La mujer que denunció haber sido víctima de una violación grupal en la Universidad de Cornell ha enviado una carta en la que dice sentirse “desamparada” y acusa a la institución de no haber dado credibilidad a su relato.

En la carta, publicada por el New York Times y enviada al órgano que reúne al profesorado de la Universidad, la víctima –que permanece en el anonimato y a la que se conoce con el pseudónimo de Jane Doe– afirma que quiere dar su versión mientras se discute una moción contra la dirección de la Universidad.

La joven dice que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, hizo un comentario poniendo en duda el tiempo que había tardado en denunciar la agresión –fue menos de un mes–. La víctima dice que esa reacción minó su confianza en la Universidad y desconfió de “la sensibilidad y la justicia que yo esperaba y deseaba de la que había sido la universidad de mis sueños”.

Ese comentario se realizó durante un encuentro con la presidenta de la hermandad universitaria de la víctima. Ella le contó a Jane Doe que Kotlikoff había preguntado “¿Por qué tardó tanto en denunciarlo?”, y que ese comentario había dejado a la presidenta de la hermandad “preocupada” y con la sensación de que dudaba de la veracidad del relato.

“Cuando la entonces presidenta de Tri Delta me contó esta conversación, sentí que el presidente Kotlikoff no me respaldaba y que no creía mi testimonio”, dice la denunciante en su carta.

“No quisiera ocultar algo potencialmente relevante y que los miembros del Senado [el órgano que reúne al profesorado] descubrieran más adelante que no se les había facilitado información importante para sus deliberaciones”, añade.

La moción que discute el profesorado de Cornell es simbólica, no puede destituir a Kotlikoff y a su equipo, pero si se aprueba sería un duro golpe a una dirección ya muy cuestionada por su actuación en este caso.

Los hechos: una violación a una mujer drogada

La denuncia de la víctima relata que en octubre de 2024 sale de un bar en el que ha estado bebiendo y se dirige a la hermandad Chi Phi, donde va a encontrarse con un amigo en medio de una fiesta. La mujer llega ya borracha y él, con quien inicia un encuentro consentido, le ofrece más bebida. El chico la lleva a un lugar más apartado, donde hay otro hombre. Los dos comienzan a consumir ketamina y a presionarla a ella para que consuma y tenga sexo con los dos. Para entonces, Jane Doe se encontraba con una importante merma de sus facultades que le impedía expresar su voluntad y consentir.

Los documentos a los que ha accedido The New York Times y The Associated Press muestran que uno de esos dos hombres envió un mensaje a un grupo que la fraternidad tenía en la plataforma Snapchat en el que escribió “coño gratis arriba”. Otros hombres llegaron a la habitación y, a pesar de que la mujer estaba en un estado de grave intoxicación, siguieron forzándola a consumir drogas y tener sexo hasta bien entrada la madrugada, cuando ella quedó casi inconsciente.

La Justicia dejará en manos de Marruecos investigar una violación grupal en una patera que llegó a Lanzarote en septiembre. La Sección de Violencia Sobre la Mujer de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Arrecife ha resuelto archivar las actuaciones en España por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, ya que ni los supuestos agresores ni la víctima son nacionales ni residentes en el país y porque la agresión sexual habría ocurrido ''fuera del mar territorial español'', según el auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

Los hechos fueron denunciados por una mujer de Guinea, que llegó a Lanzarote el 16 de septiembre tras una travesía en la que perdieron la vida al menos tres personas. La superviviente relató haber sufrido violencia sexual por parte de otros ocupantes de la neumática durante la travesía iniciada en Agadir (Marruecos) con destino a Canarias.

En el curso de la investigación, señala el auto, se tomó declaración a la denunciante, se practicaron reconocimientos e informes médicos o periciales y se identificó como investigados a tres hombres que viajaron en la patera. Según ha podido saber este periódico, la víctima de los hechos no los identificó, sino que lo hizo un testigo.

Según la declaración de la víctima, los hechos denunciados habrían ocurrido ''durante el segundo y tercer día de navegación'', cuando la embarcación, que tardó ''tres o cuatro días en llegar al puerto de Arrecife'', se encontraba ''fuera del mar territorial español''. ''Estos elementos sitúan los episodios denunciados fuera del mar territorial español'', añade el auto.

Además, según el auto adelantado por La Voz de Lanzarote, tampoco consta que ''la embarcación enarbolase pabellón español''. El documento señala que ''tampoco consta que los investigados fueran españoles o residentes habituales en España con anterioridad a los hechos, ni que la denunciante tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España en el momento en que aquellos se habrían producido''.

Aun así, el Juzgado acordó el 19 de septiembre la prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres detenidos, y ratificó su decisión el 21 de septiembre. Sin embargo, el día 24 se decretó la inmediata puesta en libertad de los detenidos tras un informe del Ministerio Fiscal que solicitaba la medida por falta de competencia de los tribunales españoles.

En esta línea, el Juzgado concluye que los hechos descritos son susceptibles de integrar una conducta de violencia sexual contemplada en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Sin embargo, no se da ninguno de los supuestos que permitiría a España investigar el caso.

Comunicación a Marruecos

El auto deja claro que la decisión de archivar las actuaciones en España ''no contiene juicio alguno sobre la veracidad de la denuncia, la existencia del delito o la participación de los investigados''. Así, señala que la falta de jurisdicción española no debe impedir que los hechos denunciados y las pruebas recogidas puedan ser conocidos por autoridades que sí tengan competencias para investigarlos.

Así, el auto acuerda remitir el testimonio y los informes al Ministerio de Justicia para su traslado a las autoridades competentes del Reino de Marruecos, por ser el país del que partió la embarcación. Además, acuerda que se curse igualmente la comunicación a las autoridades competentes de la República de Mali y Burkina Faso, de donde son nacionales los investigados, y también de Guinea, país de origen de la víctima.

Sobre qué vías tiene ahora la víctima para estar protegida, la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye responde a este periódico que, por un lado, puede recurrir el auto. Por otro, explica que si la jurisdicción española no se fundamenta en el territorio sino en el principio de persecución extraterritorial, el artículo 23.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) solo permite perseguir el delito mediante querella de la persona agraviada o del Ministerio Fiscal. La querella, indica la abogada, permite proponer diligencias, solicitar medidas cautelares y de protección y ejercer los derechos del Estatuto de la Víctima.

Por otra parte, la letrada advierte de que ''en ningún otro procedimiento de violencia sexual se hubiera hecho lo que de alguna manera se hizo con estas personas, pero se permite porque son personas que han llegado en una embarcación''. ''Los hechos están claros, la mujer llegó destrozada y ocurrieron. Lo que hay que determinar es quiénes realizaron estos hechos, porque ella no los identifica, únicamente los identifica un testigo'', añade.

Además, añade que en el momento de la llegada, la embarcación no estaba completa, ya que había personas hospitalizadas y muchos desaparecidos en el mar. Según las cifras de Caminando Fronteras, al menos 14 personas podrían haber desaparecido en la travesía.

El Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha aprobado este viernes la propuesta de decreto que permitirá regular el procedimiento de concesión y pago de las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales.

La reunión estuvo presidida por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y contó con la participación de la directora del ICI, Ana Padrón, así como de representantes de la administración y profesionales con trayectoria personal o profesional a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres que integran el consejo.

Durante el encuentro también se aprobó la firma del convenio con la ESSSCAN que contempla el plan formativo para quienes intervienen en el ámbito de la atención a la violencia contra las mujeres.

La consejera ha indicado que se ha dado el respaldo definitivo al decreto que regulará los requisitos de acceso y las definiciones de conceptos fundamentales como “víctima de violencia sexual”, “víctima dependiente de la unidad familiar” y “personas a cargo”.

Delgado ha aclarado que la normativa también detalla la forma de acreditar la condición de víctima, el plazo de solicitud, la cuantía y prórroga de la ayuda, así como los órganos competentes para su gestión, entre otros asuntos.

Por su parte, la directora del ICI señaló la importancia de celebrar el Consejo Rector en la isla de El Hierro, “dentro de las acciones que está realizando desde el ICI con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y en continuidad con la estrategia Islas Iguales impulsada por el Gobierno de Canarias como una apuesta hacia el desarrollo cohesionado e igualitario de todas las islas”.

Otro de los asuntos abordados fue la autorización al ICI para la firma del convenio con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), que permitirá dar formación a profesionales y sociales que intervienen en el ámbito de la violencia contra las mujeres en Canarias.

Entre las acciones previstas, la ESSSCAN organizará el XX Encuentro regional de la Red Canaria de servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Este encuentro ofrecerá 12 horas de formación lectiva a 120 profesionales integrantes de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, del Servicio de Atención Mujeres del 1-1-2 (SAVV) y de los Centros de Crisis 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual en Canarias.

También organizará la primera Jornada de Encuentro, Coordinación y Buenas Prácticas de los Centros de Asistencia Integral Especializada 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual en Canarias, con 8 horas lectivas, y el curso “Nuevos Enfoques de Tercera Generación para el Abordaje de la Violencia de Género” de 6 horas lectivas y dirigido a mejorar la evaluación, el acompañamiento y la intervención con las víctimas, favorecer los procesos de recuperación integral y promover intervenciones sensibles al trauma, contextualizadas y centradas en las necesidades de cada mujer.

Otros puntos del día fueron la autorización al Gobierno de Canarias para la firma del convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad con el objeto de dar continuidad al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) en las islas; y el convenio con el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para la prestación del servicio telefónico 016 de información, atención y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres.

Además, el Consejo dio el visto bueno a la memoria anual 2025, la previsión de presupuesto del Organismo de Igualdad para el próximo año, y su plan operativo anual para el ejercicio 2027, según ha informado el Gobierno de Canarias.

Un menor ha ratificado este martes en los juzgados de Vitoria su denuncia de que presenció exhibicionismo y comportamientos sexuales inadecuados en los campamentos de Euskal Udalekuak de Bernedo, adonde acudió en un verano anterior. Según explican fuentes judiciales, aunque este caso no se encuadraría como una agresión sexual, el testigo sí ha descrito prácticas inapropiadas para menores y ha añadido que las vivió con incomodidad.

