El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha ratificado finalmente el convenio extrajudicial que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a desembolsar una cifra astronómica de 350 millones de euros. El auto de homologación dictado el 18 de marzo valida un plan de pagos diseñado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que fijó el precio de los suelos del sector APR7 tras décadas de una gestión urbanística que ha acabado derivando en una factura millonaria. Con este aval judicial, el consistorio asume formalmente una deuda que condicionará el presupuesto municipal durante los próximos años, transformando un litigio por suelos fuera de ordenación en una carga financiera de ejecución inmediata.

La factura total de 350 millones de euros no solo cubre el principal de 283 millones fijado por los tribunales, sino que incluye una pesada carga de intereses legales acumulados desde julio de 2018. Para hacer frente a esta situación, el ejecutivo local ha recurrido a una fórmula híbrida que combina el pago en efectivo con la entrega de patrimonio público. El plan contempla un desembolso inicial de 60 millones de euros antes de finalizar 2026, para lo cual el Ayuntamiento deberá endeudarse mediante un préstamo de 55 millones a través del Fondo de Impulso Económico, comprometiendo así su capacidad de inversión inmediata en otros servicios o infraestructuras locales.

Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es la entrega de suelo edificable como moneda de cambio para amortizar la deuda. El Ayuntamiento se ha visto obligado a ofrecer parcelas con aprovechamiento urbanístico directo en sectores estratégicos de expansión como Ensanche Levante, Murtal 2 o el PAU 1. En concreto, los antiguos propietarios de Serra Gelada recibirán terrenos valorados en más de 67 millones de euros para cubrir exclusivamente los intereses generados, una dación en pago que el consistorio ha impuesto como obligatoria pero que, en la práctica, supone el traspaso de solares públicos listos para construir a manos privadas para minorar el impacto en la caja municipal.

El calendario de pagos dibuja un escenario de dependencia financiera a largo plazo. Tras un periodo de carencia que expira en 2030, el Ayuntamiento de Benidorm entrará en una fase de amortización obligatoria en la que deberá destinar anualmente al menos el 8% de sus recursos ordinarios al pago de esta deuda hasta su total cancelación. Aunque el gobierno municipal presenta el acuerdo como una solución definitiva que aporta seguridad jurídica, la realidad técnica descrita en el documento homologado revela una operación de rescate de convenios urbanísticos del pasado que se salda con la entrega de activos inmobiliarios municipales y un compromiso de gasto público que se extenderá durante las próximas décadas.

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado un paso definitivo para resolver el asomo a la bancarrota de las arcas municipales tras la aprobación en el pleno de la propuesta de acuerdo para ejecutar la sentencia relativa al APR7 de Serra Gelada. Este pacto, que pone fin a un largo litigio tras la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente suelos protegidos dentro del Parque Natural, fija una factura total de 350 millones de euros entre el principal y los intereses legales. La resolución implica que estos terrenos, hasta ahora en manos privadas, se integrarán finalmente en el patrimonio público, elevando el suelo protegido de la ciudad a más del 60% de su término municipal.

El resultado de la votación reflejó un respaldo mayoritario a la propuesta elevada por la alcaldía. El acuerdo salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox, mientras que el grupo municipal socialista optó por la abstención. No obstante, existió una unanimidad total en el punto relativo a la modificación presupuestaria de 55 millones de euros necesaria para formalizar el préstamo con el que se afrontará la primera parte de la indemnización. Este consenso técnico permite al consistorio cumplir con el calendario de pagos de forma inmediata, evitando mayores demoras judiciales.

La hoja de ruta financiera establece un pago inicial y urgente de 60 millones de euros que debe hacerse efectivo antes del 31 de diciembre de este año. Para cubrir esta cifra, el Ayuntamiento empleará recursos propios y un crédito de 55 millones de euros vinculado al Fondo de Impulso Económico. Una vez superado este primer hito, el acuerdo contempla un periodo de carencia hasta el año 2030, etapa durante la cual la administración local solo abonará los intereses generados. A partir de 2031 se iniciará la amortización obligatoria del capital principal, con cuotas anuales que no podrán ser inferiores al 8% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal.

Una de las claves del pacto es la utilización de suelo municipal como moneda de cambio para amortizar la deuda, una fórmula que busca aliviar la presión sobre las arcas públicas. El acuerdo establece la dación en pago obligatoria de terrenos para cubrir 67,3 millones de euros correspondientes a intereses acumulados. Estos suelos se ubicarán en sectores estratégicos de crecimiento como Ensanche Levante, Murtal 2 o Poniente, siempre bajo la modalidad de residencial plurifamiliar y valorados a precio de mercado actual. Además, se abre la puerta a futuras entregas de parcelas de forma voluntaria para reducir el montante principal de la condena.

Desde el equipo de gobierno se ha subrayado que esta operación se realiza siguiendo estrictos informes técnicos y con el compromiso de no subir impuestos ni recortar servicios públicos. El acuerdo ya cuenta con la conformidad registrada de todas las mercantiles propietarias del suelo, por lo que el siguiente paso será su remisión inmediata al tribunal de instancia para la homologación judicial definitiva. Con este movimiento, Benidorm busca cerrar una etapa de incertidumbre urbanística, transformando una millonaria condena judicial en una oportunidad para consolidar su cinturón verde protegido.

El Ayuntamiento de Benidorm ha trazado una hoja de ruta técnica para afrontar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por una compensación urbanística en el paraje de Serra Gelada, cuya cuantía total asciende a 349.837.519,75 euros según los cálculos actualizados a 20 de febrero de 2026. Esta cifra es el resultado de sumar un principal de 283.055.750,12 euros y unos intereses devengados que ya superan los 66,7 millones de euros. El informe de Intervención municipal, elaborado a petición del alcalde Toni Pérez (PP), analiza diversos escenarios de pago con el objetivo irrenunciable de no reducir los servicios públicos ni incrementar los impuestos, tasas o precios públicos de la ciudad.

Para articular este desembolso multimillonario, la administración local ha optado por una estrategia financiera mixta. Por un lado formalizar la adhesión al Fondo de Impulso Económico por un valor de 55 millones de euros, una cantidad que el Ministerio de Hacienda ha aceptado y que el consistorio prevé devolver en un plazo de 12 años con un tipo de interés estimado del 3,5%. Por otro lado, la cuantía restante de 294.837.519,75 euros se gestionaría a través de un plan de pagos directo a la parte demandante, para el cual se han simulado calendarios de amortización que abarcan desde una década hasta un siglo completo.

El plan técnico contempla un cuadro exhaustivo con diferentes periodos de amortización de la deuda para que el consistorio pueda evaluar el impacto financiero según el tiempo de devolución elegido. Estas proyecciones comienzan con un plazo mínimo de 12 años y se extienden de forma decenal a través de opciones de 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta alcanzar el siglo de duración. Cada uno de estos escenarios detalla tanto la anualidad inmediata que debería consignar el Ayuntamiento en sus presupuestos como el volumen total de intereses que se generarían al finalizar cada periodo.

Más que duplicar la deuda para no aumentar impuestos

El escenario que contempla un plazo de 100 años es el que mejor se ajusta a la premisa de no alterar la presión fiscal, aunque conlleva un coste financiero extraordinario. En este supuesto, la anualidad correspondiente al ejercicio 2027 se situaría en 19.038.927,92 euros, pero el montante total de intereses devengados al finalizar el siglo alcanzaría los 496.414.579,29 euros. De esta forma, la suma de la deuda principal y los intereses acumulados elevaría la factura final de la sentencia hasta los 846.252.099,04 euros, lo que supone más del doble del importe original.

La intervención municipal advierte sobre la enorme carga que supone la demora en los pagos, señalando que a medida que se amplía el número de años de devolución, disminuye el importe que se amortiza anualmente pero aumentan drásticamente los intereses. Un dato crítico que arroja el informe es que, a partir de un plazo de devolución de 70 años, el dinero destinado exclusivamente a intereses ya es superior a la cantidad principal que debe ser amortizada. En definitiva, el informe concluye que cumplir con la sentencia sin recurrir a recortes o subidas de impuestos requeriría de forma efectiva un calendario de pagos superior a los 100 años.

