Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de 500 organizaciones, ha emitido este domingo un comunicado en el que alertan de que el buque Danica Violet atravesará en las próximas horas el estrecho de Gibraltar con material militar para Israel. Su denuncia se basa en una investigación publicada por el medio de comunicación irlandés The Ditch, que lleva tiempo haciendo un seguimiento de las rutas de varias navieras y barcos involucrados en el suministro de armamento al Estado israelí o a empresas de ese país.

Según esa información, el Danica Violet (IMO 8503967) transporta 60 toneladas de componente de misiles y un contenedor con cañones de artillería para la planta de la empresa Elbit Systems en Yokneam, Israel. El buque forma parte de la naviera danesa H. Folmer & Co., especialista en transportes de explosivos. Tanto la naviera como el barco han sido denunciados en varias ocasiones “por formar parte del abastecimiento de la maquinaria de guerra israelí y, de hecho, el Estado español ya denegó puerto al Danica Violet en una ocasión en mayo de 2025”.

La Rescop y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel detallan que el barco salió el pasado 28 de marzo del puerto de Chennai (India), con destino a Haifa y que llegará al estrecho de Gibraltar en la madrugada de este lunes. También señalan que “el buque está violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer dichas violaciones (prohibición del apartheid y prevención y sanción del genocidio), por lo que las autoridades españolas deben denegar el tránsito de este barco en nuestras aguas territoriales”.

En 2025, la organización Progressive International desveló que, en diciembre de 2024, esta embarcación transportó más de 18.000 kilos de explosivos de demolición desde India hasta Israel. Ese viaje fue solo uno de los doce que la flota de la naviera H. Folmer&Co ha realizado desde diciembre de 2023. Según denunció Progressive International, esos explosivos “podrían haber sido utilizados en recientes demoliciones de viviendas en la localidad palestina de Yenín, en Cisjordania”.

A la misma flota de H. Folmer & Co. pertenece el Danica Sunrise, cuya presencia en el puerto de Cartagena fue denunciada en febrero de 2025. Ese barco terminó atracando en el puerto español, según confirmaron entonces fuentes portuarias.

Otra embarcación de la misma naviera es el Marianne Danica, también con bandera de Dinamarca, denunciado en mayo de 2024, ante su inminente llegada a Cartagena. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, indicó entonces que la escala de ese barco -y de otro que también levantó sospechas- suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza”, y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”. Finalmente, en esa ocasión el Gobierno español optó por denegar el acceso al Marianne Danica, ante los indicios de que llevaba armamento a Israel.

Las organizaciones sociales que integran la campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel piden al Gobierno español que incorpore y apruebe de manera urgente “las enmiendas necesarias” al Real Decreto aprobado en septiembre de 2025, para que “se haga realidad un embargo integral de armas a Israel, sin excepciones y blindado”. Para ello solicitan que se añada la prohibición de la contratación pública con empresas armamentísticas o sus filiales, el veto a la producción de material de defensa bajo licencias israelíes, “controles e inspecciones reales en puertos, fin de toda colaboración militar o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad”, entre otras medidas.

A Philippe Sands le gusta descubrir historias y contarlas. Lo ha hecho durante décadas ante tribunales en Londres, Estrasburgo y La Haya, en sus libros sobre la guerra de Irak, el Holocausto, Pinochet y el colonialismo británico en el Índico, y en los cientos de clases y conferencias con las que ha conseguido explicar como nadie el origen legal y emocional del debate entre genocidio y crímenes contra la humanidad. La lucha por la justicia internacional, de Serbia a Liberia, de Chile a Chagos, de Irak a Ucrania, no se entiende sin Sands.

El abogado y escritor dice que su vida cambió cuando aceptó dar unas charlas en Lviv, en Ucrania, en 2010, y se puso a investigar la vida de sus abuelos maternos, Leon y Rita, judíos y originarios de lo que entonces era Polonia y que huyeron a París por la persecución nazi. En paralelo, Sands investigó la historia de otros dos supervivientes del Holocausto, que estudiaron en Lviv y revolucionaron como juristas el derecho internacional: Raphael Lemkin, que acuñó el término “genocidio” como el crimen contra una persona por ser miembro de un grupo definido por un rasgo común de nacionalidad, religión o etnia; y Herst Lauterpacht, que articuló el concepto de “crímenes contra la humanidad” que busca proteger al individuo y su valor intrínseco. “El ser humano… es la unidad última de la ley”, escribió Lauterpacht en 1943.

A partir de esta investigación, Sands publicó hace ahora diez años Calle Este-Oeste, que es parte de un cuarteto que culminará al final de esta década con un libro sobre Victoria Amelina, la novelista de Lviv asesinada en 2023 por un ataque ruso mientras cenaba en una pizzería en Kramatorsk, en el este de Ucrania. Amelina había empezado a documentar crímenes de guerra en su país inspirada por Sands. El libro también contará los esfuerzos, en los que él mismo participa, para crear un nuevo tribunal para perseguir el crimen de agresión contra Ucrania.

La aventura personal y profesional de esta investigación de Sands también ha pasado por la Patagonia. Su último libro es Calle Londres 38, sobre la detención de Augusto Pinochet tras la orden del juez Baltasar Garzón en 1998 –Sands también estuvo involucrado en el caso–, y la relación del dictador chileno con nazis huidos de Europa.

Sands cree que la justicia internacional es una carrera de fondo que no se ha parado y sigue ayudando a las personas. Sus batallas en los tribunales denotan afecto por algunas de las personas que representa, como Liseby Elysé, nacida en las islas Chagos, en el Índico, deportada a la fuerza por el Gobierno colonial británico en 1973 para establecer la base militar de Diego Garcia con Estados Unidos, y que sigue luchando por volver a su lugar de origen. Sands me enseña la que dice es su “foto favorita de 2025”, con el papa León XIV, a quien visitó con “Madame Elysé” y un grupo de nativos de Chagos para contarle su causa. También le regaló al papa sus libros, incluido Ruta de escape, que revela la complicidad de un obispo católico con los nazis que huían y el silencio del Vaticano.

Las batallas legales de Sands ya han tenido consecuencias, como el actual proceso de devolución de Chagos a Mauricio que el Reino Unido ha aceptado y está pendiente de firmar. También sigue viendo los efectos de sus libros publicados, y no sólo por los cientos de testimonios que suele recibir después. El descubrimiento del acuerdo entre el Reino Unido y Chile para devolver a casa a Pinochet y la documentación sobre la Caravana de la Muerte están ahora en los tribunales chilenos, donde han vuelto a acudir los descendientes de las víctimas por el pacto revelado por el libro de Sands.

Esta es parte de nuestra conversación, editada por claridad y extensión, en Perugia, durante el festival de periodismo anual en esta ciudad del centro de Italia.

Mientras hablamos una tarde calurosa de abril en el patio de un restaurante en el centro, Sands toma un capuchino acompañado de unas aceitunas y unas cebollitas. “Es muy inglés”, explica ante el camarero italiano y la entrevistadora española, muy escépticos sobre su elección aunque la cocina esté cerrada. En realidad, Sands es también francés –su madre creció en París–, está casado con una estadounidense hija de una exiliada española de familia republicana, y sus raíces están por toda Europa.

¿Los casos que siguen abiertos en Chile son una señal de que el de Pinochet no fue del todo un caso de impunidad?

No es un caso de total impunidad. Pinochet se fue a casa por el acuerdo entre los británicos y los chilenos. La confirmación de que hubo un acuerdo es bastante significativa. Según el acuerdo, él regresa, se le quita la inmunidad y hay casos en su contra. Y es exactamente lo que pasó. Eso abrió la puerta a la justicia. Él regresa, pierde su inmunidad. Los tribunales chilenos deciden que puede ser juzgado y se presentan muchos casos en su contra. Es puesto bajo arresto domiciliario. Eso no es impunidad total.

¿Qué consecuencias quedan?

Algunas personas de la derecha están muy descontentas con esto, entre ellas Kast, ahora presidente de Chile. Él ha empezado el proceso de liberar de la cárcel a todas las personas mayores que cometieron estos crímenes. Me interesa mucho el caso de Miguel Krassnoff. Está cumpliendo una condena de mil años de prisión, tiene unos 90 años. Kast quiere liberarlo. Estoy muy atento a qué sucede con Krassnoff porque interrogó a mucha gente en Colombia. Era un torturador prominente. Creo que también estuvo involucrado en el asesinato de Carmelo Soria [diplomático español secuestrado y asesinado por la policía secreta chilena en 1976]. 

Una cosa sorprendente es que el caso Pinochet fue posible por un error intencionado o no del régimen franquista al adoptar la convención contra el genocidio y adaptar la definición del delito en el Código Penal de 1971 de manera más amplia, sin que incluyera tener que probar la intención.

Esto lo documentó uno de mis alumnos en Harvard, Aleix Pérez i Pitarch, que contraté como asistente de investigación y revisó toda la historia legal. El asunto sin aclarar es si alguien lo hizo a propósito o fue un accidente. Pero si esto no hubiera sucedido, todo habría sido completamente diferente.

¿Otros errores de regímenes actuales pueden abrir puertas a la justicia?

Una de las conclusiones, de hecho, de todos mis libros, es la importancia de los accidentes de la historia, de las coincidencias. Mi gran conclusión de los tres libros, y de este en particular, también es que los individuos marcan la diferencia. La vida no es mecánica. Los Estados no son todopoderosos. Siempre hay alguien como Carlos Castresana [el fiscal español y autor de la denuncia que dio lugar a la detención de Pinochet] o el diplomático británico que llamó por teléfono a Garzón. Si no le hubiera llamado para advertirle de que Pinochet se iba a marchar, Garzón solo habría enviado unas preguntas, Pinochet se habría marchado al día siguiente, y nada de esto habría ocurrido. Me encantan los accidentes de la historia. Y siempre es porque hay una persona que hace algo.

Los individuos marcan la diferencia. La vida no es mecánica. Los Estados no son todopoderosos. Siempre hay alguien como Carlos Castresana

Sin duda, ahora se repetirá. A su debido tiempo, conoceremos las historias sobre cómo Donald Trump decidió lanzar su guerra contra Irán. Alguien nos dirá qué conversación lo llevó a hacer esta cosa terrible y loca. 

¿Y la presión del otro lado? ¿Quiénes son los castresana ahora, luchando en los tribunales o de otra manera?

Lleva tiempo saberlo. Pero Pinochet pensó que no tendría problemas. Milosevic lo pensó. Duterte lo pensó. Pero George W. Bush dejó de viajar al extranjero. Rumsfeld dejó de viajar al extranjero. No estoy diciendo que las cosas vayan a suceder. Pero existe la posibilidad de que sucedan y eso tiene efectos. 

Por supuesto, hay personas que ahora intentan cerrar la puerta y deshacerse de las reglas sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio... Pero fracasarán. Estoy convencido de que el derecho internacional seguirá adelante, con su rumbo un tanto caótico. 

Hay personas que ahora intentan cerrar la puerta y deshacerse de las reglas sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio... Pero fracasarán. Estoy convencido de que el derecho internacional seguirá adelante, con su rumbo un tanto caótico

¿De qué manera estos años tan difíciles han cambiado o pueden cambiar las reglas del derecho internacional y sus instituciones?

Son años difíciles. Ni por un momento creo que no lo sean. Pero decir, como hacen muchos, que este es el fin del derecho internacional en el mundo es un disparate total.

Hemos estado en circunstancias mucho peores. Si nos remontamos a la década de 1930, hubo destrucción y luego hubo un renacimiento. Tal vez haya destrucción de nuevo. Pero si hay destrucción, habrá un renacimiento porque estamos en este pequeño espacio y tenemos que encontrar formas de vivir juntos. 

Suelo citar un discurso pronunciado por Aung San Suu Kyi en la Corte Internacional de Justicia en el caso del genocidio rohinyá que se está juzgando ahora mismo. Ella y yo dijimos que el derecho internacional es el único lenguaje que todos tenemos en común. El derecho internacional seguirá adelante. El hecho de que usted y yo hayamos podido viajar hasta aquí o que usted use su teléfono para enviar un artículo se basa en tratados internacionales.

Pero…

Decir que la legislación internacional está desapareciendo es una locura. Pero hay tres ámbitos en particular donde las reglas están siendo cuestionadas. En primer lugar, la protección de individuos y de grupos en tiempos de guerra y, relacionado con esto, la norma que dice debes distinguir entre objetivos militares y objetivos no militares, no puedes atacar actividades no militares. En segundo lugar, la adquisición de territorio. Y en tercer lugar, el sistema global de comercio y aranceles. Trump quiere desmantelar el sistema de normas multilaterales y sustituirlo por normas bilaterales, pero fracasará.

Decir, como hacen muchos, que éste es el fin del derecho internacional en el mundo es un disparate total. Hemos estado en circunstancias mucho peores. Si nos remontamos a la década de 1930, hubo destrucción y luego hubo un renacimiento. Tal vez haya destrucción de nuevo. Pero si hay destrucción, habrá un renacimiento porque tenemos que encontrar formas de vivir juntos

Vemos una fuerte reacción en contra de lo que está sucediendo en Irán. Y la reacción suele estar motivada, explicada o justificada con referencias al derecho internacional. El presidente español o el primer ministro británico dicen que Estados Unidos no puede usar sus bases porque tienen soberanía. Hay reglas que rigen el uso de sus bases. Y puede que a Estados Unidos no le guste, pero lo ha respetado, y eso es derecho internacional en acción. Cuando Pedro Sánchez dice que los aviones de Estados Unidos no pueden sobrevolar España, eso es derecho internacional, y los aviones no sobrevuelan España.

Por eso, la idea de que el derecho internacional está muerto es simplemente absurda. Está atravesando dificultades. Hay un ataque contra el orden establecido de 1945, pero hay muchas iniciativas en marcha sobre nuevas normas internacionales, por ejemplo, en materia de ecocidio o una nueva convención que se está negociando ahora sobre crímenes de lesa humanidad. Estaré en Nueva York la próxima semana [esta pasada] hablando con asesores jurídicos que, en esencia, están tomando el mensaje del primer ministro canadiense, Mark Carney: hay una ruptura, Estados Unidos no quiere participar, pero hay otros 180 países que van a seguir. Y ahí es donde estará la acción durante los próximos años.

Hay un ataque contra el orden establecido de 1945, pero hay muchas iniciativas en marcha sobre nuevas normas internacionales, por ejemplo, en materia de ecocidio o una nueva convención que se está negociando ahora sobre crímenes de lesa humanidad

¿No sigue haciendo falta la participación en Estados Unidos? En todos los vaivenes de la cooperación internacional del último medio siglo usted describe en sus libros que ha sido una fuerza positiva en ocasiones clave… 

Está por ver. Carney tiene razón en que hay una ruptura. Lo que se ha roto es el vínculo de confianza. Y, como en las relaciones personales o las relaciones comerciales, una vez que la confianza se pierde, es muy difícil reconstruirla. Se puede, pero lleva tiempo. Incluso si Trump se va y llega un nuevo presidente, sea republicano o demócrata, todos saben que no se puede confiar en Estados Unidos, y eso significa que Europa tiene que seguir adelante sola. 

