Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Plan Infoca, ha logrado extinguir este domingo a las 21:15 horas el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, que llegó a contar con más de un centenar de efectivos.

Tal y como ha emitido el Plan Infoca a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han cesado sus labores sobre el terreno al lograr su extinción definitiva.

En contexto, en la zona permanecían desplegados 25 efectivos terrestres en la zona desde el pasado miércoles, 27 de mayo, cuando el Plan Infoca logró estabilizar las llamas.

De este modo, se movilizaron 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Al hilo, durante dicha jornada también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

El pasado domingo 25 de mayo se declararon activos dos incendios forestales en el paraje Rincón del Membrillo, en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en la localidad de Almonte (Huelva). El primero se logró sofocar en el mismo día, mientras que el segundo quedó estabilizado a las 22:15 horas del pasado martes, y ya está controlado.

Actualmente se desconoce exactamente la dimensión de la zona quemada, aunque se estiman que son unas 500 hectáreas de perímetro, según un análisis preliminar de la Estación Biológica, con algunas islas de vegetación que no han sido afectadas. El incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad, han hecho que el incendio haya sido más difícil de controlar. Desde un primer momento, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, señaló “una posible intencionalidad” del mismo. 

La romería a la aldea de El Rocío el pasado fin de semana ha estado en el punto de mira. Algunas hermandades que acuden desde la provincia de Cádiz pasaron por la zona del incendio, si bien, la última de ellas terminó de pasar por Doñana el día anterior por la mañana, pasando más de 24 horas desde que pasaron los peregrinos hasta que se declaró el primero de los incendios. 

Sanz señaló en una entrevista concedida a Canal Sur Radio que “el recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades”. Sin embargo, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, ha indicado a este periódico que “las zonas después del paso de la romería siempre están más sucias, y el hecho de que haya más movimiento de gente, hace que se facilite la entrada de personas a un lugar donde normalmente no hay nadie”. Además, asegura que “los lugares donde se han iniciado los fuegos son lugares de pernocta”.

Actuaciones de prevención y falta de recursos

A la espera de una investigación que esclarezca las causas, Juanjo Carmona, coordinador para WWF de Doñana, cree que una de las claves está en el Plan INFOCA, que considera esta época del año como Peligro Medio. Sin embargo, él cree que “mayo si es una época de incendios”, por lo que habría que situarlo en Peligro Alto, pero que no se hace porque “supone más dinero”. 

“Llevan años quemando a Doñana”, afirma Juan Romero, representante del consejo de participación de Doñana de Ecologistas en Acción. Ante los múltiples conatos de incendios que ha habido en Doñana estos últimos años, Romero señala que “hay que hacer los deberes para que aquellos que por negligencia, imprudencia o intencionalidad no se salgan con la suya y, aquellos que quieran quemar Doñana, lo tengan muy difícil”. 

Por otro lado, indica que hace tres años, en la zona incendiada, había “miles de pinos secos”, algunos de ellos “estaban cortados y otros caídos”, haciendo que haya “un montón de montañas de madera seca”, a lo que recalca que “tanta cantidad de biomasa cortada y abandonada está prohibido”. Asimismo, asegura que “es más barato prevenir que arreglar los desastres de un incendio”.

A esta problemática se suma las protestas de los bomberos forestales hace apenas un par de semanas, donde el CGT, sindicato mayoritario en el INFOCA, exigió al Gobierno andaluz que cumpla con compromisos como la estabilidad del dispositivo. Romero le indica a Sanz que le “preste atención a los bomberos forestales”, dotándolos de unos mejores medios, porque Doñana tiene una orografía complicada y los vehículos se quedan atascados. 

“Una patada hacia adelante”

Tras el incendio que asoló el Parque Natural de Doñana en 2017, donde ardió un perímetro de 10.000 hectáreas, se sacaron conclusiones a través de una comisión científica que evaluó los daños y realizó propuestas de restauración. A la espera de que se conforme una para este incendio, Sanz ha asegurado que “finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado” y que existen existen “islas de vegetación” que no han sufrido daños. 

Ante estas declaraciones, Romero indica que son una “patada hacia adelante” por parte del consejero, y asegura que debería de haber “esperado a una comisión científica”. Por otro lado, señala que “no se trata de recuperar árboles, que es lo que fundamentalmente se ha quemado, sino que hay que recuperar ecosistema, ecosistema original, con asesoramiento científico, participación pública y transparencia”.  

En un primer momento se indicó que el incendio se había producido en la localidad de Almonte, en el paraje de las Marismillas, situado en uno de los extremos del Parque de Doñana. Carmona indica que “en una vertiente técnica, ha actuado dentro de los protocolos”, al nombrar el incendio por la localidad en la que se ha producido, pero “en una vertiente política ha tenido una actuación nefasta, absurda e infantil” al evitar pronunciar Parque de Doñana. 

Conflicto político 

Por su lado, los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento. María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, denunció un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía. 

Por otro lado, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, puso el foco en la falta de inversión en el Plan Infoca, donde ha destacado la falta de equipamientos y personal de la plantilla, cifrando en 400 las vacantes “sin cubrir”, así como “cientos de interinidades sin cubrir”. 

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, explicó García. 

Desde Por Andalucía, también se puso en entredicho la inversión en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Además, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado que lo acontecido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. 

Por su parte, la Junta de Andalucía todavía no ha confirmado si comparecerá ante el Parlamento, y ha indicado que los efectivos utilizados para controlar el incendio constan de una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, ha quedado controlado a las 22.15 horas de este miércoles, tras haber sido estabilizado el martes a la misma hora.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha indicado que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan trabajando sobre el terreno para lograr su extinción definitiva, al tiempo que ha agradecido a todos los implicados su “gran labor y profesionalidad”.

Intencionalidad

En la zona permanecen desplegados 25 efectivos terrestres, entre ellos 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Durante la jornada de este miércoles también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

El Gobierno andaluz ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han denunciado la precariedad de medios con la que, por momentos, se ha combatido el fuego declarado el domingo –y todavía activo– en el Parque Nacional de Doñana, en el paraje Rincón del Membrillo ubicado en término de Almonte (Huelva). Por ello, han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para dar explicaciones.

En paralelo, sigue la lucha contra un incendio activo pese a que se dio por estabilizado en la noche del martes. Un centenar de bomberos forestales se mantienen sobre el terreno, a los que se han unido dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado a lo largo del miércoles pese a que inicialmente se descartó la incorporación de nuevos medios aéreos. Y mientras el propio Antonio Sanz insiste en que hay “islas muy importantes sin quemar” en la zona afectada, la Estación Biológica de Doñana-CSIC (el organismo responsable de la supervisión científica del parque) ha reiterado el “alto valor ecológico” del paraje, aunque su director, Eloy Revilla, se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”.

El Gobierno andaluz, ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Comparecencia en el Parlamento

En el plano político, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no sólo ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Sanz, sino que ha reclamado al propio presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno, que dé “explicaciones inmediatas” porque es “evidente que algo están escondiendo”. Ha denunciado un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado la comparecencia Sanz en la Diputación Permanente porque “queremos saber qué está pasando, qué se está quemando, qué se ha perdido. Queremos saber qué medios se están poniendo y cuál es el impacto ecológico y medioambiental”, ya que se han producido situaciones que son una auténtica barbaridad“ fruto de la ”falta“ de equipamientos y personal de la plantilla del Plan Infoca, cifrando en 400 las vacantes ”sin cubrir“ así como ”cientos de interinidades sin cubrir“.

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, ha explicado García.

“Negligencia” y “falta de medios”

En la misma línea de falta de medios ha incidido el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, para quien lo ocurrido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. “Estamos ante la joya de Andalucía y estamos ante la enésima ocasión pérdida de un Gobierno que no atiende a las alertas que les dieron los propios trabajadores del Infoca”, ha lamentado.

Además de pedir también la comparecencia parlamentaria de Antonio Sanz, Maíllo ha puesto el acento en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). “No hay vehículos adecuados, y así se dijo en otras diputaciones permanentes al respecto, no hay EPI adecuados, los trabajadores de Infoca están teniendo unas jornadas hasta la extenuación por falta de relevos y hay que dar explicaciones”, ha insistido.

La Junta de Andalucía, en cambio, incide en que ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada. El consejero Antonio Sanz ha insistido hoy en que hay “islas muy importantes” que no se han quemado y con “una alta capacidad de regeneración por sus propios medios, con agilidad y rapidez”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, ha vuelto a apuntar a las “muchas sospechas” que tienen los investigadores de que este incendio haya sido provocado, ya que en la zona “se produjeron varios incendios” en el mismo día“, un hecho que ”ni es lógico ni es habitual“. Igualmente, ha aclarado que por los caminos del paraje del Membrillo ”hacía dos días que no pasaba“ ningún romero. ”El recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades“.

“Mucha capacidad de recuperación”

Desde la la Estación Biológica de Doñana, su director, Eloy Revilla, ha incidido en el “alto valor ecológico” de la zona afectada por el incendio, aunque se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la zona está compuesta por vegetación mediterránea que “tiene mucha capacidad de recuperarse después de un incendio”, pero ha insistido en que es “pronto”, ya que “primero hay que apagar el fuego y luego analizar el impacto”.

El director de la Estación Biológica de Doñana ha señalado que el incendio se ha producido en el interior del Parque Nacional, “en una zona de alto valor ambiental” y en unos días “de mucha temperatura, mucho calor para estas fechas”. A esto se ha unido que ha hecho “mucho viento también del este y del sureste”, lo cual ha dificultado “mucho”, junto con “las condiciones topográficas del sitio”, el control del incendio a los operativos que estaban trabajando en la zona para intentar controlarlo.

