El Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han advertido de que el deterioro continuado del acuífero de Doñana podría generar las condiciones para que este espacio sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si su declive no se revierte mediante la aplicación “rápida y eficaz” de medidas de conservación.

Así figura en el informe sobre el estado de conservación del Parque Nacional de Doñana, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la propuesta de decisión que será examinada por el Comité del Patrimonio Mundial durante su 48ª sesión, que se celebra entre el 19 y el 29 de julio en Busán, en Corea del Sur. El documento reconoce los esfuerzos realizados por España, pero considera que el ritmo de recuperación ecológica continúa siendo insuficiente ante la urgencia y la persistencia de las presiones que afectan al espacio protegido.

En concreto, el organismo internacional señala que tres de las cinco masas de agua subterránea de Doñana siguen presentando un mal estado cuantitativo debido a la sobreexplotación, pese a las actuaciones impulsadas por las administraciones. Esta situación evidencia, según el informe, que todavía no se han alcanzado los objetivos de conseguir unas extracciones sostenibles y revertir el declive del acuífero.

Más de 1.200 pozos regularizados

La Unesco valora los avances en la gobernanza del agua, la ampliación de los sistemas de seguimiento hidrológico, el uso de herramientas de teledetección y control digital, la modernización del Registro de Aguas y las actuaciones contra las captaciones ilegales.

El informe señala que, desde 2019, un total de 1.214 pozos han sido objeto de cierre, precintado, regularización o procedimientos jurídicos relacionados, de los cuales 155 corresponden al periodo transcurrido desde el anterior informe.

También destaca la puesta en funcionamiento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de Marismas-La Rocina y Almonte, así como la aprobación en julio de 2025 del programa de actuación de La Rocina, que contempla una reducción del 15% de las extracciones. Sin embargo, los programas correspondientes a las otras dos masas de agua declaradas en riesgo siguen pendientes de aprobación.

El Comité reclama a España que finalice y aplique estos programas, los integre en el conjunto de la planificación hidrológica y demuestre avances medibles en la reducción de las extracciones de agua subterránea.

Medidas de protección pendientes

Igualmente, considera positivo que la gestión de la finca de Veta la Palma, adquirida por el Estado en 2023, esté orientada a la conservación de la biodiversidad y a reforzar la capacidad de adaptación de Doñana frente al cambio climático.

Por el contrario, el documento muestra preocupación porque todavía no se ha concluido el modelo ecohidrológico solicitado por el Comité, una herramienta considerada necesaria para determinar la relación entre la hidrología y la ecología, y definir las necesidades de agua que permitan mantener el valor universal excepcional de Doñana.

El informe lamenta además el retraso en la aprobación del Programa de Adaptación al Cambio Climático, cuya finalización está prevista durante 2026, y reclama que incluya objetivos definidos, medidas concretas y compromisos cuantificables de reducción del consumo de agua.

En materia de biodiversidad, la Unesco toma nota de la recuperación de los sistemas dependientes del agua y del incremento de las poblaciones de aves invernantes durante los dos últimos inviernos. No obstante, señala que existe una tendencia descendente a largo plazo y pide que se investiguen sus causas, enter ellas los cambios hidrológicos, la degradación de los hábitats y las posibles alteraciones de los patrones migratorios por el cambio climático.

Fecha límite: febrero de 2027

El documento concluye que la interacción acumulada entre la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el cambio climático, la degradación de los hábitats, la intensificación agrícola y otras presiones continúa suponiendo un “riesgo significativo” para la integridad y la resiliencia de Doñana a largo plazo.

Por ello, reitera que deben aplicarse íntegramente y con carácter urgente las recomendaciones de la misión de seguimiento realizada en 2020. En caso de que no se revierta el deterioro del acuífero Almonte-Marismas, la degradación podría provocar impactos significativos sobre el valor universal excepcional del espacio y abrir la puerta a su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

La propuesta de resolución pide al Gobierno de España que remita antes del 1 de febrero de 2027 un nuevo informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y la aplicación de las medidas reclamadas, que será examinado durante la 49ª sesión del Comité.

Preocupación por la mina de Aznalcóllar y el deslinde

La Unesco también ha lamentado que España no haya atendido todavía su petición de realizar una evaluación específica sobre los posibles efectos del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar sobre el Valor Universal Excepcional de Doñana.

Aunque las autoridades españolas han remitido documentación correspondiente al procedimiento de autorización, el organismo sostiene que no se ha presentado la evaluación de impacto ambiental completa con un análisis específico de los posibles efectos del proyecto sobre el espacio protegido.

En particular, solicita que se analicen los eventuales impactos de los vertidos mineros sobre la calidad de las aguas y que toda la documentación sea remitida al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión por la UICN antes de que se adopten decisiones que puedan resultar difíciles de revertir.

Respecto al deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el informe recoge las explicaciones del Estado, que sostiene que el procedimiento pretende reconocer formalmente la extensión ya existente del dominio público y no establecer un nuevo régimen jurídico.

No obstante, el organismo internacional mantiene su preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo sobre la gestión hidrológica y ecológica del espacio, por lo que exige que cualquier interpretación, planificación o aplicación futura del deslinde sea plenamente compatible con la protección de los valores de Doñana.

WWF exige medidas “concretas y medibles”

Ante las conclusiones del documento, WWF ha reclamado a las administraciones que aceleren la aplicación de medidas urgentes para recuperar el acuífero y evitar el colapso ecológico de Doñana, al considerar que muchas de las actuaciones previstas acumulan retrasos que, en algunos casos, alcanzan una década. La organización ecologista sostiene que las extracciones continúan en niveles “insostenibles” y están poniendo en grave riesgo los ecosistemas que dependen del acuífero.

La ONG asegura que actualmente se extrae del acuífero más agua de la que se recarga, con un índice de explotación del 109%, por lo que pide un programa integral de actuaciones para gestionar las cinco masas de agua subterránea y aumentar su resiliencia frente al cambio climático.

También rechaza que, tras un año de lluvias excepcionales, se haya elevado temporalmente del 85% al 100% el volumen autorizado de las extracciones en La Rocina, al considerar que esta decisión no contribuye a la recuperación del acuífero ni reduce su vulnerabilidad.

En relación con Aznalcóllar, WWF ha reclamado una moratoria a la reapertura de la mina y la creación de un comité independiente de expertos que analice de manera conjunta sus posibles efectos ecológicos, socioeconómicos y sobre la seguridad de las poblaciones del entorno.

Por último, WWF ha pedido al Gobierno que suspenda el actual procedimiento de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre y constituya un comité científico-técnico independiente para revisar los criterios utilizados y elaborar una nueva propuesta basada en el conocimiento científico acumulado sobre Doñana.

En la costa de Huelva un curioso visitante puede sorprenderse gratamente al dar con una joya geológica muy original del litoral onubense. Situado entre los municipios de Mazagón y Matalascañas, el Acantilado del Asperillo se erige como una suerte de guardián de arena frente al océano Atlántico. Este espacio natural, perteneciente al término municipal de Almonte, se integra plenamente dentro del privilegiado entorno del Espacio Natural de Doñana. Su presencia no solo define el paisaje local, sino que representa una de las formaciones costeras más singulares de toda la península. Y es que con una extensión de casi doce hectáreas, este monumento natural ofrece una perspectiva impresionante de la evolución de nuestra tierra.

El origen de esta imponente estructura se remonta a miles de años atrás, fruto de un proceso de sedimentación constante y paciente. El acantilado está compuesto principalmente por un sistema de dunas fósiles que se han ido consolidando a lo largo de los siglos. Los materiales más antiguos que conforman sus paredes se estima que tienen una edad que ronda los 15 mil años. Se trata de un acantilado arenoso formado por la acumulación de arenas de origen eólico y aluvial mezcladas con materia orgánica, con capas sucesivas que fueron depositándose en diferentes épocas geológicas creando una estratificación que hoy es visible para el ojo humano.

Posteriormente, las potentes fuerzas de la tierra elevaron estos sedimentos más de cien metros, dando lugar a la estructura vertical que hoy se puede observar. Conocido localmente bajo el nombre de “cabezos”, el Asperillo destaca por ser considerado por algunos expertos como el acantilado de dunas fósiles más alto de todo el continente. En algunos puntos, el terreno se eleva de forma abrupta alcanzando alturas que superan incluso los cien metros de elevación sobre el terreno. Esta magnitud geomorfológica le ha valido el reconocimiento oficial como Monumento Natural de Andalucía desde finales del año 2001. La estructura se extiende longitudinalmente a lo largo de la costa, creando una barrera natural de características ecológicas verdaderamente excepcionales.

