Agentes de la Guardia Civil fueron el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, a retirar el precinto judicial que impedía el uso de los pozos sin licencia inmersos en una causa judicial por un delito contra el medio ambiente que el juez ha archivado. Y se llevaron una buena sorpresa: las captaciones estaban otra vez a pleno funcionamiento desde hacía al menos dos meses tras romper la propiedad los sellos pese a que el juez no lo había autorizado, por lo que el instituto armado considera que se ha cometido un delito de quebrantamiento de una medida cautelar.

A la espera de qué ocurre con los recursos presentados, el magistrado dio carpetazo al caso el 10 de septiembre con un auto en el que también ordenó levantar la prohibición de uso de estos bombeos. Pero como la Casa de Alba ha conseguido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –el organismo estatal que da los permisos de riego– legalice los pozos tras un procedimiento administrativo que se inició con la causa judicial ya en marcha, consideró que ya estaba legitimada para usarlos y así procedió por su cuenta.

Los nueve pozos ilegales detectados en esta hacienda, en término del municipio sevillano de Aznalcázar y justo al lado de Doñana, han sido así sorprendidos por tercera vez funcionando sin autorización. La primera fue en 2023 y aquello dio lugar a una investigación judicial que se ha prolongado tres años, lo que conllevó también la prohibición de uso de estas extracciones. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían activarse, algo de lo que la Casa de Alba hizo caso omiso porque a los pocos meses (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento y “despilfarrando” agua.

“En pleno funcionamiento”

En el atestado –al que ha tenido acceso este periódico– con el que la Guardia Civil ha informado al magistrado de lo ocurrido se apunta, no sin ironía, que el 22 de septiembre “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado de la finca.

A los agentes los recibió también el apoderado de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba (su consejo de administración está integrado por los hermanos Martínez de Irujo, excepto el actual duque de Alba) que gestiona Aljóbar y otras fincas. Este apoderado es también el abogado que ha defendido a los dos acusados en este proceso finalmente archivado, la propia compañía y su administrador, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba.

La excusa que dio para justificar que los pozos estuviesen de nuevo en marcha es que el pasado mes de mayo recibió de la Confederación del Guadalquivir el visto bueno para cambiar el sistema de regadío de la finca con la consiguiente legalización de las captaciones, una opción (lo que se conoce como transformación de derechos de aguas privadas a públicas) recogida en la normativa de aguas. Esta resolución le daba tres meses para la instalación de contadores y puesta en marcha de las extracciones, a lo que se acoge la propiedad para actuar por su cuenta.

“Ya disponían de la autorización”

Eso sí, no notificó nada al respecto ni al juez ni a la Guardia Civil, todo ello meses antes de que se archivase la causa y se autorizase (desde ese momento sí) el desprecinto de los pozos. Según el atestado, el apoderado de Eurotécnica Agraria arguyó que “ya disponían de la autorización concedida”, “desoyendo las indicaciones vertidas” en el auto de enero de 2025 que ordenó la inutilización de estos bombeos.

La Guardia Civil recuerda que el apoderado “tiene conocimientos suficientes para conocer las consecuencias judiciales” de la decisión tomada, que a su juicio podría suponer “un ilícito penal de quebrantamiento de una medida cautelar” tal y como recoge el artículo 468 del Código Penal, que prevé por ello una pena de multa de 12 a 24 meses. Entiende que se han “desprecintado y colocado los elementos de extracción de agua en los pozos antes de que la autoridad judicial lo ordenase, hecho que ocurrió después”, con el auto del 10 de septiembre.

El atestado incide en que las instalaciones “se encontraban en pleno funcionamiento” y que “no se sabe la fecha veraz de la colocación de los contadores volumétricos”. Por ello, apunta que “se podrían haber estado produciendo captaciones de agua sin control alguno por parte del organismo de cuenca”, que es la propia Confederación del Guadalquivir.

Desde el 7 de agosto

Es más, el instituto armado solicita un informe a la Comisaría de Aguas de este organismo, para intentar delimitar con precisión las fechas. En su respuesta, se apunta que Eurotécnica Agraria recibió luz verde a su cambio de régimen de aguas el 12 de mayo, pero que no fue hasta el 7 de agosto que confirmó formalmente que había instalado los obligatorios contadores.

La Casa de Alba considera que la existencia de sus pozos ilegales supone una “mera infracción administrativa”, argumento que –en contra del criterio de la Fiscalía– ha admitido el juez, que ha descartado la existencia de un delito ambiental. La Confederación del Guadalquivir tiene abierto en paralelo un proceso de sanción administrativa por estos hechos, aunque ahora el magistrado debe considerar si al final sí imputa un delito a la propiedad, en este caso por quebrantamiento de medidas cautelares.

La Fiscalía considera que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La investigación de la Guardia Civil, por su parte, calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Doñana es un espacio tan grande y tan diverso que siempre hay lugar para que, en paralelo, se produzcan buenas y malas noticias. El pasado 30 de septiembre acabó un año hidrológico que en el parque nacional se puede definir de “razonable” en cuanto a lluvias y “bueno” en lo que respecta a la cría de aves, pero las cosas se han complicado con un verano que como quien dice todavía se hace sentir. Esto se ha traducido en un septiembre con récord histórico de temperaturas, lo que tiene a la vegetación del parque “en pausa” y con una elevada mortalidad.

Este es el balance que hace el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, que alerta de que son señales de un “cambio de patrón” fruto de los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. Esto propicia “un verano larguísimo” y unas “altísimas temperaturas”, y como muestra valga el botón de que 13 de los 25 días más calurosos del pasado estío se vivieron en septiembre, con récord el 3 de ese mes y sus 42,2 grados.

“En septiembre se han batido todos los récords de temperatura histórica”, apostilla, y toda la primera mitad de octubre también ha tenido registros elevados. Esto propicia que la vegetación en Doñana esté “en pausa” y lo que es peor, “se observa una mortalidad importante en muchas zonas”.

“Un patrón de cambio”

“Hay un patrón de cambio que se está observando en muchos años consecutivos”, prosigue su análisis, y que “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto no solo ocurre en Doñana, advierte, ya que es algo evidente “en muchos más sitios”, lo cual “genera incertidumbre desde el punto de vista del funcionamiento de los ecosistemas”.

Y eso que el año hidrológico ha sido “bastante razonable” desde el punto de vista de la marisma y de las poblaciones de aves, tras unas lluvias invernales que permitieron una inundación importante y propiciaron “un buen año de reproducción”. La abundancia de agua ha permitido, además, que la laguna más grande, Santa Olalla, no se haya secado por segundo año consecutivo, aunque ha entrado en octubre con un aspecto no precisamente exuberante.

La conclusión es que el verano “se está volviendo muy difícil en el día a día” y eso “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto provoca “cambios muy importantes” que no solo sacuden a este enclave natural, sino que “nos están afectando a nosotros también como país, tanto en la agricultura como en los servicios”. En este sentido, resalta “que no hay que olvidar que España ”es dependiente del turismo“, aunque aquí Doñana funciona como una oportunidad: ”Es un buen lugar para hacer un seguimiento muy fino y que podamos adelantarnos y adaptarnos“

La cuestión del acuífero

Junto a ello, y a la hora de hacer balance del año hidrológico, apunta a otro problema recurrente en el parque como es la situación del acuífero, “que está pendiente de recuperarse”. Este proceso es mucho más lento, porque el último informe técnico (referido al ejercicio 2024/25) evidenció que el año con más agua en una década –con precipitaciones un 123% por encima de la media– no logró una mejora significativa. “Una recuperación del acuífero requiere no un año aislado, sino un nuevo periodo húmedo”, apuntaba al respecto el análisis de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Tanto es así, que en julio volvió a repetirse lo que ya se ha convertido en un ritual: la Unesco alertó de que Doñana podría entrar en su lista negra de patrimonio en peligro si no se rehabilita esta masa de agua subterránea clave para la vida del parque. El último paso para caminar en esta recuperación se ha dado esta misma semana, con la publicación por fin de las ayudas para los agricultores que dejen de cultivar en el parque y, así, disminuir las extracciones.

Hablamos de 407 hectáreas, y el cálculo oficial es que esto permitiría reducir en 1,8 hectómetros cúbicos anuales el consumo de agua para riego en la zona. El Ministerio para la Transición Ecológica define este dato como “muy significativo” si se tiene en cuenta que el volumen de agua que ahora se extrae de manera ilegal es de casi 1,5 hectómetros cúbicos al año. WWF, en cambio, eleva esta cifra hasta 13,34 hectómetros, ya que calcula que todavía hay unas 3.330 hectáreas de cultivos irregulares.

Para el profano, una torre de flujo suena a algo de ciencia ficción, si se apura con toques incluso de Regreso al futuro y su histórico condensador. La realidad es más prosaica porque hablamos de estaciones meteorológicas, eso sí, de alta resolución, y eso les permite recabar cascadas de datos. En Doñana hay cuatro, cazan remolinos de viento que –literalmente– permiten saber cómo respira el parque y ahora el portal con toda esta información se ha abierto para que cualquier ciudadano pueda asomarse a ella.

Las infraestructuras se llaman formalmente torres de flujo de covarianza de remolinos, han ido entrando en servicio en los últimos años y lo que permiten es conocer los intercambios de energía, carbono y agua entre Doñana y la atmósfera. ¿Y por qué lo de los remolinos? Pues porque el aire se mezcla en ellos sobrevolando la vegetación y de ahí se extraen todos estos datos, que detallan por ejemplo cómo afecta a los ecosistemas el cambio climático con sus altas temperaturas y su falta de agua.

