Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

La primavera ha cogido a Doñana con una explosión de vida como hacía años que no se recuerda. La abundancia de insectos ayuda a una fase de reproducción que da sus primeros pasos, de hecho ya pululan por allí los primeros polluelos de algunas especies, y todavía están preparándose para emigrar las últimas invernantes. Todo ello es obra de un invierno muy lluvioso encadenado con un año menos seco que los anteriores, lo que ha propiciado la mayor presencia de aves del último lustro y la previsión de que la temporada de cría será muy buena.

Lo de que el agua es vida tiene en Doñana uno de sus exponentes más gráficos. La concatenación de borrascas de los últimos meses dejó una inundación casi completa de una marisma que ya había disfrutado de generosas dosis de precipitaciones, lo que ha tenido su reflejo inmediato en que se han contabilizado 385.649 aves acuáticas invernando en el parque. La cifra es la mejor desde 2021, aunque todavía está lejos de la media histórica y a más distancia todavía de los mejores ejercicios.

Eso sí, supone un incremento sustancial con respecto a los 228.335 ejemplares computados el año pasado (el censo se realiza en enero) y no digamos en relación con los 120.649 de 2024, cuando la sequía que golpeaba entonces con fuerza llevó a un mínimo desde que existen registros. El conteo se hace desde avioneta, recorridos en vehículo y asomándose a los dormideros, y con esta metodología –que se aplica desde 2004– se registró el máximo en 2017, cuando se rezaron las 700.000 aves. Todas estas cifras se pueden revisar ahora en el recién estrenado portal de acceso abierto con 50 años de censos de aves acuáticas.

La media en estos 22 años está en 437.000 individuos, con lo que este 2026 se ha acercado pero todavía queda camino por recorrer. Los augurios además son buenos, ya que a fecha de 22 de marzo la precipitación acumulada en el actual ejercicio (que arrancó el pasado 1 de septiembre) es de 552 mm, sensiblemente por encima de los 436 de media en las últimas dos décadas. En el ejercicio 2021/22, por ejemplo, no se llegó a 224 mm.

Que no vengan lluvias fuertes ahora

“Los datos no son buenos a largo plazo, pero sí mejores que los últimos años”, atestigua Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, responsable de la vigilancia científica de este entorno. Así que, como la marisma mantiene una buena inundación –entre 50 centímetros y algo más de un metro, en función de la zona–, se espera una reproducción buena “si no vienen lluvias muy intensas que hagan fracasar nidos”, como ocurrió el año pasado con fuertes precipitaciones que fueron más tardías.

El agua ha venido bien no sólo para atraer a las aves, sino también para recuperar otros elementos clave como la vegetación y la presencia de insectos. “Doñana está ahora espectacular, la visión es magnífica”, lo que no significa que se hayan acabado los problemas porque el acuífero sigue en muy mal estado y harían falta varios años más de lluvias abundantes para superar el que es el principal hándicap del parque.

Desde SEO/BirdLife se corrobora que la recuperación de las aguas subterráneas “requiere de algo más que un año húmedo aislado”. Su responsable en Doñana, Carlos Davila, también corrobora la imagen “espléndida” que ofrece el parque y que ya algunas aves presentan colonias de cría activas por las “condiciones ecológicas óptimas” que reúne la marisma esta primavera. La previsión es contar con grandes colonias de acuáticas, como morito común y espátula común, y distintos tipos de garzas, como la garza imperial, garcilla bueyera, martinete común, garceta común, garcilla cangrejera y garceta grande. Además, especies amenazadas de extinción, como la cerceta pardilla o la focha moruna, podrían verse “muy beneficiadas” por “este buen año hidrológico”.

Revilla resalta que todo esto evidencia la “capacidad de recuperación” que han mostrado determinadas especies en cuanto han mejorado las condiciones para las acuáticas. En este ejercicio ha crecido hasta la cifra de gansos, el ánsar común, la más emblemática de las aves de Doñana, cuya población ha aumentado en 1.000 ejemplares para alcanzar unos escuálidos 3.700 individuos pese a que las cosas han ido viento en popa. Esto evidencia que su presencia es cada vez más esquiva, ya que hace unos años los ejemplares se contaban por decenas de miles.

El cuchara común se dispara

En cambio, el pato cuchara común se mantiene como la especie que más crece en las últimas dos décadas, ya que en el censo invernal se contabilizaron 120.970 individuos, nada menos que 65.000 más que el año pasado. Asimismo, le van bien las cosas al porrón europeo (10.600 ejemplares), el morito común, la espátula común y hasta a especies muy escasas, como la cigüeña negra (se han contabilizado 113) y la garcilla cangrejera, con 32, una cifra que desde la ICTS Doñana se considera “inusualmente alta”.

La ICTS Doñana es una infraestructura dependiente de la Estación Biológica y está considerado el mayor laboratorio de campo de Europa. Rubén Rodríguez Olivares, del equipo de Poblaciones de Aves, explica que “la evolución de las aves acuáticas confirma que Doñana responde de manera inmediata cuando dispone de agua”. “La recuperación de la marisma es esencial para la conservación de especies de alto valor ecológico”, apostilla.

Los científicos tienen claro, y el aumento de aves invernantes de este año es el mejor de los ejemplos, que el factor determinante para la llegada de fauna acuática a Doñana es su estado hídrico. Por eso, “la mejora registrada este invierno demuestra el potencial del humedal para recuperarse cuando las condiciones climáticas y la gestión hídrica lo permiten”, se apunta desde la ICTS que, como la propia Estación Biológica, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así que Doñana mantiene una legión de problemas, pero si hay agua, hay margen para la esperanza.

La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas –Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar– está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado, aunque habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para saber si salen de la causa.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ido concediendo prórrogas de seis meses en un caso que estalló en 2023, cuando la Guardia Civil precintó estos puntos de extracción después de que inicialmente les cerrasen las puertas de la hacienda. El plazo de la última expiró este domingo, 8 de marzo, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se volviera a conceder por la “especial complejidad” del caso, algo que el magistrado ha denegado pese a que la defensa no se oponía.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor argumenta que considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, y avanza que lo único que queda es la “ratificación pericial” que solicita la defensa, con la comparecencia como testigo del autor del contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. El instituto armado cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido con estas extracciones sin licencia, a lo que habría que sumar alrededor de otro millón en concepto de daño ambiental.

Imputado hasta la fecha un sobrino

El testimonio de este perito, fijado para el 21 de abril, sería el único pendiente antes de cerrar la instrucción. De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, tal y como solicitó inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda a tiro de piedra de Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.

Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro de este consejo en representación de su progenitor, que se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

Precisamente, al figurar como presidenta de esta compañía al descubrirse los hechos, la primera imputada en la causa fue Eugenia Martínez de Irujo, aunque el magistrado la excluyó posteriormente al atender el argumento de la defensa de que la administración de la finca la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, que no obstante cuando declaró se escudó en que no estaba al tanto de la gestión del día a día. En la actualidad figura como secretario del consejo desde diciembre de 2023, pocos meses después de la denuncia de la Fiscalía, tras una reunión del consejo de administración en la que asumió la presidencia Cayetano Martínez de Irujo.

Se acogió a su derecho a no declarar

Fue el propio juez el que le hizo saber a la fiscal que, en función de lo que se imputase a Eurotécnica Agraria (responsabilidad penal o civil subsidiaria), citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. En este sentido, recordó que, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se apuntaba a que la compañía es responsable penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, en este caso Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se optaba por esta vía, aclaró.

Finalmente, la Fiscalía tomó el camino de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga en base a este artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acto duró unos minutos, en los que se le informó de que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente”, acogiéndose a su derecho a no declarar y remitiéndose a lo que declaró en febrero de 2025, cuando fue citado en su calidad de persona física investigada.

La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. En un oficio remitido en su día al juzgado, se subrayaba que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Una tarea que, insistía, se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

Deniega que testifiquen los denunciantes

De esta manera, los hermanos del duque de Alba eluden tener que pasar por el juzgado, al que ya sólo acudirá como testigo (o lo hará de manera telemática) el perito que hizo el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, en el que llegaba a alegar que estos pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. De hecho, la defensa acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle daños a su juicio inexistentes, ya que defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.

Eso sí, el magistrado ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, que solicitaba que declarase otro de sus peritos, el que hizo un análisis sobre las dotaciones de riego reales, producciones obtenidas y rentabilidad económica de los cultivos de cítricos. Asimismo, el instructor tampoco permite la declaración de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.

Gloria María Martín Valcárcel (Madrid, 1979) tomó posesión como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en julio del año pasado, pero ya conocía de sobra el paño: entró en 2006 en el organismo (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 cumplirá un siglo) y ocupó varios cargos, incluido el de secretaria general desde 2019.

Destaca que tras tanta borrasca las reservas viven su mejor momento desde 2014, reitera que no se van a dar más permisos de riego y reconoce que al Guadalquivir ya no le cabe ningún nuevo embalse más allá de los dos pendientes. Y sobre los pozos sin licencia de la Casa de Alba, lanza un mensaje: “En este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro”.

¿Cuánta agua ha dejado en la cuenca la sucesión de temporales que hemos tenido?

Después de este enjambre de borrascas hemos aumentado unos 2.700 hectómetros cúbicos de reservas y tenemos en total 8.000, lo que supone que estamos al 80% aproximadamente de capacidad. Veníamos de una situación en la que estábamos al 40% y hemos subido al 80% en mes y medio.

¿Para cuánto tiempo hay agua garantizada entonces?

Para abastecimiento tenemos tres años seguro. El regadío, que es el 86% de la demanda del Guadalquivir, tiene dos años prácticamente garantizados en su totalidad, el tercero ya dependerá mucho de cómo se produzcan las precipitaciones en estos dos o tres años. Pero un par de años sí que podemos decir que van a ser campañas bastante potentes.

A su predecesor le tocó gestionar la miseria de la sequía y a usted afrontar la abundancia...

Bueno, con la sequía era secretaria general de la Confederación, así que también la sufrí, porque además estuvimos trabajando en los decretos en los que se establecían ayudas a los usuarios. Hace un par de años hubo restricciones del 80 y el 90% en el regadío, prácticamente se daba agua sólo para salvar la arboleda y poco más. Pero sí, la situación ha dado un giro radical, hemos pasado de riegos de emergencia para intentar salvar la arboleda a tener zonas en las que el agua llegó hasta las copas de los árboles.

¿Hubo algún momento especialmente delicado en estos días de borrascas, de asustarse de verdad?

Ha sido un mes muy complicado y el problema fue que ocurrió en toda la cuenca, no hubo un único sitio que hubiese que vigilar especialmente, y sí que hubo situaciones concretas preocupantes. Pero estuvimos alerta, el daño habría sido mucho mayor si no hubiéramos actuado de forma preventiva y anticipada y en coordinación con el resto de administraciones. Pero sí, hubo unos cuantos sitios en toda la cuenca con bastante incidencia y con desalojos: Los Puentes en Jaén, en Huétor Tájar en Granada, en Córdoba, en Sevilla... 

Aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables. Este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional

¿Los problemas principales se han vuelto a producir en zonas que son inundables pero en las que se sigue construyendo?

No es cuestión de que se siga construyendo o no, es que son zonas inundables y sabíamos que los daños se iban a producir ahí, tienen problemas recurrentemente. Aun así, en algunas zonas se ha conseguido mitigar, como en Villanueva de la Reina en Jaén, donde los daños han sido mucho menores porque el Ayuntamiento ha hecho actuaciones.

¿Pero sigue habiendo mucho construido en zonas inundables?

Son zonas concretas que están en el plan de gestión de riesgo de inundación, pero eso lleva su tramitación, su periodo de información pública y hablamos de zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Eso quiere decir que es inundable aquello que se pueda inundar con un evento que pueda pasar una vez cada 500 años. El evento que ha pasado ahora ha sido aproximadamente en toda la cuenca de un T10, de diez años: aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables, si no se han inundado ahora no significa que no sean inundables. Porque este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional. El periodo de retorno de diez años no es el de 500 todavía, ni mucho menos.

En este sentido, ¿qué posición tiene la Confederación en relación con Tablada en Sevilla, es una zona inundable? Porque ahora no se ha inundado y ya se ha vuelto a reabrir el debate sobre su posible urbanización.

