La dirección de la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales SA (Aumsa) del Ayuntamiento de València ha estado marcada por la inestabilidad desde el inicio del mandato de la actual alcaldesa, María José Catalá, hasta el punto que si no hay cambios de última hora este jueves se procederá al nombramiento de su tercer gerente.

Y es que, no fue hasta octubre de 2023 cuando el concejal de Urbanismo, Juan Giner, con el visto bueno de Catalá, cesó al último responsable de Aumsa nombrado en el anterior mandato de Compromís y el PSPV, en concreto, Alberto Aznar, quien fue sustituido semanas después por la experta en derecho inmobiliario y persona de confianza de la alcaldesa, Ana María Gil.

Tan solo un año después, Gil dejó su cargo en Aumsa y fue nombrada directora general del Sector Público, alto cargo adscrito a la alcaldía con un sueldo bruto de 72.634 euros anuales. En su lugar, fue nombrada Covadonga Rico como gerente de la empresa pública por su formación y larga experiencia profesional en la administración pública. Hasta ese momento, ocupaba la Consejería Técnica de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, Rico ha abandonado su cargo por motivos personales. Según la documentación recabada por elDiario.es, el edil Giner tiene previsto proponer este jueves en el consejo de administración de Aumsa a Ignacio Calabuig como nuevo gerente “por su experiencia profesional demostrada durante 20 años en la Administración General del Estado, en la Administración Autonómica y en la Administración local, dentro del Ayuntamiento de Valencia”.

Calabuig fue nombrado en 2007 jefe de gabinete del exconseller fallecido Juan Cotino, en su etapa al frente de Bienestar Social en el Gobierno valenciano de Francisco Camps, y actualmente estaba como asesor del grupo municipal del PP con especial vinculación al área de Urbanismo.

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, fue el director general responsable de las inspecciones técnicas de vehículos cuando los hermanos José y Vicente Cotino hicieron efectivo el 'pelotazo' de las ITV acreditado en el 'Caso Erial'. La tarea de su departamento era, entre otras, realizar “seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”. Bajo su gestión, dos de los empresarios que pagaron comisiones a Eduardo Zaplana revendieron la empresa que recibió la adjudicación del servicio, obteniendo un notable beneficio económico.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que condena al expresidente Eduardo Zaplana a diez años de prisión, acredita que el exministro con Aznar y su entonces jefe de gabinete percibieron comisiones ilícitas tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. También que los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos del exconseller Juan Cotino, pagaron al exmandatario comisiones por las citadas adjudicaciones y posteriormente vendieron su empresa. La mercantil Levantina de Obras y Servicios, del grupo Sedesa, vendió la empresa adjudicataria de las ITV por 37 millones de euros siete años después. Los Cotino confesaron haber pagado comisiones a Zaplana en Luxemburgo y obtuvieron una plusvalía de 86 millones de euros entre las ITV y los parques eólicos.

La sentencia, recurrible, no menciona ni alude al actual responsable de la Generalitat Valenciana, ni lo vincula a los hechos delictivos, pero dibuja un cronograma que coincide con el momento en que el actual jefe del Consell acababa de llegar al departamento competente en las inspecciones. Carlos Mazón fue nombrado director general de Comercio y Consumo en 2003 con el Gobierno de Francisco Camps. En plena batalla política por el control del PP, el joven de Nuevas Generaciones que había sido aupado por Eduardo Zaplana obtuvo un cargo en el Consell presidido por su rival político. Un año después, ya en 2004 y hasta 2007, pasó a ser director general de Consumo y Seguridad Industrial, según figura en su propio currículum, disponible en el portal de transparencia.

El nombramiento de Carlos Mazón fue publicado en el DOGV el 6 de septiembre de 2004 como director general de Seguridad Industrial y Consumo, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Un mes más tarde, el 1 de octubre de 2004, otro decreto firmado por Francisco Camps aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, donde Mazón era director general. En esta norma, donde figuran las responsabilidades de cada departamento, se indica que la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, que ocupa Mazón, es competente en “la elaboración de la normativa y planes de actuación, coordinación y control en las materias de seguridad industrial y metrología”, la “elaboración de estudios, informes y propuestas sobre resolución de expedientes, procedimientos, organización y ordenación en la materia seguridad industrial y metrología” y en “la realización de actuaciones relativas a la autorización, seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”. En 2003 las competencias en seguridad industrial dependían de la Dirección General de Industria y Energía, entonces bajo la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sin referencias concretas en el ROF a las competencias en inspección de vehículos.

En 2005, Mazón, entonces responsable de Industria aseguró que las ITV valencianas “funcionaban con agilidad”. En una información recogida por Las Provincias del 19 de mayo de 2005, el hoy presidente y líder del PP valenciano respondía a una acusación de una asociación de talleres mecánicos que pedía “mayor rigor” en las inspecciones técnicas. Los talleres pidieron participar en las funciones de las ITV que habían sido privatizadas ocho años atrás. La noticia hace referencia a unas declaraciones de Mazón en las que saca pecho de que la Comunitat Valenciana era “pionera” en la incorporación de la prueba contra el ruido. Esta prueba, cuestionada por un informe del Gobierno valenciano, encarecía el precio de la inspección entre 8 y 10 euros para los conductores y es una de las que provoca el desajuste de precios entre comunidades autónomas. El Gobierno valenciano, con la popular Isabel Bonig como consellera del ramo, elaboró un informe que apuntaba a una sobrefacturación de las pruebas, pero una sentencia del TSJ desautorizó el informe del Consell dando la razón a la empresa demandante. Mazón tumbó a Bonig como presidenta del PP valenciano en 2021 con el apoyo de la dirección nacional del PP en la madrileña calle de Génova, que forzó la marcha de la que había sido dirigente durante casi dos legislaturas.

Los hechos probados de Erial

Los hechos probados de la sentencia del 'caso Erial' establecen un cronograma de las adjudicaciones, que recoge la complejidad del proceso técnico. En julio de 1996 se crea una mesa para la racionalización del sector público, en el marco de la que se crea la Mesa de Contratación de las adjudicaciones de las ITV, con el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, como responsable. En este proceso participaron distintos departamentos del Gobierno valenciano.

Uno de los lotes de las inspecciones, el lote 1, se adjudica a una unión de varias empresas, entre las que están las de los Cotino. Dice la sentencia: “El lote 1 se adjudicó a la UTE Valenciana de Revisiones SL, formada por las empresas Servicios de Excavaciones (Asedes Capital), Levantina de Obras y Servicios (LOE) y la sociedad Iteuve. El canon fijado para la adjudicación de dicho lote fue de 5.823.318,12 euros”. Asedes Capital formaba parte del Grupo Sedesa, donde operaban los hermanos y su tío.

La sentencia, en sus hechos probados, prosigue: “Levantina de Obras y Servicios (LOE) adquirió la totalidad de las participaciones de Servicios de Excavaciones en fecha 8 de octubre de 2002 y Servicios de Excavaciones en fecha 10 de mayo de 2002 había adquirido la totalidad de las participaciones del capital en poder de Iteuve”, y después: “La resolución de 31 de octubre de 2002 de José Antonio Manteca Pérez, Secretario General de la Consellería de Industria, Comercio y Energía, autorizó la subrogación del lote 1 a la mercantil Valenciana de Revisiones SL”.

El fallo señala que la empresa de los Cotino, Levantina de Obras y Servicios, del grupo Sedesa, vendió sus participaciones en escritura pública del 29 de noviembre de 2004 por 43 millones de euros, aunque finalmente obtuvo 37 millones. En ese momento, y según el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Mazón llevaba dos meses en la dirección general competente en las ITV, aunque el texto judicial no hace ninguna mención a su responsabilidad. Ni el actual presidente ni el departamento que gestionaba aparecen citados en el texto de la Audiencia Provincial de Valencia, pese a ocupar el cargo. Cuando al presidente de la Generalitat le preguntaron por la condena a su antecesor, se limitó a manifestar respeto por las decisiones judiciales. La oposición en las Corts Valencianes, formada por el PSPV y Compromís, le recordó a Mazón sus vínculos con Zaplana: “Es su hijo político”.

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, va ser el director general responsable de les inspeccions tècniques de vehicles quan els germans José i Vicente Cotino van fer efectiu el 'colp' de les ITV acreditat en el 'Cas Erial'. La tasca del seu departament era, entre d'altres, fer “seguiment i control de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles”. Davall la seua gestió, dos dels empresaris que van pagar comissions a Eduardo Zaplana van revendre l'empresa que havia rebut l'adjudicació del servei i van obtenir un benefici econòmic notable.

