El asesinato de Nagore Laffage en los Sanfermines de 2008 por parte de José Diego Yllanes cuando ella se negó a mantener relaciones sexuales con él, supuso un punto de inflexión en la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres en entornos festivos, sobre todo en Navarra. Desde entonces, la madre de Nagore, Asun Casasola, reivindica la memoria de su hija y la libertad sexual de las mujeres.

Nuestra compañera Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género de elDiario.es, estuvo con ella hace unas semanas a raíz del décimo aniversario del caso de ‘La manada’. A través de la conversación que mantuvo con Asun Casasola, repasamos también otros casos de violencia machista cuyo impacto mediático y social propiciaron cambios legales para proteger a las víctimas de la violencia machista.

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El Gobierno de Navarra se apoya en el triple archivo de la denuncia de Vox y Abogados Cristianos para no intervenir en las colonias Euskal Udalekuak de Abaigar y Goñi a pesar de que la Diputación de Álava pida para ellas medidas cautelares por estar bajo investigación por presunta violencia sexual otro campamento de la misma entidad, el de Bernedo. Begoña Alfaro, consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias (Contigo/Zurekin), ha afirmado que “las entidades que gestionan” los campamentos en Navarra “son diferentes” y que en ellas “no hay ningún hecho denunciado”.

“Los hechos tramitados en Euskadi obedecen a unos sucesos que se produjeron” en esa comunidad autónoma, por lo que “no se pueden extender a las localidades navarras”, ha señalado Alfaro, parafraseando el auto de la Audiencia Provincial de Navarra que refrendada dos resoluciones anteriores del juzgado de Estella cerrando la vía penal totalmente.

Según ha indicado Alfaro, se realizará por parte de las instituciones “la supervisión habitual” al no considerar que haya “elementos para extremar la cautela”. Los campamentos de Abaigar y Goñi “cumplen con los requisitos técnicos que se establecen y no hay motivos para tomar medidas cautelares”, defendía. Y añadía que estarán “atentos y vigilantes” como se hace “en cualquier caso”.

La Audiencia Provincial de Navarra desestimó el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y confirmó el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Fue la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma.

La consejera navarra también ha destacado que la denuncia no haya sido “formulada por las familias”, sino por un partido político y motivada por la “campaña de Abogados Cristianos”. En Álava, el Tribunal de Instancia de Vitoria lleva quince meses investigando la cuestión y, de cara a septiembre, se tomará declaración en calidad de imputados a varios monitores, según la Diputación alavesa.

Una mujer de 32 años es madre de un bebé que tiene seis meses y va a consulta médica porque siente una ansiedad intensa y rechazo a determinadas prácticas cotidianas de la crianza, especialmente al baño y al cambio de pañal. Refiere sentirse muy incómoda al tocar los genitales de su hijo, incluso dentro del cuidado. Durante el proceso terapéutico le viene un recuerdo de situaciones con un primo en la infancia, recuerdos fragmentarios inicialmente descritos como 'juegos raros' y, es a partir del nacimiento de su hijo cuando comienza a comprender que aquello no eran juegos, era en realidad violencia sexual.

Este es uno de los casos que ha explicado Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, para desarrollar lo que sienten las mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia y deciden ser madres, durante el Curso de Verano EHU 'Violencias y Maternaje', que ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario.

A la hora de tratar a estas mujeres, la experta ha recalcado que es importante trasladarles que la violencia sexual no es una sentencia de por vida. “Los procesos son distintos y es diferente si lo han contado a adultos y se han sentido escuchados, porque quien no se siente escuchado o no es creído cuando lo cuenta, sobre todo en el caso de los niños, deja de confiar en el ser humano, siente que nadie va a poder a ayudarle en la vida”, ha explicado.

Muchas veces el cuerpo recuerda la violencia sexual antes que la mente

Una de las cuestiones más complicadas de entender en el caso de la violencia sexual infantil es que el menor puede llegar a sentir placer y eso le lleva a la culpa. “La violencia sexual tiene que ver con la intromisión del adulto en el desarrollo de un niño. Es una intromisión muy fuerte que puede llegar a provocar mucha excitación y otras cosas que no pueden comprender porque muchas veces su propia cabeza no se lo permite. Tenemos a niñas que nos indican que su cabeza sentía asco y quería escapar, pero en su cuerpo sentía placer, algo que les descoloca del todo porque encima muchas veces los abusadores son sus familiares y eso les genera culpa porque les hace sentir cómplices”, ha indicado.

¿Qué ocurre en la maternidad con estas mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia? Según ha señalado Lizarraga, la maternidad hace que llegue la resignificación del abuso, sobre todo desde el cuerpo. “Otro de los casos que hemos trabajado es el de una mujer que relata que durante el embarazo comenzó a tener episodios de angustia intensa sin causa aparente y que en el tercer trimestre empezó a tener sueños recurrentes con sensaciones corporales invasivas, sin imágenes claras. Tras el parto, estas sensaciones se intensificaron durante la lactancia y, justo después consigue poner palabras a una historia de abuso en la primera infancia, sin recuerdos organizados pero con un fuerte registro corporal porque el cuerpo recuerda antes que la mente”, ha apuntado.

Para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas

Esa vivencia corporal intensa, ha explicado la experta, hace que se reactive la historia personal de cada persona. “En una historia de violencia sexual en la que la víctima no recuerda lo que vivió, se produce un momento importante cuando su hijo o hija cumple la edad en la que la víctima fue abusada, lo que se entiende como 'el hijo como espejo'. Esto genera un impacto en la maternidad porque reactiva la historia personal y el trauma, dificulta la cercanía corporal y emocional con el menor y crea una hiperprotección maternal”, ha detallado.

“Tenemos a mujeres que evitan abrazar a sus hijos durante mucho rato y otras que crean una hipervigilancia que hacen que el menor no tenga ninguna autonomía ni se relacione con nadie con el objetivo de evitar la repetición de la violencia sexual. Eso también daña mucho a los chavales porque necesitan autonomía y contacto para experimentar y crecer. Otro de los problemas ocurre con mujeres que no han sabido identificar el abuso y, por tanto, no lo han trabajado. De alguna forma es como que tuvieran una especie de venda delante de los ojos que no les permite identificar las situaciones de abuso y eso incluso les lleva a repetirlas, a buscar parejas que son casualmente también abusadores y la historia se repite”, ha identificado la experta.

A modo de conclusión Lizarraga ha explicado que a la hora de trabajar con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, lo fundamental es “seguir sus tiempos”. “No se puede preguntar directamente acerca del abusador o del abuso, lo que hay que hacer es abordar la infancia preguntándole si dormía bien, si tenía buena relación con los adultos y aunque nos estén relatando una situación de violencia sexual no debemos nombrarlo como tal si ellas no lo han nombrado así primero, debemos usar sus palabras con paciencia y sin juicios. Por ello, para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas, para que no sean mujeres abusadas, sino mujeres que en un momento de su vida sufrieron abuso. Con estas terapias y este trabajo conseguimos sacarles la violencia sexual de su identidad y así pueden ejercer una maternidad mucho más tranquila y satisfactoria”, ha concluido.

La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y ha confirmado el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Es la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma. Por el contrario, el Tribunal de Instancia de Vitoria continúa sin ofrecer avances relevantes en la instrucción de la veintena de denuncias sobre Bernedo.

Según el auto de la Audiencia de Navarra, del pasado 1 de julio y cuya ponente ha sido la magistrada Rebeca Esther Alonso, “no existe” una denuncia concreta sobre posibles casos similares a los de Bernedo en las colonias navarras y “la investigación que se llevara a cabo sería en todo caso prospectiva”, algo expresamente inconstitucional. Afea que la petición de una nueva causa se limita a sostener que, al haber “denuncias por hechos cometidos en otro lugar” organizados por la misma asociación, “debe llevarse a cabo una investigación”. Es lo mismo que manifestó por dos veces la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

En el caso de la denuncia presentada por Vox, que también está personado en el procedimiento penal en Vitoria, “se expone que se han hecho eco los medios de comunicación de testimonios de menores en relación” a las actividades de Bernedo. “Como la misma asociación tiene campamentos en Goñi y Abaigar”, se alude a que también ha podido ocurrir “en estas localidades” algo similar. Se menciona, asimismo, que la Ertzaintza habría podido recibir un caso que sí estaba residenciado en Abaigar en 2021 y 2022. “Ningún hecho se denuncia como ocurrido en Goñi y Abaigar que justifique incoar un procedimiento penal”, frena la Audiencia Provincial.

La celeridad de la Justicia en Navarra contrasta con la de Álava. Las primeras denuncias fueron presentadas por la Ertzaintza en el Tribunal de Instancia de Vitoria en abril de 2025. El expediente recayó en el juez Álvaro Silván, pero no se realizó ninguna actuación hasta que, pasado el mes de agosto y la edición del pasado año de las colonias de Bernedo, se volvieron a reproducir las denuncias. Se investiga al menos una posible agresión sexual, además de presuntas conductas de exhibicionismo. Algunos de sus participantes han relatado que, por ejemplo, chicos y chicas eran obligados a compartir duchas junto a los monitores.

Una nueva instructora ha asumido el caso en Vitoria, Marta Escudero. Tampoco consta que haya tomado declaraciones a posibles imputados cuando ha pasado otro año. En paralelo, la Diputación de Álava sancionó a Euskal Udalekuak y le impidió celebrar el campamento de Bernedo, como pretendía. Incluso mostró su deseo de vetar a una posible nueva entidad organizadora. Sin embargo, un juzgado de lo contencioso-administrativo levantó la suspensión cautelarmente al entender que no estaba suficientemente bien armada la actuación administrativa. Por falta de tiempo no hay colonias en Bernedo, pero sí las está habiendo en Navarra.

Euskal Udalekuak siempre ha denunciado estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano, así como personalidades del mundo de la cultura vasca. Ahora, conocidas las resoluciones judiciales en Navarra indican que la extrema derecha está buscando una “represión mediática y judicial”. “Nuestro principal objetivo ahora mismo es ofrecer un ocio educativo a niños y jóvenes. Por eso, tenemos los turnos en marcha y en eso estamos trabajando este verano”, exponen en un comunicado en euskera a raíz de la última resolución judicial.

El caso de Bernedo ha motivado de Bernedo ha motivado la modificación de la ley vasca de Juventud, así como del decreto sobre organización de campamentos. Muchas de las medidas tampoco llegaron a tiempo para el 1 de julio, el momento de inicio de la temporada. Buscan reforzar el control de las actividades.