Esto permite radiografiar la respiración de Doñana, entendida como si la vegetación está capturando carbono de la atmósfera o al revés, está emitiéndolo. Un ejemplo: las fuertes lluvias de la primavera de 2025 fueron un alivio enorme y permitieron una elevada absorción de carbono, pero en este 2026 las cosas no han ido tan bien y ha ocurrido incluso al contrario en verano, el ecosistema llegó a emitir más dióxido de carbono (CO₂) del que absorbía. Esto supone que la masa verde deja de crecer por falta de agua.

“Infraestructuras muy delicadas”

Los datos de las torres los gestiona la ICTS-Doñana (Infraestructura Científica y Técnica Singular), dependiente de la Estación Biológica de Doñana y que se presenta como el mayor laboratorio de campo de Europa, con nada menos que 10.000 hectáreas en la Reserva Biológica de Doñana. Como esto es tan grande y tan variado, hay cuatro torres de flujo en otros tantos ecosistemas: marisma estacional, espacio forestal (sabinar) y dos en zonas de matorral, una seca y otra húmeda.

Además de monitorear el estado del parque, instalaciones de este tipo son muy útiles para la agricultura de precisión, ya que detectan cuándo la vegetación deja de transpirar por la falta de agua asociada a una sequía. “Son infraestructuras muy delicadas y con muchos sensores”, explica el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, que detalla que su mantenimiento es tan complejo que “es más importante que funcionen bien a poner más”.

Esto ahora es una realidad gracias a fondos estatales, de ahí que el propio Revilla confiese que “uno de los grandes retos es mantenerlas en el tiempo” porque son “infraestructuras caras” que requieren un personal especializado. Y, admite, “no es nada sencillo conseguir recursos” en un contexto de competencia con otros organismos investigadores.

Sistema adelantado de alerta

La importancia de Doñana no radica sólo en su enorme valor ambiental, sino que funciona como una especie de laboratorio avanzado de cuestiones que están por venir, como todas las vinculadas con el cambio climático. Aquí se documentan antes unos impactos que acabarán llegando a todos lados, es una especie de sistema de alerta adelantado en el tiempo, por no hablar de que “no podemos proteger lo que no medimos de forma continua”, en palabras de Pedro Gómez, investigador de la ICTS-Doñana.

Los datos que aportan las torres de flujo ayudan a mejorar la gestión y el seguimiento del espacio natural, convirtiéndose en una “referencia fundamental” para refrendar modelos ecohidrológicos y observaciones por satélite. Toda esta información está ahora abierta al público y se suma así a otros cinco portales de datos de Doñana, que permiten conocer décadas de investigación con datos sobre temperaturas, precipitaciones e incluso los censos históricos de aves acuáticas.

Las esperadas ayudas a los agricultores que dejen de cultivar en el entorno de Doñana ya tienen adjudicatarios. La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal de Doñana, que reducirán la presión que los cultivos ejercen sobre el acuífero. Casi todos los terrenos beneficiados tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos y ahora se dejarán por unos propietarios que han calificado de “insuficiente” este primer paso.

La propuesta inicial incluye 66 solicitudes preseleccionadas, de las 118 que presentaron la documentación requerida en plazo, y sus actuaciones abarcarán una superficie de actuación total de 407,14 hectáreas y 28,5 millones de euros. A éstas, se suman otras once solicitudes que quedan incluidas en la lista de reserva. Tras esta primera convocatoria, ya se trabaja en una segunda y se ha anunciado hasta una tercera para atender el grueso de las propuestas que se presenten.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, forman parte del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España para su recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de su entorno. Persiguen un doble objetivo: reducir la presión sobre los ecosistemas, en especial la demanda de agua sobre el acuífero, y acompañar al sector agrario en su transición hacia un modelo sostenible y adaptado al territorio. En los próximos meses se pondrán en marcha, además, ayudas al cultivo de secano y a la producción ecológica.

Según la dotación máxima de riego para la fresa y otras berries contempladas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la renaturalización de estas 407 hectáreas “permitiría reducir el consumo de agua para riego en la zona en 1,8 hectómetros cúbicos anuales”. “Un ahorro muy significativo si se tiene en cuenta que el volumen estimado de agua que se estaría detrayendo del acuífero de Doñana de forma irregular en la actualidad es de casi 1,5 hectómetros cúbicos/año”, han señalado desde el Ministerio.

Hasta 100.000 euros

Estas subvenciones son la piedra angular del pacto por Doñana, después de que el Gobierno decidiera no comprar terrenos pero sí pagar hasta 70.000 euros por hectárea (7.000 al año durante una década) a los agricultores que dejen de cultivar y reviertan los suelos a forestal durante al menos 30 años. En el caso de la Corona Norte, epicentro de la polémica ley de regadíos que impulsaban PP y Vox y que se paralizó con este acuerdo político, esta cantidad se eleva hasta los 100.000 euros al complementarla la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000).

Por localidades, en esta primera remesa de beneficiados Lucena del Puerto reúne 33 propuestas (100,92 hectáreas), casi todas de concesionarios de derechos de canon (31 beneficiarios y 96,19 hectáreas). Almonte suma 14 solicitudes y 226,07 hectáreas; seis de ellas, con 19,28 hectáreas, corresponden a concesionarios. Completan el reparto Bonares (13 solicitudes, 30,62 hectáreas), Rociana del Condado (cuatro solicitudes, 42,88 hectáreas), Moguer (2,23 hectáreas) y una solicitud compartida entre Bonares y Lucena del Puerto (4,72 hectáreas).

Además, más de la mitad de las solicitudes afectan a menos de tres hectáreas, y prácticamente todas se sitúan en terrenos que tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos. De ellas, 43 corresponden a personas físicas y 23 a personas jurídicas. Además, 51 solicitudes incluyen 76,62 hectáreas en la Zona A, de carácter forestal, del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad); y nueve prevén renaturalizar 5,84 hectáreasde corredores ecológicos del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.

Convocatoria “muy innovadora”

Se trata, según han remarcado desde el Ministerio, de una convocatoria “muy innovadora”, la primera de estas características, y su gestión administrativa ha conllevado “una gran complejidad en su tramitación”, ya que el proceso ha supuesto “no solo una revisión administrativa y técnica y su correspondiente fase de subsanación”, sino también “la apertura de un trámite de audiencia adicional para que determinados solicitantes pudieran certificar sus derechos de canon sobre las superficies a renaturalizar”.

Además, el análisis ha abarcado más de 500 referencias catastrales y ha exigido varias fases de revisión. La resolución es provisional. Se abre ahora un plazo de diez días hábiles de alegaciones. Según las bases reguladoras, los solicitantes tienen que estar al corriente de cualquier sanción firme en materia de agua, medioambiente y urbanismo. El cumplimiento de estos requisitos deberá documentarse en esta segunda fase.

Los agricultores la ven “insuficiente”

Una vez conocida esta propuesta de resolución provisional, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado la ha considerado “insuficiente”, ya que “alrededor del 75% de la superficie presentada a través de la organización ha quedado fuera de esta primera resolución”. Así, en una nota han señalado que, “de las aproximadamente 1.200 hectáreas tramitadas por asociados de la plataforma, algo más de 300 habrían resultado inicialmente beneficiarias, mientras que el resto continúa pendiente de una solución”.

“Estamos analizando expediente por expediente, pero los primeros datos nos dicen que esta convocatoria se queda muy lejos de resolver el problema para el que se plantearon estas ayudas”, ha explicado el portavoz de la plataforma, Manuel Mora. Para la plataforma, uno de los principales problemas ha sido “la complejidad administrativa” de la convocatoria y la “dificultad” que han encontrado los agricultores para interpretar algunos de sus requisitos.

Mora ha señalado que “se han quedado fuera muchos expedientes por cuestiones documentales y requisitos muy concretos que los solicitantes no tenían suficientemente claros cuando se abrió la convocatoria”. Entre ellos, la Plataforma cita casos relacionados con la documentación aportada para acreditar determinadas obligaciones registrales o societarias.

Críticas a los plazos

Por ello, la principal petición de la plataforma es que las siguientes convocatorias “mantengan los criterios, la forma de puntuación y el ámbito territorial de los cinco municipios incluidos en esta primera línea”, de forma que los agricultores que ahora conocen los requisitos puedan presentar “correctamente” sus proyectos.

La plataforma también lamenta los plazos con los que se está ejecutando el acuerdo alcanzado para el entorno de Doñana. “El pacto se firmó a finales de 2023 y la primera convocatoria de ayudas a los agricultores se encuentra todavía, en octubre de 2026, en fase de propuesta de resolución provisional”, señala.

“Han pasado casi tres años desde el acuerdo y los agricultores seguimos esperando que la solución llegue realmente al territorio. Nos preocupa volver a ser los últimos en las prioridades del Pacto de Doñana”, ha asegurado el portavoz.

La Casa de Alba admite que tenía varios pozos sin licencia (hasta nueve) en su finca de Aljóbar, a las puertas de Doñana, pero insiste en que no extrajeron más agua de la que tiene autorizada la propiedad y que nadie ha podido demostrar lo contrario, básicamente porque carecían de los obligatorios contadores. Esto, unido a que considera que ningún informe técnico ha acreditado “peligro grave” para el medio ambiente, le lleva a concluir que en ningún caso se ha cometido un delito ambiental y que, como mucho, hablamos de una “infracción administrativa” por no tener regularizados los bombeos.

Éstas son las tesis con las que la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona estas tierras en Aznalcázar (Sevilla), reitera que no hay nada más que investigar en este caso. De esta manera, se opone a los recursos que han presentado la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa decretado hace un mes por el juez.