Sí, porque está dentro de los mapas de áreas con riesgo significativo e inundables, su carácter sólo podría cambiar si se revisan esos mapas, no cuando ocurra un episodio excepcional y se inunden o no. Lo que queda claro es que los episodios excepcionales no marcan las zonas inundables. Ahora tenemos imágenes por satélite de gran parte de la cuenca, precisamente estamos cotejando nuestros mapas con esas zonas inundadas. Estos episodios lo que sí nos valen mucho es para mejorar el conocimiento y comprobar y calibrar nuestros modelos.

Entonces, ¿la Confederación considera que Tablada se tiene que quedar como está?

Todas las zonas inundables deben respetar los usos permitidos en las zonas inundables. Creo que ya lo hemos dicho muy claro.

Tras el tren de borrascas han vuelto a surgir de nuevo voces diciendo que se desperdicia todo el agua que no se embalsa, ¿qué opinión le merece?

Bueno, es que no podemos poner el doble de embalses en la cuenca. Ahí todavía quedan dos proyectos que están en el Plan Hidrológico y que se está avanzando, que son las presas de San Calixto (entre Puente Genil y Écija) y de Cerrada de la Puerta (en Jaén, cerca de la provincia de Granada). En San Calixto hay un proyecto que se está actualizando y se va a adjudicar en las próximas semanas, con Cerrada de la Puerta también se está trabajando para licitar la redacción del proyecto. Estas son las dos grandes presas que quedan y que permitirán afianzar la garantía de la cuenca y también laminar las avenidas, como ha ocurrido con los 49 embalses principales que tenemos y que han conseguido laminar todo lo que ha llovido. Pero agua por los ríos tiene que correr, porque se tienen que mantener los ecosistemas y el estuario, que eso también es importante. No es agua que se pierde, por supuesto. Y hemos almacenado 2.700 hectómetros, desde 2014 no teníamos las reservas como ahora.

Al margen de estas dos, ¿al Guadalquivir ya no le caben más presas?

Es que esto no es una cuestión de si queremos una presa o no, sino que para construir un embalse hace falta un sitio acorde y una tramitación ambiental, no es tan fácil. Es difícil ya encontrar un proyecto viable para una gran presa en la cuenca del Guadalquivir. 

En la cuenca del Guadalquivir hay 900.000 hectáreas de regadío, el 25% de toda la zona regable de España, y no se dan nuevos permisos desde 2005. ¿Está previsto replantearse esa política?

¿Por un episodio de lluvias de un mes? No se van a dar porque no puede ser de otra manera, la cuenca se encuentra en una situación ya muy tensionada, con un déficit estructural de unos 200 hectómetros cúbicos. No es posible dar nuevas autorizaciones y nuevas superficies de riego salvo lo que ya está planificado, y creo que los usuarios en general lo saben y lo defienden en muchos casos: lo que hay que hacer es mantener lo que hay en la cuenca. En un contexto de incertidumbre, de cambio climático, creemos que ahora el problema es la garantía, hay un déficit que ya hemos sobrepasado.

¿Y no hay posibilidad de crecer con aguas regeneradas?

En el Guadalquivir no es fácil, eso tiene más sentido en la costa. Aquí realmente, si el agua de la depuradora llega a un cauce, se utiliza aguas abajo, no es un recurso nuevo que saquemos. En el Plan Hidrológico actual se dieron 20 hectómetros, pero para el siguiente (2028/2033) ya no está previsto ningún volumen adicional de agua regenerada porque no tiene más sentido seguir aumentando.

¿El nuevo Plan Hidrológico incorpora algún elemento relevante?

Estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes, pero hay cuestiones que evidentemente son recurrentes porque siempre hay que tratarlas, como las zonas protegidas y las aguas subterráneas. Yo creo que lo más novedoso entre comillas son la garantía y el cambio climático, que es una cuestión transversal en todos los temas. El cambio climático ya se tenía en cuenta en el plan vigente, pero ahora está imbricado en todos los temas porque vemos que influye en todo. Y después el sostenimiento de la garantía, que cada vez es más complicada en este contexto de incertidumbre.

Lo que sí que tanta agua habrá venido bien para la salud del río y su estuario, ¿no?

Sí, claro, si el volumen aumenta, la dilución aumenta y todo mejora. Estas crecidas son imprescindibles para que el río funcione bien, y desde 2010 no teníamos nada parecido.

Y a propósito del río y su estuario, ¿cómo valora los nuevos vertidos autorizados para las minas de Aznalcóllar y Las Cruces en Sevilla?

Bueno, esto debe hacerse con todas las garantías. La cuestión es que en minería al final el órgano sustantivo es la Junta de Andalucía, nosotros ahí intervenimos como un órgano sectorial en lo que compete al agua. Además, los vertidos son al Guadalquivir pero en zona de dominio público marítimo-terrestre y nosotros no tramitamos esas autorizaciones, es también la propia Junta de Andalucía. Por tanto, son ellos los que tienen que autorizar esos vertidos y hacer el control. No digo que no me preocupe, pero es la Junta la que tiene que hacer ese seguimiento.

Ya hemos cerrado 800 pozos ilegales en unos cinco años y tenemos 175 en trámite. No me atrevo a decir una fecha cierta, pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado

Hablando de preocupación, otro punto es Doñana, ¿cómo va el cierre de pozos ilegales?

Pues en cinco años hemos cerrado ya 816 y tenemos en trámite 176. Hay que matizar que el cierre de pozos no es algo inmediato porque es un proceso lógicamente muy garantista, se trata de cerrar explotaciones de usuarios que están regando y que tienen un perjuicio económico. Tienen que alegar y defenderse, y eso dilata en el tiempo el proceso. Por otra parte, lo que sí que podemos es adoptar medidas cautelares de cierre de pozos mientras se tramita todo el proceso. También lleva su tiempo, porque hay que pedir autorización al juzgado para entrar en la finca, pero cerramos más rápido. 

Pero da la impresión de que nunca se termina.

Es que los pozos también van cambiando. No partimos de un número concreto, sino que a veces se van identificando nuevas captaciones y eso hace que se abran nuevos procedimientos. Ya hemos cerrado 800 en unos cinco años y tenemos 175 en trámite, no me atrevo a decir una fecha cierta pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado. Pozos nuevos sí que se siguen localizando, pero ya hacemos una teledetección (que es accesible hasta para el público) de la superficie de los invernaderos que están instalados y se ve cuáles son las zonas que no tienen derecho de riego. Eso también tiene un efecto disuasorio, hemos visto que la superficie que no cuenta con derechos no sigue aumentando, así que creo que vamos por el buen camino.

Para la Confederación, ¿la marisma de Doñana es de agua dulce, como se ha dicho históricamente, o salada, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica para justificar el deslinde que se ha aprobado?

Es una cuestión complicada y que ahora mismo está en estudio. Tenemos que esperar al resultado de todos los recursos e iremos viendo la consecuencia que tiene ese deslinde, tanto en el Plan Hidrológico como en las actuaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo hay un procedimiento administrativo y una serie de recursos, pero no sé si se llegará a contentar a todo el mundo. Un deslinde es un procedimiento complicado que siempre cuenta con bastante oposición por parte tanto de los usuarios del territorio como por el resto de actores. 

La lluvia le habrá venido muy bien al acuífero de Doñana, pero esto no se recupera de un día para otro…

No, no. Los primeros estudios que hemos hecho dicen que la superficie de la marisma se ha inundado prácticamente el doble respecto al año pasado y los piezómetros del acuífero han mejorado algo, pero en las zonas de mayor explotación no tanto. Por tanto, esto viene muy bien, pero no resuelve un problema estructural. Un mes de lluvias no recupera el acuífero de Doñana, necesitaría varios años así y trabajar más en todas las vías que ya tenemos abiertas para que realmente se vea una mejora notable.

A propósito de acuíferos, ¿confía en que la actuación judicial por los pozos sin licencia en Aljóbar, la finca de la Casa de Alba en Aznalcázar, siente un precedente importante y tenga un efecto disuasorio?

Yo no creo que sea un precedente porque no es la primera vez que aplicamos un procedimiento sancionador en una explotación de más o menos entidad o más mediática. Hay que actuar en todos los casos, y si esto hace que la sociedad sea más consciente de que esto no va de superficies ni de determinadas personas, sino que si hay una infracción se actúa, pues perfecto. Pero no es una situación desde luego novedosa, ni que hayamos cambiado nuestra manera de proceder.

¿Pero es consciente de la repercusión del caso y la sensación que pueda tener alguien de que pueda haber un trato distinto?

No controlamos las sensaciones, pero si la infracción está y el sancionador llega a la resolución que sea, será independiente de quién sea el infractor. Que luego se piense desde fuera que se ha actuado mejor o peor que en otros casos, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero que en este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro, eso es así.

¿Y no es contradictorio que, en paralelo a la causa judicial, haya un proceso administrativo para regularizar esos mismos pozos que se investigan por un posible delito ambiental?

Esa concesión se está tramitando y con una serie de condiciones. En muchos otros casos, cuando se aplica un procedimiento sancionador existe la posibilidad de legalización de lo que ha ocurrido. En este caso, la concesión se está tramitando. Veremos qué dicen todos los informes, pero tiene que llevar una serie de condicionados y tiene que tener un control de los volúmenes de agua. En el caso de que se resuelva así, no tiene por qué ser contradictorio con una infracción que se ha cometido, que tendrá una sanción y unas consecuencias.

La Comisaría de Aguas de la Confederación ya ha dado su visto bueno, por lo que considera que estos pozos son regularizables…

Pero es que el hecho de que tenga un proceso sancionador en marcha no significa que esa petición no pueda ser viable. Ellos contaban con un derecho previo, pero se abre un proceso sancionador porque no se estaba actuando acorde a la autorización que tenían. Si la autorización que se solicita es compatible con la planificación hidrológica, se puede tramitar independientemente de que entre medias haya habido alguna infracción o alguna sanción por parte del usuario.

¿Le frustraría que ocurra lo mismo que con la finca Hato Blanco Viejo, que por primera vez un juez condenó a cárcel a una familia de terratenientes por pozos ilegales y al final se libraron de la prisión al rebajarse la pena?

En un proceso judicial nosotros no tenemos toda la información concreta, le perdemos un poco la pista, y hasta que no se finaliza… Pero bueno, no frustra, porque nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos que luego pasa a la vía judicial, ahí realmente nosotros ya no controlamos qué es lo que se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es nuestro procedimiento administrativo y llevarlo a cabo con todas las garantías.

¿Y hay muchos procesos abiertos en la cuenca por extracción ilegal de agua?

Hay muchos, todos los meses se tramitan cientos. Pero no todo son grandes explotaciones ilegales, hay muchas infracciones menores por no tener por ejemplo el contador bien instalado. 

Los nueve pozos ilegales descubiertos a la Casa de Alba en Aljóbar, finca de su propiedad en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), han afectado al acuífero del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. Así lo reitera el último informe pericial de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido y abunda en que estas extracciones no autorizadas tienen “un carácter muy relevante” porque el acuífero del que se han pirateado los recursos, el Aljarafe Sur, está “hidráulicamente conectado” con la masa subterránea Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, dos puntos clave porque van “nutriendo el Parque Nacional de Doñana”.

La conclusión se recoge en este documento, y así fue reiteradamente defendida por las dos peritos del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado) en la declaración como testigos ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga un posible delito contra el medio ambiente. De hecho, en su momento el magistrado, tras el primer informe pericial que recibió en 2024, ya apuntó en un auto que los pozos podían tener un “impacto colateral en Doñana”, lo que no beneficia precisamente a la defensa de la Casa de Alba.

El caso que analiza el juez tuvo su origen en una denuncia de extrabajadores de la finca, lo que llevó a descubrir hasta nueve pozos sin licencia que habrían estado funcionando 11 años cuando la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) sólo tenía permiso para dos, uno de ellos para uso doméstico y no agrícola. Estas extracciones han sido ya precintadas dos veces, en un proceso en el que la Fiscalía ha pedido imputar a varios hermanos del actual duque de Alba, mientras la defensa sitúa en primera línea a un sobrino de éstos ( Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga) y la empresa culmina la regularización administrativa de las instalaciones sin licencia.

En su declaración ante el juez del pasado 20 de febrero, las agentes insisten en varias ocasiones en la conexión directa entre ambas masas de agua, un hecho que a su juicio “está descrito muy bien en un montón de estudios científicos y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también así lo determina”. “Está totalmente conectado con el acuífero Almonte-Marismas”, lo que se traduce en que “se produce una descarga natural desde Aljarafe Sur hasta el siguiente que hay, que es Almonte-Marismas”, que el propio informe recuerda que desde 2019 está declarado en mal estado.

