La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha concedido en el último año y medio tres contratos menores a la empresa catalana Auditoría Turística SL, en la que hasta hace unas semanas figuraba como consultor Álex Borrás, un antiguo asesor del exdirigente del PP catalán, Enric Millo, actual secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación del Gobierno andaluz.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, fichó a Millo en abril de 2019, cuando ocupaba el puesto de vicesecretario de Acción Política y Económica del PP en Catalunya. Su puesto en el organigrama de la Junta de Andalucía tiene rango de viceconsejero, es responsable de la coordinación de las actuaciones del Gobierno andaluz en la Unión Europea y la relación con el resto de comunidades autónomas. Millo, además, fue delegado del Gobierno de España en Catalunya en la etapa de Mariano Rajoy entre 2016 y 2018, en el momento álgido del procés. Fue el encargado de ejecutar el artículo 155 de la Constitución para intervenir las competencias de la Generalitat tras el órdago soberanista. 

Los tres contratos que vinculan a Borrás y Millo se formalizaron entre enero de 2022 y julio de 2023 y entre los tres supusieron un desembolso de 37.300 euros para la misma empresa, Auditoría Turística. En concreto, el primero fue para “posicionamiento SEO” de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces por valor de 14.800 euros; el segundo fue un contrato de marzo de 2023 también para posicionamiento SEO de la misma entidad, por valor de 7.700 euros y con una duración de 200 días; mientras el tercer contrato, del pasado mes de julio, tiene como objeto gestionar las redes sociales de la Secretaría de Acción Exterior de Andalucía.

Eliminado de la web

Auditoría Turística (Auditour) es una consultoría de comunicación digital y turismo radicada en Girona, sin apenas relación con Andalucía y en la que, hasta este mes de agosto, en su web figuraba entre los consultores/colaboradores el nombre de Álex Borrás, que fue asesor del alto cargo de la Junta cuando éste formaba parte de la cúpula del PP catalán. Borrás aparecía en el staff de esta empresa hasta el pasado julio, cuando se formaliza el último contrato con la Junta de Andalucía. Pero desde finales de agosto, Borrás ha desaparecido como parte del equipo de la empresa, aunque sí aparecía unos días antes, cuando elDiario.es comenzó a indagar en estas adjudicaciones, como demuestra esta captura:

La trayectoria de Borrás ha estado vinculada en diversas etapas con el Partido Popular, sobre todo como trabajador y colaborador en temas de comunicación y redes sociales. Según indica él mismo en su currículum, fue “asesor de tecnologías de la información y comunicación” del PP entre septiembre de 2014 y enero de 2016, tiempo en el que participó en la dirección del equipo online de diversas campañas electorales en 2015 (municipales, autonómicas y generales).

No fue este periodo el único en el que estuvo vinculado al partido que entonces presidía Mariano Rajoy. Borrás fue responsable de Internet y Redes Sociales PP Barcelona entre 2012 y 2013, y en el equipo online del PP nacional en 2010. De sus buenas relaciones con el PP da buena cuenta en su blog personal, con numerosas fotografías con altos cargos populares, entre ellas con Millo.

“Alex Borrás ya no trabaja nosotros. Creo que trabajó hasta mediados de este año y que comenzó a finales de 2022, hacia diciembre. Trabajaba primero con un contrato laboral, después hizo unos trabajos de asesoramiento”, comenta Josep Maria Reichardt, CEO de Auditour en conversación con este medio. Sobre el tercer contrato, el único al que aspiraron otras dos empresas, afirma que su empresa presentó “una oferta a un concurso de la Junta que se había publicado”. “Estos contratos no se dan a dedo, es una convocatoria pública”, afirma Reichardt.

Procedimiento “conforme a la ley”

Realmente se trata de contratos que no fueron adjudicados por concurso sino que fueron invitaciones a las que solo se presentaron a la licitación la empresa catalana asesorada por Borrás salvo en el último contrato, del pasado julio, al que aspiraban tres empresas, como se puede apreciar en el expediente. Fuentes de la Consejería de Presidencia detallan que las otras dos aspirantes “invitadas” a gestionar las redes sociales de la Secretaría de Acción Exterior de Andalucía fueron otra empresa catalana –Ineet, radicada en Barcelona–, y un autónomo de Sevilla.

“La ley no exige que se invite a empresas para luego valorar y elegir técnicamente la mejor oferta, pero se hace en la mayoría de los casos. Todos los contratos han seguido su procedimiento administrativo correspondiente, conforme a la ley”, añaden las fuentes de la Junta, consultadas por esas tres adjudicaciones, que “cumplen la normativa vigente en materia de contratación pública”.

En ese sentido detallan las fuentes de la Consejería dirigida por Antonio Sanz que “la Directiva de contratación, dentro de la Unión Europea, obliga a no dar prioridad alguna a empresas regionales, locales,...”. “A las tres se le pidió una subsanación de su documentación para acreditar que cumplirían con los requisitos (realización de tareas solicitadas en la invitación) y solo la adjudicataria aportó tal subsanación”, aclaran las fuentes de la Junta en ese punto concreto, concluyendo además que “no consta” en Presidencia que Borrás sea socio de esa empresa y resaltando que “no fue asesor de Enric Millo en su etapa de delegado del Gobierno” en Catalunya.

Por lo que respecta al Centro de Estudios Andaluces, precisamente sus redes sociales estuvieron en agosto en el ojo del huracán al hilo de un post en 'X' (antes Twitter) en el que se hacía referencia al fusilamiento en agosto de 1936 de Blas Infante, padre de la patria andaluza, como “consecuencia de la quiebra de la convivencia”. La oleada de críticas por esta publicación sobre el día de su detención le obligó a pedir disculpas a través de la misma red social: “Lamentamos profundamente el error de este tuit y pedimos disculpas por ello”.

El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo revela en su libro 'El derecho a saber la verdad' (Península) que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, le sugirió una maniobra para que diputados de la órbita del PDeCAT dinamitasen las llamadas leyes de desconexión, impulsadas para permitir el 1-O.

En el libro, que aporta su testimonio sobre las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno a raíz del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, Millo menciona una reunión que mantuvo antes de la aprobación de las leyes de desconexión, en el pleno del 6 y el 7 de septiembre en el Parlament.