La sentència de la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, que condemna l'expresident Eduardo Zaplana a deu anys de presó, acredita que l'exministre amb Aznar i el seu cap de gabinet van percebre comissions il·lícites després d'intervenir en el procés d'adjudicació de la privatització de les ITV. També que els germans Vicente i José Cotino, nebots de l'exconseller Juan Cotino, van pagar a l'exmandatari comissions per les adjudicacions esmentades i posteriorment van vendre la seua empresa. La mercantil Levantina de Obras y Servicios del grup Sedesa va vendre l'empresa adjudicatària de les ITV per 37 milions d'euros set anys després. Els Cotino van confessar haver pagat comissions a Zaplana en Luxemburg i van obtenir una plusvàlua de 86 milions d?euros entre les ITV i els parcs eòlics.

La sentència, recurrible, no esmenta ni al·ludeix a l'actual responsable de la Generalitat Valenciana, ni el vincula als fets delictius, però dibuixa un cronograma que coincideix amb el moment en què l'actual cap del Consell acabava d'arribar al departament competent en les inspeccions. Carlos Mazón va ser nomenat director general de Comerç i Consum el 2003 amb el Govern de Francisco Camps. En plena batalla política pel control del PP, el jove de Noves Generacions que havia estat enfilat per Eduardo Zaplana va obtenir un càrrec al Consell presidit pel seu rival polític. Un any després, ja el 2004 i fins al 2007, va passar a ser director general de Consum i Seguretat Industrial, segons figura al seu propi currículum, disponible en el portal de transparència.

El nomenament de Carlos Mazón va ser publicat al DOGV el 6 de setembre de 2004 com a director general de Seguretat Industrial i Consum, de la Conselleria dEmpresa, Universitat i Ciència. Un mes més tard, l'1 d'octubre del 2004, un altre decret signat per Francisco Camps aprova el Reglament Orgànic i Funcional (ROF) de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, on Mazón era director general. En aquesta norma, on figuren les responsabilitats de cada departament, s'indica que la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum, que ocupa Mazón, és competent en “l'elaboració de la normativa i els plans d'actuació, coordinació i control en les matèries de seguretat” industrial i metrologia“, l'”elaboració d'estudis, informes i propostes sobre resolució d'expedients, procediments, organització i ordenació en la matèria seguretat industrial i metrologia“ i en ”la realització d'actuacions relatives a l'autorització, seguiment i control de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles“. El 2003 les competències en seguretat industrial depenien de la Direcció General d'Indústria i Energia, aleshores sota la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sense referències concretes en el ROF a les competències en inspecció de vehicles.

El 2005, Mazón, llavors responsable d'Indústria va assegurar que les ITV valencianes “funcionaven amb agilitat”. En una informació recollida per Las Provincias del 19 de maig del 2005, l'avui president i líder del PP valencià responia a una acusació d'una associació de tallers mecànics que demanava “major rigor” a les inspeccions tècniques. Els tallers van demanar participar en les funcions de les ITV que havien estat privatitzades vuit anys enrere. La notícia fa referència a unes declaracions de Mazón en què trau pit pel fet que la Comunitat Valenciana era “pionera” en la incorporació de la prova contra el soroll. Aquesta prova, qüestionada per un informe del Govern valencià, encaria el preu de la inspecció entre 8 i 10 euros per als conductors i és una de les que provoca el desajust de preus entre comunitats autònomes. El Govern valencià, amb la popular Isabel Bonig com a consellera del ram, va elaborar un informe que apuntava a una sobrefacturació de les proves, però una sentència del TSJ va desautoritzar l'informe del Consell donant la raó a l'empresa demandant. Mazón va tombar Bonig com a presidenta del PP valencià el 2021 amb el suport de la direcció nacional del PP al carrer madrileny de Gènova, que va forçar la marxa de la que havia estat dirigent durant gairebé dues legislatures.

Els fets provats d'Erial

Els fets provats de la sentència del 'cas Erial' estableixen un cronograma de les adjudicacions, que recull la complexitat del procés tècnic. El juliol del 1996 es crea una taula per a la racionalització del sector públic, en el marc de la qual es crea la Mesa de Contractació de les adjudicacions de les ITV, amb l'excap de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García, com a responsable. En aquest procés van participar diferents departaments del Govern valencià.

Un dels lots de les inspeccions, el lot 1, s'adjudica a una unió de diverses empreses, entre les quals hi ha les dels Cotino. Diu la sentència: “El lot 1 es va adjudicar a l'UTE Valenciana de Revisiones SL, formada per les empreses Servicios de Excavaciones (Asedes Capital), Levantina de Obras y Servicios (LOE) i la societat Iteuve. El cànon fixat per a l'adjudicació de aquest lot va ser de 5.823.318,12 euros”. Asedes Capital formava part del Grup Sedesa, on operaven els germans i el seu oncle.

La sentència, en els seus fets provats, prossegueix: “Levantina de Obras y Servicios (LOE) va adquirir la totalitat de les participacions de serveis d'excavacions en data 8 d'octubre de 2002 i Servicios de Excavaciones, en data 10 de maig de 2002. havia adquirit la totalitat de les participacions del capital en poder d'Iteuve”, i després: “La resolució de 31 d'octubre del 2002 de José Antonio Manteca Pérez, Secretari General de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia, va autoritzar la subrogació del lot 1 a la mercantil Valenciana de Revisiones SL”.

La decisió assenyala que l'empresa dels Cotino, Levantina de Obras y Servicios, del grup Sedesa, va vendre les seues participacions en escriptura pública del 29 de novembre del 2004 per 43 milions d'euros, encara que finalment en va obtenir 37 milions. En aquell moment, i segons el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Mazón feia dos mesos que estava en la direcció general competent de les ITV, encara que el text judicial no fa cap menció a la seua responsabilitat. Ni l'actual president ni el departament que gestionava apareixen citats en el text de l'Audiència Provincial de València, malgrat ocupar el càrrec. Quan al president de la Generalitat li van preguntar per la condemna al seu antecessor, es va limitar a manifestar respecte per les decisions judicials. L'oposició a les Corts Valencianes, formada pel PSPV i Compromís, va recordar a Mazón els seus vincles amb Zaplana: “És el seu fill polític”.

Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán', se deja ver en público en contadas ocasiones. Este viernes fue una de ellas. Compareció citada como testigo en el juicio en el que el exministro Eduardo Zaplana se sienta en el banquillo de los acusados. García Paesa fue la gestora de los fondos en Luxemburgo de la presunta trama corrupta de Zaplana. La mujer, con un ligero acento francés, explicó que se dedica a la domiciliación y estructuración de sociedades 'offshore' en Luxemburgo donde tiene “despacho propio” desde 2001. Su relación familiar y profesional con su tío Paco Paesa, fallecido por segunda vez el 3 de mayo de 2023 —fingió su muerte en 1998, en pleno escándalo del 'caso Roldán'— la catapultó a ser retratada en la película El hombre de las mil caras, cuyo papel interpreta la actriz Alba Galocha.

La abogada, imputada en el 'caso Defex' en la Audiencia Nacional (una causa por la que pasó 85 días en prisión preventiva), se prestó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el marco del 'caso Erial'. La testigo confirmó en el juicio que Juan Cotino, siendo director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, le llevó personalmente más de 600.000 euros en metálico al Gran Ducado. Sin embargo, con quien mantenía contacto para la gestión de las dos sociedades era con el empresario Vicente Cotino.

“Los bancos [en Luxemburgo] no hacían más preguntas de las necesarias, sabiendo quién era el cliente físicamente y que el dinero salía legalmente de España”, explicó la testigo. “Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, apostilló.

El tinglado luxemburgués que montó García Paesa para el clan político-empresarial de los Cotino recibió 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza entre 2005 y 2009 en comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico. 

“Como cliente, Vicente Cotino era una perla, el cliente ideal, ejemplar”, afirmó ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. El empresario acudía con su avión privado al Gran Ducado varias veces al año para aprobar las cuentas o reunirse con el banco y el resto de gestiones recaían, telefónicamente, en el director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez, ya fallecido. “No es un viaje de placer, no hay playas y no hace buen tiempo”, dijo en referencia a Luxemburgo.

A partir del traspaso accionarial, en 2009, los fondos acabaron en manos de Joaquín Barceló 'Pachano', amigo de la infancia y testaferro confeso de Eduardo Zaplana, y de Juan Francisco García, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana. Beatriz García Paesa se desvinculó de los fondos y entró en escena la 'lavadora internacional' del abogado uruguayo Fernando Belhot. Éste último declaró en el juicio que García Paesa le habría dicho que los fondos eran de Eduardo Zaplana. Sin embargo, la aludida negó que conociera el papel de Zaplana, con quien no habló “jamás”, según dijo tajante.

“Para mí Zaplana formaba parte del mundo de la política española y jamás en mi vida he sabido nada de él ni tengo idea de quién es. Su nombre nunca fue mencionado por ninguno de los intervinientes, jamás”, declaró.

Beatriz García Paesa tuvo algunas lagunas de memoria y adujo el tiempo transcurrido desde los hechos y que se encargaba de “muchísimos sociedades”. Las empresas de la trama del 'caso Erial' formaban parte “de las 120 sociedades que gestionaba en aquella época”. Una cifra muy por debajo de las “dos mil y pico” sociedades que dijo haber mantenido su homólogo uruguayo, el abogado fiduciario Fernando Belhot.