“Riesgo de sobreexplotación”

En su testimonio, repiten que “el acuífero Almonte-Marismas tiene una recarga natural por parte de Aljarafe Sur”, que a su vez está empeorando su situación a pasos agigantados por el exceso de bombeos que sufre no sólo desde Aljóbar, sino también desde otras fincas colindantes. Ante las preguntas de la defensa encaminadas a diferenciar ambas masas de agua, las guardias civiles son tajantes: “No hay barreras, esa agua fluye de manera natural desde Aljarafe Sur hacia Marismas, tiene una descarga natural”.

A efectos administrativos y de gestión, el acuífero Almonte-Marismas está dividido en cinco masas de agua: La Rocina, Almonte, Marismas, Marismas de Doñana y Manto Eólico Litoral de Doñana. Tres de ellas se encuentran oficialmente declaradas en mal estado, concretamente los de Almonte, La Rocina y Marismas, que es la más cercana a Aljarafe Sur.

Durante la comparecencia, que se realizó por videoconferencia, la defensa puso el foco en que Aljarafe Sur, que es de donde extraen los pozos de Aljóbar, está oficialmente declarado en buen estado por la propia CHG. Así lo admiten también tanto el informe como las peritos del Seprona, aunque con el matiz de que este acuífero se está deteriorando rápidamente y ya está en “riesgo de sobreexplotación” porque supera la barrera del 80% entre los recursos que entran y los que se sacan. En concreto, en esta masa de agua se ha pasado de un índice de explotación del 78 al 91%.

Los informes de la CHG

Ante la insistencia de las agentes en que Aljarafe Sur está en riesgo de sobreexplotación y en la interconexión con Doñana, los abogados de la defensa les preguntan que cómo explican que Aljarafe Sur esté declarado en buen estado “y en cambio están diciendo que Almonte y Marismas están en riesgo”. “Eso se lo tendrá que preguntar usted a la Confederación, que es la que hace los estudios de los acuíferos”, fue la respuesta que obtuvieron.

Eso sí, añaden que se ratifican en el mal estado creciente de Aljarafe Sur. “La tendencia del nivel del descenso piezométrico está ahí, no nos la inventamos nosotras, y además a lo largo de diferentes planes hidrológicos el índice de explotación ha ido ascendiendo en número y además a mayores”. En este sentido, la CHG ha hecho ya dos informes a requerimiento del juzgado sobre la situación de Aljarafe Sur, con conclusiones similares: su estado es cada vez peor, de hecho está en los niveles más bajos desde que existen datos, y la batería de pozos ilegales de Aljóbar es “susceptible” de haber agravado las cosas, pero “no es posible concretar” que sea “el único causante” porque hay otras fincas vecinas con “intensas explotaciones”.

La defensa basa parte de su estrategia en que oficialmente no puede hablarse de que Aljarafe Sur esté sobreexplotado, que como mucho está en situación de riesgo, por lo que en consecuencia no puede hablarse de perjuicio para Doñana. “Sí que son daños derivados”, reiteran las agentes, “porque Doñana se está secando”, una situación a la que no ayuda que “el acuífero de las Marismas, que es el de Doñana, está conectado con el acuífero Aljarafe Sur” y debería pasarle más agua.

“El acuífero no se ha recuperado”

La defensa se centra también en que Aljarafe Sur no es un acuífero confinado, sino libre, lo que implica que no tiene materiales impermeables que dificulten su recarga con las lluvias, pero las peritos replican que eso no implica un efecto inmediato. Tiene opciones de recargarse de manera más rápida que un acuífero confinado, admiten, pero se pierde mucha agua por el camino antes de infiltrarse al subsuelo, “no cae un mililitro y le llega un mililitro al acuífero”, ejemplifican.

“Que nadie se engañe”, llegan a defender, si alguien espera que “los acuíferos van a llegar ahora a los niveles freáticos que tenían antes de toda la problemática que estamos teniendo”. Y así lo subrayan hasta en la última pregunta que les hace la defensa. “Con este carrusel de tormentas que ha habido de lluvia tan abundante, ¿puedo entender que el acuífero se ha recuperado”, les cuestiona el letrado, obteniendo una respuesta contundente: “No, no puede entender eso”.

Tres cachorros de lince ibérico de casi un año, nacidos en el centro de cría de El Acebuche (Almonte, Huelva), en el Parque Nacional de Doñana --espacio gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--, e hijos de la hembra reproductora Parra, han sido liberados a lo largo de este mes de febrero en diferentes comunidades autónomas de España.

Así lo han indicado a Europa Press desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, señalando que los tres linces liberados han sido Weeka, Wenster y Weasel, todos hijos de Parra, que en marzo del pasado año 2025 dio a luz a los tres cachorros.

De este modo, Weeka se liberó el 16 de febrero de 2026 en el municipio de Lorca, en la Región de Murcia, mientras Wenster, se liberó en Andalucía, en la Sierra Arana, el 18 de febrero de 2026 y Weasel se liberó el 20 de febrero en Campos de Hellín, en Castilla la Mancha.

Según han explicado desde el OAPN, Los cachorros se liberan con un año de edad, aproximadamente, y antes del siguiente periodo reproductor, así como apuntan que la zona y los ejemplares a liberar se establecen con “criterios genéticos” de los ejemplares.

Por otra parte, en cuanto a la temporada reproductora de este 2026, desde el organismo han señalado que los primeros partos se espera que sean en marzo, toda vez que no han podido facilitar más información al respecto.

Las primeras cópulas en el Centro de Cría del Lince ibérico El Acebuche --de la pareja Juromenha y Tintín-- se produjeron la última semana de 2025, según informó el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico. Esto supuso el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie protegida, algo fundamental para su supervivencia. De hecho, suele iniciarse en diciembre y extenderse hasta febrero.

El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó en 2025 uno de sus hitos “más relevantes” como ha sido el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivido hasta la fecha.

Linx Ex Situ señaló que estos resultados “mantienen la tendencia positiva de temporadas anteriores y consolidan el papel esencial del programa en la recuperación del lince ibérico”, con 424 ejemplares liberados en España y Portugal desde su puesta en marcha, lo que destacan como “un nuevo logro en dos décadas de trabajo para asegurar el futuro de esta especie emblemática”.

En la temporada reproductiva de 2025 se formaron 32 parejas, que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una supervivencia inicial del 77% (23 machos y 25 hembras). Nueve de ellos permanecerán en cautividad como reposición de reproductores --cinco machos y cuatro hembras--, sumándose a ellos la hembra Vidar --ejemplar invidente de la población salvaje de Doñana--.

Asimismo, si se confirma la aptitud clínica y comportamental de los 39 restantes, estos ejemplares serán liberados en la naturaleza a comienzos de 2026, reforzando las poblaciones silvestres. Desde Linx Ex Situ subrayaron que los resultados de 2025 “contrastan positivamente con los de los dos últimos años”. De este modo, en 2023 se produjeron 26 parejas que dieron lugar a 46 crías, de las cuales 39 sobrevivieron al destete --23 machos y 16 hembras--. Tras garantizar la reposición de reproductores, 31 fueron liberadas en 2024.

La Guardia Civil lo tiene claro: los nueve pozos sin licencia descubiertos –y precintados por orden judicial– en la finca Aljóbar de la Casa de Alba no sólo han provocado un importante daño ambiental, sino que le han reportado a la propiedad un “beneficio ilegal” que eleva a 5,1 millones de euros. Esto es así porque han podido regar por encima de lo que habría permitido el agua para la que sí tenían permiso, lo que se ha traducido en más cosechas de naranjas.

Así lo ratifica un segundo informe pericial que, a petición de la Fiscalía, ha elaborado el instituto armado y que entregó en noviembre al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental. El documento reafirma las principales conclusiones del que se elaboró un año antes, y en todos sus términos se han ratificado las dos agentes que lo han elaborado, que el pasado viernes testificaron ante el magistrado y respondieron a las preguntas de la defensa, que representa los intereses de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona ésta y otras haciendas.

Aljóbar se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, aunque uno de los pilares de la defensa hasta la fecha es que toda la responsabilidad recaiga en un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, que fuese primer nieto de Cayetana de Alba.

11 años de extracción ilegal

El análisis pericial aborda el “beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua”, para lo que tiene en cuenta la cantidad de fruto recogido (cítricos en este caso) por hectárea durante los 11 años que se considera que hubo un uso de “agua de procedencia ilegal”. Para ello establece dos periodos diferenciados, de 2014 a 2021 y de 2021 a 2024, ya que hasta 2021 se regaron 205 hectáreas, superficie que desde entonces se redujo a 164.

A este “beneficio ilegal” hay que sumar el importe del daño ambiental producido, que resulta de la suma de varios conceptos que, según las agentes, se han computado de una “forma conservadora”. La horquilla que ofrecen oscila entre 732.000 y 1,1 millones de euros, en función de si se usaron 5.000 metros cúbicos por hectárea –como asegura la defensa– o 6.352 como sospechan las investigadoras.

La cifra tiene en cuenta tres factores, el primero de los cuales es el valor en sí del agua extraída, que se movería entre 468.275 y 814.896 euros. A esto hay que añadir lo que costaría rehabilitar este entorno (201.489 euros) y el impacto por la pérdida de valor ambiental del ecosistema, que iría de 62.539 a 113.353 euros. Todo esto significa que, sumando daños y beneficio ilícito, estamos hablando de entre 5,8 y 6,2 millones de euros.

“Daños importantes” al ecosistema

En paralelo, el informe sostiene que la extracción ilícita de agua de un acuífero, el Aljarafe Sur, que está cerca de la sobreexplotación “supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles”. Esto es debido a las interconexiones naturales entre las diferentes matrices, en este caso suelo, agua y biota.

El índice de explotación de estas aguas subterráneas ha pasado del 78 al 91%, y se estima que existe riesgo para el acuífero cuando se supera el 80%. A esto se une que un bombeo excesivo “puede movilizar el agua presente en el subsuelo de baja calidad”, produciendo de esta manera un “deterioro” del recurso.

Durante la declaración de las agentes, la defensa intentó rebatir su trabajo tanto en lo que hace referencia al volumen de agua extraído como a la fórmula utilizada para determinar el impacto económico de los pozos ilegales. En concreto, puso el foco en el concepto del beneficio ilícito y consideró que, en general, se valora el daño dos veces, a lo que las guardias civiles respondieron que con ese argumento se confundía el ámbito administrativo con el penal, que es en el que se está investigando la causa.

Allá por 2015, el Gobierno central compró por 50 millones de euros en el término municipal de Almonte Los Mimbrales, una enorme finca agrícola de 1.200 hectáreas. El objetivo era ganar espacio natural para Doñana y darle un respiro al acuífero, ya que se adquirían también los 6,8 hectómetros de derechos de riego asociados a la propiedad para que así se dejase de extraer esa agua. Tras una década en barbecho, los trabajos para volver a teñir de verde estas tierras arrancaron el pasado agosto y las últimas lluvias han servido ahora para comprobar que la cuestión evoluciona como debe: los arroyos vuelven a correr por el cauce natural que una vez le arrebató la mano del hombre.

Durante estos diez años, Los Mimbrales ha tenido un uso forestal tras eliminarse los cultivos (sobre todo cítricos), una explotación agrícola que modificó los arroyos Bernabé y del Zorro. Para ello, la finca se atravesó con una red de canales de drenaje que direccionaban y concentraban el agua en su sector este, perteneciente al Parque Nacional. Esto no sólo provocaba la frecuente inundación de esta zona, sino también una movilización excesiva de sedimentos hacia estos puntos.

Los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) han comprobado ahora, gracias a que los arroyos están saturados con tanta borrasca, que han empezado a circular por los caminos que se les han reabierto con los trabajos en marcha. Las imágenes aéreas han permitido certificar la recuperación del trazado del arroyo Bernabé, la rehabilitación parcial del cauce del Zorro para entroncarlo precisamente con el Bernabé y la ampliación de la llanura de inundación de este último en su tramo final.

Cuenca vertiente a La Rocina

La importancia de la actuación radica en que Los Mimbrales se localiza en el entorno de la cuenca vertiente al arroyo de La Rocina, una de las principales aportaciones de agua superficial de una marisma de Doñana ahora inundada tras el tren de borrascas. Junto a otros trabajos que se ejecutan en paralelo, la reconducción de los arroyos ayudará a mejorar la capacidad de recarga de la masa de agua subterránea de La Rocina, declarada en mal estado.

