. En diésel, solo nos gana Estonia. En precio final, es difícil encontrar gasolineras más baratas que las españolas entre los países de nuestro entorno. Por eso las colas, en la frontera, siempre están de nuestro lado.

Al mismo tiempo, antes de impuestos, el precio de la gasolina en España es de los más altos de Europa. Algo que solo se puede explicar por los márgenes del refino y de las distribuidoras: no por la carga fiscal que soportan los combustibles ni por el precio mundial del crudo, que es similar para todos.

En parte es herencia de las políticas franquistas, que la democracia nunca corrigió por el mismo motivo: es impopular. El resto de Europa lleva décadas gravando fuertemente el combustible para reducir su consumo y la dependencia del petróleo. 

En toda Europa hay campañas públicas para animar a los conductores a revisar la presión de sus ruedas: el consumo aumenta hasta un 10% si están poco infladas. Cobran peajes en las vías de alta velocidad y es por lo mismo: para desincentivar el coche privado y no subvencionar el transporte de mercancías por carretera. En las grandes ciudades, apuestan por la bicicleta, o por restringir el coche en el centro. 

España, país sin petróleo, pero paraíso de la gasolina (para las petroleras, más que para los consumidores). Y también del diésel: la Comisión Europea lleva años exigiendo eliminar su ventaja fiscal, hasta el punto de que hay 1.000 millones de fondos europeos en juego.

Es una cantidad que probablemente haya que sumar a los 5.000 millones en descuentos fiscales que ayer anunció el Gobierno, su plan frente a la guerra de Irán. Se dice pronto esa cifra: 5.000 millones es el doble que la mayor convocatoria de becas de la historia.

Esta rebaja de impuestos será regresiva: la mayor parte irá a familias que no lo necesitan. Será ineficaz: engordará los beneficios de las petroleras. E irá en dirección contraria a lo que España necesita: depender menos del petróleo.

Ya lo vimos en la anterior legislatura, con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis de Ucrania. Según los datos de la AIREF, costó 4.531 millones de euros. El 40% fue al tercio más rico; el más pobre solo recibió el 20%. Y unos 857 millones acabaron mejorando los beneficios de las petroleras, según este estudio. 

Aquella medida solo sirvió para frenar el IPC. Como España tiene impuestos más bajos sobre el combustible, también es donde más aumenta el precio cuando sube el petróleo. Un problema que no se resolverá mientras no se corrija esa fiscalidad.

El PSOE parece haber optado por un paquete de medidas que perfectamente podría haber firmado la derecha. Es casi lo mismo que pedía Feijóo: bajar unos impuestos que ya eran bajos. Parece que la prioridad –más que tomar las medidas adecuadas– era hacer algo que pudiera ganar la votación en el Congreso.

Es también decepcionante el papel de Sumar en esta negociación. Retrasaron su entrada en el Consejo de Ministros como modo de presión para incluir la moratoria para los pisos de alquiler. Es un gesto de cara a la galería: esa moratoria no va a prosperar –como saben todos en la coalición– porque no hay mayoría suficiente en el Congreso. PNV y Junts se oponen frontalmente.

El problema de fondo sigue siendo el de siempre, igual que en los años 70. Nadie quiere tomar una medida tan impopular como subir la gasolina o el diesel, o permitir que suban. 

La electricidad en España –el precio mayorista– es una de las más baratas de Europa. Hay horas, casi todas las semanas, donde la producción renovable es mayor que toda la demanda. Y aun así, aquí seguimos: apoyando fiscalmente una energía que no tenemos, en lugar de apostar por la que nos sobra.

Muchas causas, menos responsabilidades. El informe final de ENTSO-E, los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, sobre el apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 revela que fue provocado por “un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión” y concluye que el apagón fue el resultado de múltiples factores interactuantes y una reacción en cadena. El colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios, aunque se confirma que las compañías eléctricas fallaron en el control de la tensión y en la capacidad de respuesta.

Como anécdota que ejemplifica la opacidad de las compañías energéticas en España, los expertos recalcan en el informe que la recopilación de la información fue fácil en Portugal, mientras que en nuestro país “la recopilación de datos de terceros resultó más complicada. Se intercambiaron más de 240 correos electrónicos y cartas” con las terceras partes implicadas entre el 28 de junio de 2025 y el 17 de febrero de 2026. Los expertos subrayan que “aún faltan algunos datos, en particular sobre las desconexiones de generación que ocurrieron antes del apagón”, lo que impidió “identificar la causa de dichas desconexiones debido a la ausencia de registros de fallos. Los propietarios de dichas instalaciones citaron la falta de datos de registro de fallos como la razón por la que no pudieron proporcionar esta información a la investigación”.

El apagón fue provocado por un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión. El factor clave del colapso fue la ineficacia del control de tensión en la red española. Al no poder contenerse el aumento de tensión inicial con los equipos disponibles, se produjo una reacción en cascada de desconexiones por sobretensión de numerosos generadores, especialmente eólicos y solares. Esta pérdida masiva de generación provocó que la frecuencia de la red cayera abruptamente. Finalmente, a las 12:33:19 horas, los sistemas eléctricos de España y Portugal perdieron el sincronismo con el resto del sistema europeo continental y colapsaron por completo, sin que los planes de defensa automáticos pudieran evitarlo debido a la magnitud y rapidez del fallo.

Los 49 expertos europeos, que han elaborado el informe, apuntan a una falta de respuesta de los generadores renovables y convencionales, ya que las plantas de energía renovable operaban con un factor de potencia fijo, por lo que solo absorbían energía reactiva proporcional a su potencia activa y no reaccionaban para estabilizar las fluctuaciones de tensión. Por otro lado, varios generadores convencionales síncronos no aportaron la energía reactiva requerida, situándose por debajo del 75% de su valor de referencia.

Además, recalcan fallos en la respuesta de la red, ya que la conexión y desconexión de componentes clave para el control de tensión (los reactores de derivación) se realizaba de forma manual, lo que introdujo demoras críticas debido al tiempo necesario para la toma de decisiones y procesamiento por parte de los operadores.

Entre los hechos que provocaron el apagón, estos expertos también destacan que el aumento de tensión activó las protecciones de los inversores de muchas pequeñas instalaciones fotovoltaicas (menores a 1 MW, como paneles en tejados), provocando su desconexión en cascada e incrementando drásticamente los flujos de energía y los desajustes en la red.

