En el mundo 'post Me Too', el feminismo ha ido demasiado lejos. La balanza se ha inclinado tantísimo hacia un extremo que es necesario reequilibrar. Centrarse, otra vez, en lo importante. Dejarse de complejos y decir las cosas como son, basta de corrección política. Darle a los hombres la posibilidad de vivir su masculinidad de siempre sin tantas tonterías.

Lejos de ser una sátira, esta podría ser la descripción de un pensamiento que recorre las sociedades y que aúpa a líderes –políticos, sociales, empresariales– que difunden un relato reaccionario y conservador, y que seducen a hombres jóvenes y no tan jóvenes. Su objetivo: el poder, en su sentido más amplio, y mantener el statu quo de siempre, aunque quizá con otras palabras. Para muestra, Donald Trump y su victoria en Estados Unidos. O el lugar que están ocupando dos de los hombres más ricos y poderosos del mundo: Elon Musk y Mark Zuckerberg.

El fundador de Facebook se quedaba a gusto esta semana durante una entrevista en el podcast de Joe Rogan, uno de los agitadores conservadores y neomachistas más seguidos del momento. Zuckerberg aseguraba que hace falta más “energía masculina” en las empresas frente al auge de compañías “culturalmente castradas”: “La cultura empresarial se ha vuelto algo así como más debilitada, y solo lo sentí cuando me metí más en artes marciales, que todavía es mucho más masculino”. El tópico es casi completo, porque Zuckerberg menciona a sus hermanas y a sus hijas para asegurar que la energía masculina es buena y que necesitamos más de eso.

La base de su reflexión ya es un estereotipo de género: la idea de que existen dos energías, dos formas de ser, que corresponden de manera inherente, natural, a hombres y mujeres, respectivamente. Es el mismo argumento que históricamente ha servido para atribuir roles de género a unos y otras, para repartir y negar derechos, libertades, significados y recursos, para crear jerarquías sociales, solo que con un halo de misticismo energético que ahora suena hasta moderno. Que lo masculino y lo femenino sea una construcción social –el género– da igual: lo importante es buscar la manera de perpetuar un relato de la diferencia y la subordinación aparentemente inocente pero cargado de intenciones.

El cambio que amenaza el orden

La intención es frenar el cambio, porque es el cambio el que amenaza el orden en el que estos hombres blancos heterosexuales ricos ganan y tienen poder en todos los sentidos. Para seguir ganando necesitan sumar a otros hombres, otros que no necesariamente son blancos o heterosexuales, ni mucho menos ricos. Por eso, Mark Zuckerberg o Elon Musk están esforzándose en encarnar una masculinidad que suene a algo conocido y reconfortante para un montón de hombres: si sus principios, intereses o condiciones de vida están alineadas con las propuestas de estos empresarios no es tan importante como la camaradería 'bro'.

Los estereotipos que sobrevuelan a las declaraciones de Zuckerberg son los mismos que sostienen las afirmaciones que Elon Musk, el hombre más rico del mundo y mano derecha de Trump, ha ido haciendo en los últimos tiempos. Musk ha propuesto un gobierno de “hombres de alto estatus”.

Una cosa es decir que queremos hacer un ambiente agradable para todos en las empresas y otra es decir que la masculinidad es mala y creo que, culturalmente, nos hemos inclinado hacia ese lado del espectro

Mark Zuckerberg

Hace unos meses, el magnate compartía un texto en redes que planteaba que “sólo machos alfa T [es decir, con altos niveles de testosterona] y personas neurodivergentes son capaces de cuestionar información nueva. Por ello una República liderada por machos es mejor en la toma de decisiones. Democracia sí, pero una democracia exclusivamente para quienes son libres para pensar”. Aquí la energía masculina se disfraza de hormonas y de un discurso aparentemente científico pero falaz que sirve para justificar la supremacía de los hombres.

Es una guerra de sexos

La estrategia 'bro', que tuvo mucho que ver con el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre, ofrece un sentido de pertenencia a hombres que no tienen 8M ni marchas o grupos de mujeres, un refugio en el que se les da comprensión ante un mundo hostil y en el que se les alienta a ser lo que han aprendido frente a los discursos del cambio que pueden desconcertar o incomodar. “Una cosa es decir que queremos hacer un ambiente agradable para todos en las empresas y otra es decir que la masculinidad es mala y creo que, culturalmente, nos hemos inclinado hacia ese lado del espectro”, decía también Zuckerberg, que confunde masculinidad con hombres y alimenta el mantra del 'hemos ido demasiado lejos'.

Según ellos, nuestros derechos son ideología y lo suyo una especie de orden natural en el que prima una definición muy concreta de libertad

El feminismo critica y cuestiona la masculinidad –que no solo reproducen los hombres, sino que toda la sociedad alienta con sus expectativas y estereotipos– como una máscara cultural que se construye sobre la agresividad, la competencia, la represión emocional, o la dureza y que tiene perjuicios, también, para los propios hombres. Pero el discurso de Zuckerberg, de Musk, de Trump o de los agitadores machistas es que son los hombres en sí mismos los que parecen estar en peligro y necesitan un rescate frente a una ola injusta y peligrosa que quiere imponer sus ideas. Atacan al feminismo por alentar una guerra de sexos (una idea nada nueva, tiene ya unos siglos) cuando son ellos quienes promueven esa noción de unos contra otras, de batalla y división. Según ellos, nuestros derechos son ideología y lo suyo una especie de orden natural en el que prima una definición muy concreta de libertad.

Más allá de gestos y declaraciones, hay acciones. Por ejemplo, que Meta siga los pasos de Donald Trump y Elon Musk respecto a los programas independientes de verificación de datos y hable de “censura” para justificar la difusión de bulos. O que cambie las reglas de moderación para permitir ataques e insultos al colectivo LGTBI. “Vamos a simplificar nuestras políticas de contenidos y a eliminar un montón de restricciones sobre temas como la inmigración y el género que no están en consonancia con el discurso dominante. Lo que empezó como un movimiento para ser más inclusivo se ha utilizado cada vez más para acallar opiniones y dejar fuera a personas con ideas diferentes, y esto ha ido demasiado lejos”, aseguraba Zuckerberg que, sin embargo, no nos explica por qué las imágenes de un parto o unos pezones pueden censurarse, ni por qué el contenido feminista tiene más dificultades para llegar a más usuarios en sus redes sociales. Meta también ha eliminado sus equipos de diversidad.

Una cosa está clara. El lunes Donald Trump toma posesión como presidente de EEUU y ni Elon Musk ni Mark Zuckerberg parecen tener pensado romper el pacto de caballeros sino más bien lo contrario. En juego está la protección del presidente a sus negocios, la cadena que hace posible que sigan controlando cada vez más porción de la tarta y ganando más dinero. Aunque siempre, claro, con sus 'bro' en el corazón.

Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, ha respaldado a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, con una donación secreta de 50 millones de dólares, según señala este martes The New York Times. 

De acuerdo con el periódico, Gates dijo en privado a tres fuentes diferentes que recientemente hizo esta donación a una organización sin fines de lucro que apoya la candidatura presidencial de Harris. 

No obstante, el exdirector ejecutivo de Microsoft, no ha hecho público su respaldado económico a la líder demócrata.

“Apoyo a los candidatos que demuestran un claro compromiso con la mejora de la atención médica, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático en los EE.UU. y en todo el mundo (...) Tengo una larga trayectoria de trabajo con líderes de todo el espectro político, pero esta elección es diferente, con una importancia sin precedentes para los estadounidenses y las personas más vulnerables de todo el mundo”, dijo Gates en un comunicado a The New York Times.

La organización filantrópica de Gates, la Fundación Bill y Melinda Gates, está muy preocupada por los posibles recortes a los programas de planificación familiar y salud global si el expresidente republicano Donald Trump es elegido, de acuerdo con dos personas que hablaron con el NYT.

Según el medio, Gates ha expresado su preocupación sobre cómo sería una segunda presidencia de Donald Trump en llamadas a amigos, pero también ha enfatizado que podría trabajar con cualquiera de los candidatos.  

La donación de Gates se destinó específicamente a la rama sin fines de lucro de Future Forward, que como organización de “dinero oscuro” 501(c)(4) no revela a sus donantes, según el medio. Es por ello que ninguna contribución de Gates aparece en ningún documento público.

Gates ha hablado sobre su donación a favor de Harris con Mike Bloomberg, el exalcalde de Nueva York y un importante partidario de Future Forward, que ha considerado una donación de tamaño similar, de acuerdo con el diario estadounidense.

El rotativo señala que la razón por la que algunos donantes optan por esta manera de contribuir en la campaña es porque algunos de esos donantes multimillonarios que apoyan a Harris temen posibles repercusiones por parte de Trump si gana las elecciones del 5 de noviembre. 

El que no ha sido discreto con sus donaciones este año ha sido el empresario Elon Musk, la persona más rica del mundo, quien ha invertido más de 75 millones de dólares para intentar que Trump vuelva a la Casa Blanca.

Ron Sullivan es profesor de Derecho y director del Instituto de Justicia Penal de la Universidad de Harvard. Es abogado penalista, fue director de la defensa de oficio en Washington y ha participado en casos prominentes, por ejemplo, para representar a familiares de víctimas de violencia policial. 

También ha defendido a algunos de los personajes públicos más detestados, como el productor Harvey Weinstein, condenado por violación y acoso sexual. Sullivan repite que todos los acusados tienen derecho a una defensa eficaz. También el expresidente Donald Trump, que con 91 cargos en cuatro procedimientos penales tiene un panorama “sombrío” por delante, según explica Sullivan a elDiario.es en esta conversación, editada por claridad y longitud. 

¿Cuál puede ser la acusación más peligrosa para Trump?

Las dos acusaciones de los estados son las que más le preocupan. En Estados Unidos tenemos un sistema federal y los estados son los soberanos últimos con respecto a la ley estatal. Para Trump, su mejor escenario es ganar la presidencia, pero hacerlo no le eximiría de responsabilidad frente a los dos casos penales estatales en Nueva York y Georgia. No puede perdonarse a sí mismo, no puede ordenar al fiscal que abandone el caso: esas son herramientas que no tiene como presidente a diferencia de lo que sucede con los dos casos federales. Quedaría a la voluntad del estado de Nueva York y del estado de Georgia si fuera a juicio por esos dos casos y perdiera. 

En segundo lugar, están los dos casos federales. El caso de los documentos es fácil de entender para el jurado corriente, es decir, si intencionalmente retuvo un conjunto de documentos que no debía. Ese es un concepto fácil en comparación con conceptos como cuál es “la intención corrupta” de obstruir los procedimientos del Congreso, objeto del otro caso federal.

¿Por qué es más difícil de entender el caso por el asalto al Capitolio?

Hay mucho que dilucidar. ¿Cuáles son los procedimientos del Congreso? ¿Qué significa la intención? ¿Qué significa la intención corrupta? El jurado tiene que resolver eso. Pero el caso de los documentos es bastante sencillo: ¿eran documentos que se suponía estaban bajo la custodia del gobierno y Trump los mantuvo en su posesión de manera consciente e intencionada? 

La acusación más grave para nuestro orden democrático es que supuestamente intentó anular las elecciones. Pero creo que es la más difícil de probar, en parte por la forma en que Trump habla. No lo hace muy claramente. Cuando dijo que quería que el secretario de Estado de Georgia le “encontrara” 11.780 votos ¿significa realmente crear esos votos? ¿Significa salir y encontrar 11.780 votos fraudulentos y cambiarlos de tal manera que ganara en Georgia? 

La intención es difícil de probar…

Exactamente. Es difícil saber exactamente a qué se refería. Cuando dice “vamos hacia el Capitolio”, él puede decir que se refería a que la gente ejerciera sus derechos constitucionales para solicitar a su gobierno la reparación de sus agravios y entonces se convierte en una cuestión de la Primera Enmienda. Puede decir: “No le dije a nadie que fuera a romper cristales. No le dije a nadie que pasara a la tribuna del Senado. No le dije a nadie que obstruyera los procedimientos del Congreso”. Este es el tipo de cuestiones con las que los fiscales tendrán que lidiar mientras juzgan ese caso.

En total, hay 91 cargos separados en las cuatro acusaciones. Y creo que superar 91 cargos es una tarea difícil para cualquiera. 

¿Ha visto en su carrera algo así?

Nunca lo he visto. Un estadístico diría que vas a caer en uno de esos cargos por puro cálculo de probabilidades. Creo que el panorama para el expresidente Trump es sombrío en este momento. Dicho esto, se le presume inocente y el sistema de justicia penal lo resolverá.

Superar 91 cargos es una tarea difícil para cualquiera. Nunca he visto algo así. Un estadístico diría que vas a caer en uno de esos cargos por puro cálculo de probabilidades. Creo que el panorama para el expresidente Trump es sombrío en este momento.

¿Habrá un gran debate constitucional si es declarado culpable y sigue siendo candidato o incluso presidente?

Sí. No hay nada que impida a un delincuente convicto ser presidente de Estados Unidos. Tienes que cumplir dos condiciones: ser ciudadano natural por nacimiento y tener al menos 35 años. Trump cumple con ambas así que es elegible ahora. Puede presentarse y ganar. 

Pero digamos que gana y es encarcelado en Nueva York o Georgia. Se podría argumentar que no puede gobernar de manera eficaz. Hay una disposición constitucional, la enmienda 25, que dice que si un presidente está de alguna manera incapacitado y no está preparado para hacer su trabajo, a través de un mecanismo detallado en la Constitución se puede destituir a esa persona al menos temporalmente. Habitualmente, se utiliza cuando un presidente se somete a una cirugía o algún tipo de anestésico y no está disponible si hay alguna emergencia nacional. Pero yo sugeriría que sería una incapacidad similar si un presidente fuera encarcelado por no tener acceso a líneas privadas cifradas, no poder recibir briefings diarios y ese tipo de cosas. La falta de privacidad y de entornos seguros inhabilitaría al ocupante del cargo para poder llevar a cabo las tareas del cargo. 

Sería un ejercicio constitucional interesante ver qué sucede si ganara mientras está condenado; o, en otro escenario, si ganara y está encarcelado. También podría presentar un problema relacionado con el artículo de la Constitución que dice que los intereses del gobierno federal predominan sobre los intereses de los estados. El Servicio Secreto podría decir que la cárcel no es suficientemente segura para el presidente de Estados Unidos. Y un jefe de policía estatal, replicar que está sentenciado en Georgia y tiene que ponerlo bajo custodia. ¿Qué pasa en un escenario así? ¿Se meten los alguaciles en un enfrentamiento armado con el Servicio Secreto? Estamos en un territorio que nunca antes habíamos visto y que los fundadores ciertamente no contemplaron. Sólo espero y rezo para que nunca tengamos que afrontar este tipo de situación.

¿Cree que Trump puede acabar en la cárcel en Nueva York o en Georgia?

En el caso de Nueva York, la posibilidad de una pena de cárcel es casi nula. Se le acusa de un delito financiero, una manipulación de documentos para hacer que un pago parezca que es para una cosa cuando es para otra. No soy abogado de Nueva York, pero tengo entendido que los condenados rara vez son sentenciados a prisión por eso. Él no tiene antecedentes por ahora así que, si fuera condenado, obtendría algún tipo de libertad condicional. 

