Mariano Rajoy declara hoy en el juicio del caso Kitchen. Hace unos días declaró Luis Bárcenas y habló del ex presidente del Gobierno: aseguró que en sus papeles M.R. era Mariano Rajoy. Esos papeles, los papeles de Bárcenas, ya han sido juzgados. Están probados y sentenciados. Ahora se juzga la destrucción de pruebas, el uso de fondos públicos desde las cloacas para que no se descubriera que el PP tenía esa caja B. Y en el juicio, Bárcenas ha declarado como testigo, como víctima… Y, desde ese rol, le escuchamos señalar más directamente que nunca… a Mariano Rajoy.

¿Pero importa algo lo que digan testigos como Bárcenas, Rajoy o Cospedal en un juicio al que llegan como testigos? ¿Puede sobresalir algún testimonio o alguna prueba diferente que cambie todo lo que no se hizo en la instrucción del caso? ¿Qué dirá el ex presidente del Gobierno en torno a su participación en la destrucción de pruebas que supuestamente probaban la existencia de una caja B en el PP? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, cree que “hoy por hoy Vox va a ganar al PP en Castilla-La Mancha”, y se ha mostrado convencido de que Emiliano García-Page ganará las próximas elecciones autonómicas con mejor resultado que en 2023.

En una entrevista, Bellido ha augurado un sorpaso de Vox al PP en los próximos comicios autonómicos, que atribuye a una ausencia de liderazgo entre los populares de Castilla-La Mancha, y ve posible que el PP se convierta en la tercera fuerza política en varias provincias de la región.

Ha argumentado que el Partido Popular “encoge a Vox” allí donde tiene “liderazgo”, y ha puesto como ejemplo regiones como Extremadura, Madrid o Andalucía, mientras que “donde no tienen líderes Vox adelanta al PP, y el caso más paradigmático es Castilla-La Mancha”, aunque no descarta que suceda también en Cataluña.

Bellido ha matizado que, salvo que la “despreciable posición de Vox apoyando a Trump y a Netanyahu” en la guerra de Irán le pase factura, el partido de Santiago Abascal puede superar al PP, y ha aseverado: “Creo que no hay prácticamente nadie con menos de 50 años que vote al PP en Castilla-La Mancha”.

Por el contrario, cree que el PSOE “tiene holgura” para revalidar su victoria en la región y, aunque ha recordado que “no se puede confiar”, sí que ha mostrado su confianza en el “nivel de prestigio y de conexión con la ciudadanía” de Emiliano García-Page, que consigue el voto de “personas conservadoras y de otras posiciones políticas”.

“No puedo comprender cómo no se está juzgando a Cospedal”

Preguntado por las causas judiciales contra el exministro Ábalos o el caso Kitchen, Bellido ha afirmado: “No puedo comprender todavía cómo no se está juzgando a Cospedal”, mientras que sobre el juicio de las mascarillas ha sentenciado que quienes se han enriquecido en medio de la pandemia “tienen que pagarlo caro”.

El presidente de las Cortes regionales ha apuntado que “no hay un caso de corrupción comparable a la Kitchen en la historia de la democracia española”, y ha recordado episodios como el asalto a casa del extesorero del PP Luis Bárcenas para destruir pruebas.

“Ese es el legado de Cospedal”, ha lamentado Bellido, que ha recordado a quienes “no han sido capaces de poner tierra de por medio que deberían hacerlo”, porque se trata de “un bochorno y un escándalo colosal” con la “creación de una policía de partido pagada por el Gobierno para tapar el mayor caso de corrupción de la historia democrática, que era la Gürtel”.

Asimismo, ha calificado de “vergüenza absoluta” lo que ha sucedido con el caso Koldo, tanto el uso de dinero público para la “mercantilización y cosificación de las mujeres” como para haberse “forrado” durante la pandemia, aunque también ha apuntado que “parece que ha habido otros actores políticos próximos a dirigentes de comunidades autónomas que lo han hecho”.

Para Bellido “no hay excusas”, y hay que hacer pagar “carísima” a los corruptos, además de sus delitos, “la factura de desprestigio a la democracia”.

Él no sabía nada, oiga. M. Rajoy era sordo, ciego y mudo. Y lo mismo María Dolores de Cospedal. Ninguno se sentará en el banquillo de los acusados, donde ya están desde este lunes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero dos, Francisco Martínez, quien se conjuró para no comerse el marrón solo porque él no era más que un “pringao”. Se juzga, ya saben, la operación Kitchen, uno de los capítulos más turbios de esta democracia nuestra que, para la derecha, hoy está en peligro de extinción y entonces era todo un ejemplo. 

¿Recuerdan? Un Gobierno (del PP) que dispuso de las estructuras del Estado para ocultar su corrupción sistémica. Espiaron, robaron, destruyeron discos duros de los ordenadores, contrataron a un falso cura para asaltar una vivienda, usaron los fondos reservados y pusieron a su servicio a una red de policías corruptos para evitar que su ex tesorero, Luis Bárcenas, difundiera todo lo que sabía sobre la caja B de su propio partido. 

Han pasado 13 años desde entonces y los de Feijóo dicen que todo aquello les es ajeno, que lo que hoy importa es la mugre de Sánchez y que donde la ciudadanía tiene que fijar la mirada es en Ábalos, Koldo y por extensión en todo el Gobierno actual. Cada cual que apunte dónde le plazca porque ambos juicios arrancan esta semana. Algo que los jueces llaman casualidad y los descreídos, causalidad. Vamos, que los tiempos de la justicia son los de la política cuando conviene porque no hay quién entienda que haya pasado más una década desde que aquel Ministerio del Interior dirigido por el beato Fernández Díaz tejiera una fétida red de corrupción política para sepultar todo lo relacionado con los ingresos opacos y las donaciones que recibía el PP de las constructoras y al exministro de Fomento socialista y su asesor se les vaya a juzgar por un supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia en poco más de un año.

Preocupan los plazos y preocupa la dimensión de los casos, siendo ambos absolutamente condenables porque no hay mayor indignidad que llenarse los bolsillos con la adjudicación del material sanitario que los españoles necesitaban para sobrevivir a una pandemia durante la cual los muertos se contaron por decenas de miles. Ábalos, además de ministro de Fomento, fue secretario de Organización del PSOE y hombre de absoluta confianza de Sánchez y de ahí que el PP sostenga ahora que el presidente es responsable de lo ocurrido y que tiene que dimitir por ello. 

De tapabocas, mordidas y amaño de adjudicaciones el PP también sabe algo porque ya suma un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, donde se investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores entre 2016 y 2021. Todos ellos tendrán que declarar entre el 28 de mayo y el 26 de junio, después de las elecciones andaluzas para que el juicio no interfiera en los comicios a los que el popular Juanma Moreno se presenta a la reelección sin que nadie, por cierto, le haya hecho responsable ni pedido su dimisión por la corrupción de sus subordinados en Almería. Si Sánchez sabía, ocultó y se tiene que marchar, del presidente de la Junta debería decirse la misma boutade. No hay línea de puntos que pueda unir ni empate posible entre estos dos asuntos con lo de poner al servicio de un partido a la Policía para tapar un caso de financiación ilegal de dimensiones colosales como fue el caso Gürtel, que fue el motivo por el que se creó la Kitchen. La red de corrupción que anidó en el PP acumula ya más de 100 sentenciados a penas de cárcel, muchos de ellos antiguos dirigentes del partido.

Pero Rajoy no sabía nada de todo ello. En diciembre de 2021, declaró en sede parlamentaria no haber tenido conocimiento alguno de la operación diseñada para robar la documentación comprometedora del partido con la que Bárcenas pretendía hacer pública la corrupción. También negó conocer la existencia de una caja B en el PP o conocer al ex comisario Villarejo mientras dijo tener una “magnífica opinión” de Fernández Díaz. De María Dolores de Cospedal, entonces, no dijo nada, pero La Audiencia Nacional tuvo en su poder un informe de la Policía que incluía las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con la ex secretaria general del PP en las que quedaba de manifiesto su implicación en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Documentación que fue ignorada por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña que instruyeron la macrocausa contra Villarejo.

Cospedal estuvo brevemente imputada, pero logró eludir el banquillo gracias a que García Castellón archivó la causa contra ella en 2021, en contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, lo que supuso frenar también los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a ser investigado. Un año después, El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, pero el mismo juez se negó a reabrir el caso.

Cuesta creer que una operación para ocultar la corrupción del PP, urdida por un ministro del PP y en la que se manejaron pruebas de la participación de una ex secretaria general del PP no la conociera el presidente del PP. Pero, oiga M. Rajoy era el presidente que nunca sabía nada. Y su vicepresidenta que a la vez era responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco se enteraba de nada. 

Mucho se habla de la trama policial y judicial que tanto ha hecho para tapar la corrupción del PP, pero de la mediática, que sin duda existió y manejaba SSS, no se dice nada. Por algo será.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha decidido este viernes conceder la libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

En el auto, el magistrado valora el “escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y valora “positivamente la antigüedad de los hechos delectivos”. El que máximo colaborador de Francisco Correa ingresó en prisión preventiva en 2009, donde pasó tres años, hasta su salida bajo fianza en 2012. Posteriormente, en febrero de 2017, Crespo volvió a la cárcel, y se mantuvo hasta 2023. En los últimos tres años ha disfrutado de un régimen de semilibertad, con pulsera de control telemático. Con este cómputo total, Crespo ha cumplido más de dos terceras partes de su condena (nueve años en prisión más tres en tercer grado), cuyo límite de cumpliento era 18 años.

El juez Castro ha destacado en el escrito, según publica el citado medio, la “conducta normalizada” de Crespo durante “durante la condena” y el “buen uso del régimen abierto”, así como el “apoyo familiar vinculante y positivo” con el que cuenta el lugarteniente de Correa, lo que facilitaría su reinserción.

El que fuera ex secretario de Organización del PP gallego se reconoció en el banquillo de la Audiencia Nacional como “el máximo responsable, junto a Correa” de delitos que iban desde mordidas por obra pública a fraude fiscal. En un escrito de confesión previo al último juicio a la trama corrupta —el pasado mes de octubre—, al que tuvo acceso elDiario.es, Crespo incluyó “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

El mantenimiento del polideportivo municipal Daoiz y Velarde, que cerró en noviembre por averías y ha desencadenado protestas vecinales por un servicio intermitente, corre a cargo de una empresa propiedad de un grupo vinculado a la trama Gürtel. Genera Quatro SL pertenece al holding Nealis, el antiguo Grupo Gimeno y dirigido por Enrique Gimeno, uno de los empresarios que confesó a la Audiencia Nacional haber efectuado pagos ilegales o facturas falsas para financiar al PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en octubre de 2024 a esta compañía la supervisión técnica del polideportivo, así como el resto de equipamientos públicos del distrito madrileño de Retiro. La Junta Municipal ya entonces la presidía Andrea Levy, hoy concejala-presidenta.