En mi opinión, esto es algo positivo de Trump. Y en esto España se equivoca: tenemos que reconstruir nuestras fuerzas armadas porque hay una amenaza muy real por parte de Rusia. Esto es existencial para Europa. En este sentido, Trump ha sido positivo porque ha hecho que los europeos se den cuenta de que están solos. Están atrapados entre los chinos y los estadounidenses mientras los rusos crean problemas. El sur global está decidiendo quiénes son sus socios. Esta es una oportunidad para que Europa defienda sus valores y se reconstruya a sí misma. Hemos empezado a ver otros aspectos positivos. Esto ha hecho que los británicos se acerquen de nuevo a la Unión Europea. La mayoría de la gente en el Reino Unido quiere que eso suceda porque ha visto que Estados Unidos no es de fiar. No pierdo la fe en Estados Unidos, pero están pasando por un mal momento.

Incluso si Trump se va, e incluso si llega un nuevo presidente, sea republicano o demócrata, todos saben que no se puede confiar en Estados Unidos, y eso significa que Europa tiene que seguir adelante sola

Los más críticos con Estados Unidos aseguran que no hay tanta diferencia entre Trump o Biden o que EEUU tiene un largo historial de injerencia en Oriente Próximo, Latinoamérica o Vietnam. ¿Ve usted una diferencia sustancial?

Algunas personas verán lo que está sucediendo ahora como una continuación de lo que realmente es Estados Unidos. Pero es un país muy complicado. Tenemos que agradecer a Estados Unidos el acuerdo de 1945. Estoy eternamente agradecido a Estados Unidos por la Carta del Atlántico, la Carta de Naciones Unidas y el Tribunal de Núremberg. El problema para Estados Unidos es que a veces no les gusta que las normas se les apliquen a ellos.

Pero, ¿sería el mundo un lugar mejor sin estos avances? ¿Sin derechos para individuos, derechos colectivos, de autodeterminación o un sistema de comercio global? Algunas personas dirán que sí, pero no estoy de acuerdo. Ha traído algunas cosas negativas para otras partes del mundo, pero en general estos son valores decentes y deberíamos honrarlos y construir sobre ellos. No son perfectos. 

Tenemos que agradecer a Estados Unidos el acuerdo de 1945. Estoy eternamente agradecido a Estados Unidos por la Carta del Atlántico, la Carta de Naciones Unidas y el Tribunal de Núremberg. El problema para Estados Unidos es que a veces no les gusta que las normas se les apliquen a ellos.

No soy un idealista del derecho internacional, pero, en general, Estados Unidos ha sido más una fuerza para el bien que para el mal... Esperemos que no lo hayamos perdido para siempre. Una cosa que está sucediendo y que es desastrosa para Estados Unidos y para Europa es el fortalecimiento de China, que parece mucho más razonable en comparación con Estados Unidos ahora mismo: apoya un sistema multilateral, no secuestra presidentes, no invade países. Curiosamente, los chinos incluso se han puesto en contacto conmigo.

¿Para qué?

Soy persona non grata en China porque fui abogado de Filipinas en el caso del Mar de China Meridional hace unas semanas. Pero se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que habían leído mis libros, habían seguido mi trabajo, y les gustaría tener una conversación sobre el multilateralismo y el estado del derecho internacional.

Netanyahu también leyó Calle Este-Oeste, pero tal vez no lo entendió…

Es un momento complejo. Lo que diría es que, a corto plazo, soy bastante pesimista sobre la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Pero a largo plazo, soy bastante optimista respecto a un sistema basado en reglas para valores decentes y seres humanos decentes. 

Para cambiar, más allá de la política, ¿hace falta una victoria en los tribunales en uno de los grandes casos, por ejemplo contra Putin o Netanyahu? 

El primer caso del que tendremos un fallo, que será este otoño, será Gambia contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) [se acusa a Myanmar de haber cometido un genocidio contra la minoría rohinyá]. Eso va a ser muy interesante.

El caso en el que usted está trabajando como abogado de Gambia…

Argumentamos el caso en enero. Y la corte se enfrenta a la posibilidad, por primera vez en su historia, de declarar que un Estado es responsable de genocidio. Nunca se ha declarado a un Estado responsable de genocidio. El tribunal no consideró a Serbia responsable de genocidio: dijo que hubo un genocidio en Srebrenica, pero que fue cometido por grupos paramilitares. Así que la responsabilidad de Serbia no fue haber cometido un genocidio, sino no haberlo prevenido. Y esa es una distinción importante. 

Ahora, el elefante en la habitación durante las audiencias era el caso que se avecina, Sudáfrica contra Israel. Tendremos que leer muy cuidadosamente la sentencia en Gambia contra Myanmar para hacernos una idea de que hará el tribunal en el caso de Sudáfrica contra Israel. 

Y mientras tanto, hay otros casos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha acusado ni a Hamás ni a Netanyahu de genocidio. El caso es por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Presumiblemente, los jueces lo tendrán en cuenta y podrían preguntarse por qué no ha sido por genocidio. ¿Ha sido por motivos políticos? ¿O legales?

Tendremos que leer muy cuidadosamente la sentencia en Gambia contra Myanmar para hacernos una idea de que hará el tribunal en el caso de Sudáfrica contra Israel

Fue surrealista estar en La Haya en enero mientras la gente decía que era el fin del derecho internacional. Allí estábamos en la Corte Internacional de Justicia, en el Gran Salón del tribunal. Myanmar compareció y argumentó el caso ante 16 jueces. Gambia presentó sus argumentos. Myanmar presentó su defensa. Habrá una sentencia y se basará en el derecho internacional. No es un juego. No es una ilusión.

En un proceso a puerta cerrada, hubo testimonios de lo ocurrido en el norte del estado de Rakhine. Esos tres días de audiencias fueron extenuantes, muy dolorosos. Pero las personas tuvieron la oportunidad de contar sus historias ante un tribunal. Eso no es poca cosa.

A principios de mayo, tengo otra audiencia en el caso de Guyana contra Venezuela. Y en unos días tengo la reunión preparatoria para las negociaciones de una nueva convención sobre crímenes contra la humanidad.

Ahora hay incluso más foco en la palabra “genocidio” que cuando usted escribió Calle Este-Oeste. ¿Por qué cree que es así y por qué en particular con Gaza? El delito de genocidio es más difícil de aplicar porque hay que probar la intención, a diferencia de lo que ocurre con el delito de crímenes contra la humanidad...

Es una pregunta compleja. Hay que volver a Lemkin y examinar sus escritos. Para Lemkin, el genocidio no era algo excepcional. En sus papeles, recogía miles de genocidios, números pequeños de personas asesinadas en pogromos. Y eso era genocidio. No se trataba de grandes cifras. Él tenía su definición, con un umbral bajo.

En Núremberg, la sentencia no hizo ninguna referencia al genocidio. Después los países adoptaron la convención sobre el genocidio en 1948, y el umbral subió. Empiezo a pensar que eso fue un error. Subieron el listón porque no querían exponerse a acusaciones de genocidio y crearon la exigencia especial de probar la intención de destruir a un grupo.

Durante 50 años, no ocurrió nada. Y entonces llegó Ruanda. Llegaron también el tribunal para la ex Yugoslavia, el tribunal para Ruanda, la Corte Penal Internacional, y se elevó aún más el umbral. Así que ahora el listón está tan alto, es tan raro y tan excepcional, que en la opinión pública se percibe como el “crimen de los crímenes”. Pero no lo es. Para mí, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra están al mismo nivel. Matar a 10.000 personas es igual de grave ya sea un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un genocidio. Pero en la conciencia popular ha subido de categoría.

Puede que se deba, en un sentido más literario, el poder de la palabra: “crímenes de lesa humanidad” o “crímenes de guerra” suenan a expresiones más técnicas. Lo que hizo Lemkin fue inventar una palabra que describe para la gente común lo que significa el horror. Y, como está asociado al Holocausto, tiene una carga de horror muy fuerte.

¿Y ahora?

En el caso de Gaza, muchas personas bien intencionadas creen genuinamente que es un genocidio, y muchas personas bien intencionadas creen que no lo es. También hay otras personas que no tendrían reparo en etiquetar como genocidas al Estado de Israel y a los judíos por razones evidentes que no están motivadas por buenas intenciones. 

Pero el término está ahí. Sudáfrica tiene derecho a presentar un caso. Israel tiene derecho a defenderse y decir que no es genocidio, sino legítima defensa. Es el mismo argumento de Myanmar y tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero hay una brecha entre la definición legal de genocidio y lo que la gente común entiende por genocidio.

En el caso de Gaza, muchas personas bien intencionadas creen genuinamente que es un genocidio, y muchas personas bien intencionadas creen que no lo es. También hay otras personas que no tendrían reparo en etiquetar como genocidas al Estado de Israel y a los judíos por razones evidentes que no están motivadas por buenas intenciones

Hay un problema cuando existe una desconexión tan grande entre la definición legal de genocidio y lo que la gente normal e inteligente entiende por genocidio. Mi propia solución a ese problema sería volver a la definición de Lemkin y bajar el listón, de modo que haya cientos de casos que se puedan considerar genocidios y no sea algo tan excepcional.

Después de los debates sobre su uso estos años, ¿sigue sin elegir entre Lemkin y Lauterpacht?

Intelectualmente, me inclino más por Lauterpacht, pero emocional e instintivamente, entiendo totalmente a Lemkin. Es decir, en un mundo ideal, habría un solo delito en el que se mezclaran ambos.

Quizá tenga usted que inventar una palabra nueva...

No creo que pase. Tenemos los dos crímenes. Entiendo los dos. La mayoría de la gente tendría un instinto visceral si uno de los grupos a los que pertenece es atacado por cuestiones de nacionalidad, etnia, religión. Esto es comprensible. Y Lemkin tenía razón al reconocerlo. Por otro lado, Lauterpacht tenía razón en que realmente no importa. Se trata de la humanidad. Soy intelectualmente más de Lauterpacht, pero los entiendo a los dos.

Lo milagroso para mí es cómo se entiende la distinción en todo el mundo. He hecho cientos de eventos en muchos países, y cualquiera entiende que la relación entre el individuo y el grupo afecta a cada persona. Cada persona ahora mismo en este patio en Perugia lo entenderá: soy un individuo, pero también soy miembro de un grupo. ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo quiero que la ley me proteja? Dondequiera que vayas, en Bangladés, México, Sudáfrica, Mauricio, España, Inglaterra, Estados Unidos, todos lo entienden.

El Ejército israelí tardó solo 48 horas en investigar y castigar a dos soldados que destruyeron una estatua de Jesucristo en una aldea del sur de Líbano y fotografiaron la hazaña. El incidente desencadenó condenas internacionales e indignación tras hacerse viral en redes sociales el pasado domingo.

La imagen de un soldado que golpea con un martillo la estatua de Jesús, tras descolgarla de su cruz, fue difundida además en medio del alto el fuego en Líbano, que Donald Trump declaró la semana pasada, aunque Israel no ha detenido todos sus ataques contra objetivos en territorio libanés y sus tropas no se han retirado de una amplia zona del sur del país árabe, donde tuvieron lugar los hechos.

En el marco de la ocupación de una franja de varios kilómetros de profundidad junto a su frontera con Líbano, los militares israelíes han estado destruyendo y arrasando viviendas e infraestructura civil, después de haber ordenado la evacuación forzosa de los cientos de miles de residentes de la zona al principio de su ofensiva, hace poco más de un mes y medio. A pesar de que los dirigentes políticos y militares israelíes afirman que están actuando contra el grupo chií Hizbulá, las aldeas habitadas por cristianos no se han salvado de los bombardeos, la invasión y la destrucción.

Castigo rápido y ejemplar

El martes, el Ejército de Israel (FDI) anunció que el soldado que destrozó la estatua y el que lo fotografió van a ser suspendidos y castigados con una pena de 30 días de detención militar; mientras que otras medidas disciplinarias podrían adoptarse contra los seis soldados que presenciaron los hechos y no actuaron para impedirlo ni informaron de ello.  

“La investigación determinó que la conducta de los soldados se desvió completamente de las órdenes y los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmaron en un comunicado. “Las FDI lamentan profundamente el incidente y recalcan que sus operaciones en Líbano están dirigidas exclusivamente contra la organización terrorista Hizbulá y otros grupos terroristas y no contra civiles libaneses”. Después de conocer los resultados de la investigación, “el Jefe del Estado Mayor condenó el incidente y declaró que constituye una conducta inaceptable y una falta moral, que excede con creces cualquier estándar aceptable y contradice los valores de las FDI y la conducta esperada de sus tropas”, agregó el comunicado.

Además, el mismo martes, las FDI difundieron una foto del nuevo crucifijo que han instalado en la localidad de Debel, “en plena coordinación con la comunidad local”. Y reiteraron que “lamentan profundamente el incidente y están trabajando para garantizar que no vuelva a ocurrir en el futuro”.

En los pasados dos años y medio, desde el comienzo del genocidio en Gaza, el Ejército no había reconstruido o reparado los destrozos causados por soldados que se excedieron en su comportamiento, ni en la Franja ni en Líbano o en Siria –territorios en los que han ocupado amplias áreas desde 2023–.

La rapidez y eficacia con las que han actuado las autoridades ante la destrucción de la estatua de Jesucristo contrasta con otros muchos casos de mala conducta y abusos por parte de los uniformados, que no son investigados ni castigados prácticamente nunca. También llaman la atención las declaraciones del Gobierno de Tel Aviv, que en esta ocasión no pudo defender al “ejército más moral del mundo”, como a menudo se califican a sí mismos, debido a las críticas y presiones internacionales.

“Me sentí consternado y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, dijo en X el primer ministro Benjamín Netanyahu. El mandatario aprovechó para remarcar que Israel es el país donde “la población cristiana prospera a diferencia de otros lugares de Oriente Medio” –una afirmación contraria a la realidad en Jerusalén, donde las autoridades israelíes suelen imponer restricciones a estos fieles que son, en su mayoría, palestinos–.

Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Un caso que dice mucho de Israel y también de Occidente

La profesora de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija, Sonia Boulos, destaca que Israel actuó muy rápidamente en esta ocasión, pero va más allá: “Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza; cuando se difundieron videos de graves actos de violencia sexual y tortura cometidos por soldados israelíes contra detenidos palestinos; o cuando se transmitieron en directo imágenes de niños y civiles muriendo de hambre”.

En una entrevista con elDiario.es, Boulos, que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia, considera que detrás de esa indignación hay “racismo”. “El cristianismo occidental se ha apropiado de Jesús, olvidando que Jesús mismo provenía del Suroeste de Asia y hablaba arameo. A través de esta apropiación, el incidente fue percibido como un ataque a su identidad o a uno de los suyos y no como una anécdota dentro de una trayectoria mucho más larga de violencia colonial que Israel ejerce contra palestinos, libaneses y otros pueblos vecinos”, explica la experta.

“Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar—como suele hacer en relación con el acoso diario a la comunidad cristiana en Jerusalén mediante violencia, escupitajos y vandalismo, incluido el de cementerios—que se trataba de actos de individuos extremistas”, agrega Boulos, destacando que al tratarse de un soldado israelí no podía justificarlo con “las maniobras retóricas” habituales.

