El 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas del ámbito del nacionalismo –entre los que se encontraba el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego– ocuparon de forma simbólica el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego. La Fundación Francisco Franco, que en aquel momento gestionaba las visitas al recinto, y los herederos del dictador pidieron un total de 250 años de cárcel para los 19 de Meirás, como pasaron a ser conocidos. Al día siguiente de la movilización, la única hija del general, Carmen Franco, dirigió una carta a la Xunta para exigir mejoras en la seguridad ante el riesgo de “asalto” y “terrorismo”. Un documento que muestra cómo percibía la historia de un inmueble cuya propiedad legítima estaba a punto de empezar a disputarse en los tribunales.

La misiva –a la que ha tenido acceso elDiario.es– tenía como destinatario al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y arrancaba así: “Ante el allanamiento de morada y ocupación del Pazo de Meirás del 30 de Agosto del presente año, quiero manifestar que considero a la Xunta responsable subsidiaria de esta acción y de otras que pudieran acontecer en un futuro”.

“En el acuerdo inicial suscrito entre las partes”, continuaba, “se pactó que PROSEGUR organizase las visitas y se ampliase la cobertura del seguro del Pazo con los posibles daños que pudieran derivarse de las mismas”. Aquel acuerdo, firmado en febrero de 2011 y renovado un año después, supuso que la Xunta pagase un total de 44.200 euros (más IVA) para costear la vigilancia y el servicio de guía durante los cuatro días al mes en los que los Franco estaban obligados a abrir el pazo a las visitas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno bipartito PSdeG-BNG había declarado BIC el recinto en diciembre de 2008, pero la familia recurrió y no fue hasta 2010 cuando el Tribunal Supremo archivó sus demandas.

“He de recordarle que en su momento me opuse a la declaración BIC de la que fue la residencia de verano de mi padre mientras fue Jefe del Estado, dado que el interés cultural de las iniciales torres de Meirás dadas su antigüedad (finales del siglo XIX) y tamaño, era ridícula en comparación con otros pazos en Galicia, no declarados BIC, y muchos de ellos en un completo abandono”. El argumento de la hijísima coincidía casi punto por punto con el utilizado una década antes por Alberto Núñez Feijóo, quien debutaba como líder de la oposición tras suceder a Manuel Fraga al frente del PP gallego.

Feijóo se había puesto del lado de los Franco cuando impidieron la entrada de los técnicos de la Xunta en su residencia de verano, paso previo para su declaración como bien protegido, ya que, para él, Meirás no era un pazo, sino “una torre”. La entonces conselleira, la nacionalista Ánxela Bugallo, no ahorró el sarcasmo al saberlo y propuso contratar a Feijóo como técnico de patrimonio. El mismo Feijóo que, cuatro años después –y ya como presidente– pagaría los gastos derivados de la primera apertura del recinto seis meses después de que fuese considerado BIC.

El misterioso incendio de 1978

Pero volvamos a 2017 y a la carta, porque llega la parte en la que su autora dulcifica el expolio: “Mi madre compró terrenos adyacentes y muchos de los elementos que, tanto en el interior como en el exterior del pazo, conforman dicho conjunto. Y tras amueblarlo y decorarlo, una gran parte se perdió en el incendio que se produjo en el 1978, del que tenemos más que sospechas fue un acto de terrorismo”.

Como cualquier joyero de la época sabía, el concepto de “compra” de La Collares, como se conocía a la esposa de Franco, era realmente laxo. El portal España en Libertad del Ministerio de Memoria Democrática relata lo sucedido de una forma muy diferente. “Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Algunas de esas piezas –como las esculturas de los profetas del Pórtico de la Gloria– han vuelto a su lugar de origen tras una larga lucha judicial. Otras, continúan esperando.

El incendio del 78 merece un capítulo aparte que, todavía hoy, invita a la fabulación. Los Franco insisten en la tesis del atentado, la explicación oficial habló de cortocircuito y los colectivos memorialistas creen que fue una operación diseñada para llevarse objetos de valor del Pazo antes de que la naciente democracia pusiese los pies en su interior, una urgencia que el tiempo demostraría injustificada.