Esta empresa es, desde 2018, propiedad del grupo Gimeno. Ese mismo año, su presidente Enrique Gimeno confesó ante la Fiscalía y luego en el juicio que financió con dinero negro al Partido Popular para las elecciones autonómicas de 2007 y las generales del año siguiente. En total, regó al partido con 405.668 euros, de los cuales una parte fue a parar a la campaña de Francisco Camps, que finalmente ganó aquellos comicios en la Comunidad Valenciana. El empresario acabó condenado a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental, aunque esquivó la prisión pagando una multa de 154.500 euros.

Gimeno dirige Facsa (Fomento Agrícola Castellonense), una empresa de Castellón que dio origen al Grupo Gimeno y se hizo con el servicio municipal de agua de Sant Antoni, un barrio de Valencia. Obtuvo la puntuación más alta en un concurso público de los populares. El negocio de Enrique Gimeno siguió ganando concursos relacionados, principalmente, con la gestión del agua para administraciones públicas. Sin ir más lejos, mientras Gimeno declaraba sus pagos en B en la Audiencia Nacional, una de sus compañías conseguía 21 millones de euros –ampliables a 42 millones si se prorrogaba el contrato– dentro de una UTE (unión temporal de empresas) para evaluar el agua de las confederaciones hidrográficas del Júcar, el Miño y el Duero.

Un 'rebranding' muy reciente para desligarse del apellido Gimeno

Los convenios corrían a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, justo en el año en el que dejó de estar en Agricultura y Pesca con el PP para renombrarse como Ministerio de Transición Ecológica, después de la primera victoria de Pedro Sánchez. Tras más de cien años en activo, el pasado septiembre el Grupo Gimeno se sometió a un rebranding y pasó a llamarse Nealis, desligándose nominativamente del polémico apellido de su presidente. La condena de Enrique Gimeno pesaba sobre su persona, y no recaía en las compañías desde las que efectuó los pagos ilegales o las facturas falsas, que pudieron seguir funcionando.

Genera Quatro SL, que opera comercialmente como Genera Facility Services, ganó en octubre de 2024 un contrato con el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal de Retiro para el servicio de mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al distrito; es decir, la revisión de instalaciones eléctricas, ascensores, calderas o la seguridad en centros culturales, centros de mayores, colegios públicos, escuelas infantiles o espacios deportivos de la zona, como el Daoiz y Velarde o el CDM Estanque del Retiro.

Fue un procedimiento abierto. A la licitación se presentaron siete ofertas desde distintas empresas: CPI Integrated Services S.A., Acierta Asistencia S.A., Centralia Servicios Integrales S.R.L., OHL Servicios-Ingesan S.A., Serveo Servicios y Genera Quatro, la adjudicataria final. El valor estimado del contrato, según figura en el Portal de Contratación del Estado, es de 2.319.117 millones de euros; lo que queda en un presupuesto base (restando impuestos) de 1.054.144 millones. La vigencia del acuerdo es de dos años, aunque puede prorrogarse a cuatro e incrementar la cuantía.

El contratista, por su parte, se hizo con 813.710 euros después de superar al resto de competidores. Sin embargo, desde Más Madrid denuncian que a Genera Quatro SL, además de estar salpicada por la trama Gürtel –donde el empresario Francisco Correa lideró una red corrupta vinculada a dirigentes del PP para obtener contratos públicos a cambio de comisiones o favores– se le detectó una baja temeraria durante el proceso de adjudicación. Esta figura evalúa el riesgo de que una oferta presentada a concurso público sea inviable, de cara a proteger los intereses de la administración.

La compañía integrada en el antiguo Grupo Gimeno y otra de las candidatas, CPI Integrated Services, recibieron un requerimiento con estas dudas. Lo justificaron y ambas fueron admitidas con el visto bueno de la Junta Municipal del Distrito, que dirige Andrea Levy. El partido de la oposición destaca que existen, además, al menos tres sanciones al contratista por “ejecución defectuosa”. A mediados de noviembre, el Ayuntamiento sancionó a la adjudicataria con 813 euros no cumplir con los criterios de adjudicación, 8.137 por ejecución defectuosa y otra suma más cuantiosa, de 24.411 euros, por causas que no se especifican.

El caos en las instalaciones del Daoiz y Velarde, cerrado por averías

“Es completamente inaceptable que el Ayuntamiento de Almeida adjudique contratos de mantenimiento de edificios públicos a empresas cercanas al PP, que además presentan bajas temerarias, incumplen el contrato y solo buscan ganar dinero a costa de deteriorar los servicios públicos”, destaca en declaraciones a Somos Madrid el concejal de Más Madrid en Retiro, Nacho Murgui, que incide en las consecuencias que esto tiene para los vecinos del barrio.

Especialmente, los usuarios del polideportivo Daoiz y Velarde. “Lleva más de un mes cerrado, sin previsión de apertura, explicaciones a la gente o soluciones”, condena el edil, que asegura haber solicitado desde su partido “todos los expedientes e información disponible” al Ayuntamiento. En noviembre, cuando se anunció la clausura definitiva después de cierres intermitentes por averías en las instalaciones –cuyo mantenimiento depende de Genera Quatro SL–, el PSOE ya registró una primera iniciativa para incluir al CDM Daoiz y Velarde en el próximo pleno del distrito.

Los socialistas pusieron el foco en las deficiencias del recurso, y trasladaron el caso a Madrid Salud o el Área Delegada de Deporte. En aquella sesión, celebrada el 3 de diciembre, se aprobaron por unanimidad todos los puntos salvo dos: la petición de un informe técnico sobre daños y causas del cierre que pueda consultar la oposición, y una solicitud para trasladar temporalmente a los usuarios del centro. La concejala del PSOE en Retiro, Emilia Martínez, denuncia la opacidad del Ayuntamiento desde que se desató el caos en el polideportivo y avanza que volverán a insistir en cuestión de días.

El próximo 13 de enero se celebra el primer pleno del año en la Junta Municipal del Distrito de Retiro, y el caso del Daoiz y Velarde aterrizará en la sesión por partida doble. El PSOE abrirá el debate en el punto 7 del orden del día, y luego Más Madrid recuperará el asunto en el punto 13. Los socialistas recuperarán la proposición de instar al Ayuntamiento u otros organismos competentes a que informen de las obras, además de otra petición para elaborar y publicar un calendario de actuaciones. Por su parte, Más Madrid también solicitará un informe detallado del proyecto, con fechas previstas o el expediente administrativo, así como otro estudio técnico sobre los daños estructurales en la nave. 

La Junta de Retiro habla de “averías” que motivaron el cierre

“Se está trabajando en las reparaciones que motivaron el cierre y en otras que han surgido posteriormente derivadas todas ellas de las averías originarias”, admiten fuentes de la Junta Municipal de Retiro como contestación a las preguntas trasladadas por este periódico. “La empresa cuenta con cuatro penalidades en el último mes: dos de ellas por incumplimiento de los tiempos de respuesta incluidos en el pliego de prescripciones técnicas, de 14.646 euros (incumplimiento grave) y otra de 24.411 euros; una tercera de 5.000 euros, por incumplimiento muy grave de los compromisos de adscripción de medios personales y otra de 813 euros, por incumplimiento de los criterios de adjudicación”, precisan.

El motivo de origen de estas incidencias que trascendió fue la rotura de una bomba de agua, que afectaba a su calefacción y complicaba la seguridad. Pero no se anunció fecha de reapertura. Eso, sumado otros problemas por avería en este y otros centros deportivos, fue la gota que colmó el vaso para los residentes. El 1 de diciembre, cientos de vecinos de Retiro se manifestaron frente a la Junta Municipal del Distrito reclamando una reapertura urgente del Daoiz y Velarde (ubicado a poca distancia de allí) o, en su defecto, alternativas viables para mantener sus actividades deportivas. Especialmente entre mayores, jóvenes o clubes deportivos que dependen de las instalaciones.

A finales del año pasado, en el mismo CDM cerraron durante dos meses la piscina climatizada. Entre el 13 de diciembre y el 3 de febrero de este año se efectuaron obras en los vestuarios o la sala de máquinas, por lo que la reparación no se pudo compaginar con la prestación del servicio. En 2018, un año antes de que precisamente Andrea Levy (concejala-presidenta de Retiro durante la adjudicación a Genera Quatro) entrara a liderar el Área de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento, este departamento –a través de Madrid Destino– concedió otra licitación a la misma empresa para el mantenimiento del Teatro Español, el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa o el Price por valor estimado de 218.137 euros. Sin impuestos, el contrato quedaba en 109.069.

En este caso, la entidad local Madrid Destino encomendó a la empresa labores de climatización, protección contra incendios, revisión del gas o la ventilación y el saneamiento del agua, entre otras tareas. Fue un proceso abierto ordinario para un contrato de 12 meses. Desde la esfera política, Más Madrid y PSOE han llamado la atención política sobre esta empresa y, principalmente, el estado de incertidumbre en las instalaciones del polideportivo más caótico de Retiro. Las Navidades darán una pausa obligada al conflicto, pero se retomará a la vuelta en enero con el próximo pleno del distrito.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Un barrio totalmente renovado, moderno y joven, de altas calidades, con zonas verdes. Eso es lo que les prometieron a los cientos de personas que decidieron dar vida a la parcela UE-124 de Arganda del Rey (Madrid), el terreno que llegó a ser archiconocido por todo el país por ser el epicentro de la trama Gürtel. A día de hoy, la mayoría de ellos jóvenes, conviven con obras, ruidos, polvo y hasta un mercadillo todos los viernes que congestiona el tráfico de la zona. La situación es tal que algunos de ellos piensan revender las viviendas que un día compraron con la idea de construir una vida.