La intervención se centra en algo más de 932 hectáreas del sector oeste de la finca, dentro de la de la Zona de Especial Conservación de Doñana. Y dicho de una manera gráfica, Los Mimbrales viene a ser como una isla rodeada por cultivos de regadío al norte y al sur.

El nuevo paisaje hidrológico no es exactamente como fue en un principio, ya que el cauce del Zorro se ha modificado respecto al original, que discurría flanqueado por cultivos bajo plástico al noreste de la finca. Estos invernaderos han reducido la sección útil del arroyo, lo que provocaba que fueran frecuentes los desbordamientos y la consiguiente inundación de estas explotaciones agrícolas.

“Éxito de la restauración”

En el vídeo que acompaña a esta información (elaborado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco) se puede apreciar en un primer momento la llanura de inundación del Bernabé en su tramo final al norte, fuera de la finca. Un poco más al sur, y justo en el linde septentrional de la finca, se ve cómo el nuevo trazado del arroyo del Zorro (izquierda) entronca con el discurrir ya recuperado del arroyo Bernabé (derecha). Asimismo, se muestra el recorrido modificado del Zorro para alejarse de los invernaderos.

La restauración del Bernabé se ha proyectado con un trazado sinuoso y una sección muy abierta, de poco calado y pendientes suaves para que sea el propio arroyo el que vaya marcándolo y remodelándolo. Este diseño también servirá para reducir la energía de los caudales y con ello la erosión y transporte de sedimentos hacia la marisma.

Desde la Oficina Técnica de Doñana, encargada de los trabajos, se apunta que las lluvias han permitido demostrar “el éxito de esta restauración, ya que se ve cómo el agua está circulando y encontrando su cauce dentro de los trazados restaurados”. El proyecto se enmarca en el ámbito medioambiental del Marco de Actuaciones para Doñana, cuenta con una inversión de 6,4 millones de euros y es uno de los pilares –el de la restauración hidrológica– de una actuación que persigue en esencia devolver la finca a un estado muy parecido al que tenía antes de la irrupción de los cultivos.

Además de la recuperación de antiguos cauces, la intervención en Los Mimbrales incluye el sellado de canales de drenaje, la renaturalización de antiguas balsas agrícolas, la recuperación de comunidades vegetales autóctonas y el control de especies exóticas invasoras. Además, contempla la mejora de hábitats mediante la creación de áreas de anidamiento, refugio y alimentación, así como la conectividad entre áreas del Espacio Natural de Doñana.

La expresión balsa minera ha sido escuchada o leída por primera vez por muchos/as andaluces, pues casi no la habían mencionado los medios desde la rotura de la de Aznalcóllar en 1998 y casi no la habían mencionado antes, aunque las primeras se construyeron en los años cincuenta del pasado siglo. De manera que mucha gente no sabe qué son, y se habrán quedado a dos velas cuando han oído pronunciar tal expresión al presidente de la Junta. Parecería que Moreno Bonilla hubiera abierto, no la compuerta de los millones de toneladas de lodos letales que contienen las balsas, sino la compuerta por donde ha entrado, siquiera por unos días, la expresión balsa minera al lenguaje autorizado o políticamente correcto, a la actualidad.

Las balsas mineras son instalaciones que contienen millones de millones de metros cúbicos de venenos letales, ocupan superficies de cientos de hectáreas, sus muros están hecho con escorias de mina, porque el cemento armado sería corroído por el ácido que albergan. Son depósitos dinámicos en los que la proporción de arenas, lodos y agua ha de variar en profundidad y desde los muros a la cola, por lo que necesitan vigilancia continua, hasta muchísimos años después de que los mineros se hayan ido; evacuan filtraciones normales (dicen los ingenieros que por debajo de un cierto nivel no son preocupantes) a los ríos y acuíferos, afectando en algún grado a la potabilidad de nuestras aguas y embalses. Pueden romperse y envenenar cuencas enteras, de lo que ya tenemos abundantes ejemplos en la península, el de Aznalcóllar el más grave. Pero, aunque no se rompan, permanecerán ahí, filtrando a cauces y acuíferos, acumulativamente, por decenios y decenios.

¿Cómo explicar que obras descomunales como estas, de tanta peligrosidad potencial y seguros efectos nocivos a medio y largo plazo, sean ignoradas? ¿Quién sabe de Rodalquilar, Gádor, Almagrera, Alquife, de las varias que asoman al río Rumblar? ¿Y de las más colosales, que se enseñorean entre el Guadalquivir sevillano y el Guadiana (Aguablanca, Aznalcóllar, Cueva de la Mora, Aguas Teñidas, las tres de Rio Tinto, Tharsis, la anunciada en Valdelamusa…)? A tal extremo llega el desconocimiento que casi nadie sabe que la balsa de Aznalcóllar sigue ahí, que contiene trece millones de metros cúbicos de lodos que están filtrándose al río Guadiamar, el aporte principal de agua dulce a Doñana, y al acuífero aluvial que discurre por debajo del río, conectado a su vez con el acuífero Almonte-Marismas. El colmo ha sido que bautizaran, sin protesta reseñable, como Corredor Verde del Guadiamar el marrón que ha dejado ahí la minería.

Explicar por qué no se sabe -o no se quiere saber- de estos sarcófagos requiere dejar la ingeniería de minas y pasar a la ingeniería lingüística de la actualidad, que es la que hace y rehace la opinión pública y aporta el combustible básico que da vidilla después a los corrillos, sean en el bar de la esquina o en las redes. Podemos definirla como un brebaje de informaciones, conceptos y valores de variada procedencia, pero cuyos ingredientes principales son suministrados por el ejército de siervos encuadrados en las grandes corporaciones mediáticas, sean privadas, estatales, eclesiales o cualquier combinación de ellas. Industria del entretenimiento la llama genéricamente Sánchez Ferlosio.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés

Si los minerales son importantes, las palabras que manipula la ingeniería lingüística lo son más, porque si con aquellos se elaboran lo mismo productos de provecho que cacharrería que será pronto basura irreciclable, con las palabras se construye la comunidad política, que es, según Aristóteles, obra humana hecha de palabras. Cada época, cada cultura, teje con palabras su propia trama de significación y sus valores, ellos mismos producto de la trama, pero que dan sentido y fuerza trascendente al conjunto, como ha sabido ver después Weber, que explica así la legitimidad.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés. Igual lo hacen esas inmensas pirámides jerárquicas que son las corporaciones mineras. Todo para que permanezca enhiesto el principio simbólico que les da legitimidad: más minería es mejor para acercar a la nación o a la humanidad al bienestar y la felicidad.

Este dogma minero está enlazado a un principio aún más general, el de la Producción incremental, es decir, la Productividad (una abstracción concebida por los filósofos económicos a finales del XVIII) que, aseguran, aupará a la humanidad al bienestar definitivo. Es el mesianismo de nuestra cultura, que se mantiene incólume desde su cristalización en el siglo XIX. Durante esa centuria declinará el secular desprestigio del quehacer minero, que se materializaba, por ejemplo, en que los operarios solo bajaban a la mina encadenados. En su lugar irá emergiendo un relato prometeico que insuflará respetabilidad a lo minero, sentándose las bases de lo que comenzamos a ver ya en el siglo XX: la estampa de varones que se identifican orgullosamente como mineros y que se encadenan numantinamente en las minas para seguir siéndolo.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento

En Andalucía, podemos considerar como fecha augural de este nuevo imaginario de respetabilidad y hegemonía minera la masacre del Año de los Tiros de 1888 (más de doscientas víctimas). Desde entonces, el axioma minero, y el prestigio que irradia, se ha mantenido igual de intocado por las opciones políticas que se han sucedido. Tal unanimidad permite que tal dogma siga otorgando prestigio e incluso ese halo que rodea en cada cultura a las instituciones consideradas trascendentes.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento. Y que muchos actores políticos, mediáticos y culturales adopten la ingeniería lingüística diseñada en los gabinetes de imagen de las corporaciones extractivistas.

Es tal la asunción general del emblema “más minería es mejor”, que casusa asombro -o estupefacción- comprobar que la expresión balsa de lodos mineros fuera tabú en los medios hasta que se rompió la de Aznalcóllar, que recuperase desde el 2000 su condición impronunciable y que estos días, tras ser pronunciada por el presidente de la Junta, la hayan recuperado los noticiarios, siquiera por unos días. Y es una maravilla escandalosa que las televisiones no las hayan mostrado ni antes ni después de mostrarnos el muro roto de Aznalcóllar. Y que ni siquiera esta, tan mediática un tiempo, hayan vuelto a mostrárnosla más, como si la hubiera engullido el follaje (contaminado) del corredor verde. Todo ello mientras se sucede, desde que comenzó a operar Cobre las Cruces en 2008, una riada de noticias, reportajes (publirreportajes la mayoría) que nos aturden con lluvia de millones, puestos de trabajo sin cuento, tecnología ultimísima, impecables restauraciones y sellados de residuos, capacidad tractora, etc, etc.

Una de estas multinacionales ha tenido la chulería de bautizar a su proyectada mina, que quiere verter al estuario del Guadalquivir miles y miles de kilos de metales pesados, como Un proyecto ambiental amparado en minería. ¿Es burla, sarcasmo, desprecio?

La borrasca Leonardo, asociada a las que le han precedido en muy poco tiempo, ha dejado una de sus mejores caras en Doñana, donde la marisma está inundada al 90%, “y sigue entrando agua”. La imagen la describe el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, que este jueves ha expresado su confianza en que este año se viva una “reproducción muy potente” de aves en el parque, después de un 2025 que no fue tan boyante porque la lluvia no cayó en el mejor momento.

“A Doñana esta agua le viene muy bien”, ha subrayado Revilla en la presentación del informe sobre el estado de este paraje natural. Llueve como el año pasado, ha señalado, “pero este año antes y eso viene mucho mejor” con la vista puesta en la cría, ya que en 2025 los chaparrones cayeron cuando ya se había iniciado la reproducción y eso trajo sus problemas.

Este buen síntoma, eso sí, no implica que ya se ha superado la actual tendencia a la baja en la demografía porque “las poblaciones de aves no son el verdín de la pared que aparece cuando llueve, requieren años porque es una cosa lenta”. Pero no se niega el optimismo en el actual ejercicio, porque dejará de llover, bajará el nivel de agua en la marisma y estará todo abonado para una buena reproducción de las aves acuáticas. “El año pasado ya hubo una mejora, pero espero que este año se note todavía más”.

La marisma, como si fuera un gran lago

La marisma está ahora por encima de la cota de 1,8 metros sobre el nivel del mar y en breve superará los 1,9, una inundación que va muy rápida ya que se produce a un ritmo de más de 15 centímetros en los últimos dos días. Esto se traduce en que esta gran extensión empieza a conectarse como si fuera una única y gran lámina de agua, y es que ahora mismo están anegadas unas 30.000 hectáreas de las 34.000 del parque nacional y el entorno natural asociado.

Esta agua viene en general muy bien, incluido el sobrecastigado acuífero, que es del que dependen unas lagunas que siguen a la baja. Eso sí, lo importante es que, como ocurre con Doñana en general, se ha “estabilizado” porque “estaba en tendencia negativa”. “El acuífero ha dejado de empeorar y se ha iniciado una lenta recuperación”, pero sin olvidar que estamos ante “sistemas que responden de forma lenta y requieren de tiempo”.

El otro elemento básico, ha recordado, es la demanda, de hecho en los últimos años se repetía el escenario de que se sacaba del acuífero más agua de la que entraba. El “problema” principal es la “sobreexplotación”, de ahí que uno de los pilares básicos en los que se trabaja es la reducción de cultivos que tiran de estas aguas subterráneas. “El cierre de las explotaciones seguro va a ser positivo, ya que si reducimos la demanda de agua, vamos a hacer que se acerque más a la disponibilidad. Y eso en el medio plazo es positivo”, ha apostillado.

El deslinde del dominio público marítimo-terrestre de Doñana aprobado por el Gobierno central ha derivado en un cruce de estudios científicos para argumentar y contrarreplicar, una maraña de datos entre los que una cuestión llama la atención por peregrina. La protagonista de esta historia es la Montaña del Río, una elevación en el paraje natural que se ha convertido en símbolo para los que defienden un argumento y el contrario en base a una duda rocambolesca: ¿estamos ante una elevación artificial o natural?