La instructora de Vitoria Marta Escudero analiza la veintena de denuncias de violencia sexual relacionadas con Euskal Udalekuak. Al menos una de ellas sí reviste indiciariamente las características de una agresión a la luz de la nueva normativa estatal sobre violencia sexual que puso el consentimiento, el 'sí es sí', en el centro.

Se trata de investigación penal extremadamente lenta. Arrancó en la primavera de 2025, cuando el titular de sala era Álvaro Silván. Nada se hizo hasta que pasó el verano y llegaron nuevas denuncias, que esta vez trascendieron a la opinión pública. Este proceso es paralelo a la vía administrativa iniciada por la Diputación de Álava, con competencias en materia de ocio juvenil, para buscar una prohibición de la actividad, aunque de momento esta vía se ha saldado con poco éxito para la Administración. Euskal Udalekuak no ha celebrado este año su colonia de Bernedo pero sí otras dos en Navarra.

Después de muchos meses de espera, los menores ya están empezando a acudir al Tribunal de Instancia de Vitoria, indican fuentes judiciales. Formalmente, no son sometidos a interrogatorios al uso. Sus comparecencias se llaman “exploraciones” y buscan crear un entorno menos hostil para los niños o adolescentes que denuncian delitos. Además, si ese formato se hace con grabaciones, posibilidad de que todas las partes pregunten y las debidas garantías, puede convertirse en la denominada “prueba preconstituida”, de modo que no se tenga que volver a repetir en el juicio, con el consiguiente riesgo de revictimización.

Siempre según las fuentes consultadas, no será hasta dentro de un mes cuando haya nuevas comparecencias ante la instructora Escudero. De su lado, Euskal Udalekuak siempre ha exhibido apoyos por centenares desde que se conoció la investigación y ha explicado que su modelo, que incluye duchas mixtas, persigue la desexualización de la desnudez y prácticas transinclusivas.

Ocurrió hace dos años, pero es ahora cuando el asunto ha cobrado relevancia y se ha convertido en un escándalo. Hace unas semanas, una mujer, que había sido alumna de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, interpuso una denuncia contra siete estudiantes por violación, pero también contra la hermandad que agrupaba a los jóvenes y contra el propio centro educativo y otras organizaciones por inacción y negligencia. Porque la primera denuncia que interpuso la mujer data de noviembre de 2024 y el resultado fue prácticamente nulo. La nueva acción judicial de esta mujer, que tuvo que abandonar la universidad por el impacto que la agresión y el proceso posterior tuvo en ella, ha sacado a la luz, una vez más, la impunidad de la violencia sexual y la violencia institucional que, por acción u omisión, acaban sufriendo muchas víctimas. A pesar de su denuncia de 2024, la Fiscalía no investigó los hechos y el expediente impulsado por la universidad tuvo distintas consecuencias para los agresores, desde la expulsión temporal hasta hacer cursos y ensayos para reflexionar sobre lo sucedido, pero se desconoce la manera en la que ayudaron a la víctima.

¿Qué ocurrió y dónde? El lugar de los hechos es la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, uno de los centros que forma parte de la Ivy League, el grupo de las ocho universidades de élite de EEUU. En octubre de 2024, una mujer que entonces tenía 20 años y que ha sido identificada como Jane Doe (el pseudónimo utilizado allí para proteger la identidad de mujeres involucradas en casos relevantes) sale de un bar en el que ha estado bebiendo y se dirige a la hermandad Chi Phi, donde va a encontrarse con un amigo en medio de una fiesta. La mujer llega ya borracha y él, con quien inicia un encuentro consentido, le ofrece más bebida. El chico la lleva a un lugar más apartado, donde hay otro hombre. Los dos comienzan a consumir ketamina y a presionarla a ella para que consuma y tenga sexo con los dos. Para entonces, Jane Doe se encontraba con una importante merma de sus facultades que le impedía expresar su voluntad y consentir.

Los documentos a los que ha accedido The New York Times y The Associated Press muestran que uno de esos dos hombres envió un mensaje a un grupo que la fraternidad tenía en la plataforma Snapchat en el que escribió “coño gratis arriba”. Otros hombres llegaron a la habitación y, a pesar de que la mujer estaba en un estado de grave intoxicación, siguieron forzándola a consumir drogas y tener sexo hasta bien entrada la madrugada, cuando ella quedó exhausta.

¿Qué pasó después? La mujer quedó en estado en shock y tardó días en nombrar lo sucedido como una agresión sexual. Unas dos semanas después, con apoyo de amigas, Jane Doe decidió interponer una denuncia ante la policía privada de la Universidad de Cornell. Con la amplia declaración de la mujer y otras averiguaciones elaboraron un informe de 120 páginas, pero a la Fiscalía solo enviaron un resumen de seis. El fiscal del distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, revisó esta denuncia y decidió no presentar cargos penales porque entendía que no había pruebas de que aquello hubiera sido una agresión y no sexo consentido. La Fiscalía no inició una investigación propia, no aceptó revisar más material en poder de la policía ni se interesó por el expediente iniciado por la universidad.

Ahora, cuando la mujer ha vuelto a interponer su denuncia, Van Houten ha asegurado que su oficina nunca recibió detalles sobre esa acusación de violación y que se ha enterado ahora de los entresijos del caso. Pero los documentos en manos de The New York Times muestran que no hubo voluntad de revisar el material que había recopilado la policía del campus y que incluía todo tipo de evidencias sobre la falta de consentimiento, incluida una extensa declaración de la chica.

Ante esta nueva denuncia, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha criticado esa decisión y ha encargado esta nueva instrucción directamente a la fiscal general del estado. “Lo que hemos conocido sobre el manejo de este caso es espantoso. Ningún joven que dé un paso al frente para pedir ayuda debería ser ignorado o desestimado”, ha dicho Hochul estos días.

¿Y qué hizo la universidad? Paralelamente, la universidad inició una investigación interna bajo el Título IX, encargado de velar por los derechos civiles. Esa investigación, que duró meses y que fue llevada a cabo por una comisión, interrogó a decenas de personas y recopiló numerosas pruebas. Durante la madrugada, dice ese informe, la mujer estaba al borde de las alucinaciones. En esa declaración aseguró que “se sentía como una presa” y que los hombres eran “como leones a mi alrededor”. Sobre su estado de intoxicación dijo: “Pareces un ser humano que funciona… No necesariamente pareces muerto o dormido. Así que las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. Tu cerebro no está funcionando a su nivel adecuado”.

En el expediente también consta que, días después de la agresión, la mujer acudió al servicio médico de la universidad por una infección del tracto urinario y que allí informó de que la había adquirido “de manera traumática”. La persona que la atendió le recomendó hablar con alguien, pero no indagó en lo le había sucedido a la joven ni le ofreció atención especializada o una revisión para determinar posibles lesiones.

El resumen de los informes disciplinarios muestran que la universidad no consideró responsable de agresión a todos los hombres señalados por Doe. Las sanciones más graves fueron para los dos hombres que iniciaron el contacto con Jane Doe. Uno de ellos, señaló la investigación, era responsable de agresión sexual y estaba dispuesto “a manipular, explotar y poner en peligro a Jane Doe en beneficio propio y para el entretenimiento de otros”. El otro también fue acusado de agresión sexual. Ambos fueron expulsados de la universidad, aunque, al parecer, solo temporalmente. Otros dos participantes en los hechos fueron suspendidos durante varios semestres y se les ordenó no ponerse en contacto con la mujer. Se les impuso, también, que hicieran cursos sobre acoso sexual y que escribieran ensayos de reflexión. Varios de los chicos que entraron en la habitación participaron en calidad de observadores y nunca dieron la voz de alarma sobre lo que estaba ocurriendo. No está claro aún lo que la universidad hizo con ellos.

El abogado de la mujer, Thomas Giuffra, ha dicho estos días que es posible que la mujer ni siquiera llegue a graduarse en la universidad “o pueda llevar alguna vez una vida normal debido a lo que estos hombres le hicieron”.

¿Qué está pasando ahora? Que Jane Doe ha persistido en su búsqueda de justicia y ha interpuesto esta nueva denuncia, tanto contra siete hombres por agresión sexual, como contra todas las instituciones que considera no hicieron su trabajo como debieron y no la protegieron. La denuncia ha saltado a la prensa y el caso ha conmocionado al país. Es un nuevo ejemplo de cómo la cultura de la violación se cuela en los campus universitarios, pero también de cómo las instituciones fallan en entender la violencia sexual, en investigarla y atenderla.

El campus de la universidad se ha movilizado: muchas mujeres están compartiendo sus experiencias de violencia sexual y este lunes hubo manifestaciones para pedir justicia y también rendición de cuentas y transparencia al centro. “Había mucha frustración entre el alumnado, que no entendía cómo podía suceder algo así. Ni siquiera puedo imaginar el trauma por el que pasó. Cuando nos enteramos, fue muy inquietante”, decía Jonathan Lam, copresidente de la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) de la Universidad de Cornell, que pedía que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, reconozca que es necesario un cambio.

La fiscal del estado comenzará ahora a investigar los hechos. “Está incorporando a muchas personas que son fiscales e investigadores con experiencia para analizar estas cuestiones, y ellos obtendrán todo y finalmente sabremos qué se hizo y qué se dijo”, ha dicho el abogado de la mujer.

Women's Link, la organización que representa legalmente a Laura y Rebeca, las extrabajadoras de Julio Iglesias que han presentado una querella contra el cantante por delitos sexuales y laborales, confían en que la justicia española avance después de conocer que el fiscal encargado del caso defiende que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para investigar los hechos. “Esperamos y confiamos que la justicia española avance con determinación para garantizar que los hechos denunciados sean investigados y que se protejan la seguridad, la integridad y los derechos de Rebeca y Laura. Nosotras seguiremos acompañándolas en su búsqueda de justicia”, dice Women's Link.

A comienzos de septiembre, las extrabajadoras presentaron una querella contra Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional por los mismos hechos que denunciaron a la Fiscalía en enero. Si en esa ocasión, el Ministerio Público archivó el caso porque aseguraba que España no tenía competencia para investigarlos, ahora el fiscal encargado contradice ese criterio. Vicente González Mota, al que le ha correspondido por reparto pronunciarse, defiende que la Audiencia Nacional sí es competente para analizar esos hechos, según confirmaron fuentes jurídicas a elDiario.es. González Mota todavía no ha enviado su informe al magistrado del caso, Antonio Piña. 