David González llegó al municipio argandeño en 2021, cuando decidió mudarse desde Madrid con su pareja y su hijo de 7 años. “Vimos que Arganda había crecido muchísimo los últimos años y pensamos que lo había pasado tan mal con el tema de la corrupción que ahora harían las cosas de forma diferente”, cuenta este responsable de distribución de una empresa de automoción. Encontraron en la parcela de la Gürtel, cuyas primeras detenciones datan de 2008, una zona ideal, pues se sitúa cerca de una de las arterias de la localidad, la Avenida del Ferrocarril.

La empresa Inmoglaciar cogió el testigo de su homóloga Martinsa-Fadesa, salpicada por el caso de corrupción que ha dejado 94 condenados, 750 años de cárcel y ha sacado a relucir unos 200 millones de euros defraudados que, entre otros, fueron a parar a políticos y miembros del PP. “El problema es que, urbanísticamente, desde el principio todo está mal planteado. Son parcelas pequeñas para edificios de muchas plantas. Si lo habitual en el municipio es levantar hasta seis, aquí se permitió construir edificaciones de hasta 13. Son monstruosidades que no pegan con la arquitectura de la zona”, se explaya.

González señala al antiguo alcalde de Arganda y actual diputado en el Congreso, el socialista Guillermo Hita, como el político que modificó el Plan General de Ordenación Urbanística para intentar remediar los efectos en la zona de la Gürtel. “Pero no mejoró las cosas”, apostilla. Todo sigue igual que cuando comenzaron a reunirse con los responsables políticos municipales en 2021: “Esto está mal construido. Hasta las aceras están hundidas con ondulaciones. Donde se supone que iba a haber un parque, el Ayuntamiento no es capaz de expropiar una casa que hay en medio de la nada, así que sigue siendo un descampado. Es un completo desastre”.

De barrio ultramoderno a no tener un solo parque

Jorge Arranz se decantó por una vivienda en esta zona de Arganda tras dejar atrás un alquiler en la capital junto a su marido, cuya familia es argandeña. “Compramos un ático de tres dormitorios con una terraza grande. Estábamos muy ilusionados”, comenta. Ellos fueron de los primeros residentes en llegar a la zona, en el primer semestre de 2021. “Nos dijeron que sería un barrio ultramoderno, una finca de lujo con buenas calidades, pero el entorno deja mucho que desear”, se queja.

Con el paso de los años, la gente va ocupando los cientos de viviendas que se construyen en esta zona. Sin embargo, ni una sola zona verde les da oportunidad alguna para el esparcimiento, el deporte al aire libre o la mera recreación. Ni siquiera ha desaparecido el aparcamiento que, según el vídeo promocional de Inmoglaciar, se iba a convertir en una zona de estancias y verde. “Cada vez hay más familias con niños pequeños o incluso con mascotas que no tienen ningún sitio al que ir”, ilustra Arranz, encargado de una tienda de maletas y artículos de viaje.

A sus 42 años, afirma que desde un principio tenían claro que se encontrarían un barrio en desarrollo. “Eso es una cosa y otra el desastre que vemos aquí cada día”, abunda. En su caso, el gran perjuicio que sufre es la construcción de una torre de viviendas de 13 pisos. “Cuando te compras un ático esperas algo de privacidad, disfrutar de tu espacio exterior y las vistas, pero no que tengas decenas de personas pudiendo ver lo que haces o dejas de hacer todo el tiempo”, denuncia.

En abril de 2021 también llegó Alicia Mesa a la finca. Esta ambientóloga de 38 años que trabaja en una planta privada de gestión de residuos todavía recuerda la maqueta que vio en la caseta en la que le vendieron su vivienda. “Ahí había zonas verdes, parques y nos aseguraron una proyección increíble. Después de cinco años casi, todo sigue igual o peor”, subraya. Desde su punto de vista, el principal escollo a superar son los problemas de aparcamiento y acceso al barrio que generan las continuas obras, a lo que se suma el mercadillo de los viernes.

Ante estas acusaciones, el alcalde del municipio, Alberto Escribano, del PP, que gobierna la localidad junto a Vox, responde a elDiario.es que sí se contempla una zona verde: “Todavía no está desarrollada porque no se ha terminado la urbanización de la Unidad de Ejecución, ya que es un barrio que se encuentra ahora en plena construcción después de haber estado durante años paralizado por el gobierno socialista anterior”. Desde el consistorio aseguran que se llevará a cabo en la segunda fase que tendrá lugar cuando termine la construcción, y su financiación correrá a cargo de la Junta de Compensación.

Una situación económica “en riesgo”

González, por su parte, determina que el Ayuntamiento “no tiene dinero para nada. Arganda es uno de los pocos consistorios de España que está en riesgo alto por la regla de gasto”, asegura. Así lo confirma el informe emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2025, fechado el pasado día 16 de julio. “No es que necesitemos plantar un árbol o arreglos puntuales, es que se necesita una remodelación completa para la que el Ayuntamiento, que está arruinado, no tiene presupuesto”, añade, algo enfadado.

En este sentido, Escribano ha asegurado que la legislatura anterior del PSOE dejó siete millones de euros de déficit. Más actual es la aprobación de la Cuenta General de 2024 que el Pleno de este octubre ha realizado y que “muestra un tremendo cambio de tendencia en las cuentas de Arganda”, precisa. Según sus datos, el saldo positivo supera los 8,5 millones de euros.

Sin embargo, desde el punto de vista de González, Arganda se sigue gestionando como si fuera un pueblo y no como una ciudad de 60.000 habitantes. Mesa opina que “el Ayuntamiento no hace nada más que anunciar que está subsanando las cuentas del anterior partido”, aunque eso no se materializa en mejoras para la ciudadanía del barrio. Ella, experta en gestión de residuos, añade que “dinero deben tener, porque han realizado un cálculo totalmente desproporcionado del nuevo impuesto de las basuras, y ese dinero no lo van a devolver”.

La disputa por el mercadillo

La gota que colma el vaso de estos afectados llega los viernes a partir de las 06.00 horas. Desde ese momento, los gritos y el sonido de hierros de los tenderetes del mercadillo por el suelo son la pesadilla que no deja descansar al vecindario. Se decidió establecer ahí el mercadillo cuando la zona era un erial, precisamente en los años de la Gürtel. La llegada de la pandemia hizo que el antiguo regidor, Hita, lo trasladase al recinto ferial del municipio. “En 2022 lo bajaron otra vez a la avenida del Ferrocarril, con muchas familias ya instaladas, edificios construidos y otros en proceso”, apunta.

Las consecuencias para el vecindario están claras: más allá de la incomodidad por el trasiego habitual que generan este tipo de actividades, el barrio se queja de la inseguridad que genera. “Hace poco un camión de las obras golpeó a una señora que estaba comprando”, asevera González, que también guarda fotografías de las ratas que merodean por la zona intentando alimentarse de los restos de frutas y verduras que quedan.

Los afectados recuerdan que el alcalde les aseguró que el mercadillo volvería a su ubicación anterior después de las fiestas del municipio, que terminaron en septiembre. No ha sucedido. “Es la típica gestión de un alcalde de un pueblo pequeño, que no mira por el beneficio común ni por una zona como esta, que es vital al ser una de las entradas principales a Arganda”, sostiene González.

Ante esta cuestión, desde el Consistorio exponen que el recinto ferial no ha sido nunca la ubicación definitiva del mercadillo, sino un lugar provisional entre diferentes ubicaciones. “Se trata de que ocupe el lugar que merece por la importancia que tiene y el papel que juega en Arganda. Jamás vamos a tomar una decisión unilateral sobre esto ni sobre nada, porque no es mi estilo y además tenemos que entender que se trata de personas, de sus vidas y sus negocios”, añade el regidor.

Vender para mudarse

Arranz y su pareja compraron dos casas en la misma urbanización. Viven en el ático y alquilan la otra vivienda: “Esta última da justo a donde ponen el mercadillo, y en ella vive una familia con niños pequeños que se queja de que es imposible dormir más allá de las 06.00 horas cada viernes”. Ya no solo se trata de esa segunda vivienda, sino de la suya propia. 

Tal y como remata, “lo que en principio iba a ser un proyecto de vida que empezamos con muchísima ilusión ahora se ha frustrado, así que estamos pensando en vender e irnos a otro sitio”. Mesa también ha pensado dejar esta zona atrás. “Estamos rodeados de ruidos y de polvo, y de maquinaria pesada. No es una zona visiblemente bonita y aquí la vivienda se devalúa cada día”. El mismo Arranz se muestra algo desesperanzado cuando dice que “la situación se va a agravar con el tiempo, porque cada vez entregan más pisos y esto cada vez es más caos”.

La sombra de la trama Gürtel no acaba de disparse. Este miércoles se coló en la sesión de control a Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia, cuando la líder del BNG, Ana Pontón, le recordó los “sobre en B” de Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP. “Los repartía cuando usted ya estaba en el aparato del partido”, le espetó la nacionalista, “iban a las elecciones dopados con dinero negro”. En realidad Pontón respondía a un recado del presidente la Xunta al Bloque: le había afeado, sin venir mucho a cuento, que no participasen en la comisión de investigación del Senado en la que compareció Pedro Sánchez. Y eso que resultó en un fiasco para los populares. Pero el debate entre Rueda y Pontón trataba sobre la sanidad pública y las deficiencias en atención a la salud mental.

Los datos los expuso esta última. Galicia lidera el ránking de suicidios en el Estado español, el 23% de su población padece problemas crónicos de salud mental y se consumen más psicofármacos que en otros lugares, un 52,5% más de la media estatal. A esta situación, adujo Pontón, el Gobierno gallego reacciona con un plan en la materia que no se cumplió y con siete psicólogos para atender más de 400 centros de salud. La propuesta del BNG pasa por destinar siete millones de euros a contratar un centenar de estos profesionales. “En 2026 contrataremos 21 nuevos psicólogos”, fue la respuesta de Rueda, quien aseguró que la partida dedicada a salud mental es la que más crece en el capítulo sanitario de los Orzamentos autonómicos para el año que viene.

“Tenemos la mejor sanidad de España y una de las mejores de Europa”, añadió. Y aunque Pontón le recordó que todavía en mayo había anunciado la “contratación inmediata” de 14 psicólogos y no la había realizado, le dio igual. “Ahora serán 21, siete más” se ufanó, antes de presumir de listas de espera -“la cuarta comunidad con menos”, pese a que son 360.000 personas solo en las no ocultadas por la Xunta- o de la celeridad en atención primaria -“un 66% de pacientes atendidos en menos de cuatro días”.