Los choques entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo central son más que frecuentes y vienen de lejos. No es de extrañar que las relaciones entre el representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la capital, el delegado Francisco Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco sean buenas, pero estas han ido empeorando a lo largo de estos últimos años. La última de estas discrepancias se ha producido hace solo unas semanas, después de que Martín presentara un plan de acción contra la violencia sexual ante el aumento de las denuncias en la región.

Delegación de Gobierno presentó este mes un documento con 20 medidas entre las que se incluyen la formación de profesionales del entorno escolar, un mapa territorial de riesgos o un informe anual de violencia sexual en la comunidad, entre otras. Para poder desarrollarlo plenamente, pretendían coordinarse con otras instituciones como la Federación de Municipios de Madrid, la Fiscalía –a quien entregarán el plan el próximo martes– o la propia Comunidad, de quien lamentan que no han obtenido respuesta: “No se le presentó inicialmente un documento cerrado. Durante la fase de elaboración se invitó al Gobierno autonómico y al PP de la Comunidad a participar en los trabajos preparatorios”.

Según explica el propio delegado a elDiario.es, rechazaron participar, ya sea negándose o directamente evitando responder. “Durante 2024 y 2025 se mantuvieron 53 reuniones” con diferentes cuerpos, como organizaciones sociales, empresas o sindicatos. “Tras la presentación he vuelto a dirigirme formalmente a la presidenta”, añade. “Mantengo la mano tendida para que se incorporen ahora al desarrollo y la ejecución”. Por ahora no hay todavía una partida presupuestaria única y cerrada, sino que se trata de una “hoja de ruta transversal” y será cuando se constituya la mesa técnica cuando se verá el calendario, las administraciones responsables o los recursos disponibles.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad, el portavoz, Miguel Ángel García Martín, argumentaba que ya se estaban desarrollando planes contra la violencia sexual en la región, aunque no entraba a responder directamente sobre si rechazaban directamente cualquier participación. Fuentes cercanas a la presidenta consultadas por este diario remiten a las palabras de García Martín, mientras que el delegado habla directamente de boicot. “No encuentro ninguna razón técnica ni institucional que justifique su negativa”, argumenta. “Me preocupa que estén anteponiendo la confrontación política a una cuestión que debería quedar fuera de cualquier estrategia partidista. Estamos hablando de violaciones y de víctimas, muchas de ellas menores. Lamentables, Ayuso nos tiene acostumbrado a esto”, añade.

En caso de no producirse esta coordinación entre instituciones, el delegado asegura que se “limita su alcance”, ya que aunque sí cuenten con el visto bueno de algunos ayuntamientos —aseguran que algunos incluso del PP— y puedan desarrollarse actuaciones dentro de las competencias de la propia Delegación y de la Administración General del Estado, Madrid sigue teniendo las competencias esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales o atención especializada a las víctimas. “Su falta de participación no paraliza el plan, pero sí dificulta que la respuesta sea plenamente integral, que es lo que busco”, asegura Francisco Martín.

Sobre esos planes existentes que argumenta la Comunidad de Madrid, el delegado asegura que valora “positivamente todos los recursos existentes”, pero que “tener protocolos sectoriales no equivale a disponer de una estrategia madrileña integral” y que el plan se trata de una adaptación del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior.

La querella del alcalde de Móstoles contra el delegado

Uno de los choques públicos entre los de Ayuso y el delegado del Gobierno se produjo el pasado mes de abril con la polémica en torno al caso del alcalde de Móstoles, ahora imputado tras las denuncias por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su propio partido. Francisco Martín acudió a la Junta de Seguridad Local en la ciudad madrileña y cargó al inicio de la reunión contra Manuel Bautista por copresidir la junta a pesar de la causa.

“Este señor tras lo que ha hecho no debe presidir una comisión como la que hemos celebrado en la que se habla de seguridad”, dijo entonces Martín. Ante las críticas del delegado durante la reunión, Bautista anunció una querella contra él por supuesta vulneración del honor.

Ahora, el delegado del Gobierno ve un “grave paralelismo” entre la falta de coordinación con la Comunidad de Madrid para llevar a cabo el plan contra la violencia sexual y el apoyo al alcalde del PP: “El negacionismo de las violencias machistas no solo se expresa con palabras”, critica Martín. “Hasta que no demuestre lo contrario, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es negacionista de la violencia machista”, añade.

“No se puede reclamar a las mujeres que confíen en las instituciones para ponerse a salvo y que, cuando una de ellas denuncia a una persona poderosa, se le abandone, cuestione o se le convierta en el problema”, dice el delegado del Gobierno sobre este apoyo al regidor.

Ayuso y su equipo en diferentes ocasiones han salido en defensa de Manuel Bautista. Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad decidió mantener este apoyo cerrado. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

Dos mujeres que han acusado al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de abuso sexual, han hecho públicas sus denuncias contra el destacado abogado británico.

En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN este jueves, una empleada de la CPI, identificada solo por su nombre de pila, Sarah, ha hablado en públlico por primera vez sobre sus acusaciones, que han sacudido a la corte en los últimos dos años.

Sarah, abogada que trabajaba directamente para Khan, ha descrito su comportamiento como una “escalada de intentos”. Ha dicho que “fue como una invasión gradual de los límites, no solo física sino también emocionalmente”.

Ha alegado que en una ocasión, durante una visita oficial a Colombia, Khan entró en su habitación de hotel. Ha explicado que, mientras fingía estar dormida, él “comenzó a meterme la mano por debajo de las mallas, a manosearme, a lamerme la oreja”. Khan ha negado las acusaciones.

Una segunda mujer, identificada con el seudónimo de Patricia, también ha hablado con Amanpour, aunque su rostro no se ha podido ver. La mujer, que se presentó por primera vez ante The Guardian el año pasado, trabajó para Khan al principio de su carrera.

Ha declarado que, durante su periodo de prácticas en 2009, se le exigió trabajar en su casa. Ha dicho que “sin falta, cada vez que estaba allí, él me acosaba constantemente: me manoseaba, me agarraba, me besaba la cara, me tocaba el pelo e intentaba que tuviera relaciones íntimas con él”.

Una de las abogadas de Khan, Sareta Ashraph, ha afirmado que las acusaciones de ambas mujeres no eran nuevas y que Khan sigue negando las denuncias “en su totalidad”. En declaraciones a Amanpour, ha dicho: “El conjunto de las pruebas muestra una imagen muy diferente a la que se ha presentado hoy aquí”.

Las entrevistas se producen en un momento crucial tanto para Khan como para la CPI. La próxima semana, los Estados miembros del tribunal se reunirán en la sede de la ONU en Nueva York para una votación sin precedentes sobre la destitución del fiscal.

Comenzó a meterme la mano por debajo de las mallas, a manosearme, a lamerme la oreja

Sarah — Denunciante del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan

El mes pasado, el comité ejecutivo del órgano rector de la CPI suspendió a Khan tras concluir que había cometido una falta grave en relación con las denuncias de abuso sexual contra Sarah. El caso fue remitido a los 125 Estados miembros de la Corte para que decidieran su futuro.

Los abogados del fiscal jefe han argumentado que el proceso disciplinario en su contra tiene motivaciones políticas y que es “procesalmente injusto”.

Ashraph ha declarado: “Esta aparición en los medios se produce una semana antes de la votación del 24 de julio. Las pruebas y los testimonios presentados ya obran en poder de los Estados, junto con una gran cantidad de información relevante que no se ha presentado en este programa [CNN]”.

Khan fue elegido en 2021 para un mandato de nueve años al frente de la división de la fiscalía de la Corte, responsable de investigar y enjuiciar a las personas acusadas de atrocidades.

Sarah, de 39 años, fue asistente especial directa de Khan entre 2023 y 2024. Es de Malasia y trabajó en la CPI durante varios años antes de unirse al equipo de Khan.

La gestión del fiscal jefe en el tribunal de última instancia se vio empañada a finales de 2024 cuando salieron a la luz los detalles de las acusaciones de Sarah. Hasta ahora, ha permanecido en el anonimato.

Los representantes de Khan han insinuado en ocasiones que las acusaciones de Sarah podrían formar parte de una conspiración de agentes hostiles para desacreditarlo como consecuencia de su decisión en 2024 de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa.

Según documentos consultados por The Guardian, el proceso disciplinario contra Khan concluyó que no existían pruebas que respaldaran las afirmaciones de que Sarah estuviera siendo utilizada por terceros, incluidas agencias de inteligencia.

En su entrevista con Amanpour, Sarah, que es musulmana y sigue siendo empleada de la CPI, ha declarado: “Si hubiera existido la más mínima sospecha de que yo fuera agente estatal, me habrían despedido”. Y ha añadido: “Mi denuncia se debió a lo que me sucedió, y no a ningún otro motivo”.

La tercera vez que sometieron a Anna Liedtke a un cacheo ilegal sin ropa, las guardias de prisión la obligaron a arrodillarse, le taparon la boca para que no gritara y la violaron, según consta en una denuncia penal presentada en Israel. Liedtke escuchó a hombres guardias riéndose y dice que fueron testigos de la agresión y que también pudieron haberla grabado. Según cuenta, todo ocurrió en una zona separada del pasillo de la prisión por una cortina corrida parcialmente. Las agresoras la habían dejado medio abierta.

Liedtke, que tiene 25 años, se unió en otoño de 2025 a la flotilla que zarpó de Europa hacia Gaza con ayuda humanitaria. El 8 de octubre, las fuerzas israelíes interceptaron su barco en aguas internacionales y la trasladaron a la fuerza a Israel, donde permaneció detenida durante cinco días.

Según Liedtke, los abusos y la violencia ejercida en cárceles israelíes contra los participantes de la flotilla, incluida la violación, tenía como objetivo intimidarlos. “Está claro que quieren doblegarnos y silenciarnos, haciendo que esto resulte tan traumático que nunca volvamos a hablar de Palestina”, explica en una entrevista con The Guardian.

Pero a los pocos días Liedtke se lo estaba contando a los médicos y a sus amistades, y en diciembre se había convertido en la primera activista de la flotilla en hablar en público sobre la violación sufrida durante su detención en Israel. Más de una decena de personas han denunciado agresiones sexuales, la mayoría de forma anónima.

“Si guardamos silencio, se lo harán a otra persona”

Los abogados que representan a Liedtke en Israel han registrado una denuncia exigiendo una investigación de las autoridades. Las leyes israelíes definen a la violación como cualquier penetración no consentida. “No hay motivo para que me avergüence”, dice en su primera entrevista sobre la denuncia. “Si guardamos silencio, se lo harán a otra persona”.

La denuncia ha sido enviada al fiscal general israelí, al asesor jurídico del Servicio Penitenciario de Israel, al Departamento de Investigación de Guardias de Prisión, y al director de la prisión de Givon. En palabras de Muna Haddad, abogada de Liedtke, se trata de enfrentarse a la “cultura de impunidad” en los abusos contra los presos que existe en Israel.