Además, ha detallado que la zona afectada es “compleja orográficamente”, ya que “aunque Doñana sea un lugar plano, se trata de la barrera de dunas, que son varios frentes de dunas paralelos a la costa, en los cuales es muy difícil moverse, porque conducir por arena es muy complicado y más con vehículos pesados para la extinción de incendios, que es difícil moverse sin conocer los caminos también”.

La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha mostrado este martes su “preocupación” por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que “afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas”, en el sector suroeste de Doñana, una zona de “enorme valor ecológico” y “clave” para la biodiversidad.

Esta mañana, el Consejero de Emergencias Antonio Sanz se había mostrado confiado en controlar las llamas, subrayando que el incendio estaba perimetrado en una zona de unas 300 hectáreas de extensión. “Inicialmente se logró paralizar el avance del incendio, tanto desde la cola como en la cabeza”, pero “el incremento del viento previsto ha complicado las dos noches”, ha asegurado Sanz, quien también ha admitido la complicación por el incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad.

El incendio se originó en la tarde del domingo y ha afectado ya a unas 400 hectáreas. El agravamiento de la situación ha motivado que la Junta de Andalucía haya solicitado más medios al Ministerio de Transición Ecológica, con la incorporación escalonada de diez aeronaves (siete helicópteros -3 pesados, 2 semipesados y 2 ligeros-, dos aviones anfibios pesados y un helicóptero pesado). También trabajan en la zona 130 bomberos forestales y siete autobombas.

La voz de alerta la ha dado la Estación Biológica de Doñana, que aporta una foto tomada el lunes 25 a las 13:10 por satélite donde se observa la zona afectada acompañada por un texto: “La nubosidad dificulta todavía una estimación precisa de la superficie afectada, aunque las primeras estimaciones de nuestro Laboratorio de SIG y Teledetección, a partir de la imagen de Sentinel-2 de ayer, apuntan a unas 400 hectáreas afectadas”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha dicho que se trata de un incendio que “está dentro del el Parque Nacional, dentro del área de máxima conservación, y es una zona bastante particular porque en muy poco espacio confluyen los grandes ecosistemas de Doñana”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a la Cadena SER Huelva, recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que el fuego cerca las marismas, las dunas y los cotos, “que es la parte que se está quemando desde hace un par de días” y que el nivel de preocupación es “alto” porque “es una zona de un enorme valor ecológico donde confluyen especies típicas de clima mediterráneo”.

“Se está quemando sobre todo zonas de pinar y monte bajo”, ha explicado. Según ha dicho, la zona está densamente cubierta de forraje y pasto por las abundantes precipitaciones del incendio. “En el momento que hay cualquier tipo de conato de incendio, esto es explosivo”, ha subrayado, añadiendo las elevadas temperaturas de estos días como factor que ha desembocado en un incendio “dificultoso”. “Es una zona que está muy cerca de la costa y ahí normalmente la velocidad del viento es alta”, ha advertido.

También ha señalado que el fuego está “entre comillas acotado, no desde el punto de vista de los medios técnicos, pero sí de la propia estructura de los ecosistemas”, porque no puede avanzar hacia las marismas por la alta humedad, ni hacia las dunas, por lo que avanza en la zona de transición entre los dos ecosistemas.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana ha señalado que se trata de una zona “muy complicada” que no se puede atravesar con maquinaria“ por la marisma y porque ”estaría generando un impacto ambiental casi al mismo nivel del propio incendio. Cuestionado por si la zona está lo suficientemente protegida, Mateos ha manifestado que “seguro que no”, porque “siempre se puede implementar cualquier medida extra por el principio de precaución”, citando los problemas hídricos, como la sobreexplotación de los acuíferos y el deslinde.

Sobre una posible intencionalidad en la generación de este incendio, ha dicho que es “raro que aparezcan dos incendios o dos focos en poca distancia”. Aunque se trata de una zona transitada principalmente por agentes forestales o investigadores, estos días ha habido tránsito de peregrinos, si bien el incendio ha ocurrido días después.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

La Casa de Alba ya tiene la autorización definitiva para regularizar sus pozos ilegales en su finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), justo a las puertas de Doñana. Tras casi tres años de tramitación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado el último paso para cerrar este procedimiento administrativo, una opción a la que puede acogerse la propiedad pero que sólo dio el paso cuando fue descubierta por primera vez –luego hubo una segunda– usando esas captaciones sin licencia. Esto no implica ni la paralización de los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG ni de la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental, aunque en este último caso refuerza la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona estas tierras.

La resolución definitiva (a la que ha tenido acceso este periódico) está firmada por la presidenta de la CHG, Gloria Martín, y por el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez, y supone el final esperado a un trámite que previamente ya había recibido el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la propia Comisaría de Aguas. El documento impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad, para lo que técnicamente se conoce como transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. Ni la Confederación del Guadalquivir ni el Ministerio para la Transición Ecológica –al que pertenece este organismo estatal encargado de dar los derechos de agua– han querido hacer valoraciones sobre esta resolución, que por su parte considera “un escándalo que nadie entiende” Ecologistas en Acción, al que no ha llegado de manera oficial comunicación alguna pese a estar personado en el expediente administrativo.

Aljóbar tiene licencia para una balsa de almacenamiento de agua y para dos puntos de captación (uno de uso doméstico y otro para riego), aunque la Guardia Civil descubrió otros nueve sin licencia tras una denuncia de antiguos trabajadores de la finca. La CHG da ahora permiso para legalizar ocho de estas extracciones después de que durante la tramitación del expediente no pusieran reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente, que sólo apuntaron que uno de los pozos se asienta en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero con la conclusión de que no tiene una especial afección.

Las claves para dar luz verde

La menor de las captaciones autorizada tiene una profundidad de 27 metros y un diámetro de metro y medio, aunque la mayoría ahondan hasta los 32 metros y la circunferencia de la más grande es de 4,5 metros. En todos los casos, la potencia máxima de las bombas no puede exceder de los 17 caballos de vapor (CV). El objetivo es regar 161,41 hectáreas en total, 94,11 de naranjos y 67,30 de olivar.

Esta reordenación del régimen de regadío es una opción que recoge la Ley de Aguas y a la que todo propietario tiene derecho. Junto a ello, la Confederación ha dado su visto bueno en base a los argumentos que ya esgrimió en su primer informe en 2023: por un lado, no se va a consumir más agua de la que tiene autorizada ahora la propiedad, y por otro repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. Esto es así porque evitar la formación de un cono de depresión si se horada a más profundidad para extraer desde un único punto.

Aljóbar tiene licencia para extraer 605.150 metros cúbicos anuales, un volumen que se queda igual pese al incremento de unas captaciones que se hacen del acuífero Aljarafe Sur, que pese a su cercanía no es el principal que alimenta a Doñana. No obstante, en su investigación la Guardia Civil considera que estas masas de agua están interconectadas y que el exceso de bombeo que se habría producido habría dañado al parque nacional.

“Una noticia que no sorprende”

Con todos estos factores de por medio, Ecologistas en Acción, que está personada tanto en este expediente administrativo como en la causa penal, ha lamentado la resolución que regulariza los pozos. “Si bien es una noticia que no sorprende”, ya que los informes hasta ahora habían sido favorables, “no deja de ser llamativo que la Administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua en la demarcación del Guadalquivir sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada”, denuncia Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de la organización.

Amarillo critica también que a la CHG “tampoco le ha importado que no hayan acabado las diligencias de investigación que se están llevando a cabo en el juzgado de Sanlúcar la Mayor” por un delito contra el medio ambiente. “Es un escándalo que nadie entiende”, lamenta, y es que a su juicio el que sea “algo lógico” lo que pide Eurotécnica (repartir las extracciones de más puntos dentro de la finca para no crear un cono de depresión, no usar más agua de la concedida y ajustar los cultivos al agua disponible), “no le exime de los hechos que denuncia y atestigua el Seprona”, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes del Seprona que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

Durante esta fase de instrucción, por cierto, no han sido llamados a declarar ante el juez ni los antiguos trabajadores que denunciaron los pozos ilegales ni los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que integran el consejo de administración de Eurotécnica Agraria, pese a que la Fiscalía pidió su imputación. El único investigado hasta la fecha es un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba, al que la defensa presenta como el máximo responsable de Aljóbar.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Plan Hidrológico, en lo que se refiere al trasvase de agua desde la demarcación del Guadiana al Tinto, Odiel y Piedras, rechazando los tres argumentos en los que basaban su impugnación. Con esta sentencia, fechada el 13 de abril de 2026, el Alto Tribunal avala dicho trasvase.

A este respecto, la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega) ha valorado este pronunciamiento que considera que “refuerza la seguridad jurídica de una infraestructura clave para el equilibrio hídrico de la provincia” y “evidencia la falta de solidez técnica, jurídica y ambiental de unos planteamientos que trataban de cuestionar la planificación hidrológica sin base suficiente”, según ha indicado en una nota.

En primer lugar, el Supremo descarta la supuesta falta de cobertura legal del trasvase, reconociendo que este tipo de transferencias entre demarcaciones están contempladas en el marco normativo estatal. La sentencia “desmonta así uno de los principales argumentos de los colectivos recurrentes, confirmando su encaje jurídico”, señalan los regantes.