“Papel de triste figurante”

Su careo con el socialista José Ramón Gómez Besteiro tampoco se salió de los cauces habituales. “Presidente del club de fans de Pedro Sánchez” y “recadero de Moncloa” fueron las calificaciones con las que respondió el presidente gallego a la larga enumeración de “mesas de diálogo” o propuestas convocadas por el Ejecutivo de Sánchez y de las que se ha ausentado el de Rueda en seguimiento de las directrices de Génova. De la quita de la deuda a un pacto por el cambio climático, de negar los datos sobre cribado de cáncer a dificultar la acogida de menores migrantes, Rueda se ha plegado “en papel de triste figurante” a lo que Besteiro considera “guerra obsesiva de Feijóo contra el Gobierno de España”. “¿Está priorizando los intereses de Galicia frente a los de su partido?”, inquirió, y también respondió: “Ya le digo yo que no”.

“Es usted cómplice de las falcatruadas [engaños] del Gobierno de España en Galicia”, le acusó a modo de resumen Alfonso Rueda, pero no entró en detalle. Solo insistió una y otra vez en una obviedad: en Galicia habrá presupuestos el año que viene -el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara gallega-, en el Estado no parece que vaya a ser así. “Y a usted le da igual”, dijo.

En el último juicio a la trama Gürtel que se celebra esta semana se sientan en el banquillo más de 20 personas acusadas de facilitar el entramado financiero que permitió a Francisco Correa ocultar a Hacienda los millones de euros que ganó en comisiones que cobraba a empresas a cambio de adjudicaciones de gobiernos del Partido Popular. Pero entre esas personas no está Arturo Fasana, el artífice de una cuenta bancaria opaca llamada Soleado, donde tenía su dinero buena parte de la Gürtel y también el rey Juan Carlos de Borbón.

Con Pedro Águeda, periodista de elDiario.es que durante años ha seguido la pista a este ingeniero financiero afincado en Suiza, repasamos quién es Arturo Fasana, y su papel de bisagra entre la fortuna que ocultaba el rey emérito en Suiza y el dinero que escondían los principales cabecillas de la mayor trama de corrupción política en España. 

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Con los recuerdos pasa lo que con los móviles: que uno borra lo que le interesa, no le es útil o le trae a la memoria lo peor de sí mismo. Un ejercicio baldío porque en política, como en la vida, el pasado siempre vuelve. Aunque se disfrace, se oculte o se olvide, regresa de forma inoportuna cuando uno menos lo espera. 

Andan estos días el PP y sus voceros, con ayuda de algunos togados, revisando las cuentas del PSOE en busca de un dato, un descuadre, un gasto, un sobre o un auto judicial que permita hablar de caja B, de financiación ilegal o de sobresueldos para igualar el caso Ábalos/Koldo/Cerdán con la Gürtel. Y ¡zas!, lo encontraron: “Liquidaciones a las que no ha accedido aún la UCO prueban que Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018. Una cifra que sumada a los 20.791 euros de descuadre entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados en el móvil de Koldo García ascendería ya al menos 27.879 euros, solo en los pagos en sobre realizados al ex asesor de Ábalos. 

Ahí lo tienen. ¡Pillados! Sobran las pesquisas, los juicios y las sentencias. Los titulares lo dicen todo. Y las declaraciones políticas abundan en ello. “Cada euro que gestiona un gobierno viene del esfuerzo de alguien, algo que merece respeto, rigor y decencia”, ha dicho el nuevo azote de la corrupción en que se ha convertido Alberto Núñez Feijóo. Hablaba, claro, de forma implícita sobre el pago en metálico con el que Ferraz abonaba algunos gastos de su personal político y administrativo. El mismo procedimiento, primitivo sí, pero que también usa el Senado, los Ministerios y hasta Mazón, que abonó una comida de más de 800 euros primero por transferencia y, después, porque no se acordaba de haber saldado la deuda, en efectivo y a tocateja. 

El caso es que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez para aclarar los citados pagos en metálico. Pero el PP y sus terminales mediáticas ya lo saben todo: un descuadre de 27.000 euros es igual a financiación ilegal, a caja B y a sobresueldos.

Feijóo ha dicho que “no hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar a quien abusa” y que “la corrupción no solo roba dinero, sino también energía moral”. Podría haber elegido otro día, repasar la hemeroteca o echar un vistazo a la agenda judicial para no hacer el ridículo una vez más porque hablar de corruptos y de moral el mismo día que la Gürtel vuelve a los tribunales de justicia no es muy inteligente ni muy oportuno. Es más bien una dosis de recuerdo de lo que hicieron el PP y muchos de sus dirigentes con el dinero público. 16 años de investigación, 22 sentencias, 94 condenados y 750 años de prisión para los implicados, pero aún se permiten consejos.

Desde este lunes se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por la conocida como “pieza principal” el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y una veintena de investigados. Se les juzga por delitos contra la Hacienda Pública, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Una extensa red de corrupción que manipuló concursos públicos entre los años 1999 y 2009 para lucrarse gracias a precios desproporcionados, partidas duplicadas o gastos inexistentes y en la que participaron en mayor o menor medida personas vinculadas al PP, como el extesorero del partido, Luis Bárcenas, varios alcaldes y varios consejeros de la Comunidad de Madrid y Valencia. 

Pero, lo que supuso un antes y un después para el Partido Popular fue la investigación de una 'caja B', con la que también se habría financiado ilegalmente la sede del partido en la calle Génova. La Audiencia Nacional consideró además en 2018 “plenamente acreditada” la contabilidad paralela y sentenció al partido a pagar 245.000 euros de multa como persona jurídica por haberse lucrado de las comisiones y los regalos de la Gürtel, como viajes, fiestas o celebraciones. Bárcenas, por su parte, fue condenado por falsedad contable y fraude fiscal. En otra sentencia sobre las obras de la sede 'popular' se certificó una contabilidad paralela manejada por el tesorero.

¿Y qué decía Feijóo entonces, allá por 2009, cuando el escándalo salió a la luz? Lean, lean que no tiene desperdicio: “Cuando se trata de justicia, los políticos debemos hablar poco y atenernos a las decisiones judiciales. Una cosa es un juicio y otra cosa es un prejuicio. Y los juicios y los prejuicios son lo contrario. En un estado de derecho, los juicios tienen que hacerse con la tranquilidad y la independencia judicial, y acatar todas y cada una de las decisiones una vez que estas sean firmes. Un informe policial no es una decisión judicial”.  Consejos vendo...

El líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados han admitido los hechos de los que les acusa la Fiscalía en el último juicio de la macrocausa de corrupción. Así lo ha expuesto este lunes la fiscal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, precisando que de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.

El que arranca este lunes es el último juicio relativo a la última pieza —denominada principal—sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, “en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas”. Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos. “Fundamentalmente”, detalla, “con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad”.

El líder de la trama 'Gürtel' ha confesado este lunes en la Audiencia Nacional que no pagó impuestos, que no presentó declaraciones tributarias y que no aparecía como titular de cuentas bancarias en España. Al respecto, ha admitido que trató de lograr la residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares a través de una de las acusadas, que le “estafó”, ha dicho, porque no se la consiguió: “Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España”, ha admitido. No llegó a abrir una cuenta en el país centroamericano porque lo detuvieron antes.

Correa ha afirmado que no recuerda que se presentara a esa acusada como íntimo del expresidente del Gobierno José María Aznar: “Yo no era amigo de Aznar. Le conocía porque trabajaba para el Partido Popular y fui a la boda de la hija, pero no era amigo mío”.

Así funcionaba la trama

Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía “contratos mediante sobornos a cargos públicos” se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes. “Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos”, indica.

La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la “connivencia” de otros acusados para armar una “trama de confección de facturas falsas” con la “triple finalidad” de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal --“Caja B”--; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.

El juez instructor de la causa, José de la Mata, acordó en 2020 sentar también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

Al respecto, el juez incluyó en la lista a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas Inmaculada Mostaza.

La nómina de personas que serán juzgadas abarca, entre otros, a los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez por el mismo delito.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado reflejó las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.

De la Mata explicaba en una resolución que las cantidades multimillonarias las obtuvo Correa por su “intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera”.

Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas, según el magistrado, que calculaba el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio de los años 2000 a 2007.

El 'número dos' de la Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirmaba.

Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL, y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba, añadía el juez.

En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, el juez instructor les consideró cooperadores necesarios porque “su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación”.

“Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública”, expuso.

Aun así, para el juez, “lo relevante” no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la “maraña societaria”, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que son “entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos”.

El magistrado instructor apuntaba también en esta pieza del 'caso Gürtel' a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Sobre el primero, el auto afirmaba que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido “reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado”.

En cuanto al blanqueo de capitales, detallaba los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describía una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de “enriquecimiento de su líder”.

José Luis Izquierdo, el conocido contable de la trama Gürtel de corrupción en torno al Partido Popular, ha presentado un escrito ante el tribunal que lo juzga desde este lunes, entre una veintena de acusados, y reconoce: “Mis trabajos consistían en la contabilización y gestión de fondos en efectivo, anotando su origen y destino, siempre bajo las órdenes del señor Crespo y el señor Correa. También contabilicé y registré los fondos cuyo origen eran comisiones ilegales, extremo que se recoge en la documentación que se encontró, efectivamente, en una carpeta azul y que obra también en el pen drive que me fue intervenido”.

La Audiencia Nacional juzga la última pieza del caso Gürtel sobre la ocultación de fondos a Hacienda y el blanqueo de capitales procedentes de la corrupción. Izquierdo, condenado como los principales integrantes de la trama en otros juicios anteriores, vuelve a reconocer que “era el encargo, bajo la instrucción y supervisión tanto de Correa, como de Pablo Crespo, de la gestión de la tesorería opaca o 'caja b' del señor Correa, como de su contabilización”.

Esa 'caja b ' estaba destinada, continúa, a “realizar pagos a diferentes cargos públicos a través de fondos opacos y ajenos al circuito económico legal”. También se ocupaba de rebajar la base sobre la que pagar impuestos y de “encubrir la titularidad de los fondos de origen y destino”.

Junto a Izquierdo, Correa o Crespo se sientan en el banquillo los dos 'arquitectos' del blanqueo de capitales, Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín. Este último, como los cabecillas de la red, ha presentado un escrito de confesión.