La cuestión no es menor, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) esgrime que es obra de la mano del hombre para apuntalar su tesis, ya que defiende que se hizo para impedir la entrada de las mareas en este enclave. Del otro lado tenemos a todos los actores que trabajan sobre el terreno en Doñana, que defienden justo lo contrario con el argumento de que es al revés, que el papel que juega es evitar que el agua dulce escape con demasiada rapidez de la marisma.

Pero lo que hace tan pintoresco este debate es cómo puede llegarse al punto de discutir si una montaña es natural o artificial. Por ahora, lo que va a misa –porque así se ha publicado en el BOE que aprueba el deslinde, que afectaría a unas 15.000 hectáreas– es que el Ejecutivo central lo considera un “elemento antrópico” que “impide la inundación natural de los terrenos” por el agua del mar. Esto explicaría, para los técnicos que hicieron el estudio estatal, que la marisma sea de agua dulce y no salada, que es lo que a su juicio le correspondería.

Unos 14 kilómetros de longitud

Visto lo que dice una parte, cuyo dictamen ahora mismo es el que se impone salvo que se acepten las alegaciones presentadas, y antes de seguir adelante cabría preguntarse qué es exactamente la Montaña del Río. La versión del BOE (que bendice lo que sostiene el Miteco) es que se construyó en 1983 y que se trata de “un muro artificial de unos 14 kilómetros de longitud y unos dos metros de altura, que discurre paralelo al río Guadalquivir y a 250 metros del mismo”, en la margen derecha ya en su tramo final rumbo a Sanlúcar de Barrameda.

Y si claro tiene el Gobierno que es una obra humana, no menos cristalino ve lo contrario Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), un organismo estatal: “La Montaña del Río es un elemento geográfico natural, un dique que separa el cauce del Guadalquivir de la marisma”. “No hay ninguna duda”, apostilla el científico que comanda el mayor organismo investigador sobre el terreno, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En la misma línea se expresa el director del Espacio Natural de Doñana, que comprende los parques nacional y natural, Juan Pedro Castellano, para quien estamos ante una “estructura geomorfológica natural que resulta relevante al ser tan plano el Guadalquivir”, de ahí que se le llame montaña a lo que no supera los dos metros de altura. No es de extrañar en un paisaje tan llano como del que hablamos, en el que los barcos de gran porte que recorren el río parece que se mueven sobre ruedas vistos desde los arrozales.

“Un nombre exageradísimo”

Abunda en ello Antonio Rodríguez Ramírez, que pasa por ser el mayor conocedor de la geomorfología de la marisma y profesor en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva (UHU), que resalta que lo de Montaña del Río “es un término de la jerga local marismeña”. “Es un nombre exageradísimo, porque no es un relieve tan importante”, lo que no quita para que se le llame así “desde hace siglos”, subraya el autor del estudio con el que el municipio de Hinojos lucha para que no le expropien la Marisma Gallega.

¿Y cómo puede ser así si el informe oficial del Ministerio para la Transición Ecológica dice que el objeto de esta singular controversia se construyó en 1983? Pues porque ese dato es incorrecto, coinciden los tres anteriores, a los que se suma Juanjo Carmona, de WWF, que subraya que “la propia documentación histórica del Parque Nacional a nivel de ciencia desmiente” lo que defiende con tanto ahínco la Dirección General de la Costa y el Mar, impulsora del deslinde.

La cuestión es cómo se explica de puertas para afuera semejante confusión. “La evolución de la marisma –prosigue Carmona– acaba creando de forma natural diferentes levés” (término derivado del francés), pero esta elevación “sufre un proceso de deterioro” debido en especial a la navegación por el Guadalquivir“. ”La Montaña del Río es en realidad el malecón natural del Guadalquivir“, sostiene Rodríguez Ramírez, ”un relieve que regula el régimen de inundación de la cubeta marismeña“.

Más alta y más baja

¿Qué es lo que ocurre? Pues que con los años, como apunta Carmona, el discurrir de tanto barco arriba y abajo acaba minando esta estructura paralela al Guadalquivir, por lo que en 1983 se decide recrecerla de manera artificial porque su cada vez menor altura hacía que el agua dulce aguantase cada vez menos en la marisma y se escapase rumbo al río. Tras el desastre minero de Aznalcóllar en 1998 se decidió elevar todavía más su coronamiento artificial, algo a lo que no se tardó mucho en dar marcha atrás porque los propios científicos consideraron que se habían pasado haciéndolo tan alto y que aquello alteraba la hidrodinámica histórica del enclave.

Así que ahí estaría la madre del cordero: lo que Costas considera una construcción antrópica sería en realidad un remate que se añadió hace cuatro décadas, pero la base no sería obra humana. “Es verdad –apunta el director del parque– que el hombre ha intervenido en la Montaña del Río para mantenerla, porque se ha visto dañada por el propio río y los dragados, pero era natural y tan relevante que provocó que esta marisma sea singular, de agua dulce, no como todas las demás del Golfo de Cádiz, que sí son mareales”. “Es una estructura natural que ha permitido que la marisma sea lo que es”, apostilla.

“Se han hecho muchas modificaciones a lo largo de los siglos, incluso canales”, explica Eloy Revilla, una descripción histórica que está “muy bien definida” en el Archivo de Medina Sidonia. “Es un elemento fundamental de la Doñana que conocemos”, prosigue, y en este sentido hay datos recogidos desde el siglo XIX que inciden en las inundaciones estacionales de la marisma, “no diarias como ocurriría con las mareas”.

“No la hicieron los extraterrestres”

“La marisma es pluvio-fluvial en un 95%”, porque sí hay alguna que otra zona que se inunda por las mareas, pero el hecho de que su base sea el agua dulce la hace “única en el Golfo de Cádiz”, insiste Rodríguez Ramírez. “A nadie le cabe en la cabeza quitar la Montaña del Río”, añade Eloy Revilla, ya que eso no sólo sería quitarle su singularidad sino que considera que incluso rayaría “la ilegalidad”, ya que al tratarse de un elemento natural “la normativa lo protege”.

La reflexión viene al hilo de que, en teoría, si sale adelante el deslinde del dominio marítimo-terrestre aprobado por el Gobierno, eso conllevaría la eliminación de todos los elementos levantados por el hombre que puedan alterar el que se considera curso normal del agua. Pero el caso es que fue el propio Estado en su momento el que decidió su recrecimiento artificial, recuerda Juanjo Carmona, que lamenta que “es muy grave este falseamiento de la información por parte de la administración”.

“¿La Montaña del Río se construyó?”, se pregunta de forma retórica, para responder con un categórico “no”. “Esto no lo hicieron extraterrestres trabajando de noche mientras no los veíamos”, ironiza, y por ello sólo considera admisible el debate de si el recrecimiento artificial es más o menos alto, pero nada más allá.

Rodríguez Ramírez remarca por su parte que este resalte ahora en disputa se eleva metro y medio sobre la marisma de inundación. Antiguamente, cuando todo se inundaba, lo primero que sobresalía era la Montaña del Río y para allá que se iban los pastores para que sus rebaños se alimentaran con una vegetación que es hasta distinta de la marismeña. “Los técnicos que han hecho el informe para el Ministerio están muy equivocados, si desaparece –concluye– cambiaría toda la dinámica natural de Doñana”.

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha realizado una valoración crítica de la reunión mantenida este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al constatar que tras más de una hora y media de encuentro “no se ha alcanzado ningún consenso ni se ha percibido sensibilidad suficiente por parte del Ministerio ante la grave situación que atraviesa Matalascañas, especialmente en la zona de Caño Guerrero, tras el último temporal”.

En un comunicado, el Ayuntamiento almonteño se ha referido a la vista entre las administraciones, donde el regidor, Francisco Bella, ha explicado que el Ministerio mantiene una propuesta basada en actuaciones a largo plazo, centradas en la elaboración de un anteproyecto para un posible paseo marítimo con retranqueo que, posteriormente, debería convertirse en proyecto y, más adelante, en inversión.

“Un planteamiento que sitúa cualquier solución efectiva en un horizonte mínimo de dos años, recordando además que la ejecución de proyectos anteriores, como el aporte de arena, se ha demorado durante más de siete años”, ha detallado.

Ante esta situación, el primer edil ha anunciado que el Ayuntamiento declarará la emergencia y actuará directamente en la obra, con el objetivo de “recuperar el paseo marítimo de cara a este verano, atendiendo a las necesidades de seguridad y a las expectativas de vecinos, empresarios y visitantes”, toda vez que el Consistorio continuará solicitando apoyo al Ministerio de Política Territorial para que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia contemple “el mayor nivel de ayuda posible, así como a la Junta de Andalucía, y al conjunto de administraciones e instituciones”.

“Problema vital”

En este sentido, el Ayuntamiento de Almonte recabará el respaldo de órganos como el Consejo de Participación de Doñana y la Fundación Doñana 21, entre otros, al considerar que se trata de “un problema vital” para el municipio y su economía, que habría requerido “una respuesta preventiva y coordinada por parte de las administraciones competentes”.

Bella ha subrayado que el Ayuntamiento ha ofrecido “consenso y colaboración”, planteando incluso la posibilidad de acuerdos estables para seguir siendo parte activa en la conservación del Parque Nacional de Doñana, en ámbitos como el agua, la depuración y la gestión del territorio. Sin embargo, ha lamentado que la respuesta obtenida haya sido “insuficiente” ante “los problemas urgentes que presenta Matalascañas”, insistiendo en que el Consistorio “seguirá actuando con responsabilidad para dar una solución real a una situación que afecta de forma directa a la playa de Doñana y a las familias que dependen de ella”.

En la reunión celebrada en Madrid, junto al alcalde de Almonte han participado la primera teniente de alcalde, Antonia Rocío Pérez; la concejal de Sostenibilidad y Urbanismo, María Victoria Cáceres; y el concejal de Servicios, Juan Manuel Aguilar, formando parte de la delegación municipal que ha trasladado al Ministerio la situación que atraviesa Matalascañas.

La destrucción de buena parte del paseo marítimo de Matalascañas sienta este miércoles en una mesa al Gobierno y al Ayuntamiento de Almonte, el municipio onubense del que depende el núcleo urbano más cercano al Parque Nacional de Doñana. A la reunión se llega con las posturas muy enfrentadas, ya que el Ejecutivo central descarta expropiar las casas en la primera línea de playa y el gobierno local almonteño ha levantado acta notarial de cómo están las cosas con vistas a futuras responsabilidades patrimoniales, lo que augura que la borrasca Francis va a tener su epílogo en los tribunales.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha reiterado estos días que la única solución efectiva sería retranquear un centenar de metros la línea urbanizada, algo que Almonte descarta porque supondría borrar hasta 300 inmuebles con el consiguiente coste en indemnizaciones. Todo lo que no sea eso son parches a base de aportaciones de arena para intentar ganar playa, que es justamente lo que está haciendo ahora el Gobierno con una operación para aportar 700.000 metros cúbicos con una factura de seis millones de euros.

Francis no sólo se comió kilómetro y medio de paseo marítimo, sino que también ha dejado más de medio centenar de casas afectadas y muy cerca de recibir ya el impacto directo de las olas, por no mencionar que también ha amenazado a la achacosa depuradora, insuficiente para un entorno en el que se concentran hasta 300.000 personas los fines de semana de verano. Unos efectos de la borrasca que para el Ayuntamiento han sido peores por lo que considera dejación de funciones del Gobierno.

Acta notarial como “prueba jurídica”

¿Y en qué habría consistido esto? Pues en que la reposición de arena tendría que haberse realizado hace años, lo que habría minimizado los daños. Y para cubrirse las espaldas en este sentido, el gobierno local que preside Francisco Bella (del partido local Ilusiona) ha levantado acta notarial para “evidenciar” y “dejar constancia fehaciente” de que la cosa ha sido mucho peor en la línea costera “sin la cota apropiada de arena”. “En las zonas donde sí existía aporte de arena, el paseo no ha sufrido daños”, apostilla, tras un incidente que ha dejado desperfectos valorados en más de nueve millones de euros.

El Consistorio tiene claro que esta certificación notarial servirá como “prueba jurídica en una reclamación de responsabilidad patrimonial” que ya otea en el horizonte, un documento que considera que apuntala su tesis de la “relación directa” entre la ausencia de arena y los impactos más graves. De hecho, tiene claro que si el “apoyo estatal” no es el que espera, el siguiente paso será la vía legal, “sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con la mayor rapidez posible”.