El escrito de Eurotécnica Agraria afea la petición de la Fiscalía de que sea en un juicio donde se analice si ha habido perjuicio o no al medio ambiente, y le reprocha al Ministerio Público que “desconoce que el juicio oral no puede convertirse en una investigación prospectiva” para determinar si hubo riesgo grave al entorno. “La instrucción ya ha demostrado la ausencia de base técnico-científica suficiente” sobre esta cuestión, apostilla.

En cambio, en su recurso la Fiscalía repite que se cometió un delito ambiental porque se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y en plena prealerta por sequía. En sus informes, la Guardia Civil cifra que la propiedad extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Informes sin “fiabilidad”

En cambio, la defensa argumenta en su nuevo escrito que “no basta la mera infracción administrativa” para imputar un delito, y que el Código Penal establece que para ello es necesario que las captaciones “causen o puedan causar daños sustanciales”. Por ello, abunda en que para entrar en el terreno de lo delictivo se “exige algo más que la mera infracción de la normativa de aguas” que habría cometido Eurotécnica Agraria con sus extracciones.

“La mera existencia de pozos no autorizados y la infracción” de la Ley de Aguas no presuponen la existencia de un delito ambiental, sostiene el escrito. Para ello, habría que demostrar que se han dado las circunstancias “idóneas” para “originar un riesgo grave” para el acuífero (Aljarafe Sur) o para causar “daños sustanciales” a la calidad de las aguas, especies o hábitats.

La única forma de demostrar esto es con informes técnicos de una “mínima solidez pericial, inexistente en el presente caso”. De hecho, recuerda que la Guardia Civil hizo correcciones en sus análisis, lo que “merman su credibilidad y afectan a su robustez metodológica”, lo que le lleva a afirmar que “no alcanzan el umbral mínimo de fiabilidad”.

Legalización de las extracciones

La Casa de Alba insiste en que no se ha regado más superficie de la permitida, “sin que se haya podido determinar si se ha extraído más agua de la autorizada”. A esto suma que la administración hidráulica (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) reconoce como bueno el estado del acuífero, además de que no ha podido determinar que el progresivo descenso de su nivel sea responsabilidad “exclusiva” de Aljóbar porque hay otras fincas cercanas.

Por último, vuelve a agarrarse al otro gran argumento junto al de la falta de contadores, y es el cambio del régimen de regadío en la hacienda (transformación de derechos de aguas privadas a públicas) “por la que se legalizan la totalidad de las extracciones existentes”. Esta opción es un derecho que la normativa de aguas concede a la propiedad y que no evita posibles sanciones administrativas por irregularidades anteriores, pero se esgrime que “de apreciarse un impacto negativo” no se habría autorizado.

Eurotécnica Agraria, por cierto, presentó este proyecto a las pocas semanas de que empezara la investigación judicial en 2023, cuando ya había sido sorprendida con los pozos ilegales en uso por primera vez, ya que un año después volvió a usarlos. Con todo, la defensa lo que hace es repetir buena parte de los argumentos y razonamientos que han llevado al juez a dar carpetazo a la causa, de ahí que solicite que se reafirme el archivo del caso.

“Existen indicios suficientes de haberse perpetrado delito contra el medio ambiente”. Ésta es la conclusión en la que insiste la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los nueve pozos sin licencia de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, y en ello basa el recurso de reforma que ha presentado para “revocar” el archivo de la causa decretado por el juez instructor. El escrito ha sido admitido a trámite, al igual que la petición en el mismo sentido de Ecologistas en Acción.

El Ministerio Público incide en la tesis, basada en los informes de la Guardia Civil, de que se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, además “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y cuando el acuífero del que extraía (Aljarafe Sur) estaba en prealerta por sequía. Y basa su argumento en la cuestión principal de que la legalización de estos pozos el pasado mes de mayo “no elimina el delito contra el medio ambiente que ya se hubiera consumado”, ya que según el instituto armado las extracciones venían produciéndose desde hacía más de una década cuando fueron descubiertas en 2023.

Apunta así la fiscal contra una de las principales conclusiones del magistrado, el permiso que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal encargado de conceder los derechos de riego) dio a la propiedad para lo que técnicamente se conoce como transmutación de derechos de aguas privadas a concesión de aguas públicas. Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona la finca y que controlan los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, inició esta maniobra para cambiar el sistema de riego –un derecho recogido en la Ley de Aguas– al poco tiempo de que empezara la investigación judicial.

“Aptitud potencial para un perjuicio grave”

La causa se inició en octubre de 2023, tras las denuncias por riego sin permiso, lo que llevó a la clausura de los pozos, un precinto que el juez decidió levantar y que provocó que meses después fueran sorprendidos una segunda vez bombeando sin licencia. La autorización dada por la CHG fue esgrimida por el juez en su auto de archivo como un elemento exculpatorio: si se ha permitido la “legalización”, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”.

La Fiscalía insiste en los indicios de delito “sin perjuicio de que con posterioridad puede haberse autorizado” esta transmutación de derechos. En este sentido, insiste en que esta “legalización posterior” no implica que se cometiera un delito contra el medio ambiente durante más de una década. A su juicio, estamos antes un “delito de peligro hipotético”, y que, por lo tanto, “basta con acreditar que la extracción clandestina e incontrolada tuvo aptitud potencial para causar un perjuicio grave al recurso hídrico legalmente protegido”.

Por eso, reitera que las licencias ahora concedidas que regularizan las extracciones “no tienen efectos retroactivos que anulen a previa conducta delictiva”. “En todo caso”, apostilla, “se mantendría la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público” por la actividad de estos pozos.

Que se dirima en un juicio oral

Un “uso ilícito del agua” que, mantiene, permitió un “beneficio indirecto” de 5,1 millones de euros a Eurotécnica Agraria, a lo que suma que la cuantificación económica del daño ambiental ocasionado oscilaría entre 732.000 euros y 1,1 millones. Y aunque admite que hay dos informes de la CHG que alertan de daños al acuífero pero que no pueden concluir que sea por la acción “exclusiva” de los pozos de la Casa de Alba, sí da por certificadas numerosas irregularidades en Aljóbar: más captaciones de las autorizadas, sin contadores de agua –circunstancia que ha jugado a su favor–, sin régimen de explotación, sin saber si se han sacado más recursos de los permitidos...

Con todos estos elementos, la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla considera que, con la base de los informes periciales ya emitidos, es en un juicio donde hay que dirimir “si ha existido o no un objetivo y grave peligro para el bien jurídico protegido”. Por ello, solicita revocar el auto de archivo y que se empiecen a dar los pasos procesales para que se celebre un juicio oral.

Lo que se ha demostrado sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y para contribuir a un daño sustancial”. Ésta es una de las afirmaciones que hace Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, en el recurso por el que solicita revocar el archivo del caso decretado por el juez instructor, al que reprocha que ha dejado de lado la investigación de la Guardia Civil para quedarse con la versión de la propiedad, que al final hasta se beneficia de una ilegalidad tan básica como la ausencia de contadores de agua en estos puntos de extracción.

La organización ecologista considera que es necesaria (y posible) una reconstrucción hidrogeológica que determine si se cometió un delito contra el medio ambiente con estas captaciones sin licencia. En este sentido, apunta en su escrito que “la falta de contadores fue una circunstancia de la explotación, no una razón jurídica para declarar imposible” esta prueba, con la que “puede reconstruirse” cuántos recursos se extrajeron y qué efecto tuvo esto en el entorno.

“Lo que no resulta admisible es que la ausencia del medio de control exigible [los contadores] beneficie probatoriamente a quien debía instalarlo”, continúa, y es que el juez esgrime la ausencia de este elemento obligatorio para argumentar que no se puede saber el volumen de agua extraído y, por tanto, no puede concluirse que haya delito ambiental. En este sentido, también lamenta que el instructor “opta por una de las lecturas técnicas enfrentadas y descarta la restante”, eligiendo así el informe que presentó la Casa de Alba por delante de los firmados por los expertos de la Guardia Civil.

“Hipótesis delictiva fundada”

En su recurso, Ecologistas en Acción considera que en el auto de archivo “atribuye alcance exculpatorio a informes administrativos que no lo tienen”, en relación con las actuaciones desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal responsable de los derechos de agua. Y aunque admite que la investigación de la Guardia Civil puede tener “límites metodológicos”, insiste en que “permanece una hipótesis delictiva objetivamente fundada”.

El instituto armado cifra el daño ambiental en hasta 1,1 millones de euros, además de que la empresa Eurotécnica Agraria (integrada por los hermanos del duque de Alba y que se encarga de gestionar varias de las fincas familiares) habría obtenido un beneficio económico de 5,1 millones de euros por el “uso ilícito del agua”. En la finca Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar y pegada a Doñana, fueron localizados nueve pozos sin licencia, sorprendidos en dos ocasiones en plena actividad.

Tras casi tres años de instrucción, el magistrado ha concluido que nada demuestra que se haya cometido un delito ambiental como el que imputaba la Fiscalía. Para la acusación particular, se pueden discutir aspectos de la investigación de la Guardia Civil, pero “lo que no cabe es negar la existencia de una conclusión técnica incriminatoria”, ya que se plantea una “hipótesis de riesgo relevante” que el juez no tiene en cuenta.

“Explotación abusiva”

Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias: había nueve pozos ilegales, funcionaban sin contadores, “existían pérdidas visibles de agua en las conducciones” –la Confederación llegó a definir la situación como de “despilfarro”– y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida. El recurso también alude a que se hace referencia “a una explotación abusiva” y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que “no prueban por sí solos el delito” pero son “incompatibles” con que el juez los haya esgrimido como “acreditación positiva de ausencia de riesgo”.