Su fisonomía cambia constantemente debido a la acción persistente del oleaje y la fuerza del viento que azota la costa de Huelva. Las dunas litorales semiestables que lo forman son un ejemplo perfecto de la dinámica sedimentaria en los entornos de alta energía. Posee una superficie protegida de casi doce hectáreas que garantizan la conservación de su singular estructura original. La belleza visual del Acantilado del Asperillo reside precisa y principalmente en la paleta cromática que exhiben sus paredes erosionadas por el viento. Desde la playa, es posible deleitarse con una variedad de tonalidades que van desde el naranja intenso hasta el negro más profundo. Estas variaciones de color se deben a la presencia de materiales estratificados, como el óxido de hierro y la materia orgánica. Los tonos ocres, blancos y negros se mezclan en caprichosas ondulaciones y formas geométricas que parecen esculpidas por una mano artística.

La erosión ha creado asimismo numerosas cárcavas y hendiduras que interrumpen la verticalidad del muro, otorgándole un aspecto muy rugoso. En ciertos puntos, incluso afloran pequeños manantiales de agua dulce conocidos como “chorritos”, donde crece vegetación de zonas húmedas. El contraste entre la arena dorada de la playa y los colores vivos del acantilado bajo la luz solar es inolvidable. Es un espectáculo natural donde la geología se muestra en todo su esplendor, revelando la gran riqueza del litoral.

Flora y fauna

En cuanto a la vida vegetal, el acantilado presenta un contraste marcado entre su perfil vertical y la zona superior de su cima. Las duras condiciones de salinidad y la acusada pendiente hacen que la vegetación sea prácticamente nula en las paredes del cabezo. Sin embargo, en la parte alta, asentadas firmemente sobre las arenas, aparecen comunidades vegetales muy bien adaptadas a este entorno. Destaca especialmente el pino piñonero de repoblación, cuyas raíces juegan un papel crucial al fijar el sustrato arenoso del terreno costero. Estos árboles impiden el avance de las dunas hacia el interior, estabilizando un ecosistema que de otro modo sería móvil. Junto a los pinos, conviven especies de matorral mediterráneo como las aulagas, los enebros, las sabinas y las perlas de las camarinas. También se pueden encontrar ejemplares de romero, cantueso y jaguarzo que perfuman el ambiente con sus aromas típicos del sur.

La importancia ecológica de este paraje se extiende también a la fauna, albergando especies que se encuentran actualmente bajo amenaza de extinción. El entorno del Asperillo es un santuario para el lince ibérico, el felino más amenazado, que encuentra aquí un hábitat ideal. Entre las arenas y el matorral también habita la tortuga mora, otra especie protegida que requiere de una conservación constante. No es raro encontrar rastros de la víbora hocicuda o del meloncillo, que se desplazan sigilosamente por las zonas de matorral. Este mosaico de paisajes permite que convivan una amplia variedad de animales que dependen de la salud de este ecosistema. Además, la situación estratégica de Doñana convierte a esta zona en un lugar de paso e invernada vital para aves migratorias.

El reconocimiento legal del Acantilado del Asperillo como Monumento Natural fue un hito histórico. Esta figura de protección asegura que sus características geológicas y ecológicas se mantengan preservadas frente a posibles agresiones del entorno. Su gestión está integrada dentro de las políticas de conservación del Espacio Natural de Doñana, lo que refuerza su gran valor. A pesar de los retos ambientales, como el gran incendio forestal ocurrido hace algunos años, se han realizado esfuerzos por su recuperación. El respeto por el entorno es una prioridad absoluta para las autoridades encargadas de velar por este tesoro de la provincia, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la majestuosidad de estas dunas.

La marisma llena de agua, pero con un alto riesgo de que el fuego haga acto de presencia. Así afronta Doñana la temporada de verano, que ha arrancado con buenos datos de reproducción de aves y con bastante más recursos hídricos que en ejercicios anteriores, aunque con “riesgo elevado de incendios por las temperaturas y por la vegetación abundante por un invierno lluvioso”.

Así lo ha señalado el director de la Estación Biológica de Doñana-ITCS, Eloy Revilla, que ha apuntado que la época estival en Doñana comenzó el 1 de junio y “no coincide con el verano físico”. Eso sí, ha resaltado que está finalizando la campaña de reproducción de las aves acuáticas, sobre todo las garzas, que ha calificado de “buena temporada”, ya que “hay pajareras en múltiples lugares en Doñana”, algo que es “una buena noticia para Doñana”.

Asimismo, ha apuntado a que “la marisma se ha inundado, igual que el año pasado”, por lo que “aún hay agua”, por lo que “esa parte de Doñana se está recuperando, igual que la vegetación”. “La otra parte, que es la que depende del acuífero, eso va mucho más despacio, apenas se ha recuperado desde los mínimos al finalizar el periodo de sequía anterior. Estamos en un proceso en el que se está mejorando la gobernanza de la gestión del acuífero en el sentido de que se están cerrando explotaciones ilegales, se está haciendo un cambio en el uso del suelo, que es un proceso a medio y largo plazo”.

Al respecto, ha subrayado que “hay que reducir la demanda, además de llover”, ya que “la recuperación de un acuífero es un proceso de medio plazo, no es una cosa que ocurra de un día para otro”. “Por lo tanto, en las lagunas ha llovido y se ha cogido un poco de agua, pero enseguida esa agua ha bajado para abajo al acuífero”

Alto riesgo de incendio

Por otro lado, el director de la Estación Biológica de Doñana ha indicado que las temperaturas están siendo “muy altas, hay vegetación porque ha llovido este invierno”, por ello, “el riesgo de incendio es elevado”.

En cuanto, al incendio de mayo que se originó en la finca de Marismillas, Revilla ha explicado que se ha quemado “un componente de vegetación asociado a pinar de pino piñonero, matorral y pastizal”. “Es fundamentalmente lo que se ha quemado”, aunque ha insistido en que es “pronto” para “hacer una evaluación de cómo va a ir recuperándose”.

“Lo que sí que sabemos es que el fuego ha sido de intensidad media y baja, lo cual es bueno porque todavía quedaba humedad en la vegetación de cara a la intensidad de ese incendio. Se pudo controlar de una manera relativamente afortunada, porque era una zona con relativamente alta densidad de pinos, no se movió hacia el sur”, ha resaltado al respecto.

Portales web con datos hidrometeorológicos

Eloy Revilla ha hecho estas valoraciones durante la presentación de dos nuevos portales web con datos hidrometeorológicos en Doñana de acceso abierto para la consulta pública, de la ICTS-Doñana Infraestructura Científica y Técnica Singular dependiente de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. El primero, Hidromet, se centra en el seguimiento de la hidrología y meteorología de la marisma del Parque Nacional de Doñana. Por su parte, Meteo Palacio proporciona acceso a una de las series meteorológicas históricas más extensas del espacio protegido, con registros continuos desde 1978.

Ambas plataformas ponen a disposición de la comunidad científica, los gestores, los medios de comunicación y la ciudadanía información ambiental de alta resolución, fundamental para el conocimiento del funcionamiento ecológico del humedal y su respuesta al cambio global. “Disponer de datos abiertos y detallados ayuda a conocer mejor los ecosistemas de Doñana y a seguir su evolución ante los cambios ambientales”. Además, “facilita tanto el trabajo de investigación como el acceso de la sociedad a esta información”, ha señalado el desarrollador del portal web del Equipo de Datos y Metadatos de la ICTS-Doñana, Eduardo Escobar.

En concreto, el portal de Hidromet integra datos obtenidos a través de una red de estaciones automáticas distribuidas en la Reserva Biológica de Doñana que registran variables clave como temperatura, precipitación, radiación solar, viento, humedad o nivel del agua. Con una resolución temporal de apenas cinco minutos, estos registros permiten analizar con gran detalle los procesos hidrológicos y climáticos que determinan la dinámica de uno de los sistemas naturales más valiosos de Europa.