Izquierdo cuenta cómo, para encubrir las mordidas que recibían los políticos del PP, “daba instrucciones a los proveedores al objeto de que modificaran el concepto destino de las facturas, con la finalidad no sólo de ocultar pagos sino con la de generar la apariencia de gastos deducibles derivados de la actividad económica de la sociedad de eventos”.

Uno de esos proveedores era Milano Difusión, a quien emitió “facturas intragrupos”, esto es, en distintos conceptos de los reales. Milano Difusión fue una de las tiendas investigadas en la pieza de los trajes de Francisco Camps. La investigación apuntaba a que la trama pagó los trajes del ex president valenciano, pero un tribunal del jurado terminó por absolver al político.

La historia de los casos Gürtel y caja B del PP también es la de sus fracasos. Los años de sobresueldos que cobraron los máximos dirigentes del Partido Popular, incluido Mariano Rajoy, constituían un delito prescrito. Las aportaciones de las grandes empresas del Ibex al PP en dinero negro no alcanzaron el rango de cohecho porque no se pudo demostrar que fueran a cambio de adjudicaciones concretas. Y en el banquillo del último juicio de Gürtel no se sentará Arturo Fasana, el gestor suizo que abrió la cuenta bancaria 'Soleado' a Francisco Correa con la promesa de que allí descansaría seguro su dinero de la corrupción. El blindaje se llamaba Juan Carlos I, otro cliente que escondía ahí sus fondos. 

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a 21 personas por su relación con la trama de blanqueo de capitales y evasión fiscal que pusieron en marcha Francisco Correa y Pablo Crespo para poner a salvo de Hacienda, y de la justicia española, el dinero obtenido por mediar en contratos y adjudicaciones de obra pública con Administraciones gobernadas por el PP.

La justicia ya ha visto y sentenciado todas esas corruptelas. El Partido Popular ha sido condenado como responsable civil subsidiario en la pieza separada más relevante, la de la caja B de la formación política: parte de la reforma de la sede central del partido se pagó con dinero negro de los empresarios. También el Tribunal Supremo ha ratificado que el dinero de la corrupción fue a sufragar campañas de los conservadores en Pozuelo y Majadahonda. Correa y Crespo están en libertad después de pasar casi una década en prisión y haber reconocido todos sus delitos…

Falta esclarecer en sentencia la segunda fase de un ejercicio gigante de corrupción, consistente en esconder las ganancias. Y es aquí donde entran en juego dos actores principales, los economistas que idearon ese laberinto de evasión y blanqueo. Junto a Correa y el resto de integrantes de la trama se sientan en el banquillo Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín. El primero ya fue condenado a 12 años y nueve meses de cárcel en el juicio de la pieza principal de Gürtel por blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Fue quien puso a disposición de Correa sus conocimientos cuando la trama empezó a funcionar, allá por 1998.

Esa misma tarea la asumiría a mediados de 2005 Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol y amigo de José María Aznar, con el que estudió la carrera y junto al que ganó la oposición para inspector de Hacienda. Blanco Balín aparece retratado en la primera confesión que hizo Francisco Correa, publicada en noviembre de 2015 por elDiario.es y que luego sería refrendada en sede judicial. En ese documento, Correa explicaba que Blanco Balín le propuso a un tal Arturo Fasana como gestor de sus fondos en Suiza. “La importancia de los clientes (de Fasana) y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial, me dijo que me quedase muy tranquilo”, relataba Correa en el escrito. 

Ya en el juicio, el principal acusado se explayó: “Cuando se registra el despacho de Ramón Blanco Balín me puse muy nervioso porque se llevaron todas mis escrituras y mi opacidad se podría hacer pública. Entonces le dije que quería regularizar y me dijo que no”. Blanco Balín, según explicó, le garantizó la inmunidad de la que disfrutaba su hombre en Suiza, Arturo Gianfranco Fasana, y que estaba garantizaba por uno de los clientes a los que escondía dinero negro. 

En la confesión a elDiario.es, Correa se explicaba así: “En varios viajes que realicé para visitar a Fasana en Ginebra con Ramón Blanco, Arturo, con quien ya adquirí cierta confianza, me acreditó visualmente la realidad de lo que me explicó Blanco Balín, y corroboré la coincidencia de las informaciones de mi conductor”. 

La 'Z' del caso Gürtel

Francisco Correa aseguraba, por tanto, haber visto documentos que acreditan que Fasana trabajaba para un cliente español tan importante que alejaría cualquier intento de investigación en su contra. Correa ponía coche y chófer a Fasana cuando éste viajaba a Madrid y el conductor después contaba a su jefe con quién y dónde se había reunido el gestor. 

Quién se escondía tras esa poderosa y misteriosa identidad fue desvelado en el juicio por Correa. Lo hizo en dos entregas. En la sesión de la mañana del 15 de octubre de 2016, el principal acusado de Gürtel se negó a pronunciar el nombre: “Si lo digo sale esta tarde en todos los periódicos”. Por la tarde fue más explícito. Se refería a las garantías que le daba la cuenta “Soleado” y afirmó que esa cuenta es por “donde están pasando las grandes fortunas del país, incluida las del rey de España”, en referencia a Juan Carlos I. El presidente del tribunal le cortó pidiéndole que no hiciera referencias a quien no estaba en la sala y no se podía defender. 

El día de la confesión de Correa quedaban más de cinco años para que la Fiscalía archivara la investigación secreta que había abierto en 2020 y en la que quedó de manifiesto el engaño a Hacienda del anterior jefe del Estado. La prescripción, y la inmunidad de la que gozó hasta 2014 Juan Carlos I, evitaron su imputación. La dudosa actuación de Hacienda y la Fiscalía, permitiendo que regularizara el dinero después de haberle avisado, contribuyó a que el denominado “artífice de la Transición” escapara del banquillo.

Ramón Blanco Balín ha sido condenado ya en tres piezas del caso Gürtel. Su contacto en Suiza, Arturo Fasana, estuvo imputado durante años en la pieza del blanqueo de capitales que se juzgará el lunes. En 2020, el juez José de la Mata consideró que no había indicios suficientes contra él y otros 28 imputados y los libró del banquillo con el auto de apertura de juicio oral. 

Fasana, por tanto, no podrá corroborar la acusación de Correa y la cuenta Soleado. Por su parte, Blanco Balín hace alusión al gestor suizo en repetidas ocasiones, pero no se refiere al blindaje de aquella cuenta en el escrito para colaborar que ha presentado ante el tribunal. Un informe de la UDEF fechado el 13 de julio de 2013, e incorporado al sumario de Gürtel, informa de la cuenta bautizada como “Soleado” en honor a sus clientes españoles.

“La cuenta bancaria denominada Soleado en la entidad financiera Credit Suisse de Ginebra (Suiza) fue abierta en el año 1995 por los directores de la sociedad de gestión de patrimonios Rhone Gestion SA, Marcel Hagger y Arturo Gianfranco Fasana, y se componía, a partir de la información disponible, de siete subcuentas en otras tantas monedas (euros, dólares estadounidenses, libras esterlinas, pesetas, francos suizos, francos belgas y marcos alemanes), así como de otra subcuenta de valores financieros”.

Los fondos llegaban a la cuenta desde el exterior, y posteriormente se transferían a las cuentas de los beneficiarios económicos de los mismos en la propia entidad Credit Suisse, de tal forma que servía como canal para la circulación del dinero de los clientes de Rhone Gestion“. Los investigadores siempre han creído que Soleado era la fórmula para hacer desaparecer el rastro del dinero, especialmente si el origen de éste era ilícito.

Francisco Correa, en su confesión a elDiario.es, escribió: “Blanco Balín me trasladó que todas las comisiones cobradas por él en sus cargos durante 8 años como vicepresidente y consejero delegado de Repsol, con los países en los que cerraba acuerdos (Argentina, Colombia, Venezuela, etc.), las depositó en la cuenta Soleado (Credit Suisse) de su íntimo amigo Fasana, y que ascendían a 60 millones de euros”.

“Era muy común en Suiza”

En mayo de 2017, en su última declaración como imputado en Gürtel, Fasana dio su propia versión en la Audiencia Nacional de por qué la operativa de Soleado: “La razón de por qué se utilizaba esto en algunos casos es porque algunos clientes no querían que el banco que mandaba el dinero supiese el número de la cuenta nueva que había en el banco que lo recibía”.

Fasana dijo que “en aquellas épocas era muy común en Suiza” y que “no se hacía de ninguna manera para ocultar nada en absoluto”. En el citado informe de la UDEF al juez Pablo Ruz había una queja de los investigadores: “El hecho de que el resto de apuntes se encuentren tachados impide conocer la identidad del resto de beneficiarios de las transferencias y repartos asociados”.

Fasana llegó a estar investigado en Suiza por blanqueo de capitales. En su relato ante la Fiscalía del país helvético contó once meses después de su arresto en el aeropuerto de Barajas, dentro de la investigación del caso Gürtel, Juan Carlos almorzó con él en su casa de Ginebra. El rey llevaba 1,9 millones de dólares en una maleta que traía de Baréin. Necesitaba que su asesor de confianza en Suiza los ingresara en un banco. Eran una “donación” del sultán de aquel país, contó el rey emérito. No había mucho más que aclarar por parte de Fasana. Tampoco la Banca Mirabaud puso mayores pegas y el dinero acabó en una de sus cuentas. Cuando el fiscal Bertossa preguntó al responsable de la entidad entonces, Yves de Mirabaud, por qué accedió a ingresar ese dinero en metálico sin mayor control, éste dijo que su departamento de control conoce desde hace tiempo a Arturo Fasana y confía en él.

Pablo Crespo, máximo colaborador de Francisco Correa, ha entregado un escrito de confesión antes del último juicio a la trama corrupta en el que explica sus funciones dentro de la estructura de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En uno de los pasajes de su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Crespo incluye “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

El próximo lunes arranca el último juicio a la trama de la Gürtel. Se sentarán en el banquillo 26 acusados. Hace ya un lustro que el juez José de la Mata dictó la apertura de juicio oral para esta última pieza de la macro causa. En el marco de la misma se investiga la estructura para defraudar a Hacienda y blanquear el dinero procedente de la corrupción.

La petición de cárcel para Crespo es idéntica a la que se hace por la Fiscalía para Correa, un total de 77 años, si bien ninguno de los dos está actualmente en prisión porque su colaboración arrancó en el primer juicio a Gürtel y ya han cumplido los requisitos para el tercer grado. Pablo Crespo, quien fue secretario de Organización del PP gallego, estuvo nueve años en prisión. 