Sobre los episodios de oscilación previos al colapso, el informe señala que en la media hora anterior al apagón absoluto, el sistema sufrió dos episodios de oscilación grave (una oscilación local de 0,63 Hz impulsada por inversores y una oscilación interzonal de 0,2 Hz) que alteraron severamente la estabilidad y contribuyeron a empeorar las condiciones.

Además la red de transmisión española de 400 kV opera bajo normativas que le permiten un rango de tensión más amplio que al resto de los países europeos. Esto provocó que el margen entre el límite de tensión operativo permitido y el límite en el que los generadores se desconectan por seguridad fuera muy pequeño o inexistente, con lo que los márgenes de seguridad son insuficientes.

El informe también revela que hay deficiencias normativas en el sistema eléctrico español, ya que el marco regulatorio aplicable (Procedimiento de Operación 7.4) no exigía especificaciones de comportamiento dinámico a los generadores convencionales ni imponía consecuencias económicas si estos no cumplían con los requisitos de control de tensión.

Responsabilidad diluida en todo el sistema eléctrico

Los expertos europeos apuntan que la responsabilidad estuvo diluida en fallos de todo el sistema eléctrico. Por un lado, advierten de las deficiencias en las normativas, revelando que el marco regulatorio no exigía a las plantas renovables reaccionar ante cambios de tensión, sino que operaban con factor de potencia fijo, ni impone consecuencias económicas a los generadores convencionales cuando no cumplían con sus obligaciones de control de reactiva.

Por otro lado, no fue una sola planta la que falló. El informe señala que varios generadores convencionales no aportaron la energía reactiva esperada, y una cantidad masiva de pequeñas y grandes instalaciones renovables se desconectaron en cascada debido a que sus protecciones de sobretensión estaban configuradas por debajo de los requisitos o de forma desalineada con las necesidades del sistema.

También apuntan que a las limitaciones de red y a los operadores, ya que la red española de 400 kV opera con un rango de tensión más amplio que el resto de Europa, lo que de por sí deja muy poco margen de maniobra ante un pico de voltaje. A esto se sumó que la conexión de equipos vitales, los conocidos como reactores de derivación, se tenía que hacer manualmente, lo que requirió un tiempo de toma de decisiones que el sistema no disponía.

REE asegura que “no falló y cumplió con la normativa”

Inmediatamente después de la publicación del informe de ENTSO-E,  Red Eléctrica lanzó un comunicado en el que asegura que “no falló y cumplió con la normativa antes, durante y después del apagón”, pese a que el informe de los expertos europeos señala que el colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios y se debió a un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión. El factor clave del colapso fue la ineficacia del control de tensión en la red española.

Aragón produce más del doble de la electricidad que consume, pero esa ventaja energética no garantiza por sí sola la llegada de nuevas inversiones industriales o tecnológicas. El principal problema, según advierte un informe presentado este martes por la Fundación Basilio Paraíso –impulsada por la Cámara de Comercio de Zaragoza–, es que la red eléctrica no siempre tiene capacidad para llevar esa energía hasta los lugares donde quieren instalarse los proyectos.

El estudio, titulado 'El punto de inflexión energético para Aragón' y elaborado por la consultora PwC, analiza la situación energética de la comunidad y los retos que afronta para atraer nuevas inversiones. “Con este estudio pretendemos contestar a tres cuestiones; producimos el doble, pero cómo se puede beneficiar la comunidad autónoma; cómo podemos favorecer a nuestras PYMES, y cómo se crea este ecosistema para que seamos más competitivos”, ha explicado el secretario de la entidad, José Miguel Sánchez.

Mucha producción y poco consumo

Los datos reflejan el peso energético de Aragón. En 2025 la comunidad produjo 22.365 gigavatios hora (GWh) de electricidad, mientras que su consumo interno fue de 10.659 GWh. Es decir, genera más del doble de la energía que utiliza y exporta alrededor de 11.700 GWh al año a otros territorios.

Este superávit se explica por un parque energético amplio y mayoritariamente renovable. Aragón cuenta con 13.793 megavatios de potencia instalada y el 82,5 % corresponde a energías renovables, sobre todo eólica y fotovoltaica. Sin embargo, el reto ya no es producir más energía, “sino poder entregarla allí donde se sitúan las nuevas inversiones industriales y energéticas”, recoge el estudio.

El socio de PwC y autor del informe, Óscar Barrero, ha insistido en esa idea durante la presentación: “La energía es una ventaja competitiva para Aragón, pero la energía sola no vale, necesitamos infraestructura para conectarla con la demanda. Sino somos capaces de hacer las cosas de forma eficaz, la oportunidad no será tan grande o se marchará”.

Una red con capacidad limitada y los centros de datos

El informe identifica limitaciones en la infraestructura de transporte como un condicionante principal. Según los mapas del operador del sistema, existen 54 nudos sin capacidad disponible para nuevas conexiones de demanda. El estudio detecta además una “brecha relevante” entre la potencia autorizada y la que está en servicio : de los 30 nudos con capacidad otorgada, solo 10 tienen demanda en operación. Esto implica que solo el 12,7% de la capacidad concedida está actualmente en funcionamiento. Según el documento, esta falta de materialización de los proyectos puede generar “bloqueos en el acceso y conexión” para nuevas inversiones industriales.

El informe también apunta al aumento de la demanda eléctrica ligado a la electrificación de la industria y al crecimiento de la economía digital, especialmente los centros de datos. Actualmente Aragón cuenta con 108 megavatios de potencia IT instalada en este tipo de instalaciones, lo que equivale aproximadamente a 162 megavatios de potencia eléctrica real. Estas infraestructuras ya representan cerca del 14 % del consumo eléctrico final de la comunidad.

Las previsiones del Plan Energético de Aragón 2024-2030 apuntan a un crecimiento aún mayor, con hasta 3,7 gigavatios asociados a centros de datos y otros 1,7 gigavatios vinculados a grandes consumidores electrointensivos.

Para las empresas que quieren instalarse, uno de los factores decisivos es el llamado “time-to-power”, es decir, el tiempo que pasa desde que se obtiene el permiso de acceso a la red hasta que el suministro eléctrico está disponible. “Cuanto menor sea ese plazo, mayor será la capacidad de un territorio para atraer proyectos industriales y tecnológicos”, señala el informe.

Aunque la planificación de la red hasta 2030 podría habilitar alrededor de 15,2 gigavatios de nuevos puntos de conexión –una cifra superior a la demanda potencial prevista–, el estudio advierte de que el principal reto será ejecutar las infraestructuras necesarias y acelerar la puesta en marcha de los proyectos.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defiende revisar las condiciones de acceso al bono social eléctrico para que la renta sea el único criterio determinante para recibir la ayuda. En un informe elaborado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado a la entidad Diego Rodríguez, el ‘think tank’ respalda la propuesta del Ejecutivo de eliminar el criterio de familia numerosa como condición suficiente para acceder a este descuento en la factura de la luz.