El caso de Georgia es diferente en eso. Entre los cargos, hay un delito muy grave, por la ley de organizaciones corruptas influenciadas por mafiosos (RICO). En la mayoría de las jurisdicciones del país, RICO conlleva una pena mínima de cárcel obligatoria, es decir, el juez no tendría discrecionalidad para imponer otra sentencia. Incluso si no hay un mínimo obligatorio en Georgia, RICO supone un delito muy grave y la mayoría de las personas condenadas por RICO reciben pena de cárcel. Si hubiera sido condenado en Nueva York antes de eso, entonces sería un delincuente convicto, que es algo que cuenta en su contra en la forma en que los tribunales calculan si se debe imponer una sentencia de cárcel.

En el sistema federal, puede ser condenado según la sección 1512 del Código Federal por obstrucción del Congreso y los que han sido condenados por ese cargo en el asalto al Capitolio han recibido sentencias de prisión. El Departamento de Justicia querría ser coherente. 

Creo que hay una alta probabilidad de que Trump sea declarado culpable de gran parte de los cargos que se le imputan en ese caso y de la acusación en Georgia que le acarrearía pena de cárcel. En el caso de los documentos, aunque había algunos muy importantes en materia de seguridad nacional, no estoy seguro de si el historial de condenas en virtud de eso sugiere que los jueces habitualmente imponen penas de cárcel. Pero me parece que, dados los 91 cargos en las tres jurisdicciones diferentes, será difícil que Trump se libre por completo de una condena de cárcel.

Es cierto que parece haberse librado muchas veces antes. Así que tendremos que esperar y ver.

No hay nada que impida a un delincuente convicto ser presidente de Estados Unidos... Pero digamos que Trump gana y es encarcelado en Nueva York o Georgia. Se podría argumentar que no puede gobernar de manera eficaz.

Entre los 91 cargos no está el de incitación a la insurrección, que sería un delito que podría inhabilitarle para un cargo público. ¿Por qué? 

Es muy difícil probarlo aquí. Existe una tensión entre nuestros arraigados derechos constitucionales de protesta protegidos por la Primera Enmienda y la ley penal que prohíbe facilitar activamente la violación de la ley. Tenemos una larga tradición en este país de que no se pueden castigar las palabras ni los pensamientos. Pero esa prohibición no está exenta de límites. El ejemplo típico es que no se puede gritar “fuego” en un teatro lleno de gente si no hay fuego y la multitud acaba pisoteada y herida. La capacidad de uno para desplegar palabras no es ilimitada. Pero existe una línea muy fina entre lo que está permitido según la Primera Enmienda y lo que es ilegal. Y la ley tiende a favorecer la liberalidad en términos de la Primera Enmienda. Es decir, puedes decir cosas ofensivas, malas e incluso peligrosas y aun así estar protegido por la Primera Enmienda.

La ley es muy estricta en términos de si la persona que ha dicho las palabras tiene una intención específica. Los fiscales tendrían que demostrar que Trump tenía la intención específica de que sus seguidores fueran al Capitolio, causaran daños y violaran la ley. Él puede decir, “en realidad, no quise decir eso, tal vez fuera torpe en mis palabras, pero nunca me escuchasteis decir ve a romper una ventana”.

Creo que el fiscal Jack Smith quería trazar un caso con cargos fácilmente probables y no meterse en áreas donde el presidente tiene defensas más fuertes. Smith quiere cargos que cree que son realmente demostrables para que el juicio no degenere en áreas donde es bastante discutible si deberíamos castigar esas cosas.

El caso de Georgia parece que va en el sentido opuesto porque es muy amplio. ¿Puede funcionar la defensa de la Primera Enmienda?

La fiscal de Georgia tomó la dirección opuesta a Smith, y tiene una extensa acusación que incluye RICO. Y sí, creo que Trump interpondrá argumentos de defensa de la Primera Enmienda y tiene derecho a hacerlo. Es una buena defensa. Eso es algo con lo que el jurado tendrá que lidiar y resolver. ¿Es esta una forma de discurso protegido o, por el contrario, es este discurso esencialmente alentador? Un tribunal y un jurado tendrán que resolverlo. Tengo la máxima fe en los jurados. La mayoría hacen muy buen trabajo en nuestro sistema. 

Creo que el caso de Georgia tiene la probabilidad de tener un veredicto mixto, donde haya cargos en los que se declare a Trump no culpable y cargos en los que se le declare culpable.

¿Cómo se elige un jurado en estas circunstancias, cuando es muy difícil encontrar personas que no tengan opiniones fuertes sobre Trump?

Va a ser difícil encontrar personas que no tengan opiniones firmes en un sentido u otro sobre Trump. Pero el estándar no es si alguien tiene opiniones fuertes, sino si, a pesar de sus opiniones, puede dejarlas de lado y seguir las instrucciones del tribunal. Eso es lo que el juez va a buscar, ya sea personas que no tengan una opinión particular en un sentido u otro, o personas que tengan una opinión pero digan que están dispuestas a jurar que van a dejar cualquier cosa que piensen a un lado, escucharán las instrucciones y darán a ambas partes una oportunidad justa. Afrontamos esto en el posible caso contra el presidente Nixon en los años 70. Podríamos haber encontrado un jurado neutral para el presidente Nixon, con lo que probablemente no hay ningún caso en el que no se pueda encontrar un jurado neutral. 

Aun así, hay personas muy parciales que forman parte de los jurados. Pero esa es la magia de tener 12 personas, porque a veces incluso los que tienen un sesgo inapropiado son moderados por otras personas del jurado. A veces, la gente puede cambiar de posición. También hay jurados no llegan a acuerdos.

¿Defendería a alguien como Trump?

Sí, soy abogado defensor por formación y disposición. Empecé mi carrera como defensor público. Como profesor en Harvard, ahora no creo que tenga el tiempo para un caso que llevaría un año. Tengo que enseñar, así que mis casos tienden a ser mucho más cortos. Pero, en teoría, sí, creo que todo el mundo tiene derecho a una asistencia letrada efectiva. Y creo que los abogados tienen el deber particular de defender a los clientes que no agradan. Los abogados tienen un deber afirmativo, los buenos abogados representan a esos clientes porque la forma en que tratamos a esos clientes es una medida. Esos acusados son una medida de cómo funciona nuestro sistema porque si ellos no tienen una oportunidad justa, nadie la tendrá. Las normas se establecen para este tipo de casos.

Sí, defendería a Trump. Los abogados tienen el deber particular de defender a los clientes que no agradan. La forma en que tratamos a esos clientes es una medida de cómo funciona nuestro sistema.

Francia, Israel o Brasil han procesado a expresidentes, ¿por qué es tan difícil de asumir en Estados Unidos?

Porque es la primera vez. Otras democracias occidentales han recorrido este camino y han sobrevivido. Para nosotros, es la primera vez y da miedo, pero la fuerza de una democracia está en su flexibilidad. La fuerza de la democracia está en nuestra humildad colectiva de que la democracia es un experimento que siempre está a medio hacer. Y en la medida en que tratemos la democracia y sigamos tratándola como un gran experimento, entonces tendrá la flexibilidad de moverse para adaptarse a algo como esto. Cuando la democracia se queda anquilosada en un marco endurecido, las cosas no encajan. Cualquier cosa que esté osificada puede romperse y eso es lo que no quiero ver. La democracia es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la acusación o incluso la condena de un presidente. Y está en consonancia con una de las normas centrales de nuestro sistema: que ninguna persona está por encima de la ley, que la ley trata a todos por igual sin importar su posición en la vida. Por eso creo que es factible. Sólo tenemos que tener fe en este experimento nuestro, que es bastante joven.

La democracia es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la acusación o incluso la condena de un presidente.

¿Le preocupa que tantos republicanos ataquen el proceso judicial? ¿Hay un riesgo de que más gente no confíe en la ley?

Sí, absolutamente. La ley funciona en parte por la legitimidad pública. Y si tenemos a la mitad del público estadounidense pensando que el Departamento de Justicia ha convertido la ley en un arma contra rivales políticos, entonces la ley misma y las instituciones pueden quedar deslegitimadas a los ojos del público. Es un gran problema. 

Una de las respuestas es que un valor del sistema de justicia penal es la transparencia. Y existe el derecho a un juicio público que comparten tanto el acusado como el propio público. Así que la idea es que puedes observar lo que está pasando y tomar una decisión tú mismo sobre si es justo o no. 

Algunas críticas me parecen irónicas, porque el tipo de cosas de las que se quejan con Trump no son nuevas. Las personas negras y de minorías y los pobres han experimentado el sistema de justicia penal de la misma manera sobre la que ahora hay fuertes críticas. Y nunca he oído nada, al menos de ese lado, con respecto a la reforma de la justicia penal. 

¿Hay algo que fiscales o políticos puedan hacer mejor?

Llevará tiempo. Una de las cosas que hace que nuestro sistema legal funcione es que no pierda sus normas. La forma en que hemos hecho las cosas es lo que hace que funcione. 

En Inglaterra, por ejemplo, el rey no tiene que firmar la legislación aprobada por el Parlamento. La tradición es la norma. Pero si el rey se despierta una mañana y dice “no voy a firmar esto”, sobreviene el caos. No hay ninguna ley que diga que tiene que hacerlo, pero es una norma, una tradición. 

En mi opinión, este fue el problema de la Administración Trump: el abandono de muchas normas. No existe ninguna ley que diga que el presidente no debe interferir en una investigación en curso y en el Departamento de Justicia. Pero es nuestra tradición. Estas son nuestras normas.

Va a llevar tiempo reconstruir la confianza en las instituciones, porque la única manera de respetar las normas es si se confía en que quienes toman las decisiones están actuando apropiadamente. Ha habido un ataque constante y consistente a quienes toman las decisiones y a su veracidad: esto no puede seguir así. Va a hacer mucho daño a nuestras tradiciones democráticas. No creo que el daño sea irreversible. Pero no puedes seguir haciéndolo y esperar que no sea irreversible. 

Este jueves por la noche Donald Trump se entregó en una cárcel de Atlanta para rendir cuentas ante la justicia después de haber sido acusado de participar en una organización criminal para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que el ex presidente perdió. Es la cuarta vez que pasa por este proceso, y la primera que ha sido fichado como un acusado más incluyendo su foto policial. 

Trump llegó a última hora a la prisión del condado de Fulton, a las afueras de Atlanta y que ha sido denunciada por la violencia, condiciones insalubres, superpoblación y tardanza en procesar a sospechosos, encarcelados durante meses sin cargos. Las autoridades federales investigan ahí varias muertes por negligencia. 

Pero, como estaba previsto, Trump apenas pasó 20 minutos en la cárcel, donde fue fichado, con la toma de su foto, sus huellas dactilares y sus datos de identificación básicos, incluidos los físicos: altura, 1,9 metros; peso, 97 kilos; pelo, “rubio o fresa”. Siguiendo el trámite acordado, fue liberado de inmediato tras el pago de la fianza de 200.000 dólares (unos 185.000 euros), que también depositaba por primera vez. Como parte del acuerdo para mantener su libertad con cargos, Trump también se compromete a no atacar ni amenazar ahora a testigos o a otros acusados en redes sociales.

Su foto policial (mugshot, en inglés) en una ficha es la primera existente de este tipo de un antiguo presidente de Estados Unidos. Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, que también fue fiscal y alcalde de Nueva York, ya se ha entregado esta semana y ha sido fichado así igual que otros acusados en el caso. Hace unos días, el shérif del distrito de Fulton aseguró que seguirían “las prácticas normales”. “No importa el estatus que tengas. Tendremos la foto policial preparada”, dijo. En una entrevista después, Trump dijo que el hecho de que le fotografiaran como a los demás acusados había sido “incómodo”.

El expresidente volvió a Twitter (ahora conocido como X) para colgar su foto policial. Era su primer mensaje desde que Elon Musk, el propietario, le levantó en noviembre el veto aplicado por la compañía tras el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Trump ya ha sido procesado y se ha entregado otras tres veces -en Nueva York, Miami y Washington- por haber falsificado documentos de un soborno en campaña a una ex amante, por llevarse y ocultar documentos clasificados y por alentar el asalto del Capitolio. En esos casos, las autoridades locales le tomaron las huellas y cumplieron otro papeleo, pero evitaron ficharlo con su foto incluso cuando, como en el caso de Miami, no existía la excepción a la que se podía acoger. En cualquier caso, la campaña de Trump lleva desde abril vendiendo camisetas y otra parafernalia con la falsa imagen de la foto policial del ex presidente que hasta ahora no existía. El acusado tampoco había tenido que pagar fianza en los tres procesos anteriores.

El más difícil

El caso de Georgia surgió de un incidente concreto, la llamada el 2 de enero de 2021 de más de una hora de Trump al encargado de administrar las elecciones en este estado, el republicano Brad Raffensperger: el todavía presidente le pidió que “encontrara” los votos que le faltaban para ganar en Georgia y le amenazó si no seguía sus dictados. Ahora es el caso más extenso, en alcance, cargos y número de personas acusadas -Trump y otros 18 colaboradores-, al que se enfrenta el antiguo presidente. 

La fiscal, Fani Willis, ha utilizado la ley con la que habitualmente se combate el crimen organizado de grupos mafiosos y otras redes para un objetivo delictivo común, en este caso revertir la derrota electoral de Trump. El ex presidente y el resto de acusados se enfrentan a 41 cargos (Trump, a 13) por conspirar para violar la ley, mentir, falsificar documentos, presionar a cargos públicos y testigos, robar datos electorales y manipular máquinas de votación. 

Es el caso que expone de manera más completa lo que pasó antes, durante y después de las elecciones de 2020. Según las reglas de Georgia, si Trump y otros son condenados, el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, no les puede otorgar el perdón y tampoco lo puede hacer el gobernador del estado, como sucede en otros lugares del país. 

La fiscal Willis ha pedido este jueves que el juicio empiece el próximo 23 de octubre para los 19 acusados después de que un ex abogado de Trump que está entre los acusados pidiera un juicio rápido pensando que la fiscal no estaría preparada. Se espera en todo caso que el juicio dure meses y coincida con el punto álgido de la campaña para las elecciones del 5 de noviembre de 2024. 

¿A la cárcel?

No hay nada en la Constitución que le impida a Trump seguir presentándose incluso después de una condena de cárcel -y hay un precedente de hace un siglo de un candidato socialista que se presentó-. Si fuera elegido presidente después de una condena esto despertaría un debate constitucional sin precedentes. 

En todo caso, es improbable que Trump acabe en la cárcel por la presión política para encontrar otra salida para el republicano que de momento es favorito en las primarias del partido para enfrentarse a Biden el año que viene.

“Incluso si es condenado, la ley le permite al juez elegir entre encarcelar a una persona por un mínimo de cinco años, cuando la condena es entre cinco y 20 años, o imponer una multa en su lugar”, explica a elDiario.es Caren Morrison, profesora de Derecho de la Universidad estatal de Georgia y ex fiscal en Nueva York. “Así que no creo que haya ninguna posibilidad en ningún universo de que Trump vaya a la prisión estatal de Georgia”. 

Morrison cree que el uso de la ley para perseguir a una organización criminal por parte de la fiscal Willis ha sido un acierto -ella también habría recurrido a esta herramienta legal como fiscal-, pero el caso será complejo por ello. “Esto podría ser más de un año. Esto va a ser muy largo”, dice. 

