En la separación del poder político de la propiedad está la clave de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas de organización del poder político conocidas en la historia de la humanidad.

Antes del Estado Constitucional, el poder político había sido un correlato de la propiedad de la tierra. No era un poder “representativo”, sino un poder ejercido directamente por quienes disponían de la propiedad agraria.

Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII se empezarían a crear las condiciones materiales que harían posible que se pusiera fin a dicha conexión. Sería un proceso lento y rápido al mismo tiempo. Durante todo el siglo XIX y todavía en los primeros decenios del siglo XX, la propiedad de la tierra fue una pieza esencial en la organización del Estado Constitucional. Pero la afirmación del Estado como un poder representativo, que exige que los gobernantes sean elegidos por los gobernados, se convertirá en la única forma legítima para el ejercicio del poder, con fórmulas censitarias inicialmente y que acabarían dejando paso al sufragio universal en el siglo XX. Fue un proceso lento, contemplado desde la perspectiva de la aceleración del tiempo histórico actual, pero muy rápido si lo analizamos con la referencia del tiempo preestatal.

El poder no puede ser de nadie. En consecuencia, tiene que ser de todos. Entre ese nadie y ese todos, entre la “soberanía de origen divino” y la “soberanía popular”, está la historia del proceso de transición del Estado Constitucional, fuertemente oligárquico a lo largo de todo el siglo XIX que dio paso al Estado Democrático a partir del final de la Primera Guerra Mundial, pero que solamente se estabiliza como tal después de la Segunda. Y no de forma universalizada, sino de manera minoritaria. Estados Unidos, Canadá y algunos países iberoamericanos, los países del occidente europeo, con excepciones como Grecia, Portugal y España, Australia y Nueva Zelanda y poco más. En todo caso, el principio de legitimidad democrática se acabaría convirtiendo en la única forma aceptable de organización del poder.

La tensión entre la democracia como forma política y el capital como principio de constitución económica es consustancial al Estado Constitucional. Hasta el momento, no hemos encontrado una fórmula de gobierno que pueda prescindir de la misma. Permanentemente, estamos oscilando entre periodos en que la democracia se fortalece o se debilita frente a la pretensión del capital de sustraerse a los límites que el poder democráticamente constituido trata de imponer. Estamos viviendo en una fase particularmente crítica de esta tensión, que se inclina a favor del principio de constitución económica en detrimento del principio democrático.

La corrupción es la hipoteca de la democracia. Es la subordinación de manera más o menos soterrada, pero siempre espuria, del poder político a la propiedad privada. Ataca al Estado democrático en lo que es su núcleo esencial, en el secreto de su superioridad como forma política. La recesión democrática viene siempre precedida por un aumento de la corrupción, que conlleva una crisis de la legitimidad democrática.

De ahí la necesidad de estar siempre alerta a las prácticas corruptas. Pero también la necesidad de diferenciar entre dichas prácticas y no confundir episodios de corrupción con el ejercicio corrupto del poder. No todas las prácticas corruptas son iguales. La equiparación de todas ellas, “todos los políticos son iguales”, es una forma de dar por perdida la lucha contra la corrupción.

En España lo estamos viviendo en estos días de una manera paradigmática. En el Tribunal Supremo se está juzgando un “episodio” de corrupción con el caso Mascarillas. Y en la Audiencia Nacional se está juzgando un “ejercicio corrupto del poder” con el caso Kitchen.

Son dos casos de corrupción completamente distintos y, sin embargo, el mensaje que se está transmitiendo a la opinión pública es equidistante, como si fueran equivalentes. La información paralela sobre ambos con la que abren los medios de comunicación, en lugar de ilustrar sobre la especificidad de la naturaleza corrupta de cada uno de ellos, conduce a la confusión nocturna de que todos los gatos son pardos.

El caso Mascarillas es un episodio de corrupción. Repulsivo como todos, pero un episodio. Se presentó inicialmente como un caso de corrupción económica de una envergadura extraordinaria y ha sido instruido y enjuiciado como un caso de conducta desordenada por parte de un exministro y su colaborador en el Ministerio, en el que el sexo ocupa un lugar mucho más destacado que la repercusión económica. En el caso Mascarillas, las mascarillas han brillado por su ausencia. No ha sido el indicador de una forma de ejercer el poder, sino de un ejercicio puntual desviado del poder, del que no hay réplicas en los demás ministerios, no hay financiación irregular del PSOE y los protagonistas han sido expulsados del partido.

Queda por ver qué dice la sentencia. Pero, por la forma tan extraña en que se ha procedido tanto en la instrucción como en el juicio oral, va camino de convertirse en un “parto de los montes”.

El caso Kitchen es completamente distinto. Se trata de un caso en el que se hace uso del Ministerio del Interior, que es la pieza maestra del “monopolio de la coacción física legítima” en que el Estado consiste (Max Weber), para sustraer al conocimiento del poder judicial la documentación del tesorero del PP sobre la financiación irregular de este partido.

El caso Kitchen es una secuela del caso Gürtel, en el que se acreditó judicialmente en la Audiencia Nacional, y se confirmó después en el Tribunal Supremo, que el PP se había financiado irregularmente. En la sentencia de la Audiencia Nacional estuvo el origen de la moción de censura que acabó con la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y su sustitución por Pedro Sánchez.

Aunque la sentencia del caso Gürtel fue de 2018, no se conocía en ese momento la operación Kitchen. El PP fue condenado por haberse beneficiado a título lucrativo con Gürtel, pero no se sabía que había hecho uso de una manera torticera del Ministerio de Interior para sustraer información incriminatoria al órgano judicial que estaba encargado de la investigación para el presidente, vicepresidente y secretaria general del partido.

Como no es infrecuente que ocurra en estos casos, la reacción para tapar un escándalose convierte en un escándalo todavía mayor. El caso Watergate es el ejemplo al que siempre se recurre. Es lo que está ocurriendo en nuestro país. El caso Kitchen va mucho más allá del caso Gürtel.

Para impedir que la información incriminatoria acumulada por el tesorero del partido contra el presidente Mariano Rajoy, el vicepresidente Javier Arenas y la secretaria general Dolores de Cospedal, acabara en manos del juez instructor, se organizó una nueva operación, con la finalidad de sustraer dicha información. Para ello se utilizaron 70 policías, ocho comisarios, el que había sido chofer de Luis Bárcenas y un falso cura que asaltó el domicilio del tesorero. Se les retribuyó con fondos reservados y se le prometió al chofer un puesto como policía nacional.

La dimensión de la operación Kitchen desbordaba con mucho a la operación Gürtel. Ya no se trataba de que el PP fuera “partícipe a título lucrativo” de determinados movimientos dinerarios, sino de generar una “policía a-judicial”, que actuara sin conocimiento del juez instructor y que impidiera la operatividad constitucional de la administración de justicia, con la finalidad de proteger a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Dolores Cospedal, además de al propio partido.

Una vez conocida la operación Kitchen y residenciada judicialmente, el ejercicio fraudulento y corrupto del poder ha tenido que extenderse a la propia instrucción del caso. El juez García Castellón circunscribió la operación al Ministerio de Interior, excluyendo la investigación de los tres dirigentes del partido, que eran los únicos que figuraban en la documentación incriminatoria de Luis Bárcenas. Como subrayó uno de los fiscales, no se podía entender que el juez instructor estableciera una “línea roja” que impedía la investigación en sede judicial del partido y de los dirigentes que eran los beneficiarios directos de la operación.