El estudio valora positivamente la orientación recogida en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 del Gobierno, que ya apunta en esa dirección. Según el análisis, el acceso al bono debería basarse exclusivamente en criterios de renta, aunque manteniendo ajustes por el tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia.

Distorsiones en el diseño actual

Fedea defiende en su informe que existe “un problema de asequibilidad energética” que afecta al bienestar de determinados hogares, lo que justifica la existencia de mecanismos de transferencia de renta acompañados de medidas regulatorias que garanticen el acceso al suministro.

Sin embargo, el estudio subraya que el diseño actual combina criterios de renta con otros que no dependen directamente de los ingresos. Esta mezcla, sostiene, introduce “distorsiones relevantes” en la relación entre vulnerabilidad económica y acceso real a la ayuda.

Uno de los elementos más cuestionados es el criterio de familia numerosa. Al operar como condición suficiente para recibir el bono social, el informe considera que debilita el carácter redistributivo de la medida y genera patrones territoriales específicos, con una mayor concentración de beneficiarios por esta vía en determinadas comunidades autónomas.

Cobertura desigual según el nivel de renta

Las principales modificaciones del bono social eléctrico, creado en 2009, han girado en torno a los criterios para definir al consumidor vulnerable, a los porcentajes de descuento aplicados y al sistema de financiación del mecanismo.

El análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que la cobertura del bono social eléctrico ha mejorado entre 2021 y 2025 en todos los niveles de renta, en parte por la ampliación de los requisitos de elegibilidad. No obstante, el informe señala que los problemas de baja cobertura se concentran en los dos primeros deciles de renta —los hogares con menos ingresos—, mientras que en los deciles superiores la cobertura es prácticamente completa.

Además, se ha registrado un aumento del porcentaje de beneficiarios en los niveles de renta más altos, algo que, según Fedea, refuerza la idea de que el diseño actual limita la capacidad redistributiva del instrumento.

Coste y financiación del bono social

El informe también analiza el coste y el sistema de financiación del bono social. Recuerda que la delimitación de los agentes obligados a financiarlo fue anulada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por motivos relacionados con el principio de no discriminación.

Aunque el esquema vigente reparte el coste entre empresas de generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos, el estudio concluye que en la práctica el gasto acaba trasladándose al conjunto de los consumidores.

Más allá de la reforma del bono social eléctrico, Fedea propone abrir una reflexión más amplia sobre la política de lucha contra la pobreza energética. El informe cuestiona el enfoque fragmentado actual y plantea avanzar hacia un instrumento integrado que cubra el conjunto de consumos energéticos de los hogares.

Un cheque energético o un complemento en el IMV

Entre las opciones, el estudio menciona la posibilidad de crear un complemento energético dentro del Ingreso Mínimo Vital, aunque advierte de que el número de beneficiarios de esta prestación es actualmente mucho menor que el de quienes reciben el bono social.

Otra alternativa sería establecer un cheque energético que cubra todos los consumos del hogar, incluidos aquellos que no dependen de un contrato de suministro, como los combustibles para calefacción o transporte. Este sistema debería determinarse en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de vulnerabilidad y la localización geográfica.

El informe plantea además que la ayuda se conceda preferentemente de forma automática por parte de las administraciones públicas y que su financiación combine recursos presupuestarios, aportaciones del sector energético y fondos europeos vinculados al Fondo Social para el Clima.

Como alternativa adicional, el autor menciona la posibilidad de canalizar este apoyo a través del IRPF mediante un crédito fiscal reembolsable, configurado como un impuesto negativo sobre la renta similar a la deducción por maternidad.

Funcas prevé que un conflicto de tres meses de duración en Oriente Medio podría costarle dos décimas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) a la economía española y elevaría la inflación por encima del 3%, debido a la subida de los precios de la energía y a la escasez de fertilizantes que proceden del Golfo Pérsico.

El centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro ha publicado este viernes un análisis sobre los potenciales efectos sobre la economía de una coyuntura bélica de corta duración en Oriente Medio, un escenario que ven como el más plausible en la actualidad, ante la falta de incentivos en Irán y en Estados Unidos para alargarla.

En una semana de conflicto, los precios del petróleo han repuntado un 14% y el del gas natural ha avanzado un 48%, una reacción notable pero “menos virulenta” que la experimentada por los mercados tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. “En ese momento el petróleo llegó a cotizar por encima de los 180 dólares, más del doble de la cotización observada a día de hoy, y el Mibgas escaló hasta los 200 euros, cuatro veces más de lo que vale en la actualidad”, destacan los economistas de Funcas.

Otro mercado clave es el de los fertilizantes, ya que los países del Golfo son grandes productores de este insumo básico para el sector agroalimentario. Desde el viernes, su precio ha crecido un 24% hasta los 590 dólares por tonelada, todavía lejos del precio alcanzado durante la guerra en Ucrania (870 dólares), pero más cercano a este máximo que en el caso de los productos energéticos.

Repostar es 10 céntimos más caro

Estos mercados internacionales han provocado que repostar combustible cueste ya 10 céntimos más por litro que la semana pasada, mientras que el PVPC del mercado de la electricidad ya está un 13% por encima de la media del mes pasado. Funcas apunta que un avance del 10% en los precios del petróleo suma una décima al IPC, el mismo efecto que tiene una subida de la misma magnitud en el precio del gas.

Funcas apunta que unos precios energéticos en estos niveles durante tres meses elevaría la inflación por encima del 3%, lo que tendría efecto claro en la cesta de la compra. Esto retraería el consumo privado, que se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la economía española, y también tendría su impacto en las exportaciones a nuestros principales socios comerciales. El turismo podría verse afectado por una subida de los precios de los desplazamientos, aunque se vería compensado por un mayor atractivo de España frente a los destinos cercanos al Oriente Medio, considerados más inseguros. La incertidumbre derivada del conflicto también podría pesar en las decisiones de inversión de empresas y consumidores, restando crecimiento en una variable clave que empezaba a mostrar mayor dinamismo.