En este sentido, Huelva Riega subraya que la transferencia de recursos entre sistemas “no es una actuación nueva ni arbitraria, sino que forma parte de un modelo histórico consolidado en la provincia, como el sistema Chanza-Piedras, que lleva décadas garantizando el equilibrio hídrico del territorio”. Asimismo, recuerdan que este sistema “cuenta con cobertura legal desde su origen”, al haberse configurado “en un momento en el que ambas cuencas formaban parte de una misma unidad de planificación hidrológica”.

“No puede hablarse de una transferencia ajena o artificial”

La asociación incide además en que la actual configuración administrativa de las demarcaciones “no invalida ni elimina esa cobertura jurídica previa”, sino que “mantiene la coherencia del sistema”. En esta línea, añaden que infraestructuras como Chanza y Andévalo “forman parte funcional” del sistema Tinto, Odiel y Piedras, por lo que “no puede hablarse en términos reales de una transferencia ajena o artificial, sino de la gestión integrada de recursos dentro de un mismo sistema hidráulico”.

En segundo lugar, el Tribunal avala el régimen de caudales ecológicos fijado en el Plan, desestimando las alegaciones sobre su supuesta insuficiencia. En este sentido, la resolución respalda que la planificación incorpora criterios ambientales “rigurosos” y “alineados con la normativa europea”, frente a “interpretaciones que cuestionaban su validez sin sustento técnico acreditado”.

Por último, el Supremo rechaza que el incremento de reservas “suponga una vulneración del principio de gestión sostenible del agua”. Al respecto, la sentencia confirma que el modelo responde a un “enfoque equilibrado que permite compatibilizar la protección ambiental con los usos agrícolas, industriales y urbanos”.

“Frenar una infraestructura estratégica”

Desde Huelva Riega subrayan que “la resolución desmonta uno a uno los argumentos utilizados para tratar de frenar una infraestructura estratégica para la provincia”, y advierten de que este tipo de iniciativas “no contribuyen a una planificación rigurosa del agua, sino que generan incertidumbre sobre actuaciones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del territorio”.

En este sentido, añaden que “resulta preocupante que continuamente los colectivos ecologistas trasladen a la opinión pública planteamientos que el propio Tribunal Supremo ha rechazado por carecer de base suficiente desde el punto de vista jurídico, ambiental y técnico”.

La asociación señala que el objetivo de estas infraestructuras “no es incrementar de forma descontrolada el consumo, sino mejorar la distribución de los recursos disponibles, reducir la presión sobre acuíferos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible”. En esta línea, insisten en que la disponibilidad de agua superficial es “clave” para “sustituir extracciones subterráneas y garantizar la recuperación de espacios sensibles”.

“Perjudica a la sostenibilidad del sistema hídrico”

Huelva Riega ha reiterado que el agua es “un elemento estructural para el desarrollo de la provincia, tanto desde el punto de vista agrícola como industrial y social”, y ha insistido en “la necesidad de seguir avanzando en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación vigente”.

Asimismo, la entidad señala que “bloquear o retrasar este tipo de actuaciones con argumentos que no han sido avalados por los tribunales no solo dificulta la planificación, sino que perjudica directamente a la sostenibilidad del sistema hídrico y al desarrollo socioeconómico de la provincia”.

“El respaldo del Supremo no solo despeja dudas jurídicas, sino que confirma que la planificación hidrológica debe basarse en criterios técnicos y no en planteamientos sin fundamento. Ahora es el momento de avanzar en la ejecución de las soluciones previstas”, han señalado desde la entidad.

La Cañada de los Pájaros se halla en peligro de extinción, si las instituciones y particulares no lo remedian. Los propietarios de la finca declarada Reserva Natural concertada en 1991, Maribel Adrián y Plácido Rodríguez, así lo atestiguan cuando, por llegar a la edad de jubilación, piensan en quién se hará cargo de La Cañada, convertida en hospital, restaurante y santuario para las aves de Doñana y del entorno. 

En 1987, dos biólogos entusiastas de la conservación y de la biodiversidad comenzaron una tarea a la que han dedicado sus vidas. Consiguieron transformar una escombrera o gravera en un humedal. Plácido Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda,1953) desciende de una saga de guardas marismeños, “Los Clarita”. Su padre, Antonio Rodríguez Parada, “Clarita”, fue el guarda mayor de la finca Las Nuevas en plena marisma, donde se crió Plácido. Maribel Adrián (Burgos, 1960) y Plácido han desarrollado una labor increíble y han convertido La Cañada de los Pájaros en un paraíso para las aves. Ahora, en el tiempo de la jubilación, ven peligrar el futuro de la obra a la que se han dedicado en cuerpo y alma toda la vida.

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero. En La Cañada desde hace muchos años, en torno a esa fecha, se sueltan dos o tres especies de aves (cerceta pardilla, focha cornuda y porrón pardo), a las que se cuida y mima en esa Reserva Natural Concertada. En 2016 fui invitado junto al ornitólogo Luis García Garrido a soltar esas aves ante una concurrencia de centenares de personas. ¡Fue emocionante!

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustrostris). Se considera especie vulnerable en el mundo y en España, en peligro critico de extinción. Hasta 2025 en La Cañada de los Pájaros se han liberado entre 3.000 y 3.200 cercetas pardilla.

Porrón pardo (Aythya nyroca). Está clasificado como especie en peligro de extinción).Actualmente se han visto dos parejas de porrón pardo en la laguna del Observatorio José Antonio Valverde en las Marismas. Hasta 2025, en La Cañada de los Pájaros se han soltado unos 500 ejemplares.

Focha cornuda (Fulica cristata) se halla calificada en riesgo de extinción en el catálogo nacional de aves. A finales de los ochenta, la guardería de la Agencia de Medio Ambiente, rescató seis huevos de Focha Cornuda que fueron a parar a La Cañada. Plácido y Maribel empezaron a recuperar esta especie. En abril de 1992 se soltaron los primeros 22 ejemplares. Hasta 2025 se han liberado en La Cañada más de 1.900 fochas cornudas.

Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional

En La Cañada de los Pájaros se pueden observar unas 200 especies de aves, unas 180 autóctonas.En 1991 fue declarada Reserva Natural Concertada, la primera declarada en España. Se abrió al público en 1992. Está incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía y en la Red natura 2000. Recibe más de 100.000 visitas al año y han pasado por sus instalaciones unos 3.000 ornitólogos. Han formado a cientos de becarios y voluntarios. Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional.

Con los ingresos por entradas y por el alquiler del restaurante, no les da para afrontar los 120.000 euros anuales de gasto. Desde sus inicios la gestionan sus propietarios Plácido Rodríguez y Maribel Adrián. La pregunta que nos hacemos quienes les conocemos y apreciamos es, ¿qué pasará con la Cañada de los Pájaros cuando decidan retirarse?

En 1983-84, Maribel Adrián desarrolló su tesina con la nutria bajo la dirección de Miguel Delibes. Maribel llegó a Sevilla para anillar aves y conoce a Plácido y en 1985 se ennovian. Plácido acaba la carrera. En 1986, la pareja decide alquilar una casita en “La Pilarica”, en Puebla del Río, y allí montan un pequeño aviario. Pero las ansíis de la pareja les lleva a buscar un lugar mejor. La idea era vivir en el campo.

La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma

En julio del 86 ocurre la mortandad de aves en Doñana, una catátrofe ecológica en la que murieron entre 20.000 y 30.000 aves, envenenadas por el uso de insecticidas por parte de los arroceros de las marismas. Se fumigó el Brazo de la Torre. En el Lucio del Cangrejo, en la primera semana de setiembre del 86 se contabilizaron 2.300 patos muertos. Entre las especies afectadas: pato real, pato cuchara, chorlitejo, garzas reales, espátulas y cercetas pardillas. Plácido, Maribel y un grupo de voluntarios recogieron ejemplares enfermos.

Aquel desastre lleva a Maribel y a Plácido a pensar en criar y proteger a las aves de Doñana. Tras mirar varias opciones, encuentran un lugar en una antigua laguna convertida en gravera que se hallaba en pésimas condiciones con basura, escombros, etc. En 1987, Plácido y Maribel negocian con los propietarios y compran 7,5 hectáreas del terreno, que colindaba con una finca de los rejoneadores Peralta, y con unas fincas forestales aguas arriba de la Cañada de la Barca (antiguo arroyo) que fueron transformadas afectando al cauce que suministra el agua a la Cañada de los Pájaros. En 1988 se limpia la gravera, se introducen plantas autóctonas y la escombrera se transforma en un humedal. Los arquitectos José Antonio del Pino y Emilio Pizarro les construyen la casa. La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma.

Hoy, cerca de 200 especies que frecuentan Doñana hallan en La Cañada el santuario, el lugar donde alimentarse y donde se les cuida y les cura si están enfermas o heridas. A quien corresponda: Ayuntamiento de la Puebla, Diputación de Sevilla, Junta de Andalucía, Gobierno de España, CSIC, Estación Biológica de Doñana, capital privado, organizaciones conservacionistas, traten de ayudar a Plácido y Maribel, dos biólogos, ecologistas y conservacionistas que ya en edad de jubilación, han salvado a miles y miles de aves en esta Reserva Natural a las puertas de Doñana, y han contribuido a que sobrevivan especies como la focha cornuda, la cerceta pardilla, el porrón pardo, las malvasías, cisnes, ánsares, cigueñas, calamones, grullas que vuelven a nidificar en Doñana, garzas, garcetas, avocetas, garcillas cangrejeras, patos, flamencos, cigueñuelas, golondrinas, verderones, y así hasta casi 200 especies de aves a las que han dedicado su vida.