Acceso abierto a los datos

Esta plataforma se complementa con Meteo Palacio, otro portal web que da acceso a la serie histórica de la estación meteorológica del Palacio de Doñana, con más de 45 años de registros continuos desde 1978. Esta es la serie de larga duración más completa de Doñana y su entorno, con datos de temperatura y precipitación recogidos mediante observación manual sistemática. “Constituye un recurso excepcional para analizar tendencias climáticas a largo plazo en el espacio protegido”.

Además de su utilidad científica, estos portales web proporcionan una fuente de información objetiva y actualizada para el seguimiento de fenómenos de interés público como el estado de inundación de la marisma en cualquier momento del año, episodios de sequía, inundaciones, olas de calor o cambios en los patrones de precipitación. Así, el acceso abierto a estos datos contribuye a mejorar la divulgación ambiental sobre el espacio protegido y acerca a la ciudadanía el conocimiento sobre una de las reservas de la biosfera de la Unesco.

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.

El 24 de junio de 2017 Doñana sufrió el incendio más grave en décadas, con más de 8.000 hectáreas calcinadas. Nueve años después, el proceso judicial sobre este siniestro en Las Peñuelas, en el municipio onubense de Moguer, sigue sin avances desde que en mayo de 2024 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer dictara un auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra tres personas investigadas.

Según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, a fecha de junio de 2026 continúa sin darse traslado a ninguna de las partes personadas en el procedimiento –las dos acusaciones particulares de los afectados y la Fiscalía– de la copia de las actuaciones para poder realizar la calificación del delito y presentar sus escritos de acusación.

Las mismas fuentes señalan que se trata de una gran causa que bloquea un juzgado “pequeño” como el de Moguer, y consideran que “lo más adecuado” hubiera sido que la instrucción se realizara desde la Audiencia Provincial de Huelva. Asimismo, señalan que aunque por el retraso en el inicio del juicio se pudiera dar la atenuante de dilaciones indebidas, se trata de un delito que no prescribe.

Los afectados, “cansados” y “tristes”

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Afectados por el Incendio de Las Peñuelas, Ángel Ruiz, ha señalado que “son ya nueve años” sin que la causa avance y se celebre el juicio, por lo que se muestran “cansados” y “tristes” porque no han recibido “ni ayudas ni justicia” tras tanto tiempo. En este sentido, critican que “ni siquiera se declaró la zona catastrófica” cuando “ardieron miles de hectáreas del entorno de Doñana” y afectó “a muchos vecinos de Mazagón” y del camping Doñana.

A pesar de ello, asegura que seguirán “peleando” y lamenta que el retraso de este juicio conlleva asimismo el de la demanda contra el Gobierno y la Junta de Andalucía –que también está personada en la causa penal– por responsabilidad civil, al considerar que son “responsables” de que las inspecciones a la carbonera “no se hicieran bien”, así como de la “falta de limpieza en la zona” que “provocó que el fuego se extendiera”.

En el auto emitido el 30 de mayo de 2024 el juez acordaba la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra las tres personas investigadas, vinculadas a una empresa carbonera, como presuntas responsables de un delito de incendio forestal por “imprudencia grave”. De paso, subrayaba que, “de todas las diligencias de instrucción practicadas en la presente causa”, se desprendía “la existencia de datos que ofrecen indicios de la comisión” de dicho delito.

La carbonera, en el punto de mira

En este sentido, el instructor indicaba en el auto que la investigación practicada arrojaba indiciariamente, y “sin perjuicio de lo que posteriormente se acredite ante el órgano encargado del enjuiciamiento”, que dicha entidad carbonera, ubicada en el paraje Las Peñuelas de Moguer, y de la que es administrador único uno de los investigados, se venía dedicando a la elaboración de carbón vegetal. Para ello obtuvo la autorización para la puesta en marcha de su actividad el 18 de junio de 2002, cuando se le autorizó el funcionamiento “exclusivamente” de tres hornos para la obtención de carbón vegetal.

“Sin embargo, contaba con diez hornos y el 20 de febrero de 2017 solicitó la construcción de dos hornos de carbón en una zona distinta al lugar donde se encontraban los hornos originarios”, proseguía el juez, que añadía que, para autorizar la construcción de los referidos hornos, el Ayuntamiento le requirió para que presentara autorización de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. “Autorización que nunca presentó”, por lo que “no se le autorizó la construcción de los nuevos hornos”, pero, “pese a ello, se construyeron”.

La carbonera contaba con resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se les autorizaba el uso de fuego en hornos de carbón o piconeras, resolución de fecha 16 de enero de 2017 por la que la autorización estaría en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. Para ello se le imponían como obligaciones realizar cortafuegos perimetral alrededor de cada horno o piconera con eliminación completa de la vegetación, o mantener vigilancia durante los periodos de combustión.

Además, se autorizaba la operación de hornos de carbón o piconeras los días y horas en las que las circunstancias meteorológicas garantizasen que no se produjeran daños a la vegetación circundante y que el fuego no se extendiese fuera de la parcela de quema autorizada ni el viento soplase hacia viviendas próximas.

“No se cumplían” las obligaciones

No obstante, el juez consideró que estas obligaciones “no se cumplían el día de los hechos”, y precisaba que la construcción de los hornos 11 y 12 la llevó a cabo una empresa de la que es administrador único otro de los investigados, quien se ocupaba “de facto” de la producción del carbón y era “su máximo responsable” por debajo del anterior investigado.

El juez agregaba en el auto que el día 24 de junio de 2017 el tercero de los investigados, que era trabajador de la carbonera, “siguiendo las órdenes e instrucciones de los otros dos investigados, encendió ese día sobre las 17.30 horas al menos el horno número 12”. “Tras encender el fuego, tuvo el horno abierto unos minutos”, tras lo que abandonó las instalaciones de la empresa sobre las 20 horas, “dejándola sin personal alguno” y sin vigilancia.

Esto, según recoge el auto, “pese a las condiciones meteorológicas extremadamente adversas de ese día, con temperaturas que superaron los 39 grados centígrados, vientos fuertes y escasa humedad relativa, la carbonera continuó con su actividad”.

Según el juez, ello provocó que se originara un incendio sobre las 20.20 horas “por la acción de alguna/s partícula/s de carbón vegetal incandescente de tamaño/s indeterminado/s procedentes de la actividad desplegada” por la empresa carbonera, “con suficiente entidad y potencia calorífica”. “Al entrar en contacto con la vegetación que se asienta en alguna parte del talud perimetral que separa la fábrica de la masa forestal por el arrastre del fuerte viento dominante, prendió la misma”.

“Se propagó con rapidez”

De este modo, según el auto, el incendio “fue en progresión de menos a más desde el área de inicio hacia la masa forestal” y “se propagó con rapidez, adquiriendo una gran virulencia” y originándose multitud de focos secundarios que fueron adquiriendo “un gran tamaño en cuestión de minutos”.

El auto recuerda además que el incendio obligó al desalojo de un camping de Mazagón, de un hotel y de una urbanización, entre otros, así como obligó a liberar los linces que se encontraban en un centro de recuperación, uno de los cuales falleció. El siniestro afectó a una superficie de 8.468 hectáreas –en los términos municipales de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera–, de las cuales 7.546,1148 eran forestales y unas 957,1844 no forestales (parte Espacio Natural Protegido).

El juez asevera que el incendio “provocó un grave daño ecológico que tardará años en recuperarse” y daños en viviendas, vehículos, caravanas e instalaciones turísticas, obligando al desalojo de unas 2.500 personas. A esto se añade que, dentro del espacio natural de Doñana, el incendio “causó un grave daño ambiental en la zona costera” que va desde Mazagón hasta la zona de la Duna del Asperillo.

El fuego quedó extinguido a las 13.30 horas del día 4 de julio de 2017 gracias a la actuación de 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) y de la Unidad Militar de Emergencia.

Lo que la ley protege, la ley también lo condena. Ésta es la “paradoja de conservación” que se está llevando por delante al piruétano, un árbol de pequeño porte más conocido como peral silvestre, que está en peligro de extinción en la mismísima Doñana pese a que la ordenación protege el suelo sobre el que se asienta. El problema es que, en paralelo, también blinda a los herbívoros que son su principal depredador, lo que unido al mal estado del acuífero y a los años de sequía lo aboca a la desaparición.

