La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, municipio de Cervo (Lugo), ha completado el rearranque de todas sus cubas este martes después de la parada de electrólisis que comenzó en enero de 2022. Ese cese total de la actividad duró dos años, hasta comenzar con el proceso de reactivación a inicios de 2024.

De ello informa este martes el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, citado por Europa Press. Zan indica que el arranque “se ha producido según lo estimado”. “Ahora mismo tenemos la producción de electrólisis con 512 cubas en funcionamiento, lo cual lleva a arrancar todas las que habíamos parado en enero de 2022, más las 35 que estaban paradas con anterioridad”, explica.

Esta fecha llega con retraso respecto al acuerdo de viabilidad firmado entre representantes de la empresa y de los trabajadores que fijaba la reactivación del 100% de las cubas para octubre de 2025. Este proceso se vio interrumpido por el apagón ocurrido en toda España el 28 de abril de 2025 y a este evento atribuyó la empresa la previsión anunciada poco después de que no cumpliría con lo pactado.

Al respecto, Zan se queja de que “se ha realizado fuera de todos los plazos del acuerdo de viabilidad, sin negociarlo y sin buscar soluciones a otros problemas graves como es el horno de cocción”. Remarca que este “es un elemento fundamental, dado que una cosa es arrancar la planta y otra cosa es el futuro de la planta”.

“El acuerdo de viabilidad conllevaba inversiones y la más importante, que era más de 100 millones de euros, era el horno de cocción, que nos garantizarían como mínimo 40 años de estabilidad, lo cual no tenemos por culpa de una decisión arbitraria de Alcoa e incumpliendo totalmente dicho acuerdo”, censura.

Alcoa ha trasladado, en una reunión con representantes de los trabajadores, que no cumplirá los compromisos firmados en el acuerdo de viabilidad de rearranque de cubas para el complejo de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), y lo atribuye a “causa de fuerza mayor” debido al apagón del 28 de abril.

En un comunicado, el comité de empresa informa de una reunión este miércoles, 14 de mayo, con Alcoa e Ignis en la que la compañía ha aducido este motivo, que presentará ante clientes, proveedores y administraciones. También ha felicitado a la plantilla “por la profesionalidad y diligencia demostradas tras el apagón, que ha permitido recuperar la normalidad en la planta de alúmina casi al 100% y se han salvado 14 cubas de las 41” que estaban arrancadas a día 28 de abril en la planta de aluminio, informa Europa Press.

“Para retomar el arranque, Alcoa necesita que se conozcan las causas del apagón, condicionando el mismo a que se comuniquen las medidas tomadas por las administraciones para garantizar que no se vuelva a producir, y las compensaciones para mitigar los sobrecostes generados en la parte de compensación de la factura eléctrica”, expone el comité.

Por el momento se mantiene la estructura organizativa de rearranque en los departamentos implicados. Tras el apagón, fuentes de la compañía explicaron que el apagón mantuvo el complejo industrial sin energía hasta las 20:30 del 28 de abril, si bien “no entró tensión en las cubas hasta las 21:30”.

La Xunta no ha tardado en reaccionar al anuncio de Alcoa. Lo hizo la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que culpó al Gobierno de lo que califica de “consecuencia dramática” en Alcoa del apagón. “Estamos viendo que ahora mismo más de mil puestos de trabajo están en entredicho en A Mariña de Lugo a consecuencia precisamente de que el Gobierno de España no es capaz de dar una estabilidad a la conexión eléctrica de nuestra industria”, dijo, en unas declaraciones remitidas a la prensa.

Apunta que la compañía ha manifestado “con claridad” que no va a poder cumplir los compromisos que tenía adquiridos de rearranque “a consecuencia directa y exclusiva del apagón producido”. Pide al Ministerio de Industria que “hable de una vez por todas” con el Ministerio de Transición Ecológica y “que esa comisión de investigación, que se llama independiente y que está presidida por la propia ministra, dé explicaciones a todos los españoles de cuáles fueron las razones del apagón”. “La industria y la empresa en España no se pueden desarrollar con normalidad si no hay una fiabilidad por parte de los inversores y de los emprendedores respecto de nuestro sistema eléctrico”, atacó.

Alcoa e Ignis EQT han firmado un acuerdo de empresa conjunta (joint venture) para intentar dar continuidad al complejo San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), en el que el compromiso es volver a poner las cubas en marcha este año. En octubre de 2024, ambas compañías anunciaron un preacuerdo de cooperación estratégica, después de un nuevo intento infructuoso de la estadounidense de buscar comprador para las instalaciones de la Mariña de Lugo. En la nueva empresa, vigente desde el 31 de marzo de 2025, Alcoa tiene el 75% e Ignis, el 25% restante.

El operador gerente seguirá siendo la multinancional de origen estadounidense, que recibe de este modo respaldo de Ignis EQT (accionista mayoritario del Grupo Ignis, empresa energética con sede en España). Para el acuerdo, Alcoa ha aportado 75 millones de euros e Ignis EQT, 25 millones de euros para financiar las operaciones, informa Europa Press.

Además, Alcoa podría financiar hasta 100 millones de euros según lo que necesiten las operaciones con una posición prioritaria en rentabilidades de efectivo futuras. Si se requiere financiación adicional, se necesita el acuerdo de ambos socios y sería compartida en un 75% por Alcoa y en un 25% por Ignis. Alcoa asegura en un comunicado que el acuerdo permitirá el rearranque de la planta de aluminio primario de San Cibrao en 2025, un compromiso recogido en el acuerdo de viabilidad firmado entre Alcoa y los empleados.

En 2024, la planta de aluminio de San Cibrao registró unas pérdidas netas (antes de impuestos) de aproximadamente 50 millones de dólares (unos 46 millones de euros) y un flujo de caja operativo negativo de aproximadamente 60 millones de dólares (55,5 millones de euros). Alcoa explica que los desembolsos netos de efectivo en 2024 cubrieron la remuneración de los empleados y los costes de mantenimiento, mientras la planta estuvo sin producción.

Con la evolución reciente de los precios la multinacional estadounidense espera registrar unas pérdidas netas (antes de impuestos y participaciones no dominantes) para la planta de aluminio de aproximadamente entre 80 y 100 millones de dólares (entre 74 y 92,5 millones de euros) en 2025. Se espera que el efectivo asociado utilizado en las operaciones se aproxime a entre los 90 millones y los 110 millones de dólares (entre 83 y 102 millones de euros). Las inversiones de capital necesarias para el rearranque de la planta de aluminio se aproximan a los 10 millones de dólares (9,2 millones de euros), añade.

La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en el proceso de venta de las plantas de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés con el fin de descapitalizarlas y desviar sus activos hacia su patrimonio personal y estructuras societarias creadas para ello.

La magistrada María Tardón entiende que los hechos son constitutivos de delitos de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal, según recoge en un auto.

Se trata de Víctor Rubén Doménech, Joachim Magim, Luis Losada Gómez, Francisco Javier Fernández de Bobadilla, Alexandra Camacho, Diego Peris Sirvent, Antonio Fernández Silva y Eduardo Julio García.

Además, se ha acordado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a Alcoa Inespal y los que actuaron como representantes de la misma: Christine Keener, Álvaro Dorado, Kai Rune e Ignacio León.

Una querella

La causa se inicia por una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales ante el proceso de venta de dichas plantas de producción de aluminio de Alcoa Inespal teniendo en cuenta la situación económica que atravesaban.

La venta de las plantas se produjo en dos fases. En la primera, el 31 de julio de 2019, Alcoa vendió el cien por ciento de los dos centros de producción por el precio simbólico de un euro a las sociedades Alu Holding AC Spain y Alu Holding AVL 2019 Spain, que habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad de un grupo suizo.