Dos meses después del fuego –que estuvo precedido por el ir y venir de camiones militares–, Carmencita fue interceptada en Barajas, rumbo a Suiza, con dos kilos de oro y diamantes en monedas, broches y joyas en el bolso. Y poco después, un comprador anónimo adquiría en una subasta en Los Ángeles una versión de La marquesa de Santa Cruz, el cuadro de Goya que Franco quiso regalar a Hitler en su famoso encuentro en Hendaya, pero que trajo de vuelta. El comprador resultó ser el dictador filipino Ferdinand Marcos. Su esposa Imelda, asociada para la posteridad con la acumulación de zapatos, era una gran amiga de Carmen. Que La marquesa estuviese en Meirás y que se la llevasen aprovechando la confusión provocada por las llamas sigue siendo algo imposible de comprobar.

Teléfono estropeado

Sucediese lo que sucediese en aquel incendio, la reparación de sus daños sigue siendo uno de los motivos que los Franco esgrimen para reclamar una indemnización por renunciar a su residencia de verano. La duquesa lo reivindicaba así en 2017: “Dado el cariño que profeso al Pazo y a esta tierra, llevé a cabo su rehabilitación completa y nuevo acondicionamiento, labor que nunca se me ha reconocido, muy al contrario, ya que la Xunta ha venido dificultando, con cancelación unilateral del convenio, ampliaciones de visitas, recortes y multas, el disfrute del mismo”.

La cancelación del convenio remite a 2013, cuando el gobierno gallego dejó de pagar la gestión de las visitas. La ampliación, a que la enorme demanda llevase a ampliar en unas cuantas fechas los días de apertura; eso sí, respetando siempre el mes de agosto para no alterar “el disfrute del mismo”.

Con la multa, Carmen Franco se refiere a la sanción impuesta por la Consellería de Cultura tras el enésimo obstáculo de los herederos al acceso de público: el teléfono de reservas había dejado de funcionar desde febrero. En marzo, la hijísima culpó a la compañía por dar la línea de baja y facilitó un nuevo número. Pero el expediente ya estaba en marcha y concluyó con una multa de 4.500 euros sobre un máximo posible de 6.000.

Justo a continuación, la carta confirma algo que se había conocido semanas antes y que, de alguna manera, había detonado la ocupación simbólica y la indignación en buena parte de la sociedad gallega: “No dispongo de una infraestructura que me permita organizar aquello a lo que la declaración de BIC me obliga, por lo que he encomendado dichas tareas a la Fundación que lleva y defiende el legado de mi padre, que sí puede organizar y gestionar dichas visitas eficientemente”.

En febrero, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, había enviado una solicitud de entrevista personal a Núñez Feijóo. “La Fundación Nacional Francisco Franco, de común acuerdo con la Duquesa de Franco, está evaluando la posibilidad de dar al Pazo de Meirás un destino cultural. Por ello le proponemos mantener una reunión con Ud., en la fecha que mejor pudiera convenirle, para presentarle las líneas generales del proyecto, y recabar el posible apoyo de la Junta que Ud. preside para el mismo”.

No hay constancia de que existiese ese encuentro entre el presidente gallego y el hijo del que fue ministro franquista y uno de los fundadores de Alianza Popular, pero sí de que, unos meses despues, la fundación pasase a gestionar las visitas a Meirás. Lo hizo dándole esa pátina que ellos consideraban “cultural” pero que en realidad era una exaltación del “ideario fascista” –como denunció por unanimidad el pleno de la Deputación de A Coruña–, en la que no faltaban alusiones a un supuesto “genocidio de católicos” por parte de la República. Ante ese hecho “tan desafortunado”, Benito Portela, el alcalde de Sada –la localidad en la que se levanta el Pazo– solicitaba que se cediese al ayuntamiento la gestión de las visitas. Un mes después de su propuesta, los 19 de Meirás llevaban a cabo su acción.