Así lo pone de manifiesto una investigación liderada por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y publicada en Biological Conservation, que alerta del “declive generalizado” de esta especie en la zona “a pesar de la estricta protección que brinda el Parque Nacional”. De hecho, el estudio tiene un título más que significativo: Peras silvestres en peligro: ¿garantiza la protección de los parques nacionales la conservación de los árboles?

La respuesta es que no del todo, porque si bien la ley evita el cambio de uso de suelo, lo que blinda al árbol, “también ejerce una sobreprotección de los herbívoros que se alimentan” del mismo. De ahí que el piruétano ( endémico de la Península Ibérica y el norte de África) esté en una especie de bucle, una “paradoja de conservación” a resultas de la cual ahora mismo no es que le vayan muy bien las cosas.

“Escenario demográfico preocupante”

Los investigadores tomaron como referencia cinco poblaciones de peral silvestre en la zona, dos en el propio Parque Nacional y tres fuera (Rocina, Hato Ratón e Hinojos). En estas últimas, los ejemplares más jóvenes no sobreviven mucho por la desecación y el laboreo agrícola, mientras que en el interior de Doñana son los herbívoros los que dan buena cuenta de ellos. En general, las tasas de supervivencia son muy bajas.

El análisis plantea un panorama nada halagüeño para esta especie, “un escenario demográfico preocupante” en Doñana según la Estación Biológica. Por lo pronto, los ungulados (básicamente, ciervos y jabalíes) no sólo devoran al piruétano en sus inicios –cuando es una plántula o un plantón–, sino que encima destruyen buena parte de los frutos que producen, lo que a su vez reduce “de manera drástica” el número de semillas disponibles para su dispersión.

Esta última tarea la complica el declive de zorros y tejones en la zona, ya que son los principales dispersores de semillas. Por si todo lo anterior no fuese poco, resulta que la población de ciervos no deja de crecer, cuestión en la que tiene mucho que ver la “extinción local” de depredadores naturales como el lobo.

Al factor animal se unen otros elementos externos, como la “sobreexplotación” de las aguas subterráneas (que tiene en muy malas condiciones el acuífero que bombea vida al parque) y la “severidad” de las sequías estivales en los últimos años, algo que no tiene pinta de revertir a cuenta de los efectos de un cambio climático que cada vez se sienten más. Todo ello unido “agrava severamente el fracaso regenerativo” del peral silvestre en este espacio natural.

Reevaluar su estado en la Lista Roja

Así que ni la protección que ofrece un parque nacional puede ser suficiente para garantizar la supervivencia de una especie, por mucho que su función principal sea precisamente preservar la biodiversidad. “Sus prácticas de gestión pueden generar, inadvertidamente, efectos contrastados en diferentes componentes del ecosistema”, apunta al respecto José María Fedriani, investigador de la Estación Biológica y uno de los firmantes del estudio.

¿Y cómo se le puede dar la vuelta a esta situación para preservar el piruétano? Pues con cuestiones muy primarias: es “crucial” garantizar un “uso sostenible” del agua subterránea, controlar las altas densidades de ungulados (o restaurar el equilibrio depredador-presa) y mantener poblaciones sanas de dispersores de semillas. De hecho, la situación actual es tan negativa que los investigadores abogan por una “reevaluación” del estado de conservación de la especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), etiquetado como “preocupación menor”.

Los hallazgos en Doñana, apuntan, llevan a la conclusión de que esta calificación “puede subestimar la vulnerabilidad de la especie”. Por ello, la conclusión es que este árbol “se enfrenta a multitud de factores perturbadores”, por lo que confiarlo todo al amparo que le ofrece el parque nacional no es suficiente: “Una estrategia de conservación basada únicamente en la protección legal es improbable que asegure su viabilidad a largo plazo”.

La organización ecologista WWF ha solicitado una reunión “urgente” del Pleno del Consejo de Participación de Doñana, o en su defecto de la Comisión Permanente, para que la Junta de Andalucía informe sobre los incendios sucedidos este año y que han afectado al Parque Nacional, especialmente, el que se originó el pasado 24 de mayo en el Rincón del Membrillo.

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha explicado que ese incendio afectó “una zona de alto interés medioambiental”. “Hablamos de una afectación bastante importante entre ambos incendios y es necesario, y por ello lo pedimos, que se informe a los miembros del Consejo de Participación de las circunstancias en torno a estos siniestros”, ha abundado.

Al respecto, Carmona ha insistido en que el Consejo de Doñana “puede y debe ser informado” sobre estas cuestiones, por ello, espera que la Junta de Andalucía “no se escude en que no se puede celebrar la reunión porque en estos momentos el Gobierno andaluz se encuentra en funciones”, ya que “dentro de las actuaciones que se pueden llevar a cabo es una reunión de estas características”.

“Recientemente, se ha celebrado, por ejemplo, el patronato de la Fundación Doñana 21 o se hacen diariamente muchísimas actuaciones por parte del Gobierno y mucho menos Andalucía está en estos momentos parada por estas cuestiones”, ha recordado.

Necesidad de estar informados para “dar seguimiento”

En la petición dirigida al presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Enrique Mateos, la organización señala que, una vez dados por extinguidos, es “absolutamente imprescindible que se ofrezca a los miembros del Consejo de Participación la información sobre el origen, superficie afectada, daños ambientales y materiales, trabajos llevados a cabo para la extinción, problemas detectados en cuanto a dotación, medios, etc.”.

“Entendemos que esta información, en algunos casos, será aún provisoria o estará aún en investigación, pero aun así consideramos que ante la grave situación que ha vivido el Parque Nacional, corazón de este Espacio Natural, los miembros del Consejo han de tener desde el primer momento todo el conocimiento disponible para poder dar seguimiento adecuado a la evolución de la cuestión”, ha insistido.

Además, WWF España se pone a disposición de este Consejo de Participación y del equipo de gestión del Espacio Natural para “aportar cuanto conocimiento técnico y colaboración sea oportuna”. “En este sentido, consideramos que la experiencia de colaboración y participación llevadas a cabo desde 2017 en el marco de las consecuencias del incendio de Las Peñuelas es un ejemplo de gran interés para el desarrollo de las actuaciones que se deban llevar a cabo para paliar los efectos de estos incendios en el Parque Nacional”.

“Asimismo, consideramos oportuno que se presenten los datos de los incendios habidos en la Comarca de Doñana durante este año 2026, aun cuando no hayan afectado al Espacio Natural, puesto que el estado de las áreas forestales de la Comarca está íntimamente ligado al espacio protegido, ya sea como corredores, zonas de alimentación de especies, zonas de anidamiento, etc.”, añaden desde WWF.

Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Plan Infoca, ha logrado extinguir este domingo a las 21:15 horas el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, que llegó a contar con más de un centenar de efectivos.

Tal y como ha emitido el Plan Infoca a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han cesado sus labores sobre el terreno al lograr su extinción definitiva.

En contexto, en la zona permanecían desplegados 25 efectivos terrestres en la zona desde el pasado miércoles, 27 de mayo, cuando el Plan Infoca logró estabilizar las llamas.

De este modo, se movilizaron 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Al hilo, durante dicha jornada también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

El pasado domingo 25 de mayo se declararon activos dos incendios forestales en el paraje Rincón del Membrillo, en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en la localidad de Almonte (Huelva). El primero se logró sofocar en el mismo día, mientras que el segundo quedó estabilizado a las 22:15 horas del pasado martes, y ya está controlado.

Actualmente se desconoce exactamente la dimensión de la zona quemada, aunque se estiman que son unas 500 hectáreas de perímetro, según un análisis preliminar de la Estación Biológica, con algunas islas de vegetación que no han sido afectadas. El incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad, han hecho que el incendio haya sido más difícil de controlar. Desde un primer momento, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, señaló “una posible intencionalidad” del mismo. 

La romería a la aldea de El Rocío el pasado fin de semana ha estado en el punto de mira. Algunas hermandades que acuden desde la provincia de Cádiz pasaron por la zona del incendio, si bien, la última de ellas terminó de pasar por Doñana el día anterior por la mañana, pasando más de 24 horas desde que pasaron los peregrinos hasta que se declaró el primero de los incendios. 

Sanz señaló en una entrevista concedida a Canal Sur Radio que “el recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades”. Sin embargo, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, ha indicado a este periódico que “las zonas después del paso de la romería siempre están más sucias, y el hecho de que haya más movimiento de gente, hace que se facilite la entrada de personas a un lugar donde normalmente no hay nadie”. Además, asegura que “los lugares donde se han iniciado los fuegos son lugares de pernocta”.