El Ayuntamiento de Benidorm pide el rescate al Gobierno para evitar el colapso de sus cuentas tras el varapalo judicial por la indemnización de Serra Gelada. El consistorio dirigido por el también presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha solicitado formalmente un rescate al Gobierno de España a través del Fondo de Impulso Económico tras la demoledora sentencia de 352 millones de euros como compensación urbanística. Esta indemnización millonaria, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), supone una carga inasumible para el municipio, dado que su presupuesto para 2026 se estima en apenas 146 millones de euros.

La solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico se ha tramitado por decreto de Alcaldía para obtener un crédito inicial de 55 millones de euros. Esta cantidad busca cubrir solo una parte de la deuda total, que duplica con creces la capacidad económica anual de la ciudad. El Fondo es un mecanismo del Ministerio de Hacienda destinado a ayuntamientos saneados que necesitan financiación para atender sentencias judiciales firmes con tipos de interés más bajos, situados en torno al 3,5%.

Sin embargo, esta ayuda conlleva un compromiso a largo plazo: el préstamo deberá devolverse en un periodo máximo de 12 años. Este calendario de amortización implica hipotecar el presupuesto municipal y condicionar las inversiones de la ciudad hasta el año 2038. La decisión se ha tomado con urgencia al coincidir con el último día de plazo para adherirse a este mecanismo estatal, y dos días después de que los dueños del suelo hayan pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.

La crisis se agrava tras las recientes decisiones judiciales que han dejado al consistorio con un margen de maniobra muy limitado. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado anteriormente sobre la nulidad de los convenios urbanísticos del APR-7, rechazando los recursos municipales y ratificando que los acuerdos firmados en 2003 para compensar a los dueños del suelo eran ilegales al vulnerar la protección ambiental de la zona.

Además, el escenario jurídico se volvió crítico cuando el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que fijaba el justiprecio. Al agotarse la vía constitucional, la condena económica se volvió firme, obligando al municipio a afrontar el pago inmediato de los 352 millones de euros, una cifra que incluye el valor del suelo y los intereses de demora acumulados durante años.

Ja sabeu que els instruments utilitzats per l’Ajuntament de Benidorm per a protegir la Serra Gelada el situen a la vora de la fallida financera. Si no es negocia l’execució de la sentència condemnatòria de 333 milions, el consistori podria quedar-se sense recursos per a tindre cura no sols d’espais naturals sinó també de vestigis històrics. Un d’estos vestigis preservats per l’Ajuntament és la Torre de Morales, una edificació que formava part del sistema de cases-torre típiques de la costa alacantina, dissenyades per a defensar-se dels atacs dels corsaris. Originalment, la torre tenia una estructura defensiva amb murs de maçoneria, merlets i una escala de caragol que comunicava les seues tres plantes. 

El seu nom popular —Torre de Morales— ha prevalgut fins a hui a les plaques identificatives municipals, encara que una inscripció de pedra a la seua façana oest indica que va ser erigida el 1777 per un tal Soler. La substitució de “Soler” per “Morales” en la denominació no és un cas estrany: reflecteix tant la fragilitat de la memòria col·lectiva com la necessitat de donar un nom, fins i tot quan este nom no coincideix amb els vestigis històrics. Caldria potser anomenar-la Torre de Soler! 

La torre, declarada Bé d’Interès Cultural, va perdre la seua funció militar al segle XIX i hui serveix com a element decoratiu o identitari. El seu valor estètic és mínim, per la qual cosa destaca com a tòtem, un altar a la necessitat de conservar fragments del passat per a construir una identitat. El passat es converteix així en una Terra Mítica, una atracció retolada davall l’ombra dels gratacels.

Recordeu que, segons el mite de Cura explicat en la primera part de l'article, els dos components de la identitat humana són la cura (que vol que el nom reflectisca l’atenció i l’afecte del cuidador) i el temps (que imposa a l’homo un nom lligat a la matèria mortal: humus). Esta dualitat es fa palesa a la Torre de Morales/Soler: els seus materials resisteixen, però el nom “Soler”, inscrit en la façana oest, es desdibuixa entre l'erosió i la indiferència asfaltada d'una gran avinguda. És a dir, la inscripció de pedra de 1777, quasi il·legible, passa inadvertida darrere de la claredat del senyal metàl·lic instal·lat per l’Ajuntament amb el nom de “Torre de Morales”. La cura pel nom original cedeix el pas a la matèria metàl·lica de la senyalització vertical o a l'etiqueta virtual de la ubicació del Google Maps.     

Donar nom és, en definitiva, situar en la història, però també assumir que el temps distorsionarà esta identificació. Així, la Torre de Soler/Morales es converteix en un exemple perfecte de la no-coincidència entre el ser i el nom: un monument que sobreviu físicament, però la memòria del qual es dilueix entre les avingudes, l'especulació urbanística i els algoritmes de Google Maps.

Viure amb cura és patir esta preocupació per una identitat que el temps acabarà distorsionant (si no ho fan abans les aplicacions, les modes i les xarxes socials).

Conclourem reinterpretant el mite: el fet que el ser humà prospere amb l’afecte de la Cura però que porte un nom lligat a la matèria (humus) manifesta que el ser i el nom no coincideixen. La matèria reconfigura la nomenclatura. Viure amb cura és patir esta preocupació per una identitat que el temps acabarà distorsionant (si no ho fan abans les aplicacions, les modes i les xarxes socials). I per a distorsions toponímiques, Beniduerme! La torre, amb el seu nom fluctuant, és un recordatori que la identitat és un procés en constant construcció, però també destrucció.

Dos menores de edad y ocho adultos han sido atendidos esta madrugada en un relativo buen estado de salud tras alcanzar la costa de Benidorm a bordo de una patera, la primera llegada a la Comunitat Valenciana durante este 2026.

Los migrantes son todos de procedencia magrebí y han sido trasladados hasta el punto de atención sociosanitaria situado en el puerto de la ciudad de Alicante, gestionado por la Cruz Roja.

Se trata de los primeros diez migrantes que alcanzan las costas del territorio valenciano tras un 2025 en el que llegaron 340, casi la mitad que los años precedentes y la cifra más baja de la última década aunque los servicios de emergencias constataron que presentaban un peor estado de salud, fundamentalmente por heridas.

Esa caída se atribuye, según los expertos, a la apertura de nuevas rutas por el mar Mediterráneo, fundamentalmente las que se dirigen a Baleares.

De esta manera, la cifra global se ha reducido en los últimos años ya que en 2024 llegaron casi el doble, 643, mientras que un año antes 776 y las cifras precedentes fueron de 410, 848, 924, 673, 353, 388, 116, 26 y 84, consecutivamente y siendo éste último año 2014.

La mitologia romana ens explica com Cura, mentre travessava un riu, va trobar fang i va modelar-hi la figura d’un home. Mentre reflexionava sobre què fer amb esta creació, va aparéixer Júpiter i li va insuflar vida. Després, quan Cura volia posar-li el seu nom, Júpiter es va oposar, reclamant el dret per haver-li donat l’ànima. En aquell moment, Tellus —la personificació de la terra— va intervindre, argumentant que el nom havia de ser el seu, ja que ella havia aportat la matèria. Per a resoldre el conflicte, van recórrer a Saturn —el Temps—, que va dictar una sentència justa: Júpiter acolliria l’ànima de l’home després de la mort; Tellus, el seu cos soterrat; i Cura, la disposició a persistir en l’ésser mentre visquera. Pel que fa al nom, va decidir anomenar-lo “homo”, perquè estava fet d’humus, de matèria terrosa. 