En la segunda venta, de 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta, la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company, que también había sido constituida poco antes por uno de los investigados.

 Para descapitalizarlas y desviar los fondos

Para llevar a cabo la venta, afirma el auto, los 13 millones utilizados en la operación se detrajeron presuntamente de la tesorería de las propias empresas que se iban a vender, en una operación diseñada por los investigados a los que propone juzgar.

La instrucción revela que de forma previa a la segunda venta uno de los investigados ordenó transferencias por una cantidad cercana al millón de euros desde las cuentas bancarias de Alu Ibérica a cuentas suizas de empresas que controlaba.

Según la juez, a partir de la segunda transmisión de las dos factorías se empieza a desarrollar una “concatenada y reiterada” sucesión de hechos que tendrían como objetivo descapitalizar y despatrimonializar las entidades y sus activos iniciales y desviarlos y canalizarlos hacia el patrimonio personal de los investigados y hacia estructuras societarias creadas 'ad hoc' para apoderarse de los mismos.

Todo ello, subraya, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y acreedores de las empresas.

La jueza indica que se interpusieron sociedades en la compra de productos para incrementar artificialmente su precio, se simularon préstamos, se desvió dinero a sociedades controladas por los investigados, o se asignó un sueldo “desorbitado” a otra de las investigadas.

Todas estas actuaciones se prolongaron hasta que fue nombrado un administrador judicial en julio de 2021 y se solicitó el concurso de acreedores de las sociedades.

Invirtieron las ganancias en criptomonedas

La magistrada señala que los investigados invirtieron las ganancias obtenidas en la adquisición de criptomonedas con el fin de su posterior conversión a moneda de curso legal. 

También habrían ofrecido a terceras personas una remuneración a cambio de transformar dinero de origen desconocido en criptoactivos y, posteriormente, en dinero en metálico.

Una vez dictado el auto, la jueza da un plazo a la Fiscalía y las restantes partes acusadoras para que soliciten la apertura de juicio oral formulando sus escritos de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, lleva a debate en la Comisión de Industria una iniciativa a través de la que insta al Ejecutivo español a la intervención pública de Alcoa y otras medidas para asegurar la actividad de la planta en A Mariña y los puestos de trabajo. Lo hace en un contexto en el que la multinacional lleva meses sembrando dudas sobre los planes de futuro firmados con el comité de empresa para recuperar la actividad en la planta de aluminio primario y después de que anunciase que está analizando otra vez una posible venta.

El parlamentario del Bloque traslada al Gobierno que la amenaza de cierre de actividad de la planta de San Cibrao “parece confirmar la intención de la empresa de deshacerse de la factoría” como ya hizo en Avilés y A Coruña, informa Europa Press. Rego considera que esto tendría consecuencias negativas para la economía de la comarca de A Mariña y reclama al Gobierno que, si se confirma la amenaza, apueste por la nacionalización de la factoría.

“Ni el marco normativo gallego, ni el del Estado, ni el de la UE impiden la intervención pública de esta industria estratégica” y que incluso hay pronunciamientos del Congreso en este sentido. Además, Rego recuerda que el Ejecutivo acaba de intervenir en Telefónica para evitar su control por capital saudí. “La intervención, aunque fuera temporal para después buscar un operador con un proyecto industrial fiable y de continuidad, es un mecanismo que el Gobierno debe estar dispuesto a activar”, señala.

El diputado recuerda que el acuerdo firmado en diciembre de 2021 implicaba el cese temporal de la producción con la condición de mantener los puestos de trabajo cuando se reiniciase la actividad dos años después (enero de 2024), además de mejoras en la planta. Además, indica que llegó el año 2023 y Alcoa propuso ampliar los plazos para el arranque, un retraso que fue aceptado por el personal de forma que la reanudación total de la actividad será en 2025.

Con todo, lamenta que “Alcoa vuelve a cuestionar el futuro de la planta y, por encima, reclama una nueva modificación del acuerdo”. “La empresa debe cumplir con los requisitos firmados”, subraya Rego, que considera que la reacción de la compañía es fijar posición de cara a la convocatoria de la mesa de seguimiento prevista para el 4 de abril. El diputado defenderá en la Comisión de Industria la adopción de medidas urgentes por parte de las distintas administraciones para garantizar la continuidad de la factoría y de los empleos: actuar sobre los precios de los costes de la energía eléctrica, reforma del estatuto del consumidor electrointensivo para incluir la figura de las empresas hiperelectrointensivas y garantizar la máxima compensación por CO2 permitida por la UE, así como agilizar la efectividad de las PPAs suscritas por la empresa.

Alcoa ha vuelto a iniciar el proceso para vender la planta que tiene en la Mariña de Lugo. En un comunicado, la multinacional de origen estadounidense indica que está “iniciando contactos con potenciales compradores fiables que pudieran tener interés en adquirir las operaciones” en el complejo industrial de San Cibrao, en el municipio de Cervo. Además, pide una vez más, y es la tercera, cambiar el acuerdo firmado con los trabajadores que le permitió parar hace dos años las cubas y dejar de producir aluminio primario.

El mismo día que se supo que la mesa de seguimiento está convocada para el 4 de abril en Madrid, en la sede del Ministerio de Industria, la empresa ha revelado que explora otra vez la posibilidad de una venta. En 2020, cuando presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que terminó anulado por la Justicia, se vio presionada a establecer negociaciones con posibles compradores para deshacerse de las instalaciones de San Cibrao y evitar el cierre. Esas conversaciones terminaron frustradas, entre acusaciones del Gobierno central a la empresa de haber rechazado todas las propuestas de compra.

Ahora, aunque afirma que hay contactos con posibles compradores, Alcoa agrega que “esto no significa que se vaya a realizar una venta, ya que cualquier potencial transacción debe abordar adecuadamente cuestiones clave” para empleados y Alcoa. “Este paso es simplemente un esfuerzo por identificar partes interesadas con las que merece la pena tener un diálogo más profundo”, sostiene.

Con respecto al acuerdo de viabilidad firmado con la plantilla, pide otro cambio. Ya hubo uno en febrero de 2023 que retrasaba más de un año la recuperación de la actividad, parada desde enero de 2022. En octubre de ese año, la compañía paró la fundición de aluminio que todavía se mantenía y después anunció que suspendía la inversión del horno de cocción para ánodos pendiente. En enero de 2024 planteó otro aplazamiento, pero el comité de empresa lo rechazó, de modo que empezó a encender de nuevo las cubas, la parte fundamental de la factoría.

En el comunicado de este martes solicita cambios que implican “retrasos en las inversiones, flexibilidad para completar el reinicio de cubas por encima de las 32 que se están arrancando en la actualidad y el acceso al depósito de garantía del acuerdo si fuera necesario”. Los argumentos de la empresa son los que viene repitiendo en los últimos años: prevé “pérdidas significativas” en 2024 y 2025 y carece de “fondos suficientes para sostenerlas”. “La operación de la planta sigue sin ser viable”, insiste.

El comité de empresa, tras conocer el comunicado, ha pedido la implicación de Xunta y Gobierno central para conocer qué reuniones han tenido con Alcoa, informa Europa Press. También ha reaccionado la Xunta. La conselleira de Econonomía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha pedido a la empresa que dé detalles sobre el proceso que dice haber iniciado y habla de una “escasa definición por parte de la dirección de la empresa sobre cuál va a ser el destino de esta factoría lucense”. Si está analizando una venta, dijo, debe aclararlo, así como los plazos y condiciones con las que trabaja.