“Women’s Link no ha recibido una notificación formal relacionada con ello. Sin embargo, consideramos que ese posible escenario sería positivo, ya que todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia y a que los hechos que denuncian sean investigados, sin importar quién sea la persona denunciada”, aseguran las abogadas, que insisten en que se dan todos los elementos que permiten investigar y juzgar estos hechos en España. La querella de Rebeca y Laura, que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Hemos insistido en presentar su denuncia en España porque su legislación lo permite y porque así lo establecen las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos. Así también lo han establecido personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles. En este caso, se dan los elementos para que se pueda juzgar en España: por la nacionalidad del denunciado, porque los hechos, como la trata, la servidumbre y las violencias, están regulados en tratados ratificados por el país, porque las posibles víctimas están presentando una querella, y porque no hay una condena previa por lo mismo”, subraya Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le ha asignado la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

Para ello, el magistrado al que le ha correspondido el caso, Antonio Piña, encargó un nuevo informe a la Fiscalía. En él, el fiscal Vicente Mota defiende que España sí puede investigar los hechos. Antes de ser trasladado a la causa, su informe debe ser visado por un superior. Los superiores de González Mota son el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, pero ambos se han abstenido. Durántez fue la fiscal que el pasado enero archivó la primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar el caso.

La decisión de abstenerse se debe a que ambos fueron denunciados por la defensa del cantante por la decisión de no facilitarle esa primera denuncia. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía y obligó al Ministerio Público a entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo, así como la denuncia de las dos mujeres, anonimizada para evitar su identificación. Esa decisión está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La filtración del vídeo con las declaraciones que las dos mujeres hicieron ante la Fiscalía en enero llevó a Women's Link a enviar una comunicación a seis relatores de la ONU en la que pedían “que hicieran un llamado urgente al Estado español para que cumpla con sus obligaciones de investigar de forma efectiva e independiente, además de asegurar las medidas de protección para quienes denuncian”, recuerdan las abogadas.

Hace dos semanas, Laura y Rebeca enviaron una carta dirigida a la Audiencia Nacional en la que pedían que investiguen “los hechos denunciados y que hemos puesto en su conocimiento”. “No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas. Prometer cumplirlos no es suficiente y actuar es necesario”, decían en la misiva, publicada en la página web de Women's Link.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 15 años y 9 meses de prisión impuesta el pasado julio por la Audiencia Provincial a un quiromasajista por siete agresiones sexuales a cinco clientas en Pamplona.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 39.000 euros.

Según han explicado desde el TSJN, el encausado, en prisión provisional por estos hechos, “llevó a cabo los tocamientos de carácter sexual durante las sesiones”. Se aprovechó “de las circunstancias personales, espaciales y de intimidad” en que se desarrollaban las actividades profesionales que prestaba a sus clientas, a las que, “con ánimo lascivo y de satisfacción sexual”, sometió a tocamientos de naturaleza sexual sin su consentimiento.

Los siete delitos perpetrados sobre las cinco mujeres víctimas -dos de ellas sufrieron dos- se produjeron entre junio de 2023 y octubre de 2024. A finales de ese año fue detenido. Todas las víctimas “mostraron síntomas de trauma, ansiedad, miedo, vergüenza y alteraciones en su bienestar emocional derivadas de los hechos”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial impuso 2 años y 3 meses de prisión por cada uno de los siete delitos, es decir, un total de 15 años y 9 meses. No obstante, el cumplimiento efectivo de la pena será de un máximo de 6 años y 9 meses, el triple de la pena fijada por cada delito.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que desestima el recurso de la defensa, considera que la valoración probatoria fue “adecuada, coherente y suficiente” para justificar la condena.

Las víctimas “explicaron sus procesos de confusión, rechazo y decisión de denunciar tras percibir los tocamientos”. La demora en interponer denuncia, según ratifica el Tribunal, “no invalidó sus relatos, dada la complejidad emocional y las corroboraciones objetivas existentes”.

Tanto para la Audiencia Provincial como para la Sala, los testimonios de las víctimas fueron “coherentes, descriptivos y verosímiles”.

En concepto de indemnización, dos de las denunciantes recibirán 12.000 euros cada una, otra dos 6.000 y una quinta, 3.000 euros.

“El primer año no eres consciente más que del dolor. Ya después empiezas a hacerte a la idea de que no la vas a volver a ver, a oler, a oír. Yo necesitaba hablar con otras madres que hubieran pasado por lo mismo”. Blanca Gutiérrez tiene 58 años, aunque el tiempo pasa distinto para ella desde que el 26 de julio de 2023, Toni M.T, de entonces 30 años, mató a su hija Carla Fernández, de quien había sido pareja. El juicio por el crimen machista empieza este viernes en Girona: tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el hombre prisión permanente revisable por la agresión sexual y el asesinato de Carla, y también por el robo de varias tarjetas que Toni M.T aprovechó para cometer mientras seguía en el domicilio de la mujer. Blanca Gutiérrez quiere convertir el dolor en acción: ha lanzado la primera asociación para familiares de víctimas de feminicidios de España y hace un llamamiento para que el viernes se concentren con ella a las puertas de los juzgados.

No existe en nuestro país una gran asociación que aúne a familiares de víctimas mortales de la violencia machista. Para la madre de Carla, es fundamental “hacer red” para acompañar a quienes están alrededor de los crímenes machistas y para seguir visibilizando una violencia estructural a la que, muchas veces, parecemos acostumbrados. “No son números, son personas. No quiero que las olvidemos, me jode mucho que cada año sumemos las cifras y digamos la número 23 o 24 y veamos hasta dónde llegamos, casi como si fuera un récord”, expresa Blanca, que ha volcado el dolor por la pérdida de su hija en crear la Asociación de Madres de Mujeres Asesinadas por Feminicidios (AMMA). Así llamaba Carla a su madre: ama.

Aunque el nombre de la asociación hable de las madres, Blanca Gutiérrez subraya que su aspiración es aunar a cualquier familiar de las mujeres. “Un feminicidio tiene una onda expansiva tremenda para el entorno. Desde el primer día que la asesinaron quería hablar con otras madres a las que les hubiera pasado lo mismo para ver cómo se podía seguir viviendo, me costaba incluso fisiológicamente respirar, me desorientaba en la misma calle donde vivo, pensé si me estaba volviendo loca de dolor”, recuerda. Blanca dio con Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, asesinada por Diego Yllanes durante los Sanfermines de 2008. Casasola se convirtió para Blanca en “una guía”.

"Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar

Encontrar a más familiares de víctimas de feminicidios no está siendo fácil. “Mira que ha habido casos, pero es como si estuviéramos escondidas, no sé si es vergüenza, a veces la propia administración te quiere proteger tanto... ”, dice Blanca. La vida tras el asesinato de Carla no fue fácil, desde los quehaceres cotidianos hasta la burocracia correspondiente. “Me sentí muy sola. Mi refugio fueron mis dos hermanos, uno se vino desde Lanzarote a vivir conmigo un año. Hay mucha deshumanización en el proceso. Vas a algunos sitios y te tratan igual que a otra persona, pero han matado a tu hija y tú te echas a llorar y no sabes ni lo que estás haciendo. Igual has ido sin acompañante y de repente te hacen firmar un papel en el que pone 'la finada', pero es que la finada era mi hija y hasta hacía nada estábamos tomando café y riéndonos”, recuerda. Por eso, Blanca quiere hacer una red que sirva para acompañar, asesorar y hacer de los procesos un camino algo más sencillo.

Carla

Carla tenía 26 años, era recepcionista de un hotel de Girona, disfrutaba con su trabajo. Se había comprado un piso tres años antes, le gustaban las tortugas, pedir sushi y encerrarse a ver series, ir a parques de atracciones. “Siempre ha sido una cría muy trabajadora, estudiante, desde pequeña quería centrarse en el mundo del turismo, aprendía idiomas. Lo compaginó todo, los estudios con prácticas en tiendas, también porque necesitábamos ayuda económica, y era muy organizada, se hacía sus agendas con sus horarios, con todo... Vivía todo con mucha intensidad”, recuerda Blanca. Ella y Carla vivían solas desde que su hija tuvo 10 años: “Éramos prácticamente una familia monoparental”.

El 26 de julio de 2023, Toni M.T, con quien había mantenido una relación hacía años, se coló en el edificio donde ella vivía oculto con una capucha, mascarilla y guantes, la esperó en la puerta de casa, la asaltó, la desnudó y maniató, la agredió sexualmente y la mató. Después, le robó las tarjetas bancarias, se marchó del piso y envió mensajes al móvil de la chica para intentar crear una coartada. No solo eso, sino que al día siguiente llamó a Blanca, la madre, y acudió a su trabajo para mostrar preocupación porque no sabía nada de su hija. Finalmente, el hombre convenció a una vecina y se descolgó por un balcón para entrar en la casa de Carla y alertar de lo sucedido. Cuando los Mossos le tomaron declaración, confesó el crimen.

Tanto acusación particular como Fiscalía piden para Toni M.T prisión permanente revisable por la agresión sexual, el robo con violencia y el asesinato de Carla con agravantes de parentesco, género y disfraz, y con la atenuante de confesión. Blanca lleva tres años esperando el momento de volver a encontrarse con el asesino de su hija. Ha rechazado declarar con biombo: “Yo sobre todo quería aguantar viva para ver al asesino de mi hija. Pedí ir a hablar con él a la cárcel, pero su abogado lo desaconsejó”. Ni el agresor ni su familia se ha puesto en contacto con Blanca durante este tiempo. Ella cuenta que le hubiera gustado recibir un perdón honesto por parte de alguien.

A horas de que empiece el juicio, Blanca ha reforzado la atención psicológica que recibe para poder afrontarlo en las mejores condiciones posibles. “Hay meses en los que tienes más rabia y otros te viene más bajón, un bajón que no quieres ni vestirte, que quieres tirarte al suelo y no tienes fuerzas ni de ir al baño”, relata. Su deseo es que mucha gente acuda a acompañarla y poder ella seguir acompañando a familias: “Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar”.