Todo ello derivaría en dos décimas menos de crecimiento este año (la última previsión del centro de estudios apuntaba a un avance del PIB del 2,4% en 2026), por lo que sería un impacto “limitado”, dice la nota. “No obstante, si la contienda se prolongara por más tiempo, o si se destruyeran instalaciones e infraestructuras clave dando lugar a disrupciones importantes en los flujos de productos energéticos –petróleo, gas, o derivados– el escenario sería significativamente más negativo”, advierten.

Amazon ha anunciado este una inversión de 18.000 millones de euros para ampliar su red de centros de datos en Aragón, lo que eleva su gasto total hasta los 33.700 millones en este tipo de infraestructuras en la región. El anuncio se ha realizado durante el Mobile World Congress que ha arrancado esta semana en Barcelona.

El objetivo es proporcionar capacidades de inteligencia artificial y computación en la nube a nivel europeo. “Queremos convertir a España en el epicentro de la IA para todas nuestras operaciones en Europa”, ha dicho David Zapolsky, vicepresidente de Políticas Globales de Amazon Web Services (AWS, la división de centros de datos y computación en la nube de la multinacional), durante el anuncio.

La empresa construirá instalaciones en Huesca, San Mateo de Gállego (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel). El proyecto incluye una fábrica para ensamblar y probar servidores, un almacén logístico y un centro de reparación y reciclaje de equipos. Con este paso, Amazon se convierte en la primera empresa tecnológica en anunciar centros de datos en la provincia de Teruel.

La multinacional asegura que el plan tendrá impacto directo en el empleo y la economía nacional. La compañía estima una aportación de 31.700 millones de euros al PIB español hasta 2035, y que la inversión equivaldrá a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en España a través de las actividades digitales derivadas. Por vía directa, las nuevas instalaciones generarán aproximadamente 1.800 empleos directos cuando estén plenamente operativas.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, presente en el acto en el que Amazon ha anunciado la nueva inversión, ha celebrado la decisión de la multinacional. “Debemos usar esta oportunidad para mostrar al mundo cómo se debe desarrollar la IA. Somos líderes mundiales en transición verde y energía renovable. Esa es una de las recetas del éxito español”, ha presumido.

López también ha asegurado que los nuevos centros de datos de Amazon serán “verdes” y ligados a energía renovable. La multinacional ha anunciado que su expansión irá ligada a la construcción de siete nuevas plantas solares en España, con las que superará el centenar de plantas de este tipo en el país.

Amazon es, sin embargo, la más opaca de entre las grandes multinacionales de los centros de datos en cuanto a las emisiones contaminantes que producen sus instalaciones. Es la única que no proporciona los datos concretos sobre cuántas emisiones generan sus centros de datos en los países en los que se instalan. En España el mix eléctrico tiene una fuerte presencia de renovables, pero cerca de un 40% de la generación sigue proviniendo de combustibles fósiles.

Durante el anuncio, Zapolsky ha asegurado que Amazon generará más energía de la necesaria para operar estos centros de datos y que devolverá a los municipios el triple del agua consumida en sus instalaciones.

Inquietud en las comunidades locales

Pese a las declaraciones de Zapolsky, la inquietud en las comunidades locales sobre las actividades de Amazon en la región aumenta. La opacidad de la compañía para revelar los datos exactos de consumo es la que ha movido al colectivo contra los centros de datos en Aragón a presentar un litigio judicial contra la multinacional. Su objetivo es obligar a Aamazon a revelar su uso de electricidad y agua, así como los acuerdos concretos a los que ha llegado con las administraciones locales para el uso de estos recursos y del suelo.

El colectivo, al que pertenecen Ecologistas en Acción, TuNubeSecaMiRío, No Centros de Datos Aragón, Observatori DESCA, la cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible, junto a otras organizaciones territoriales, logró las donaciones necesarias para los gastos judiciales en los primeros seis días de su campaña.

Les xarxes elèctriques modernes, especialment les que abasten grans territoris com Europa, estan dissenyades per a operar com a sistemes interconnectats que comparteixen recursos i equilibren càrrega en temps real. No obstant això, aquesta interconnexió té un costat fosc: una fallada en un punt pot desencadenar una cascada de col·lapses amb impacte en regions senceres. Fenòmens naturals, errors tècnics o atacs maliciosos són una amenaça latent i investigadors alerten que una xarxa elèctrica 100% renovable, encara que necessària per al planeta, presenta riscos davant la variabilitat de la producció, especialment en els extrems, on se situen la península ibèrica i els països Bàltics.

L'apagada europea del 4 de novembre de 2006 va afectar 15 milions de persones a Europa Central, amb incidència parcial a Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Portugal, Bèlgica, Àustria i Croàcia. La del 28 d'abril de 2025 va deixar sense llum a més de 60 milions de ciutadans a Espanya, Portugal, Andorra i alguns punts de França. Un equip de científics liderat per investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), centre de titularitat compartida entre la Universitat de les illes Balears (UIB) i el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC, sigles en castellà), estudia els dos grans desafiaments als quals s'enfronta l'estabilitat de la xarxa elèctrica: la integració massiva d'energies renovables i la grandària i la interconnexió del sistema europeu. 

“Tenim davant nosaltres la tempesta perfecta. Cal incrementar el consum elèctric sense augmentar les emissions de CO₂, la biomassa i la hidràulica té un recorregut limitat, i les nuclears també, amb grans problemes de costos a llarg termini. Però les renovables presenten riscos importants: no són controlables, tenen major variabilitat i menor inèrcia”, explica el físic Pere Colet. L'energia eòlica i solar fotovoltaica és neta, però depèn de les condicions meteorològiques i el seu magatzematge és molt car. “Fins fa poc, aquestes plantes no podien controlar el voltatge i s'ha requerit un canvi en la legislació per a permetre-ho”, assenyala Colet. “El 28 de gener el vent va pujar a més de 90 quilòmetres per hora i van haver de parar-se les turbines, que estaven a màxim rendiment, perquè no es trenquessin”, exposa en referència a l'últim temporal, que va obligar Red Eléctrica a desconnectar durant dues hores a grans empreses i consumidors intensius per sobrecàrrega de demanda o falta de generació. 