La mujer detalló las complejidades de su trabajo, tal como había hecho ante la jueza instructora en una suerte de lección magistral sobre el blanqueo de capitales. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, le preguntó en el juicio por la “confianza” con el cliente en este tipo de operaciones. “Tenemos esa facultad de domiciliar sociedades financieras, que no sean comerciales”, dijo. Las sociedades, más allá de canalizar las mordidas, tuvieron una actividad “mínima”, según afirmó.

Beatriz García Paesa se presentó como una “profesional”. Una tarea no exenta de problemas y sustos: una de las sociedades que usó para gestionar fondos de la trama del 'caso Erial' (Alza Imo Invest SA) también había sido utilizada en una operación inmobiliaria en Marbella de un cliente francés, que nada tenía que ver con la trama del exministro español del PP.

Cuando el despacho de García Paesa, en el número 5 del Bulevar Royal de Luxemburgo, fue registrado el 8 de enero de 2019 en presencia de las autoridades españolas y de sus abogados, François Prum y Aurore Merz-Spet, resultó que la documentación sobre la empresa estaba en manos de la justicia francesa.

Cuatro años antes, las autoridades francesas, por orden del famoso juez Renaud Van Ruymbeke, habían registrado el despacho de Beatriz García Paesa en busca de la documentación sobre la misma sociedad. Al usar precisamente esa empresa para diferentes operaciones de clientes distintos, un juez francés y una magistrada española siguieron la pista de la misma firma 'offshore'. “Son operaciones financieras”, explicó este viernes en el juicio.

En su despacho trabajaban como fiduciarios el abogado Federico Cannizzaro di Balmontino, condenado a cuatro años y medio de prisión en Italia por una trama que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori, y el consul honorario de Uruguay, Alexis Kamarowsky. “Eran los socios que trabajaban en la sociedad fiduciaria”, explicó a preguntas del fiscal anticorrupción.

Beatriz García Paesa, neboda del famós espia implicat en el 'cas Roldán', ha confirmat que Juan Cotino li va entregar a la mà 600.000 euros en metàl·lic sent director general de la Policia amb el Govern del PP de José María Aznar. García Paesa ha comparegut, per videoconferència des de Luxemburg, com a testimoni per relatar l'estructura societària que va muntar al Gran Ducat per a la família Cotino. A Juan Cotino només el va conèixer una vegada, quan va anar a lliurar els fons que van servir per dotar de capital social una de les empreses. Qui s'encarregava de les gestions habituals era l'empresari Vicente Cotino, el nebot del llavors director general de la Policia.

“Els bancs no feien més preguntes de les necessàries, sabent qui era el client físicament i que els diners eixien legalment d'Espanya”, ha explicat. “Des d'aleshores ha canviat molt la legislació”, ha aclarit. L'advocada està especialitzada en domiciliació de societats 'offshore' i en dret fiscal. Beatriz García Paesa, imputada al 'cas Defex' a l'Audiència Nacional, va col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció i va eixir indemne del 'cas Erial'.

L'empresari Vicente Cotino va exercir d'administrador únic i apoderat de les societats luxemburgueses. Cotino hi acudia “una o dues vegades a l'any”, acompanyat del director financer de Sedesa, José Vicente Álvarez per a les gestions dels fons. “Era gairebé un regal per a nosaltres”, ha dit Beatriz García Paesa.

“El 2005 o el 2006 se'm comunica que hi ha un canvi d'accionistes”, ha relatat. Les dues societats van passar a pertànyer a Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confés de Zaplana, i a Juan Francisco García, el seu cap de gabinet. “Em va comentar Vicente Cotino que hi havia un canvi de societats, una per a Joaquín Barceló i una altra per a Juan Francisco García”, ha detallat la testimoni.

Amb les empreses a Luxemburg, els Cotino van col·locar les mossegades per l'adjudicació d'un dels lots de l'adjudicació de les ITV que, en una segona fase de la trama, van passar a mans del testaferro confés de Zaplana i del seu cap de gabinet.

Qui s'encarregava de les gestions a Espanya va ser Francisco Grau, assessor fiscal de Zaplana també acusat en la causa. “Grau s'encarregava de la meua feina a Espanya”, va afegir. En definitiva, Beatriz García Paesa ha confirmat que Pachano no pintava res, només en prestava el nom. “Barceló em va dir que per a tots els temes fiscals parlara amb el senyor Grau, sempre et diuen qui és la persona de contacte”, ha afirmat.

L'advocada ha negat que conegués Eduardo Zaplana. “El seu nom mai va ser esmentat per cap dels interventors”, ha declarat. “En un moment donat, entra en contacte Fernando Belhot, que coneixia”, ha explicat García Paesa. “Francisco Grau ja estava fora del tema quan entra Belhot i deixe de tindre contacte”, ha afegit. Amb l'entrada en escena de l'advocat uruguaià, blanquejador confés, els fons es van traslladar de Luxemburg a diverses destinacions, com Andorra o Panamà en una segona fase de la presumpta trama corrupta.

La “confiança” del client

Beatriz García Paesa ha explicat que la “confiança” amb el client és la base fonamental de la seua feina. “Tenim [a Luxemburg] aquesta facultat de domiciliar societats financeres, que no siguen comercials (...). El client confia en tu”, ha afirmat.

La declaració de l'advocada apunta l'acusació contra Zaplana. La comissió rogatòria de Luxemburg ja va confirmar durant la fase d'instrucció del 'cas Erial' que Juan Cotino va ingressar al Gran Ducat els més de 600.000 euros que van servir per crear les dues societats. L'empresari Vicente Cotino va confessar en el judici que va ser el seu oncle qui va orquestrar la mossegada per l'adjudicació a Sedesa del lot de les ITV, amb la revenda de les quals l'empresa familiar va obtindre una plusvàlua de 43 milions d'euros. Juan Francisco García, excap de gabinet de Zaplana, també va assegurar que Juan Cotino va proposar la mossegada. Per la seua banda, Pachano també va confessar que exercia de testaferro de Zaplana. Per arrodonir, l'advocat uruguaià Fernando Belhot també va relatar els detalls de la trama.

Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán', ha confirmado que Juan Cotino le entregó en mano 600.000 euros en metálico siendo director general de la Policía con el Gobierno del PP de José María Aznar. García Paesa ha comparecido, por videoconferencia desde Luxemburgo, como testigo para relatar la estructura societaria que montó en el Gran Ducado para la familia Cotino. A Juan Cotino sólo lo conoció una vez, cuando acudió a entregar los fondos que sirvieron para dotar de capital social a una de las empresas. Quien se encargaba de las gestiones habituales era el empresario Vicente Cotino, el sobrino del entonces director general de la Policía. 

“Los bancos no hacían más preguntas de las necesarias, sabiendo quién era el cliente físicamente y que el dinero salía legalmente de España”, ha explicado. “Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, ha aclarado. La abogada está especializada en domiciliación de sociedades 'offshoree' y en derecho fiscal. Beatriz García Paesa, imputada en el 'caso Defex' en la Audiencia Nacional, colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y salió indemne del 'caso Erial'.

El empresario Vicente Cotino ejerció de administrador único y apoderado de las sociedades luxemburguesas. Cotino acudía “una o dos veces al año”, acompañado del director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez para las gestiones de los fondos. “Era casi un regalo para nosotros”, ha dicho Beatriz García Paesa.

“En 2005 o 2006 se me comunica que hay un cambio de accionistas”, ha relatado. Las dos sociedades pasaron a pertenecer a Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Zaplana, y a Juan Francisco García, su jefe de gabinete. “Me comentó Vicente Cotino que había un cambio de sociedades, una para Joaquín Barceló y otra para Juan Francisco García”, ha detallado la testigo.

Con las empresas en Luxemburgo, los Cotino colocaron las mordidas por la adjudicación de uno de los lotes de la adjudicación de las ITV que, en un asegunda fase de la trama, pasaron a manos del testaferro confeso de Zaplana y de su jefe de gabinete.

Quien se encargaba de las gestiones en España fue Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana también acusado en la causa. “Grau se encargaba de mi trabajo en España”, agregó. En definitiva, Beatriz García Paesa ha confirmado que Pachano no pintaba nada, sólo prestaba su nombre. “Barceló me dijo que para todos los temas fiscales hablara con el señor Grau, siempre te dicen quién es la persona de contacto”, ha afirmado.

La abogada ha negado que conociera a Eduardo Zaplana. “Su nombre nunca fue mencionado por ninguno de los intervinieres”, ha declarado. “En un momento dado, entra en contacto Fernando Belhot, al que conocía”, ha explicado García Paesa. “Francisco Grau ya estaba fuera del tema cuando entra Belhot y dejo de tener contacto”, ha agregado. Con la entrada en escena del abogado uruguayo, blanqueador confeso, los fondos se trasladaron de Luxemburgo a varios destinos, tales como Andorra o Panamá en una segunda fase de la presunta trama corrupta.