A la fiscal Fani Willis le gusta contar una conversación que tuvo cuando era niña con un juez en Washington. Ella acompañaba a su padre, abogado y que la crió casi en solitario, y era demasiado pequeña para estar junto a su padre y sus clientes. Al juez le pareció mejor que se sentara a su lado en el estrado. 

El magistrado era Joseph Hannon, blanco, de Boston, miembro de varias organizaciones católicas y con fama de duro. Su padre, John Floyd, negro, abogado defensor y activista de derechos civiles, de joven había sido miembro fundador del partido marxista de las Panteras Negras en Los Ángeles y le gustaba hablar de la herencia africana (eligió para ella un nombre en suajili, Fani Taifa, algo así como “pueblo próspero”). Willis dice que con ocho años ya ayudaba a su padre a ordenar sus archivos y aquellos sábados en que le acompañaba al tribunal la inspiraron para dedicarse a la aplicación de la ley. Entonces su padre estaba de guardia y le tocaba representar a personas que habían sido arrestadas la noche anterior en medio de la ola de delincuencia y crack. 

Según ha contado Willis y también su padre, en el estrado, el juez le preguntaba a la niña ante los detenidos: “¿Los mandamos a casa o al cuarto trasero?”, en referencia a la cárcel. Fani le decía entonces a su padre que quería ser jueza.

Muchos años después, Willis perdió sus primeras elecciones para ser jueza de un tribunal superior en Georgia; después logró serlo en un tribunal municipal. Pero la mayoría de su carrera ha sido fiscal, el puesto que la ha llevado a un momento único en su carrera: procesar a un expresidente de Estados Unidos y acusarle de conspiración criminal para alterar unas elecciones presidenciales.

Pionera

En enero de 2021, a los 49 años, Willis se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal del distrito del condado de Fulton, que incluye Atlanta, después de presentarse contra el veterano que había estado en el puesto más de dos décadas y para el que ella misma había trabajado durante 16 años. En sus primeras horas en la oficina, la noticia del día fue la llamada amenazante del todavía presidente Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que le “encontrara” los votos que le faltaban para ganar ese estado que había perdido contra Joe Biden. Unas semanas después, la fiscal lanzó oficialmente la investigación sobre la interferencia en las elecciones. 

Es demócrata -los jueces y fiscales se presentan a elecciones en Estados Unidos como otros cargos públicos- y tiene un perfil centrista. En la campaña de las primarias demócratas de 2020, circuló propaganda contra ella acusándola de ser “republicana” encubierta con su imagen pegada al lado de la de Trump. Ella misma se define como más conservadora que su padre, que está jubilado y sigue siendo más de izquierdas, y presume de los acuerdos a los que ha llegado con los legisladores republicanos de su estado. Se presentó como fiscal progresista, pero con el apoyo del más conservador sindicato policial; defiende programas comunitarios de prevención y reinserción, pero también el endurecimiento de los castigos, en particular contra las bandas.

“No es atípica entre muchos fiscales de las grandes ciudades que tienden a ser demócratas, que son duros con ciertos tipos de delitos, especialmente los delitos violentos, pero que también están tratando de hacerlo de formas que minimicen el delito antes de que suceda”, explica a elDiario.es Caren Morrison, profesora de Derecho en la Universidad estatal de Georgia y que fue fiscal asistente de distrito en Nueva York. “Es un poco el nuevo modelo de fiscales de los últimos años”. En todo caso, suele ser una mezcla, porque “si no quieres enjuiciar a nadie, no quieres ser fiscal”.

Uno de los casos más polémicos que puso a algunos activistas locales en contra de Willis fue la acusación contra educadores que participaron en un amaño de los resultados de los test de sus estudiantes para mejorarlos y que en algunos casos recibieron compensaciones extra de premio. La fiscal utilizó la ley para perseguir a las bandas criminales, RICO por sus siglas en inglés, la misma que ahora está empleando contra Trump, para acusar a los educadores de una “conspiración” que entra en la definición de “crimen organizado”. 

En 2015, 11 profesores y otros educadores fueron condenados por la manipulación de los exámenes. Tanto ellos como la fiscal y la defensa eran negros, pero varios de los críticos acusaron de racismo a Willis. Ella argumentó que la alteración de los resultados había perjudicado a los niños más pobres, en su mayoría afroamericanos, porque les había privado de posibles ayudas públicas, por ejemplo, para tutorías extra. En sus argumentos, relató la existencia de “fiestas de hacer trampas” en que administradores y profesores se reunían, borraban las respuestas incorrectas y las cambiaban por las buenas, y luego “comían pescado frito”. “No me puedo inventar algo así”, decía Willis, entonces fiscal asistente del distrito. Después, algunos abogados la criticaron por las penas de cárcel que consideraban un castigo excesivo y reflejo de un sistema “racista”. Algunas profesoras no han aceptado acuerdos que ofreció la fiscal y siguen apelando. 

“Si me critican por defender a los niños negros, porque eso es lo que estábamos haciendo,… si me critican por hacer algo para proteger a personas que no tenían voz por sí mismas, me quedo con esas críticas, y todos vosotros lo podéis poner en mi obituario”, dijo Willis en 2021 al New York Times utilizando para “vosotros” el deje sureño “y’all”. 

California, Washington y Georgia

Willis nació en Inglewood, una ciudad cerca de Los Ángeles, en 1971, justo después de que un juez obligara a desagregar las escuelas y en medio de agresiones contra los estudiantes negros. La familia se mudó pronto a Washington y ella se quedó allí con su padre cuando sus progenitores se separaron y su madre se volvió a California. 

Siguiendo los consejos paternos, estudió Derecho en Howard University, una de las primeras universidades de élite refugio para afroamericanos y donde también se graduó la actual vicepresidenta y exfiscal Kamala Harris. Willis se mudó a Georgia para estudiar en Emory, una universidad privada con una reputada facultad de Derecho. 

Dice que además de las oportunidades laborales, se quedó en Georgia por Fred Willis, un joven “de piernas bonitas” que conoció durante el examen que tenía que pasar para ser abogada. Se casó con él a los pocos meses (de ahí le viene el apellido Willis) y han tenido juntos dos hijas. Están divorciados pero ella ha conservado el apellido. 

Después de trabajar en un bufete y fundar otro suyo, en 2001, empezó a trabajar en la oficina del fiscal del distrito. Algunos la describían entonces como “una estrella”. Tenía fama de dura y convincente cuando presentaba los casos ante el tribunal. 

“Es un pitbull”, decía hace unos meses Vince Velazquez, veterano inspector de homicidios en Atlanta ya retirado y que trabajó con Willis. “Si cometo un delito, no me gustaría ser procesado por Fani Willis”. “Le das la mano y te coge el brazo”, explicaba, según Reuters.

Tras su derrota en la carrera electoral para ser jueza de un tribunal superior, en 2018, volvió a su propio bufete, donde ganaba más y su familia estaba cómoda fuera del foco público. Sus hijas son ahora estudiantes veinteañeras, pero no lo veían claro cuando Willis se decidió a presentarse a otras elecciones en la carrera de fiscal del distrito contra su antiguo jefe, Paul Howard, tocado por acusaciones de acoso sexual y conflictos de interés. En 2020, Willis arrasó contra Howard. 

Trabajo minucioso

El condado de Fulton es mayoritariamente demócrata, pero las cámaras legislativas del estado tienen mayoría republicana y la fiscal ha trabajado bien con los legisladores. A los pocos meses de su llegada, el presidente del Partido Republicano en Georgia la alabó por su “pasión” y “sinceridad” al contar la crisis en el condado por el aumento de delitos y qué necesitaba para combatir a las bandas criminales violentas y ayudar a las víctimas (le aprobaron más fondos). La fiscal ha nombrado como asesor a un republicano especialista en la ley contra las bandas, su principal obsesión en Atlanta. Más allá de Trump, es famosa por haber procesado a varios raperos locales célebres, también con la ley RICO. 

Morrison, la profesora de Derecho y antigua fiscal, alaba el trabajo de Willis en el uso de esta ley, que dice es una buena herramienta para mostrar un relato coherente con múltiples personas involucradas, como en el caso de Trump. “Ha hecho un trabajo muy minucioso construyendo el caso a través del gran jurado de propósito especial, y luego la acusación. Su escrito de acusación es muy específico, está lleno de hechos”, explica Morrison. “Es muy minuciosa y eso es una gran cualidad en una fiscal”.

Willis insiste en que aunque ella sea demócrata, sólo está cumpliendo con su deber y que la ley “no es partidista”. Pero en 2022 fue amonestada por un juez por organizar un acto de recaudación durante las primarias del partido para un demócrata que se presentaba a vicegobernador cuando ya había empezado la investigación sobre Trump y su interferencia en las elecciones. El político demócrata se tenía que presentar después en las generales contra Burt Jones, uno de los republicanos elegidos por Trump para ser representante del colegio electoral en su nombre y que rellenó papeles para asegurar falsamente que el republicano había ganado las elecciones de 2020 en Georgia. El juez no apartó del caso contra Trump a Willis, como pedía el republicano, pero sí la criticó: “Es un momento en plan ‘¿en qué estabas pensando?’. Las apariencias son horribles”. Jones sigue siendo vicegobernador y, aunque no ha podido ser procesado por Willis por este posible conflicto, su conducta como “falso elector” de Trump va a ser examinada por un fiscal especial. 

Willis es bien consciente de las presiones y los riesgos personales. Está amenazada, lleva escolta y es objetivo constante de los insultos de Trump (“racista” y “lunática”, entre otros muchos). Las tres primeras semanas de agosto pidió a su personal que trabajara en remoto para que los funcionarios no corrieran peligro por el inminente anuncio del procesamiento de Trump. Dice que no tiene miedo y que está acostumbrada a las presiones después de que su oficina se haya encargado de más de 12.000 casos. 

Este es como ningún otro. Pero ella dice que siempre sigue los mismos pasos, como ha hecho en particular en 11 casos utilizando la ley RICO contra mafiosos. “Una investigación es como una cebolla”, dijo en 2021 en una entrevista al New York Times. “Nunca sabes lo que va a pasar. Tiras de algo y de repente encuentras otra cosa”.

“El acusado Donald John Trump perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 3 de noviembre de 2020. Uno de los estados que perdió fue Georgia. Trump y los demás acusados en este proceso se negaron a aceptar que Trump perdió, y participaron a sabiendas y de manera voluntaria en una conspiración para cambiar de manera ilegal el resultado de las elecciones a favor de Trump. Esta conspiración incluyó un plan y un propósito comunes para cometer dos o más actos de actividad de crimen organizado en el condado de Fulton, en Georgia, en otros lugares del estado de Georgia, y en otros estados”. 

Así arranca el escrito de acusación presentado este lunes contra el expresidente y otras 18 personas de su entorno que se enfrentan a 41 cargos -Trump, a 13- por conspirar para violar la ley, mentir, falsificar documentos, presionar a cargos públicos y a testigos, robar datos electorales y manipular máquinas de votación. 

Las primeras líneas del escrito de acusación de la fiscal del distrito Fani Willis contienen algunos de los elementos esenciales que explican por qué este cuarto procesamiento es el más grave y el que puede complicar el futuro del aspirante republicano. El caso pretende demostrar las acciones coordinadas durante meses de Trump para revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, dejando tras de sí una riada de delitos para conseguirlo y encubrir lo que había hecho; empieza en Georgia pero afecta a otros estados clave donde Trump y los suyos hicieron lo mismo, y destapa una “conspiración” de un grupo de personas organizadas para cometer delitos al modo de la mafia. 

RICO

Una de las claves esenciales es el uso de la ley de Georgia contra organizaciones corruptas y mafiosas, el Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, en sus siglas en inglés). Esto permite acusar a la vez a personas que han actuado de forma simultánea para un mismo propósito con una red de delitos que, si siguen un patrón, afectan a todos los participantes, incluso aunque no se conozcan o no reciban órdenes explícitas del cabecilla. 

La “organización criminal”, según la descripción del escrito de acusación, incluye a Trump, a Rudy Giuliani, su abogado más fiel y exalcalde de Nueva York, a Mark Meadows, entonces jefe de gabinete del presidente, a otros abogados y activistas con poca responsabilidad y algún personaje sorprendente, como la publicista del rapero antes conocido como Kanye West (ahora Ye), que se dedicó a acosar hasta en su casa a una trabajadora electoral y a su hija. 

Además, hay otras 30 personas a las que no se identifica con nombre y apellido en el escrito, que son parte del esquema pero no están acusadas de ningún delito, lo que indica que están colaborando con la fiscalía. Entre ellas, hay republicanos y antiguos colaboradores de Trump (algunos identificables por las circunstancias que se citan en el escrito). No son un secreto: el gran jurado que ha escuchado el caso para decidir si convenía procesar a Trump sí sabe sus nombres.

Según la ley de Georgia, estas personas no tienen que haber diseñado juntas un complot ni haberlo acordado de manera explícita. La legislación es una versión de otra ley federal, parecida a la de otros estados y fue pensada en origen contra la mafia y otras bandas criminales. En particular, para poder acusar a los jefes de los delitos de sus subordinados. De hecho, en los años 80, Giuliani utilizó la ley equivalente en Nueva York cuando era fiscal para perseguir a los capos de las mafias de la ciudad. 

En el caso de Georgia, además, la legislación ha sido ampliada a lo largo del tiempo para incluir más tipos de delitos, más que en la legislación federal. La ley de este estado también permite incluir delitos que se pueden haber cometido en otros lugares del país, pero que apuntan a la misma conspiración. Por eso, el escrito de acusación incluye ejemplos de mentiras (afirmaciones falsas con conocimiento de su falsedad, según describe la fiscal) y presiones a legisladores y otros cargos públicos no solo de Georgia, sino también de Pensilvania, Arizona y Wisconsin, otros estados clave para el resultado de las elecciones que ganó Biden.

El cargo de “crimen organizado”, según RICO en Georgia, puede acarrear 20 años de cárcel, una pena que podría animar a algunos de los que ayudaron a Trump a colaborar con la justicia para llegar a acuerdos que les eviten la prisión.

La amplitud del caso puede suponer un juicio prolongado, pero Willis es una experta en la aplicación de esta ley que ha utilizado en otros casos complejos y asegura que propondrá al tribunal una fecha de comienzo del juicio en los próximos seis meses. El año que viene ya se esperan otros tres juicios a Trump: el de la falsificación de los documentos para encubrir el soborno a una ex amante en Manhattan, que empezará en marzo, el de la apropiación de documentos clasificados, que empezará en mayo, y el relacionado con el asalto al Capitolio, que el fiscal quiere que arranque en enero.

Las primarias republicanas arrancan el 15 de enero y las elecciones presidenciales son el 5 de noviembre.

Hechos delictivos nuevos

Aunque se cuentan hechos comunes en el caso más parecido -el federal por el intento de alterar las elecciones relacionado con el asalto al Capitolio anunciado el 1 de agosto-, también hay posibles delitos relacionados con episodios nuevos, como la manipulación de máquinas de votación y el acceso ilegal a datos privados y de votación por parte de abogados que trabajaban para Trump y que luego mintieron sobre ello. 

El caso es también más amplio en el tiempo que los demás. El escrito incluye, por ejemplo, otro intento de que el secretario de Estado de Georgia anulara los resultados de las elecciones a mediados de septiembre de 2021, es decir, casi un año después de la celebración de las elecciones y más de ocho meses después del asalto al Capitolio. 

