José Luis Rodríguez Zapatero afronta el regreso de la actividad en los tribunales con varios hitos pendientes. Por un lado, las declaraciones de los dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra, que lo implicaron en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate, previstas para los días 7 y 8 de septiembre. Por otro, está pendiente de fecha la citación a sus hijas, también investigadas por su empresa, Whathefav, a la que el juez sitúa como receptora de fondos del entramado de Julio Martínez. Y, además, tiene pendiente desde hace casi tres meses responder por el origen de las joyas que se localizaron en una caja fuerte en su despacho.

Zapatero es el primer presidente del Gobierno en comparecer como imputado ante un juez, aunque no es el primer líder del ejecutivo central que pasa por los juzgados. Su comparecencia implica que todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden de los juzgados, aunque hasta ahora todos lo habían hecho como testigos y Zapatero es el primero acusado de un ramillete de delitos relacionados con su actividad profesional posterior a su vida en el Palacio de La Moncloa.

Zapatero, el rescate de Plus Ultra y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente durante dos legislaturas entre su victoria de 2004 y las elecciones anticipadas que perdió en 2011, está siendo investigado por dos motivos distintos: su relación con el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas, valoradas en más de un millón de euros, que los agentes de la UDEF encontraron en su despacho de la calle Ferraz. En la causa se investigan hasta siete delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales.

El expresidente del Gobierno quedó en libertad sin cautelares tras declarar durante dos horas ante Calama para negar todas las acusaciones, unas explicaciones que no terminaron de convencer ni al juez ni a Anticorrupción. Rechazó haber usado su influencia como antiguo líder del Ejecutivo para favorecer el rescate millonario de la aerolínea y negó también, por tanto, haber cobrado una comisión por ello. Ni a través de pagos de empresas ni a través de la agencia de sus hijas ni tampoco a través de una hipotética sociedad en Dubái.

La defensa del expresidente está pendiente de la respuesta que pueda dar el juez instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, Calama rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

Por otro lado, Zapatero pidió más tiempo para recopilar información sobre la segunda de las acusaciones que pesan sobre él: las joyas que los agentes encontraron en una caja fuerte de un despacho anexo al suyo. Joyas que, según una tasación encargada por el juzgado, tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Ahora el juez quiere saber cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente o si incurrió en delitos fiscales y de contrabando.

Han pasado ya casi tres meses desde que el expresidente del Gobierno pidió más tiempo para recopilar documentación y justificar la presencia de estos objetos, algunos individualmente tasados en más de 200.000 euros. En la entrevista que concedió en julio a TVE, evitó responder sobre su procedencia e insistió en que prefería reservar esa información para entregársela al juez. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

Adolfo Suárez y el caso Banesto

Adolfo Suárez González fue el primer presidente de la democracia española, entre 1976 y 1981, pero su declaración como testigo en un juzgado no llegó hasta más de una década después. Fue en octubre de 1998 cuando compareció en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto para responder sobre las palabras del banquero Mario Conde, quien afirmaba haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de hacer gestiones ante el Banco de España a favor de la entidad. Unos años antes también había comparecido de forma voluntaria en fase de instrucción. “No recibí en absoluto ni yo, ni el CDS, dinero de Banesto, ni de ningún trabajador de la entidad”, dijo Suárez ante los jueces de la Audiencia Nacional.

El caso Banesto terminó con en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Mario Conde hasta los 20 años de cárcel. La Fiscalía, casi una década antes, se había querellado contra Conde y los exdirectivos del banco como responsables del agujero de más de 500 millones de pesetas que llevó a la intervención del Banco de España. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y que justificó verbalmente su salida para hacer “un pago” a Adolfo Suárez “por un servicio que había prestado ante el Banco de España”. El dinero salió en bolsas de deporte y su destino final nunca fue conocido, por lo que la afirmación de Conde se quedó en un argumento de defensa sin pruebas.

Felipe González y el terrorismo de Estado

El socialista Felipe González tomó el relevo de Adolfo Suárez en 1982 hasta que perdió ante José María Aznar en 1996. Para entonces su Gobierno y el PSOE se habían enfrentado a diversos escándalos, pero pocos al nivel del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) destapados por El Mundo en 1994. La guerra sucia contra ETA que fue juzgada en el Tribunal Supremo dos años después de la salida de González de La Moncloa y el expresidente tuvo que testificar señalado como la “X” del caso y con parte de su cúpula de Interior en el banquillo. El alto tribunal, que declaró probado el secuestro de Segundo Marey, siempre rechazó responsabilizar penalmente a Felipe González.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó sentencia ese mismo año con condenas para los 12 encausados y el voto en contra de cuatro integrantes del tribunal. Los hechos probados relataban cómo los mandos de Interior autorizaron el secuestro ilegal de un dirigente etarra, primero con efectivos policiales y después con “mercenarios franceses”. En su lugar los mercenarios entregaron a los policías involucrados al ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con el etarra.

Esa no fue la última testifical de Felipe González por ilegalidades cometidas durante su mandato. Tres años más tarde compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el exministro José Barrionuevo, Rafael Vera y media docena de altos cargos policiales y de Interior. En esta investigación, que terminó con condenas de cárcel por malversación por el desvío de fondos reservados para pagar el “enriquecimiento personal”, González testificó para negar estas irregularidades y afirmar que sus antiguos colaboradores eran víctimas de una “cacería” contra él.

Mariano Rajoy, la Gürtel y la Kitchen

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno del PP desde la derrota del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2018, ostenta el récord de veces que un presidente del Gobierno ha testificado por hechos ocurridos durante su mandato. También es el único en haber comparecido ante un tribunal mientras todavía vivía en el Palacio de La Moncloa. Lo hizo dos veces en dos juicios diferentes de la trama corrupta Gürtel que anidó en las administraciones públicas gobernadas por su partido, y una última vez hace pocas semanas en el caso Kitchen de corrupción policial que también, esta todavía supuestamente, se desarrolló bajo su mandato.

Su primera testifical fue en el juicio de la trama principal del caso Gürtel en 2017. El entonces todavía presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad y negó, en una declaración atropellada y con cortes del juez Ángel Hurtado, haber tenido constancia de la existencia de la trama Gürtel que durante años dominó la contratación pública allí donde gobernaba el PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por beneficiarse del entramado.

Su segunda testifical en el caso, esta vez en el juicio de 2021 por la caja B del PP, fue telemática y se saldó con más negaciones de Rajoy sobre la existencia de la contabilidad paralela y con una nueva condena para el PP, esta vez como responsable civil subsidiario del fraude fiscal derivado de la reforma de su sede con dinero negro.

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”. El expresidente del Gobierno volvió a vestirse de testigo el pasado mes de abril y remató así su declaración en el juicio de la operación Kitchen, el operativo policial ilegal supuestamente puesto en marcha bajo su mandato por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas comprometedoras para el PP y el propio Rajoy. El caso, que todavía está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tiene en el banquillo a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como diversos mandos policiales y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y Rajoy negó que Bárcenas le pudiera haber grabado destruyendo documentación sobre una caja B del PP que, en paralelo, los tribunales han declarado probada en firme.

José María Aznar y el caso Gürtel

José María Aznar estuvo al frente de los gobiernos del PP desde su victoria ante Felipe González en 1996 hasta su derrota ante Zapatero en 2004. Y testificó junto con Mariano Rajoy en el juicio de la caja B del Partido Popular en 2021, también de forma telemática y en su caso con mascarilla. “No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa”, dijo el expresidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y la visita del juez Peinado

El 31 de julio de 2024 el juez Juan Carlos Peinado llegó en coche al Palacio de la Moncloa y pasó menos de dos minutos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado decidió llamar a declarar a Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, que intentó sin éxito declarar por escrito como facilita la ley, optó por acogerse a su derecho a no declarar en una causa penal abierta a un familiar directo.

El magistrado justificó su decisión de tomar declaración a Sánchez en una línea: “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”. Esa no fue la última visita de Peinado a Moncloa. Ya en abril de 2025 tomó declaración a Félix Bolaños después de que el juez solicitara una tarima para que su mesa fuera la más alta de la estancia.

La lucha de Baltasar Garzón por anular o neutralizar los efectos de su condena por prevaricación se ha encontrado con un portazo de todos los tribunales y organismos a los que ha acudido en España. Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, el exmagistrado ha esgrimido sin éxito el dictamen de un comité de Naciones Unidas que estableció ya en 2021 que fue inhabilitado y expulsado de la judicatura por un proceso “arbitrario” que merecía una reparación que, por ahora, no llega. El entorno del hoy abogado no descarta presentar nuevas reclamaciones, pero por ahora el dictamen favorable llegado desde Ginebra no ha tenido ningún efecto sobre su situación.