Cura representa allò que hui expressem amb el castellanisme “cuidao”, no com una preocupació —que designaríem amb el mot “cuita”—, sinó com una atenció essencial. L’home és una síntesi del cos (Tellus) i de l'energia vital (Júpiter), units pel temps que li atorga una existència finita i que li fa valorar allò que s'acaba. Però acabar-se és un verb polisèmic: pot significar exhaurir-se però també completar-se.

Així, el mite il·lustra la condició de l'homo: la Cura és la que defineix la seua essència i el seu lloc en el món. L’home és projecte fràgil i inacabat, modelat pel temps i necessitat d'atenció constant per a relacionar-se amb allò que l'envolta. La desatenció ens fa desaparèixer. L'atenció ens fa perseverar en l'ésser.

Fins fa poc pensava que la perseverança era un valor que guiava les bones persones, un senyal de la seua moral, tot i provisional com la cartesiana. Hui comence a percebre que molts condideren que l'espècie humana ja se n'ha eixit de mare: ja en som massa. Ja no cal la cura, sobretot dels desvalguts.

I això que d’holocausts ausades que n'hi ha hagut al llarg de la història! Però sempre l’homo perseverava en l'ésser i tornava a la cura dels altres, la terra i els noms.

Hui, passejant per davall dels gratacels de Benidorm i pels seus passejos marítims, he vist que probablement no podrem cuidar per sempre d’estes estructures gegantines; i que això potser no siga roí. Ja sabeu que el municipi de Benidorm s'enfronta a una crisi financera sense precedents després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana haja ratificat una indemnització urbanística de 333 milions d'euros i que el Tribunal Constitucional haja denegat el recurs d'empar. La xifra, que caldrà abonar a dos mercantils de l'empresari Francisco Murcia Puchades, és més del doble del pressupost municipal per a 2026: 146 milions. L'Ajuntament no podrà tindre cura dels seus ciutadans i haurà de compensar els danys causats a un emprenedor amb nom i cognoms.

L'origen del conflicte es remuntaria als anys 60, quan els terrenys de la Serra Gelada van ser classificats com a sòl urbanitzable. No obstant això, la seua protecció ambiental va bloquejar-ne el desenvolupament urbanístic a partir dels primers anys del segle XXI, sense compensació al propietari. La cura pel dret a la propietat privada de la terra ensems amb la cura pel paisatge ha conduït al desenllaç que descura la salut financera de tot una col·lectivitat d'homes. 

Si no heu recorregut mai la Serra Gelada, aprofiteu i celebreu la sentència allí. Camineu des del far de l'Albir a la Creueta de Benidorm

En definitiva, la sentència consagra els drets urbanístics del propietari individual i invalida l'intent de l'Ajuntament d'anul·lar els convenis urbanístics del sector APR-7 de Serra Gelada. Si no heu recorregut mai la Serra Gelada, aprofiteu i celebreu la sentència allí. Camineu des del far de l'Albir a la Creueta de Benidorm. Qualsevol dia assolellat d'hivern pot servir d'excusa per a albirar l'horitzó des dels penya-segats de la Serra Gelada. Recordeu entre tanta bellesa i tants esbufecs, costera amunt, costera avall, que algú va idear la construcció d’un telefèric des de la capital turística alacantina. Valoreu, doncs, l'esforç que destineu a recórrer uns camins comunitaris quan podien haver sigut esborrats pels propietaris i pels fonaments d'un aberrant telefèric. Aberrant, clar, per als qui gaudim de les costeres, de la suor i les botes de muntanya. Molts altres, en canvi, defensarien la comoditat telefèrica i les vistes aèries.

Quan la terra valuosa i urbanitzable sembla acabar-se, quina cura mereix el paisatge i l’homo que no és propietari? Quan un municipi està a la vora del col·lapse, quina cura mereixen els seus ciutadans i aquells que encara creuen que val la pena que ensems perseverem? Saturn sentenciarà.

La coalición Compromís reclama al Ayuntamiento de Benidorm una revisión de los reconocimientos públicos otorgados a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresiones sexuales continuadas a extrabajadoras de sus mansiones, una investigación de elDiario.es con la colaboración de Univision. La ciudad alicantina tiene un auditorio al aire libre con el nombre del cantante y un busto en el parque municipal de L'Aigüera.

La formación valencianista considera en un comunicado que las informaciones “obligan a las instituciones a reflexionar sobre la idoneidad de mantener honores y denominaciones públicas vinculadas a determinadas figuras”. Los homenajes públicos no son neutros ni ajenos a los debates sociales, y mantenerlos implica tomar una posición, apunta Compromís.

Su portavoz municipal en Benidorm, Pere Beneito, ha defendido que los espacios culturales de titularidad pública “no pueden permanecer ajenos a debates sociales tan relevantes como el respeto, la igualdad y la lucha contra las violencias machistas”. Beneito ha subrayado que revisar estos reconocimientos “no supone juzgar una trayectoria artística en su conjunto”, sino asumir que las instituciones deben actuar con responsabilidad y coherencia con los valores democráticos actuales.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha apuntado que de momento no se plantean ningún cambio y ha apelado a la presunción de inocencia. En declaraciones recogidas por el diario Información, el edil del PP ha recalcado que “en España sigue rigiendo la presunción de inocencia” y ha llamado a respetar los tiempos judiciales, dado que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Con todo, Pérez ha querido recordar que los honores a Julio Iglesias se refieren a haber ganado el Festival Internacional de la canción de Benidorm hace más de cuarenta años. Lo hizo con la canción La vida sigue igual, y Pérez ha apuntado que desde entonces “la vida no sigue igual, hay un estado de derecho”.

El auditorio, un anfiteatro al aire libre, se emplea para espectáculos públicos y retransmisiones deportivas, como partidos de fútbol o el festival de Eurovisión. Con motivo del Benidorm Fest se han organizado conciertos o actividades relacionadas con el festival.

En paraleo, la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha pedido al Gobierno que retire la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida en 1988 por el Ministerio de Cultura. Micó ha insistido en que las distinciones públicas “no son inmutables” y ha reclamado al Ejecutivo que actúe con coherencia y sensibilidad social, especialmente en un contexto en el que las instituciones están llamadas a ser ejemplares en la lucha contra el acoso y las violencias sexuales.

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El Tribunal Constitucional ha puesto el punto final definitivo al recorrido judicial del Ayuntamiento de Benidorm en el caso de la indemnización por Serra Gelada. Tras la sentencia en firme dictada previamente por el Tribunal Supremo, la última esperanza del consistorio residía en un recurso de amparo ante el Constitucional que finalmente no ha sido admitido a trámite. Con la desestimación comunicada este martes y el blindaje total de los convenios por parte del TSJCV, la ciudad se enfrenta ahora a la ejecución de una deuda de 333 millones de euros a dos mercantiles del empresario Francisco Murcia Puchades en concepto de indemnización urbanística.

Este martes, el Ayuntamiento celebraba una junta de portavoces extraordinaria con la presencia de técnicos municipales para analizar el crítico escenario. En la reunión se ha confirmado que el Gobierno local descarta acudir a la justicia europea ante el riesgo de que el proceso se alargue y los intereses de demora sigan creciendo de forma incontrolada. La fase actual se centra exclusivamente en buscar formas de pago para una cifra que es más del doble del presupuesto anual del consistorio alicantino que para 2026 se prevé de 146 millones.

El rescate del Estado: la opción más viable

Dada la magnitud del montante, el acceso a préstamos bancarios convencionales parece insuficiente. La solución más realista pasa por la intervención de una administración superior, lo que implicaría que el Estado tuviera que rescatar al Ayuntamiento de Benidorm.

Sin embargo, este auxilio financiero no sería gratuito. El concejal socialista en el consistorio, Sergi Castillo, ha advertido de las duras consecuencias que este rescate tendría para los ciudadanos. Según Castillo, la intervención del Estado requeriría un plan de ajuste con restricciones severas: “Van a subir todos los tipos impositivos a lo más alto y habrá una reducción drástica de ayudas y subvenciones. Esto va a ser muy grave y lo va a tener que pagar el vecino de Benidorm”, ha señalado tras la reunión.

