La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, rechaza que el “perfil político” de los presos en las cárceles vascas, en referencia a los exdirigentes del PNV que cumplen penas de corrupción, “influya” o “afecte” a su “situación” penitenciaria. Agrega que no es “excepcional” que se hayan producido “progresiones” de grado, ya que eso es una posibilidad prevista en la normativa y que se aplica por razones “técnicas” y nunca de otra naturaleza.

San José ha realizado estos comentarios en respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco del representante del PP Santiago López Céspedes. La iniciativa fue registrada después de que trascendiera que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, había logrado ya un tercer grado, es decir, un régimen de semilibertad, cuando ni siquiera ha llegado a un tercio del tiempo total de cumplimiento efectivo de su pena, ya de por sí reducido en tres años.

De Miguel, condenado a doce años como cabecilla de una trama de corrupción, entró en prisión en el verano de 2023 y con fecha de salida en el verano de 2032. Ya disfrutaba de un régimen cerrado atenuado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Asimismo, los otros tres excargos del PNV igualmente en prisión han saltado también al tercer grado sin alcanzar la mitad de sus penas. Son Xabier Sánchez Robles, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Solamente en el último caso la progresión se ha hecho a propuesta de Prisiones; los otros tres lo lograron con recursos ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso.

San José, en sus explicaciones al Parlamento, no entra en detalles concretos escudándose en la protección de datos. De hecho, ni siquiera confirma que las juntas de tratamiento plantearan no conceder a De Miguel -y a otros dos implicados en la misma trama- el tercer grado en un estadio tan prematuro de la condena total, algo inhabitual según fuentes penitenciarias. Ya antes los funcionarios se habían opuesto al 100.2 para el expolítico. Según la consejera socialista, que dice no tener datos del tiempo habitual para las progresiones de grado, es impepinable acatar las resoluciones judiciales y “no corresponde al Gobierno vasco valorarlas”. Que la Justicia enmiende la plana al Ejecutivo no supone una “disfunción”, sostiene.

Remarca la titular de Justicia y Derechos Humanos que una característica fundamental del sistema penitenciario español es la “individualización”, y eso implica que “una persona no debe permanecer en un grado más restrictivo ni más flexible que aquel que, conforme a su situación individual, resulte adecuado”. “Por lo tanto, la progresión a tercer grado cuando concurren dichos elementos constituye una consecuencia natural y necesaria del principio de individualización”, abunda San José. Es más, recuerda que el “modelo penitenciario vasco” puesto en marcha en 2021 con la transferencia de Prisiones y que “fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Vasco”, establece “una apuesta expresa y decidida” por “potenciar el régimen abierto”. Los condenados del 'caso De Miguel' han superado un programa llamado Pideco, de prevención de la delincuencia económica. Es el mismo que realizó durante su estancia en Zaballa Iñaki Urdangarin.

En el plano cuantitativo, San José -que habitualmente tiene que dar explicaciones sobre otros presos, los de ETA- indica que en los últimos cinco años 56 presos de todo tipo han visto atenuado su régimen interno en aplicación del 100.2. Asimismo, en enero de 2026 eran 424 los reclusos en tercer grado. Hay hasta cinco modalidades, en función de si tienen o no control telemático o el artículo por el que accede a esa progresión. El más común es el 86.4 del reglamento penitenciario, con control telemático. Es en el que están 352 de los 424.

El área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao ha adjudicado en los últimos días nuevamente a la empresa Emociona Soluciones Creativas su contrato de “diseño, confección, distribución e instalación de elementos de publicidad para la programación cultural”. Según consta en el perfil del contratante, está cuantificado en 202.408,80 euros IVA incluido para doce meses, aunque prorrogables para un segundo año.

Emociona Soluciones Creativas fue sancionada por la Autoridad Vasca de la Competencia en 2022 por prácticas irregulares en ocho procesos entre 2014 y 2021 relacionados precisamente con el área de Cultura. Recibió una multa de 25.896,25 euros por haber manipulado los concursos con otra empresa cercana, Printhaus, con la que se repartía las subcontrataciones. La firma, además, apareció en la trama de corrupción del 'caso De Miguel' ya que, además de proveedora del PNV en campañas electorales, se encargó de la reforma de la vivienda particular en Gorliz del ex 'número dos' del partido en Álava, Alfredo de Miguel, una operación que luego pagó otro empresario, Prudencio Hierro, a modo de comisión.

En 2024, Emociona Soluciones Creativas ya resultó adjudicataria nuevamente del contrato. Otra empresa del sector, Bilbao Design Hub, que temporalmente prestó el servicio tras el expediente de Competencia, intentó pararlo sin éxito con un doble recurso, tanto en vía administrativa ante el organismo conocido como OARC como ante los tribunales. Uno de sus argumentos era que, en la documentación presentada al Ayuntamiento de Bilbao, se había ocultado deliberadamente la sanción por prácticas colusorias.

Ese procedimiento judicial se resolvió en octubre de 2025 con una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior. Los magistrados Luis Garrido, Trinidad Cuesta y Olatz Aizpurua dan la razón a Bilbao Design Hub en el sentido de que, en efecto, no se tenía que haber omitido la existencia del procedimiento sancionador, pero entienden que eso no resultó determinante en la adjudicación. Por un lado, porque Competencia no incluyó en su condena una prohibición de contratar. Y, por otro lado, porque el Ayuntamiento era perfectamente conocedor del caso como parte directamente implicada.

Ahora, en febrero, la compañía ha renovado sus servicios con el Ayuntamiento. El acuerdo se adoptó el 28 de enero. Bilbao Design Hub llevó el caso inmediatamente también al OARC, pero ni siquiera lo ha admitido a trámite esta vez. En una resolución muy rápida, del 5 de febrero, tumba el recurso al entenderse que la empresa no tiene legitimación para actuar esta vez por no haberse presentado al concurso.

Bilbao siempre ha defendido los contratos con Emociona Soluciones Creativas. Insiste en que la resolución de Competencia de 2022 nunca ha impuesto a la empresa sancionada la prohibición de contratar. Fuentes de la compañía, de su lado, recuerdan que han abonado la totalidad de la multa y desarrollado un programa de “compliance” tutelado por Competencia para evitar, en el futuro, las irregularidades. En el proceso judicial alegaron, asimismo, que no fueron conscientes que sus acuerdos con Printhaus pudiesen ser ilícitos.

Alfonso Arriola, que hasta marzo de 2027 está cumpliendo formalmente una condena por corrupción debido a su participación en el 'caso De Miguel', es el funcionario responsable de seis programas de ayudas del Gobierno vasco. En total, quien cometiera un delito de prevaricación por facilitar desde su puesto en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica de la que era gerente, que su compañero en el PNV Alfredo de Miguel intercediera para manipular contratos y recaudar comisiones, gestionará cerca de 19 millones de euros de presupuesto público en este año 2026.

Hace un año, este periódico adelantó que Arriola, como funcionario adscrito al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, una cartera dirigida por la consejera 'jeltzale' Amaia Barredo, había sido situado al frente de una comisión de valoración de subvenciones forestales, el programa Handitu Egurra. Desde entonces, según las resoluciones que se han ido publicando en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el exmiembro del PNV se ha ido convirtiendo en el “presidente” de seis mesas.

En concreto, lidera los programas Lehiatu Inversión (con una dotación de 13 millones), ISV Inversión (3,4 millones), Handitu Innova (1,5 millones), Kooperatu (1 millón) y Gastrobikain (0,75 en la anterior convocatoria). También sigue al frente de Handitu Egurra, pero no hay previsión de convocar esas ayudas en 2026, según fuentes oficiales del equipo de Barredo. Asimismo, es presidente suplente de otras tres mesas, las de los planes Lehiatu Promoción y Onekin y la de las ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera, siempre según el BOPV.

Arriola fue uno de los condenados en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. En su caso, evitó la cárcel, pero sí recibió una inhabilitación por cuatro años. El auto de firmeza de esa pena fue emitido por la Audiencia Provincial de Álava en marzo de 2023 y, presumiblemente, no quedará liquidado hasta esa misma fecha de 2027. Sin embargo, la inhabilitación se aplica exclusivamente en sociedades públicas y, por lo tanto, Arriola ha podido mantener su condición de funcionario de la Administración general. En 2023, cuando fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, trascendió que tenía un salario público por encima de los 6.000 euros mensuales.

El pasado año el asunto generó gran debate político. Mientras la consejera Barredo insistía en que Arriola no merecía “cadena perpetua” -llegó a afirmar en el Parlamento Vasco por dos veces que había “cumplido” la condena-, otros dirigentes del PNV mostraron una opinión muy contraria.  “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta”, afirmó el portavoz parlamentario y miembro del Euzkadi Buru Batzar Joseba Díez Antxustegi. El propio lehendakari, Imanol Pradales, admitió en una entrevista en 'El Correo' que no era algo “edificante”.

Desde el equipo de Barredo indican a este respecto que, “tal y como se trasladó hace un año, de la lectura de la sentencia se concluye que se inhabilita al interesado para empleo o cargo público relativo a cualquier cargo en sociedades participadas por capital público, pero no en su condición de funcionario de carrera en la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi”. Aseguran que el condenado, en ejercicio de sus “derechos” laborales, ha logrado una plaza en un “proceso abierto” y no de designación política que le hace “responsable” de determinados programas. “No tiene en ningún caso carácter político”, recalcan desde el Ejecutivo. Indican, además que las ayudas las concede una “comisión”, regulada por una normativa específica en cada caso.

De los cuatro excargos del PNV que cumplen penas de prisión por corrupción que han accedido al tercer grado en fechas recientes sin haber llegado siquiera a la mitad de su condena efectiva, solamente uno de ellos, Koldo Ochandiano, ha logrado esa semilibertad con el criterio técnico favorable de la junta de tratamiento a la luz de su proceso de reinserción. Al igual que en el caso de Alfredo de Miguel, los también reos Aitor Tellería y Xabier Sánchez Robles tuvieron que recurrir ante la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, para progresar de grado ya que el informe inicial era desfavorable. Fuentes conocedoras del caso han explicado que estos movimientos son “extraordinarios” en el sentido de que es enormemente inhabitual que se concedan estos regímenes en estadios de cumplimiento de la pena tan tempranos. Desde el entorno de los expolíticos se recalca que “no hay ningún trato de favor”, solamente “cumplimiento de la ley”.

El 'caso De Miguel' es la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. La investigación se inició en 2009, en 2010 hubo detenciones por parte de la Ertzaintza, la instrucción finalizó en 2015, el juicio fue en 2018 y en 2019 llegó una primera y contundente condena para la mayoría de imputados, encabezados por Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava. En 2023, el Tribunal Supremo confirmó el grueso de las penas y, desde entonces, se inició la fase de ejecución. Aunque hubo más condenados, cuatro de ellos tuvieron que ingresar en centros penitenciarios. Fueron De Miguel y los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, socios en la empresa pantalla Kataia Consulting, ideada para recaudar comisiones y a nombre de las esposas de los tres, y su amigo y alto cargo del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles, que procuró financiación a la trama mediante adjudicaciones irregulares.