“Revanchismo al amparo del dinero público”

“Al amparo de una interpretación obviamente falsa de la Ley de Memoria Histórica han proliferado una multitud de grupos revanchistas de izquierda al amparo del dinero público, ansiosos de titulares y protagonismos, que llevan meses anunciando a todos los vientos acciones ilegales contra mi propiedad del Pazo de Meirás”. Se acabaron los preámbulos y Carmen Franco, por fin, se soltaba el pelo. “Ante estos anuncios de violencia, la Xunta, que es responsable de la declaración de BIC, y por tanto, de las medidas de protección del valor histórico-cultural de dicho bien, no ha tomado medida alguna para prevenir la acción violenta de asalto y allanamiento de morada citada”. Mirando al futuro, se ponía catastrófica: “Esta acción, que obviamente no será la última ante la lenidad demostrada por la Xunta, hubiera podido ser evitada con facilidad si la Xunta hubiera cumplido con sus deberes legales, además de los más elementales criterios de prudencia, para la prevención de los delitos anunciados”.

Los últimos párrafos de la carta cumplen a la perfección el esquema clásico expongo/solicito, así que se cierra con las demandas: “Por la presente exijo que la Xunta tome las medidas pertinentes para que las exigencias unilaterales a las que me obliga en tanto que propietaria de un BIC no tengan las repercusiones de extrema gravedad que acaban de producirse, y que a todas luces se repetirán salvo que la Xunta tome las medidas mínimas de prevención”.

(Breve inciso, de nuevo para resaltar coincidencias: horas después de la protesta de los activistas, Fernández de la Mora volvió a solicitar una reunión personal a Feijóo, en los mismos términos que la anterior, para “transmitirle nuestra preocupación y estudiar las medidas a tomar para evitar futuros asaltos, que pudieran tener consecuencias irreparables”).

“El mínimo absoluto exigible, dados los antecedentes de asalto y terrorismo, es que la Xunta, en tanto que responsable de la declaración de bien de interés cultural del Pazo, que ha sufrido daños en el patrimonio histórico que lo integra, realice las gestiones conducentes a la identificación y depuración de responsabilidades de los asaltantes, y en su caso, se persone ejercitando las acciones penales y civiles derivadas de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. Adicionalmente, exijo que la Xunta asegure los potenciales daños que pudieran generarse como consecuencia de las visitas a las que estoy obligada, y provea de forma inmediata un servicio de seguridad adecuado a la amenaza. Atentamente, Carmen Franco Polo. Duquesa de Franco”. Al pie, su firma y, también manuscríto, el número de su DNI.

Post-scriptum

Carmen Franco: la hija del dictador y autora de la carta falleció cuatro meses después de escribirla, el 29 de diciembre. Su muerte dejó sin efecto la multa de 4.500 euros que le impuso la Xunta por incumplir la apertura del Pazo.

Los 19 de Meirás: En diciembre de 2022, la Audiencia de A Coruña archivó la causa contra los activistas. Consideró que ni hubo allanamiento –pues la protesta fue en horario de visitas– ni tampoco delito de odio. Los encausados lo celebraron como “una victoria del pueblo gallego”.

Alberto Núñez Feijóo: En 2020 celebró como “un triunfo” la sentencia del juzgado de A Coruña que ordenaba a los Franco devolver el Pazo. Posteriormente, defendió un plan de usos para el recinto que evitase centrarse en los años de la dictadura, una idea que ha recogido su sucesor, Alfonso Rueda. Tras la sentencia del Supremo, Feijóo ha guardado un silencio absoluto sobre Meirás.

Benito Portela: desde la devolución inicial del Pazo a dominio público, es el Concello de Sada el que gestiona las visitas a Meirás, tal y como había solicitado a la Xunta cuando lo hacía la Fundación Francisco Franco. Portela, militante de Anova, continúa como alcalde al frente de la formación municipalista SadaMaioría.

Pazo de Meirás: El Tribunal Supremo confirmó en marzo que el recinto pertenece al Estado tras rechazar el último recurso de los Franco contra la sentencia inicial de 2020. Basándose en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, el fallo recoge que la familia ejerció la posesión de “buena fe”. Los herederos del dictador se apoyan en ese razonamiento para reclamar una indemnización que puede rondar el millón de euros y a la que se oponen tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia. El coste de las obras de reforma tras el incendio de 1978 es, precisamente, uno de sus principales argumentos para exigir compensación económica.

Fundación Francisco Franco: Este martes, 14 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmó la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para extinguirla y trasladó el expediente a la Justicia para que un juez o una jueza tomen la decisión final.