Actuaciones de prevención y falta de recursos

A la espera de una investigación que esclarezca las causas, Juanjo Carmona, coordinador para WWF de Doñana, cree que una de las claves está en el Plan INFOCA, que considera esta época del año como Peligro Medio. Sin embargo, él cree que “mayo si es una época de incendios”, por lo que habría que situarlo en Peligro Alto, pero que no se hace porque “supone más dinero”. 

“Llevan años quemando a Doñana”, afirma Juan Romero, representante del consejo de participación de Doñana de Ecologistas en Acción. Ante los múltiples conatos de incendios que ha habido en Doñana estos últimos años, Romero señala que “hay que hacer los deberes para que aquellos que por negligencia, imprudencia o intencionalidad no se salgan con la suya y, aquellos que quieran quemar Doñana, lo tengan muy difícil”. 

Por otro lado, indica que hace tres años, en la zona incendiada, había “miles de pinos secos”, algunos de ellos “estaban cortados y otros caídos”, haciendo que haya “un montón de montañas de madera seca”, a lo que recalca que “tanta cantidad de biomasa cortada y abandonada está prohibido”. Asimismo, asegura que “es más barato prevenir que arreglar los desastres de un incendio”.

A esta problemática se suma las protestas de los bomberos forestales hace apenas un par de semanas, donde el CGT, sindicato mayoritario en el INFOCA, exigió al Gobierno andaluz que cumpla con compromisos como la estabilidad del dispositivo. Romero le indica a Sanz que le “preste atención a los bomberos forestales”, dotándolos de unos mejores medios, porque Doñana tiene una orografía complicada y los vehículos se quedan atascados. 

“Una patada hacia adelante”

Tras el incendio que asoló el Parque Natural de Doñana en 2017, donde ardió un perímetro de 10.000 hectáreas, se sacaron conclusiones a través de una comisión científica que evaluó los daños y realizó propuestas de restauración. A la espera de que se conforme una para este incendio, Sanz ha asegurado que “finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado” y que existen existen “islas de vegetación” que no han sufrido daños. 

Ante estas declaraciones, Romero indica que son una “patada hacia adelante” por parte del consejero, y asegura que debería de haber “esperado a una comisión científica”. Por otro lado, señala que “no se trata de recuperar árboles, que es lo que fundamentalmente se ha quemado, sino que hay que recuperar ecosistema, ecosistema original, con asesoramiento científico, participación pública y transparencia”.  

En un primer momento se indicó que el incendio se había producido en la localidad de Almonte, en el paraje de las Marismillas, situado en uno de los extremos del Parque de Doñana. Carmona indica que “en una vertiente técnica, ha actuado dentro de los protocolos”, al nombrar el incendio por la localidad en la que se ha producido, pero “en una vertiente política ha tenido una actuación nefasta, absurda e infantil” al evitar pronunciar Parque de Doñana. 

Conflicto político 

Por su lado, los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento. María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, denunció un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía. 

Por otro lado, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, puso el foco en la falta de inversión en el Plan Infoca, donde ha destacado la falta de equipamientos y personal de la plantilla, cifrando en 400 las vacantes “sin cubrir”, así como “cientos de interinidades sin cubrir”. 

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, explicó García. 

Desde Por Andalucía, también se puso en entredicho la inversión en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Además, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado que lo acontecido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. 

Por su parte, la Junta de Andalucía todavía no ha confirmado si comparecerá ante el Parlamento, y ha indicado que los efectivos utilizados para controlar el incendio constan de una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, ha quedado controlado a las 22.15 horas de este miércoles, tras haber sido estabilizado el martes a la misma hora.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha indicado que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan trabajando sobre el terreno para lograr su extinción definitiva, al tiempo que ha agradecido a todos los implicados su “gran labor y profesionalidad”.

Intencionalidad

En la zona permanecen desplegados 25 efectivos terrestres, entre ellos 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Durante la jornada de este miércoles también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

El Gobierno andaluz ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han denunciado la precariedad de medios con la que, por momentos, se ha combatido el fuego declarado el domingo –y todavía activo– en el Parque Nacional de Doñana, en el paraje Rincón del Membrillo ubicado en término de Almonte (Huelva). Por ello, han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para dar explicaciones.

En paralelo, sigue la lucha contra un incendio activo pese a que se dio por estabilizado en la noche del martes. Un centenar de bomberos forestales se mantienen sobre el terreno, a los que se han unido dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado a lo largo del miércoles pese a que inicialmente se descartó la incorporación de nuevos medios aéreos. Y mientras el propio Antonio Sanz insiste en que hay “islas muy importantes sin quemar” en la zona afectada, la Estación Biológica de Doñana-CSIC (el organismo responsable de la supervisión científica del parque) ha reiterado el “alto valor ecológico” del paraje, aunque su director, Eloy Revilla, se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”.

El Gobierno andaluz, ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Comparecencia en el Parlamento

En el plano político, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no sólo ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Sanz, sino que ha reclamado al propio presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno, que dé “explicaciones inmediatas” porque es “evidente que algo están escondiendo”. Ha denunciado un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado la comparecencia Sanz en la Diputación Permanente porque “queremos saber qué está pasando, qué se está quemando, qué se ha perdido. Queremos saber qué medios se están poniendo y cuál es el impacto ecológico y medioambiental”, ya que se han producido situaciones que son una auténtica barbaridad“ fruto de la ”falta“ de equipamientos y personal de la plantilla del Plan Infoca, cifrando en 400 las vacantes ”sin cubrir“ así como ”cientos de interinidades sin cubrir“.

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, ha explicado García.

“Negligencia” y “falta de medios”

En la misma línea de falta de medios ha incidido el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, para quien lo ocurrido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. “Estamos ante la joya de Andalucía y estamos ante la enésima ocasión pérdida de un Gobierno que no atiende a las alertas que les dieron los propios trabajadores del Infoca”, ha lamentado.

Además de pedir también la comparecencia parlamentaria de Antonio Sanz, Maíllo ha puesto el acento en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). “No hay vehículos adecuados, y así se dijo en otras diputaciones permanentes al respecto, no hay EPI adecuados, los trabajadores de Infoca están teniendo unas jornadas hasta la extenuación por falta de relevos y hay que dar explicaciones”, ha insistido.

La Junta de Andalucía, en cambio, incide en que ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada. El consejero Antonio Sanz ha insistido hoy en que hay “islas muy importantes” que no se han quemado y con “una alta capacidad de regeneración por sus propios medios, con agilidad y rapidez”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, ha vuelto a apuntar a las “muchas sospechas” que tienen los investigadores de que este incendio haya sido provocado, ya que en la zona “se produjeron varios incendios” en el mismo día“, un hecho que ”ni es lógico ni es habitual“. Igualmente, ha aclarado que por los caminos del paraje del Membrillo ”hacía dos días que no pasaba“ ningún romero. ”El recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades“.

“Mucha capacidad de recuperación”

Desde la la Estación Biológica de Doñana, su director, Eloy Revilla, ha incidido en el “alto valor ecológico” de la zona afectada por el incendio, aunque se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la zona está compuesta por vegetación mediterránea que “tiene mucha capacidad de recuperarse después de un incendio”, pero ha insistido en que es “pronto”, ya que “primero hay que apagar el fuego y luego analizar el impacto”.

El director de la Estación Biológica de Doñana ha señalado que el incendio se ha producido en el interior del Parque Nacional, “en una zona de alto valor ambiental” y en unos días “de mucha temperatura, mucho calor para estas fechas”. A esto se ha unido que ha hecho “mucho viento también del este y del sureste”, lo cual ha dificultado “mucho”, junto con “las condiciones topográficas del sitio”, el control del incendio a los operativos que estaban trabajando en la zona para intentar controlarlo.

Además, ha detallado que la zona afectada es “compleja orográficamente”, ya que “aunque Doñana sea un lugar plano, se trata de la barrera de dunas, que son varios frentes de dunas paralelos a la costa, en los cuales es muy difícil moverse, porque conducir por arena es muy complicado y más con vehículos pesados para la extinción de incendios, que es difícil moverse sin conocer los caminos también”.

La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha mostrado este martes su “preocupación” por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que “afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas”, en el sector suroeste de Doñana, una zona de “enorme valor ecológico” y “clave” para la biodiversidad.