Ochandiano, contable de profesión y en cuyo domicilio aparecieron muchas de las pruebas incriminatorias, recibió una pena de siete años y medio, seis de cumplimiento efectivo. Según fuentes penitenciarias, él sí ha recibido un dictamen favorable de Prisiones para avanzar al régimen de semilibertad. Lo logró en enero por sus circunstancias particulares y no tendrá que regresar para nada a Zaballa, la cárcel de Álava. Tendrá seguimiento telemático de sus movimientos.

No es el caso de los otros tres. La junta de tratamiento rechazó sus solicitudes y tuvieron que recurrir por la vía judicial. Como la Fiscalía no ha presentado más alegaciones, la resolución adoptada por la magistrada de Bilbao Ruth Alonso, la encargada de vigilancia penitenciaria en Euskadi, ya es firme. El juzgado ha rechazado la petición de este periódico de acceder a las resoluciones judiciales con los argumentos para esta progresión de grado.

Era ya conocido que De Miguel no contaba con el visto bueno de los funcionarios para pasar a tercer grado. Ocurrió lo mismo cuando quiso empezar ya a tener largas estancias fuera de la cárcel al llevar apenas un año encarcerlado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite flexibilizar el segundo grado. Lo consiguió, traslado de Zaballa a Basauri mediante, pero de nuevo merced a un auto judicial y contra el criterio de los funcionarios. El Gobierno vasco tiene competencias desde 2021 en materia de Prisiones. Eso sí, desde 2024 esta cartera la dirige el PSE-EE y no el PNV. Este martes, la portavoz del Ejecutivo, la nacionalista María Ubarretxena, ha insistido en que lo sucedido “es una decisión judicial, no del Gobierno vasco” y ha confirmado públicamente que la Administración “se opuso a la progresión por criterios técnicos”.

De Miguel, que recibió una pena de más de doce años modulada por las dilaciones indebidas, ya supo desde el inicio que iban a ser nueve de cumplimiento efectivo. Sea como fuere, no ha alcanzado aún ni un tercio de su pena, que expira en julio de 2032, como conoció en su día este periódico de fuentes de la Audiencia Provincial de Álava, el tribunal que juzgó el caso. Quien todos conocen como 'Txitxo', no obstante, tiene que pernoctar de lunes a jueves en su cárcel de referencia, que ya es la de Basauri porque optó por residir tras estallar el caso no en Vitoria sino en Gorliz. Reside en una casa, por cierto, reformada a modo de comisión por un constructor, Prudencio Hierro.

Respecto a Tellería, también exdirigente del PNV así como exconcejal en Vitoria, entre otros cargos, logró igualmente en enero un régimen similar al de Ochandiano. Era su segundo intento, según fuentes judiciales. En el primero se había opuesto, igualmente, la Fiscalía. En su caso, pesa sobre él una condena de algo más de seis años de cumplimiento íntegro. Sánchez Robles, de su lado, lleva meses en tercer grado, desde septiembre de 2025. De nuevo, lo consiguió merced a un recurso judicial. Con una condena de algo más de siete años, fue el primero en acceder a prisión y también el único en no invocar el perdón político del Gobierno de España mediante un indulto. Era el más vinculado al partido cuando llegó la condena, ya que su esposa, Josune Gorospe, ha sido diputada del PNV en el Congreso hasta 2023.

Los cuatros excargos del PNV condenados a prisión por la trama de corrupción del 'caso De Miguel', incluido el que fuera 'número dos' de la formación nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel, han accedido ya al tercer grado penitenciario, es decir, a regímenes de semilibertad. De Miguel ha sido el último en lograrlo, en fechas recientes, pero Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exdirigentes también del PNV alavés, lo consiguieron en enero de 2026. Y Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe lo obtuvo ya en septiembre de 2025, según fuentes penitenciarias.

En el caso de De Miguel, adelantado por 'El Mundo', pesa sobre él una pena de más doce años que ya inicialmente se rebajó a nueve de cumplimiento efectivo que no expiraría hasta julio de 2032. El avance se ha hecho contra el criterio técnico de Prisiones y merced a un recurso aceptado por la magistrada de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso. De los cuatro, solamente él volverá a prisión, ya que el resto tendrán semilibertad plena con control telemático en virtud del artículo 86.4 del reglamento penitenciario.

Tras el éxito de la “queja” de De Miguel -el término lo emplean fuentes oficiales de Prisiones para describir el comportamiento de quien todos conocían como Txitxo-, el expolítico logra sin haber llegado a un tercio del cumplimiento de su condena pernoctar únicamente de lunes a jueves en su cárcel de referencia, en este caso la de Basauri, en Bizkaia. El resto del tiempo gozará de libertad.

Ya había logrado al año de estar en Zaballa, su primer destino, un segundo grado atenuado con salidas regulares en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Nuevamente, lo consiguió contra el criterio de la junta de tratamiento y gracias a un recurso judicial. Otras fuentes consultadas consideran “extraordinario” que esto haya sucedido no porque no lo merezca sino por lo inhabitual de esta mejora en un estadio de cumplimiento efectivo de la pena tan corto.

De Miguel, como el resto de los cargos corruptos encarcelados, superaron en Zaballa un cursillo de prevención de los delitos económicos. Es el mismo en el que participó, en su momento, Iñaki Urdangarin, igualmente condenado por corrupción y que terminó el cumplimiento de su pena cerca de su ciudad de origen, Vitoria.

Los otros condenados del 'caso De Miguel' -la mayor trama descubierta en Euskadi y que operó como un red de cobro de comisiones ilegales a cambio de influencia política en la adjudicación de contratos- que entraron en la cárcel fueron los también dirigentes del PNV alavés Ochandiano y Tellería y el vizcaíno Sánchez Robles. Para ellos, las penas efectivas rondaban los seis años, de modo que la libertad llega también antes de que hayan alcanzado la mitad. Ochandiano y Tellería compartían con De Miguel una sociedad pantalla llamada Kataia Consulting para recaudar las mordidas. Sánchez Robles propició contratos 'a dedo' a la trama.

Fue en el verano de 2023 cuando se hicieron efectivos los ingresos en prisión de los cuatro. Antes, en enero, el Tribunal Supremo confirmó casi en su integridad la sentencia inicial de la Audiencia de Álava, de finales de 2019. El juicio tuvo lugar en 2018. Hace ya 17 años, en 2009, que se inició la investigación.

De Miguel mantuvo hasta 2023 un salario público en la sociedad Hazi, dependiente del Gobierno vasco. No sólo eso. Fue mejorando su posición y logrando ascensos incluso después de una primera sentencia condenatoria y bajo la excusa de que la resolución judicial no era firme. Finalmente, acabó siendo despedido poco antes de entrar en prisión, aunque intentó conseguir una indemnización en la vía judicial al entender que se habían vulnerado sus derechos.

La Justicia continúa haciendo efectiva la ejecución de la pena a los implicados en la trama de corrupción del 'caso De Miguel', la mayor causa de corrupción conocida en Euskadi y que, después de lustros de investigación, quedó cerrada con una sentencia firme del Tribunal Supremo en 2023. Así, el líder de la trama de cobro de comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava hasta su detención por este caso, tendrá que abonar otros 5.706,50 euros, por ejemplo.

Son las denominadas “costas”. En las últimas semanas, la Audiencia Provincial de Álava, encargada de controlar esta fase del proceso, ha puesto números al abono de este concepto, que suma a las otras medidas de tipo económico como las multas o las responsabilidades civiles y, desde luego, a las penas privativas de libertad e inhabilitaciones. El total ronda los 35.000 euros.

La parte más alta corresponde a De Miguel, pero los también exdirigentes del Araba Buru Batzar Aitor Tellería y Koldo Ochandiano han recibido, igualmente, minutas de 2.663 y 3.423,90 euros, respectivamente, según indican fuentes judiciales. El exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, de su lado, tendrá que abonar 1.902,20 euros. De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles fueron, de la docena de condenados, los únicos que ingresaron en la cárcel, aunque pasados menos de dos años ya han logrado un régimen atenuado con salidas diarias y pernocta en prisión.

Según explican las fuentes consultadas, las costas ya no se utilizan para que los condenados cubran el coste del procedimiento, que en este caso ha durado más de una década y ha implicado incluso la reforma de una sala de vistas de la Audiencia Provincial para dar cabida a todos los procesados en su día, más de una veintena. Se emplean para resarcir el coste que ha supuesto el proceso para las acusaciones no públicas. La liquidación, en este caso, menciona expresamente que atienden a los gastos en que ha incurrido el “Gobierno vasco”. Esta institución estuvo personada principalmente por los contratos irregulares que Sánchez Robles facilitó a la trama de empresas controladas por De Miguel para procurarles financiación ilícita.

El Archivo de Álava dispone de una colección de 201.079 fotografías históricas digitalizadas. Y el álbum crece sin cesar. Entre las incorporaciones más recientes está el seguimiento de la legislatura foral alavesa de entre 2007 y 2011, con Xabier Agirre como diputado general. En ese grupo de imágenes, centenares, ha aparecido material inédito sobre quien fuera responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial en aquel gabinete, Alfredo de Miguel, del PNV, que tuvo que dimitir en marzo de 2010 tras ser detenido por la Ertzaintza. Tras una larga investigación, acabó encarcelado hace ahora dos años por ser el cerebro de una trama de corrupción que manipulaba adjudicaciones, blanqueaba dinero y recaudaba comisiones ilegales.

Sus últimas fotografías antes de su arresto -estando ya investigado- son del 9 de marzo de 2010. Quedaba apenas una semana para que el juez Roberto Ramos firmara la orden judicial de detención y que estallara el caso ante la opinión pública. Se trata de 73 imágenes de un Consejo de Diputados extraordinario celebrado en el parque tecnológico de Miñano con motivo de la presentación del plan Deika. La galería adquiere especial simbolismo porque fue precisamente por una denuncia en Miñano por lo que se originó el escándalo.

Una empresaria contratada para la ampliación del polígono, Ainhoa Alberdi, alertó a la Fiscalía en diciembre de 2009 de que De Miguel la estaba presionando para que le pagara una comisión. El gerente del complejo cuando se produjeron los hechos era otro cargo del PNV, Alfonso Arriola, que permitió que el 'número dos' de su partido en Álava, sin responsabilidades directas allí, teledirigiera una adjudicación para luego lucrarse. Fue un 'modus operandi' que había repetido en otros lugares.

Las fotografías, factura de una Canon de Quintas, arrancan con una imagen de De Miguel llegando a Miñano acompañado de sus colegas, incluida Estefanía Beltrán de Heredia, que luego sería consejera de Seguridad durante la investigación, que tuvo en la Ertzaintza a la Policía judicial principal. Ahora es la portavoz del PNV en el Senado. El Consejo de Diputados como tal se reunió en una sala de Miñano. Lo presidía, junto a una bandera de Álava y a una ikurriña, el ya fallecido Xabier Agirre. Era un gabinete de coalición con EA y con Aralar.

