La sede del Partido Comunista de España (PCE) e IU en Talavera de la Reina ha sido víctima de actos vandálicos y ha amanecido este jueves con rotura de cristales y daños en el interior fruto de, al parecer, el lanzamiento de piedras.

El Partido Comunista de España (PCE) en Talavera de la Reina denuncia públicamente esta agresión a su sede local que, además de los daños materiales, “reviste una especial gravedad por producirse en una fecha de alto valor simbólico”, ya que coincide con el aniversario de la legalización del PCE, “un hito histórico que marcó el avance de las libertades democráticas en nuestro país”, indican las mismas fuentes.

La inauguración, prevista para el 17 de abril

Además, puntualizan desde el PCE de Talavera, el ataque se ha producido a una semana de que se lleve a cabo la inauguración oficial de la sede, prevista para el viernes 17 de abril y en la que está confirmada la presencia del secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Este acto vandálico, denuncia el PCE de Talavera de la Reina, no es solo un ataque contra un espacio físico, “sino contra los valores democráticos, la convivencia y el respeto a la pluralidad política”. En este sentido, el partido hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y a la ciudadanía en general para rechazar cualquier forma de violencia o intimidación.

Pese a esta agresión, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos democráticos y continúa adelante con los preparativos para la inauguración de la sede, que se celebrará según lo previsto, “como muestra de firmeza frente a cualquier intento de coacción”.

Finalmente, el PCE agradece las muestras de apoyo recibidas y confía en que estos hechos no se repitan, apostando por una sociedad basada en el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica.

El PSOE condena lo ocurrido: “Este no es el camino”

El PSOE de Talavera ha condenado lo ocurrido y extiende esta condena “a cualquier acto vandálico que se lleve a cabo, puesto que la democracia se defiende a través de la defensa de las ideas y del debate, pero nunca desde la confrontación y mucho menos con actos violentos como los ocurridos durante esta madrugada”.

“Este no es el camino”, han asegurado los socialistas en un comunicado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este viernes que, de acuerdo a su experiencia política, el hecho de que Red Eléctrica de España sea pública “garantiza que siempre va a haber una autoridad pública encima, pero no garantiza ni que funcione mejor ni que sea más eficaz”.

Durante una visita a Orgaz, en Toledo, ha sido preguntado por la propuesta de Sumar para nacionalizar al cien por cien Red Eléctrica. La idea la lanzó el diputado del grupo Sumar, Enrique Santiago, que se desplazó ayer a Toledo a participar en la manifestación del Primero de Mayo. Una forma, dijo, de que “se garanticen las necesarias inversiones”, además de avisar de que el “lucro” no puede redundar en la reducción de estas inversiones y en “inseguridad”.

Page ha comentado que no sabe a qué se refiere Sumar con esta propuesta. Ha señalado que el Estado “ya está encima del sistema eléctrico”, que “está permanentemente intervenido” y “no pueden hacer lo que les dé la gana”.

“Es más, el Estado ha legislado taponando las inversiones. Ninguna empresa puede hacer de su capa un sayo, ni siquiera Red Eléctrica”, ha dicho, señalado que el sistema está “intervenido con multitud de regulaciones, tanto nacionales como europeas”, ha aseverado.

Beatriz Corredor, “enormemente competente”

Además, ha pedido este viernes que primero se dirima la causa del apagón del pasado lunes para que después se puedan derivar responsabilidades, al tiempo que ha destacado la profesionalidad de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

“Beatriz es una persona enormemente competente, además es de Castilla-La Mancha, precisamente de Quintanar de la Orden, en Toledo”, ha afirmado el presidente regional a preguntas de los medios tras la inauguración de una hospedería en Orgaz.

Lo verdaderamente importante para poder derivar cualquier responsabilidad es primero saber qué ha pasado, ha remarcado García-Page, que ha apelado a “ir primero al relato de los hechos”, que debe ser “veraz y contrastado”.

A su juicio, “más allá de los tiras y aflojas de la clase política, la responsabilidad fundamental la dirimen los ciudadanos, que son los que saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal”.

“La etapa de responsabilidades llegará después de saber cuál es la causa, si no es como empezar la casa por el tejado”, ha remarcado.

Convocados por UGT y CCOO, miles de trabajadores y trabajadoras han salido hoy a las calles de las principales ciudades de Castilla-La Mancha para hacer valer los derechos alcanzados en los últimos tiempos y defender los nuevos avances sociales y laborales que quedan pendientes: subida del SMI, reducción de la jornada laboral, reforma del despido improcedente y la lucha contra la siniestralidad laboral, entre otros.

El secretario general de CCOO en la comunidad autónoma, Paco de la Rosa, ha participado en la marcha celebrada en Guadalajara, a la que han asistido unas 1.000 personas, según fuentes sindicales, para recordar los 'debes' pendientes para las personas trabajadoras, la reducción de jornada y el control del fraude en las horas extra la reforma del despido.

También ha recordado que “más de 12.000 empresas despidieron a gente en Castilla-La Mancha el año pasado y muchas veces con indemnizaciones bajas pese a ser despidos improcedentes”. Por otro lado se ha referido a la necesidad de políticas públicas “que intervengan en el problema social del acceso a la vivienda”. 

De la Rosa ha señalado la “oportunidad” de que hoy la clase política, la clase empresarial y la ciudadanía tome nota de las reivindicaciones de las personas trabajadoras. En este aspecto ha recordado que “hay quien plantea la obsolescencia de la democracia en el mundo”. En su opinión, el sindicalismo de clase “hace y hará de muro” en una sociedad con reglas democráticas frente a los ataques de la ultraderecha y para proteger los derechos y los avances.

El lema de este Primero de Mayo es ‘Proteger lo conquistado, ganar futuro’ y hoy, decía el líder regional de CCOO, “los sindicatos reivindicamos lo conquistado, cómo hemos desmontado los mantras que decían que las pensiones no son sostenibles, o que subir el SMI iba a ser un desastre”. 

Mientras, la secretaria general de la UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha subrayado el lema de este año 2025, “máxime cuando hoy en día se ponen en tela de juicio los logros alcanzados por generaciones enteras que ven con estupor y con dolor el riesgo de perder nuestro estado de bienestar, nuestros servicios públicos, la diversidad…”.

“Hoy los sindicatos de clase salimos a reivindicar cuestiones muy importantes, entre ellas la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que debe alcanzar el 60% del salario medio”. También ha reclamado la reforma del despido improcedente, “implementando medidas que vengan a disuadir al empresario y a resarcir a las personas trabajadoras que son despedidas injustamente”.

Otra reivindicación pasa por mejores salarios porque cree que no suben “de manera equitativa y acorde al beneficio que está obteniendo el empresario y a cómo están subiendo los precios”.

Hoy en día se ponen en tela de juicio los logros alcanzados por generaciones enteras que ven con estupor y con dolor el riesgo de perder nuestro estado de bienestar, nuestros servicios públicos, la diversidad…

Lola Alcónez — Secretaria general de UGT Castilla-La Mancha

“No puedo olvidarme de la lacra que representa para esta región la siniestralidad laboral. Es una lucha incansable de UGT frente a la que pedimos más cultura preventiva; la puesta en marcha este año del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha; la creación de la figura del delegado de prevención territorial; y la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Hoy mismo se producía un nuevo accidente laboral. Un trabajador de 38 años ha caído desde un tejado desde una altura de ocho metros en Albacete capital, por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital general de la ciudad.

Toledo ha sido la primera en salir a la calle

La manifestación del 1 de mayo de 2025 en Toledo ha partido sobre las 11:15 horas de la mañana desde la plaza de toros hasta lapPlaza de Zocodover, un recorrido en el que alrededor de 500 personas, según fuentes policiales -hasta un millar, según los organizadores- han portado pancartas con diferentes lemas. 'Mujeres de negro contra la guerra', 'Cuidar el trabajo, cuidar la vida', o 'Todas somos palestina, todas somos la resistencia' han sido los más señalados.

Han alzado la voz con algunos cánticos, en general la marcha ha transcurrido muy silenciosa. “Viva la lucha de la clase obrera”, se escuchaba en ocasiones, entre una multitudinaria ola de banderas y silbatos que ha acaparado la atención de los transeúntes. Los manifestantes también cantaron contra la guerra en Gaza y por el pueblo Palestino. En ocasiones, incluso, hubo gritos contra Pedro Sánchez.

Hago un llamamiento a los grupos parlamentarios de la derecha, PP y Junts, que todavía no se han pronunciado para garantizar el nuevo derecho de la reducción de la jornada laboral a los trabajadores y trabajadoras

Enrique Santiago — Secretario General del PCE en España y diputado por Sumar

El secretario general del PCE y diputado por Sumar, Enrique Santiago, se ha desplazado a Toledo para participar en la manifestación del Primero de Mayo.

Hacía un llamamiento “expreso” a todas las fuerzas parlamentarias para que “no obstruyan” la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La medida pasará por Consejo de Ministros la próxima semana. En particular se dirigía a PP y a Junts en su apelación porque, recordaba, “todavía no se han pronunciado” sobre cuál será su posición.

Tras agradecer la labor que desempeñan trabajadores y sindicatos en la lucha de derechos laborales, se ha alegrado de que desde el Gobierno de España se haya “conseguido mejorar los salarios, no solamente con la subida del salario mínimo, sino también arrastrando los salarios convencionales”, así como “reducir la precariedad”, enfrentando “un reto muy importante” como es “la reducción de jornada”.

Después, a partir de las 12 horas, las marchas se han repetido en las capitales de provincia de la región. En Ciudad Real, la convocatoria corría de la mano del sindicato CNT.

En Guadalajara ha contado con la participación de un millar de personas, unas 1.500 en Albacete. En la provincia de Ciudad Real las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT se han celebrado en Puertollano, con la participación de 700 personas, y en Alcázar de San Juan, con 250 participantes.

En Cuenca capital la manifestación ha ido de la antigua estación de tren hasta la Plaza de España, con unos 500 manifestantes.

Un manifiesto con reivindicación laboral, social y con foco internacional

Como cada Primero de Mayo, los sindicatos han salido a la calle para reivindicar la mejora de los derechos de los trabajadores, pero también para denunciar otras causas sociales como el derecho a la vivienda, especialmente para la juventud, ya que lo consideran “un problema social de primer orden”.

Los sindicatos han rendido homenaje a aquellas personas que son perseguidas y asesinadas por defender una sociedad más justa y democrática. Aquellos que sufren represión, ocupación y guerra.

En el manifiesto hecho público en este Primero de Mayo han criticado el conflicto bélico que sigue arrasando Ucrania tras la invasión por parte de Rusia. “Exigimos el fin de la ocupación en Palestina, de la limpieza étnica de su población, el fin del genocidio en Gaza y los ataques indiscriminados en Cisjordania”, han expresado también en el manifiesto.

Desde CCOO y UGT hacen igualmente un llamamiento a que el silencio y la neutralidad no son opciones válidas y rechazan que es la comunidad internacional “la que está permitiendo que el gobierno de Netanyahu continúe violando el derecho internacional”. Estas organizaciones sindicales también han querido reafirmar su solidaridad y compromiso con la causa del pueblo palestino, recalcando que tienen “derecho a un Estado propio”, donde puedan convivir en paz con el Estado de Israel y que eso no afecte a su seguridad.

Por otro lado, ponen el foco en la guerra comercial impulsada por la nueva administración de Donald Trump, reprobando la imposición de aranceles que “amenazan gravemente al comercio mundial” y que “requieren una respuesta firma y coordinada de la Unión Europea”, recalcan desde los sindicatos.

Creen que hay que hacer frente a las políticas de extrema derecha que promueven el desmantelamiento del Estado de Bienestar, el deterioro de los servicios públicos, el odio a la diversidad, las políticas de igualdad, así como la defensa del racismo y el negacionismo de la crisis climática.

Dejando a un lado lo internacional, en el caso de España subrayan como “imprescindible” impulsar el diálogo social para reforzar el empleo digno y seguir luchando por: mejorar los salarios a través de la negociación colectiva, garantizar el derecho a la vivienda, avanzar en igualdad de género y apostar por la lucha contra la violencia machista. Por último, conseguir afianzar el compromiso político y que se apruebe legislativamente el acuerdo de Gobierno y sindicatos para lograr la jornada máxima legal de 37,5 horas mensuales.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) piden este 1 de mayo “la reducción de la jornada (35 horas semanales), la igualdad real entre mujeres y hombres, el teletrabajo, la racionalización de horarios para conciliación efectiva sin merma de productividad y la lucha sin cuartel frente al trabajo a demanda”.

Además, CSIF denuncia la situación de “discriminación” que, dicen, afecta a los trabajadores de las administraciones públicas y que “son esenciales, como ha quedado demostrado una vez más con el apagón masivo sufrido este lunes”.

“Exigimos la negociación inmediata de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluyó el pasado 31 de diciembre) y la negociación de la oferta de empleo público de este año”.

García-Page, en la Romería del Valle de Toledo

Mientras los sindicatos, trabajadores y trabajadoras participaban en las manifestaciones, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha optado por acudir a la romería del Valle en Toledo y a la misa que se celebra en la ermita, en esta parte de Toledo. Allí ha estado junto a la delegada del Gobierno de España Milagros Tolón o el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entre otros, mientras se celebraba la marcha del Primero de Mayo en las calles toledanas.

Page ha pedido un consenso “lo más amplio posible” para sacar adelante los “avances” en materia de legislación laboral que están encima de la mesa en el país.

“Creo que casi todos los avances en materia laboral requieren de empuje, requieren de consenso, pero también de tesón para conseguirlos, y creo sinceramente que en el día de hoy lo que podemos todos desear es que lo que puede ser y será un planteamiento de reforma y de avance dentro de unos años, si es posible que lo podamos empezar a tener ya”.

A su juicio, los avances que “hoy se están dibujando” en materia laboral “van a terminar cayendo por su peso”, pues en buena parte del mercado laboral “ya existen”, por lo que ha confiando en que la nueva legislación “pueda ir abriendo ese paso”.

Igualmente, García-Page ha deseado que la nueva legislación laboral se pueda mantener “gobierne quien gobierne”, ya que eso “es lo que realmente consolida las legislaciones y el derecho en todos los estados modernos”.

En la versión más favorable para el Gobierno, Pedro Sánchez es un músico de jazz improvisando en una 'jam session' permanente. En la contraria, el presidente del Gobierno lleva tiempo sosteniendo varios platillos en el aire y consiguiendo que ninguno se caiga mientras el público teme que todo se venga abajo en cualquier momento. Quizá la verdad esté en el punto medio, pero lo que es seguro es que Fernando Grande-Marlaska ha entrado en el escenario, ha pegado una patada a los platillos y los ha lanzado por los aires.

Un día después de que Sánchez anunciara que ha encontrado 10.000 millones de euros rebuscando en los armarios del Gobierno para aumentar el gasto militar, sus socios descubrieron que la promesa de que España no iba a comprar más armamento a Israel era una ficción. Al menos lo era desde el momento en que el Ministerio de Interior llegó a la conclusión de que no le venía bien cancelar el contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil por valor de 6,6 millones de euros. A fin de cuentas, en Gaza solo se está produciendo un genocidio. ¿Quién podría molestarse por una compra de 15 millones de balas?