La brecha entre la realidad judicial y la planificación económica es alarmante. Castillo ha revelado que en el borrador de presupuestos para el próximo año, el Gobierno local únicamente había consignado 3 millones de euros para esta partida. A ese ritmo de pago, el Ayuntamiento tardaría 111 años en liquidar la deuda principal, sin contar los nuevos intereses de demora que se generarían durante ese siglo de pagos.

El alcalde Toni Pérez califica la situación de “preocupante”

Al frente de esta crisis se encuentra el alcalde Toni Pérez (PP), quien ostenta un sólido poder institucional al contar con una mayoría absoluta de 16 de los 25 concejales de la corporación. Pérez compagina además la alcaldía con la presidencia de la Diputación de Alicante, lo que le sitúa en una posición de máxima responsabilidad política para negociar una salida con otras administraciones.

En rueda de prensa después de conocerse la sentencia del TSJCV y antes de sabersela desestimación del Constitucional, Pérez pedía “prudencia y sensatez” y señalaba que, “aunque estamos ante una circunstancia preocupante, todavía hay causas pendientes de ser juzgadas. Y sea cual sea el resultado final, se ha trabajado con mucho sentido común y siguiendo el criterio técnico”.

“Somos el único gobierno capaz de afrontar las posibles soluciones a una sentencia sea cual sea, una vez que este asunto sea definitivo y firme”, concluía Pérez.

Décadas de negociaciones

El origen de este conflicto se remonta a los planes urbanísticos de los años 60 y 90, cuando estos terrenos fueron clasificados como suelo urbano. En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural que se produciría en 2005, trasladando la edificabilidad de esos suelos a otros sectores urbanizables del municipio; una decisión muy controvertida, rechazada entonces por el PSOE, que advirtió de que se estaban creando derechos indemnizables y asumiendo competencias que correspondían a la Generalitat.

Pese a ello, el convenio se mantuvo vigente con el siguiente alcalde popular, Manuel Pérez Fenoll, y fue renovado en 2010, ya con el gobierno socialista de Agustín Navarro, ante el riesgo cierto de una condena millonaria si se rompía, renovación que volvió a contar con el apoyo explícito del PP y del actual alcalde Toni Pérez. El giro se produjo a partir de 2013 y, sobre todo, desde 2015, cuando Pérez llegó a la alcaldía y promovió un cambio radical de posición, impulsando la anulación del convenio que él mismo había defendido durante más de una década.

El gobierno de Pérez consideró que el aprovechamiento no estaba consolidado, mientras que los tribunales han ido acumulando fallos en sentido contrario. La justicia ha determinado finalmente que el consistorio debe responder patrimonialmente por unas decisiones que transformaron activos urbanos en espacios protegidos sin resolver la contrapartida económica pactada.

L’Ajuntament de Benidorm s’enfronta a la crisi financera més greu de la seua història recent després d’una resolució judicial que deixa els seus comptes a la vora del col·lapse. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictat una sentència que blinda definitivament una indemnització urbanística milionària a favor de les mercantils Murcia Puchades Expansión SL i Atricap Investment SL pels convenis del sector APR-7 de Serra Gelada. La quantia reconeguda ascendeix a 283 milions d’euros de principal, però la xifra final escala fins als 333 milions d’euros en sumar els aproximadament 50 milions d’euros generats pels interessos de demora acumulats durant anys de litigi.

Aquesta resolució suposa un colp de dimensions inassolibles per a l’administració local si es compara amb la seua capacitat econòmica real. Per a l’exercici de 2026, l’Ajuntament de Benidorm ha projectat un pressupost municipal de 146 milions d’euros, cosa que significa que el deute reconegut per la justícia representa més del doble de tots els ingressos i recursos dels quals disposa la ciutat per a prestar serveis bàsics i realitzar inversions en un any complet. La sentència de l’alt tribunal valencià anul·la l’acord del ple municipal de finals de 2022 que va intentar, com a última estratègia de defensa, declarar la nul·litat d’ofici dels convenis urbanístics per a evitar el pagament.

La clau: Serra Gelada, d’urbanitzable a protegida

L’origen d’aquest conflicte es remunta als plans urbanístics dels anys 60 i 90, quan aquests terrenys van ser classificats com a sòl urbà, una condició que els propietaris van defensar després de subscriure convenis amb l’Ajuntament entre 2003 i 2004. En aquell moment, els propietaris van cedir les seues parcel·les al municipi a canvi de drets d’aprofitament urbanístic en altres zones. No obstant això, l’escenari va canviar dràsticament amb l’aprovació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Serra Gelada el 2005, que va blindar mediambientalment el paratge i va convertir aquestes terres en sòl no urbanitzable d’especial protecció, deixant els drets dels propietaris en un llimb jurídic.

Aquesta reclasificació forçosa per motius ambientals va bloquejar qualsevol possibilitat d’edificació, però l’Ajuntament no va compensar en el seu moment les empreses pels drets que ja els havia reconegut formalment en els convenis previs. Durant dues dècades, l’administració municipal va sostenir que no existia tal dret a indemnització en considerar que l’aprofitament no estava consolidat, mentre que els tribunals han anat acumulant resolucions en sentit contrari. La justícia ha determinat finalment que el consistori ha de respondre patrimonialment per unes decisions que van transformar actius urbans en espais protegits sense resoldre la contrapartida econòmica pactada.

Seguretat jurídica

El TSJCV fonamenta la seua decisió actual en el principi de seguretat jurídica i en la doctrina de la cosa jutjada, assenyalant que l’Ajuntament no pot utilitzar una revisió administrativa per a eludir una sentència ferma prèvia que ja havia validat la licitud d’aquells acords. Segons el tribunal, l’administració local està obligada a complir el que estableix el jutjat, cosa que impossibilita qualsevol maniobra per invalidar uns convenis que ja compten amb el suport de la justícia. Declarar la nul·litat dels convenis en aquest moment resultaria un acte estèril, atés que no podria alterar les indemnitzacions ja fixades per la via judicial.

La situació deixa el govern local en una posició d’extrema vulnerabilitat, ja que l’execució d’aquesta sentència obligarà a un replantejament total de les finances municipals. La resolució subratlla que l’administració ha de sotmetre’s a l’executivitat del jutjat, protegint la confiança legítima dels propietaris que van cedir els seus sòls fa més de vint anys.

Amb aquesta decisió, Benidorm queda exposada a un escenari en què es troba en mans de la negociació amb el promotor urbanístic. L’empresa, amb la justícia de la seua part, si no cedeix, exposaria l’Ajuntament a una situació d’intervenció o de necessitat d’auxili financer extern, en haver d’afrontar una responsabilitat patrimonial que desborda per complet la seua realitat pressupostària i compromet el futur de les inversions públiques al municipi.

El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a la crisis financiera más grave de su historia reciente tras una resolución judicial que deja sus cuentas al borde del colapso. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que blinda definitivamente una indemnización urbanística millonaria a favor de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL por los convenios del sector APR-7 de Serra Gelada. La cuantía reconocida asciende a 283 millones de euros de principal, pero la cifra final escala hasta los 333 millones de euros al sumar los aproximadamente 50 millones de euros generados por los intereses de demora acumulados durante años de litigio.

Esta resolución supone un golpe de dimensiones inasumibles para la administración local si se compara con su capacidad económica real. Para el ejercicio de 2026, el Ayuntamiento de Benidorm ha proyectado un presupuesto municipal de 146 millones de euros, lo que significa que la deuda reconocida por la justicia representa más del doble de todos los ingresos y recursos de los que dispone la ciudad para prestar servicios básicos y realizar inversiones en un año completo. La sentencia del alto tribunal valenciano anula el acuerdo del pleno municipal de finales de 2022 que intentó, como última estrategia de defensa, declarar la nulidad de oficio de los convenios urbanísticos para evitar el pago.