Implicación del partido

Los partidos en Estados Unidos tienen poco poder más allá de establecer reglas para celebrar primarias, organizar la convención para proclamar candidato al ganador y ayudar a recaudar dinero. Pero el apoyo a Trump en su cruzada sin fundamento puede afectar ahora a figuras clave, como la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna Romney McDaniel, a la que los abogados de Trump llamaron para que ayudara a empujar una de las trampas que estaban preparando antes de la certificación electoral. 

Se trataba de presentar en nombre de Georgia a 16 electores falsos del colegio electoral, el grupo que vota en cada estado al presidente de Estados Unidos para su elección formal y debe respetar el resultado de quien ha ganado más votos en ese territorio. La idea era que Mike Pence, el vicepresidente entonces y encargado de presidir la sesión del Congreso para certificar los resultados, se encontrara con dos listas, la de verdad de Biden, el ganador, y la alternativa de Trump, y que en medio del caos, como mínimo, retrasara el proceso. La certificación estaba prevista para el 6 de enero de 2021, pero tuvo que ser el 7 de madrugada por el asalto al Capitolio. 

La conspiración de los “falsos electores” se repitió en varios estados, que el escrito de Willis también cita. 

Mentir no es gratis

El argumento que ahora repite Trump es que sus mentiras sobre las elecciones de 2020 son un ejercicio de su libertad de expresión, ampliamente protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. 

Este punto podría servirle a su defensa en otros casos, pero será más difícil de justificar ante la legislación de Georgia, que es especialmente dura contra las afirmaciones falsas y más cuando hay intención y conocimiento de su falsedad detrás. Además, se trata de contextos especialmente delicados: mentiras para presionar a legisladores y otros cargos públicos, intentar que incumplieran sus obligaciones como servidores públicos y en último término alterar el resultado de unas elecciones presidenciales. 

En el escrito aparece un centenar de veces la palabra “falsedades” en instancias muy serias, como cuando Trump firmó una denuncia legal con información que sus propios abogados le habían dicho era falsa. 

Sin perdón

La Constitución de Estados Unidos pone tan pocos requisitos para que alguien pueda ser candidato a la Casa Blanca -que haya cumplido 35 años, haya nacido en el país y lleve al menos 14 años viviendo allí- que Trump puede ser candidato e incluso ser elegido presidente habiendo sido condenado por un delito. A no ser que el delito sea haber incitado a una insurrección, un cargo del que de momento no se le acusa.

Existe el precedente del candidato del partido socialista Eugene Debs que en 1920 se presentó desde la cárcel y recibió casi un millón de votos (algo más del 3%). Debs había sido condenado por haber animado a rebelarse contra el reclutamiento militar durante la Primera Guerra Mundial y luego fue perdonado por el presidente elegido, Warren Harding. 

Sin embargo, no hay precedente de alguien que haya ganado la presidencia ni después de una condena ni mucho menos desde prisión. Si Trump fuera elegido presidente antes o después de una condena de cárcel, esto, sin duda, abriría varias batallas constitucionales. Una de ellas, sobre la que todavía no hay consenso legal, sería si el presidente puede otorgarse el perdón a sí mismo, algo que, sin duda, Trump intentaría.

Pero incluso aunque lo consiguiera, esto solo afecta a los delitos federales como las acusaciones de interferencia con el proceso de certificación de las elecciones que llevó al asalto al Capitolio y la ocultación de documentos clasificados. Sin embargo, el presidente no puede otorgar el perdón para delitos juzgados por los estados, como los casos de Georgia y de Nueva York (en principio, menos grave, por la falsificación de documentos para encubrir un soborno). 

Georgia es un estado donde los políticos tienen poco margen para perdonar a los convictos. A diferencia de la mayoría, tampoco lo puede hacer el gobernador del estado, un cargo que ahora ocupa el republicano Brian Kemp. Es una decisión de un panel de cinco personas elegidas por el gobernador y confirmadas por el Senado estatal con un mandato de siete años. 

Si fuera presidente, Trump podría intentar destituir a la fiscal del distrito del condado de Fulton, pero incluso para ello necesitaría el apoyo de la mayoría de las cámaras legislativas locales, y en Georgia varios altos cargos republicanos ya han demostrado su independencia y coraje frente a él. Empezando por el republicano Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia al que Trump presionó en una llamada de más de una hora en enero de 2021 para que “encontrara” los votos que le faltaban para ganar las elecciones en Georgia. Además de resistirse a las presiones del presidente, Raffensperger, que fue reelegido en las elecciones de 2022, ahora es uno de los testigos clave sobre los múltiples intentos de Trump de revertir la victoria de Biden, confirmada en Georgia después de contar los votos tres veces. 

Juicio televisado

Los juicios por cargos federales no admiten la retransmisión por televisión y tampoco los de Nueva York, que tiene una ley especialmente restrictiva comparada con otros lugares del país. En cambio, Georgia retransmitirá este juicio, que puede coincidir con la campaña presidencial y exponer las mentiras que algunos de los asociados de Trump ya han reconocido como tales. 

Uno de los momentos dramáticos puede ser el testimonio de Ruby Freeman, una trabajadora electoral de Georgia a la que Trump y su equipo acosaron durante meses y acusaron falsamente de meter votos en una maleta (era una urna electoral y no hizo nada incorrecto). Varios acusados mintieron y difundieron un vídeo manipulado en el que aparecían Freeman y su hija y en el que, según dijo Giuliani, se estaban pasando un memoria USB “como si fuera cocaína”. Lo que se estaban pasando era un caramelo de jengibre. 

Tras una denuncia de Freeman y su hija, Giuliani reconoció que había mentido, pero eso no cambió las amenazas que las mujeres siguen sufriendo. 

En junio de 2022 Freeman testificó ante la comisión de investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio. “¿Sabéis cómo se siente siendo atacada por el presidente de Estados Unidos?”, dijo. “Fue contra mí. Una orgullosa ciudadana estadounidense que dio un paso adelante y ayudó al condado de Fulton a organizar unas elecciones en medio de una pandemia”, sostuvo.

Estados Unidos ha tenido 46 jefes de Estado, pero solo uno ha sido procesado por delitos penales, Donald Trump. El empresario y de nuevo aspirante republicano, que ya pasó a la historia como el primer presidente en pasar por dos juicios políticos (impeachment) en el Congreso, sigue liderando las encuestas para las primarias del Partido Republicano del año que viene mientras ya ha recibido cuatro acusaciones formales en tan solo cuatro meses, la última por un intento de “conspiración” y “organización criminal” para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

Cada vez más acorralado por un sinfín de causas civiles y penales, estatales y federales, relacionadas con su vida personal, sus negocios y su presidencia, Trump ha sentado un inédito y peligroso precedente: entre otras causas pendientes, lo investigan por falsificar documentos para sobornar, por llevarse papeles clasificados a su residencia, por tratar de manipular las elecciones presidenciales de 2020, por sus intentos de obstruir la justicia y por su implicación en el asalto al Capitolio.

Todo ello ha creado un complejo panorama que embarra la campaña presidencial y que está profundizando en la ya dramática polarización de la sociedad estadounidense. Los más fieles al exmandatario, sumidos en su cosmovisión paranoica, argumentan que está siendo víctima de una “caza de brujas” promovida por un supuesto “Estado profundo”. Trump ha aprovechado la situación para llenar las arcas de su campaña, que comenzó con problemas de dinero y ahora rebosa, con más de 30 millones de dólares (unos 27 millones de euros) recaudados desde el mes de abril.

Después de ser procesado por cuarta vez, este es el estado de los líos judiciales en los que anda metido expresidente:

Implicación en el asalto al Capitolio

Tipo de caso: penal

Localización: Washington

Estado: acusado con cuatro cargos

Fecha del juicio: 4 de marzo de 2024

El 6 de enero de 2021, después de escuchar un instigador discurso de Trump, unas 2.500 personas se dirigieron hacia la sede del poder legislativo estadounidense para tratar de detener la certificación de Joe Biden como presidente, que estaba teniendo lugar en su interior. Un millar de esos manifestantes, entre los que se encontraban miembros de las milicias ultraderechistas Oath Keepers y Proud Boys, ya han sido acusados o condenados por la justicia.

La comisión bipartidista que investigó los hechos en el Congreso, y que recomendó al Departamento de Justicia que se abriera un proceso judicial contra el expresidente. El fiscal especial Jack Smith ha presentado cuatro cargos contra el exmandatario republicano.

El 1 de agosto presentó cuatro cargos contra el exmandatario republicano, por conspiración y obstrucción, que podrían conllevar penas de prisión de hasta 50 años.

Interferencia en las presidenciales de 2020

Tipo de caso: penal

Localización: Georgia

Estado: acusado con 13 cargos junto a otras 18 personas

Fecha del juicio: sin fecha (la propuesta de la fiscal es el 23 de octubre de 2023)

Trump está acusado de múltiples delitos, entre ellos participación en una organización criminal para cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado.

El principio de la investigación fue la grabación de una llamada que Trump mantuvo con el secretario de Estado de Georgia y responsable de las elecciones, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021, poco después de confirmarse la derrota de Trump en este estado decisivo. Durante esta llamada, el expresidente le amenazó y le pidió que “encontrara” los 11.780 votos que le hacían falta para ganar. El escrito de acusación va mucho más allá de ese momento y reconstruye a través de llamadas, testimonios y hasta tuits una operación amplia para presionar a cargos públicos, acceder a máquinas de votación y difundir falsedades para cambiar el resultado electoral.

Documentos clasificados en Mar-a-Lago

Tipo de caso: penal

Localización: Florida

Estado: acusado con 40 cargos

Fecha del juicio: 20 de mayo de 2024

El mismo fiscal especial, Smith, imputó a Trump el 9 de junio tras su investigación sobre el manejo de los cientos de documentos clasificados que el FBI requisó en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Con el voto a favor del gran jurado, lo acusó de 37 cargos que incluyen delitos federales por llevarse sin permiso esos papeles después de dejar la Casa Blanca en 2021 y retenerlos cuando la justicia se los requirió. A estos 37 cargos, de los que Trump se declaró “no culpable” en junio, el fiscal especial añadió este jueves otras tres nuevas acusaciones.

Entre los 40 cargos que pesan sobre él, en 32 se le acusa de apropiación intencionada de información de defensa nacional, en tres por la ocultación de los documentos a las investigaciones federales, en dos por hacer declaraciones falsas al FBI y tres por conspiración para obstruir a la justicia. Estos últimos delitos los cometió presuntamente junto con dos de sus ayudantes, Walt Nauta y Carlos De Oliveira. Según los nuevos delitos imputados este jueves, Trump intentó borrar grabaciones de vigilancia de Mar-a-Lago junto a estos miembros de su equipo.

La jueza que lleva el caso, Aileen M. Cannon, ya ha fijado la fecha para el inicio del juicio, el 20 de mayo de 2024, es decir, en plena campaña electoral, seis meses antes de la votación de las presidenciales, que serán el 5 de noviembre. Así lo decidió después de una reunión con las partes, en las que encontró un punto medio entre la defensa de Trump, que quería que el juicio empezara tras las elecciones, y la fiscalía, que aspiraba a hacerlo en diciembre de este año. Cannon, que fue designada de manera aleatoria para este caso, fue nombrada juez de distrito por Trump en noviembre del 2020, dos meses antes de abandonar la presidencia y llevarse los documentos.

Sobornos para ocultar escándalos sexuales

Tipo de caso: penal

Localización: Nueva York

Estado: acusado con 34 cargos

Fecha del juicio: 25 de marzo de 2024

El pasado 4 de abril, Trump recibió su primera imputación penal. Después de la toma de huellas dactilares y la lectura de cargos de su procesamiento en un tribunal estatal de Nueva York, se declaró inocente ante el juez de los 34 cargos de los que se le acusa. Se trata de delitos de falsificación documental relacionados con una trama de sobornos en la campaña electoral de 2016 para ocultar las relaciones extramatrimoniales que Trump había mantenido diez años antes con la actriz Stormy Daniels y la modelo Playboy Karen McDougal.

A pesar de que el pago para acallar un escándalo mediático no es delito en Nueva York, sí lo es la falsificación documental a la que Trump habría recurrido para reembolsar los 130.000 dólares (unos 118.000 euros) del soborno a su abogado Michael Cohen, que confesó los hechos en 2018. Un delito menor, que podría ser agravado si se demuestra que la falsificación sirvió para la comisión de otro delito, como la violación de la ley electoral. En caso de prosperar, podrían caerle a Trump un máximo de cuatro años de cárcel.

El juicio está previsto para el 25 de marzo, unas semanas después de las primeras votaciones de las primarias republicanas de las que saldrá el candidato para las presidenciales de noviembre. La acusación corre a cargo del fiscal de distrito Alvin Bragg y será supervisado por el juez Juan Merchán. Trump ya los insultado llamando a uno “delincuente” y a otro, “depravado”. El expresidente considera “muy injusta” la sede elegida, puesto que el jurado que decidirá sobre su caso proviene de Manhattan, un distrito ampliamente demócrata y donde él tiene la sede de su negocio y, hasta 2019, su residencia.

Demanda por fraude en su negocio inmobiliario

Tipo de caso: civil

Localización: Nueva York

Estado: en proceso

Fecha del juicio: 2 de octubre de 2023

En octubre empieza el juicio que implica al expresidente, a sus tres hijos mayores ―Donald Jr., Ivanka y Eric― y a su empresa inmobiliaria, la Organización Trump. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, los acusa de haber organizado “durante años un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y al de la Organización Trump”.

Concretamente, asegura tener indicios de que la familia falsificó el valor de varias de sus propiedades para engañar a bancos y prestamistas. En esta demanda, de carácter civil, James pide que paguen 250 millones de dólares (unos 226 millones de euros) al estado y que se les prohíba permanentemente operar en Nueva York. Trump, que prestó declaración sobre el caso a principios de abril y fue interrogado durante horas por James, intentó retrasar el proceso seis meses, una petición que un juez rechazó recientemente, por lo que se prevé que el juicio comience en poco más de dos meses.

Condena por abuso sexual y difamación

Tipo de caso: civil

Localización: Nueva York

Estado: condenado a pagar cinco millones de dólares por abuso sexual y difamación

Fecha del juicio: 25 de abril de 2023

Trump fue condenado el 9 de mayo, tras dos semanas de juicio, a pagar cinco millones de dólares (4,5 millones de euros) a la columnista E. Jean Carroll, dos en daños por el “abuso sexual” producido en 1996 y tres por “difamación”, al haberlo negado en los años posteriores. Así lo dictaminó un jurado del tribunal federal de Manhattan, que, después de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, finalmente descartó el delito de violación.

Carroll había acusado a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes en la década de 1990. En 2019, publicó un libro contando los detalles y acusando al expresidente por violación y, después de que Trump lo negara, lo acusó ante el tribunal de Manhattan de violación y difamación. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es condenado por abuso sexual. Al tratarse de un juicio civil, la única sanción legal a la que se enfrenta Trump es económica.

