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La Fiscalía pide 50 años para el expresidente de Defex por cobrar comisiones en Angola

Al expresidente de la empresa pública de material de defensa y los otros 26 investigados les atribuye los delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal

Fachada de la sede de la Audiencia Nacional. (EFE)

Fachada de la sede de la Audiencia Nacional. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una pena de 50 años de cárcel al expresidente de la empresa pública Defex José Ignacio Encinas y los principales acusados por el presunto desvío de 41 millones de euros en comisiones ilícitas para conseguir contratos de esta empresa con el gobierno de Angola, según informa EFE.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide diferentes penas de prisión para los 27 acusados, las más altas para Encinas y otros encausados como Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán) y que se enfrenta a la misma petición de pena de 50 años.

La Fiscalía les atribuye los delitos de corrupción en transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal, en relación con el presunto desvío y apropiación de fondos de Defex en contratos de suministro de material policial para Angola. 

Esta pieza ha investigado los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando general de Policía Nacional de Angola. El principal fue el firmado en junio de 2008 para el suministro de material policial por importe superior a los 152 millones de euros, que tuvo un coste de ejecución de algo más de 59 millones (el 38,6%) y un beneficio de casi 94 millones (61,3%).

El magistrado apunta que la UTE repartió un 33% del contrato para la adquisición y suministro del material; un 33% de beneficios para las dos empresas que formaban la UTE y un 33% fue para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron. Según el juez, los investigados destinaron a las empresas sólo una parte del beneficio. El resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños y al beneficio propio de varios de los acusados mediante una compleja estructura de empresas pantalla.

Los otros dos contratos investigados en este procedimiento son las operaciones comerciales de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la visita del Papa Ratzinger a Angola en 2009, por importe de casi dos millones, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por importe de cerca de dos millones. 

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