Ese es el nivel de ceguera política que coloca a los gobiernos de coalición al borde del precipicio. Si fuera la primera vez que ocurre un hecho de estas características es posible que los socios del PSOE se hubieran contenido. No es así y por eso su reacción no puede sorprender a nadie. Como dice la frase de un personaje de una novela de Ian Fleming, una vez es casualidad, dos veces es coincidencia y tres veces es un ataque enemigo. En Izquierda Unida han decidido que el tema que nos ocupa entra dentro de la tercera categoría.

La noticia de que las numerosas promesas de Sánchez y Marlaska sobre la compra o venta de material militar israelí admitían excepciones hizo que Sumar decidiera que ya ha tragado demasiado. Yolanda Díaz exigió una “rectificación inmediata”. IU fue más lejos. En una breve declaración ante los medios, su coordinador, Antonio Maíllo, utilizó cinco veces la expresión “crisis de Gobierno” en menos de cinco minutos para advertir de las consecuencias que tendría la decisión. “Si sigue (el PSOE) por ese camino, se abre la crisis de Gobierno más importante de esta legislatura”.

No era suficiente para IU, que convocó una rueda de prensa de Enrique Santiago en la mañana del miércoles. El portavoz de IU en el Congreso negó que sea imposible anular ese contrato, como sostiene el Ministerio de Marlaska, y en todo caso defendió que es mejor ir a un pleito en los tribunales. Vino a decir que es preferible perder ese juicio y pagar una alta indemnización que colaborar con la industria militar israelí.

No pidió directamente la dimisión del ministro de Interior, pero planteó que si hay altos cargos que no son capaces de cumplir el acuerdo de no comprar o vender armas a Israel, lo mejor es que den “un paso al lado”. Mencionó que Marlaska dijo en diciembre del año pasado que ese contrato “no había sido firmado” y que se había iniciado el proceso para cancelarlo.

Santiago se fue calentando en la rueda de prensa y pasó a hablar del aumento del gasto militar y la política de defensa de España. “El asunto es que no hacemos nada en la OTAN”, dijo. “Un euro dedicado a rearme es un euro que no se dedica a gasto social”. “El Congreso tiene que debatir sobre el rearme”, y no vale con una comparecencia de Sánchez en mayo para salir del paso. Se debe debatir y también votar, precisó, que es algo a lo que no está dispuesto el PSOE.

Marlaska ha conseguido que el aumento del gasto militar pase de ser un sacrificio difícil de aceptar para Sumar a convertirse en un momento insoportable. Yolanda Díaz había garantizado que la decisión no provocaría la ruptura del Gobierno. 24 horas después, todo parecía más complicado.

IU reclama que se revise el “mecanismo de relación con el socio”. Fue Sánchez quien decidió llevar el asunto al Consejo de Ministros del martes sin ningún consenso previo. La política exterior y de defensa es patrimonio exclusivo de Moncloa, pero si Sánchez aspira a que le apoyen sus socios en el Gabinete, no puede pretender que se enteren de todo por la prensa.

En la anterior legislatura, el Gobierno fue aumentando los fondos de defensa con los subterfugios presupuestarios que son habituales en España y Unidas Podemos lo aceptó sin plantear ningún escándalo. Ahora es diferente, cuando el debate del gasto militar está en todas las portadas y hay que incrementarlo hasta niveles inéditos. Como aviso implícito a Podemos, Santiago recordó que fue el único miembro de ese Gobierno que se manifestó en la calle contra la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN.

La respuesta inicial de Moncloa fue de esas que solo contribuyen a enfurecer aún más a los discrepantes. Fuentes de Moncloa dijeron que la Abogacía del Estado advirtió al Ministerio de que el resultado, en caso de anular el contrato, hubiera supuesto abonar el precio a la empresa israelí sin recibir la munición. Ese es un desenlace al que Sumar no pondría objeciones. No van a llorar por seis millones el día después de que se anuncie que se van a gastar 10.000 millones más en gasto militar.

Las fechas ponen en evidencia a Marlaska. El Ministerio de Interior informó de que el contrato fue adjudicado el 21 de octubre de 2024 por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Es decir, un año después del inicio de la campaña de bombardeos israelíes en Gaza cuando Sánchez y Marlaska ya habían anunciado en varias ocasiones en el Congreso que los únicos contratos de armamento que se ejecutaban eran aquellos firmados antes del 7 de octubre de 2023.

Una semana después, se inició el estudio para ver si se podía cancelar. Resulta extraño que la Guardia Civil se dedique a firmar contratos de suministro de armas o munición sin el conocimiento del Ministerio y que tengan que ponerse de inmediato a buscar la forma de no cumplirlos. La conclusión a la que se llegó es que no salía a cuenta. “La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, según fuentes de Interior.

Esa respuesta no pasará el corte que exige Izquierda Unida. “Ni seis, ni 6.000 millones pueden justificar que España caiga en ser cómplice de un genocidio”, avisó Enrique Santiago. Ahora Sánchez tiene que decidir si merece la pena gastarse seis millones en mantener intacto el Gobierno de coalición. De lo contrario, los platillos pueden caerle sobre la cabeza.

Nota: en la mañana del jueves Moncloa ha intervenido para ordenar al Ministerio de Interior que rescinda el contrato de compra de munición a una empresa israelí en respuesta a las protestas de Sumar.

La polémica suscitada por el acuerdo suscrito el pasado agosto entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa no tendrá consecuencias para los agentes. El expediente que anunció el Ministerio del Interior ha sido cerrado sin propuesta de sanción ni de una investigación más profunda, según han informado a elDiario.es fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. 

El acuerdo, según anunciaron ambas organizaciones en agosto, implicaba la posibilidad de que Desokupa diera formación en “defensa personal” a 30.000 policías nacionales. La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, calificó el acuerdo de “histórico” y justificó los cursos de adiestramiento por parte de Desokupa en la “violencia desmedida” que, según ella, se ejerce a día de hoy contra las Fuerzas de Seguridad. “La autoridad se ha perdido”, alegó Gracia en ese momento. 

El acuerdo entre una organización representativa de policías nacionales y una organización conocida por sus métodos violentos y sus posicionamientos ultraderechistas suscitó una polémica que Interior quiso atajar con el anuncio de la apertura del expediente. Pero también con el mensaje desde el ministerio de que estaban en riesgo las subvenciones públicas al sindicato policial, principal fuente de financiación junto a las cuotas de sus afiliados. Una vez comprobado que no hay policías nacionales trabajando para Desokupa, el expediente informativo ha sido cerrado, confirma un portavoz oficial.  

El pasado octubre el director general de la Policía, Francisco Pardo, compareció en el Congreso de los Diputados y fue requerido por el diputado de Sumar Enrique Santiago para que explicara los avances de la investigación interna al SUP. Su respuesta no parecía anticipar una resolución rápida ni muy contundente. “Nosotros hacemos lo que la ley nos permite hacer”, respondió Pardo el pasado 14 de octubre. 

“Los expedientes disciplinarios son extraordinariamente garantistas, pero extremadamente garantistas. Hay algunos que acaban pesando muchos kilos por toda la documentación, las pruebas que se aportan, etc. Si en este momento pudiera facilitarle alguna información más allá de la que ya le he facilitado, que ha sido bastante amplia, lo haría. Pero le insisto: confíe”, dijo Pardo en la comisión de Interior.

El SUP fue el sindicato líder en la Policía española hasta la irrupción de Jupol, heredero de la asociación Jusapol. La asociación exige desde su creación la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los mossos d’Esquadra y adquirió una adhesión muy destacada en el seno de las fuerzas de seguridad al calor del proceso soberanista en Catalunya. 

Los métodos de Jusapol fueron desde su inicio muy agresivos hacia los sindicatos tradicionales, incluido el SUP. Algunas de estas organizaciones sindicaldes se han dejado arrastrar hacia posiciones extremas, ya sea en su acercamiento a Vox o lanzando mensajes radicalizados, tratando de recuperar el favor de la mayoría perdida. En las últimas elecciones, el SUP recuperó posiciones hasta igualar en número de representantes den el Consejo de la Policía a Jupol, pero con menos votos. 

Desde el primer momento, el Ministerio del Interior desmintió la afirmación del SUP de que el curso en defensa personal de Desokupa resultaría “baremable” para los agentes, esto es, que puntuaría en sus intentos por ascender. En una respuesta al ahora diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, el Ministerio del Interior explica que es la División de Perfeccionamiento de la Policía quien se encarga de realizar una formación continua de los agentes. Ábalos realizó esa pregunta indignado por el acuerdo con Desokupa y como miembro honorífico del SUP que es desde hace más de 40 años. 

La respuesta de Interior al hoy diputado del Grupo Mixto también afirma que el SUP tiene “personalidad jurídica y plena capacidad para obrar, por lo que cualquier acuerdo que formalice con entidades privadas corresponde a decisiones propias de este sindicato y es ajena a los planes y programas de formación de los miembros de la Policía Nacional”. 

Desokupa comenzó su andadura como una empresa de desalojos a la que podía contratar cualquier propietario que quería expulsar, sin esperar a la demora de un proceso judicial, a personas que hubieran ocupado ilegalmente su casa o que dejaban de pagar el alquiler. Los métodos intimidatorios de la empresa, con frecuente uso de la fuerza, pronto hicieron virales sus actuaciones. A las redes sociales se sumaron los programas de televisión que se dedican a convencer de que la ocupación de viviendas es un problema de dimensiones que no cuadran con las cifras oficiales.

Al calor de esa promoción televisiva y en redes, el líder de Desokupa, Daniel Esteve, se ha significado como líder de manifestaciones de extrema derecha, ya fuera contra la alcaldesa Ada Colau o frente a la sede socialista de Ferraz con motivo de la negociación de la ley de amnistía. Con parafernalia militar y mensajes xenófobos y racistas, esas manifestaciones han derivado en ocasiones en incidentes. 

El 'número tres' de Interior, en un acto del SUP

La relación del actual Ministerio del Interior y el Sindicato Unificado de Policía se visualiza en un acto celebrado hace un par de semanas. El comisario de la Policía Nacional José Antonio Rodríguez, 'número tres' en la toma de decisiones de Interior, protagonizó un acto reservado que organizó el SUP.

José Antonio Rodríguez fue el invitado de la última edición del denominado Foro Cibeles, una cena en la que el SUP reúne de forma periódica a una selección de sus afiliados y a un reducido grupo de periodistas alrededor de una personalidad. El acto tuvo lugar antes de que trascendiera el cierre del expediente abierto al sindicato.

Izquierda Unida ya ha comenzado a votar a la persona que liderará la organización a partir del próximo 19 de mayo y que tomará el mando después de los siete años de Alberto Garzón al frente. Tras varios meses de una negociación infructuosa para una candidatura unitaria, en esta asamblea se enfrentan cuatro candidaturas: la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; el excoordinador andaluz Antonio Maíllo; el coordinador de IU Madrid Álvaro Aguilera y el exdirigente José Antonio García Rubio. De fondo, cuatro ideas dispares de cómo debe ser la relación con Sumar. 

Este martes comenzó la votación para la militancia. Del 7 al 9 de mayo, las bases de la organización pueden votar de forma telemática y del 10 al 12 se desplegarán urnas en las sedes de todo el país. Los candidatos celebraron el pasado domingo un debate en el que expusieron sus posturas sobre el futuro de la organización que aspiran a liderar y ya han comenzado una suerte de campaña con encuentros por los territorios. 

No obstante, no habrá nada decidido hasta la asamblea federal, el 18 y 19 de mayo. Con la llegada de Alberto Garzón a Izquierda Unida, la organización estableció un sistema de sufragio universal que no existía hasta ese momento: toda la militancia puede votar desde entonces las candidaturas para la dirección. Pero ese modelo no implica la elección directa del nuevo coordinador o coordinadora general; el funcionamiento es similar al que sigue el Congreso para elegir al presidente del Gobierno. 

El nuevo líder de IU saldrá de la Coordinadora Federal que quede configurada tras la asamblea. Este órgano está formado por 80 personas que proceden de la votación de esta semana, repartidas de forma proporcional en función del voto a cada candidatura: quien saque un 50% de los apoyos tendrá 40 puestos, quien saque un 10%, se quedará con 8, etc. El ganador de la votación a las bases puede por tanto sacar un 40% de los votos y el segundo llegar a un pacto con el resto de candidatos para salir elegido líder. 

A esas 80 personas se suman después los coordinadores de cada una de las 19 federaciones; 40 personas de las federaciones en función del número de afiliados que tenga cada territorio en IU; 3 personas por cada partido o corriente; y 10 personas procedentes de esos partidos en función también del número de afiliados. En su primera reunión, la Coordinadora Federal ya completa debe ratificar al nuevo coordinador. 

Es decir, lo que vote la militancia en estos días servirá para configurar la mitad de esa Coordinadora Federal pero también mandará el mensaje a ese órgano de quién es la persona que las bases prefieren para liderar el proyecto. Desde que Garzón implementara este nuevo sistema, nunca hubo demasiadas divergencias entre ambas cosas. En la última asamblea, por ejemplo, el exministro consiguió el 76% de los votos y la coordinadora lo ratificó casi como un mero trámite. Pero, tras su salida, Izquierda Unida se ha sumergido en una pugna de hasta cuatro candidaturas que llena de incógnitas lo que ocurrirá en la asamblea dentro de diez días.

Todo ha cambiado desde que Garzón dejara el partido y la dirección se pusiera el objetivo de consensuar una candidatura unitaria. Tras varios meses de reuniones y la creación de una comisión preparatoria para tejer esa candidatura conjunta, las diferencias políticas o estratégicas se han impuesto sobre esa voluntad inicial. 

Aunque Sira Rego intentó la semana pasada lograr un acuerdo in extremis, hacía días que todo el mundo en la organización daba por hecho que habría una competición a cuatro. Parecía claro que García Rubio volvería a presentarse con el objetivo de agrupar a toda la militancia de IU descontenta con la política de pactos seguida por Garzón. Ya lo hizo en la última asamblea, cuando se convirtió en la única oposición al exministro y sacó un 20% de los votos. 

Pero en esa pugna por galvanizar el descontento de la organización con esa política de pactos surgió en las últimas semanas la candidatura de Álvaro Aguilera, el coordinador de IU Madrid, que ya había presentado un documento político alternativo al de la dirección. “IU tiene que decidir cómo presentarse a las elecciones. Llevamos mucho tiempo sin poder hacerlo”, sostienen fuentes de esa candidatura anunciada poco después de la negociación de la organización para las elecciones europeas con Sumar, en las que IU ocupará el número cuatro de la lista de la coalición de Yolanda Díaz. 

Era menos probable hace unos meses que de la actual ejecutiva (Colegiada Federal) nacieran dos candidaturas rivales: la de Rego, a quien hasta entonces todas las quinielas situaban como la nueva líder; y la de Antonio Maíllo, que surgió como la opción de la federación andaluza (la mayoritaria) y del Partido Comunista de España después de que se enredaran las negociaciones para una candidatura unitaria.

El excoordinador andaluz dio el paso después de que la ministra anunciase en marzo –en medio de las primarias de IU para elegir a su candidato a las europeas— que aspiraba a liderar la organización. Un movimiento que no sentó bien a una parte de la dirección por el momento y por hacerlo en medio de las negociaciones para una lista unitaria. En el entorno de Rego siempre han defendido que su decisión no buscaba interferir en las primarias y tampoco entorpecer las conversaciones.