La comisión del 6 de enero ha publicado este jueves su informe de 845 páginas sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos. El panel del Congreso realizó más de 1.000 entrevistas y 10 audiencias públicas antes de recomendar cargos penales contra el expresidente Donald Trump

La comisión también ha recomendado en su informe final que el Congreso apruebe un mecanismo que impida al exmandatario volver a presentarse a unas elecciones. Ha pedido a las comisiones “con jurisdicción” que consideren la creación de un “mecanismo formal” que pueda impedir ocupar un cargo federal o estatal a quienes vulneren la décimo cuarta enmienda de la Constitución. Dicha enmienda señala que cualquier persona que haya jurado cumplir la Constitución y se haya visto envuelto en una “insurrección” o haya “ayudado a los enemigos de la Constitución” puede ser “descalificado para ocupar en un futuro cargo público.

Trump ha dicho que el informe es “altamente partidista”.

A continuación, 17 conclusiones clave del informe:

1. Desde la noche de las elecciones hasta el 6 de enero y más allá, el presidente Donald Trump difundió deliberadamente falsas acusaciones de fraude relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020 para intentar anular las elecciones y con el propósito de solicitar donaciones de dinero. Estas afirmaciones falsas incitaron a sus partidarios a la violencia el 6 de enero.

2. A sabiendas de que él y sus partidarios habían perdido docenas de casos en los tribunales sobre sus denuncias electorales, y a pesar de que sus propios asesores refutaron sus afirmaciones de fraude electoral y le instaron a reconocer su derrota electoral, Trump se negó a aceptar el resultado legal de las elecciones de 2020. En lugar de cumplir con su obligación constitucional de “velar por la fiel ejecución de las leyes”, Trump conspiró para anular el resultado de las elecciones.

3. A pesar de saber que tal acción sería ilegal, y que ningún estado tenía o presentaría un resultado alternativo, Trump presionó de manera corrupta al vicepresidente Mike Pence para que se negara a contar los votos electorales durante la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero.

4. Trump trató de corromper al Departamento de Justicia de Estados Unidos al intentar reclutar a funcionarios del departamento para que hicieran declaraciones deliberadamente falsas y así ayudar en su intento por anular las elecciones presidenciales. Después de que ese intento fracasara, Trump ofreció el puesto de fiscal general en funciones a Jeff Clark a sabiendas de que Clark tenía la intención de difundir información falsa destinada a anular las elecciones.

5. Sin ninguna base probatoria y en contra de las leyes estatales y federales, Trump presionó ilegalmente a funcionarios y legisladores estatales para que cambiaran los resultados de las elecciones en sus estados.

6. Trump supervisó un intento para obtener y transmitir certificados electorales falsos al Congreso y a los Archivos Nacionales.

7. Trump presionó a miembros del Congreso para que se opusieran a las listas válidas de electores (los que formalizan el resultado) de varios estados.

8. Trump corroboró a sabiendas información falsa presentada ante tribunales federales.

9. Basándose en alegaciones falsas de que las elecciones habían sido robadas, Trump convocó a decenas de miles de partidarios en Washington para el 6 de enero. Aunque estos partidarios estaban enfadados y algunos iban armados, Donald Trump les ordenó marchar al Capitolio el 6 de enero para “recuperar” su país.

10. Sabiendo que se estaba produciendo un ataque violento contra el Capitolio y sabiendo que sus palabras incitarían a más violencia, Trump envió un mensaje en las redes sociales condenando públicamente al vicepresidente Pence a las 14:24 horas del 6 de enero.

11. A sabiendas de que se estaban produciendo actos de violencia en el Capitolio, y a pesar de su deber de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, Trump se negó durante varias horas a responder a las reiteradas peticiones de que ordenara a sus violentos partidarios que se dispersaran y abandonaran el Capitolio, y en su lugar observó por televisión cómo se desarrollaba el violento ataque. Esta inacción intensificó la violencia en el Capitolio y obstruyó el procedimiento del Congreso para contar los votos electorales.

12. Cada una de estas acciones de Trump fue tomada en apoyo de una conspiración de varias partes para anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020.

13. La comunidad de inteligencia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley sí detectaron la planificación de posibles actos de violencia el 6 de enero, incluida la planificación específicamente por parte de los grupos milicianos Proud Boys y Oath Keepers que finalmente dirigieron el ataque contra el Capitolio. A medida que se acercaba el 6 de enero, los servicios de inteligencia identificaron específicamente el potencial de violencia en el Capitolio de Estados Unidos. Esta inteligencia fue compartida dentro del poder ejecutivo, incluso con el Servicio Secreto y el Consejo de Seguridad Nacional del presidente.

14. La inteligencia recopilada antes del 6 de enero no apoyó la conclusión de que Antifa u otros grupos de izquierda probablemente participarían en una contramanifestación violenta o atacarían a los partidarios de Trump el 6 de enero. De hecho, la inteligencia del 5 de enero indicaba que algunos grupos de izquierda estaban dando instrucciones a sus miembros para que “se quedaran en casa” y no asistieran a las concentraciones del 6 de enero. En última instancia, ninguno de estos grupos de izquierda estuvo involucrado de ninguna manera sustancial en el ataque al Capitolio el 6 de enero.

15. Ni la comunidad de inteligencia ni las fuerzas del orden obtuvieron información de inteligencia antes del 6 de enero sobre el alcance total de la planificación en curso por parte del presidente Trump, John Eastman, Rudolph Giuliani y otros aliados para anular los resultados electorales certificados. Dichas agencias aparentemente no anticiparon (y potencialmente no podían anticipar) la provocación que Trump ofrecería a la multitud en su discurso en el parque de la Elipse, que Trump instruiría “espontáneamente” a la multitud para marchar hacia el Capitolio, que Trump exacerbaría los disturbios violentos con su tuit de las 14:24 condenando a Pence, o la escala completa de la violencia y la anarquía que sobrevendrían. Las fuerzas del orden tampoco anticiparon que Trump se negaría a ordenar a sus partidarios que abandonaran el Capitolio una vez iniciada la violencia. Ningún análisis previo de la comunidad de inteligencia predijo exactamente cómo se comportaría Trump; ningún análisis de ese tipo reconoció toda la escala y el alcance de la amenaza al Capitolio el 6 de enero.

16. Cientos de agentes de policía del Capitolio y de la zona metropolitana de Washington DC desempeñaron sus funciones con valentía el 6 de enero, y Estados Unidos les debe una inmensa gratitud por su valor en la defensa del Congreso y de la Constitución. Sin su valentía, el 6 de enero habría sido mucho peor.

Aunque algunos miembros de la dirección de la Policía del Capitolio consideraron que su enfoque de enero era el de “todos las manos a la obra”, la dirección de la Policía del Capitolio no disponía de medios suficientes para hacer frente a la multitud violenta y al margen de la ley. La dirección de la Policía del Capitolio no previó la magnitud de la violencia que se desencadenaría después de que Trump diera instrucciones a decenas de miles de sus partidarios en la multitud de la Elipse para que marcharan hacia el Capitolio, y después de que tuiteara contra Pence a las 14:24 horas. Aunque el jefe Steven Sund planteó la idea del apoyo de la Guardia Nacional, la dirección de la Policía del Capitolio no solicitó la asistencia de la Guardia antes del 6 de enero.

La Policía Metropolitana adoptó un enfoque aún más proactivo el 6 de enero y desplegó a unos 800 agentes, que incluso respondieron a las llamadas de auxilio en el Capitolio. Aun así, los alborotadores consiguieron romper la línea en algunos lugares, cuando la multitud avanzó inmediatamente después del tuit de Trump de las 14:24 horas. El Departamento de Justicia preparó un grupo de agentes federales en Quantico y en el Distrito de Columbia, anticipando que el 6 de enero podría volverse violento, y luego desplegó a esos agentes una vez que quedó claro que la policía en el Capitolio estaba desbordada. También se desplegaron agentes del Departamento de Seguridad Nacional para ayudar.

17. Trump tenía autoridad y responsabilidad para dirigir el despliegue de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia, pero nunca dio ninguna orden de desplegar la Guardia Nacional el 6 de enero ni ningún otro día. Tampoco dio instrucciones a ninguna agencia federal encargada de hacer cumplir la ley para que prestara asistencia. Dado que la autoridad para desplegar la Guardia Nacional había sido delegada en el Departamento de Defensa, el Secretario de Defensa podía desplegar la Guardia, y así lo hizo en última instancia. Aunque las pruebas identifican una probable falta de comunicación entre los miembros de la dirección civil del Departamento de Defensa que afectó al momento del despliegue, la comisión no ha encontrado pruebas de que el Departamento de Defensa retrasara intencionadamente el despliegue de la Guardia Nacional. La comisión de investigación reconoce que algunos en el departamento aconsejaban cautela porque tenían preocupaciones auténticas de que Trump pudiera dar una orden ilegal para utilizar a los militares para apoyar sus intentos de anular las elecciones.

Traducción de Lara Lema

El Departamento de Estado de EEUU asegura que Rusia ha gastado de manera encubierta más de 300 millones de dólares desde 2014 en partidos políticos y otros representantes públicos en más de una veintena de países con el objetivo de ejercer su influencia, según un mensaje destinado a las embajadas estadounidenses, según ha informado este martes la agencia de noticias AP. El Washington Post, cita, en concreto, el intento del Kremlin de beneficiar a partidos de extrema derecha.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, firma el mensaje, llamado telegrama en el argot diplomático (lo que en inglés se llama cable) y que cita una nueva evaluación de Inteligencia sobre los esfuerzos globales encubiertos de Rusia para apoyar políticas y partidos simpatizantes de Moscú. El telegrama al que ha tenido acceso AP no menciona objetivos específicos de Rusia, pero sí señala que Estados Unidos está proporcionando información clasificada a determinados países.

El Departamento de Estado mandó información a sus embajadas en países de Europa, África y Oriente Próximo para que compartan sus preocupaciones con sus países anfitriones en los casos pertinentes, según el Washington Post. Los servicios de inteligencia creen que el plan del Kremlin es gastar “por lo menos varios cientos más de millones”.

Una fuente puso como ejemplo al Post la supuesta entrega de millones por parte de un embajador ruso a un candidato en unas elecciones presidenciales en un país asiático que no identifica. Sus fuentes indican que “las fuerzas ligadas al Kremlin también han utilizado empresas tapadera, think-tanks y otras formas para influir en acontecimientos políticos, a veces para beneficiar a grupos de extrema derecha”.

Experiencia en las elecciones de 2016 y 2020

Se trata del último esfuerzo de la Administración de Joe Biden por desclasificar información de Inteligencia sobre los objetivos militares y políticos del Kremlin. Según señala AP, algunos de los principales funcionarios de seguridad nacional de Biden cuentan con una amplia experiencia en la información sobre las actividades de Moscú y sirvieron en el Gobierno cuando el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó una amplia campaña para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y 2020.

Un alto representante del Gobierno que habló bajo condición de anonimato no reveló cuánto dinero se cree que Rusia ha gastado en concreto en Ucrania, donde el presidente Volodímir Zelenski y sus principales diputados llevaban tiempo acusando a Putin de inmiscuirse en la política interna antes de la invasión.

El alto cargo rechazó las comparaciones entre las actividades de Rusia y la financiación estadounidense de medios de comunicación e iniciativas políticas en todo el mundo. Putin gastó enormes sumas para “manipular las democracias desde dentro”, aseguró.

Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donad Trump habrían tratado de hacerse con datos electorales “sensibles” extraídos de las máquinas de conteo de votos tras las elecciones de 2020, según ha publicado este lunes el diario The Washington Post.

El periódico estadounidense, que ha tenido acceso a correos electrónicos y otros registros documentales, asegura que los abogados de Trump habrían dirigido a un equipo de expertos informáticos para copiar datos sensibles de los sistemas electorales de condados de tres estados clave tras las elecciones: Georgia, Nevada y Michigan. Los representantes del republicano habrían pagado a los informáticos hasta 26.000 dólares.

En sus esfuerzos por anular la derrota electoral frente a Joe Biden, los abogados de Trump habrían pedido a una empresa de datos forenses que accediera a los sistemas electorales de los condados de esos tres estados clave en disputa, según los documentos a los que ha tenido acceso el diario estadounidense.

La abogada Sidney Powell habría enviado al equipo a Michigan para copiar los datos electorales de un condado rural y del área de Detroit. Otro abogado de la campaña de Trump habría contratado al equipo para hacer lo mismo en Nevada. El 7 de enero de 2021, justo después del asalto al Capitolio, el equipo informático para copiar datos de un sistema de votación de Dominion en el condado de Coffee, en el sur de Georgia.

Los documentos, asegura The Washington Post, arrojan más luz sobre el frente de batalla de Trump y sus aliados para anular las elecciones. Mientras los abogados, informáticos y contratistas de seguridad trabajaban en secreto para hacerlo con el equipo de votación a nivel de condado, el entorno del expresidente presentaba impugnaciones legales, instigaba manifestaciones en Washington y presionaban al Congreso y al exvicepresidente Mike Pence para que rechazaran la victoria de Biden.

Trump y sus asesores se apoderaron tras la derrota de las máquinas de votación como mecanismo para ejecutar el supuesto fraude. Culparon entonces a los fabricantes de las máquinas y a fuerzas extranjeras en la sombra de unirse a un falso complot para sacar al republicano de la Casa Blanca. Recuentos y revisiones posteriores han confirmado la precisión de las máquinas que se utilizaron para el recuento de las elecciones de 2020.

Este mismo lunes, se ha conocido que el exabogado personal de Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación en los intentos del expresidente de invalidar el resultado de la elecciones de 2020. Giuliani, cuyas teorías conspiratorios sobre una presunta interferencia a favor de los demócratas en los comicios han sido objeto de una investigación criminal, tendrá que comparecer ante el gran jurado en Atlanta.

La Fiscalía pide mantener en secreto la declaración que llevó al registro de su mansión

El Departamento de Justicia de EEUU ha pedido también este lunes que se mantenga en secreto la declaración jurada que justificó la petición de registro de la mansión de Donald Trump en Florida en busca de documentos clasificados sobre armamento nuclear.

En un documento de 13 páginas dirigido al juez de Florida que lleva el caso, el fiscal Juan Antonio González solicita que no se publique el documento porque podría afectar al curso de la investigación. Según González, podría “alterar la trayectoria de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles”.

El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, fue quien autorizó la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a Mar-a-Lago, la mansión que el expresidente tiene en Palm Beach, en el sureste de Florida. El FBI realizó dicho registro en busca de documentos oficiales que el republicano se habría llevado de la Casa Blanca cuando dejó de ser presidente y que incluiría material clasificado.

Entre el material incautado están 11 conjuntos de documentos marcados como de información “ultrasecreta/sensible”, según la copia de orden de registro.

Varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos el diario The Washington Post y la cadena CNN, habían pedido que se publicase la declaración jurada enviada por el Gobierno al magistrado para justificar el registro en casa de Trump, una petición que fue aprobada por la Justicia.

Tras conocerse la negativa del Gobierno, el propio Trump acudió a la red social Truth para enviar un mensaje en el que pidió “la publicación inmediata y sin editar” de la declaración jurada en pro de la transparencia.

“Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material investigativo podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los individuos cuyas acciones y comentarios se describen”, justificó el Departamento de Justicia en su texto ante el juez.

El expresidente republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) presionó a su vicepresidente, Mike Pence, para que bloqueara el resultado de las elecciones de 2020 que dieron la victoria al demócrata Joe Biden a sabiendas de que su plan era “ilegal”. Así intentó demostrarlo este jueves en su tercera audiencia pública el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, con el testimonio de testigos, documentos y grabaciones que apoyan esa hipótesis.