Esta mañana, el Consejero de Emergencias Antonio Sanz se había mostrado confiado en controlar las llamas, subrayando que el incendio estaba perimetrado en una zona de unas 300 hectáreas de extensión. “Inicialmente se logró paralizar el avance del incendio, tanto desde la cola como en la cabeza”, pero “el incremento del viento previsto ha complicado las dos noches”, ha asegurado Sanz, quien también ha admitido la complicación por el incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad.

El incendio se originó en la tarde del domingo y ha afectado ya a unas 400 hectáreas. El agravamiento de la situación ha motivado que la Junta de Andalucía haya solicitado más medios al Ministerio de Transición Ecológica, con la incorporación escalonada de diez aeronaves (siete helicópteros -3 pesados, 2 semipesados y 2 ligeros-, dos aviones anfibios pesados y un helicóptero pesado). También trabajan en la zona 130 bomberos forestales y siete autobombas.

La voz de alerta la ha dado la Estación Biológica de Doñana, que aporta una foto tomada el lunes 25 a las 13:10 por satélite donde se observa la zona afectada acompañada por un texto: “La nubosidad dificulta todavía una estimación precisa de la superficie afectada, aunque las primeras estimaciones de nuestro Laboratorio de SIG y Teledetección, a partir de la imagen de Sentinel-2 de ayer, apuntan a unas 400 hectáreas afectadas”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha dicho que se trata de un incendio que “está dentro del el Parque Nacional, dentro del área de máxima conservación, y es una zona bastante particular porque en muy poco espacio confluyen los grandes ecosistemas de Doñana”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a la Cadena SER Huelva, recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que el fuego cerca las marismas, las dunas y los cotos, “que es la parte que se está quemando desde hace un par de días” y que el nivel de preocupación es “alto” porque “es una zona de un enorme valor ecológico donde confluyen especies típicas de clima mediterráneo”.

“Se está quemando sobre todo zonas de pinar y monte bajo”, ha explicado. Según ha dicho, la zona está densamente cubierta de forraje y pasto por las abundantes precipitaciones del incendio. “En el momento que hay cualquier tipo de conato de incendio, esto es explosivo”, ha subrayado, añadiendo las elevadas temperaturas de estos días como factor que ha desembocado en un incendio “dificultoso”. “Es una zona que está muy cerca de la costa y ahí normalmente la velocidad del viento es alta”, ha advertido.

También ha señalado que el fuego está “entre comillas acotado, no desde el punto de vista de los medios técnicos, pero sí de la propia estructura de los ecosistemas”, porque no puede avanzar hacia las marismas por la alta humedad, ni hacia las dunas, por lo que avanza en la zona de transición entre los dos ecosistemas.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana ha señalado que se trata de una zona “muy complicada” que no se puede atravesar con maquinaria“ por la marisma y porque ”estaría generando un impacto ambiental casi al mismo nivel del propio incendio. Cuestionado por si la zona está lo suficientemente protegida, Mateos ha manifestado que “seguro que no”, porque “siempre se puede implementar cualquier medida extra por el principio de precaución”, citando los problemas hídricos, como la sobreexplotación de los acuíferos y el deslinde.

Sobre una posible intencionalidad en la generación de este incendio, ha dicho que es “raro que aparezcan dos incendios o dos focos en poca distancia”. Aunque se trata de una zona transitada principalmente por agentes forestales o investigadores, estos días ha habido tránsito de peregrinos, si bien el incendio ha ocurrido días después.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

La Casa de Alba ya tiene la autorización definitiva para regularizar sus pozos ilegales en su finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), justo a las puertas de Doñana. Tras casi tres años de tramitación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado el último paso para cerrar este procedimiento administrativo, una opción a la que puede acogerse la propiedad pero que sólo dio el paso cuando fue descubierta por primera vez –luego hubo una segunda– usando esas captaciones sin licencia. Esto no implica ni la paralización de los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG ni de la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental, aunque en este último caso refuerza la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona estas tierras.

La resolución definitiva (a la que ha tenido acceso este periódico) está firmada por la presidenta de la CHG, Gloria Martín, y por el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez, y supone el final esperado a un trámite que previamente ya había recibido el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la propia Comisaría de Aguas. El documento impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad, para lo que técnicamente se conoce como transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. Ni la Confederación del Guadalquivir ni el Ministerio para la Transición Ecológica –al que pertenece este organismo estatal encargado de dar los derechos de agua– han querido hacer valoraciones sobre esta resolución, que por su parte considera “un escándalo que nadie entiende” Ecologistas en Acción, al que no ha llegado de manera oficial comunicación alguna pese a estar personado en el expediente administrativo.

Aljóbar tiene licencia para una balsa de almacenamiento de agua y para dos puntos de captación (uno de uso doméstico y otro para riego), aunque la Guardia Civil descubrió otros nueve sin licencia tras una denuncia de antiguos trabajadores de la finca. La CHG da ahora permiso para legalizar ocho de estas extracciones después de que durante la tramitación del expediente no pusieran reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente, que sólo apuntaron que uno de los pozos se asienta en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero con la conclusión de que no tiene una especial afección.

Las claves para dar luz verde

La menor de las captaciones autorizada tiene una profundidad de 27 metros y un diámetro de metro y medio, aunque la mayoría ahondan hasta los 32 metros y la circunferencia de la más grande es de 4,5 metros. En todos los casos, la potencia máxima de las bombas no puede exceder de los 17 caballos de vapor (CV). El objetivo es regar 161,41 hectáreas en total, 94,11 de naranjos y 67,30 de olivar.

Esta reordenación del régimen de regadío es una opción que recoge la Ley de Aguas y a la que todo propietario tiene derecho. Junto a ello, la Confederación ha dado su visto bueno en base a los argumentos que ya esgrimió en su primer informe en 2023: por un lado, no se va a consumir más agua de la que tiene autorizada ahora la propiedad, y por otro repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. Esto es así porque evitar la formación de un cono de depresión si se horada a más profundidad para extraer desde un único punto.

Aljóbar tiene licencia para extraer 605.150 metros cúbicos anuales, un volumen que se queda igual pese al incremento de unas captaciones que se hacen del acuífero Aljarafe Sur, que pese a su cercanía no es el principal que alimenta a Doñana. No obstante, en su investigación la Guardia Civil considera que estas masas de agua están interconectadas y que el exceso de bombeo que se habría producido habría dañado al parque nacional.

“Una noticia que no sorprende”

Con todos estos factores de por medio, Ecologistas en Acción, que está personada tanto en este expediente administrativo como en la causa penal, ha lamentado la resolución que regulariza los pozos. “Si bien es una noticia que no sorprende”, ya que los informes hasta ahora habían sido favorables, “no deja de ser llamativo que la Administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua en la demarcación del Guadalquivir sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada”, denuncia Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de la organización.

Amarillo critica también que a la CHG “tampoco le ha importado que no hayan acabado las diligencias de investigación que se están llevando a cabo en el juzgado de Sanlúcar la Mayor” por un delito contra el medio ambiente. “Es un escándalo que nadie entiende”, lamenta, y es que a su juicio el que sea “algo lógico” lo que pide Eurotécnica (repartir las extracciones de más puntos dentro de la finca para no crear un cono de depresión, no usar más agua de la concedida y ajustar los cultivos al agua disponible), “no le exime de los hechos que denuncia y atestigua el Seprona”, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes del Seprona que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

Durante esta fase de instrucción, por cierto, no han sido llamados a declarar ante el juez ni los antiguos trabajadores que denunciaron los pozos ilegales ni los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que integran el consejo de administración de Eurotécnica Agraria, pese a que la Fiscalía pidió su imputación. El único investigado hasta la fecha es un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba, al que la defensa presenta como el máximo responsable de Aljóbar.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Plan Hidrológico, en lo que se refiere al trasvase de agua desde la demarcación del Guadiana al Tinto, Odiel y Piedras, rechazando los tres argumentos en los que basaban su impugnación. Con esta sentencia, fechada el 13 de abril de 2026, el Alto Tribunal avala dicho trasvase.

A este respecto, la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega) ha valorado este pronunciamiento que considera que “refuerza la seguridad jurídica de una infraestructura clave para el equilibrio hídrico de la provincia” y “evidencia la falta de solidez técnica, jurídica y ambiental de unos planteamientos que trataban de cuestionar la planificación hidrológica sin base suficiente”, según ha indicado en una nota.

