El alcalde de Benidorm asegura que la indemnización urbanística de 350 millones no llevará a la ruina al Ayuntamiento

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, del PP, ha afirmado este miércoles que acatará la decisión de la Justicia sobre la indemnización de 350 millones de euros del ayuntamiento a los propietarios del suelo no urbanizado del parque natural de Serra Gelada y ha asegurado que esa multa no será ni la “ruina” ni provocará la intervención de la corporación por parte del Estado.

Las declaraciones de Pérez se producen un día después de que se conociera que el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo con el que el ayuntamiento de Benidorm quería evitar el pago de 350 millones de euros a los propietarios del suelo en el APR-7 de Serra Gelada, una cantidad que equivale a más del doble del presupuesto anual de la ciudad y que podría comprometer gravemente la estabilidad financiera del municipio.

De esta manera, el consistorio vuelve al punto de partida y, salvo que decida presentar en los próximos 30 días un recurso de casación al último fallo judicial del TSJCV, afronta una sentencia firme que le obliga a pagar una indemnización de más de 350 millones de euros a las empresas Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL, por unos terrenos situados en el Parque Natural de Serra Gelada, cuya edificabilidad fue anulada tras la declaración de protección ambiental.

Tras presentar las acciones del Patronato Costa Blanca en la inminente edición de la feria turística FITUR de Madrid en su calidad de presidente de la Diputación Provincial, Pérez ha señalado que los técnicos económicos y jurídicos municipales estudian en estos momentos cómo actuar y ha proseguido que en función de sus informes se tomará un camino u otro ante “un revés brutal que habrá que gestionar”.

“Vamos a hacer todo lo que podamos para atender ese compromiso y resolverlo de la mejor manera para las partes”, ha declarado antes de hacer hincapié en que se actuará “en la manera de lo posible sin tocar los tipos impositivos y creciendo en los servicios municipales”.

En todo caso, ha incidido en que el proceso judicial aún no ha terminado porque hay 30 días para estudiar un posible recurso de casación a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que invalidó el pleno municipal que pretendía anular los convenios urbanísticos que han dado pie a la millonaria indemnización.

Reclamación “imposible de atender”

Pérez ha recordado que este asunto data de hace dos décadas a raíz de un convenio de aprovechamientos urbanísticos que, con el paso de los años, se ha convertido en una reclamación dineraria “imposible de atender”.

Tras ponerlo en manos de los técnicos municipales en 2017, éstos indicaron que la reclamación de las empresas “no se correspondía con la naturaleza de los hechos”, lo que inició un largo litigio que ha concluido con la sentencia del TSJCV y la desestimación de amparo del TC.

Según el alcalde, “Benidorm tiene capacidad política” para “abordar una solución que no es menor” y ha lamentado que haya “agoreros de la quiebra y la ruina” que hablen “de lo que cada vecino debe” por esta indemnización ya que, ha recalcado, “es gente que no ha gestionado nunca nada”.

A este respecto, ha defendido su gestión una alcaldía a la que llegó, en 2015, con una deuda municipal de 95 millones que dejó “a cero en 2022” y, a continuación, ha comentado que este caso “habrá que gestionarlo con trabajo”.

El PSPV pide la dimisión del alcalde

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha exigido este miércoles la dimisión del alcalde, Toni Pérez , al que responsabiliza de la situación de “quiebra técnica” en la que, a su juicio, se encuentra el Ayuntamiento tras la sentencia. Desde el PSOE señalan al primer edil como el “principal artífice” de un escenario financiero que califican de “desastre”, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha recordado que el origen del conflicto se remonta a 2003, cuando Toni Pérez votó a favor de los convenios urbanísticos que reconocían derechos a los propietarios del suelo. Según ha señalado, mientras el PSOE se opuso desde el inicio a estos acuerdos por considerarlos perjudiciales para el interés general, el actual alcalde fue uno de sus defensores y posteriormente apoyó su renovación en 2010. Escoda ha criticado el cambio de postura del PP a partir de 2013 y la decisión de anular los convenios tras la llegada de Pérez a la Alcaldía en 2015, una estrategia que, según los socialistas, ha desembocado en la mayor condena económica impuesta a un ayuntamiento en España.

Desde el PSOE han alertado del impacto que la sentencia tendrá sobre la ciudadanía y han cifrado la deuda derivada del fallo judicial en unos 5.000 euros por habitante, a lo que se suman intereses de demora que, según sus cálculos, ascienden a 47.500 euros diarios mientras no se haga efectivo el pago. Escoda ha acusado al equipo de gobierno del PP de minimizar la gravedad de la situación y ha advertido de posibles recortes en servicios, paralización de inversiones estratégicas y subidas de impuestos para hacer frente al “agujero financiero” generado.

Ante este escenario, los socialistas reclaman un cambio de estrategia basado en el diálogo con la familia Puchades y en la negociación técnica para intentar minimizar el impacto económico. Además, han instado al alcalde a iniciar contactos con el Ministerio de Hacienda para valorar el acceso al Fondo de Ordenación como vía para evitar la parálisis del Ayuntamiento. Por último, el grupo municipal socialista ha vuelto a denunciar la falta de transparencia del gobierno local y ha reclamado que los informes jurídicos y económicos sean explicados por los técnicos municipales en las comisiones informativas, y no únicamente en la Junta de Portavoces.