A pesar de los indicios abrumadores contra ellos, quedaron fuera del auto de apertura del juicio oral. Pero como los indicios no han desaparecido, al fraude en la instrucción se ha añadido un fraude en el juicio oral, en el que, de manera insólita, la presidenta del Tribunal está limitando el ejercicio del derecho a la acusación, además de “orientar” a los testigos sobre la respuesta que deben dar a las preguntas que se les formulan.

El caso Kitchen no es un episodio de corrupción, sino un ejercicio continuado del poder de forma corrupta, que salta del espacio político-administrativo al espacio judicial y destroza las garantías constitucionales del proceso penal.

De ahí que la equidistancia entre el caso Mascarillas y el caso Kitchen resulte insoportable. No todas las corrupciones son iguales.  

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

“Su objetivo fundamental es que Chamartín no se pare. Que Chamartín siga avanzando”. Con esa aseveración concluía la nota de prensa que presentaba a Yolanda Estrada como nueva concejala presidenta del distrito del norte de Madrid en 2023. Menos de tres años después hay cosas que se han detenido, como los conciertos y las obras de los parkings del Santiago Bernabéu que los vecinos llevaron a la Justicia. Como un programa de refuerzo educativo promovido desde la Junta para el alumnado con necesidades especiales. Y como, según cuentan testimonios de personas que han estado vinculadas al organismo municipal, se está ralentizando la actividad ordinaria de la entidad debido a un ambiente “hostil” que ha desembocado en una denuncia por acoso laboral contra Estrada y otros dos altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio y degradante” en la Junta de Chamartín. La edil ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en las instancias municipales habilitadas para este tipo de cuestiones.

En cualquier caso, no es esta la primera polémica de Estrada (Hannover, Alemania, 1974) desde su llegada a Chamartín, todo un caladero de votos para el Partido Popular por el carácter conservador y acomodado de su población (con excepciones en zonas como el barrio de Prosperidad): la formación aglutinó el 61% de los sufragios en las últimas elecciones municipales. En los más recientes comicios celebrados hasta la fecha en la capital, las europeas de junio de 2024, los populares superaron el 69% y el 66% de los votos en las dos secciones censales correspondientes a las viviendas más afectadas por las molestias sonoras del Bernabéu. Pero las acusaciones de acoso laboral sí suponen la controversia que le afecta de manera más directa, al menos en la más reciente etapa de una trayectoria política originada en un entorno tan agitado como el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en pleno estallido de la trama Gürtel.

De dimitir por su imputación en la Gürtel a ser repescada por Ayuso

Estrada pasó de la noche a la mañana de funcionaria interina en el Área de Urbanismo del municipio madrileño, puesto al que llegó en 2001, a concejala de Obras y Servicios entre 2003 y 2008. Eran los años de la burbuja inmobiliaria en una localidad de la periferia madrileña, por lo que las oportunidades de negocio parecían infinitas. También para los consistorios. Estrada ascendía mientras lo hacía la economía, hasta que todo colapsó a finales de 2007 y comienzos de 2008. Ese año se convirtió en teniente de alcalde.

Dicho regidor era Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel. Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades en las adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama.

Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen nueve años desde 2010, cuando dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento de Pozuelo y el PP la expulsó del grupo municipal al ser imputada por el Juzgado Número 3 de Pozuelo debido a los incrementos del presupuesto para construir un parque. Finalmente, la causa acabó sobreseída.

En 2019, fue repescada por un Partido Popular de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura. La por entonces candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la incorporó a sus listas para unas elecciones autonómicas en las que los populares consiguieron formar gobierno con la colaboración de Ciudadanos y Vox. Además de diputada autonómica, ejerció de coordinadora territorial del grupo parlamentario del PP en la Asamblea y estuvo al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda que también está protagonizando una agitada legislatura con los vecinos y su propio personal), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

Estrada, señalada por los vecinos del Bernabéu

En los comicios de mayo de 2023, Estrada pasó de las listas de Ayuso a las de Almeida, donde ocupó el puesto 21 (el PP consiguió 29 ediles). Su gestión en la Junta Municipal de Chamartín, a cuya presidencia le destinó el alcalde, ha estado marcada por los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos frenaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías. Un suflé que en las últimas semanas parece haberse rebajado, después de marcar toda la legislatura de Almeida, ya que el Consistorio no ha recurrido las más recientes decisiones de los tribunales (sí el Real Madrid) y se abre a dejar el proyecto de dos aparcamientos en uno solo.

Los residentes también se han movilizado contra el proyecto del Ministerio de Defensa, en un principio apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, para edificar una torre de 18 plantas y 60 metros de altura junto a la colonia El Viso (otro entorno con una elevada renta media). Finalmente, el área de Urbanismo trasladó a este diario que no se aprobará la construcción, después de numerosas alegaciones que aludían a la protección del terreno o molestias por tráfico y contaminación.

Estrada también se ha inmiscuido en controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Aunque sin duda la más comentada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Así lo expone en declaraciones a este periódico la edil de Más Madrid Mar Barberán: “El hecho de que haya distintos testimonios acusando a la concejala de vivir un ambiente asfixiante, hostil, nocivo y vejatorio es reflejo de lo que vivimos y soportamos en cada pleno de distrito. Parapetándose en su presidencia dirige la junta y los plenos como si Chamartín fuera su cortijo, insultándonos y descalificándonos constantemente. Las concejalas de la oposición y los vocales vecinos sufrimos faltas de respeto continuas, sus malos modos, su agresividad y sus provocaciones, como si de un hooligan se tratara”.

El clima de Chamartín según la denuncia: “Ansiedad, crisis nerviosas y llantos”

“Si todo esto lo hace en un espacio público como el pleno —donde hay cámaras y actas—, nos podemos imaginar cómo amedrenta y hostiga a las personas que trabajan para ella y de puertas para adentro”, teme Barberán. La documentación a la que ha accedido Somos Madrid acredita que la denuncia por acoso laboral a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, tras la “inacción” de la entidad de control laboral.

Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”. 20 páginas que desarrollan un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” tras la llegada de Estrada a la Junta de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se han generado “consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. También han proliferado las bajas laborales, cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según un denunciante que obra “con reserva de identidad” por “temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”, escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en 2024. El documento atribuye a Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas en reuniones o en presencia de otros empleados”. La lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar estas situaciones. La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras “se encontraba en enfermedad oncológica”.

“En realidad, el comportamiento de Yolanda Estrada representa muy bien lo que es el Gobierno de Almeida”, lamenta Barberán. “No podemos normalizar el insulto, el amedrentamiento o la vejación a representantes políticos ni a funcionarias. Deberíamos poder ejercer nuestro trabajo como servidores públicos mediante la escucha, no con gritos y humillaciones, generando confianza, no imponiendo e intimidando. Desde Más Madrid apoyamos a las funcionarias y funcionarios que levantan este Ayuntamiento cada día y exigimos a Almeida que puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado. Por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo posible”, remata.