Además de marcar distancias con los tiempos que estaba imponiendo Puigdemont, Junqueras le transmitió sus sospechas de que diputados de la órbita del PDeCAT «tampoco compartían la estrategia de caminar hacia la colisión».

Junqueras, explica Millo, «creía que había margen» para que esos diputados del entorno del PDeCAT «no votaran la ley del referéndum» ni la de transitoriedad jurídica.

«Me aseguró que, en ese caso, su partido aceptaría renunciar al 'procés' sin problema, igual que aceptó sin problema formar parte de Junts pel Sí tras haberlo negado reiteradamente», añade.

Junqueras le aseguró que «él no podía hacer nada» para persuadir a esos diputados, pero sugirió a Millo que «tal vez» él o alguien de su entorno podría convencerlos «de alguna manera» hablando con ellos, para que acabaran votando en contra de esas leyes.

«Le dije que nosotros no íbamos a hacer eso, que no íbamos a establecer contacto con ellos para intentar convencerlos de que alteraran su voto. No me parecía honesto, correcto ni admisible. Una vez descartada esa opción, me dejó claro que desde su partido no iban a hacer nada para evitarlo y que, si el destino nos llevaba a esa colisión, asumirían las consecuencias», agrega.

Millo preguntó a Junqueras «a título personal» si estaría dispuesto a aceptar «un referéndum a todo el conjunto del pueblo español sobre la independencia de Cataluña», a lo que el entonces vicepresidente del Govern respondió: «No, porque no serviría de nada».

En el libro, Millo también revela que el expresident Carles Puigdemont, meses antes del 1-O, le propuso un referéndum sobre una reforma autonómica que elaborase «una comisión de expertos de carácter neutral».

A finales de enero de 2017, Puigdemont y Millo acordaron telefónicamente celebrar un encuentro discreto, en el que el entonces delegado del Gobierno le dejó claro que «no iba a haber ninguna autorización para convocar un referéndum de independencia» y apostó por abrir una «vía de diálogo para buscar consensos» sobre «posibles reformas» dentro de la ley.

Puigdemont, según relata Millo, le dijo que «no había ninguna posibilidad de diálogo si no se aceptaba por parte del Gobierno español la celebración de un referéndum».

«Aun así, propuso encargar a una comisión de expertos de carácter neutral para que acordaran una propuesta de reformas presentables a la opinión pública. Una vez lista, la propuesta sería sometida a votación como si de un referéndum se tratara: si se aprobaban las conclusiones de la comisión, se interpretaría como un 'no' a la independencia; por el contrario, si se rechazaban, se leería como un 'sí' a la secesión», explica Millo.

El exdelegado del Gobierno preguntó si el Govern apoyaría esa hipotética propuesta de reformas: «Me dijo que, aunque ellos estuvieran de acuerdo con el contenido de las propuestas que surgieran de esa comisión, nunca pedirían el voto favorable en una posible votación referendaria, sino que se mantendrían neutrales para que la opinión pública decidiera por sí misma qué voto quería emitir. ¡Vaya tomadura de pelo!, pensé yo».

Desde que Francisco Franco nombrara al general Mohammed ben Mizzian, capitán general de Galicia, no se recuerda un nombramiento más estrafalario. El gobierno de Moreno Bonilla lo ha hecho, Enric Millo es el nuevo secretario general de Acción Exterior. La derecha no deja nunca tirado a los suyos, ni sus facciones, en este caso, el gobierno andaluz “sorayea”, en realidad lo hace desde que se formó.

A partir de ahora, el gobierno andaluz estará muy desengrasado, pero no gracias a un producto tan local como El Milagrito, el gran quitamanchas y desengrasante autóctono, sino a otra marca alóctona, Fairy. Habrá que acostumbrarse, como hicimos con Juanma. Moreno Bonilla era nombre de árbitro, por eso, poco a poco, con insistencia de sus mentores y asesores, y socorro de los más beneficiados, se va imponiendo Juanma. Millo será Josenri, porque Enric suena mucho a su historia reciente, no me refiero a sea de Tarrasa, que de allí hace ya lustros que tenemos siempre a alguno al lado, si no que lo pregunten en el barrio sevillano del Cerro del Águila, donde un día estuvo ubicada HYTASA. Allí entienden mucho de quitamanchas y paños.

En este gobierno lo mismo se lava más blanco a la ultraderecha que se desengrasa y quitan las manchas de las promesas y los discursos. La derecha española no está cómoda con el estado de las autonomías y ha hecho batalla de la supresión de las relaciones exteriores de los gobiernos autónomos, porque eso es competencia del Estado, pero mire por donde, al primer taponazo, zurrapa. Eso para Catalunya, para Andalucía no cuenta, va Moreno Bonilla y nombra a un señor de Tarrasa, pero de Soraya, que allí saben mucho de eso y quién va a saber de eso aquí en Andalucía de entre las derechas autóctonas, tan poco viajadas.

Supongo que vendrá a la Feria de Sevilla, bautismo de fuego para los forasteros y luego a caminar en romerías, otras ferias y saraos identitarios, una inmersión en lo andaluz, ya que el hombre vendrá totalmente inmerso en catalanidad, que eso es lo que dicen las derechas que pasa en Catalunya. Por mí, bienvenido Enric, pero no nos hace falta el Fairy.

La encuesta de INVIMARK para la Sexta, publicada recién, dice que quienes más se arrepienten de haber votado al que fuera en las pasadas elecciones, son los votantes del PP. Un diez por ciento afirma que cambiaría el voto. Las demás derechas mantienen su voto y, más aún, las izquierdas.

No me extraña, además de estrafalaria, la derecha del PP es veleta: culo veo, culo quiero. Grouchomarxistas en estado puro, si no te gusta esta ideología y esta campaña, te pongo otra. De ofrecer un puesto en el gobierno español a la extrema derecha a mandarlos al infierno de la ortodoxia radical de las derechas hispánicas.

Pero, claro, veletas e incoherentes. Que sean de extrema derecha no significa que no se gobierne con ellos en Andalucía, ni que no vayan a pactar en aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos que se pongan a tiro electoral .