La sociedad debe responder al reto de buscar la continuidad de la Cañada de los Pájaros, cuando Plácido y Maribel abandonen su actividad. Se lo debemos a las futuras generaciones, por quienes tanto han trabajado Maribel y Plácido con sus programas de educación ambiental y con su amor por las aves. ¡No permitamos que el humedal restaurado, convertido en Reserva Natural vuelva a ser una escombrera! Se lo debemos a nuestros nietos y a las futuras generaciones de andaluces.

Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

La primavera ha cogido a Doñana con una explosión de vida como hacía años que no se recuerda. La abundancia de insectos ayuda a una fase de reproducción que da sus primeros pasos, de hecho ya pululan por allí los primeros polluelos de algunas especies, y todavía están preparándose para emigrar las últimas invernantes. Todo ello es obra de un invierno muy lluvioso encadenado con un año menos seco que los anteriores, lo que ha propiciado la mayor presencia de aves del último lustro y la previsión de que la temporada de cría será muy buena.

Lo de que el agua es vida tiene en Doñana uno de sus exponentes más gráficos. La concatenación de borrascas de los últimos meses dejó una inundación casi completa de una marisma que ya había disfrutado de generosas dosis de precipitaciones, lo que ha tenido su reflejo inmediato en que se han contabilizado 385.649 aves acuáticas invernando en el parque. La cifra es la mejor desde 2021, aunque todavía está lejos de la media histórica y a más distancia todavía de los mejores ejercicios.

Eso sí, supone un incremento sustancial con respecto a los 228.335 ejemplares computados el año pasado (el censo se realiza en enero) y no digamos en relación con los 120.649 de 2024, cuando la sequía que golpeaba entonces con fuerza llevó a un mínimo desde que existen registros. El conteo se hace desde avioneta, recorridos en vehículo y asomándose a los dormideros, y con esta metodología –que se aplica desde 2004– se registró el máximo en 2017, cuando se rezaron las 700.000 aves. Todas estas cifras se pueden revisar ahora en el recién estrenado portal de acceso abierto con 50 años de censos de aves acuáticas.

La media en estos 22 años está en 437.000 individuos, con lo que este 2026 se ha acercado pero todavía queda camino por recorrer. Los augurios además son buenos, ya que a fecha de 22 de marzo la precipitación acumulada en el actual ejercicio (que arrancó el pasado 1 de septiembre) es de 552 mm, sensiblemente por encima de los 436 de media en las últimas dos décadas. En el ejercicio 2021/22, por ejemplo, no se llegó a 224 mm.

Que no vengan lluvias fuertes ahora

“Los datos no son buenos a largo plazo, pero sí mejores que los últimos años”, atestigua Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, responsable de la vigilancia científica de este entorno. Así que, como la marisma mantiene una buena inundación –entre 50 centímetros y algo más de un metro, en función de la zona–, se espera una reproducción buena “si no vienen lluvias muy intensas que hagan fracasar nidos”, como ocurrió el año pasado con fuertes precipitaciones que fueron más tardías.

El agua ha venido bien no sólo para atraer a las aves, sino también para recuperar otros elementos clave como la vegetación y la presencia de insectos. “Doñana está ahora espectacular, la visión es magnífica”, lo que no significa que se hayan acabado los problemas porque el acuífero sigue en muy mal estado y harían falta varios años más de lluvias abundantes para superar el que es el principal hándicap del parque.

Desde SEO/BirdLife se corrobora que la recuperación de las aguas subterráneas “requiere de algo más que un año húmedo aislado”. Su responsable en Doñana, Carlos Davila, también corrobora la imagen “espléndida” que ofrece el parque y que ya algunas aves presentan colonias de cría activas por las “condiciones ecológicas óptimas” que reúne la marisma esta primavera. La previsión es contar con grandes colonias de acuáticas, como morito común y espátula común, y distintos tipos de garzas, como la garza imperial, garcilla bueyera, martinete común, garceta común, garcilla cangrejera y garceta grande. Además, especies amenazadas de extinción, como la cerceta pardilla o la focha moruna, podrían verse “muy beneficiadas” por “este buen año hidrológico”.

Revilla resalta que todo esto evidencia la “capacidad de recuperación” que han mostrado determinadas especies en cuanto han mejorado las condiciones para las acuáticas. En este ejercicio ha crecido hasta la cifra de gansos, el ánsar común, la más emblemática de las aves de Doñana, cuya población ha aumentado en 1.000 ejemplares para alcanzar unos escuálidos 3.700 individuos pese a que las cosas han ido viento en popa. Esto evidencia que su presencia es cada vez más esquiva, ya que hace unos años los ejemplares se contaban por decenas de miles.

El cuchara común se dispara

En cambio, el pato cuchara común se mantiene como la especie que más crece en las últimas dos décadas, ya que en el censo invernal se contabilizaron 120.970 individuos, nada menos que 65.000 más que el año pasado. Asimismo, le van bien las cosas al porrón europeo (10.600 ejemplares), el morito común, la espátula común y hasta a especies muy escasas, como la cigüeña negra (se han contabilizado 113) y la garcilla cangrejera, con 32, una cifra que desde la ICTS Doñana se considera “inusualmente alta”.

La ICTS Doñana es una infraestructura dependiente de la Estación Biológica y está considerado el mayor laboratorio de campo de Europa. Rubén Rodríguez Olivares, del equipo de Poblaciones de Aves, explica que “la evolución de las aves acuáticas confirma que Doñana responde de manera inmediata cuando dispone de agua”. “La recuperación de la marisma es esencial para la conservación de especies de alto valor ecológico”, apostilla.

Los científicos tienen claro, y el aumento de aves invernantes de este año es el mejor de los ejemplos, que el factor determinante para la llegada de fauna acuática a Doñana es su estado hídrico. Por eso, “la mejora registrada este invierno demuestra el potencial del humedal para recuperarse cuando las condiciones climáticas y la gestión hídrica lo permiten”, se apunta desde la ICTS que, como la propia Estación Biológica, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así que Doñana mantiene una legión de problemas, pero si hay agua, hay margen para la esperanza.

La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas –Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar– está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado, aunque habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para saber si salen de la causa.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ido concediendo prórrogas de seis meses en un caso que estalló en 2023, cuando la Guardia Civil precintó estos puntos de extracción después de que inicialmente les cerrasen las puertas de la hacienda. El plazo de la última expiró este domingo, 8 de marzo, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se volviera a conceder por la “especial complejidad” del caso, algo que el magistrado ha denegado pese a que la defensa no se oponía.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor argumenta que considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, y avanza que lo único que queda es la “ratificación pericial” que solicita la defensa, con la comparecencia como testigo del autor del contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. El instituto armado cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido con estas extracciones sin licencia, a lo que habría que sumar alrededor de otro millón en concepto de daño ambiental.

Imputado hasta la fecha un sobrino

El testimonio de este perito, fijado para el 21 de abril, sería el único pendiente antes de cerrar la instrucción. De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, tal y como solicitó inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda a tiro de piedra de Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.

Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro de este consejo en representación de su progenitor, que se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

Precisamente, al figurar como presidenta de esta compañía al descubrirse los hechos, la primera imputada en la causa fue Eugenia Martínez de Irujo, aunque el magistrado la excluyó posteriormente al atender el argumento de la defensa de que la administración de la finca la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, que no obstante cuando declaró se escudó en que no estaba al tanto de la gestión del día a día. En la actualidad figura como secretario del consejo desde diciembre de 2023, pocos meses después de la denuncia de la Fiscalía, tras una reunión del consejo de administración en la que asumió la presidencia Cayetano Martínez de Irujo.

Se acogió a su derecho a no declarar

Fue el propio juez el que le hizo saber a la fiscal que, en función de lo que se imputase a Eurotécnica Agraria (responsabilidad penal o civil subsidiaria), citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. En este sentido, recordó que, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se apuntaba a que la compañía es responsable penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, en este caso Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se optaba por esta vía, aclaró.

Finalmente, la Fiscalía tomó el camino de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga en base a este artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acto duró unos minutos, en los que se le informó de que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente”, acogiéndose a su derecho a no declarar y remitiéndose a lo que declaró en febrero de 2025, cuando fue citado en su calidad de persona física investigada.

La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. En un oficio remitido en su día al juzgado, se subrayaba que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Una tarea que, insistía, se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

Deniega que testifiquen los denunciantes

De esta manera, los hermanos del duque de Alba eluden tener que pasar por el juzgado, al que ya sólo acudirá como testigo (o lo hará de manera telemática) el perito que hizo el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, en el que llegaba a alegar que estos pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. De hecho, la defensa acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle daños a su juicio inexistentes, ya que defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.

Eso sí, el magistrado ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, que solicitaba que declarase otro de sus peritos, el que hizo un análisis sobre las dotaciones de riego reales, producciones obtenidas y rentabilidad económica de los cultivos de cítricos. Asimismo, el instructor tampoco permite la declaración de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.

Gloria María Martín Valcárcel (Madrid, 1979) tomó posesión como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en julio del año pasado, pero ya conocía de sobra el paño: entró en 2006 en el organismo (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 cumplirá un siglo) y ocupó varios cargos, incluido el de secretaria general desde 2019.