A todo lo anterior hay que unir que se ha constatado un descenso en el nivel del acuífero del que bombean agua los pozos, el Aljarafe Sur, oficialmente declarado en buen estado aunque en los últimos años se ha constatado un creciente deterioro del que –según la Confederación– no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen de aquí. Para la acusación particular, la valoración conjunta de todos estos elementos “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y apta para contribuir a un daño sustancial”.

El magistrado que ha instruido la causa también basa el archivo en que la propia Confederación ha dado permiso a la Casa de Alba para cambiar el régimen de riego, lo que conlleva la legalización de sus pozos. Esto le lleva a deducir que, si se ha permitido esta regularización (que se puso en marcha al poco tiempo de ser descubiertos e iniciarse la investigación judicial), “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo”.

Una reconstrucción hidrogeológica neutral

Para los ecologistas, el visto bueno que ha recibido este proyecto “valora la compatibilidad futura” en base a los permisos de riego que tiene Eurotécnica Agraria. En cambio, “no acredita el caudal efectivamente detraído en años anteriores, no convalida retroactivamente el uso de pozos no incluidos en el título y no equivale a una declaración de inocuidad de la forma en que se explotaron” durante once años, según los cálculos de la Guardia Civil, y además en plena época de sequía.

Por ello, el recurso insiste en la necesidad de que peritos neutrales lleven a cabo una reconstrucción hidrogeológica de lo que ha ocurrido en Aljóbar para saber el volumen de agua que se extrajo “con el margen de incertidumbre que corresponda”. Esta operación la considera técnicamente viable, una petición que “no pretende prolongar indiscriminadamente la causa, sino cerrar de manera neutral la única controversia que el auto considera decisiva”. Para ello, concluye, habría que analizar datos como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones hídricas, las características y potencia de las bombas y los consumos eléctricos.

Una ilegalidad que permite escaparse de un posible delito. Esta rocambolesca situación es una de las claves que ha permitido a la Casa de Alba esquivar el banquillo, después de que el juez haya archivado la causa por sus pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, pese a admitir que existen. Hablamos de la ausencia del obligatorio contador de agua (una de las irregularidades asociadas a las nueve captaciones sin permiso localizadas por la Guardia Civil), que ha llevado al magistrado a concluir que al no existir es imposible saber cuántos recursos se han sacado sin permiso. Y como no se sabe esta cuantía, no puede acreditarse que haya delito contra el medio ambiente.

El de los contadores es uno, pero no el único elemento que esgrime el instructor en el auto en el que motiva su decisión de archivar el procedimiento por unas captaciones sin licencia a las puertas de Doñana. Hay otros dos factores importantes: el instructor se ha basado en informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la CHG, el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) que no eran concluyentes, mientras que en paralelo ha dejado de lado estudios de la Guardia Civil demoledores para la Casa de Alba.

Lo de los contadores de los pozos es una pintoresca pescadilla que se muerde la cola, un argumento que ya esgrimió la propia defensa durante la instrucción: si no hay medidores de volumen, no se puede demostrar si se ha sacado más agua de la permitida o no. Lo chocante es que, entre otras cuestiones, es ilegal precisamente por la falta de estos contadores. La empresa Eurotécnica Agraria, que gestionan los Martínez de Irujo para llevar esta hacienda y otras de la familia, ha insistido en todo el proceso en que nunca ha extraído más recursos de los que tiene concedidos, y que no había nadie que pudiese demostrar lo contrario.

“No puede concluirse” un delito

El juez es de la misma opinión, y como no hay contador, pues es imposible determinar la existencia o no de un delito ambiental. “Ni los pozos autorizados ni los no autorizados cuentan con contadores volumétricos”, esgrime, lo que lleva a tener que hacer “cálculos de estimación” de las posibles extracciones de agua no autorizadas. Esto, unido a informes de la CHG no concluyentes sobre el daño al acuífero, le lleva a afirmar que “no puede concluirse, ni de manera indiciaria”, la existencia de hecho penal.

¿Y cuáles son estos informes y decisiones de la CHG que han jugado a favor de la Casa de Alba? Porque aquí hay otra paradoja, y es que fue la propia Confederación la que más ha batallado en este caso junto a la Fiscalía, pero los pasos que ha ido dando en paralelo le han venido bien a la defensa. En concreto, a petición del propio juez hizo dos análisis sobre la situación del acuífero Aljarafe Sur, del que bombean los pozos, y ambos llegaron a la misma conclusión: estas aguas subterráneas presentan cada vez peor estado, pero no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen en esta zona.

La otra decisión sí ha sido más controvertida, y es que en pleno proceso judicial ha permitido que la Casa de Alba iniciara el proceso de regularización de estos pozos para un cambio de régimen de riego. El paso –un derecho recogido en la Ley de Aguas– lo dio Eurotécnica Agraria al poco tiempo de que empezara la investigación judicial y cristalizó el pasado mayo en el correspondiente permiso oficial, lo que reforzó a la defensa para a renglón seguido reclamar el archivo de la causa.

“No parece” que hayan causado daño

Finalmente, este proceso ha sido esgrimido por el juez como un elemento exculpatorio. Si la Comisaría de Aguas ha procedido a la “legalización” de estos pozos, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”, que en el actual Plan Hidrológico está catalogado como en buen estado. “No se cuenta con informe técnico que pueda determinar que esas extracciones, por sí mismas, hayan alterado o puedan alterar el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave para el mismo”, concluye.

Pero el caso es que sí había informes que apuntaban en esta dirección, y han sido los elaborados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han sido muy contundentes en este sentido. Así lo apuntaron dos estudios elaborados por el instituto armado a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, y así lo ratificaron después las agentes en su declaración como testigos ante el magistrado.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, ascendería a 1,1 millones de euros. 

Sorprendidos dos veces funcionando

Al final, y en la práctica, el juez ha considerado estos análisis un informe de parte que viene a equipararse con el contrainforme que hizo la Casa de Alba para apuntalar su versión, anulándose el uno al otro. La defensa, de hecho, llegó a esgrimir que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero, ya que al aumentar los puntos de extracción se evita tener que ahondar a más profundidad que si el agua se obtiene de una sola captación.

El magistrado no ha llegado ni a entrar por lo tanto en el que era el principal argumento de la propiedad, que no había sacado más agua de la autorizada. Tampoco ha considerado agravante que los pozos fueran clausurados, se desprecintaran por orden judicial y fueran sorprendidos una segunda vez en pleno uso, con la investigación del Juzgado ya en marcha. Y asimismo no ha tenido en cuenta que durante varios de los años en los que habrían sucedido los hechos se sufrieron graves episodios de sequía, lo que agrava la cuestión, antes al contrario: esgrime que las últimas lluvias, tiempo después de lo ocurrido, han mejorado la situación de estas aguas subterráneas.

En última instancia, el magistrado concluye que nadie ha podido acreditar ni siquiera la posibilidad de que estos pozos hayan supuesto un riesgo para el medio ambiente. De hecho, considera que en realidad estamos ante una cuestión administrativa (la falta de licencia de unas captaciones) que acabó en la vía penal por la mala reacción inicial que tuvo la Casa de Alba, que cuando fueron a precintar los pozos impidió el acceso a la Guardia Civil y a la Comisaría de Aguas. Ahora, archivada la vía judicial, se reactiva la causa administrativa que ya inició la CHG y que puede derivar en una sanción que, llegado el caso, será infinitamente menor a la que habría llegado de la mano del Código Penal.

Carpetazo judicial al caso de los nueve pozos ilegales descubiertos en una finca de la Casa de Alba, con los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal que generaron un “beneficio ilegal” de cinco millones de euros. El magistrado encargado de una investigación que se ha prolongado durante casi tres años señala que estas extracciones carecen de licencia, pero que en todo caso esa es una cuestión administrativa y la acusación no ha podido demostrar que se haya producido un delito contra el medio ambiente.

En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso este periódico, el instructor subraya que las diligencias que se han practicado “generan importantes dudas” y, por lo tanto, “no permiten acreditar” que estas captaciones hayan podido dañar el acuífero Aljarafe Sur, del que la propia autoridad del agua (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un organismo estatal) admite que su estado es bueno. Así las cosas, acuerda el sobreseimiento y el archivo de la causa, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente en base a informes de la Guardia Civil.

La sentencia no es definitiva todavía, ya que las partes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de reforma en tres días. A continuación, se abre también la puerta del recurso de apelación en un caso en el que se ha investigado el impacto ambiental de unas captaciones sin registrar que fueron clausuradas y sorprendidas una segunda vez de nuevo en uso en pleno proceso judicial.

Lo administrativo se convirtió en penal

La finca en la que fueron localizados estos pozos, Aljóbar, se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio llevó a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona esta hacienda y varias más de la familia.

En su auto, adelantado por Diario de Sevilla, el magistrado expone que en Aljóbar se detectaron estos pozos sin autorización y sin contadores volumétricos, lo que llevó a la Comisaría de Aguas (dependiente de la Confederación) a decretar su precinto. “A partir de aquí, es fácil constatar que la negativa de la propiedad de esa finca a dejar entrar a la autoridad” para ejecutar esta medida lleva a la propia Confederación a trasladar el expediente a la Fiscalía, “judicializando lo que en principio parecía ser una infracción administrativa y a llevar a seguir una causa penal” por daños al medio ambiente “aún sin informes de impacto medioambiental”.