De esta manera, pretende meter presión con la vista puesta no sólo en la “seguridad de los inmuebles”, sino sobre todo en la próxima temporada turística. Para el gobierno municipal almonteño, hay que “garantizar” también “la continuidad de la actividad económica de los empresarios, minimizando el impacto social y económico de esta situación”.

¿Hay 800.000 millones de euros?

El Gobierno central, por su parte, remite a la reunión de este miércoles, intentando pasar página sobre la rotunda afirmación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la necesidad –ante la evidencia de las consecuencias del cambio climático– de “eliminar edificaciones e infraestructuras que en estos momentos suponen un serio riesgo para la estabilidad del borde litoral y como consecuencia también para la seguridad de los ciudadanos”. “La mejor defensa que tenemos es la de recuperar las playas y las dunas”, una afirmación que llevó a Francisco Bella a tirar de ironía y para preguntarle al Ejecutivo central si tiene los 800.000 millones de euros que costaría expropiar a pie de costa en Matalascañas, que sigue sufriendo fuertes oleajes.

La encargada de dar la respuesta ha sido la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, que ha incidido en que “no se contemplan expropiaciones” de viviendas en primera línea, y que los trabajos que se están desarrollando lo que buscan es la protección, regeneración y estabilización del litoral de Matalascañas.

El objetivo ahora mismo es “reforzar la playa y protegerla frente a la erosión”, una inversión de seis millones de euros que además de 700.000 metros cúbicos de arena incluyen el recrecimiento de nueve espigones de defensa para que estos aportes se mantengan en la zona y de “mayor solidez al litoral, garantizando la estabilidad de la playa”

El Gobierno, en paralelo, hace recuento de sus inversiones en la zona para ejemplificar su “compromiso” con este núcleo urbano, que es el reflejo de lo que puede empezar a ocurrir en muchos otros puntos de Andalucía en los que se fue muy generoso con las construcciones en primerísima línea de costa.

En paralelo, se ha elevado al Ministerio de Política Territorial la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, un acuerdo que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros como antesala a la convocatoria de ayudas destinadas a la reparación de los daños.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI Innovación) ha aprobado la financiación con 1,49 millones de euros de un proyecto liderado por CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) para desarrollar acciones de dinamización de la innovación sostenible en los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural Doñana, reconocido como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera.

El proyecto liderado por CTA lleva por título Doñana Terra Innova: Innovación y tecnología para la dinamización socioeconómica de Doñana. Tecnología y cooperación al servicio del territorio y cuenta con la participación de Asaja-Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), las cooperativas OnuCoop SCA y Seprocoop SCA y la Universidad de Huelva (UHU), según ha indicado la corporación en una nota.

De esta manera se financiarán proyectos de dinamización para promover la innovación en entornos tradicionalmente poco innovadores, orientados a la identificación, diagnóstico e implementación de acciones innovadoras en los municipios englobados en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana. En total pueden acogerse 14 localidades: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

“Un referente en desarrollo”

El objetivo es posicionarse como “instrumento clave” para convertir el área de influencia de Doñana en “un referente en desarrollo socioeconómico e innovación sostenibles, protegiendo y aprovechando sus recursos naturales y territoriales”. CTA anima a contactar con esta fundación a las empresas y otras entidades interesadas en participar en proyectos de innovación sostenible en el área de influencia de Doñana, lo que pueden hacer a través de la dirección de correo electrónico donanainnovacion@corporaciontecnologica.com o del número de teléfono 954461352.

El proyecto tiene una duración de dos años y acometerá análisis y diagnósticos para preparar planes de negocio emprendedor, proyectos empresariales innovadores y licitaciones de Compra Pública de Innovación, fomento de la colaboración Universidad-Empresa y del ecosistema innovador, formación en gestión de la innovación y desarrollo de capacidades innovadoras en las pymes.

Además, se realizarán actuaciones de diseño y apoyo al despliegue del Observatorio Científico-Tecnológico Doñana 2030, la Cátedra Universidad-Empresa UHU Doñana, el Living Lab Doñana 2030, el centro de experimentación y ensayos avanzados Doñana Agricultura Sostenible y la incubadora y aceleradora Doñana Innovación Sostenible.

Entre los principales objetivos del proyecto, destaca el apoyo a un ecosistema innovador local activo y estable, contribuir al aumento de empresas innovadoras –sobre todo, pymes–, promover iniciativas de Compra Pública de Innovación (CPI), reforzar la sostenibilidad ambiental y resiliencia del territorio –fomentando la economía verde, azul y circular– y promover la colaboración empresa-universidad-administraciones-agentes sociales.

“Ámbitos críticos de Doñana”

El proyecto combinará iniciativas de temática libre a propuesta de las empresas participantes con otras predefinidas y traccionadas desde el consorcio en ámbitos críticos para el territorio de Doñana, como son la gestión del agua, la sostenibilidad en la agricultura –en especial en los sectores de frutos rojos, viñedo, cereal y aceituna– y el alojamiento digno de los trabajadores agrarios.

Esta iniciativa en el Espacio Natural Doñana es la primera acción de CTA en 2026 como aliado y colaborador para las acciones del CDTI en Andalucía. CTA es una entidad de colaboración público-privada para la aceleración de procesos de innovación y colabora con las administraciones públicas para promover la innovación.

Además, CTA es la Entidad de Soporte Nacional e Internacional del a Red PIDI del CDTI, destinada a resolver consultas avanzadas de sus miembros y la comunidad científica y empresarial sobre programas de financiación de actividades de I+D+i.

La convocatoria del CDTI Innovación para la concesión de ayudas destinadas a Acciones de Dinamización de la Innovación para los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural Doñana y la Reserva de la Biosfera tiene un presupuesto de cuatro millones de euros en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027 y ha aprobado un total de cinco propuestas, entre las que se incluye la liderada por CTA.

La borrasca Francis ha dejado en su reciente paso por Andalucía un aviso en forma de destrucción: ha devorado buena parte del paseo marítimo de Matalascañas, enclave perteneciente al municipio onubense de Almonte y que es el núcleo urbano más cercano a Doñana. A este proyecto urbanístico se le puso alfombra roja hace más de medio siglo (fue declarado Centro de Interés Turístico Nacional) y se permitió la construcción hasta primerísima línea de playa, como en otros puntos del litoral andaluz, con unas consecuencias que se han visto ahora pero que van a ir a peor.

Ahora, varias décadas después, el Atlántico ha hecho sentir su fuerza y ha puesto de manifiesto que la cosa tiene difícil solución. De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) considera que todo lo que se hace es poner parches –el último en plena ejecución con una factura de seis millones de euros para aportar 700.000 metros cuadrados de arena– y que lo único que daría estabilidad sería retranquear el paseo marítimo unos 100 metros, pero eso (calcula el ayuntamiento) obligaría a quitar de en medio hasta 300 inmuebles que hoy están casi a pie de playa.

El susto de Francis ha sido mayúsculo, ya que junto con el kilómetro y medio de paseo marítimo cayeron chiringuitos, el agua tiró paredes y entró en viviendas de la urbanización Pueblo Andaluz, ha dejado al borde del hundimiento la ya de por sí insuficiente depuradora e incluso la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedió a evaluar la integridad de un edificio tras inundar el mar sus cimientos. El alcalde almonteño, Francisco Bella (del partido local llusiona), ha cifrado en más de nueve millones de euros los daños que ha sufrido Matalascañas.

“Se permitió construir más allá de lo razonable”

Para Luis Domínguez, responsable de Ecologistas en Acción en Huelva, lo ocurrido tiene una explicación sencilla, y no es otra que “se permitió construir más allá de lo razonable y luego no se corrigió”. Las soluciones que se plantean, subraya, sólo sirven para “ganar un poco de tiempo y gastar un montón de dinero público”, porque “el movimiento del mar es imparable”. Problemas similares se sufren en otros puntos del litoral onubense (El Portil, La Antilla...), por lo que la única salida que ve es ganar playa y para ello hace falta “recuperar esos espacios públicos” aplicando el deslinde del dominio público marítimo terrestre al que obliga la Ley de Costas.

La gran urbanización anexa a Doñana, en la que no viven más de 3.000 personas pero que los fines de semana de verano puede llegar a congregar hasta a 300.000, es una muestra más del urbanismo turístico explosivo que se desarrolló hace unas décadas en Andalucía y que hoy es muy difícil de revertir porque implicaría la destrucción de miles de viviendas. La propia Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente andaluza calcula una pérdida de entre cinco y 25 metros de playa seca en el litoral andaluz de aquí al año 2050, con la Costa del Sol malagueña como el tramo más afectado.

El responsable de estas previsiones del Gobierno andaluz es el cambio climático, algo en lo que coincide plenamente con el Ejecutivo central. Así lo ha señalado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a propósito de lo ocurrido en Matalascañas: “es necesario tener en cuenta que el mar va a ir ocupando cada vez más terreno hacia el interior”, por lo que “la mejor defensa que tenemos es la de recuperar las playas y las dunas”. Y esto, apostilla, “significa eliminar edificaciones e infraestructuras que en estos momentos suponen un serio riesgo para la estabilidad del borde litoral y como consecuencia también para la seguridad de los ciudadanos”.

El problema es que esto es una revolución que afecta en Andalucía a miles y miles de viviendas, lo que no le hace la más mínima gracia ni a sus propietarios ni a los municipios costeros. El alcalde almonteño, por ejemplo, ha defendido este miércoles que su localidad tiene 56 kilómetros de costa, desde Mazagón hasta la desembocadura del Guadalquivir, “y sólo tiene construidos cuatro kilómetros”, los de Matalascañas, que “tienen todos los beneplácitos de todo el mundo, de todos los ministerios, de todas las administraciones, a lo largo de todo el tiempo”.

Un parche de seis millones de euros

“Es algo que tendremos que asumir entre todos”, reivindica, y eso significa mucho dinero. La borrasca Francis ha destruido kilómetro y medio de paseo marítimo y ha afectado a más de medio centenar de inmuebles, “algunos de ellos de carácter colectivo” por lo que estaríamos hablando de miles de personas afectadas. El Gobierno central, mientras tanto, inició en diciembre el recrecimiento de nueve espigones de defensa y una reposición de arena que cuesta seis millones y que para el ayuntamiento almonteño ha llegado tarde, además de iniciarse en un punto que no era tan urgente.

La Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas, por su parte, tiene en el punto de mira al consistorio, al que no perdona que todo lo haya convertido en zona azul y al que reprocha un abandono que ejemplifica en que desde 2013 hay un informe que alerta de problemas en el paseo marítimo por falta de arena. Ambas partes coinciden en que lo ocurrido podría haberse evitado, como si se le pudieran poner puertas a la fuerza del Atlántico o al terreno dunar sobre el que se asienta el núcleo urbano.

“Ya no sirven las respuestas clásicas”

Ahora, Gobierno y ayuntamiento se han citado para el próximo 14 de enero para intentar buscar una “solución definitiva”, en palabras de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. Al margen del parche que se está haciendo ahora, se pretende hallar una salida que “no sea solamente paliativa” pero con una idea clara: “el mar va a seguir golpeando todo el litoral español”. Pero hay que “llegar a un acuerdo” que “tranquilice de una manera permanente y más estable a toda a la ciudadanía y al tejido empresarial” de Matalascañas.

Pero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insiste en que lo tiene claro: “El cambio climático obliga a modificar el modelo de litoral”. Tiene que ganar en resiliencia, capacidad de respuesta y seguridad, todo ello para adaptarse “a un proceso que es irreversible, que es la elevación del nivel del mar y el incremento de los fenómenos extremos”. “Ya no sirven las respuestas clásicas paliativas de aportar arena en las playas”, concluye.

Juan Pedro Castellano (Almonte, 1964) es uno de los cargos más veteranos del Gobierno andaluz. Va a cumplir 12 años como director del Parque Nacional de Doñana, lo que a su vez implica que es también el máximo responsable del Parque Natural, lo que en su conjunto se conoce como el Entorno Natural de Doñana. Ahora está enfrascado en intentar revertir el deslinde aprobado del dominio público marítimo-terrestre a la vez que se felicita de que 2025 por fin haya sido un buen año de lluvia. Eso sí, advierte de que “Doñana siempre va a tener amenazas, nunca vamos a resolver todos los problemas, como tampoco los del mundo”.

¿2025 ha sido por fin un buen año para Doñana después de tantos problemas?