En primer lugar, el Supremo descarta la supuesta falta de cobertura legal del trasvase, reconociendo que este tipo de transferencias entre demarcaciones están contempladas en el marco normativo estatal. La sentencia “desmonta así uno de los principales argumentos de los colectivos recurrentes, confirmando su encaje jurídico”, señalan los regantes.

En este sentido, Huelva Riega subraya que la transferencia de recursos entre sistemas “no es una actuación nueva ni arbitraria, sino que forma parte de un modelo histórico consolidado en la provincia, como el sistema Chanza-Piedras, que lleva décadas garantizando el equilibrio hídrico del territorio”. Asimismo, recuerdan que este sistema “cuenta con cobertura legal desde su origen”, al haberse configurado “en un momento en el que ambas cuencas formaban parte de una misma unidad de planificación hidrológica”.

“No puede hablarse de una transferencia ajena o artificial”

La asociación incide además en que la actual configuración administrativa de las demarcaciones “no invalida ni elimina esa cobertura jurídica previa”, sino que “mantiene la coherencia del sistema”. En esta línea, añaden que infraestructuras como Chanza y Andévalo “forman parte funcional” del sistema Tinto, Odiel y Piedras, por lo que “no puede hablarse en términos reales de una transferencia ajena o artificial, sino de la gestión integrada de recursos dentro de un mismo sistema hidráulico”.

En segundo lugar, el Tribunal avala el régimen de caudales ecológicos fijado en el Plan, desestimando las alegaciones sobre su supuesta insuficiencia. En este sentido, la resolución respalda que la planificación incorpora criterios ambientales “rigurosos” y “alineados con la normativa europea”, frente a “interpretaciones que cuestionaban su validez sin sustento técnico acreditado”.

Por último, el Supremo rechaza que el incremento de reservas “suponga una vulneración del principio de gestión sostenible del agua”. Al respecto, la sentencia confirma que el modelo responde a un “enfoque equilibrado que permite compatibilizar la protección ambiental con los usos agrícolas, industriales y urbanos”.

“Frenar una infraestructura estratégica”

Desde Huelva Riega subrayan que “la resolución desmonta uno a uno los argumentos utilizados para tratar de frenar una infraestructura estratégica para la provincia”, y advierten de que este tipo de iniciativas “no contribuyen a una planificación rigurosa del agua, sino que generan incertidumbre sobre actuaciones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del territorio”.

En este sentido, añaden que “resulta preocupante que continuamente los colectivos ecologistas trasladen a la opinión pública planteamientos que el propio Tribunal Supremo ha rechazado por carecer de base suficiente desde el punto de vista jurídico, ambiental y técnico”.

La asociación señala que el objetivo de estas infraestructuras “no es incrementar de forma descontrolada el consumo, sino mejorar la distribución de los recursos disponibles, reducir la presión sobre acuíferos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible”. En esta línea, insisten en que la disponibilidad de agua superficial es “clave” para “sustituir extracciones subterráneas y garantizar la recuperación de espacios sensibles”.

“Perjudica a la sostenibilidad del sistema hídrico”

Huelva Riega ha reiterado que el agua es “un elemento estructural para el desarrollo de la provincia, tanto desde el punto de vista agrícola como industrial y social”, y ha insistido en “la necesidad de seguir avanzando en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación vigente”.

Asimismo, la entidad señala que “bloquear o retrasar este tipo de actuaciones con argumentos que no han sido avalados por los tribunales no solo dificulta la planificación, sino que perjudica directamente a la sostenibilidad del sistema hídrico y al desarrollo socioeconómico de la provincia”.

“El respaldo del Supremo no solo despeja dudas jurídicas, sino que confirma que la planificación hidrológica debe basarse en criterios técnicos y no en planteamientos sin fundamento. Ahora es el momento de avanzar en la ejecución de las soluciones previstas”, han señalado desde la entidad.

La Cañada de los Pájaros se halla en peligro de extinción, si las instituciones y particulares no lo remedian. Los propietarios de la finca declarada Reserva Natural concertada en 1991, Maribel Adrián y Plácido Rodríguez, así lo atestiguan cuando, por llegar a la edad de jubilación, piensan en quién se hará cargo de La Cañada, convertida en hospital, restaurante y santuario para las aves de Doñana y del entorno. 

En 1987, dos biólogos entusiastas de la conservación y de la biodiversidad comenzaron una tarea a la que han dedicado sus vidas. Consiguieron transformar una escombrera o gravera en un humedal. Plácido Rodríguez (Sanlúcar de Barrameda,1953) desciende de una saga de guardas marismeños, “Los Clarita”. Su padre, Antonio Rodríguez Parada, “Clarita”, fue el guarda mayor de la finca Las Nuevas en plena marisma, donde se crió Plácido. Maribel Adrián (Burgos, 1960) y Plácido han desarrollado una labor increíble y han convertido La Cañada de los Pájaros en un paraíso para las aves. Ahora, en el tiempo de la jubilación, ven peligrar el futuro de la obra a la que se han dedicado en cuerpo y alma toda la vida.

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero. En La Cañada desde hace muchos años, en torno a esa fecha, se sueltan dos o tres especies de aves (cerceta pardilla, focha cornuda y porrón pardo), a las que se cuida y mima en esa Reserva Natural Concertada. En 2016 fui invitado junto al ornitólogo Luis García Garrido a soltar esas aves ante una concurrencia de centenares de personas. ¡Fue emocionante!

Cerceta pardilla (Marmaronetta angustrostris). Se considera especie vulnerable en el mundo y en España, en peligro critico de extinción. Hasta 2025 en La Cañada de los Pájaros se han liberado entre 3.000 y 3.200 cercetas pardilla.

Porrón pardo (Aythya nyroca). Está clasificado como especie en peligro de extinción).Actualmente se han visto dos parejas de porrón pardo en la laguna del Observatorio José Antonio Valverde en las Marismas. Hasta 2025, en La Cañada de los Pájaros se han soltado unos 500 ejemplares.

Focha cornuda (Fulica cristata) se halla calificada en riesgo de extinción en el catálogo nacional de aves. A finales de los ochenta, la guardería de la Agencia de Medio Ambiente, rescató seis huevos de Focha Cornuda que fueron a parar a La Cañada. Plácido y Maribel empezaron a recuperar esta especie. En abril de 1992 se soltaron los primeros 22 ejemplares. Hasta 2025 se han liberado en La Cañada más de 1.900 fochas cornudas.

Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional

En La Cañada de los Pájaros se pueden observar unas 200 especies de aves, unas 180 autóctonas.En 1991 fue declarada Reserva Natural Concertada, la primera declarada en España. Se abrió al público en 1992. Está incluida en la Red de Espacios Naturales de Andalucía y en la Red natura 2000. Recibe más de 100.000 visitas al año y han pasado por sus instalaciones unos 3.000 ornitólogos. Han formado a cientos de becarios y voluntarios. Como algunas de las especies que frecuentan La Cañada, la Reserva está en peligro crítico de extinción por falta de ayudas y de apoyo institucional.

Con los ingresos por entradas y por el alquiler del restaurante, no les da para afrontar los 120.000 euros anuales de gasto. Desde sus inicios la gestionan sus propietarios Plácido Rodríguez y Maribel Adrián. La pregunta que nos hacemos quienes les conocemos y apreciamos es, ¿qué pasará con la Cañada de los Pájaros cuando decidan retirarse?

En 1983-84, Maribel Adrián desarrolló su tesina con la nutria bajo la dirección de Miguel Delibes. Maribel llegó a Sevilla para anillar aves y conoce a Plácido y en 1985 se ennovian. Plácido acaba la carrera. En 1986, la pareja decide alquilar una casita en “La Pilarica”, en Puebla del Río, y allí montan un pequeño aviario. Pero las ansíis de la pareja les lleva a buscar un lugar mejor. La idea era vivir en el campo.

La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma

En julio del 86 ocurre la mortandad de aves en Doñana, una catátrofe ecológica en la que murieron entre 20.000 y 30.000 aves, envenenadas por el uso de insecticidas por parte de los arroceros de las marismas. Se fumigó el Brazo de la Torre. En el Lucio del Cangrejo, en la primera semana de setiembre del 86 se contabilizaron 2.300 patos muertos. Entre las especies afectadas: pato real, pato cuchara, chorlitejo, garzas reales, espátulas y cercetas pardillas. Plácido, Maribel y un grupo de voluntarios recogieron ejemplares enfermos.