Destaca que tras tanta borrasca las reservas viven su mejor momento desde 2014, reitera que no se van a dar más permisos de riego y reconoce que al Guadalquivir ya no le cabe ningún nuevo embalse más allá de los dos pendientes. Y sobre los pozos sin licencia de la Casa de Alba, lanza un mensaje: “En este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro”.

¿Cuánta agua ha dejado en la cuenca la sucesión de temporales que hemos tenido?

Después de este enjambre de borrascas hemos aumentado unos 2.700 hectómetros cúbicos de reservas y tenemos en total 8.000, lo que supone que estamos al 80% aproximadamente de capacidad. Veníamos de una situación en la que estábamos al 40% y hemos subido al 80% en mes y medio.

¿Para cuánto tiempo hay agua garantizada entonces?

Para abastecimiento tenemos tres años seguro. El regadío, que es el 86% de la demanda del Guadalquivir, tiene dos años prácticamente garantizados en su totalidad, el tercero ya dependerá mucho de cómo se produzcan las precipitaciones en estos dos o tres años. Pero un par de años sí que podemos decir que van a ser campañas bastante potentes.

A su predecesor le tocó gestionar la miseria de la sequía y a usted afrontar la abundancia...

Bueno, con la sequía era secretaria general de la Confederación, así que también la sufrí, porque además estuvimos trabajando en los decretos en los que se establecían ayudas a los usuarios. Hace un par de años hubo restricciones del 80 y el 90% en el regadío, prácticamente se daba agua sólo para salvar la arboleda y poco más. Pero sí, la situación ha dado un giro radical, hemos pasado de riegos de emergencia para intentar salvar la arboleda a tener zonas en las que el agua llegó hasta las copas de los árboles.

¿Hubo algún momento especialmente delicado en estos días de borrascas, de asustarse de verdad?

Ha sido un mes muy complicado y el problema fue que ocurrió en toda la cuenca, no hubo un único sitio que hubiese que vigilar especialmente, y sí que hubo situaciones concretas preocupantes. Pero estuvimos alerta, el daño habría sido mucho mayor si no hubiéramos actuado de forma preventiva y anticipada y en coordinación con el resto de administraciones. Pero sí, hubo unos cuantos sitios en toda la cuenca con bastante incidencia y con desalojos: Los Puentes en Jaén, en Huétor Tájar en Granada, en Córdoba, en Sevilla... 

Aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables. Este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional

¿Los problemas principales se han vuelto a producir en zonas que son inundables pero en las que se sigue construyendo?

No es cuestión de que se siga construyendo o no, es que son zonas inundables y sabíamos que los daños se iban a producir ahí, tienen problemas recurrentemente. Aun así, en algunas zonas se ha conseguido mitigar, como en Villanueva de la Reina en Jaén, donde los daños han sido mucho menores porque el Ayuntamiento ha hecho actuaciones.

¿Pero sigue habiendo mucho construido en zonas inundables?

Son zonas concretas que están en el plan de gestión de riesgo de inundación, pero eso lleva su tramitación, su periodo de información pública y hablamos de zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Eso quiere decir que es inundable aquello que se pueda inundar con un evento que pueda pasar una vez cada 500 años. El evento que ha pasado ahora ha sido aproximadamente en toda la cuenca de un T10, de diez años: aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables, si no se han inundado ahora no significa que no sean inundables. Porque este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional. El periodo de retorno de diez años no es el de 500 todavía, ni mucho menos.

En este sentido, ¿qué posición tiene la Confederación en relación con Tablada en Sevilla, es una zona inundable? Porque ahora no se ha inundado y ya se ha vuelto a reabrir el debate sobre su posible urbanización.

Sí, porque está dentro de los mapas de áreas con riesgo significativo e inundables, su carácter sólo podría cambiar si se revisan esos mapas, no cuando ocurra un episodio excepcional y se inunden o no. Lo que queda claro es que los episodios excepcionales no marcan las zonas inundables. Ahora tenemos imágenes por satélite de gran parte de la cuenca, precisamente estamos cotejando nuestros mapas con esas zonas inundadas. Estos episodios lo que sí nos valen mucho es para mejorar el conocimiento y comprobar y calibrar nuestros modelos.

Entonces, ¿la Confederación considera que Tablada se tiene que quedar como está?

Todas las zonas inundables deben respetar los usos permitidos en las zonas inundables. Creo que ya lo hemos dicho muy claro.

Tras el tren de borrascas han vuelto a surgir de nuevo voces diciendo que se desperdicia todo el agua que no se embalsa, ¿qué opinión le merece?

Bueno, es que no podemos poner el doble de embalses en la cuenca. Ahí todavía quedan dos proyectos que están en el Plan Hidrológico y que se está avanzando, que son las presas de San Calixto (entre Puente Genil y Écija) y de Cerrada de la Puerta (en Jaén, cerca de la provincia de Granada). En San Calixto hay un proyecto que se está actualizando y se va a adjudicar en las próximas semanas, con Cerrada de la Puerta también se está trabajando para licitar la redacción del proyecto. Estas son las dos grandes presas que quedan y que permitirán afianzar la garantía de la cuenca y también laminar las avenidas, como ha ocurrido con los 49 embalses principales que tenemos y que han conseguido laminar todo lo que ha llovido. Pero agua por los ríos tiene que correr, porque se tienen que mantener los ecosistemas y el estuario, que eso también es importante. No es agua que se pierde, por supuesto. Y hemos almacenado 2.700 hectómetros, desde 2014 no teníamos las reservas como ahora.

Al margen de estas dos, ¿al Guadalquivir ya no le caben más presas?

Es que esto no es una cuestión de si queremos una presa o no, sino que para construir un embalse hace falta un sitio acorde y una tramitación ambiental, no es tan fácil. Es difícil ya encontrar un proyecto viable para una gran presa en la cuenca del Guadalquivir. 

En la cuenca del Guadalquivir hay 900.000 hectáreas de regadío, el 25% de toda la zona regable de España, y no se dan nuevos permisos desde 2005. ¿Está previsto replantearse esa política?

¿Por un episodio de lluvias de un mes? No se van a dar porque no puede ser de otra manera, la cuenca se encuentra en una situación ya muy tensionada, con un déficit estructural de unos 200 hectómetros cúbicos. No es posible dar nuevas autorizaciones y nuevas superficies de riego salvo lo que ya está planificado, y creo que los usuarios en general lo saben y lo defienden en muchos casos: lo que hay que hacer es mantener lo que hay en la cuenca. En un contexto de incertidumbre, de cambio climático, creemos que ahora el problema es la garantía, hay un déficit que ya hemos sobrepasado.

¿Y no hay posibilidad de crecer con aguas regeneradas?

En el Guadalquivir no es fácil, eso tiene más sentido en la costa. Aquí realmente, si el agua de la depuradora llega a un cauce, se utiliza aguas abajo, no es un recurso nuevo que saquemos. En el Plan Hidrológico actual se dieron 20 hectómetros, pero para el siguiente (2028/2033) ya no está previsto ningún volumen adicional de agua regenerada porque no tiene más sentido seguir aumentando.

¿El nuevo Plan Hidrológico incorpora algún elemento relevante?

Estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes, pero hay cuestiones que evidentemente son recurrentes porque siempre hay que tratarlas, como las zonas protegidas y las aguas subterráneas. Yo creo que lo más novedoso entre comillas son la garantía y el cambio climático, que es una cuestión transversal en todos los temas. El cambio climático ya se tenía en cuenta en el plan vigente, pero ahora está imbricado en todos los temas porque vemos que influye en todo. Y después el sostenimiento de la garantía, que cada vez es más complicada en este contexto de incertidumbre.

Lo que sí que tanta agua habrá venido bien para la salud del río y su estuario, ¿no?

Sí, claro, si el volumen aumenta, la dilución aumenta y todo mejora. Estas crecidas son imprescindibles para que el río funcione bien, y desde 2010 no teníamos nada parecido.

Y a propósito del río y su estuario, ¿cómo valora los nuevos vertidos autorizados para las minas de Aznalcóllar y Las Cruces en Sevilla?

Bueno, esto debe hacerse con todas las garantías. La cuestión es que en minería al final el órgano sustantivo es la Junta de Andalucía, nosotros ahí intervenimos como un órgano sectorial en lo que compete al agua. Además, los vertidos son al Guadalquivir pero en zona de dominio público marítimo-terrestre y nosotros no tramitamos esas autorizaciones, es también la propia Junta de Andalucía. Por tanto, son ellos los que tienen que autorizar esos vertidos y hacer el control. No digo que no me preocupe, pero es la Junta la que tiene que hacer ese seguimiento.

Ya hemos cerrado 800 pozos ilegales en unos cinco años y tenemos 175 en trámite. No me atrevo a decir una fecha cierta, pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado

Hablando de preocupación, otro punto es Doñana, ¿cómo va el cierre de pozos ilegales?

Pues en cinco años hemos cerrado ya 816 y tenemos en trámite 176. Hay que matizar que el cierre de pozos no es algo inmediato porque es un proceso lógicamente muy garantista, se trata de cerrar explotaciones de usuarios que están regando y que tienen un perjuicio económico. Tienen que alegar y defenderse, y eso dilata en el tiempo el proceso. Por otra parte, lo que sí que podemos es adoptar medidas cautelares de cierre de pozos mientras se tramita todo el proceso. También lleva su tiempo, porque hay que pedir autorización al juzgado para entrar en la finca, pero cerramos más rápido. 

Pero da la impresión de que nunca se termina.