El juicio tratará de esclarecer la citada trama de blanqueo, puesta en marcha por Luis de Miguel y luego retomada por Ramón Blanco Balín, quien también ha confesado esta semana sus delitos dentro de un acuerdo de colaboración con la justicia. 

Ahora, Pablo Crespo dice: “Como contraprestación con relación a mi participación en diversos negocios con el señor Correa, percepción de comisiones por adjudicaciones de obras y para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá”. Crespo reconoce “rentas por el favorecimiento ilícito de adjudicaciones de obra pública” o “reparto de comisiones” por el mismo concepto.

“Deseo exponer mi sincero arrepentimiento por la actuación desempeñada en los hechos que originaron este procedimiento y también por aquellos por los cuales ya he sido condenado mediante sentencia firme, relativos a otras piezas separadas derivadas de las mismas diligencias previas”, añade Crespo.

Y concluye: “Soy totalmente consciente y asumo, desde hace mucho tiempo, el daño económico causado por los delitos cometidos, que también supusieron un grave atentado contra los valores cívicos básicos de la sociedad y contra los míos propios”.

Ramón Blanco Balín, uno de los empresarios cuyo nombre ha sido asociado al caso Gürtel de corrupción desde su estallido hace más de 15 años, ha presentado su confesión ante la Audiencia Nacional días antes de que empiece el último juicio de la trama: el que gira en torno a los millones de euros que amasaron Francisco Correa y sus colaboradores a espaldas de Hacienda. Este asesor fiscal se suma al propio Correa, que ya confesó sus delitos hace unos días, relata cuál era el gran activo de los miembros de la trama: “Indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”.

El caso Gürtel estalló en febrero de 2009 con las primeras detenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón para desmantelar una organización corrupta en la que empresarios y cargos del Partido Popular usaban su influencia política en sus feudos, principalmente en Madrid y Valencia, para manipular contratos públicos y obtener comisiones, a veces a cambio de favores y regalos a políticos. Los últimos 15 años han dejado un reguero de condenas firmes y sentencias que han declarado probada esta relación simbiótica entre el partido así como su responsabilidad como responsable a título lucrativo.

Ramón Blanco Balín fue uno de los primeros imputados del caso, cuando el PP todavía aseguraba que era una operación “contra” el partido, y se prepara para afrontar el último juicio del caso, que arranca la semana que viene en la Audiencia Nacional. Un juicio con una veintena de personas en el banquillo, entre ellas Francisco Correa, acusadas de ayudar a ocultar y blanquear los millones de la trama corrupta dentro y fuera de España.

Blanco Balín, inspector de Hacienda en excedencia que llegó a ser directivo de Repsol en la década de los noventa, se ha sumado a la lista de imputados que desde hace años han optado por las confesiones para aminorar las condenas de cárcel que les acarrea cada pieza separada. En el caso de este empresario que asesoró fiscalmente a Francisco Correa en los años en que campaba a sus anchas en los ayuntamientos donde gobernaba el PP, Blanco Balín ya ha sido condenado por su papel en la pieza de la visita del Papa a Valencia, en la actividad de la trama en la Comunidad Valenciana o en Boadilla del Monte.

En esta nueva confesión, el asesor explica que conoció a Francisco Correa, líder de la trama, en el año 2005, a través de Alejandro Agag, yerno del ya entonces expresidente José María Aznar. Pasó entonces a llevar la contabilidad de sus empresas, algunas constantes en la trama como Orange Market, constituyendo otras para “traerse a España dinero que tenía en el extranjero”.

En esas fechas, explica, conoció a otros nombres clave de la Gürtel: Pablo Crespo, Álvaro Pérez 'El Bigotes' o Jacobo Gordon. “Desde el principio de la relación con ellos, le indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”.

La confesión describe que Correa movía sus comisiones en el extranjero con Arturo Fasana, también gestor de la fortuna de Juan Carlos de Borbón, mientras “se vanagloriaba de que no hacía nunca declaraciones tributarias, y decía que, como conocía a personas relevantes, y tenía buenos contactos, que no le iba a pasar nada por no hacerlas”. Ayudó a crear sociedades para “ocultar fondos ilícitos”, explica, y para que Correa ocultara su patrimonio a Hacienda.

Blanco Balín explica ahora que es “consciente” del “daño económico” causado a Hacienda y recuerda que ya en 2020 ingresó 1,2 millones de euros para reparar el daño. “Debe considerarse un verdadero esfuerzo reparador”, alega antes de aceptar lo que la Fiscalía pide para él: cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro más de falsedad documental. Un total de dos años y cuatro meses de prisión.

El empresario de la construcción y los medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados desde el próximo 20 de octubre, que es cuando arranca el último juicio de Gürtel, el referido al blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 14 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental continuada, que habría cometido para ayudar a Francisco Correa.

Ulibarri, que posee el 50% de la televisión de Castilla y León –financiada por el gobierno autonómico– es propietario de varios medios en la Comunidad, entre ellos El Mundo de Castilla y León y varias cabeceras locales, además de explotar licencias de radio, ya tiene una condena de cárcel a sus espaldas. En abril de 2022 asumió 19 meses de prisión en la causa Gürtel Boadilla. La sentencia de la Audiencia Nacional lo consideró autor responsable y colaborador necesario de la trama de corrupción. En ese momento, el empresario decidió colaborar con la Justicia pocos meses antes de que arrancase el juicio en el que se exponía a una condena de 7 años de cárcel, y acabó reconociendo los cinco delitos.

En la nueva causa que afronta está acusado de encubrir el fraude fiscal de Francisco Correa, el hombre que recogía las mordidas del PP a las empresas a las que concedía adjudicaciones. Tanto Correa como Pablo Crespo, líderes de la trama, se enfrentan a 77 años de prisión por el entramado creado para eludir los pagos a Hacienda ocultando los fondos que habían obtenido. Correa habría ocultado más de 24 millones de euros mediante dinero en efectivo que integró en la 'caja B' de sus empresas gracias a un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.

Así, se elaboraron facturas falsas “con el fin de ocultar los servicios realmente prestados o su destinatario final, o para simular el pago de servicios inexistentes que no solo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos”, según el juez instructor. Ulibarri es uno de los empresarios que, presuntamente, participó en esa trama que falseó facturas por servicios no prestados. No es el único leonés que está imputado, también aparece otra constructora de la provincia, Teconsa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción relata que Correa recibió por su ilegal intermediación en adjudicaciones públicas en Castilla y León varias cantidades. En 2002 obtuvo 49.763 euros por la adjudicación del “Expediente 1.2-BU-10, variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas. C-6318, de Bilbao a Reinosa, puntos kilométricos del 41,450 al 46,100, provincia de Burgos” por la Consejería de Fomento de Castilla y León, a cargo en ese momento de José Manuel Fernández Santiago.

En 2003, un importe de 120.500 euros relacionado con la adjudicación del “Proyecto global de construcción del centro de tratamiento de residuos urbanos, depósito de rechazos y accesos, para la gestión de los residuos urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca”, situado en Gomecello, por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, entonces al cargo de Silvia Clemente; y un importe de 31.150 euros, también en el año 2003, por la adjudicación del “Proyecto de construcción de la variante de Olleros de Alba (León) carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, tramo de Olleros de Alba pk. 4,100-8,600”.

Gürtel Castilla y León, archivada por el TSJ para los políticos y cargos de la Junta, pero no por la Audiencia Nacional para los empresarios

Gürtel sí que llegó a los tribunales de Castilla y León pero el recorrido fue corto: los hechos relacionados con la Variante de Olleros de Alba fueron objeto de diligencias previas tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia y acabaron archivadas en 2012 por prescripción de los delitos de prevaricación y cohecho al considerarse que no concurrió ninguna irregularidad penalmente relevante en la adjudicación de la obra, sin perjuicio de estimar al mismo tiempo indiciariamente acreditados los distintos pagos y su vinculación con aquella. Es decir, los delitos no se descartaron entonces, y actualmente, son sus beneficiarios quienes se sientan en el banquillo, pero no aquellos que tuvieron el poder de adjudicar.

Respecto al papel de Ulibarri, la Fiscalía se refiere a la ocultación de ingresos de Francisco Correa procedentes de la venta del barco Carmen Junior III, al leonés. En el año 2005 tanto desde Easy Concept como desde Good & Better SL se emitieron facturas a empresas relacionadas con Ulibarri “que no se correspondían con servicios realmente prestados, sino que iban dirigidas a ocultar el precio abonado por aquel a Francisco Correa por la compra de la embarcación” y a poder deducirse esos gastos por las empresas receptoras.

Correa había comprado el barco en 2001 para su uso personal, no obstante lo cual y con el fin de ocultar su verdadera titularidad, realizó la compra a nombre de Pasadena Viajes por un precio de venta que se declaró en 39.500.000 pesetas. Pero según la Fiscalía “el importe realmente abonado, descontando los correspondientes gastos, ascendió a 67.972.562 pesetas”. La diferencia fue pagada en el año 2001 en efectivo, 7 millones de pesetas desde la Caja B y las restantes 21.472.562 pesetas (129.052,7 euros) de fondos opacos no depositados previamente en ningún banco.

En 2005 Francisco Correa vendió el barco a José Luis Ulibarri que lo adquirió a través de su sociedad Conseil de Cabinet SA declarando únicamente 192.323,87 euros –223.095,69 euros con IVA– de los 420.788,77 euros –488.114,97 euros con IVA– realmente abonados. “José Luis Ulibarri y Francisco Correa convinieron que la cuantía restante, 228.465 euros, se enmascarara, con el fin de ocultar el verdadero motivo y final destinatario de la entrega de los fondos, como servicios prestados por sociedades vinculadas y gestionadas por el primero a entidades relacionadas con Francisco Correa acordando, asimismo, que los supuestos servicios se reflejaran falazmente en las siguientes facturas”, dice la Fiscalía.

Así, recoge una serie de supuestos servicios prestados por la constructora de Ulibarri, Begar, y por su inmobiliaria Peñalba. También se refiere la Fiscalía a una operación del año 2006, cuando se concluyeron las gestiones para la venta de la finca de El Escorial, eligiéndose por unanimidad de los socios la oferta de José Luis Ulibarri, efectuada en representación de UFC SA, que proponía un precio de 8.500.000 euros y en la que se eludieron impuestos como el de patrimonio mientras se recibían mordidas para conseguir los permisos necesarios para instalar una estación de servicio.