La profesora señala que el derecho internacional humanitario proporciona protecciones amplias a los sitios y símbolos religiosos durante los conflictos armados y, por tanto, lo sucedido en Líbano es “grave”. Pero recuerda que “Israel ha sido acusado de violaciones de una gravedad extrema, que implican formas insidiosas de violencia, incluida la utilización sistemática de la tortura, la violencia sexualizada y el hambre contra la población palestina”; además de que relatores especiales de Naciones Unidas y la Comisión Internacional Independiente de Investigación han concluido que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Por ello, Boulos cree que el foco de atención debería estar en “la estructura más amplia de la impunidad de Israel, habilitada por la complicidad occidental”. 

Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar que se trataba de actos de individuos extremistas

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Durante la brutal ofensiva israelí en Gaza –en la que el ejército ha matado a más de 72.000 palestinos desde octubre de 2023 hasta el momento–, se difundieron en redes sociales numerosas imágenes de soldados asaltando y saqueando propiedades de palestinos; maltratando y abusando de los detenidos, tanto en la Franja como en Cisjordania; insultando y mofándose de los presos o de otros. En muchas ocasiones, fueron los propios militares los que publicaban ese material incriminatorio y también alardeaban de que estaban causando una gran destrucción y que la población palestina no tendría ninguna casa a la que regresar.

Según el periódico Haaretz, solo uno de los múltiples casos de saqueo y destrucción de propiedades por parte de soldados israelíes durante las operaciones terrestres en Gaza y Líbano resultó en una acusación penal, que se resolvió el pasado mes de febrero mediante un acuerdo con la Fiscalía militar, que rebajó el delito de saqueo a robo. De acuerdo con los datos obtenidos por ese medio, en 2024 se abrieron al menos otras seis investigaciones penales por saqueo o destrucción de propiedades pero ninguna de ellas derivó en una acusación formal.

A pesar de que existen numerosas fotos y vídeos de soldados cometiendo diferentes tipos de delitos y en las que se pueden identificar a los uniformados, éstos no han sido perseguidos en Israel, aunque sí ha habido algún intento de hacerlo en el extranjero, impulsado por activistas palestinos o propalestinos.

Hay una falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina

Erika Guevara Rosas — Directora de investigación de Amnistía Internacional

Impunidad para los “crímenes contra la población palestina”

El caso más mediático y polémico en Israel se remonta a 2024, cuando cinco soldados fueron acusados de abusar y agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar de Sde Teiman, conocida por las torturas y maltrato que reciben los reclusos.

Este mes de marzo, el fiscal general militar del Estado hebreo decidió retirar todos los cargos contra los acusados, que habían sido defendidos en todo momento por medios israelíes y por el Gobierno de Netanyahu. Tras el archivo del caso, el ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la decisión del fiscal general del Ejército y arremetió contra su antecesora en el cargo al considerar que abrió el caso en febrero de 2025 para “difamar” a los militares. La fiscal Yifat Tomer-Yerushalmi dimitió posteriormente, admitiendo que había filtrado a los medios el vídeo en el que se puede ver a los soldados llevarse al preso a un rincón y someterlo a abuso, aunque trataron de evitar la grabación de los actos con sus escudos antidisturbios. 

“Esta decisión supone un nuevo capítulo inadmisible en la larga trayectoria del sistema judicial israelí de conceder impunidad a los responsables de crímenes graves contra la población palestina”, afirmó tras el archivo del caso Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional. También denunció la “falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina”.

Al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos

Amnistía Internacional

Según Amnistía Internacional, desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, solo un soldado israelí ha sido condenado por torturar a un detenido palestino, “pese a las abrumadoras pruebas de tortura y abusos generalizados —incluida la violencia sexual— contra personas palestinas en centros de detención israelíes”. La ONG destacó en un comunicado que, en los pasados dos años y medios, “al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades israelíes hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos”.

Un artículo publicado en Haaretz, después del castigo a los dos soldados que han protagonizado el caso de Líbano, concluye que “una estatua de Jesús obtiene más empatía que los palestinos en Israel”. La autora señala que “los líderes israelíes examinaron con lupa la conducta de un soldado al que ellos mismos contribuyeron a moldear; una conducta que quedaría impune si se dirigiera contra los 'enemigos adecuados'. Esos 'enemigos' —personas de carne y hueso, víctimas de abusos— reciben menos empatía que un trozo de madera”.

Noura Erakat, estadounidense de origen palestino, es abogada de derechos humanos, profesora en la Universidad Rutgers (EEUU) y una conocida activista, con discursos que han tenido gran repercusión. En 2025 se convirtió en la primera mujer palestina que dio un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

En sus intervenciones en conferencias y medios de comunicación anglosajones denuncia, con claridad y sin eufemismos, las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por Israel. Es autora del libro Justice for Some: Law As Politics in the Question of Palestine (Stanford University Press, 2019) y cofundadora de la revista online Jadaliyya. Además, ha ejercido como asesora legal de un subcomité del Congreso estadounidense, como abogada para el Centro Badil por los derechos de refugiados palestinos y como organizadora y abogada defensora de la Campaña en Estados Unidos por el fin de la ocupación israelí. 

Hace una semana recibió un doctorado honoris causa de tres universidades belgas, compartido con la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. En el marco de ese reconocimiento, elDiario.es la entrevista en Bruselas, en un camerino, minutos antes del inicio de una conferencia de Erakat y Albanese.

Pregunta: ¿Cómo han afectado las guerras contra Irán y Líbano a la población palestina?

Han empeorado la situación en toda la región. Israel violó el alto el fuego en Líbano al menos miles de veces desde que lo pactó con Hezbolá en noviembre de 2024. Hay una construcción narrativa que cuenta que todo se trata de una guerra contra Hezbolá. Ese relato ignora que la ocupación israelí es anterior al surgimiento de este grupo, y que Hezbolá es también una respuesta al abandono de la población chií de Líbano por parte de las propias autoridades, pese a ser probablemente la mayoría del país.

Israel está continuando su proyecto de expansión colonial de asentamiento. Quiere ser más grande, tener más territorio, como lo tienen Irán, Siria o Irak. Sus gobernantes lo formulan en términos de un supuesto derecho bíblico: dicen que su expansión va del Nilo al Éufrates y que ese era el reino original. Es un Gobierno que literalmente actúa apoyándose en las Escrituras, por fuera de las normas internacionales que hemos creado.

El derecho internacional debería haberlos frenado, pero no se ha aplicado ni se han exigido responsabilidades desde el principio, pese a que se sabía que esto iba a pasar.

En cuanto a la guerra contra Irán, es un crimen de agresión, tipificado como tal en el Estatuto de Roma: una guerra sin justificación legítima de defensa propia. Aun así, en el Consejo de Seguridad de la ONU hubo más Estados miembros condenando el bombardeo iraní de bases estadounidenses en los países del Golfo que condenando el ataque ilegal contra Irán.

El sionismo no es algo intrínseco al judaísmo, es una ideología que en Estados Unidos tiene su base más amplia en los cristianos evangélicos, no en las comunidades judías

¿Cómo contempla el papel de la ONU durante el genocidio?

El ataque contra Irán forma parte de un debilitamiento y una destrucción progresiva de la ONU, que la está haciendo más irrelevante. Debería haber una reunión de emergencia inmediata para confrontar a Estados Unidos, pero nadie quiere confrontar al imperio. Esto crea precedentes que se suman a otros del pasado —Gaza, Irak, Guantánamo—, mostrando una continuidad en la erosión del orden internacional.

Así que Estados Unidos puede cometer genocidio, secuestrar a un jefe de Estado en ejercicio, matar de hambre a un pueblo soberano como el cubano, cortar el combustible y castigar a otros estados del Caribe y de América Latina por apoyarlo y por intentar construir políticas regionales propias.

Y ante ello la comunidad internacional se limita a preguntarse qué puede hacer para apaciguar a Estados Unidos y evitar que les haga lo mismo.

El Partido Demócrata de Estados Unidos sacrificó su propia elección para mantener su apoyo a Israel durante el genocidio

Ahora hay soberanías amenazadas, secuestradas o incluso negadas, como la de Palestina...

Líbano es soberano. Irán es soberano. Cuba es soberana. Venezuela es soberana. Pero lo que ahora se está revelando es que, en realidad, no hay soberanía efectiva: que estos países no pueden ejercer plenamente su soberanía real. Eso es lo que está en cuestión. Esa es la cuestión, la batalla: si la soberanía nacional va a sobrevivir o si será sustituida por otras formas de soberanía privatizada.

El otro día Fareed Zakaria entrevistó al director de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Le preguntaron si los bombardeos iniciados por Israel y EEUU contra Irán eran legales. Y él contestó diciendo que eso era un debate académico y que ‘nuestro propósito no es preguntar qué o por qué, sino resolverlo’. No, eso no es así. Precisamente se trata de preguntar por qué, porque tiene que haber rendición de cuentas, porque eso también dará forma a cómo lo resuelves, y porque si no, seguirá ocurriendo una y otra vez.

En enero de 2024 la Corte de La Haya ya alertó de que había un riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese año pidió a los Estados que suspendieran relaciones comerciales e inversiones que pudieran contribuir a la ocupación ilegal y a la segregación.

No se hizo.

¿Cuáles son las consecuencias de eso?

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de la ONU y el derecho internacional. Cuando Estados Unidos torturó a prisioneros en Guantánamo y fue acusado de tortura, lo negó y dijo que se trataba de “técnicas mejoradas de interrogatorio”.

Eso ya era una manipulación del lenguaje jurídico, pero indicaba que seguían tomándose en serio la ley, al menos lo suficiente como para disfrazar la violación, como para disimular. Ahora básicamente dicen que no importa la ley ni el derecho internacional.

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de Naciones Unidas y el derecho internacional

Durante todo el año 2024 y en 2025 se emitieron órdenes desde las Cortes Internacionales...

Hubo un desprecio flagrante a las tres decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre la UNRWA, sobre la ocupación y presencia ilegales israelíes en Cisjordania y Gaza, y sobre el genocidio plausible. Hubo un desprecio flagrante a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y a lo que podría haberse hecho desde Naciones Unidas.

También hay un desprecio flagrante incluso hacia las propias leyes europeas, hacia los acuerdos comerciales de la Unión Europea, que prohíben comerciar con países que violan los derechos humanos. O hacia las propias leyes estadounidenses sobre transferencias de armas.

Se presenta como algo excepcional y legítimo, porque hemos interiorizado y normalizado la idea de que la vida judía es superior a otras y merece todo, incluso la violación de los derechos europeos, incluso la ejecución de crímenes masivos.

En Europa se están registrando arrestos, multas, encarcelamientos e incluso acusaciones de terrorismo contra manifestantes pacíficos que protestan contra el genocidio.

Hay un serio retroceso en derechos y libertades para proteger aquello que representa un peligro para todos nosotros. En el fondo, han conseguido dos cosas a la vez: cometen el genocidio del pueblo palestino, amplían los poderes militares, llenan las arcas y aumentan los contratos para las tecnológicas y los contratistas militares; y al mismo tiempo destruyen el derecho internacional y se aseguran la posibilidad de hacer lo que quieran en ese futuro distópico que quieren construir.

Y los poderes se lo permiten, no solo el trumpismo, también los liberales que no consiguieron romper con esa disonancia, con esa incomodidad. Para llegar al otro lado, hay que cruzar un camino incómodo.

La batalla de nuestro presente es si la soberanía nacional de algunos países va a sobrevivir o sería sustituida por formas de soberanía privatizada

¿Cuál?

El de nombrar el sionismo, que es una forma de racismo. Analizar el sionismo es un camino difícil que hay que cruzar. Y quienes más lo dificultan en realidad no están preocupados por los judíos o por proteger la seguridad judía, lo que les preocupa es el poder y, para ello, usan el antisemitismo.

No se protege la vida de nadie con más guerras, con más violencia, bombardeando Irán, etc. Al contrario. Y cuanto más intentan fundir sionismo y judaísmo menos seguridad hay para las personas judías.

Cuando se atribuye a los judíos posturas que en realidad son una posición ideológica y no algo intrínseco al judaísmo se están confundiendo categorías. El sionismo es una posición ideológica cuya base más amplia en EEUU son los cristianos evangélicos, no los judíos, los Cristianos Unidos Por Israel.

Dijo antes que el genocidio podía haberse evitado. No se hizo, por eso hoy estamos aquí. ¿Qué hay que hacer hoy para que mañana no estemos peor?

Los zapatistas nos enseñaron que en realidad solo hay tres cosas que podemos hacer. Me emociona decirlo. Podemos influir en el poder para que haga lo que queremos. Podemos capturar el poder para decidir qué hacer. O podemos ser poder. Y los zapatistas, en muchos sentidos, fueron poder.

No hay que tener miedo, tenemos que entender que no hay forma de salvarnos escondiéndonos y que no existe una salida que no pase por una confrontación real. Hemos tenido impacto y por eso hay tanta violencia contra nosotras. Si fuéramos irrelevantes, nos ignorarían.

Por eso hay países cambiando leyes, arrestando a gente solo por escribir tuits, expulsando a estudiantes… Están aumentando la fuerza coercitiva, porque ya no pueden convencernos de participar en nuestra propia opresión. La pregunta es: ¿cómo animamos a otros a unirse? ¿Y qué exigimos?

Hay un relato predominante que transmite la idea de que las vidas de los judíos valen más que otras, que el racismo contra los judíos es mucho peor que los otros racismos

¿Cuál es la respuesta a eso?

Mi respuesta es esta: queremos cambiar el mundo entero. Todo lo que se construye sobre una base sólida se sostiene. Si construyes solo arriba, es muy fácil que se derrumbe. Pero si lo haces desde abajo —en tu ayuntamiento, en tu escuela, en tu barrio, en tu iglesia, en tu mezquita, en tu asociación vecinal o estudiantil, donde sea— esas son las bases que la gente no puede destruir.

Tenemos que confiar en que hay pequeñas victorias locales que no pueden ser arrancadas de raíz. Zohran Mamdani no ganó porque se acercara a las élites. Ganó porque fue a la base, y la base no le permitió fracasar. Y esa base va a vigilarle.

Estamos viendo que las encuestas en EEUU muestran los niveles más bajos de apoyo a Israel en la sociedad civil, ha habido protestas contra el apartheid y el genocidio y hay jóvenes judíos participando en ellas.

Más gente en Estados Unidos lo está entendiendo, pero vemos que demócratas y republicanos están atados a los mismos intereses económicos, a las mismas empresas, los mismos donantes y financiadores.

Por eso el establishment demócrata es tibio. E incluso se dan paradojas, como que haya demócratas más entregados a Israel que algunos republicanos nacionalistas para quienes la prioridad es “America First”, América Primero. Por supuesto esos republicanos consideran que Israel forma parte del proyecto imperial estadounidense en Oriente Próximo: extraer petróleo, mantener regímenes subordinados y garantizar que Estados Unidos pueda asegurar sus intereses en la región.

Para ese grupo es una cuestión estratégica, más que ideológica. La dimensión ideológica viene del sionismo cristiano, que quiere el regreso del Mesías y afirma que este vendrá cuando Israel sea fuerte. Pero también es una posición demócrata, porque dentro de su moral entienden la liberación judía como sionismo. No hacen una crítica al sionismo.

Por eso ahora vemos sectores de la base republicana actuar con más contundencia frente a Israel, porque quienes son nacionalistas no soportan la idea de que otro país pueda condicionar lo que hace Estados Unidos. Su posición no es antisionista ni antirracista. No piden la liberación de las tierras robadas ni el fin de la anti-negritud en Estados Unidos ni reparaciones. Lo que quieren es “America First”.