Es que los pozos también van cambiando. No partimos de un número concreto, sino que a veces se van identificando nuevas captaciones y eso hace que se abran nuevos procedimientos. Ya hemos cerrado 800 en unos cinco años y tenemos 175 en trámite, no me atrevo a decir una fecha cierta pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado. Pozos nuevos sí que se siguen localizando, pero ya hacemos una teledetección (que es accesible hasta para el público) de la superficie de los invernaderos que están instalados y se ve cuáles son las zonas que no tienen derecho de riego. Eso también tiene un efecto disuasorio, hemos visto que la superficie que no cuenta con derechos no sigue aumentando, así que creo que vamos por el buen camino.

Para la Confederación, ¿la marisma de Doñana es de agua dulce, como se ha dicho históricamente, o salada, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica para justificar el deslinde que se ha aprobado?

Es una cuestión complicada y que ahora mismo está en estudio. Tenemos que esperar al resultado de todos los recursos e iremos viendo la consecuencia que tiene ese deslinde, tanto en el Plan Hidrológico como en las actuaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo hay un procedimiento administrativo y una serie de recursos, pero no sé si se llegará a contentar a todo el mundo. Un deslinde es un procedimiento complicado que siempre cuenta con bastante oposición por parte tanto de los usuarios del territorio como por el resto de actores. 

La lluvia le habrá venido muy bien al acuífero de Doñana, pero esto no se recupera de un día para otro…

No, no. Los primeros estudios que hemos hecho dicen que la superficie de la marisma se ha inundado prácticamente el doble respecto al año pasado y los piezómetros del acuífero han mejorado algo, pero en las zonas de mayor explotación no tanto. Por tanto, esto viene muy bien, pero no resuelve un problema estructural. Un mes de lluvias no recupera el acuífero de Doñana, necesitaría varios años así y trabajar más en todas las vías que ya tenemos abiertas para que realmente se vea una mejora notable.

A propósito de acuíferos, ¿confía en que la actuación judicial por los pozos sin licencia en Aljóbar, la finca de la Casa de Alba en Aznalcázar, siente un precedente importante y tenga un efecto disuasorio?

Yo no creo que sea un precedente porque no es la primera vez que aplicamos un procedimiento sancionador en una explotación de más o menos entidad o más mediática. Hay que actuar en todos los casos, y si esto hace que la sociedad sea más consciente de que esto no va de superficies ni de determinadas personas, sino que si hay una infracción se actúa, pues perfecto. Pero no es una situación desde luego novedosa, ni que hayamos cambiado nuestra manera de proceder.

¿Pero es consciente de la repercusión del caso y la sensación que pueda tener alguien de que pueda haber un trato distinto?

No controlamos las sensaciones, pero si la infracción está y el sancionador llega a la resolución que sea, será independiente de quién sea el infractor. Que luego se piense desde fuera que se ha actuado mejor o peor que en otros casos, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero que en este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro, eso es así.

¿Y no es contradictorio que, en paralelo a la causa judicial, haya un proceso administrativo para regularizar esos mismos pozos que se investigan por un posible delito ambiental?

Esa concesión se está tramitando y con una serie de condiciones. En muchos otros casos, cuando se aplica un procedimiento sancionador existe la posibilidad de legalización de lo que ha ocurrido. En este caso, la concesión se está tramitando. Veremos qué dicen todos los informes, pero tiene que llevar una serie de condicionados y tiene que tener un control de los volúmenes de agua. En el caso de que se resuelva así, no tiene por qué ser contradictorio con una infracción que se ha cometido, que tendrá una sanción y unas consecuencias.

La Comisaría de Aguas de la Confederación ya ha dado su visto bueno, por lo que considera que estos pozos son regularizables…

Pero es que el hecho de que tenga un proceso sancionador en marcha no significa que esa petición no pueda ser viable. Ellos contaban con un derecho previo, pero se abre un proceso sancionador porque no se estaba actuando acorde a la autorización que tenían. Si la autorización que se solicita es compatible con la planificación hidrológica, se puede tramitar independientemente de que entre medias haya habido alguna infracción o alguna sanción por parte del usuario.

¿Le frustraría que ocurra lo mismo que con la finca Hato Blanco Viejo, que por primera vez un juez condenó a cárcel a una familia de terratenientes por pozos ilegales y al final se libraron de la prisión al rebajarse la pena?

En un proceso judicial nosotros no tenemos toda la información concreta, le perdemos un poco la pista, y hasta que no se finaliza… Pero bueno, no frustra, porque nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos que luego pasa a la vía judicial, ahí realmente nosotros ya no controlamos qué es lo que se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es nuestro procedimiento administrativo y llevarlo a cabo con todas las garantías.

¿Y hay muchos procesos abiertos en la cuenca por extracción ilegal de agua?

Hay muchos, todos los meses se tramitan cientos. Pero no todo son grandes explotaciones ilegales, hay muchas infracciones menores por no tener por ejemplo el contador bien instalado. 

Los nueve pozos ilegales descubiertos a la Casa de Alba en Aljóbar, finca de su propiedad en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), han afectado al acuífero del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. Así lo reitera el último informe pericial de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido y abunda en que estas extracciones no autorizadas tienen “un carácter muy relevante” porque el acuífero del que se han pirateado los recursos, el Aljarafe Sur, está “hidráulicamente conectado” con la masa subterránea Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, dos puntos clave porque van “nutriendo el Parque Nacional de Doñana”.

La conclusión se recoge en este documento, y así fue reiteradamente defendida por las dos peritos del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado) en la declaración como testigos ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga un posible delito contra el medio ambiente. De hecho, en su momento el magistrado, tras el primer informe pericial que recibió en 2024, ya apuntó en un auto que los pozos podían tener un “impacto colateral en Doñana”, lo que no beneficia precisamente a la defensa de la Casa de Alba.

El caso que analiza el juez tuvo su origen en una denuncia de extrabajadores de la finca, lo que llevó a descubrir hasta nueve pozos sin licencia que habrían estado funcionando 11 años cuando la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) sólo tenía permiso para dos, uno de ellos para uso doméstico y no agrícola. Estas extracciones han sido ya precintadas dos veces, en un proceso en el que la Fiscalía ha pedido imputar a varios hermanos del actual duque de Alba, mientras la defensa sitúa en primera línea a un sobrino de éstos ( Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga) y la empresa culmina la regularización administrativa de las instalaciones sin licencia.

En su declaración ante el juez del pasado 20 de febrero, las agentes insisten en varias ocasiones en la conexión directa entre ambas masas de agua, un hecho que a su juicio “está descrito muy bien en un montón de estudios científicos y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también así lo determina”. “Está totalmente conectado con el acuífero Almonte-Marismas”, lo que se traduce en que “se produce una descarga natural desde Aljarafe Sur hasta el siguiente que hay, que es Almonte-Marismas”, que el propio informe recuerda que desde 2019 está declarado en mal estado.

“Riesgo de sobreexplotación”

En su testimonio, repiten que “el acuífero Almonte-Marismas tiene una recarga natural por parte de Aljarafe Sur”, que a su vez está empeorando su situación a pasos agigantados por el exceso de bombeos que sufre no sólo desde Aljóbar, sino también desde otras fincas colindantes. Ante las preguntas de la defensa encaminadas a diferenciar ambas masas de agua, las guardias civiles son tajantes: “No hay barreras, esa agua fluye de manera natural desde Aljarafe Sur hacia Marismas, tiene una descarga natural”.

A efectos administrativos y de gestión, el acuífero Almonte-Marismas está dividido en cinco masas de agua: La Rocina, Almonte, Marismas, Marismas de Doñana y Manto Eólico Litoral de Doñana. Tres de ellas se encuentran oficialmente declaradas en mal estado, concretamente los de Almonte, La Rocina y Marismas, que es la más cercana a Aljarafe Sur.

Durante la comparecencia, que se realizó por videoconferencia, la defensa puso el foco en que Aljarafe Sur, que es de donde extraen los pozos de Aljóbar, está oficialmente declarado en buen estado por la propia CHG. Así lo admiten también tanto el informe como las peritos del Seprona, aunque con el matiz de que este acuífero se está deteriorando rápidamente y ya está en “riesgo de sobreexplotación” porque supera la barrera del 80% entre los recursos que entran y los que se sacan. En concreto, en esta masa de agua se ha pasado de un índice de explotación del 78 al 91%.

Los informes de la CHG

Ante la insistencia de las agentes en que Aljarafe Sur está en riesgo de sobreexplotación y en la interconexión con Doñana, los abogados de la defensa les preguntan que cómo explican que Aljarafe Sur esté declarado en buen estado “y en cambio están diciendo que Almonte y Marismas están en riesgo”. “Eso se lo tendrá que preguntar usted a la Confederación, que es la que hace los estudios de los acuíferos”, fue la respuesta que obtuvieron.

Eso sí, añaden que se ratifican en el mal estado creciente de Aljarafe Sur. “La tendencia del nivel del descenso piezométrico está ahí, no nos la inventamos nosotras, y además a lo largo de diferentes planes hidrológicos el índice de explotación ha ido ascendiendo en número y además a mayores”. En este sentido, la CHG ha hecho ya dos informes a requerimiento del juzgado sobre la situación de Aljarafe Sur, con conclusiones similares: su estado es cada vez peor, de hecho está en los niveles más bajos desde que existen datos, y la batería de pozos ilegales de Aljóbar es “susceptible” de haber agravado las cosas, pero “no es posible concretar” que sea “el único causante” porque hay otras fincas vecinas con “intensas explotaciones”.