Aquella decisión supuso sin embargo un parteaguas para las negociaciones de la unidad y la opción de una candidatura alternativa con Maíllo al frente empezó a tomar fuerza en el sector andaluz. El excoordinador andaluz ha defendido desde entonces un modelo de organización más transversal y que dé voz a las “periferias”. “Frente a esa hiperventilación de Madrid reivindico el espacio de parecernos más a lo que es la sociedad, la sociedad española, la sociedad andaluza, sobre todo la sociedad andaluza, es una sociedad tolerante, respetuosa”, dijo en una entrevista en Canal Sur tras confirmar su candidatura. 

A la lista del Maíllo se ha sumado buena parte de la federación andaluza y de la dirección del PCE. En esa lista van por ejemplo el secretario general de ese partido, Enrique Santiago, la actual coportavoz Amanda Meyer, las actuales responsables de ecologismo y feminismo de IU, Eva García Sempere y Clara Alonso Jiménez, y dirigentes de Asturias como la coordinadora local de IU en Mieres y número dos del consejero de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, Beatriz González. 

Rego mientras tanto ha incorporado a los coordinadores de algunas de las federaciones más importantes después de Andalucía. Lleva en su lista a Rosa Pérez, líder de IU en el País Valencià (el segundo territorio en afiliación); al coordinador de Aragón, Álvaro Sanz, al de Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, a la co-coordinadora de Catalunya Nuria Lozano o al líder de Murcia José Luis Álvarez-Castellanos, entre otros. 

El debate sobre Sumar

Aunque las sensibilidades que representan Rego y Maíllo comparten el mismo documento político que consensuó la dirección, en los últimos meses han ido surgiendo diferencias sobre todo estratégicas acerca del futuro de la organización y en concreto sobre qué relación creen que debe existir con Sumar a partir de la asamblea. El descontento con la plataforma de Yolanda Díaz es generalizado entre todos los candidatos, pero durante el debate del pasado domingo afloraron matices. 

Quien más proclive a mantener la alianza con Sumar fue el excoordinador andaluz que advirtió que sin unidad puede no haber “éxito” pero que sin unidad está garantizado el fracaso. Y Rego, que abrió la puerta a que la relación de la organización con los de Yolanda Díaz sea la de una coalición y no la de una parte de un frente amplio. “No es lo mismo una coalición electoral y trabajar en el marco a la construcción de un espacio político. Lo que nos preocupa a muchos es cómo va a hacer IU para tener más influencia y más autonomía en los espacios de entendimiento”, dijo.

De hecho, la dirección decidió en su última reunión de la Coordinadora Federal suspender la relación con Sumar y no acudir al primer encuentro de la dirección en el que estaba previsto que se integrasen los partidos. Todo después de una negociación para la lista de las europeas de la que todo Izquierda Unida salió muy descontento con Yolanda Díaz.

Quienes más fuerte han apostado por la ruptura de estas relaciones son Aguilera y García Rubio, quien citó a Karl Marx para sostener que la historia “siempre se repite”. “Primero como tragedia”, dijo, para hablar de la relación de IU en Unidas Podemos, y después como “farsa” para calificar el proyecto de Sumar. 

Tanto el coordinador o coordinadora que salga elegido de la asamblea como los documentos que se aprueben, con las enmiendas que ya circulan y de las que hay poca información, que podrían cambiar el sentido total de las ponencias en algunos sentidos, marcarán el futuro de la relación de Izquierda Unida con Sumar. La organización que hasta ahora lideraba Alberto Garzón había sido uno de los principales puntales de Yolanda Díaz para construir su proyecto político. Ahora, de nuevo, todo está en suspenso.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este viernes su candidatura a liderar la dirección federal de IU con el primer acto de campaña en Andalucía, la agrupación de más peso del país -la que tiene más militantes- y donde se va a librar el pulso más enconado con su mayor rival en estas primarias, el ex coordinador andaluz de la formación, Antonio Maíllo.

La contienda será una muestra de “pluralidad interna”, pero no será una guerra inocua. Rego ha descrito su candidatura como “fuerte, plural, feminista, paritaria y de unidad”, pero su número dos, el histórico dirigente de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha cargado duramente contra Maíllo: “Con él, IU desapareció del mapa político de Andalucía”, afeándole la posición “subalterna” que tuvo dentro de la coalición que fraguó con Teresa Rodríguez para las elecciones andaluzas de 2018 (primero con Podemos, luego bajo la marca Adelante Andalucía).

Parados en una céntrica calle de Sevilla, tras el mercado de la calle Feria, Torrijos ha defendido ante los medios que la ministra Rego “representa una propuesta de fortalecer la autonomía y soberanía de IU, frente a quienes teniendo la oportunidad de hacerlo, hicieron lo contrario”. El veterano dirigente siempre fue crítico con la coalición de Maíllo con Teresa Rodríguez, que se cerró en un momento de extrema debilidad electoral para IU (venía de resistir con cinco diputados en el Parlamento la irrupción de Podemos con 15 escaños).

Rodrigo Torrijos cree que la federación de izquierdas que aspira a liderar se halla, seis años después, ante la misma tesitura frente al empuje de la plataforma Sumar, de Yolanda Díaz. Defiende que Sira Rego es la garantía de que IU mantenga esa “autonomía” dentro del proyecto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, una posición que también defiende Maíllo, pero que su rival en las primarias le niega porque “no lo hizo cuando pudo hacerlo”. “Bienvenido mi querido Antonio a este discurso ahora, pero en Andalucía ese proyecto de alianzas se hizo de forma precipitada y subalterna en el bloque de Podemos y de Adelante”, remachó.

La expulsión de Torrijos

Rodrigo Torrijos ha estado muchos años apartado de la primera línea política y ahora regresa para encabezar la lista de la ministra Rego para sustituir a Alberto Garzón al frente de IU, en las primarias que se celebran el próximo 18 y 19 de mayo. El que fuera teniente de alcalde de Sevilla entre 2007 y 2011, dirigente local de IU y antes del sindicato CCOO, fue invitado a abandonar la formación de izquierdas por el propio Maíllo -cuando éste dirigía la agrupación andaluza- tras ser imputado en un caso de corrupción política de la que recientemente ha sido absuelto.

La espita abierta entre Maíllo y Rodrigo Torrijos data de aquel momento. Muchos años después, el ex teniente de alcalde fue absuelto de todas las acusaciones y, a día de hoy, defiende que su caso fue uno de los primeros de “lawfare” o “cacería política, judicial y mediática” en España. A Maíllo le tocó invitarle a abandonar su formación tras ser imputado -en aplicación de la Ley de Partidos Políticos-. Aunque posteriormente la coalición de izquierdas reconoció su trayectoria y le rindió un homenaje público, el malestar de Torrijos nunca se evaporó del todo.

En el equipo de Sira Rego en Andalucía también hay cuadros medios de IU destacados, como el alcalde de Aznalcóllar o el ex regidor de Trebujena, Jorge Rodríguez, que dirige la agrupación de Cádiz. Fuentes de su candidatura destacan que, aunque la ejecutiva andaluza que pilota Toni Valero está con Maíllo, la pelea en Andalucía está “muy disputada”, porque hay cargos municipales y dirigentes locales que apoyan a la ministra. En el equipo del ex coordinador andaluz, en cambio, vaticinan que Rego ni siquiera quedará en segundo lugar de los cuatro candidatos que se postulan a liderar IU.

Maíllo se erigió como ganador en la fase andaluza de la XIII Asamblea Federal de Izquierda Unida celebrada el pasado sábado 27 de abril de forma telemática con un 83% de los votos, lo que se traduce en un total de 54 delegados. Un resultado significativo si se tiene en cuenta que de los 17.864 militantes de IU, 5.438 están censados en Andalucía, siendo la federación más numerosa con creces [la siguiente en número de afiliados tiene 2.100].

Maíllo cuenta además con el apoyo de Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado nacional por Sumar, quien ha denunciado en numerosas ocasiones la falta de representación territorial de Andalucía dentro de Suma. Cabe recordar aquí que el PCE es el aparato más duro dentro de IU, y en ambas formaciones hay una mayoría que se revolvió contra la sorpresiva candidatura de Rego -anunciada en pleno proceso de primarias para elegir al candidato a las europeas- y detrás del proyecto de Maíllo.

Andalucía no solo es el territorio con más implantación territorial -con alcaldías y concejales- sino aquel donde más peso el PCE. Su secretario general, Enrique Santiago, es diputado por Córdoba.

El secretario general del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, y la actual coportavoz de IU, Amanda Meyer, se han incorporado en la candidatura de Antonio Maíllo a la coordinación general de Izquierda Unida. Meyer irá de número tres después de Beatriz González, coordinadora local de IU en Mieres y número dos del consejero de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico.

En los puestos cinco y siete, figuran las actuales responsables de ecologismo y feminismo de IU, Eva García Sempere y Clara Alonso Jiménez, respectivamente. En el número seis y diez, otros dos representantes asturianos, los concejales de Xixón y Oviedo, Javier Suárez Llana y Alejandro Suárez. Según ha explicado la candidatura en un comunicado, el listado, conformado por 47 mujeres y 44 hombres, es “el resultado de un gran acuerdo político que incorpora el consenso alcanzado en la mayoría de federaciones territoriales y con el conjunto de partidos que componen la organización”. 

En el número seis y diez figuran otros dos representantes asturianos, los concejales de Xixón y Oviedo, Javier Suárez Llana y Alejandro Suárez. Además, la lista incorpora a los secretarios generales PCA (Andalucía), Ernesto Alba; al del PCE-EPK (Euskadi), el también recién elegido diputado de Sumar por Álava, Jon Hernandez; y al de PSUC Viu (Cataluña), Eduard Navarro. Por parte de la CUT, la alcaldesa de Pedrera, Lucía Ruiz; y por Izquierda Republicana, Fran Pérez. Por el País Valencià se integran Marta Martín y el ex alcalde de Buñol, Rafael Pérez Gil; de Castilla La Mancha, José Iniesta; y de Extremadura, la actual parlamentaria, Nerea Cordero y la responsable de acción política de la federación extremeña, Sonia García.

También forman parte de la lista la secretaria de organización de IU en Canarias, Hiurma Castejón; Isabel Burbano y Maite Mola, de IU Navarra; Yolanda Hidalgo y Alejo Sanz, de Madrid; y Cristina González y Sergio Ramos, de Murcia. La pluralidad territorial la completan Pablo Villasante, de Cantabria; Noah Ceveira, de Galicia; y Francisca Vanrell, de Baleares. Asimismo, de la organización de IU en el exterior de España, Rosa Valiente también forma parte de la candidatura.

En el resto de la lista, Maíllo se ha rodeado de dirigentes relevantes de IU a nivel federal, como son los dos candidatos ganadores de las primarias internas al Parlamento Europeo, Manu Pineda y Marga Ferré, que también es coordinadora de Transform Europe!; la diputada de Sumar por Sevilla en el Congreso, Engracia Rivera; la portavoz de ‘Por Andalucía’ en el Parlamento andaluz, Inma Nieto; y la ex directora del Instituto de las Mujeres y actual concejala y coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas. Además de Morillas, acompañan a Maíllo otros coordinadores provinciales andaluces como son los de Sevilla, Córdoba, Almería, Huelva y Granada, Manuel Lay, Sebastián Pérez, María Jesús Amate, Marcos Toti y María del Carmen Pérez. También, además de la alcaldesa de Pedrera, se incorporan la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez y el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, ambos de la provincia de Cádiz.

Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde -o viceversa- siguen campañas paralelas en Euskadi. Presentan un programa similar y defienden argumentos igualmente similares -sí a la escuela pública o no al Guggenheim de Urdaibai, por ejemplo- y operan en el día a día confrontando con el PNV -pero no entre ellos- para presentarse como única alternativa que sí apuesta decididamente por un Gobierno de izquierdas, aunque en realidad sean dos. Las dos caravanas electorales paralelas se han detenido este domingo 14 de abril en Eibar, donde han recordado el aniversario de la proclamación de la II República en 1931. Hasta la hora elegida ha sido la misma, las 11.00. Eso sí, el PSE-EE -que gobierna en este municipio de Gipuzkoa- ha realizado también un acto en la localidad y Denis Itxaso -delegado del Gobierno hasta fechas muy recientes y que ha lanzado en ese cargo 'vivas' al rey- ha pedido que la plaza de Unzaga, la del Ayuntamiento y protagonista aquel día de hace 93 años, sea considerada como lugar de memoria democrática como Gernika, bombardeada en 1937, por ejemplo.

Sin la candidata Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemos Alianza Verde ha estado capitaneada en Eibar por Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos en Euskadi. Toca “practicar el republicanismo”, ha señalado. ¿Qué significa? Significa “construir un país, construir entre todos un Estado donde mande la ciudadanía, donde la ciudadanía tenga el poder y no las oligarquías”, ha explicado. Y ha puntualizado: “No estamos hablando sólo de la jefatura de Estado, estamos hablando fundamentalmente de impugnar un régimen y una oligarquía que es la que actualmente gestiona y sostiene ese capitalismo que es un capitalismo insaciable”. Su colega Miren Echeveste, portavoz de Podemos en Gipuzkoa, ha criticado los “excesos” de la monarquía borbónica y ha aventurado que suenan “tambores” de una III República en España.

El acto de Sumar era, en realidad, la adaptación del acto anual que el PCE e IU realizan cada 14 de abril. Enrique Santiago y Sira Rego, cabezas visibles de ambas formaciones, se han desplazado hasta la plaza de Unzaga. Ha arrancado con el izado de la bandera roja, amarilla y morada. Rego, ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha dicho orgullosa del simbolismo de Eibar, pero ha planteado que la memoria “no sea sólo un recuerdo nostálgico del pasado” sino un revulsivo para el futuro. IU, que forma parte de Sumar, ha reivindicado con claridad una III República para España y que sea “democrática” y “popular”. La candidata vasca, Alba García Martín, ha añadido: “Muchos de los valores que compartimos y de los que nos sentimos orgullosos tienen una larga tradición. También estaban presentes en la II República: la defensa de los derechos de los trabajadores, la justicia social, el reparto de la riqueza, el fin de la explotación. En definitiva, el deseo y la voluntad de vivir mejor, de libertad para todas y no para unos pocos. Y todos estos ideales, estos valores, estaban y están basados en una ética, en la ética de la honestidad”.

Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado nacional por Sumar, ha denunciado este lunes en Sevilla la falta de representación territorial de Andalucía dentro de Sumar, la coalición de partidos que pilota Yolanda Díaz y que se encuentra en pleno proceso de construcción orgánica. “Andalucía es la comunidad más poblada de nuestro país y una de las que más votos ha aportado a Sumar, con lo cual debería de estar mejor representada de lo que está, sin duda alguna”, ha advertido Santiago.

Este debate sobre el peso de Andalucía en la futura estructura interna de Sumar está estrechamente ligado a la batalla de las primarias por la coordinación federal de Izquierda Unida, que enfrenta, por ahora, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y al ex coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, apartado de la primera línea política desde que dejó de liderar la federación andaluza, en 2019. Ambos han confirmado su precandidatura de cara a la XIII Asamblea federal de IU programada para el 18 y 19 de mayo.

El PCE es el aparato más duro dentro de IU, y en ambas formaciones hay una mayoría que se revolvió contra la sorpresiva candidatura de Rego -anunciada en pleno proceso de primarias para elegir al candidato a las europeas- y detrás del proyecto de Maíllo. Ambos hablan de unidad, pero está por resolver un cisma interno por el control de una coalición de izquierdas que se resiste a ser convidada de piedra dentro de Sumar.