Ángel Víctor Torres atiende a elDiario.es telefónicamente mientras espera un avión para volver a Madrid. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se muestra satisfecho con la sentencia del Supremo que confirma la devolución del Pazo de Meirás a la ciudadanía, tras décadas de expolio franquista. Por delante, queda la guerra para evitar que la familia del dictador pueda obtener una compensación económica como contraprestación a los años en los que mantuvieron la propiedad en sus manos.

Ángel Víctor Torres está dispuesto a dar la batalla y a plantear ante los tribunales que a los herederos del dictador habrá que descontarles todos los años de alquileres impagados por el uso de un palacio que nunca fue de su propiedad.

El Supremo ha confirmado la devolución de Meirás para los ciudadanos pero esa sentencia incluye dos cuestiones polémicas: que la familia Franco ocupó el pazo de buena fe y que tienen derecho a ser indemnizados ¿Es una victoria a medias?

No compartimos la obligación de la indemnización a los Franco por abandonar el Pazo de Meirás y no compartimos esa afirmación de que se ocupó de esa manera. El pazo se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública.

Estos días se está diciendo que hay posibilidades de impedir esa indemnización a los Franco, pero jurídicamente ese derecho está consolidado. ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora?

Lo primero que se establece es una tesis de cantidad, se habló de una cifra de 800.000 euros que ellos tampoco aceptan y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ante posible indemnización de mejora del espacio y realización de obras habrá que acreditar si eso fue así. Tendrán que presentar facturas, trabajos realizados. Nosotros vamos a defender que no hay derecho a la indemnización porque también ha habido un uso y un disfrute no abonado durante décadas. El Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización, por lo tanto vamos a pleitear para que sea la menor cantidad posible.

¿Pedirá el Gobierno que de esa cantidad se calcule los posibles alquileres impagados por todos los años en los que la propiedad fue ocupada sin contraprestación económica?

Por supuesto. Pondremos en conocimiento todos los años que se ha utilizado ese inmueble sin una contraprestación ante un bien público. El fallo del Supremo nos alegra porque la base fundamental es que esto pasa a ser un bien público y ahora estamos ante un coletazo de esa cuestión, que no compartimos pero que podemos pelear todavía en los órganos judiciales.

La Xunta ya les está pidiendo la transferencia del Pazo para asumir su gestión, pero en el informe elaborado por el Gobierno gallego para refrendar esa petición se han olvidado de mencionar que Meirás está declarado como lugar de memoria y el PP siempre ha insistido en que pretenden recordar el paso de los Franco pero también centrar el lugar en el recuerdo de la escritora Emilia Pardo Bazán. ¿Con planteamientos ambiguos tiene el Gobierno gallego alguna posibilidad de convencerles para impulsar esa transferencia?

En este momento ese inmueble está en manos de Patrimonio Nacional. La voluntad que nosotros tenemos para ese inmueble es que sea un lugar que recuerde todo lo que ocurrió durante todos los años de la dictadura. Por tanto, lugar de memoria, museo, apertura a la sociedad gallega, pero tenemos que hablar con el resto de instituciones y espero que esto no sea un motivo de polémica.

¿Usted comprende a la gente que al conocer esta sentencia piensa en las familias desahuciadas a las que nadie les paga nada cuando les echan de una propiedad, a aquellos que creen que los Franco son unos ocupas, pero con privilegios?

Lo entiendo absolutamente porque además estamos hablando de los herederos de un general militar que se enriqueció y enriqueció a su familia a través de un golpe militar, en un proceso y en un periodo de una absoluta corrupción, tanto del caudillo como de su entorno.

Sería bueno que se compartiera la necesidad de defender la democracia e ir contra la dictadura y contra cualquier atisbo de la misma.

¿Cuál es su plan para el Pazo?

Queremos que sea un inmueble público, abierto y que muestre la historia, en la que lógicamente también cabe la referencia a las letras y la literatura, pero sin ninguna duda de que sea un símbolo de lo que nunca se debe repetir.

El pasado noviembre se presentó el proyecto ganador para resignificar Cuelgamuros. Teniendo en cuenta que el PP y Vox se oponen, ¿cómo pretenden garantizar la viabilidad de ese proyecto?