Hay gente que solo se escandaliza cuando el genocidio lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién.

Kamala Harris señaló, durante su campaña electoral, que apoyaba al cien por cien las políticas de Biden con respecto a Gaza.

Eso tuvo repercusión, encuestas posteriores indicaron que la posición ante Palestina fue la principal razón por la que gente que anteriormente había votado a los demócratas esta vez no lo hizo. El aparato del Partido Demócrata es una amenaza preocupante, porque ocupa el espacio que necesitamos para un verdadero partido de oposición.

Ellos sabían perfectamente que, mientras financiaban y apoyaban el genocidio, estaban mintiendo. Cruzaron todas las líneas rojas, porque la abrumadora mayoría de sus bases, el 80%, quería un alto el fuego.

El Partido Demócrata sacrificó su propia elección para mantener su posición ideológica sobre Israel. Expandieron el poder policial, intentaron ocultar información, castigaron a los estudiantes movilizados. Con todo ello le pusieron la alfombra roja a Trump para que llegara y continuara haciendo lo mismo, pero sin disimulo.

Hay gente que solo se escandaliza cuando lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién. Los demócratas se han marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Perdieron incluso en distritos que habían ganado de forma abrumadora en 2020. Y ahora es como si de repente estuvieran viviendo lo que el resto del mundo lleva tiempo viviendo a causa de su complacencia.

No soy ingenua, no creo que vaya a haber de repente una gran rebelión social. Creo que la mayoría de la gente hará lo que necesite para salvarse, estas son las condiciones en las que estamos organizándonos, es lo que hay.

Nos contamos historias sobre quién va a sobrevivir a la catástrofe climática que ya está aquí. Y una de esas historias dice que solo sobrevivirán quienes ‘lo merezcan’, los poderosos. Tenemos que mostrar que existe otra historia, una en la que nosotros también podamos vivir.

El establishment demócrata de EEUU se ha marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Considera que la liberación judía es el sionismo

Va a publicar un libro después del verano, ¿se puede saber de qué tratará?

El coautor es John Reynolds, un académico irlandés que trabaja en el mismo campo que yo. En él intentamos que se entienda que el sionismo es una ideología colonial racista, que Israel nació como un proyecto supremacista y racista de colonización de asentamiento. Eso implica despojar al pueblo nativo mediante la supuesta superioridad de otro pueblo, considerado víctima paradigmática en la mentalidad europea.

Hay un relato que transmite la idea de que las vidas judías valen más. No lo registramos como supremacía porque es presentado como preservación ante el peligro. Es el mismo argumento que usan los nacionalistas republicanos de Estados Unidos, que justifican su racismo en nombre de un presunto peligro para los blancos. Israel concede la ciudadanía a judíos de cualquier lugar, al igual que EEUU priorizaba conceder la ciudadanía a blancos de cualquier lugar.

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. No tienes grandes expectativas, pero sí una enorme dignidad. Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes

¿Qué es ser palestina a día de hoy? Y ¿cómo es ser palestina en este mundo, viviendo en Estados Unidos, siendo activista y una abogada conocida?

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. Así que avanzas sin grandes expectativas, pero con una enorme dignidad.

Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes. Eso es lo que principalmente me sostiene. En un plano muy personal, ahora soy muy distinta. Mi mundo se ha vuelto mucho más privado, más pequeño.

Quiero vivir. Amo la vida. Para eso tengo que cultivar mis propios espacios, lo cual significa salir cada vez menos, porque existe el riesgo de que alguien venga a decirme “hashtag yo apoyo a Israel” y entonces eso sea lo único que ocupe toda mi noche.

También he desarrollado una apreciación enorme por la naturaleza. Siempre me ha gustado, pero nunca como ahora. Miro a mi alrededor y pienso que la naturaleza funciona con mucho más equilibrio, más ecosistema y más coexistencia que nosotros. Y eso es hermoso.

Me siento muy afortunada todos los días. Eso me conmueve. Creo que a algunas personas les molesta que sonría tanto, pero yo hago este trabajo porque amo la vida. La rabia es una herramienta maravillosa para impulsarte, pero la rabia por sí sola no cultiva la vida. Y así es también como lo hago.

Durante décadas, Europa se ha presentado al mundo como algo más que un proyecto económico. Tras la Segunda Guerra Mundial, su propósito fue firme: garantizar que los horrores del nazismo no volvieran a repetirse. Su pacto fundacional como comunidad política apostó por la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana como brújula, la legalidad internacional como cimiento. Esa identidad y ese relato han sido uno de sus mayores activos.

Sin embargo, en los últimos años, y especialmente ante el genocidio en Gaza y el reciente ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, calificado por numerosos juristas como una acción contraria al derecho internacional, muchos ciudadanos se preguntan si Europa ha perdido el alma. O peor aún: si la está entregando voluntariamente.

La comparación con la reacción europea ante la invasión rusa de Ucrania es inevitable. Allí, la respuesta fue inmediata, firme, unánime: defensa de la soberanía, condena rotunda de la agresión, apoyo militar y humanitario sin fisuras. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué la misma Europa que proclamó que “la violación del derecho internacional no puede tolerarse” parece ahora atrapada en una equidistancia calculada, casi incómoda, cuando se trata de Gaza o de Irán? ¿Los derechos humanos son universales, o solo cuando coinciden con los intereses geopolíticos del momento?

Los estados actúan guiados por intereses estratégicos, no por principios universales

Muchos analistas señalan que este doble rasero, esta incoherencia aparente no es casual, sino estructural. Yanis Varoufakis ha defendido que la UE está profundamente condicionada por estructuras económicas y geopolíticas que limitan su autonomía real, los estados actúan guiados por intereses estratégicos, no por principios universales. Para el investigador Richard Youngs, Europa intenta ser al mismo tiempo actor geopolítico y referente moral, y no siempre logra compatibilizar ambas dimensiones.

En Ucrania, la defensa de la legalidad internacional coincidía con la necesidad estratégica de contener a Rusia. En Oriente Medio, en cambio, la ecuación es más incómoda: Israel es un aliado clave de Estados Unidos, y Estados Unidos sigue siendo el garante último de la seguridad europea. ¿Puede Europa permitirse contradecir abiertamente a Washington? ¿Puede hacerlo cuando su propia defensa depende, en gran medida, del paraguas militar estadounidense?

Desde la Guerra Fría, Europa ha delegado su seguridad en la OTAN, y la OTAN depende de Estados Unidos. Esa subordinación estratégica tiene un precio: cuando Washington marca el paso, Bruselas rara vez se atreve a desentonar. Y en ese contexto, los derechos humanos, aquellos que Europa prometió defender por encima de todo, quedan relegados a un segundo plano.

También habría que señalar las tensiones existentes a nivel interno, donde los Estados miembros no comparten siempre la misma lectura de los conflictos, y al tener que cumplirse la regla de la unanimidad, significa que los 27 países deben estar de acuerdo para adoptar acciones drásticas como sanciones o embargos. Por ejemplo, mientras algunos países, como España, se resisten a incrementar el presupuesto de defensa, otros presionan para que la Unión Europea (UE) se convierta en una potencia militar de pleno derecho.

Quienes han participado en la definición de políticas de seguridad pasan a formar parte de compañías directamente beneficiadas por el aumento del gasto militar que esas mismas políticas impulsan

A esta ecuación geopolítica se suma un factor no menos importante: el creciente peso del lobby armamentista en la toma de decisiones europeas. No se trata solo de influencia, algunos expertos sostienen que “está redefiniendo el propósito mismo de la Unión Europea”. El miedo a que los conflictos se extiendan al territorio europeo, ha funcionado como un “cheque en blanco” para priorizar el gasto en armamento. Mientras los fondos de cohesión social y transición ecológica sufren reajustes, la UE ha impulsado planes como el EDIP (Programa Europeo de Inversión en Defensa) con presupuestos de miles de millones de euros.

Las puertas giratorias tampoco ayudan a disipar las sospechas. Es habitual que antiguos altos cargos de defensa o seguridad nacional pasen a ocupar puestos de consultoría en empresas como Rheinmetall, Airbus o Leonardo. El Corporate Europe Observatory ha investigado este fenómeno de puertas giratorias y sus informes sostienen que la industria participa activamente en la definición de prioridades, especialmente a través de grupos de expertos y foros consultivos. Quienes han participado en la definición de políticas de seguridad pasan a formar parte de compañías directamente beneficiadas por el aumento del gasto militar que esas mismas políticas impulsan. Por sorprendente que parezca estas prácticas son legales.

No es que el lobby de las armas promueva “más guerras”, como podría pensarse en una interpretación precipitada. Pero sí parece constatarse que lo que busca es un estado de tensión e inseguridad permanente, que justifique inversiones continuas, y mantenga el flujo de contratos.

La comunidad europea sigue siendo un proyecto valioso, tanto por su historia como por los beneficios concretos que ha aportado a sus ciudadanos

La pregunta, por incómoda que sea, merece formularse: ¿qué queda del proyecto europeo si renuncia a los valores que lo fundaron? ¿Puede una comunidad política sostenerse sobre principios que solo se aplican cuando no incomodan a los aliados? ¿Puede Europa seguir presentándose como defensora de los derechos humanos mientras guarda silencio ante violaciones flagrantes?

Y, sin embargo, pese a la decepción y el desencanto, aún hay espacio para la esperanza. Las voces críticas y la presión ciudadana quedaron patentes en las manifestaciones multitudinarias que transcurrieron en muchas ciudades europeas ante el genocidio de Gaza, reclamando también una política exterior coherente, autónoma y fiel a los valores que dieron sentido al proyecto europeo.

También en universidades europeas se han multiplicado las protestas estudiantiles y los manifiestos académicos. Un ejemplo fue la carta firmada por cientos de juristas europeos pidiendo a las instituciones comunitarias que respeten plenamente las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario en relación con el conflicto de Gaza.

La comunidad europea sigue siendo un proyecto valioso, tanto por su historia como por los beneficios concretos que ha aportado a sus ciudadanos. Ha garantizado décadas de paz entre sus miembros y ha construido un espacio amplio de derechos y libertades. Precisamente por eso merece un debate exigente y sosegado. Mantener su cohesión no debería implicar renunciar a la coherencia. Si Europa quiere seguir siendo creíble cuando habla de derecho internacional y de derechos humanos, probablemente tendrá que esforzarse más en aplicar esos principios de forma consistente, incluso en situaciones políticamente incómodas. No será fácil, pero quizás será la única forma de preservar aquello que durante tanto tiempo ha dado sentido al proyecto europeo.

Anda gran parte de la derecha española enfrascada estos días en un ejercicio bastante soez de autodenigración: España debe servir pleitesía a EEUU y al autoproclamado Nobel de la Paz porque, al parecer, quiénes somos nosotros para no hacerlo. Practican una forma muy creativa de patriotismo, casi como una adivinanza, patriotismo muy vehemente hacia adentro, pero modestito y sometido al matón hacia afuera; orgulloso hacia dentro, sumiso hacia afuera. 

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo nos dejó una nueva línea maestra (que produce con admirable regularidad): “Antes del derecho internacional están los derechos humanos y en Irán no se protegen”, dijo. Aquí viene la primera obviedad de esta columna: El derecho internacional moderno nace precisamente para proteger los derechos humanos y los peores excesos del vandalismo imperialista, y por eso precisamente impide que la guerra se convierta en una herramienta política activable cada vez que un señor con poder lo considere oportuno por motivos de seguridad, influencia o intereses estratégicos. 

Fijémonos en el flotador moral de la situación de las mujeres iraníes. La idea que defiende la derecha sería algo así como que si de verdad nos importan las mujeres deberíamos aceptar o incluso celebrar la intervención militar porque patatas. Este razonamiento parte de una premisa que la invalida ya desde su propio planteamiento, la de que a Estados Unidos o a Israel les importan realmente los derechos de las mujeres iraníes. No es solo que la historia invite a dudarlo (lo hace), es que ellos mismos lo aclaran. El propio Trump —que rara vez deja espacio para las ambigüedades morales, eso hay que agradecérselo— explicó hace unos días que el líder aceptable para Washington en Irán sería uno que “trate bien a Estados Unidos e Israel”. Eso dijo en una entrevista en la CNN. El sistema de gobierno que surja después, o los derechos que tengan las ciudadanas iraníes, es algo secundario.

Si esto no fuera suficiente vayámonos a la historia reciente, a Kabul por ejemplo, a donde nos quiere mandar Ayuso solas y borrachas. La guerra en Afganistán marcó la primera vez que los problemas de las mujeres ocuparon un lugar central en la retórica que justificaba la intervención militar estadounidense. Durante años se presentó la invasión como una forma de liberación necesaria. La situación actual de las mujeres es bien conocida. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que los talibanes han diezmado por completo los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Han violado sus derechos a la educación, al trabajo y a la libre circulación; han desmantelado el sistema de apoyo para quienes huían de la violencia doméstica; han detenido arbitrariamente a mujeres y niñas por infringir normas discriminatorias; y han contribuido al aumento de los matrimonios infantiles, precoces y forzados.

Otra obviedad: El hecho de que el ‘No a la guerra’ de Sánchez le favorezca electoralmente no es un argumento para criticar el ‘No a la guerra’. Sí, es perfectamente posible que el ‘No a la guerra’ tenga una dimensión electoral, que en este caso coincide con la dimensión moral y obviamente también con la dimensión del derecho internacional. Resulta bastante llamativo observar a algunos analistas llevándose las manos a la cabeza ante la posibilidad de que detrás la posición política de Sánchez también exista la motivación de ganar votos, como si esta no fuera una de las principales motivaciones de cualquier político. Pero que me corrija algún lector si me equivoco, por favor, que tal vez Feijóo tiene como motivación política ganar experiencia y puntos Iberia.

La canadiense Kimberly Prost se quedó en estado de shock cuando supo que el Gobierno de Donald Trump había impuesto sanciones contra ella. Tras años juzgando a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio, y delitos de lesa humanidad como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el nombre de Prost aparecía ahora junto al de terroristas y personas involucradas en el crimen organizado. “No me lo creía”, dice.

Las consecuencias fueron psicológicas y también materiales: le cancelaron las tarjetas de crédito y las cuentas de Amazon y Google. Prost se sintió sobrepasada por lo que describe como un “ataque directo y flagrante” contra el tribunal de La Haya, uno de las más importantes del mundo.

“Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva”, dice. “Queremos que la gente entienda que es una equivocación”.

Las trabas de Trump

El Gobierno de Donald Trump no ha dejado de dificultar la labor de la corte desde su regreso al poder hacer un año. Hasta la fecha, ha sancionado a 11 de sus funcionarios, entre los que figuran el fiscal jefe y ocho jueces, que tienen prohibido viajar a Estados Unidos mientras que las empresas estadounidenses que les presten servicios se exponen a multas y penas de prisión.

Trump acusó al tribunal en una orden ejecutiva de 2025 de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y contra Israel”, al que describió como “aliado cercano”, y dejó entrever que las sanciones eran una represalia por haber investigado a altos cargos de EEUU y de Israel. Ninguno de estos dos países figuran entre los 125 firmantes del Estatuto de Roma que en 1988 dio origen al tribunal.

Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva. Queremos que la gente entienda que es una equivocación

Kimberly Prost — Jueza de la CPI

Tras la orden, Canadá, Brasil, Dinamarca, México, Nigeria y otros 74 países dieron su apoyo de la corte en un comunicado conjunto. “[Las sanciones] aumentan el riesgo de impunidad por los delitos más graves y amenazan con erosionar el derecho internacional”, escribieron.

El impacto en la vida cotidiana y las familias

Antes de incorporarse a la CPI, Prost trabajó durante cinco años en el programa de sanciones de Naciones Unidas. Aun así, le sorprendió el alcance de las que se impusieron contra ella. “Tiene un impacto tan grave en la vida cotidiana, no es simbólico”, dice. “Pierdes todas tus tarjetas de crédito, independientemente de dónde se hayan emitido”.

Cosas tan sencillas como reservar un taxi, un vuelo o una habitación de hotel se volvieron imposibles. Las transferencias bancarias ahora incluían la incertidumbre de si el sistema las aceptaría o no. Tras la cancelación de sus cuentas de Amazon y Google, Prost vivió con la preocupación constante de que desaparecieran también sus otras cuentas. “Todo se convierte en un gran desafío”, dice.

En el caso de la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la maniobra estadounidense es la segunda vez que una potencia carga contra ella por su trabajo en la CPI. En diciembre, un tribunal ruso la juzgó en ausencia a ella, al fiscal jefe de la corte, y a otros siete jueces, después de que la CPI emitiera una orden de detención contra Vladímir Putin por la invasión de Ucrania. Les impuso penas de hasta 15 años de cárcel.

Pero las sanciones de Estados Unidos tienen mayor calado que las de Rusia, por el peso del país en el sistema financiero mundial. Ibáñez dice que su banco en Países Bajos le canceló la tarjeta de crédito poco después de las sanciones. “¿Por qué? Es un banco europeo, no estadounidense”, dice. “Estamos detectando un exceso de celo en el cumplimiento de las sanciones, algunos bancos están aterrorizados por sus relaciones con bancos o instituciones estadounidenses”.

Pero lo más doloroso fue ver cómo las sanciones afectaban a su hija, a la que le cancelaron el visado estadounidense y sus cuentas de Google. “Ella vive en otra parte del mundo, no tiene ninguna relación con la CPI”, dice. “Es triste, es una clara represalia por algo que ella no ha hecho”.

Según la jueza, ese ha sido el procedimiento general contra la CPI: las parejas, los padres, y los hijos de los funcionarios terminan atrapados en la red de las sanciones. “Es el tipo de persecución que el mundo no debería permitir”, dice Ibáñez. “Estamos al servicio de la humanidad, hacemos justicia a las víctimas más vulnerables del mundo, a millones y millones de mujeres y niños que no tienen voz”.

Hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad"

Luz Carmen Ibáñez — Jueza de la CPI

La jueza peruana defiende que la corte cumple una labor fundamental al aceptar casos de países que no pueden o no quieren juzgar delitos cometidos en su territorio. “Por eso hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad”, reclama.

Un momento difícil

Las sanciones agravan un panorama que ya era complicado para la corte, meses después de que Karim Khan, su fiscal jefe, fuera acusado de conducta sexual inapropiada. Él niega las acusaciones.

Hasta ahora, las medidas se han centrado en personas concretas, pero la corte teme que Washington pueda imponer sanciones al tribunal en su conjunto. “La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la corte, para destruirla, y no solo para atarla de manos”, alertó el año pasado a The Guardian un alto cargo de la CPI. Según Prost, la institución se puso a trabajar desde ese momento para que eso no ocurriera. “Fue tomado muy en serio y se adoptaron una serie de medidas de precaución”, indica.

Tanto ella como Ibáñez se muestran convencidas de que las acciones del Gobierno de Trump, aunque difíciles a nivel personal, no afectan al trabajo de la corte. “Estas medidas son completamente inútiles”, dice Prost. “En nombre de todos los jueces y fiscales de este tribunal, puedo decir que seguiremos desempeñando nuestras funciones con independencia; esto no afecta a la forma en que analizamos los casos ni a cómo los resolvemos”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El Gobierno de Israel aprobó este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado enviado a EFE por el Ministerio de Justicia.

“La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria [nombre bíblico con el que los sionistas israelíes se refieren a Cisjordania]. La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes”, ha asegurado el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.

El objetivo de la medida es “el registro de extensas áreas” en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.

Justicia especifica en el comunicado que el proceso se aplicará en el Área C de Cisjordania, la zona bajo control administrativo y militar israelí, de acuerdo con los Acuerdos de Oslo II de 1995, que abarca alrededor del 60% del territorio.

“Continuamos con la revolución de los asentamientos y la apropiación de tierras en todo nuestro país. Por primera vez desde la Guerra de los Seis Días [de 1967], estamos restaurando el orden y la gobernanza en la gestión de las tierras de Judea y Samaria”, ha afirmado el ministro de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, según el comunicado.

Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967. A raíz de ello, el fiscal general militar israelí en el momento emitió una orden para suspender de inmediato estos procesos de titularidad en dicho territorio palestino, ya que contravienen el derecho internacional al ser Israel la potencia ocupante.

Por su parte, Israel Katz, titular de Defensa, ha reivindicado la medida como un movimiento “de seguridad y jurídico esencial, diseñado para asegurar el control, su aplicación y la total libertad de acción del Estado de Israel en el territorio” ocupado, pese a que contraviene la legislación internacional.

Además, ha detallado que la medida “permitirá al Ejército y el estamento de defensa actuar con determinación” en estas áreas de Cisjordania con tal de “salvaguardar los intereses nacionales” de Israel.

Robo de terrenos palestinos

La ONG israelí Yesh Din explica que este proceso, conocido como la liquidación de títulos, se llevó a cabo en Palestina por el Mandato Británico (1920-1948) para determinar la propiedad de la tierra. Tras 1948, el reino de Jordania, que pasó a administrar Cisjordania, continuó el procedimiento.

“La regularización de la titularidad es un proceso mediante el cual se determina la titularidad de un terreno y se inscribe a nombre de los propietarios legítimos en el registro de la propiedad (conocido como tabú o tapú) de forma definitiva y vinculante”, recogía Yesh Din en su página web el pasado septiembre. “Una vez concluido, el proceso de registro es raramente reversible”.

Y añadía: “Los procedimientos de liquidación de títulos son actos propios de una soberanía permanente, ya que crean y determinan derechos absolutos a perpetuidad. Por lo tanto, un régimen de ocupación, que es temporal por definición, debe abstenerse de realizar actos que caracterizan a un régimen permanente”, según la ONG.

Peace Now, ONG pacifista israelí, apunta que la medida puede generar un “despojo masivo” para los palestinos de sus tierras en el Área C, además de un proceso de anexión y aplicación de la soberanía israelí en estos territorios ocupados, lo cual contraviene los acuerdos de Oslo y el derecho internacional.

Además, que estas tierras pasen a estar registradas como terreno estatal de Israel o bajo nombres de ciudadanos israelíes “llevará a complicaciones legales y costes inmensos cuando se llegue a un acuerdo político de dos Estados”, uno israelí y otro palestino, algo cada vez más lejano. El futuro Estado palestino se establecería en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, siendo la primera región la más amplia.

La Autoridad Palestina ve la medida como una “anexión de facto”

La Autoridad Palestina (AP) calificó este domingo como “anexión de facto” la aprobación por parte del Gobierno de israel para reabrir el proceso de registro de tierras por primera vez desde 1967, lo que le permitirá inscribir de forma vinculante terreno de este territorio palestino.

“Constituye una anexión de facto del territorio palestino ocupado y una declaración del inicio de los planes para anexar territorio palestino con el objetivo de consolidar la ocupación mediante la construcción de asentamientos ilegales”, esgrimió la Presidencia de la AP en un comunicado.

En la nota, además, la definen como una “violación del derecho internacional”, en concreto de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que considera ilegal toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado, y una “amenaza a la estabilidad y seguridad” en Cisjordania.

La Presidencia palestina instó también a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al Gobierno estadounidense, a intervenir de inmediato para “obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU”.

“Estas medidas unilaterales no otorgarán legitimidad alguna a la ocupación en el territorio del Estado de Palestina ni cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluidas Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional”, concluyó el comunicado de la AP.

El grupo islamista palestino Hamás también reaccionó a la medida del Gobierno de Israel con una condena enérgica en la misma línea que la AP: apelando al derecho internacional e interpelando a Naciones Unidas a tomar cartas en el asuntos.

“La decisión del gobierno de ocupación sionista de aprobar hoy una resolución que le permite apropiarse las tierras de la Cisjordania ocupada y judaizarlas, registrándolas como 'tierras estatales', es una decisión nula emitida por una autoridad de ocupación ilegítima y un intento de imponer por la fuerza prácticas colonialistas”, expresó Hamás en su comunicado.

Jordania expresa su rechazo absoluto

Jordania manifestó este domingo su “rechazo absoluto” a la aprobación del Gobierno de Israel de esta medida, algo que el reino hachemita denunció que “socava el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación”.

El Ministerio de Exteriores jordano condenó en un comunicado “las medidas del Gobierno israelí destinadas a anexar el territorio palestino ocupado, siendo la más reciente la decisión ilegal de designar tierras en Cisjordania ocupada como 'tierras estatales'”, algo que tachó de “flagrante violación del derecho internacional”.

“El Ministerio enfatizó que Israel no tiene soberanía sobre la Cisjordania ocupada”, añadió la nota, que denunció que esta decisión también está destinada a impedir “el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado (palestino) independiente y soberano dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967”, las reconocidas internacionalmente.

Asimismo, recordó que Israel está violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como la 2334, que condena cualquier intento de alterar la composición demográfica, el estatus del territorio palestino ocupado y subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas de 1967.

Ante esta situación, Exteriores jordano instó a la comunidad internacional a “asumir sus responsabilidades legales y morales y a obligar a Israel, la potencia ocupante, a detener su peligrosa escalada y sus acciones ilegales y unilaterales en la Cisjordania ocupada”.

Ni los tambores de guerra en Europa, ni el genocidio en Gaza, ni el expansionismo indisimulado de Donald Trump son suficientes para que Philippe Sands, aclamado escritor y prestigioso jurista experto en derecho humanitario, pierda la fe en las leyes.

“Existe la conversación sobre que estamos o nos dirigimos hacia un mundo sin leyes”, señala ante un centenar de juristas y estudiantes de derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. “Me parece un completo disparate”.

Sands es uno de los grandes abogados expertos en derecho internacional de las últimas décadas. Ha participado en docenas de casos relevantes ante la Corte Penal Internacional, asesora a Gobiernos y organizaciones humanitarias y, además, es un reputado autor cuyos libros, siempre basados en historias jurídicas, han sido traducidos a 32 idiomas.

“Empecé a escribir para el público general porque me di cuenta de que si solo hablamos entre académicos no tenemos impacto”, explica a los presentes (todos son académicos). “Tenemos que encontrar la manera de conectar con los ciudadanos que realmente están preocupados por estos temas”.

El abogado participó el martes en un seminario en la UPF, un día antes de ser investido doctor honoris causa por esta universidad. En el encuentro, diversos juristas se interesaron por su visión sobre la utilidad de un derecho internacional que a veces parece no imponer ningún límite a los Estados más poderosos.

Sands, uno de esos pocos autores reverenciados tanto en el mundo académico como entre los lectores de a pie, no quiere perder la esperanza. No es que sea el único ingenuo de la sala; conoce mejor que nadie las disfunciones que ha habido y habrá en el orden mundial. Incluso admite que el escenario surgido tras la aprobación del Tratado Atlántico y el fin de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo de saltar por los aires, pero esto tampoco supondría el fin. 

“Estamos en un momento de enormes desafíos, se están produciendo flagrantes violaciones del derecho internacional y se seguirán produciendo”, sostiene. “Pero el patrón siempre ha sido este: hay un momento de creación y elaboración —1648, 1815, 1918, 1945— después llega el desastre y mucha gente muere de forma horrible. Luego viene la reconstrucción. Y casi siempre parte de lo que existía antes y se apoya, invariablemente, en un sistema de derecho internacional”.

El optimismo de Sands se apuntala en casos concretos. Cita los tratados “silenciosos” que le han permitido volar esa mañana a Barcelona, tener cobertura en su teléfono, comprar cosas de otra parte del mundo o que se investiguen redes criminales que operan en distintos países. “No escucho a nadie quejarse de todos estos tratados”, ironiza. “El 98% de los tratados internacionales funcionan, pero solo nos fijamos en el otro 2%”. 

La defensa de Sands del derecho internacional planea incluso sobre personajes y escenarios en los que el respeto por las normas brilla por su ausencia.

Recuerda cómo Trump, en su intento de crear el Consejo de Paz para Gaza, lo vehicula a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Destaca cómo, por miedo a las sanciones, las grandes compañías petroleras americanas no se han atrevido, por ahora, a mancharse las manos de crudo venezolano. Subraya cómo incluso Vladímir Putin esgrimió el derecho internacional para justificar su invasión de Ucrania y cómo una posible salida del conflicto se basará también en esas leyes.

“Es el único lenguaje común que tenemos”, apunta. “Si os fijáis, todo el mundo acaba intentando justificarse o defenderse haciendo referencia al derecho internacional”.

El autor explica que viene de pasar un mes entero en La Haya, escuchando testimonios durísimos sobre el genocido contra los rohingyas en Myanmar. “¿Por qué íbamos a pasarnos cuatro semanas ahí, ante 15 jueces, si no existiera el derecho internacional?”.

En juego está la primera condena a un Estado por genocidio y Sands lo esgrime como ejemplo de la evolución, lenta y desigual, del acervo internacional. Explica que cuando él era un estudiante, no había ni un solo caso juzgándose en la Corte Penal Internacional. “¡Ahora vas ahí y hay cientos!”, exclama.

“Estamos en un período de construcción”, abunda el jurista. “Y habrá un paso adelante, un paso de lado, un paso atrás y otro paso adelante”.

El escritor precisa que harán falta décadas o más para que el derecho internacional se equipare a las normas internas de cada país, pero acabará ocurriendo. “Está en la naturaleza misma de la existencia humana”, concluye. “Las comunidades necesitan convivir”.

La preocupación por el cambio climático

La confianza de Sands se empaña cuando un estudiante de doctorado le pregunta por la posibilidad de incluir el ecocidio como quinto crimen internacional —actualmente hay cuatro: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

“Ni Ucrania ni Sudán ni Gaza”, responde el académico. “Lo que más me preocupa a día de hoy es el cambio climático”. Según Sands, es el factor que tiene mayor capacidad de transformar el mundo, el que afectará a más gente y el único que es difícil de regular. 

Sands ha participado en todos los casos de justicia penal internacional que han tratado el medio ambiente y admite que existe un preocupante vacío legal al respecto.

Reconoce que, aunque al principio mostró escepticismo sobre las posibilidades de articular algún tipo de regulación sobe el tema a nivel internacional, desde 2020 coordina un grupo de trabajo para incluir el crimen de ecocidio en la justicia.

“Percibí que algo estaba cambiando”, señala. “Hasta la fecha todos los crímenes que se han tipificado se encargan de proteger al ser humano, pero ahora veo a los jueces capaces de abordarlo y mirar más allá”.

Aunque el momento sea complicado, Sands cree —vuelve el optimismo— que el proceso formal que ha arrancado para regular el crimen de ecocidio acabará cristalizando debido al cambio generacional que se impondrá en los tribunales y centros de poder. “No sé cuándo será, pero acabará ocurriendo”.