Más puestos sin cubrir y un programa educativo no renovado

En paralelo, las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026 (un 30% más), según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado este jueves ante el tribunal del caso Kitchen que la cúpula de la Policía con el Partido Popular “desmanteló” paulatinamente su grupo de investigadores de la caja B de la formación política. En 2013, cuando comenzó esa investigación, eran 11 policías y hasta 2014 salieron más de ocho de ellos. 

“Fue una estrategia buscada”, ha añadido. Morocho ha dicho que se les ofrecían puestos de trabajo mejor remunerados. Llegaron otros policías, en menor número que las salidas (“Quno o dos”), pero sin experiencia, ha afirmado el inspector jefe. 

Morocho ha revelado otro dato desconocido. Cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en plena investigación de la caja B –para sobrecargarle de trabajo, según él– el director adjunto operativo Eugenio Pino le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU. 

Un subordinado de Eugenio Pino le advirtió de que no podría acudir a los juicios de corrupción del PP a ratificar sus informes si aceptaba el destino. “¿Pero usted sabe quién soy yo?”, ha contado Morocho que le replicó, en referencia a que su labor de instructor de los casos Gürtel y caja B, entonces sin juzgar. Morocho ha explicado que hubo informes de análisis de comisiones rogatorias de Caja B, satisfechas desde países en el extranjero, “se quedaron sin hacer”.

Esta segunda jornada de declaración de Morocho ha sido el turno para las preguntas de las defensas. Los abogados han querido desacreditar las acusaciones de sabotaje del policía. El abogado del ministro del Interior ha sacado a coalición la concesión de una medalla blanca al mérito en la época. Se trata de una mención honorífica sin asignación económica. 

Los abogados han intentado poner en cuestión la eficacia investigadora de Morocho por no registrar el domicilio de Bárcenas o intervenir los teléfonos de él y su mujer, Rosalía Iglesias. Con esta estrategia, las defensas tratan de justificar la necesidad de la operación Kitchen de espionaje a ambos por parte de los acusados en el sentido de que buscaba policialmente lo que dejó de hacer Morocho.

“No había elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales. Había que volcarse en el análisis de la información de Suiza y ampliar la Argentina, Estados Unidos y Uruguay”, ha respondido el investigador. 

El abogado de Eugenio Pino ha preguntado a Morocho por qué no activó el protocolo antiacoso de la Policía. El inspector jefe ha respondido que no recuerda si entonces ese protocolo insistía pero que, en cualquier caso, él tenía “un objetivo prioritario que era el avance de la investigación”. “Nadie me iba a desvirtuar de ese camino (…) lo asumí [el acoso de los mandos] como una carga más”, ha añadido. 

Morocho ha insistido en que fue informando de todo al juez Pablo Ruz y que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación que estaba viviendo. 

Sospecha de espionaje de sus compañeros

El inspector jefe ha asegurado durante su declaración que sospechaba que su despacho y el vehículo policial tenían micrófonos ocultos. “Se investigó también mi conducta personal”, ha afirmado. La sospechas de espionaje eran compartidas por el juez Pablo Ruz quien, según Morocho, evitaba el ordenador de su despacho para trabajar en un portátil. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, ha añadido el policía.

El abogado de José Luis Olivera le ha preguntado en qué se basa para pensar que había micrófonos en su despacho. “Un día encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha respondido.

Dentro de las presiones que recibía, Morocho ha explicado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, 'Fiti', le advirtio de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía” su nombre. El inspector jefe Morocho, investigador de los casos de caja B y Gürtel, está destinado en una comisaría de distrito en Madrid en la actualidad.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

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“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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Mariano Rajoy declara hoy en el juicio del caso Kitchen. Hace unos días declaró Luis Bárcenas y habló del ex presidente del Gobierno: aseguró que en sus papeles M.R. era Mariano Rajoy. Esos papeles, los papeles de Bárcenas, ya han sido juzgados. Están probados y sentenciados. Ahora se juzga la destrucción de pruebas, el uso de fondos públicos desde las cloacas para que no se descubriera que el PP tenía esa caja B. Y en el juicio, Bárcenas ha declarado como testigo, como víctima… Y, desde ese rol, le escuchamos señalar más directamente que nunca… a Mariano Rajoy.

¿Pero importa algo lo que digan testigos como Bárcenas, Rajoy o Cospedal en un juicio al que llegan como testigos? ¿Puede sobresalir algún testimonio o alguna prueba diferente que cambie todo lo que no se hizo en la instrucción del caso? ¿Qué dirá el ex presidente del Gobierno en torno a su participación en la destrucción de pruebas que supuestamente probaban la existencia de una caja B en el PP? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, cree que “hoy por hoy Vox va a ganar al PP en Castilla-La Mancha”, y se ha mostrado convencido de que Emiliano García-Page ganará las próximas elecciones autonómicas con mejor resultado que en 2023.

En una entrevista, Bellido ha augurado un sorpaso de Vox al PP en los próximos comicios autonómicos, que atribuye a una ausencia de liderazgo entre los populares de Castilla-La Mancha, y ve posible que el PP se convierta en la tercera fuerza política en varias provincias de la región.

Ha argumentado que el Partido Popular “encoge a Vox” allí donde tiene “liderazgo”, y ha puesto como ejemplo regiones como Extremadura, Madrid o Andalucía, mientras que “donde no tienen líderes Vox adelanta al PP, y el caso más paradigmático es Castilla-La Mancha”, aunque no descarta que suceda también en Cataluña.

Bellido ha matizado que, salvo que la “despreciable posición de Vox apoyando a Trump y a Netanyahu” en la guerra de Irán le pase factura, el partido de Santiago Abascal puede superar al PP, y ha aseverado: “Creo que no hay prácticamente nadie con menos de 50 años que vote al PP en Castilla-La Mancha”.

Por el contrario, cree que el PSOE “tiene holgura” para revalidar su victoria en la región y, aunque ha recordado que “no se puede confiar”, sí que ha mostrado su confianza en el “nivel de prestigio y de conexión con la ciudadanía” de Emiliano García-Page, que consigue el voto de “personas conservadoras y de otras posiciones políticas”.

“No puedo comprender cómo no se está juzgando a Cospedal”

Preguntado por las causas judiciales contra el exministro Ábalos o el caso Kitchen, Bellido ha afirmado: “No puedo comprender todavía cómo no se está juzgando a Cospedal”, mientras que sobre el juicio de las mascarillas ha sentenciado que quienes se han enriquecido en medio de la pandemia “tienen que pagarlo caro”.

El presidente de las Cortes regionales ha apuntado que “no hay un caso de corrupción comparable a la Kitchen en la historia de la democracia española”, y ha recordado episodios como el asalto a casa del extesorero del PP Luis Bárcenas para destruir pruebas.

“Ese es el legado de Cospedal”, ha lamentado Bellido, que ha recordado a quienes “no han sido capaces de poner tierra de por medio que deberían hacerlo”, porque se trata de “un bochorno y un escándalo colosal” con la “creación de una policía de partido pagada por el Gobierno para tapar el mayor caso de corrupción de la historia democrática, que era la Gürtel”.

Asimismo, ha calificado de “vergüenza absoluta” lo que ha sucedido con el caso Koldo, tanto el uso de dinero público para la “mercantilización y cosificación de las mujeres” como para haberse “forrado” durante la pandemia, aunque también ha apuntado que “parece que ha habido otros actores políticos próximos a dirigentes de comunidades autónomas que lo han hecho”.