No es solo mi experiencia personal, es algo sistemático, y no puedo dejar de insistir en que es mucho, mucho menos de lo que sufren los palestinos

“El deseo de Anna es que se haga justicia y agotar todas las vías para que rindan cuentas los responsables de estos actos; también queremos sensibilizar a la opinión pública y ver cómo responde el sistema israelí a nuestra exigencia de abrir una investigación”, dice Haddad, que trabaja como abogada en Adalah (una ONG por los derechos humanos de la minoría palestina en Israel).

“La violencia sexual y la violación son vulneraciones recurrentes que llevan perpetrándose contra los presos palestinos durante casi tres años”, añade Haddad. “Ahora estamos frente a una escalada en la que Israel está dispuesto a extender ese comportamiento también con los ciudadanos extranjeros que actúan en solidaridad con los palestinos”.

Prepararse mentalmente

Liedtke no ha dejado que la hagan sentirse avergonzada y ha convertido la agresión en parte de su activismo, voz de quienes siguen en cárceles israelíes o de quienes serán víctimas en el futuro. “No creo que denunciarlo vaya a poner fin a la violación durante las detenciones, pero como mujer comprometida políticamente siento la responsabilidad de hablar de esto y, de esa manera, luchar en contra”, dice. “No es solo mi experiencia personal, es algo sistemático, y no puedo dejar de insistir en que es mucho, mucho menos de lo que sufren los palestinos”.

Israel ha normalizado la tortura de los palestinos en sus cárceles, mientras las autoridades del país celebran los abusos contra activistas extranjeros y han denunciado el intento fallido de procesar a sus soldados por una agresión y una violación bien documentadas

En mayo, la ONU incluyó a Israel en una lista negra por el uso de la violencia sexual durante los conflictos, citando los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad, entre ellos, violaciones a presos varones. En julio, Reino Unido expresó su preocupación ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional por las agresiones sexuales en los centros de detención israelíes.

La policía australiana está investigando denuncias de violación y tortura presentadas en mayo por participantes de la flotilla, y, en Francia, la fiscalía ha iniciado una investigación de crímenes de guerra por supuestas torturas y malos tratos a ciudadanos franceses cuando estaban bajo custodia israelí.

Antes de zarpar desde el sur de Italia el 30 de septiembre en un antiguo ferry y junto a otros 100 activistas, Liedtke recibió información de miembros de flotillas anteriores sobre lo que les podría ocurrir. Trató de prepararse mentalmente para la posibilidad de ser violentada durante la detención en Israel, y hasta de sufrir agresiones sexuales, pero luego comprendió que era casi imposible. “Puedes saber que te van a agredir sexualmente, y puedes decirte a ti misma ‘vale, lo harán’; pero en el momento en que ocurre, es como si nunca lo hubieras pensado, porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo”, dice.

Su consejo para otros activistas es tan político como práctico. “Tienes que estar convencido de que esta es la misión correcta, y entender que nada puede prepararte”, dice.

“Les dije que me estaban haciendo daño”

El 8 de octubre, en torno a las 4:30 de la madrugada, la despertó el capitán. “Esto no es un simulacro, vienen los israelíes”, anunció. Abordaron el barco, mandaron a los activistas al comedor y pusieron rumbo hacia el puerto israelí de Ashdod, donde llegaron aquella tarde. A Liedtke se la llevaron para procesarla. Dice que una persona que hablaba alemán con fluidez la llamó ‘puta nazi’.

La primera agresión sexual llegó poco después, durante un cacheo sin ropa, dice Liedtke. Según su abogada, la ley israelí exige el consentimiento de la detenida antes de un registro sin ropa. Si la persona detenida se niega, un oficial de rango superior debe acudir para escuchar las objeciones y autorizar por escrito cualquier control que se haga a partir de ese momento. Los registros deben limitarse a una inspección visual del cuerpo desnudo y llevarse a cabo en una sala cerrada donde solo puede haber oficiales de sexo femenino.

Liedtke explica que se negó a someterse al registro corporal, pero que incluso así la obligaron a quitarse la ropa en una zona parcialmente oculta solo por una cortina. Su cuerpo desnudo quedó a la vista de los soldados varones que pasaban por allí. “Algunos de ellos nos miraban directamente mientras pasaban por delante”, dice.

Se negó a firmar los documentos de la deportación rápida porque eso equivalía a admitir que había entrado en Israel de forma ilegal, cuando a Liedtke la habían trasladado allí por la fuerza y desde aguas internacionales.

Más tarde, esa misma noche, la llevaron con esposas y una venda en los ojos a la prisión de Ketziot, donde volvieron a cachearla sin ropa, completamente desnuda y sin dar su consentimiento. “Les dije que no quería hacerlo, y que ya me habían registrado unas horas antes, ¿por qué tenían que volver a hacerlo?”, dice. A las personas que sí aceptaron el cacheo les permitieron quedarse con la ropa interior, añade.

Le dieron la ropa de la cárcel y la trasladaron a una celda sucia y sin agua potable. No pudo dormir en toda la noche por la música a todo volumen y los registros constantes de su celda, incluso con perros. Desde otras partes de la prisión se oían gritos.

El 10 de octubre, la trasladaron una vez más. En esta ocasión, a la cárcel de Givon, donde volvieron a llevarla a una zona parcialmente oculta por una cortina y le dijeron que se desnudara. Liedtke se negó y las guardias le arrancaron la ropa, manoseándola y obligándola a ponerse de rodillas. Una de ellas le introdujo los dedos en la vagina y luego en el ano. “Había dos mujeres soldado, y luego tres, que me dijeron que me quitara la ropa”, explica. “Empezaron a tocarme, les dije que no, les dije que no quería que me tocaran y que me estaban haciendo daño; entonces me agarraron por las manos para que no pudiera moverme, me empujaron al suelo y, aunque seguí intentando gritar, me taparon la boca para que no pudiera hacerlo”.

Al dolor de la agresión física se sumó la humillación. “Recuerdo que los soldados varones se reían, se quedaban allí de pie riéndose; sé que pudieron verlo todo porque la cortina no estaba cerrada completamente”. Liedtke cree que el ataque también puede haber quedado grabado por el gran número de cámaras de seguridad y corporales que se emplean en las cárceles. Ciudadanos particulares y funcionarios de Israel ya han difundido vídeos y fotos documentando los abusos y torturas a palestinos y activistas detenidos.

“Se fue desatando un nudo”

Los activistas fueron deportados a Jordania el 12 de octubre. Liedtke, que había pasado todo ese tiempo en huelga de hambre, tenía más ganas de fumar que de comer. El grupo fue recibido por médicos y psicólogos en un hotel de Amán, donde Liedtke dio el primer paso para hacer público lo sucedido. “Asegúrate de incluir en tu informe que al menos una mujer fue agredida sexualmente”, dijo a una amiga y compañera periodista.

De vuelta en Alemania, decidió hablar de la violación en una conferencia sobre presos políticos organizada en diciembre. Cuando lo hizo, la sensación de amenaza dio paso a una de alivio inesperado. “Como si poco a poco se fuera desatando un nudo”, dice.

Otras mujeres de su barco se pusieron en contacto con ella para decirle que habían tenido “la misma experiencia”. Los mensajes de apoyo han superado con creces los ataques de desconocidos.

Ahora mismo estoy bien, hay días en los que no recuerdo nada y otros en los que pienso que esto nunca va a mejorar, pero creo que es normal

“Me preocupaban los comentarios crueles, sobre todo porque se trataba de mujeres guardias; me preocupaba que la gente cuestionara si realmente había sido una violación”, dice. “Había gente en Internet discutiendo sobre lo que había vivido, sobre cómo lo definirían ellos, pero no fue algo que me afectara mucho”.

Liedtke indica que vive con el trauma del ataque. “Ahora mismo estoy bien, hay días en los que no recuerdo nada y otros en los que pienso que esto nunca va a mejorar, pero creo que es normal”, dice. Le reconforta el compromiso político por el que en un principio decidió unirse a la flotilla y la alegre bienvenida con que recibieron en Gaza a uno de los barcos de la flotilla que apareció vacío en una playa de la Franja. “Ha merecido la pena, todo lo que he pasado ha merecido la pena para aportar al menos un poco de esperanza, la de que la próxima flotilla llegará”.

El Ejército israelí “rechaza las acusaciones de abusos” por parte de las fuerzas que interceptaron la flotilla de Liedtke, ha declarado un portavoz, que ha derivado el resto de preguntas al Servicio Penitenciario de Israel (SPI). “Las acusaciones descritas en su consulta son negadas categóricamente y carecen por completo de fundamento”, han dicho desde este servicio. “El SPI rechaza cualquier acusación de violación, agresión sexual o abuso sistemático por parte de su personal”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Un encuadre puede cambiar por completo la forma en que una competición femenina llega a la pantalla. La Unión Europea de Radiodifusión y European Athletics han preparado unas pautas para evitar que la realización televisiva sexualice a las atletas mediante ángulos de cámara o repeticiones a cámara lenta que no ayudan a comprender la prueba.

El objetivo es que las imágenes expliquen el rendimiento y la capacidad técnica, en lugar de convertir el cuerpo de las deportistas en el centro de la retransmisión.

Las recomendaciones descartan algunos encuadres durante las pruebas

El documento, titulado Raising the Bar y compuesto por 23 páginas, ya está disponible para las cadenas que cubren atletismo femenino. La guía parte de una pregunta destinada a orientar cada decisión de realización: ¿esta toma permite entender mejor la actuación deportiva? A partir de ese criterio, propone revisar tanto la colocación de las cámaras como la selección de planos y el uso de las repeticiones durante pruebas de salto y carreras.

Entre las imágenes desaconsejadas aparecen los planos cerrados desde detrás de una atleta y las cámaras bajas situadas bajo las competidoras. También se pide cautela con las secuencias ralentizadas que se detienen en partes del cuerpo sin aportar información técnica ni valor narrativo.

Frente a esas elecciones, las organizaciones recomiendan encuadres más amplios que permitan seguir la preparación del movimiento y su ejecución completa.

Glen Killane, responsable ejecutivo de EBU Sport, considera que el problema supera una decisión aislada de realización. “La sexualización de las atletas mediante ángulos de cámara selectivos y decisiones de edición sigue siendo una preocupación importante en muchas retransmisiones deportivas”, señaló.

Según explicó, esas elecciones desvían la atención de los logros y de las capacidades técnicas de las mujeres, además de favorecer estereotipos perjudiciales sobre las atletas.

La guía ilustra sus recomendaciones con ejemplos procedentes de emisiones reales. En salto de altura aconseja enseñar la carrera previa y el despegue, junto con el paso sobre el listón, mediante planos abiertos que permitan valorar la técnica. En salto con pértiga se aplica el mismo criterio. Para longitud y triple salto, las imágenes deberían mostrar la tabla, la secuencia de zancadas y el aterrizaje, evitando detenerse en la atleta desde atrás o desde abajo.

Las carreras requieren precauciones propias. Raising the Bar advierte sobre los planos muy cerrados tomados desde la parte posterior o desde una posición baja, sobre todo durante la preparación en la línea de salida y tras la llegada, cuando el cansancio deja a las participantes más expuestas ante la cámara. El propósito consiste en mantener la atención sobre el cuerpo para apreciar velocidad, fuerza y técnica mediante imágenes que expliquen la prueba.

Una atleta relata cómo influyen las cámaras durante la competición

Holly Bradshaw, pertiguista olímpica británica, ha contado que la ubicación de las cámaras puede afectar incluso mientras se disputa una competición. “Muchas atletas, incluida yo, hemos vivido situaciones competitivas en las que estaban más pendientes de las cámaras que de su propia actuación”, afirmó. Esa tensión puede romper la concentración justo cuando cada movimiento cuenta y deja claro que la realización también condiciona lo que ocurre dentro del estadio.

La deportista ha descrito asimismo las consecuencias posteriores a la emisión. Bradshaw ha recibido abusos en redes sociales y ha encontrado vídeos inapropiados elaborados con imágenes ralentizadas de ella y de otras atletas. “He recibido personalmente abusos en redes sociales y he visto vídeos inapropiados en internet de compañeras y de mí cuando se captan imágenes a cámara lenta de nuestras competiciones”, explicó. Ese material puede seguir circulando varios días después de que termine la prueba.

El alcance de esas imágenes también preocupa por el público al que llegan. “La forma en que se muestra nuestro deporte durante una retransmisión en vivo puede tener mucha fuerza, pero a veces perjudica a las mujeres que compiten y a las mujeres y niñas que lo ven”, indicó Bradshaw. Su aviso apunta a algo muy claro, la realización no solo enseña una competición, sino que también acaba marcando cómo se mira y se entiende el atletismo femenino.

Las recomendaciones buscan un criterio común para las retransmisiones

Las pautas tienen carácter de recomendación y no funcionan como normas obligatorias. Aun así, la Unión Europea de Radiodifusión y European Athletics plantean una orientación común para las cadenas, basada en la capacidad y en una narración que ayude a entender cada disciplina.

El cambio propuesto afecta a la realización desde la colocación inicial de las cámaras hasta la edición final de las repeticiones, con el fin de que la cobertura deportiva proteja a las atletas y explique mejor su rendimiento.

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer durante los Sanfermines. La agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 4.45 horas, en la Vuelta del Castillo, según informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

La Junta de Portavoces del Consistorio ha manifestado en una declaración institucional su “total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

El Ayuntamiento de Pamplona se ha reafirmado una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.

El Ayuntamiento se ha adherido “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”.

La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este sábado la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.

Hay casos que marcan un antes y un después. Han pasado diez años desde que una mujer tuvo la determinación de denunciar la agresión sexual que había sufrido por parte de cinco hombres. Ella había ido a Sanfermines a divertirse. Lo que podía haber sido un expediente más se convirtió en el caso que avivó la ruptura del silencio sobre la violencia sexual y que generó una movilización social con muchas repercusiones.

Hemos reconstruido lo que sucedió esos primeros momentos y también lo que ha pasado en esta última década. He preguntado estos días a varias personas qué supuso para ellas este caso. Porque más allá de los cambios materiales, de los grandes avances, del debate, lo que sucedió con 'la manada' impactó en lo cotidiano. En las conversaciones, en la manera en la que entendíamos algunas cosas. En el caso de muchas mujeres, fue el momento de revisar la propia historia, de poner palabras, incluso, a lo que habían vivido o de atreverse a hablar de sus experiencias de violencia sexual. En el caso de los hombres, muchos comprendieron por primera vez la envergadura de lo que intentábamos contarles, muchos reflexionaron sobre sus comportamientos o sobre lo que habían naturalizado.

Hablaba con la socióloga Beatriz Ranea sobre ese "elemento de identificación muy grande”: muchas sintieron que esa mujer podían ser ellas o sus amigas, o que lo habían sido. Esa capacidad de identificación fue clave para la movilización y el hartazgo. También es duro este ejercicio de ser conscientes de la violencia que vivimos.

Algunas mujeres me contaron que 'la manada' las ayudó, efectivamente, a compartir sus historias de violencia sexual. “Fue un cambio para todas en la manera en la que se trataba la violencia. Antes parecía que estábamos solas”, me decía Cristina (todos los nombres son ficticios). “Fue un ejercicio enorme de toma de conciencia de situaciones pasadas y de estar alerta”, añadía María. A Irene le sirvió para detectar una situación de acoso que sufría. A Elisa, “a tener empatía con quienes sufren este infierno”. También hombres me respondieron. Por ejemplo, Ignacio tomó conciencia “del nivel machismo” que había en la sociedad. Pablo relata cómo supuso un cambio en su grupo de amigos, les hizo estar todavía más alerta sobre sus propios comportamientos.

Mari Carmen me contó algo muy interesante: cómo el caso sirvió para hablar con sus hijos, de entonces 9 y 6 años, sobre consentimiento. “Salimos a la calle y yo fui a todas las concentraciones que se hicieron en mi ciudad y como siempre iba con mis hijos, al llegar a casa uno de esos días, en la cena, mi hijo mayor me preguntó: '¿qué es una violación, mamá?' Llevábamos días gritando 'no es abuso, es violación', y teníamos un cartel que decía eso. Ahí tuve claro que había que explicar esto ya, a su nivel pero de manera que entendieran qué era la violencia sexual y cómo la ejercían los hombres. Hablamos de no tocar el cuerpo de las demás sin permiso, de no hacer nada que no quieras, tampoco si lo hacen tus amigos, de cómo distinguir situaciones en las que no estamos siendo respetuosos, de empatía...”, escribe Mari Carmen.

Como dice ella misma, no fue una conversación, sino abrir una vía de conversación y diálogo que ha seguido con los años. Qué importante lo que hizo Mari Carmen y lo que seguramente han hecho muchas más en sus casas. Ir a la raíz de una manera sencilla pero que a veces parece tan complicada: hablar, también de lo que nos incomoda, también de sexo, de poder, de violencia, con los pequeños. Esa es también la manera de cambiar las cosas.

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Un abrazo.

Ana

Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid ha presentado un plan de acción contra la violencia sexual tras el aumento de las denuncias en los últimos informes de criminalidad del Ministerio de Interior con el fin de “reforzar la prevención, mejorar la atención y protección de las víctimas y fortalecer la coordinación de la respuesta institucional” ante este tipo de violencias.

Se trata de una propuesta con 20 medidas entre las que destacan algunas como campañas públicas de prevención, formación en el entorno escolar, programas de nuevas masculinidades, un mapa territorial de riesgos y un informe anual de violencia sexual en la región, o el refuerzo de recursos especializados y la reducción de las listas de espera, especialmente para los menores. También pretenden incorporar contenidos en los centros educativos sobre consentimiento, pornografía, ciberviolencia sexual o grooming.

Según indican desde Delegación de Gobierno en nota de prensa, en ocho años ha habido un incrmeento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual en la comunidad autónoma. El plan presentado ha contado con la participación de diferentes entidades sociales, administraciones, sindicatos y expertas, con un total de 53 reuniones. Se trata de una adaptación territorial del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha dirigido en la presentación del documento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para “pedirle que dé un paso adelante frente al machismo”. Según ha indicado Martín, pretenden coordinarse tanto con Ayuso como con diferentes instituciones como la Federación de Municipios de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia o la Fiscalía Superior de Madrid. “La Comunidad ha rechazado participar en esta mesa de trabajo”, ha lamentado el delegado del Gobierno durante la presentación de la propuesta.

El Ejecutivo central contempla una primera fase de presentación pública e institucional y puesta en común entre julio y septiembre de este año, después se desarrollará hasta diciembre, se evaluará en enero de 2027, entre enero y junio del año que viene se volverá a desarrollar, se evaluará de nuevo en julio de 2027 y se presentarán resultados entre enero y marzo de 2028, previsiblemente.

Se cumplen 10 años de la violación grupal conocida como el caso de La manada, que ha marcado un antes y un después en el tratamiento de la violencia sexual contra las mujeres. La brutalidad de aquella agresión, el contexto en el que se produjo, la rápida intervención de la administración en el auxilio a la víctima, y los intentos por desacreditar a la denunciante hicieron estallar un grito de indignación que dos años después desbordó las calles de toda España como reacción a una sentencia que dio el empujon definitivo a una nueva ola feminista histórica, que desembocó en una huelga feminista histórica en 2018… Y en lo político, en la Ley del ‘solo sí es sí’.

De todo ello hablamos con Ana Requena Aguilar, redactora Jefa de Género en elDiario.es, que ha estado en Pamplona estos días y ha entrevistado a varias de las personas que primero atendieron a la víctima de esta violación.

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Ana Orantes. Nevenka Fernández. Ángela González Carreño. Ruth Ortiz. Nagore Laffage. La superviviente de 'la manada'. Hay casos que marcan puntos de inflexión en la lucha contra las violencias machistas, historias que funcionan como un revulsivo social y que propician cambios de conciencia, de sentido común, de leyes y de recursos. El precio que pagan las protagonistas es muy alto, a veces la propia vida o la vida de sus hijos; su libertad sexual, el descrédito, el escrutinio público, la pérdida de intimidad o el exilio. El coste no siempre va acompañado de un cambio rápido ni, mucho menos, de la reparación de quienes sufrieron el daño o tuvieron la determinación de contarlo o de denunciar. Pero sus historias sirven para que la pelea feminista cristalice en transformaciones concretas.

“Hay casos muy significativos que han marcado nuestra lucha contra las violencias. Por desgracia, los grandes cambios en la sociedad y los legislativos vienen marcados por esos casos paradigmáticos. El gran punto de inflexión fue Ana Orantes, que abrió el camino en todos los sentidos hasta llegar a la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es el caso que podemos comparar con el de 'la manada', porque en las dos situaciones terminó habiendo aprobación de normas y recursos especializados y un gran debate público”, reflexiona la periodista y feminista Nuria Varela, que fue directora de gabinete de la ministra de Igualdad Bibiana Aído.

El 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes era asesinada por José Parejo, su marido. Quince días antes, Orantes había aparecido en un programa de televisión para hablar del maltrato que había sufrido por parte de Parejo durante 40 años de matrimonio. Su asesinato, tan inmediato después de su testimonio público, fue la gota que colmó el vaso: prendió la movilización social contra la violencia de género que acabó en la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y Bibiana Aído como ministra de Igualdad.

Veinte años después, el 7 de julio de 2016, una mujer de 18 años acude a Pamplona para celebrar Sanfermines. La primera noche, cinco hombres que acaba de conocer —Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza— la violan en el hueco de un portal y se marchan. Dos personas que pasan por la calle ven a la mujer en malas condiciones y se acercan a ella. A partir de ahí la joven es atendida, los hombres, detenidos, y se desata una reacción social de repulsa que crecerá con los meses, conforme avanza la investigación y el proceso judicial. Esa violación marca un punto de inflexión como lo hizo el caso de Ana Orantes, pero esta vez en lo que respecta a la violencia sexual.

El contexto

“Para que un caso tome esta importancia y se convierta en un punto de inflexión tienen que ocurrir otras cosas antes”, apunta Varela. En ambos casos, existía un malestar social previo y un trabajo feminista de años para ponerle nombre, conceptualizarlo, y pedir leyes y recursos. En el caso de la violencia de género, los primeros recursos asitenciales o los primeros recuentos de víctimas llegaron del activismo feminista, mucho antes de que existiera una norma. Desde los ochenta, las feministas peleaban para sacar la violencia de género del ámbito privado.

Algo parecido sucedía con la violencia sexual, que carecía de una estrategia estatal o de recursos públicos asegurados cuando sucedió la agresión de 2016. Ocho años antes, también en Sanfermines, un 7 de julio pero de 2008, José Diego Yllanes asesinó a Nagore Laffage después de que se negara a mantener sexo con él, un caso que conmocionó a Navarra: la conciencia social creció, la conversación sobre la libertad sexual se instaló y la comunidad tomó medidas. Pocos meses antes de lo sucedido con 'la manada', el 7 de noviembre de 2015, el feminismo había salido a la calle en la llamada Marcha Estatal contra las Violencias Machistas, que movilizó a miles de personas.

La socióloga Beatriz Ranea también cree que hay momentos en los que el contexto “es propicio para el impacto y el debate” y hay casos que funcionan “como un catalizador para la transformación”. En esos contextos, algunas historias generan una identificación masiva de las mujeres, apunta: “Hay a veces un elemento de identificación muy grande con la víctima, muchas mujeres sienten que ellas mismas o que cualquiera de sus amigas podrían ser ellas”. Ana Orantes puso palabras y rostro a las historias de violencia que muchas mujeres vivían en sus casas y sobre las que pesaba un gran silencio social. La superviviente de 'la manada' hizo que muchas mujeres jóvenes se vieran reflejadas en la historia de una mujer joven que solo quería pasarlo bien y que, no solo acabó agredida, sino también culpabilizada.

Ese “impacto personal” que sintieron muchas mujeres tuvo mucho que ver en la reacción social del 'yo sí te creo'. La investigación reveló datos que soliviantaron a muchas: el chat que compartían los agresores, la manera en la que hablaban de las mujeres y de la agresión que cometieron, las grabaciones que hicieron... El juicio y la manera en la que las defensas atacaron a la mujer alimentaron todavía más la reacción social. Las mujeres que salieron a la calle clamaban contra el estereotipo de la mentirosa y la manipuladora, contra la idea de víctima perfecta, y reclamaban, por contra, el derecho a la libertad sexual, a ocupar el espacio público en cualquier circunstancia sin miedo y con seguridad.

“A veces es muy difícil identificarse como víctima y, sin embargo, lo que sucede en casos como estos es que muchas encuentran palabras para situaciones que nos atraviesan y se produce, de repente, una toma de conciencia muy fuerte”, asegura Beatriz Ranea. El discurso responsabilizador y de culpa que trató de generarse alrededor de la superviviente de 'la manada' hizo que muchas mujeres reaccionaran.

Abrir la puerta, pero no del todo

Pero no todos los casos cuyos nombres reconocemos ahora tuvieron una reacción social y política a la altura. En 2002, Nevenka Fernández consiguió que un tribunal condenara por acoso sexual al alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez. “En ese y en otros casos importantes para la genealogía feminista lo que ocurre es que no hubo un efecto tan inmediato. Abrieron la puerta a hablar de algunos temas, pero esa puerta tardó más en abrirse de par en par, tanto en la reacción social como en la legislación”, afirma Nuria Varela.

La experta recuerda también a Ángela González Carreño: en 2003, su expareja mató a su hija durante un régimen de visitas a pesar de las 51 denuncias que ella había interpuesto por la violencia que sufrían ella y la menor. “Abrió la puerta a hablar de violencia vicaria, pero, una vez más, la puerta tardó mucho en abrirse de par en par”, apunta Varela, que menciona también el caso de Ruth Ortiz, cuyos hijos, Ruth y José, fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011, después de que ella manifestara su intención de separarse.

Ellas pusieron el cuerpo, las palabras y hasta la vida para intentar hacer justicia para ellas y para las demás. La otra cara de la moneda es, siempre, el coste personal. “Los avances colectivos han tenido siempre un precio individual altísimo, en algunos casos con la propia vida. Se convierten en hitos porque primero fueron heridas y consiguieron hablar o denunciar. Pero son lecciones paradigmáticas que no deberíamos olvidar. A Nevenka le costó perder la intimidad, ser el centro del escrutinio y hasta el exilio. Frente al discurso de la denuncia, desde Ana Orantes deberíamos tener clara una cosa: cuando una mujer habla antes de que exista una estructura capaz de protegerla puede abrir camino para las demás pero no necesariamente salvarla a ella”.

“Es de esos casos que entran en tu vida personal. No puedes salir del trabajo y dejarlo encima de la mesa”. Izaskun Gartzaron es la responsable de la Oficina de Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra. Lo es ahora y lo era el 7 de julio de 2016, el día, el primero de los Sanfermines, que cinco hombres —Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza— violaron a una mujer de 18 años en el hueco de un portal de Pamplona. El caso podría haber pasado inadvertido, convertirse en un expediente más. Lejos de eso, la violación de 'la manada' funcionó como un catalizador para el feminismo y la transformación social.

La inmediata respuesta institucional, fruto de un trabajo previo de organizaciones de mujeres y de la administración, la determinación de la superviviente durante todo el proceso, el cuestionamiento y la persecución que sufrió, la manera en la que los entonces acusados y sus defensas se comportaron y las decisiones judiciales abrieron la espita del 'yo sí te creo'. En la última década, la violencia sexual ha salido del armario.

“Todas las víctimas de violencia sexual grave pasan por momentos muy críticos en los que piensan en tirar la toalla. La víctima de 'la manada' también pensó a veces en que no podía seguir adelante. Es muy habitual, por los tiempos del proceso, porque es muy victimizante, todo depende mucho de ti... Jugaron a eso, a que ella se hundiese”, recuerda Izaskun Gartzaron. Pero no lo hizo. Conforme avanzó la investigación y después el juicio, mientras arreciaban los intentos por revelar su identidad, que fue protegida desde el inicio, y las defensas trataban de culpabilizarla, con el seguimiento de detectives incluido, las calles se llenaban de mujeres, la conversación pública iba cambiando, la conciencia iba creciendo.

“El cambio ha sido radical, como pasó en su día con la violencia de género”, afirma Bárbara Tardón, una de las especialistas que más años lleva estudiando la violencia sexual y trabajando con víctimas. Tardón ofrece un dato: hace diez años, en 2016, no había políticas públicas de alcance estatal que nombraran como tal la violencia sexual ni el consentimiento estaba en el centro del debate. “Esto no estaba en la agenda política ni social, yo creo que tampoco en la feminista. A partir de 2016 empezó a virar todo”, dice.

Está de acuerdo la jurista y coordinadora de desarrollo estratégico de la organización Aspacia, Priscila Cabrera, que califica lo sucedido con 'la manada' como un “antes y un después”. “Ha habido un cambio real en la sociedad, que estaba dormida respecto a la violencia sexual. Se produjo una concienciación no solo de las mujeres sino de toda una sociedad que se indignó. Empezamos a hablar de violencias sexuales que habían estado naturalizadas y hasta socialmente aceptadas. Todo eso supuso un punto de inflexión respecto a hacer visible la violencia sexual, y las instituciones se vieron obligadas a responder a toda esa movilización”, apunta. Las dos expertas coinciden en que el foco, social y político, se había concentrado hasta ese momento en la violencia de género en la pareja y expareja, que en la última década se ha ampliado para reconocer y abordar la violencia sexual.

En otro lugar, en otro momento

Iratxe Álvarez, que aquellos años dio a menudo la cara como portavoz de la Plataforma contra la violencia sexista de Pamplona, en la que sigue militando, transmite algo de lo que el movimiento feminista navarro siempre ha estado convencido: “Siempre hemos pensado que esto no hubiera podido pasar así en otro lugar, en otro momento”. Álvarez se refiere a la rápida respuesta y coordinación policial, institucional y social que se dio y que tenía mucho que ver con un trabajo previo. Las organizaciones feministas, por ejemplo, ya tenían allí protocolos para atender casos de violencia sexual y acoso sexista en las fiestas.

“Desde el principio todo funcionó: dos personas se dieron cuenta de que a una mujer le pasaba algo y necesitaba ayuda, eso con los cuadros que vemos en Sanfermines”, relata. Esa intervención ciudadana puso en marcha todo un dispositivo que hizo que la mujer fuera atendida de inmediato y que, solo unas horas después, los cinco hombres fueran detenidos, a pesar de la afluencia masiva de personas en la ciudad vestidas de la misma manera.

Navarra contaba con recursos asistenciales y con acompañamiento especializado, “recursos por los que tanto había luchado el movimiento feminista”. La reacción social fue desbordante, cree Álvarez, porque la sociedad pudo ver lo que el feminismo llevaba años denunciando: “No era la primera agresión ni iba a ser la última, pero la gente vio casi en directo cómo sucedía todo, cómo era un proceso judicial por violencia sexual, por lo que tenían que pasar las mujeres, cómo se ponía el foco en ella... y claro, mucha gente alucinó”. La feminista no tiene duda de que ha habido “un antes y un después”, aunque ese después esté marcado por una reacción conservadora que tiene puesto el foco, precisamente, en el feminismo.

“Las calles las llenó el movimiento feminista. Conseguimos que se renombraran las cosas, que se dijera agresión sexual, que era como nosotras lo llamábamos desde hacía mucho tiempo. Ahora se entiende que un tocamiento es una agresión. Y hubo una legislación nueva”, resume Iratxe Álvarez, que no tiene dudas de que la concienciación ha aumentado enormemente. “Hemos ganado conciencia colectiva”, cree también Priscila Cabrera.

Prueba de ello son los datos. En 2015, el Ministerio del Interior registró 9.600 denuncias por delitos contra la libertad sexual. Diez años después, en 2025, el número de denuncias fue de 21.659. Es decir, en una década España ha duplicado la cantidad de denuncias por delitos sexuales, un fenómeno que las expertas atribuyen a una ruptura histórica del silencio y a la efervescencia social propiciada por las movilizaciones feministas a partir del caso de 'la manada', pero también a un aumento de los recursos para atender la violencia sexual.

Nagore y los prejuicios

La fundadora de la organización feminista navarra Lunes lilas, Tere Sáez, subraya el antecedente que permitió a Pamplona llegar a 2016 con esa capacidad de movilizar recursos y personas: el asesinato de Nagore Laffage, el 7 de julio de 2008, por parte de José Diego Yllanes, que le propinó una brutal paliza en su domicilio después de que la joven se negara a tener sexo con él. “Fue un punto de inflexión, hizo que la sociedad empezara a hablar más de este tipo de violencia y ahí comenzó un trabajo con las peñas, con la ciudadanía, con las instituciones. El discurso hasta entonces era muy paternalista y ahí empezamos a hablar de libertad sexual de las mujeres”, reflexiona Sáez, que cree que el 'yo sí te creo' se alimentó de la rabia de miles de mujeres cansadas de ser tratadas como mentirosas.

La responsable de la Oficina de Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra, Itziar Gartzaron, conoció a la superviviente y a su familia poco después de la violación. “Cada víctima tiene su historia y sus necesidades”, dice la experta, que recuerda los esfuerzos que se hicieron para proteger a esta mujer, sobre la que la presión social y mediática llegó ser desbordante. “En lo que pudimos controlar las cosas salieron muy bien pero estábamos en un campo minado, todo el rato estallaban cosas que no podíamos controlar”, reconoce.

En ese campo minado, los prejuicios, avivados por las defensas y por el voto particular de la primera sentencia, que calificó los hechos como un “jolgorio”, se extendieron. La manera en la que la superviviente se había comportado con los cinco hombres al conocerse, los motivos que la habían llevado a denunciar, la vida que había llevado las semanas después de la agresión, o hasta la manera en la que se sentó durante su declaración en el juicio, sirvió para reproducir tópicos y estereotipos que aún existen sobre las víctimas de violencia sexual.

“La no credibilidad de las mujeres es el corazón de la cultura de la violación, que se alimenta también de ideas preconcebidas sobre lo que es la violencia sexual que llevamos arrastrando durante siglos. Está siendo más fácil conquistar algunos derechos materiales, a pesar incluso del contexto, que cambiar las representaciones culturales sobre qué es una agresión sexual, quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas”, asevera la experta Bárbara Tardón.

En 2018, Amnistía Internacional publicaba un informe sobre violencia sexual en el estado español del que Tardón fue coautora. Concluía que la atención que recibían las víctimas dependía de su lugar de residencia: en ocho comunidades autónomas no existía un solo espacio de atención especializado y ninguna contaba con los llamados centros de crisis para atender emergencias y abiertos 24 horas. Amnistía concluía que España estaba incumpliendo “su deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios” a las víctimas.

La ley de libertad sexual, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Irene Montero como ministra de Igualdad, obligó a las comunidades a tener centros de crisis, equiparó los derechos de las víctimas de violencia sexual a los de las víctimas de violencia de género, eliminó la distinción entre delitos y calificó como agresión sexual todo acto sin consentimiento.

“No es abuso, es agresión”, fue uno de los lemas que el movimiento feminista sacó a las calles desde que la primera sentencia calificara los hechos como abuso con prevalimiento y no como agresión sexual. Hasta la ley de 'solo sí es sí', un delito sexual solo era considerado agresión sexual si existía violencia o intimidación, algo que quedaba a la interpretación del tribunal de turno. En el caso de 'la manada', los mismos hechos fueron calificados como violación por el Tribunal Supremo que, por unanimidad, aseguró que se trató de un “auténtico escenario intimidatorio”. La presión social consiguió que España cambiara su norma en línea con el Convenio de Estambul, el texto internacional de referencia en la materia: la ausencia de consentimiento es lo que determina que un hecho sea considerado agresión sexual.

Más allá de eso, la nueva norma consagró un nuevo entramado para prevenir y abordar la violencia sexual. “La ley consigue el derecho a la atención especializada, que hasta ese momento dependía, sobre todo, de asociaciones feministas”, constata Tardón, que recuerda otros logros, como la obligatoriedad de tomar y conservar muestras biológicas sin que las mujeres tengan que denunciar en el momento, para que puedan hacerlo más adelante si lo desean.

El derecho a volver sola y borracha

En 2016, Zaloa Basabe entró a trabajar como técnica de igualdad del ayuntamiento de Pamplona, consistorio del que hoy es la concejala de Igualdad. Formó entonces parte de un equipo que gestionó la respuesta institucional a lo que estaba sucediendo. “Para nosotras era imprescindible que el movimiento feminista estuviese integrado en el proceso de cómo recolocarnos, hubo tensiones, hubo problemas, pero también es ahí donde se genera el movimiento. Debatimos sobre cómo nombrar y señalar las violencias sexistas. Y entendimos que el ayuntamiento tenía que asumir inversión en recursos” explica Basabe, que recuerda, por ejemplo, que el consistorio empezó a hacerse cargo de los llamados puntos violetas en las fiestas, hasta ese momento gestionado en solitario por organizaciones feministas, un cambio que ha sucedido en muchas otras localidades en los últimos años.

Era más que un asunto presupuestario, era entender el derecho de las mujeres a permanecer seguras en el espacio público y a ejercer su libertad sexual y, por tanto, la obligación de las administraciones a hacerse cargo de ella. Como tantas veces gritó entones el movimiento feminista, se trataba del derecho a volver a casa solas, borrachas y seguras. Dos años después de 'la manada', la primera huelga feminista marcó un hito: la movilización había ido creciendo e incorporando reivindicaciones, también mujeres y hombres interpelados por un feminismo que quería mejorar las vidas cotidianas.

“El feminismo se transversalizó y se incorporó a la vida de chicas y mujeres, también de mujeres mayores, que han sido capaces de releer en otros términos hechos que les han sucedido, vivencias propias, también actitudes con las que convivieron y que parecían normales. La desnormalización de la violencia sexual ha sido muy importante, tanto que ha generado mucha respuesta antifeminista”, reflexiona Zaloa Basabe.

El cambio se vive en lo cotidiano y Basabe lo ha comprobado en su propia casa con sus hijas de 19, 15 y 12 años: “Han perdido mucha vergüenza a hablar, antes había más miedo a que te cuestionaran si contabas algo que te había pasado, lo pensábamos mucho más, nos costaba más identificarlo también. Ellas están perdiendo la vergüenza y esa es una conquista muy poderosa”.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irún, Cristina Mere, rechazó en junio restituir de manera cautelar al 'mando' sancionado por la Junta del Alarde de San Marcial, el 'tradicional' de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, hasta que resuelva sobre la demanda interpuesta por este hombre contra la resolución que lo sancionó por una falta grave vinculada con una “conducta inapropiada” hacia una cantinera. La sanción impuesta implicaba la pérdida del cargo y no poder participar en el desfile durante dos años consecutivos, incluido el de este año que ha tenido lugar este 30 de junio.

No obstante, pese a lo ocurrido, su compañía le ha dedicado durante el Alarde, que tuvo lugar este martes, un homenaje debajo de su balcón, en el que el mando, vestido con el traje reglamentario del evento, ha gritado en varias ocasiones “Gora Tamborrada” a lo que la multitud le respondía “Gora”, seguido de la frase “Hoy toca ser felices”, tras lanzar un abrazo a sus compañeros. El homenaje ha sido grabado y distribuido en las redes sociales de la compañía, donde abundan los mensajes de apoyo al investigado.

El mando solicitó que, de manera cautelar, y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se suspendiera la eficacia de la sanción para poder participar en el Alarde de este año. Argumentó que si no se atiende su solicitud, el daño podría ser “irreparable” ya que, atendiendo a la inminencia de las fiestas de este año, “perderá la oportunidad de participar en ellas”. No obstante, la jueza apreció en el auto que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, y que “aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar (...) otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.

A finales de abril la Junta del Alarde tradicional de Irún informó en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado ya a la Justicia ordinaria, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano supuestamente soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los 'mandos' del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

Un nuevo informe elaborado por la organización Palestinian Feminist Collective (Colectivo Feminista Palestino) y la Internacional Progresista ha recopilado múltiples casos de empleo de violencia sexual por parte de Israel contra los palestinos a lo largo de las décadas, desde la fundación misma del Estado Israelí en 1948 hasta la actualidad, con especial énfasis en los casos sucedidos desde octubre de 2023, cuando comenzó la operación genocida contra Gaza que siguió a los atentados de Hamás.

El trabajo, que lleva por título A predatory state (Un Estado depredador), sistematiza a lo largo de más de 180 páginas la evidencia documental y los testimonios recogidos de múltiples fuentes —desde declaraciones de supervivientes a investigaciones de historiadores, relatos de juristas e informaciones de prensa— para llegar a la conclusión de que el empleo de la violencia sexual representó una estrategia de “deshumanización institucionalizada para ejecutar un daño y castigo colectivo a los palestinos y tratar de reducir la resistencia a una situación de subyugación colectiva”. Descarta, en ese sentido, el relato de las autoridades israelíes según el cual los casos de violencia son sucesos aislados, y concluye que son parte de un plan coordinado.

Un ejemplo flagrante, a juicio de los autores, es el uso de perros en prácticas de violencia sexual, mencionadas en un epígrafe específico. “Sostenemos que la única forma de que un perro viole a un humano es que haya sido entrenado para ello”, denuncian. Alegan que el objetivo de este proceder es infundir terror en los palestinos; y llaman la atención sobre la circunstancia de que la dimensión y frecuencia con el que se repiten se hayan acrecentado desde el nombramiento como ministro de Seguridad Nacional de Israel en 2022 del colono ultraderechista Itamar Ben-Gvir.

Violencia sexual desde 1948

El informe refiere casos documentados de violencia sexual desde la fundación del Estado de Israel y las matanzas y expulsión de los palestinos de sus hogares que siguieron a esta, la llamada Nakba (catástrofe). Menciona el caso de una violación en grupo reconocida por un mando militar y que figuraba en los archivos israelíes, un suceso desclasificado y después declarado nuevamente secreto, además de documentación recopilada por los primeros historiadores revisionistas israelíes —como Benny Morris o Ilan Pappé— que cuestionaban el relato oficial de una ocupación pacífica de terrenos prácticamente baldíos.

El informe divide cronológicamente en cinco etapas la represión israelí desde la fundación del Estado hasta 2023, con profusión de sucesos de violencia sexual. A partir de esa fecha el relato es todavía más minucioso y divide las conductas entre “humillación sexual” y “tortura sexual y violación”, distinguiendo si las víctimas son hombres o mujeres (incluidos niños y niñas) y si las actuaciones tienen “intención genocida”.

Testimonios reiterados

La casuística es múltiple. Uno de los testimonios, tomado de un trabajo previo de la ONG Euromed, es de una mujer detenida que denuncia una penetración anal con un pene artificial. En otro, recogido anteriormente por el Palestinian Center for Human Rights, una mujer identificada por las iniciales N.A., detenida en un control en Gaza en 2024, relata violaciones por más de un soldado, algunas en el mismo día, además de torturas físicas y psicológicas. “No puedo describir lo que sentí, a cada momento deseaba morir”, expresaba.

Una de las instalaciones en las que se denunciaron abusos es la prisión de Ofer en Jerusalén, mencionada en varias ocasiones en el informe. Uno de los abogados que visitó a presos en este establecimiento, Khaled Mahajna, señala que algunas de estas agresiones sexuales se realizaban delante de otros reclusos de forma deliberada “para dar una lección a todos los detenidos y hacerles ver que cualquiera de ellos podría ser sometido a métodos tan brutales”.

El trabajo lo firman The Palestinian Feminist Collective (PFC), que se identifica como un cuerpo de feministas árabes y palestinas basadas principalmente en Norteamérica, y la Internacional Progresista, un movimiento de partidos de izquierdas, sindicatos y ONG de todo el mundo cuyos impulsores iniciales fueron el político griego Yanis Varoufakis y el senador estadounidense Bernie Sanders.

La relatora de la ONU avala el trabajo

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha elogiado el trabajo. “Es hora de comprender que los crímenes contra los palestinos —incluida la violencia sexual y de género que se ha investigado y denunciado minuciosamente en este informe— no son una suma de abusos aislados, sino un sistema de dominación, opresión y borrado [...]”

“Los Estados parecen alegar ignorancia para eludir sus obligaciones legales de prevenir y castigar el genocidio, poner fin a la complicidad, investigar y enjuiciar a los responsables, y desmantelar las estructuras que permiten que persistan tales crímenes. El informe es un llamamiento a todos los ciudadanos responsables para que se mantengan unidos, no solo para poner fin al genocidio, sino para luchar de una vez por todas contra este modelo de poder 'testosterónico' que se arraiga y crece a través de la subyugación y la represión”, reclama Albanese.

Víctimas de un hombre acusado de abusar durante casi dos décadas de tres hermanas y una sobrina de su esposa desde niñas aprovechando que pasaban largas temporadas a su cuidado han relatado cómo las usó para satisfacer sus deseos sexuales ya cuando tenían solo 11, 10 y hasta 3 o 4 años de edad, en un juicio iniciado este martes en Las Palmas de Gran Canaria.

Han declarado en todos los casos a través de una pantalla de videoconferencia para evitar encararse a su agresor, jóvenes y mujeres de hasta 30 años en la actualidad han coincidido en afirmar que el procesado llegó a sentirse tan impune al lograr prolongar sus abusos sin que nadie lo impidiera que pasó de asaltarlas cuando estaban solas a hacerlo en presencia de otras y a hacerles comentarios de índole sexual en público.

Hasta el punto de que “hubo veces en que estábamos todos en la misma cama”, varias de las víctimas e incluso algún hijo varón del enjuiciado de menos edad aún, y no tuvo reparo alguno en usar a una u otra de las chicas y niñas para obtener placer, ha relatado una de ellas.

Una mujer ahora de 30 años que ha contado que, en su caso concreto, abandonó la vivienda de su madre en Mauritania para ir a vivir desde muy pequeña con su hermana y su esposo en su casa de Las Palmas de Gran Canaria, donde el hombre la sometía a tocamientos o abusos de forma habitual a partir de que cumplió 7 u 8 años, aproximadamente.

Desde entonces -ha dicho-, “podía suceder en cualquier momento”: mientras veían dibujos animados en un sofá, presentándose en su cama en mitad de la noche o llevándola en su coche a un lugar apartado.

La víctima ha referido que durante lustros soportó en silencio los abusos, datados por la Fiscalía entre 2003 y 2020, porque veía al acusado como una figura de autoridad a su agresor y le repetía que “era nuestro secreto”. Al crecer este comenzó a ofrecerle recompensas para que no hablara.

“Si sabía que quería algo me lo compraba y solía también darme dinero”, ha declarado.

Y tanto ella como otras víctimas, que llevan años recibiendo asistencia psicológica para superar sus traumas, una vez salieron a la luz los hechos, han confesado que otra razón por la que callaban es porque acabaron por creer que ellas también eran culpables de lo que sucedía.

En similares términos se ha expresado otra de las mujeres, que ha rememorado cómo, “a veces, estaba sola en la habitación, durmiendo, y me despertaba y se me estaba acostando al lado o ya me estaba tocando” directamente.

Y cómo fue actuando cada vez con más confianza según iba creciendo, cuando “me enseñaba vídeos pornográficos, me invitaba a cigarros” y, además, al igual que en los casos de otras, “me daba dinero para que me callara”, ha añadido.

Por esos y otros hechos, el fiscal ha solicitado, en principio, 29 años de cárcel para el acusado, en un juicio que proseguirá este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a cargo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. 

¿Qué hay detrás de las noticias que desvelan abusos sexuales? ¿Qué se necesita para contar estas historias? ¿Cómo se desarrolló la investigación sobre las denuncias contra Julio Iglesias? Sobre todas estas preguntas han reflexionado este viernes Elena Cabrera y Natalia Chientaroli, dos de las periodistas que formaron parte del equipo que publicó la investigación sobre el cantante, en la conversación mantenida en el Festival de las Ideas y de la Cultura de elDiario.es. El diálogo ha tenido lugar tras la inauguración a cargo de Ignacio Escolar, Neus Tomàs y Esther Palomera, que han abierto el encuentro celebrado en Rivas tras el intento de cancelación por parte del PP de Madrid.

Bajo el título El periodismo que impulsó el MeToo, la charla ha comenzado echando la vista atrás: con el recuerdo de lo que supusieron las denuncias contra el todopoderoso productor de Harvey Weinstein en 2017, consideradas el punto de partida de este movimiento internacional. La chispa, sin embargo, ya había prendido antes en países como Argentina y lo hacía paralelamente en otros territorios, avivando una ola de ruptura del silencio sobre la violencia sexual sin precedentes. Un marco en el que el periodismo ha adquirido un papel clave: “Las redes pueden ser el motor de arranque, pero la investigación periodística es el chasis que sostiene la verdad”, ha apuntado Chientaroli, subdirectora de elDiario.es.

La labor periodística que hay detrás de este tipo de coberturas “no es fácil”, pero “es un periodismo que merece la pena porque incomoda a los de arriba y sostiene a las de abajo”, ha continuado ante el público del auditorio Pilar Bardem de Rivas. En este sentido, Elena Cabrera, Redactora jefa de Cultura de elDiario.es y responsable de la investigación sobre Julio Iglesias, ha defendido la “rigurosidad” del trabajo. “Hasta que no estuvimos absolutamente convencidas de que era 'publicable' no salió”, ha dicho admitiendo que “espera” que la Justicia “actúe” ante las denuncias de Rebeca y Laura, las dos extrabajadoras de las mansiones del cantante que le acusaron de abusos sexuales y laborales.

Cabrera ha reflexionado sobre “los frentes judiciales” del caso: por un lado, la decisión de la Justicia de obligar a la Fiscalía a entregar a Iglesias la denuncia que fue archivada y, por otro lado, la amenaza de denuncia contra elDiario.es, algo que de momento no ha ocurrido. Pero en lo que se ha detenido Cabrera es en el proceso emprendido por las víctimas: “La idea de pensar que 'se ha ido de rositas' lleva a la frustración. No creo que haya sido así, todo es lento y estamos en un momento de calma muy tensa”, ha señalado la periodista, que apunta a una “fuerza importante e imparable” de las dos mujeres, que “están dispuestas a seguir buscando acceso a la Justicia”.

Durante el encuentro, las periodistas han conversado sobre la diferencia entre las redes sociales y el periodismo como herramientas para desvelar la violencia sexual. “Los estallidos en redes son importantísimos, pero son dos cosas distintas. Estos canales de expresión deben seguir funcionando, pero el periodismo es un lugar muy frágil” que puede enfrentarse a “grandes demandas”, ha afirmado Cabrera. “Todo lo que publicamos tiene que estar súper investigado, contrastado y medido. También tenemos que dar cobijo y amparo a nuestras fuentes, sobre todo cuando son tan vulnerables como una mujer que denuncia algo así”.

Natalia Chientaroli ha explicado en este punto la decisión de anonimizar sus nombres para protegerlas —no se llaman Rebeca y Laura— y ha contado el cuidado con el que el equipo ha trabajado en todo momento con ellas. La Redactora jefa de Género, Ana Requena, fue la que desde el inicio “preguntó qué iba a pasar con estas mujeres una vez le diéramos a publicar” y Elena Cabrera “ha estado pendiente de cómo estaban, de cómo les hacía sentir cada publicación”. “Son muchas horas, mucha energía y mucho desgaste anímico puesto en proteger a las mujeres que dan este paso tan difícil”, ha remachado la subdirectora de elDiario.es.

Ambas han hecho referencia también a la importancia de tener en cuenta la revictimización posterior a la que pueden ser sometidas. Cabrera ha contado que “de lo que tenían más miedo” Rebeca y Laura “era de ser juzgadas por la opinión pública, de lo que fueran a decir de ellas y de no ser creídas”. Por eso, tras la pregunta de un socio durante la inauguración del festival con Ignacio Escolar en la que reflexionaba sobre qué pueden hacer los socios y socias, la Redactora jefa de Cultura ha reclamado a la audiencia dos cosas: por un lado, “demostrarles a estas mujeres que estáis dispuestos a escucharlas sin juzgar” y por otro “renovar cada día el pacto de confianza” con el medio.

La conversación ha girado también en torno a lo que algunas expertas han llamado la 'era postMeToo', que cristaliza en forma de contraofensiva para silenciar la violencia sexual, en parte mediante acciones judiciales. Una “metodología de defensa” que tiene el objetivo de “aleccionar a las que están por venir”, en palabras de Chientaroli. “Es una forma de arrinconar el periodismo y amedrentar a los medios y a las mujeres que podrían estar dispuestas a decir 'Yo también'. Hay muchísimo miedo a recibir demandas y no tener dinero para defenderse, a que no te crean o a que tu familia te de la espalada”, ha añadido Cabrera.

Ambas periodistas han finalizado la charla reflexionando sobre las consecuencias que tiene para estos hombres ser denunciados y han recordado casos como el de Plácido Domingo, Gerard Depardieu o Beret, recientemente acusado de agresión sexual. La Redactora jefa de Cultura cree que “como sociedad tenemos todavía mucho por recorrer” y ha lamentado que, cuando se hace público un caso, se tiende a la “polarización” y “siempre” hay un sector que defiende al señalado. Ante ello, ha pedido “confianza en las investigaciones” y que el sistema judicial “se haga cargo de las denuncias”. “Vuestro apoyo nos permite hacer este trabajo”, ha concluido Chientaroli entre aplausos.

Es uno de los conceptos que más ha aparecido en el debate público de la última década: el consentimiento. En la España de 'la manada', de la ley del 'solo sí es sí' y del beso forzado de Rubiales, la conversación sobre qué es el consentimiento ha avanzado con rapidez y ha generado, también, arduas resistencias. Sin embargo, teoría y práctica no siempre van de la mano, como tampoco la manera en la que mujeres y hombres interiorizan y viven el consentimiento. Los datos de la Encuesta de Salud Sexual publicada hace unos días muestran una clara brecha de género en cómo unas y otros entienden el concepto clave sobre el que se sostiene la libertad sexual.

Frente al 30% de mujeres que afirma haberse sentido obligada a hacer algo que no quería en una relación sexual, solo el 13,6% de los hombres identifica haber forzado a su pareja sexual. La encuesta, que no se hacía desde 2009, muestra que algo más de la mitad de los hombres —un 54,3%— cree que, una vez iniciado un encuentro sexual, hay que terminarlo si uno de los dos quiere, algo con lo que solo está de acuerdo el 36,6% de mujeres.

La sexóloga Sonia Encinas subraya que si no entendemos el consentimiento con perspectiva de género seguimos reproduciendo una idea obsoleta de lo que es, una idea que está profundamente relacionada con los estereotipos machistas sobre qué se espera de una mujer y qué de un hombre. De hecho, a día de hoy, dice Encinas, seguimos entendiendo el consentimiento “como una acción que tiene que ver con el sí o el no de las mujeres porque desde el estereotipo de la masculinidad se entiende que por parte de los hombres siempre hay disponibilidad y que depende de ellas decidir”. La educación patriarcal pone en los hombres la expectativa de que siempre sean activos y deseantes, mientras que de las mujeres se espera pasividad y discreción.

La encuesta del CIS preguntaba a quienes encuestaba su grado de aceptación de esta frase: “Algunas personas necesitan que se les insista para tener relaciones sexuales”. El 27,6% de los hombres está muy de acuerdo o bastante de acuerdo con ella, mientras que entre las mujeres ese porcentaje es del 20%.

“A nivel teórico tenemos más claro lo que significa el consentimiento —que no es no, o que solo sí es sí— pero en la práctica hay hombres que en un 'no' entienden un 'quizá', porque han aprendido que las mujeres de primeras siempre van a decir que no y que para conseguir un sí hay que insistir”, explica Sonia Encimas. La masculinidad enseña que los hombres 'de verdad' siempre quieren sexo y que pueden utilizar estrategias para conseguirlo. La feminidad prototípica dice que decir sí desde el principio o ser asertivas sexualmente no es propio de 'buenas' mujeres.

“Si nos quedamos solo con la práctica del sí o el no y no vemos qué hay detrás que orienta a cada persona hacia ese sí o hacia ese no, cuáles son las motivaciones, nos estamos perdiendo una parte importante del consentimiento. Hay veces que las mujeres dicen que sí sin que realmente les apetezca algo y eso, en mi experiencia como terapeuta, tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, con que las consecuencias de decir que no son más insostenibles que decir que sí aunque en realidad no quieras eso. Porque quizá sabemos que si decimos que sí aunque no nos apetezca, después el otro estará más cariñoso. O evitaremos prácticas que son violencia como que el otro nos retire la palabra o el afecto. También tiene que ver con que, desde la educación de género, las mujeres entendemos que va a haber más tranquilidad en la pareja, que hemos asumido que es nuestra responsabilidad satisfacer a nuestras parejas hombres para que se queden a nuestro lado”, explica Sonia Encinas.

Cómo se entiende el sexo

El investigador especializado en masculinidades Lionel Delgado, que acaba de publicar Tristes y salvajes. Políticas del deseo más allá de la manosfera (Ariel), considera preocupante que haya tantos hombres que crean que una relación sexual ha de llevarse hasta el final, aunque una de las dos personas cambie de idea en algún momento. “Más allá de reflejar que muchos hombres aún creen que las mujeres les deben sexo, podemos reflexionar sobre qué nos dice esto de cómo los hombres entienden las relaciones sexuales. En mi experiencia, los hombres ven en el sexo un intercambio más, se le quita peso... por eso también la facilidad del intercambio sexual en relaciones entre hombres”, comenta.

“Hay una diferencia radical en la manera de percibir la sexualidad en hombres y mujeres que tiene que ver con la socialización de género. Las mujeres están sometidas a un contexto de violencia y dominación, más expuestas a sexo poco satisfactorio o situaciones desagradables. En los hombres se inculca más una disociación sexual, no piensan tanto si disfrutan su sexualidad o no, si tienen una sexualidad que les gusta, si les gustaría hacer otra cosa...”, prosigue Delgado. Esa disociación aleja a los hombres de percibir y reflexionar sobre lo que quieren y les pasa a ellos, pero también sobre lo que hacen y les pasa con otras personas.

“El imperativo masculino de que los hombres tenemos que tener siempre ganas de follar hace que ni siquiera nos planteemos tanto si queremos o no o qué queremos. Profundizamos menos y eso influye también sobre la percepción de las agresiones o la identificación de las experiencias propias”, añade Delgado.

La sexóloga Sonia Encinas, autora de Sexo afectivo (Montena), ve imprescindible transformar la idea preconcebida de la disponibilidad sexual masculina constante “y la creencia de que el sexo es algo que ellos necesitan y que ellas deben cubrir esa necesidad”. “Esa idea impacta en el consentimiento porque influye en lo que las mujeres creen que pasa si dicen sí o no. Tenemos que cambiar también la creencia de que la parte propositiva es siempre la masculina y la pasiva, la femenina”, dice Encinas, que remarca que consentir tiene que ver, no solo con decidir tener sexo, sino con el sexo que se tiene o con las prácticas que se hacen.

Por todo ello, el 30% de mujeres que afirman haberse sentido obligadas a hacer algo que no querían no le sorprende a la sexóloga: “Si ellos lo entienden casi como un derecho, como que un sí ya es un sí para todo, sin entrar a la complejidad del consentimiento y de un encuentro corporal, y nosotras lo sentimos casi como nuestra obligación, al final hay mucha dificultad para autorreconocernos en estas vivencias”. Encinas cree que hay que poner más el foco en qué sucede para que haya tantas personas que puedan tener relaciones sexuales aun notando la incomodidad de la otra, pasándola por alto, o sin 'ver' a la persona con la que están interactuando.

Hola,

¿Cómo se repara a una víctima? Deberíamos dedicar mucho más tiempo a reflexionar sobre la respuesta a esa pregunta. Pensaba en eso estos días, a raíz del homenaje que se ha hecho en Ponferrada a Nevenka Fernández. 25 años después, Nevenka volvía a su ciudad. No era la primera vez, ha estado otras a título personal. Pero esta era una vuelta colectiva, pública. Era dejar de esconderse para salir a la calle y encontrar los aplausos y los abrazos de un montón de personas.

Nevenka Fernández denunció al alcalde Ismael Álvarez y se convirtió en la primera mujer en lograr una sentencia por acoso contra un político. Eso, que parece una noticia positiva, fue en realidad un calvario que cambió su vida y que sacó a la luz el machismo de la España de comienzos de los años 2000. Porque de Nevenka se dudó, porque Ismael Álvarez contó con muchísimo apoyo social y político (destacados miembros de su partido, el PP, le respaldaron), porque el fiscal la interpeló a ella con dureza (le dijo que “no era una cajera de Hipercor” que tuviera que dejarse tocar el culo), porque a pesar de la victoria judicial le era imposible encontrar trabajo, y porque finalmente se marchó de España con su salud mental sumamente deteriorada. Lo cuenta ella misma en el libro que publicó hace unos meses: 'El poder de la verdad'.

El camino judicial no siempre repara o no del todo. Si recuerdas, Icíar Bollaín no consiguió permiso para rodar su película 'Nevenka' en Ponferrada: el ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, ignoró todas las solicitudes. En agosto de 2025, el mural dedicado a Nevenka apareció borrado. Por eso, la reparación puede tener también mucho que ver con volver al lugar donde sucedieron los hechos y sentirte segura. Con que te hagan un homenaje en tu ciudad, con poder pasear por ella acompañada y con la cabeza alta. Con que la gente reconozca el daño que te causaron y lo importante que fue tu determinación o tu valentía.

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Pensamos que lo que ocurre en Internet no es real y no creemos que tenga consecuencias en el mundo real; y por otro lado no nos tomamos en serio los delitos de violencia y acoso contra las mujeres. Así que, cuando ambas cosas se unen, como sociedad nos mostramos muy desdeñosos con el problema. Despreciamos a las víctimas y no vemos que el debate público al respecto sea una emergencia, que lo es

Laura Bates — Periodista, autora de 'La nueva era del machismo'

Unas recomendaciones para acabar

Este viernes y el domingo de la siguiente semana puedes ver en el Teatro del Barrio de Madrid la obra 'Paloma Calle que se calle', un monólogo en el que la creadora escénica entrelaza la historia de la democracia con su historia personal para hablar de la familia, de violencia sexual, de maternidad o de salud mental. En los próximos meses estará también por otras ciudades. 

Conocí a Alice Rivaz con su libro 'La paz de la colmenas', del que he hablado por aquí alguna vez porque me parece imprescindible: una novela de 1947 en la que está el feminismo de las siguientes décadas a través de la historia de una mujer hastiada de su matrimonio. La editorial Errata Naturae ha publicado otra de sus obras: 'Lanza tu pan', con una protagonista atrapada en las elecciones que ha podido o no hacer en su vida. 

Nos 'vemos' pronto.

Ana