Garzón llevaba dos décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional cuando se hizo cargo del caso Gürtel. Una causa que arrancó con la confesión y las grabaciones de un concejal del Partido Popular, que se tradujo en una docena de piezas y cuyas sentencias contra el PP y sus miembros llegaron a provocar un cambio de Gobierno. Pero para entonces el magistrado jienense ya había tenido en sus manos causas de máxima relevancia contra el narcotráfico como las operaciones Nécora y Pitón, contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra crímenes internacionales con Adolfo Scilingo o Augusto Pinochet.

Hasta entonces, sus actuaciones más cuestionadas habían estado relacionadas con el terrorismo y la no investigación de torturas a presos, que se tradujo en una condena para España a manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en 2004. Pero los focos penales se posaron sobre él cuando empezó a desentrañar la madeja corrupta de Gürtel que convivía en simbiosis con el Partido Popular en las administraciones donde gobernaba. Las querellas empezaron a llegar contra él mucho antes de que se pusiera a investigar el entramado, pero las que le llevaron al banquillo surgieron después del estallido del caso.

Fue juzgado y absuelto por abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Un “exceso”, reconoció el Supremo, pero no un delito de prevaricación. No llegó ni a ser imputado por los cursos que dio en la Universidad de Nueva York. Pero la tercera causa, la que tenía relación directa con el caso Gürtel, fue la que terminó con su carrera como juez.

En esa ocasión fue el abogado y antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez el que abrió fuego. Y esta vez, directamente relacionado con su gestión del caso Gürtel: las escuchas ilegales a algunos acusados y sus abogados mientras estaban presos en Soto del Real. La Policía había advertido al juez de que algunos imputados seguían delinquiendo desde la cárcel y su “enlace” con el exterior eran algunos abogados. La orden de Garzón, según dejó por escrito en un auto poco después del estallido de la operación, fue intervenir las comunicaciones de Francisco Correa y dos de sus socios en la cárcel con sus abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal.

El Supremo decidió que Garzón había incurrido en un delito de prevaricación y le impuso 11 años de inhabilitación. La decisión de pinchar sus comunicaciones con sus abogados fue “injusta” porque restringió su derecho de defensa “arbitrariamente” y “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. El tiempo pasó y esos dos abogados fueron procesados por maniobrar para encubrir a Francisco Correa y su grupo de delincuentes. Delgado falleció antes de que se pudiera celebrar el juicio y López Rubal fue uno de los pocos imputados que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el último juicio del caso Gürtel, celebrado a finales del año pasado y todavía pendiente de sentencia, en el que está acusado efectivamente de intentar proteger el entramado empresarial de Correa tras el estallido de la operación.

El Constitucional, Estrasburgo y la ONU

La condena de Baltasar Garzón implicó su salida de la judicatura y la pérdida de su condición de magistrado, firmada por el Consejo General del Poder Judicial, llegó poco después. Los recursos del ya exmagistrado no prosperaron ni ante el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo a finales de 2012, ni tampoco en Estrasburgo, donde el TEDH rechazó sus alegaciones unos años después sin entrar al fondo del asunto. El exjuez emprendió entonces una nueva batalla, esta vez ante un organismo diferente: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estableció en 2021 que Garzón no se enfrentó a un proceso justo ni cuando fue condenado por las escuchas de la Gürtel ni cuando fue absuelto tras intentar investigar los crímenes de la dictadura.

Los efectos prácticos de una sentencia o un dictamen internacional en la Justicia española lleva años siendo objeto de debate. Una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe ser acatada por los tribunales nacionales. Por ejemplo, cuando Estrasburgo tumbó la doctrina Parot y los jueces tuvieron que adelantar la puesta en libertad de presos etarras pero también, por ejemplo, delincuentes sexuales. O cuando el TJUE dictó sentencia sobre las cláusulas abusivas y el terremoto judicial llevó a la creación de juzgados especializados por todo el país. Pero las decisiones de organismos como un Comité dependiente de la ONU siempre han tenido una implantación compleja en España.

En el caso del dictamen favorable a Baltasar Garzón, ningún tribunal u organismo español ha decidido otorgarle un valor práctico real en los diversos frentes legales abiertos por los abogados del exmagistrado, cuya condena quedó completamente cumplida a finales de 2021. Acudió a la Audiencia Nacional con una reclamación de compensación y eliminación de antecedentes penales que, además, obtuvo el apoyo de la Fiscalía, pero se encontró con el portazo de los jueces en noviembre de 2025.

“Los dictámenes no tienen carácter vinculante ni ejecutivo, ni puede esta Sala exigir al Ministerio de Justicia la implementación del dictamen”, dijeron los magistrados de lo contencioso en una sentencia ya recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, Garzón, según la Audiencia Nacional, tardó más de un año en reclamar tras recibir el dictamen de la ONU y lo hizo, por tanto, fuera de plazo.

También se encontró recientemente con otra negativa, esta del Tribunal Supremo heredada del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces respaldaron la negativa del órgano de gobierno de los jueces a revisar todos los acuerdos posteriores a su condena que, en la práctica, le dejaron fuera de la magistratura. El Supremo no solo restó valor ejecutivo al dictamen del Comité de Naciones Unidas, sino que deslizó que no fue correctamente tramitado por “conocer el fondo del asunto” en paralelo al TEDH, que falló en sentido contrario.

Todas las respuestas a las reclamaciones de Baltasar Garzón, por tanto, se han encontrado por ahora con la negativa de jueces y organismos españoles, aunque fuentes de su entorno no descartan poner en marcha nuevas acciones de reclamación para que el dictamen del Comité de la ONU cause algún tipo de efecto un lustro después de haber cumplido íntegra su condena por prevaricación.

El empresario Víctor de Aldama ha recibido un premio mucho mayor del que esperaba por su confesión. El Tribunal Supremo ha decidido imponerle cuatro años y medio de prisión por su papel en la trama corrupta construida en torno al exministro José Luis Ábalos, con el anuncio de que no tendrá que entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir en un lustro y de hacer un año de trabajos para la comunidad. Mucho menos de lo que pidió para él Anticorrupción y menos, incluso, de la condena impuesta a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda cuya confesión y grabaciones destaparon la trama Gürtel de corrupción.

La Sala de lo Penal ha hecho pública la sentencia con la que condena a los tres integrantes de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus. El exministro José Luis Ábalos se lleva 24 años y 3 meses de cárcel como máximo líder del grupo y receptor de dádivas y dinero mientras que su “omnipresente” asesor Koldo García es condenado a 19 años y 8 meses de presidio por urdir y supervisar los amaños y cohechos. Los dos acumulan un rosario de hechos probados que van desde el amaño en la adjudicación de 13 millones de euros para la compra de mascarillas hasta el pago de un alquiler para una mujer vinculada al ministro.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro al final del juicio lo que quería para el tercer acusado, Víctor de Aldama: bastante menos de los siete años de prisión que había pedido. Y la Sala de lo Penal ha recogido el guante y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel por el delito de organización criminal y los cuatro de cohecho que le imponen. Una condena que ni siquiera tendrá que cumplir con unas condiciones más que asumibles. Y queda eximido, además, de pagar la multa de 3,7 millones que pedía la Fiscalía.

Los jueces aplican una atenuante muy cualificada de confesión para llegar hasta esa cifra, rebajando la condena de algún delito hasta en dos grados, y después suspender su ejecución. “Víctor de Aldama no se ha limitado a confesar los hechos”, destaca el Supremo. “Ha prestado una cooperación plena y continua (...) facilitando información veraz y relevante”. Incluso, añade la sentencia, el empresario “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cita numerosa jurisprudencia para explicar cómo se calcula el beneficio de una colaboración de este tipo y una sentencia destaca por encima del resto: la número 507/2020 dictada el 14 de octubre de ese primer año de pandemia, mientras Ábalos, Koldo y Aldama tomaban el Ministerio de Transportes al asalto. La sentencia de la trama Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la corrupción, que propició un cambio de Gobierno y que también se cimentó sobre una confesión. La de José Luis Peñas.

El Supremo no compara directamente el caso de Peñas con el de Aldama, más allá de citas jurisprudenciales genéricas sobre el valor de una confesión. Sí reproduce párrafos con los que la sentencia de la Gürtel rechazó que la declaración de Francisco Correa pudiera ser considerada una auténtica confesión. Una comparación de ambas tampoco permite equiparar su valor, aunque finalmente Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio, tres meses menos de cárcel que Peñas en su momento.