La “confianza” del cliente

Beatriz García Paesa ha explicado que la “confianza” con el cliente es la base fundamental de su trabajo. “Tenemos [en Luxemburgo] esta facultad de domiciliar sociedades financieras, que no sean comerciales (...). El cliente confía en ti”, ha afirmado.

La declaración de la abogada apuntala la acusación contra Zaplana. La comisión rogatoria de Luxemburgo ya confirmó durante la fase de instrucción del 'caso Erial' que Juan Cotino ingresó en el Gran Ducado los algo más de 600.000 euros que sirvieron para crear las dos sociedades. El empresario Vicente Cotino confesó en el juicio que fue su tío quien orquestó la mordida por la adjudicación a Sedesa del lote de las ITV, con cuya reventa la empresa familiar obtuvo una plusvalía de 43 millones de euros. Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, también aseguró que Juan Cotino propuso la mordida. Por su parte, Pachano también confesó que ejercía de testaferro de Zaplana. Para redondear, el abogado uruguayo Fernando Belhot también relató los detalles de la trama.

Juan Gabriel Cotino Ferrer fue uno de los máximos exponentes del sector del Opus Dei del PP valenciano. Entre 1996 y 2002, ejerció, además, el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Después, el expresident valenciano Francisco Camps también encontraría en Cotino un gran apoyo. El nombre del político, fallecido en 2020, salió a relucir esta semana en el juicio del 'caso Erial' con la confesión de su propio sobrino, el empresario Vicente Cotino, sobre la mordida millonaria abonada en Luxemburgo a la presunta red corrupta de Eduardo Zaplana a cuenta del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación de uno de los lotes a la firma Sedesa, propiedad de los Cotino.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Así, el político del PP fue el artífice de la mordida a Zaplana, según han confirmado en el juicio del 'caso Erial' tanto Juan Francisco García como los dos sobrinos del político, los empresarios Vicente y José Cotino. Los tres han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena. “Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. 

La triple confesión acredita lo que las pesquisas del 'caso Erial' pudieron rastrear en Luxemburgo durante la instrucción secreta comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al Gran Ducado voló Cotino el 9 de mayo del 2001 para entregar en mano más de 600.000 euros a Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía y la abogada responsable de montar el tinglado societario con el que la trama canalizó las mordidas. Su tío, Francisco Paesa, falleció el 3 de mayo de 2023 a los 87 años a las afueras París, tras haber simulado su muerte en 1998, en una jugada propia de la picaresca española más que del proceloso mundo del espionaje y de las cloacas del Estado.

Tanto Beatriz García Paesa, que se prestó a colaborar con la investigación, como las autoridades de Luxemburgo, en respuesta a una comisión rogatoria, acreditaron el trasvase del dinero, tal como informó elDiario.es. Con los fondos se constituyó la sociedad pantalla para ocultar las mordidas. Cuatro días antes, Juan Cotino se había reunido con Zaplana, según las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Con los fondos entregados por Cotino, se constituyó el capital social de la empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros de mordidas desde cuentas bancarias en España y Suiza. La abogada, imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex, declaró que mantenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo”. El clan político-empresarial poseía un avión privado.

El viaje de Cotino a Luxemburgo

La escena fue prácticamente cinematográfica: un director general de la Policía llevando más de 600.000 euros en metálico a un país extranjero para urdir una sociedad 'offshore' con la sobrina del espía protagonista del 'caso Roldán', una causa que afectó de lleno al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. De hecho, en la película El hombre de las mil caras, dirigida por Alberto Rodríguez, la actriz Alba Galocha interpreta el papel de una joven Beatriz García Paesa.

Si bien el apellido de la abogada española afincada en Luxemburgo ya resultaba enormemente llamativo (a tenor de su papel en uno de de los casos más sonados de la historia reciente de España) su despacho tampoco estaba exento de personajes con un currículum dudoso: uno de los letrados del bufete, Federico Cannizzaro di Balmontino, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal italiano a cuenta de una trama que usó sociedades 'offshore' en Luxemburgo y Uruguay.

La carrera política de Juan Cotino se trasladó al territorio valenciano. Entre 2002 y 2004, fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana. Tras esa etapa se incorporó al Gobierno de Camps como conseller, sucesivamente, de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. También fue presidente de las Corts Valencianes entre 2011 y 2014.

Sus contactos en el seno de la Policía propiciaron ciertos chivatazos, como el que reconoció el excomisario José Manuel Villarejo a cuenta de los registros policiales del 'caso Gürtel' y del 'caso Brugal'.

Zaplana: “Nos llevábamos fatal”

Cotino acabó convirtiéndose en el perejil de todos los escándalos de corrupción del PP valenciano. Su doble condición de político conservador y de empresario de una firma especializada en obra pública llevó a que el apellido aflorara en numerosas causas. Sin embargo, sólo se sentó en el banquillo en 2020, con ocasión del juicio en la Audiencia Nacional por los amaños de la trama Gürtel en la contratación de la visita del Papa a València. Cotino se enfrentaba a una petición de pena de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Tras la suspensión del juicio, a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, Cotino falleció el 13 de abril de 2020 a causa del coronavirus. Automáticamente, su responsabilidad penal en 'Gürtel' y en el 'caso Erial', en el que figuraba como investigado, se extinguió. Tras su muerte, dejó en herencia una empresa con un patrimonio neto de 10,5 millones de euros, además de 2.500 acciones de la energética italiana IFV Energy SRL por un valor total de 398.157,12 euros.

Sobre el fallecido expolítico recayeron esta semana las confesiones de sus dos sobrinos y del exjefe de gabinete de Zaplana. El exministro de Trabajo, por su parte, aludió a la mala relación política con Juan Cotino, en el contexto de la guerra interna en el seno del PP valenciano entre 'campistas' y 'zaplanistas', para refutar las confesiones de sus compañeros de banquillo. “Nos llevábamos fatal”, dijo Zaplana en referencia al finado.

Este lunes fallecía en València a los 70 años de edad Juan Cotino, el que fuera vicepresidente valenciano, conseller, presidente de las Corts y responsable de la Policía con José María Aznar, a causa de las complicaciones derivadas de la COVID-19. El que fuera máximo exponente del ala cristiana del PP valenciano moría semanas después de ser ingresado en el hospital de Manises por coronavirus -desde el 22 de marzo se encontraba en la UCI-.

El ingreso hospitalario se produjo el pasado 17 de marzo, apenas unos días después de visitar Madrid, donde se sentó en el banquillo de los acusados como imputado en el juicio de Gürtel por las contrataciones irregulares con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006.

Precisamente esta es una de las tres investigaciones judiciales en las que aparece como encausado el exdirigente popular, que según la Fiscalía Anticorrupción actuaba como “factótum” en la Generalitat y en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, aunque formalmente no ocupaba ningún cargo: “Manejaba desde atrás la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que se asignara a RTVV la responsabilidad (e incompresiblemente la carga de la financiación) de la contratación” con la trama Gürtel. 

Otro de los juicios en los que el expresidente del parlamento autonómico figura como imputado es el caso Erial, que investiga las presuntas mordidas recibidas por el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana durante su época como presidente de la Generalitat Valenciana por el supuesto amaño de los concursos de adjudicación de las ITV y el Plan Eólico. La titular del juzgado de Instrucción número 8 de València, que lleva el caso, había citado a declarar a Cotino -así como a su sobrino, el financiador confeso del PP valenciano Vicente Cotino, o al propio Zaplana-.

Hay una tercera causa en la que el que fue 'superconseller' de Francisco Camps está involucrado. Se trata de la causa, todavía en fase de instrucción, por las presuntas irregularidades en la contratación de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias. Cotino declaró como investigado en el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia en mayo del pasado año. Se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad por las supuestas irregularidades en las contrataciones por parte de la fundación que organizó la visita del Papa a València en 2006.

El papel del exdirector general de la Policía en estas tramas corruptas queda en el aire después de su fallecimiento. Tal y como sucediera con la exalcaldesa de València Rita Barberá, cuya muerte en noviembre de 2016 le sobrevino antes de que el Tribunal Supremo decidiera sobre su imputación en el caso Imelsa por el 'pitufeo' en el grupo municipal del PP en València y su posible imputación fue archivada, no podrá depurarse la posible responsabilidad de Cotino en estas investigaciones.

El exdirector general de la Policía también saltó a la palestra después de que las víctimas del accidente de metro de Valencia de 2006, en el que fallecieron 43 personas y resultaron heridas 47, le acusaran de haberles ofrecido trabajo a cambio de que no denunciaran. Cotino apareció en el programa televisivo 'Salvados' en el que respondía con silencios a las preguntas de Jordi Évole.