Tenim davant nosaltres la tempesta perfecta. Cal incrementar el consum elèctric sense augmentar les emissions de CO₂, la biomassa i la hidràulica té un recorregut limitat, i les nuclears també, amb grans problemes de costos a llarg termini. Però les renovables presenten riscos importants: no són controlables, tenen major variabilitat i menor inèrcia

Pere Cole — Físic

El sistema té llacunes perquè tampoc les plantes nuclears són solució, pel fet que la seva producció és constant i no tenen capacitat per a incrementar de manera urgent i puntual. Les més ràpides són els cicles combinats, centrals tèrmiques que utilitzen gas natural, “que aconsegueixen una alta eficiència superior al 55%”, però resulten més cares. “Són essencials com a energia de suport per a les renovables, amb una capacitat instal·lada pròxima als 25-27 gigawatts i funcionen com a 'salvavides' del sistema elèctric”, puntualitza el físic Damià Gomila. Aquesta és la resposta parcial a per què Balears es va lliurar de l'apagada de l'any passat, en tenir a ple rendiment la producció amb gas. “D'altra banda, també va ser crucial que el cable que ens connecta és d'energia contínua”, agrega Colet.

El bessó canari

La interrupció de subministrament de 2025 va afectar a tota Espanya, excepte Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. En la seva cerca de propostes, els investigadors de l’IFISC han construït un bessó de la xarxa elèctrica de Gran Canària per a estudiar el problema en un sistema real. “Vam mostrar que, si s'incrementa molt la producció eòlica i es desconnecten centrals convencionals, arriba un punt en el qual les fluctuacions de freqüència són tan grans que la xarxa deixa de ser operativa”, apunta Gomila. “El missatge clau és clar: a mesura que augmenta la penetració de renovables, és imprescindible augmentar també la capacitat de control de la xarxa. Això pot fer-se de diverses formes: mantenint centrals convencionals operant principalment per a donar estabilitat, incorporant bateries, o dotant a les pròpies plantes renovables de capacitats avançades de control mitjançant electrònica de potència. Aquestes últimes solucions estan començant a implantar-se després de la recent apagada, encara que totes elles encareixen el cost del sistema elèctric”, afegeix.

A mesura que augmenta la penetració de renovables, és imprescindible augmentar també la capacitat de control de la xarxa. Això pot fer-se de diverses formes: mantenint centrals convencionals operant principalment per a donar estabilitat, incorporant bateries, o dotant a les pròpies plantes renovables de capacitats avançades de control mitjançant electrònica de potència

Damià Gomila — Físic

Una xarxa sincronitzada

L'altre gran escull és la grandària de la xarxa europea, que a més funciona de manera síncrona, la qual cosa posa en perill la globalitat davant qualsevol fallada. L'equip de científics liderats per Colet i Gomila proposa un sistema energètic continental amb línies HVDC (High-Voltage Direct Current o corrent continu d'alta tensió), creant així una espècie de tallafocs en la xarxa europea que podria reduir dràsticament el risc de foscor. Unes vàlvules intel·ligents permetrien frenar apagades en cascada i es reduiria un 46% la probabilitat d'aquests.

“D'altra banda, les oscil·lacions entre àrees distants de la xarxa són un fenomen global, difícil de controlar, especialment perquè la xarxa europea és una agregació de xarxes nacionals sense un control centralitzat únic. De fet, oscil·lacions d'aquest tipus van aparèixer durant l'apagada a Espanya, amb moviments en antifase entre regions tan distants com Espanya i Estònia. No se sap si van ser la causa directa de l'apagada, però sí que es van observar dos episodis clars, aproximadament 30 i 15 minuts abans”, compta Gomila. 

Més enllà dels beneficis en termes de seguretat, els investigadors també avaluen el cost de convertir línies convencionals en HVDC enfront dels estalvis associats a la reducció d'apagades, especialment en el cas d'aïllar la península ibèrica amb connexions ben planificades. Millorar la resiliència de la xarxa no és només un repte tècnic, sinó també una decisió política i econòmica clau per a assegurar el subministrament enfront de futures crisis. 

Les apagades massives no són simples inconvenients: poden paralitzar hospitals, detenir transport, tallar comunicacions i causar pèrdues econòmiques milionàries. Davant aquest panorama, solucions innovadores com la segmentació amb HVDC proposen una manera de fer que la xarxa europea sigui tant verd com robusta. Si bé l'aplicació pràctica d'aquesta proposta requeriria negociacions entre països, inversions coordinades i més estudis tècnics, la recerca de l’IFISC planteja una qüestió rellevant: podria un disseny modular i controlable de la xarxa elèctrica ser la clau per a evitar la pròxima gran apagada europea?

Las redes eléctricas modernas, especialmente las que abarcan vastos territorios como Europa, están diseñadas para operar como sistemas interconectados que comparten recursos y equilibran carga en tiempo real. Sin embargo, esta interconexión tiene un lado oscuro: un fallo en un punto puede desencadenar una cascada de colapsos con impacto en regiones enteras. Fenómenos naturales, errores técnicos o ataques maliciosos son una amenaza latente e investigadores alertan de que una red eléctrica 100% renovable, aunque necesaria para el planeta, presenta todavía riesgos ante la variabilidad de la producción, especialmente en los extremos, donde se sitúan la península ibérica y los países Bálticos.

El apagón europeo del 4 de noviembre de 2006 afectó a 15 millones de personas en Europa Central, con incidencia parcial en Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Austria y Croacia. El del 28 de abril de 2025 dejó sin luz a más de 60 millones de ciudadanos en España, Portugal, Andorra y algunos puntos de Francia. Un equipo de científicos liderado por investigadores del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC), centro de titularidad compartida entre la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), estudia los dos grandes desafíos a los que se enfrenta la estabilidad de la red eléctrica: la integración masiva de energías renovables y el gran tamaño y la interconexión del sistema europeo. 

“Tenemos ante nosotros la tormenta perfecta. Hay que incrementar el consumo eléctrico sin aumentar las emisiones de CO2, la biomasa y la hidráulica tiene un recorrido limitado, y las nucleares también, con grandes problemas de costes a largo plazo. Pero las renovables presentan riesgos importantes: no son controlables, tienen mayor variabilidad y menor inercia”, explica el físico Pere Colet. La energía eólica y solar fotovoltaica es limpia, pero depende de las condiciones meteorológicas y su almacenaje es muy caro. “Hasta hace poco, estas plantas no podían controlar el voltaje y se ha requerido un cambio en la legislación para permitirlo”, señala Colet. “El 28 de enero el viento subió a más de 90 kilómetros por hora y tuvieron que pararse las turbinas, que estaban a máximo rendimiento, para que no se rompieran”, expone en referencia al último temporal, que obligó a Red Eléctrica a desconectar durante dos horas a grandes empresas y consumidores intensivos por sobrecarga de demanda o falta de generación. 