Nosotros aspiramos a empezar las obras en la presente legislatura. Asombra pensar que teniendo en cuenta lo que eso es hoy, no sea resignificado como un lugar de memoria. Si es por Vox y por un PP influenciado por Vox dejarían el valle de Cuelgamuros en su actual estado y seguiría siendo un lugar de encuentro de los nostálgicos de la dictadura.

Conseguir sacar de ahí los restos de Primo de Rivera primero y de Franco después fue una victoria de la democracia y de la justicia. No cabe que ningún dictador esté ocupando un espacio público levantado con manos inocentes de muchos republicanos que perdieron la vida construyendo un mausoleo de una persona que no quería pasar a la eternidad sola. Eso debe conocerlo la gente, visitarlo y debe ser como se ha hecho con los memoriales de Buenos Aires, Santiago de Chile o los campos de concentración alemanes. Debe ser un lugar para aprender y que nunca más vuelva a pasar.

Estamos cumpliendo cincuenta años del golpe militar en Argentina. ¿Lo han hecho mejor los argentinos que nosotros a la hora de juzgar su propia historia?

Cierto que es una dictadura más fresca, en el sentido de que está más cerca. Los que la sufrieron y la sobrevivieron te la pueden contar.

Nosotros hicimos un proceso de transición democrática con un miedo, que era regresar a lo tenebroso de la dictadura, y tuvimos un golpe de Estado, que se frustró por suerte. Hubo sacrificios que tuvieron que hacerse por todos los lados, especialmente más por la parte que sufrió la represión y creo que el gran éxito de España fue que después de la muerte de Franco no hemos tenido más contiendas, ni guerras. Y espero poder decir lo siguiente durante mucho tiempo: aquí nunca ha gobernado la extrema derecha después de aquello. En Argentina es lamentable que el actual presidente diga que lo que ocurrió en 1976 fue un conflicto entre la guerrilla y el Ejército. No, fue un alzamiento militar de la Junta contra la República Argentina.

A usted le encargan un ministerio con las atribuciones de Memoria Histórica y mientras desarrolla su labor ve que una formación como Vox no para de crecer. ¿Eso cómo se vive desde su piel?

Diciéndole que estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Creo que nunca como ahora hemos tenido tantas muestras didácticas, entradas en los centros educativos, más exhumaciones que nunca, reuniones con las comunidades autónomas... La ultraderecha no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Hay una ola reaccionaria, pero también tengo que decir que ante eso tenemos un gobierno progresista que resiste, que se enfrenta, que da la cara y no se achica.

Esta misma semana hemos aprobado un Real Decreto por solo dos votos que lo que hace no es más que corregir un error histórico para que más personas que defendieron la democracia, como García Caparrós y otros, tengan derechos a las indemnizaciones que no pudieron obtener hasta ahora. Y han votado en contra, el PP, que gobierna la comunidad andaluza, ha votado en contra y yo no lo entiendo. Me parece una paradoja y una insensatez; que representantes elegidos por la democracia y con sufragio universal no honren a las personas que dieron su vida para que ellos estén en los parlamentos.

¿Qué le diría usted a Feijóo sobre sus tentaciones de bailar con la extrema derecha?

Se equivoca y la sociedad española se lo hará ver por abrazar tesis cercanas al fascismo por un rédito electoral. Él sabrá.

El Gobierno prometió expulsar a los monjes benedictinos de Cuelgamuros, pero finalmente parece que se van a quedar a pesar de la resignificación del valle. ¿Qué papel tendrán estos religiosos en el nuevo espacio memorial?

La voluntad del Gobierno es que no debían estar ahí, llegamos a un acuerdo con el Vaticano y el prior dejó de estar, que era el que se oponía a las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera. Hemos llegado a un acuerdo con la Santa Sede para poder caminar y tener esa resignificación.

Su ministerio está inmerso en una auditoria de bienes expoliados por el franquismo. ¿En qué punto está esa auditoría?