“Juan Cotino actuaba como factótum en la Generalitat y en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, aunque formalmente no ostentaba ningún cargo, manejando desde atrás la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que se asignara a RTVV la responsabilidad (e incompresiblemente la carga de la financiación) de la contratación” con la trama Gürtel. Esta es la conclusión a la que la Fiscalía Anticorrupción llega tras la investigación del saqueo a los fondos de Canal 9 para retransmitir la vista del Papa a València en el año 2006 y que le ha servido para sentar en el banquillo por primera vez al que fuera director general de la policía con José María Aznar, “superconseller” de Francisco Camps y presidente del Parlamento Valenciano.

Porque si alguien ha definido bien a Juan Cotino con una sola palabra ha sido Anticorrupción. “Factotum” del PP valenciano y de la democracia cristiana en la Comunitat Valencia. El padre, e incluso el padrino, de todos aquellos que carecían de familia política pero que quisieron hacer carrera en un partido que consiguió casi el 55% de los votos de los valencianos y tuvo más de 100.000 afiliados en un territorio con cinco millones de habitantes. En la actualidad, la formación no llega ni a los 9.000 militantes con cuota.

Juan Cotino es un empresario del campo que con su vinculación al mundo de la política desde los años 80 consiguió que la empresa de su familia, la constructora y firma de servicios Sedesa, se convirtiera en una multinacional dirigida por su sobrino Vicente Cotino –condenado por la financiación ilegal del PP–, que se llegó a plantear la construcción hasta de un circuito de motociclismo en Hungría. Por la venta de sus participaciones en Sedesa, Cotino se embolsó 11 millones de euros en 2006 siendo conseller de Francisco Camps. Nunca declaró en Les Corts ese dinero.

Porque millonario era Juan Cotino y por eso era importante. Por su dinero y por el poder que le daba tenerlo. El expresidente de Les Corts quiso dotar de contenido demócrata-cristiano a su partido, para lo que lanzó la Fundación Vives, donde se formaron importantes cargos del PP valenciano como el actual miembro de la dirección de Pablo Casado, César Sánchez. Montó convivencias en su alquería con periodistas y compañeros y hasta se hizo con el control de medios de comunicación. Desde 2010 nombra al vicepresidente de 13 TV tras invertir dos millones de euros de su bolsillo. Pero también en la televisión del Arzobispado de València, La 8, donde participa en la propiedad e influye actualmente de manera importante en su línea editorial. Supervisó personalmente las obras de los nuevos platós.

Pero además de dinero, imprimió carácter en el partido. Y miedo. Su paso por la jefatura de la Policía Nacional le dio contactos e información privilegiada. 15 años después de dejar el cargo en el cuerpo de policía, todavía lo invitan a dar charlas de ética a los agentes, como reveló eldiario.es. Que le pregunten a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Siendo portavoz de Compromís en la oposición, para frenar sus críticas a Camps con las conocidas camisetas, Cotino aireó en el Parlamento valenciano –a modo de aviso– datos confidenciales de un expediente administrativo de sus hijos. Se montó un gran escándalo, pero nadie investigó por qué el político tenía unos datos tan sensibles.

Cotino ha sido y es una pieza clave en el partido porque, como declaró Álvaro Pérez El Bigotes, por “él pasaba todo, lo confesable y lo inconfesable”. La Justicia ha descubierto que fue el político personalmente quien siendo director general de la Policía abrió la cuenta en Luxemburgo a través de la cual pagaría 600.000 euros de la primera mordida a la trama de Eduardo Zaplana por la adjudicación del plan eólico y las ITV. Con el dinero en metálico recorrió en coche en 2001 España y Francia para entregar el dinero en la entidad bancaria. De película.

Por este contrato, su sobrino ingresaría más de 80 millones de euros meses después por la venta de los derechos que le había adjudicado el Gobierno de Zaplana en las ITV.

Cotino fue quien supervisó y controló la visita del Papa a València y por eso será juzgado en las próximas semanas. Conocida es su vinculación a la Iglesia, es numerario del Opus Dei, y los favores que le hizo. Junto a Francisco Camps permitió que la Universidad Católica naciera, se expandiera por el centro de València y se haya convertido en una máquina de hacer dinero y alumnos. En esa guerra, la universidad del Arzobispado de Valencia intentó aparcar al CEU, propiedad de los Propagandistas de Cristo, con la apertura de Medicina –la carrera más demandada– gracias a los favores políticos del PP de Camps y Cotino.

Este lunes arranca la primera prueba de fuego ante un tribunal. Solo es el principio de su vía crucis judicial. ¿El final del factótum?

Un chaquetón para Juan Cotino; trajes, un Mini y 500.000 euros para el exdirector general de RTVV (Canal 9) Pedro García; 200.000 para el expresidente de Repsol Ramón Blanco Balín y 2,6 millones para la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Así se hizo el reparto, según la Fiscalía Anticorrupción, del dinero saqueado a la televisión pública valenciana por el montaje de pantallas gigantes para seguir la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006. El juicio de esta pieza separada del caso Gürtel arranca este lunes en la Audiencia Nacional con 23 procesados y petición de penas de hasta 40 años de cárcel.

Corría el año 2006 y, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno de España desde 2004, la trama Gürtel había centrado todas sus fuerzas en su delegación valenciana, liderada por su comercial en la zona Álvaro Pérez El BigotesEl Bigotes. El PP de Francisco Camps –formación condenada ya en la Audiencia Nacional por financiación ilegal– convirtió la Comunitat Valenciana en esos años en centro de grandes eventos que servirían para extraer recursos públicos destinados a engrosar las cuentas del partido a través de contratistas y administraciones. También para el enriquecimiento de algunos políticos y empresarios.

Pese a la filiación democristiana del PP, este saqueo sistemático no fue menos en la visita del Papa a València de julio de 2006. Miembros del PP no dudaron en urdir un plan para obtener fondos ilícitos de este acontecimiento que, en este caso, se extrajeron de la extinta televisión pública Canal 9. Los investigadores consideran que la Fundación V Encuentro de las Familias –la autorizada por El Vaticano para organizar el evento– firmó un convenio con la Radio Televisión Valenciana (RTVV) para el montaje de pantallas gigantes expresamente para que la trama Gürtel se hiciera con el contrato y repartiera las mordidas y prebendas entre los facilitadores.

Entienden las acusaciones que los cerebros de la operación fueron el exdirector general de la policía con Aznar y expresidente de las Corts, Juan Cotino; el empresario Francisco Correa y el exdirector general del PP, Pedro García.

Cotino, como hombre en la sombra y hacedor en la Fundación V Encuentro de las Familias, fue quien habría ayudado a legitimar el contrato con el Vaticano, puesto que nada se podía hacer vinculado al Papa sin la autorización de la entidad. Correa habría puesto la infraestructura de sus empresas para facturar servicios y García el dinero público saltándose el procedimiento legal y pagando por un servicio 7.493.600 euros, el doble de lo que cobró la empresa alemana que realmente hizo el trabajo. En total, 3,4 millones de euros públicos desviados para repartir.

La iniciativa de montar pantallas gigantes, como un año antes habían hecho en Colonia (Alemania) en una visita papal, tuvo tanto apoyo institucional que hasta una representación del Vaticano se plantó en las oficinas de Canal 9 para supervisar la actuación de la televisión pública que acabó beneficiando a la trama Gürtel.

Por este motivo, durante el juicio tendrán que declarar como testigos el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero y el que fuera secretario del cardenal fallecido Agustín García-Gasco, Antonio Ramón Corbí. También desfilarán como testigos miembros de la Fundación V Encuentro; el expresidente de la Generalitat Valenciana y el expresidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner.

Directivos de RTVV, que acabó cerrando el propio PP en 2013 con un agujero de 1.200 millones de euros, también se sentarán en el banquillo al haber ayudado a amañar el procedimiento que facilitó el pago de los 7,5 millones. Se trata de históricos nombres de la televisión y vinculados al partido como Vicente Sanz, condenado ya por abuso sexual a tres trabajadoras del ente público; Juan Prefaci, Antonio José de la Viuda o José Llorca. Entiende la Fiscalía que fueron sabedores y conocedores del amaño del proceso para adjudicar el montaje de las pantallas a la empresa de la red Gürtel Teconsa.

Teconsa une a la Gürtel valenciana con la castellanoleonesa. También se sentará en el banquillo de los acusados por esta operación José Luis Martínez Parra, empresario propietario de esta sociedad. En el reparto de las mordidas, a esta empresa le tocaron 200.000 euros por haber permitido su uso para realizar la operación. Fue el instrumento utilizado para canalizar el dinero y que, mediante operaciones ficticias, fue vaciando la cuenta para abonar las comisiones.

La trama también se inventó un contrato de vigilancia de seguridad para incrementar los ingresos en esta operación. Unos 100.000 euros por vigilar las pantallas. Un negocio redondo si no hubiera actuado la justicia.