Pues sí, porque desde 2010 no teníamos un año húmedo (que lloviese por encima de la media) y con una buena inundación de la marisma, y los datos de cría de aves son buenos. Esto ha permitido imágenes espectaculares de Doñana que parecen de principios de los 80, son como estampas antiguas. El campo es muy agradecido, y aunque en las zonas de arenas quedan temas de calado de largo plazo para proteger el acuífero, en la marisma la respuesta es mucho más rápida.

¿Cuántos años así serían necesarios para facilitar la recuperación del parque?

Necesitamos no sólo que llueva lo que antes era la media, sino también que en algunos años lo haga por encima de esa media. Si en la marisma y en las zonas de arenas se arreglan los problemas de consumo, soy optimista. Parte del estrés hídrico es por los usos del acuífero y el cambio climático, pero otros son propios del clima mediterráneo.

¿Esto puede dar una imagen engañosa de que ya se han solucionado los problemas de Doñana?

Son absurdos los dos extremos, plantearse que ya todo es fantástico o pensar que está en declive porque vengan años secos. Que 2025 haya sido un buen año por las lluvias no esconde que hay elementos para preocuparse, quedan retos y problemas por delante.

¿Y cuáles son esos retos?

Tenemos la cuestión permanente del agua, con la que siempre hay tensión con los usos para el regadío. Hablamos de un sector productivo importante que forma parte fundamental de la sociedad de la comarca, pero estamos avanzando para que el uso del agua sea sostenible para el parque y para los cultivos. Otra cuestión importante son las aguas superficiales, con obras de calado del Plan Doñana 2005 a las que se han sumado operaciones relevantes como la incorporación de zonas como Veta la Palma en 2023 y luego Tierras Bajas, que funcionan como colchón.

¿Con esto se encarrila lo que más preocupa en Doñana?

Bueno, lo anterior lo enlazo con un tercer elemento, que son los temas relacionados con el cambio global y climático, debemos tener capacidad de adaptación. Hay que tener en cuenta que las zonas de marisma son las más relevantes, pero otras transformadas como Veta la Palma o las de arrozal permiten sinergias importantes, en años secos o inviernos tardíos sirven de colchón. Junto a esto, y con la recuperación que ya se hizo del Caño Travieso, lo que faltaría con las aguas superficiales sería la recuperación del Guadiamar y de sus caños, algo que es prioritario y relevante. Así que no todo está resuelto, pero sí va bien encaminado.

El deslinde contiene deficiencias muy relevantes: las hay de desconocimiento sobre la caracterización ecológica, sobre la evolución geológica y morfológica de la marisma y sobre la propia historia de la gestión de parque

Pero los problemas parece que nunca se acaban, ¿no? Ahora está la cuestión del deslinde del dominio público marítimo terrestre que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que ha provocado la oposición masiva del Consejo de Participación de Doñana...

Ya hemos presentado el requerimiento previo a la vía contenciosa, estamos ante una cuestión a nuestro modo de ver sorprendente. El deslinde se inicia en 2023 y se puede entender que se cometan errores por técnicos que conocen poco Doñana, pero uno espera un ejercicio de lealtad enorme para mejorar luego los expedientes, tener influencia en el procedimiento. Por eso sorprende que no se atiendan consideraciones que se hacen que no son opiniones, porque es un deslinde que dice que la marisma no es de agua dulce y tiene deficiencias muy relevantes. Las hay de desconocimiento sobre la caracterización ecológica, que eso era fácil de arreglar, pero también sobre la evolución geológica y morfológica de la marisma y sobre la propia historia de la gestión de parque.

¿Qué significa este desconocimiento de la gestión?

Pues que hasta 2006 el parque lo gestionaba el Ministerio, que hasta 2015 estuvo haciendo actuaciones del Plan 2005 con las que había coincidencia en la interpretación de la marisma. Pero ahora el Ministerio interpreta que la marisma, si no fuese por las intervenciones humanas, sería inundable por efectos de las mareas, pese a que se ha aportado información técnica, científica y un seguimiento de los procesos naturales que confirma que eso no es correcto. Un ejemplo es la Montaña del Río, una estructura geomorfológica natural en la que el hombre ha intervenido para mantenerla porque se ha visto dañada por el propio río y los dragados, lo que les lleva a concluir que es una obra artificial. Es natural, y tan relevante que ha provocado que la marisma sea singular, de agua dulce, poco tiene que ver con otras del Golfo de Cádiz que sí son mareales. Todo esto es muy contradictorio.

Hay voces que denuncian que hay un interés político del Ministerio, que con este deslinde se garantiza el control directo de buena parte de Doñana. ¿Comparte esa visión?

Pero es que también afecta a territorio del propio Ministerio, fincas públicas que adquirió en su momento el Estado para el Parque Nacional, se gastó una millonada en comprar unos terrenos que con este deslinde podían haber sido públicos. Estas fincas se transfirieron en 2006 a la Junta, después de ser compradas. El deslinde afecta al 56% de todo el territorio que el Estado transfirió en 2006, pero es que en el caso de la provincia de Sevilla [el municipio de Aznalcázar] afecta a casi al 100%. En total, hablamos de entre 15.000 y 20.000 hectáreas.

¿Incluye los terrenos que compró la Junta de Andalucía hace poco y por los que pagó una importante cantidad?

Veta la Palma y Tierras Bajas se salvan porque están fuera, como estableció un deslinde razonable que ya se hizo hace años. Pero el de ahora está lleno de incongruencias, hasta la Estación Biológica de Doñana dice que se han usado sus datos pero se han interpretado mal, es que es abrumador. La Ley de Costas está para cumplirla y los deslindes son necesarios, pero insistimos en que las características no se dan y que los informes no son rigurosos. Es que hasta la propia Planificación Hidrológica del Guadalquivir identifica la marisma como agua dulce, ¿ahora van a tener que descalificar esas masas de agua? 

¿Confía en que haya una rectificación por parte del Ministerio?

El contenido básico del requerimiento que se ha hecho ya estaba en las alegaciones previas, pero no se pierde la esperanza.

El depósito de gas no está en el lugar más adecuado pero no es un problema acuciante, aunque tenga mucha repercusión

Otra cuestión pendiente es regresar a la Lista Verde, el prestigioso sello que se perdió en 2023, ¿cuándo se conseguirá?

El tema es complejo porque se están definiendo parámetros e indicadores que son de nueva incorporación, confiamos en pasarle la información en el primer trimestre del año que viene a la UICN [la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, uno de los organismos ambientales más prestigiosos del mundo]. Luego la UICN tiene que hacer una visita de control, así que confío en que por fin volvamos a la Lista Verde en 2026.

Dentro de los riesgos de Doñana tenemos también la gripe aviar y la peste porcina.

Con la peste porcina lo único que podemos hacer es estar alerta y pendientes de si hay incidencias cercanas, sobre todo con jabalíes. Y con la gripe aviar, después de años con poca agua, ahora que tenemos más estos son los problemas que lleva asociados: mayor mortandad, falta de oxígeno, cianobacterias… Tenemos recursos para medir la situación, pero esto está asociado a momentos de mucha reproducción de las aves y a la llegada tardía de agua. Ya teníamos un dispositivo de seguimiento, porque es algo que preocupa, sobre todo al final del periodo reproductor y de la llegada de aves invernantes. Lo que podemos hacer es vigilar y estar pendientes para por ejemplo retirar cualquier animal muerto, pero no somos una granja y estamos muy limitados.

¿Y el proyecto del depósito de gas le preocupa especialmente?

El proyecto autorizado está fuera del Parque Natural, nosotros no planteamos una evaluación al efecto de ese pozo, sólo tener en cuenta si sería necesario revisar la evaluación ambiental que se hizo porque tiene muchos años. No es el lugar más adecuado pero no es un problema acuciante, aunque tenga mucha repercusión.

Ahora se están revisando el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), ¿qué novedades van a traer para Doñana?

Se hará un cambio sustancial en 2026, lo que estamos haciendo ahora son modificaciones puntuales de asuntos que hemos identificado que dificultan la gestión, como las fechas para actuar en el campo o las omisiones que hay sobre las fotovoltaicas para autoconsumo. Otra cosa distinta es esa revisión profunda que ya toca, hay muchas cosas que queremos actualizar, como las prioridades de conservación para meter por ejemplo al milano real. Y también los programas de adaptación al cambio climático, para orientar más la gestión y aplicarlos en todos los ámbitos. En esto una referencia es lo que se hizo después del incendio de 2017, con nuevas visiones e ideas más allá de un proyecto de restauración clásico: qué paisajes reconstruir o cómo hacerlos más resistentes al cambio climático.

Por cierto, Javier Salcedo, coordinador del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía, dice que ya no cabe ni uno más en Doñana, ¿está de acuerdo?

Eso es así, de hecho la población de Doñana ya se llama Doñana-Aljarafe. Hace años su presencia estaba restringida a parte del Parque Nacional, pero ahora hay más linces fuera que dentro. Más que en la población de conjunto, trabajamos en qué puntos hay vacíos o se pueden hacer mejoras. Y en la medida en que salgan por los corredores hacia otros territorios, podrá haber más en Doñana.

¿El furtivismo sigue siendo un problema en Doñana?

Siempre hay alguna cosa, pero anecdótico. Fue uno de los problemas graves de Doñana hace años pero ahora no lo es, lo que pasa que algunas veces hay algo llamativo con ungulados o con aves, en función de la zona.

Con todo, la sensación al final es que siempre va a haber algo que amenace a Doñana...

Siempre necesitamos mejorar, esa es una reflexión general en todos los parques naturales. Ahora la situación es peor y mejor que hace 50 años, depende de la cuestión, pero Doñana tiene mucha gente mirando por ella, y el acuerdo entre las administraciones de hace dos años fue muy positivo y ha traído un ambiente de trabajo mucho más sensato. Doñana siempre va a tener amenazas, nunca vamos a resolver todos los problemas como tampoco los del mundo, siempre habrá un virus nuevo o algo. 

Los nueve pozos ilegales que fueron descubiertos en una finca de la Casa de Alba pueden haber causado daños al acuífero del que han estado sacando agua sin licencia, el Aljarafe Sur, pero no se puede asegurar de manera tajante que sean los únicos responsables del deterioro que experimenta esta masa subterránea. Así lo pone de manifiesto un nuevo informe, el segundo, en el que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) analiza a petición del juez el impacto de estas extracciones, y aunque es más crítico que el primero la conclusión es similar, porque ya entonces se concluyó que “no es posible concretar que el único causante” de los problemas sea esta batería de pozos.

La CHG es el organismo estatal que concede los derechos de agua, y tiene abiertos dos expedientes sancionadores a Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona sus tierras) por la vía administrativa, al margen de la causa penal que se sigue por un posible delito contra el medio ambiente. En su estudio, al que ha tenido acceso este periódico, añade que en el caso concurren agravantes, como la reincidencia –han sido sorprendidos ya dos veces en pleno uso– y que cuando ocurrieron los hechos se estaba en alerta por sequía.

Además de que la finca utiliza más captaciones de las autorizadas (tienen permiso para sólo dos pozos, uno para regar y otro para uso doméstico, y la Guardia Civil encontró 11 en total), el informe subraya que estas extracciones se han hecho “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua en Ia infraestructura de riego”. Todo ello en un acuífero que, aunque formalmente sigue calificado como en buen estado, presenta un “progresivo deterioro” que le ha llevado a “mínimos históricos” en una tendencia descendente desde 2011.

No se puede “atribuir a Aljóbar la exclusividad”

Además, cada vez tiene más dificultades para recuperarse tras las campañas de riego. De hecho, aunque en 2024 y 2025 ha llovido más que en la década anterior, el nivel piezométrico ha continuado bajando hasta 0,7 metros al año durante el último lustro. Así que a la pregunta del magistrado de si esta extracción de agua con pozos no autorizados ha podido causar daños sustanciales a la calidad del acuífero o perjudicar gravemente su equilibrio natural, “cabe concluir que es susceptible de ello; más si cabe cuando las extracciones se han producido sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional”.

¿Por qué entonces no se concluye de manera rotunda que estas captaciones sin licencia son las responsables de este deterioro? Pues porque a la hacienda en cuestión (Aljóbar, en término del municipio sevillano de Aznalcázar, puerta con puerta con Doñana) se la acusa de un exceso de extracciones, pero junto a ella hay otras fincas con permisos para extraer grandes cantidades de agua. “Queda patente Ia explotación intensiva de recursos subterráneos durante los últimos años” para la explotación con fines agrícolas, pero “no es posible concretar que el único causante haya sido la derivación de aguas en Aljóbar”.