Para Bellido “no hay excusas”, y hay que hacer pagar “carísima” a los corruptos, además de sus delitos, “la factura de desprestigio a la democracia”.

Él no sabía nada, oiga. M. Rajoy era sordo, ciego y mudo. Y lo mismo María Dolores de Cospedal. Ninguno se sentará en el banquillo de los acusados, donde ya están desde este lunes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero dos, Francisco Martínez, quien se conjuró para no comerse el marrón solo porque él no era más que un “pringao”. Se juzga, ya saben, la operación Kitchen, uno de los capítulos más turbios de esta democracia nuestra que, para la derecha, hoy está en peligro de extinción y entonces era todo un ejemplo. 

¿Recuerdan? Un Gobierno (del PP) que dispuso de las estructuras del Estado para ocultar su corrupción sistémica. Espiaron, robaron, destruyeron discos duros de los ordenadores, contrataron a un falso cura para asaltar una vivienda, usaron los fondos reservados y pusieron a su servicio a una red de policías corruptos para evitar que su ex tesorero, Luis Bárcenas, difundiera todo lo que sabía sobre la caja B de su propio partido. 

Han pasado 13 años desde entonces y los de Feijóo dicen que todo aquello les es ajeno, que lo que hoy importa es la mugre de Sánchez y que donde la ciudadanía tiene que fijar la mirada es en Ábalos, Koldo y por extensión en todo el Gobierno actual. Cada cual que apunte dónde le plazca porque ambos juicios arrancan esta semana. Algo que los jueces llaman casualidad y los descreídos, causalidad. Vamos, que los tiempos de la justicia son los de la política cuando conviene porque no hay quién entienda que haya pasado más una década desde que aquel Ministerio del Interior dirigido por el beato Fernández Díaz tejiera una fétida red de corrupción política para sepultar todo lo relacionado con los ingresos opacos y las donaciones que recibía el PP de las constructoras y al exministro de Fomento socialista y su asesor se les vaya a juzgar por un supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia en poco más de un año.

Preocupan los plazos y preocupa la dimensión de los casos, siendo ambos absolutamente condenables porque no hay mayor indignidad que llenarse los bolsillos con la adjudicación del material sanitario que los españoles necesitaban para sobrevivir a una pandemia durante la cual los muertos se contaron por decenas de miles. Ábalos, además de ministro de Fomento, fue secretario de Organización del PSOE y hombre de absoluta confianza de Sánchez y de ahí que el PP sostenga ahora que el presidente es responsable de lo ocurrido y que tiene que dimitir por ello. 

De tapabocas, mordidas y amaño de adjudicaciones el PP también sabe algo porque ya suma un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, donde se investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores entre 2016 y 2021. Todos ellos tendrán que declarar entre el 28 de mayo y el 26 de junio, después de las elecciones andaluzas para que el juicio no interfiera en los comicios a los que el popular Juanma Moreno se presenta a la reelección sin que nadie, por cierto, le haya hecho responsable ni pedido su dimisión por la corrupción de sus subordinados en Almería. Si Sánchez sabía, ocultó y se tiene que marchar, del presidente de la Junta debería decirse la misma boutade. No hay línea de puntos que pueda unir ni empate posible entre estos dos asuntos con lo de poner al servicio de un partido a la Policía para tapar un caso de financiación ilegal de dimensiones colosales como fue el caso Gürtel, que fue el motivo por el que se creó la Kitchen. La red de corrupción que anidó en el PP acumula ya más de 100 sentenciados a penas de cárcel, muchos de ellos antiguos dirigentes del partido.

Pero Rajoy no sabía nada de todo ello. En diciembre de 2021, declaró en sede parlamentaria no haber tenido conocimiento alguno de la operación diseñada para robar la documentación comprometedora del partido con la que Bárcenas pretendía hacer pública la corrupción. También negó conocer la existencia de una caja B en el PP o conocer al ex comisario Villarejo mientras dijo tener una “magnífica opinión” de Fernández Díaz. De María Dolores de Cospedal, entonces, no dijo nada, pero La Audiencia Nacional tuvo en su poder un informe de la Policía que incluía las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con la ex secretaria general del PP en las que quedaba de manifiesto su implicación en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Documentación que fue ignorada por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña que instruyeron la macrocausa contra Villarejo.

Cospedal estuvo brevemente imputada, pero logró eludir el banquillo gracias a que García Castellón archivó la causa contra ella en 2021, en contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, lo que supuso frenar también los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a ser investigado. Un año después, El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, pero el mismo juez se negó a reabrir el caso.

Cuesta creer que una operación para ocultar la corrupción del PP, urdida por un ministro del PP y en la que se manejaron pruebas de la participación de una ex secretaria general del PP no la conociera el presidente del PP. Pero, oiga M. Rajoy era el presidente que nunca sabía nada. Y su vicepresidenta que a la vez era responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco se enteraba de nada. 

Mucho se habla de la trama policial y judicial que tanto ha hecho para tapar la corrupción del PP, pero de la mediática, que sin duda existió y manejaba SSS, no se dice nada. Por algo será.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha decidido este viernes conceder la libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

En el auto, el magistrado valora el “escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y valora “positivamente la antigüedad de los hechos delectivos”. El que máximo colaborador de Francisco Correa ingresó en prisión preventiva en 2009, donde pasó tres años, hasta su salida bajo fianza en 2012. Posteriormente, en febrero de 2017, Crespo volvió a la cárcel, y se mantuvo hasta 2023. En los últimos tres años ha disfrutado de un régimen de semilibertad, con pulsera de control telemático. Con este cómputo total, Crespo ha cumplido más de dos terceras partes de su condena (nueve años en prisión más tres en tercer grado), cuyo límite de cumpliento era 18 años.

El juez Castro ha destacado en el escrito, según publica el citado medio, la “conducta normalizada” de Crespo durante “durante la condena” y el “buen uso del régimen abierto”, así como el “apoyo familiar vinculante y positivo” con el que cuenta el lugarteniente de Correa, lo que facilitaría su reinserción.

El que fuera ex secretario de Organización del PP gallego se reconoció en el banquillo de la Audiencia Nacional como “el máximo responsable, junto a Correa” de delitos que iban desde mordidas por obra pública a fraude fiscal. En un escrito de confesión previo al último juicio a la trama corrupta —el pasado mes de octubre—, al que tuvo acceso elDiario.es, Crespo incluyó “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

El mantenimiento del polideportivo municipal Daoiz y Velarde, que cerró en noviembre por averías y ha desencadenado protestas vecinales por un servicio intermitente, corre a cargo de una empresa propiedad de un grupo vinculado a la trama Gürtel. Genera Quatro SL pertenece al holding Nealis, el antiguo Grupo Gimeno y dirigido por Enrique Gimeno, uno de los empresarios que confesó a la Audiencia Nacional haber efectuado pagos ilegales o facturas falsas para financiar al PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en octubre de 2024 a esta compañía la supervisión técnica del polideportivo, así como el resto de equipamientos públicos del distrito madrileño de Retiro. La Junta Municipal ya entonces la presidía Andrea Levy, hoy concejala-presidenta.