La derechita cobarde, más la derecha naranja, más la untraderechita facilona, no van a poner en peligro el gobierno de Andalucía. Lo curioso de todo, es que los tres, según la encuesta citada más arriba, son los más partidarios de un gobierno de PSOE con Albert Rivera; los más de ellos, casi un 70%, los votantes del catalán Rivera.

Mientras, nervios por todas partes, inquietud, la misma encuesta dice que el 37%, los más, prefieren un gobierno progresista, de la mayoría de la moción de censura. Es urgente esperar a las elecciones próximas, no habrá movimientos claros antes. Ni se esperan turbulencias gubernamentales andaluzas, ni porque esté y exija la extrema derecha que tanto disgusta ahora a Pablo Casado, ni porque “sorayee” en los nombramientos : Josenri ya es de los nuestros.

El que fuera delegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo ha declarado este martes como testigo en el juicio del procés, donde ha respaldado las tesis de la Fiscalía para acusar al Govern del delito de rebelión. Millo ha descrito un “clima de violencia” contra la Policía durante la celebración del referéndum del 1-O, aunque ha caído en varias contradicciones a lo largo de su intervención.

La “trampa del Fairy” que no aparece en los informes policiales

La alusión a la violencia durante aquel día que más ha sorprendido ha sido lo que el propio millo ha llamado “la trampa del Fairy”, a la que habrían acompañado las “artes marciales” empleadas contra los agentes. Esa “trampa” habría consistido, según el testimonio de Millo, en rociar el suelo con el famoso lavavajillas para que los policías cayeran al suelo y, así, “patear” sus cabezas.

En los informes de la Policía Nacional y Guardia Civil –en los que se recogen los incidentes en cada uno del centenar de colegios electorales en los que intervinieron– se hacen alusiones a lanzamientos de piedras, agentes lesionados, resistencia pasiva –“murallas humanas”–, incluso a bloqueos de puertas con la colocación de “retroexcavadoras” y “carros de la compra y de bebés” para impedir la labor de los agentes. Pero no hay rastro alguno de esa “trampa del Fairy” ni ninguna otra técnica que consistiera en hacer resbalar a los agentes para “patear” la cabeza de ningún policía. 

De “artefactos incendiarios” a “artefacto incendiario”

El exdelegado del Gobierno también ha hablado de “artefactos incendiarios”, en plural, durante su intervención. Pero ha tenido que reducir la referencia a un único “artefacto incendiario”, el encontrado en Igualada (Barcelona), tras las preguntas del abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas.

“Creo que hablamos”

Millo también ha afeado al exconseller de Interior Joaquim Forn que le dijera en una reunión que tuvo lugar en  julio que iban a “garantizar que la jornada electoral se” desarrollase “con total normalidad”, en referencia al 1-O. Tras ello, ha asegurado que no siguieron hablando, pero el abogado de Forn, Xavier Melero, le ha recordado que durante la celebración de la consulta –es decir, tres meses después– intercambiaron varios mensajes a través de WhatsApp.

“Creo que hablamos”, ha sido su respuesta.

El exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo ha abonado este martes la tesis de la rebelión de la Fiscalía y ha culpado al Govern de Carles Puigdemont de alentar y crear un “clima de violencia” el 1-O, provocando que “masas de personas” y “murallas humanas” se concentraran en los colegios contra la Policía y la Guardia Civil.

Se esperaba el tono duro de Millo contra los dirigentes independentistas. El exdirigente del PP catalán, ahora retirado de la política institucional, ha lanzado sus dardos contra Carles Puigdemont, Joaquim Forn y el major Josep Lluís Trapero. A todos ellos les ha culpado de provocar que la población se concentrara en los colegios el 1-O para que se actuara “con violencia” contra los cuerpos policiales y de acordar que los Mossos no cumplieran con la orden para impedir el 1-O, las dos patas de la rebelión según los fiscales.

Millo ha señalado a Trapero por “alinearse políticamente” con el Govern para facilitar el 1-O en vez de impedirlo, como había ordenado la jueza del TSJC. Del expresident ha criticado su “comportamiento suicida” para impulsar al 1-O y que el mismo día de la votación siguiera “animando a la gente no a votar, sino a defender los colegios”. “Al otro lado de la mesa me encontré con una silla vacía”, ha lamentado.

Respecto al exconseller de Interior, ha afirmado que Forn inauguró su mandato en julio diciéndole: “El 1-O vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad”. “Me quedó grabada esta frase y ya no seguimos hablando”, ha añadido Millo, a lo que el abogado de Forn, Xavier Melero ha replicado con los whatsapps que ambos se cruzaron el 1-O. Ante la constatación de que sí habló con Forn, Millo ha reconocido: “Creo que hablamos”.

“La trampa del Fairy”

Millo se ha explayado, a preguntas del fiscal Zaragoza, en relatar “actos de violencia” el 1-O, como, por ejemplo, policías pateados en la cabeza tras ser víctimas de “la trampa del Fairy” en los colegios para que resbalaran, así como votantes que golpearon mediante “artes marciales” a los agentes y “artefactos incendiarios” contra las casas cuartel de la Guardia Civil. No ha concretado, sin embargo, si le consta si hay algún imputado por este hecho. En sus informes en los que refieren cada una de las intervenciones en los colegios el 1-O, los jefes de Policía Nacional y de Guardia Civil no expusieron ninguna “trampa del Fairy”.

Millo, a preguntas del abogado de Forn, Xavier Melero, ha tenido que matizar su descripción. A la pregunta de por qué los cuerpos policiales detuvieron tan solo a cinco personas el 1-O ante un escenario tan violento, Millo ha instado a “preguntar a los Mossos d'Esquadra”. A preguntas del abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, Millo ha rebajado los “artefactos incendiarios”, en plural, a un único artefacto en Igualada (Barcelona).

El Ministerio del Interior acaba de dar luz verde a la lista de condecorados para la próxima celebración del día de la Guardia Civil y entre ellos están los delegados del Gobierno de Mariano Rajoy en Catalunya, María de los Llanos Luna y Enric Millo, según la lista a la que ha tenido acceso eldiario.es. Ambos recibirán la Gran Cruz de Plata al Mérito Civil, sin asignación económica, mientras que los subdelegados en Barcelona, Emilio Ablanedo; en Lleida, María Inmaculada Manso; y en Tarragona, Jordi Sierra Viu, serán condecorados con la Cruz Blanca.