La Fiscalía de Canarias ha solicitado a las Cortes Generales una reforma legal que le permita perseguir determinados delitos cometidos en las pateras con destino a España aunque ocurran en aguas internacionales, tras verse obligada a recomendar la libertad de tres presuntos violadores.

Según adelanta la Voz de Lanzarote y han confirmado a EFE fuentes judiciales, un juez de Violencia contra la Mujer de Arrecife (Lanzarote) ha puesto en libertad a los tres inmigrantes a los que una compañera de patera acusaba de haberla violado en alta mar, durante su travesía desde Tan-Tan (Marruecos) a la isla canaria.

La denuncia de la mujer contaba con el apoyo de otro de los pasajeros de la embarcación, que corroboró los hechos como testigo.

Los sospechosos son dos ciudadanos malienses y uno burkinés de 21, 25 y 30 años rescatados por Salvamento Marítimo en la madrugada del 16 de septiembre, en una neumática al nordeste de Lanzarote. Para los tres, el juez de guardia había dictado prisión provisional.

Sin embargo, la propia nota de prensa de la Policía que confirmaba las detenciones precisaba que los hechos habían ocurrido en “aguas internacionales”. Y la posición del rescate facilitada por Salvamento Marítimo situaba su barca a 131 kilómetros de Canarias.

Todo ello ha sido clave para que la propia Fiscalía haya recomendado al Tribunal de Instancia de Lanzarote (plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer) que ponga en libertad a los sospechosos, porque considera que España no es competente para juzgarlos y para perseguir el delito que supuestamente cometieron.

Con carácter general, los tribunales españoles solo tienen competencia para juzgar los delitos cometidos en España, incluidas sus aguas territoriales. Si el ilícito ha ocurrido fuera de sus fronteras, también pueden perseguirlo si el autor o la víctima son españoles o los hechos sucedieron en un barco o avión español.

En los delitos de violencia sexual, el Convenio de Estambul permite extender esa competencia a casos con autor o víctima extranjera, pero que tenga residencia habitual en España. Ninguna de esas circunstancias se daba en este caso denunciado en Lanzarote: ocurrido en aguas internacionales, en una embarcación sin bandera y con víctima y sospechosos extranjeros, sin residencia en España.

Una fiscal directamente implicada en el caso ha confesado a EFE lo “impotentes” que se sienten como representantes del Ministerio Público y como mujeres en supuestos como este, en el que la violación denunciada por una mujer cuenta incluso con testigos que la corroboran, pero no pueden actuar por falta de jurisdicción.

En el recurso que la Fiscalía presentó ante el Tribunal de Instancia de Lanzarote para pedir la liberación de los detenidos, el Ministerio Público advierte a los legisladores de este agujero en la normativa y les aconseja que emprendan una reforma legislativa.

Recuerdan, al respecto, que tras la crisis de los cayucos de 2006, el Congreso reformó la ley a propuesta de la Fiscalía de Las Palmas para poder sentar en el banquillo a los patrones de las embarcaciones que traían inmigrantes irregulares a España, aunque su delito se hubiera cometido en aguas internacionales.

Desde 2007, esa reforma legal atribuye a España competencia sobre esos hechos porque presume que la embarcación se dirige a sus costas, lo que le permite perseguir tanto el mero acto de gobernar o dirigir la patera (delito contra los ciudadanos extranjeros), como los hechos que se deriven directamente de él, como una muerte por naufragio o sed (catalogados como homicidio por imprudencia).

Sin embargo, quedan fuera del alcance de los tribunales españoles otros casos que se han denunciado en algunas ocasiones al llegar las pateras a los puertos canarios, como asesinatos cometidos por personas que no eran los patrones o agresiones sexuales.

Tras este caso de Lanzarote, la Fiscalía recomienda una reforma legal que permita a España juzgar también tipo de delitos cometidos en una patera o en un cayuco si se entiende que se dirige a sus costas, con la misma presunción legal que se adoptó en 2007 para perseguir a los patrones de las embarcaciones.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cinco años de cárcel a un agente de la Policía Nacional por un delito de agresión sexual continuada a una menor, hija de su antigua pareja. La sentencia, que aún no es firme y que ya ha sido recurrida, considera probado que entre 2013 y 2020 el acusado abusó en reiteradas ocasiones de la víctima, desde que la niña tenía 7 años hasta que cumplió los 14. 

Además de la pena de cárcel, el fallo impone al funcionario, J.M.G.M., otros cinco años de libertad vigilada cuando cumpla la pena de prisión; la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores durante el mismo periodo; la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o de comunicarse con la víctima, y el pago de una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales. 

Este periódico ha consultado hasta en tres ocasiones a la Dirección General de la Policía si se ha abierto algún expediente disciplinario o de expulsión al agente condenado a raíz de esta resolución judicial, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. A la acusación particular, que está representada por la abogada Ángeles Padilla, no le consta que haya sido apartado cautelarmente del cuerpo ni suspendido de empleo y sueldo. En la actualidad, el funcionario se encuentra destinado en Melilla. 

El policía condenado mantuvo una relación con la madre de la víctima desde 2013 hasta 2020. Durante ese periodo, la pareja convivió junto a la agredida y a otras dos menores (hijas también de ella). Primero en Madrid, donde el agente ejerció como escolta en la sede del Tribunal Supremo y en otra localidad de la capital. Y desde 2015, en Tenerife. 

El relato de la víctima

La víctima contó lo sucedido a su madre de forma espontánea en noviembre de 2020, tras ser sorprendida hablando por teléfono con un chico por un chat. En ese momento, la menor dijo que había sufrido tocamientos por parte de su padrastro, pero intentó no dar detalles porque le daba vergüenza. Su madre le pidió entonces que lo expresara todo por escrito y la joven redactó en enero de 2021 una carta que, junto a sus posteriores declaraciones en sede judicial, constituyen, a juicio del tribunal, un testimonio “aplastante” de abusos. 

La sentencia describe la “dinámica comisiva”. El acusado aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la niña, en especial por las tardes, cuando la madre iba a trabajar y su hermana mayor acudía a clases de atletismo (la menor era bebé), para consumar unas agresiones que comenzaron con tocamientos por encima y debajo de la ropa y siguieron con frotamientos genitales, masturbaciones o mordiscos en los pechos.  

La víctima contó que el acusado, al que consideraba “su verdadero padre”, la forzaba a dormir la siesta tras regresar del colegio y se acostaba desnudo junto a ella. En ese contexto de soledad y de relación de confianza se producían los tocamientos a la menor, que “se hacía la dormida” y guardaba silencio por miedo, vergüenza e incomodidad.

También explicó al tribunal que esa dinámica se fue transformando con el tiempo. Como hechos probados en la sentencia figura otro episodio en Madrid, en el trastero de la casa. La víctima narró que habían acudido a este lugar a buscar una bicicleta y que su padrastro aprovechó que estaban solos para bajarle los pantalones y la ropa interior y restregarle sus partes íntimas. Al mudarse a Tenerife con 9 años, la víctima comenzó a negarse a dormir la siesta con el acusado tras el colegio, por lo que esos abusos se trasladaron a la noche en su propia habitación. “Se metía en su cama y se masturbaba”, recoge la sentencia. 

En su carta, la joven describió una última agresión en su habitación. Contó que su padrastro le introdujo un dedo en la vagina, que al sentir dolor se apartó y él se retiró. Según relató, fue la última vez. Desde aquella noche no volvió a producirse ningún contacto. 

En la sentencia, la Sala explica que no dio este hecho por probado al albergar dudas sobre “la progresión técnica exacta del contacto físico”. No obstante, los magistrados destacan que la forma en que la menor contó este episodio, sin intentar “aderezar ni exagerar los hechos” para perjudicar al procesado, demuestra la ausencia de un móvil espurio y constituye una prueba de la “autenticidad global” de su testimonio. 

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una merma en su rendimiento académico durante la secundaria y ahora presenta sintomatología ansioso-depresiva, con secuelas en su vida afectiva e íntima, según las psicólogas que ejercieron como peritos. 

El triple test

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con la magistrada María Teresa Hernández como ponente, recuerda que la consolidada jurisprudencia del Supremo admite la declaración de la víctima como prueba válida para destruir la presunción de inocencia, aunque sea la única, siempre que supere el denominado triple test. Esto es, que no se aprecien móviles espurios en la denuncia; que el relato de la víctima sea consistente y persistente, sin ambigüedades ni contradicciones, y que esté corroborada por elementos periféricos que refuercen su verosimilitud. 

Esto es así por la propia naturaleza de los delitos de índole sexual, en los que suele ser frecuente que no exista prueba objetiva que demuestre o excluya indiscutiblemente unos hechos que se cometen en la clandestinidad, sin la presencia de testigos. 

La Sala destaca que la víctima expuso pasajes de forma escueta, sin intentar inflar la acusación ni inventar detalles que no recordaba, lo que aumenta su credibilidad. 

Los magistrados no aprecian un móvil espurio en la denuncia de la víctima. Sostienen que la revelación de los hechos se produce de manera espontánea, que con ella “no obtiene beneficio personal”, que describe “sentimientos de vergüenza, miedo y silencio prolongado” y que la menor tampoco instrumentaliza “los problemas familiares previos”.

A juicio de la Sala, su relato resulta verosímil por “su coherencia”, por “la riqueza de detalles periféricos” y por su “compatibilidad con los patrones clínicos y criminológicos del abuso sexual continuado en el ámbito familiar”. “La menor aporta elementos concretos, sensoriales y ambientales que difícilmente pueden ser inventados”, recoge la sentencia. 

Los testimonios de la madre y la hermana

Aparte de la ausencia de un móvil espurio y de la consistencia incriminatoria del relato, la jurisprudencia del Supremo sobre delitos de carácter sexual exige que la declaración de la víctima sea corroborada por elementos externos. La Audiencia Provincial considera que los testimonios de la madre de la víctima, de su hermana mayor e incluso del propio acusado contienen datos “abundantes, variados y sólidos” que actúan como “corroboradores periféricos”. También la carta escrita por la menor e incluso unas imágenes que obran en la causa y en donde se puede ver al agresor encima de la víctima. 