El juez recuerda que el Código Penal refleja penas de entre seis meses y dos años de prisión en los casos ambientales, un tipo de delito del que resalta su “complejidad”. Así lo considera ante las dificultades para determinar “qué se entiende por daños sustanciales o perjuicios graves” a elementos naturales o al ecosistema.

Falta de base “científica o técnica”

En el caso de Aljóbar, apunta que la supuesta gravedad de lo ocurrido “carece de una base verdaderamente científica o técnica sobre la que fundamentar la continuación del procedimiento y su enjuiciamiento”. En este sentido, da por hecho que el delito que imputaba la Fiscalía “no puede ser presumido ni automáticamente deducido” de la extracción de agua con pozos sin licencia, que en sí misma es sólo una infracción administrativa.

En la misma línea, apostilla que “no basta la transgresión” de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente para imputar un delito penal, que sólo es aplicable en base a la gravedad de la amenaza para el entorno. “Ese riesgo no puede presumirse”, concluye, a la luz de los informes técnicos emitidos a petición de la acusación pública o del propio instructor.

“Con los informes técnicos recabados en estas actuaciones, no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esa finca (...) hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat”. En definitiva, que estamos ante unas extracciones de agua sin licencia “sin que pueda considerarse que hayan podido causar un riesgo grave para el medio ambiente”.

El Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han advertido de que el deterioro continuado del acuífero de Doñana podría generar las condiciones para que este espacio sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si su declive no se revierte mediante la aplicación “rápida y eficaz” de medidas de conservación.

Así figura en el informe sobre el estado de conservación del Parque Nacional de Doñana, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la propuesta de decisión que será examinada por el Comité del Patrimonio Mundial durante su 48ª sesión, que se celebra entre el 19 y el 29 de julio en Busán, en Corea del Sur. El documento reconoce los esfuerzos realizados por España, pero considera que el ritmo de recuperación ecológica continúa siendo insuficiente ante la urgencia y la persistencia de las presiones que afectan al espacio protegido.

En concreto, el organismo internacional señala que tres de las cinco masas de agua subterránea de Doñana siguen presentando un mal estado cuantitativo debido a la sobreexplotación, pese a las actuaciones impulsadas por las administraciones. Esta situación evidencia, según el informe, que todavía no se han alcanzado los objetivos de conseguir unas extracciones sostenibles y revertir el declive del acuífero.

Más de 1.200 pozos regularizados

La Unesco valora los avances en la gobernanza del agua, la ampliación de los sistemas de seguimiento hidrológico, el uso de herramientas de teledetección y control digital, la modernización del Registro de Aguas y las actuaciones contra las captaciones ilegales.

El informe señala que, desde 2019, un total de 1.214 pozos han sido objeto de cierre, precintado, regularización o procedimientos jurídicos relacionados, de los cuales 155 corresponden al periodo transcurrido desde el anterior informe.

También destaca la puesta en funcionamiento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de Marismas-La Rocina y Almonte, así como la aprobación en julio de 2025 del programa de actuación de La Rocina, que contempla una reducción del 15% de las extracciones. Sin embargo, los programas correspondientes a las otras dos masas de agua declaradas en riesgo siguen pendientes de aprobación.

El Comité reclama a España que finalice y aplique estos programas, los integre en el conjunto de la planificación hidrológica y demuestre avances medibles en la reducción de las extracciones de agua subterránea.

Medidas de protección pendientes

Igualmente, considera positivo que la gestión de la finca de Veta la Palma, adquirida por el Estado en 2023, esté orientada a la conservación de la biodiversidad y a reforzar la capacidad de adaptación de Doñana frente al cambio climático.

Por el contrario, el documento muestra preocupación porque todavía no se ha concluido el modelo ecohidrológico solicitado por el Comité, una herramienta considerada necesaria para determinar la relación entre la hidrología y la ecología, y definir las necesidades de agua que permitan mantener el valor universal excepcional de Doñana.

El informe lamenta además el retraso en la aprobación del Programa de Adaptación al Cambio Climático, cuya finalización está prevista durante 2026, y reclama que incluya objetivos definidos, medidas concretas y compromisos cuantificables de reducción del consumo de agua.

En materia de biodiversidad, la Unesco toma nota de la recuperación de los sistemas dependientes del agua y del incremento de las poblaciones de aves invernantes durante los dos últimos inviernos. No obstante, señala que existe una tendencia descendente a largo plazo y pide que se investiguen sus causas, enter ellas los cambios hidrológicos, la degradación de los hábitats y las posibles alteraciones de los patrones migratorios por el cambio climático.

Fecha límite: febrero de 2027

El documento concluye que la interacción acumulada entre la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el cambio climático, la degradación de los hábitats, la intensificación agrícola y otras presiones continúa suponiendo un “riesgo significativo” para la integridad y la resiliencia de Doñana a largo plazo.

Por ello, reitera que deben aplicarse íntegramente y con carácter urgente las recomendaciones de la misión de seguimiento realizada en 2020. En caso de que no se revierta el deterioro del acuífero Almonte-Marismas, la degradación podría provocar impactos significativos sobre el valor universal excepcional del espacio y abrir la puerta a su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

La propuesta de resolución pide al Gobierno de España que remita antes del 1 de febrero de 2027 un nuevo informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y la aplicación de las medidas reclamadas, que será examinado durante la 49ª sesión del Comité.

Preocupación por la mina de Aznalcóllar y el deslinde

La Unesco también ha lamentado que España no haya atendido todavía su petición de realizar una evaluación específica sobre los posibles efectos del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar sobre el Valor Universal Excepcional de Doñana.

Aunque las autoridades españolas han remitido documentación correspondiente al procedimiento de autorización, el organismo sostiene que no se ha presentado la evaluación de impacto ambiental completa con un análisis específico de los posibles efectos del proyecto sobre el espacio protegido.

En particular, solicita que se analicen los eventuales impactos de los vertidos mineros sobre la calidad de las aguas y que toda la documentación sea remitida al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión por la UICN antes de que se adopten decisiones que puedan resultar difíciles de revertir.

Respecto al deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el informe recoge las explicaciones del Estado, que sostiene que el procedimiento pretende reconocer formalmente la extensión ya existente del dominio público y no establecer un nuevo régimen jurídico.

No obstante, el organismo internacional mantiene su preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo sobre la gestión hidrológica y ecológica del espacio, por lo que exige que cualquier interpretación, planificación o aplicación futura del deslinde sea plenamente compatible con la protección de los valores de Doñana.

WWF exige medidas “concretas y medibles”

Ante las conclusiones del documento, WWF ha reclamado a las administraciones que aceleren la aplicación de medidas urgentes para recuperar el acuífero y evitar el colapso ecológico de Doñana, al considerar que muchas de las actuaciones previstas acumulan retrasos que, en algunos casos, alcanzan una década. La organización ecologista sostiene que las extracciones continúan en niveles “insostenibles” y están poniendo en grave riesgo los ecosistemas que dependen del acuífero.

La ONG asegura que actualmente se extrae del acuífero más agua de la que se recarga, con un índice de explotación del 109%, por lo que pide un programa integral de actuaciones para gestionar las cinco masas de agua subterránea y aumentar su resiliencia frente al cambio climático.

También rechaza que, tras un año de lluvias excepcionales, se haya elevado temporalmente del 85% al 100% el volumen autorizado de las extracciones en La Rocina, al considerar que esta decisión no contribuye a la recuperación del acuífero ni reduce su vulnerabilidad.

En relación con Aznalcóllar, WWF ha reclamado una moratoria a la reapertura de la mina y la creación de un comité independiente de expertos que analice de manera conjunta sus posibles efectos ecológicos, socioeconómicos y sobre la seguridad de las poblaciones del entorno.

Por último, WWF ha pedido al Gobierno que suspenda el actual procedimiento de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre y constituya un comité científico-técnico independiente para revisar los criterios utilizados y elaborar una nueva propuesta basada en el conocimiento científico acumulado sobre Doñana.

En la costa de Huelva un curioso visitante puede sorprenderse gratamente al dar con una joya geológica muy original del litoral onubense. Situado entre los municipios de Mazagón y Matalascañas, el Acantilado del Asperillo se erige como una suerte de guardián de arena frente al océano Atlántico. Este espacio natural, perteneciente al término municipal de Almonte, se integra plenamente dentro del privilegiado entorno del Espacio Natural de Doñana. Su presencia no solo define el paisaje local, sino que representa una de las formaciones costeras más singulares de toda la península. Y es que con una extensión de casi doce hectáreas, este monumento natural ofrece una perspectiva impresionante de la evolución de nuestra tierra.

El origen de esta imponente estructura se remonta a miles de años atrás, fruto de un proceso de sedimentación constante y paciente. El acantilado está compuesto principalmente por un sistema de dunas fósiles que se han ido consolidando a lo largo de los siglos. Los materiales más antiguos que conforman sus paredes se estima que tienen una edad que ronda los 15 mil años. Se trata de un acantilado arenoso formado por la acumulación de arenas de origen eólico y aluvial mezcladas con materia orgánica, con capas sucesivas que fueron depositándose en diferentes épocas geológicas creando una estratificación que hoy es visible para el ojo humano.

Posteriormente, las potentes fuerzas de la tierra elevaron estos sedimentos más de cien metros, dando lugar a la estructura vertical que hoy se puede observar. Conocido localmente bajo el nombre de “cabezos”, el Asperillo destaca por ser considerado por algunos expertos como el acantilado de dunas fósiles más alto de todo el continente. En algunos puntos, el terreno se eleva de forma abrupta alcanzando alturas que superan incluso los cien metros de elevación sobre el terreno. Esta magnitud geomorfológica le ha valido el reconocimiento oficial como Monumento Natural de Andalucía desde finales del año 2001. La estructura se extiende longitudinalmente a lo largo de la costa, creando una barrera natural de características ecológicas verdaderamente excepcionales.