Las condecoraciones de este año en los días de Policía y Guardia Civil tienen la particularidad de que parten de una propuesta del anterior Gobierno que es ejecutada o no por el actual. En este caso, Fernando Grande-Marlaska ha dado el visto bueno a la condecoración de los responsables políticos de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya durante la escalada del proceso independentista y también en su punto álgido, la jornada del 1 de octubre del pasado año, fecha del referéndum secesionista.

El titular de Interior compareció este martes en el Senado para dar cuenta de la líneas generales de la política desplegada por su departamento, donde aseguró que habría sido “sectario” no condecorar al que fuera delegado del Gobierno sólo por el hecho de no compartir “todo al 100%” con él. “A mí no me gusta ser sectario. Me llegan las propuestas de concesión de medallas y salvo por algo específico que me parezca no factible, no las voy a echar para atrás”, aseguró.

Grande-Marlaska reaccionó de esta manera a la intervención del portavoz de PDeCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, que calificó de “insulto” la concesión de esa medalla. “Cuando estamos en plena comisión nos enteramos de que condecora a Millo, no sé si por cada porrazo que nos pegó o por qué”, afirmó ante el ministro. “Es curioso que el ministro diga que hay un cambio de talante cuando lo que está haciendo es condecorar a delegados del Gobierno. También dijo usted que trabaja por los ciudadanos, pero aquel 1-O el Ministerio del Interior no trabajó por la ciudadanía, sino que nos sentimos agredidos por una violencia de Estado”, añadió el senador.

Propuestas rechazadas

Sin embargo, en otros casos, Grande-Marlaska ha rechazado la propuesta que procedía del departamento de Zoido. Es el caso de las condecoraciones que el equipo político del exministro se había propuesto para sí mismo, como informó eldiario.es. Finalmente, el jefe de Gabinete de Zoido, Francisco Luis Pérez Guerrero; y los asesores Santiago Martínez-Vares y Fernando Matres, no serán condecorados con ocasión de la festividad de la Virgen del Pilar. El actual Departamento de Interior ha optado por respetar la propuesta de condecoraciones a otros miembros del equipo de Zoido, de perfil administrativo, y también a sus escoltas.

Capítulo destacado merecen las condecoraciones a miembros de grandes empresas. Entre ellas, a Juan Lasala Bernad, consejero delegado de Red Eléctrica Española. Se trata de la empresa participada con capital público que acogió en su consejo de administración a Arsenio Fernández de Mesa cuando Zoido prescindió de él al frente de la Guardia Civil. Fernández de Mesa salió de la dirección del instituto armado en medio de una polémica por su retrato al estilo de un general del siglo XIX, tal y como desveló este medio.

El consejero delegado de Red Eléctrica lucirá a partir de ahora la Cruz de Plata al Mérito Civil, reservada a aquellas personas ajenas al Cuerpo que se han destacado por una “relevante” colaboración con el instituto armado. La propuesta de condecoración en este caso también partió del anterior Ejecutivo. En esta misma categoría que Lasala están la directora nacional de Seguridad de El Corte Inglés, Catalina Polán; o el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán.

Grande-Marlaska ha dado luz verde igualmente al reconocimiento a sus antiguos compañeros de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, el magistrado cuyos planteamientos quedaron en minoría en la sentencia de Gürtel, y José de la Mata, sustituto de Pablo Ruz al frente del resto de piezas que siguen investigándose, incluida la de la caja B, que este instructor viene impulsando con múltiples diligencias.

En el caso de la Policía, el ministro del Interior optó por rebajar la amplia lista de propuesta de medallas pensionadas que propuso el anterior equipo de Interior, pero dejó la recompensa con un 10% de incremento en el sueldo vitalicio a los tres principales mandos de la Policía en la etapa Zoido.

La sombra de adoctrinamiento en las aulas catalanas se extendía hasta ahora a los 54 supuestos casos que entre octubre y diciembre de 2017 el Ministerio de Educación mandó investigar a la Generalitat. Desde esta semana, la cifra alcanzaría los 134 centros educativos y hasta 500 profesores catalanes, casi el 0,5% del cuerpo docente, según los datos que ha lanzado el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo. Entre ellos, los nueve docentes del instituto de Sant Andreu de la Barca, a cinco de los cuales el juez decidió archivar la causa este jueves.

La contundencia de la afirmación de Millo contrasta sin embargo con la falta de información sobre a qué responde tal aumento de casos respecto a los conocidos hasta la fecha. Ni el Ministerio de Educación ni el departamento de Enseñanza -controlado por el primero con el artículo 155- responden a esta pregunta. Lo que sí confirman desde la conselleria es que existen otros dos requerimientos recibidos en 2018, de los cuales, a diferencia de los primeros, no ha trascendido información alguna sobre los colegios o la naturaleza de las denuncias.

“No es una crítica a todo el sistema, ni a todos los maestros, porque sería injusto, pero también sería mentira negar la existencia de determinados casos en que el comportamiento ha sido del todo inadmisible”, aseguraba Millo en una entrevista en Rne4. También añadía que la Alta Inspección del Estado, a la que han llegado buena parte de estas denuncias y que está ubicada físicamente en la delegación del Gobierno, supervisará los expedientes hasta que estén zanjados.

Sorpresa en la inspección

Con todo, quien en última instancia se encarga de recabar información sobre las acusaciones es la Inspección de Educación, que depende de la Generalitat. De hecho, fuentes conocedoras de estas inspecciones consultadas por eldiario.es se muestran muy “sorprendidas” por la cifra lanzada por Millo. Incluso juntando los cinco requerimientos del Ministerio, los docentes a los que se ha pedido cuentas por sus actuaciones serían muchos menos, según estas mismas fuentes.

En este sentido, cabe recordar que en los 54 casos que ha difundido el Ministerio de Educación, correspondientes la mayoría a sucesos alrededor del 1-O, no siempre se habla de acciones docentes. Un porcentaje muy importante de las quejas de familias son por secundar el centro una huelga de carácter soberanista o por haberse realizado en el recinto protestas por la libertad de los presos.

Los sindicatos lo tachan de “purga”

Para los sindicatos, las palabras de Millo son una forma más de “buscar el miedo del profesorado”. Así lo expresa Ramon Font, portavoz del sindicato Ustec·stes, que acusa al Gobierno de querer llevar a cabo una “purga” entre el profesorado en Catalunya.