Maíllo, precandidato del PCE

En ese pulso, también se vislumbra el peso de los territorios frente a la “tentación centralista” del círculo más próximo a Yolanda Díaz, barruntan dirigentes del PCA. La candidatura de Maíllo viene reforzada por la militancia de la federación andaluza de IU -5.438 de los 17.864 afiliados en el conjunto del país- y una implantación territorial extensa a través de alcaldes y concejales.

Maíllo se postuló primero para pilotar una candidatura alternativa a la propuesta “unilateral” de la ministra, buscando alianzas entre las federaciones más discrepantes con la actual dirección de Sumar. Ahora ha confirmado su propia precandidatura para suceder a Alberto Garzón. El tercero en liza, miembro del sector crítico, es José Antonio García Rubio.

El líder del PCE ha confirmado este lunes a SevillaelDiario.es su apuesta por la candidatura de Maíllo, por considerarlo “solvente y con gran capacidad de liderazgo”. “La propuesta de Antonio Maíllo, con bastante concreción y claridad, apuesta por ese reforzamiento de Izquierda Unida pensando en nuestro país, en el trabajo que tiene que hacer Izquierda Unida para que los trabajadores y trabajadoras de este país sigan ganando derechos”, asegura Santiago.

Pacto de unidad

La comisión preparatoria de la asamblea federal de IU ha fijado el 15 de abril como plazo límite para tratar de acordar una lista de unidad de cara a renovar la dirección de la formación, dado que ese es el mandato de la organización de cara a su asamblea. En esta línea, y ante la cuestión de si es posible un acuerdo de coalición entre las candidaturas de Maíllo y la de Rego, el líder del PCE aboga por un acuerdo entre ambas: “Esperemos que sea viable”, concluye.

Un tuit rayando las 8.00 de la mañana del miércoles provocó un incendio en Izquierda Unida con consecuencias que aún están por determinar. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que se presentaba como candidata a las primarias que definirán el nuevo liderazgo del partido. Dio así un paso adelante que era un secreto a voces pero que se produce, según reprocha una parte de la dirección, cuando negociaban una lista consensuada y en pleno proceso de primarias para definir la persona que irá en las listas de Sumar a las elecciones europeas. 

La pugna interna tiene lugar en los primeros meses de un año determinante para la izquierda transformadora. Sumar celebra el próximo sábado su asamblea fundacional, con un debate todavía abierto sobre cómo se integrarán los partidos en el frente amplio que Yolanda Díaz aspira construir. Y con un calendario electoral todavía más apretado con la convocatoria de las catalanas en mayo, entre las vascas y las europeas.

IU debate desde hace varios meses la fórmula para reemplazar a Alberto Garzón al frente de la federación. El exministro dejó sus cargos en diciembre, pero su salida se fue dando paulatinamente desde el verano. En ese tiempo, las distintas organizaciones, territorios y tradiciones que integran la formación se pusieron de acuerdo para impulsar una comisión preparatoria de la asamblea en la que se renovarán los liderazgos para la próxima etapa, prevista para mayo.

Desde la salida de Garzón, la dirección se puso el objetivo de generar una candidatura de consenso. El proceso de negociación llevaba en marcha varias semanas: hubo un acuerdo para la fecha de la asamblea, para los plazos hasta llegar a ella e incluso para los documentos político y organizativo, que quedaron aprobados por la coordinadora federal hace unas semanas. Pero las conversaciones seguían atascadas no tanto en la persona para encabezar esa lista, sino en el conjunto de nombres que la acompañarán, esto es, qué peso tendrá cada facción en la futura dirección. 

Las organizaciones y corrientes que se integran en IU son el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Republicana (IR), la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), la organización Unión de Juventudes Comunistas de España  (UJCE) y la corriente Común.

Las conversaciones marchaban en esos términos hasta el tuit de Rego este miércoles, que desencadenó una cadena de reacciones. La primera, de Amanda Meyer, coportavoz del partido en esta transición hasta la asamblea, integrante de la dirección del Partido Comunista de España que lidera Enrique Santiago y que forma parte de la federación andaluza, la que tiene mayor peso dentro de la formación. 

“Desde el respeto a tu decisión, lamento la renuncia al acuerdo para tener la mejor dirección, la más representativa y la más cohesionada para dirigir Izquierda Unida. Son muchos los meses que venimos trabajando por alcanzar la máxima unidad en torno a la política. Y en primarias”, sostuvo Meyer. 

Entre los mensajes de esa mañana también hubo alguno proveniente de personas no vinculadas al PCE. “Lo mejor para la clase trabajadora y para nuestra organización será que se articule un gran acuerdo que recoja la diversidad de Izquierda Unida. Como humilde militante espero cooperación entre las diferentes sensibilidades y no competición. Os necesitamos a todas y todos”, dijo el dirigente Carlos Sánchez Mato. 

El anuncio de la ministra se produce en mitad del proceso de primarias de la organización para decidir quién forma parte de la futura lista de Sumar a las europeas. Un proceso en el que Manu Pineda, el candidato auspiciado por el sector de Enrique Santiago, parte con mucha ventaja frente a las otras dos opciones: Henar Moreno, de La Rioja, y Margarita Sainz, de la federación de Madrid.

Aunque la victoria del eurodiputado se da por descontada –reunió muchísimos más avales que sus rivales–, en la dirección hay acusaciones cruzadas de haber querido convertir estas primarias en una suerte de previa de la asamblea de mayo. Aunque Rego no se ha posicionado por ninguna candidata, su secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, publicó un post en sus redes en apoyo a Moreno. Un gesto que en el sector ligado a la dirección actual del PCE vieron como una demostración de que la ministra estaba apoyando de forma implícita a la diputada de La Rioja. “Rubén es un alma libre”, opone otro dirigente del partido. 

Fuentes de una parte de la dirección federal de IU mostraban el miércoles su “sorpresa mayúscula” por el paso adelante de Rego precisamente en un momento de primarias, con un proceso en marcha desde hace varios meses y cuando hay una comisión preparatoria de la asamblea, que es donde, entienden, se debe plantear este nombre. 

El nombre de Rego salió en la última colegiada (ejecutiva) pero según esas mismas fuentes fue recibido con frialdad. El problema, insisten, no es el nombre de la ministra para liderar la federación sino los tiempos, la forma y que todo ocurra cuando se estaba negociando una lista de consenso. 

El responsable de Organización de IU, coportavoz del partido y quien pilota la comisión preparatoria de la asamblea, Ismael González, publicó un tuit ese mismo miércoles en el que celebraba el paso de Rego. “IU es una organización democrática que elige sus direcciones y cargos públicos por sufragio universal. Por eso es una excelente noticia que se presente una compañera, sea dirigente, cargo público o militante de base”, dijo. Y adelantó que la próxima semana convocaría una reunión de la comisión preparatoria de la asamblea “para valorar si se puede articular una candidatura de consenso en torno a la propuesta de Sira” o una diferente que pueda surgir en estos días. 

En los pasillos del Congreso, la propia dirigente descartaba que su decisión supusiese una ruptura de las negociaciones para una candidatura de unidad. “Estamos a tiempo de consensuar absolutamente todo. Vamos a debatir, a consensuar, a hablar de la política. Tenemos un documento magnífico y hay tiempo de sobra para poder tener un proceso unitario que nos represente a todos”, dijo. 

Algunas voces dentro de la dirección defienden el paso de la exeurodiputada como una forma de desbloquear unas negociaciones que el otro sector, dicen, estaba tratando de dilatar. 

Fuentes críticas con el movimiento de la ministra no dan las negociaciones por rotas y todavía aspiran a lograr una candidatura de unidad, pero advierten de que hay un sector del partido, reflejado en las organizaciones y en los territorios, que se tiene que hacer valer. “Si la candidata no es capaz de abanderarlo, tendrá que hacerse ver de alguna manera”, aseguran para deslizar la posibilidad de una candidatura alternativa si se siguen cometiendo “errores” como el de esta semana. 

Aunque de momento nadie está en eso, la tensión que reina en las negociaciones es evidente. Y es posible que el resultado de las primarias europeas, que cierran este domingo, pueda influir en lo que pase en los días siguientes. Todo el mundo espera que gane Pineda, pero podría tener un resultado menos abrumador de lo esperado. En todo caso, hay fuentes de la dirección que tratan de desvincular estas primarias como una suerte de primera vuelta de la asamblea de mayo. 

El sector crítico vuelve a presentar candidatura 

Como en las anteriores asambleas, la corriente crítica con la dirección, que abandera una posición contraria a las confluencias, ha presentado ya una candidatura alternativa. La encabezará, igual que en el congreso anterior, José Antonio García Rubio, quien fue dirigente durante la etapa de Cayo Lara. 

García Rubio trata, igual que hizo en 2021, de reeditar la lista articulada alrededor de la llamada Declaración de Zamora, con el fin de agrupar al sector más identitario de IU. En 2016 esa candidatura la encabezó Paloma López y la cerró de forma simbólica Cayo Lara. Cinco años después Rubio tomó el relevo y presentó una candidatura acompañada de un documento que tituló La Izquierda Necesaria. Obtuvo el 20% de los apoyos frente al ex coordinador federal Alberto Garzón.

Ahora volverá a enfrentarse a Rego con los mismos argumentos con los que entonces ese sector rechazaba la confluencia con Podemos. Para García Rubio, la estrategia de unidad con Sumar. “El personalismo y la escasa participación colectiva democrática, acentuada por la desigual presencia territorial del grupo que se propone dirigir el proceso, está generando una situación cuya dinámica anuncia una división de la izquierda trasformadora aún más fuerte que en el caso de UP”, denuncia el documento del sector crítico, según informa Europa Press.

El martes tocaba secuela en el Congreso. No todos los días se puede ofrecer material original. Se discutía la llegada de una proposición de ley de Sumar para despenalizar las injurias a la Corona y otras instituciones, acabar con el delito por ofensas a la religión y modificar el delito de enaltecimiento del terrorismo. La trama era idéntica a otras dos proposiciones de años anteriores, la última presentada por Unidas Podemos en la pasada legislatura. No prosperó porque ni siquiera llegó a votarse.

La propuesta acabó en la nevera parlamentaria, donde quedó cubierta de un hielo perpetuo. El PSOE aceptó la toma en consideración para que iniciara su recorrido, pero luego se fue prorrogando el periodo de presentación de enmiendas una y otra vez hasta que finalizó la legislatura en mayo. No es que los políticos sean lentos escribiendo enmiendas y necesiten su tiempo. Era un truco legal para no tener que posicionarse en un sentido u otro en las votaciones.

Enrique Santiago se lo recordó a los socialistas al decirles que esperaba que el marco legal pueda volver a los años del Gobierno de Zapatero, alterados por la reforma del Código Penal de 2015. La intervención de la portavoz socialista hizo pensar que el entusiasmo de su partido por los cambios es bastante escaso, con lo que puede ocurrir que vuelvan a quedar congelados dentro de un cajón.

“La monarquía, la religión y las víctimas del terrorismo no se defienden atacando a la libertad de expresión”, dijo Santiago, que comentó que se trata de “tipos penales imprecisos”, lo que ha dado lugar a aplicaciones muy variadas y en ciertos casos carentes de lógica en el caso de algunos jueces. Recordó el “calvario judicial” por el que pasó el músico Javier Krahe, que estuvo esperando ocho años a que se solventara un proceso judicial por cocinar un cristo, un gesto satírico al que sólo se podía culpar de intención provocadora.

Ese artículo sobre las ofensas a la religión sólo ha servido para convertirse en un arma para el integrismo religioso, dijo el diputado de Sumar, y utilizado para intimidar a los que satirizan la religión. Eso ofende a algunas personas, pero no les da derecho a pedir que se envíe a prisión a los autores de los gestos. Al menos, no estamos en Irán o Arabia Saudí, estados teocráticos.

La derecha en sus distintas versiones lleva años quejándose de la existencia de un lenguaje “políticamente correcto” que marca unos límites que no se pueden traspasar. Se refieren a no hacer chistes que insulten a las mujeres y los gays, por ejemplo. Pero cuando se ponen en escena asuntos como la patria o la religión, de repente pierden toda su presunta pasión por las libertades más absolutas.

De ahí que el portavoz de Vox, José María Figaredo, se quejara de lo contrario. Hay poca gente en la cárcel por estas cosas. “En España poco castigamos a los que subvierten el orden público desde las instituciones”, dijo. No hay prisiones lo bastante grandes para los diputados de Vox.

El Partido Popular también está en contra de la proposición. Subió a la tribuna Sergio Sayas, el extránsfuga de UPN, para oponerse, aunque en realidad habló poco de su contenido. Su discurso no se diferenció en nada de otros de su nuevo partido sobre cualquier otro tema. Lo habitual: indultos a golpistas, Bildu, “lean más la Constitución” y “la mayor amenaza de la democracia es Pedro Sánchez”. Ese disco ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones y por lo visto sirve para todos los guateques.

Sayas definió a EH Bildu como “un partido que no se ha apartado ni un milímetro de la banda terrorista”. Ante todo, la retórica a gritos y totalmente despegada de la realidad que es con la que se hace carrera en la derecha. Si fuera así, seguiría habiendo atentados terroristas, pero el diputado navarro no se ha dado cuenta de la diferencia.

Teniendo en cuenta el precedente de la anterior legislatura, había que estar atento al discurso de la socialista Isaura Leal. Jugó sobre seguro destacando algunas obviedades que son difícilmente discutibles y que sólo permiten deducir cuál será la posición de su grupo.

“La libertad de expresión y la de información no son derechos absolutos”, dijo. Nadie había dicho lo contrario. “La Constitución no reconoce el derecho al insulto”. Ni la española ni la de ningún país. También explicó que la legislación no permite “la incitación al odio”. Claro, por eso existen los delitos de odio. La propuesta de Sumar no se refiere a las penas por esos delitos.

Fue más precisa cuando dijo que “la tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación de Estado, como lo es perseguir a los autores de delitos de enaltecimiento del terrorismo”. Hay que suponer que el PSOE se opondrá a eliminar ese delito y sustituirlo por un agravante de otros delitos ya existentes, como reclama la propuesta. Leal afirmó que hay que defender los derechos de las víctimas del terrorismo “por encima de todo”.

Todo es decir mucho, al menos para el Tribunal Supremo. En 2017, anuló una condena a un hombre que había escrito “Viva los Grapo”. “Una cosa es proclamar, incluso vociferar, lo que el sujeto siente, es decir sus deseos o emociones, exteriorizándolos a rienda suelta, y otra cosa que tal expresión se haga para conseguir que el mensaje, al menos indirectamente, mueva a otros a cometer delitos de terrorismo”, dijo la sentencia.

Los mensajes que provocaron el juicio fueron escritos en 2012, muchos años después de la desaparición de ese grupo terrorista, un hecho evidente que quizá un político actual consideraría irrelevante, pero no un tribunal.

Colocar en una posición superior a “todo” a un elemento inevitablemente subjetivo como es el sentimiento de ofensa que puedan sentir las víctimas del terrorismo introduce un elemento de inseguridad jurídica que es como enviarles el problema a los jueces y que se apañen como puedan.

A eso hay que sumar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado español por sentencias que castigaban ofensas al rey o la bandera. A algunos eso nunca les ha preocupado demasiado. Prefieren hiperventilar en el Congreso antes que aceptar el hecho de que la legislación ha propiciado situaciones que los jueces europeos no podían aceptar. De hecho, tampoco los jueces españoles.

El PSOE votó a favor para que la nueva proposición inicie su recorrido parlamentario. A ver cuánto dura en la nevera. Es decir, cuánto tiempo la mantienen allí los socialistas.

“Izquierda Unida es imprescindible para el futuro de la izquierda”. Esas fueron las palabras que usó este mes Alberto Garzón para oficializar su despedida al frente de la organización que lideraba desde 2016 y que ahora inicia un camino para renovar su dirección. Todo culminará con una asamblea que está prevista para el primer semestre del año que viene. Y en mitad de ese proceso IU también tendrá que debatir cómo será su relación con el nuevo sujeto político que Yolanda Díaz planea alrededor de Sumar y que también celebrará un proceso fundacional en la primera mitad del año. 

Garzón se despidió del partido el 1 de diciembre, aunque como él mismo recordó en la coordinadora federal de ese día, su marcha se ha dado por fases: primero anunció que no repetiría en las listas de las elecciones anticipadas del 23J, unos meses más tarde envió una carta a los militantes en los que les anunciaba su dimisión como coordinador federal y este mes hizo oficial esa salida. Un proceso que se ha dilatado varios meses y ha dado tiempo al partido para organizar una transición ordenada hasta la Asamblea Federal que elegirá a su nuevo líder. 

Aunque todavía quedan meses para esa cita, todas las miradas están puestas en la sucesora de Garzón en el Gobierno, la nueva ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que durante la última etapa había ejercido como eurodiputada y portavoz del partido. También desempeñará seguramente un papel relevante el actual secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, diputado en el Congreso y una de las principales caras de la federación. 

Otra figura del núcleo duro del exministro, el secretario de Organización, Ismael González, será el encargado de pilotar la formación hasta la celebración de esa nueva asamblea, según el plan aprobado por la coordinadora federal –principal órgano de decisión entre asambleas– en su última reunión.

Para llegar hasta ese congreso, el decimotercero de su historia, el partido ha creado una comisión preparatoria en la que estarán representadas todas las federaciones, organizaciones y corrientes que lo componen: el Partido Comunista de España, Izquierda Republicana (IR), Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), la organización Unión de Juventudes Comunistas de España  (UJCE) y la corriente Común.

El partido se ha propuesto buscar “el mayor consenso en la propuesta política y la elaboración de las candidaturas”. Y para ello, además de las federaciones, la comisión preparatoria integrará parte de organigrama actual: habrá una representación de la colegiada –la ejecutiva– formada por seis personas, un representante de cada federación territorial hasta llegar a las 18 personas, un representante de cada uno de los partidos (3), un representantes de las organizaciones y corrientes (2) y un representante de la candidatura alternativa en la última asamblea. 

Entre las funciones de esta suerte de gestora estará el diseño del calendario hasta la asamblea y la redacción de sus normas y reglamento. Además, “garantizar el cierre de censos, resolviendo en primera instancia las incidencias que puedan surgir en el proceso”; proponer el método de elaboración de los documentos y estatutos; y proponer el orden del día de la Asamblea Federal, “indicando las funciones (además de las establecidas en los Estatutos) que se realizarán mediante sufragio universal y las que se harán en la Asamblea de delegadas y delegados”. 

El debate sobre Sumar

En su despedida, Garzón dejó un mensaje de cara al futuro cercano: “Vamos a ser una pieza indispensable para el futuro de la izquierda. Izquierda Unida puede jugar un papel ensamblando las piezas de la diversa izquierda que no siempre parecen encajar bien pero que tienen que hacerlo para que la sociedad encuentre un instrumento que pueda mejorar sus vidas”.

Mientras Izquierda Unida se encamina hacia una nueva asamblea, el proyecto de Yolanda Díaz ha comenzado un proceso propio para convertirse en un partido primero (Movimiento Sumar) –o una herramienta jurídica en la que encaje la sociedad civil, según el vocabulario de sus organizadores– y en un frente amplio más tarde (Sumar), una prolongación orgánica de la coalición electoral que se fraguó para el 23J y que ya ha sufrido con la salida de Podemos una primera baja de fuerte importancia. 

Todo ello mientras IU decide también si entra en coalición con Sumar para las elecciones gallegas, vascas y europeas que tendrán lugar en este primer semestre del año.

La asamblea de Movimiento Sumar tendrá lugar también en la primavera de 2024 y para su organización el equipo de la vicepresidenta segunda ya ha creado un primer grupo ejecutivo conformado por el grueso de los partidos que conforman la coalición, como los comuns, Más Madrid, Verdes Equo y también Izquierda Unida. 

No obstante, todavía no está clara la forma en la que Sumar quiere integrar a los partidos en toda esta etapa y esa participación ha sido fruto de debate en Izquierda Unida, así como en el resto de organizaciones. La federación ha aprobado en los últimos meses una serie de documentos aportando ideas y postulados de cara a la construcción de ese frente amplio, en los que ha reivindicado la autonomía de su organización y ha adelantado que el partido no se va a “diluir”. 

De hecho, en el último documento político aprobado por la coordinadora federal reforzaban la idea de que ese frente amplio que se acabe construyendo esté dotado de “mecanismos democráticos de coordinación” y que todas las partes se sintieran “cómodas, representadas y partícipes”, pero además que “el partido Sumar” fuese “un partido más”. 

“Si queremos construir un Frente Amplio democrático y con participación no se puede hacer deprisa y sin debate”, decía la dirección del partido. “La elaboración del proceso del grupo promotor de la coalición de Sumar debe hacerse desde el trabajo previo con las organizaciones que integran la coalición, igual que el resto de procesos que deban permitir articular procesos populares y de participación”, defendía.

Alberto Garzón salvó al partido de su desaparición en el Congreso en 2015 y poco después tomó las riendas en una situación extremadamente delicada. Casi una década después, la formación afronta su transición de nuevo en el Gobierno, con cinco diputados y en pugna por ser una de las piezas fundamentales en la construcción de la nueva plataforma política de Yolanda Díaz. “Izquierda Unida es imprescindible para el futuro de la izquierda”, afirmaba Garzón en su despedida.

Enrique Santiago (Madrid, 1964) fue parte fundamental en el acuerdo de paz en Colombia como asesor jurídico de la delegación de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana. El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) tuvo un protagonismo decisivo en la negociación de la amnistía para los líderes de la guerrilla. Y ese bagaje le otorga un conocimiento jurídico y político notable sobre la que ahora negocia el PSOE con Junts para los encausados del procés. 

Santiago, que repite en esta legislatura como diputado aunque esta vez como parte de la coalición Sumar, dentro de la cuota de Izquierda Unida, cree que la sociedad española democrática está sobradamente preparada para aceptar una ley de este tipo porque “nació de una amnistía”. Y defiende que, de aprobarse, será el final de un proceso de normalización de la convivencia, no una herramienta para generar “situaciones de impunidad estructurales”. 

El dirigente comunista se muestra muy crítico con la posición de la Unión Europea en el conflicto en Oriente Medio, especialmente con la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Apuesta por que la comunidad internacional imponga sanciones a Israel por incumplir hasta 26 resoluciones de Naciones Unidas. Si Israel sigue actuando contra el derecho internacional, opina, los responsables serán también los países que no hacen todo lo posible por impedirlo. 

Empecemos por la actualidad. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo esta semana que es normal que haya voces diferentes en el Gobierno, pero que la posición única en esos temas la marca el PSOE. ¿Está de acuerdo con esa posición de la parte socialista?

Hay que acabar definitivamente con este conflicto. Eso pasa por obligar a Israel a que cumpla las 26 resoluciones de las Naciones Unidas que no ha cumplido a fecha de hoy. El único estado de la comunidad internacional constituido por una resolución de Naciones Unidas probablemente es el que tiene menos legitimidad para incumplir las resoluciones de la ONU. La solución tiene que ser la paralización del genocidio que se está cometiendo contra la población palestina, así como examinar la responsabilidades de todas las partes por las conductas que hayan tenido ante la Corte Penal Internacional. Y una solución definitiva: dos estados y, uno de ellos, un estado palestino viable. Esa tiene que ser la posición de España.

Somos muy críticos con la actitud que han mantenido las instituciones de la Unión Europea. A la señora [Ursula] Von der Leyen [presidenta de la Comisión Europea] hay que explicarle que las responsabilidades históricas de Alemania respecto al genocidio que cometió con el pueblo judío no quedan saneadas con la permisividad sobre la perpetración de otro genocidio. Y es lamentable la actitud de la derecha española intentando presentar esto como un problema de antisemitismo, precisamente por aquellos que fueron más cómplices de un gobierno de la dictadura franquista que fue parte del eje y de las fuerzas militares del ejército nazi. 

¿Comparten la expresión usada por el presidente, Pedro Sánchez, de que Israel tiene derecho a defenderse?

Todo el mundo tiene derecho a defenderse de agresiones ilegítimas. Pero no existe un derecho a defenderse cuando ha cesado la agresión ilegítima. Hay un debate que abordar necesariamente: si Israel reconoce que estamos ante un conflicto armado o no. Si lo estamos, Israel tiene que respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Si Israel opina que esto es un problema de orden público interno, entonces tiene que respetar las normas de cualquier Estado de derecho. Y eso significa que tampoco puede ir ejecutando o exterminando incluso a personas que son responsables de actos terroristas. Hasta el más deleznable de los terroristas tiene derecho a un procedimiento judicial con derecho a la defensa con las debidas garantías. 

Cuando España y los países de la Unión Europea dicen que Israel tiene derecho a defenderse, ¿no puede entenderse como una coartada para que pueda seguir atacando Gaza?

Lo que hay en marcha ahora mismo es una grandísima operación de limpieza étnica. El desplazamiento de más de un millón de personas. Es uno de los mayores desplazamientos de población civil por la fuerza que ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente el mayor en tan pocos días. Y, además, dentro de una zona en guerra sin que nadie se preocupe –incluso la fuerza que organiza el desplazamiento, que es Israel– de que estas personas lleguen a un lugar seguro. Da la impresión de que hay un afán de Israel de ocupar más territorio como una parte importante de lo que hoy es el gueto en el que se ha convertido Gaza.

La comunidad internacional no puede ser permisiva con Israel

La comunidad internacional no puede ser permisiva. Si Israel sigue actuando contra el derecho internacional la responsabilidad también es del resto de países que no lo denuncian claramente y que no hacen todo lo que está a su alcance para evitar esto. Israel no puede vivir si la comunidad internacional le aplica sanciones. Lo que es increíble es que el estado que más resoluciones de Naciones Unidas incumple no soporte ningún tipo de sanción internacional. 

¿España también es responsable?

España podría hacer mucho más de lo que está haciendo, pero es un problema de toda la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha denunciado los crímenes y las actuaciones contra la población civil y eso está bien, pero España debería tomar medidas mucho más contundentes. En primer lugar, mantener las relaciones diplomáticas con Israel debe depender de que Israel respete las relaciones internacionales. Y, en segundo lugar, hay un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea e Israel que no debería mantenerse. En la medida en que Israel no está respetando las cláusulas sobre respeto a los derechos humanos, los convenios de cooperación y colaboración entre la Unión Europea e Israel deberían quedar en suspenso de forma inmediata. Y España tiene la misma obligación que el resto de países de la Unión Europea de hacer que así sea.

Podemos ha pedido que España denuncie al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Comparten esa petición?

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional hay que cumplirla. Es lo que viene pidiendo la Autoridad Nacional Palestina desde el 2015. Palestina ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lo que no tiene mucho sentido es que Israel no la acepte. Eso pone de manifiesto que Israel es consciente de que está incumpliendo las normas del Estatuto de Roma respecto a crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. 

No pueden seguir actuando grupos paramilitares de colonos armados, como estamos viendo en Cisjordania, que están aprovechando el genocidio en Gaza para continuar apropiándose de tierra y seguir matando a palestinos. Cuando se condenan actuaciones de terroristas o que pueden ser consideradas ante la opinión pública como terroristas de grupos armados, por ejemplo, palestinos, eso es correcto. Pero es muy sorprendente que se sea tan vigilante con grupos que lo que exteriorizan es la desesperación del pueblo palestino y se tenga tanta manga ancha con un Estado. 

Lo que declaró ayer [por el miércoles] el presidente de Israel, el señor [Isaac] Herzog, es inaceptable. Eso es suficiente para comparecer ante la Corte Penal Internacional. Decir que la población civil de Palestina merecía el castigo que se estaba realizando y que ninguno debía tener derechos porque todos eran responsables de lo que había hecho una organización armada eso es un acto de ilegalidad absoluta. Eso es suficiente. El máximo responsable o la máxima representación institucional de un Estado. Eso pone de manifiesto que para Israel la impunidad es la forma de relacionarse con la comunidad internacional, porque se lo han permitido durante años.

Cambiando de tema. ¿Está al tanto de las negociaciones entre Sumar y el PSOE para la investidura? ¿Cómo van?

Para nosotros es fundamental que haya una agenda social y laboral importante en el acuerdo de gobierno y eso es algo que el PSOE tiene que tener claro. No sería procedente un acuerdo de gobierno que fuera menos ambicioso que el que ya se acordó en el año 2019. Las medidas que impulsó el Ministerio de Trabajo y otros ministerios de lo que entonces era Unidas Podemos y ahora es Sumar han mejorado la economía en nuestro país. Esa es la senda que tenemos que seguir. El PSOE no debe caer en la tentación de volver a las políticas de austericidio.

¿Están negociando una reforma fiscal?

Para que los Presupuestos sean expansivos y no haya problema de déficit la solución es bien sencilla: incrementar los impuestos a quienes ganan más dinero, mejor dicho, a quienes ganan tanto dinero que no tienen ni tiempo para gastárselo. Hay mucho margen. Nosotros tenemos una presión fiscal muy baja. Es sorprendente que cualquier ciudadano medio pague más de un 21% de cuota por sus ingresos como impuestos. Y las empresas en nuestro país, la que llega a tributar un 10% en este momento es una absoluta excepción. Eso es absolutamente inaceptable. 

El Partido Socialista no debe caer en la tentación de volver a las políticas de austericidio restrictivas

¿Qué otras prioridades están planteando en la negociación?

Para nosotros es básica la reducción de la jornada laboral. Tenemos que ir a una jornada de 35 horas para que la gente pueda vivir y disfrutar la vida. Seguir subiendo el salario mínimo hasta un 60% del salario medio real. Eso es un mínimo de 1.270 euros y probablemente a lo largo de la legislatura sea de 1.300 euros de salario mínimo interprofesional. Hay que establecer un nuevo marco de contrataciones que acabe con el abuso de los contratos a tiempo parcial. Quien realmente para conciliar la vida familiar o por cualquier otra necesidad requiera de una contratación a tiempo parcial tiene que tener esa opción. Pero que se utilice de forma abusiva para poner sueldos de miseria a los trabajadores y trabajadoras es inaceptable. 

Y finalmente hay que acometer una reforma radical y profunda del Estatuto de los Trabajadores. Necesitamos uno para el siglo XXI. Y esa reforma tiene que descansar fundamentalmente en otro modelo de despido, de forma que disuada efectuar despidos de aquellos colectivos que tienen dificultades para la inserción laboral en nuestro país.

¿Incrementando el coste del despido?

El coste del despido, por supuesto. Y luego acompañado de medidas de formación, capacitación y también de generación de empleo, por supuesto, y de empleo de más calidad. Pero esa puede ser una de las medidas. Por supuesto que sí. 

Sumar ha hablado mucho de todas estas cuestiones que tienen que ver con la agenda social. Pero en la legislatura pasada, por ejemplo, se quedó en el tintero la reforma de la ley mordaza. ¿Estará de nuevo en ese acuerdo la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana?

La Ley de Seguridad Ciudadana debe por fin ser modificada en profundidad en la línea de lo que avanzamos en la anterior legislatura. Tenemos que ser capaces de construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas democráticas de este país que coinciden en que es necesario que no se penalice la libertad de expresión administrativamente, el derecho de manifestación, el de reunión o muchos otros derechos básicos para un ciudadano en un país democrático que están siendo excesivamente penalizados.

También es importante acabar con los delitos que afectan a la libertad de expresión en una sociedad democrática madura. No tiene sentido que haya una censura del Estado a determinadas valoraciones sobre instituciones o sobre sentimientos religiosos. Esas cuestiones tienen que ser modificadas para que no haya cantantes o artistas que acaben siendo sancionados incluso penalmente.

La sociedad española democrática no solamente está preparada, sino que surgió de una amnistía

Hay una ocasión ahora muy clara de extender la aplicación de los derechos fundamentales. Hay legislaciones que tienen que ser modificadas. España no puede tener, por ejemplo, una legislación de secretos oficiales del año 1963 elaborada en pleno régimen franquista. Eso es inaceptable. Todos los países de nuestro entorno tienen legislaciones que fueron aprobadas a partir del principio de la década de los 80 del pasado siglo. Necesitamos un modelo en el que esté claro quién clasifica documentos y que la desclasificación sea automática por el transcurso del tiempo para que puedan acceder historiadores, periodistas y la opinión pública en general. 

En el anterior acuerdo de gobierno ya establecimos una reforma de la jurisdicción universal que no se acometió en toda la legislatura y que creemos que hay que retomar. En estos momentos, además, en los que hay una gran inestabilidad mundial y se están cometiendo sistemáticamente por parte de muchas organizaciones o estados crímenes internacionales es importante que cuando no tengan capacidad los tribunales de los países porque se sientan incapaces, no se atrevan o no tengan medios, cualquier ser humano pueda ser protegido por la comunidad internacional. 

Hablemos de la amnistía. ¿Está preparada la sociedad española para una ley de amnistía como la que se está perfilando? ¿Es constitucional?

La sociedad española democrática no solamente está preparada, sino que surgió de una amnistía [la de 1977]. La amnistía es el bautismo de la sociedad democrática. No es de extrañar que los que se oponen a la amnistía sean los mismos que se opusieron también a la amnistía de la que nació la democracia en nuestro país. 

Pero no es lo mismo una amnistía después de 40 años de dictadura que una para los encausados por el procés. 

Claro, no es lo mismo cuando han pasado 40 años. Pero los que se oponen a la ley de amnistía son los que cada vez que gobiernan dan una amnistía por delitos económicos. Para defraudadores fiscales, para los que cometen graves delitos económicos, sí se les puede perdonar sus infracciones, pero, en cambio, para los que cometen infracciones de índole político que no tienen por cierto alcance al erario público, a esos, no se sabe muy bien por qué, no se les puede solucionar el problema. O no se les puede eliminar, que es lo que hace la amnistía, la responsabilidad penal sobre una determinada conducta. 

La amnistía es el final de un proceso. La voluntad no es dar amnistías para generar situaciones de impunidad estructurales. La amnistía no equivale a dar un permiso para que se delinca y se infrinja la ley sistemática y continuadamente. Es un proceso de normalización de la convivencia. Y este Gobierno de coalición ha trabajado mucho en estos cuatro años por normalizar la convivencia en Catalunya. Ya no hay algarada callejera, ya no se queman contenedores, ya no se interrumpe la circulación de los trenes, ya no hace falta llevar Policía de toda España y ya no hay el enfrentamiento cívico entre ciudadanos de una forma de pensar y otra que ha habido durante los gobiernos del PP.

La derecha es incapaz de garantizar la convivencia normalizada en nuestro país porque no es democrática y no es tolerante. Nosotros hemos demostrado que es posible la convivencia democrática. El final de ese proceso tiene que estar basado en medidas que eviten volver a calentar la situación. La amnistía es una herramienta excelente que, por cierto, se utiliza recurrentemente entre los países de nuestro entorno. El pasado julio Portugal acordó una amplia amnistía para delincuentes juveniles. ¿Con qué motivo? Iba el Papa a Portugal. Ningún otro motivo.

¿Está de acuerdo con los términos del dictamen de los expertos de Sumar? Usted participó en la redacción de la amnistía que puso fin al conflicto con las FARC en Colombia. ¿Ha participado ahora en la redacción de este dictamen?

No he participado porque es un dictamen de profesores y profesoras de Derecho y de académicos. Ese es el ámbito en el que lo queríamos hacer. Lo primero que han puesto de manifiesto de forma unánime los catedráticos es que por supuesto que la amnistía es constitucional. Tampoco hace falta un gran esfuerzo: hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que se pronuncian sobre cuestiones relacionadas con la amnistía y, por supuesto, las incluyen dentro del ordenamiento constitucional. No crean a nadie que diga que la amnistía no es constitucional porque no tiene más autoridad que el Tribunal Constitucional. 

Ese dictamen está muy bien hecho, da un marco posible para una ley. Pero esa es la opinión de unos académicos. Luego, entre las distintas fuerzas políticas habrá que ver cuál es el contenido y el alcance. La amnistía no va a alcanzar en ningún supuesto delitos de corrupción. A lo mejor si los alcanzara al PP le parecería mejor. 

¿Tienen que estar las fuerzas de seguridad? El dictamen abarca únicamente a los 28 agentes que solo esperan juicio por lesiones.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que tener garantías de seguridad jurídica y no pueden encontrarse ante los tribunales por hechos relacionados con el procés. Tiene que haber unas decisiones equilibradas. Si para las infracciones de índole político hay una amnistía, para las posibles infracciones cometidas combatiendo esas infracciones políticas también tiene que haber una amnistía. Para unos y para otros el límite siempre es el mismo: nunca puede haber amnistía para crímenes internacionales, de lesa humanidad, genocidio o torturas, por ejemplo. 

Ahora bien, yo sinceramente no creo que merezcan el mismo tratamiento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que las infracciones políticas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso aunque hayan cometido excesos, lo han hecho respondiendo a órdenes superiores de las instituciones del Estado y para lo que ellos entendían que era administrar o salvaguardar el orden constitucional. Hay que garantizarles la exención de cualquier tipo de responsabilidad penal por sus actuaciones, pero no creo que la institución de la amnistía sea la más adecuada porque ellos no han cometido infracciones políticas. Hay que buscar otra figura que garantice esa seguridad jurídica.

¿Entonces los sacaría de una ley de amnistía?

No digo que no esté dentro de una ley de amnistía. Digo que tiene que ser una institución o una figura diferenciada. 

¿Cree que gestionó bien Sumar la propuesta del grupo de expertos? Hubo mucha confusión sobre si esa era una propuesta de proposición de ley, si era una propuesta concreta de Sumar...

Sumar ha hecho un trabajo muy difícil, con un alto coste. El PSOE no se ha atrevido a abordar este debate igual que no se atrevió en su momento a aprobar la subida del salario mínimo, la reforma laboral o la intervención de los precios del mercado eléctrico. Nosotros asumimos esa tarea. Hay que reconocer el gran papel que ha hecho en esto Yolanda Díaz y el equipo que ha venido trabajando con ella en esta materia. Ha sido un trabajo muy valiente. Tenía un alto riesgo de incomprensión por parte de la sociedad, pero estoy muy contento porque se ha hecho una tarea pedagógica donde la inmensa mayoría de la sociedad entiende claramente que esto no solamente no es malo, sino que es una medida positiva. Nos va a cerrar definitivamente ese problema y poner a todas las fuerzas de gobierno a trabajar por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.

Hay que reconocer el gran papel que ha hecho en esto Yolanda Díaz en las negociaciones para la amnistía

Hablando de ese gobierno, ¿están reclamando que Izquierda Unida tenga un ministerio? ¿O cierto peso a través de secretarías de Estado?

Es evidente que en los gobiernos tienen que participar todas las fuerzas políticas o el mayor número posible. También es una decisión de cada una, pero las que decidan participar tienen que tener un espacio. 

¿Izquierda Unida tiene decidido participar en el Gobierno?

Izquierda Unida decidirá participar cuando veamos cuál es el acuerdo de Gobierno.

¿Pero hay una voluntad?

Hay una voluntad de que haya un buen acuerdo de gobierno y también de poder participar en el Gobierno. Por supuesto que sí. Lo veremos en su momento.

¿Sería un error si Yolanda Díaz decidiese que Izquierda Unida no tiene ministros en el Gobierno?

No creo que esto sea una decisión de Yolanda Díaz. Obviamente será una decisión colectiva que discutiremos en su momento, atendiendo a la situación que haya en cada momento. Sea cual sea el acuerdo de gobierno lo que habrá que tener muy en cuenta es la voluntad de cada una de las fuerzas políticas, sobre todo las de ámbito estatal, que forman parte de Sumar. Izquierda Unida es una de ellas y por supuesto que trabajaremos para que su opinión, sea la que sea, se tenga muy en cuenta.

Habrá que tener en cuenta la voluntad de las fuerzas políticas de ámbito estatal que quieren estar en el Gobierno

¿Cómo está siendo el debate interno dentro de Sumar? Hubo mucha polémica hace unas semanas con el reparto de portavocías adjuntas en el Congreso. Ni Podemos ni Izquierda Unida tendrán esa figura.

Sumar es el más amplio acuerdo de fuerzas progresistas que ha habido en democracia. Un acuerdo que inicialmente con Unidas Podemos fue de cinco fuerzas políticas y ahora hemos pasado a 13, con distintas identidades y con fuerzas de ámbito regional. Es verdad que es muy difícil concretar y plasmar todo eso. Izquierda Unida obviamente ha defendido tener una portavocía y creemos que sería bueno que la tuviéramos. Somos la fuerza política de Sumar con más antigüedad y con un papel incluso histórico en la democracia española. También somos una fuerza con amplio arraigo, influencia y organización en todo el territorio, cosa que no tienen todas las fuerzas de la izquierda que forman parte de Sumar. Si no ha podido ser ahora seguiremos trabajando para que sea así. Lo más importante es sacar leyes adelante que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y no quedarnos paralizados porque una primera voluntad que teníamos de tener una portavocía no ha podido ser satisfecha.

¿Pero debería haber más democracia interna en los procesos de toma de decisiones de Sumar?

Sumar es un espacio en construcción y eso requiere prueba y error y requiere sumar esfuerzos. Nosotros estamos trabajando, y también muchas otras fuerzas políticas en Sumar, para que cada vez sea un espacio más consolidado, con más mecanismos de participación y con mejores procesos de toma de decisiones. De momento tenemos una dirección del grupo parlamentario que está funcionando de forma muy amplia. Incluso ahí ha habido un avance respecto a la anterior legislatura. Hay fuerzas políticas como Alianza Verde y Equo que no tienen representación parlamentaria y forman parte de la dirección política del grupo parlamentario.

El compromiso en Sumar es sacar adelante el acuerdo de gobierno e inmediatamente después la tarea es poner en marcha el proceso asambleario de constitución de Sumar. Un proceso que tiene que tener un componente ciudadano y otro de participación de partidos políticos. Izquierda Unida va a trabajar intensamente para que ambos componentes sean exitosos.

Alberto Garzón hizo una propuesta muy concreta para la creación de un Frente Amplio. Decía que Sumar tenía que ser un partido más dentro de ese Frente Amplio. ¿Está de acuerdo con esa propuesta? ¿Cómo se deben integrar el resto de partidos en esa plataforma? 

Bueno, no es una propuesta de Alberto Garzón, es una propuesta aprobada por los órganos de Izquierda Unida después de un intenso debate y, además, aprobada por una amplísima mayoría. Esa propuesta dice que en el espacio de Sumar tiene que haber un espacio con participación de todos los partidos políticos que la han conformado y con unos mecanismos de relación claros. Es una propuesta como otras muchas que van a ser tenidas en cuenta en el proceso asambleario de Sumar. Lo que toca ahora es debatirlas. Nosotros partimos de esa propuesta y estamos absolutamente dispuestos a discutir, valorar, construir, consensuar otras propuestas que haya sobre la mesa. 

Pero no solo como coalición electoral sino como una plataforma política más amplia. 

Lo que quiera hacer Sumar. Sumar hoy es una coalición electoral. Izquierda Unida defiende que sea un espacio político que vaya más allá. Eso no es una decisión nuestra, es una decisión del resto de fuerzas políticas. Nosotros estamos a gusto con la coalición electoral. Estaríamos más a gusto con un espacio político común donde todo el mundo se interrelacionara y cada persona tuviera un voto. Esa es la esencia de la democracia.

Pero es verdad que en Sumar hay mucho que trabajar en común. ¿Por qué? Porque hay fuerzas políticas que tienen una vocación de construcción de un proyecto estatal y hay otras que su voluntad es conformar alianzas electorales. La inteligencia de nuestro proyecto político radica en saber congeniar esos dos aspectos y crear un espacio común para todos. 

¿Izquierda Unida va a estar entonces en la Asamblea Constituyente de Sumar?

Cuando se convoque la Asamblea Constituyente de Sumar, se defenderá o se tomará una decisión. Mi posición es que por supuesto. No solamente hay que estar en la Asamblea Constituyente de Sumar; hay que impulsar el proceso constituyente de Sumar.

Izquierda Unida no solo debe estar en la Asamblea Constituyente de Sumar, tiene que impulsarla

¿Manteniendo la identidad de Izquierda Unida como partido?

En principio ese proceso solamente es posible manteniendo las identidades políticas de cada uno de los partidos que lo conforman. Y luego iremos viendo.

Ahora en Izquierda Unida se tiene que abrir en los próximos meses un proceso de renovación de liderazgos, a raíz de la decisión de Alberto Garzón de dar un paso al lado. ¿Se plantea disputar el liderazgo de IU?

No, no. Tengo bastante con la secretaría general del PCE y con la portavocía parlamentaria. Mi perspectiva de contribución al proceso político de este país no es precisamente ocupar cargos. Yo llevo militando 40 años y no he ocupado un cargo público hasta hace cuatro, o sea, ya muy mayor. Tengo una actividad profesional constante, siempre he militado compatibilizando con mi actividad profesional y estoy a disposición siempre. Esa es mi visión de la participación en política desde una perspectiva de izquierdas y de defensa de los intereses de las clases trabajadoras: contribuir y estar a disposición para lo que vaya surgiendo. Ni siquiera me postulé para secretario general del PCE. A mí me pidieron que me postulara.

Seguramente la primera prueba de resistencia para la coalición de Sumar serán las elecciones europeas. Hay voces en Izquierda Unida críticas con el acercamiento de Yolanda Díaz a Los Verdes. ¿Hay un debate sobre si concurrir con Sumar en el caso de que conformen una lista electoral en la que la mayoría de los eurodiputados vayan al grupo de Los Verdes?

Izquierda Unida históricamente ha concurrido a las elecciones europeas en amplias coaliciones en nuestro país, donde había fuerzas políticas que siempre iban a al Partido Verde Europeo, incluso por acuerdo de conformación de la coalición. Eso es histórico. A eso estamos más que acostumbrados. Tampoco es lo mismo el Partido Verde Europeo de la época de la lucha contra los euromisiles que el Partido Verde Europeo hoy, pro OTAN y dispuesto a abrir centrales nucleares. 

Por eso lo pregunto.

Pero los debates de Los Verdes que los resuelvan Los Verdes. Nosotros no estamos en ese espacio. Somos ecosocialistas. Defendemos obviamente políticas sobre todo sociales y laborales y políticas que garanticen un medio ambiente sustentable. Y ahí vamos a estar siempre en la izquierda europea. Para nosotros eso es básico. Lo bueno del proyecto de Sumar es que hemos sido capaces de unir un espacio que en Europa no está unido. Como secretario general del PCE una de las cosas de las que estamos más orgullosos y orgullosas es de haber impulsado el Foro Europeo, el único espacio de relación en Europa donde forman parte desde las fuerzas del laborismo hasta las fuerzas verdes, pasando por la izquierda alternativa y transformadora; sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas. Nuestro problema para concurrir a las europeas no es que participen fuerzas políticas del Estado que luego se quieran alinear con el Partido Verde. Allá ellos y sus decisiones. Nuestro problema es con qué programa concurrimos a las elecciones europeas.

“Que viva la lucha del pueblo palestino”; “Estado sionista, Estado terrorista”; y “Palestina vencerá” han sido algunos de los cánticos entonados este lunes por la tarde en la Puerta del Sol de Madrid por un grupo de varios miles de personas que se han concentrado en apoyo a Palestina y que está sufriendo las represalias de Israel tras el ataque por sorpresa de Hamás el pasado sábado.

Entre los asistentes a la concentración se encontraba el diputado de Sumar y secretario general del PCE; Enrique Santiago; la diputada de Sumar Tesh Sidi (Más Madrid); las dirigentes de Podemos Isa Serra e Idoia Villanueva –también eurodiputada–; los eurodiputados de IU, Sira Rego –también portavoz federal de la organización– y Manu Pineda; además del dirigente de IU Carlos Sánchez Mato y el profesor y fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros.

Sidi, de origen saharaui, el sábado pasado ya afirmaba: “Con los pueblos y su derecho a la libre determinación. Hoy y siempre con Palestina. Habrá mucha manipulación mediática, tweets de 24 horas, pero muchas sabemos que las y los palestinos son asesinados día y noche y nadie condena eso. Soy firme defensora de los derechos humanos, no he mirado hacia otro lado con ninguna ocupación, ni terremoto, ni guerra. La construcción de la paz parte de reconocer y condenar todas las atrocidades que se cometen contra la población civil. Por ello la comunidad internacional tiene que liderar con la misma contundencia todos los procesos, para que no se cometan estos crímenes contra la población civil, ahora contra población israelí pero durante décadas contra los Palestinos, convirtiendo a Gaza en una carcel a cielo abierto en un régimen de Apartheid. La respuesta de Israel será cruel, lo hemos visto todos estos años”.

El diputado de Sumar y secretario general del PCE ha dicho, por su parte: “Los pueblos ocupados tienen legítimo derecho a resistir. Todos deben cumplir el Derecho Internacional Humanitario. Mostramos nuestra solidaridad con Palestina y reclamamos el alto el fuego con intervención de Naciones Unidas. Israel debe cesar la ocupación y permitir una paz justa y duradera. Palestina no está sola. Miles de personas nos manifestamos en todo el mundo para reclamar el fin de la violencia y de la ocupación israelí”.

“Israel no 'está en guerra”, decía la eurodiputada y responsable de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva: “Israel lleva décadas vulnerando el derecho internacional, alimentando la violencia y los asentamientos ilegales, y sometiendo a la población palestina a un régimen de apartheid con total impunidad y ante la pasividad de la comunidad internacional. La Paz se construye sobre la justicia y la legalidad”.

“Pasé parte de mi infancia en Palestina. Somos parte de Jerusalén pero mis hermanos ahora no pueden entrar en Jerusalén. De pequeña, cuando cogía el bus, llegaba enseguida. Ahora mi familia tiene prohibida la entrada. Detesto la violencia. Soy una convencida de la Paz y de la palabra. Situar el conflicto palestino con lo ocurrido en los últimos días sin mirar hacia atrás, a los 75 años de apartheid, de limpieza étnica… es un error”, expresa Sira Rego, portavoz de IU y eurodiputada: “Es tomar partido por quienes apoyan e impiden que mi familia sufra la violencia de los colonos… Nadie más que nosotros deseamos un alto el fuego y tener una vida en paz. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como acaban con nuestro pueblo. Pido a las instituciones internacionales que pongan todo su esfuerzo en detener este genocidio”.

La convocatoria de este lunes había sido realizada por distintas organizaciones, entre ellas la Comunidad Hispanopalestina de Madrid, que ha asegurado que anunciarán más protestas contra Israel para los próximos días en sus redes sociales.

El secretario general del PCE y diputado en el Congreso, Enrique Santiago, ha considerado que la entrada de Unidas por Extremadura en el próximo gobierno regional favorecerá que éste tenga “valentía” y saque adelante medidas que “realmente” favorezcan a los ciudadanos “y no a los más poderosos”.

Acompañado de los candidatos a la Alcaldía de Mérida por Unidas Podemos Óscar Fernández y Montse Girón, Santiago ha participado este miércoles en un encuentro en la Fundación CEPAIM sobre los objetivos 2030 desde la dimensión local y los derechos de las personas migrantes.

En declaraciones a Efe, ha destacado que una entrada de Unidas por Extremadura en el próximo Ejecutivo regional permitirá que el gobierno “se comprometa y tenga la valentía de sacar adelante medidas que realmente favorezcan a la gente y no a los más poderosos”.

Como ejemplo ha apuntado a la experiencia del Gobierno central de coalición en el que “todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho con el voto en contra del PP y Vox pero también con las reticencias del PSOE, al que le falta esa valentía”. Ello ha permitido solventar las crisis “no dejando a nadie atrás, en lugar de rescatando bancos y grandes grupos económicos como se hacía antes”, gracias a esta valentía en la gestión que a su juicio solo tiene Unidas Podemos.

En este sentido, ha señalado que la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo de la nación ha posibilitado la subida del SMI, de las pensiones y la mejora de las condiciones de los trabajadores del campo. A este respecto, ha señalado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se “quejó” de que el incremento del salario mínimo iba a incrementar el desempleo y disminuir el crecimiento, cuando “ha sido todo lo contrario”.

Por ello, ha considerado “imprescindible” apoyar las candidaturas de Unidas, porque son las que “realmente van a tener la voluntad de defender a la gente más humilde, a los trabajadores y trabajadoras” y actuar con esa “valentía” que, en su opinión, falta en las instituciones extremeñas.

Respecto a la reunión con CEPAIM, el cabeza de lista de Mérida ha explicado que ha consistido en un intercambio de pareceres con una organización que trabaja por la integración, la inclusión y la protección internacional a personas migrantes. Ello incardina con el programa con el que la coalición aspira a la Alcaldía emeritense, cuyo hilo conductor es trabajar por una “ciudad habitable e inclusiva”.

Se trata, ha indicado, de hacerla habitable desde el plano ecológico y social y mediante la vertebración entre las barriadas y el centro, y en lucha contra la crisis “ecosocial” actual. “Luchamos por mejorar la vida de los ciudadanos, no por hacer demagogia fiscal como hacen otras opciones hablando de bajada de impuestos”, ha apuntado Fernández, consciente de que “somos responsables de administrar los servicios y recursos de toda la ciudadanía”.

La condición que el Partido Popular exige de forma reiterada para cesar su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es que, antes de elegir un nuevo Consejo que sustituya al actual, se cambie la ley “para que los jueces elijan a los jueces” que vayan a formar parte de dicho Consejo. Tras cuatro años de mandato vencido, mantienen con esa excusa su actitud de abierto incumplimiento de lo establecido en la ley y en la Constitución, incumpliendo el procedimiento de renovación previsto en la ley, mecanismo cuyas últimas modificaciones fueron aprobadas por la mayoría parlamentaria del PP en 2013 y por iniciativa legislativa del gobierno de Rajoy y su ministro Alberto Ruiz Gallardón.

La justificación esgrimida por los de Feijoo para mantener esa actitud sediciosa es que “Europa” exigiría a España que los jueces elijan directamente a los jueces que forman parte del CGPJ. Esta falsedad la mantiene el PP sobre un acumulado de afirmaciones imprecisas o sesgadas, medias verdades y mentiras. No existe en la Unión Europea -única organización supranacional con capacidad de acordar normas jurídicas de aplicación directa en España- norma o acuerdo que indique que para garantizar la independencia judicial en España es necesario que el CGPJ sea elegido mayoritariamente por los propios jueces. Tampoco existe ninguna norma de la Unión Europea, ni siquiera acuerdo de un órgano ejecutivo o legislativo, que indique cómo han de elegirse los Consejos de la Magistratura de cada país. Ni siquiera es cierto que todos los países de la UE cuentan con estos órganos, y, en los casos en que existen, no hay dos que sean iguales o se elijan de igual manera. La independencia judicial en Europa – y por supuesto en España- no depende de los Consejos de la Magistratura o de órganos de gestión de los poderes judiciales, sino que se configura por mandato de la Ley y con normas que garantizan que los demás poderes públicos o los particulares no van a poder ejercer presión alguna a los jueces y juezas al momento de poner sentencias.

En los países de la Unión Europea existen diferentes modelos de órganos para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial, con distintas competencias y composiciones, y elegidos de diversas maneras.

En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura está compuesto por dos cámaras. Ambas integradas por siete magistrados, seis de los cuales son elegidos por sus pares y el séptimo es el Presidente de un tribunal superior, y ocho miembros más, no jueces, son designadas por el poder político, a propuesta de los Presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional.

En el Reino Unido la Comisión de Nombramientos Judiciales, adscrita al Ministerio de Justicia, está formada por 15 miembros: 12 son elegidos a través de un concurso público, abierto, transparente y basado exclusivamente en méritos y solo tres restantes son nominados por el Consejo Judicial, compuesto por dos jueces de tribunales superiores.

Alemania carece de un órgano de gobierno del poder judicial. Los jueces de los distintos tribunales superiores pueden ser nombrados directamente por los ministros de Justicia de los dieciséis Estados federados, por el parlamento o por comités de selección. Los jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por las dos cámaras del Parlamento. Es decir, los poderes ejecutivo y legislativo, compuesto por políticos, eligen a los jueces de los tribunales superiores. Los jueces de los cinco tribunales superiores federales son elegidos por un comité de treinta y dos personas: los 16 ministros de Justicia de los Estados federados y 16 elegidos por el Parlamento federal por representación proporcional.

En Bélgica, el Consejo Superior de Justicia tiene dos cámaras territoriales de 22 miembros cada una: ocho magistrados, ocho miembros de la sociedad civil y seis catedráticos.

Italia, paradigma de la inestabilidad parlamentaria en la UE, tiene un Consejo de la Magistratura presidido por el Presidente de la República, compuesto de 27 miembros: 16 son jueces elegidos por jueces, dos más son altos cargos del Estado -Presidente del Supremo y Fiscal General- , y otros ocho son elegidos por el Congreso. Es uno de los pocos consejos judiciales de Europa donde la mayoría de sus integrantes son “jueces elegidos por los jueces”.

En su reciente vista a España, el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, afirmó ante la Comisión Mixta de la UE del Congreso que no era cierto que la Unión Europea exigiera que los jueces fueran los que eligieran a los jueces que componen el CGPJ, sino que era otra diferente institución, el Consejo de Europa, la que había recomendado que, en ciertos supuestos, existiera una intervención de los jueces en la elección de los jueces que vayan a formar parte de órganos de dirección del Poder Judicial.

El Comisario ni siquiera referenció un acuerdo de un órgano representativo del Consejo de Europa, o de un grupo de trabajo sobre independencia judicial, sino que se remitió a resoluciones del grupo de trabajo de expertos sobre medidas de combate a la corrupción, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Dos son los órganos del Consejo de Europa -organización distinta a la Unión Europea- que han formulado recomendaciones -nunca órdenes o normas- que tienen que ver con la composición o forma de elección de órganos de gobierno del Poder Judicial. El ya mencionado GRECO y la Comisión Europea para la democracia por el derecho o Comisión de Venecia.

El GRECO es un grupo de trabajo de los cuarenta y siete países del Consejo de Europa, más Bielorrusia y EEUU. Elabora informes y evaluaciones, realizadas también por expertos -no por representantes de Estados ni cargos representativos elegidos en procesos electorales-, sobre aspectos relacionados con la corrupción, no sobre independencia judicial.

En el marco del denominado “Cuarto proceso de Evaluación”, sobre “Prevención de la Corrupción respecto a miembros del Parlamento, Jueces y Fiscales”, emitió su último informe sobre España, de fecha 25 de marzo de 2021, de seguimiento de anteriores reportes y recomendaciones.

Las observaciones realizadas en los Informes sobre España se refieren a preocupaciones del GRECO por la apariencia de falta de independencia judicial que pudiera apreciarse en actuaciones judiciales relacionadas con la persecución de la corrupción. El contexto son las escasas condenas por corrupción en España a altos dirigentes políticos a pesar de que solo el Partido Popular, campeón en número de militantes y cargos públicos sometidos a investigaciones por corrupción en los últimos veinte años, ha tenido más de 600 miembros vinculados a 260 procedimientos judiciales por corrupción.

En ese contexto, en el epígrafe 36 de su último informe de 2021, el GRECO “recomendó llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano, de cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas.”

En su epígrafe 40 se refirió a “las normas aplicables del Consejo de Europa con respecto a la elección del turno judicial en los consejos judiciales”, en los supuestos en que hay una composición mixta -jueces y no jueces- en los consejos judiciales. El GRECO no indica cómo deben estar compuestos los consejos de la magistratura -por jueces o por otros expertos-, sino que indica que en caso de proceder a seleccionarse miembros jueces, “se aconseja que los jueces sean elegidos por sus pares -siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles-” y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el ejecutivo, no participen en ningún momento del proceso de selección de esos jueces. El término utilizado por el grupo de expertos es “se aconseja”. El GRECO concluye en su epígrafe 44 que la “Recomendación V” de su anterior informe no se había aplicado por España, recomendación que pedía “llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano, frente a cualquier influencia indebida con el fin de subsanar las deficiencias detectadas”. Extraer de lo anterior, como hace el PP, que “Europa” exige a España que “los jueces elijan a los jueces”, es simplemente falso.

La Comisión de Venecia es otro órgano consultivo en materia de derecho constitucional, formado por expertos independientes de sesenta y dos Estados. Quince de ellos son países no europeos como Argelia, Corea del Sur, Marruecos o Kazajistán. En 2016 aprobó el documento denominado “Criterios de verificación del estado de derecho”, refrendado por el Consejo de Europa de 18 de marzo de 2016, con el caratulado “Estudio número 711/2013”, documento realizado por nueve expertos de Italia, República Checa, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania, Finlandia y Países Bajos.

En dicho estudio se indican “cuatro elementos para la independencia judicial: la forma que se produce la designación o nombramiento (de los jueces), el periodo para ejercer las funciones, la existencia de garantía contra presiones externas -incluyendo presiones presupuestarias- y si la Judicatura es percibida como independiente e imparcial ”(Recomendación 75)“. En ningún caso menciona a los Consejos de la Magistratura entre los elementos necesarios para garantizar la independencia judicial, refiriéndose a estos órganos como un ”método“ más ”para garantizar la independencia de la Judicatura“ y añadiendo que ”los Consejos de la Magistratura deben tener una composición plural, de manera sustantiva o mayoritaria, con miembros que sean jueces“, y que ”pueden existir sin embargo otras formas para la designación de una Judicatura independiente“ (Recomendación 81).

Este estudio señala ventajas e inconvenientes en todos los sistemas de elección de los consejos, ya sean elegidos por los parlamentos o directamente por los jueces. Cuando el Parlamento interviene en la elección de los órganos de dirección del Poder Judicial, “la injerencia del Parlamento acarrea el riesgo de la politización”. De igual forma, muestra recelos con la participación de los jueces en la elección de esto órganos: “Cuando solamente se involucra a los jueces se puede generar la percepción de autoprotección o de intereses personales o amiguismo en la composición del Consejo de la Magistratura. Tanto la politización como el corporativismo deben ser evitados. Un apropiado equilibrio debe encontrarse entre los jueces y quienes no lo son.” (Recomendación 82)

El estudio de la Comisión de Venecia concluye afirmando que la imparcialidad de la judicatura no depende de su órganos de gobierno, sino de garantizar legalmente una actuación independiente a quienes imparten justicia: “89. La imparcialidad de la Judicatura debe estar asegurada tanto la práctica como en la ley”.

En conclusión, la Unión Europea no ha establecido una norma sobre cómo garantizar la independencia del Poder Judicial. Las recomendaciones existentes son únicamente eso, recomendaciones y estudios elaboradas por grupos de expertos del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea. Estos estudios y recomendaciones concluyen que tan válidos son los mecanismos de elección de consejos de magistratura a través de órganos de representación política, como por elección parcial por parte de los miembros de la carrera judicial. Estos Estudios advierten que tanto un sistema como otro pueden tener riesgos.

En conclusión, no es verdad que Europa exija a España “que los jueces elijan a los jueces”.

Encastillarse es humano. Huir con los tuyos a la estancia más escondida y resistir hasta que el temporal amaine. Esa es la estrategia más conocida de quienes en un pasado reciente tuvieron capacidad ofensiva pero se han quedado aislados, como un reducto huidizo y conspiranoico que solo es capaz de resistir acorralado. Todos son enemigos y cada vez el círculo de confianza se estrecha más. Cuando una oligarquía partidista identifica que el ciclo político es de repliegue tras uno de extensión y acción, solo queda asistir a ver cómo consolidan y atrincheran el espacio propio abandonando a los que fueron compañeros de camino de manera coyuntural. Nos sumergimos en un invierno desolador para las opciones transformadoras de izquierdas y quienes han hecho ese análisis de fin de ciclo solo esperan resistir a las inclemencias dejando fuera del refugio a aquellos en los que menos confían para pasar lo más crudo con posibilidades para sobrevivir. No es nada personal, es solo política. 

El sociólogo alemán Robert Michels enunció a principios del siglo XX la ley de hierro de las oligarquías. Michels explicaba cómo las reglas de la política conllevan de manera ineludible al gobierno de las estructuras internas de los partidos por parte de una minoría. La ley enunciada por Michels, que acabaría abrazado al fascismo, resume los procesos vividos en la política española en general y de la izquierda en particular. La ley de hierro de las oligarquías explica de manera detallada cómo una estructura que en un principio podría servir como instrumento para una mayoría social acaba por volverse conservadora hasta transformarse en una estructura que solo mira por su pervivencia como único objetivo. El partido termina siendo un fin en sí mismo, dejando de lado los viejos anhelos de transformación. Las organizaciones políticas, más aún en tiempo de repliegue, se acaban convirtiendo en un monopolio interno de poder que busca la propia supervivencia.  

Amanda Meyer escribió tras la destitución de Enrique Santiago un mensaje citando a Antonio Gramsci que puede ser vinculado de manera rotunda con uno de los principios rectores que explican la ley enunciada por Michels; el de la burocratización: “La burocracia es la fuerza conservadora más peligrosa si se independiza de las masas”. El mensaje lo acompañaba de una fotografía junto a Enrique Santiago con el logo del PCE detrás. Una imagen de las dos últimas personas cesadas por Podemos en el Gobierno, tras la coalición fallida de Andalucía, que explicaría por sí sola la teoría de Robert Michels. 

La burocratización de una intelectualidad que opera como minoría en las organizaciones se produce de manera ineludible gracias a la escasa participación política interna de la militancia y su escasa cultura política. Se podría decir que esa oligarquía ha buscado de manera intencionada una masa crítica nula en la organización como paso previo para su control. Impedir que una militancia organizada con capacidad de discernimiento tenga peso ha sido el primer paso para poder crear una minoría especializada que controle todo el poder interno. Para Michels, la incapacidad de las masas militantes de participar en la toma de decisiones las lleva a precisar un hiperliderazgo. La oligarquía quiere controlar y la militancia desea ser controlada, por eso para llegar al punto de dulce de la ley de hierro es preciso prescindir de todos los puestos intermedios con capacidad de disenso y cultura política previa. Nada entre el líder y su camarilla y los militantes acríticos. La organización forjada a hierro.

En 2020, tras la debacle sufrida en las elecciones gallegas y vascas, el análisis que se hizo en IU del resultado lanzaba una advertencia: “Sería errónea cualquier propuesta que consistiera en un repliegue identitario con tentación partidista”. No pudo ser más certera la visión del error. Robert Michels explicaba de manera precisa la deriva de las formaciones en las que una minoría acababa tomando todas las decisiones: “A medida que aumenta la burocracia partidaria sufren un debilitamiento inevitable dos elementos que constituyen los pilares esenciales de toda concepción socialista: la comprensión de los fines más amplios y más culturales del socialismo, y la comprensión de la multiplicidad internacional de sus manifestaciones. El mecanismo se transforma en un fin en sí mismo”. Esta explicación es relevante porque alumbra cómo las organizaciones acaban por abandonar su proceso de transformación social, ya sea reformista o revolucionario, para centrarse en asegurarse su supervivencia y con ella el futuro de los miembros que lo componen. La oligarquía partidista consciente de su fracaso material en la construcción de un horizonte transformador se enroca para que perviven las estructuras que permiten su propia existencia y confort. Se abandona el proyecto colectivo para construir una empresa individual. 

La versión oficial cuenta que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha decidido afrontar una reorganización en los equipos para reforzar “el enfoque feminista y ecologista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el perfil internacional del Ministerio”. Y que es en ese contexto en el que debemos leer la sustitución de Enrique Santiago, líder del PCE, por la secretaria de organización de los morados, Lilith Verstringe, en la secretaría de Estado de Agenda 2030.

La no oficial apunta que la sucesora de Pablo Iglesias lo que está haciendo es liberar de cargos del PCE e IU los ministerios morados. Primero fue Amanda Meyer como jefa de gabinete de Irene Montero y ahora es el turno de Santiago, una de las personas mas próximas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Todo ello es una secuela más de las heridas abiertas y no cicatrizadas durante la negociación de la candidatura de Por Andalucía que encabezó Inma Nieto (IU) y apoyó el líder del PCE, en lugar de la lista propuesta por Podemos.  

Enrique Santiago es uno de los principales apoyos del proyecto de Díaz y sobre el que los dirigentes de Podemos se muestran escépticos ante el  temor de que se les intente diluir con un papel secundario. De ahí que la formación morada busque reforzarse como partido y recuperar una autoestima que ha vuelto a crecer con la publicación de los audios de las cloacas que demuestran la existencia de un contubernio político, policial y periodístico para acabar con el partido desde que irrumpió en la escena nacional con más cinco millones de votos. 

Así lo aseguran fuentes de la organización, que tampoco esconden que la decisión de sacar a Santiago del ministerio que dirige Belarra sea un nuevo aviso a Díaz ante el avance de la plataforma Sumar y la tentación de que la vicepresidenta se “carmenice” -en alusión a Manuela Carmena- y su anhelado proyecto para las generales “acabe en fracaso”.  

Uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, cree que en efecto Andalucía ha sido el desencadenante, si bien sostiene que el partido morado ha empezado a reencontrarse, que el escenario se clarifica poco a poco y que la impulsora de Sumar “sabe que sin Podemos no podrá volar y Podemos sabe que necesita a Yolanda para volver a emocionar”. 

Su recomendación es que la vicepresidenta vaya “despacio y con humildad” en ese proceso de escucha que para llegar a buen puerto debiera ser lo más variado posible mientras que Podemos, para volver a exhibir músculo, tendrá que “recuperar la confianza en sí mismo”. 

Lo cierto es que hace semanas que en el espacio se habla de cierta sintonía entre la vicepresidenta y los morados, tras meses de distanciamiento y reproches mutuos. La compenetración se visualizó esta semana en las intervenciones de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias en los cursos de verano de la Universidad Complutense, donde aunque no coincidieron físicamente, sí lo hicieron en el mensaje. Una dejó claro que Podemos es “imprescindible” para su proyecto y el otro, que su partido estará con Sumar. Hay quien ya ve ahí el principio para el inexorable reencuentro. 

Sin embargo, en Andalucía, Podemos ha tomado la delantera a Díaz y ha puesto las líneas rojas para las alianzas municipales de mayo de 2023, entre ellas que se celebren primarias vinculantes y que su nombre figure en la marca electoral mientras que IU y Más País están convencidos de que ​​ el futuro pasa por dejar atrás a Unidas Podemos. Y esto pasa cuando aún es una incógnita que el proyecto de Yolanda Díaz vea la luz antes de las municipales y autonómicas del próximo mayo, ya que el día de la presentación de Sumar ella misma se dio un año para concluir el llamado proceso de escucha. 

Todo tiene que ver con lo mismo, también la destitución de Enrique Santiago, que Ione Belarra anuncia mientras la titular de Trabajo se encuentra de viaje oficial en EE.UU. Unos lo llaman marcar territorio y otros, aviso a navegantes, que como saben es dar un toque de atención a alguien.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reordena su departamento en los últimos compases del curso político antes de las vacaciones. La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, será la nueva secretaria de Estado para la Agenda 2030, según ha adelantado La Información y ha confirmado elDiario.es. Sustituirá al líder del PCE, Enrique Santiago, quien asumió el cargo en la primavera de 2021. El relevo, que refuerza la presencia de Podemos en el Gobierno, se hará efectivo en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Desde el entorno de Enrique Santiago apuntan a elDiario.es que “el cese se produce por decisión de la ministra, quien le plantea a Enrique que va a reestructurar el equipo del ministerio y que no contará con él” y dirigen a Belarra para las explicaciones sobre la destitución. Las mismas fuentes “agradecen” a la ministra “la confianza depositada”.

El propio Enrique Santiago lo ha explicado en un hilo de Twitter.

Santiago, quien ha sido recientemente reelegido secretario general del PCE, es una de las personas más próximas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien asumió el liderazgo de Unidas Podemos tras la salida de Pablo Iglesias en marzo de 2021. Hasta entonces, el dirigente comunista había desarrollado en el Congreso una labor sorda de negociación soterrada con los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de coalición.

El destituido secretario de Estado es uno de los valedores de la plataforma Sumar que lidera Yolanda Díaz y con la que quiere armar un proyecto electoral con el que presentarse como candidata a la presidencia del Gobierno en los comicios previstos para el final de 2023. El lanzamiento de Sumar y la estrategia definida por Díaz ha provocado importantes roces con Podemos, que ve con recelo la dilución de los partidos en el proceso lanzado por la vicepresidenta. La destitución se produce con Díaz de viaje oficial en EE UU.

Los problemas se trasladaron esta primavera a la composición de las listas electorales en Andalucía. Solo en el último suspiro de la fecha límite para presentar las candidaturas se alcanzó un acuerdo, pero las heridas provocadas por las duras negociaciones han lastrado las relaciones entre Podemos e IU, principales fuerzas del espacio político. Y, en concreto, entre Podemos y el PCE, fuerza fundamental en IU, más aún en Andalucía. Justo antes de los comicios, con la negociación ya concluida, la ministra de Igualdad, Irene Montero, destituyó a su jefa de Gabinete, Amanda Meyer, destacada dirigente del PCA.

La dimisión de Iglesias en marzo de 2021 propició relevos en el Ministerio de Derechos Sociales. Ione Belarra, que era la secretaria de Estado para la Agenda 2030 del por entonces vicepresidente asumió el papel al frente del departamento, además de la Secretaría General de Podemos. Enrique Santiago asumió la vacante.

Tras el fiasco de las elecciones de Madrid de mayo de ese año, Iglesias abandonó la política definitivamente. Las bases de Podemos auparon a la Secretaría General a Belarra, quien situó a Lilith Verstrynge como secretaria de Organización del partido.

Ahora, Santiago recuperará su trabajo parlamentario y Verstrynge asumirá la Secretaría de Estado con el objetivo “reforzar el enfoque feminista y ecologista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el perfil internacional” del ministerio, según fuentes del departamento de Belarra.

Verstrynge estudió en Francia, donde además de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Sorbonne Nouvelle, donde también se tituló en Estudios Europeos y Relaciones Internacionales. Además, es máster en Relaciones Internacionales por la misma universidad, radicada en París.

Fue en la capital francesa donde le cogió en 2014 el nacimiento de Podemos. Allí se unió al movimiento y, antes de recalar en España, trabajó para el grupo parlamentario en Bruselas.

Las mismas fuentes de Derechos Sociales agradecen a Santiago el “excelente trabajo al frente de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030” y señalan que ahora “su papel en el Congreso será clave ante las ”muchas leyes“ muy importantes para el Gobierno pendientes de tramitar en lo que resta de legislatura.

Esta misma tesis la refrendan desde el entorno de Enrique Santiago, desde el que defienden “su trabajo de cohesión y construcción de acuerdos y consensos dentro del espacio político y con los socios de gobierno y legislatura”. Y concluyen que “se centrará a partir de ahora en dar impulso al trabajo legislativo, desde su escaño y la portavocía adjunta” en el Congreso “para ayudar a cumplir el máximo de los contenidos del acuerdo de gobierno”. Santiago se centrará “especialmente en los trabajos para la derogación de la ley mordaza”.

Pero, además, tendrá otro objetivo: “La articulación del próximo ciclo electoral, lo que requiere que el espacio político en el que participe el PCE e IU sea lo mas amplio posible”. Ese espacio es Sumar. El propio Santiago lo ha explicado en un hilo en su cuenta de Twitter.

Remodelación para reforzar la agenda “ecologista y feminista”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha enmarcado la salida de Santiago en una reestructuración del Ministerio de Derechos Sociales para reforzar su “agenda feminista y ecologista”, al tiempo que ha agradecido su trabajo durante este tiempo al frente del departamento.

Así lo ha trasladado la ministra en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en Tenerife.

“En el politiqueo jamás me encontrarán”

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha querido valorar la salida de Santiago, aunque sí le ha deseado la “mejor de las suertes”, al igual que a Ione Belarra, tras la remodelación en el seno de su departamento.

“En el politiqueo no me van a encontrar jamás”, ha señalado ante los medios de comunicación en Nueva York, cuestionada por el relevo de Santiago. “A Santiago le deseo la mejor de las suertes y a Belarra y a su equipo le deseo la mejor de las suertes. No me verán jamás en cuestiones ajenas a tareas de mi vicepresidencia y a mis tareas de ensanchar la democracia”, ha desgranado Díaz después de intervenir en el evento 'Contribución de la Economía Social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y potencial de una resolución de la ONU en Economía Social'.