Después, de cara a la presentación del plan Deika, vinculado con la innovación y la economía, se hizo una suerte de recepción a invitados y medios de comunicación en la que participó De Miguel, de traje y corbata. Estaba siempre al lado de Agirre. Hay decenas de personas pero son dos con los que a quien todos conocían como Txitxo sonrió de manera singular. Uno era Aitor Tellería, director de la sociedad pública Ceia, un semillero enclavado en Miñano. Tellería, como De Miguel, era también dirigente del PNV en la época. También acabó detenido unos días después.

Tellería, De Miguel y un tercer cargo del PNV alavés, Koldo Ochandiano, habían creado una empresa pantalla llamada Kataia Consulting, que estaba a nombre de sus tres esposas, para canalizar las mordidas. Es la primera imagen de De Miguel y Tellería juntos en un acto público antes de la investigación y el juicio, cuando se sentaron uno al lado del otro en el banquillo de los acusados. La empresaria Alberdi señaló precisamente a la pareja como quienes la presionaron directa e indirectamente, con encuentros amenazantes con su padre, afiliado nacionalista.

El segundo momento destacado del 'besamanos' es el de Iñaki Gerenabarrena, presidente del PNV alavés y muy próximo a los corruptos. Meses después acabaría despojado de ese cargo y relevado por el propio Agirre, de un sector contrario al de los detenidos y que esgrimió la “tolerancia cero” contra la corrupción. Txitxo no tuvo una intervención pública en ese evento pero sí se sentó en primera línea con otras autoridades como el alcalde de Vitoria, entonces del PSE-EE, Patxi Lazcoz.

La siguiente carpeta en la colección de fotografías de esa legislatura es precisamente del día en que fue arrestado, el 17 de marzo de 2010. Se le esperaba en un acto en la Casa de Cultura de Vitoria. Su silla quedó vacía. Al día siguiente perdió ya su cargo público por las graves acusaciones que se cernían sobre él y que luego se fueron confirmando muchos años después. Hasta 2032 cumple una condena de prisión aunque, desde el pasado verano, goza ya de un régimen atenuado que le permite hacer salidas diarias para actividades profesionales de reinserción. En la colección de la legislatura 2007 a 2011 hay otros momentos con De Miguel. Aparece posando con Arriola, por ejemplo. Y en una celebración de San Prudencio, el patrón de Álava, hay fotografías de su esposa, Ainhoa Bilbao, otra de las implicadas en la trama.

El Gobierno vasco ha enviado al Parlamento, a instancias del representante del PP Santiago López Céspedes, toda la documentación que obra en su poder sobre su funcionario Alfonso Arriola, exmiembro del PNV recientemente ubicado al frente de un programa de ayudas del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca y que está cumpliendo una condena en firme por corrupción dentro de la trama del 'caso De Miguel', el mayor caso conocido en Euskadi. Parte de la información ha sido adelantada por 'Gara'. En los datos figura también que, además de ser “responsable” de estos programas, Arriola “estuvo en asignación de funciones en el puesto de responsable de políticas y fondos de la UE”.

Tanto la consejera Amaia Barredo, que dirige el área para la que trabaja Arriola, como María Ubarretxena, responsable de la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (que gestiona la política de funcionarios y los servicios jurídicos), insisten en que la condena de la Audiencia Provincial de Álava y del Tribunal Supremo, una inhabilitación por el delito de prevaricación que quedó acreditado por facilitar que la trama de su excompañero y amigo Alfredo de Miguel cobrara comisiones, solamente afecta a sociedades públicas. Es decir, puede continuar siendo funcionario sin ningún obstáculo.

En el expediente consta un cruce de correspondencia entre la Administración -el exviceconsejero José María Armentia- y la Audiencia Provincial de Álava que así lo atestigua. Ni siquiera la Fiscalía, en un documento firmado por el responsable del caso desde su misma génesis allá por 2009, Josu Izaguirre, se opuso a esta interpretación. Eso sí, aunque ni comporte prisión ni inhabilitación absoluta, la condena técnicamente no ha expirado y no lo hará hasta la primavera de 2027 porque era de cuatro años y se convirtió en firme en 2023.

En el largo expediente constan también variadas funciones que ha asumido Arriola desde su reincorporación a la Administración y hasta la actualidad, cuando ha saltado a la luz pública que gestionará ayudas forestales. Fue en 2010 cuando reingresó a su plaza funcionarial. Ese año fue detenido por la Ertzaintza por este mismo caso y quedó despojado de su cargo anterior de libre designación, el de asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a propuesta del PNV. Entonces en el Gobierno vasco el lehendakari era del PSE-EE, Patxi López, y Arriola había sido destituido como gerente del parque tecnológico de Miñano, el lugar donde cometió el delito de corrupción. Fue allí donde facilitó que De Miguel ejerciera su influencia por intereses personales y lucrativos. El propio De Miguel escribió una carta al Ejecutivo socialista para protestar por la salida de Arriola y para poner en valor su trabajo, según otros documentos que obran en poder de este periódico.

El Gobierno asegura que sus nuevas funciones responden a “un proceso de concurrencia competitiva”, es decir, que no ha sido nombrado por el procedimiento de libre designación. Se incide en que “es la persona que ha demostrado mayor mérito y capacidad de conformidad con las bases de la convocatoria” y Barredo responde con un simple “no” a la pregunta de si Arriola ha tenido “una mejora retributiva” con los últimos cambios. En 2023, cuando su condena se hizo firme, se conoció que tenía una nómina de 6.018,79 euros mensuales más dos pagas extraordinarias de 3.653,94 euros.

El viceconsejero Armentia, que hizo un informe sobre Arriola al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, aunque desde 2019 había ya una sentencia de primera instancia en el mismo sentido, indicó que en 2023 Arriola realizaba labores como “control contable”, “elaborar informes contables” o “elaborar liquidaciones”. Su puesto actual es de “responsable de programa empresarial”, un alto funcionario que “diseña estrategias de política industrial y comercial”. Sin embargo, la información facilitada a López Céspedes revela que, “además del puesto de responsable de programa empresarial”, por la baja de incapacidad temporal de su ocupante, estuvo en asignación de funciones en el puesto de responsable de políticas y fondos de la UE“. No se aclara si este puesto es otro automatismo o si medió algún tipo de designación discrecional. Tampoco la duración de esa ”asignación de funciones“.

La nueva posición de Arriola fue adelantada por este periódico a comienzos de abril. El lehendakari, Imanol Pradales, dijo al respecto que la designación para gestionar ayudas de un condenado por corrupción no era “edificante” aunque fuese “administrativa” y no política. El dirigente del PNV y portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi añadió: “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas”. Por el contrario, la consejera Barredo, de quien depende Arriola, manifestó en el Parlamento que no merece “cadena perpetua”. Desde la oposición tanto el PP, el que ha solicitado esta información, como EH Bildu, que igualmente ha registrado otras iniciativas, han coincidido en que los nacionalistas “protegen” y “premian” a los condenados en casos de corrupción que les afectan.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha relevado al director de Régimen Jurídico fichado por su predecesor, Jokin Bildarratz. Según publica el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque no se informó de ello públicamente en el último Consejo de Gobierno, termina por motivos de conciliación familiar su etapa en el Gobierno Eneko Goenaga -a quien se le agradecen los servicios prestados- y asume esas funciones Martín Gartziandia, que fue Síndico (defensor del vecino, un puesto similar al del Ararteko) en Vitoria, así como secretario municipal en una etapa más reciente.

Bildarratz fichó a Goenaga en 2022. Este jurista, sobrino del histórico dirigente del PNV guipuzcoano Joseba Egibar, aunque había estado en la constructora Amenabar, procedía del bufete Cuatrecasas. Allí, de la mano de Gonzalo Susaeta, formó parte del equipo de abogados de Alfredo de Miguel en el juicio por corrupción que se desarrolló en 2018 y que acabó con este exdirigente del PNV alavés encarcelado.

En su etapa en el Gobierno, el momento más polémico llegó con la contratación como asesor jurídico externo precisamente del director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, para resolver la crisis abierta con la contrata de autobuses escolares en el curso 2023/2024. La oposición cuestionó al Gobierno no solamente por la incorporación de Labayen mediante un contrato directo -cuya responsabilidad asumió en primera persona el propio consejero- sino porque Labayen era a la vez asesor de una de las empresas adjudicatarias, Autocares Urpa.

Gartziandia, de su lado, llega como un jurista reconocido en Vitoria en sus diversas funciones, la primera más pública (atendiendo las quejas vecinales y proponiendo medidas) y la segunda más de control de legalidad interna. Colaboró con los dos últimos alcaldes, Gorka Urtaran del PNV y Maider Etxebarria, del PSE-EE. Su despedida municipal en 2024 concitó apoyos plurales y el apunte de que el “rigor” es una de sus señas de identidad.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, verbalizó en hasta dos ocasiones en la última sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco que Alfonso Arriola, funcionario del Gobierno a su cargo, había “cumplido” ya su condena por corrupción. Sin embargo, dos fuentes judiciales rechazan esta afirmación y confirman que no, que sobre Arriola sigue pesando hasta marzo de 2027 una pena de inhabilitación aunque eso no le impida legalmente ser empleado público en la Administración general y, como se ha conocido ahora, gestionar programas de ayudas públicas.

Los comentarios de Barredo se produjeron en el Parlamento Vasco como respuesta a una pregunta de EH Bildu. “Esta persona, efectivamente, fue acusada, fue juzgada y fue condenada. Y ha cumplido su pena. Una pena que no le ha inhabilitado, además, en ningún momento a desempeñar el cargo de funcionario del Gobierno vasco”, expuso la consejera del PNV. Pocos minutos después, insistió: “No sé por qué a usted le puede generar alguna duda la interpretación de su inhabilitación. Esta persona, además, ya ha cumplido su pena”. Después, acusó a EH Bildu –y también al PP– de buscar una “cadena perpetua” para Arriola. La presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, cortó los comentarios que estaba haciendo Barredo sobre Arriola porque su tiempo se había agotado.

Arriola, exmiembro del PNV alavés, era director gerente del parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica. Desde esa posición, como se acreditó en un juicio, facilitó que el ex 'número dos' de su formación, Alfredo de Miguel, manipulara adjudicaciones para recaudar comisiones ilegales. Por ello, se dio por probado que cometió un delito de prevaricación. No comportó la entrada en prisión –a diferencia de lo que le ocurrió a De Miguel, por ejemplo– pero sí una inhabilitación.

El fallo, textualmente, acota esa imposibilidad de ocupar “cualquier cargo” a “sociedades participadas por capital público”. Por eso, nada ha impedido que pueda ser funcionario de la Administración general y promocionar en un proceso interno hasta lograr una plaza con responsabilidad para gestionar programas de ayudas, como ha sido el caso. De hecho, podría ser incluso consejero, ironizan las fuentes consultadas. Sin embargo, eso no hace que haya “cumplido” su pena. No podría recuperar su puesto en Miñano. Pero tampoco ir a Hazi, Neiker, Elika o Puertos, las entidades que cuelgan del organigrama de Barredo.