El Ministerio Fiscal considera a Ulibarri cooperador necesario, junto a otros imputados, de varios delitos contra la Hacienda Pública (IRPF y Patrimonio en 2005 y 2006), blanqueo de capitales y falsedad documental continuada. Además de los 14 años de prisión, se solicitan multas que superan los 20 millones de euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 4 años.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado que el órgano no anulará los acuerdos que decretaron en 2012 la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial tras su inhabilitación por las escuchas ilegales a la Gürtel. Los vocales han ratificado la decisión de la Comisión Permanente y han acordado por mayoría inadmitir la solicitud del exjuez, que busca un regreso simbólico a la carrera judicial apoyado en el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó en 2021 que fue condenado en un “proceso arbitrario”. El pleno ha considerado la “carencia manifiesta de fundamento” de la petición formulada por Garzón, según ha informado el órgano en un comunicado.

El exjuez de la Audiencia Nacional reclamó que se dejaran sin efecto los acuerdos del CGPJ que supusieron la pérdida definitiva de su cargo de magistrado. Su escrito apelaba al citado dictamen de Naciones Unidas, que dio por hecho que el proceso judicial que acabó con su carrera no garantizó la imparcialidad de los magistrados que lo juzgaron y criticó que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir. Además, instó a que el Estado español le proporcionase una “reparación integral” y se borraran sus antecedentes.

Ante el CGPJ, la defensa de Garzón invocó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mayo que estableció que este tipo de dictámenes “no son irrelevantes jurídicamente” y que reclamaciones como la realizada por Garzón pueden servir para reparar las “lesiones de derechos fundamentales” evidenciadas en esas resoluciones. La mayoría del órgano considera, sin embargo, que mientras la sentencia que condenó a Garzón no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula, es una sentencia válida cuyo cumplimiento para el CGPJ viene obligado por el artículo 118 de la Constitución Española.

Los dos vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Inés Herreros y Carlos Hugo Preciado, se han posicionado a favor de admitir la petición del exjuez, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Ambos presentarán votos particulares. Además, la vocal progresista Argelia Queralt presentará un voto concurrente en el que aboga por reforzar la efectividad de los dictámenes del comité de Derechos Humanos de la ONU dado que, a su juicio, queda diluida en la resolución aprobada por el pleno.

Tres procedimientos

Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado en su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. Aquella fue una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista.

La sentencia, de gran dureza, le acusó de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho” por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había “indicios concretos de una posible actuación delictiva” por parte de algunos de esos letrados. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los recursos contra su condena.

No fue el único procedimiento al que se enfrentó. En 20 meses frenéticos el entonces juez afrontó la apertura de otras dos causas contra él en el Supremo. De hecho, la suspensión cautelar de sus funciones de juez se remonta a mayo de 2010, cuando el alto tribunal le abrió juicio oral por presunta prevaricación al declararse competente para investigar las atrocidades del franquismo. Finalmente, resultó absuelto. Una mayoría de magistrados entendió que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó.

Solventados ya los juicios de las escuchas y el franquismo, a Garzón le quedaba todavía el tercero de los frentes que el Supremo había abierto contra él: el de la petición de financiación para dos cursos en la Universidad de Nueva York durante una excedencia de la Audiencia Nacional entre 2005 y 2006.

Tras una instrucción de dos años —en la que incluso salieron a la luz las cuentas personales de algunos de sus familiares—, el juez Manuel Marchena acordó archivar el procedimiento por prescripción solo cuatro días después de la condena de inhabilitación por las escuchas a la Gürtel. El centro universitario siempre negó que Garzón fuera beneficiario directo de esos fondos que Marchena cifró en 1,2 millones de dólares. En 2012, Garzón abrió un bufete y ejerce como abogado.

La corrupción de la trama Gürtel creció durante décadas a la sombra del Partido Popular y terminó tumbando un gobierno, pero antes de los juicios y las sentencias hubo arrepentidos, denunciantes y testigos que fueron clave para que el mundo supiera lo que se cocinaba en decenas de ayuntamientos. Una de ellas es Ana Garrido Ramos, que en “Ana contra Gürtel” (Alrevés) y de la mano de Javier Bardón, tan escritor como psicólogo en este libro, cuenta cómo pasó de enfrentarse a la corrupción en Boadilla del Monte, el gran epicentro de la trama, a ser acosada y repudiada por sus propios amigos. “Le ha supuesto la muerte en vida”, explica el autor. “Una muerte civil”, apostilla la protagonista de una historia que, esperan los dos, termine ahora con un “cambio de ciclo” para ella. Un libro que sale a la venta el 15 de septiembre.

Trabajabas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuando, un día, empiezas a reunir información sobre el alcalde del PP, Arturo González Panero. ¿Cuándo decides documentar la corrupción del municipio?

Ana Garrido: “Yo empiezo a detectar ciertas directrices para firmar adjudicaciones que parecían irregulares, como todos los técnicos, pero había una especie de consigna: si firmas te va a ir muy bien laboralmente, y si no firmas te vamos a degradar. Yo ya recibía presiones en la época de González Panero para hacer informes favorables a empresas o personas. Y yo decía que no y se cabreaban y llega un momento en que me degradan de una manera muy humillante, entro en baja por depresión. Pero en un momento mi mente hace 'click' y decido que hay que invertir los roles. Estaba llorando por las esquinas por hacer lo que tenía que hacer y negarme a firmar documentos ilegales.

¿Pensabas que una investigación sobre un municipio que entonces no llegaba a 50.000 habitantes iba a tener relevancia nacional?

Ana: “Yo al principio pensaba que mi alcalde era un chorizo, pero tenía un patrimonio infinitamente superior a sus ingresos. Fue un año de investigación puro y duro y voy viendo cómo no era un tema de mi ayuntamiento. Me puse en contacto con periodistas, como si estuviera jugando a los espías. Me saltaban nombres y no sabía quiénes eran. No sabía quién era Bárcenas, ni Correa... No los conocía. Cuando empiezo a investigar empresas y empiezan a saltar alcaldes, me empieza a venir información sobre la presunta implicación en la financiación del PP en campañas electorales, hay un momento que digo: ”De perdidos al río“. Es cuando me doy cuenta de que es una trama a nivel nacional y decidí continuar”.

Y tu información acaba, sin embargo, en Manos Limpias, que entonces no era muy conocido.

Ana: “Quería denunciarlo en Anticorrupción, pero en la Fiscalía no puedes mantener el anonimato. Entonces hay una persona que me dice que hay un sindicato que yo no había oído en mi vida. Me dicen que hay un sindicato que protege a los funcionarios que quieren denunciar corrupción. La primera vez que fui me abre Miguel Bernad y me dice que no me preocupe, que va a llevar mi denuncia a la Fiscalía. A la segunda reunión ya voy con el dossier y cuando me iba me dice que ha hablado con Esperanza Aguirre y Juan José Güemes. ¡Les avisan primero! Y me explica que han dicho que 'para adelante' pero con los medios de comunicación. Yo no soy idiota. Me empezaron a temblar las piernas cuando me dijo que había hablado con Aguirre y me fui de allí preocupada”.

En el libro explicas que te diriges varias veces a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, para darle datos de lo que estaba pasando en Boadilla.

Ana: “La primera vez, antes de ir a este sindicato, es de forma anónima con más funcionarios. Para mí no fue fácil, en aquel momento había concejales que no eran corruptos, pero otra cosa es que tuvieran la valentía de enfrentarse, y yo pregunto a una serie de políticos si le pueden hacer llegar una carta. Ella devuelve la consigna: que lo movamos a través de los medios. Dos años después a Miguel Bernad le dice lo mismo. No hace nada, como mucho dice que se lo ha contado a Francisco Granados, le echa el muerto”.

El libro es una narración en directo de cómo es convivir con la corrupción en un ayuntamiento. ¿Cómo era el día a día?

Ana: “En esa última época apenas tenía relación con el alcalde y no tenía por qué verlo. Apenas tenía relación con los cargos políticos corruptos, pero los concejales tenían una especie de acuerdo y aunque no colaboraban con la trama, tenían sus propios negocios y él hacía la vista gorda. A mí esa gente me daba mucho asco, era la primera vez que trabajaba en un sitio que parecía una obra de teatro: hay personajes, pero nadie es quien es. Utilizaban tácticas, cada técnico tenía una persona encargada de captarnos, uno llegó a llamarme 15 veces en una tarde para invitarme a cenar. Cuando trabajas con políticos tienes que guardar las formas, pero yo era más joven y, lo reconozco, un poco hooligan, pero no me callaba: ”Que no me llames más, que eres un corrupto, no quiero saber nada más de ti“, dije”.

Javier Bardón: “Es una historia que toca tanto la corrupción de titulares como la de baja intensidad, enchufar a tu primo, darte unas entradas. Es lo que en psicología llamamos 'efecto de la violación de la abstinencia', como cuando estás a dieta, te pegas un atracón y dices: ”De perdidos al río“. Los concejales rompen esa barrera ética y ya es solo un problema de escalar. Ana no transigió, no da una batalla por perdida, es parte de su personalidad y eso... la perjudicó”.

Años después, una sentencia firme del Tribunal Supremo reconoció que tú habías sido acosada en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte tras investigar su corrupción y testificar en el caso Gürtel. ¿Cómo recibiste esa resolución?

Ana: “Yo recibo acoso en dos etapas. Una en la época de Arturo, que es cuando me voy a Costa Rica. No estoy dispuesta a que me hagan la vida imposible. Pensaba volver cuando cambiara el alcalde. Si llego a saber lo que me esperaba, no hubiera vuelto. No pude demostrar el acoso durante esa primera época, pero vuelvo cuando Antonio González Terol (PP) dice que va a limpiar lo que tiene que ver con Gürtel. El acoso más brutal que yo he sufrido fue en la época de González Terol, el sucesor de Arturo.

Sufrí mucho. Ese proceso se alargó muchísimo, que es a lo que juegan, a recurrir y recurrir mientras yo no podía rehacer mi vida. Y tengo que decir que el apoyo que tuve de la ciudadanía me dejó perpleja. No sabes cómo la gente se volcó conmigo. Se fundó una plataforma para ayudarme a pagar abogados, yo no tenía dinero. Entonces, cuando llegó la sentencia que reconoció el acoso, dije que esa victoria no era mía, era de todos. Es un papel, un reconocimiento a que llevas razón, pero a pesar de ese papel te hunden la vida por completo. También a nivel laboral. Y mi historia es la de cualquier denunciante de corrupción, de izquierdas y de derechas. Te pasas el día en juicios, ¿de dónde sacas el dinero? Eran pleitos absurdos para el desgaste emocional. Al final tienes satisfacción porque, de cara al mundo, era verdad que yo no estaba mintiendo. Pero tú vas a Boadilla y yo soy una apestada“.