Alcoa asegura que el 29 de enero va a empezar los trabajos para reactivar la planta de aluminio primario que tiene en San Cibrao (Cervo, Lugo), parada desde el inicio de 2022 -en el mismo emplazamiento tiene otra factoría de alúmina. Después de arrojar durante semanas dudas sobre el plan de reinicio de la actividad acordado con la plantilla y de pedir retrasarlo una segunda vez, este viernes trasladó en un comunicado que, dada la oposición del comité de empresa, las 32 cubas de electrolisis empezarán a funcionar según en el plazo pactado. La multinacional hace el anuncio entre advertencias sobre la viabilidad: insiste en que el retraso era “la opción más lógica financieramente” porque los fondos que tiene destinados a San Cibrao “son limitados”.

En la nota difundida por Alcoa, la empresa indica que “los trabajos para energizar” las cubas de electrolisis arrancarán el lunes para que estén en marcha, como recoge el acuerdo de viabilidad, “a partir del 1 de abril”. Estas fechas ya suponen un retraso con respecto al acuerdo alcanzado con el comité de empresa a finales de 2021, después de que la Justicia tumbase el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la firma para medio centenar de trabajadores. Entonces, el acuerdo fue parar la fábrica de aluminio primario -la única de España- desde el inicio de 2022 y reiniciarla en enero de 2024, además de no hacer despidos al menos hasta el fin de 2025. Hace un año, la multinacional renegoció los términos y consiguió que la mayoría de la plantilla diese el visto bueno a un nuevo calendario que atrasaba todo más de un año: las cubas no estarán al 100% hasta octubre de 2025 y el compromiso de no hacer despidos se extiende hasta el final de 2026. Hace unos días intentó volver a retrasarlo, pero en esta ocasión no hubo acuerdo con la plantilla.

Alcoa ha pedido también ayuda a las administraciones públicas para su viabilidad. Asegura que está “comprometida a explorar todas las posibles vías para aliviar la delicada situación financiera de la planta”. Sus previsiones son continuar en pérdidas este año. La intención con la propuesta de volver a retrasar el reinicio de la actividad, sostiene, era “preservar el efectivo disponible y las líneas de crédito”. “Consumir ese dinero más rápido, mediante el rearranque, agotará esos fondos antes y acortará el margen de tiempo para lograr una solución a largo plazo satisfactoria”, insiste. Por ahora, señala que “no ha habido ningún incumplimiento del acuerdo de viabilidad y no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de San Cibrao”.

Los problemas del complejo de Alcoa en la Mariña de Lugo vienen de hace varios años, pero se han intensificado en las épocas previas a unas elecciones. Ocurrió, por ejemplo, en los meses anteriores a las autonómicas de 2020. En medio del conflicto, se inició una negociación para la venta de la planta, que terminó frustrada en pocas semanas y derivó en la presentación del ERE que después anuló la Justicia.

Alcoa ha pedido en una carta a los trabajadores de su planta de aluminio primario en la Mariña de Lugo volver a retrasar, y sería la segunda vez, la reactivación de las instalaciones, que la multinacional de origen estadounidense había comprometido para el 1 de abril. La empresa había sembrado dudas ya sobre el plan acordado con la plantilla, que ya estaba retrasado con respecto al primero que se aprobó, pero en las últimas semanas ha concretado la amenaza y ha manifestado que prevé pérdidas cuantiosas y que habrá pérdidas de empleo. “Si la situación no cambia significativamente en los próximos meses, anticipamos que los fondos disponibles se agotarán en la segunda mitad de 2024”, dijo hace cuatro días el presidente y consejero delegado de Alcoa, William Oplinger, que añadió que en ese caso, tomarán “decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo y la economía de Galicia en general”.

En la misiva que la empresa dirige a los empleados de la fábrica de San Cibrao (Cervo, Lugo), citada por Europa Press, solicita posponer el rearranque de las 32 cubas de la fábrica de aluminio por esas “pérdidas sustanciales” que calculan en los próximos meses. Asegura que está buscando “cualquier acción” para que el negocio sea “viable”, pero se enfoca en el largo plazo. Mantener las cubas paradas -una situación en la que están desde que empezó 2022- permitiría, según Alcoa, “proteger el efectivo disponible”. Plantea el incumplimiento de lo pactado como una “oportunidad” porque, de lo contrario, se gastarían de forma más rápida “los fondos existentes”.

Alcoa pide una respuesta del comité de empresa antes del próximo miércoles, para cuando ha convocado a los representantes de los trabajadores a una reunión. El compromiso inicial era encender de nuevo las cubas para que estuviesen a pleno rendimiento a mediados de 2024, pero en febrero de 2023 la empresa negoció con el comité de empresa un retraso que suponía que no funcionarían al 100% hasta octubre de 2025.

El comité de empresa ha indicado que no se va a negar a acudir a la reunión planteada por la firma, pero “a nivel informativo”. En un comunicado, los representantes de los trabajadores han solicitado además una cita “de urgencia” con responsables del Gobierno y de la Xunta, para conocer los contactos que ambos han tenido con la dirección de la compañía y analizar conjuntamente el alcance de la vía que propone Alcoa.

El presidente del comité, José Antonio Zan, ha recalcado que existe un “acuerdo firmado” que la sociedad debe cumplir. También ha lamentado que en noviembre deberían haberse aprobado las operaciones para el horno de cocción de ánodos en San Cibrao, la principal inversión que estaba prevista para este complejo industrial, con unos 109 millones de dólares.

Después de conocer la postura de la empresa, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la cabeza de lista del Bloque por Lugo, Olalla Rodil, volvieron a reclamar que el Estado intervenga Alcoa si esta no cumple con sus compromisos. La misma petición hizo Podemos, que considera que es la vía para garantizar los puestos de trabajo.

La multinacional Alcoa prevé continuar con los malos resultados en 2024 y está sembrando el cierre de este año de dudas sobre el plan comprometido para la reactivación de su planta de aluminio primario en San Cibrao (Cervo, Lugo), la única de España en la que se fabricaba, hasta hace dos años, este material. La semana pasada comunicó a los trabajadores que la principal inversión prometida, un horno de cocción de ánodos que supone un desembolso de más de 100 millones de euros, queda en suspenso. El Ministerio de Industria ha convocado una mesa de seguimiento para analizar la situación el viernes. La empresa difundió, tras ese anuncio y después de una reunión con la Xunta, un comunicado en el que desliza que prevé problemas para llevar adelante la hoja de ruta y avisa de que necesita ayudas del Gobierno gallego y del estatal.

La compañía con sede en la ciudad estadounidense de Pittsburgh asegura que, cuando se firmaron los acuerdos de viabilidad, la corporación “tenía fondos suficientes para cumplir con todos sus compromisos”. “Sin embargo, basándose en las condiciones económicas actuales y previsibles, se necesitan soluciones a largo plazo para hacer frente a las condiciones comerciales insostenibles en las operaciones en San Cibrao”, añade. Lo que piden es que Xunta y Gobierno central “identifiquen todas las formas posibles de ayuda”.

Tras anunciar que el aplazamiento “temporal” de la aprobación del horno, tanto la plantilla como la Xunta le reclamaron a Alcoa que concretase plazos, algo que la multinacional no ha hecho. No considera que nada de esto suponga un incumplimiento de los compromisos adquiridos y que implican que en apenas unas semanas, con el comienzo de 2024, debe ir retomando paulatinamente la actividad. El presidente y consejero delegado de Alcoa, William Oplinger, asegura que trabajan para “cumplir con todos los compromisos contenidos en el acuerdo de viabilidad, incluida la realización de inversiones de capital, pero la situación actual sigue siendo muy difícil”.

Las reuniones de esta semana con la Xunta y el Gobierno son, de hecho, según Alcoa, para “informarles sobre las pérdidas financieras del complejo industrial” de Lugo, en el que están la fábrica que está parada, que es la de aluminio primario, y una refinería de alúmina, que ha continuado trabajando, aunque desde el tercer trimestre de 2022 funciona al 50% para “mitigar pérdidas”, de acuerdo con la empresa. Oplinger declara que continuarán con las conversaciones mientras buscan “una solución a largo plazo”.

Como problemas, la multinacional sigue apuntado a coste de la energía y la caída de los precios del aluminio y añade retrasos en los permisos para construir los parques eólicos vinculados a los acuerdos de compra de energía (PPA) que ha firmado. Y señala que en 2023 ha invertido 65 millones de dólares -unos 60 millones de euros-.

Las dificultades en la planta de aluminio primario en la comarca de la Mariña de Lugo se remontan a hace varios años. En mayo de 2020, en plenas restricciones por la pandemia, Alcoa anunció su intención de despedir a más de medio centenar de trabajadores de San Cibrao. Señalaba que las pérdidas eran recurrentes. El ERE presentado acabó anulado por la Justicia y la empresa negoció un acuerdo que la plantilla terminó aceptando: parar la producción de aluminio primario durante dos años a cambio del compromiso de no despedir a nadie al menos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cambios en el acuerdo

Sin embargo, no van a ser esos los términos que se apliquen. En febrero la plantilla dio su apoyo con el 73,4% de los votos a un nuevo calendario que retrasa la reactivación de la planta. Inicialmente las cubas de electrolisis tendrían que estar a pleno rendimiento a mediados de 2024, pero con las nuevas condiciones ese hito se retrasa a octubre de 2025. También se estiró el plazo en el que la empresa se compromete a no hacer despidos, que pasó del 31 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2026. La plantilla se comprometió a mantener la paz social hasta entonces. Eso sí, el acuerdo no hace mención explícita a que la garantía se vaya a aplicar también a los trabajadores de la alúmina. A estos cambios ahora se suman el aplazamiento sin fecha del horno y la petición de ayuda.

El ministerio de Industria ha convocado para el viernes, 15 de diciembre, a representantes de Alcoa, sindicatos y Xunta a un encuentro en Madrid, que va a estar presidido por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró. Este lunes el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía gallega, María Jesús Lorenzana, se reunieron con representantes de la dirección de la empresa en Santiago de Compostela. Al término del encuentro, Lorenzana se ha mostrado comprensiva con el último anuncio de la compañía. “Esa paralización temporal se puede llegar a entender teniendo en cuenta esa casuística que explican”, señaló, aunque pide plazos concretos para el horno.

La conselleira, según informa Europa Press, traslada que Alcoa no tiene tomada “ninguna decisión respecto a la planta” y que sus quejas se centran en los costes de la energía y unas pérdidas que consideran inasumibles.

Windar Renovables adquiere los activos de la fábrica de Alu Ibérica, poniendo fin así al proceso concursal. Una noticia que supone un alivio para los antiguos trabajadores de la aluminera que ya han expresado su deseo de que la multinacional les tenga en cuenta para la nueva etapa de las instalaciones.

Windar Renovables adquirirá estos activos por 20 millones de euros, una vez se llegue a un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Avilés sobre las concesiones del suelo de dominio público. Por ahora no ha querido valorar la operación.

El puerto otorgó el 5 de diciembre de 1960 la concesión a la antigua aluminera de un conjunto de solares de una superficie irregular de 146.734 metros cuadrados, que pertenece al dominio público y que prorrogó para facilitar el proceso concursal en el que se hallaba inmersa Alu Ibérica tras su cierre.

El expresidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, ha declarado que “por fin se acabó todo”, con lo cual “ya se puede pasar página” y ha confiado en que, por lo menos, se pueda satisfacer la deuda a todos los acreedores, incluidos los trabajadores, a los que también se les debe dinero.

De la Uz también ha expresado su confianza en que el puerto pueda llegar a acuerdo con Windar y que sea “realista y no pida nada que no estén pidiendo otros puertos de Asturias”.

“Mi deseo ahora mismo también es que Windar tenga en cuenta a la antigua plantilla de Alcoa y que haya gente que pueda trabajar allí, cuando sea el caso”, ha declarado José Manuel Gómez de la Uz.

Optimismo en el Ayuntamiento

Desde el consistorio avilesino, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, ha celebrado que culmine un proceso que se llevaba tiempo esperando y que, además, se lleva a cabo con una empresa local “con una gran capacidad de crecimiento, de internacionalización, incorporación de valor añadido y con un centro de I+D+I cada vez más potente”.

Para Campa esto permitirá asegurar el futuro de esta empresa y, por lo tanto, del uso productivo industrial de los terrenos que ocupaba la antigua aluminera, donde Windar pretende generar mucho empleo, porque “maneja una cartera de pedidos para los próximos años importante”.

El concejal espera que “la fase de la puesta en marcha de esta actividad sea lo más rápida posible para un proyecto que sea serio, solvente, riguroso y con capacidad de generación de empleo”.

El Parlamento Europeo ha avalado una ayuda de 1,2 millones de euros para los trabajadores despedidos de la empresa del aluminio Alu Ibérica, quebrada por el incremento de los precios de la energía y las materias primas. España pidió apoyo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG), cuya aportación servirá para ayudar a los 303 antiguos empleados a encontrar un nuevo trabajo “mediante orientación y asesoramiento personalizados, formación profesional y búsqueda de empleo”.

La votación en la Eurocámara, que ha salido adelante con 585 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones, permite a Bruselas el desbloqueo de esa ayuda para la recolocación de los trabajadores de la antigua Alcoa tras el cierre de la factoría de A Grela. La fábrica fue vendida a un fondo de inversión extranjero cuando Alcoa amenazó con su cierre y revendida a un tercero durante la pandemia. Ahora no encuentra un comprador tras la declaración del concurso de acreedores, según informó la Cadena Ser.

El informe del que ha sido ponente la socialista Eider Gardiazabal apunta a la pandemia y la guerra como elementos que han afectado a la competitividad de la economía europea y, por tanto, de España, como parte de las razones que están detrás del cierre así como a la inflación. Entre los argumentos del los eurodiputados está el impacto en la economía local de una zona (A Coruña) que ya de por sí tiene tasas de paro superiores a la media.

Igualmente, sostiene que los trabajadores desplazados por el cierre requerirán apoyo adicional en la búsqueda de empleo en la región dado que el 35% de ellos superan los 45 años y pueden enfrentarse a desafíos adicionales para el reciclaje laboral. Un 60% de las personas que buscan empleo en A Coruña están por encima de ese rango de edad, según recoge el Parlamento Europeo.

“Los trabajadores también reciben formación en las competencias clave y los conocimientos que necesitan para encontrar un nuevo empleo, incluidas capacidades informáticas básicas, operaciones y logística de almacenes y nuevas técnicas de soldadura, así como ayudas para obtener el reconocimiento formal de sus capacidades y de su experiencia laboral y de aprendizaje previa”, señalaba la propuesta de la Comisión Europea.

A los 1,2 millones de euros de los fondos comunitarios, la Xunta de Galicia tendrá que aportar otros 225.000 euros para que la ayuda total ascienda a 1,5 millones de euros.

Los trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) han aprobado el nuevo plan de la empresa que retrasa la reactivación total de la planta de aluminio primario. En el referéndum han participado el 78,4% de los empleados convocados (1.060) y, de ellos, el 73,4% ha apoyado el nuevo calendario. Se han registrado 208 en contra (el 25,03%), siete en blanco (el 0,84%) y seis nulos (el 0,73%).

La plantilla acudía dividida a la votación. CCOO y UGT -que suman mayoría en el comité de empresa- habían llamado a aceptar el plan, mientras que la CIG se había mostrado en contra al considerar que deja la puerta abierta a que se presenten expedientes de regulación de empleo (ERE) en la parte de la alúmina, que sigue en funcionamiento y que ha sufrido recortes de producción en los últimos meses.

Para el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan (CCOO), el resultado demuestra “la unidad de la plantilla” y su apoyo a lo que califica de “buen acuerdo”, recoge Europa Press. Cuando la empresa se lo presentó a los representantes de los trabajadores, Zan criticó la nula disposición a negociar y que no aceptase “entrar a valorar meter a la planta de alúmina y a las empresas exteriores, tanto transportes como suministros”, que era una reclamación de los sindicatos.

El nuevo plan de Alcoa, que modifica el que había sido pactado a finales de 2021, prevé que las cubas, el corazón de la fábrica, no se van a reactivar al 100% hasta octubre de 2025, mientras que el calendario inicial proyectaba que estuviesen a pleno rendimiento para mediados de 2024. La empresa retrasa hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia del compromiso de no presentar ni ERE ni ERTE -antes llegaba solo hasta un año antes-, aunque sin hacer referencia a los trabajadores de la alúmina. Hasta entonces, los empleados se comprometen a mantener la paz social.

Los trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) están llamados a participar esta semana en una votación para decidir si acuerdan con la empresa un cambio en el acuerdo al que llegaron a finales de 2021 para parar las cubas en la fábrica de aluminio primario con la condición de recuperar la actividad en 2024 y de no hacer despidos ni aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta que termine 2025. En una asamblea organizada este lunes se ha hecho evidente que CCOO y UGT -que suman mayoría en el comité de empresa, con nueve y cinco delegados, respectivamente- optan por apoyar la modificación del acuerdo, mientras que la CIG, con nueve delegados, se muestra contraria.

El acuerdo alcanzado al término de 2021, tras votar los trabajadores en reféndum, puso fin a una huelga y a meses de conflictividad por la intención de la multinacional de origen estadounidense de cerrar la planta de aluminio primario que, argumentaba, le daba pérdidas millonarias. La Justicia había anulado el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado para más de medio centenar de empleados y le había impedido parar las cubas, que son el corazón de la fábrica de aluminio primario. El pacto aceptado hace poco más de un año suponía parar esas cubas y reiniciarlas en 2024 para tenerlas de nuevo a pleno rendimiento a mediados de ese año. Para procurar que fuesen rentables, la empresa estaba negociando PPA (acuerdos de compra de energía a largo plazo) para rebajar su factura eléctrica. También prometía mantener a todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2025, con una redacción genérica en la que se daban por incluidos también los empleados de la parte de la alúmina -esta unidad no ha dejado de trabajar y no se ha visto afectada por la parada de las cubas-.

La situación cambió hace unos días. El 24 de enero Alcoa presentó un nuevo documento que definió como su “oferta final”. En esta propuesta cambia los términos acordados en 2021: el proceso para volver a arrancar las cubas empezaría el 1 de enero de 2024, pero no funcionarían al cien por cien hasta el mes de octubre de 2025. A partir de ese momento, el compromiso no sería tenerlas activas todas, sino al menos el 75%. Antes de eso, la empresa garantizaría que estarían encendidas 32, que son solo una pequeña parte de las 512 totales. Añade que, en caso de que esos PPA permitiesen activar más, habría todas las que cubriesen esos contratos de suministro de energía. Otro de los cambios afecta a la protección contra ERE o ERTE de la plantilla: si inicialmente Alcoa se comprometió a no aplicar ningún tipo de expediente hasta el 31 de diciembre de 2025, ahora amplía ese plazo un año. Sin embargo, el cambio de la redacción ha hecho desconfiar a los sindicatos porque especifica que se refiere a Aluminio Español, es decir la parte de aluminio primario, pero no la de la alúmina.

Este es uno de los puntos por los que la CIG rechaza el nuevo acuerdo. Xosé Paleo, uno de los representantes de este sindicato, explica que la parte de la alúmina estaba dando beneficios cuando se cerró el pacto de 2021, pero en los últimos meses ha hecho recortes de producción y hay una “amenaza velada de un ERE o un ERTE”. Cree que con la nueva redacción, esta unidad queda desprotegida y también quedan expuestas las empresas auxiliares. Con las cubas ya paradas, admite, los trabajadores tienen menos fuerza para presionar a la empresa. Y la propuesta de Alcoa implica que los empleados se comprometen a mantener la paz social hasta que termine 2026. “¿Qué pasa si hay un ERE o un ERTE en la alúmina? Vamos a ir todos a la puerta, o eso creo, y se va a romper la paz social”, dice Paleo, que reflexiona que “las garantías” para la plantilla van a ser “las de la planta que menos garantías tenga”.

El sindicalista de la CIG cree que Alcoa sabía que no iba a poder cumplir el calendario del primer acuerdo, pero lo propuso porque en aquel momento necesitaba parar las cubas para cortar las pérdidas y tenía una decisión judicial que se lo impedía y una huelga de los trabajadores. Considera que la empresa era consciente de que los PPA no iban a permitir estar funcionando ya totalmente a mediados de 2024 con precios lo suficientemente bajos. Ahora, señala, el compromiso pasa a ser encender 32 cubas de 512, que “no es nada”, hasta finales de 2025, con lo que se retrasa la recuperación de la actividad al cien por cien en más de un año.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, de CCOO, también ha sido crítico con la actitud de Alcoa, de la que ha dicho que no ha dado “pie a más negociación” tras presentar sus condiciones. Reprochó, según recoge Europa Press, que no aceptase “entrar a valorar meter a la planta de alúmina y a las empresas exteriores, tanto transportes como suministros”, como reclamaban los sindicatos.

Alcoa sostiene que su propuesta significa “una mayor protección laboral” para la plantilla y destaca que se incrementa la inversión prevista en San Cibrao, que sumaría 88 millones de dólares a los 103 comprometidos en el acuerdo de 2021. En un encuentro con Gobierno central y Xunta, que hacen un seguimiento de los acuerdos, la empresa presentó el pasado 27 de enero su postura. El abogado del Estado avaló entonces su legalidad. El Gobierno gallego criticó posteriormente a través del vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, que “lo que pasa en Alcoa no era lo comprometido” y le pidió que cumpla. Los trabajadores deberán ahora votar y comunicar la decisión a la empresa antes del 6 de febrero.

La parada, el mes pasado, de la planta de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) ya se ha dejado sentir con fuerza en el consumo de electricidad. En enero, la demanda eléctrica nacional retrocedió un 5% con respecto al mismo mes de 2021 y estuvo un 3,2% por debajo de la de un año antes, si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, según los datos publicados por Red Eléctrica. 

Se trata de la mayor caída que se registra desde febrero de 2021, que fue un mes atípico porque comparaba con febrero de 2020, justo antes del estallido de la crisis del coronavirus.

En un contexto de elevadísimos precios de la energía, más que a un deterioro de la actividad económica (de la que el consumo eléctrico suele ser un relevante termómetro), o a una destrucción generalizada de demanda por los disparatados precios de la luz y el gas, fuentes del sector atribuyen el retroceso de enero a un factor concreto: la parada de las instalaciones de la multinacional estadounidense.

Alcoa ha sido tradicionalmente uno de los mayores consumidores de electricidad en España. Y el mes pasado la empresa paró las cubas de electrolisis de su planta de San Cibrao. La parada, que según ha prometido la empresa, va a ser temporal (hasta 2024), se inició el pasado 10 de enero y se hizo completamente efectiva el 20 de enero.

La empresa acordó el pasado 29 de diciembre con su plantilla el cese temporal de la actividad de producción de aluminio primario, a través de una consulta que respaldaron casi el 70% de los trabajadores. Se puso fin así a más de un año de conflicto laboral ante la pretensión de la compañía de echar el cierre a esa fábrica, tras unas negociaciones de venta que no fructificaron y después de que el Tribunal Supremo confirmase la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) que había planteado para despedir a más de 500 trabajadores.

Con ese acuerdo, la multinacional pudo dejar de producir aluminio primario, manteniendo la producción de aluminio secundario, en una votación celebrada unos días después de que la víspera de Nochebuena el precio de la electricidad en el mercado mayorista español pulverizase el que hasta ahora es su último récord, más de 383 euros el megavatio hora (MWh).

Tras un 2021 en el que el precio de la luz batió 27 récords, el pool se ha relajado algo en este arranque del año, por la ligera caída de la cotización del gas respecto al pico de diciembre. Pero se ha consolidado por encima de los 200 euros/MWh, un nivel impensable hace un año, espoleado por la tensión entre Rusia y Ucrania y su efecto multiplicador en la cotización de esa materia prima, que a su vez condiciona los precios de la luz.

Contratos de renovables

Alcoa impuso a la plantilla de San Cibrao esa parada temporal hasta el 1 de enero de 2024, cuando los precios de la luz deberían empezar a normalizarse, argumentando que los máximos de la electricidad se traducían en unas pérdidas mensuales de cerca de 18 millones de euros. Actualmente los mercados de futuros apuntan a que habrá que esperar a ese año para que los precios del mercado mayorista bajen por fin de los 100 euros/MWh en media anual.

El acuerdo implicó detener las cubas de Alcoa (el corazón de la planta) hasta esa fecha (2024) con el compromiso de invertir unos 90 millones, no acometer ningún despido colectivo hasta que termine 2025, mantener los salarios, formar a la plantilla y trabajar con ocho suministradores de energía para alcanzar acuerdos de suministro a largo plazo (PPAs) que tendrían una vigencia de 10 años. 

Por ahora, la multinacional ha alcanzado preacuerdos con Greenalia y Capital Energy para el suministro de electricidad de origen renovable a partir de esa fecha. En enero, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, advirtió de que “habrá que seguir de cerca” cómo se activa el procedimiento de autorización de los parques por parte de las empresas con la que Alcoa “está contactando” para asegurarse esa energía. Pero la ministra para la Transición Ecológica recordó entonces que nada impide a Alcoa proveerse de energía renovable producida fuera de Galicia y reiniciar su actividad “cuanto antes”. 

Ribera también apuntó que “puede, a nivel europeo, haber instituciones que pueden dar cobertura”, avalando esos contratos de suministro de electricidad a largo plazo. Una posibilidad en la que está trabajando el Ejecutivo.

Habrá que esperar unas semanas hasta que Red Eléctrica publique el indicador que descompone los datos de consumo eléctrico por tipos de consumidores para conocer hasta qué punto los altos precios de la energía han destruido demanda en este arranque de 2022.

Por lo pronto, la situación del mes pasado ha sido muy distinta a la del mismo mes de 2021. Entonces, el consumo sí registró un ligero incremento del 0,7% con respecto a un año antes, como consecuencia de la rápida recuperación económica tras la gran reclusión. Durante el gran encierro de 2020, el consumo eléctrico llegó a hundirse un 17% en un mes por el desplome de la actividad.

Desde este jueves, 20 de enero, España deja de producir aluminio primario. La última planta en la que se fabricaba este material, la que Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo, Lugo), hace efectiva la parada de las cubas de electrolisis. Sí se mantiene la producción de aluminio secundario, a partir de la refundición.

La medida forma parte del acuerdo alcanzado entre la empresa y los trabajadores tras más de un año de conflicto y negociaciones de venta frustradas. La plantilla aceptó la propuesta, que supuso un cambio en la estrategia de la multinacional, con resignación. Cuando votaron sí, lo hicieron eligiendo entre “una solución mala y otra peor”, según el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

El giro de guion se escribió a finales de noviembre de 2021. Alcoa había anunciado casi año y medio antes su intención de cerrar la planta de aluminio primario -en la misma comarca tiene otra de alúmina. Las conversaciones abiertas con intermediación de Gobierno central y Xunta para la venta de las instalaciones a otro productor fracasaron una y otra vez. La ministra de Industria, Reyes Maroto, no dudó en señalar a la empresa de origen estadounidense como responsable de que las conversaciones no fructificasen.

En medio de protestas continuas de los trabajadores, de la negativa del Gobierno a intervenir la planta y de reclamaciones millonarias -le pidió a Alcoa la devolución de ayudas de 34 millones de euros que estaban vinculadas a que se mantuviese el empleo-, la empresa propuso lo que denominó una solución “a medio-largo plazo”: parar las cubas -el corazón de la fábrica- durante dos años y reiniciarlas en enero de 2024; mantener los empleos y los salarios y no hacer un despido masivo al menos hasta que termine 2025; e invertir más de 60 millones de euros y reservar 31 millones más para el reinicio de la actividad. Lo hizo después de que que el Tribunal Supremo confirmase que el expediente de regulación de empleo (ERE) que había planteado para más de 500 trabajadores y con el que pretendía parar las cubas ya hace un año era nulo.

La plantilla aceptó el trato porque la otra opción podría ser el cierre y un nuevo ERE, pero lo asumió como “un duro golpe”. Zan carga contra Gobierno central y Xunta por la falta de alternativas. Al primero le recrimina en especial que no ofreciese un precio “competitivo” de la energía para estos dos años que la planta va a estar parada. Con la vista puesta en 2024, está negociando acuerdos de suministro de electricidad con empresas de renovables como Greenalia y Capital Energy. Desde que este jueves dejen de funcionar las cubas, los trabajadores se dedicarán a labores de mantenimiento y a formarse. Arrancar de nuevo en dos años será un proceso “técnicamente difícil”, señala el presidente del comité de empresa. “Nadie se va a su casa; el 100% de la plantilla va a seguir trabajando”, recalca.

Esta misma jornada se reúne la segunda mesa de seguimiento de la situación de Alcoa, con representación de las administraciones, los trabajadores y la empresa. Zan confía en que la empresa concrete cómo y cuándo se van a hacer las inversiones anunciadas para la planta. Tras la primera reunión después del acuerdo con los trabajadores, tanto la ministra Maroto como el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, volvieron a intercambiar reproches y ninguno de los dos mostró satisfacción por la solución planteada. Conde incluso deslizó dudas sobre el compromiso de Alcoa y dijo que no había motivo para la “celebración” puesto que la planta afronta una parada de la actividad que será temporal “si se dan por buenas las promesas de la empresa”.

Alcoa no va a esperar un solo día para detener la producción de aluminio primario en la fábrica que tiene en San Cibrao (Cervo, Lugo), la única en España en la que se obtenía hasta ahora este material. Después de que los trabajadores respaldasen en una votación aceptar los planes de la multinacional de parar durante dos años la actividad de electrolisis manteniendo los puestos y los salarios, la plantilla y la dirección sellaron el acuerdo ayer miércoles. El apagado de las cubas empieza el mismo 1 de enero de 2022 y la previsión es que las tareas se completen en el primer mes del año. No se volverán a encender hasta enero de 2024.

“Ahora tenemos una ruta para hacer frente a los importantes retos que afronta esta instalación y podemos comenzar a configurar una planta más sólida en dos años”, afirmo el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey. El camino hasta aquí, añadió, ha sido “complejo para todos los involucrados”. Este punto y seguido en la fábrica llega después más de un año de protestas de los trabajadores y negociaciones fallidas para evitar el cierre de las instalaciones, que era el objetivo inicial de la empresa. Las conversaciones para vender la planta a un tercero no fructificaron y los responsables del Gobierno central no dudaron en señalar a la propia Alcoa como responsable de hacerlas descarrilar.