La vista oral arrancará este lunes tras una larga negociación estas últimas semanas entre los principales acusados y la Fiscalía Anticorrupción. Algunos, como Pedro García, han acordado reconocer los hechos a cambio de una reducción de pena y la devolución del dinero. Otros, como Francisco Correa o Juan Cotino, se han negado a asumir ninguna culpa y batallarán en el juicio.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avanzado este jueves en relación al juicio sobre la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006, que arranca la semana que viene en la Audiencia Nacional, que “cualquier acuerdo de conformidad de los acusados con la Fiscalía pasará, por parte de la Generalitat, por el reconocimiento de la culpabilidad y la devolución del dinero”.

“Si no se cumplen esas dos condiciones la Generalitat, que está personada, no dará su visto bueno”, ha indicado el 'president' ante la pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre la valoración del Consell de las informaciones que apuntan a “la confesión del saqueo de RTVV con motivo de la visita del Papa por parte de las tramas de corrupción vinculadas al PP”.

Puig ha señalado que ahora arranca un juicio “por uno de los expolios más flagrantes” porque “aprovechar la visita del Papa para robar es muy duro”. “Las tramas corruptas no respetaban nada”, ha agregado, y es “muy triste que hasta la visita del Papa fue convertida en un evento más de la corrupción”. Según ha dicho, el Consell sigue trabajando para recuperar el dinero sustraído y para que “nunca más vuelva a pasar”. “Y que la justicia haga lo que toca, justicia”, ha agregado.

En este caso se sientan 24 acusados en el banquillo, entre ellos, el expresidente de las Corts Valencianes Juan Cotino; el que fuera director de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno, y los principales 'cabecillas' de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La causa se juzgará casi cuatro años después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesara a 24 investigados y nueve personas físicas por delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda por la contratación de las pantallas y megafonía a una sociedad pantalla de la trama Gürtel y cuyo coste se fijó en siete millones de euros y que permitió repartirse una suma de 3,3 millones de euros.

Puig ha comenzado resaltando la “indignidad moral” que rodeó aquella visita y se ha referido al trato que recibieron las víctimas del accidente del metro ocurrido poco antes. Ha aprovechado la ocasión para volver a pedirles perdón en nombre de la Generalitat y mostrar el reconocimiento a estas personas que “durante tantos años han defendido la dignidad del pueblo valenciano”.

Asimismo, ha recordado que uno de los esfuerzos del Consell en los últimos años se ha centrado en “levantar la hipoteca reputacional” que dejó el PP y construir un sistema de transparencia para que no se vuelvan a producir situaciones similares. No obstante, ha advertido de que “queda una enorme resaca de esos tiempos y está en forma de piezas abiertas” en los tribunales.

La próxima semana, ha dicho, “comienza el juicio por uno de los expolios más flagrantes” y el Consell lo ve “desde la tristeza” al comprobar que “las tramas corruptas no respetaban nada”. Además, ha proseguido, “fue un caso paradigmático de cómo el sector público saqueaba la administración” y todo él “pasó por caja”.

La escena merecería una secuela de la película El hombre de las mil caras sobre el espía Francisco Paesa, implicado en el montaje de los papeles de Laos del caso Roldán. Tras aquel fenomenal escándalo, su sobrina Beatriz, coprotagonista del film de Alberto Rodríguez donde fue encarnada por la joven actriz Alba Galocha, se especializó en montar estructuras opacas (offshore) desde su despacho en Luxemburgo.

La sobrina de Paesa, procesada en la Audiencia Nacional por el caso Defex, recibió en su despacho de Luxemburgo 600.000 euros en efectivo de la mano del entonces director general de la Policía Nacional, Juan Cotino. No deja de ser llamativo que el máximo dirigente de un cuerpo policial acudiera a un país extranjero a depositar semejante cantidad de dinero en efectivo.

“En Luxemburgo no se preocupan del origen del dinero pues parten de que si ha salido de un país, habría sido de forma legal”, declaró Beatriz García Paesa a la jueza que investiga el caso Erial. La mujer, implicada en el caso Defex, optó por una prudente colaboración con la magistrada y el fiscal anticorrupción que investigan el caso Erial.

Los fondos en efectivo aportados en mano por Cotino sirvieron para constituir dos empresas luxemburguesas que ocultaron las presuntas comisiones obtenidas por la red de Zaplana, incluyendo a su entonces jefe de gabinete, por la adjudicación de las ITV y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. La “sociedad pantalla” Imision Internacional era el “elemento nuclear” de la trama y sirvió también, según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último informe incorporado al sumario, para “canalizar otros fondos de origen opaco”.

La documentación entregada por las autoridades luxemburguesas en respuesta a una comisión rogatoria de la jueza confirma que el 9 de mayo del 2001 se efectuó un ingreso de 607.022 euros en la cuenta 1-154/1704/379 de la entidad Dexia Banque Internationale, vinculada al empresario Vicente Cotino. Aquel mismo día se constituyó Imision Internacional con un capital social de 607.022 euros.

Cuatro días antes, Juan Cotino se reunió por la noche con Zaplana, según delatan las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana. En una primera etapa, la mercantil luxemburguesa “societariamente vino a conformarse de manera velada dentro de la estructura de Sedesa [el grupo empresarial del clan Cotino]”.

Una vez que las presuntas comisiones fueron colocadas en Luxemburgo, Zaplana y su red tomaron el control de los fondos ocultos en las mercantiles opacas que controlaba Beatriz García Paesa y varios de sus colaboradores (entre ellos, un abogado especializado en estructuras offshore condenado por la justicia italiana por fraude fiscal, tal como informó este diario).

El empresario Vicente Cotino le anunció por teléfono que las acciones pasaban a manos de Joaquín Barceló, presunto testaferro de Zaplana, y de Juan Francisco García Gómez, exjefe de gabinete del político. El 24 de mayo del 2006, la sobrina de Paesa se reunió con Barceló y con el asesor fiscal de Zaplana Paco Grau (ambos eran enemigos íntimos condenados a entenderse) en un restaurante de Madrid. La Guardia Civil, tras analizar las agendas del exministro y los registros de varios hoteles, sitúa a todos los personajes, incluyendo a Zaplana, en la capital aquel día.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad, ha citado a declarar a un total de ocho investigados a lo largo de los meses de mayo y junio, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos, el expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero.

La jueza ha fijado de nuevo las fechas de las comparecencias de estos ocho investigados en la causa después dos aplazamientos. El primero de ellos, a principios del pasado mes de enero, se produjo a raíz de la petición de las defensas de la práctica de pruebas periciales y testificales, así como la incorporación de determinados documentos al procedimiento.

Asimismo, la jueza suspendió de nuevo mediante una providencia el pasado 29 de marzo el calendario de declaraciones que se había establecido tras el primer aplazamiento a petición de tres abogados de los investigados y fijó las nuevas citaciones.

La instructora del procedimiento ha comunicado a las partes que la ronda de declaraciones de los investigados comenzará el 14 de mayo a las 9.00 horas con la comparecencia del expresidente de Les Corts Juan Cotino, conseller de Agricultura y vicepresidente del Consell en el momento de los hechos investigados, y de la secretaria general de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), Henar Moliner, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El 15 de mayo, a la misma hora, será el turno de monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar y presidente de la FVEMF, mientras que al día siguiente, el 16, acudirán a los juzgados valencianos el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez, y el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí. El día 17 de mayo declarará el miembro del Patronato y comisionado de la visita de Benedicto XVI, Enrique Pérez Boada.

Finalmente, el 5 de junio a las 09.00 horas, tendrán que declarar ante la instructora del caso el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exvicepresidente Víctor Campos.

Prevaricación, malversación y falsedad

La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En febrero del pasado año se acordó la consideración de investigados de Camps y el resto de ex altos cargos.

Según se informó en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa, que se investigaba en Instrucción 15, por lo que también se informó que serían llamados a declarar como investigados dos exdirectores de Vaersa Enrique Simón y Felipe Espinosa Bolaños.

La magistrada había requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones, y acordó citar a los investigados una vez hubiera recibido y estudiado los informes y documentación recibida, y tras oír a los testigos.

“Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata... ¡Lo he dicho al revééééés, aaarg!”. Corría el mes de diciembre de 2014 y Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, exconseller y exvicepresidente del Consell de Francisco Camps y exdirector de la Policía con José María Aznar, tenía este lapsus tras declarar ante el juez como imputado en la causa abierta por las contrataciones con la Gürtel con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El tiempo y la Guardia Civil están convirtiendo en realidad el lapsus del exdirigente de la rama cristiana del Partido Popular valenciano.

Hace menos de dos semanas, la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la época de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat -el conocido como caso Erial- desclasificó parte del sumario (concretamente los siete primeros tomos). Entre toda la documentación que se hizo pública aparecía un nombre que hasta ahora había estado vinculado a otros casos de corrupción, Juan Cotino. La Guardia Civil relacionaba al expresidente del parlamento autonómico, imputado por las adjudicaciones de la visita del Papa a Valencia y a quien Álvaro Pérez 'El Bigotes' vinculó con la financiación ilegal del PP valenciano, con el cobro de comisiones irregulares.