“Adoctrinamiento es lo que hacen los estados totalitarios cuando quieren que todo el mundo trate los temas de la misma forma, y esto es una obsesión que tienen el PP y Ciudadanos, a ver quien defiende mejor su idea de España. Ahora purgan a los docentes por soberanistas, mañana por colgar pancartas contra los recortes o por difundir ideas laicas”, se lamenta este sindicalista.

Uno de sus principales temores es de hecho las peticiones del PP para crear un buzón que sirva para denunciar malas praxis docentes por parte de familias. Esta idea, que ya puso en marcha la entidad Societat Civil Catalana, la asumió como propia el Partido Popular en la Comunidad Valenciana la semana pasada y la ha reivindicado estos días también la diputada popular en Catalunya Andrea Levy.

Crean la Mesa de Emergencia Docente

Ante esta situación, varias entidades y sindicatos han decidido crear una Mesa de Emergencia Docente, una plataforma que esta semana ha enviado a todos los claustros de profesores de Catalunya una carta en la que pide que se sumen todos aquellos que se comprometen a “defender una educación en los valores democráticos, en la cultura de la paz y en el espíritu crítico”.

La Mesa está impulsada por los sindicatos USTEC, UGT y CGT -CCOO no se ha sumado por ahora, aunque asegura estar al lado los docentes afectados por acusaciones-, junto con colectivos soberanistas como la ANC o Docents per la República. Su principal cometido es también dar apoyo a los profesores a los que se ha denunciado por la vía judicial: los de la Seu d'Urgell y Sant Andreu de la Barca.

Cinco exculpados en Sant Andreu de la Barca

La justicia ha acotado la denuncia de la Fiscalía contra los nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca acusados de humillar a alumnos hijos de guardias civiles. El juzgado de instrucción 7 de Martorell archivó este jueves la causa cinco de los nueve denunciados, sin ni siquiera tomarles declaración. Cuatro de los docentes denunciados sí seguirán investigados.

La Fiscalía había denunciado a nueve docentes por sus comentarios en clase con los que habrían señalado a los hijos de los agentes. El juzgado de instrucción 3 de Martorell admitió a trámite la denuncia contra uno de los docentes, el que el 20 de octubre habría preguntado a los alumnos “que levanten la mano los hijos de los guardias civiles” para averiguar si participarían en la huelga estudiantil independentista convocada cinco días después.

El culebrón epistolar entre el Gobierno central y las autoridades catalanas continúa. Este lunes el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha respondido la carta enviada el pasado viernes por el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, asegurándole que no atenderá su petición para verse hasta que Mariano Rajoy no responda a la misiva que le dirigió el 22 de enero pasado.

En la misma línea, Torrent rechaza la invitación para participar en el 194º aniversario de la Policía Nacional. En la misiva la segunda autoridad catalana condena “firmemente la actuación de dicho cuerpo el pasado 1 de octubre de 2017”, ya que a su entender “causó gran dolor a la ciudadanía del país”.

Respecto al encuentro con Rajoy, Torrent asegura: “Envié una carta al presidente del Gobierno español en la que le proponía una reunión para abordar, mediante un diálogo franco, la excepcionalidad democrática que vive el Parlament de Catalunya, con diputados en la cárcel y en el exilio”, para asegurar que está “sorprendido” por no haber recibido ninguna respuesta.

Torrent le reprocha a continuación que desde que le enviara la carta “todos los pasos que ha llevado a cabo el Gobierno español han ido en la dirección contraria al diálogo y al respeto a la lealtad institucional”. Según el presidente de la Cámara, el Ejecutivo de Rajoy ha “proseguido la judicialización de actuaciones políticas legítimas y las amenazas, sigue habiendo presos políticos encarcelados preventivamente de manera injusta, y miembros del Gobierno en el exilio que pueden moverse por todo el mundo pero no pueden volver a su país”.

“El Gobierno español ha expresado su voluntad de romper el modelo de éxito de la escuela catalana, que ataca directamente la convivencia y la cohesión de la sociedad catalana”, continúa Torrent enumerando agravios.

Por todo ello, Torrent considera que “no puede resolver ninguna situación” con Millo hasta que Rajoy no responda su carta, permita “formar un Govern de acuerdo a la voluntad expresada en las urnas” y se produzca el encuentro entre el presidente del Gobierno y el del Parlament que el segundo reclama.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y el secretario general técnico del ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, han explicado este miércoles los detalles y las cifras del dispositivo electoral del 21D. Unos 17.000 agentes de los distintos cuerpos policiales velarán por la seguridad en los 2.680 colegios electorales de los 947 municipios catalanes.

En concreto, “aproximadamente”, en palabras de Puigserver, 17.000 agentes de las fuerzas de seguridad del estado participarán en el dispositivo de seguridad. De estos, 12.382 serán mossos d'esquadra, 1.834 policías locales y el resto de Policía Nacional y Guardia Civil. Estos dos últimos cuerpos, además, se encargarán de vigilar los edificios públicos propiedad del Estado.

Puigserver ha explicado que se han incrementado los efectivos de Mossos d'Esquadra para pasar de una vigilancia “dinámica” de los colegios a una de “estática”. “Hemos considerado conveniente incrementar la seguridad”, ha dicho. Es decir, que habrá una patrulla en cada colegio.

En total, 5.554.394 catalanes están convocados a votar, un 0,79% más que en las elecciones al Parlament en 2015. Del conjunto del censo, 5.328.013 personas residen en Catalunya y 226.381 lo hacen en el extranjero y tienen derecho a voto. Ha crecido el número de votantes desde el extranjero hasta llegar a las 39.521 personas, un 81,5% más que en 2015, mientras que baja el número de ciudadanos que han optado por votar por correo: 78.876 personas, un 26,5% menos.

Habrá 8.247 mesas electorales –5.885 en Barcelona, 825 en Girona, 534 en Lleida y 1.003 en Tarragona. Las formarán 24.741 presidentes y vocales, y minutos antes de las 9:00h. también deberán comparecer ante los colegios electorales los 49.482 miembros suplentes de las mesas. 3.889 representantes de la administración, más los apoderados de cada partido, velarán por la votación.