Pese a no encontrarse en la sala, el protagonista de esta jornada fue Pence, quien, según uno de los juristas que comparecieron como testigos, evitó una revolución en el país dentro de una “crisis constitucional paralizadora” al desobedecer a Trump.

Bajo la lupa del comité estuvieron en concreto las presiones que sufrió Pence por parte del presidente para que bloqueara la ratificación del resultado de los comicios de noviembre de 2020, en los que perdió Trump frente a Biden.

El 6 de enero, Pence presidía una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso para refrendar el triunfo del demócrata, que se vio suspendida durante horas por la irrupción de cientos de seguidores de Trump en el Capitolio. El entonces presidente presionó a Pence públicamente y en privado para que bloqueara esa sesión legislativa, al alegar sin pruebas que los demócratas habían cometido fraude electoral, e impedir así la ratificación de la victoria de Biden.

A lo largo de la audiencia de este jueves, el comité se centró en demostrar la “inconstitucionalidad” de lo que Trump le estaba pidiendo a Pence y en que el mandatario lo hacía a sabiendas de era ilegal. Uno de los testigos, el juez jubilado Michael Luttig, que fue asesor informal de Pence, subrayó que si el entonces vicepresidente hubiera obedecido a Trump, “EE.UU. se hubiera hundido de inmediato en lo que hubiera sido equivalente a una revolución dentro de una crisis constitucional paralizadora”.

En los vídeos proyectados en la audiencia aparecieron varios testigos interrogados en el pasado por el comité, entre ellos la hija y exasesora de Trump, Ivanka Trump, que declararon que el entonces presidente mantuvo una conversación telefónica con Pence en la mañana del 6 de enero. Ivanka Trump describió esa llamada como una conversación “bastante acalorada” y dijo que su padre empleó un tono de voz distinto al utilizado con Pence veces anteriores, mientras que un asistente personal del mandatario, Nick Luna, recordó oír a Trump llamar al vicepresidente “pelele”.

En otra grabación, el exjefe de Gabinete de Pence, Mark Short, aseguró que Trump mintió a la prensa al asegurar en un comunicado publicado la víspera del asalto al Capitolio que el vicepresidente respaldaba su plan para revocar el resultado de los comicios. De acuerdo a Short, el 5 de enero Pence comunicó a Trump que no podía hacer nada para revocar su derrota y poco después el diario The New York Times publicaba una información sobre lo ocurrido en esa reunión, a lo que el mandatario respondió con un comunicado donde decía que ambos estaban “absolutamente de acuerdo en que el vicepresidente tiene poder de actuar”. Short tachó de “falso” ese comunicado y apuntó que Trump “tergiversó el punto de vista del vicepresidente”.

Para enseñar el vínculo entre las presiones de Trump a Pence y los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio, el comité proyectó imágenes de vídeo con los asaltantes gritando “traidor” al vicepresidente, y con el recorrido que hizo el responsable político para ocultarse en una sala del edificio durante 4 horas y media.

Otro de los testigos en la audiencia de este jueves, el abogado de Pence Gregory Jacob, explicó que el político rechazó escapar en un vehículo, porque “no quería que el mundo viera al vicepresidente de EE.UU. huyendo del Capitolio, estaba resuelto a completar el trabajo fijado para ese día, que era su obligación constitucional”.

Buena parte de la sesión estuvo dedicada a los esfuerzos de uno de los exabogados de Trump, John Eastman, quien desarrolló por escrito la teoría de que Pence, en calidad de vicepresidente, tenía prerrogativas para decidir el resultado de la elección, pese a ser consciente de que no tenía sustento legal.

La legisladora Liz Cheney, una de los dos republicanos que forman parte del comité y que está enfrentada a Trump, destacó durante su intervención que el expresidente y Eastman conspiraron para presionar a Pence para que bloqueara los resultados. Sin embargo, Luttig apuntó en su testimonio de este jueves que la teoría de Eastman era “incorrecta” y que no existe ningún precedente ni en la Constitución ni en las leyes del país que apoyen esa teoría. Por su parte, Jacob aseguró que el propio Eastman le dijo que sabía que su teoría no se sostendría ante el Tribunal Supremo.

De hecho, el propio Eastman escribió por correo electrónico al entonces abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, días después del 6 de enero para pedir que le incluyera en una lista de posibles receptores de un indulto presidencial, que finalmente no obtuvo.

En el asalto al Capitolio murieron cinco personas, entre ellas un oficial tras sufrir un infarto horas después del asalto, y cerca de 140 agentes fueron agredidos. Además, cuatro policías cometieron suicidio con posterioridad.

En un intento más de contentar a Donald Trump, el partido republicano reprobó este viernes a dos congresistas por apoyar la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y declaró que están “persiguiendo a ciudadanos comunes que estaban participando en diálogo político legítimo”.

El comité nacional del partido republicano votó con esa justificación a favor de la reprobación oficial de Liz Cheney, miembro de la Cámara de Representantes por Wyoming y una de las líderes del partido hasta el año pasado, y Adam Kinzinger, representante republicano por Illinois. Ambos son miembros de la comisión especial del Congreso para investigar el asalto al Capitolio tras el discurso del todavía presidente Trump cuando el Congreso se disponía a oficializar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó el actual presidente, Joe Biden.

La resolución propone varios castigos para los congresistas republicanos, como no apoyarlos en las primarias y no dejar que participen en debates representando a su partido.

El 6 de enero de 2021, una multitud de personas se concentró en Washington por la llamada de Trump a la protesta. Llegaron con pistolas, cuchillos, sprays, extintores y palos de banderas, entre otras armas, y tras el discurso de su líder entraron a la fuerza en varios edificios del Capitolio. Esto obligó a los congresistas a interrumpir la votación de trámite de certificación del resultado de las elecciones presidenciales. Al menos cuatro personas murieron durante el asalto, entre ellas una asaltante y varios policías del Capitolio, que fueron apaleados y pisoteados.

Unos pocos republicanos criticaron este viernes la decisión de su partido, como el gobernador de Maryland, Larry Hogan, o Mitt Romney, el único senador que votó a favor del primer impeachment de Trump y uno de los siete que votó a favor del segundo, por instigar el asalto al Capitolio.

“Es un día triste para mi partido -y para el país- cuando te castigan por expresar tus convicciones, por defender tus principios y negarte a decir mentiras descaradas”, dijo el gobernador Hogan. Romney dijo que “la vergüenza” caía sobre su partido por reprobar a “personas con conciencia que buscan la verdad”.

Liz Cheney, que dice que volverá a presentarse a las elecciones en Wyoming, dijo en un comunicado: “Los líderes del Partido Republicano son rehenes de un hombre que admite que intentó revocar las elecciones presidenciales y sugiere que perdonará a los acusados por el 6 de enero, algunos de los cuales han sido acusados de sedición. Soy una conservadora constitucionalista y no reconozco a aquellos en mi partido que han abandonado la Constitución para abrazar a Donald Trump. La historia los juzgará”.

Algunos de los líderes republicanos que condenaron a Trump por instigar el asalto hace un año han dejado de hacerlo ante la influencia que todavía ejerce el ex presidente en el partido. Parte de sus votantes ni siquiera creen en la existencia del asalto. El 19% de los estadounidenses creen que el asalto al Capitolio fue “mayoritariamente pacífico”, según una encuesta del Washington Post en diciembre.

La aceptación de la violencia como herramienta política ha aumentado desde las elecciones de 2016. El 40% de los republicanos y el 41% de los votantes que se declaran independientes dicen que la violencia contra el Gobierno está justificada en algunos casos (también lo opinan el 23% de los demócratas).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha responsabilizado este jueves al expresidente Donald Trump (2017-2021) de crear una “red de mentiras” sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio hace un año.

“Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió”, ha dicho Biden en un discurso desde el Capitolio, en el primer aniversario del ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos.

Aunque no ha mencionado por su nombre a Trump, Biden ha dedicado buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, quien justo antes del asalto del 6 de enero de 2021 alentó a sus seguidores –congregados en Washington– a marchar hacia el Capitolio y “luchar” para evitar que se refrendara el resultado electoral.

“El expresidente de Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora más el poder que los principios”, ha afirmado Biden.

Asimismo, ha denunciado que Trump y sus aliados han decidido que “la única forma de ganar para ellos es suprimir el voto y subvertir las elecciones”, en un contexto de crecientes reformas a nivel estatal que, en la práctica, prometen dificultar el voto de las minorías y las personas con menos recursos económicos.

“No puedes amar nuestro país solo cuando ganas. No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites”.

Visiblemente irritado, el presidente ha insistido en que hay “cero pruebas” de las denuncias de fraude electoral que Trump difundió tras las elecciones de 2020 y que han provocado que la mayoría de los votantes republicanos sigan todavía sin creer que Biden ganara de forma legítima los comicios.

“Él no solo es un expresidente. Es un expresidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de sus votos, en unas elecciones completas, libres y justas”, subrayó.

Biden ha prometido mantenerse alerta ante la posibilidad de que la oposición republicana pueda intentar dar la vuelta a un posible resultado que no los favorezca en los próximos ciclos electorales: las legislativas de noviembre de este año y las presidenciales de 2024. “Defenderé esta nación. No dejaré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia”, ha recalcado.

“El asalto refleja la fragilidad de la democracia”

Antes que Biden ha hablado la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que ha afirmado que el asalto por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump “refleja la fragilidad de la democracia”.

“El asalto violento que tuvo lugar aquí, el mero hecho de lo cerca que las elecciones pudieron ser revocadas, refleja la fragilidad de la democracia”, ha expresado.

La vicepresidenta ha instado así a no permitir que el futuro de la nación sea decidido por aquellos que quieren silenciar las voces de los estadounidenses, revocar los votos y difundir mentiras y desinformación.

En ese sentido, ha acusado a “una facción radical”, que, ha agregado, puede haber surgido recientemente, pero cuyas raíces son “profundas y antiguas”.

También ha indicado que “los extremistas” que hace un año irrumpían en los pasillos del Capitolio no solo tenían como objetivo las vidas de los “líderes elegidos” en las urnas. “Lo que buscaban no era solo degradar y destruir un edificio (...), lo que asaltaron fueron las instituciones, los valores, los ideales de generaciones de estadounidenses”, ha apuntado la vicepresidenta.

Estados Unidos no es ya el “país indispensable” que ha sido desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2016, pero sigue siendo, con diferencia, el país democrático más importante del mundo. Por eso, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca generó la ansiedad que generó no solamente en los demás países democráticos, pero sobre todo en ellos. La forma en que se ha visto obligado a abandonar la presidencia, con un “doble golpe de Estado”, uno visible, el 6 de enero con el intento de asalto al Capitolio en el momento en que se certificaba el resultado electoral a favor de Joe Biden, y otro encubierto por parte directamente de Donald Trump, que está siendo investigado en este momento en el Senado (“Lo que Jeffrey Rosen, exfiscal general, le dijo a los senadores de Estados Unidos: Trump presionó de forma ”persistente“ para conseguir que el Departamento de Justicia desacreditara las elecciones”, según publicaron Ann Marimow and Josh Dawsey en el Washington Post este 13 de agosto), acredita, por un lado, la fortaleza de la democracia americana, que ha sido capaz de resistir ambas embestidas, pero pone de manifiesto, por otro, que la continuidad de la democracia no puede darse por asegurada.

Los resultados del Censo de la población de 2020 que acaban de ser hechos públicos y con base a los cuales se tendrá que proceder ahora a la designación, por un lado, del número de congresistas que corresponden a cada uno de los Estados miembros y al diseño, por otro, de los distritos electorales de cada Estado por parte de la mayoría parlamentaria presente en el mismo, generan nuevas dudas acerca del futuro de la democracia americana.

El censo de 2020 acentúa una tendencia que viene haciéndose presente desde hace bastante tiempo. Disminuye el porcentaje de la población “blanca”, a pesar de las trampas de la Administración Trump para que tal reducción no se reflejara en las cifras oficiales. En las instrucciones para rellenar el formulario del censo por primera vez el apartado dedicado a los “White” incluía la siguiente concreción: “por ejemplo, alemán, irlandés, inglés, italiano, libanés, egipcio, etc.”, aumentando, en consecuencia, la población “oficialmente blanca”. A pesar de ello, el censo muestra que el número de población blanca en EEUU cae por primera vez desde 1970. Como sintetiza el más afamado analista político del NYT, Nate Cohn, en un artículo de opinión, que lleva un título que parece la conclusión de un editorial: “el censo muestra una nación que se parece más a su futuro que a su pasado”.

En el siglo XXI, George W. Bush en 2004 ha sido el único presidente del Partido Republicano con más votos que el candidato demócrata. La diferencia entre el número de votos del candidato demócrata y el republicano no ha dejado de crecer a lo largo de los dos últimos decenios, llegando al máximo en las dos últimas elecciones: Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Trump y Joe Biden, 7 millones. Con los resultados del censo de 2020 y la tendencia que a través de ellos se expresa, esa distancia se ampliará de manera considerable.

Esta es la razón por la que en la mayoría de los Estados en los que el Partido Republicano tiene la mayoría parlamentaria se está procediendo de manera acelerada a reformar la legislación electoral para restringir el acceso al derecho de sufragio. Se están diseñando sistemas electorales en dichos Estados que dificulten extremadamente el acceso al derecho de sufragio de la población afroamericana y de la población pobre en general. Hay una suerte de recuperación subrepticia de lo que fue el voto censitario en los orígenes del Estado Constitucional en América y en Europa.

El Partido Republicano está persuadido de que únicamente haciendo trampas puede conseguir ganar unas elecciones presidenciales. Y está dispuesto a hacer todas las trampas que pueda y que los tribunales de justicia, empezando por el Tribunal Supremo, le permitan.

Están haciéndolo con una extraordinaria velocidad, porque su horizonte son las elecciones de 2022, las llamadas midterm o elecciones a mitad del mandato, que suelen ser favorables para el partido que no ocupa la Casa Blanca. En el caso de que consigan el control del Congreso y mantengan el control del Senado, con la composición actual del Tribunal Supremo, se corre un riesgo más que probable de que el Partido Republicano intente imponer un sistema electoral que haga imposible que el candidato del Partido Demócrata pueda llegar a la Casa Blanca, a pesar de que el número de votos a favor de este último aumente todavía más de lo que ha hecho en estas últimas elecciones.

Es obvio que un Estado con unos fundamentos democráticos “fake” no puede ser una democracia estable. Pero sabemos porque lo acabamos de ver que en el Partido Republicano de los Estados Unidos se está configurando una mayoría dispuesto a intentarlo a pesar de ello. Donald Trump no sigue siendo Presidente por la integridad de una docena de funcionarios de la Administración Electoral de varios Estados. A pesar de la diferencia de siete millones entre él y Joe Biden. Hacer depender la elección del Presidente de la integridad de unos cuantos funcionarios a los que se presionará en el futuro con mucha más intensidad de lo que ha ocurrido esta vez no tranquiliza mucho.

Como ocurre con el cambio climático, estamos al borde de una crisis existencial de la democracia como forma política. Porque, termino como empecé, Estados Unidos no es un país democrático más. Lo que ocurra en él, nos acabará afectando a todos. Y, como ocurre también con el cambio climático, el problema no está en un futuro distante, sino que lo tenemos ya encima.   