Estamos avanzando bastante. No es un trabajo fácil porque hay peticiones importantes de partidos políticos, particulares, organizaciones sindicales y es un corpus muy elevado que exige comprobaciones históricas y seguridad jurídica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre un decreto para regular la creación del catálogo de símbolos franquistas que deberían ser retirados. ¿Se ha avanzado en ese catálogo?

Se ha avanzado, hemos aprobado nuevas inclusiones muy recientemente dentro de ese catálogo y espero poder presentar muy pronto un primer avance de ese listado.

El pasado viernes el Gobierno pidió perdón y reconoció a medio centenar de mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer, ¿se contemplan vías de reparación económica para estas víctimas también?

Hablaremos de todas las vías de reparación posibles y de hecho uno de los compromisos que adquirí con ellas es la creación de una subcomisión que aborde lo que sucedió en ese patronato.

El Constitucional está estudiando el recurso contra la negativa de Isabel Díaz Ayuso para colocar una placa en la sede de la Dirección General de Seguridad franquista, en la puerta del Sol. Mi pregunta es, ¿la intención del Gobierno es colocar esa placa aunque Ayuso se niegue?

De facto eso ya está conseguido, el expediente está terminado. Esto no está al albur de lo que diga un presidente, esto es historia y esto lleva rigor técnico y jurídico. Estamos convencidos de que ganaremos en la justicia y estoy convencido de que esa placa será instalada.

La iniciativa tiene que ser de la Abogacía del Estado, pero si la decisión es discutir la indemnización que van a recibir los nietos de Franco por los gastos del pazo de Meirás, la Xunta lo respalda y lo ve “positivo”. Así se ha pronunciado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones en la Cadena Ser del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que aseguró que el Estado dará la batalla: “No puede ser que tengamos de indemnizar a los Franco”.

“Todos nos felicitamos por la sentencia de la semana pasada”, dijo Rueda, que recalcó que las administraciones fueron “de la mano” en el proceso. Pero una parte de esa decisión judicial provocó críticas: la de compensar a los nietos de Franco por los gastos de estos años. Ese pago, sin embargo, se establecía y se argumentaba en un informe encargado por la Xunta, entonces encabezada por Alberto Núñez Feijóo -y en la que Rueda era conselleiro de Presidencia-, pese a la postura contraria del Concello de Sada -donde se encuentra el inmueble-.

El presidente gallego aseguró este lunes tiene la intención de seguir con la actitud de colaboración, si el Gobierno central da la batalla en lo que se refiere a la indemnización. Después de la sentencia del Tribunal Supremo, la cuantía del pago a los Franco está por determinar. Este aspecto se concretará en el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña, que se tendrá que ocupar de la ejecución de la sentencia. Varias fuentes apuntan a que la cantidad podría rondar el millón de euros, basándose en un cálculo que hicieron los descendientes del dictador sobre las facturas y reparaciones que afrontaron entre el momento en el que murió Francisco Franco, en noviembre de 1975, y la fecha en la que el Estado presentó la denuncia, en julio de 2019.

Rueda manifestó, tras conocerse la decisión del Supremo, que respetaría las disposiciones de la Justicia: “Si hay consecuencia indemnizatoria, habrá que acatarla nos guste o no”. Este lunes, en respuesta a una pregunta sobre si fue un error que el informe encargado por la Xunta recogiese esos argumentos a favor del pago, Rueda evitó contestar directamente: “El informe tenía muchos argumentos y seguro que muchos sirvieron para que la sentencia tuviera un sentido favorable”. El documento consideraba que los descendientes del dictador ocuparon el pazo “de buena fe”.

La sentencia que el Supremo ha dictado este jueves sobre el Pazo de Meirás y los Franco confirma algo que hasta los herederos del dictador habían asumido ya: la propiedad, usurpada en 1938, es pública y, por tanto, de los ciudadanos. En diciembre de 2021 la familia Franco asumió ya su derrota en la batalla judicial para mantener el edificio y entregaron las llaves de ese palacio que se ubica en Sada (A Coruña). Hasta ahí, lo previsible. La sentencia que ahora ha dictado el Supremo dirime otra cuestión lateral que supone, de facto, una pequeña victoria para la prole del dictador: el Estado tendrá que indemnizarles por haber ocupado la propiedad. Según relata la resolución adoptada por el alto tribunal, un informe encargado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, ha sido clave para fallar en este punto a favor de la familia del dictador.