Eso solamente podría ocurrir a partir del 15 de marzo de 2027, siempre según estas fuentes judiciales. Ese día se cumplirán los cuatro años fijados en el auto de ejecución de pena emitido por la Audiencia Provincial de Álava el 15 de marzo de 2023 y que hizo firme la sentencia de enero de ese año emitida por el Tribunal Supremo. Entonces, se dictará una resolución que determine eso, que ya quedarían liquidadas todas las responsabilidades por su participación en el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. El aludido tiene derecho a recibir una notificación oficial.

Fuentes del equipo de Barredo matizan que, en todo caso, Arriola “lleva quince años sin desempeñar cargos de libre designación” y que eso es lo revelante. Explican que tras su detención “al conocerse las imputaciones” salió de su puesto como asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, donde había sido recolocado tras salir de Miñano. Después, “por propia iniciativa” ha regresado a su plaza de funcionario. “La sentencia le inhabilita para empleos o cargos públicos en sociedades participadas por capital público. Desde 2010 que solicitó el reingreso no ha ocupado puestos de estas características. Es a lo que se refería la consejera en su intervención”, abundan desde el Gobierno.

La consejera, en todo caso, tendrá que dar más explicaciones sobre Arriola. Están pendientes de ser respondidas tres peticiones de documentación realizadas por EH Bildu en el Parlamento Vasco sobre los dos programas de ayudas a cuyo frente estará el funcionario. Y hay una cuarta registrada este mismo lunes. De nuevo la parlamentaria Lamia Arcas, que en esta legislatura ha asumido la portavocía para los casos de irregularidades y transparencia, quiere que se aclare si el hecho de que Arriola presida comisiones para el reparto de ayudas públicas es un automatismo por la plaza funcionarial que ha logrado o si, por el contrario, ha sido una decisión adoptada por alguien. La coalición sostiene que el PNV sigue protegiendo e incluso “premiando” a los condenados del 'caso De Miguel'. El PP también ha mantenido tesis similares.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y dirigente del Euzkadi Buru Batzar, Joseba Díez Antxustegi, han matizado el argumentario sobre el nombramiento de Alfonso Arriola, condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', para gestionar como alto funcionario un programa de ayudas forestales del Gobierno vasco. Aunque se insiste en que no ocupa ningún cargo político o de confianza sino una representatividad meramente funcionarial a la que ha accedido por procedimientos reglados, ahora se admite que no es una decisión ejemplar desde el punto de vista político.

Pradales, en 'El Correo', manifestó que no era algo “edificante”. Ahora, en Radio Vitoria, Díez Antxustegi ha afirmado que no le gusta que Arriola gestione dinero público. “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas. No me gusta. Es la realidad. Pero [...] ni es un nombramiento político ni la firma la pone un político. Hay un procedimiento administrativo, se presenta a un puesto y le es adjudicado. ¿A mí me gusta? No. Como dijo el lehendakari, ¿es edificante? No”, ha señalado.

Díez Antxustegi, que desde hace dos semanas suma a la portavocía del PNV en la Cámara un cargo en la nueva dirección de Aitor Esteban, añade que haber forzado que Arriola no pudiera promocionar habría sido cometer precisamente lo que le llevó a él al banquillo de los acusados, prevaricación. “Y eso también es corrupción”, ha señalado. Todavía no se ha aclarado si las nuevas funciones de Arriola comportan una subida salarial. En 2023, cuando recibió del Tribunal Supremo la pena en firme por su gestión al frente del parque tecnológico de Miñano a propuesta del PNV, tenía una nómina en la Administración de más de 6.000 euros mensuales y dos pagas extraordinarias de más de 3.000 euros.

La principal fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco, EH Bildu, ha considerado que el Gobierno de Imanol Pradales “está enviando un mensaje de impunidad a la sociedad” con el nombramiento de Alfonso Arriola, exmiembro del PNV condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', para gestionar 10,7 millones en ayudas forestales. “¿Qué puede pensar la gente al ver estas cosas? Pues que los partidos que gobiernan toleran la corrupción cuando los condenados son de los suyos y que incluso van más allá de tolerar, llegando hasta promocionarles y protegerles”, ha afirmado en un comunicado la formación abertzale.

EH Bildu dice haber encajado la noticia con “asombro” y “preocupación”. Arriola “fue condenado” pero “para el Ejecutivo eso no ha sido un obstáculo para mantenerle en la Administración pública e incluso nombrarle ahora presidente” de una comisión de valoración de las ayudas forestales. “Es incomprensible que una persona con el currículum de Arriola, condenado por prevaricación, sea puesto al frente de una comisión que tiene que decidir sobre el reparto de ayudas públicas. Es tan incomprensible como inaceptable, porque con esta decisión el Gobierno extiende en la sociedad una sensación de impunidad”, señalan.

La coalición ha señalado que solicitarán explicaciones al Gobierno en la próxima sesión de control y que solicitarán información por escrito a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. Desean que se aclare “cuáles son las razones y justificaciones que les han llevado a ascender a Arriola”, dice EH Bildu. La parlamentaria Lamia Arcas, desde la tribuna y acompañada de tres libros sobre corrupción, ha recordado a la denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi.

“Esto es algo que ocurre. El Gobierno no tiene nada que decir”. El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado como algo absolutamente normal que un condenado en firme por corrupción, Alfonso Arriola, que fue gerente del parque tecnológico de Miñano a propuesta del PNV y detenido por la Ertzaintza, vaya a gestionar un programa de ayudas forestales del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, según trascendió este miércoles. Está dotado con 10,7 millones de euros. También ha recalcado que no es un nombramiento de designación política o de confianza sino que es un alto funcionario que ha sacado una plaza.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, Pradales ha remarcado que está “claro” que es “un funcionario de carrera” que “vía concurso público” ha obtenido una plaza con pleno derecho. “Obedece a los concursos públicos y debemos ser absolutamente respetuosos”, ha agregado. Después, ha indicado que es “algo que ocurre” y que el Ejecutivo “no tiene nada que decir”. Se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por el departamento concernido, el que dirige la consejera del PNV Amaia Barredo. Se pueden leer aquí.

Arriola es uno de los condenados por la trama de corrupción conocida como 'caso De Miguel'. Aunque no recibió una pena de prisión sí quedó acreditado que cometió un delito de prevaricación. En concreto, posibilitó desde su posición en el parque tecnológico de Miñano y por su condición de compañero de partido de Alfredo de Miguel, el líder de la trama, la manipulación de dos contratos que luego derivaron en comisiones ilegales, uno a Urbanorma Consulting y otro a Stoa.

En concreto, sumó una pena de cuatro años de inhabilitación confirmada por el Tribunal Supremo -en primera instancia llegaron a ser ocho, pero se le rebajó la condena-, pero se interpretó que solamente eran efectivas para sociedades públicas y no para continuar como funcionario. Así, Arriola ha mantenido su empleo público y condución de funcionario del más alto rango, con una nómina mensual de más de 6.000 euros y dos pagas de más de 3.600, según datos de 2023.

Desde la oposición, el líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado que el PNV “no sólo se aparece ideológicamente al partido socialista” sino que también “en las formas de actuar” al dar cobijo a condenados por corrupción. También el parlamentario Santiago López Céspedes se ha pronunciado: “Aquí en Euskadi sólo hay un partido que no puede hablar de corrupción, clientelismo y amiguismo y se llama Partido Nacionalista Vasco”.

10,7 millones de euros en ayudas

¿Cuánto dinero manejará Arriola? Según la convocatoria de la consejera Barredo, el programa Handitu Egurra movilizará 10,7 millones de euros en subvenciones ampliables hasta los 14 millones. Arriola será el presidente de la comisión que valorará las solicitudes. Este plan busca “potenciar el sector de transformación de madera de Euskadi para lograr su competitividad, a través de tecnológicas relacionadas con la transformación y la comercialización que aporten valor añadido a los productos forestales”. Y se agrega: “A través de estas ayudas se financiarán grandes inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de productos forestales para realizar inversiones en tecnologías forestales o relacionadas con la transformación y la comercialización que aporten valor añadido a los productos forestales. Las inversiones deberán ser iguales o superiores a 5 millones de euros”.

Según la convocatoria, los fondos se distribuirán en 3,2 millones para 2025 y 7,5 millones para 2026. “El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. [El incremento económico] Podrá alcanzar hasta el 30% de lo inicialmente previsto”. En la web oficial del Gobierno vasco se pueden consultar todos los requisitos.

El Gobierno vasco ha designado a un condenado por corrupción, Alfonso Arriola, como “presidente” de la “comisión de valoración de las ayudas [...] para grandes inversiones relacionadas con la transformación y/o la comercialización de productos forestales (Programa Handitu Egurra 2025)”, según figura en la resolución oficial firmada por el director de Política e Industria Alimentaria, Iker Iglesias. Sobre Arriola pesa una pena firme y acreditada de prevaricación por haber participado en la manipulación de contratos públicos dentro de la trama del 'caso De Miguel'.

Aparentemente, en su calidad de funcionario que nunca ha perdido, Arriola ejerce como “responsable” del “programa empresarial de la Dirección de Política e Industria Alimentaria”, una oficina adscrita a la cartera de la consejera Amaia Barredo, del PNV. La resolución que lo sitúa al frente de ese foro que gestiona ayudas públicas es del 27 de marzo, se ha publicado esta semana y corrige una anterior de enero en la que figuraba otra persona al frente de esa comisión.

Aunque no entró en prisión, Arriola, que era un destacado miembro del PNV de Álava, fue condenado en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi y que toma el nombre del que fuera número dos de los nacionalistas alaveses, Alfredo de Miguel. De hecho, llegó a ser detenido por la Ertzaintza en marzo de 2010. Entonces era asesor en el Tribunal de Cuentas, cargo del que fue despojado.

Arriola, que antes había sido director general del Deportivo Alavés y que llegó a sonar como posible candidato a alcalde de Vitoria, era el gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Álava. Miñano es una sociedad pública del Gobierno vasco y ese cargo era de designación política.

Ése fue el origen del 'caso De Miguel'. La empresa del socio de la abogada Ainhoa Alberdi, Urbanorma Consulting, recibió 'a dedo' un contrato en Miñano para la ampliación del polígono. En un momento dado, ella se quedó con las participaciones de su socio, Jon Iñaki Echaburu, constructor afiliado al partido, y con la gestión del contrato. Entonces denunció que De Miguel le había pedido una comisión de 100.000 euros, algo que habían pactado antes. Aportó grabaciones como prueba de ello.

Arriola no recibió una pena de prisión -a diferencia de De Miguel y de otros tres implicados en el caso- pero sí fue hallado culpable de un delito de prevaricación por las irregularidades en el contrato. Él posibilitó que De Miguel, con quien mantenía una muy estrecha relación, manipulara la contratación en Miñano. En un correo electrónico con su superior, Julián Sánchez Alegría, que quedó absuelto en este caso de corrupción, Arriola se refirió a la denunciante como “imbécil”. 

En 2023, cuando el Tribunal Supremo validó las condenas de la Audiencia de Álava dictadas en 2019, ya trascendió que Arriola era funcionario de la máxima categoría en el Gobierno vasco, técnico de contabilidad. Su nómina entonces superaba los 6.000 euros mensuales más dos pagas extraordinarias de más de 3.600.