Así, el Instituto Armado concluye de que el que fuera presidente de las Corts Valencianes cobró 11,3 millones de euros de su sobrino (Vicente Cotino), contratista del Consell, cuando era miembro del Gobierno de Camps. Así, la investigación considera que el exdirigente popular “habría obtenido una ventaja económica de la venta de las mercantiles beneficiarias de las adjudicaciones que se investigan”. Según la Unidad Central Operativa (UCO), Cotino cobró de sus sobrinos en 2007 -cuando era conseller- la participación en el Grupo Sedesa, que creaba empresas con sociedades expertas en ITV o energía eólica para ganar los concursos amañados. Una vez que estaban en funcionamiento, Sedesa vendía sus participaciones a precio de oro.

Uno de los documentos en manos de la jueza, que investiga los delitos de cohecho continuado, prevaricación, blanqueo de capitales, organización o grupo criminal, asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en la contratación, acredita así mismo que Cotino ya conocía los pelotazos de su familia en la trama Erial cuando era director general de la Policía con José María Aznar en el año 2000.

Alquería Dolores

Otro de los informes de la Guardia Civil que forman parte del sumario ha revelado también la presencia de Juan Cotino en medios de comunicación. De este modo, el exconseller popular y su sobrino Vicente –uno de los empresarios que confesaron la financiación ilegal del PP– son propietarios al 99% de la empresa Shandwick AGR Comunicación SL, sociedad que es accionista de Trece (la antigua 13TV), la televisión de la Conferencia Episcopal Española. La adquisición se produjo a través de la empresa Alquería Dolores, propiedad al 60% de Juan Cotino.

Sobre esta empresa, la UCO sostiene que a partir de 2010 “realiza operaciones de entradas y salidas de divisas a distintos países, declaradas como invisibles”. La Guardia Civil califica como “invisibles” aquellas “operaciones relacionadas con la prestación de servicios, inversiones financieras o en el capital de sociedades y actividad similar”.

Declaración de bienes

Esta misma semana, la diputada de Compromís Mónica Álvaro revelaba unas maniobras que habían sucedido en 2010 con Juan Cotino como protagonista. Concretamente, en enero de 2010 un funcionario retiró “por motivos de seguridad” la declaración de bienes del entonces conseller de Bienestar Social, un documento que no se volvió a presentar en el registro de altos cargos.

En abril de ese mismo año, cuando ocupaba la cartera de Medio Ambiente, Cotino presentó una nueva declaración en la que decía tener 1.907.309 euros -7.735,84 en bienes inmuebles y 1.899.573,16 en otros bienes-, sin deudas. En esta cifra ya no se incluyeron los beneficios obtenidos por la venta de las acciones de Sedesa, que según la UCO le proporcionaron unos beneficios de 11,3 millones de euros.

Las personas que son nombradas altos cargos de gobiernos tienen la obligación de presentar una declaración de bienes cuando acceden a su puesto. Además, deben modificarla cuando existen cambios sustanciales en el patrimonio. La intención, un ejercicio de transparencia que pretende combatir el enriquecimiento ilícito de los políticos durante el desempeño de su cargo o en el futuro.

El que fuera vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, reitró su declaración de bienes cuando todavía era cargo público el 26 de enero de 2010 y ya no la volvió a presentar nunca en el registro de altos cargos, según las pesquisas realizadas por la diputada de Compromís, Mònica Álvaro. Meses después, en abril de 2010, siendo conseller de Medio Ambiente, todos las altos cargos del Gobierno valenciano hicieron públicas sus declaraciones de bienes.

En esa declaración, Cotino dijo tener 1.907.309 euros -7.735,84 en bienes inmuebles y 1.899.573,16 en otros bienes-, y que carecía de deudas. Esta cifra llama mucho la atención puesto que en ella no se ve reflejado el montante de una gran operación de venta de acciones que le generó pingües beneficios tres años antes. El cobro 11,3 millones de euros por el traspaso de sus acciones en Sedesa a principios del año 2007, según ha revelado la Guardia Civil en un informe presente en el sumario del caso Erial.

El volumen de operación tenía que haber sido comunicado a la Generalitat e inscrito en su registro de bienes, pero nunca la reflejó. ¿Por qué?

Con motivo de la comisión de investigación parlamentaria de las adjudicaciones de las residencias a Savia Gerocentros, propiedad de Sedesa (familia Cotino), Álvaro se interesó por las declaraciones de bienes de Juan Cotino. Según explica la diputada de Compromís, la declaración del exconseller ahora investigado fue retirada por un funcionario que no se identificó en enero de 2010. Antes, en 2006 había presentado una declaración que fue modificada en 2009 con información de su venta de acciones a Sedesa en 2007.

Meses después de esta modificación de 2009 y con el caso Gürtel desangrando al PP valenciano, Cotino presentó un escrito para retirar su declaración por motivos de “seguridad”. Un funcionario que no se identifica en un escrito de su puño y letra se hace con la declaración. Este cambio impide conocer ahora a los diputados si el patrimonio de Juan Cotino se disparó, algo que se ha hecho público de rebote, gracias al informe de la Guardia Civil del caso Erial sobre Sedesa.

Para Mònica Álvaro, “Cotino hizo dinero a costa de los más débiles y mintió cuando dijo que su empresa Alquería Dolores -a través de la que invirtió dos millones en 13 TV- tenía un valor sentimental y agrícola”. Además, apunta, “robó una documentación que tenía que depositar en la administración”.

La familia Cotino a través de su matriz Sedesa ingresó de la venta de sus concesiones en las ITV y el Plan Eólico 85 millones de euros. La Guardia Civil considera que 23 millones de ese pelotazo por vender un negocio que llevaban gestionando solo unos pocos años acabó en manos de sociedades del clan de Eduardo Zaplana, 10,5 millones; Juan Cotino, 11,3 millones, y José Luis Olivas, otros 580.000 euros. Dos expresidentes de la Generalitat y un exdirector de la policía y exconseller. 

Pero estas ventas de concesiones públicas con pingües beneficios que se investigan ahora en el Caso Erial no fueron las únicas que garantizaron a la familia Cotino unos ingresos más que considerables. El Grupo Sedesa de los Cotino vendió el 12 de mayo de 2011, en plena campaña electoral por las elecciones autonómicas en las que volvió a arrasar un Francisco Camps acechado por los escándalos de corrupción, un 33% de Savia Gerocentros, su sociedad para gestionar residencias concertadas con la Generalitat y adjudicadas por el PP. 

El comprador de esta parte fue el empresario alicantino Enrique Ortiz, condenado -igual que Vicente Cotino- por financiar ilegalmente al PP valenciano. Por esta operación, Sedesa se embolsó 9 millones de euros y la entidad que financió el pago fue Bancaja, en aquel momento presidida por José Luis Olivas. Olivas y Cotino fueron condenados el pasado año por falsedad y delito contra la Hacienda Pública por un pago de 580.000 euros que la Guardia Civil considera que fue un “soborno” por la adjudicación de las ITV y el plan Eólico.

Es llamativo en qué momento de la vida societaria de Sedesa se realizó esta operación. El 21 de junio de 2010, la tecnológica Ezentis se había hecho con el Grupo Sedesa con una ampliación de capital de 30 millones de euros. Tras esa entrada, Vicente Cotino pasaba se ser mayoritario en Sedesa a disponer todavía del 5,24 % de las acciones en Ezentis.

El 12 de mayo de 2011, se produjo la venta por nueve millones de la división de residencias con Ortiz y Olivas como protagonistas. Los medios de comunicación explicaron que era Ezentis la que efectuaba esa venta al Grupo Cívia de Ortiz, pero Cotino todavía mantenía un peso y unas influencias lo suficientemente importantes como para dirigir la operación.

Finalmente, cinco meses después de este ingreso de 9 millones en Ezentis-Sedesa financiado por Bancaja, Vicente Cotino recuperó la totalidad del Grupo Sedesa sin ningún reembolso económico, sino devolviendo el 5,24 % de las acciones que tenía en Ezentis tras la venta hecha un año y cinco meses antes. Una operación societaria bastante extraña y, sobre todo, con un pelotazo de por medio. 

El negocio de las residencia ha sido una de los más lucrativos para las empresas que concertaron con el mal llamado “modelo Cotino”, puesto que fue el exconseller preso Rafael Blasco el que lo puso en marcha en 2001 siendo conseller de Bienestar Social. Ese año, Blasco le adjudicó a Sedesa y a otras constructoras valencianas las concesiones de numerosas residencias -21 en el caso de Sedesa- a cambio de construirlas. Una vez puestas en marcha, la administración se encargó de llenarlas -2.000 en total, aunque aumentaron- y de pagar un precio por plaza más alto que la media, unos 1.800 euros al mes. 