Esta empresa es, desde 2018, propiedad del grupo Gimeno. Ese mismo año, su presidente Enrique Gimeno confesó ante la Fiscalía y luego en el juicio que financió con dinero negro al Partido Popular para las elecciones autonómicas de 2007 y las generales del año siguiente. En total, regó al partido con 405.668 euros, de los cuales una parte fue a parar a la campaña de Francisco Camps, que finalmente ganó aquellos comicios en la Comunidad Valenciana. El empresario acabó condenado a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental, aunque esquivó la prisión pagando una multa de 154.500 euros.

Gimeno dirige Facsa (Fomento Agrícola Castellonense), una empresa de Castellón que dio origen al Grupo Gimeno y se hizo con el servicio municipal de agua de Sant Antoni, un barrio de Valencia. Obtuvo la puntuación más alta en un concurso público de los populares. El negocio de Enrique Gimeno siguió ganando concursos relacionados, principalmente, con la gestión del agua para administraciones públicas. Sin ir más lejos, mientras Gimeno declaraba sus pagos en B en la Audiencia Nacional, una de sus compañías conseguía 21 millones de euros –ampliables a 42 millones si se prorrogaba el contrato– dentro de una UTE (unión temporal de empresas) para evaluar el agua de las confederaciones hidrográficas del Júcar, el Miño y el Duero.

Un 'rebranding' muy reciente para desligarse del apellido Gimeno

Los convenios corrían a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, justo en el año en el que dejó de estar en Agricultura y Pesca con el PP para renombrarse como Ministerio de Transición Ecológica, después de la primera victoria de Pedro Sánchez. Tras más de cien años en activo, el pasado septiembre el Grupo Gimeno se sometió a un rebranding y pasó a llamarse Nealis, desligándose nominativamente del polémico apellido de su presidente. La condena de Enrique Gimeno pesaba sobre su persona, y no recaía en las compañías desde las que efectuó los pagos ilegales o las facturas falsas, que pudieron seguir funcionando.

Genera Quatro SL, que opera comercialmente como Genera Facility Services, ganó en octubre de 2024 un contrato con el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal de Retiro para el servicio de mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al distrito; es decir, la revisión de instalaciones eléctricas, ascensores, calderas o la seguridad en centros culturales, centros de mayores, colegios públicos, escuelas infantiles o espacios deportivos de la zona, como el Daoiz y Velarde o el CDM Estanque del Retiro.

Fue un procedimiento abierto. A la licitación se presentaron siete ofertas desde distintas empresas: CPI Integrated Services S.A., Acierta Asistencia S.A., Centralia Servicios Integrales S.R.L., OHL Servicios-Ingesan S.A., Serveo Servicios y Genera Quatro, la adjudicataria final. El valor estimado del contrato, según figura en el Portal de Contratación del Estado, es de 2.319.117 millones de euros; lo que queda en un presupuesto base (restando impuestos) de 1.054.144 millones. La vigencia del acuerdo es de dos años, aunque puede prorrogarse a cuatro e incrementar la cuantía.

El contratista, por su parte, se hizo con 813.710 euros después de superar al resto de competidores. Sin embargo, desde Más Madrid denuncian que a Genera Quatro SL, además de estar salpicada por la trama Gürtel –donde el empresario Francisco Correa lideró una red corrupta vinculada a dirigentes del PP para obtener contratos públicos a cambio de comisiones o favores– se le detectó una baja temeraria durante el proceso de adjudicación. Esta figura evalúa el riesgo de que una oferta presentada a concurso público sea inviable, de cara a proteger los intereses de la administración.

La compañía integrada en el antiguo Grupo Gimeno y otra de las candidatas, CPI Integrated Services, recibieron un requerimiento con estas dudas. Lo justificaron y ambas fueron admitidas con el visto bueno de la Junta Municipal del Distrito, que dirige Andrea Levy. El partido de la oposición destaca que existen, además, al menos tres sanciones al contratista por “ejecución defectuosa”. A mediados de noviembre, el Ayuntamiento sancionó a la adjudicataria con 813 euros no cumplir con los criterios de adjudicación, 8.137 por ejecución defectuosa y otra suma más cuantiosa, de 24.411 euros, por causas que no se especifican.

El caos en las instalaciones del Daoiz y Velarde, cerrado por averías

“Es completamente inaceptable que el Ayuntamiento de Almeida adjudique contratos de mantenimiento de edificios públicos a empresas cercanas al PP, que además presentan bajas temerarias, incumplen el contrato y solo buscan ganar dinero a costa de deteriorar los servicios públicos”, destaca en declaraciones a Somos Madrid el concejal de Más Madrid en Retiro, Nacho Murgui, que incide en las consecuencias que esto tiene para los vecinos del barrio.

Especialmente, los usuarios del polideportivo Daoiz y Velarde. “Lleva más de un mes cerrado, sin previsión de apertura, explicaciones a la gente o soluciones”, condena el edil, que asegura haber solicitado desde su partido “todos los expedientes e información disponible” al Ayuntamiento. En noviembre, cuando se anunció la clausura definitiva después de cierres intermitentes por averías en las instalaciones –cuyo mantenimiento depende de Genera Quatro SL–, el PSOE ya registró una primera iniciativa para incluir al CDM Daoiz y Velarde en el próximo pleno del distrito.

Los socialistas pusieron el foco en las deficiencias del recurso, y trasladaron el caso a Madrid Salud o el Área Delegada de Deporte. En aquella sesión, celebrada el 3 de diciembre, se aprobaron por unanimidad todos los puntos salvo dos: la petición de un informe técnico sobre daños y causas del cierre que pueda consultar la oposición, y una solicitud para trasladar temporalmente a los usuarios del centro. La concejala del PSOE en Retiro, Emilia Martínez, denuncia la opacidad del Ayuntamiento desde que se desató el caos en el polideportivo y avanza que volverán a insistir en cuestión de días.

El próximo 13 de enero se celebra el primer pleno del año en la Junta Municipal del Distrito de Retiro, y el caso del Daoiz y Velarde aterrizará en la sesión por partida doble. El PSOE abrirá el debate en el punto 7 del orden del día, y luego Más Madrid recuperará el asunto en el punto 13. Los socialistas recuperarán la proposición de instar al Ayuntamiento u otros organismos competentes a que informen de las obras, además de otra petición para elaborar y publicar un calendario de actuaciones. Por su parte, Más Madrid también solicitará un informe detallado del proyecto, con fechas previstas o el expediente administrativo, así como otro estudio técnico sobre los daños estructurales en la nave. 

La Junta de Retiro habla de “averías” que motivaron el cierre

“Se está trabajando en las reparaciones que motivaron el cierre y en otras que han surgido posteriormente derivadas todas ellas de las averías originarias”, admiten fuentes de la Junta Municipal de Retiro como contestación a las preguntas trasladadas por este periódico. “La empresa cuenta con cuatro penalidades en el último mes: dos de ellas por incumplimiento de los tiempos de respuesta incluidos en el pliego de prescripciones técnicas, de 14.646 euros (incumplimiento grave) y otra de 24.411 euros; una tercera de 5.000 euros, por incumplimiento muy grave de los compromisos de adscripción de medios personales y otra de 813 euros, por incumplimiento de los criterios de adjudicación”, precisan.