Las grabaciones de la Gürtel

Víctor de Aldama llevaba mes y medio en prisión provisional cuando pidió turno en la Audiencia Nacional para declarar. Para entonces ya estaba acusado de encabezar un fraude millonario en empresas del sector de los hidrocarburos, pero también de liderar un entramado de corrupción política, entonces conocido solo como “caso Delorme”. El empresario admitió su participación en el entramado ligado a Transportes y se libró de la prisión provisional que pesaba sobre él en la causa de hidrocarburos.

Tanto el Supremo como Anticorrupción otorgan máxima relevancia a su colaboración, sobre todo para poder condenar a José Luis Ábalos, aunque para cuando confesó ya existía multitud de diligencias, entre otras cosas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranaban el funcionamiento del entramado. En el caso Gürtel, cuya sentencia más relevante es citada varias veces por el Supremo, la colaboración de un imputado fue la que permitió abrir la investigación.

José Luis Peñas había sido concejal del PP en su feudo madrileño de Majadahonda y en agosto de 2008 presentó unas grabaciones y una confesión. El material que demostraba que un empresario llamado Francisco Correa se había hecho con el control de la contratación pública en Majadahonda a través de un grupo de concejales corruptos entre los que estaba el propio Peñas, que reconoció haber cobrado dinero de la trama y haber incluso viajado a su costa.

Lo dijo la Audiencia Nacional y lo repitió después el Tribunal Supremo de varias formas distintas. De no ser por esas grabaciones, la Justicia no habría descubierto la profundidad con que la Gürtel hundía sus raíces allí donde gobernaba el PP. De esos audios y esa primera confesión salieron 12 piezas separadas y casi un centenar de condenados entre políticos y empresarios que no pudieron, por más que lo intentaron, anular las cintas que habían grabado a los corruptos en acción. Las escuchas ilegales a algunos imputados en prisión reforzaron el papel de estas pruebas aportadas por Peñas como gran puntal del caso cuando todavía no había caso.

Peñas se sentó en el banquillo con sus antiguos colaboradores en 2017, en el juicio bautizado como 'Época I' acusado de más delitos que Aldama, pero también con números menos abultados en cuanto al botín y la magnitud de los amaños. Fue finalmente condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro de cohecho, dos de malversación, dos de falsedad documental y otro más de prevaricación. Llevó al Supremo su reclamación para tener una condena más baja y recibió la negativa de la Sala de lo Penal, que dos años después sí reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que le fue finalmente concedido en octubre de 2024. Un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel.

Las dos condenas casi idénticas de Víctor de Aldama y José Luis Peñas vienen, por tanto, de lugares muy distintos y tienen futuros igual de diferentes. Peñas nunca entró en prisión provisional y la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de su condena hasta que su condena de inhabilitación fue indultada, además de pagar una multa. Aldama tiene por delante una causa por fraude masivo en un entramado de hidrocarburos, además de otra en las diligencias originales del 'caso Koldo', ambas en la Audiencia Nacional.

En la separación del poder político de la propiedad está la clave de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas de organización del poder político conocidas en la historia de la humanidad.

Antes del Estado Constitucional, el poder político había sido un correlato de la propiedad de la tierra. No era un poder “representativo”, sino un poder ejercido directamente por quienes disponían de la propiedad agraria.

Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII se empezarían a crear las condiciones materiales que harían posible que se pusiera fin a dicha conexión. Sería un proceso lento y rápido al mismo tiempo. Durante todo el siglo XIX y todavía en los primeros decenios del siglo XX, la propiedad de la tierra fue una pieza esencial en la organización del Estado Constitucional. Pero la afirmación del Estado como un poder representativo, que exige que los gobernantes sean elegidos por los gobernados, se convertirá en la única forma legítima para el ejercicio del poder, con fórmulas censitarias inicialmente y que acabarían dejando paso al sufragio universal en el siglo XX. Fue un proceso lento, contemplado desde la perspectiva de la aceleración del tiempo histórico actual, pero muy rápido si lo analizamos con la referencia del tiempo preestatal.

El poder no puede ser de nadie. En consecuencia, tiene que ser de todos. Entre ese nadie y ese todos, entre la “soberanía de origen divino” y la “soberanía popular”, está la historia del proceso de transición del Estado Constitucional, fuertemente oligárquico a lo largo de todo el siglo XIX que dio paso al Estado Democrático a partir del final de la Primera Guerra Mundial, pero que solamente se estabiliza como tal después de la Segunda. Y no de forma universalizada, sino de manera minoritaria. Estados Unidos, Canadá y algunos países iberoamericanos, los países del occidente europeo, con excepciones como Grecia, Portugal y España, Australia y Nueva Zelanda y poco más. En todo caso, el principio de legitimidad democrática se acabaría convirtiendo en la única forma aceptable de organización del poder.

La tensión entre la democracia como forma política y el capital como principio de constitución económica es consustancial al Estado Constitucional. Hasta el momento, no hemos encontrado una fórmula de gobierno que pueda prescindir de la misma. Permanentemente, estamos oscilando entre periodos en que la democracia se fortalece o se debilita frente a la pretensión del capital de sustraerse a los límites que el poder democráticamente constituido trata de imponer. Estamos viviendo en una fase particularmente crítica de esta tensión, que se inclina a favor del principio de constitución económica en detrimento del principio democrático.

La corrupción es la hipoteca de la democracia. Es la subordinación de manera más o menos soterrada, pero siempre espuria, del poder político a la propiedad privada. Ataca al Estado democrático en lo que es su núcleo esencial, en el secreto de su superioridad como forma política. La recesión democrática viene siempre precedida por un aumento de la corrupción, que conlleva una crisis de la legitimidad democrática.

De ahí la necesidad de estar siempre alerta a las prácticas corruptas. Pero también la necesidad de diferenciar entre dichas prácticas y no confundir episodios de corrupción con el ejercicio corrupto del poder. No todas las prácticas corruptas son iguales. La equiparación de todas ellas, “todos los políticos son iguales”, es una forma de dar por perdida la lucha contra la corrupción.

En España lo estamos viviendo en estos días de una manera paradigmática. En el Tribunal Supremo se está juzgando un “episodio” de corrupción con el caso Mascarillas. Y en la Audiencia Nacional se está juzgando un “ejercicio corrupto del poder” con el caso Kitchen.

Son dos casos de corrupción completamente distintos y, sin embargo, el mensaje que se está transmitiendo a la opinión pública es equidistante, como si fueran equivalentes. La información paralela sobre ambos con la que abren los medios de comunicación, en lugar de ilustrar sobre la especificidad de la naturaleza corrupta de cada uno de ellos, conduce a la confusión nocturna de que todos los gatos son pardos.

El caso Mascarillas es un episodio de corrupción. Repulsivo como todos, pero un episodio. Se presentó inicialmente como un caso de corrupción económica de una envergadura extraordinaria y ha sido instruido y enjuiciado como un caso de conducta desordenada por parte de un exministro y su colaborador en el Ministerio, en el que el sexo ocupa un lugar mucho más destacado que la repercusión económica. En el caso Mascarillas, las mascarillas han brillado por su ausencia. No ha sido el indicador de una forma de ejercer el poder, sino de un ejercicio puntual desviado del poder, del que no hay réplicas en los demás ministerios, no hay financiación irregular del PSOE y los protagonistas han sido expulsados del partido.

Queda por ver qué dice la sentencia. Pero, por la forma tan extraña en que se ha procedido tanto en la instrucción como en el juicio oral, va camino de convertirse en un “parto de los montes”.

El caso Kitchen es completamente distinto. Se trata de un caso en el que se hace uso del Ministerio del Interior, que es la pieza maestra del “monopolio de la coacción física legítima” en que el Estado consiste (Max Weber), para sustraer al conocimiento del poder judicial la documentación del tesorero del PP sobre la financiación irregular de este partido.

El caso Kitchen es una secuela del caso Gürtel, en el que se acreditó judicialmente en la Audiencia Nacional, y se confirmó después en el Tribunal Supremo, que el PP se había financiado irregularmente. En la sentencia de la Audiencia Nacional estuvo el origen de la moción de censura que acabó con la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y su sustitución por Pedro Sánchez.