La defensa basa parte de su estrategia en que oficialmente no puede hablarse de que Aljarafe Sur esté sobreexplotado, que como mucho está en situación de riesgo, por lo que en consecuencia no puede hablarse de perjuicio para Doñana. “Sí que son daños derivados”, reiteran las agentes, “porque Doñana se está secando”, una situación a la que no ayuda que “el acuífero de las Marismas, que es el de Doñana, está conectado con el acuífero Aljarafe Sur” y debería pasarle más agua.

“El acuífero no se ha recuperado”

La defensa se centra también en que Aljarafe Sur no es un acuífero confinado, sino libre, lo que implica que no tiene materiales impermeables que dificulten su recarga con las lluvias, pero las peritos replican que eso no implica un efecto inmediato. Tiene opciones de recargarse de manera más rápida que un acuífero confinado, admiten, pero se pierde mucha agua por el camino antes de infiltrarse al subsuelo, “no cae un mililitro y le llega un mililitro al acuífero”, ejemplifican.

“Que nadie se engañe”, llegan a defender, si alguien espera que “los acuíferos van a llegar ahora a los niveles freáticos que tenían antes de toda la problemática que estamos teniendo”. Y así lo subrayan hasta en la última pregunta que les hace la defensa. “Con este carrusel de tormentas que ha habido de lluvia tan abundante, ¿puedo entender que el acuífero se ha recuperado”, les cuestiona el letrado, obteniendo una respuesta contundente: “No, no puede entender eso”.

Tres cachorros de lince ibérico de casi un año, nacidos en el centro de cría de El Acebuche (Almonte, Huelva), en el Parque Nacional de Doñana --espacio gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--, e hijos de la hembra reproductora Parra, han sido liberados a lo largo de este mes de febrero en diferentes comunidades autónomas de España.

Así lo han indicado a Europa Press desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, señalando que los tres linces liberados han sido Weeka, Wenster y Weasel, todos hijos de Parra, que en marzo del pasado año 2025 dio a luz a los tres cachorros.

De este modo, Weeka se liberó el 16 de febrero de 2026 en el municipio de Lorca, en la Región de Murcia, mientras Wenster, se liberó en Andalucía, en la Sierra Arana, el 18 de febrero de 2026 y Weasel se liberó el 20 de febrero en Campos de Hellín, en Castilla la Mancha.

Según han explicado desde el OAPN, Los cachorros se liberan con un año de edad, aproximadamente, y antes del siguiente periodo reproductor, así como apuntan que la zona y los ejemplares a liberar se establecen con “criterios genéticos” de los ejemplares.

Por otra parte, en cuanto a la temporada reproductora de este 2026, desde el organismo han señalado que los primeros partos se espera que sean en marzo, toda vez que no han podido facilitar más información al respecto.

Las primeras cópulas en el Centro de Cría del Lince ibérico El Acebuche --de la pareja Juromenha y Tintín-- se produjeron la última semana de 2025, según informó el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico. Esto supuso el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie protegida, algo fundamental para su supervivencia. De hecho, suele iniciarse en diciembre y extenderse hasta febrero.

El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó en 2025 uno de sus hitos “más relevantes” como ha sido el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivido hasta la fecha.

Linx Ex Situ señaló que estos resultados “mantienen la tendencia positiva de temporadas anteriores y consolidan el papel esencial del programa en la recuperación del lince ibérico”, con 424 ejemplares liberados en España y Portugal desde su puesta en marcha, lo que destacan como “un nuevo logro en dos décadas de trabajo para asegurar el futuro de esta especie emblemática”.

En la temporada reproductiva de 2025 se formaron 32 parejas, que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una supervivencia inicial del 77% (23 machos y 25 hembras). Nueve de ellos permanecerán en cautividad como reposición de reproductores --cinco machos y cuatro hembras--, sumándose a ellos la hembra Vidar --ejemplar invidente de la población salvaje de Doñana--.

Asimismo, si se confirma la aptitud clínica y comportamental de los 39 restantes, estos ejemplares serán liberados en la naturaleza a comienzos de 2026, reforzando las poblaciones silvestres. Desde Linx Ex Situ subrayaron que los resultados de 2025 “contrastan positivamente con los de los dos últimos años”. De este modo, en 2023 se produjeron 26 parejas que dieron lugar a 46 crías, de las cuales 39 sobrevivieron al destete --23 machos y 16 hembras--. Tras garantizar la reposición de reproductores, 31 fueron liberadas en 2024.

La Guardia Civil lo tiene claro: los nueve pozos sin licencia descubiertos –y precintados por orden judicial– en la finca Aljóbar de la Casa de Alba no sólo han provocado un importante daño ambiental, sino que le han reportado a la propiedad un “beneficio ilegal” que eleva a 5,1 millones de euros. Esto es así porque han podido regar por encima de lo que habría permitido el agua para la que sí tenían permiso, lo que se ha traducido en más cosechas de naranjas.

Así lo ratifica un segundo informe pericial que, a petición de la Fiscalía, ha elaborado el instituto armado y que entregó en noviembre al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental. El documento reafirma las principales conclusiones del que se elaboró un año antes, y en todos sus términos se han ratificado las dos agentes que lo han elaborado, que el pasado viernes testificaron ante el magistrado y respondieron a las preguntas de la defensa, que representa los intereses de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona ésta y otras haciendas.

Aljóbar se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, aunque uno de los pilares de la defensa hasta la fecha es que toda la responsabilidad recaiga en un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, que fuese primer nieto de Cayetana de Alba.

11 años de extracción ilegal

El análisis pericial aborda el “beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua”, para lo que tiene en cuenta la cantidad de fruto recogido (cítricos en este caso) por hectárea durante los 11 años que se considera que hubo un uso de “agua de procedencia ilegal”. Para ello establece dos periodos diferenciados, de 2014 a 2021 y de 2021 a 2024, ya que hasta 2021 se regaron 205 hectáreas, superficie que desde entonces se redujo a 164.

A este “beneficio ilegal” hay que sumar el importe del daño ambiental producido, que resulta de la suma de varios conceptos que, según las agentes, se han computado de una “forma conservadora”. La horquilla que ofrecen oscila entre 732.000 y 1,1 millones de euros, en función de si se usaron 5.000 metros cúbicos por hectárea –como asegura la defensa– o 6.352 como sospechan las investigadoras.

La cifra tiene en cuenta tres factores, el primero de los cuales es el valor en sí del agua extraída, que se movería entre 468.275 y 814.896 euros. A esto hay que añadir lo que costaría rehabilitar este entorno (201.489 euros) y el impacto por la pérdida de valor ambiental del ecosistema, que iría de 62.539 a 113.353 euros. Todo esto significa que, sumando daños y beneficio ilícito, estamos hablando de entre 5,8 y 6,2 millones de euros.

“Daños importantes” al ecosistema

En paralelo, el informe sostiene que la extracción ilícita de agua de un acuífero, el Aljarafe Sur, que está cerca de la sobreexplotación “supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles”. Esto es debido a las interconexiones naturales entre las diferentes matrices, en este caso suelo, agua y biota.

El índice de explotación de estas aguas subterráneas ha pasado del 78 al 91%, y se estima que existe riesgo para el acuífero cuando se supera el 80%. A esto se une que un bombeo excesivo “puede movilizar el agua presente en el subsuelo de baja calidad”, produciendo de esta manera un “deterioro” del recurso.

Durante la declaración de las agentes, la defensa intentó rebatir su trabajo tanto en lo que hace referencia al volumen de agua extraído como a la fórmula utilizada para determinar el impacto económico de los pozos ilegales. En concreto, puso el foco en el concepto del beneficio ilícito y consideró que, en general, se valora el daño dos veces, a lo que las guardias civiles respondieron que con ese argumento se confundía el ámbito administrativo con el penal, que es en el que se está investigando la causa.

Allá por 2015, el Gobierno central compró por 50 millones de euros en el término municipal de Almonte Los Mimbrales, una enorme finca agrícola de 1.200 hectáreas. El objetivo era ganar espacio natural para Doñana y darle un respiro al acuífero, ya que se adquirían también los 6,8 hectómetros de derechos de riego asociados a la propiedad para que así se dejase de extraer esa agua. Tras una década en barbecho, los trabajos para volver a teñir de verde estas tierras arrancaron el pasado agosto y las últimas lluvias han servido ahora para comprobar que la cuestión evoluciona como debe: los arroyos vuelven a correr por el cauce natural que una vez le arrebató la mano del hombre.

Durante estos diez años, Los Mimbrales ha tenido un uso forestal tras eliminarse los cultivos (sobre todo cítricos), una explotación agrícola que modificó los arroyos Bernabé y del Zorro. Para ello, la finca se atravesó con una red de canales de drenaje que direccionaban y concentraban el agua en su sector este, perteneciente al Parque Nacional. Esto no sólo provocaba la frecuente inundación de esta zona, sino también una movilización excesiva de sedimentos hacia estos puntos.

Los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) han comprobado ahora, gracias a que los arroyos están saturados con tanta borrasca, que han empezado a circular por los caminos que se les han reabierto con los trabajos en marcha. Las imágenes aéreas han permitido certificar la recuperación del trazado del arroyo Bernabé, la rehabilitación parcial del cauce del Zorro para entroncarlo precisamente con el Bernabé y la ampliación de la llanura de inundación de este último en su tramo final.