La clave: Serra Gelada, de urbanizable a protegida

El origen de este conflicto se remonta a los planes urbanísticos de los años 60 y 90, cuando estos terrenos fueron clasificados como suelo urbano. En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural, trasladando la edificabilidad de esos suelos a otros sectores urbanizables del municipio; una decisión muy controvertida, rechazada entonces por el PSOE, que advirtió de que se estaban creando derechos indemnizables y asumiendo competencias que correspondían a la Generalitat.

Y la protección se materializó cambiando drásticamente la realidad con la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada en 2005, que blindó medioambientalmente el paraje y convirtió esas tierras en suelo no urbanizable de especial protección, dejando los derechos de los propietarios en un limbo jurídico.

Pese a ello, el convenio se mantuvo vigente y fue renovado en 2010, ya con el gobierno socialista de Agustín Navarro, ante el riesgo cierto de una condena millonaria si se rompía, renovación que volvió a contar con el apoyo explícito del PP y del actual alcalde Toni Pérez. El giro se produjo a partir de 2013 y, sobre todo, desde 2015, cuando Pérez llegó a la alcaldía y promovió un cambio radical de posición, impulsando la anulación del convenio que él mismo había defendido durante más de una década.

El gobierno de Pérez consideró que el aprovechamiento no estaba consolidado, mientras que los tribunales han ido acumulando fallos en sentido contrario. La justicia ha determinado finalmente que el consistorio debe responder patrimonialmente por unas decisiones que transformaron activos urbanos en espacios protegidos sin resolver la contrapartida económica pactada.

Seguridad jurídica

El TSJCV fundamenta su decisión actual en el principio de seguridad jurídica y en la doctrina de la cosa juzgada, señalando que el Ayuntamiento no puede utilizar una revisión administrativa para eludir una sentencia firme previa que ya había validado la licitud de aquellos acuerdos. Según el tribunal, la administración local está obligada a cumplir con lo juzgado, imposibilitando cualquier maniobra para invalidar unos convenios que ya cuentan con el respaldo de la justicia. Declarar la nulidad de los convenios en este momento resultaría un acto estéril, dado que no podría alterar las indemnizaciones ya fijadas por la vía judicial.

La situación deja al gobierno local en una posición de extrema vulnerabilidad, ya que la ejecución de esta sentencia obligará a un replanteamiento total de las finanzas municipales. El fallo subraya que la administración debe someterse a la ejecutividad de lo juzgado, protegiendo la confianza legítima de los propietarios que cedieron sus suelos hace más de 20 años.

Con esta decisión, Benidorm queda expuesta a un escenario en el que se encuentra en manos de la negociación con el promotor urbanístico. La empresa, con la justicia de su parte, si no cede expondría al Ayuntamiento a una situación de intervención o de necesidad de auxilio financiero externo, al tener que afrontar una responsabilidad patrimonial que desborda por completo su realidad presupuestaria y compromete el futuro de las inversiones públicas en el municipio.

De momento el Ayuntamiento de Benidorm ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional e incluso la vía europea en caso de no conseguir un resultado favorable.

L’alcaldessa de València, la popular María José Catalá, és una dels tretze regidors que cobren més de 90.000 euros bruts a l’any com a màxim representant d’una corporació municipal. La primera edil de la tercera ciutat més poblada d’Espanya ocupa la desena plaça en la llista dels alcaldes i alcaldesses més ben pagats, amb uns emoluments bruts anuals que arriben a 94.291 euros; els més ben pagats són José Luis Martínez-Almeida (Madrid), amb 110.688 euros, Juan María Aburto (Bilbao), amb 105.557 euros, i Jaume Collboni (Barcelona), amb 104.000 euros.

No obstant això, hi ha altres càrrecs públics municipals que perceben altes retribucions anuals pel fet de compaginar el que perceben com a alcaldes amb el que cobren com a diputats provincials. Els casos més destacats són els de l’alcalde de la Nucia, el popular Bernabé Cano, que percep un total de 134.617,16 euros bruts anuals com a primer edil (64.800) i diputat provincial (69.817,16); el socialista Carlos Fernández Bielsa, que rep 114.797,32 euros bruts anuals per la seua condició d’alcalde de Mislata (36.500) i diputat provincial a València (78.297,32 euros); l’alcalde de Benidorm i president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, que suma 110.466,94 euros entre el seu càrrec en el consistori (25.575) i la institució provincial (84.891,91); i, potser el cas més cridaner, el del primer edil de Benijòfer, Luis Rodríguez, que cobra un total de 109.411,16 euros a l’any entre el seu càrrec en la Diputació d’Alacant (69.817,16) i el de president de la corporació municipal d’un municipi de tot just 3.700 habitants (39.594). Tots cobren més que el president del Govern, Pedro Sánchez, que té uns emoluments bruts anuals de 107.037,54 euros.

¿Cuánto cobra tu alcalde? Los sueldos de todos los municipios

Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

També supera els 100.000 euros anuals la presidenta de la Diputació de Castelló i alcaldessa de la Vall d’Alba, la popular Marta Barrachina, que percep 106.366,15 euros bruts entre l’Ajuntament (14.383) i l’entitat provincial (91.983,15).

Per damunt dels 90.000 euros sumant emolument en ajuntaments i diputacions estan l’alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch (99.909,84); el primer edil de Cullera, el també socialista Jordi Mayor (97.459,06); la popular María Tormo, alcaldessa de la localitat castellonenca d’Almassora (95.956,5); Andrés Martínez, regidor de Vinaròs (95.307,94); o Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco del PP (95.436,03).

També estan el popular Juan Ramón Adsuara (Alfafar), amb 93.031,7 euros; l’alcaldessa popular de Carlet, Laura Sáez (92.706,99); o el popular Francisco Teruel, alcalde de Benimodo (90.074,55). El president de la Diputació de València i alcalde de Gavarda del PP, Vicente Mompó, cobra 86.533,72 de la institució provincial i 500 de l''Ajuntament.

Quant a les retribucions del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encara no estan publicades en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana. La quantitat podria arribar a 91.398,27 euros anuals, tenint en compte el salari, els complements i la compensació per canvi de residència, que és el que cobrava Carlos Mazón.

Pujades de sou després de les eleccions

En la llista dels alcaldes que més s’han apujat el sou en els últims anys estan l’alcaldessa de Torrent, que cobra 67.485 euros bruts anuals, mentre que la seua predecessora, María José Catalá, percebia 27.609 euros –cal recordar que Catalá també cobrava com a diputada autonòmica–, o José Vegara, alcalde d’Oriola, que cobra 66.237 euros, pels 23.657 que cobrava el seu antecessor, el també popular Emilio Bascuñana.

L’alcalde d’Alcoi, el socialista Toni Francés, cobra ara 62.873 euros a l’any, tot i que fins a la legislatura passada no tenia dedicació exclusiva i no cobrava com a alcalde; i una cosa semblant passa amb el també socialista Fulgencio Cerdán, primer edil de Villena, que ha passat de rebre 12.239 euros a tindre dedicació exclusiva i guanyar 62.825 euros; igual que Irene Navarro, que ha passat de percebre 16.925 a 55.286 euros anuals.

A Manises, el socialista Javier Mansilla cobra 49.980 euros, pels 14.538 que cobrava el valencianista Jesús Borràs; Cristina Mora, alcaldessa socialista de Quart de Poblet, té un salari de 64.391 euros, pels 15.925 que cobrava la també socialista Carmen Martínez, que compaginava l’alcaldia amb el càrrec de diputada en les Corts Valencianes. Finalment, Amparo Orts, alcaldessa socialista de Montcada, ha passat de percebre 14.570 a 56.783 euros bruts anuals.

La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, es una de los trece munícipes que cobran más de 90.000 euros brutos al año como máximo representante de una corporación municipal. La primera edil de la tercera ciudad más poblada de España ocupa la décima plaza en la lista de los alcaldes y alcaldesas mejor pagados, con unos emolumentos brutos anuales que alcanzan los 94.291 euros; los mejor pagados son José Luis Martínez-Almeida (Madrid), con 110.688 euros; Juan María Aburto (Bilbao), con 105.557 euros; y Jaume Collboni (Barcelona), con 104.000 euros.

