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Alcoa deja de producir aluminio primario en España desde enero con la promesa de retomar la actividad en dos años

Una concentración por la situación de Vestas y Alcoa, en una imagen de archivo.

Alcoa no va a esperar un solo día para detener la producción de aluminio primario en la fábrica que tiene en San Cibrao (Cervo, Lugo), la única en España en la que se obtenía hasta ahora este material. Después de que los trabajadores respaldasen en una votación aceptar los planes de la multinacional de parar durante dos años la actividad de electrolisis manteniendo los puestos y los salarios, la plantilla y la dirección sellaron el acuerdo ayer miércoles. El apagado de las cubas empieza el mismo 1 de enero de 2022 y la previsión es que las tareas se completen en el primer mes del año. No se volverán a encender hasta enero de 2024.

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"Ahora tenemos una ruta para hacer frente a los importantes retos que afronta esta instalación y podemos comenzar a configurar una planta más sólida en dos años", afirmo el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey. El camino hasta aquí, añadió, ha sido "complejo para todos los involucrados". Este punto y seguido en la fábrica llega después más de un año de protestas de los trabajadores y negociaciones fallidas para evitar el cierre de las instalaciones, que era el objetivo inicial de la empresa. Las conversaciones para vender la planta a un tercero no fructificaron y los responsables del Gobierno central no dudaron en señalar a la propia Alcoa como responsable de hacerlas descarrilar.

Con un expediente de regulación de empleo (ERE) tumbado por la justicia y todas las vías para deshacerse de la fábrica cegadas, la multinacional de origen estadounidense decidió cambiar la estrategia hace un mes. Propuso dejar la actividad de las cubas parada hasta 2024, pero continuar con la fundición de aluminio y mantener a la plantilla y pagar sus sueldos durante este tiempo. El problema que la empresa ha identificado como el principal escollo una y otra vez es el de los precios de la electricidad, que califica de "exorbitantes". Ya ha anunciado un preacuerdo con Greenalia para el suministro de energía a largo plazo desde 2024 y este jueves se ha conocido que ha alcanzado un pacto similar con Capital Energy.

En los dos próximos años, de hecho, esta es una de las tareas que se plantea la empresa, la de cerrar acuerdos de compra de energía. Según asegura en un comunicado, Alcoa promete inversiones de capital de más de 60 millones de euros y reservar 31 millones más para el reinicio de la actividad. Deberá mantener los salarios y beneficios completos de la plantilla hasta 2024, extender los contratos de las empresas contratistas por ese mismo periodo y no plantar procesos de despido colectivo en San Cibrao al menos hasta el 31 de diciembre de 2025. Por su parte, los trabajadores se han comprometido a levantar la huelga que tenían convocada y que afectaba a estas instalaciones y también a la fábrica de alúmina -para que la empresa nunca planteó planes de cierre-.

Con el acuerdo firmado, este jueves se celebró la primera comisión de seguimiento con las administraciones, a la que asistió la ministra de Industria, Reyes Maroto. Tanto ella como el conselleiro del ramo gallego, Francisco Conde, han pedido, pese a los planes manifestados por Alcoa y aceptados por la plantilla, que la actividad se recupere lo antes posible. "Si puede ser en 2022, mejor que en 2024", dijo Conde. Ninguno de los dos ha mostrado satisfacción por la situación ni ha enterrado el hacha de guerra. Maroto afeó a la Xunta que centre sus críticas en el Gobierno central y la acusó de "eludir responsabilidades". Conde reiteró que su postura es que el problema está en que no hay un precio eléctrico competitivo. "No hay nada que celebrar", resumió el conselleiro, que deslizó que el cese de actividad es temporal "si se dan por buenas las promesas de la empresa".

La ministra señaló que, al mantenerse el empleo, Alcoa volverá a cumplir todos los requisitos para acceder a ayudas públicas. Industria había encargado un informe jurídico para determinar si la empresa debía devolver unos fondos que había recibido y que exigían que mantuviese la plantilla durante cinco años, un punto que incumplía con el ERE que pretendía llevar a cabo.

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