Durante la cumbre de Davos, en Suiza, aprovechando la presencia de altos mandatarios internacionales y de multimillonarios hombres de negocios, asistimos a la escenificación del nacimiento de un nuevo organismo internacional: la Junta de Paz. Una entidad diseñada por Donald Trump y su círculo más íntimo, gobernada por él a modo de club privado, en el que entra y sale quien solo él decida previo pago de 1.000 millones de dólares. Este organismo pretende suplantar las funciones de la ONU en las zonas de conflicto y, sobre todo, ser la plataforma de inversión para la reconstrucción de regiones enteras devastadas por criminales de guerra o genocidas miembros, a su vez, de esta Junta de Paz. 

Con Javier Biosca, jefe de Internacional de elDiario.es, explicamos en qué consiste la Junta de Paz, cómo pretende funcionar y quiénes son, de momento, sus miembros. Con Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, analizamos las repercusiones para el orden internacional que puede tener este nuevo colonialismo del siglo XXI. 

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Son ya 12 años de memoria histórica. En este 27 de enero, Toledo recuerda a las víctimas del nazismo. Coincidiendo con el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, la ciudad ha homenajeado a los diez vecinos que fallecieron en los campos de concentración y cuyos nombres están inscritos en un monolito inaugurado en 2014 en la plaza del Sofer de la capital castellanomanchega: Eleno Díaz Tendero, Pedro Castelló Hernández, José Rodríguez Tocinos, Francisco Ruiz Benito, Emilio Sotoca López, Juan Tordesillas Arellano, Máximo Gil Serrano, Gabriel Villacañas, Luciano Rubio del Valle y Raimundo Herrero Toledo.

En aquel entonces, el monumento se inauguraba con la participación y el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Toledo, bajo el gobierno del entonces alcalde socialista Emiliano García-Page, al que se sumó el PP, con la portavoz de la época Claudia Alonso; el portavoz de IU, Aurelio San Emeterio, y Bienvenido Maquedano, en representación de las familias.

Hoy el panorama es distinto, con un gobierno conjunto de PP y el partido de ultraderecha Vox, negacionista de cualquier atisbo de memoria histórica, y la no participación del Grupo Municipal Socialista.

En un día marcado por una climatología adversa en la ciudad, Txema Fernández, coordinador local y de IU en el Ayuntamiento de Toledo, la formación que ha convocado el acto, aseguraba que el homenaje seguirá vigente “los años que haga falta para no olvidar”. Esta vez, en el tradicional acto junto al monolito erigido en la Judería toledana, participaba el que fuera eurodiputado Willy Meyer.

En total, 297 toledanos y toledanas fueron deportados a los campos de concentración nazis. En Castilla-La Mancha, la cifra asciende a 858 personas, de las que 757 estuvieron en el campo de concentración austriaco Mauthausen. De allí lograron salir 237 castellanomanchegos. El 63% fallecieron durante su cautiverio. Un 36% (309) fueron liberados. Además, hay diez desaparecidos de los que no se conoce su paradero, según los datos recopilados porla delegación de la Amical de Mauthausen en Castilla-La Mancha.

La “barbarie” del nazismo no “fue tan lejana”

Willy Meyer, exeurodiputado y miembro del Comité Central del Partido Comunista de España (PCE) ha rememorado hoy en Toledo la “barbarie” del nazismo, que no “fue tan lejana”, y destacaba que los países aliados “intentaron construir un nuevo orden internacional para impedir el flagelo de la guerra a las próximas generaciones”.

“El problema que tenemos ahora mismo”, ha afirmado, “es que el derecho internacional, ese intento de dar una normativa para impedir la guerra y, por lo tanto, de establecer relaciones humanas entre los estados, sobre la vía diplomática, ha saltado por los aires”.

Además, ha alertado de una “voladura controlada” de las Naciones Unidas, “a la cabeza” de la cual sitúa a Trump y, tras él, a “la derecha y la ultraderecha”.

Como ejemplo de estas situaciones, Meyer ha citado el genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania o la “anexión pretendida” de Groenlandia por parte del presidente de EEUU Donald Trump. Situaciones que para el político son muestra de que “no hay voluntad de defender” el derecho internacional para “evitar la guerra y los genocidios”.

En este sentido ha llamado a la construcción de un “nuevo orden internacional que evite la guerra y que persiga a aquellas personas que cometan atropellos en contra del derecho internacional”.

Un acto “indispensable para mantener viva la llama de la memoria”

Txema Fernández, coordinador local y de IU en el Ayuntamiento de Toledo, para resaltar que se cumplen 20 años desde que la ONU estableciese, cada 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. “Les rendimos homenaje un día como hoy, 20 años después, y seguiremos los años que haga falta para no olvidar”.

El edil de IU ha asegurado que el equipo de Gobierno local “está empeñado en que olvidemos o que contemos una historia muy parcial”, y ha lamentado que un grupo de ultraderecha gobierne hoy Toledo junto al Partido Popular. También ha criticado que el equipo de Gobierno de Toledo se centre en los homenajes a Juan Pablo II y al arzobispo Marcelo -“negacionista de la Constitución del 78 y seguidista del régimen franquista”-, o que “de forma voluntaria omita” el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática “eliminando la partida presupuestaria de los presupuestos para su cumplimiento”.

Por eso cree que actos como el de hoy “son indispensables para mantener viva la llama de la memoria, de la dignidad y del recuerdo, pero sobre todo para mantener viva la llama de una reivindicación de paz. Ese es el motivo de seguir celebrando en la ciudad de Toledo este homenaje a los asesinados en los campos de concentración nazis. Vamos a seguir haciéndolo le pese a que le pese”, ha zanjado Txema Fernández.

La Junta de Paz propuesta por Donald Trump el pasado mes de septiembre, con la que aspira a resolver la situación en Gaza, va cobrando forma. Pero no son pocas las voces palestinas que se oponen al organismo lanzado por el mandatario de Estados Unidos. Una de ellas es el abogado gazatí Raji Sourani, de visita en Barcelona, que ha criticado la medida en un encuentro a puerta cerrada en el CIDOB. “Nunca, en la historia de la ONU moderna y del Consejo de Seguridad se habían adoptado resoluciones que contradijeran sus propias decisiones y la Carta de Naciones Unidas”, ha manifestado.

El letrado, que huyó de Gaza al inicio del conflicto tras sobrevivir a un bombardeo que destruyó su casa, considera que la Junta de Paz no va a poder “ni acercarse” a una solución para el conflicto si excluye a la Autoridad Palestina. Estados Unidos ha llamado a participar en ella a más de sesenta países por un precio de 1.000 millones de dólares por asiento permanente. Sin embargo, tan solo una veintena han aceptado participar. Entre ellos, Israel, Hungría o Argentina.  

De llegar a crearse, Trump asumiría la presidencia del órgano de manera indefinida, incluso después de finalizar su mandato como presidente de Estados Unidos. Aunque inicialmente la Junta fue concebida para gestionar la reconstrucción de Gaza, devastada tras más de dos años de guerra, ahora su alcance pretende ampliarse también a la resolución de otros conflictos internacionales. Trump ha llegado incluso a sugerir que el organismo podría sustituir a la ONU.

“Será una junta de tecnócratas que decidirán por nosotros. Los palestinos no tenemos voz en nuestro futuro”, ha advertido el abogado.

Sourani forma parte del equipo de investigación ante la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Sudáfrica en 2023 por el que Israel está acusado de cometer crímenes de genocidio. Además, es fundador y director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, la principal organización de derechos humanos en la Franja de Gaza, desde donde se documentan abusos, se realizan investigaciones independientes y se ofrece apoyo legal a las víctimas de los Territorios Palestinos Ocupados.

La propuesta estadounidense de crear la Junta de Paz se planteó como parte de la segunda fase del plan de 20 puntos para el alto el fuego. En relación a este plan, Sourani sostiene que “el acuerdo no ha solucionado prácticamente nada”. “No se ha implementado ni una décima parte del plan de Trump y más de 500 personas han sido asesinadas por Israel desde entonces”, ha afirmado.

El abogado ha denunciado además que el 90% de los edificios de Gaza han sido destruidos y que el 80% de la población sigue dependiendo de la ayuda humanitaria. “Aunque algunos productos han vuelto al mercado, el 90% de los gazatíes no tiene ingresos y, por lo tanto, no puede comprarlos”, ha explicado. A ello se suma la falta de agua corriente y electricidad, así como el colapso casi total de los sistemas sanitario y educativo.

La única consecuencia positiva del acuerdo, según Sourani, ha sido la reducción del número de muertes diarias. “Antes se mataban entre 200 y 600 personas al día; ahora son entre 10 y 20, aproximadamente”. Sin embargo, considera que el plan ignora las causas estructurales del conflicto. “Es incoherente hablar de un acuerdo de paz cuando el texto no menciona ni una sola vez la palabra ocupación”, ha subrayado.

Sourani también lamenta la falta de rendición de cuentas con Israel. “Tenemos el conflicto mejor documentado de la historia y aun así somos incapaces de aplicar el derecho internacional”. “Gaza es una prisión a presión, donde la destrucción, el hambre y la violencia persisten, y los palestinos seguimos sin poder decidir sobre nuestras propias vidas”, ha recordado sobre las décadas de control israelí por tierra, mar y aire.

La organización del Foro de Davos ha confirmado este miércoles un incidente “relacionado con humo” durante el evento, pero ha precisado que la situación fue controlada rápidamente y que en ningún momento puso en riesgo a los participantes.

Este incidente coincidió con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Centro de Congresos donde se realiza esta reunión de líderes, lo que disparó las especulaciones y noticias falsas en redes sociales.

Un testigo, participante en esta reunión, dijo a EFE que había visto a dos miembros del cuerpo de bomberos llevando con ellos extintores en el interior del recinto.

En una declaración oficial, el Foro Económico Mundial señaló que este suceso “se controló rápidamente” y que “la seguridad de los participantes ha estado garantizada en todo momento”, lo cual “siempre es una prioridad fundamental”.

“Estamos en estrecho contacto con las autoridades locales y los servicios de emergencia pertinentes. Las autoridades locales consideran que el incidente está resuelto”, agregó. Según versiones difundidas en redes sociales, el Centro de Congresos de Davos habría sido evacuado, algo que no ocurrió, según constató el equipo de EFE que cubre el evento.

El incidente ha tenido lugar durante la 56ª edición del Foro de Davos, que se celebra en la ciudad suiza entre el 19 y el 23 de enero bajo el lema 'Un espíritu de diálogo'. Este espacio reúne a líderes políticos, altos cargos de empresas, científicos y periodistas para abordar los problemas y retos globales, desde la cooperación internacional hasta los motores del crecimiento económico.

Concretamente, se ha producido en una jornada en la que han intervenido dirigentes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o su homólogo argentino, Javier Milei. En la sesión del martes, intervinieron los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Francia, Emmanuel Macron, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros.

El pasado mes de noviembre, un incendio durante la Cumbre del Clima, celebrada en Belém do Pará (Brasil), obligó a evacuar las instalaciones. En aquella ocasión, las llamas se extendieron por el área de instalaciones de la COP30, lo que obligó a suspender la sesión. Veintiún personas tuvieron que ser atendidas.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha suscitado el aplauso de los grandes empresarios transnacionales, políticos y comentaristas reunidos en la nueva edición del Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos (Suiza). Con un discurso pragmático, el líder canadiense dio el martes por finiquitado el “orden internacional basado en reglas” al que apelan los países occidentales, tras reconocer que está sustentado en un relato que en parte siempre ha sido una “mentira”, y ha llamado a las potencias medianas a coordinarse para sobrevivir entre los grandes poderes.

La intervención de Carney se entiende en el contexto del giro declaradamente imperialista del presidente estadounidense, Donald Trump, que en 2025 especuló con la posibilidad de anexionarse Canadá —con menos vehemencia de la que expresa actualmente por Groenlandia— y cuyas amenazas arancelarias condicionaron las elecciones en el vecino del norte, en las que el liberal Carney, del mismo partido que el ex primer ministro Justin Trudeau, salió victorioso.

“Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa. Que los más fuertes se eximirían a sí mismos cuando les conviniera. Que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica. Y que el derecho internacional se aplicaba con mayor o menor rigor dependiendo de la identidad del acusado o de la víctima”, señaló Carney, que reconoció que tal “ficción” resultaba útil, pues “la hegemonía estadounidense, en particular, contribuyó a proporcionar bienes públicos: rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a los marcos para la resolución de disputas”.

Pero hoy la situación es definitivamente otra, y ya no valen artificios retóricos, planteó. “Llamemos al sistema por su nombre: un periodo en el que los más poderosos persiguen sus intereses utilizando la integración económica como arma de coacción”, denunció, en clara referencia a Trump, a quien no mencionó por el nombre.

El discurso de Carney no parece haberle sentado bien al presidente de EEUU, quien ha arremetido contra él en su intervención este miércoles en Davos. “Por cierto, Canadá recibe muchos regalos de nosotros, deberían estar agradecidos, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro. No se mostró muy agradecido: Canadá vive gracias a Estados Unidos, recuerda eso la próxima vez que hagas declaraciones, Mark”. Informa Andrés Gil.

Carney comparó la situación actual con la que denunciaba en 1978 el dramaturgo checo Václal Havel, que posteriormente sería primer ministro del país. El orden comunista seguía en pie, según defendía Havel, porque los ciudadanos corrientes participaban en el sistema pese a saber íntimamente basado en una mentira; la situación actual vendría a ser hoy análoga.

En el discurso hubo una denuncia del uso interesado de las instituciones internacionales: “Las grandes potencias comenzaron a utilizar la integración económica como arma. Los aranceles como palanca. La infraestructura financiera como coacción. Las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No se puede ”vivir la mentira“ del beneficio mutuo a través de la integración cuando esta se convierte en la fuente de la subordinación”.

Ante este estado de cosas, lo que toca a los poderes medianos, como Canadá, es colaborar entre sí, vino a decir Carney. Y en este marco se explica el reciente acuerdo anunciado la semana pasada con el líder chino, Xi Jinping, en materia de comercio energía, agricultura y alimentación, con el que aspira a que las exportaciones canadienses al país asiático alcancen los 3.000 millones de dólares.

“En un mundo marcado por la rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí por obtener favores o unirse para crear una tercera vía con impacto. No debemos permitir que el auge del poder duro nos impida ver que el poder de la legitimidad, la integridad y las normas seguirá siendo fuerte, si decidimos ejercerlo juntos”, defendió.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca hace hoy un año con ganas de revancha y liberado de los contrapesos que le frenaron en su primer mandato. Todos sus altos cargos son fanáticos del movimiento MAGA que en solo doce meses han instalado un lenguaje que alienta la violencia política contra el adversario ideológico, la persecución sin cuartel para los inmigrantes irregulares o el supremacismo blanco, heteropatriarcal y ultrarreligioso en el plano doméstico. En el ámbito internacional, Trump ha sacudido el orden mundial con su postura hostil hacia Ucrania, su intervención militar y secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela o, lo último, su hostigamiento a Europa para anexionarse Groenlandia. 