El informe en cuestión fue encargado por la Xunta de Feijóo a una comisión de expertos en la que había representación de diferentes ámbitos, incluyendo al Ayuntamiento de Sada -donde se encuentra el inmueble-, uno de los principales impulsores de la batalla que pretendía recuperar Meirás para lo público. El debate fue enconado y la parte cercana al ejecutivo de Feijóo apostó por esa medianía: si se quería recuperar Meirás había que pasar por caja y pagarle a los Franco. Era la conclusión cuarta de aquel informe y en ella se argumentaba que para recuperar el pazo habría que pagar a sus ilegítimos propietarios por los gastos que les había generado durante el tiempo en el que lo ocuparon tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Antes, así lo ha asumido el Supremo, había formado parte del servicio público a la Jefatura del Estado. El Ayuntamiento de Sada se opuso y planteó un voto particular, pero de nada sirvió, tal y como ahora recoge la sentencia del Supremo. Aquel informe también decía que los herederos del dictador había ocupado Meirás “de buena fe”, ajenos a las condiciones en las que se había usurpado la propiedad que les había llegado como herencia.

Esa tesis de pagar por desalojar acabó siendo aceptada por los tribunales durante el periplo judicial que ha protagonizado el Caso Meirás y acaba de ser confirmada por el Supremo. En su sentencia, el Supremo dice que aquel informe encargado por la Xunta de Feijóo fue crucial para aquilatar el premio de consolación para la familia del dictador. Antes, en segunda instancia, otro tribunal ya había dicho lo mismo sin que el Gobierno central se opusiera en aquel momento concreto. Miguel Torres es el abogado que defendió para el Ayuntamiento de Sada la postura más valiente para recuperar Meirás. Pidió el pazo para los ciudadanos y nada de pagar a los Franco. En conversación con elDiario.es resume así su opinión sobre el papel desempeñado por los expertos de la Xunta en aquel debate que supuso la ruptura en la unidad de acción de las instituciones en su reclamación contra la familia del dictador: “Yo creo que no querían abrir una batalla frontal con los Franco durante el proceso de recuperación del pazo y se prefirió concederles el derecho a cobrar esos gastos para evitar problemas”.

Aquel informe añadía al pago monetario, otro de más peso para la familia Franco: se decía que la ocupación de la propiedad fue “de buena fe”. Dicho en otras palabras, los herederos del dictador no sabían nada de la usurpación y daban por bueno un título de propiedad elaborado en 1941 y que los vecinos de Sada siempre consideraron fraudulento.

Un millón de euros

La cifra exacta de lo que la familia del dictador podría embolsarse ahora por abandonar Meirás es una incógnita, pero varias fuentes implicadas en el proceso repiten la cifra de un millón de euros. El cálculo procede de la propia estimación de gastos que la familia Franco elaboró sobre las facturas, reparaciones y otras derramas por mantenimiento entre noviembre del 75 y julio de 2019 -cuando el Estado presentó la denuncia- que ahora deberá sufragar el Estado para compensar los años en los que Meirás era un territorio inexpugnable para los ciudadanos. La última palabra sobre este punto deberá abordarla el juzgado número 1 de primera instancia de A Coruña, a quien corresponde dirimir este punto en lo que en términos jurídicos se denomina “ejecución de sentencia”.

El informe que los expertos enviaron al Parlamento de Galicia el 26 de junio de 2018 se ha convertido en la piedra filosofal sobre la que los herederos del dictador podrán ahora hacer caja tras décadas de expolio heredado. Un mes después de que ese informe llegara a la Cámara gallega se produjo una votación en la que de manera unánime todos los grupos decidieron pedir expulsar de Meirás a los Franco. En aquel debate la líder del BNG, Ana Pontón celebró el cambio de actitud del PP, que siempre optó por perfilarse con cualquier cuestión relativa a la dictadura, dijo de la familia Franco que era “una familia ocupa” y concluyó con unas palabras que el tiempo ha demostrado que han caído en saco roto: “Sería una aberración cualquier tipo de compensación a los herederos del franquismo”.