Aquel desastre lleva a Maribel y a Plácido a pensar en criar y proteger a las aves de Doñana. Tras mirar varias opciones, encuentran un lugar en una antigua laguna convertida en gravera que se hallaba en pésimas condiciones con basura, escombros, etc. En 1987, Plácido y Maribel negocian con los propietarios y compran 7,5 hectáreas del terreno, que colindaba con una finca de los rejoneadores Peralta, y con unas fincas forestales aguas arriba de la Cañada de la Barca (antiguo arroyo) que fueron transformadas afectando al cauce que suministra el agua a la Cañada de los Pájaros. En 1988 se limpia la gravera, se introducen plantas autóctonas y la escombrera se transforma en un humedal. Los arquitectos José Antonio del Pino y Emilio Pizarro les construyen la casa. La Nochevieja de 1989, Maribel y Plácido con unos amigos Yolanda y Vilches, sin luz eléctrica, inauguran la casa con el sueño de crear un refugio, un hospital y un restaurante para las aves de la Marisma.

Hoy, cerca de 200 especies que frecuentan Doñana hallan en La Cañada el santuario, el lugar donde alimentarse y donde se les cuida y les cura si están enfermas o heridas. A quien corresponda: Ayuntamiento de la Puebla, Diputación de Sevilla, Junta de Andalucía, Gobierno de España, CSIC, Estación Biológica de Doñana, capital privado, organizaciones conservacionistas, traten de ayudar a Plácido y Maribel, dos biólogos, ecologistas y conservacionistas que ya en edad de jubilación, han salvado a miles y miles de aves en esta Reserva Natural a las puertas de Doñana, y han contribuido a que sobrevivan especies como la focha cornuda, la cerceta pardilla, el porrón pardo, las malvasías, cisnes, ánsares, cigueñas, calamones, grullas que vuelven a nidificar en Doñana, garzas, garcetas, avocetas, garcillas cangrejeras, patos, flamencos, cigueñuelas, golondrinas, verderones, y así hasta casi 200 especies de aves a las que han dedicado su vida.

La sociedad debe responder al reto de buscar la continuidad de la Cañada de los Pájaros, cuando Plácido y Maribel abandonen su actividad. Se lo debemos a las futuras generaciones, por quienes tanto han trabajado Maribel y Plácido con sus programas de educación ambiental y con su amor por las aves. ¡No permitamos que el humedal restaurado, convertido en Reserva Natural vuelva a ser una escombrera! Se lo debemos a nuestros nietos y a las futuras generaciones de andaluces.

Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

La primavera ha cogido a Doñana con una explosión de vida como hacía años que no se recuerda. La abundancia de insectos ayuda a una fase de reproducción que da sus primeros pasos, de hecho ya pululan por allí los primeros polluelos de algunas especies, y todavía están preparándose para emigrar las últimas invernantes. Todo ello es obra de un invierno muy lluvioso encadenado con un año menos seco que los anteriores, lo que ha propiciado la mayor presencia de aves del último lustro y la previsión de que la temporada de cría será muy buena.

Lo de que el agua es vida tiene en Doñana uno de sus exponentes más gráficos. La concatenación de borrascas de los últimos meses dejó una inundación casi completa de una marisma que ya había disfrutado de generosas dosis de precipitaciones, lo que ha tenido su reflejo inmediato en que se han contabilizado 385.649 aves acuáticas invernando en el parque. La cifra es la mejor desde 2021, aunque todavía está lejos de la media histórica y a más distancia todavía de los mejores ejercicios.

Eso sí, supone un incremento sustancial con respecto a los 228.335 ejemplares computados el año pasado (el censo se realiza en enero) y no digamos en relación con los 120.649 de 2024, cuando la sequía que golpeaba entonces con fuerza llevó a un mínimo desde que existen registros. El conteo se hace desde avioneta, recorridos en vehículo y asomándose a los dormideros, y con esta metodología –que se aplica desde 2004– se registró el máximo en 2017, cuando se rezaron las 700.000 aves. Todas estas cifras se pueden revisar ahora en el recién estrenado portal de acceso abierto con 50 años de censos de aves acuáticas.

La media en estos 22 años está en 437.000 individuos, con lo que este 2026 se ha acercado pero todavía queda camino por recorrer. Los augurios además son buenos, ya que a fecha de 22 de marzo la precipitación acumulada en el actual ejercicio (que arrancó el pasado 1 de septiembre) es de 552 mm, sensiblemente por encima de los 436 de media en las últimas dos décadas. En el ejercicio 2021/22, por ejemplo, no se llegó a 224 mm.

Que no vengan lluvias fuertes ahora

“Los datos no son buenos a largo plazo, pero sí mejores que los últimos años”, atestigua Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, responsable de la vigilancia científica de este entorno. Así que, como la marisma mantiene una buena inundación –entre 50 centímetros y algo más de un metro, en función de la zona–, se espera una reproducción buena “si no vienen lluvias muy intensas que hagan fracasar nidos”, como ocurrió el año pasado con fuertes precipitaciones que fueron más tardías.

El agua ha venido bien no sólo para atraer a las aves, sino también para recuperar otros elementos clave como la vegetación y la presencia de insectos. “Doñana está ahora espectacular, la visión es magnífica”, lo que no significa que se hayan acabado los problemas porque el acuífero sigue en muy mal estado y harían falta varios años más de lluvias abundantes para superar el que es el principal hándicap del parque.

Desde SEO/BirdLife se corrobora que la recuperación de las aguas subterráneas “requiere de algo más que un año húmedo aislado”. Su responsable en Doñana, Carlos Davila, también corrobora la imagen “espléndida” que ofrece el parque y que ya algunas aves presentan colonias de cría activas por las “condiciones ecológicas óptimas” que reúne la marisma esta primavera. La previsión es contar con grandes colonias de acuáticas, como morito común y espátula común, y distintos tipos de garzas, como la garza imperial, garcilla bueyera, martinete común, garceta común, garcilla cangrejera y garceta grande. Además, especies amenazadas de extinción, como la cerceta pardilla o la focha moruna, podrían verse “muy beneficiadas” por “este buen año hidrológico”.

Revilla resalta que todo esto evidencia la “capacidad de recuperación” que han mostrado determinadas especies en cuanto han mejorado las condiciones para las acuáticas. En este ejercicio ha crecido hasta la cifra de gansos, el ánsar común, la más emblemática de las aves de Doñana, cuya población ha aumentado en 1.000 ejemplares para alcanzar unos escuálidos 3.700 individuos pese a que las cosas han ido viento en popa. Esto evidencia que su presencia es cada vez más esquiva, ya que hace unos años los ejemplares se contaban por decenas de miles.

El cuchara común se dispara

En cambio, el pato cuchara común se mantiene como la especie que más crece en las últimas dos décadas, ya que en el censo invernal se contabilizaron 120.970 individuos, nada menos que 65.000 más que el año pasado. Asimismo, le van bien las cosas al porrón europeo (10.600 ejemplares), el morito común, la espátula común y hasta a especies muy escasas, como la cigüeña negra (se han contabilizado 113) y la garcilla cangrejera, con 32, una cifra que desde la ICTS Doñana se considera “inusualmente alta”.

La ICTS Doñana es una infraestructura dependiente de la Estación Biológica y está considerado el mayor laboratorio de campo de Europa. Rubén Rodríguez Olivares, del equipo de Poblaciones de Aves, explica que “la evolución de las aves acuáticas confirma que Doñana responde de manera inmediata cuando dispone de agua”. “La recuperación de la marisma es esencial para la conservación de especies de alto valor ecológico”, apostilla.

Los científicos tienen claro, y el aumento de aves invernantes de este año es el mejor de los ejemplos, que el factor determinante para la llegada de fauna acuática a Doñana es su estado hídrico. Por eso, “la mejora registrada este invierno demuestra el potencial del humedal para recuperarse cuando las condiciones climáticas y la gestión hídrica lo permiten”, se apunta desde la ICTS que, como la propia Estación Biológica, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así que Doñana mantiene una legión de problemas, pero si hay agua, hay margen para la esperanza.

La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.