El motivo de origen de estas incidencias que trascendió fue la rotura de una bomba de agua, que afectaba a su calefacción y complicaba la seguridad. Pero no se anunció fecha de reapertura. Eso, sumado otros problemas por avería en este y otros centros deportivos, fue la gota que colmó el vaso para los residentes. El 1 de diciembre, cientos de vecinos de Retiro se manifestaron frente a la Junta Municipal del Distrito reclamando una reapertura urgente del Daoiz y Velarde (ubicado a poca distancia de allí) o, en su defecto, alternativas viables para mantener sus actividades deportivas. Especialmente entre mayores, jóvenes o clubes deportivos que dependen de las instalaciones.

A finales del año pasado, en el mismo CDM cerraron durante dos meses la piscina climatizada. Entre el 13 de diciembre y el 3 de febrero de este año se efectuaron obras en los vestuarios o la sala de máquinas, por lo que la reparación no se pudo compaginar con la prestación del servicio. En 2018, un año antes de que precisamente Andrea Levy (concejala-presidenta de Retiro durante la adjudicación a Genera Quatro) entrara a liderar el Área de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento, este departamento –a través de Madrid Destino– concedió otra licitación a la misma empresa para el mantenimiento del Teatro Español, el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa o el Price por valor estimado de 218.137 euros. Sin impuestos, el contrato quedaba en 109.069.

En este caso, la entidad local Madrid Destino encomendó a la empresa labores de climatización, protección contra incendios, revisión del gas o la ventilación y el saneamiento del agua, entre otras tareas. Fue un proceso abierto ordinario para un contrato de 12 meses. Desde la esfera política, Más Madrid y PSOE han llamado la atención política sobre esta empresa y, principalmente, el estado de incertidumbre en las instalaciones del polideportivo más caótico de Retiro. Las Navidades darán una pausa obligada al conflicto, pero se retomará a la vuelta en enero con el próximo pleno del distrito.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Un barrio totalmente renovado, moderno y joven, de altas calidades, con zonas verdes. Eso es lo que les prometieron a los cientos de personas que decidieron dar vida a la parcela UE-124 de Arganda del Rey (Madrid), el terreno que llegó a ser archiconocido por todo el país por ser el epicentro de la trama Gürtel. A día de hoy, la mayoría de ellos jóvenes, conviven con obras, ruidos, polvo y hasta un mercadillo todos los viernes que congestiona el tráfico de la zona. La situación es tal que algunos de ellos piensan revender las viviendas que un día compraron con la idea de construir una vida.

David González llegó al municipio argandeño en 2021, cuando decidió mudarse desde Madrid con su pareja y su hijo de 7 años. “Vimos que Arganda había crecido muchísimo los últimos años y pensamos que lo había pasado tan mal con el tema de la corrupción que ahora harían las cosas de forma diferente”, cuenta este responsable de distribución de una empresa de automoción. Encontraron en la parcela de la Gürtel, cuyas primeras detenciones datan de 2008, una zona ideal, pues se sitúa cerca de una de las arterias de la localidad, la Avenida del Ferrocarril.

La empresa Inmoglaciar cogió el testigo de su homóloga Martinsa-Fadesa, salpicada por el caso de corrupción que ha dejado 94 condenados, 750 años de cárcel y ha sacado a relucir unos 200 millones de euros defraudados que, entre otros, fueron a parar a políticos y miembros del PP. “El problema es que, urbanísticamente, desde el principio todo está mal planteado. Son parcelas pequeñas para edificios de muchas plantas. Si lo habitual en el municipio es levantar hasta seis, aquí se permitió construir edificaciones de hasta 13. Son monstruosidades que no pegan con la arquitectura de la zona”, se explaya.

González señala al antiguo alcalde de Arganda y actual diputado en el Congreso, el socialista Guillermo Hita, como el político que modificó el Plan General de Ordenación Urbanística para intentar remediar los efectos en la zona de la Gürtel. “Pero no mejoró las cosas”, apostilla. Todo sigue igual que cuando comenzaron a reunirse con los responsables políticos municipales en 2021: “Esto está mal construido. Hasta las aceras están hundidas con ondulaciones. Donde se supone que iba a haber un parque, el Ayuntamiento no es capaz de expropiar una casa que hay en medio de la nada, así que sigue siendo un descampado. Es un completo desastre”.

De barrio ultramoderno a no tener un solo parque

Jorge Arranz se decantó por una vivienda en esta zona de Arganda tras dejar atrás un alquiler en la capital junto a su marido, cuya familia es argandeña. “Compramos un ático de tres dormitorios con una terraza grande. Estábamos muy ilusionados”, comenta. Ellos fueron de los primeros residentes en llegar a la zona, en el primer semestre de 2021. “Nos dijeron que sería un barrio ultramoderno, una finca de lujo con buenas calidades, pero el entorno deja mucho que desear”, se queja.

Con el paso de los años, la gente va ocupando los cientos de viviendas que se construyen en esta zona. Sin embargo, ni una sola zona verde les da oportunidad alguna para el esparcimiento, el deporte al aire libre o la mera recreación. Ni siquiera ha desaparecido el aparcamiento que, según el vídeo promocional de Inmoglaciar, se iba a convertir en una zona de estancias y verde. “Cada vez hay más familias con niños pequeños o incluso con mascotas que no tienen ningún sitio al que ir”, ilustra Arranz, encargado de una tienda de maletas y artículos de viaje.

A sus 42 años, afirma que desde un principio tenían claro que se encontrarían un barrio en desarrollo. “Eso es una cosa y otra el desastre que vemos aquí cada día”, abunda. En su caso, el gran perjuicio que sufre es la construcción de una torre de viviendas de 13 pisos. “Cuando te compras un ático esperas algo de privacidad, disfrutar de tu espacio exterior y las vistas, pero no que tengas decenas de personas pudiendo ver lo que haces o dejas de hacer todo el tiempo”, denuncia.

En abril de 2021 también llegó Alicia Mesa a la finca. Esta ambientóloga de 38 años que trabaja en una planta privada de gestión de residuos todavía recuerda la maqueta que vio en la caseta en la que le vendieron su vivienda. “Ahí había zonas verdes, parques y nos aseguraron una proyección increíble. Después de cinco años casi, todo sigue igual o peor”, subraya. Desde su punto de vista, el principal escollo a superar son los problemas de aparcamiento y acceso al barrio que generan las continuas obras, a lo que se suma el mercadillo de los viernes.

Ante estas acusaciones, el alcalde del municipio, Alberto Escribano, del PP, que gobierna la localidad junto a Vox, responde a elDiario.es que sí se contempla una zona verde: “Todavía no está desarrollada porque no se ha terminado la urbanización de la Unidad de Ejecución, ya que es un barrio que se encuentra ahora en plena construcción después de haber estado durante años paralizado por el gobierno socialista anterior”. Desde el consistorio aseguran que se llevará a cabo en la segunda fase que tendrá lugar cuando termine la construcción, y su financiación correrá a cargo de la Junta de Compensación.

Una situación económica “en riesgo”

González, por su parte, determina que el Ayuntamiento “no tiene dinero para nada. Arganda es uno de los pocos consistorios de España que está en riesgo alto por la regla de gasto”, asegura. Así lo confirma el informe emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2025, fechado el pasado día 16 de julio. “No es que necesitemos plantar un árbol o arreglos puntuales, es que se necesita una remodelación completa para la que el Ayuntamiento, que está arruinado, no tiene presupuesto”, añade, algo enfadado.