La madre, por ejemplo, confirmó la costumbre del acusado de imponer la siesta a la menor o de ir desnudo por la casa y contó que en una ocasión, estando ya en Tenerife, se encontró a su pareja de madrugada en el cuarto de la víctima, en su cama, con un albornoz gris y que al preguntarle qué hacía ahí le respondió que quería saber si estaba dormida. 

La hermana mayor también confirmó ciertos detalles, como las rutinas de la familia y los horarios. Declaró no haber presenciado actos lascivos directos, pero sí confirmó la existencia de “juegos” donde el padre daba pellizcos en los pechos a las niñas cuando eran pequeñas. La víctima sostenía que no sólo fueron pellizcos, sino también mordiscos. 

El correo del acusado

A juicio de la Sala, otro elemento periférico de corroboración es paradójicamente el testimonio del propio acusado, manifestado tanto en un correo electrónico que envió a su pareja en noviembre de 2020 (tras la confesión de la menor)para intentar salvar la relación como en su declaración como acusado en el juicio. J.M.G.M. negó haber realizado tocamientos a la víctima con ánimo lascivo o sexual. Sin embargo, el tribunal calificó de “sorprendente” su relato, puesto que, al intentar justificarse, “reconoce hechos que, objetivamente, constituyen indicios de abuso pero los normaliza” y minimiza, argumentando que se trataba de “juegos” o de dinámicas cotidianas del hogar.  

Desde la perspectiva judicial, señala la sentencia de la Audiencia, “son conductas de riesgo sexual”. El ahora condenado reconoció que solía estar desnudo por la casa en presencia de las menores, que se echaba la siesta con la víctima sin ropa interior y que continuó bañándose con las menores hasta edades avanzadas o impropias. También admitió que agarraba los pechos de la víctima y los “mordisqueaba o chupaba” a modo de “juego”. Incluso dijo que no tenía por qué esconderlo. Además, reconoció la existencia de contacto con sus partes íntimas en la cama y trató de desplazar la responsabilidad hacia la niña, asegurando que fue la menor (cuando tenía unos ocho años) quien le tocó.

Su relato, señala la sentencia, “no es más que una explicación justificativa típica de agresor sexual intrafamiliar”. La Sala aprecia patrones “muy estudiados” en el comportamiento del policía nacional condenado: normalización de la desnudez, desplazamiento de la culpa (hacia la madre), idealización de la relación con la víctima, “autovictimización” y “confusión temporal y narrativo”. La magistrada ponente incide en que estos patrones “no prueban nada por sí solos”, pero son “incompatibles con un relato veraz”. 

“Este testimonio es incompatible con la inocencia, no porque parezca raro, sino porque reconoce conductas sexualizadas objetivas, normaliza actos que constituyen abuso, se contradice en puntos esenciales, culpa a terceros sin coherencia y presenta un patrón narrativo típico de agresores intrafamiliares. Por tanto, el relato no es verosímil, no es persistente y no es coherente”, resume la sentencia. 

Por el contrario, el testimonio de la víctima “reúne de forma clara los criterios exigidos” por la jurisprudencia del Supremo para considerarlo como prueba de cargo suficiente en delitos contra la libertad sexual. Su declaración “presenta coherencia interna, estabilidad narrativa y un nivel de detalle propio de experiencias vividas”, expone en la resolución la Audiencia. 

¿Por qué la pena mínima?

La sentencia impone una pena de cinco años de cárcel frente a los diez que reclamaban la Fiscalía y la acusación particular. Los magistrados han fijado la condena en el mínimo que establece la ley para un delito continuado de agresión sexual con prevalimiento. La resolución explica que el cálculo de la pena arroja la misma horquilla (de cinco a siete años y medio) tanto con el Código Penal de 2015, vigente en el momento de los hechos, como con la reforma de 2022 (la ley del solo sí es sí). La Sala se decanta por la sanción mínima al no apreciar agravantes y considerarla proporcional a los hechos probados.

De ratificarse la sentencia, el agente no podrá acceder al tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad) hasta que haya cumplido la mitad de la condena. Además, el fallo acuerda la pena de privación de la patria potestad. 

La diputada y responsable de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, subió el miércoles a su escaño en el Congreso con un spray de gas pimienta. Lo mostró mientras intervenía en la sesión del control al Gobierno para, aseguraba, poner sobre la mesa el miedo y la inseguridad que sufren mujeres y niñas en Ceuta. “¿Sabe lo que es esto? Es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes. Este es el material escolar básico”, le espetaba Vázquez al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ese bote de gas pimienta puede ser, efectivamente, un símbolo: el de cómo las derechas intentan criminalizar a los migrantes mientras ignoran las violencias machistas que sufrimos las mujeres cada día en todas partes y para las que un spray de autodefensa no alcanza.

Que le pregunten, por ejemplo, a la exconcejala que se querelló contra el alcalde de Móstoles (del PP), Manuel Bautista, por acoso sexual. Pese a la denuncia pública y a la querella, el Partido Popular mantiene su apoyo a Bautista, que sigue en el cargo. ¿Hubiera tenido la exedil el beneficio de la duda de su partido de haber sacado un spray de gas pimienta y rociado al alcalde durante alguno de los episodios de acoso que describió? Un 40% de las mujeres que viven en España han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, según la Macroencuesta de Violencia de Género. En uno de cada cinco casos ese acoso tuvo lugar en su ámbito laboral.

Porque, si seguimos con los datos, la evidencia muestra que la inmensa mayoría de la violencia sexual no la cometen hombres que deambulan por las calles sino hombres que conocen a las mujeres que agreden. En el caso de las agresiones sexuales que se cometen fuera de la pareja, el 62,7% de los agresores son amigos o conocidos de las mujeres y el 23,1%, familiares. Es decir, muy lejos del estereotipo de hombre desconocido de la nacionalidad que sea que llega para violarte, en el 85% de las agresiones sexuales fuera de la pareja, los perpetradores son tipos que violentan a mujeres que ya conocen.

Tendríamos entonces todas que llevar gas pimienta en el bolso porque podríamos necesitarlo en cualquier momento: en la escuela, en el trabajo, en un cumpleaños, en una cita, en una reunión familiar o en un encuentro con antiguos compañeros de lo que sea. La realidad es que Ana Vázquez esgrime ese bote, no porque esté pensando en toda esa bolsa de violencia sexual y en quienes la sufren, sino porque le ayuda a trazar un dibujo: el del inmigrante que viene a España a violar a las mujeres. La violencia sexual aparece así como algo mucho más concreto y controlado: es una violencia que no tiene que ver con un mundo machista sobre el que habría que actuar, sino con un puñado de hombres extranjeros de procedencias muy específicas. Según ese razonamiento, si quitamos a esos hombres de la ecuación, el problema se acabaría.

Es un planteamiento muy útil para normalizar políticas racistas, pero muy poco eficaz si lo que de verdad se quiere es prevenir y erradicar la violencia sexual. Que Ana Vázquez saque en su escaño un spray de gas pimienta forma parte de esa estrategia: alimentar el miedo y el odio hacia los migrantes, vincular hombres marroquíes y violencia sexual, y mostrar muchísima preocupación por la seguridad de mujeres y niñas ceutíes, mientras ignoras las causas de las violencias machistas, abrazas el negacionismo y caricaturizas al feminismo. Preguntan dónde estamos las feministas a la hora de hablar de Ceuta y podríamos nosotras devolverles la pregunta: ¿Dónde están el PP y Vox cuando se trata de hablar de las causas y soluciones a la violencia sexual? ¿Dónde están cuando hay que firmar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o cuando hay que dar presupuesto a las consejerías y concejalías de igualdad? ¿Dónde están cuando hay acusaciones de acoso o violencia sexual en sus filas?

Entre el 30 de julio y el 14 de septiembre han llegado a los juzgados de Ceuta 37 denuncias por agresión sexual en la ciudad autónoma. Las diligencias previas abiertas afectan a un total de 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad, según un informe del Servicio de Inspección difundido por el Consejo General del Poder Judicial. En 2024 se denunciaron en España 22.846 delitos contra la libertad sexual, aunque la Macroencuesta de Violencia y, en general, las expertas señalan que solo se denuncian un porcentaje muy bajo.

Cualquier agresión sexual es siempre grave e inaceptable, en Ceuta y en cualquier otro lugar, y merece atención, recursos y reflexión. Si solo te importan las que suceden en una ciudad concreta, en un momento concreto, entonces tu foco no está en las violencias machistas o en las mujeres. Es más fácil, eso sí, hacer una performance con gas pimienta y señalar a unos pocos hombres, que reconocer que se trata de un problema estructural con el que convivimos y que no se va a solucionar ni con sprays ni con expulsiones.

Hola,

Fui a ver a Shakira y mi amiga Fran me dijo que escribiera sobre esto en la newsletter y aquí estoy, haciéndole caso. Fue como cumplir con un ritual adolescente pero ya de mayores: ir a gritar las canciones que nos poníamos en bucle con 17 o 18 años y echarnos unos bailes con las más recientes. Pero si Fran me dijo que escribiera no fue por eso sino por algunas palabras de la cantante.

Si cuando empezó, Shakira conectó con las jóvenes de sentimientos encontrados que vivían sus primeros enamoramientos y también sus primeras decepciones, en los últimos años lo ha hecho con las mujeres adultas que, con un montón de experiencias a sus espaldas, afrontan rupturas o traiciones de esas que obligan a reconstruirse casi entera. Ese ha sido, posiblemente, una de las claves de su éxito actual.

Las palabras que dirigió al público durante su concierto tuvieron mucho que ver con eso. Habló de la manera en la que las mujeres dejan, a veces, de lado otras facetas de su vida cuando tienen pareja, porque así aprendemos a hacerlo, de lo duro que puede ser atravesar una ruptura con hijos o del estigma de la soltería. Bien. El problema fue cuando Shakira incluyó en su discurso una referencia a lo mal que lo pasó por la incertidumbre que sintió tras su separación al no saber si podría sacar a sus hijos adelante. Enfatizó lo duro de ser 'madre soltera'. 