Repasamos hasta qué punto Trump ha cambiado el mundo, tanto dentro como fuera de sus fronteras, con Blas Moreno, codirector de El Orden Mundial, y con Andrés Gil, corresponsal de elDiario.es en Washington. Con Javier Biosca, jefe de Internacional de elDiario.es, analizamos la trascendencia del conflicto entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia. 

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“El viejo mundo se muere”, escribió Antonio Gramsci. “Y el nuevo mundo tarda en nacer”. En tales interregnos, sugirió el filósofo marxista italiano, “cada acto, incluso el más pequeño, puede adquirir un peso decisivo”.

Los líderes occidentales parecen convencidos de que estamos viviendo uno de esos periodos de transición, en el que el orden de las relaciones internacionales establecido tras la Segunda Guerra Mundial se detiene en seco.

Durante los periodos de transición o interregnos, escribió Gramsci en una de sus citas más famosas, “se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Y en la actualidad no hay mayor fenómeno de este tipo que la crisis de legitimidad del sistema de normas y leyes en las que se basaba el orden internacional, el mundo que EEUU ayudó a crear en 1945.

Nadie puede decir que no fue advertido de la bola de demolición que Donald Trump estaba a punto de lanzar sobre el orden global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó con admirable claridad cómo Trump reniega del mundo construido por sus predecesores hace casi un año durante la audiencia de confirmación del cargo ante el Senado de Estados Unidos. Era febrero de 2025. “El orden global de la posguerra no solo está obsoleto, ahora es un arma que se utiliza contra nosotros”, afirmó. “Todo esto nos ha llevado a un punto en el que nos enfrentamos al mayor riesgo de inestabilidad geopolítica y de crisis global de carácter generacional que haya vivido cualquiera de los que estamos aquí hoy”.

Rubio dijo que era necesario abandonar el orden internacional basado en normas porque se había construido sobre la falsa premisa de que una política exterior al servicio de los intereses nacionales pudiera ser sustituida por otra al servicio del “orden mundial liberal, en el que todas las naciones de la Tierra se convertirían en miembros de la comunidad democrática liderada por Occidente”, con la humanidad destinada ahora a abandonar la identidad nacional y convertirse en “una sola familia humana y ciudadanos del mundo”. “Esto no era solo una fantasía. Ahora sabemos que era una peligrosa ilusión”, dijo.

La valoración de Rubio quedó reflejada en la estrategia de seguridad nacional que la Casa Blanca dio a conocer a finales del año pasado con sus advertencias sobre la desaparición de la cultura europea y su determinación de respaldar a los partidos nacionalistas que creen en la “estabilidad estratégica con Rusia”. Estados Unidos ya no puede “sostener todo el orden mundial como un atlas”, afirma el documento.

Confuso e impredecible

Estas declaraciones parecen, sobre el papel, relativamente coherentes con la visión de 'Estados Unidos primero', pero en la práctica la política exterior de Trump es sumamente confusa: esta ideología formalmente no intervencionista choca con intervenciones esporádicas que mezclan de forma incómoda las nociones de orden mundial con los intereses nacionales de Washington. No existe una política exterior lineal de Trump, solo una sucesión de fuegos artificiales sin conexión lanzados al albur al cielo nocturno.

Como afirma su hijo mayor, Donald Trump Jr, casi como si fuera una virtud, su padre es el hombre más impredecible de la política. La naturaleza enormemente personal de la política exterior estadounidense da a los antiguos aliados de Washington la falsa esperanza de que la ruptura con Estados Unidos no sea real.

Desprecio por el derecho internacional

En medio de este caos, Trump sí ha sido constante respecto a uno de los objetos de su desprecio: las limitaciones impuestas por el derecho internacional –ha asegurado que su poder solo está limitado por su “propia moralidad”– y el sistema de valores que lo sustenta, basado en la soberanía de los Estados, incluida la prohibición del uso de la fuerza para modificar fronteras exteriores.

En su lugar, Trump apuesta por el “poder coercitivo puro”, o lo que algunos han descrito como una 'diplomacia mafiosa' o 'de matón', en la que las extorsiones, el chantaje y los tratos actúan como motores del cambio.

Ante la disyuntiva de elegir, por ejemplo, si expulsar a Rusia de Ucrania —algo para lo que Estados Unidos sin duda tiene los medios militares necesarios, armando suficientemente a Kiev— o forjar una relación provechosa con el presidente ruso Vladímir Putin en la que ambas partes saqueen los considerables recursos materiales de Ucrania, Trump prefiere lo segundo. Ucrania, parece ser, pagará cualquier precio, soportará cualquier carga y afrontará cualquier dificultad para garantizar la supervivencia y el éxito de la economía trumpiana. Para la Unión Europea y la OTAN, este es, efectivamente, un momento en el que cada decisión puede resultar decisiva para el futuro de la soberanía europea y de la Carta de Naciones Unidas.

Del mismo modo, la soberanía de Venezuela, que cuenta con 303.000 millones de barriles de petróleo crudo —aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales—, se convierte, al igual que Canadá, México y últimamente Groenlandia, en objeto de la mirada depredadora de Trump. Tras ser advertido en las redes sociales de que matar a civiles venezolanos sin el debido proceso —como ha hecho Estados Unidos al bombardear numerosas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico— se consideraría un crimen de guerra, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tuvo la desfachatez de responder: “Me importa una mierda cómo lo llaméis”. Como demostración de ello, el año comenzó con la intervención armada para deponer a Nicolás Maduro.

Vivimos en una era de impunidad repugnante que nos está haciendo retroceder siglos

Majed Al Ansari — Portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar

Mientras tanto, las reglas del libre comercio saltan por los aires mientras Trump instrumentaliza el gran tamaño del mercado estadounidense para extorsionar a sus aliados, no solo en términos económicos, sino también para imponer cambios en sus políticas internas. El valor de un país para la Casa Blanca no se mide por criterios racionales —ni mucho menos democráticos—, sino por la relación personal de su dirigente con Trump y su camarilla: un orden monárquico sin ningún disimulo.

La ocupación y el bombardeo de Gaza por parte de Israel, ante los que las potencias europeas a menudo han actuado como cómplices, son brutales en sí mismas, pero también ponen en solfa la supuesta universalidad de las normas internacionales.

En palabras de Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar y una de las personas que más trato tuvo con Israel el año pasado: “Vivimos en una era de impunidad repugnante que nos está haciendo retroceder siglos. Nos vemos reducidos a hacer una concesión tras otra, no para detener los actos de agresión, sino para pedir a los responsables que maten a menos gente, que destruyan menos barrios. Ya ni siquiera exigimos respeto por el derecho internacional; nos conformamos con pedirles que den un paso atrás y no se alejen por completo del derecho internacional”.

Ataques a los garantes del orden internacional

Todo ello ha ido acompañado de un ataque abierto a las instituciones del derecho internacional que se interponen en el camino del poder coercitivo. Nicolas Guillou, magistrado francés de la Corte Penal Internacional, concedió en noviembre una entrevista a Le Monde en la que explicó el impacto de las sanciones que le impuso Estados Unidos en agosto como consecuencia de la emisión por parte de la CPI de una orden de detención contra Benjamin Netanyahu por crímenes contra la humanidad.

Guillou explicó que las sanciones han cambiado todos los aspectos de su vida cotidiana. “Todas mis cuentas con empresas estadounidenses, como Amazon, Airbnb, PayPal y otras han sido cerradas. Por ejemplo, reservé un hotel en Francia a través de Expedia y, unas horas más tarde, la empresa me envió un correo electrónico cancelando la reserva, alegando las sanciones”, dijo.

Por haber tenido la osadía de defender los principios básicos del derecho internacional humanitario y el valor de las vidas de los civiles palestinos ante el tribunal internacional, que se ocupa de cuestiones como los crímenes de guerra y el genocidio, Guillou afirmó que, en la práctica, lo han devuelto a la década de los 90. Los bancos europeos, intimidados por las amenazas de los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se apresuraron a cerrar sus cuentas. Los departamentos de cumplimiento normativo de las empresas europeas, actuando como lacayos de las autoridades estadounidenses, se negaron a prestarle servicios.

Mientras tanto, las instituciones europeas, incluso las signatarias del Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional en 2002, miran para otro lado. Las principales organizaciones palestinas de derechos humanos, como Al-Haq, también se han visto obligadas a cerrar sus cuentas bancarias al enfrentarse a sanciones por cooperar con la CPI. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia, el órgano de la ONU que se ocupa de las disputas intergubernamentales, han tenido que tomar medidas para evitar que se embarguen sus activos.

Estados Unidos ha abandonado o ha intentado socavar otros organismos de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos y la Unesco. En total, se estima que ha recortado 855 millones de euros en fondos destinados a organizaciones vinculadas a la ONU y ha despedido a 1.000 empleados del Gobierno estadounidense cuyas carteras reforzaban funciones importantes de la ONU.

En la Asamblea General de la ONU, escenario clave de las disputas entre Estados Unidos y el resto del mundo, Washington casi disfruta de su aislamiento. Otras instituciones multilaterales —la Organización Mundial del Comercio, la estructura del acuerdo climático de París, el G20— se han convertido en zonas de conflicto, lugares en los que Estados Unidos puede afirmar su dominio o su indiferencia, ya sea ausentándose o exigiendo una lealtad humillante a sus antiguos aliados.

John Kerry, que fue secretario de Estado de Estados Unidos durante el segundo mandato de Barack Obama, aseguró el año pasado que, bajo el mandato de Trump, Estados Unidos está pasando “de ser líder a ser negacionista, obstaculizador y divisor”. “Cuando Estados Unidos se aleja, las viejas excusas cobran nueva vida. China no solo disfruta de una nueva libertad frente al escrutinio”, dijo Kerry, sino que poco a poco llena el vacío dejado por la salida de EEUU.

“Inmoralidad y falta de seriedad”

El alejamiento de Washington del derecho internacional y sus instituciones es especialmente triste porque con Gaza, como señala Tor Krever, profesor adjunto de derecho internacional en la Universidad de Cambridge, “el lenguaje de la legalidad se ha convertido en el marco dominante del discurso popular y político”.

En una edición especial de la London Review of International Law publicada en noviembre, más de 40 académicos escribieron ensayos en los que debaten si esta repentina fe pública en el derecho internacional como precursor de la justicia es una carga que el derecho tiene la capacidad de soportar. El derecho no puede sustituir a la política ni resolver los conflictos ideológicos en un mundo polarizado. El profesor Gerry Simpson, catedrático de Derecho Internacional Público en la London School of Economics (LSE), dice que necesita tragarse sus dudas de siempre sobre la eficacia del derecho internacional “ante la enorme fe que se ha depositado en él, especialmente por parte de los jóvenes”.

La incapacidad de satisfacer las nuevas expectativas del público ha dado lugar a lo que el profesor Thomas Skouteris, decano de la facultad de derecho de la Universidad de Khorfakkan, en Emiratos Árabes Unidos, describe como “un ambiente finisecular” en torno al derecho internacional.

En un artículo publicado en septiembre en el Leiden Journal of International Law, Skouteris sostiene: “El léxico del derecho internacional —soberanía, genocidio, agresión— se ha convertido en un elemento ubicuo que satura la atmósfera política de ecos jurídicos. Pero esta prevalencia trae consigo una extraña paradoja. Cuanto más presente parece el derecho internacional, menos decisivo se percibe. Las normas se invocan con mayor frecuencia e intensidad, incluso cuando su capacidad para resolver disputas o prevenir la violencia parece debilitarse. Lo que antes prometía orden se lee cada vez más como una actuación”.

La contradicción llega al extremo cuando los líderes occidentales invocan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o de los tribunales internacionales y, acto seguido, se postran ante Trump, cediendo a sus exigencias, llamándole “papi”, como hizo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y enviando regalos cada vez más lujosos al Rey Sol y a su familia.

Muy pocos se han opuesto a lo que el historiador holandés Rutger Bregman denomina “inmoralidad y falta de seriedad... los dos rasgos que definen a nuestros líderes actuales”.

Tom Fletcher, director de la agencia humanitaria de la ONU (OCHA), ha sido quizá una excepción. El pasado mayo pidió a los diplomáticos de la ONU que reflexionaran, por un momento, sobre qué medidas les “contaremos a las generaciones futuras que se tomaron para detener la atrocidad del siglo XXI de la que somos testigos a diario en Gaza”. “Es una pregunta que escucharemos, a veces con incredulidad, a veces con furia, pero siempre presente, durante el resto de nuestras vidas... Quizás algunos recuerden que, en un mundo transaccional, teníamos otras prioridades. O quizás utilizaremos esas palabras vacías: Hicimos todo lo que pudimos”, advirtió.

El suyo fue un auténtico grito de desesperación. Otro grito de dolor provino del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi. En su intervención en la reunión del Foro de Oslo, un encuentro de mediadores internacionales celebrado en Mascate, la capital de Omán, alertó: “Vamos camino de que ciertos tipos de intervención extranjera —si no la invasión y anexión directas de territorios— se acepten como parte normal de las relaciones internacionales, en lugar de como violaciones ilegales de nuestro orden internacional compartido. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?”.

Al Busaidi afirmó que el problema es anterior a Trump. “La moderación y el respeto por el derecho internacional se abandonaron tras los atentados del 11-S, con el lanzamiento (durante el gobierno de George W. Bush) de no una, sino dos intervenciones extranjeras, en Irak y Afganistán, aparentemente destinadas a eliminar la amenaza terrorista, pero que en realidad funcionaban como proyectos explícitos de cambio de régimen”.

Algunas voces de la izquierda acogen con satisfacción la idea de que el derecho internacional haya pasado al centro del debate coincidiendo con su pérdida de credibilidad. Los críticos comparten la opinión del marxista Perry Anderson, que escribió en New Left Review: “Conforme a cualquier evaluación realista, el derecho internacional no es ni verdaderamente internacional ni genuinamente derecho”.

Estas posturas argumentan que los presidentes estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, siempre han rechazado someterse a las restricciones del derecho. EEUU nunca ha sido parte del Estatuto de Roma ni de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Roosevelt no estaba tan interesado en forjar un club de democracias, sino que quería crear un pacto de estabilidad basado en el derecho con Rusia.

De hecho, el profesor John Dugard, miembro del equipo jurídico sudafricano en la Corte Internacional de Justicia, ha argumentado que la elección de la expresión “orden basado en normas” por parte del equipo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden revelaba ya la ambivalencia de Estados Unidos con el derecho internacional.

Cuanto más presente parece el derecho internacional, menos decisivo se percibe. Las normas se invocan con mayor frecuencia e intensidad, incluso cuando su capacidad para resolver disputas o prevenir la violencia parece debilitarse.

Thomas Skouteris — Decano de la facultad de derecho de la Universidad de Khorfakkan

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, lleva mucho tiempo declarando que EEUU favorece “un orden basado en normas centrado en Occidente como alternativa al derecho internacional”. En mayo de 2021, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, verbalizó la misma crítica durante un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el multilateralismo. “Las normas internacionales deben basarse en el derecho internacional y deben ser redactadas por todos”, afirmó. “No son una patente ni un privilegio de unos pocos. Deben ser aplicables a todos los países y no debe haber lugar para el excepcionalismo ni los dobles raseros”, remachó.

Para gran parte del sur global, las normas ocultan historias de violencia y jerarquía racial. Otros ven el derecho internacional, con sus referencias a la proporcionalidad, la distinción y la necesidad, como un intento inútil de suavizar la brutalidad esencial a la guerra.