En este sentido, Escribano ha asegurado que la legislatura anterior del PSOE dejó siete millones de euros de déficit. Más actual es la aprobación de la Cuenta General de 2024 que el Pleno de este octubre ha realizado y que “muestra un tremendo cambio de tendencia en las cuentas de Arganda”, precisa. Según sus datos, el saldo positivo supera los 8,5 millones de euros.

Sin embargo, desde el punto de vista de González, Arganda se sigue gestionando como si fuera un pueblo y no como una ciudad de 60.000 habitantes. Mesa opina que “el Ayuntamiento no hace nada más que anunciar que está subsanando las cuentas del anterior partido”, aunque eso no se materializa en mejoras para la ciudadanía del barrio. Ella, experta en gestión de residuos, añade que “dinero deben tener, porque han realizado un cálculo totalmente desproporcionado del nuevo impuesto de las basuras, y ese dinero no lo van a devolver”.

La disputa por el mercadillo

La gota que colma el vaso de estos afectados llega los viernes a partir de las 06.00 horas. Desde ese momento, los gritos y el sonido de hierros de los tenderetes del mercadillo por el suelo son la pesadilla que no deja descansar al vecindario. Se decidió establecer ahí el mercadillo cuando la zona era un erial, precisamente en los años de la Gürtel. La llegada de la pandemia hizo que el antiguo regidor, Hita, lo trasladase al recinto ferial del municipio. “En 2022 lo bajaron otra vez a la avenida del Ferrocarril, con muchas familias ya instaladas, edificios construidos y otros en proceso”, apunta.

Las consecuencias para el vecindario están claras: más allá de la incomodidad por el trasiego habitual que generan este tipo de actividades, el barrio se queja de la inseguridad que genera. “Hace poco un camión de las obras golpeó a una señora que estaba comprando”, asevera González, que también guarda fotografías de las ratas que merodean por la zona intentando alimentarse de los restos de frutas y verduras que quedan.

Los afectados recuerdan que el alcalde les aseguró que el mercadillo volvería a su ubicación anterior después de las fiestas del municipio, que terminaron en septiembre. No ha sucedido. “Es la típica gestión de un alcalde de un pueblo pequeño, que no mira por el beneficio común ni por una zona como esta, que es vital al ser una de las entradas principales a Arganda”, sostiene González.

Ante esta cuestión, desde el Consistorio exponen que el recinto ferial no ha sido nunca la ubicación definitiva del mercadillo, sino un lugar provisional entre diferentes ubicaciones. “Se trata de que ocupe el lugar que merece por la importancia que tiene y el papel que juega en Arganda. Jamás vamos a tomar una decisión unilateral sobre esto ni sobre nada, porque no es mi estilo y además tenemos que entender que se trata de personas, de sus vidas y sus negocios”, añade el regidor.

Vender para mudarse

Arranz y su pareja compraron dos casas en la misma urbanización. Viven en el ático y alquilan la otra vivienda: “Esta última da justo a donde ponen el mercadillo, y en ella vive una familia con niños pequeños que se queja de que es imposible dormir más allá de las 06.00 horas cada viernes”. Ya no solo se trata de esa segunda vivienda, sino de la suya propia. 

Tal y como remata, “lo que en principio iba a ser un proyecto de vida que empezamos con muchísima ilusión ahora se ha frustrado, así que estamos pensando en vender e irnos a otro sitio”. Mesa también ha pensado dejar esta zona atrás. “Estamos rodeados de ruidos y de polvo, y de maquinaria pesada. No es una zona visiblemente bonita y aquí la vivienda se devalúa cada día”. El mismo Arranz se muestra algo desesperanzado cuando dice que “la situación se va a agravar con el tiempo, porque cada vez entregan más pisos y esto cada vez es más caos”.

La sombra de la trama Gürtel no acaba de disparse. Este miércoles se coló en la sesión de control a Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia, cuando la líder del BNG, Ana Pontón, le recordó los “sobre en B” de Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP. “Los repartía cuando usted ya estaba en el aparato del partido”, le espetó la nacionalista, “iban a las elecciones dopados con dinero negro”. En realidad Pontón respondía a un recado del presidente la Xunta al Bloque: le había afeado, sin venir mucho a cuento, que no participasen en la comisión de investigación del Senado en la que compareció Pedro Sánchez. Y eso que resultó en un fiasco para los populares. Pero el debate entre Rueda y Pontón trataba sobre la sanidad pública y las deficiencias en atención a la salud mental.

Los datos los expuso esta última. Galicia lidera el ránking de suicidios en el Estado español, el 23% de su población padece problemas crónicos de salud mental y se consumen más psicofármacos que en otros lugares, un 52,5% más de la media estatal. A esta situación, adujo Pontón, el Gobierno gallego reacciona con un plan en la materia que no se cumplió y con siete psicólogos para atender más de 400 centros de salud. La propuesta del BNG pasa por destinar siete millones de euros a contratar un centenar de estos profesionales. “En 2026 contrataremos 21 nuevos psicólogos”, fue la respuesta de Rueda, quien aseguró que la partida dedicada a salud mental es la que más crece en el capítulo sanitario de los Orzamentos autonómicos para el año que viene.

“Tenemos la mejor sanidad de España y una de las mejores de Europa”, añadió. Y aunque Pontón le recordó que todavía en mayo había anunciado la “contratación inmediata” de 14 psicólogos y no la había realizado, le dio igual. “Ahora serán 21, siete más” se ufanó, antes de presumir de listas de espera -“la cuarta comunidad con menos”, pese a que son 360.000 personas solo en las no ocultadas por la Xunta- o de la celeridad en atención primaria -“un 66% de pacientes atendidos en menos de cuatro días”.

“Papel de triste figurante”

Su careo con el socialista José Ramón Gómez Besteiro tampoco se salió de los cauces habituales. “Presidente del club de fans de Pedro Sánchez” y “recadero de Moncloa” fueron las calificaciones con las que respondió el presidente gallego a la larga enumeración de “mesas de diálogo” o propuestas convocadas por el Ejecutivo de Sánchez y de las que se ha ausentado el de Rueda en seguimiento de las directrices de Génova. De la quita de la deuda a un pacto por el cambio climático, de negar los datos sobre cribado de cáncer a dificultar la acogida de menores migrantes, Rueda se ha plegado “en papel de triste figurante” a lo que Besteiro considera “guerra obsesiva de Feijóo contra el Gobierno de España”. “¿Está priorizando los intereses de Galicia frente a los de su partido?”, inquirió, y también respondió: “Ya le digo yo que no”.

“Es usted cómplice de las falcatruadas [engaños] del Gobierno de España en Galicia”, le acusó a modo de resumen Alfonso Rueda, pero no entró en detalle. Solo insistió una y otra vez en una obviedad: en Galicia habrá presupuestos el año que viene -el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara gallega-, en el Estado no parece que vaya a ser así. “Y a usted le da igual”, dijo.

En el último juicio a la trama Gürtel que se celebra esta semana se sientan en el banquillo más de 20 personas acusadas de facilitar el entramado financiero que permitió a Francisco Correa ocultar a Hacienda los millones de euros que ganó en comisiones que cobraba a empresas a cambio de adjudicaciones de gobiernos del Partido Popular. Pero entre esas personas no está Arturo Fasana, el artífice de una cuenta bancaria opaca llamada Soleado, donde tenía su dinero buena parte de la Gürtel y también el rey Juan Carlos de Borbón.