Su fisonomía cambia constantemente debido a la acción persistente del oleaje y la fuerza del viento que azota la costa de Huelva. Las dunas litorales semiestables que lo forman son un ejemplo perfecto de la dinámica sedimentaria en los entornos de alta energía. Posee una superficie protegida de casi doce hectáreas que garantizan la conservación de su singular estructura original. La belleza visual del Acantilado del Asperillo reside precisa y principalmente en la paleta cromática que exhiben sus paredes erosionadas por el viento. Desde la playa, es posible deleitarse con una variedad de tonalidades que van desde el naranja intenso hasta el negro más profundo. Estas variaciones de color se deben a la presencia de materiales estratificados, como el óxido de hierro y la materia orgánica. Los tonos ocres, blancos y negros se mezclan en caprichosas ondulaciones y formas geométricas que parecen esculpidas por una mano artística.

La erosión ha creado asimismo numerosas cárcavas y hendiduras que interrumpen la verticalidad del muro, otorgándole un aspecto muy rugoso. En ciertos puntos, incluso afloran pequeños manantiales de agua dulce conocidos como “chorritos”, donde crece vegetación de zonas húmedas. El contraste entre la arena dorada de la playa y los colores vivos del acantilado bajo la luz solar es inolvidable. Es un espectáculo natural donde la geología se muestra en todo su esplendor, revelando la gran riqueza del litoral.

Flora y fauna

En cuanto a la vida vegetal, el acantilado presenta un contraste marcado entre su perfil vertical y la zona superior de su cima. Las duras condiciones de salinidad y la acusada pendiente hacen que la vegetación sea prácticamente nula en las paredes del cabezo. Sin embargo, en la parte alta, asentadas firmemente sobre las arenas, aparecen comunidades vegetales muy bien adaptadas a este entorno. Destaca especialmente el pino piñonero de repoblación, cuyas raíces juegan un papel crucial al fijar el sustrato arenoso del terreno costero. Estos árboles impiden el avance de las dunas hacia el interior, estabilizando un ecosistema que de otro modo sería móvil. Junto a los pinos, conviven especies de matorral mediterráneo como las aulagas, los enebros, las sabinas y las perlas de las camarinas. También se pueden encontrar ejemplares de romero, cantueso y jaguarzo que perfuman el ambiente con sus aromas típicos del sur.

La importancia ecológica de este paraje se extiende también a la fauna, albergando especies que se encuentran actualmente bajo amenaza de extinción. El entorno del Asperillo es un santuario para el lince ibérico, el felino más amenazado, que encuentra aquí un hábitat ideal. Entre las arenas y el matorral también habita la tortuga mora, otra especie protegida que requiere de una conservación constante. No es raro encontrar rastros de la víbora hocicuda o del meloncillo, que se desplazan sigilosamente por las zonas de matorral. Este mosaico de paisajes permite que convivan una amplia variedad de animales que dependen de la salud de este ecosistema. Además, la situación estratégica de Doñana convierte a esta zona en un lugar de paso e invernada vital para aves migratorias.

El reconocimiento legal del Acantilado del Asperillo como Monumento Natural fue un hito histórico. Esta figura de protección asegura que sus características geológicas y ecológicas se mantengan preservadas frente a posibles agresiones del entorno. Su gestión está integrada dentro de las políticas de conservación del Espacio Natural de Doñana, lo que refuerza su gran valor. A pesar de los retos ambientales, como el gran incendio forestal ocurrido hace algunos años, se han realizado esfuerzos por su recuperación. El respeto por el entorno es una prioridad absoluta para las autoridades encargadas de velar por este tesoro de la provincia, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la majestuosidad de estas dunas.

La marisma llena de agua, pero con un alto riesgo de que el fuego haga acto de presencia. Así afronta Doñana la temporada de verano, que ha arrancado con buenos datos de reproducción de aves y con bastante más recursos hídricos que en ejercicios anteriores, aunque con “riesgo elevado de incendios por las temperaturas y por la vegetación abundante por un invierno lluvioso”.

Así lo ha señalado el director de la Estación Biológica de Doñana-ITCS, Eloy Revilla, que ha apuntado que la época estival en Doñana comenzó el 1 de junio y “no coincide con el verano físico”. Eso sí, ha resaltado que está finalizando la campaña de reproducción de las aves acuáticas, sobre todo las garzas, que ha calificado de “buena temporada”, ya que “hay pajareras en múltiples lugares en Doñana”, algo que es “una buena noticia para Doñana”.

Asimismo, ha apuntado a que “la marisma se ha inundado, igual que el año pasado”, por lo que “aún hay agua”, por lo que “esa parte de Doñana se está recuperando, igual que la vegetación”. “La otra parte, que es la que depende del acuífero, eso va mucho más despacio, apenas se ha recuperado desde los mínimos al finalizar el periodo de sequía anterior. Estamos en un proceso en el que se está mejorando la gobernanza de la gestión del acuífero en el sentido de que se están cerrando explotaciones ilegales, se está haciendo un cambio en el uso del suelo, que es un proceso a medio y largo plazo”.

Al respecto, ha subrayado que “hay que reducir la demanda, además de llover”, ya que “la recuperación de un acuífero es un proceso de medio plazo, no es una cosa que ocurra de un día para otro”. “Por lo tanto, en las lagunas ha llovido y se ha cogido un poco de agua, pero enseguida esa agua ha bajado para abajo al acuífero”

Alto riesgo de incendio

Por otro lado, el director de la Estación Biológica de Doñana ha indicado que las temperaturas están siendo “muy altas, hay vegetación porque ha llovido este invierno”, por ello, “el riesgo de incendio es elevado”.

En cuanto, al incendio de mayo que se originó en la finca de Marismillas, Revilla ha explicado que se ha quemado “un componente de vegetación asociado a pinar de pino piñonero, matorral y pastizal”. “Es fundamentalmente lo que se ha quemado”, aunque ha insistido en que es “pronto” para “hacer una evaluación de cómo va a ir recuperándose”.

“Lo que sí que sabemos es que el fuego ha sido de intensidad media y baja, lo cual es bueno porque todavía quedaba humedad en la vegetación de cara a la intensidad de ese incendio. Se pudo controlar de una manera relativamente afortunada, porque era una zona con relativamente alta densidad de pinos, no se movió hacia el sur”, ha resaltado al respecto.

Portales web con datos hidrometeorológicos

Eloy Revilla ha hecho estas valoraciones durante la presentación de dos nuevos portales web con datos hidrometeorológicos en Doñana de acceso abierto para la consulta pública, de la ICTS-Doñana Infraestructura Científica y Técnica Singular dependiente de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. El primero, Hidromet, se centra en el seguimiento de la hidrología y meteorología de la marisma del Parque Nacional de Doñana. Por su parte, Meteo Palacio proporciona acceso a una de las series meteorológicas históricas más extensas del espacio protegido, con registros continuos desde 1978.

Ambas plataformas ponen a disposición de la comunidad científica, los gestores, los medios de comunicación y la ciudadanía información ambiental de alta resolución, fundamental para el conocimiento del funcionamiento ecológico del humedal y su respuesta al cambio global. “Disponer de datos abiertos y detallados ayuda a conocer mejor los ecosistemas de Doñana y a seguir su evolución ante los cambios ambientales”. Además, “facilita tanto el trabajo de investigación como el acceso de la sociedad a esta información”, ha señalado el desarrollador del portal web del Equipo de Datos y Metadatos de la ICTS-Doñana, Eduardo Escobar.

En concreto, el portal de Hidromet integra datos obtenidos a través de una red de estaciones automáticas distribuidas en la Reserva Biológica de Doñana que registran variables clave como temperatura, precipitación, radiación solar, viento, humedad o nivel del agua. Con una resolución temporal de apenas cinco minutos, estos registros permiten analizar con gran detalle los procesos hidrológicos y climáticos que determinan la dinámica de uno de los sistemas naturales más valiosos de Europa.

Acceso abierto a los datos

Esta plataforma se complementa con Meteo Palacio, otro portal web que da acceso a la serie histórica de la estación meteorológica del Palacio de Doñana, con más de 45 años de registros continuos desde 1978. Esta es la serie de larga duración más completa de Doñana y su entorno, con datos de temperatura y precipitación recogidos mediante observación manual sistemática. “Constituye un recurso excepcional para analizar tendencias climáticas a largo plazo en el espacio protegido”.

Además de su utilidad científica, estos portales web proporcionan una fuente de información objetiva y actualizada para el seguimiento de fenómenos de interés público como el estado de inundación de la marisma en cualquier momento del año, episodios de sequía, inundaciones, olas de calor o cambios en los patrones de precipitación. Así, el acceso abierto a estos datos contribuye a mejorar la divulgación ambiental sobre el espacio protegido y acerca a la ciudadanía el conocimiento sobre una de las reservas de la biosfera de la Unesco.

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.

El 24 de junio de 2017 Doñana sufrió el incendio más grave en décadas, con más de 8.000 hectáreas calcinadas. Nueve años después, el proceso judicial sobre este siniestro en Las Peñuelas, en el municipio onubense de Moguer, sigue sin avances desde que en mayo de 2024 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer dictara un auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra tres personas investigadas.

Según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, a fecha de junio de 2026 continúa sin darse traslado a ninguna de las partes personadas en el procedimiento –las dos acusaciones particulares de los afectados y la Fiscalía– de la copia de las actuaciones para poder realizar la calificación del delito y presentar sus escritos de acusación.