Tenemos ante nosotros la tormenta perfecta. Hay que incrementar el consumo eléctrico sin aumentar las emisiones de CO2, la biomasa y la hidráulica tiene un recorrido limitado, y las nucleares también, con grandes problemas de costes a largo plazo. Pero las renovables presentan riesgos importantes: no son controlables, tienen mayor variabilidad y menor inercia

Pere Cole — Físico

El sistema tiene lagunas porque tampoco las plantas nucleares son solución, debido a que su producción es constante y no tienen capacidad para incrementar de forma urgente y puntual. Las más rápidas son los ciclos combinados, centrales térmicas que utilizan gas natural, “que logran una alta eficiencia superior al 55%”, pero resultan más caras. “Son esenciales como energía de respaldo para las renovables, con una capacidad instalada cercana a los 25-27 gigavatios y funcionan como 'salvavidas' del sistema eléctrico”, puntualiza el físico Damià Gomila. Esta es la respuesta parcial a por qué Balears se libró del apagón del año pasado, al tener a pleno rendimiento la producción con gas. “Por otra parte, también fue crucial que el cable que nos conecta es de energía continua”, agrega Colet.

El gemelo canario

La interrupción de suministro de 2025 afectó a toda España, salvo Balears, Canarias, Ceuta y Melilla. En su búsqueda de propuestas, los investigadores del IFISC han construido un gemelo de la red eléctrica de Gran Canaria para estudiar el problema en un sistema real. “Mostramos que, si se incrementa mucho la producción eólica y se desconectan centrales convencionales, llega un punto en el que las fluctuaciones de frecuencia son tan grandes que la red deja de ser operativa”, apunta Gomila. “El mensaje clave es claro: a medida que aumenta la penetración de renovables, es imprescindible aumentar también la capacidad de control de la red. Esto puede hacerse de varias formas: manteniendo centrales convencionales operando principalmente para dar estabilidad, incorporando baterías, o dotando a las propias plantas renovables de capacidades avanzadas de control mediante electrónica de potencia. Estas últimas soluciones están empezando a implantarse tras el reciente apagón, aunque todas ellas encarecen el coste del sistema eléctrico”, añade.

A medida que aumenta la penetración de renovables, es imprescindible aumentar también la capacidad de control de la red. Esto puede hacerse de varias formas: manteniendo centrales convencionales operando principalmente para dar estabilidad, incorporando baterías, o dotando a las propias plantas renovables de capacidades avanzadas de control mediante electrónica de potencia

Damià Gomila — Físico

Una red sincronizada

El otro gran escollo es el tamaño de la red europea, que además funciona de forma síncrona, lo que pone en peligro la globalidad ante cualquier fallo. El equipo de científicos liderados por Colet y Gomila propone un sistema energético continental con líneas HVDC (High-Voltage Direct Current o corriente continua de alta tensión), creando así una especie de cortafuegos en la red europea que podría reducir drásticamente el riesgo de oscuridad. Unas válvulas inteligentes permitirían frenar apagones en cascada y se reduciría un 46% la probabilidad de estos.

“Por otro lado, las oscilaciones entre áreas distantes de la red son un fenómeno global, difícil de controlar, especialmente porque la red europea es una agregación de redes nacionales sin un control centralizado único. De hecho, oscilaciones de este tipo aparecieron durante el apagón en España, con movimientos en antifase entre regiones tan distantes como España y Estonia. No se sabe si fueron la causa directa del apagón, pero sí se observaron dos episodios claros, aproximadamente 30 y 15 minutos antes”, cuenta Gomila. 

Más allá de los beneficios en términos de seguridad, los investigadores también evalúan el coste de convertir líneas convencionales en HVDC frente a los ahorros asociados a la reducción de apagones, especialmente en el caso de aislar la península ibérica con conexiones bien planificadas. Mejorar la resiliencia de la red no es solo un reto técnico, sino también una decisión política y económica clave para asegurar el suministro frente a futuras crisis. 

Los apagones masivos no son simples inconvenientes: pueden paralizar hospitales, detener transporte, cortar comunicaciones y causar pérdidas económicas millonarias. Ante este panorama, soluciones innovadoras como la segmentación con HVDC proponen una forma de hacer que la red europea sea tanto verde como robusta. Si bien la aplicación práctica de esta propuesta requeriría negociaciones entre países, inversiones coordinadas y más estudios técnicos, la investigación del IFISC plantea una cuestión relevante: ¿podría un diseño modular y controlable de la red eléctrica ser la clave para evitar el próximo gran apagón europeo?

El consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), ha acusado al grupo parlamentario Vox de sembrar dudas con sus preguntas sobre el proyecto del centro de datos Altamira, que se negó a responder este pasado lunes en el primer turno de su intervención parlamentaria. “Parece que buscan esparcir unas dudas que podían haber despejado leyendo el trabajo de la Universidad de Cantabria al respecto”, espetó desde la tribuna del hemiciclo. “Ahí están las respuestas a todas sus preguntas”, concluyó. Recogió sus papeles y regresó a su escaño.

Vox había preguntado para cuándo tendrá energía eléctrica suficiente para funcionar el futuro campus tecnológico Altamira, que ocupará 636.000 metros cuadrados entre los municipios de Piélagos y Villaescusa, una iniciativa que ha sido declarada como “proyecto estratégico” de Cantabria. También si habría que duplicar la capacidad de transporte de energía de Cantabria solo para dar servicio a ese centro de datos y si puede suponer un problema el que no quede margen para que se instalen nuevas fábricas o que las actuales se electrifiquen.

Pero el informe de la Universidad de Cantabria avalando el futuro centro de datos de 320 megavatios en su primera fase -que posteriomente serán 500 megavatios, como el consumo de toda Cantabria- no despeja directamente estas dudas.

Cantabria se ha sumado al aluvión de los centros de datos en España con un proyecto privado -que aspira a instalar un centro que se sumaría a los 130 que ya existen en proyecto en todo el país- huérfano del elemento principal: la energía eléctrica necesaria. Los accesos a la red eléctrica son limitados y están muy cotizados. Cantabria no dispone de electricidad suficiente para el centro de datos privado y el Ministerio para la Transición Ecológica no ha incluido en la Planificación de la Red de Transporte de Energía 2026-2030 las dos nuevas posiciones en la subestación de Penagos que solicitó el Ejecutivo autonómico. En este momento hay presentadas dos alegaciones, por parte del Gobierno y de la empresa privada que lo impulsa, a la espera de que se resuelvan.