El contrato de concetación de plazas se amarró de tal manera que, ni la patronal del sector Aerte, ni tampoco los sucesivos gobiernos del PP de Alberto Fabra y el Botànic de izquierdas han conseguido rescindirlos o cambiar las condiciones. Y eso que el sector y la izquierda en la oposición denunciaron el “modelo Cotino” por beneficiar, entre otros, a la empresa de la familia Cotino y Enrique Ortiz, dos financiadores confesos del PP.

El exvicepresidente de la Generalitat y exdirector de la policía nacional con José María Aznar, Juan Cotino, siempre ha estado interesado en los medios de comunicación. En la actualidad, apadrina un programa de debate juvenil en la televisión regional La 8 Mediterráneo llamado 'Última Ronda' y ha estado tradicionalmente muy vinculado a los medios de la Iglesia, aunque en la sombra.

Un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Erial, que investiga los negocios y las mordidas del exministro Eduardo Zaplana pagados por la familia de Juan Cotino, ha revelado que la presencia del político conservador en los medios de comunicación era más que una sombra. La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que Juan Cotino y su sobrino Vicente -financiador del PP valenciano- son propietarios al 99 % de la empresa Shandwick AGR Comunicación SL, a su vez accionista de Trece (la antigua 13TV), la televisión de la Conferencia Episcopal, según ha adelantado el semanario El Temps.

Los Cotino compraron el 99% de Shandwick AGR Comunicación SL a través de su empresa Alquería Dolores, en la que Juan Cotino tenía el 60% de la propiedad. Cotino y su familia, mientras el político era miembro del Gobierno de Francisco Camps, realizaron una ampliación de capital en Shandwick AGR Comunicación SL de dos millones de euros y nombraron al abogado valenciano y expresidente de Bancaja José María Mas Millet como su representante en el consejo de administración.

Según ha explicado Mas Millet a eldiario.es, los dos millones de euros inyectados en la sociedad accionista de 13 TV le permitieron a la sociedad de Juan Cotino nombrar al abogado valenciano consejero delegado de la cadena. Mas Millet, que ahora es vicepresidente de la televisión de los obispos, matiza que en esta empresa ejerce de “representante” y que no tiene ninguna propiedad.

La inyección de los dos millones se realizó desde Alquería Dolores a Shandwick AGR Comunicación SL, que a su vez inyectó el dinero en la televisión de la Iglesia.

La pista luxemburguesa

La Guardia Civil explica en el informe incluido en el sumario del caso Erial que Alquería Dolores “a partir de 2010 realiza operaciones de entradas y salidas de divisas a distintos países, declaradas como invisibles”. La OCU califica como “invisibles” aquellas “operaciones relacionadas con la prestación de servicios, inversiones financieras o en el capital de sociedades y actividad similar”.

Y prosigue la UCO: “Entre los países que aparecen relacionados cabe destacar Luxemburgo, por el número de operaciones que realiza Alquería Dolores y dada la incidencia de este país en los hechos que se investigan en la presente causa”.

Álvaro Pérez 'El Bigotes' insiste en querer tirar de la manta y señalar al eurodiputado del PP, Esteban González Pons, y el diputado Gerardo Camps, todavía sin mácula de casos de corrupción, así como otros exresponsables de la Generalitat con Francisco Camps como Juan Cotino o Vicente Rambla.

Para ello Pérez ha escrito una carta a la jueza María García Minga en la que expone lo que afirma lo que ya le manifestó y ésta no reflejó en el acta, como que “Don Esteban González Pons en la Fórmula 1 era otra de las personas con mando en Plaza (sic)”, que estaba “enterado del día día de la gestión de la contratación, de las adjudicaciones, y todo lo relacionado con el circuito al igual que el señor Rambla (vicepresidente primero de Francisco Camps), al igual que el señor Don Juan Cotino (presidente de les Corts)”o el actual diputado del PP “Gerardo Camps”.

El responsable de la empresa Orange Market está llamado a declarar este jueves dentro de las investigaciones del caso Gürtel que tienen lugar esta semana. El primero en comparecer este lunes fue Ricardo Costa, quien fue el número 2 del PP valenciano de Francisco Camps y que ha señalado a este como maximo responsable de las contrataciones de la Fórmula 1. Camps también tendrá que declarar como investigado dentro del caso.

En la última declaración de Pérez sobre la Fórmula 1 estuvo marcada por la tensión con la jueza, la cual lo interrumpió constantemente, mientras el testigo mostró su malestar por la situación.

Nuevas grabaciones del excomisario Villarejo explican las informaciones que éste manejaba y a quien se las filtraba para mantener buenas relaciones con altos dirigentes políticos, especialmente del PP. En el caso que se desvela hoy en Moncloa.com una grabación de Villarejo de una conversación el año de 2009 con Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal) muestra que el excomisario informó a Juan Cotino sobre operaciones policiales que se iban a desarrollar contra el PP por casos de corrupción, concretamente por Gürtel y por Brugal, y que finalmente se consumaron ese mismo año.

Así Villarejo afirma que había avisado al Juan Cotino -con quien matenía una buena relación, según grabaciones anteriores- de que en el marco de la operación Gürtel iban a registrar el despacho de su sobrino, Vicente Cotino, quien posteriormente reconoció haber sido uno de los financiadores ilegales del PP, aviso que filtró para que se pudiera “limpiar de papeles” que les comprometieran. La buena relación de Villarejo con Cotino también queda patente en que el excomisario llega a prometer que intentaría evitar en “la medida de lo posible” que se encontrasen pruebas que comprometiesen a los Cotino.

Otro de los chivatazos a Cotino que ha reconocido Villarejo en esta conversación fue la advertencia de que el que fue presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, detenido e investigado dentro de la operación Brugal para quien la fiscalía pide 16 años de prisión por cohecho, tráfico de influencias prevaricación y fraude, entre otros delitos.

Así en la conversación Villarejo afirma que “le he dicho a Juan [Cotino], háblate con el de la Diputación de Alicante y dile que tiene un marrón, una historia de financiación. No lo sé exactamente porque es una cosa que yo no controlo. Me he enterado de puta chiripa”.

Con estas grabaciones de Villarejo se muestran unos chivatazos del excomisario no sólo a los dirigentes del PP valenciano, sino que también se encargó de que estas llegaran a la número 2 entonces del Génova, María Dolores de Cospedal, a través de su marido.

Cabe recordar que Juan Cotino, quien fue director de la Policía Nacional, todavía mantiene relaciones que altas esferas del cuerpo que se plasmaron con su invitación a la presentación de un libro sobre ética, pese a estar investigado por corrupción.

La Dirección General de la Policía ha destituido este miércoles al subdirector general del Gabinete Técnico, José Manuel Pérez, por la presentación del libro Ética policial y ciudadanía a la que se invitó a Juan Cotino, procesado por varios delitos de corrupción. El comisario principal José Manuel Pérez se jubilará dentro de cuatro días, el próximo 21 de octubre.

Cotino fue director general de la Policía entre 1996 y 2002 antes de desplazarse a la Comunidad Valenciana, donde ocupó la vicepresidencia del Gobierno de Francisco Camps y el cargo de presidente del Parlamento valenciano. Ahora, Anticorrupción pide para él 11 años de prisión por malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada.

A pesar de ello, Cotino fue invitado a la presentación del libro Ética policial y ciudadanía, que ha sido escrito por un antiguo colaborador suyo en su etapa de director general. El acto tuvo lugar en la sala de prensa de Canillas, perteneciente a la Subdirección de Logística e Innovación.

El exdirector general de la Policía se sentó en el estrado junto a la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Pilar Allúe, y al subdirector general del Gabinete Técnico, José Manuel Pérez, ahora destituido. Ambos son miembros de la Junta de Gobierno que ha nombrado el actual Gobierno socialista. El destuido, José Manuel Pérez, ya fue jefe del Gabinete Técnico, el mismo puesto que ocupaba hasta hoy, con Juan Cotino, entre 1996 y 2002, según fuentes policiales.

En parte de las invitaciones cursadas, las que se hacían a título personal, aparecía el nombre del director general de la Policía, Francisco Pardo. En la nota en la que se ha difundido el cese del comisario Pérez se dice que Pardo desconocía esas invitaciones y que se enviaron “sin su consentimiento”. Además, responsabiliza de ello al subdirector cesado. Ha sido el propio Pardo el que ha propuesto el cese “por pérdida de confianza” en Pérez, que ha aceptado el ministro Grande-Marlaska, añade la nota.

“La Dirección General de la Policía considera que la presencia de Juan Cotino en el acto de ayer perjudica la imagen, el buen nombre y la trayectoria del Cuerpo Nacional de Policía”, añade la nota de prensa.

Consultada por eldiario.es, la Dirección General de la Policía había asegurado el martes por la tarde que el acto había estado organizado por la Fundación Policía Española, con personalidad jurídica propia, y que Cotino ha sido invitado en su condición de patrono de la misma, como el resto de los que han sido directores generales.