Y bueno, hay una 'dureza' emocional por la que puede pasar cualquiera, sea Shakira o tu vecina de al lado. Pero desde luego la incertidumbre y el miedo por si podrás sacar adelante a tus hijos no es la misma si es Shakira o tu vecina de al lado. De hecho, muchas mujeres no se separan o tienen que hacer muchos cálculos para poder hacerlo porque las cuentas no les dan. Mantener a uno o dos hijos con un sueldo, encontrar una casa que puedas pagar y que te alquilen o vendan, conciliar...

No, Shakira, no, no está bien ponerse al mismo nivel que las mujeres de andar por casa que se separan o que son madres solteras, porque la clase importa, porque las circunstancias económicas y materiales marcan la diferencia entre que atravieses un momento vital complicadísimo pero sin añadirte preocupaciones sobre asuntos tan esenciales como pagar el alquiler o la ropa de tus hijos o atravesarlo mientras miras de reojo todo el rato la cuenta del banco, haces malabares para atender mil asuntos y buscas la manera de encontrar tiempo y dinero.

Así que muy bien lo de cantarle al despecho, a la soltería o a la reconstrucción, pero vamos por favor a no tomar a las mujeres por idiotas y a ignorar las circunstancias en las que viven muchas, muchísimas. 

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Lecturas

Empecé el curso leyendo un libro que me ha gustado mucho: 'Aguamarina', de la escritora Carol Anshaw, editado por Errata Naturae. Es una novela protagonizada por una mujer y que tiene un inicio y varios posibles desarrollos. El inicio: la protagonista, muy joven, compite en una final de natación en unos juegos olímpicos. El desarrollo: tres posibles historias sobre qué pasó después y cómo fue su vida. 

Ahí te dejo mi recomendación. Nos hablamos la próxima semana.

Ana

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer durante la travesía de una patera que llegó a Lanzarote. Los hechos, según ha informado la Policía, tuvieron lugar el pasado 16 de septiembre en alta mar. La embarcación precaria fue rescatada esa tarde al nordeste de la isla con 65 supervivientes y tres cadáveres. Tras la llegada de la barcaza al puerto de Arrecife, la víctima comunicó a los servicios de salvamento que había sido agredida sexualmente por varios hombres durante el viaje.

Ante el grave estado de salud en el que se encontraba, se activaron los recursos necesarios para prestarle una primera asistencia y posteriormente recibió atención especializada como víctima en dependencias policiales. A partir de ese momento, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional iniciaron las gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la localización de posibles testigos entre los ocupantes de la embarcación.

En el transcurso de la investigación, y con la colaboración de FRONTEX, la agencia europea de fronteras, se localizó a uno de los migrantes que había viajado en la misma patera. Esta persona manifestó haber presenciado la agresión y expresó su voluntad de denunciar los hechos y colaborar con la investigación.

Las gestiones realizadas permitieron identificar y detener a tres hombres que viajaban en la embarcación, como presuntos autores de un delito de agresión sexual múltiple. Una vez finalizadas las diligencias policiales, los tres arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.

“¿Aceptarías estas condiciones?”. Es la pregunta que Médicos del Mundo Castilla-La Mancha ha lanzado a algunos de los hombres que pasaban en la tarde de este martes por la toledana plaza de Zocodover.

Se trata de una acción que la ONG ha llevado a cabo con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este miércoles 23 de septiembre.

Así, diversas trabajadoras y voluntarias de la entidad han repartido sobres en cuyo exterior se recogían varias condiciones que los hombres aceptan de forma tácita cuando recurren a la prostitución. Entre ellas, ignorar las desigualdades que hacen posible la trata con fines de explotación sexual, normalizar que el ocio de unos se construya sobre la vulnerabilidad de otras o mirar hacia otro lado ante la violencia que sostiene el sistema prostitucional. “¿Aceptarías estas condiciones?”, es la reveladora pregunta que Médicos del Mundo planteaba.

“Con estos objetos queremos invitar a la reflexión y que las personas con las que vamos a entablar esa interacción tengan un poquito más de conocimiento de que es lo que pasa en esas situaciones en las que están esas mujeres”, explica Lourdes Nieto, portavoz de Médicos del Mundo.

La explotación sexual se alimenta “del silencio y la indiferencia”

Una realidad que tiene rostro de “mujer, de niña, de persona en situación de vulnerabilidad y de desigualdad”. Y una realidad “que se alimenta del silencio, de la indiferencia y de quienes siguen considerando que los cuerpos pueden comprarse”, según proclamaba el manifiesto leído durante la concentración, a la que han asistido una treintena de personas, especialmente mujeres.

La explotación sexual de mujeres es una realidad que Nieto asegura que “no nos es ajena, que conocemos”, porque los prostíbulos o las mujeres prostituidas en la calle están a la vista, pero asegura que “no llegamos a conocer la profundidad de la vulneración de derechos a las que se someten estas mujeres”.

Según el Informe Global de Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata, suponiendo el 36 % de los casos identificados. Además, el 61 % de las más de 202.478 víctimas detectadas a nivel global son mujeres y niñas, quienes, a su vez, constituyen el 92 % de las víctimas de explotación sexual. En España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025, el 98,54 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.

Médicos del Mundo ha atendido en Castilla-La Mancha a más de 600 víctimas de trata en lo que va de año

Médicos del Mundo CLM no dispone de datos de mujeres que sufren la trata en la región, pero Nieto asegura que sus delegaciones en Toledo. Albacete y Ciudad Real han atendido a más de 600 mujeres en lo que va de año.

El perfil de una mujer prostituida, aseguran desde la ONG, es claro: es una mujer que está en una situación de “extrema vulnerabilidad”, ya que proceden de situaciones de abusos y muchas de ellas son migrantes. “Son mujeres que están viviendo en la pobreza, que vienen de mucha precariedad, de mucha desigualdad económica y social”, explica la portavoz de la ONG, quien además incide en que “todo lo que sustenta la prostitución” es la desigualdad de género. “Es la base de que esto se dé y de que sea una realidad tan invisible y con tan pocos recursos”, asevera.

La reinserción de las víctimas, darles una oportunidad que les permita salir del escenario en el que están viviendo “es muy difícil”. “Como están en una situación de mucha vulnerabilidad, es muy difícil que se sientan con fuerzas o con la determinación para querer salir de ahí”.

Añade, además, que antes que la reinserción hay que dar unos pasos previos, como tener “una ley integral que haga detección, protección y que también haga recuperación y reparación”, asegura Lourdes Nieto, portavoz de Médicos del Mundo. Dicha norma permitiría que, una vez que las víctimas tomen la decisión de salir, puedan contar con los recursos necesarios y alternativas “reales” para dar el paso.

“Al final los recursos son muy limitados y si no hay un marco legislativo que lo ampare, pues claro, es todavía más difícil”.

Un protocolo para abordar “esta violencia”

En la concentración también ha estado presente Nuria Cogolludo, delegada provincial de la Consejería de Igualdad en Toledo, que ha destacado los dos principales objetivos que se han marcado desde la Mesa regional Contra la Trata, puesta en marcha el año pasado. “Los profesionales y la administración regional que estamos presentes queremos realizar una estrategia para abordar esta forma de violencia y, sobre todo, también queremos desarrollar un protocolo, que ya está esa mesa en marcha y es fundamentalmente lo que va a trabajar durante todo este tiempo”.

Médicos del Mundo continuará desarrollando actividades de formación y sensibilización a lo largo del año, incluyendo talleres con jóvenes en Albacete y Toledo, y jornadas especializadas como las próximas XIII Jornadas sobre Prostitución y Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, que se celebrarán en formato online los días 6, 13 y 20 de octubre en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y contarán con expertas nacionales e internacionales en la materia.

Por su parte, El Consejo de Ministras y Ministros ha emitido una declaración institucional en la que habla de “la necesidad de reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, particularmente en contextos donde concurren múltiples discriminaciones, como el racismo, la migración forzada o la discapacidad”. “De ahí que se incida en la necesidad de que los estados cuenten con las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual”.

La declaración recoge, asimismo, que la situación de Ceuta exige una atención prioritaria, ya que “las mujeres y niñas que llegan hasta la ciudad están en condiciones de extrema precariedad y desprotección”, unas circunstancias que “pueden ser aprovechadas por redes mafiosas y agresores para someterlas a trata y explotación sexual”. Por ello, el Gobierno de España subraya la importancia de reforzar las medidas de prevención, protección y asistencia integral, garantizando una respuesta pública firme, coordinada y centrada en sus derechos.

La ley del solo sí es sí no fue “la meta” sino “el punto de partida” para conseguir un cambio de paradigma en cómo se previene, se atiende y se investiga la violencia sexual. En Aspacia lo saben bien: la organización feminista lleva años trabajando en incidencia, atención e investigación. Su directora, Virginia Gil, sabe bien que los casos que involucran a personajes muy conocidos, como el de Julio Iglesias, o que, por algún motivo, tienen especial repercusión lanzan mensajes sociales que pueden servir para animar a la denuncia o para desincentivarla.

En enero, la Fiscalía archivó la denuncia de dos extrabajadoras contra Julio Iglesias por falta de competencia, una decisión cuestionada por juristas y por organizaciones como Amnistía Internacional, que le pide ahora que reconsidere su postura ante la querella interpuesta por las mismas mujeres. ¿Qué mensaje cree que envió ese archivo?

De alguna manera, mandó un mensaje desesperanzador para las víctimas, que depositan su confianza en que alguien las escuche. Sabemos efectivamente que, cuando las víctimas buscan justicia, normalmente ponen una gran confianza en que se las escuche y cuando ni siquiera se está dando cauce a una denuncia hay una decepción, porque en esa decisión no se entró ni siquiera a valorar los hechos. Cuando una mujer da el paso de dar a conocer un caso y denunciarlo, pone mucha esperanza en que va a obtener justicia y reparación.

¿Hay problemas para que las víctimas de violencia sexual en España acudan a la justicia o para que encuentren justicia?