El Consejo de Ministros se está aplicando para eliminar de la estructura de la Generalitat los estamentos en los que sospecha que se trabajó para llegar a la independencia. En un decreto aprobado este martes, ha suprimido los tres organismos de la Generalitat para la coordinación y el desarrollo del autogobierno, hasta ahora dependientes de los departamentos de Presidència y la Vicepresidència.

Se trata de la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno y la Comisión Interdepartamental sobre el Autogobierno, creadas en marzo de 2016.

El Delegado del Gobierno, Enric Millo, encargado de ofrecer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde Barcelona, ha asegurado que la supresión de estos tres organismos tiene que ver con su vinculación con el Consejo Nacional para la Transición Nacional, que durante la última legislatura de Artur Mas diseñó la hoja de ruta hacia la independencia.

En la reunión extraordinaria de este martes, en la que ha tratado sobre todo asuntos relativos a la intervención de la Generalitat en virtud del artículo 155, el Gobierno ha decidido también cesar a diferentes altos cargos, entre ellos al director del Instituto de Estudios del Autogobierno, Carles Viver Pi-Sunyer. Junto a este, cesan en sus funciones los delegados territoriales de la Generalitat en las siete veguerías, y al recién nombrado secretario general de la Vicepresidència, Lluís Juncà.

El Consejo de Ministros ha aprobado también los decretos complementarios a la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre. Con esta normativa, el Gobierno pone en marcha toda la maquinaria electoral para llegar a los comicios. Millo ha explicado que los partidos independentistas podrán concurrir a estos, ya que ha considerado que “todas las ideas son legítimas mientras respeten la Constitución”.

Preguntado sobre la posible aplicación del artículo 155 más allá de las elecciones si en estas ganan los independentistas, el Delegado del Gobierno ha considerado que no hará falta ya que “la vuelta a la legalidad esta garantizada por el paquete de medidas y las elecciones”. Pese a esto, ha evitado la pregunta sobre qué pasaría si en la Cámara vuelve a haber una mayoría independentista con pretensión de avanzar hacia la independencia de Catalunya.

La partida d'escacs en què s'ha convertit el cas Forcadell manté la seva principal incògnita per resoldre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat per tercera vegada pronunciar-se sobre si el dret a la inviolabilitat parlamentària, el principi que garanteix la llibertat d'expressió dels diputats, és un motiu de fons per arxivar la causa que investiga per desobediència i prevaricació a la presidenta del Parlament.

La inviolabilitat parlamentària és el principal argument de la defensa de Carme Forcadell, que dirigeix el lletrat Andreu Van den Eynde. Així ho va manifestar en l'escrit del passat 5 de maig on va sol·licitar per primera vegada l'arxiu de la causa, petició que va ser rebutjada el mateix dia per la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret. En un escrit de només set línies, la jutgessa va argumentar que no era el moment processal oportú per resoldre-ho.

El mateix argument formal va repetir la magistrada per rebutjar el recurs de súplica de la defensa, en què, a més, va recordar a Forcadell que no l'investigava per un “delicte d'opinió”. Aquest divendres, en una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC ha avalat la decisió de la magistrada i ha rebutjat el recurs de queixa que havia presentat la defensa de Forcadell.

La tesi es repeteix en les tres resolucions judicials: fins que no s'hagin practicat totes les diligències, és a dir, al final de la instrucció, no es resoldrà el fons de l'assumpte sobre la inviolabilitat de Forcadell. “L'arxiu, dit sigui de passada, no pot sol·licitar-se en qualsevol moment de la instrucció”, afegeix el TSJC. En canvi, la defensa de Forcadell considera que Alegret no podia iniciar la instrucció del cas sense resoldre la qüestió de fons sobre la inviolabilitat de Forcadell en ser un dret fonamental que té com a diputada.

Amb tot, excepte sorpresa d'última hora, la magistrada rebutjarà, un cop completada la instrucció, que la inviolabilitat parlamentària de Forcadell sigui un argument per arxivar la causa. I és que la sala civil i penal del TSJC ja va advertir al març que la inviolabilitat parlamentària no permetia “generar zones immunes a l'imperi de la llei”, i que només emparava les opinions i els vots dels diputats.

De fet, la tesi d'acusació de la Fiscalia contra Forcadell i els altres quatre membres de la Mesa imputats estira d'aquest fil i sosté que la seva actuació al permetre els debats sobre el procés constituent i el referèndum no és una opinió sinó un acte decisori. En conseqüència, no poden quedar sota el paraigua de la inviolabilitat parlamentària.

Millo declara amb apunts

La decisió del TSJC ha coincidit amb una nova jornada d'interrogatoris en el marc del cas Forcadell, obert per desobediència al Tribunal Constitucional per permetre que el ple del Parlament votés dues resolucions a favor del referèndum. Aquest divendres han comparegut com a testimonis el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i el portaveu parlamentari de Ciutadans (C's), Carlos Carrizosa.

Dins la sala d'interrogatoris, han informat fonts judicials, Millo ha llegit alguns apunts durant la seva declaració, cosa que no permet la llei d'enjudiciament criminal als testimonis excepte per consultar dades. Les mateixes fonts han explicat que, en la seva declaració, tant Millo com Carrizosa s'han mostrat convençuts, tal com sosté la Fiscalia, que Forcadell i els altres imputats no podien permetre el debat sobre el referèndum perquè així els hi havia ordenat el Tribunal constitucional.

Ja fora del TSJC, Millo ha acusat Carme Forcadell i els altres membres de la Mesa imputats de “voler situar-se per sobre de la llei” en permetre el debat sobre el referèndum pel qual estan imputats.

Al cas Forcadell li queda una única testimoni per declarar, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, el proper 17 de juliol. No obstant això, les fonts consultades no descarten que la instrucció s'allargui ja que alguna de les defenses podria demanar la citació de més testimonis o algun dels imputats també podria acudir de nou a declarar voluntàriament.

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha avisat aquest dissabte que els que participin en l'organització d'un referèndum que vulneri la legalitat vigent podran acabar inhabilitats. S'ha referit a polítics, possibles empreses contractades i, també, als empleats públics. “Si un funcionari, premeditadament i a consciència, infringeix les seves obligacions com a servidor públic, s'haurà d'atenir a les conseqüències”, ha assegurat en una entrevista a Rac1.