Ha quedado en manos de las generaciones más longevas el insistir en que hay algo valioso que merece la pena preservar. Tomemos como ejemplo la respuesta de Christoph Heusgen, presidente saliente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, tras el discurso del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en el que atacó los valores europeos. “Tenemos que temer que nuestra base de valores comunes ya no sea tan común... Está claro que nuestro orden internacional basado en normas está bajo presión”, dijo Heusgen, que durante 12 años fue asesor de la canciller alemana Angela Merkel en materia de seguridad y política exterior. “Creo firmemente que este mundo más multipolar debe basarse en un único conjunto de normas y principios, en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

“Este orden es fácil de perturbar. Es fácil de destruir, pero mucho más difícil de reconstruir. Por lo tanto, aferrémonos a estos valores”, dijo.

Pero Ansari, desanimado tras un año de diplomacia a menudo infructuosa en Oriente Medio, predice que estamos “pasando del orden mundial al desorden”. “No creo que estemos avanzando hacia un sistema multipolar. Ni siquiera creo que estemos avanzando hacia un orden internacional basado en el poder. No creo que estemos avanzando hacia ningún tipo de sistema”, vaticina. “Nos movemos hacia un sistema en el que cualquiera puede hacer lo que quiera, independientemente de si es grande o pequeño. Mientras tengas la capacidad de causar estragos, puedes hacerlo porque nadie te hará responsable”.

Traducción de Emma Reverter.

Este artículo ha sido actualizado por la redacción de elDiario.es.

Un grupo de expertos y relatores especiales de Naciones Unidas han condenado firmemente la operación militar ilegal de Estados Unidos en Venezuela y lo que han calificado de “secuestro forzoso” del presidente Nicolás Maduro y su mujer.

“Estas acciones representan una grave, manifiesta y deliberada violación de los principios más fundamentales del derecho internacional, establecen un precedente peligroso y corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo”, alertan los expertos en un comunicado.

Además de que el uso de la fuerza sobre el territorio soberano de un Estado miembro “constituye una clara violación del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU”, los expertos destacan que “también podría constituir el crimen internacional de agresión atribuible a los líderes políticos y militares involucrados”.

Al ataque estadounidense del día 3, se suma “el conjunto de medidas coercitivas unilaterales previas contra Venezuela, que incluyen un bloqueo naval y la incautación armada de petroleros, así como el asesinato extrajudicial de al menos 115 civiles presuntamente vinculados al narcotráfico”, señalan.

“Todas estas medidas son contrarias al derecho internacional y al derecho humanitario, incluido el derecho no derogable a la vida”, agregan los firmantes, como el exministro de Exteriores de Grecia George Katrougalos, experto independiente sobre el orden internacional, y la argentina Cecilia M. Bailliet, experta en derechos humanos y solidaridad internacional.

En su escrito, los expertos y relatores van más allá de la condena y expresan su preocupación. “Este ataque sin precedentes contra Venezuela no debe verse como un incidente aislado, sino como parte de un patrón más amplio y profundamente preocupante de desconsideración sistemática por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales”.

“Tomadas en conjunto, estas prácticas señalan un desafío deliberado al orden legal internacional y al principio mismo de que el poder debe estar limitado por la ley”, advierten, y agregan: “Si se toleran, tales acciones normalizarían la anarquía en las relaciones internacionales y deteriorarían gravemente el orden global”.

También denuncian las declaraciones de Trump sobre su plan de gobernar Venezuela y explotar sus recursos naturales. “Los vastos recursos naturales de Venezuela no deben ser explotados cínicamente a través de pretextos disfrazados para legitimar la agresión militar, la ocupación extranjera o estrategias de cambio de régimen”, dicen los expertos. “La comunidad internacional, incluidos los Estados y las empresas, tiene la responsabilidad fundamental de abstenerse de ser cómplices en cualquier estrategia imperial que viole los derechos humanos y los principios de no intervención y autodeterminación”.

En ese sentido, señalan que “el futuro de Venezuela debe ser determinado por el pueblo venezolano únicamente, en plena soberanía, a través del diálogo y la rendición de cuentas (...), adhiriendo plenamente a los principios de gobernanza democrática, respeto por los derechos humanos, independencia judicial y espacio cívico”.

Por último, instan a los Estados miembros de Naciones Unidas a “condenar la agresión de EEUU y a actuar de manera decisiva para detener todas las acciones contrarias al derecho internacional”. “Mantener el derecho internacional es un imperativo para la supervivencia de un orden internacional democrático y equitativo basado en el estado de derecho”, concluyen.

Este es el discurso íntegro que pronunció Jeffrey Sachs ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de enero de 2026:

La cuestión que hoy se debate ante el Consejo no es la naturaleza del Gobierno de Venezuela. La cuestión es si cualquier Estado miembro —mediante la fuerza, la coerción o el estrangulamiento económico— tiene derecho a determinar el futuro político de Venezuela o a ejercer control sobre sus asuntos.

Esta cuestión se relaciona directamente con el Artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

El Consejo debe decidir si dicha prohibición se mantiene o se abandona. Abandonarla acarrearía consecuencias de la más grave gravedad.

Déjenme ofrecer un poco de información de contexto:

Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado repetidamente la fuerza, la acción encubierta y la manipulación política para provocar cambios de régimen en otros países. Este asunto está documentado con minuciosidad histórica. En su libro Covert Regime Change (2018), la politóloga Lindsey O’Rourke documenta 70 intentos de operaciones de cambio de régimen por parte de Estados Unidos tan solo entre 1947 y 1989.

Estas prácticas no terminaron con la Guerra Fría. Desde 1989, entre las principales operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos llevadas a cabo sin la autorización del Consejo de Seguridad se incluyen, entre las más importantes: Irak (2003), Libia (2011), Siria (desde 2011), Honduras (2009), Ucrania (2014) y Venezuela (desde 2002).

Los métodos empleados están bien establecidos y documentados. Incluyen la guerra abierta, operaciones encubiertas de inteligencia, instigación de disturbios, apoyo a grupos armados, manipulación de los medios de comunicación y las redes sociales, soborno de funcionarios militares y civiles, asesinatos selectivos, operaciones de falsa bandera y guerra económica destinada a socavar la vida civil.

Estas medidas son ilegales según la Carta de Naciones Unidas y suelen dar lugar a violencia continua, conflictos letales, inestabilidad política y profundo sufrimiento para la población civil.

El historial reciente de Estados Unidos con respecto a Venezuela es claro. En abril de 2002, Estados Unidos tuvo conocimiento y aprobó un intento de golpe de Estado contra el Gobierno venezolano.

En la década de 2010, Estados Unidos financió a grupos de la sociedad civil que participaron activamente en protestas antigubernamentales, especialmente en 2014. Cuando el Gobierno reprimió las protestas, Estados Unidos impuso una serie de sanciones. En 2015, el presidente Barack Obama declaró a Venezuela, abro comillas, “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump discutió abiertamente la opción de que Estados Unidos invadiera Venezuela para derrocar al gobierno. De 2017 a 2020, Estados Unidos impuso amplias sanciones a la petrolera estatal. La producción de petróleo cayó un 75% entre 2016 y 2020, y el PIB real per cápita disminuyó un 62%.

La Asamblea General de la ONU ha votado repetidamente, por abrumadora mayoría, en contra de estas medidas coercitivas unilaterales. Según el derecho internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para imponer tales sanciones.

El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y, unos días más tarde, congeló aproximadamente 7.000 millones de dólares en activos soberanos venezolanos en el extranjero y otorgó a Guaidó autoridad sobre ciertos activos.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos por cambiar el régimen que abarca más de dos décadas.

El año pasado, Estados Unidos llevó a cabo bombardeos en siete países, ninguno de los cuales fue autorizado por el Consejo de Seguridad ni se realizó en legítima defensa conforme a la Carta. Entre los países atacados se encuentran Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y, ahora, Venezuela.

El mes pasado, el presidente Trump lanzó amenazas directas contra al menos seis Estados miembros de la ONU, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, por supuesto, Venezuela. Estas amenazas se resumen en el Anexo I de esta declaración.

Los miembros del Consejo no están llamados a juzgar a Nicolás Maduro. No están llamados a evaluar si el reciente ataque estadounidense y la actual cuarentena naval de Venezuela dan lugar a la libertad o la subyugación. Los miembros del Consejo están llamados a defender el derecho internacional y, específicamente, la Carta de Naciones Unidas.

La escuela realista de relaciones internacionales, articulada brillantemente por John Mearsheimer, describe con precisión la condición de anarquía internacional como “la tragedia de la política de las grandes potencias”. El realismo es, por lo tanto, una descripción de la geopolítica, no una solución para la paz. Su propia conclusión es que la anarquía internacional conduce a la tragedia.

Tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones para poner fin a la tragedia mediante la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las principales naciones del mundo no defendieron el derecho internacional en la década de 1930, lo que provocó una nueva guerra global.

Las Naciones Unidas emergieron de esa catástrofe como el segundo gran esfuerzo de la humanidad por anteponer el derecho internacional a la anarquía. En palabras de la Carta, la ONU fue creada “para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que en dos ocasiones durante nuestra vida ha causado un sufrimiento indescriptible a la humanidad”.

Dado que nos encontramos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad.

Para terminar: La paz y la supervivencia de la humanidad dependen de que la Carta de Naciones Unidas siga siendo un instrumento vivo del derecho internacional o se le permita perder relevancia. Esa es la decisión que hoy tiene ante sí este Consejo.

Quizás la pregunta pueda parecer compleja, pero la respuesta es simple: ¿por qué Donald Trump invade Venezuela y secuestra a Nicolás Maduro? Porque puede.

¿Y por qué puede? Porque tiene la capacidad material para hacerlo, y porque sabe que no va a tener una reacción en contra por parte de la mayoría de los líderes internacionales.

Esa es la diferencia fundamental entre Trump y Maduro, que uno puede hacerlo y el otro no, porque si Nicolás Maduro hubiera podido invadir EEUU y secuestrar a Trump, lo más probable es que lo hubiera hecho bajo cualquier argumento que hubiera considerado oportuno desde su posición.

Y lo habría hecho como Putin se quedó con Crimea y después invadió el resto de Ucrania, como Netanyahu arrasa Gaza y controla Cisjordania, o ataca a cualquier país del entorno, o como, probablemente, Xi Jinping haga con Taiwán, no sé si antes de que Trump se quede con Groenlandia o después. Porque no es una ideología política la que define estas acciones, sino una manera de entender su poder y de entenderse a sí mismos en la forma de ejercerlo.

No es el poder de la posición, este permite contar con los medios materiales para llevar a cabo las acciones, es ese poder material unido a su manera de entender la realidad con ellos en el centro de la misma. Todos los hombres líderes que llegan a ese nivel se mueven dentro del mismo marco y defienden objetivos similares adaptados a cada una de las posiciones particulares, pero la diferencia para salirse de él y abrir un nuevo escenario, como hemos visto en cada uno de los ejemplos citados, está en ellos.

Podemos hablar de narcisismo, de psicopatía, de egolatría, de falta de empatía… y no nos equivocamos, pero la esencia de su conducta radica en un modelo de poder androcéntrico en el que el reconocimiento se basa tanto en el resultado como en la forma de obtenerlo. Y en esa forma de alcanzarlo, la destrucción o sometimiento del adversario es el elemento que más suma para el reconocimiento y el control, por eso Trump elige a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado.

Al final lo que se defiende en un modelo androcéntrico es a todo aquel presentado como “uno de los nuestros”. Es lo mismo que vemos cuando muchos hombres, unos de forma activa, otros pasiva, no se involucran en la lucha contra la violencia de género

Es el esquema básico del modelo, y lo mismo que ser hombre es ser considerado como hombre por el resto de los hombres, ser líder es ser considerado como líder por el resto de los líderes, sobre todo si se quiere ser el “líder supremo”. Sin esa conciencia clara de que van a recibir ese apoyo no se atreverían a actuar de una forma tan descarada y tratarían de justificar de manera diferente sus decisiones, como hizo George W. Bush al inventar las “armas de destrucción masiva” para invadir Iraq. Por eso Trump actúa de una forma tan exhibicionista, porque da prioridad a las formas y porque es consciente de que haga lo que haga va a encontrar un apoyo mayoritario en los líderes de su entorno ideológico, y el respeto del resto, aunque al mismo tiempo expongan algún tipo de matiz sobre el Derecho Internacional y el marco normativo. Él sabe que todo ello es parte del guion que han de seguir, y que lo importante no son las palabras, sino los hechos.

Por eso los que critican a Trump por invadir Venezuela matizarían a Maduro si hubiera invadido EEUU, como Viktor Orbán matiza la conducta de Putin, Trump la de Netanyahu y Macron (y tantos otros) la de Trump.

Al final lo que se defiende en un modelo androcéntrico es a todo aquel presentado como “uno de los nuestros”. Es lo mismo que vemos cuando muchos hombres, unos de forma activa y otros pasiva, no se involucran en la lucha contra la violencia de género y matizan las conductas de los agresores con los mitos creados sobre el alcohol, las drogas o los trastornos mentales. En cambio, sí se posicionan de manera clara para decir que las políticas de igualdad discriminan a los hombres, como dice el 44,1% de los hombres según el CIS (noviembre 2023), o que los hombres han perdido la presunción de inocencia, como manifiesta el 44,9% de los chicos de 15 a 24 años (Centro Reina Sofía, 2023). Y esa justificación del agresor se acompaña de una minimización de los hechos y una responsabilización de la víctima, sea en violencia de género o en la invasión de un país y posterior secuestro de su presidente. Porque lo que se hace con esa actitud es defender el modelo que se comparte, bien para proteger al machismo de los ataques del feminismo o bien al capitalismo del “comunismo bolivariano”. Se defiende el modelo común, aunque luego las estrategias varíen según los objetivos materiales y prioridades de cada caso.

La solución, especialmente en la prevención de este tipo de acciones, no se puede limitar al Derecho Internacional una vez que se hayan producido los hechos, sino que debe centrarse en un cambio cultural que apoye otro tipo de liderazgos

El problema que tienen los que justifican este tipo de violencia es que no son conscientes de que al formar parte de un modelo y de una forma de entender las relaciones de poder, cuando necesiten extender su estrategia y ampliar los objetivos utilizarán su violencia sin ningún problema, incluso contra los que ahora la justifican, como de hecho ya hace Trump con los aranceles. Pero entonces no tendrán legitimidad para cuestionar esas conductas, ni resultarán creíbles ante la sociedad. Es lo que ahora pasa con el PP cuando aceptan la iniciativa de Trump y su ataque al Derecho Internacional renunciando a los instrumentos democráticos que nos hemos dado para resolver estas situaciones, todo porque comparten el rechazo a Nicolás Maduro y a su régimen. Pero qué dirán cuando Trump invada Groenlandia, un territorio de la Unión Europea, ¿también lo justificarán?

No hay verdad en este modelo masculino ni en los hombres que lo justifican, tan solo interés y defensa del marco común que beneficia todos los hombres al perpetuar el modelo androcéntrico y sus privilegios, aunque en cada una de las acciones siempre haya quien se beneficie de manera directa.

La solución, especialmente en la prevención de este tipo de acciones, no se puede limitar al Derecho Internacional una vez que se hayan producido los hechos, sino que debe centrarse en un cambio cultural que apoye otro tipo de liderazgos.