Sin embargo, hay otros cargos públicos municipales que perciben altas retribuciones anuales al compaginar lo que perciben como alcaldes a lo que cobran como diputados provinciales. Los casos más destacados son los del alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano, que percibe un total de 134.617,16 euros brutos anuales como primer edil (64.800) y diputado provincial (69.817,16); el socialista Carlos Fernández Bielsa, que recibe 114.797,32 euros brutos anuales por su condición de alcalde de Mislata (36.500) y diputado provincial en Valencia (78.297,32 euros); el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que suma 110.466,94 euros entre su cargo en el Consistorio (25.575) y la institución provincial (84.891,91); y, tal vez el caso más llamativo, el del primer edil de Benijófar, Luis Rodríguez, que cobra un total de 109.411,16 euros al año entre su cargo en la Diputación de Alicante (69.817,16) y el de presidente de la corporación municipal de un municipio de apenas 3.700 habitantes (39.594). Todos ellos cobran más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene unos emolumentos brutos anuales de 107.037,54 euros.

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Retribuciones percibidas por los alcaldes de los municipios durante el año 2024. El tamaño del círculo indica la población

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Fuente: Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA)

También supera los 100.000 euros anuales la presidenta de la Diputación de Castellón y alcaldesa de Vall d'Alba, la popular Marta Barrachina, que percibe 106.366,15 euros brutos entre el Ayuntamiento (14.383) y la entidad provincial (91983,15).

Por encima de los 90.000 euros sumando emolumento en ayuntamientos y diputaciones se encuentran el alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch (99.909,84); el primer edil de Cullera, el también socialista Jordi Mayor (97.459,06); la popular María Tormo, munícipe de la localidad castellonense de Almassora (95.956,5); Andrés Martínez, regidor de Peñíscola (95.307,94); o Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco del PP (95.436,03).

También están el popular Juan Ramón Adsuara (Alfafar), con 93.031,7 euros; la alcaldesa popular de Carlet, Laura Sáez (92.706,99); o el popular Francisco Teruel, alcalde de Benimodo (90.074,55). El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda del PP, Vicente Mompó, por su parte, cobra 86.533,72 de la institución provincial y 500 euros del Ayuntamiento.

En cuanto a las retribuciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, todavía no están publicadas en el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana. La cantidad podría alcanzar los 91.398,27 euros anuales, teniendo en cuenta el salario, los complementos y la compensación por cambio de residencia, que es lo que cobraba Carlos Mazón.

Subidas de sueldo tras las elecciones

En la lista de los munícipes que más se han subido el sueldo en los últimos años se encuentran la alcaldesa de Torrent, que cobra 67.485 euros brutos anuales, mientras que su predecesora, María José Catalá, percibía 27.609 euros -hay que recordar que Catalá también cobraba como diputada autonómica-, o José Vegara, alcalde de Orihuela, que cobra 66.237 euros por los 23.657 que cobraba su antecesor, el también popular Emilio Bascuñana.

El alcalde de Alcoi, el socialista Toni Francés, cobra ahora 62.873 euros al año cuando hasta la pasada legislatura no tenía dedicación exclusiva y no cobraba como alcalde; y algo parecido sucede con el también socialista Fulgencio Cerdán, primer edil de Villena, que ha pasado de recibir 12.239 euros a tener dedicación exclusiva y ganar 62.825 euros; igual que Irene Navarro, que ha pasado de percibir 16.925 a 55.286 euros anuales.

En Manises, el socialista Javier Mansilla cobra 49.980 euros por los 14.538 que cobraba el valencianista Jesús Borràs; Cristina Mora, munícipe socialista de Quart de Poblet, tiene un salario de 64.391 euros por los 15.925 que cobraba la también socialista Carmen Martínez, que compaginaba la alcaldía con el cargo de diputada en las Corts Valencianes. Por último, Amparo Orts, alcaldesa socialista de Moncada, ha pasado de percibir 14.570 a 56.783 euros brutos anuales.

Ribera Salud continua la seua expansió en les zones turístiques valencianes després d’haver perdut el seu hospital privatitzat a la comarca de la Marina Alta el 2024 per la reversió iniciada pel Consell del Botànic el 2018. La companyia de capital francés i dirigida per Pablo Gallart, en el centre de la polèmica per la seua dubtosa gestió dels hospitals públics privatitzats a Madrid i la Comunitat Valenciana, serà la que compre la coneguda Clínica Benidorm per 120 milions d’euros. La firma de la família Paz està construint un altre hospital privat a la ciutat de Dénia, municipi estratègic per a Ribera Salud després de perdre la gestió de Marina Salud l’any passat.

David Gómez Gómez és el gerent de Clínica Benidorm, d’ací a poc del grup Ribera Salud, i germà de l’actual conseller de Sanitat, Marciano Gómez Gómez. El conseller va tancar amb Ribera Salud el mes de maig passat una pròrroga de cinc anys perquè mantinga la concessió de l’hospital privatitzat del Vinalopó (Elx-Crevillent). És l’única concessió que li queda a Ribera Salud del model Alzira que va patentar Eduardo Zaplana i Fernando de Rosa després de la reversió per part del Consell de Ximo Puig i Mónica Oltra dels hospitals d’Alzira i Torrevella i, ja en etapa del PP, dels de Dénia i Manises.

Una pròrroga molt beneficiosa: 11 milions de beneficis a Elx

La pròrroga tancada pel conseller Marciano Gómez permet a Ribera Salud continuar gestionant l’àrea d’Elx-Crevillent de l’1 de juny de 2025 i el 31 de maig de 2030, amb una població de 155.049 persones. Com ha contat elDiario.es, l’octubre del 2023 i tot just arribar el PP al Govern, Ribera Salud es va estalviar de tornar 34 milions d’euros en liquidacions a la Generalitat per un canvi en el càlcul de la capita. Aquesta àrea de salut privatitzada va permetre a Ribera Salud facturar a la Generalitat el 2024 191 milions d’euros i guanyar després d’impostos més d’11 milions. Pels cinc anys de pròrroga, l’empresa dels hospitals privatitzats podria guanyar més de 50 milions d’euros.

Clínica Benidorm té una rendibilitat del 0,84%

La negociació per a la compra de Clínica Benidorm per part de Ribera Salud es va produir en ple acord entre la Generalitat i l’empresa concessionària per a prorrogar cinc anys el contracte de gestió de l’àrea sanitària de l’Hospital del Vinalopó. Fonts del sector consideren que el preu de 120 milions d’euros que pagarà Ribera per l’hospital que gestiona el germà del conseller Marciano Gómez és molt generós. De fet, l’oferta de Ribera Salud es va imposar a la de Vithas en un procés de compra estructurat. Clínica Benidorm va facturar el 2023 quasi 50 milions d’euros i va obtindre uns beneficis nets d’1,3 milions, una rendibilitat del 0,84%. El seu ebitda a penes va arribar a 1,6 milions d’euros. En el grup Ribera Salud hi ha empreses que superen el 23% de rendibilitat.

Quan Ribera Salud va anunciar la compra de Clínica Benidorm, va destacar la complementarietat dels hospitals d’HCB amb la seua xarxa a la província d’Alacant, on el grup ja gestiona l’Hospital Universitari del Vinalopó i els seus centres d’atenció primària. A més, Ribera Salud va ser durant anys gestor dels departaments de salut públics d’Alzira, Dénia i Torrevella. La idea és continuar apostant pel client estranger que resideix a les comarques de la Marina Alta i la Marina Baixa.

Aquesta operació respon al pla estratègic de desenvolupament i creixement de Ribera Salud, per la qual cosa el grup sanitari i el seu accionista majoritari Vivalto continuen estudiant oportunitats d’expansió fins i tot fora d’Espanya.