El acoso no ha sido solo político. También ha sido mediático.

Ana: “Los medios locales me dieron hasta en el cielo del paladar. Creaban una noticia contando barbaridades, se hacían eco, lo ponían en Wikipedia, y los medios locales entraban después. Yo no me alegro de que se lo hagan a periodistas y políticos, pero yo en aquel momento quería proteger a los denunciantes de corrupción y no lo veían tan importante hasta que no les ha pasado a ellos. Los periodistas, que sufrís un montón de acoso, estáis respaldados por un medio, pero yo soy una mindundi sola. Yo era David contra Goliat. Me sentía así”.

Javier: “Hay un efecto llamado de la 'oveja negra'. En un endogrupo, una de las personas se anima a denunciar algo de ese grupo y sufre una represalia muchísimo mayor que si fuera un enemigo. Nos has traicionado y vamos a ir a por ti, a hundirte. Yo me especialicé en psicopatologías laborales y dentro del acoso laboral una parte importantísima de las víctimas se quejan del silencio de los testigos, y eso es muy duro. Hay gente que se supone que son tus amigos que se callan o se unen”.

Ana: “Lo que más me costó superar no fue el acoso de un político o de gente que no conocía. Lo que más me costó fue el sufrimiento que me causaron mis compañeras de trabajo que eran supuestamente amigas. Habíamos compartido viajes, comuniones de sus hijos...”.

Más de diez años después llegó el juicio por la trama de la Gürtel en Boadilla y, después, una condena firme de casi 37 años de cárcel para Arturo González Panero. ¿Qué significó esa sentencia para ti?

Ana: “Yo estuve en el juicio. Fui a verlo con mis propios ojos, lo tenía que ver. Llevo 15 años de nómada de un lado para otro y tenía la cabeza en las portadas del caso Malaya, pero mejor me fui a verlos a la Audiencia Nacional. Cuando voy a ver caer a todas esas personas que me han hecho tanto daño, me vestí como si fuera a recibir un Goya. Muy elegante cuando mi vida, en realidad, era una ruina. Me llamó la atención que les pusieran en fila para meterlos en la sala, mereció la pena solo por eso. Durante las declaraciones, me reafirmé en la soberbia de González Panero. Es algo en lo que coincidimos el empresario Francisco Correa y yo: es un avaricioso sin límites.

Javier: “Con este libro hemos pretendido acercar esta historia a gente a la que la política le queda lejos. Humanizar la Gürtel. Era importante contar una historia que pueda llegar al común de los lectores, la gente que quiera entenderlo de forma más humana, porque si no se queda en una pelea política. Y en ese sentido la historia de Ana es brutal. Le ha supuesto una muerte en vida”.

Ana: “Una muerte civil”.

¿Cuál ha sido el precio de enfrentarse a la corrupción?

Ana: “Todo. El precio... No hay nada en la vida que repare esto. Es irreparable. Lo he perdido todo. Familia, amigos y trabajo. Y me encantaría decirte que solo es culpa de lo que ocurrió, a lo mejor yo no he sabido gestionar el después, que no me lo han puesto fácil. Si yo hubiera recuperado mi estabilidad te daría una respuesta más esperanzadora o positiva. Ha tenido un precio muy elevado, más de lo que esperaba, y muy largo en el tiempo. Pero escribirlo ahora tiene un porqué. Es un cierre de ciclo en mi vida. Mi afán era ayudar, me he implicado en demasiados casos, y este libro es un punto de inflexión, un antes y un después. Confío en que a raíz de este libro, y necesito ese cambio en mi vida, salgan muchas opciones de algo que me entusiasme, que pueda ser feliz, conseguir estabilidad laboral”.

Javier: “El libro es un cierre psicológico, dar por cerrada esta historia, es algo que necesita hacer”.

Ana: “Tengo prohibido ver las noticias y he vuelto a las redes un poco por el libro, pero necesito oxigenarme. Ver que hay gente buena en el mundo, ver la vida con optimismo y esperanza, como he sido siempre, en vez de estar sobreviviendo. No quiero ser una superviviente. Quiero vivir, no sobrevivir”.

Mariano Rajoy ha presumido en sus últimas comparecencias públicas de haber actuado “contra la corrupción” durante su etapa al frente del PP (2004 - 2018) y del Gobierno (2011 - 2018). Lo dijo en el XXI Congreso Nacional de su partido, a principios de julio, entre aspavientos, mientras aseguraba que las investigaciones a la militante socialista Leire Díez o a Santos Cerdán son algo “increíble”, “alucinante” y hasta “asombroso”. “No se conocen precedentes de algo así ni parecido”, sostuvo.

Solo dos semanas después de que Rajoy pronunciara esas palabras en el congreso donde Feijóo lo puso de ejemplo, el que fue su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y todo el equipo de este durante su etapa en el Gobierno fueron imputados por un juez de Tarragona que le acusa de beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde el Ejecutivo. En el centro de la trama está Equipo Económico, el despacho de abogados que creó el propio Montoro, quien también fue ministro de Aznar, y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente de Hacienda. Tal y como desveló este mismo sábado elDiario.es, organismos y empresas en manos de gobiernos del PP pagaron al menos 5,2 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico.

El caso, que acumula siete años de investigación, ahonda en el legado de corrupción que dejó el Gobierno de Rajoy, expulsado del poder por la moción de censura que presentó contra él el ahora presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en 2018, después de que una de las sentencias del caso Gürtel condenara al PP a título lucrativo por beneficiarse de esa trama corrupta.

Ese mismo Rajoy que hoy dice “alucinar” con las investigaciones de casos que afectan al PSOE fue el presidente de un Gobierno en el que, según los casos abiertos en los tribunales, espiaba presuntamente a rivales políticos a través de la llamada 'policía política' creada desde su Ministerio del Interior –con Jorge Fernández Díaz al frente–, mientras el departamento de Hacienda de Montoro también presuntamente adaptaba o aprobaba leyes para beneficiar a unas determinadas empresas a cambio de contrapartidas económicas. Y a todas esas prácticas se suman casos como Gürtel o Púnica que han implicado directamente a cargos del PP de la etapa presidida por Rajoy.

De la “policía patriótica” a Kitchen o Lezo

Según investiga la Audiencia Nacional, su gobierno organizó un grupo parapolicial a las órdenes de Fernández Díaz, que fabricó pruebas falsas contra adversarios internos y externos como dirigentes de Podemos o del independentismo catalán. Además, según la instrucción judicial, el mismo grupo parapolicial intentó destruir las pruebas del caso Gürtel que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Estas operaciones ya han sido juzgadas por el Tribunal Supremo.

Además, Francisco Martínez, el 'número dos' de Interior con Rajoy, espera juicio por espiar a Bárcenas y ha vuelto a ser detenido en el marco de las investigaciones contra el pirata informático Alcasec. Y el propio exministro Jorge Fernández se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Respecto a Gürtel, la Audiencia Nacional condenó al PP por beneficiarse de la trama bautizada así en honor al apellido del cabecilla de los empresarios, Francisco Correa. Con Rajoy al frente, el partido fue el primero señalado culpable por financiación ilegal en España. Después, el Tribunal Supremo certificó la hasta ahora única sentencia contra una formación política. Y luego llegaron otras dos. Hoy, hasta tres resoluciones judiciales condenan al PP como organización por corrupción.

La trama derivó en un puñado de piezas separadas y juicios de mayor o menor entidad, todos vinculados a la etapa de Rajoy al frente del PP. El último, hasta ahora, supuso el pasado mes de mayo condenas de hasta ocho años de cárcel. La sentencia de la Audiencia Nacional dice expresamente: “Desde al menos el año 1998 hasta 2009, Francisco Correa creó y dirigió una estructura jerárquica organizada en torno a él, conocida como 'grupo Correa', con la finalidad de enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago, en este último caso, de la correspondiente comisión”.

Gürtel es el contenedor que aglutina a multitud de investigaciones y juicios que salpican al PP de Rajoy. Algunos fueron zanjados con absoluciones, como el de Francisco Camps, pero la mayoría han terminado en condenas. Además, han confirmado la existencia de una contabilidad paralela que gestionaba las comisiones que entregaban empresas a cambio de contratos públicos mientras el partido lo presidía Rajoy.

La trama fue el germen de otra causa que todavía se instruye en la Audiencia Nacional: la Kitchen. Lo que se investiga es el uso del andamiaje parapolicial en el que se incrustaba el también imputado José Manuel Villarejo para intentar destruir las pruebas que guardaba como autoprotección el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Se le llamó ‘kitchen’, “cocina” en inglés, porque la orden era entrar hasta el fondo. Se llegó incluso a recurrir a un falso cura que, según la Fiscalía, podría haber sido miembro o colaborador del CNI. Enrique Olivares García murió en 2022 sin que se hubiera desvelado la verdad.

Otros dirigentes coetáneos como Zaplana o Rato

La gran trama de corrupción juzgada en democracia todavía tiene pendiente de resolver algunos juicios en los próximos meses y la causa sobre el uso del Estado contra otros políticos no ha finalizado aún la instrucción. Además, se espera que a la vuelta del verano el PP enfrente en los tribunales los juicios de otros casos vinculados a la etapa de Rajoy.

El caso Lezo señala al PP de Madrid y a la corrupción generalizada en el Gobierno autonómico. El expresidente Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, espera sentencia. Y uno de sus más duros rivales internos, el exvicepresidente Alfredo de Prada, ha sido condenado a siete años de cárcel por el fiasco de la Ciudad de la Justicia que dilapidó decenas de millones de euros. También está pendiente de resolverse el llamado ‘caso Erial’, que en octubre supuso una condena de 10 años de cárcel para el que fue presidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana, quien dijo que recurriría la sentencia.

En diciembre se conoció la condena para el que fue uno de los más estrechos colaboradores de Rajoy cuando era vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. Se trata de Rodrigo Rato, otro de los vicepresidentes de Aznar y al que el propio Rajoy considera como autor de un “milagro económico” cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideraron al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Fue su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid.