La ministra de Industria da de plazo hasta fin de año a Alcoa para resolver la situación de la planta de Lugo

Los trabajadores de Alcoa en San Cibrao (Lugo), en una fotografía de archivo.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, acusa a Alcoa de ser "el problema" para despejar el futuro de la fábrica de aluminio primario que tiene en la comarca de A Mariña, en la provincia de Lugo. El Ministerio le ha dado a la empresa de plazo hasta finales de diciembre para que dé una respuesta para intentar poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace año y medio y que amenaza más de medio millar de empleos directos.

Maroto ha asegurado en una entrevista con la Cadena SER que la multinacional "claramente no busca una solución alternativa" y le ha atribuido la responsabilidad de que se frustrase la venta -negociada en el verano de 2020- al grupo Liberty House y de que no hayan prosperado las negociaciones con otras empresas interesadas en hacerse con la planta de San Cibrao, en el municipio de Cervo. "El problema es la actitud de una empresa que ha recibido muchas ayudas públicas y a la que pedimos que dé un paso atrás, que se vaya de A Mariña y venda", ha manifestado. Ha esquivado la posibilidad de una intervención pública de la planta como paso intermedio para venderla.

Entre las medidas de presión, el Gobierno central le reclamó a Alcoa la devolución de 34 millones de euros de ayudas por compensaciones de CO2. Lo hizo a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que tumbó el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa había presentado para 524 trabajadores. La decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo. El despido colectivo incumplía un requisito de esas subvenciones, que era el de mantener el empleo durante tres años.

El conflicto comenzó hace año y medio, cuando Alcoa anunció su intención de cerrar la planta de aluminio primario y despedir a la plantilla. Se abrió en agosto y septiembre del año pasado un periodo de negociaciones para vender a Liberty House que no llegó a buen puerto. En enero de 2021, tras la anulación del ERE, la empresa aceptó de nuevo sentarse a negociar una posible venta, pero tampoco ha habido resultados concretos hasta el momento. Ante la falta de avances, los trabajadores retomaron el pasado mes de septiembre la huelga y las protestas.

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