Con un expediente de regulación de empleo (ERE) tumbado por la justicia y todas las vías para deshacerse de la fábrica cegadas, la multinacional de origen estadounidense decidió cambiar la estrategia hace un mes. Propuso dejar la actividad de las cubas parada hasta 2024, pero continuar con la fundición de aluminio y mantener a la plantilla y pagar sus sueldos durante este tiempo. El problema que la empresa ha identificado como el principal escollo una y otra vez es el de los precios de la electricidad, que califica de “exorbitantes”. Ya ha anunciado un preacuerdo con Greenalia para el suministro de energía a largo plazo desde 2024 y este jueves se ha conocido que ha alcanzado un pacto similar con Capital Energy.

En los dos próximos años, de hecho, esta es una de las tareas que se plantea la empresa, la de cerrar acuerdos de compra de energía. Según asegura en un comunicado, Alcoa promete inversiones de capital de más de 60 millones de euros y reservar 31 millones más para el reinicio de la actividad. Deberá mantener los salarios y beneficios completos de la plantilla hasta 2024, extender los contratos de las empresas contratistas por ese mismo periodo y no plantar procesos de despido colectivo en San Cibrao al menos hasta el 31 de diciembre de 2025. Por su parte, los trabajadores se han comprometido a levantar la huelga que tenían convocada y que afectaba a estas instalaciones y también a la fábrica de alúmina -para que la empresa nunca planteó planes de cierre-.

Con el acuerdo firmado, este jueves se celebró la primera comisión de seguimiento con las administraciones, a la que asistió la ministra de Industria, Reyes Maroto. Tanto ella como el conselleiro del ramo gallego, Francisco Conde, han pedido, pese a los planes manifestados por Alcoa y aceptados por la plantilla, que la actividad se recupere lo antes posible. “Si puede ser en 2022, mejor que en 2024”, dijo Conde. Ninguno de los dos ha mostrado satisfacción por la situación ni ha enterrado el hacha de guerra. Maroto afeó a la Xunta que centre sus críticas en el Gobierno central y la acusó de “eludir responsabilidades”. Conde reiteró que su postura es que el problema está en que no hay un precio eléctrico competitivo. “No hay nada que celebrar”, resumió el conselleiro, que deslizó que el cese de actividad es temporal “si se dan por buenas las promesas de la empresa”.

La ministra señaló que, al mantenerse el empleo, Alcoa volverá a cumplir todos los requisitos para acceder a ayudas públicas. Industria había encargado un informe jurídico para determinar si la empresa debía devolver unos fondos que había recibido y que exigían que mantuviese la plantilla durante cinco años, un punto que incumplía con el ERE que pretendía llevar a cabo.

Los trabajadores de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) han aprobado en referéndum el acuerdo para poder iniciar el proceso de cese de producción de aluminio primario y posterior rearranque según las condiciones descritas en la propuesta que trasladó la multinacional. Los resultados de la votación, difundidos por el comité de empresa a primera hora de la madrugada de este miércoles, sitúan en el 69,68% los apoyos al sí entre la plantilla, cuya participación alcanzó el 76%, de 1.063 trabajadores censados.

Así, de un total de 808 votos emitidos, el recuento arrojó 563 votos a favor (ese 69,68%), 196 votos en contra (24,26%), 40 votos en blanco (4,95%) y nueve votos nulos (1,11%). Mientras, el resultado del referéndum en las empresas contratistas fue desfavorable para el acuerdo, con 180 votos emitidos: 54 a favor (30%), 105 en contra (58,3%) y 21 en blanco (11,7%). El comité da por aprobado el acuerdo para iniciar el cese de la producción, una propuesta para dar solución al conflicto por el que, advierte, “siguen amenazados los puestos de trabajo y la continuidad” de la planta de aluminio, informa Europa Press.

El pasado jueves 23 de diciembre finalizó sin acuerdo la negociación entre Alcoa y el comité de la fábrica de San Cibrao tras cuatro jornadas maratonianas en Santiago. Fue entonces cuando los representantes de los trabajadores anunciaron que someterían a referéndum la última propuesta de la compañía. De hecho, la empresa había lanzado en la víspera (el miércoles 22) un ultimátum al comité de empresa en el que fijó este martes 28 de diciembre como fecha límite -a las 14,00 horas- para que el acuerdo estuviese firmado.

La última oferta de la compañía pasa por una inversión de 103 millones de dólares (más de 90 millones de euros al cambio) para “la viabilidad futura y crecimiento de la planta”, incluido el reinicio de las cubas de electrólisis en 2024 tras una parada de dos años, y como garantía se constituirá un depósito restringido por la misma cuantía. De acuerdo con ella, Alcoa se compromete a trabajar con ocho suministradores de energía con los que ya está en contacto, para alcanzar acuerdos a medio y largo plazo (PPAs), que entrarían en vigor a partir del 2024 y tendrían una vigencia a 10 años.

Accede al seguimiento de estas negociaciones, así como de las inversiones y la evolución del acuerdo, a través de una mesa en la que estarían presentes el comité (dos miembros por sindicato), Xunta y Gobierno, con una frecuencia mensual los seis primeros meses y trimestral de ahí en adelante. En cuanto al plan para los años 2022 y 2023, Alcoa ofrece garantía de facturación de las empresas auxiliares durante los dos primeros años, con contratos garantizados a tres años (2022 a 2024) de aquellas empresas externas directamente afectadas por el cese temporal. Además, habrá preferencia de contratación para las empresas de suministros y transportistas locales.

En lo tocante a inversiones en los dos primeros años, figuran unos 37 millones de euros para actuaciones como la reconstrucción de horno de cocción para ánodo grande; a lo que se unen más de 5 millones para un transformador nuevo (TRG) con ajustador de tensión, diseñado para 200.000 amperios; y un horno de homogeneizado (2,6 millones). Hay 31 millones reservados para el rearranque de las cubas en un proceso de seis meses a partir de 2024. Igualmente, seguirá operativa la actividad en fundición y la planta de alúmina, con un plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa. Los compromisos con los clientes no se verían afectados.

Este acuerdo incluye la condición de que los trabajadores levanten la huelga y se comprometan a la paz social durante su vigencia. En la planta de aluminio no se acometerán expedientes de despido colectivo (ni ERE ni ERTE), durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025.

El comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) “acepta entrar a negociar” con la multinacional del aluminio a raíz de la propuesta que esta trasladó a los representantes de los trabajadores. Eso sí, “teniendo clara” una postura que se marca dos líneas rojas: “las cubas no se paran” y ha de garantizarse el empleo de “las empresas exteriores”.

A la espera de que haya fecha para una nueva reunión, el comité muestra así su “plena disponibilidad”, después de la mesa multilateral celebrada este martes. La Xunta la ha tildado de “decepcionante” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno, al instarlo a que “tome la iniciativa” para marcar un precio eléctrico competitivo. Por su parte, el Ejecutivo ha mostrado su disposición a participar en ese proceso negociador para garantizar el futuro de la planta de A Mariña.

El presidente del comité, José Antonio Zan, lamenta que Alcoa “ha seguido insistiendo” este martes “en que necesitan parar las cubas, el proceso productivo”. Por su parte, la plantilla sigue “diciendo que las cubas no se paran y ahí existe un gran escollo”.

La empresa ha explicado en el encuentro “cómo ven ellos la salvaguarda de las empresas contratistas”, pero el comité ha advertido de que “tendrían que garantizar tanto suministro como transporte aparte de contratistas y talleres del alrededor”, pues “todos ellas son parte” del empleo de Alcoa. “Por eso sin ellos no iremos”, ha avisado Zan.