Las mismas fuentes señalan que se trata de una gran causa que bloquea un juzgado “pequeño” como el de Moguer, y consideran que “lo más adecuado” hubiera sido que la instrucción se realizara desde la Audiencia Provincial de Huelva. Asimismo, señalan que aunque por el retraso en el inicio del juicio se pudiera dar la atenuante de dilaciones indebidas, se trata de un delito que no prescribe.

Los afectados, “cansados” y “tristes”

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Afectados por el Incendio de Las Peñuelas, Ángel Ruiz, ha señalado que “son ya nueve años” sin que la causa avance y se celebre el juicio, por lo que se muestran “cansados” y “tristes” porque no han recibido “ni ayudas ni justicia” tras tanto tiempo. En este sentido, critican que “ni siquiera se declaró la zona catastrófica” cuando “ardieron miles de hectáreas del entorno de Doñana” y afectó “a muchos vecinos de Mazagón” y del camping Doñana.

A pesar de ello, asegura que seguirán “peleando” y lamenta que el retraso de este juicio conlleva asimismo el de la demanda contra el Gobierno y la Junta de Andalucía –que también está personada en la causa penal– por responsabilidad civil, al considerar que son “responsables” de que las inspecciones a la carbonera “no se hicieran bien”, así como de la “falta de limpieza en la zona” que “provocó que el fuego se extendiera”.

En el auto emitido el 30 de mayo de 2024 el juez acordaba la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra las tres personas investigadas, vinculadas a una empresa carbonera, como presuntas responsables de un delito de incendio forestal por “imprudencia grave”. De paso, subrayaba que, “de todas las diligencias de instrucción practicadas en la presente causa”, se desprendía “la existencia de datos que ofrecen indicios de la comisión” de dicho delito.

La carbonera, en el punto de mira

En este sentido, el instructor indicaba en el auto que la investigación practicada arrojaba indiciariamente, y “sin perjuicio de lo que posteriormente se acredite ante el órgano encargado del enjuiciamiento”, que dicha entidad carbonera, ubicada en el paraje Las Peñuelas de Moguer, y de la que es administrador único uno de los investigados, se venía dedicando a la elaboración de carbón vegetal. Para ello obtuvo la autorización para la puesta en marcha de su actividad el 18 de junio de 2002, cuando se le autorizó el funcionamiento “exclusivamente” de tres hornos para la obtención de carbón vegetal.

“Sin embargo, contaba con diez hornos y el 20 de febrero de 2017 solicitó la construcción de dos hornos de carbón en una zona distinta al lugar donde se encontraban los hornos originarios”, proseguía el juez, que añadía que, para autorizar la construcción de los referidos hornos, el Ayuntamiento le requirió para que presentara autorización de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. “Autorización que nunca presentó”, por lo que “no se le autorizó la construcción de los nuevos hornos”, pero, “pese a ello, se construyeron”.

La carbonera contaba con resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se les autorizaba el uso de fuego en hornos de carbón o piconeras, resolución de fecha 16 de enero de 2017 por la que la autorización estaría en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. Para ello se le imponían como obligaciones realizar cortafuegos perimetral alrededor de cada horno o piconera con eliminación completa de la vegetación, o mantener vigilancia durante los periodos de combustión.

Además, se autorizaba la operación de hornos de carbón o piconeras los días y horas en las que las circunstancias meteorológicas garantizasen que no se produjeran daños a la vegetación circundante y que el fuego no se extendiese fuera de la parcela de quema autorizada ni el viento soplase hacia viviendas próximas.

“No se cumplían” las obligaciones

No obstante, el juez consideró que estas obligaciones “no se cumplían el día de los hechos”, y precisaba que la construcción de los hornos 11 y 12 la llevó a cabo una empresa de la que es administrador único otro de los investigados, quien se ocupaba “de facto” de la producción del carbón y era “su máximo responsable” por debajo del anterior investigado.

El juez agregaba en el auto que el día 24 de junio de 2017 el tercero de los investigados, que era trabajador de la carbonera, “siguiendo las órdenes e instrucciones de los otros dos investigados, encendió ese día sobre las 17.30 horas al menos el horno número 12”. “Tras encender el fuego, tuvo el horno abierto unos minutos”, tras lo que abandonó las instalaciones de la empresa sobre las 20 horas, “dejándola sin personal alguno” y sin vigilancia.

Esto, según recoge el auto, “pese a las condiciones meteorológicas extremadamente adversas de ese día, con temperaturas que superaron los 39 grados centígrados, vientos fuertes y escasa humedad relativa, la carbonera continuó con su actividad”.

Según el juez, ello provocó que se originara un incendio sobre las 20.20 horas “por la acción de alguna/s partícula/s de carbón vegetal incandescente de tamaño/s indeterminado/s procedentes de la actividad desplegada” por la empresa carbonera, “con suficiente entidad y potencia calorífica”. “Al entrar en contacto con la vegetación que se asienta en alguna parte del talud perimetral que separa la fábrica de la masa forestal por el arrastre del fuerte viento dominante, prendió la misma”.

“Se propagó con rapidez”

De este modo, según el auto, el incendio “fue en progresión de menos a más desde el área de inicio hacia la masa forestal” y “se propagó con rapidez, adquiriendo una gran virulencia” y originándose multitud de focos secundarios que fueron adquiriendo “un gran tamaño en cuestión de minutos”.

El auto recuerda además que el incendio obligó al desalojo de un camping de Mazagón, de un hotel y de una urbanización, entre otros, así como obligó a liberar los linces que se encontraban en un centro de recuperación, uno de los cuales falleció. El siniestro afectó a una superficie de 8.468 hectáreas –en los términos municipales de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera–, de las cuales 7.546,1148 eran forestales y unas 957,1844 no forestales (parte Espacio Natural Protegido).

El juez asevera que el incendio “provocó un grave daño ecológico que tardará años en recuperarse” y daños en viviendas, vehículos, caravanas e instalaciones turísticas, obligando al desalojo de unas 2.500 personas. A esto se añade que, dentro del espacio natural de Doñana, el incendio “causó un grave daño ambiental en la zona costera” que va desde Mazagón hasta la zona de la Duna del Asperillo.

El fuego quedó extinguido a las 13.30 horas del día 4 de julio de 2017 gracias a la actuación de 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) y de la Unidad Militar de Emergencia.

Lo que la ley protege, la ley también lo condena. Ésta es la “paradoja de conservación” que se está llevando por delante al piruétano, un árbol de pequeño porte más conocido como peral silvestre, que está en peligro de extinción en la mismísima Doñana pese a que la ordenación protege el suelo sobre el que se asienta. El problema es que, en paralelo, también blinda a los herbívoros que son su principal depredador, lo que unido al mal estado del acuífero y a los años de sequía lo aboca a la desaparición.

Así lo pone de manifiesto una investigación liderada por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y publicada en Biological Conservation, que alerta del “declive generalizado” de esta especie en la zona “a pesar de la estricta protección que brinda el Parque Nacional”. De hecho, el estudio tiene un título más que significativo: Peras silvestres en peligro: ¿garantiza la protección de los parques nacionales la conservación de los árboles?

La respuesta es que no del todo, porque si bien la ley evita el cambio de uso de suelo, lo que blinda al árbol, “también ejerce una sobreprotección de los herbívoros que se alimentan” del mismo. De ahí que el piruétano ( endémico de la Península Ibérica y el norte de África) esté en una especie de bucle, una “paradoja de conservación” a resultas de la cual ahora mismo no es que le vayan muy bien las cosas.

“Escenario demográfico preocupante”

Los investigadores tomaron como referencia cinco poblaciones de peral silvestre en la zona, dos en el propio Parque Nacional y tres fuera (Rocina, Hato Ratón e Hinojos). En estas últimas, los ejemplares más jóvenes no sobreviven mucho por la desecación y el laboreo agrícola, mientras que en el interior de Doñana son los herbívoros los que dan buena cuenta de ellos. En general, las tasas de supervivencia son muy bajas.

El análisis plantea un panorama nada halagüeño para esta especie, “un escenario demográfico preocupante” en Doñana según la Estación Biológica. Por lo pronto, los ungulados (básicamente, ciervos y jabalíes) no sólo devoran al piruétano en sus inicios –cuando es una plántula o un plantón–, sino que encima destruyen buena parte de los frutos que producen, lo que a su vez reduce “de manera drástica” el número de semillas disponibles para su dispersión.

Esta última tarea la complica el declive de zorros y tejones en la zona, ya que son los principales dispersores de semillas. Por si todo lo anterior no fuese poco, resulta que la población de ciervos no deja de crecer, cuestión en la que tiene mucho que ver la “extinción local” de depredadores naturales como el lobo.

Al factor animal se unen otros elementos externos, como la “sobreexplotación” de las aguas subterráneas (que tiene en muy malas condiciones el acuífero que bombea vida al parque) y la “severidad” de las sequías estivales en los últimos años, algo que no tiene pinta de revertir a cuenta de los efectos de un cambio climático que cada vez se sienten más. Todo ello unido “agrava severamente el fracaso regenerativo” del peral silvestre en este espacio natural.

Reevaluar su estado en la Lista Roja

Así que ni la protección que ofrece un parque nacional puede ser suficiente para garantizar la supervivencia de una especie, por mucho que su función principal sea precisamente preservar la biodiversidad. “Sus prácticas de gestión pueden generar, inadvertidamente, efectos contrastados en diferentes componentes del ecosistema”, apunta al respecto José María Fedriani, investigador de la Estación Biológica y uno de los firmantes del estudio.