Un tribunal de apelación ha ordenado este jueves la suspensión temporal en Nueva York de la licencia de abogado de Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad y exabogado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que una junta disciplinaria haya concluido que mintió sobre el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Según la corte de apelación, la conducta de Giuliani amenazó “el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía”, informa el diario The New York Times. El documento judicial apunta que hay evidencias de que Giuliani realizó “declaraciones falsas y engañosas a tribunales, legisladores y al público en general en su calidad de abogado del expresidente Donald Trump y de la campaña de Trump en relación con el fallido esfuerzo de Trump por la reelección en 2020”.

Meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado, en las que se impuso el candidato demócrata Joe Biden, Trump lanzó una campaña de desinformación para despertar dudas sobre la transparencia del proceso y, posteriormente, redobló dichos esfuerzos hasta el extremo de describir los comicios como fraudulentos y de asegurar que Biden le había robado la presidencia. Sin embargo, más allá de su campaña publicitaria, que continúa hoy en día, Trump y su equipo no lograron reunir ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones y ningún tribunal aceptó llevar a juicio sus acusaciones, por falta de evidencias.

Giuliani, de 77 años, comenzó a ejercer la abogacía en 1969, trabajó en el Departamento de Justicia durante la Administración de Ronald Reagan y, en 1983 fue designado fiscal del distrito de Manhattan, en Nueva York. Asimismo, fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2002 y adquirió notoriedad nacional e internacional en 2001, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre.

Giuliani lleva siendo investigado desde al menos 2019 en un caso que supuestamente se centra en sus negocios en Ucrania. Aunque hasta el momento no ha sido imputado, la Fiscalía trata de demostrar que Giulani presionó ilegalmente al Gobierno en favor de funcionarios y empresarios ucranianos, quienes, presuntamente, ayudaban al abogado a buscar trapos sucios sobre los rivales políticos de Trump, incluido el entonces aspirante a la presidencia Joe Biden. Recientemente, la batalla legal se ha centrado en los documentos y datos de dispositivos digitales incautados por el FBI, que el pasado abril registró la vivienda de Giuliani, que ha negado hasta ahora todas estas presuntas irregularidades.

Grupos de donantes políticos anónimos relacionados con el círculo cercano de Donald Trump, y respaldados por las personas que han propagado denuncias infundadas en relación a las elecciones generales estadounidenses del 2020, parecen tener un papel clave en la financiación de una auditoría sin precedentes en Arizona que ha revisado 2,1 millones de votos.

Republicanos del Senado del estado de Arizona, órgano que autorizó el recuento, asignaron 150.000 dólares (unos 123.000 euros) para financiarla, lo cual representa solo una fracción del costo total estimado, que aún se desconoce. El Senado estatal tenía suficiente dinero en su presupuesto operativo para pagar por la investigación, según publicó el periódico Arizona Mirror en abril, pero prefirió no pagar el coste total.

En lugar de eso, la auditoría la están pagando donantes privados cuyas identidades siguen siendo un secreto para el público, según una investigación realizada por OpenSecrets y The Guardian. Los republicanos de Arizona y Cyber Ninjas, la empresa con base en Florida que está supervisando la revisión, se han negado a decir quién está aportando el resto del dinero. 

“Es absolutamente incorrecto que el Senado de Arizona oculte los mecanismos que financian una actividad aprobada por el órgano legislativo”, dice Adrian Fontes, un demócrata que fue el principal responsable electoral y no fue reelegido en el condado de Maricopa, el objetivo de la auditoría. “La falta de transparencia aquí es sencillamente grotesca”.

Los donantes apoyan falsedades sobre las elecciones

Los interrogantes en torno a la financiación comenzaron cuando el Senado de Arizona fue cuestionado por contratar a Cyber Ninjas, una empresa con muy poca experiencia en auditorías electorales, para que supervisara esta revisión masiva de votos. Doug Logan, director ejecutivo de la empresa, se manifestó a favor de la idea de que a Trump le robaron las elecciones. 

Karen Fann, presidenta del Senado del estado de Arizona, dijo que el año pasado recibió una llamada de Trump agradeciéndole por “ayudar a demostrar el fraude”, según correos electrónicos conseguidos por American Oversight, un grupo progresista que defiende la transparencia. Fann, que es republicana, también dijo que el año pasado habló en numerosas oportunidades con Rudy Giuliani, abogado de Trump.

Voices and Votes, una asociación civil dirigida por Christina Bobb, presentadora de One America News Network (OANN), una cadena de derechas que ha apoyado las falsedades sobre las elecciones, supuestamente aportó al menos 123.000 euros a la financiación de la auditoría. A esta misma asociación pertenecen también Chanel Rion, corresponsal en la Casa Blanca, y Courtland Sykes, novio de Rion. Según el Washington Post, los correos electrónicos demuestran que el año pasado Bobb habló con Trump sobre la auditoría y le envió a Fann declaraciones juradas de parte de Giuliani.

Bobb suele respaldar los esfuerzos de la auditoría en su programa de televisión, cuando tocan el tema de la revisión de votos en Arizona, o en las redes sociales, pero a BuzzFeed le dijo que OANN no está relacionada “de ninguna forma” con su asociación civil, a pesar de que este grupo de donantes anónimos está dirigido por varios empleados de OANN y es publicitado en la cadena. 

Voices and Votes fue registrada en marzo en Wyoming, poco antes de que se anunciara la auditoría, por Greg Roeberg, un abogado de Arizona. El año pasado, un comunicado de prensa de la campaña de Trump incluía a un Greg Roeberg en una lista como “miembro clave” de la agrupación Voces Judías a Favor de Trump. Roeberg dijo en un correo electrónico que no ha participado en la asociación civil más allá de ayudar con el papeleo legal para registrarla. La asociación no aceptó la petición de entrevista para este artículo. 

L Lin Wood, el abogado pro-Trump detrás de una serie de denuncias para cambiar los resultados de las elecciones del año pasado, le dijo a Talking Points Memo (TPM) que su organización sin fines de lucro, Fight Back, donó 41.000 euros a Voices and Votes para la auditoría. Pero no queda claro cuál es el destino final del dinero, ya que estos grupos tienen que responder a muy pocas leyes de transparencia financiera.

Wood, que ha respaldado en Telegram varios esfuerzos para reunir dinero para la auditoría, también le dijo a TPM que Logan, el director de Cyber Ninjas, trabajaba desde la casa de Wood para investigar las denuncias de fraude en las elecciones de 2020. 

Patrick Byrne, ex director ejecutivo de Overstock.com y ferviente defensor de Trump, también está liderando un grupo que financia la auditoría. Byrne estuvo involucrado en lo que Axios describió como “la reunión más loca de la presidencia de Trump”, una cumbre en diciembre de 2020 en el Despacho Oval que incluyó a Michael Flynn y a Sidney Powell, quien denunció infundadamente que las máquinas para votar habían cambiado votos a favor de Trump y sugirió que se podrían utilizar los recursos del gobierno para incautar estas máquinas. Supuestamente, Byrne también le gritó a representantes de la oficina del abogado de la Casa Blanca, acusándolos de no estar colaborando lo suficiente para dar vuelta el resultado de las elecciones. 

En abril, la ONG de Byrne, America Project, lanzó una campaña para reunir fondos para la auditoría, con el objetivo de llegar al equivalente a 2,3 millones de euros. Byrne dice que aportó 820.000 euros a la campaña, pero al menos otros 739.000 euros tienen un origen desconocido. Además, la ONG de Byrne está ayudando a contratar empleados para la revisión de votos, según el periódico Arizona Republic.

Byrne también fue director de otro grupo de donantes políticos anónimos involucrado en la auditoría, Defend the Republic, aunque él asegura que dimitió en abril. Creado por Powell, Defend the Republic publicó en su sitio web la información de contacto de todos los legisladores de Arizona e impulsó un engañoso documento llamado “Datos y detalles del fraude electoral”, escrito por Logan de Cyber Ninjas para el Senado de Arizona antes de la investigación. El documento contiene acusaciones ya desmentidas de que las máquinas de voto electrónico cambiaron votos de Trump en favor de Biden.

Además, previamente el grupo de Powell contrató a Wake Technology Services, Inc. (Wake TSI), un subcontratista, para auditar el equipamiento electoral en el condado de Fulton, en Pensilvania, a petición de Doug Mastriano, un senador de la legislatura estatal que sugirió agresivamente que la elección había sido robada, según documentos del condado obtenidos por The Guardian.

Paula Shives, una demócrata que forma parte de la comisión de tres miembros del condado, estaba escandalizada de que la empresa fuera autorizada el año pasado para inspeccionar material electoral. “¿Quién autorizó esto? ¿Cuándo fue programado? ¿Quién fue notificado y quién estuvo presente durante el proceso?”, escribió Shives al director electoral y a los otros dos miembros de la comisión en un mensaje de texto que obtuvieron OpenSecrets y The Guardian gracias a una petición de acceso a archivos públicos.

Randy Bunch, un inspector republicano del condado, respondió que la auditoría no mostró ningún problema: “La buena noticia es que no encontraron nada incorrecto y elogiaron a nuestro equipo, o sea a Patty y a nuestro personal, por cómo organizaron todo. Todo salió sin ningún fallo, todo cuadraba”.

Según el Washington Post, Wake TSI entregó en febrero el borrador del informe a funcionarios del condado, y parecía respaldar esa evaluación.

Sin embargo, la copia del informe sobre la auditoría en Pensilvania que fue subida al sitio web del condado argumentaba que Dominion Voting Systems no cumplía con los requisitos de certificación requeridos por el estado, detallaba “errores” en el escaneo de votos y supuestamente identificaba software “no certificado” en el sistema de votación del condado. Wake TSI no respondió a la solicitud de una entrevista.

En mayo, Wake TSI se retiró abruptamente de la auditoría de Arizona, y no está claro por qué. Mastriano fue uno de los legisladores de Pensilvania que visitaron el lugar de la auditoría a principios de junio. Entonces fue entrevistado por Bobb para la cadena OANN.

Trump espera ser “restablecido” como presidente en verano

Durante semanas, los observadores han señalado que los procedimientos establecidos para esta auditoría sin precedentes son de mala calidad y no se parecen en nada a los de una auditoría neutral. Pero Trump se ha interesado cada vez más por la auditoría de Arizona y en otros posibles procesos similares en otros sitios. Se dice que Trump le ha dicho a personas de su círculo cercano que espera ser “restablecido” como presidente este verano, algo imposible bajo el sistema legal vigente.

La llegada de fondos privados coincide con que los propios republicanos, incluidos los de Arizona, están promoviendo que se prohíba el uso de dinero privado en procesos electorales, después de que asociaciones benéficas donaran dinero a funcionarios electorales durante la pandemia. Los republicanos tienen como objetivo específico las donaciones de organizaciones respaldadas por contribuciones de cientos de millones de dólares de Mark Zuckerberg y su mujer, Priscilla Chan.

En abril, el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, firmó una ley que prohíbe contribuciones de dinero privado para ayudar a procesos electorales, con el argumento de que podría debilitar la confiabilidad de las elecciones. Florida y Georgia han adoptado medidas similares este año.

Las donaciones anónimas para la auditoría de Arizona podrían estar financiando algo más que solo los pagos a las empresas que la realizan.

Mark Finchem, diputado republicano de la legislatura de Arizona, un ferviente defensor de la auditoría y del movimiento Stop the Steal (“detened el robo”), afirmó durante una entrevista con Steve Bannon en America's Voice News que su asociación civil Guardian Defend Fund está “aportando dinero para pagar seguridad adicional en el lugar”.

Actualmente, Finchem está en campaña para ser el próximo secretario de Estado de Arizona, y dijo en una aparición en el canal de Redpill78 en la plataforma Twitch (donde, según el New York Times, se promueven las teorías conspirativas de QAnon) que ha hablado con Trump sobre las elecciones de 2020. Su abogado antes representaba a Cyber Ninjas.

“Irónicamente, tras prohibir las donaciones transparentes y filantrópicas para la administración electoral, que se usaron para ayudar a todos los votantes sin importar la pertenencia partidaria y durante una pandemia global, ahora el Senado de Arizona cuenta con donantes secretos para su 'auditoría'”, dice David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, un grupo que el año pasado recibió donaciones de Zuckerberg y Chan.

Telegram, memes y un cazador de tesoros

Además, las personas clave detrás de los grupos de donantes anónimos han estado utilizando una red de canales de Telegram para coordinar sus mensajes y difundir el contenido de cada uno. 

Uno de los principales canales de Telegram que apoya a estos grupos es el Arizona Red Roots. Gracias a Telegram y otras plataformas de mensajería, los defensores de la auditoría han coordinado discretamente sus esfuerzos y han difundido “actualizaciones AZ para las tropas”, con detalles de las estrategias para impulsar la revisión de votos.

Un documento de las “actualizaciones AZ para las tropas” realizado en abril y descargado desde Telegram contiene una lista de figuras importantes para la auditoría de Arizona, incluido Power of the Meme, un sitio web dedicado a hacer memes para apoyar la auditoría y “reclamar una auditoría forense cinemática”.

En mensajes de marzo y abril, los organizadores en estos canales promovieron que sus seguidores presionaran a la legislatura de Arizona para que contratara a Jovan Pulitzer, un cazador de tesoros famoso por inventar un aparato con forma de gato que permite que la gente escanee códigos en revistas para encontrar el producto en internet. La revista PC World lo incluyó entre los peores 25 productos tecnológicos de todos los tiempos.

Pulitzer se ha convertido en una especie de héroe para quienes creen que hubo fraude electoral (tiene una canción propia y todo) y los mensajes en los canales de Telegram les decían a los usuarios que Pulitzer era la única persona capaz de hacer la auditoría.

“Si New Hampshire ha contratado a Jovan y a otros auditores, ¿por qué no Arizona? Desde noviembre de 2020, Jovan fue el primero y el único en proponer auditorías a los votos de una forma ingeniosa y novedosa, ¡algo que nunca se había propuesto ni realizado! Y eso es lo que necesitamos para lograr encontrar votos pre-impresos en China. O votos realizados por la misma personas fraudulenta”, dice uno de los mensajes.

Pareciera que el esfuerzo ha tenido éxito. Supuestamente, la tecnología de Pulitzer está siendo utilizada por quienes están realizando la auditoría en Arizona para inspeccionar la calidad del papel de los votos y buscar filigranas, un método que los funcionarios electorales creen poco fiable para detectar fraude. También se dice que los funcionarios están usando esta tecnología para buscar fibras de bambú en los votos, una línea de investigación proveniente de una teoría conspirativa defendida por Pulitzer que sugiere que los votos llegaron a Arizona desde Asia.

Incluso algunos asesores de la auditoría son escépticos respecto de la participación de Pulitzer.

“Ese tío está loco”, le dijo en mayo a The Guardian John Brakey, un activista que está ayudando en el proceso de Arizona. “Es un timador.”

El negocio de la revisión de votos

A pesar de que los expertos han advertido los peligros que implica la auditoría de Arizona, esta se ha convertido rápidamente en un modelo para procesos similares en otros sitios. El viernes, Trump pidió que el Senado de Pensilvania autorice un proceso similar, solo unos días después de que Mastriano y otros legisladores visitaran el recuento de Arizona. Activistas de Nuevo Hampshire intentaron sin éxito que Pulitzer participara en la investigación de una elección local allí. Y en Michigan crecen los esfuerzos por realizar una “auditoría forense”, un vocabulario que copia al utilizado para describir la revisión de votos en Arizona. 