Al Gobierno central, los representantes de los trabajadores le han exigido un marco energético “de una vez por todas y cuanto antes”, para que pueda haber “continuidad de producción” en 2022 y 2023 “para después en 2024 si consigue una PPA (contrato de compraventa de energía), lo aplique”. A la Xunta, le insta a “que apoye inversiones” necesarias “para actualizar la fábrica”, ya que “no vale solo con decir” que se está a favor de la permanencia de la factoría.

Alcoa ha trasladado al comité de empresa de San Cibrao, en Cervo (Lugo), una propuesta de acuerdo que prevé ceses temporales de la actividad de la planta a cambio de “un permiso retribuido” a los trabajadores afectados y el compromiso de “no iniciar ningún despido colectivo por un periodo de cuatro años”. El comité de empresa ha convocado pleno extraordinario para estudiar la propuesta.

La multinacional ha informado de este planteamiento, que califica de “solución a medio-largo plazo” para la fábrica de aluminio de A Mariña, a través de un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación. Con ella pretende dar salida a una situación enquistada desde hace más de año y medio, cuando anunció que prentendía cerrar la fábrica de aluminio primario -tiene otra, de alúmina, que no se ve afectada por este proceso- y enviar al paro a los más de 500 trabajadores de las instalaciones. Tras meses de protestas, la empresa accedió a negociar, en verano de 2020, una posible venta al grupo de origen británico Liberty House. Las conversaciones no fructificaron y la ministra de Industria, Reyes Maroto, acusó directamente a Alcoa de frustrar la operación, que habría hecho pasar la planta a un competidor directo en el mercado del aluminio.

En el comunicado de este lunes, Alcoa vuelve a hablar de “los desorbitados precios de la electricidad” y asegura que “hacen inviable la planta en la actualidad”. Por eso, expone, “en un esfuerzo por encontrar una solución”, ha propuesto este lunes a los representantes de los trabajadores “una opción para mantener el empleo, promover la viabilidad futura de la planta y frenar las importantes pérdidas que la planta está acumulando”. Según su planteamiento, la actividad se retomaría en 2024.

La compañía explica que ofrece “un acuerdo” que contempla el cese temporal de la actividad de electrolisis, que insiste en que es la que más electricidad consume, y de la planta de ánodos por dos años. “Y, como parte del acuerdo propuesto, Alcoa se compromete”, en primer lugar, a “trabajar urgentemente para firmar preacuerdos de suministro de energía mínimamente competitivos a partir de 2024, siendo esos preacuerdos la premisa para iniciar el cese temporal de dos años”.

En segundo término, plantea “proporcionar un permiso retribuido a los empleados afectados durante el cese temporal de dos años”, y también propone “operar la fundición para asegurar el suministro de metal a los clientes”.

Los otros puntos de su propuesta se refieren a “reiniciar toda la actividad a partir de enero de 2024” y a “no iniciar ningún despido colectivo por un período de cuatro años”. En la nota, Alcoa precisa que la refinería de alúmina de San Cibrao no se ve afectada por este acuerdo propuesto y “seguiría funcionando con normalidad”.

“Creemos que esta propuesta es una solución razonable para los trabajadores, permitirá la viabilidad futura de la planta de aluminio y detendrá las pérdidas significativas que está acumulando la planta”, manifiesta el Chief Commercial Officer de Alcoa Corp, Tim Reyes, que añade que “con los precios de la energía en niveles desorbitados, es de interés para todos cesar la producción temporalmente una vez que se obtengan preacuerdos de energía razonables, con el compromiso de su reinicio completo en dos años”.

Fuentes de la empresa han señalado a esta redacción que las pérdidas operativas solo en el mes de noviembre estarán, según sus estimaciones, por encima de los 20 millones de dólares, “sin contar el efecto que tiene la huelga en la liquidez de la compañía”. El coste de la electricidad es más del 60% del total de costes de producción, precisan estas fuentes.

El Gobierno central ha reaccionado de forma tibia a la propuesta de la empresa, a la espera de concertar una reunión en la que se concreten las medidas que plantea. En un comunicado, el Ministerio de Industria reitera que su postura es que deben lograrse dos objetivos: mantener el empleo y la capacidad productiva de aluminio primario de la planta a medio y a largo plazo. Considera que la multinacional debe explicar en detalle las inversiones necesarias para “garantizar las capacidades industriales y la competitividad” de la planta y las medidas que garanticen la base actual de clientes y su suministro.

El comité estudiará la propuesta

Tras recibir esta oferta, “abierta” y que la firma “invita a negociar”, el comité ha convocado un pleno extraordinario para este martes, a las 9,30 horas, con la finalidad de que los sindicatos valoren la propuesta.

También solicitará una reunión con representantes de la Xunta y del Gobierno central para recabar su valoración al respecto, y mantiene la asamblea general convocada también para este martes, a las 12,00 horas.

Con la propuesta que Alcoa acaba de poner sobre la mesa quedaría excluida la posibilidad de presentar un ERE o un ERTE. La justicia tumbó precisamente el expediente de regulación de empleo para 524 trabajadores. Primero lo anuló, al considerar que la compañía había actuado de mala fe, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y después ratificó la decisión el Tribunal Supremo.

La situación de la planta de San Cibrao ha provocado no solo constantes protestas de la plantilla, sino que ha contribuido a una huelga general en A Mariña, una comarca afectada por otros cierres, como en anunciado por Vestas, y a cruces constantes de reproches entre partidos políticos y administraciones. La Xunta ha insistido en reclamar soluciones al Gobierno central y acusarlo de estar haciendo una transición energética con efectos negativos en Galicia. Por su parte, el BNG ha pasado de dar su apoyo al Gobierno central para sacar adelante los presupuestos de 2021 a abstenerse en los de 2022. Entre los motivos, que no está resuelta la crisis de Alcoa. La formación nacionalista había presentado una enmienda para garantizar una intervención pública de la fábrica, algo descartado en el Ministerio de Industria.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, acusa a Alcoa de ser “el problema” para despejar el futuro de la fábrica de aluminio primario que tiene en la comarca de A Mariña, en la provincia de Lugo. El Ministerio le ha dado a la empresa de plazo hasta finales de diciembre para que dé una respuesta para intentar poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace año y medio y que amenaza más de medio millar de empleos directos.

Maroto ha asegurado en una entrevista con la Cadena SER que la multinacional “claramente no busca una solución alternativa” y le ha atribuido la responsabilidad de que se frustrase la venta -negociada en el verano de 2020- al grupo Liberty House y de que no hayan prosperado las negociaciones con otras empresas interesadas en hacerse con la planta de San Cibrao, en el municipio de Cervo. “El problema es la actitud de una empresa que ha recibido muchas ayudas públicas y a la que pedimos que dé un paso atrás, que se vaya de A Mariña y venda”, ha manifestado. Ha esquivado la posibilidad de una intervención pública de la planta como paso intermedio para venderla.

Entre las medidas de presión, el Gobierno central le reclamó a Alcoa la devolución de 34 millones de euros de ayudas por compensaciones de CO2. Lo hizo a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que tumbó el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa había presentado para 524 trabajadores. La decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo. El despido colectivo incumplía un requisito de esas subvenciones, que era el de mantener el empleo durante tres años.

El conflicto comenzó hace año y medio, cuando Alcoa anunció su intención de cerrar la planta de aluminio primario y despedir a la plantilla. Se abrió en agosto y septiembre del año pasado un periodo de negociaciones para vender a Liberty House que no llegó a buen puerto. En enero de 2021, tras la anulación del ERE, la empresa aceptó de nuevo sentarse a negociar una posible venta, pero tampoco ha habido resultados concretos hasta el momento. Ante la falta de avances, los trabajadores retomaron el pasado mes de septiembre la huelga y las protestas.