¿Y cómo se le puede dar la vuelta a esta situación para preservar el piruétano? Pues con cuestiones muy primarias: es “crucial” garantizar un “uso sostenible” del agua subterránea, controlar las altas densidades de ungulados (o restaurar el equilibrio depredador-presa) y mantener poblaciones sanas de dispersores de semillas. De hecho, la situación actual es tan negativa que los investigadores abogan por una “reevaluación” del estado de conservación de la especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), etiquetado como “preocupación menor”.

Los hallazgos en Doñana, apuntan, llevan a la conclusión de que esta calificación “puede subestimar la vulnerabilidad de la especie”. Por ello, la conclusión es que este árbol “se enfrenta a multitud de factores perturbadores”, por lo que confiarlo todo al amparo que le ofrece el parque nacional no es suficiente: “Una estrategia de conservación basada únicamente en la protección legal es improbable que asegure su viabilidad a largo plazo”.

La organización ecologista WWF ha solicitado una reunión “urgente” del Pleno del Consejo de Participación de Doñana, o en su defecto de la Comisión Permanente, para que la Junta de Andalucía informe sobre los incendios sucedidos este año y que han afectado al Parque Nacional, especialmente, el que se originó el pasado 24 de mayo en el Rincón del Membrillo.

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha explicado que ese incendio afectó “una zona de alto interés medioambiental”. “Hablamos de una afectación bastante importante entre ambos incendios y es necesario, y por ello lo pedimos, que se informe a los miembros del Consejo de Participación de las circunstancias en torno a estos siniestros”, ha abundado.

Al respecto, Carmona ha insistido en que el Consejo de Doñana “puede y debe ser informado” sobre estas cuestiones, por ello, espera que la Junta de Andalucía “no se escude en que no se puede celebrar la reunión porque en estos momentos el Gobierno andaluz se encuentra en funciones”, ya que “dentro de las actuaciones que se pueden llevar a cabo es una reunión de estas características”.

“Recientemente, se ha celebrado, por ejemplo, el patronato de la Fundación Doñana 21 o se hacen diariamente muchísimas actuaciones por parte del Gobierno y mucho menos Andalucía está en estos momentos parada por estas cuestiones”, ha recordado.

Necesidad de estar informados para “dar seguimiento”

En la petición dirigida al presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Enrique Mateos, la organización señala que, una vez dados por extinguidos, es “absolutamente imprescindible que se ofrezca a los miembros del Consejo de Participación la información sobre el origen, superficie afectada, daños ambientales y materiales, trabajos llevados a cabo para la extinción, problemas detectados en cuanto a dotación, medios, etc.”.

“Entendemos que esta información, en algunos casos, será aún provisoria o estará aún en investigación, pero aun así consideramos que ante la grave situación que ha vivido el Parque Nacional, corazón de este Espacio Natural, los miembros del Consejo han de tener desde el primer momento todo el conocimiento disponible para poder dar seguimiento adecuado a la evolución de la cuestión”, ha insistido.

Además, WWF España se pone a disposición de este Consejo de Participación y del equipo de gestión del Espacio Natural para “aportar cuanto conocimiento técnico y colaboración sea oportuna”. “En este sentido, consideramos que la experiencia de colaboración y participación llevadas a cabo desde 2017 en el marco de las consecuencias del incendio de Las Peñuelas es un ejemplo de gran interés para el desarrollo de las actuaciones que se deban llevar a cabo para paliar los efectos de estos incendios en el Parque Nacional”.

“Asimismo, consideramos oportuno que se presenten los datos de los incendios habidos en la Comarca de Doñana durante este año 2026, aun cuando no hayan afectado al Espacio Natural, puesto que el estado de las áreas forestales de la Comarca está íntimamente ligado al espacio protegido, ya sea como corredores, zonas de alimentación de especies, zonas de anidamiento, etc.”, añaden desde WWF.

Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Plan Infoca, ha logrado extinguir este domingo a las 21:15 horas el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, que llegó a contar con más de un centenar de efectivos.

Tal y como ha emitido el Plan Infoca a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han cesado sus labores sobre el terreno al lograr su extinción definitiva.

En contexto, en la zona permanecían desplegados 25 efectivos terrestres en la zona desde el pasado miércoles, 27 de mayo, cuando el Plan Infoca logró estabilizar las llamas.

De este modo, se movilizaron 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Al hilo, durante dicha jornada también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

El pasado domingo 25 de mayo se declararon activos dos incendios forestales en el paraje Rincón del Membrillo, en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en la localidad de Almonte (Huelva). El primero se logró sofocar en el mismo día, mientras que el segundo quedó estabilizado a las 22:15 horas del pasado martes, y ya está controlado.

Actualmente se desconoce exactamente la dimensión de la zona quemada, aunque se estiman que son unas 500 hectáreas de perímetro, según un análisis preliminar de la Estación Biológica, con algunas islas de vegetación que no han sido afectadas. El incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad, han hecho que el incendio haya sido más difícil de controlar. Desde un primer momento, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, señaló “una posible intencionalidad” del mismo. 

La romería a la aldea de El Rocío el pasado fin de semana ha estado en el punto de mira. Algunas hermandades que acuden desde la provincia de Cádiz pasaron por la zona del incendio, si bien, la última de ellas terminó de pasar por Doñana el día anterior por la mañana, pasando más de 24 horas desde que pasaron los peregrinos hasta que se declaró el primero de los incendios. 

Sanz señaló en una entrevista concedida a Canal Sur Radio que “el recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades”. Sin embargo, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, ha indicado a este periódico que “las zonas después del paso de la romería siempre están más sucias, y el hecho de que haya más movimiento de gente, hace que se facilite la entrada de personas a un lugar donde normalmente no hay nadie”. Además, asegura que “los lugares donde se han iniciado los fuegos son lugares de pernocta”.

Actuaciones de prevención y falta de recursos

A la espera de una investigación que esclarezca las causas, Juanjo Carmona, coordinador para WWF de Doñana, cree que una de las claves está en el Plan INFOCA, que considera esta época del año como Peligro Medio. Sin embargo, él cree que “mayo si es una época de incendios”, por lo que habría que situarlo en Peligro Alto, pero que no se hace porque “supone más dinero”. 

“Llevan años quemando a Doñana”, afirma Juan Romero, representante del consejo de participación de Doñana de Ecologistas en Acción. Ante los múltiples conatos de incendios que ha habido en Doñana estos últimos años, Romero señala que “hay que hacer los deberes para que aquellos que por negligencia, imprudencia o intencionalidad no se salgan con la suya y, aquellos que quieran quemar Doñana, lo tengan muy difícil”. 

Por otro lado, indica que hace tres años, en la zona incendiada, había “miles de pinos secos”, algunos de ellos “estaban cortados y otros caídos”, haciendo que haya “un montón de montañas de madera seca”, a lo que recalca que “tanta cantidad de biomasa cortada y abandonada está prohibido”. Asimismo, asegura que “es más barato prevenir que arreglar los desastres de un incendio”.

A esta problemática se suma las protestas de los bomberos forestales hace apenas un par de semanas, donde el CGT, sindicato mayoritario en el INFOCA, exigió al Gobierno andaluz que cumpla con compromisos como la estabilidad del dispositivo. Romero le indica a Sanz que le “preste atención a los bomberos forestales”, dotándolos de unos mejores medios, porque Doñana tiene una orografía complicada y los vehículos se quedan atascados. 

“Una patada hacia adelante”

Tras el incendio que asoló el Parque Natural de Doñana en 2017, donde ardió un perímetro de 10.000 hectáreas, se sacaron conclusiones a través de una comisión científica que evaluó los daños y realizó propuestas de restauración. A la espera de que se conforme una para este incendio, Sanz ha asegurado que “finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado” y que existen existen “islas de vegetación” que no han sufrido daños. 

Ante estas declaraciones, Romero indica que son una “patada hacia adelante” por parte del consejero, y asegura que debería de haber “esperado a una comisión científica”. Por otro lado, señala que “no se trata de recuperar árboles, que es lo que fundamentalmente se ha quemado, sino que hay que recuperar ecosistema, ecosistema original, con asesoramiento científico, participación pública y transparencia”.  

En un primer momento se indicó que el incendio se había producido en la localidad de Almonte, en el paraje de las Marismillas, situado en uno de los extremos del Parque de Doñana. Carmona indica que “en una vertiente técnica, ha actuado dentro de los protocolos”, al nombrar el incendio por la localidad en la que se ha producido, pero “en una vertiente política ha tenido una actuación nefasta, absurda e infantil” al evitar pronunciar Parque de Doñana. 

Conflicto político 

Por su lado, los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento. María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, denunció un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía. 

Por otro lado, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, puso el foco en la falta de inversión en el Plan Infoca, donde ha destacado la falta de equipamientos y personal de la plantilla, cifrando en 400 las vacantes “sin cubrir”, así como “cientos de interinidades sin cubrir”. 

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, explicó García. 

Desde Por Andalucía, también se puso en entredicho la inversión en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Además, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado que lo acontecido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. 

Por su parte, la Junta de Andalucía todavía no ha confirmado si comparecerá ante el Parlamento, y ha indicado que los efectivos utilizados para controlar el incendio constan de una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, ha quedado controlado a las 22.15 horas de este miércoles, tras haber sido estabilizado el martes a la misma hora.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha indicado que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan trabajando sobre el terreno para lograr su extinción definitiva, al tiempo que ha agradecido a todos los implicados su “gran labor y profesionalidad”.

Intencionalidad

En la zona permanecen desplegados 25 efectivos terrestres, entre ellos 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Durante la jornada de este miércoles también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.

El Gobierno andaluz ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.