Algunas de las empresas y personas que están realizando la auditoría en Arizona podrían potencialmente beneficiarse mucho si comenzaran a progresar procesos similares en otras partes de Estados Unidos. 

Hace poco, Michigan rechazó una denuncia que fue promovida y financiada a través de los canales de Telegram de Arizona y que presentaba a Logan de Cyber Ninjas como un experto en el tema. Otro experto que proponía la denuncia era Benjamin Cotton, fundador de CyFIR, una empresa de análisis forense digital que está colaborando en la auditoría de Arizona.

El abogado del demandante, Matthew DePerno, reunió unos 246.000 euros para un “fondo de defensa ante el fraude electoral” para apoyar la fallida denuncia presentada en Michigan.

Y si bien la cantidad de dinero reunida a través de plataformas de Internet es de conocimiento público, la cantidad total de dinero que pasa de mano en mano entre las personas y las organizaciones involucradas en estos procesos tiene que someterse a pocos requerimientos de transparencia.

Fontes, el demócrata de Arizona, dice que fue “absolutamente inapropiado” que el Senado de Arizona no diera a conocer quiénes están financiando este proceso.

“Han dejado que suceda esto, se está llevando a cabo bajo la autoridad del Senado del estado de Arizona. Esta es una operación de Karen Fann, la presidenta del Senado”, dice. “Ella puede imponer las reglas que quiera y ha elegido el secretismo. Ha elegido generar confusión. Y está intentando desligarse de la responsabilidad por esta falta de transparencia”.

Traducido por Lucía Balducci

Joe Biden ya es el 46º presidente de los Estados Unidos. El demócrata ha jurado el cargo que le mantendrá al frente de la Casa Blanca durante los próximos cuatro años en una ceremonia a la que no han podido acudir simpatizantes. Rodeado por un fuerte dispositivo policial, el Capitolio de Washington D.C. ha reunido a personalidades de la vida política y social estadounidense. El acto, además, será recordado por la toma de posesión de la que será la primera vicepresidenta de la historia del país, Kamala Harris.

Las voces de Lady Gaga y Jennifer López han llenado el vacío de la explanada frente al Capitolio. El evento ha terminado con la poeta Amanda Gorman, de 22 años, apelando al optimismo en un día histórico para Estados Unidos. “Siempre hay luz, si somos lo suficientemente valientes para verla, si somos lo suficientemente valientes para encarnarla”.

Podría decirse que el estallido de violencia en el Capitolio se debió, entre otros factores, a una combinación de “intoxicación por testosterona” y legitimación de una ideología supremacista blanca y masculinizada, populista y sesgadamente patriótica, con un auge de los movimientos conspiranoicos retroalimentados por la pandemia de coronavirus para condimentar las cosas. Todo ello en un entorno comunicacional descontrolado y libérrimo en el que no hay freno para las mentiras y las noticias falsas o tergiversadas.

“La violencia es tan estadounidense como el pastel de cerezas”. Estas palabras de H. Rap ​​Brown, que fue presidente del Comité de la Coordinadora Estudiantil No Violenta (SNCC) y que actualmente cumple cadena perpetua por asesinato, bien podrían describir los sentimientos de quienes intentaron cerrar el Capitolio en Washington. Muchos de ellos sufren de “intoxicación por testosterona”, un término acuñado por el actor Alan Alda en su artículo de 1975 de la revista Ms. (fundada por Gloria Steinem y otras feministas de los 70) sobre “Lo que toda mujer debería saber sobre los hombres”. La intoxicación por testosterona exagera la necesidad de cometer actos violentos porque la violencia hace que los intoxicados se sientan muy bien. Y hay mucha gente que se siente muy mal y se anima con la violencia. Se sienten mal, por ejemplo, capas enteras de la población estadounidense mayoritariamente masculina y blanca (agricultores, trabajadores de industrias obsoletas, trabajadores de la construcción, veteranos de las múltiples guerras en las que ha entrado EE. UU., etc.) que han perdido su trabajo, su norte, su rol de hombres proveedores, etc.

¿Por qué el 6 de enero? ¿Por qué en el Capitolio? Aquí es donde entra en juego la legitimación de las élites que fomentan la mencionada ideología supremacista. Son esas élites o grupos de influencia que dan las pautas y azuzan la violencia supremacista. Las élites no pueden llevar a las masas en direcciones a las que no desean ir, pero pueden frenar o presionar el acelerador. Donald J. Trump es el jefe de una sección de las masas irresponsablemente alimentada hacia la división, la desconfianza y el odio hacia lo diferente. Esas masas a las que se les ha animado a volver al “salvaje Oeste” donde el orden no lo imponía la Ley, sino la fuerza (de las armas).

Cuando Trump azuzó a sus votantes a fin de que marcharan hacia el Capitolio e hicieran el salvaje intentando presionar al Congreso para que rechazara la elección de Joe Biden, les dijo lo que querían escuchar. Y para lo cual les venía animando desde hace casi dos años cuando en las primeras comparecencias o tweets de Trump sobre las elecciones, este dijo que si no ganaba era porque estarían amañadas.

Los eslóganes de las pancartas que llevaban mostraban su compromiso para cumplir las indicaciones de Trump; para impedir lo que Trump llama “robo de las elecciones”. Trump siguió aludiendo al falso robo de votos incluso en su corta intervención en medio de la violencia desatada en el Capitolio y sólo tras ser requerido públicamente por Biden a comparecer y pedir que se frenara la violencia.

La pandemia de coronavirus y las medidas tomadas para paliarla, agregan las especias. La gente está cansada ​​de quedarse en casa. Todo el mundo quiere un buen pretexto para salir y hacer algo. Salir para defender una supuesta causa justa es una buena excusa.

Todos estos ingredientes juntos dan lugar al dominio impuesto por la fuerza (temporal o de largo plazo, si se concreta en un golpe de Estado) de una banda belicosa (la que asaltó el Capitolio, pero que descansa en más de 70 millones de votantes) sobre las decisiones democráticas de la mayoría de la ciudadanía, “los otros”. Y eso es lo que hemos visto en nuestros televisores y nos ha perturbado.  

Nos ha perturbado y asustado porque no sabemos si lo que ha pasado en el Capitolio servirá o no para quitar el velo de los ojos a la gente arrastrada por el populismo también en otros países.  Estamos viendo con preocupación cómo en diversos países europeos la demagogia, las mentiras e incluso la incitación a la violencia (contra inmigrantes, contra derechos adquiridos, etc.) están creciendo. Ya se empiezan a ver en las calles de varias ciudades europeas muestras de intoxicación por testosterona, aunque sólo sea para hacer fiestas imprudentes.

Cada vez más partidos previamente “serios” están diciendo a sus potenciales votantes lo que estos quieren oír. Nos pueden halagar los oídos diciéndonos que nos van a poner una estación de Ave delante de nuestra puerta, un muro para separarnos de México, que la solución de nuestros males está en salirnos de Europa o de España o que vamos a hacer América grande de nuevo. Así de simple, así de fácil de entender y así de dulce. Con una sola frase se puede identificar al culpable de nuestros males y se puede espolear el ánimo, o la testosterona, contra ese culpable.

Realmente, ¿nos estamos dejando intoxicar por la testosterona? Sea como sea, ninguna intoxicación es deseable. Como mujeres, con bastante menos testosterona (de media) que los hombres, con muchas horas de cuidados a nuestras espaldas y conociendo que no hay soluciones simples para problemas complejos, hacemos una llamada a pensar qué hay detrás de las promesas halagadoras y/o que estimulan nuestros instintos más básicos (el hormonal uno de ellos). Una forma sencilla de hacerlo podría ser el pensar que cualquier cosa tiene un coste, unas consecuencias y un potencial beneficio. En esta línea empezamos por una primera modestísima propuesta: Cada vez que nos prometan algo de envergadura y apetitoso, traduzcamos su precio en cuidados. ¿A cuántas plazas de guardería, a cuántas becas de investigación equivalen esas mastodónticas instalaciones para competiciones deportivas (carreras de coches, etc.) que después no tienen uso, porque no son necesarias?  El negocio es construir y el empleo se genera mientras dura la construcción. Mientras tanto, no hay presupuesto para reparar techos de escuelas públicas que se caen, hay escolares que tienen que recibir clase en barracones prefabricados y se cierran laboratorios en centros de investigación punteros, o bien estos se mantienen a base de voluntarismo y empleo precario. Hacernos estas preguntas es un ejercicio simple, pero que nos evitaría la exposición acrítica a propuestas no centradas en lo esencial, en la vida digna. Preferimos propuestas con razón, ciencia y corazón a propuestas guiadas por la testosterona.

Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. El colegio electoral certificó este lunes el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. La victoria del candidato demócrata se anunció el pasado 7 de noviembre, pero, como sucede en todas las elecciones de Estados Unidos, el resultado definitivo, con todos los datos después de contar, revisar y en algunos casos volver a recontar los votos, se hizo oficial hace cuatro días.

Las elecciones en Estados Unidos se deciden en unos pocos estados clave. Según su sistema electoral, el ganador de la mayoría de votos en un estado se lleva todos los “votos electorales” de ese territorio. Hacen falta 270 para ganar, y cada estado tiene asignado un número que depende en gran medida de su población. La mayoría de estados son seguros para los partidos, ya que llevan décadas votando por el mismo. De hecho en ellos los candidatos no hacen campaña.

Con los datos definitivos, los dos extremos son Massachusetts, donde Biden consiguió el 66% de los votos, y Wyoming, donde Trump consiguió el 70%. Pero por la gran diferencia de población eso supone en el caso de Massachusetts, más de 2,3 millones de votos para Biden, y en el caso de Wyoming, 190.000 para Trump. El estado demócrata tiene 6,9 millones de habitantes. Wyoming, 580.000.

El estado más demócrata

“Voté por Biden este año”, aseguró Stuart Franham, estudiante universitario de Boston. Franham tiene 28 años y su papeleta fue una de las más de dos millones destinadas al demócrata en el estado. Esta zona ha sido la que más ha apoyado a Biden del país con casi un 66% de votos, es decir, un 6% más que en 2016.

El presidente electo es actualmente el candidato a presidente más votado de la historia de Estados Unidos. Massachusetts ha votado demócrata en las presidenciales durante décadas, incluso en el momento más difícil para el partido. Fue el único estado que apoyó a Goerge McGovern en su gran derrota frente a Nixon en 1972. Desde 1976, el único republicano al que han elegido como presidente ha sido Ronald Reagan.

Situado en el noreste del país, Massachusetts es uno de los lugares predilectos del partido demócrata. La mayoría de ciudadanos del estado se concentran en el área metropolitana de Boston, capital del estado y una de las zonas donde más votos registró Biden este 2020.

Entre las preocupación de sus residentes, Frahaman aseguró que, en este momento, lo principal es “tener COVID-19 bajo control”, en un momento en el que la pandemia está azotando fuertemente el país, que tiene la esperanza puesta en la vacuna recientemente aprobada, y no la economía, ya que “confía en que pueden recuperarse de la caída económica que están experimentando”. Además, tacha al presidente Trump de “haber hecho todo lo posible, de forma inmoral, para hacer suyas estas elecciones” pese a asegurar que “no es una sorpresa que reaccione así”.

El estado más republicano

Cole Vielhak, ciudadano de Wyoming de 26 años, votó por Trump. El joven estadounidense señaló que “el partido demócrata en general tienen ideas que pondrían en peligro la carrera de muchos amigos, incluido mi hermano gemelo”. Este estado es la otra cara de la moneda y ha sido en estas elecciones el que más apoyo ha brindado al republicano, con un 70% de los votos. Wyoming es actualmente el bastión republicano. El estado situado al oeste del país, se caracteriza por sus zonas rurales, pueblos y pequeñas ciudades, lugares donde suelen residir perfiles de votantes republicanos.

Este estado tiene un peso desproporcionado en relación a su población, lo cual se nota también en el Senado. Wyoming, con tan solo 580.000 ciudadanos, cuenta con dos senadores, los mismos que el estado de California, donde residen en la actualidad casi 40 millones de personas. El dominio de este estado rural frente a otros más grandes y poblados, se debe al sistema electoral estadounidense, el cual fue diseñado para tratar de equilibrar la balanza entre unas zonas y otras. Lo cual, en este caso, favorece al partido de Trump.

“El estilo de vida de Wyoming se centra en hacer las cosas `a la vieja usanza´, por algo nos denominan el estado cowboy”, señala Vielhak, quien además añade que él, como parte del estado, “siempre se ha inclinado por lo conservador” y que “apoya la mayoría de las ideas y valores republicanos”. La última vez que el estado votó por un candidato demócrata fue a Lyndon Johnson en su victoria de 1964.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el viernes la demanda presentada por Texas para revocar el resultado de los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

En su escrito, la alta instancia judicial señaló que “Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la manera en que otros estados llevaron a cabo las elecciones. El resto de mociones son rechazadas como irrelevantes”.

El comunicado no reveló detalles sobre la deliberación de los nueve jueces del Supremo (seis conservadores y tres progresistas), aunque no hubo ninguna opinión de disenso.

Por separado, los magistrados conservadores Samuel Alito (nominado por Trump) y Clarence Thomas indicaron que el tribunal no tiene discreción para denegar la presentación de un escrito de queja en un caso que entra dentro de su jurisdicción original, con lo que hubieran admitido a trámite la querella.

De esta forma, la corte le ha dado la espalda a Trump en sus intentos de subvertir el resultado de los comicios, pese a que el mandatario ha contribuido a consolidar la mayoría conservadora en este tribunal, con el nombramiento de tres jueces durante su mandato: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Trump nominó a Barrett a finales de septiembre para que fuera confirmada en el Senado antes de los comicios, en anticipación de un resultado ajustado de los mismos que pudiera acabar en la Corte Suprema, sin embargo, ni Barrett, ni Gorsuch, ni Kavanaugh se posicionaron este viernes al lado del presidente.

Esta semana, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, solicitó al Supremo que impidiera que Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, todos ellos estados donde venció Biden, refrendaran su victoria en el Colegio Electoral el próximo lunes, al alegar que sus gobernadores emplearon la pandemia como “pretexto” para cambiar las reglas electorales y permitir un mayor voto por correo, una opción que eligieron millones de estadounidenses.

A esos cuatro estados les corresponden en total 62 votos en el Colegio Electoral, de manera que si el Supremo se hubiera posicionado a favor de Paxton el resultado de las elecciones hubiera podido cambiar, ya que Trump acumula 232 votos y Biden 306, por encima de la barrera de 270 necesaria para alcanzar la Casa Blanca.

El propio Trump, que no ha reconocido su derrota en los comicios del pasado 3 de noviembre al alegar sin pruebas un supuesto fraude electoral, aportó el miércoles una moción para respaldar el caso de Texas ante el Supremo y el viernes alentó en Twitter al alto tribunal a adoptar una resolución que le beneficiara.

“¡Si la Corte Suprema muestra gran sabiduría y valentía, el pueblo estadounidense ganará a lo mejor el caso más importante de la historia, y nuestro proceso electoral será respetado de nuevo!”, escribió Trump.

El martes, el Supremo ya rechazó una querella interpuesta por los aliados del presidente saliente para revertir el triunfo de Biden en Pensilvania.