Lo que puede certificar la CHG es que “la deriva de los niveles piezométricos en la masa de agua están asociados a las intensas explotaciones agrícolas de la zona” con derechos registrados, “sin que se pueda atribuir a Aljóbar la exclusividad”. Eso sí, se subraya que está más que constatado que la finca tenía “un mayor número de captaciones respecto a las autorizadas” y cuenta con una balsa de almacenamiento de grandes dimensiones, lo que le ha permitido acumular recursos.

Toma de declaración a dos guardias civiles

Los pozos, según la primera diligencia de la Guardia Civil, estaban ocultos en zonas de difícil localización y tapados con malla verde, lo que dificultaba hasta su detección por satélite. Casi todos tenían más de 30 metros de profundidad, alcanzando uno de ellos los 34,6 metros. Las extracciones, por cierto, tienen ya el aval técnico oficial para su regularización por parte de la propia Confederación del Guadalquivir, un proceso que se inició después de que en 2023 fueran pillados por primera vez en pleno uso.

El juez, en paralelo, ha aceptado parcialmente la petición de la defensa de Eurotécnica Agraria de tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil que, a solicitud de la Fiscalía, elaboraron un informe que concluía que las captaciones sin licencia habrían causado un daño ambiental que puede ser “irreversible”. Asimismo, cifraba en más de seis millones de euros el perjuicio generado.

El magistrado ha fijado el próximo 20 de febrero para esta toma de declaración, que se hará por videoconferencia al estar los dos guardias destinados en Madrid. Ambos son especialistas del Seprona, una licenciada en Ciencias Ambientales y otro doctor en Biología, aunque la defensa pedía también proceder de la misma manera con un cabo mayor que es especialista de la Guardia Civil en protección de la naturaleza.

Más de 270 científicos y científicas pertenecientes al CSIC, universidades y centros de investigación de toda España se han sumado al manifiesto, coordinado por WWF, para pedir a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que dé marcha atrás al deslinde aprobado para Doñana, que considera que las marismas son de agua salada y no dulce. En este sentido, los firmantes piden a Aagesen que “también escuche a la ciencia, suspenda el deslinde aprobado y constituya un comité científico-técnico independiente que elabore una nueva propuesta basada en el abundante conocimiento científico acumulado sobre Doñana”.

Según ha indicado WWF, el Ministerio, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha aprobado un nuevo deslinde que clasifica una parte sustancial del Parque Nacional de Doñana como marismas mareales. Según esta “interpretación errónea”, al menos dos tercios de la marisma del Parque Nacional dejarían de considerarse un humedal de agua dulce y pasarían a definirse como un espacio inundable diariamente por las aguas del estuario del Guadalquivir, lo que, a juicio de la organización, “supondría una grave amenaza para la integridad ecológica de Doñana”.

“Esta decisión contradice todos los estudios científicos desarrollados durante décadas que demuestran de forma inequívoca que sus marismas son humedales de agua dulce de origen pluvio-fluvial, esenciales para la biodiversidad de Europa y África”, han insistido. Por ello, el manifiesto aduce que “Doñana es, y debe seguir siendo, un humedal de agua dulce y su naturaleza no puede reinterpretarse contra la evidencia científica ni perderse por una decisión administrativa errónea”.

“Desconocimiento del funcionamiento de Doñana”

“Rechazamos de plano el deslinde que propone el Ministerio de Transición Ecológica, porque refleja un grave desconocimiento del funcionamiento ecológico de Doñana, da la espalda al abundante conocimiento científico y supone una grave amenaza para las últimas marismas de agua dulce reconocidas y protegidas a nivel internacional”, afirma el secretario general de WWF en España, Juan Carlos del Olmo.

Según el criterio de los más de 270 firmantes y de WWF, esta propuesta de deslinde “ignora la realidad física, ecológica e histórica de Doñana y podría tener consecuencias irreversibles: la pérdida de sus valiosos humedales de agua dulce y la alteración profunda de sus ecosistemas más valiosos, protegidos por la legislación nacional e internacional (Parque Nacional, Unesco, Ramsar, Red Natura 2000)”.

Por ello, la comunidad científica pide a la ministra Sara Aaegesen que suspenda el deslinde aprobado y que se constituya un comité científico-técnico independiente, formado por expertos de reconocido prestigio, que revise los criterios aplicados y “elabore una nueva propuesta de deslinde basada en el conocimiento científico acumulado sobre Doñana”.

WWF España, que ha denunciado esta situación en Bruselas, ha interpuesto recurso de reposición contra esta resolución de deslinde que la ministra para la Transición Ecológica debe fallar antes del 13 de diciembre. Además, el deslinde cuenta también con el rechazo mayoritario del Consejo de Participación de Doñana que informó negativamente sobre el mismo en una sesión extraordinaria celebrada el pasado 16 de octubre.

Hay consenso en que la marisma más pura de Doñana es la de Hinojos, el pequeño pueblo onubense de 4.000 habitantes que posee estas tierras desde que en 1253 se las cedió el rey Alfonso X. Este paisaje define la esencia y la idiosincrasia del municipio y de sus gentes, que ahora están levantadas y preparando sus armas (jurídicas) para enfrentarse al Estado, que acaba de aprobar un deslinde del dominio público marítimo que supone expropiarle esta zona al Ayuntamiento hinojero. Una batalla judicial –que se antoja larga y no exenta de intereses políticos como se ha visto esta semana en el Parlamento andaluz– que es la segunda en la que se embarcan contra el Gobierno central, al que ya le doblaron el pulso en 1961, en plena dictadura de Francisco Franco.

Hablamos de unas 8.500 hectáreas de marisma, que suponen alrededor del 25% del término municipal de Hinojos. La expropiación salvaguarda el carácter público de estos suelos, pero ahora bajo gestión directa del Ejecutivo central y no del municipio, como ocurre desde hace casi ocho siglos. El Consistorio hinojero tiene razones incluso sentimentales para oponerse a este deslinde, pero no es el único, ya que la mayoría de actores en Doñana rechaza una medida que implica quitarle a este paraje su consideración de marisma de agua dulce en contra de lo que afirman todos los estudios científicos desde hace décadas.

El grueso de este territorio es lo que se viene en llamar Marisma Gallega, que también se adentra en los términos de Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla). Pasa por ser el corazón en sí del parque, la Doñana más pura y que dentro de lo que cabe se ha conservado más inalterada con el transcurrir del tiempo. Es una gran extensión en la que sólo pueden pastar 850 cabezas de ganado, básicamente de razas autóctonas: yeguas marismeñas, vacas mostrencas y ovejas churras lebrijanas, estas últimas en serio riesgo de extinción.

Un primer asalto ganado

“Yo vivo por la marisma, es mi vida”, apunta Manuel Naranjo, de la Cooperativa Ganadera de Hinojos y exalcalde del pueblo por IU, que conoce como la palma de su mano unos campos que son montes de propios y que en su momento recibió estas tierras realengas por la ayuda que los lugareños prestaron a Alfonso X en la Batalla de los Padrones, que fue la llave para rendir a renglón seguido la plaza de Niebla. Poco antes, Hinojos se había integrado en el Reino de Sevilla, de cuyo Consistorio dependió hasta el siglo XIX.

El propio Naranjo recuerda que el pleito planteado ahora –el recurso contencioso-administrativo ya se ha presentado– es el segundo pulso que se le echa al Estado, después del que se le ganó en 1961. Aunque estas marismas son de la villa desde el siglo XIII, no fue hasta 1957 que el por entonces alcalde (Leonardo Mateo González) las inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre del pueblo, alegando como título material que pertenecía desde tiempo inmemorial a su Ayuntamiento.

En esas fechas, parte de las 10.800 hectáreas originales se fueron otorgando por el Estado a particulares para proyectos sobre todo encaminados a desecarlas y ganarlas para la producción agrícola. Una amenaza que por cierto resurgió a finales de los 70 con el Plan Almonte-Marismas, que pretendía crear 14.000 hectáreas de regadíos en la comarca.

De hecho, el Estado le expropió a Hinojos 1.817 hectáreas de su marisma en 1974, terrenos que ya se quedó aunque el proyecto no salió adelante. Pero el caso es que estamos a finales de los 50 y el Gobierno franquista reclama como estatales estas tierras, pleito que perdió porque ya se habían registrado como municipales y así lo ratificó en 1962 una segunda sentencia, en este caso de la Audiencia de Sevilla.

Perder de una manera o de otra

Ahora la cosa está más complicada, porque el Consistorio pleitea para defender que su marisma es pluvio-fluvial (de agua dulce) y no mareal, para así sortear este deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Pero aunque lo consiga, la ley obliga desde hace décadas a este procedimiento y, en todo caso, se procedería a un deslinde del dominio público hidráulico, lo que en la práctica al final también supondría que una buena cantidad de hectáreas dejasen de estar en manos municipales aunque preserven su carácter público. La previsión, no obstante, es que el bocado no sería tan brutal.

Contra el deslinde han recurrido hasta organismos estatales como la Estación Biológica de Doñana, la Junta de Andalucía también ha llevado la cuestión a los tribunales y el propio Consejo de Participación del espacio natural expresó de manera masiva su oposición al proyecto. El presidente de este organismo, Enrique Mateos, remitía recientemente una queja formal al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) porque la decisión se ha tomado sin la preceptiva consulta previa a este foro en el que están todos los actores del espacio natural.

A la decisión del Ejecutivo central también se opone el Ayuntamiento de Aznalcázar, gobernado por el PSOE, pero en el caso de Hinojos se unen el arraigado sentimiento de propiedad y la vinculación ancestral con el hecho de que la alcaldesa, Joaquina del Valle Ortega, es del PP y va al choque con el Gobierno central. Esto ayuda a que sea la más beligerante contra una decisión estatal que considera “aberrante y arbitraria”, además de un “agravio” a los andaluces frente a los catalanes.

¿Y cómo hemos llegado a este punto de que asome Cataluña por la marisma onubense? Pues porque el deslinde del Delta del Ebro también ha levantado su polvareda, lo que llevó al Miteco a dejar caducar el expediente al considerar que no había suficiente consenso. Hubo voces que reclamaron que se hiciera lo mismo en Doñana vista la casi unanimidad en su contra, pero el Gobierno decidió seguir adelante y lo oficializó en el BOE justo el día que el Consejo de Participación se reunía para abordar la cuestión. Aquello no ayudó precisamente a apaciguar los ánimos.

Coletazos políticos

Así que esta historia tiene una ramificación política que intenta capitalizar el PP, que ha presentado iniciativas en el Congreso, el Senado y el Parlamento andaluz reclamando que se anule la decisión. En Hinojos, donde el gobierno local impulsa una recogida de firmas, la oposición es rotunda, como demuestra que hasta los concejales del PSOE acudieron a la masiva manifestación convocada hace una semana para exigir que se revierta el deslinde, una protesta por cierto a la que acudieron numerosos dirigentes del PP.

“Generación tras generación, las familias de Hinojos han sabido convivir con la marisma, conociendo su ritmo, respetando sus ciclos y transmitiendo un modelo de aprovechamiento que no destruye, sino que conserva y fortalece”, defendía la alcaldesa en un reciente acto, haciendo gala de “la cultura marismeña que nos define”. “Es el único territorio virgen conservado desde hace ocho siglos”, apostillaba, mientras Manuel Naranjo incide en el enorme valor de este paraje porque “la marisma es riquísima, Doñana es agua y marisma”.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la propia Ley de Costas de 1988, que obliga a este deslinde, blinda en su artículo 13 que los titulares de los terrenos que se incorporen al dominio público marítimo-terrestre adquirirán un derecho de ocupación y aprovechamiento durante 75 años “respetando los usos y aprovechamientos existentes” y sin obligación de abonar canon. Es decir, que se blinda como mínimo durante este tiempo que las cosas seguirán como hasta ahora.

La decisión final está ahora en manos de los tribunales contencioso-administrativos y de los recursos presentados ante el propio Ministerio, que ha abierto la puerta a intentar calmar las aguas a la vez que recuerda que cerca del cien por cien de los deslindes que se han judicializado han sido confirmados luego por la Audiencia Nacional. Está por ver qué ocurre en esta segunda batalla entre Hinojos y el Estado por estas tierras, que en realidad es la tercera: cuando en el siglo XIX se crearon las actuales provincias, el término municipal hinojero (como el de Almonte) se repartió entre Huelva y Sevilla, adscribiéndose a esta última las zonas de marisma. Aquella batalla, al final, también la ganó Hinojos...