Millo ha subratllat que els organitzadors del referèndum, anunciat per Carles Puigdemont per l'1 d'octubre de 2017, corren el risc de “quedar inhabilitats”. “Això ja ha passat”, ha recalcat en referència a la inhabilitació dels dirigents polítics que van materialitzar la consulta del 9-N, com l'expresident de la Generalitat Artur Mas i tres dels seus consellers.

El delegat del Govern central ha expressat també que està a l'espera de conèixer l'acta de la reunió extraordinària del Consell Executiu que va donar llum a l'anunci de la data i la pregunta del referèndum. Quant sàpiga els termes concrets de l'acord formalitzat ahir en el si de la Generalitat, es plantejarà si cal “prendre mesures”, segons ha afirmat. En aquesta línia es va expressar aquest divendres el Govern espanyol, que ja va dir que quan la convocatòria sigui oficial, la recorrerà al Tribunal Constitucional.

ERC contesta: “No calen funcionaris”

En el mateix programa a Rac1 ha intervingut, minuts després, la secretària general d'ERC i diputada al Parlament Marta Rovira, que ha afirmat que la Generalitat podria descartar l'ús de funcionaris per l'1 d'octubre. “L'ús de funcionaris en una jornada electoral, amb la llei espanyola, no es necessari”, ha afirmat, per després llançar un missatge al Govern espanyol: “Estan treballant sobre una fal·làcia, que per a organitzar una jornada electoral ordinària són imprescindibles els funcionaris. I no és cert”, ha tancat.

Càrrecs de la CUP van estripar fotografies de Felip VI durant la seva compareixença al Parlament i van cremar fotografies en les concentracions posteriors

"Si Millo vol portar-ho a la Fiscalia, que ho porti on vulgui", diu el diputat de la CUP, Benet Salellas

El Govern espanyol ha posat en coneixement de la Fiscalia els fets ocorreguts aquest dilluns en seu parlamentària, quan diversos diputats de la CUP van trencar fotos del rei Felip VI en protesta per les detencions de persones acusades de cremar imatges del monarca.

Segons ha confirmat el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, aquests fets i la posterior crema de fotos a diverses ciutats catalanes han estat denunciats, en considerar que poden constituir un delicte per estar “fora de la llibertat d'expressió”.

Millo ha explicat en una entrevista a Ràdio 4 que el Govern central veu aquests actes com “injuriosos i insultants”, i ha destacat que els realitzen un representants polítics. “No es pot acceptar aquest comportament en nom de la llibertat d'expressió”, ha observat el delegat del Govern, ja que al seu entendre aquests fets s'enquadren “fora del respecte democràtic i de les regles del joc” i “posen en perill la convivència ”.

Aquest dilluns els diputats Benet Salellas, Eulàlia Reguant, Mireia Vehí, Gabriela Serra, Anna Gabriel i Joan Garriga van comparèixer en roda de premsa al Parlament, en què van carregar amb duresa contra les detencions efectuades pels Mossos aquest matí contra tres dels cinc investigats per la crema de fotografies de la passada Diada. Durant la compareixença, els sis diputats van trencar fotos del monarca. Posteriorment diversos d'aquests diputats costat de representants municipals van participar en actes de suport als detinguts, en els quals va tornar a haver-hi crema de fotografies.

Aquest dimarts han estat detingudes les dues últimes persones acusades pels fets de la Diada, Nora Miralles i Roger Santacana, que han estat identificats per la Policia Nacional quan viatjaven en un autobús amb destinació a Madrid per participar en la concentració de suport a la resta de detinguts.

Per la seva banda, el diputat de la CUP, Benet Salellas, s'ha mostrat tranquil davant les possibles accions judicials i ha assegurat que tots els membres de l'esquerra que van cremar o van trencar aquest dilluns fotos del monarca “se senten emparats per la llibertat d'expressió”. “Si Millo vol portar-ho a la Fiscalia, que ho porti on vulgui”, ha reblat.

Així mateix, ha criticat la conselleria d'Interior perquè els Mossos d'Esquadra van investigar d'ofici la crema de retrats del rei que ha portat cinc militants de l'esquerra independentista a l'Audiència Nacional. “En un Govern independentista això no hauria de passar”, ha valorat.

El Gobierno español ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos este lunes en sede parlamentaria, cuando varios diputados de la CUP rompieron fotos del rey Felipe VI en protesta por las detenciones de personas acusadas de quemar imágenes del monarca.

Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, estos hechos y la posterior quema de fotos en varias ciudades catalanas han sido denunciados, al considerar que pueden constituir un delito por estar “fuera de la libertad de expresión”.

Millo ha explicado en una entrevista en Ràdio 4 que el Gobierno ve estos actos como “injuriosos e insultantes”, y ha destacado que fueran realizados por representantes políticos. “No se puede aceptar este comportamiento en nombre de la libertad de expresión”, ha observado el delegado del Gobierno, ya que a su entender estos hechos se encuadran “fuera del respeto democrático y de las reglas del juego” y “ponen el peligro la convivencia”.

Este lunes los diputados Benet Salellas, Eulàlia Reguant, Mireia Vehí, Gabriela Serra, Anna Gabriel y Joan Garriga comparecieron en rueda de prensa en el Parlament, en la que cargaron con dureza contra las detenciones efectuadas por los mossos esa mañana contra tres de los cinco investigados por la quema de fotografías de la pasada Diada. Durante la comparecencia, los seis diputados rompieron fotos del monarca. Posteriormente varios de estos diputados junto a representantes municipales participaron en actos de apoyo a los detenidos, en los que volvió a haber quema de fotografías.

Este martes han sido detenidas las dos últimas personas acusadas por los hechos de la Diada, Nora Miralles y Roger Santacana, que han sido identificados por la Policía Nacional cuando viajaban en un autobús con destino a Madrid para participar en la concentración de apoyo al resto de detenidos.

Por su lado, el diputado de la CUP, Benet Salellas, se ha mostrado tranquilo ante las posibles acciones judiciales y ha asegurado que todas los miembros de la izquierda que quemaron o rompieron este lunes fotos del monarca “se sienten amparados por la libertad de expresión”. “Si Millo quiere llevarlo a la Fiscalía, que lo lleve donde quiera”, ha remachado.