Ribera Salud continúa su expansión en las zonas turísticas valencianas tras haber perdido su hospital privatizado en la comarca de la Marina Alta en 2024 por la reversión iniciada por el Consell del Botànic en 2018. La compañía de capital francés y dirigida por Pablo Gallart, en el centro de la polémica por su dudosa gestión de los hospitales públicos privatizados en Madrid y la Comunitat Valenciana, será la que compre la conocida Clínica Benidorm por 120 millones de euros. La firma de la familia Paz está construyendo otro hospital privado en la ciudad de Dénia, municipio estratégico para Ribera Salud tras perder la gestión de Marina Salud el año pasado.

David Gómez Gómez es el gerente de Clínica Benidorm, en breve del grupo Ribera Salud, y hermano del actual conseller de Sanidad, Marciano Gómez Gómez. El conseller cerró con Ribera Salud el pasado mes de mayo una prórroga de cinco años para que mantenga la concesión del hospital privatizado del Vinalopó (Elche-Crevillent). Es la única concesión que le queda a Ribera Salud del modelo Alzira que patentara Eduardo Zaplana y Fernando de Rosa tras la reversión por parte del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra de los hospitales de Alzira y Torrevieja y, ya en etapa del PP, de los de Dénia y Manises.

Una prórroga muy beneficiosa: 11 millones de beneficios en Elche

La prórroga cerrada por el conseller Marciano Gómez permite a Ribera Salud seguir gestionando el área de Elche-Crevillente del 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2030, con una población de 155.049 personas. Como ha venido contando elDiario.es, en octubre de 2023 y nada más llegar el PP al Gobierno, Ribera Salud se ahorró de devolver 34 millones de euros en liquidaciones a la Generalitat por un cambio en el cálculo de la cápita (la cuantía que les paga la Conselleria de Sanidad por cada paciente atendido). Esta área de salud privatizada permitió a Ribera Salud facturar a la Generalitat en 2024 191 millones de euros y ganar después de impuestos más de 11 millones. Por los cinco años de prórroga, la empresa de los hospitales privatizados podría ganar más de 50 millones de euros.

Clínica Benidorm tiene una rentabilidad del 0,84 %

La negociación para la compra de Clínica Benidorm por parte de Ribera Salud se produjo en pleno acuerdo entre la Generalitat y la empresa concesionaria para prorrogar cinco años el contrato de gestión del área sanitaria del hospital del Vinalopó. Fuentes del sector consideran que el precio de 120 millones de euros que pagará Ribera por el hospital que gestiona el hermano del conseller Marciano Gómez es muy generoso. De hecho, la oferta de Ribera Salud se impuso a la de Vithas en un proceso de compra estructurado. Clínica Benidorm facturó en 2023 casi 50 millones de euros y obtuvo unos beneficios netos de 1,3 millones, una rentabilidad del 0,84%. Su Ebitda a penas alcanzó los 1,6 millones de euros. En el grupo Ribera Salud hay empresas que superan el 23% de rentabilidad.

Cuando Ribera Salud anunció la compra de Clínica Benidorm destacó la complementariedad de los hospitales de HCB con su red en la provincia de Alicante, donde el grupo ya gestiona el Hospital Universitario del Vinalopó y sus centros de atención primaria. Además, Ribera Salud fue durante años gestor de los departamentos de salud públicos de Alzira, Dénia y Torrevieja. La idea es seguir apostando por el cliente extranjero que reside en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa.

Esta operación responde al plan estratégico de desarrollo y crecimiento de Ribera Salud, por lo que el grupo sanitario y su accionista mayoritario Vivalto siguen estudiando oportunidades de expansión incluso fuera de España.

La Agencia Valenciana Antifraude ha reprendido al Ayuntamiento de Benidorm tras detectar deficiencias significativas en el sistema de control y fiscalización de las horas extra abonadas a un agente de la Policía Local, marido de la concejal de Urbanismo y portavoz del PP, Lourdes Caselles. Aunque la investigación no ha hallado irregularidades que puedan derivar en responsabilidad administrativa, contable o penal, el organismo subraya que el procedimiento municipal para reconocer y abonar gratificaciones extraordinarias presenta fallos estructurales que deben ser corregidos.

La investigación de Antifraude se inició a raíz de una denuncia externa que alertaba de pagos presuntamente excesivos en horas extra entre 2019 y 2022. Durante ese periodo, el agente realizó 564 horas de servicio fuera de su jornada habitual, lo que supuso un incremento de más de 15.200 euros en sus ingresos. Estas gratificaciones fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, aunque el consistorio sostiene que Caselles se ausentó de las votaciones para evitar cualquier conflicto de intereses. Los técnicos de la Agencia revisaron las nóminas, los informes de fiscalización, la normativa interna aplicable y la documentación justificativa de cada servicio extraordinario, y aunque no apreciaron indicios de fraude, sí constataron la existencia de advertencias previas del personal de intervención sobre la manera en que se estaban gestionando estos pagos.

A la luz de estas conclusiones, Antifraude considera necesario reforzar el procedimiento municipal para impedir que vuelvan a producirse lagunas de control. La Agencia subraya que los expedientes deben incorporar valoraciones previas y expresas de Recursos Humanos sobre la legalidad, los criterios y los importes de cada gratificación extraordinaria. También recalca la necesidad de que cada servicio realizado fuera de la jornada se acompañe de un certificado individualizado con un desglose detallado que permita supervisar de manera adecuada las circunstancias concretas en que se prestaron esos servicios. Según Antifraude, esta documentación es esencial para garantizar un control eficaz y transparente del gasto público.

Otro “fraude potencial”

La denuncia también incluía sospechas sobre pagos a un proveedor vinculado al hermano del alcalde, Toni Pérez, por un total de 23.027 euros entre 2020 y 2023. En este caso, Antifraude concluye que no existen indicios de fraude ni corrupción, aunque sí detecta una situación de “fraude potencial” que no justifica la apertura de una fase de investigación específica ni el inicio de un expediente sancionador. La Agencia solicitó al consistorio la documentación justificativa de estos pagos, realizados por servicios de papelería y suministros informáticos destinados a bibliotecas y centros educativos, y tras su revisión descartó la existencia de irregularidades.

El organismo también ha aclarado que el expediente no ha caducado, pese al tiempo transcurrido desde que se presentó la denuncia en 2022, puesto que la fase de investigación formal se inició correctamente en mayo de 2025. Además, Antifraude rechaza que la denuncia fuera manifiestamente falsa, al no presentarse como evidente y notoriamente infundada desde el primer momento, por lo que descarta imponer sanción alguna al denunciante.

Con la investigación ya cerrada, Antifraude ha abierto una fase de seguimiento para comprobar que el Ayuntamiento de Benidorm aplica las recomendaciones formuladas y corrige las deficiencias detectadas en su sistema de gestión y control de horas extra. Aunque el expediente no ha revelado responsabilidades penales o contables, sí dibuja un escenario en el que el consistorio debe reforzar sus mecanismos internos para garantizar una mayor transparencia en las gratificaciones extraordinarias y evitar que se repitan situaciones que puedan comprometer la correcta fiscalización de los recursos públicos.

El Low Festival se traslada a Torrevieja para su edición de 2026. La confirmación de la nueva ubicación llega después de que la organización del festival comunicara que abandonaba Benidorm tras catorce años por “no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm para la renovación del mismo convenio de colaboración vigente”. Además de la localización, el Low Festival ha aprovechado para anunciar su cartel, que incluye a Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte y Natalia Lacunza para los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

“Durante las últimas semanas, la dirección del festival ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para renovar el acuerdo por cuatro años más”, explicó la organización en un comunicado, subrayando que “en dichas reuniones se confirmó verbalmente la continuidad del proyecto y su protección ante cualquier nueva adjudicación del recinto”. Sin embargo, según la organización, “finalmente no ha sido posible llegar a un entendimiento tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada, cuyas condiciones económicas resultaban inviables para el festival”.