Sí, y lo dice la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer: tan solo el 8% de las mujeres denuncian y eso tiene que ver en gran parte con su falta de confianza para acudir a la justicia y sentir que las van a creer y no se van a sentir juzgadas. Desde 2017 prácticamente se ha duplicado el número de delitos conocidos por violencia sexual y eso no nos habla de que haya más delitos. Lo que ha sucedido es que ha habido más mujeres que han sentido que la sociedad las iba a creer y que la justicia estaba preparada para atenderlas adecuadamente.

Dar el paso a la denuncia es proceso muy complejo. Los casos tardan de media unos tres años en llegar a juicio y en ese proceso no todos los operadores jurídicos están formados como deberían. No está pensado el proceso judicial para poner en el centro los intereses de las víctimas y sus necesidades. El procedimiento tiene que ser muy garantista, pero también tiene que ser una justicia humanizada, consciente de que esas víctimas están contando algo muy complejo, traumático y doloroso.

¿Sigue habiendo prejuicios de género en la justicia, desconocimiento sobre cómo opera la violencia sexual y el trauma?

En nuestra opinión, sí, sigue habiendo mucho desconocimiento. Si bien es cierto que quizá hay planteamientos que se hacían hace años que ahora no se hacen de esa forma, sí son planteamientos que están pero transformados. A lo mejor no se hacen preguntas tan directas de si llevabas minifalda, pero sigue habiendo esa sospecha instalada sobre la víctima en que está contando algo porque tiene algún fin escondido. Y luego también mucho desconocimiento en cuanto cuáles son efectivamente las reacciones dentro de esa teoría del trauma y de cómo impacta la violencia sexual, a pesar de que ya bastante investigación a nivel de neurología y psicología en cuanto cuáles son las respuestas ante una situación que se define por sí misma como estresante. Nadie está esperando ser agredido sexualmente, muchas respuestas operan de manera inconsciente porque son también mecanismos de autodefensa.

Al final, todas las personas, independientemente del puesto en el que estemos, estamos influenciadas por creencias, mitos, estereotipos... y por eso hay que hacer un esfuerzo importante de revisarse y de ser consciente de qué creencias tengo yo sobre la violencia sexual. Sigue operando mucho esa idea de que la violencia sexual es solo la que ocurre en un callejón por la noche a manos de un desconocido y con uso de fuerza física. Y es sorprendente tener que seguir desmontando ese mito de la 'violación auténtica' cuando la evidencia y los datos te siguen diciendo que el grueso de los agresores son personas conocidas por la víctima y muchas veces de su entorno más íntimo.

Algunos comportamientos de víctimas pueden parecer paradójicos cuando no se tiene la sensibilización y el conocimiento sobre cómo opera la violencia sexual y el hecho de que venga de alguien conocido

A Laura y Rebeca se las ha señalado por enviar mensajes al cantante después de marcharse de sus casas, por ejemplo, o por no irse antes de allí. ¿Sigue habiendo un estereotipo sobre cómo debe comportarse una mujer que ha sufrido violencia sexual?, ¿hay comportamientos que pueden resultar paradójicos?

Pueden parecer paradójicos cuando no se tiene la sensibilización y el conocimiento sobre cómo opera esa violencia y sobre el hecho de que venga de alguien conocido. Cuando alguien te agrede por la noche en un callejón oscuro y es un desconocido, la persona identifica inmediatamente esa situación como una agresión sexual. El problema es cuando hay elementos que separan lo que tú vives de esa idea, cuando no hay uso de fuerza y en su lugar hay manipulación, incluso muy sutil, engaños, coacciones, miedo a perder un empleo que es necesario... Hay toda una serie de factores externos que operan de alguna forma como elementos de coacción, de presión para no contar algo.

También algo muy normal es buscar justificaciones. Muchas mujeres te dicen que no se daban cuenta o que no querían creer que esto les estaba sucediendo, porque no entra dentro de tus repertorios de ideas el que alguien que conoces te vaya a agredir sexualmente. Eso dificulta la identificación cuando la violencia se produce en una relación de amistad, de trabajo, sentimental... Cuanto más íntima es esa relación, más entra también el miedo a no querer perjudicar tampoco a la otra persona.

¿Las mujeres tienden a dudar de sí mismas, de lo que han vivido?

Eso también tiene que ver con que las mujeres hemos sido socializadas para no identificar esa violencia sexual, para creer que nosotras somos las que debemos protegernos y esto te lo comparten muchas mujeres. Dicen 'no debí subir con él a este sitio', 'no debí quedar con él', ' no debí hacer esto'. La falta de denuncia o la tardanza en denunciar tiene mucho que ver también con esto, porque primero tienes que poder identificar lo que has vivido, también con que contarlo sigue conllevando una vergüenza y un estigma para las mujeres. Muchas siente que va a cambiar la visión que tengan de ellas su familia, sus compañeros de trabajo, sus amistades...

Las mujeres hemos sido socializadas para no identificar esa violencia sexual, para creer que nosotras somos las que debemos protegernos y esto te lo comparten muchas mujeres. Dicen 'no debí subir con él a este sitio', 'no debí quedar con él', ' no debí hacer esto'...

¿En ese acceso a la justicia hay sesgos también de clase, procedencia, raza...?

Igual que operan los mitos o los estereotipos de género, si el racismo impregna la sociedad, también se traslada a la justicia. Hemos realizado distintas investigaciones precisamente para intentar documentar cuáles eran las dificultades de las mujeres migrantes para acceder a la justicia particularmente, pero también a otros servicios. Y efectivamente se constata que hay esos sesgos. Es muy habitual que las mujeres migrantes, cuando van directamente a la comisaría a interponer la denuncia, lo primero que les preguntan es por su situación migratoria y si de alguna forma eso que cuentan no es porque estén buscando quedarse o con poder conseguir una indemnización, cuando hasta la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, no existía la posibilidad de solicitar un permiso de residencia por una agresión sexual. A pesar de eso, había una creencia importante entre operadores en que esa era una de las causas de las denuncias. Con la nueva ley, la posibilidad del permiso es muy limitada porque precisas de una sentencia condenatoria y ya vemos las dificultades que hay simplemente en interponer denuncia.

Igual que hay ideas sobre cómo debe ser y comportarse una víctima de violencia sexual, ¿hay también estereotipos sobre los agresores? Cuando el hombre acusado es famoso o rico suele decirse eso de que por qué iba a hacerlo si 'no tiene necesidad'.

Hay que reformular esa idea. Cuando eres rico, famoso o popular, eso se torna de alguna forma en normalizar pensar que cualquier mujer está interesada en tener relaciones con esa persona y en que ellos den por hecho que eso va a ser así. También hay otros mitos que operan ahí, como que cuando las chicas dicen que no, en realidad quieren decir que sí o que para ligar simplemente hay que insistir.

No tiene nada que ver con acceso al sexo, sino con concebir que los hombres tienen derecho a tener sexo cuando ellos quieren, como ellos quieren y donde ellos quieren. Con ese mito de que los hombres tienen una sexualidad y un deseo mucho más activo, que no son capaces de controlar. Por eso se tiende también a culpabilizar a las mujeres y a exonerar a los hombres

¿Hay un intento en los últimos años de silenciar la violencia sexual?

Sí, ante el avance de la legislación, de las políticas y de las reivindicaciones de las mujeres y del movimiento feminista en posicionar la violencia sexual en el centro de la agenda hay un intento de cuestionamiento. Por ejemplo, con esas campañas que surgen muy rápidamente y que son muy agresivas para cuestionar a cualquier víctima de violencia sexual que se atreve a dar la cara. Al final no solo es silenciar a esa persona que decide dar el paso, sino que también busca asustar a otras mujeres que estuvieran pensando en salir públicamente. Por eso, los casos que implican a gente famosa tienen un efecto muy paradigmático. El hecho de que se saliera tan masivamente a denunciar la violencia sexual, su carácter estructural y sistémico, tan arraigado, y se ha vivido por parte de algunos sectores como una amenaza. Al final, implica un cuestionamiento personal, la revisión interna de muchos hombres. Y eso cuesta.

Con muchos meses de retraso acumulados, la instructora del Tribunal de Instancia de Vitoria Marta Escudero ha dado estos días los primeros pasos relevantes de la investigación penal por las denuncias de presunta violencia sexual en los campamentos de la entidad Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo. Este lunes pasaron por el palacio de justicia los monitores imputados —que en general se acogieron a su derecho constitucional a no declarar— y este martes se ha realizado la “exploración” —que es el nombre de un trámite, no un estudio físico— de una los menores que acudieron a esas colonias.

Hace ahora un año trascendió la existencia de una veintena de denuncias por posibles casos de exhibicionismo y violencia sexual en Bernedo. En uno de los supuestos se investiga si pudo alcanzar la categoría de agresión sexual. Sin embargo, el campamento de 2025 se celebró después de que en primavera ya estuvieran las primeras quejas en la mesa del juzgado. Entonces el instructor era Álvaro Silván y no se movió un papel hasta que el asunto saltó a la esfera pública.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, que habitualmente opera siempre con mesura, criticó duramente la inacción de las partes en un caso con los derechos de menores en juego. Ahora, un año después, se ha limitado a reseñar que “se está trabajando” y a que confía en que “todos los derechos sean respetados” en el procedimiento. En todo caso, la memoria de la Fiscalía, entregada este martes en el Parlamento Vasco, recoge precisamente una crítica a “la falta total de agilidad en los procedimientos”. “Tenemos un problema de ralentización de la Administración de la Justicia que no logramos solucionar”, ha dicho Adán en genérico, sin mencionar ningún sumario en concreto.

En el proceso, además de la Diputación de Álava, competente en materia de menores y de colonias de verano, están personados Vox y Abogados Cristianos. Según ha informado 'El Correo', no se han admitido las personaciones de los grupos ultras Hazte Oír y Manos Limpias, que también pretendían participar.

Desde Abogados Cristianos, su representante Pablo Jarque se saltó varias fases y aseguró a los medios de comunicación en Vitoria que pedirán tres años de cárcel para cada uno de los imputados. “Esperamos que haya pruebas concluyentes, suficientes y que podamos conseguir una sentencia de condena para, al menos, los monitores y el cocinero de los campamentos”, señaló este lunes. Sin embargo, ese trámite de peticiones de penas está muy lejos. Primero ha de finalizar la instrucción y solamente si la instructora encuentra indicios de delito se pediría a las partes un escrito de calificación de cara a la celebración de un juicio.