Aunque la sentencia del caso Gürtel fue de 2018, no se conocía en ese momento la operación Kitchen. El PP fue condenado por haberse beneficiado a título lucrativo con Gürtel, pero no se sabía que había hecho uso de una manera torticera del Ministerio de Interior para sustraer información incriminatoria al órgano judicial que estaba encargado de la investigación para el presidente, vicepresidente y secretaria general del partido.

Como no es infrecuente que ocurra en estos casos, la reacción para tapar un escándalose convierte en un escándalo todavía mayor. El caso Watergate es el ejemplo al que siempre se recurre. Es lo que está ocurriendo en nuestro país. El caso Kitchen va mucho más allá del caso Gürtel.

Para impedir que la información incriminatoria acumulada por el tesorero del partido contra el presidente Mariano Rajoy, el vicepresidente Javier Arenas y la secretaria general Dolores de Cospedal, acabara en manos del juez instructor, se organizó una nueva operación, con la finalidad de sustraer dicha información. Para ello se utilizaron 70 policías, ocho comisarios, el que había sido chofer de Luis Bárcenas y un falso cura que asaltó el domicilio del tesorero. Se les retribuyó con fondos reservados y se le prometió al chofer un puesto como policía nacional.

La dimensión de la operación Kitchen desbordaba con mucho a la operación Gürtel. Ya no se trataba de que el PP fuera “partícipe a título lucrativo” de determinados movimientos dinerarios, sino de generar una “policía a-judicial”, que actuara sin conocimiento del juez instructor y que impidiera la operatividad constitucional de la administración de justicia, con la finalidad de proteger a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Dolores Cospedal, además de al propio partido.

Una vez conocida la operación Kitchen y residenciada judicialmente, el ejercicio fraudulento y corrupto del poder ha tenido que extenderse a la propia instrucción del caso. El juez García Castellón circunscribió la operación al Ministerio de Interior, excluyendo la investigación de los tres dirigentes del partido, que eran los únicos que figuraban en la documentación incriminatoria de Luis Bárcenas. Como subrayó uno de los fiscales, no se podía entender que el juez instructor estableciera una “línea roja” que impedía la investigación en sede judicial del partido y de los dirigentes que eran los beneficiarios directos de la operación.

A pesar de los indicios abrumadores contra ellos, quedaron fuera del auto de apertura del juicio oral. Pero como los indicios no han desaparecido, al fraude en la instrucción se ha añadido un fraude en el juicio oral, en el que, de manera insólita, la presidenta del Tribunal está limitando el ejercicio del derecho a la acusación, además de “orientar” a los testigos sobre la respuesta que deben dar a las preguntas que se les formulan.

El caso Kitchen no es un episodio de corrupción, sino un ejercicio continuado del poder de forma corrupta, que salta del espacio político-administrativo al espacio judicial y destroza las garantías constitucionales del proceso penal.

De ahí que la equidistancia entre el caso Mascarillas y el caso Kitchen resulte insoportable. No todas las corrupciones son iguales.  

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado este jueves ante el tribunal del caso Kitchen que la cúpula de la Policía con el Partido Popular “desmanteló” paulatinamente su grupo de investigadores de la caja B de la formación política. En 2013, cuando comenzó esa investigación, eran 11 policías y hasta 2014 salieron más de ocho de ellos. 

“Fue una estrategia buscada”, ha añadido. Morocho ha dicho que se les ofrecían puestos de trabajo mejor remunerados. Llegaron otros policías, en menor número que las salidas (“Quno o dos”), pero sin experiencia, ha afirmado el inspector jefe. 

Morocho ha revelado otro dato desconocido. Cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en plena investigación de la caja B –para sobrecargarle de trabajo, según él– el director adjunto operativo Eugenio Pino le ofreció un puesto en Guatemala, en una delegación de la ONU. 

Un subordinado de Eugenio Pino le advirtió de que no podría acudir a los juicios de corrupción del PP a ratificar sus informes si aceptaba el destino. “¿Pero usted sabe quién soy yo?”, ha contado Morocho que le replicó, en referencia a que su labor de instructor de los casos Gürtel y caja B, entonces sin juzgar. Morocho ha explicado que hubo informes de análisis de comisiones rogatorias de Caja B, satisfechas desde países en el extranjero, “se quedaron sin hacer”.

Esta segunda jornada de declaración de Morocho ha sido el turno para las preguntas de las defensas. Los abogados han querido desacreditar las acusaciones de sabotaje del policía. El abogado del ministro del Interior ha sacado a coalición la concesión de una medalla blanca al mérito en la época. Se trata de una mención honorífica sin asignación económica. 

Los abogados han intentado poner en cuestión la eficacia investigadora de Morocho por no registrar el domicilio de Bárcenas o intervenir los teléfonos de él y su mujer, Rosalía Iglesias. Con esta estrategia, las defensas tratan de justificar la necesidad de la operación Kitchen de espionaje a ambos por parte de los acusados en el sentido de que buscaba policialmente lo que dejó de hacer Morocho.

“No había elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales. Había que volcarse en el análisis de la información de Suiza y ampliar la Argentina, Estados Unidos y Uruguay”, ha respondido el investigador. 

El abogado de Eugenio Pino ha preguntado a Morocho por qué no activó el protocolo antiacoso de la Policía. El inspector jefe ha respondido que no recuerda si entonces ese protocolo insistía pero que, en cualquier caso, él tenía “un objetivo prioritario que era el avance de la investigación”. “Nadie me iba a desvirtuar de ese camino (…) lo asumí [el acoso de los mandos] como una carga más”, ha añadido. 

Morocho ha insistido en que fue informando de todo al juez Pablo Ruz y que presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la situación que estaba viviendo. 

Sospecha de espionaje de sus compañeros

El inspector jefe ha asegurado durante su declaración que sospechaba que su despacho y el vehículo policial tenían micrófonos ocultos. “Se investigó también mi conducta personal”, ha afirmado. La sospechas de espionaje eran compartidas por el juez Pablo Ruz quien, según Morocho, evitaba el ordenador de su despacho para trabajar en un portátil. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, ha añadido el policía.

El abogado de José Luis Olivera le ha preguntado en qué se basa para pensar que había micrófonos en su despacho. “Un día encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha respondido.

Dentro de las presiones que recibía, Morocho ha explicado que uno de sus jefes, Manuel Vázquez, 'Fiti', le advirtio de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía” su nombre. El inspector jefe Morocho, investigador de los casos de caja B y Gürtel, está destinado en una comisaría de distrito en Madrid en la actualidad.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

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“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy respondió el pasado jueves en el juicio de Kitchen a las preguntas sobre los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas en 2012 y 2013, durante la instrucción del caso Gürtel y tras el estallido de la caja B del PP. Lo hizo de dos formas: dijo que no recordaba algunos mensajes e incluso negó haber enviado uno de ellos, pese a estar acreditado en la causa judicial. Sus respuestas son distintas, incluso opuestas, a las que ofreció en 2017, también en la Audiencia Nacional, durante el primer gran juicio del caso Gürtel, la trama de mordidas y comisiones alrededor del Partido Popular en las comunidades autonómas de Madrid y Valencia

26 de julio de 2017. Rajoy se enfrenta a uno de los episodios más relevantes de su mandato como presidente del Gobierno. Declara como testigo en el caso de corrupción que a la postre motivará su salida del Palacio de La Moncloa. Responde desde el estrado por estar en ejercicio del cargo, según había acordado previamente el tribunal. El abogado de una de las acusaciones le pregunta por los mensajes que se intercambió con el extesorero de su partido. Rajoy reconoce los mensajes que envió, los comenta y concluye que no significa que él interviniera en ningún procedimiento judicial a favor del antiguo cargo del PP.

El 23 de febrero de 2012, el extesorero del PP escribió a Rajoy y este le respondió tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”. El pasado jueves, en el juicio por la operación parapolicial para sabotear el caso de la caja B, Rajoy afirmó: “No tengo ni idea de lo que es eso”. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le preguntó el letrado Jaime Montero, de Podemos. “No”, contestó Rajoy.

En julio de 2017, Rajoy había dado una versión contraria. Admitió haber mandado el mensaje y ofreció su versión sobre él. “No tiene ningún significado ninguno”, dijo en primer lugar. Y luego añadió: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos (...) Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”.

En el juicio de Gürtel, el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado, preguntó a Rajoy también por el mensaje de “Luis, sé fuerte”. Fue enviado el 18 de enero de 2013. Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian aquel 18 de enero. Esa mañana, El Mundo ha publicado que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”. Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda, pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

Cuando fue preguntado por ese mensaje en el juicio de Gürtel, en 2017, Rajoy respondió: “Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Uno no siempre acierta en la vida. Uno manda muchos mensajes en la vida, pero no hice absolutamente nada. Hasta tal punto que no le llamé”.