Asimismo, ha criticado a la conselleria de Interior porque los Mossos d'Esquadra investigaron de oficio la quema de retratos del rey que ha llevado a cinco militantes de la izquierda independentista a la Audiencia Nacional. “En un Govern independentista esto no tendría que pasar”, ha valorado.

“Diàleg o diàleg”, ha demanat aquest divendres a Carles Puigdemont el nou delegat del Govern a Catalunya, l'exdiputat del PP Enric Millo. “Tenim obligació de parlar de tot sense major condicionament”, assentia dijous Soraya Sáenz de Santamaría, que donava el tret d'inici a l'anomenada 'operació diàleg', en què el nou govern de Mariano Rajoy s'ha enfundat amb l'objectiu de rebaixar la tensió sobiranista que arriba des de Barcelona.

Des del Govern de Puigdemont es mira el gest a mig camí entre la incredulitat i el desig d'aprofitar-ho. La postura de l'Executiu de Puigdemont la va deixar fixada la portaveu del Govern, Neus Munté, quan va assegurar que “només escoltem paraules, però necessitem fets”. Però, per si de cas aquests fets s'arriben a produir, des del Govern estiren tot el possible per aconseguir que el diàleg, si arriba a produir-se, sigui bilateral i no en un taula amb 17 cadires, tantes com autonomies.

Però, tant si el Govern encerta en el seu escepticisme com si la voluntat de Soraya Sáenz de Santamaría és ferma, l''operació diàleg' que promet xocarà en la pràctica amb diversos esculls. El principal d'ells, la inèrcia de quatre anys de ruptura de les relacions, que han aconseguit que les friccions es facin permanents i que la sensació de greuge, econòmic, competencial i polític, s'enquisti a Catalunya. A més d'això, un eventual diàleg es veurà condicionat per desenes de processos judicials que ja estan oberts i que podrien fer que figures principals de l'independentisme s'enfrontin a judicis que podrien arribar a inhabilitar-los.

Judicis contra polítics

El primer d'aquests processos serà un dels de més voltatge polític. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acudirà a declarar davant del TSJC d'aquí a dues setmanes, el divendres 16 de desembre. L'expresidenta de l'ANC, a la qual s'espera que l'acompanyi una gran marxa ciutadana fins a la porta dels jutjats com ja va passar amb altres investigats com Artur Mas, s'enfronta a un judici per presumpta desobediència després de la denúncia interposada pel fiscal general de l'estat, que l'acusa d'haver permès un debat en el ple en contra del dictat pel TC.

Al mateix tribunal acabaran acudint l'expresident de la Generalitat i líder del PDECat, Artur Mas, i les excoselleres Joana Ortega i Irene Rigau. Els tres estan imputats per prevaricació i desobediència, per presumptament haver continuat endavant amb el procés participatiu del 9-N després que el TC emetés una providència que l'anul·lava. L'acusació la lideren dos sindicats policials, en substitució de Manos Limpias, al costat de la Fiscalia.

El líder del PDECat al Congrés i antic conseller, Francesc Homs, té una situació semblant, aquest cop al Tribunal Suprem, que el jutjarà després que el Congrés ho autoritzés amb els vots favorables de PP, PSOE i Ciutadans.

El problema de tots aquests judicis és que, si bé pot rastrejar-se al Govern darrere del primer impuls de l'acció judicial, el que afecta la fiscalia, des de Moncloa poc es pot fer un cop estan judicialitzats. Que aquests judicis es produeixin escapa al control de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, i de ben segur serà un problema que acabin esclatant en plena escenificació de l'anunciada 'operació diàleg'.

A això se li suma un degoteig de causes contra càrrecs municipals per diferents assumptes. Entre ells, el regidor de Vic, Joan Coma Roura, a qui se l'acusa de sedició per haver donat suport a la resolució del 9-N des de l'ajuntament. Com ell, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que va ser detinguda el mes passat per no haver-se presentat davant el jutjat en la causa oberta contra ella per negar-se a retirar la bandera independentista de l'ajuntament.

Quatre anys d'inèrcia

Més enllà dels judicis que poden esclatar en els pròxims mesos i que qüestionaran la voluntat d'entesa entre els dos governs, un altre dels grans problemes de l''operació diàleg' del govern espanyol té a veure amb la seva actuació en els últims quatre anys.

Durant tot el temps que ha durat el Procés, el Govern espanyol ha deixat congelades les reivindicacions que li ha fet el Govern en matèria econòmica, d'inversions i competencial. Moltes d'aquestes reivindicacions es troben en els 23 punts que Artur Mas va portar a Mariano Rajoy l'estiu de 2014, que posteriorment Puigdemont va convertir en 46. Segons una anàlisi feta per Catalunya Plural el març passat la majoria d'aquestes qüestions s'han agreujat en els últims dos anys.

Mostra d'això és l'impost sobre les begudes ensucrades que va anunciar aquesta setmana el ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, que al cobrar-se des de l'Estat deixarà sense efecte el projectat per la Generalitat i que Junqueras havia pressupostat en 31 milions per 2017. Des del Govern recorden que aquesta situació no és la primera vegada que passa, assenyalant l'impost sobre dipòsits bancaris, i consideren que és un intent més de l'Estat de no deixar marge fiscal a les comunitats.

Però no tots els assumptes que els governs hauran de revertir per convertir en fets les seves apel·lacions al diàleg tenen a veure amb l'econòmic. Els litigis competencials són un capítol central a la mala relació entre tots dos i el Govern català quantifica els conflictes oberts actualment en 45, 18 plantejats per l'Estat i 27 més plantejats per la Generalitat.

Finalment queda un capítol de difícil digestió per l'executiu català. Des de fa diversos anys el Govern es queixa que la influent diplomàcia espanyola ha vetat totes les actuacions de la Generalitat a l'exterior. El Govern culpa l'actuació de Madrid de les principals plantades que ha rebut d'organismes europeus, com del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, o del president del Parlament europeu, Martin Schulz. Amb aquest últim, per cert, sí que ha pogut veure aquesta setmana la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz. L'actitud de la diplomàcia espanyola que, entenen des de la Generalitat, agreuja Catalunya a l'exterior, ha d'acabar per afrontar un diàleg sincer.