Cuenca vertiente a La Rocina

La importancia de la actuación radica en que Los Mimbrales se localiza en el entorno de la cuenca vertiente al arroyo de La Rocina, una de las principales aportaciones de agua superficial de una marisma de Doñana ahora inundada tras el tren de borrascas. Junto a otros trabajos que se ejecutan en paralelo, la reconducción de los arroyos ayudará a mejorar la capacidad de recarga de la masa de agua subterránea de La Rocina, declarada en mal estado.

La intervención se centra en algo más de 932 hectáreas del sector oeste de la finca, dentro de la de la Zona de Especial Conservación de Doñana. Y dicho de una manera gráfica, Los Mimbrales viene a ser como una isla rodeada por cultivos de regadío al norte y al sur.

El nuevo paisaje hidrológico no es exactamente como fue en un principio, ya que el cauce del Zorro se ha modificado respecto al original, que discurría flanqueado por cultivos bajo plástico al noreste de la finca. Estos invernaderos han reducido la sección útil del arroyo, lo que provocaba que fueran frecuentes los desbordamientos y la consiguiente inundación de estas explotaciones agrícolas.

“Éxito de la restauración”

En el vídeo que acompaña a esta información (elaborado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco) se puede apreciar en un primer momento la llanura de inundación del Bernabé en su tramo final al norte, fuera de la finca. Un poco más al sur, y justo en el linde septentrional de la finca, se ve cómo el nuevo trazado del arroyo del Zorro (izquierda) entronca con el discurrir ya recuperado del arroyo Bernabé (derecha). Asimismo, se muestra el recorrido modificado del Zorro para alejarse de los invernaderos.

La restauración del Bernabé se ha proyectado con un trazado sinuoso y una sección muy abierta, de poco calado y pendientes suaves para que sea el propio arroyo el que vaya marcándolo y remodelándolo. Este diseño también servirá para reducir la energía de los caudales y con ello la erosión y transporte de sedimentos hacia la marisma.

Desde la Oficina Técnica de Doñana, encargada de los trabajos, se apunta que las lluvias han permitido demostrar “el éxito de esta restauración, ya que se ve cómo el agua está circulando y encontrando su cauce dentro de los trazados restaurados”. El proyecto se enmarca en el ámbito medioambiental del Marco de Actuaciones para Doñana, cuenta con una inversión de 6,4 millones de euros y es uno de los pilares –el de la restauración hidrológica– de una actuación que persigue en esencia devolver la finca a un estado muy parecido al que tenía antes de la irrupción de los cultivos.

Además de la recuperación de antiguos cauces, la intervención en Los Mimbrales incluye el sellado de canales de drenaje, la renaturalización de antiguas balsas agrícolas, la recuperación de comunidades vegetales autóctonas y el control de especies exóticas invasoras. Además, contempla la mejora de hábitats mediante la creación de áreas de anidamiento, refugio y alimentación, así como la conectividad entre áreas del Espacio Natural de Doñana.

La expresión balsa minera ha sido escuchada o leída por primera vez por muchos/as andaluces, pues casi no la habían mencionado los medios desde la rotura de la de Aznalcóllar en 1998 y casi no la habían mencionado antes, aunque las primeras se construyeron en los años cincuenta del pasado siglo. De manera que mucha gente no sabe qué son, y se habrán quedado a dos velas cuando han oído pronunciar tal expresión al presidente de la Junta. Parecería que Moreno Bonilla hubiera abierto, no la compuerta de los millones de toneladas de lodos letales que contienen las balsas, sino la compuerta por donde ha entrado, siquiera por unos días, la expresión balsa minera al lenguaje autorizado o políticamente correcto, a la actualidad.

Las balsas mineras son instalaciones que contienen millones de millones de metros cúbicos de venenos letales, ocupan superficies de cientos de hectáreas, sus muros están hecho con escorias de mina, porque el cemento armado sería corroído por el ácido que albergan. Son depósitos dinámicos en los que la proporción de arenas, lodos y agua ha de variar en profundidad y desde los muros a la cola, por lo que necesitan vigilancia continua, hasta muchísimos años después de que los mineros se hayan ido; evacuan filtraciones normales (dicen los ingenieros que por debajo de un cierto nivel no son preocupantes) a los ríos y acuíferos, afectando en algún grado a la potabilidad de nuestras aguas y embalses. Pueden romperse y envenenar cuencas enteras, de lo que ya tenemos abundantes ejemplos en la península, el de Aznalcóllar el más grave. Pero, aunque no se rompan, permanecerán ahí, filtrando a cauces y acuíferos, acumulativamente, por decenios y decenios.

¿Cómo explicar que obras descomunales como estas, de tanta peligrosidad potencial y seguros efectos nocivos a medio y largo plazo, sean ignoradas? ¿Quién sabe de Rodalquilar, Gádor, Almagrera, Alquife, de las varias que asoman al río Rumblar? ¿Y de las más colosales, que se enseñorean entre el Guadalquivir sevillano y el Guadiana (Aguablanca, Aznalcóllar, Cueva de la Mora, Aguas Teñidas, las tres de Rio Tinto, Tharsis, la anunciada en Valdelamusa…)? A tal extremo llega el desconocimiento que casi nadie sabe que la balsa de Aznalcóllar sigue ahí, que contiene trece millones de metros cúbicos de lodos que están filtrándose al río Guadiamar, el aporte principal de agua dulce a Doñana, y al acuífero aluvial que discurre por debajo del río, conectado a su vez con el acuífero Almonte-Marismas. El colmo ha sido que bautizaran, sin protesta reseñable, como Corredor Verde del Guadiamar el marrón que ha dejado ahí la minería.

Explicar por qué no se sabe -o no se quiere saber- de estos sarcófagos requiere dejar la ingeniería de minas y pasar a la ingeniería lingüística de la actualidad, que es la que hace y rehace la opinión pública y aporta el combustible básico que da vidilla después a los corrillos, sean en el bar de la esquina o en las redes. Podemos definirla como un brebaje de informaciones, conceptos y valores de variada procedencia, pero cuyos ingredientes principales son suministrados por el ejército de siervos encuadrados en las grandes corporaciones mediáticas, sean privadas, estatales, eclesiales o cualquier combinación de ellas. Industria del entretenimiento la llama genéricamente Sánchez Ferlosio.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés

Si los minerales son importantes, las palabras que manipula la ingeniería lingüística lo son más, porque si con aquellos se elaboran lo mismo productos de provecho que cacharrería que será pronto basura irreciclable, con las palabras se construye la comunidad política, que es, según Aristóteles, obra humana hecha de palabras. Cada época, cada cultura, teje con palabras su propia trama de significación y sus valores, ellos mismos producto de la trama, pero que dan sentido y fuerza trascendente al conjunto, como ha sabido ver después Weber, que explica así la legitimidad.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés. Igual lo hacen esas inmensas pirámides jerárquicas que son las corporaciones mineras. Todo para que permanezca enhiesto el principio simbólico que les da legitimidad: más minería es mejor para acercar a la nación o a la humanidad al bienestar y la felicidad.

Este dogma minero está enlazado a un principio aún más general, el de la Producción incremental, es decir, la Productividad (una abstracción concebida por los filósofos económicos a finales del XVIII) que, aseguran, aupará a la humanidad al bienestar definitivo. Es el mesianismo de nuestra cultura, que se mantiene incólume desde su cristalización en el siglo XIX. Durante esa centuria declinará el secular desprestigio del quehacer minero, que se materializaba, por ejemplo, en que los operarios solo bajaban a la mina encadenados. En su lugar irá emergiendo un relato prometeico que insuflará respetabilidad a lo minero, sentándose las bases de lo que comenzamos a ver ya en el siglo XX: la estampa de varones que se identifican orgullosamente como mineros y que se encadenan numantinamente en las minas para seguir siéndolo.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento

En Andalucía, podemos considerar como fecha augural de este nuevo imaginario de respetabilidad y hegemonía minera la masacre del Año de los Tiros de 1888 (más de doscientas víctimas). Desde entonces, el axioma minero, y el prestigio que irradia, se ha mantenido igual de intocado por las opciones políticas que se han sucedido. Tal unanimidad permite que tal dogma siga otorgando prestigio e incluso ese halo que rodea en cada cultura a las instituciones consideradas trascendentes.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento. Y que muchos actores políticos, mediáticos y culturales adopten la ingeniería lingüística diseñada en los gabinetes de imagen de las corporaciones extractivistas.

Es tal la asunción general del emblema “más minería es mejor”, que casusa asombro -o estupefacción- comprobar que la expresión balsa de lodos mineros fuera tabú en los medios hasta que se rompió la de Aznalcóllar, que recuperase desde el 2000 su condición impronunciable y que estos días, tras ser pronunciada por el presidente de la Junta, la hayan recuperado los noticiarios, siquiera por unos días. Y es una maravilla escandalosa que las televisiones no las hayan mostrado ni antes ni después de mostrarnos el muro roto de Aznalcóllar. Y que ni siquiera esta, tan mediática un tiempo, hayan vuelto a mostrárnosla más, como si la hubiera engullido el follaje (contaminado) del corredor verde. Todo ello mientras se sucede, desde que comenzó a operar Cobre las Cruces en 2008, una riada de noticias, reportajes (publirreportajes la mayoría) que nos aturden con lluvia de millones, puestos de trabajo sin cuento, tecnología ultimísima, impecables restauraciones y sellados de residuos, capacidad tractora, etc, etc.

Una de estas multinacionales ha tenido la chulería de bautizar a su proyectada mina, que quiere verter al estuario del Guadalquivir miles y miles de kilos de metales pesados, como Un proyecto ambiental amparado en minería. ¿Es burla, sarcasmo, desprecio?