En 2021, durante el juicio de la caja B del PP, una pieza separada de Gürtel, Rajoy ya no recordaba “ninguno de los mensajes” con Bárcenas, a excepción de aquel en el que escribió “Luis, sé fuerte”. Inauguró el guion del pasado jueves. Los juicios de esta semana y el de 2021, los de la desmemoria, se diferencian del de Gürtel, en 2017, en que entonces Rajoy era presidente del Gobierno.

Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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Mariano Rajoy declara hoy en el juicio del caso Kitchen. Hace unos días declaró Luis Bárcenas y habló del ex presidente del Gobierno: aseguró que en sus papeles M.R. era Mariano Rajoy. Esos papeles, los papeles de Bárcenas, ya han sido juzgados. Están probados y sentenciados. Ahora se juzga la destrucción de pruebas, el uso de fondos públicos desde las cloacas para que no se descubriera que el PP tenía esa caja B. Y en el juicio, Bárcenas ha declarado como testigo, como víctima… Y, desde ese rol, le escuchamos señalar más directamente que nunca… a Mariano Rajoy.

¿Pero importa algo lo que digan testigos como Bárcenas, Rajoy o Cospedal en un juicio al que llegan como testigos? ¿Puede sobresalir algún testimonio o alguna prueba diferente que cambie todo lo que no se hizo en la instrucción del caso? ¿Qué dirá el ex presidente del Gobierno en torno a su participación en la destrucción de pruebas que supuestamente probaban la existencia de una caja B en el PP? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, cree que “hoy por hoy Vox va a ganar al PP en Castilla-La Mancha”, y se ha mostrado convencido de que Emiliano García-Page ganará las próximas elecciones autonómicas con mejor resultado que en 2023.

En una entrevista, Bellido ha augurado un sorpaso de Vox al PP en los próximos comicios autonómicos, que atribuye a una ausencia de liderazgo entre los populares de Castilla-La Mancha, y ve posible que el PP se convierta en la tercera fuerza política en varias provincias de la región.

Ha argumentado que el Partido Popular “encoge a Vox” allí donde tiene “liderazgo”, y ha puesto como ejemplo regiones como Extremadura, Madrid o Andalucía, mientras que “donde no tienen líderes Vox adelanta al PP, y el caso más paradigmático es Castilla-La Mancha”, aunque no descarta que suceda también en Cataluña.

Bellido ha matizado que, salvo que la “despreciable posición de Vox apoyando a Trump y a Netanyahu” en la guerra de Irán le pase factura, el partido de Santiago Abascal puede superar al PP, y ha aseverado: “Creo que no hay prácticamente nadie con menos de 50 años que vote al PP en Castilla-La Mancha”.

Por el contrario, cree que el PSOE “tiene holgura” para revalidar su victoria en la región y, aunque ha recordado que “no se puede confiar”, sí que ha mostrado su confianza en el “nivel de prestigio y de conexión con la ciudadanía” de Emiliano García-Page, que consigue el voto de “personas conservadoras y de otras posiciones políticas”.

“No puedo comprender cómo no se está juzgando a Cospedal”

Preguntado por las causas judiciales contra el exministro Ábalos o el caso Kitchen, Bellido ha afirmado: “No puedo comprender todavía cómo no se está juzgando a Cospedal”, mientras que sobre el juicio de las mascarillas ha sentenciado que quienes se han enriquecido en medio de la pandemia “tienen que pagarlo caro”.

El presidente de las Cortes regionales ha apuntado que “no hay un caso de corrupción comparable a la Kitchen en la historia de la democracia española”, y ha recordado episodios como el asalto a casa del extesorero del PP Luis Bárcenas para destruir pruebas.

“Ese es el legado de Cospedal”, ha lamentado Bellido, que ha recordado a quienes “no han sido capaces de poner tierra de por medio que deberían hacerlo”, porque se trata de “un bochorno y un escándalo colosal” con la “creación de una policía de partido pagada por el Gobierno para tapar el mayor caso de corrupción de la historia democrática, que era la Gürtel”.

Asimismo, ha calificado de “vergüenza absoluta” lo que ha sucedido con el caso Koldo, tanto el uso de dinero público para la “mercantilización y cosificación de las mujeres” como para haberse “forrado” durante la pandemia, aunque también ha apuntado que “parece que ha habido otros actores políticos próximos a dirigentes de comunidades autónomas que lo han hecho”.

Para Bellido “no hay excusas”, y hay que hacer pagar “carísima” a los corruptos, además de sus delitos, “la factura de desprestigio a la democracia”.

Él no sabía nada, oiga. M. Rajoy era sordo, ciego y mudo. Y lo mismo María Dolores de Cospedal. Ninguno se sentará en el banquillo de los acusados, donde ya están desde este lunes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero dos, Francisco Martínez, quien se conjuró para no comerse el marrón solo porque él no era más que un “pringao”. Se juzga, ya saben, la operación Kitchen, uno de los capítulos más turbios de esta democracia nuestra que, para la derecha, hoy está en peligro de extinción y entonces era todo un ejemplo. 

¿Recuerdan? Un Gobierno (del PP) que dispuso de las estructuras del Estado para ocultar su corrupción sistémica. Espiaron, robaron, destruyeron discos duros de los ordenadores, contrataron a un falso cura para asaltar una vivienda, usaron los fondos reservados y pusieron a su servicio a una red de policías corruptos para evitar que su ex tesorero, Luis Bárcenas, difundiera todo lo que sabía sobre la caja B de su propio partido. 

Han pasado 13 años desde entonces y los de Feijóo dicen que todo aquello les es ajeno, que lo que hoy importa es la mugre de Sánchez y que donde la ciudadanía tiene que fijar la mirada es en Ábalos, Koldo y por extensión en todo el Gobierno actual. Cada cual que apunte dónde le plazca porque ambos juicios arrancan esta semana. Algo que los jueces llaman casualidad y los descreídos, causalidad. Vamos, que los tiempos de la justicia son los de la política cuando conviene porque no hay quién entienda que haya pasado más una década desde que aquel Ministerio del Interior dirigido por el beato Fernández Díaz tejiera una fétida red de corrupción política para sepultar todo lo relacionado con los ingresos opacos y las donaciones que recibía el PP de las constructoras y al exministro de Fomento socialista y su asesor se les vaya a juzgar por un supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia en poco más de un año.

Preocupan los plazos y preocupa la dimensión de los casos, siendo ambos absolutamente condenables porque no hay mayor indignidad que llenarse los bolsillos con la adjudicación del material sanitario que los españoles necesitaban para sobrevivir a una pandemia durante la cual los muertos se contaron por decenas de miles. Ábalos, además de ministro de Fomento, fue secretario de Organización del PSOE y hombre de absoluta confianza de Sánchez y de ahí que el PP sostenga ahora que el presidente es responsable de lo ocurrido y que tiene que dimitir por ello. 

De tapabocas, mordidas y amaño de adjudicaciones el PP también sabe algo porque ya suma un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, donde se investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores entre 2016 y 2021. Todos ellos tendrán que declarar entre el 28 de mayo y el 26 de junio, después de las elecciones andaluzas para que el juicio no interfiera en los comicios a los que el popular Juanma Moreno se presenta a la reelección sin que nadie, por cierto, le haya hecho responsable ni pedido su dimisión por la corrupción de sus subordinados en Almería. Si Sánchez sabía, ocultó y se tiene que marchar, del presidente de la Junta debería decirse la misma boutade. No hay línea de puntos que pueda unir ni empate posible entre estos dos asuntos con lo de poner al servicio de un partido a la Policía para tapar un caso de financiación ilegal de dimensiones colosales como fue el caso Gürtel, que fue el motivo por el que se creó la Kitchen. La red de corrupción que anidó en el PP acumula ya más de 100 sentenciados a penas de cárcel, muchos de ellos antiguos dirigentes del partido.

Pero Rajoy no sabía nada de todo ello. En diciembre de 2021, declaró en sede parlamentaria no haber tenido conocimiento alguno de la operación diseñada para robar la documentación comprometedora del partido con la que Bárcenas pretendía hacer pública la corrupción. También negó conocer la existencia de una caja B en el PP o conocer al ex comisario Villarejo mientras dijo tener una “magnífica opinión” de Fernández Díaz. De María Dolores de Cospedal, entonces, no dijo nada, pero La Audiencia Nacional tuvo en su poder un informe de la Policía que incluía las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con la ex secretaria general del PP en las que quedaba de manifiesto su implicación en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Documentación que fue ignorada por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña que instruyeron la macrocausa contra Villarejo.

Cospedal estuvo brevemente imputada, pero logró eludir el banquillo gracias a que García Castellón archivó la causa contra ella en 2021, en contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, lo que supuso frenar también los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a ser investigado. Un año después, El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, pero el mismo juez se negó a reabrir el caso.

Cuesta creer que una operación para ocultar la corrupción del PP, urdida por un ministro del PP y en la que se manejaron pruebas de la participación de una ex secretaria general del PP no la conociera el presidente del PP. Pero, oiga M. Rajoy era el presidente que nunca sabía nada. Y su vicepresidenta que a la vez era responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco se enteraba de nada. 

Mucho se habla de la trama policial y judicial que tanto ha hecho para tapar la corrupción del PP, pero de la mediática, que sin duda existió y manejaba SSS, no se dice nada. Por algo será.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha decidido este viernes conceder la libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

En el auto, el magistrado valora el “escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y valora “positivamente la antigüedad de los hechos delectivos”. El que máximo colaborador de Francisco Correa ingresó en prisión preventiva en 2009, donde pasó tres años, hasta su salida bajo fianza en 2012. Posteriormente, en febrero de 2017, Crespo volvió a la cárcel, y se mantuvo hasta 2023. En los últimos tres años ha disfrutado de un régimen de semilibertad, con pulsera de control telemático. Con este cómputo total, Crespo ha cumplido más de dos terceras partes de su condena (nueve años en prisión más tres en tercer grado), cuyo límite de cumpliento era 18 años.

El juez Castro ha destacado en el escrito, según publica el citado medio, la “conducta normalizada” de Crespo durante “durante la condena” y el “buen uso del régimen abierto”, así como el “apoyo familiar vinculante y positivo” con el que cuenta el lugarteniente de Correa, lo que facilitaría su reinserción.

El que fuera ex secretario de Organización del PP gallego se reconoció en el banquillo de la Audiencia Nacional como “el máximo responsable, junto a Correa” de delitos que iban desde mordidas por obra pública a fraude fiscal. En un escrito de confesión previo al último juicio a la trama corrupta —el pasado mes de octubre—, al que tuvo acceso elDiario.es, Crespo incluyó “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

El mantenimiento del polideportivo municipal Daoiz y Velarde, que cerró en noviembre por averías y ha desencadenado protestas vecinales por un servicio intermitente, corre a cargo de una empresa propiedad de un grupo vinculado a la trama Gürtel. Genera Quatro SL pertenece al holding Nealis, el antiguo Grupo Gimeno y dirigido por Enrique Gimeno, uno de los empresarios que confesó a la Audiencia Nacional haber efectuado pagos ilegales o facturas falsas para financiar al PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en octubre de 2024 a esta compañía la supervisión técnica del polideportivo, así como el resto de equipamientos públicos del distrito madrileño de Retiro. La Junta Municipal ya entonces la presidía Andrea Levy, hoy concejala-presidenta.

Esta empresa es, desde 2018, propiedad del grupo Gimeno. Ese mismo año, su presidente Enrique Gimeno confesó ante la Fiscalía y luego en el juicio que financió con dinero negro al Partido Popular para las elecciones autonómicas de 2007 y las generales del año siguiente. En total, regó al partido con 405.668 euros, de los cuales una parte fue a parar a la campaña de Francisco Camps, que finalmente ganó aquellos comicios en la Comunidad Valenciana. El empresario acabó condenado a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental, aunque esquivó la prisión pagando una multa de 154.500 euros.

Gimeno dirige Facsa (Fomento Agrícola Castellonense), una empresa de Castellón que dio origen al Grupo Gimeno y se hizo con el servicio municipal de agua de Sant Antoni, un barrio de Valencia. Obtuvo la puntuación más alta en un concurso público de los populares. El negocio de Enrique Gimeno siguió ganando concursos relacionados, principalmente, con la gestión del agua para administraciones públicas. Sin ir más lejos, mientras Gimeno declaraba sus pagos en B en la Audiencia Nacional, una de sus compañías conseguía 21 millones de euros –ampliables a 42 millones si se prorrogaba el contrato– dentro de una UTE (unión temporal de empresas) para evaluar el agua de las confederaciones hidrográficas del Júcar, el Miño y el Duero.

Un 'rebranding' muy reciente para desligarse del apellido Gimeno

Los convenios corrían a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, justo en el año en el que dejó de estar en Agricultura y Pesca con el PP para renombrarse como Ministerio de Transición Ecológica, después de la primera victoria de Pedro Sánchez. Tras más de cien años en activo, el pasado septiembre el Grupo Gimeno se sometió a un rebranding y pasó a llamarse Nealis, desligándose nominativamente del polémico apellido de su presidente. La condena de Enrique Gimeno pesaba sobre su persona, y no recaía en las compañías desde las que efectuó los pagos ilegales o las facturas falsas, que pudieron seguir funcionando.

Genera Quatro SL, que opera comercialmente como Genera Facility Services, ganó en octubre de 2024 un contrato con el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal de Retiro para el servicio de mantenimiento integral de los equipamientos adscritos al distrito; es decir, la revisión de instalaciones eléctricas, ascensores, calderas o la seguridad en centros culturales, centros de mayores, colegios públicos, escuelas infantiles o espacios deportivos de la zona, como el Daoiz y Velarde o el CDM Estanque del Retiro.

Fue un procedimiento abierto. A la licitación se presentaron siete ofertas desde distintas empresas: CPI Integrated Services S.A., Acierta Asistencia S.A., Centralia Servicios Integrales S.R.L., OHL Servicios-Ingesan S.A., Serveo Servicios y Genera Quatro, la adjudicataria final. El valor estimado del contrato, según figura en el Portal de Contratación del Estado, es de 2.319.117 millones de euros; lo que queda en un presupuesto base (restando impuestos) de 1.054.144 millones. La vigencia del acuerdo es de dos años, aunque puede prorrogarse a cuatro e incrementar la cuantía.

El contratista, por su parte, se hizo con 813.710 euros después de superar al resto de competidores. Sin embargo, desde Más Madrid denuncian que a Genera Quatro SL, además de estar salpicada por la trama Gürtel –donde el empresario Francisco Correa lideró una red corrupta vinculada a dirigentes del PP para obtener contratos públicos a cambio de comisiones o favores– se le detectó una baja temeraria durante el proceso de adjudicación. Esta figura evalúa el riesgo de que una oferta presentada a concurso público sea inviable, de cara a proteger los intereses de la administración.

La compañía integrada en el antiguo Grupo Gimeno y otra de las candidatas, CPI Integrated Services, recibieron un requerimiento con estas dudas. Lo justificaron y ambas fueron admitidas con el visto bueno de la Junta Municipal del Distrito, que dirige Andrea Levy. El partido de la oposición destaca que existen, además, al menos tres sanciones al contratista por “ejecución defectuosa”. A mediados de noviembre, el Ayuntamiento sancionó a la adjudicataria con 813 euros no cumplir con los criterios de adjudicación, 8.137 por ejecución defectuosa y otra suma más cuantiosa, de 24.411 euros, por causas que no se especifican.

El caos en las instalaciones del Daoiz y Velarde, cerrado por averías

“Es completamente inaceptable que el Ayuntamiento de Almeida adjudique contratos de mantenimiento de edificios públicos a empresas cercanas al PP, que además presentan bajas temerarias, incumplen el contrato y solo buscan ganar dinero a costa de deteriorar los servicios públicos”, destaca en declaraciones a Somos Madrid el concejal de Más Madrid en Retiro, Nacho Murgui, que incide en las consecuencias que esto tiene para los vecinos del barrio.

Especialmente, los usuarios del polideportivo Daoiz y Velarde. “Lleva más de un mes cerrado, sin previsión de apertura, explicaciones a la gente o soluciones”, condena el edil, que asegura haber solicitado desde su partido “todos los expedientes e información disponible” al Ayuntamiento. En noviembre, cuando se anunció la clausura definitiva después de cierres intermitentes por averías en las instalaciones –cuyo mantenimiento depende de Genera Quatro SL–, el PSOE ya registró una primera iniciativa para incluir al CDM Daoiz y Velarde en el próximo pleno del distrito.

Los socialistas pusieron el foco en las deficiencias del recurso, y trasladaron el caso a Madrid Salud o el Área Delegada de Deporte. En aquella sesión, celebrada el 3 de diciembre, se aprobaron por unanimidad todos los puntos salvo dos: la petición de un informe técnico sobre daños y causas del cierre que pueda consultar la oposición, y una solicitud para trasladar temporalmente a los usuarios del centro. La concejala del PSOE en Retiro, Emilia Martínez, denuncia la opacidad del Ayuntamiento desde que se desató el caos en el polideportivo y avanza que volverán a insistir en cuestión de días.

El próximo 13 de enero se celebra el primer pleno del año en la Junta Municipal del Distrito de Retiro, y el caso del Daoiz y Velarde aterrizará en la sesión por partida doble. El PSOE abrirá el debate en el punto 7 del orden del día, y luego Más Madrid recuperará el asunto en el punto 13. Los socialistas recuperarán la proposición de instar al Ayuntamiento u otros organismos competentes a que informen de las obras, además de otra petición para elaborar y publicar un calendario de actuaciones. Por su parte, Más Madrid también solicitará un informe detallado del proyecto, con fechas previstas o el expediente administrativo, así como otro estudio técnico sobre los daños estructurales en la nave. 

La Junta de Retiro habla de “averías” que motivaron el cierre

“Se está trabajando en las reparaciones que motivaron el cierre y en otras que han surgido posteriormente derivadas todas ellas de las averías originarias”, admiten fuentes de la Junta Municipal de Retiro como contestación a las preguntas trasladadas por este periódico. “La empresa cuenta con cuatro penalidades en el último mes: dos de ellas por incumplimiento de los tiempos de respuesta incluidos en el pliego de prescripciones técnicas, de 14.646 euros (incumplimiento grave) y otra de 24.411 euros; una tercera de 5.000 euros, por incumplimiento muy grave de los compromisos de adscripción de medios personales y otra de 813 euros, por incumplimiento de los criterios de adjudicación”, precisan.

El motivo de origen de estas incidencias que trascendió fue la rotura de una bomba de agua, que afectaba a su calefacción y complicaba la seguridad. Pero no se anunció fecha de reapertura. Eso, sumado otros problemas por avería en este y otros centros deportivos, fue la gota que colmó el vaso para los residentes. El 1 de diciembre, cientos de vecinos de Retiro se manifestaron frente a la Junta Municipal del Distrito reclamando una reapertura urgente del Daoiz y Velarde (ubicado a poca distancia de allí) o, en su defecto, alternativas viables para mantener sus actividades deportivas. Especialmente entre mayores, jóvenes o clubes deportivos que dependen de las instalaciones.

A finales del año pasado, en el mismo CDM cerraron durante dos meses la piscina climatizada. Entre el 13 de diciembre y el 3 de febrero de este año se efectuaron obras en los vestuarios o la sala de máquinas, por lo que la reparación no se pudo compaginar con la prestación del servicio. En 2018, un año antes de que precisamente Andrea Levy (concejala-presidenta de Retiro durante la adjudicación a Genera Quatro) entrara a liderar el Área de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento, este departamento –a través de Madrid Destino– concedió otra licitación a la misma empresa para el mantenimiento del Teatro Español, el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa o el Price por valor estimado de 218.137 euros. Sin impuestos, el contrato quedaba en 109.069.

En este caso, la entidad local Madrid Destino encomendó a la empresa labores de climatización, protección contra incendios, revisión del gas o la ventilación y el saneamiento del agua, entre otras tareas. Fue un proceso abierto ordinario para un contrato de 12 meses. Desde la esfera política, Más Madrid y PSOE han llamado la atención política sobre esta empresa y, principalmente, el estado de incertidumbre en las instalaciones del polideportivo más caótico de Retiro. Las Navidades darán una pausa obligada al conflicto, pero se retomará a la vuelta en enero con el próximo pleno del distrito.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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Un barrio totalmente renovado, moderno y joven, de altas calidades, con zonas verdes. Eso es lo que les prometieron a los cientos de personas que decidieron dar vida a la parcela UE-124 de Arganda del Rey (Madrid), el terreno que llegó a ser archiconocido por todo el país por ser el epicentro de la trama Gürtel. A día de hoy, la mayoría de ellos jóvenes, conviven con obras, ruidos, polvo y hasta un mercadillo todos los viernes que congestiona el tráfico de la zona. La situación es tal que algunos de ellos piensan revender las viviendas que un día compraron con la idea de construir una vida.

David González llegó al municipio argandeño en 2021, cuando decidió mudarse desde Madrid con su pareja y su hijo de 7 años. “Vimos que Arganda había crecido muchísimo los últimos años y pensamos que lo había pasado tan mal con el tema de la corrupción que ahora harían las cosas de forma diferente”, cuenta este responsable de distribución de una empresa de automoción. Encontraron en la parcela de la Gürtel, cuyas primeras detenciones datan de 2008, una zona ideal, pues se sitúa cerca de una de las arterias de la localidad, la Avenida del Ferrocarril.

La empresa Inmoglaciar cogió el testigo de su homóloga Martinsa-Fadesa, salpicada por el caso de corrupción que ha dejado 94 condenados, 750 años de cárcel y ha sacado a relucir unos 200 millones de euros defraudados que, entre otros, fueron a parar a políticos y miembros del PP. “El problema es que, urbanísticamente, desde el principio todo está mal planteado. Son parcelas pequeñas para edificios de muchas plantas. Si lo habitual en el municipio es levantar hasta seis, aquí se permitió construir edificaciones de hasta 13. Son monstruosidades que no pegan con la arquitectura de la zona”, se explaya.

González señala al antiguo alcalde de Arganda y actual diputado en el Congreso, el socialista Guillermo Hita, como el político que modificó el Plan General de Ordenación Urbanística para intentar remediar los efectos en la zona de la Gürtel. “Pero no mejoró las cosas”, apostilla. Todo sigue igual que cuando comenzaron a reunirse con los responsables políticos municipales en 2021: “Esto está mal construido. Hasta las aceras están hundidas con ondulaciones. Donde se supone que iba a haber un parque, el Ayuntamiento no es capaz de expropiar una casa que hay en medio de la nada, así que sigue siendo un descampado. Es un completo desastre”.

De barrio ultramoderno a no tener un solo parque

Jorge Arranz se decantó por una vivienda en esta zona de Arganda tras dejar atrás un alquiler en la capital junto a su marido, cuya familia es argandeña. “Compramos un ático de tres dormitorios con una terraza grande. Estábamos muy ilusionados”, comenta. Ellos fueron de los primeros residentes en llegar a la zona, en el primer semestre de 2021. “Nos dijeron que sería un barrio ultramoderno, una finca de lujo con buenas calidades, pero el entorno deja mucho que desear”, se queja.

Con el paso de los años, la gente va ocupando los cientos de viviendas que se construyen en esta zona. Sin embargo, ni una sola zona verde les da oportunidad alguna para el esparcimiento, el deporte al aire libre o la mera recreación. Ni siquiera ha desaparecido el aparcamiento que, según el vídeo promocional de Inmoglaciar, se iba a convertir en una zona de estancias y verde. “Cada vez hay más familias con niños pequeños o incluso con mascotas que no tienen ningún sitio al que ir”, ilustra Arranz, encargado de una tienda de maletas y artículos de viaje.

A sus 42 años, afirma que desde un principio tenían claro que se encontrarían un barrio en desarrollo. “Eso es una cosa y otra el desastre que vemos aquí cada día”, abunda. En su caso, el gran perjuicio que sufre es la construcción de una torre de viviendas de 13 pisos. “Cuando te compras un ático esperas algo de privacidad, disfrutar de tu espacio exterior y las vistas, pero no que tengas decenas de personas pudiendo ver lo que haces o dejas de hacer todo el tiempo”, denuncia.

En abril de 2021 también llegó Alicia Mesa a la finca. Esta ambientóloga de 38 años que trabaja en una planta privada de gestión de residuos todavía recuerda la maqueta que vio en la caseta en la que le vendieron su vivienda. “Ahí había zonas verdes, parques y nos aseguraron una proyección increíble. Después de cinco años casi, todo sigue igual o peor”, subraya. Desde su punto de vista, el principal escollo a superar son los problemas de aparcamiento y acceso al barrio que generan las continuas obras, a lo que se suma el mercadillo de los viernes.

Ante estas acusaciones, el alcalde del municipio, Alberto Escribano, del PP, que gobierna la localidad junto a Vox, responde a elDiario.es que sí se contempla una zona verde: “Todavía no está desarrollada porque no se ha terminado la urbanización de la Unidad de Ejecución, ya que es un barrio que se encuentra ahora en plena construcción después de haber estado durante años paralizado por el gobierno socialista anterior”. Desde el consistorio aseguran que se llevará a cabo en la segunda fase que tendrá lugar cuando termine la construcción, y su financiación correrá a cargo de la Junta de Compensación.

Una situación económica “en riesgo”

González, por su parte, determina que el Ayuntamiento “no tiene dinero para nada. Arganda es uno de los pocos consistorios de España que está en riesgo alto por la regla de gasto”, asegura. Así lo confirma el informe emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2025, fechado el pasado día 16 de julio. “No es que necesitemos plantar un árbol o arreglos puntuales, es que se necesita una remodelación completa para la que el Ayuntamiento, que está arruinado, no tiene presupuesto”, añade, algo enfadado.

En este sentido, Escribano ha asegurado que la legislatura anterior del PSOE dejó siete millones de euros de déficit. Más actual es la aprobación de la Cuenta General de 2024 que el Pleno de este octubre ha realizado y que “muestra un tremendo cambio de tendencia en las cuentas de Arganda”, precisa. Según sus datos, el saldo positivo supera los 8,5 millones de euros.

Sin embargo, desde el punto de vista de González, Arganda se sigue gestionando como si fuera un pueblo y no como una ciudad de 60.000 habitantes. Mesa opina que “el Ayuntamiento no hace nada más que anunciar que está subsanando las cuentas del anterior partido”, aunque eso no se materializa en mejoras para la ciudadanía del barrio. Ella, experta en gestión de residuos, añade que “dinero deben tener, porque han realizado un cálculo totalmente desproporcionado del nuevo impuesto de las basuras, y ese dinero no lo van a devolver”.

La disputa por el mercadillo

La gota que colma el vaso de estos afectados llega los viernes a partir de las 06.00 horas. Desde ese momento, los gritos y el sonido de hierros de los tenderetes del mercadillo por el suelo son la pesadilla que no deja descansar al vecindario. Se decidió establecer ahí el mercadillo cuando la zona era un erial, precisamente en los años de la Gürtel. La llegada de la pandemia hizo que el antiguo regidor, Hita, lo trasladase al recinto ferial del municipio. “En 2022 lo bajaron otra vez a la avenida del Ferrocarril, con muchas familias ya instaladas, edificios construidos y otros en proceso”, apunta.

Las consecuencias para el vecindario están claras: más allá de la incomodidad por el trasiego habitual que generan este tipo de actividades, el barrio se queja de la inseguridad que genera. “Hace poco un camión de las obras golpeó a una señora que estaba comprando”, asevera González, que también guarda fotografías de las ratas que merodean por la zona intentando alimentarse de los restos de frutas y verduras que quedan.

Los afectados recuerdan que el alcalde les aseguró que el mercadillo volvería a su ubicación anterior después de las fiestas del municipio, que terminaron en septiembre. No ha sucedido. “Es la típica gestión de un alcalde de un pueblo pequeño, que no mira por el beneficio común ni por una zona como esta, que es vital al ser una de las entradas principales a Arganda”, sostiene González.

Ante esta cuestión, desde el Consistorio exponen que el recinto ferial no ha sido nunca la ubicación definitiva del mercadillo, sino un lugar provisional entre diferentes ubicaciones. “Se trata de que ocupe el lugar que merece por la importancia que tiene y el papel que juega en Arganda. Jamás vamos a tomar una decisión unilateral sobre esto ni sobre nada, porque no es mi estilo y además tenemos que entender que se trata de personas, de sus vidas y sus negocios”, añade el regidor.

Vender para mudarse

Arranz y su pareja compraron dos casas en la misma urbanización. Viven en el ático y alquilan la otra vivienda: “Esta última da justo a donde ponen el mercadillo, y en ella vive una familia con niños pequeños que se queja de que es imposible dormir más allá de las 06.00 horas cada viernes”. Ya no solo se trata de esa segunda vivienda, sino de la suya propia. 

Tal y como remata, “lo que en principio iba a ser un proyecto de vida que empezamos con muchísima ilusión ahora se ha frustrado, así que estamos pensando en vender e irnos a otro sitio”. Mesa también ha pensado dejar esta zona atrás. “Estamos rodeados de ruidos y de polvo, y de maquinaria pesada. No es una zona visiblemente bonita y aquí la vivienda se devalúa cada día”. El mismo Arranz se muestra algo desesperanzado cuando dice que “la situación se va a agravar con el tiempo, porque cada vez entregan más pisos y esto cada vez es más caos”.

La sombra de la trama Gürtel no acaba de disparse. Este miércoles se coló en la sesión de control a Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia, cuando la líder del BNG, Ana Pontón, le recordó los “sobre en B” de Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP. “Los repartía cuando usted ya estaba en el aparato del partido”, le espetó la nacionalista, “iban a las elecciones dopados con dinero negro”. En realidad Pontón respondía a un recado del presidente la Xunta al Bloque: le había afeado, sin venir mucho a cuento, que no participasen en la comisión de investigación del Senado en la que compareció Pedro Sánchez. Y eso que resultó en un fiasco para los populares. Pero el debate entre Rueda y Pontón trataba sobre la sanidad pública y las deficiencias en atención a la salud mental.

Los datos los expuso esta última. Galicia lidera el ránking de suicidios en el Estado español, el 23% de su población padece problemas crónicos de salud mental y se consumen más psicofármacos que en otros lugares, un 52,5% más de la media estatal. A esta situación, adujo Pontón, el Gobierno gallego reacciona con un plan en la materia que no se cumplió y con siete psicólogos para atender más de 400 centros de salud. La propuesta del BNG pasa por destinar siete millones de euros a contratar un centenar de estos profesionales. “En 2026 contrataremos 21 nuevos psicólogos”, fue la respuesta de Rueda, quien aseguró que la partida dedicada a salud mental es la que más crece en el capítulo sanitario de los Orzamentos autonómicos para el año que viene.

“Tenemos la mejor sanidad de España y una de las mejores de Europa”, añadió. Y aunque Pontón le recordó que todavía en mayo había anunciado la “contratación inmediata” de 14 psicólogos y no la había realizado, le dio igual. “Ahora serán 21, siete más” se ufanó, antes de presumir de listas de espera -“la cuarta comunidad con menos”, pese a que son 360.000 personas solo en las no ocultadas por la Xunta- o de la celeridad en atención primaria -“un 66% de pacientes atendidos en menos de cuatro días”.

“Papel de triste figurante”

Su careo con el socialista José Ramón Gómez Besteiro tampoco se salió de los cauces habituales. “Presidente del club de fans de Pedro Sánchez” y “recadero de Moncloa” fueron las calificaciones con las que respondió el presidente gallego a la larga enumeración de “mesas de diálogo” o propuestas convocadas por el Ejecutivo de Sánchez y de las que se ha ausentado el de Rueda en seguimiento de las directrices de Génova. De la quita de la deuda a un pacto por el cambio climático, de negar los datos sobre cribado de cáncer a dificultar la acogida de menores migrantes, Rueda se ha plegado “en papel de triste figurante” a lo que Besteiro considera “guerra obsesiva de Feijóo contra el Gobierno de España”. “¿Está priorizando los intereses de Galicia frente a los de su partido?”, inquirió, y también respondió: “Ya le digo yo que no”.

“Es usted cómplice de las falcatruadas [engaños] del Gobierno de España en Galicia”, le acusó a modo de resumen Alfonso Rueda, pero no entró en detalle. Solo insistió una y otra vez en una obviedad: en Galicia habrá presupuestos el año que viene -el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara gallega-, en el Estado no parece que vaya a ser así. “Y a usted le da igual”, dijo.

En el último juicio a la trama Gürtel que se celebra esta semana se sientan en el banquillo más de 20 personas acusadas de facilitar el entramado financiero que permitió a Francisco Correa ocultar a Hacienda los millones de euros que ganó en comisiones que cobraba a empresas a cambio de adjudicaciones de gobiernos del Partido Popular. Pero entre esas personas no está Arturo Fasana, el artífice de una cuenta bancaria opaca llamada Soleado, donde tenía su dinero buena parte de la Gürtel y también el rey Juan Carlos de Borbón.

Con Pedro Águeda, periodista de elDiario.es que durante años ha seguido la pista a este ingeniero financiero afincado en Suiza, repasamos quién es Arturo Fasana, y su papel de bisagra entre la fortuna que ocultaba el rey emérito en Suiza y el dinero que escondían los principales cabecillas de la mayor trama de corrupción política en España. 

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