Su condena por corrupción preveía su inhabilitación. No obstante, los servicios jurídicos del Gobierno vasco interpretaron que el fallo contra Arriola recogía una prohibición de ocupar un puesto o cargo público pero solamente en “empresas o sociedad públicas participadas”.

Fuentes del Gobierno vasco indican que “Alfonso Arriola es funcionario de la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi” y que “la sentencia no le inhabilitó a desempeñar cualquiera tipo de función en la Administración”. “Por lo tanto desempeña su trabajo de acuerdo a los derechos que le asisten y ha consolidado plaza en base a los mismos pasando de técnico a responsable de un servicio técnico”, agregan.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava conocido como Txitxo, cargó contra el Gobierno de Iñigo Urkullu y recurrió por dos veces su despido de la sociedad pública autonómica Hazi consumado al fin en marzo de 2023 después de que el Tribunal Supremo confirmara para él una pena de nueve años de cárcel como líder de una trama de corrupción dedicada al cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos descubierta varios lustros atrás. El expolítico, que nunca ha admitido los hechos públicamente, quiso que su salida de la Administración fuese considerada “improcedente” —lo que da derecho o a la readmisión o a una indemnización económica, lo que es más habitual—y llevó sin éxito sus reclamaciones primero a un juzgado de lo social de Bilbao y finalmente, ya desde la cárcel, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Se cumplen ahora justamente quince años de la detención por parte de la Ertzaintza de De Miguel, que en aquel momento ejercía como diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo). Unos meses antes, a finales de 2009, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi había denunciado ante la Fiscalía que el influyente Txitxo le había reclamado 100.000 euros por un contrato que le facilitó a su consultora en el parque tecnológico de Miñano. De ahí se descubrió una empresa pantalla llamada Kataia Consulting creada por De Miguel con otros dos dirigentes del PNV alavés de la época, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Estaba a nombre de las esposas de los tres.

La investigación, completada en 2015, acreditó la existencia de otras comisiones más allá de Miñano y de una compleja madeja empresarial. En 2018 se celebró un macrojuicio, el mayor de corrupción conocido en Euskadi y en el que algunos otros imputados confesaron. En 2019 llegó la sentencia de la Audiencia de Álava y, en enero de 2023, el Supremo la ratificó salvo por unos matices. La lista de delitos cometidos por De Miguel como cabecilla de una “asociación ilícita” era larguísima —de catorce puntos— y se estipuló en nueve años su estancia en prisión, además de las elevadas responsabilidades económicas.

Al poco de ser detenido en 2010, De Miguel salió de sus cargos públicos. Pero disponía de dos excedencias en sociedades autonómicas para seguir teniendo garantizado un salario público. Ambas plazas las logró al poco de entrar a la dirección del PNV alavés en 2000, con apenas 28 años. Liquidó una de ellas, en la red de Industrialdeak de Sprilur, previo cobro de una indemnización económica. Ingresó 22.000 euros de una tacada. Y empezó a trabajar en lo que ahora se conoce como Hazi, una fundación que cuelga del Gobierno vasco. Su plaza estaba en IKT, una de las partes constituyentes de la nueva entidad.

Como ha venido publicando este periódico, la investigación no solamente no afectó a Txitxo en su recorrido laboral, sino que fue ascendiendo y teniendo subidas salariales. Incluso después de la que sentencia de primera instancia acreditara lo que ya se barruntaba desde el inicio del sumario, continuó en Hazi. Llegó a tener funciones de representación en algunos foros y ejercía labores de “coordinación”. Su salario final era de 57.407,45 euros, incluido un “complemento de responsabilidad”, cuando por su categoría en el convenio se aludía a 35.000. Estando ya condenado como cabecilla de una trama de corrupción tuvo una mejora retributiva de 5.000 euros anuales, alrededor del 10%.

Hazi permitía expresamente un despido sin necesidad de que la sentencia fuera firme. El convenio lo recoge para los condenados por “malversación”, por ejemplo, siempre que la pena sea superior a seis años, extremo que se superaba claramente. En otras reglamentaciones se puntualiza que la condena ha de ser definitiva, pero es algo que no ocurría en esta sociedad pública. Sin embargo, sus servicios jurídicos hicieron siempre una lectura muy garantista de esa disposición y mantuvieron a De Miguel los tres años largos que pasaron desde el fallo de primera instancia hasta la condena en firme del Supremo.

Con todo, De Miguel interpretó que había sido maltratado por el Gobierno de Urkullu. En su demanda, el expolítico se quejaba de que la consejera responsable de Hazi, que era Arantxa Tapia, también del PNV, había hecho declaraciones públicas dando por hecho el despido. Su deseo era lograr una declaración de “improcedencia” en su despido disciplinario, petición a la que no han accedido los jueces ni en primera ni en segunda instancia. Al inicio del caso, Urkullu no era aún lehendakari pero sí presidente del PNV. También entonces De Miguel y otros imputados se resistieron a entregar sus carnés de afiliados.

¿Qué hubiese implicado la “improcedencia” del despido? Expertos laboralistas indican que la empresa podría optar por la readmisión o por abonar una indemnización. “Pero nadie va a por el puesto de trabajo. Se va a por el dinero”, indican estas fuentes. Esa cuantía sería de 33 días por año trabajado. En el caso de De Miguel, una hipotética indemnización habría rondado los 70.000 euros.

Catorce delitos de corrupción

El fallo del Supremo se firmó el 9 de enero de 2023 y se dio a conocer al día siguiente. El 13 de enero Hazi incoó un expediente disciplinario a su empleado tras la confirmación de que De Miguel era responsable de catorce delitos: “un delito de blanqueo de capitales, un delito de asociación ilícita, un delito de cohecho pasivo impropio, un delito de prevaricación como cooperador necesario, un delito de malversación de fondos públicos como cooperador necesario, dos delitos de coche pasivo, tres delitos de tráfico de influencias y cuatro delitos de falsedad en documento mercantil”. A los cinco días, De Miguel presentó alegaciones quejándose de las “filtraciones” de la sentencia. En estos años, una de sus obsesiones era hacer ver que había una persecución con mentiras hacia él.

Sin embargo, cuestiones formales hicieron que se demorara un par de meses la declaración de “firmeza” del fallo, aunque los hechos y los delitos estuvieran muy claros. Ese trámite lo realizó la Audiencia de Álava, el tribunal de instancia, el 15 de marzo. El 16 de marzo Hazi acordó su despido disciplinario definitivo. Txitxo se quejaba, eso sí, de que hasta el 17 no hubo una notificación del acuerdo de “firmeza” y cree que Hazi se precipitó al despedirle. Se da la circunstancia de que para entonces ya estaba de baja por “ansiedad”. Cuando estalló el caso y después de asegurarse el retorno a ese puesto también pasó muchos meses de baja y llegó a ser investigada su situación por la Seguridad Social.

El Superior, en una sentencia emitida en abril de 2024, recalca que no cabe interpretar mala fe del Gobierno vasco y de la consejera Tapia en este asunto. Asegura que sus “manifestaciones públicas” explicando su salida de Hazi “sencillamente quedan en el ámbito de la libertad de expresión y del normal ejercicio de las funciones políticas”. No se puede pretender hacer ver que su despido fue una decisión “personal” de Tapia “al margen de la fundación [Hazi] y de los hechos por los que se produjeron las condenas penales”. Le recuerda el alto tribunal vasco a De Miguel que el suyo es un “acontecimiento grave” y de “notoriedad pública” y que era lógico que hubiera noticias y comentarios sobre ello, más si cabe porque “desempañaba puestos de confianza política” en Hazi. No se aprecia vulneración alguna de los derechos laborales del expolítico ni desde luego base para decretar su readmisión —probablemente imposible ya que su pena implica también inhabilitación “absoluta” para empleos públicos— o una compensación económica.

En prisión atenuada

Parte de este procedimiento laboral tuvo lugar cuando De Miguel ya había ingresado en prisión. Lo hizo en julio de 2023 después de intentar postergarlo al máximo con recursos procesales e incluso con una solicitud de indulto que no consta que haya sido resuelta por el Gobierno de España, que es el competente, según indican fuentes cercanas al caso.

Cumplió los primeros meses en Zaballa, el penal a las afueras de Vitoria, pero luego solicitó un traslado a Basauri, en Bizkaia, su lugar de residencia desde que fue detenido y abandonó Álava para instalarse en la residencia de Gorliz que un empresario cercano a su partido, Prudencio Hierro, le había reforzado a cambio de favores. En paralelo, accedió tras cumplir uno de los nueve años de condena a un régimen atenuado (el del artículo 100.2 del reglamento penitenciario) que le permite salidas regulares entre semana para trabajar. Ha completado un curso de reinserción para delincuentes económicos, el mismo que superó Iñaki Urdangarin. Se da la circunstancia de que Txitxo logró este régimen abierto gracias a un recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria ya que el criterio de la junta de tratamiento de Prisiones era negativo.

Con él entraron en prisión también Ochandiano y Tellería, al igual que el exdirector de Juventud con el PNV Xabier Sánchez Robles, que procuró contratos 'a dedo' a la trama y que en el juicio presentó pruebas falsificadas para tratar de justificarlos. Todos ellos también han accedido ya al 100.2. Hubo otros condenados que eludieron la cárcel en el denominado 'caso De Miguel' por tener penas menores o por recibir otro tipo de condenas como la inhabilitación.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha querido insistir en que Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a nueve años de cárcel por graves delitos de corrupción pero que goza ya de salidas diarias apenas un año después de entrar en prisión, no está en “régimen abierto”. La responsable política de Prisiones indica que se la ha aplicado al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que permite “por lo general” salidas “para desarrollar una actividad laboral” pero exclusivamente en jornadas lectivas, por lo que se mantiene el “internamiento” por la noche y en días festivos y fines de semana.

En respuesta a una segunda pregunta del PP sobre la situación penitenciaria de quien lideró una trama de cobro de comisiones y adjudicaciones irregulares, San José señala que “esta modalidad de cumplimiento permite aplicar un elemento del tercer grado al régimen que corresponde al segundo grado”. “No es correcto, por lo tanto, identificar u homologar este régimen previsto en la normativa penitenciaria con el régimen abierto o con cualquier otra decisión que se adopta con respecto a las personas condenadas”, le explica San José al 'popular' Santiago López Céspedes.

En la documentación anterior sobre De Miguel, San José recalcó que el expolítico gozaba de este régimen atenuado gracias a una resolución del juzgado de vigilancia penitenciaria ya que la Administración se había opuesto a concederlo en un estadio tan prematuro de su condena, que no expira hasta 2032. De Miguel ha superado ya un cursillo para delincuentes de cuello blanco -el mismo que realizó Iñaki Urdangarin, por ejemplo- y ha realizado tareas internas en la cárcel de Zaballa. Ahora ha sido trasladado a Basauri porque su nuevo empleo es en Bizkaia. De hecho, él y su familia dejaron Vitoria al poco de estallar hace ahora quince años esta trama. Se instalaron en la casa de Gorliz costeada por un empresario contratista que admitió que lo hizo a cambio de favores y ejecutada por una empresa que ahora está siendo contratada por el Ayuntamiento de Bilbao.

Desde que Euskadi asumió en el otoño de 2021 la gestión de Prisiones, primero con consejeras del PNV y ahora del PSE-EE, han sido 86 los presos a los que se les ha aplicado el 100.2. “Menos de la mitad” de ese grupo tenían penas superiores a la de De Miguel. En 44 de los 86 supuestos, además, ocurrió como con el expolítico del PNV: la junta de tratamiento de la prisión correspondiente había emitido un informe contrario. Explica San José que “la extinción de una proporción determinada” de años de cárcel no es un parámetro determinante para determinar la prisión atenuada. “La fase de cumplimiento de la pena es uno de los 80 factores de adaptación e inadaptación que las juntas de tratamiento valoran”, explica la consejera, que recuerda que, en todo caso, la última palabra es de los juzgados de vigilancia penitenciaria, como sucede con los presos de ETA.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha querido recalcar en una respuesta parlamentaria que la decisión de que el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, haya pasado a un régimen penitenciario atenuado al poco de superar el primero de sus nueve años de condena de prisión por graves delitos de corrupción “no es administrativa” ni política. San José, que es de la parte del PSE-EE del Gobierno de coalición de Imanol Pradales, recalca que la junta de tratamiento de la cárcel de Zaballa, donde ingresó en julio de 2023, se opuso a que pudiera tener salidas diarias y que solamente regresara a la cárcel para pernoctar y los fines de semana. Pero el expolítico conocido como Txitxo recurrió y logró que la juez de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, accediera a concederle un artículo 100.2 porque, aparentemente, habría logrado un empleo en una consultora.

De Miguel fue denunciado en diciembre de 2009. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, le acusó de extorsión, de que pretendía cobrarle una comisión de 100.000 euros tras haberle facilitado un contrato en el parque tecnológico de Miñano, en Vitoria. Fue detenido en marzo de 2010 junto con otros dos dirigentes del PNV alavés de la época, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. La investigación duró cinco años y se fue ampliando la trama. El juicio fue en 2018, la condena en primera instancia llegó en 2019 y a principios de 2023 el Tribunal Supremo emitió la sentencia firme confirmando la existencia de graves delitos de corrupción.

A De Miguel le cayeron doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo. Tras varios meses de idas y venidas, con todo tipo de alegatos para evitar el ingreso efectivo en Zaballa, finalmente entró en julio de 2023 y se fijó julio de 2032 como el momento de la liquidación de la condena. También recalaron en Zaballa Ochandiano y Tellería, así como el exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, que financió a la trama con adjudicaciones irregulares. Como De Miguel, en verano también Ochandiano y Sánchez Robles se habían beneficiado del régimen atenuado del 100.2 y, de nuevo, contra el criterio de los funcionarios de Prisiones. De Miguel y Sánchez Robles, de hecho, fueron trasladados a Basauri, en Bizkaia, ya que ambos residían allí en los últimos años. Según fuentes judiciales, Tellería es el único que sigue en régimen ordinario aunque es igualmente cierto que tardó también más meses en acudir a Zaballa.

El PP ha preguntado por dos veces en el Parlamento Vasco por De Miguel. En la primera respuesta, San José matiza que no dará muchos datos al tener carácter “protegido” el expediente concreto de un preso. Sin embargo, admite que la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria es opuesta al criterio técnico-administrativo, que denegó un régimen de salidas que en puridad no es una progresión de grado o un beneficio penitenciario, pero que opera de igual forma.

La consejera socialista comparte una reflexión más general sobre los presos y asegura que “no hay privilegios” pero admite que sí hay “desigualdades” porque “quienes tienen más recursos económicos y más apoyo social y familiar están mejor dentro y fuera de los centros”. Plantea, por lo tanto, ir a la “raíz” del problema y lograr que “todas” las personas encarceladas accedan de igual forma a todas las posibilidades de reinserción. De Miguel y el resto en excargos del PNV encarcelados superaron un programa de rehabilitación para delincuentes económicos, el mismo que hizo Iñaki Urdangarin, que también completó su recorrido carcelario en Zaballa.

A horas de que arranque la segunda vuelta en el proceso de renovación territorial del PNV, la única gran batalla será la de Álava. En este territorio a la candidata continuista del aparato, Jone Berriozabal, le ha salido una alternativaen firme, la del exalcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que aglutina de modo heterogéneo al sector crítico vinculado al expresidente Iñaki Gerenabarrena, al entorno de la exdirigente Pilar García de Salazar y a otros apoyos entre los históricos de la formación, como el exalcalde y padre político de Urtaran, José Ángel Cuerda. Aunque públicamente Urtaran ha querido alejarse de la dinámica de sectores y ha apelado a la “unidad” en su propuesta, según fuentes internas, en la lista que acompaña a Urtaran y que será validada este jueves por la Comisión de Garantías figuran dos excolaboradores de Alfredo de Miguel, el 'número dos' de Gerenabarrena condenado por graves delitos de corrupción. Son Izaskun Martínez de Lahidalga y Roberto González Muro. A ellos se les suman, entre otros, las exdirectoras de dos relevantes organismos autonómicos, Malentxo Arruabarrena, que estuvo al frente de la academia de Arkaute, e Izaskun Moyua, de Emakunde.

La segunda vuelta arranca en Álava este viernes. En las otras cuatro territoriales del PNV (Bizkaia, con David Salinas-Armendariz con escasas opciones frente a Iñigo Ansola, Gipuzkoa, ya sin más candidaturas que la del aparato, Navarra e Iparralde) el calendario es similar. En la primera vuelta, Urtaran ganó en 12 'batzokis' y Berriozabal en 37, aunque ahora las votaciones se reinician y ambos parten en igualdad de condiciones. El sistema electoral otorga uno, dos o tres apoderados por cada organización local de cara a la asamblea alavesa. Se eligen de modo similar a como lo hacen en Estados Unidos: el ganador en cada votación se lleva todos los delegados de ese 'batzoki', independientemente de la diferencia. En total, son 63 los compromisarios elegibles, diez de ellos de las cuatro organizaciones de Vitoria. Los 'batzokis' de la capital, Erdialde, Abendaño, Zaramaga y Lakua, votan el miércoles próximo. Técnicamente, podría ocurrir que uno de los dos candidatos llegue ya con los 32 apoderados necesarios logrados antes de que se reúnan estas asambleas.

Para elegir a los burukides, como se denomina a los dirigentes que acompañan al presidente, los asistentes dispondrán de un listado con todos los candidatos -los de uno y otro aspirante- y se podrá votar a un máximo de catorce. No hay por qué votar una plancha cerrada, pero lo habitual es que existan dinámicas internas para que sea así. Todos los nombres que concurren ahora han logrado también el requisito de haber sido designados por al menos dos 'batzokis' en primera vuelta.

El movimiento de Urtaran fue adelantado por este periódico. Los críticos, todos ellos, han encontrado una referencia de peso en quien fue alcalde de Vitoria de 2015 a 2023. Se distanció del aparato toda vez de que el todavía presidente, José Antonio Suso, decidió retirarle de la candidatura para un tercer mandato. Con su sustituta, Beatriz Artolazabal, el PNV pasó de primera a cuarta fuerza en las municipales de ese año, por detrás de EH Bildu, PSE-EE y PP. Urtaran cuenta con el apoyo decidido del sector crítico de Gerenabarrena, el que controló la organización en Álava hasta que tres de sus colaboradores, encabezados por De Miguel, acabaron detenidos y procesados por corrupción, lo que aupó al ya fallecido Xabier Agirre primero y al propio Suso después.

Pero también ven en él un referente otros sectores muy alejados de ese grupo o directamente contrapuestos a él. Han firmado un manifiesto en favor de Urtaran Claudio Rodríguez, la némesis de De Miguel en aquellos años y mano derecha de Agirre. O Malentxo Arruabarrena, la mujer que el actual sector oficial promocionó como alternativa contra Gerenabarrena en las municipales de 2011. Precisamente Urtaran emergió en la primera línea política entonces como solución de consenso entre ambas partes enfrentadas. Aquellas asambleas fueron tensas, incluso en lo personal. El tiempo también ha hecho que quien se enfrentó a Arruabarrena en nombre de Gerenabarrena, Ramiro González, sea ahora el principal apoyo institucional de Berriozabal, aunque tanto ella como Urtaran son miembros de su gabinete en la Diputación de Álava.

La heterogeneidad del bloque que apoya a Urtaran se muestra en su lista. En ella hay colaboradores muy directos de Gerenabarrena, como Andoni Erkiaga, e incluso personas de la más estrecha confianza de De Miguel cuando aún estaba activo en política. Martínez de Lahidalga era miembro de su equipo en la Diputación, dio la cara por él en el juicio y constan correos electrónicos que muestran que era conocedora de algunas de sus actuaciones. Ya ha sido miembro del Araba Buru Batzar en el pasado. González Muro era portavoz en las Juntas Generales en aquellos años y trabajó para una de las empresas que recaudaban comisiones ilegales tras la adjudicación de contratos, Errexal. Esta firma ha sido recientemente disuelta por ser parte de una asociación ilícita. Luego fue contratado también por el grupo Montai, empresas de un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza, a las que les llovieron adjudicaciones públicas. Eder Sánchez, juntero actualmente, forma parte también de la plancha de Urtaran.

García de Salazar, ya retirada de la primera línea política, se ha mostrado muy activa también en el proceso y ha apoyado dedicidamente una alternativa. Ello explica el paso de Estefanía Beltrán de Heredia, exconsejera de Seguridad y portavoz en el Senado, de sumarse al bloque contra Berriozabal. Es el principal cargo institucional en activo que lo hace. Otras adhesiones ya hechas públicas son las de Pedro Elosegi, expresidente de las Juntas Generales de Álava, o Juan María Ollora, consejero preautonómico con Carlos Garaikoetxea y uno de los ponentes del Estatuto y del Concierto Económico moderno.

“Ésta es una de las grandezas del PNV. Que sea la propia militancia de base la que establezca cuál tiene que ser la agenda política interna y cuál puede ser la mejor alternativa para el futuro del partido y de la sociedad alavesa. Ésta es una propuesta en clave positiva, en clave de buscar consenso, de buscar la unidad. Es muy constructiva. No va en contra de nadie, sino simplemente a favor de un partido que tiene que empoderar a la militancia y que tiene que estar muy cercano a la realidad alavesa”, señaló a los medios de comunicación Urtaran el pasado miércoles. Sobre su programa, agregó que desea “empoderar” a la militancia y hacer un proyecto “nacionalista” pero que tenga “muy en cuenta” la “idiosincrasia” alavesa. “A mí no me gusta hablar de sectores. Aquí todos somos afiliados y afiliadas. Estamos todos trabajando por el partido”, apuntó también.

En el caso de Berriozabal, aparece con ella en la lista Anartz Gorrotxategi, hasta hace pocas semanas diputado también con González y que saltó al Gobierno vasco como asesor. También están tres parlamentarios, Alazne Arana, Jonathan Moreno y Ander Añibarro, exalcalde de Llodio y exdirector de Juventud, y Jon Pérez, de EGI. “Agradezco de corazón a todas aquellas personas la opción de que una mujer que lleva 25 años afiliada en este partido pueda afrontar este reto”, son las únicas declaraciones realizadas hasta ahora por la aspirante oficialista.

En la Cadena Ser, Andoni Ortuzar ha señalado que cree normal que en Álava haya dos candidaturas. Para él, lo llamativo es que haya salido la división a la luz. Hace unos días ya criticó abiertamente a los medios de comunicación por informar del proceso interno. Después de la renovación territorial, el partido iniciará otro proceso a doble vuelta para la elección del nuevo presidente del Euzkadi Buru Batzar. Ortuzar sigue sin despejar su futuro y si optará a un cuarto mandato. “El día que me toqué, lo diré”, ha despejado.

Joseba Díez Antxustegi (Vitoria, 1992) recibe a este periódico en una sala del Parlamento Vasco durante la sesión plenaria semanal. Por ello, unas votaciones interrumpen a la mitad la conversación. Las fotografías quedan para el día siguiente. Exportero del Deportivo Alavés, fue aupado a principios de año por las bases del partido a ser una de las referencias de la candidatura de Imanol Pradales aunque no estuviera en la propuesta inicial de la dirección para las listas de las autonómicas. Sin haber cumplido los 32 años, fue la revelación de la campaña electoral -es de los pocos políticos capaces de hacer discursos sin papeles- y el PNV lo ubicó como portavoz en la Cámara poniendo fin a varios lustros con Joseba Egibar como cara visible.

Se define como “muy nacionalista vasco” y reclama a Pedro Sánchez que cumpla con el compromiso de reconocer a Euskadi como nación en el proceso de reforma estatutaria. Asegura que la salud de la coalición con los socialistas en Euskadi es buena y no descarta entendimientos también con EH Bildu, aunque admite que al PNV le generan recelos “cuatro décadas” de “malas acciones” por parte de la izquierda abertzale. Díez Antxustegi representa una nueva generación, pero no se moja sobre si Andoni Ortuzar debería aplicarse los mismos argumentos que empleó el pasado año para justificar la salida de Iñigo Urkullu. Sí recalca que “no” se le ocurriría repetir la fotografía de su predecesor, Egibar, que abrazó y arropó a Alfredo de Miguel, luego condenado a nueve años de cárcel por corrupción política.

Ha sido 12 de octubre, fiesta nacional de España. ¿Qué sentimientos le produce?

En mi caso, suele coincidir con resaca, porque el día anterior es mi cumpleaños y lo suelo celebrar. El día 12 siempre trato de descansar. En el caso de un nacionalista vasco, es un día más. A mí me ha tocado, además, acudir al Parlamento en las Ondas, una tertulia convocada por Radio Euskadi, que se ha celebrado con toda la normalidad como cada sábado.

¿El PNV es independentista?

El PNV es nacionalista vasco y ser nacionalista vasco implica la defensa de un país que es Euskadi y de su hecho nacional. Y defender su lengua, su identidad, su cultura, sus tradiciones y su economía. Somos un partido nacionalista vasco.

Defiende “Euskadi”, ¿no “Euskal Herria”?

Yo utilizo el término Euskadi, pero entiendo y respeto que haya quienes, desde el nacionalismo o desde fuera del nacionalismo, utilicen otros términos.

¿Va a impulsar el PNV en el Parlamento Vasco en esta legislatura una reforma del Estatuto?

En este momento, la responsabilidad la han asumido los partidos políticos, en especial el PNV. Mi partido va a iniciar una ronda con el resto de partidos para acordar un texto. Después, cuando ese acuerdo se haya dado ya entre los partidos, vendrá al Parlamento Vasco.

¿Eso es un sí? ¿Va a haber otro intento de reforma estatutaria en esta legislatura? El socio de Gobierno, que es el PSE-EE, ya ha dicho que el derecho a decidir es una "línea roja".

Los socialistas y el PNV tienen un pacto firmado en Euskadi y tienen otro firmado en Madrid. Ese otro pacto lo ha firmado el propio Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y en ese acuerdo se aboga por el reconocimiento nacional de Euskadi. Ése es el objetivo del PNV en la reforma del Estatuto y es lo que está acordado. Y eso no es en ningún caso impedimento para tratar de alcanzar otros objetivos en esta reforma estatutaria, como ampliar los consensos. Esto es, queremos poder incorporar al nuevo Estatuto que se vaya a aprobar a fuerzas que en su día no lo aprobaron. Hablo del PP, heredero de la Alianza Popular de Manuel Fraga. Y de [EH] Bildu, heredera de la Herri Batasuna de aquel momento. No es sólo ampliar los consensos, sino ser capaces de representar y de reflejar bien la pluralidad de la sociedad vasca. Porque, efectivamente, yo soy nacionalista, soy muy nacionalista. Y mi partido es nacionalista. Pero la sociedad vasca es plural y tenemos que ser capaces de reflejar y de respetar esa pluralidad de la sociedad vasca.

¿Y eso implica dejar de lado el derecho a decidir en pos de ese consenso?

No, no. Aquí no se está hablando de renuncias. Aquí de lo que se está hablando es de un reflejo lo más fiel posible del conjunto de la sociedad vasca. Cada partido va a defender su posición. La posición del PNV va a ser la defensa del reconocimiento del hecho nacional de Euskadi, con todo lo que ello implica.

Hablando del socio de Gobierno, ¿cómo está la salud del acuerdo de coalición? ¿Es un socio fiable el PSE-EE?

Si no creyéramos que fuera un socio fiable, no gobernaríamos con ellos. Y no sólo no gobernaríamos con ellos ahora sino que no hubiéramos gobernado con ellos durante las últimas legislaturas, también en las diputaciones y en los ayuntamientos. Goza de buena salud el pacto. Y lo creo de verdad. Evidentemente, tenemos posiciones distintas con respecto a algunas cuestiones, pero la solidez y la buena salud de un Gobierno de coalición no reside tanto en no tener diferencias, porque dos partidos distintos siempre van a tener diferencias, sino en la capacidad y en la facilidad para resolverlas. Somos dos partidos con una tradición de Gobiernos de coalición bien arraigada y que hemos sido capaces siempre de solventar esas diferencias. Ahora también estamos siendo capaces, porque las diferencias más grandes seguramente son las que no se ven reflejadas en los medios de comunicación. Y con discreción y con trabajo leal se solventan.

Quería preguntarle por una de ellas. ¿Le agrada al PNV escuchar que ahora se van a aplicar políticas de memoria "con rigor"? Esto es textual. [El PSE-EE ha asumido ahora en el nuevo reparto de áreas la gestión del Instituto de la Memoria, Gogora]

Estoy convencido de que la nueva consejera va a seguir la línea que viene marcando el departamento durante los últimos años y, en especial, la línea de Gogora de los últimos años. Conozco al nuevo director de Gogora, conozco a la consejera; sé que la sensibilidad que tienen es la misma que han tenido los anteriores responsables en esta materia, que es la del reconocimiento y la reparación de todas las vulneraciones de derechos humanos que se han dado en este país, independientemente del origen e independientemente de quién sea la víctima. Eso ha sido lo que se ha venido aplicando en los últimos años y estoy convencido o convencidísimo de que ese también va a ser el compromiso durante esta próxima legislatura. Además, el liderazgo en esa cuestión también lo va a tener el lehendakari, Imanol Pradales, que es el lehendakari de un Gobierno de coalición.

Ahora que ha salido el tema de las víctimas, quería aprovechar para preguntarle por la polémica que se ha suscitado en los últimos días en torno a la reforma legislativa sobre el cómputo de penas en otros países de la Unión Europea para presos de ETA.

Siempre he pensado que el terrorismo ha sido una cuestión tan dolorosa en este país que es muy importante cómo se aborda. Debería quedar fuera de la lucha electoralista o partidista. Y lo que estamos viendo estos días es una sobreactuación del PP. Sinceramente, a mí me da vergüenza ajena. Creo que es un tema que no debería dar para la sobreactuación. Pido sosiego. La posición del PNV con respecto a la modificación ha sido clara [a favor].

PNV y PSE-EE tienen 39 escaños de 75 en esta Cámara. ¿Va a ser esta una legislatura de rodillo de la mayoría absoluta o de acuerdos con la oposición?

El lehendakari está siendo muy claro en este sentido. Y no en sus palabras, sino en sus hechos. Ha llegado y lo primero que ha hecho ha sido reunirse con todos los partidos políticos, con sindicatos, con representantes de los empresarios o con la sociedad civil. Ha abierto una mesa para un pacto de salud. Y, en el Parlamento, con una cuestión tan importante como la Sanidad, en el primer pleno llegamos a un acuerdo con [EH] Bildu y en el segundo con el PP.

Precisamente tras reunirse con Pradales, EH Bildu les ofreció “oxígeno”. [Este viernes han propuesto también un acuerdo presupuestario global para todas las instituciones vascas]. ¿Se creen el discurso de mano tendida o temen una oposición frontal?

Por definición, me creo lo que dicen los demás. Lo que pasa es que sí es cierto que 40 años de malas acciones no se solucionan con 15 días de buenas palabras o de buenas intenciones. Las palabras tienen que ir acompañadas de hechos. Les quiero creer. Pero es lógico que tengamos cierto escepticismo o ciertas dudas con respecto a si esas declaraciones obedecen a un cambio real en la forma de actuar o esconden una estrategia que nos va a deparar meses de sobresaltos. Veremos. En principio les creemos. La apuesta del lehendakari por el diálogo es muy clara. También por la colaboración.

EH Bildu, particularmente en el tema estatutario, recuerda que hay una mayoría alternativa a la del actual Gobierno. ¿Eso es un imposible o es algo que podría producirse?

Soy de los que cree que uno se tiene que poner de acuerdo con aquellos partidos con los que se tienen cosas en común. Y en algunas cuestiones tenemos cosas en común con EH Bildu. Podremos llegar a acuerdos en muchas cuestiones en las que estemos de acuerdo.

32 años recién cumplidos y portavoz en el Parlamento Vasco. No está mal para no haber entrado en la primera propuesta de las listas del partido.

La verdad es que es una gran responsabilidad asumir un puesto tan importante dentro del PNV como es el de portavoz del grupo parlamentario. Y más siendo tan joven. Estoy muy contento con la oportunidad que supone. Estoy agradecido, contento y tratando de responder a esa gran responsabilidad con acierto y estando a la altura.

Sustituye a Joseba Egibar...

Sí, efectivamente. Después de varios años -o de muchos años- en los que él ha sido el portavoz, ahora me toca a mí desarrollar esta labor y con mucha responsabilidad. Efectivamente, Joseba [Egibar] es una de las personas más relevantes en las últimas décadas en la política vasca y en este caso me corresponde a mí sucederle. Mucha responsabilidad.

¿Se imagina como portavoz dando un abrazo y apoyando a un imputado por corrupción en este Parlamento?

No.

¿Y qué le parece que él lo hiciera con Alfredo de Miguel?

Todavía no había entrado en política en aquellos años. De hecho, creo que no había cumplido ni siquiera los 18 años, si no estoy equivocado. No conozco en qué contexto se dio aquel abrazo.

El PNV está inmerso en un proceso de renovación interna. ¿Debería dar un paso atrás Andoni Ortuzar?

Soy de los que creen que sobre los procesos internos de los partidos hay que opinar en las organizaciones municipales. Es lo que yo haré. Como afiliado del PNV en la organización municipal de Asparrena, cuando se me pregunte, opinaré. Los debates internos de los partidos no se tienen que dar en los medios de comunicación.

Pero el año pasado el propio Ortuzar promovió un cambio importante, el de Iñigo Urkullu por Imanol Pradales, y alegó que era una cuestión generacional, que se acababa un ciclo. Ortuzar es de la misma edad, de la misma generación y lleva los mismos mandatos que Urkullu.

Es importante diferenciar bien. Los estatutos del PNV diferencian entre las propuestas para cargos públicos y las propuestas para cargos internos. Para cargos públicos, es la ejecutiva del partido quien hace una propuesta a las bases; y en los procesos internos son los propios afiliados quienes hacen esa propuesta. Por lo tanto, afiliados y afiliadas tienen que decidir qué línea sigue el partido, no sólo en cuanto a las personas sino sobre todo también en cuanto al proyecto político y a la organización. No me corresponde a mí hablar en ese sentido.

Pero otros cargos como Itxaso Atutxa o José Antonio Suso ya han dicho que no van a continuar. Ortuzar no se ha pronunciado [aunque el viernes en Radio Euskadi puntualizó que la decisión como tal ya la tiene adoptada desde hace tiempo].

También creo que hay que diferenciar entre un proceso inminente que empieza esta misma semana, el de las ejecutivas territoriales, y uno como el del EBB, que se prevé para para más adelante [marzo]. Cada cosa llega a su debido momento.

Siguiendo con el proceso de renovación, a la vista de lo ocurrido, ¿ha sido un acierto el relevo de Urkullu por Pradales?

Estoy convencido de que Urkullu ha sido un gran lehendakari. Y no es sólo una cuestión de mi percepción. Los datos así lo demuestran. Cogió el país en el año 2012 y, diez años después, la situación es mucho mejor. Euskadi es hoy un país mejor. Ha sido un gran lehendakari. Y el lehendakari Pradales inicia un nuevo ciclo. Efectivamente, los primeros pasos están siendo muy satisfactorios y son como para estar contentos y satisfechos con la elección de un lehendakari que, esperemos, dure también una década.

¿Cómo se le explica a la ciudadanía que se hayan creado cuatro departamentos más con todos los gastos que eso implica?

La apuesta del lehendakari es muy clara por la concreción en las respuestas. Hablábamos de que en este país tenemos problemas muy concretos y retos muy concretos. Y los tenemos que abordar desde la especialización. Y si creemos de verdad que Euskadi tiene un problema con la Vivienda, pues creamos un departamento propio de Vivienda para, desde el punto de vista técnico y especializado, poder resolverlo. Lo mismo pasa con la captación de talento y las universidades. Y con la Agricultura, que es un sector que en este momento necesita una atención casi personalizada. Y eso se hace creando un Departamento de Agricultura. Además, me parece que la especialización se ha hecho no sólo en la composición del organigrama del Gobierno, sino en la elección de las personas. Son consejeros y consejeras que saben de lo que están hablando, que tienen esa especialización porque han dedicado en los últimos años o gran parte de sus carreras profesionales a los asuntos sobre los que ahora están tomando decisiones políticas. Me gustaría destacar que están haciendo renuncias en el ámbito personal, familiar y casi económico por dedicar unos años de su vida a la política y a resolver unos problemas que tiene el país y que ellos están capacitados para resolver.

Si se le diese la vuelta a esto, que no haya un departamento propio de Medio Ambiente o uno de Igualdad puede querer decir que no es una prioridad para este Gobierno.

No, no, en absoluto. Lo que pasa es que sí hemos concretado bien cuáles son los principales problemas y los principales retos. Y creo que en eso el diagnóstico de todos los partidos ha sido bastante compartido. Todos compartimos cuáles son los principales problemas que tiene el país sobre esos principales problemas. Hemos creado departamentos concretos.

¿Cómo se explica el desgaste del PNV en las últimas convocatorias electorales, en concreto en las europeas, las generales y en cierta medida también en las autonómicas?

Diría que el PNV es un partido de Gobierno. Y en toda Europa -y prácticamente en todo el mundo- después de la pandemia, todos los partidos de Gobierno han sufrido un desgaste importantísimo. Sí que es cierto que, a lo mejor, en determinadas elecciones no hemos alcanzado nuestras expectativas. También porque partíamos de unas expectativas bastante altas. Pero lo cierto es que mantenemos un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, que somos la primera fuerza del Parlamento Vasco, que hemos reeditado el Gobierno y que hemos conseguido reeditar a la eurodiputada en Bruselas [y Estrasburgo]. Los hitos principales se han cumplido. Pero sí es cierto -y eso lo tenemos que reconocer- que a lo mejor no hemos cumplido con las expectativas que nos habíamos fijado, aunque eran muy ambiciosas.

¿No cree que haya desgaste de gestión? ¿No cree que la ciudadanía está castigando, por ejemplo, la gestión sanitaria?

Creemos que la ciudadanía es exigente. Y tiene que serlo. El país tiene problemas. En muchos casos también como consecuencia de factores exógenos. Es decir, la Sanidad está sufriendo, pero no está sufriendo sólo en Euskadi. Los sistemas de salud de todo el mundo han estado tensionados después de la pandemia. Y no sólo por la pandemia, también por una situación demográfica, de envejecimiento de la población, y por la proliferación de las enfermedades crónicas. Eso hace que los sistemas sanitarios se tensionen y, cuando la ciudadanía ve que las que los servicios públicos, a lo mejor, no están a la altura de lo que a ellos les gustaría en determinado momento o de lo que han estado acostumbrados a recibir, es exigente y es crítica. Y pide responsabilidades. ¿A quién? A quien le gobierna. Y eso, al PNV, que es un partido de Gobierno, evidentemente le pasa factura.

¿Y no hay ninguna responsabilidad propia? Un ejemplo: se ha estado cuatro años sin publicar los datos de lista de espera.

Evidentemente, todo no se ha hecho bien. Pero esa moneda tiene dos caras. Es también reconocer que todo no se ha hecho mal y que si hoy la Sanidad en Euskadi es infinitamente mejor que todo el resto de sistemas de Salud del Estado o si los datos que tenemos en Euskadi con respecto a la calidad de vida son mejores que los del resto del Estado también es porque las políticas públicas que se han tomado en los últimos años han sido acertadas. En las decisiones estratégicas hemos acertado. Mire, en Álava tenemos la menor tasa de paro del Estado y el salario medio más alto del Estado.

¿Y las listas de espera?

Las listas de espera en Osakidetza son las más bajas del Estado. Un informe para de la plataforma en defensa de la Sanidad pública en España, es decir, poco sospechosa de ser del PNV, pone Osakidetza como el mejor sistema sanitario del Estado. Tenemos un sistema sanitario que -con todas sus dificultades- está reconocido en el mundo. Eso quiere decir que algo bien también se ha hecho.

¿Qué le parece el fichaje del exvicelehendakari y exconsejero socialista Iñaki Arriola como consejero de Renfe Mercancías?

Mientras las personas están en edad laboral pueden dedicarse a aquello para lo que sean llamados. Si quien le nombra cree que puede hacerlo bien y si él considera que lo puede hacer, no le veo ningún problema a que siga desarrollando una actividad profesional o política. Tiene una experiencia y ganas de trabajar.

En el PNV también ha habido algunos casos polémicos de recolocaciones. Por ejemplo, Josu Erkoreka.

¿Podría copiar y pegar la misma respuesta? Son personas que tienen una experiencia dilatada. En la medida en la que les quedan años de carrera por delante y tienen preparación, creo que incuestionable su capacidad. No le veo mayor problema.

¿Y no cree que estas cuestiones alimentan la desafección hacia la política?

Puede ser que también haya quien tenga un interés en generar desafección hacia la política con ello. Considero normal que una persona que tiene experiencia en política, en el momento en el que ha dejado un puesto, se dedique a otro. No necesariamente cuando sales de un puesto tienes que ir a otro, pero no necesariamente cuando sales de un puesto tienes que abandonar la política.

Contra el criterio de la junta de tratamiento, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de MIguel, ha logrado ya que le sea aplicado un régimen penitenciario atenuado poco más de un año después de ingresar en prisión para cumplir una pena de nueve años por graves delitos de corrupción. Según ha publicado 'El Correo' también, será trasladado de la cárcel de Zaballa, en Álava, a la de Basauri, en Bizkaia, donde residió los últimos años antes de ser encarcelado y donde aparentemente empezará a trabajar en una consultora.

El expolítico solicitó acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario estatal, que es el mismo que se aplica en las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco y que en su momento popularizó Iñaki Urdangarin, también responsable de delitos económicos. La junta de tratamiento le denegó esa posibilidad pero ha logrado revertir esa decisión con un recurso a la juez de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso.

No se trata formalmente de una progresión de grado ni de un beneficio penitenciario sino de una aplicación atenuada y flexible de su régimen actual, el segundo grado. De este modo, podrá tener salidas diurnas diarias entre semana y solamente tendrá que regresar a prisión para pernoctar y en fines de semana. De Miguel superó en los primeros meses de su estancia en Zaballa un programa de rehabilitación para condenados por delitos económicos, entre otras actividades dentro de su programa de reinserción.

El 'caso De Miguel', que lleva el apellido de este exdirigente del PNV alavés, es la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi. La investigación se inició en 2009, el político fue arrestado en 2010, el juicio se celebró en 2018 y en 2019 recibió la condena de primera instancia pero hasta 2023 no llegó la sentencia firme del Tribunal Supremo y su despido de una sociedad pública del Gobierno vasco en la que durante estos años ha disfrutado de ascensos y mejoras salariales. De Miguel peleó hasta el final para no entrar en la cárcel y, de hecho, solicitó al Gobierno de España un indulto político que no se ha llegado a resolver. Finalmente, en julio de 2023 entró en Zaballa y menos de trece meses después ya dispone de la semilibertad aunque la fecha de su licenciamiento se fijó para el verano de 2032.

Otros tres excargos orgánicos y públicos del PNV ingresaron también en prisión por esta misma trama con penas de seis a siete años. Dos de ellos, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles, tienen ya también concedido el 100.2, el segundo grado flexible. Necesariamente ha de ir acompañado de la necesidad de realizar actividades laborales, sociales, formativas o de otra índole en el exterior que justifiquen las salidas diarias. En esos casos, lo lograron tras un recurso judicial ya que la Administración penitenciaria también lo había denegado. El cuarto condenado, Aitor Tellería, peleó todavía más para acceder a la cárcel y lo hizo en noviembre. Su defensa ha explicado que también quieren ya la prisión atenuada.