Desde Euskal Udalekuak, de su lado, siempre han defendido que apuestan por un modelo de actividad que “desexualice” la desnudez y basado en principios transfeministas. Han recibido numerosos apoyos de otras familias participantes y rostros conocidos de la cultura vasca. A finales de agosto celebraron una fiesta en Bernedo, aunque no se haya celebrado la edición de la colonia de este verano. La misma entidad, Euskal Udalekuak, sí ha operado con normalidad en Navarra.

En paralelo a la vía penal, hay abierto un proceso contencioso-administrativo por los mismos hechos. La Diputación de Álava sancionó por vía administrativa a Euskal Udalekuak, aunque las primeras resoluciones cautelares han sido favorables a esta entidad. Igualmente, Euskal Udalekuak ha visto cómo se archivaban las actuaciones promovidas en Navarra por Vox y Abogados Cristianos por sus actividades allí.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad toledana de Ugena a un hombre de 45 años por presuntamente “realizar tocamientos” a una pasajera de 33 años en un autobús.

La detención se produjo a las 13.30 horas de este lunes tras pararse el vehículo, después haber recibido el aviso el instituto armado. Fuentes de la Guardia Civil de Toledo señalan a elDiario.es Castilla-La Mancha que “tanto los testigos como la propia víctima retuvieron al varón hasta que llegaron los agentes para proceder a su detención”.

Señalan que la víctima manifestó la intención de poner una denuncia.

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

El pasado jueves, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida.

Piña ya ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar. Será la misma Fiscalía que archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto. Es en ese contexto que Amnistía pide al Ministerio Público que reconsidere su posición. Lo hace basándose en tres ideas fundamentales: el caso cumple con los requisitos que la norma española exige para juzgar hechos cometidos fuera de nuestras fronteras, el convenio de Estambul -el texto internacional de referencia en violencias machistas, ratificado por España- permite a los estados firmantes extender su capacidad de investigación para ese tipo de delitos cuando son cometidos por ciudadanos españoles, y la justicia de República Dominicana “no ofrece garantías” a las víctimas de violencia sexual, por lo que “el riesgo de impunidad” es muy elevado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto.

“El convenio de Estambul también da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados. En este caso, el presunto autor es ciudadano español, y la violencia sexual es un tipo de violencia de género así que España tiene la potestad de perseguir estos delitos”, añade Beatriz Martos. El artículo 44 del convenio dice que los estados firmantes adoptaran las medidas necesarias para ser competentes respecto a los delitos previstos en el texto “cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales”.

La carta incluye también una argumentación sobre por qué el sistema judicial dominicano “no ofrece garantías” a las denunciantes que, además, señalan, no residen actualmente en República Dominicana. “Muchas víctimas cuentan que se han enfrentado a múltiples obstáculos para acceder a la justicia ya sea debido a la falta de recursos económicos, a la discriminación, a la limitación en la aplicación de sanciones... Hay una alta probabilidad de que este caso quedara en total impunidad en República Dominicana y España tiene la facultad de investigarlo. Confiamos en que aquí es más probable que no haya impunidad”, asegura la responsable de Amnistía Internacional. En la misiva mencionan la última reforma del Código Penal de República Dominicana, criticada por distintas organizaciones feministas y de derechos humanos por “no garantizar adecuadamente los derechos de las mujeres y las niñas” y reducir el plazo de prescripción de los delitos sexuales.

“Señalamos lo que menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que manifiesta su preocupación por la discriminación interseccional contra grupos de mujeres desfavoreces y discriminadas y los obstáculos en el acceso a la justicia en República Dominicana”, subraya Martos. La carta también hace referencia a un informe del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de las Mujeres y las Niñas que criticaba que la falta de datos desagregados por sexo sobre discriminación, violencia de género y feminicidios en el país “contribuye a exacerbar la falta de conciencia sobre la violencia de género a nivel político, legislativo y judicial”.

Women’s Link, la organización que representa a Rebeca y Laura, ha puesto su caso en conocimiento de seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas después de los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales” de las mujeres. El pasado miércoles, Okdiario hacía público el vídeo de una de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se había pixelado su rostro, pero no se había modificado su voz, a pesar de la condición de testigos protegidos que les fue otorgada. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia y requiera medidas urgentes de protección para las dos mujeres.

“Denuncia” es el mensaje que más escuchan las víctimas de violencia de género y sexual. Ese lema, que busca que las mujeres confíen en la Justicia, obvia, sin embargo, todo lo que sucede después y que quita brillo a ese eslogan fácil. Lo saben Laura y Rebeca, las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por trata y varios delitos sexuales y laborales y que acaban de presentar una querella en la Audiencia Nacional.

Días después de esta nueva acción para reclamar que España investigue los hechos, un medio de comunicación ha publicado el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público les concedió un estatus de especial protección y de que la ley prohíbe difundir datos que permitan reconocer a víctimas de violencia sexual. Mientras la justicia española decide, otra vez, si investiga los graves hechos que denuncian las dos extrabajadoras, estas mujeres soportan una revictimización sin que nadie parezca hacer nada al respecto.

Hagamos una secuencia de hechos. En enero, dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas le denuncian ante la Fiscalía por trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores y lesiones. El Ministerio Público les concede el estatus de testigos protegidas y comienza sus indagaciones. Días después, Julio Iglesias, desde su cuenta de Instagram, revela la identidad de dos mujeres que, asegura, corresponde a las denunciantes.

Hasta la fecha, nadie ha investigado esa acción del cantante, a pesar del estatus del que gozaban las mujeres en ese momento. Lo que sí hace la Fiscalía es archivar el caso: no entra al fondo del asunto pero asegura que España no es competente para investigar esos hechos, una decisión discutida por distintos expertos y expertas. El abogado de Iglesias inicia un procedimiento contencioso-administrativo para conseguir acceso a la denuncia y a todo el expediente de la Fiscalía. Lo gana y toda la información, también las indagaciones preprocesales del Ministerio Fiscal, pasa a estar disponible para la representación legal del cantante.

La semana pasada, Laura y Rebeca, representadas por la organización Women's Link, vuelven a buscar justicia: presentan una querella en la Audiencia Nacional por los mismos delitos. Días después de esa presentación, en la que las mujeres también piden protección, este miércoles la página web Okdiario publicaba el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía en enero, cuando era testigo protegida. Aunque la imagen de la mujer aparece pixelada, en el vídeo puede escucharse su voz. La investigación publicada por elDiario.es y Univision protegió la imagen de las dos mujeres pero también la voz para evitar su identificación: se sustituyó por doblajes literales.

A la espera de lo que haga el juez, Rebeca y Laura atraviesan esa contradicción del sistema de la que nadie se hace cargo: denunciaron, pero, de momento, nadie investiga; denunciaron, pero se han revelado datos personales e información que permite identificarlas, sin que parezca haber consecuencias. Denunciaron, y aunque esa denuncia se archivó y no llegó a abrirse una investigación propiamente dicha, el denunciado ha tenido acceso a todo el expediente, mientras ellas siguen esperando a que la justicia española las escuche.

Pronunciar un lema es fácil, sostenerlo es mucho más complicado. Para hacerlo, la justicia y la protección deben ser efectivas. Si no, instar a las mujeres a que denuncien es pedirles que sostengan una acusación en un mundo que dudará de ellas, que las atacará, las volverá a victimizar y les hará pagar un precio por hablar. Cuando un caso tiene una gran relevancia mediática, como sucede con el de Julio Iglesias, el proceso, para bien o para mal, se convierte en una lección para todas. Asistir a la desprotección de unas mujeres que rompieron su silencio a pesar de tenerlo todo en contra es el mejor estímulo para permanecer en silencio. Y es lo que buscan quienes instigan los ataques.

“Los jueces pueden admitir la querella porque son competentes para conocer de este asunto. En Derecho muchas veces las cosas son discutibles, pero en este caso concreto hay una base clara para que los tribunales españoles sean competentes para iniciar un procedimiento”, asegura la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València Lucía Martínez Garay. La experta subraya que el caso cumple con los requisitos que marca la ley para ser investigado en España: los hechos se atribuyen a un ciudadano español, son considerados delito tanto en los países donde se produjeron como aquí, y no han sido investigados en ningún otro lugar.

Mercedes García Arán, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Antonio Lascuraín de la Universidad Autónoma de Madrid, o Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también piensan que la Fiscalía se equivocó al archivar el caso y consideran que España es competente.

El juez en el que ha recaído el caso, Antonio Piña, ya ha emitido una resolución en la que pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos, un procedimiento habitual. Será la misma Fiscalía que archivó en enero la que elabore ese informe, que no es vinculante para el juez, quien tiene la última palabra.

Una de las denuncias fue presentada por una joven de 18 años por unos hechos ocurridos durante las fiestas de Gévora, celebradas el pasado fin de semana, según ha informado la Guardia Civil a EFE. El presunto implicado en este caso es un menor de 17 años.

A preguntas de los medios, Quintana ha señalado que la joven y el menor habían mantenido una relación previa. Este dato forma parte de las circunstancias que están siendo investigadas, pero no modifica el objeto de la denuncia ni permite por sí mismo establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados.

La Guardia Civil también investiga si el menor señalado en esta primera denuncia pudo estar relacionado con otros episodios de agresiones registrados durante diferentes peleas.

Una segunda denuncia

El delegado del Gobierno ha informado además de una segunda denuncia por presuntos tocamientos, en este caso con dos menores implicados. No ha trascendido información adicional sobre las personas afectadas ni sobre las circunstancias concretas de este segundo episodio.

Quintana ha insistido en que se trata de dos denuncias diferentes y correspondientes a momentos distintos. Por ahora, tampoco ha podido confirmar si ambos casos guardan algún tipo de relación, una cuestión que deberá determinar el avance de las investigaciones.

Las diligencias permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer lo sucedido en cada uno de los episodios denunciados. Al tratarse de investigaciones en curso, los hechos tienen carácter presunto y será la investigación la que determine las circunstancias y posibles responsabilidades.