Ante dicha situación, la organización del festival, que recalca que es “el más grande de la provincia” y que se encuentra “dentro de los 10 más importantes de España”, decidió transmitir un mensaje a sus seguidores: “Low Festival no se acaba aquí. Seguimos adelante, en una gran ciudad de verano y playa, con la misma energía, pasión y profesionalidad de siempre. Este proyecto nació del amor por la música y seguirá creciendo fiel a su esencia”. Esa ciudad es Torrevieja, que será la nueva sede para la próxima edición a la espera de conocer más detalles sobre este acuerdo.

Según desvelaba Producciones Baltimore, la empresa promotora del evento, a pesar de su deseo de seguir celebrando Low en la ciudad que les vio crecer, “las nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto hacían imposible asumir el proyecto” tal y como ha sido hasta la fecha. Se han referido a “costes inasumibles” y citaban “decisiones ajenas” a ellos que les han llevado a entender que, “por desgracia, no se quiere que el Low siga formando parte de Benidorm”.

Entre quienes se subirán al escenario de Torrevieja destaca el grupo británico de rock alternativo Editors, cabeza de cartel. Asimismo, también han sido anunciados Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B y Natalia Lacunza, que serán algunos de los artistas más demandados. El cartel lo completan Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, Joseluis, Perro y Repion, aunque habrá más confirmaciones en los próximos meses. Los abonos ya están a la venta.

Tras catorce años, 2025 habrá sido el último año del Low Festival en Benidorm, la ciudad de los rascacielos, según ha anunciado en su cuenta de Instagram y en su página web la organización de este festival veraniego que en pasadas ediciones trajo a artistas tan importantes como Chemical Brothers, Pixies, Suede, New Order, The Libertines, Foals, Massive Attack, Primal Scream, Vetusta Morla, Izal, Love of Lesbian o Pet Shop Boys.

Según desvela Producciones Baltimore, la empresa promotora del evento, a pesar de su deseo de seguir celebrando Low en la ciudad que les vio crecer, “las nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto hacían imposible asumir el proyecto” tal y como ha sido hasta la fecha. Se refiere a “costes inasumibles” y cita “decisiones ajenas a nosotros” que les han llevado a entender que, “por desgracia, no se quiere que el Low siga formando parte de Benidorm”. 

No obstante, aseguran que el Low Festival no se detiene: “Seguimos adelante, con más fuerza y con la misma ilusión de siempre” y explican que “muy pronto anunciaremos nuestro nuevo hogar, un espacio junto al mar que mantendrá la esencia mediterránea, donde volveremos a bailar, a emocionarnos y a vivir juntos los mejores días del verano”. Y anuncian a sus seguidores que la semana darán más detalles.

Devolución de abonos

También explican que están abiertos a la devolución de los abonos a aquellas y aquellos compradores que no puedas o no quieran acudir a la nueva ubicación: “Una vez anunciada la nueva ciudad y las primeras bandas, quienes ya tenéis vuestro abono de #Low2026 podréis elegir entre devolverlo o, como habéis hecho siempre, seguir apoyándonos y quedaros con vuestra entrada”. “Y a todos los que decidáis seguir formando parte de esta historia, os regalaremos 40€ para consumir en barras en esta edición y así poder brindar juntos por este nuevo comienzo, además de ofreceros a toda la 'familia lower' más acciones que os iremos contando para que sea el mejor Low Festival de nuestra vida”, agregan.

El festival cierra su comunicado con agradecimientos al escenario que a partir de 2026 deja atrás: “Queremos agradecer, de corazón, a Benidorm, a sus vecinos, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes que nos han acompañado y apoyado durante todos estos años”. “Gracias por tanto cariño, por tanta música y por hacerlo posible”, remachan y agregan en su agradecimiento a “todas las bandas, proveedores y colaboradores” por apoyarles “en esta nueva etapa para seguir juntos compartiendo el espíritu Low”.  

La secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes ha obert una investigació a l’Ajuntament de Benidorm per l’‘amnistia’ del consistori, governat actualment pel PP, a set empreses que es van sumar al denominat ‘premi hoteler’, una modificació del pla general d’ordenació urbana del 2001, en l’etapa de l’alcalde popular Vicente Pérez Devesa, que permetia a establiments de quatre i cinc estreles augmentar la seua edificabilitat fins a un 40% sense que computara com a increment a canvi de compensacions econòmiques al consistori. No obstant això, tal com va denunciar davant el Tribunal de Comptes Sergi Castillo, regidor del PSPV-PSOE, diversos dels hotels que es van acollir a la modificació van incomplir les compensacions, “cosa que ha provocat una falta d’ingressos o de cessions de sòl al municipi”.

A més, Castillo considerava que, “malgrat tindre coneixement d’aquests incompliments”, l’Ajuntament de Benidorm “no ha adoptat mesures efectives per a exigir les compensacions pendents i ha deixat prescriure aquests drets en perjudici de la Hisenda municipal”.

El consistori va sol·licitar l’arxivament de les actuacions i va negar la “inactivitat”. L’escrit, en tot cas, afirmava que “les hipotètiques responsabilitats comptables estarien prescrites”.

El ministeri fiscal, per part seua, va proposar el nomenament de delegat instructor perquè es practicaren diligències en concloure, al contrari que l’Ajuntament de Benidorm, que l’acció de responsabilitat comptable no hauria prescrit.

El Tribunal de Comptes, en una interlocutòria avançada pel diari Información i a què també ha tingut accés aquest diari, coincideix amb la postura del ministeri públic i conclou que “no es donen les condicions exigides” per a acordar l’arxivament de les actuacions.

Així doncs, l’organisme que fiscalitza els comptes públics acorda el nomenament d’un delegat instructor per a la investigació de les presumptes irregularitats i determinar si pot haver-hi responsabilitat comptable.

Això sí, adverteix la resolució, es tracta d’unes actuacions prèvies “únicament als efectes de procurar un esclariment més gran dels fets” i sense que suposen “en absolut prejutjar” la pretesa responsabilitat comptable per part de l’Ajuntament de Benidorm.

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Benidorm por la 'amnistía' del consistorio, gobernado actualmente por el PP, a siete empresas que se sumaron al denominado 'premio hotelero', una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2001, en la etapa del alcalde popular Vicente Pérez Devesa, que permitía a establecimientos de cuatro y cinco estrellas aumentar su edificabilidad hasta un 40% sin que computara como incremento a cambio de compensaciones económicas al consistorio. Sin embargo, tal como denunció ante el Tribunal de Cuentas Sergi Castillo, concejal del PSPV-PSOE, varios de los hoteles que se acogieron a la modificación incumplieron las compensaciones, “lo que ha resultado en una falta de ingresos o cesiones de suelo al municipio”.

Además, Castillo consideraba que “pese a tener conocimiento de estos incumplimientos”, el Ayuntamiento de Benidorm “no ha adoptado medidas efectivas para exigir las compensaciones pendientes, dejando prescribir tales derechos en perjuicio de la Hacienda municipal”.

El consistorio solicitó el archivo de las actuaciones y negó la “inactividad”. El escrito, en todo caso, afirmaba que “las hipotéticas responsabilidades contables estarían prescritas”.

El Ministerio Fiscal, por su parte, propuso el nombramiento de delegado instructor para que se practicaran diligencias al concluir, al contrario que el Ayuntamiento de Benidorm, que la acción de responsabilidad contable no habría prescrito.

El Tribunal de Cuentas, en un auto adelantado por el diario Información y al que también ha tenido acceso este diario, coincide con la postura del Ministerio Público y concluye que “no se dan las condiciones exigidas” para acordar el archivo de las actuaciones.

Así, el organismo que fiscaliza las cuentas públicas acuerda el nombramiento de un delegado instructor para la investigación de las presuntas irregularidades y determinar si puede haber responsabilidad contable.

Eso sí, advierte la resolución, se trata de unas actuaciones previas que “a los solos efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos” y sin que supongan “en absoluto prejuzgar” la supuesta responsabilidad contable por parte del Ayuntamiento de Benidorm.