El consejero cántabro Eduardo Arasti concretó algunos datos más en la réplica de la pregunta parlamentaria que no respondió. “No habrá competitividad sin centros de datos”, argumentó. “Si queremos empleos bien remunerados, España tiene que instalar centros de datos y sino cometeremos un error histórico”. “Por eso creo que el Gobierno de España no impedirá una inversión de 3.600 millones de euros que supone un gasto cero al sistema eléctrico español”, advirtió.

Cantabria tiene en estos momentos una potencia de 2.000 megavatios “concedida a consumidores finales” y el pico de consumo está en 900 según Red Eléctrica, dijo el consejero. Por lo tanto, considera que “no falta energía, sino que se infrautiliza”.

“Los electrones no saben por qué comunidad circulan”

Arasti dijo en el Parlamento que tenemos un sistema con 1.000 megavatios “ociosos”. Por tanto, aseguró que el centro de datos Altamira “tiene energía suficiente a través de las dos subestaciones que ya existen en Penagos”. “Los electrones no saben por qué comunidad autónoma circulan” -apostilló- “circulan por España”. Lo que hay que hacer es echar de la red eléctrica a los fantamas y dar paso a proyectos serios, maduros y con ventajas competitivas como el proyecto Altamira“.

Arasti anunció también que si el Ministerio admite algunas de las alegaciones, las obras podrán comenzar de inmediato. También incidió en que el proyecto Altamira “no desplaza” ningún otro proyecto industrial en Cantabria.

Revolución en Naturgy. El consejo de administración de la primera gasista y tercera eléctrica de España ha acordado proponer que el mandato de Francisco Reynés como presidente ejecutivo de la multinacional se extienda hasta 2030, y dar un consejero más al fondo australiano IFM, que ahora tendrá tres representantes, en detrimento de GIP, que quedará con dos.

Reynés renovará tras hacer que Naturgy bata por enésima vez récord de resultados y supere sus propias previsiones. También de dividendo. La energética ganó 2.023 millones de euros en 2025, un 6,4 % más que durante el año anterior, y que superan a los de 2023, cuando registró el mayor resultado de su historia, al ganar 1.986 millones.

A finales de octubre, coincidiendo con la difusión de sus ganancias hasta septiembre, Naturgy ya ratificó que se proponía superar los 2.000 millones de ganancias, y así ha sido, impulsada por el mayor consumo de gas para generar electricidad desde el gran apagón, el cual subió hasta un 33,4% más.

Pero no en inversiones, que es, junto a los precios, lo que más afecta al ciudadano. En 2025, Naturgy invirtió 2.142 millones de euros, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables, lo que supone un 6% menos que en 2024.

La capacidad instalada renovable alcanzó los 8,1 GW, con más de 1,2 GW de capacidad adicional actualmente en construcción.

En cuanto a las previsiones para este año, Naturgy espera acometer inversiones orgánicas de alrededor de 2.100 millones.

Naturgy resalta que su contribución a la sociedad en impuestos y tasas rozó los 1.300 millones de euros, y que los dividendos a los accionistas alcanzaron los 1.700 millones. Naturgy ha dado a conocer este miércoles que abonará el tercer y último dividendo de 0,57 euros con cargo a 2025.

Con esta cantidad, el dividendo total por acción se situará en los 1,77 euros, por encima de los 1,70 euros comprometidos. El compromiso para este año es de 1,8 euros por acción, en línea con lo previsto en su plan estratégico hasta 2027.

La energética presidida por Francisco Reynés destacó que en 2025 alcanzó sus previsiones “a pesar del desafiante entorno experimentado durante el año”, el del apagón y las tensiones geoeconómicas.

A este respecto, señaló que a lo largo del pasado ejercicio los precios del gas y la electricidad se mantuvieron en promedio por encima de 2024, impulsados por las tensiones geopolíticas persistentes y la incertidumbre macroeconómica. Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, con precios del petróleo en 2025 en promedio por debajo de 2024.

Vuelco al consejo

Más allá de ajustar el consejo de administración, compuesto por quince miembros, a las participaciones actuales, el reajuste supone un guiño hacia IFM, que ha tenido varios encontronazos con Criteria por el control de la energética desde que aterrizó en el capital de Naturgy, con una opa parcial no solicitada.

Hasta ahora, el consejo de Naturgy se repartía de la siguiente forma:

El presidente de la compañía, Francisco Reynés, formaba parte del consejo en calidad de ejecutivo; Criteria tenía tres representantes, otros tres CVC y los March; tres también GIP; había tres independientes y dos representantes de IFM.

Tras los recientes cambios accionariales, el consejo de administración ha acordado nombrar consejero a Lars Bespolka a propuesta de IFM, que aumenta sus consejeros dominicales de dos a tres.

Asimismo, ha recibido la indicación del accionista Blackrock-GIP de que uno de sus tres consejeros dominicales renunciará a su puesto en el consejo, reduciéndolos a dos.

Actualmente, Criteria sigue siendo el primer accionista de Naturgy, con un 26%. El brazo inversor de Fundación La Caixa, que preside Isidro Fainé, se hizo con una parte del paquete accionarial que vendió GIP (con un 2%) y aprovechó así para reforzarse en el capital.

La rebaja de peso accionarial de GIP ha dejado al fondo australiano IFM como segundo accionista de la energética, con un 15,5%.

Aunque la familia March y el fondo CVC anunciaron en diciembre que a partir de entonces controlarían por separado, respectivamente, un 5 % y un 13,8% del capital de Naturgy, aún mantienen su representación conjunta en el consejo.

Por otra parte, el consejo de Naturgy también ha decidido por unanimidad proponer a la Junta la renovación de los mandatos de los consejeros Jaime Siles y Ramón Adell.

Asimismo, con el objetivo de enfocarse en el largo plazo, el consejo ha creado una Comisión de Visión estratégica, presidida por Francisco Reynés, que contará con presencia de consejeros de todos los grupos representados en el consejo.

Hay unos 500 hogares en un radio de 2 kilómetros alrededor del parque eólico de Mondigo, entre los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada. Son los que van a poder obtener una rebaja en su factura eléctrica del 80%, según anunció la Xunta, que acaba de confirmar que la empresa público-privada Recursos de Galicia (RDG) ha comprado -con un desembolso de 70 millones de euros- la explotación. La medida llega tras numerosas protestas por la proliferación de proyectos para instalar más aerogeneradores y en medio de un parón del sector en la comunidad, en donde la Justicia está frenando planes por su posible impacto ambiental irreversible.

Este va a ser el primer proyecto de la comercializadora público-privada de energía en cuya presentación la Xunta concentró esfuerzos comunicativos en el otoño de 2024. Esta comercializadora fue aprobada por Recursos de Galicia, que es una empresa en la que la Xunta tiene el 30%, frente a un 70% que está en manos de varias sociedades gallegas entre las que se encuentran Abanca, Gadisa, Conservas Rianxeira y Ence.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunciaron este lunes esta rebaja del 80% en la factura para estos 500 hogares. Para poder acogerse al descuento, los vecinos deben solicitarlo. La operadora a través de la cual tienen la luz en la actualidad debe adherirse al programa. Si no lo hace, la opción para estos vecinos es pasarse a la comercializadora de la Xunta. Lorenzana aseguró que el derecho al descuento se genera en el momento en el que se certifica que se cumplen los requisitos -vivir en ese radio y aportar las últimas facturas de la luz-, aunque el trámite de un posible cambio de comercializadora pueda tardar más. El descuento se aplicará a todos los residentes que lo pidan, sin tener en cuenta la renta.

Rueda defendió que este, el de lograr beneficios sociales para quienes viven en áreas en las que se instalan eólicos, era uno de los objetivos principales de la ley de recursos naturales. La conselleira insistió en este argumento y recalcó que el parque de Mondigo es, tras la compra, una instalación que está totalmente en manos gallegas, dado que los socios de la Xunta en Recursos de Galicia son empresas de la comunidad. Sobre el procedimiento para conseguir la rebaja expuso en los próximos días se habilitará una web específica y que ella misma se desplazará el viernes a la zona para explicar el funcionamiento de la medida.

Trabajadores de Bahía de Bizkaia Electricidad realizarán tres jornadas de huelga la próxima semana, desde el lunes hasta el miércoles, ante “la situación de bloqueo en la negociación colectiva”, según ha informado LAB. El sindicato ha denunciado que los trabajadores llevan “más de 1.100 días sin convenio colectivo, debido a la negativa de la empresa a negociar”.

Según ha lamentado, “lejos de buscar una solución”, la dirección está “imponiendo nuevas condiciones laborales que suponen un empeoramiento significativo de la calidad de vida, de la conciliación laboral y personal, y de los derechos de la plantilla”. Ante esta situación, se han convocado el próximo lunes, martes y miércoles, 19, 20 y 21 de enero, tres jornadas de huelga, acompañadas de diversas movilizaciones, para “denunciar el conflicto y exigir una negociación real”, según recoge Europa Press.

La electricidad estática es un fenómeno físico que ocurre cuando se acumulan cargas eléctricas en la superficie de ciertos materiales. Esta acumulación se produce principalmente por el roce o la fricción entre objetos distintos, lo que provoca que los electrones se transfieran de un material a otro.

Cuando estas cargas alcanzan un nivel suficiente, pueden liberarse en forma de pequeñas descargas al tocar superficies conductoras, generando la sensación de un choque momentáneo. Aunque estas descargas suelen ser superficiales y no representan un riesgo grave para la salud, pueden resultar molestas y afectar la percepción de confort en el hogar o la oficina.

Este fenómeno es más frecuente en ambientes con aire seco, ya que la baja humedad relativa dificulta la dispersión natural de las cargas. La presencia de calefacción, aire acondicionado o el uso de ciertos materiales sintéticos puede incrementar la acumulación de electricidad estática. Además de afectar a las personas, la electricidad estática puede influir en el comportamiento de algunos equipos electrónicos sensibles y en textiles del hogar. Por este motivo, existen medidas sencillas y prácticas que permiten reducir la acumulación de cargas eléctricas, mejorar el confort en interiores y disminuir la probabilidad de pequeñas descargas.

Ventilar con frecuencia

Mantener un flujo constante de aire en el hogar o la oficina ayuda a equilibrar la humedad y reduce la acumulación de electricidad estática. Abrir ventanas varias veces al día o usar sistemas de ventilación mecánica permite que el aire se renueve y disperse las cargas eléctricas acumuladas, disminuyendo la posibilidad de sentir calambres al tocar muebles o dispositivos.

Esta práctica es especialmente útil en invierno, cuando la calefacción reseca el ambiente y aumenta la incidencia de la estática. Además de prevenir choques, la ventilación mejora la calidad del aire interior, favoreciendo un entorno más saludable y confortable para las personas.

Usar humidificadores para mejorar la conductividad del aire

Incrementar la humedad con humidificadores facilita que la electricidad acumulada se disperse de manera natural. El aire húmedo actúa como conductor de carga, mientras que el aire seco la acumula, aumentando la probabilidad de descargas y la sensación de incomodidad en interiores.

Los humidificadores son especialmente recomendables en espacios con calefacción intensa o aire acondicionado. Mantener la humedad relativa en niveles adecuados ayuda a proteger muebles, alfombras, cortinas y equipos electrónicos, generando un ambiente más seguro y confortable.

Usar tejidos y muebles de materiales naturales

Los textiles de fibras naturales, como algodón, lino o lana, acumulan menos electricidad estática que los sintéticos. Esto se aplica tanto a la ropa como a tapicerías, cortinas y manteles, facilitando la disipación de cargas al contacto y reduciendo los choques eléctricos.

Priorizar fibras naturales en los objetos de uso frecuente disminuye la probabilidad de sentir calambres y protege las superficies delicadas. Esta medida es especialmente útil en interiores con calefacción o aire acondicionado, que tienden a resecar el ambiente y aumentar la acumulación de carga.

Aplicar productos antiestáticos en superficies y textiles

Los sprays o soluciones antiestáticas neutralizan la electricidad acumulada en tejidos, alfombras, cortinas y tapicerías. Al formar una capa conductora o humectante, facilitan la dispersión de la carga y evitan descargas molestas al contacto con objetos metálicos o plásticos.

En el hogar y la oficina, también es posible preparar soluciones caseras mezclando agua con suavizante de telas, pulverizando ligeramente sobre los textiles. Es recomendable probar primero en áreas pequeñas para evitar manchas o daños en materiales delicados.

Colocar alfombras o tapetes antiestáticos

En zonas de mucho tránsito, como pasillos o áreas de trabajo, las alfombras y tapetes antiestáticos ayudan a reducir la acumulación de cargas en el suelo. Esto permite que la electricidad generada al caminar se disperse antes de llegar al cuerpo u otros objetos, disminuyendo la posibilidad de descargas.

Estos elementos son especialmente útiles en oficinas con equipos electrónicos sensibles, donde incluso pequeñas descargas pueden afectar a los dispositivos. Combinarlos con ventilación y humidificación contribuye a un entorno interior más seguro y confortable.