Con Pedro Águeda, periodista de elDiario.es que durante años ha seguido la pista a este ingeniero financiero afincado en Suiza, repasamos quién es Arturo Fasana, y su papel de bisagra entre la fortuna que ocultaba el rey emérito en Suiza y el dinero que escondían los principales cabecillas de la mayor trama de corrupción política en España. 

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Con los recuerdos pasa lo que con los móviles: que uno borra lo que le interesa, no le es útil o le trae a la memoria lo peor de sí mismo. Un ejercicio baldío porque en política, como en la vida, el pasado siempre vuelve. Aunque se disfrace, se oculte o se olvide, regresa de forma inoportuna cuando uno menos lo espera. 

Andan estos días el PP y sus voceros, con ayuda de algunos togados, revisando las cuentas del PSOE en busca de un dato, un descuadre, un gasto, un sobre o un auto judicial que permita hablar de caja B, de financiación ilegal o de sobresueldos para igualar el caso Ábalos/Koldo/Cerdán con la Gürtel. Y ¡zas!, lo encontraron: “Liquidaciones a las que no ha accedido aún la UCO prueban que Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018. Una cifra que sumada a los 20.791 euros de descuadre entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados en el móvil de Koldo García ascendería ya al menos 27.879 euros, solo en los pagos en sobre realizados al ex asesor de Ábalos. 

Ahí lo tienen. ¡Pillados! Sobran las pesquisas, los juicios y las sentencias. Los titulares lo dicen todo. Y las declaraciones políticas abundan en ello. “Cada euro que gestiona un gobierno viene del esfuerzo de alguien, algo que merece respeto, rigor y decencia”, ha dicho el nuevo azote de la corrupción en que se ha convertido Alberto Núñez Feijóo. Hablaba, claro, de forma implícita sobre el pago en metálico con el que Ferraz abonaba algunos gastos de su personal político y administrativo. El mismo procedimiento, primitivo sí, pero que también usa el Senado, los Ministerios y hasta Mazón, que abonó una comida de más de 800 euros primero por transferencia y, después, porque no se acordaba de haber saldado la deuda, en efectivo y a tocateja. 

El caso es que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez para aclarar los citados pagos en metálico. Pero el PP y sus terminales mediáticas ya lo saben todo: un descuadre de 27.000 euros es igual a financiación ilegal, a caja B y a sobresueldos.

Feijóo ha dicho que “no hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar a quien abusa” y que “la corrupción no solo roba dinero, sino también energía moral”. Podría haber elegido otro día, repasar la hemeroteca o echar un vistazo a la agenda judicial para no hacer el ridículo una vez más porque hablar de corruptos y de moral el mismo día que la Gürtel vuelve a los tribunales de justicia no es muy inteligente ni muy oportuno. Es más bien una dosis de recuerdo de lo que hicieron el PP y muchos de sus dirigentes con el dinero público. 16 años de investigación, 22 sentencias, 94 condenados y 750 años de prisión para los implicados, pero aún se permiten consejos.

Desde este lunes se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por la conocida como “pieza principal” el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y una veintena de investigados. Se les juzga por delitos contra la Hacienda Pública, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Una extensa red de corrupción que manipuló concursos públicos entre los años 1999 y 2009 para lucrarse gracias a precios desproporcionados, partidas duplicadas o gastos inexistentes y en la que participaron en mayor o menor medida personas vinculadas al PP, como el extesorero del partido, Luis Bárcenas, varios alcaldes y varios consejeros de la Comunidad de Madrid y Valencia. 

Pero, lo que supuso un antes y un después para el Partido Popular fue la investigación de una 'caja B', con la que también se habría financiado ilegalmente la sede del partido en la calle Génova. La Audiencia Nacional consideró además en 2018 “plenamente acreditada” la contabilidad paralela y sentenció al partido a pagar 245.000 euros de multa como persona jurídica por haberse lucrado de las comisiones y los regalos de la Gürtel, como viajes, fiestas o celebraciones. Bárcenas, por su parte, fue condenado por falsedad contable y fraude fiscal. En otra sentencia sobre las obras de la sede 'popular' se certificó una contabilidad paralela manejada por el tesorero.

¿Y qué decía Feijóo entonces, allá por 2009, cuando el escándalo salió a la luz? Lean, lean que no tiene desperdicio: “Cuando se trata de justicia, los políticos debemos hablar poco y atenernos a las decisiones judiciales. Una cosa es un juicio y otra cosa es un prejuicio. Y los juicios y los prejuicios son lo contrario. En un estado de derecho, los juicios tienen que hacerse con la tranquilidad y la independencia judicial, y acatar todas y cada una de las decisiones una vez que estas sean firmes. Un informe policial no es una decisión judicial”.  Consejos vendo...

El líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados han admitido los hechos de los que les acusa la Fiscalía en el último juicio de la macrocausa de corrupción. Así lo ha expuesto este lunes la fiscal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, precisando que de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.

El que arranca este lunes es el último juicio relativo a la última pieza —denominada principal—sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, “en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas”. Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos. “Fundamentalmente”, detalla, “con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad”.

El líder de la trama 'Gürtel' ha confesado este lunes en la Audiencia Nacional que no pagó impuestos, que no presentó declaraciones tributarias y que no aparecía como titular de cuentas bancarias en España. Al respecto, ha admitido que trató de lograr la residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares a través de una de las acusadas, que le “estafó”, ha dicho, porque no se la consiguió: “Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España”, ha admitido. No llegó a abrir una cuenta en el país centroamericano porque lo detuvieron antes.

Correa ha afirmado que no recuerda que se presentara a esa acusada como íntimo del expresidente del Gobierno José María Aznar: “Yo no era amigo de Aznar. Le conocía porque trabajaba para el Partido Popular y fui a la boda de la hija, pero no era amigo mío”.

Así funcionaba la trama

Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía “contratos mediante sobornos a cargos públicos” se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes. “Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos”, indica.

La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la “connivencia” de otros acusados para armar una “trama de confección de facturas falsas” con la “triple finalidad” de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal --“Caja B”--; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.

El juez instructor de la causa, José de la Mata, acordó en 2020 sentar también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

Al respecto, el juez incluyó en la lista a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas Inmaculada Mostaza.

La nómina de personas que serán juzgadas abarca, entre otros, a los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez por el mismo delito.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado reflejó las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.

De la Mata explicaba en una resolución que las cantidades multimillonarias las obtuvo Correa por su “intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera”.

Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas, según el magistrado, que calculaba el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio de los años 2000 a 2007.

El 'número dos' de la Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirmaba.

Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL, y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba, añadía el juez.

En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, el juez instructor les consideró cooperadores necesarios porque “su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación”.

“Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública”, expuso.

Aun así, para el juez, “lo relevante” no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la “maraña societaria”, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que son “entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos”.

El magistrado instructor apuntaba también en esta pieza del 'caso Gürtel' a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Sobre el primero, el auto afirmaba que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido “reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado”.

En cuanto al blanqueo de capitales, detallaba los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describía una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de “enriquecimiento de su líder”.