Frente a Pontón, Feijóo, que nunca se significó por censurar el expolio y que siempre pretendió resignificar el Pazo con la única mirada sobre los años que su legítima propietaria era la escritora Emilia Pardo Bazán. El ahora líder del PP llegó a reducir los 82 años de ocupación sobre el inmueble con uno de los mayores eufemismos pronunciados por un dirigente político. Su frase exacta fue la siguiente: “Que la cuestión de Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no nos parece razonable”. “El veraneo del general”.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada en su día por la Audiencia Provincial de A Coruña que ordena a los nietos de Franco devolver el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) al Estado. El fallo, adoptado por unanimidad, desestima todos los recursos presentados contra la misma por ambas partes y así ratifica además que la familia del dictador deberá ser indemnizada. Los recurrentes asumirán las costas de sus respectivos recursos por infracción procesal y de casación.

Los Franco argumentaron ante el Supremo su derecho a la propiedad del inmueble por usucapión -también denominada prescripción adquisitiva- tras el fallecimiento del dictador. Según la usucapión, los moradores de una vivienda tienen derecho a su propiedad transcurridos 30 años. El Supremo entiende que los descendientes de Franco “no pudieron poseer Meirás en concepto de dueños” por lo menos hasta la década de los 90 del siglo XX. Antes, el pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura de Estado, por lo que desestima el recurso.

Hace lo mismo con el presentado por la Administración del Estado, al que se adhirieron Xunta de Galicia, Deputación da Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada. Este cuestionaba que los Franco tuvieran derecho a indemnización por los gastos realizados en la finca durante la etapa en la que fueron poseedores de la misma. El Supremo lo desestima con el argumento de que la demanda inicial del Estado, y el informe jurídico del Parlamento de Galicia, indicaba expresamente que “no se discutía que los Franco hubiesen actuado de buena fe [...] y deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “No se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”, añade el tribunal

El fallo histórico de 2020

La del 2 de septiembre de 2020 ha quedado marcada como una jornada histórica: aquel día se hizo pública la sentencia del Juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña que condenaba a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás, que el dictador había utilizado como residencia de verano desde 1938, aún en plena guerra civil. El recurso de los herederos llevó el asunto a la Audiencia Provincial de A Coruña, que en febrero de 2021 ratificó que el inmueble debe ser de propiedad pública, aunque abrió la puerta a pagar a los herederos del dictador por los gastos de la conservación desde la muerte de este, en 1975, y razonaba que en ellos no había habido mala fe.

Mientras el litigio se trasladaba al Tribunal Supremo, otros frentes acabaron en fracaso para los Franco: en junio del año pasado la Justicia ordenó a los Franco que devolviesen a Santiago dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la catedral que estaban, precisamente, en Meirás. Las figuras expoliadas regresaron a la capital gallega unos meses después y ahora están expuestas al público en el Museo do Pobo Galego.

Después de que el Pazo de Meirás pasase a manos del Estado se retomaron las visitas, aunque muy limitadas, a la espera del pronunciamiento judicial definitivo. En los años anteriores, la familia Franco había dificultado la apertura al público, pese a la obligación de permitir su entrada en un espacio que es bien de interés cultural (BIC). Tras la sentencia de 2020, las administraciones públicas plantearon unos planes para el futuro del espacio que diferían: de una recuperación centrada en la figura de su primera propietaria, la escritora Emilia Pardo Bazán, que abanderaba el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a unos usos relacionados con la memoria histórica, defendidos por el Gobierno central.

En este tiempo, el Gobierno ha iniciado el proceso para declarar el inmueble, junto con la Illa de San Simón -convertida en un campo de concentración durante la dictadura-, Lugar de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) con la incoación de los expedientes justificaba que Meirás fue “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”. El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. La superficie de la finca se amplió ganando terreno a los vecinos, sus legítimos propietarios, “mediante técnicas represivas y coactivas”. A eso se suman las “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.

Dos activistas de Femen con el pecho descubierto irrumpieron este jueves al grito de “fascismo legal, vergüenza nacional” o “al fascismo, ni honor ni gloria” a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, situada en el número 88 de la madrileña calle de Velázquez, donde la familia de Francisco Franco y su fundación han organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador. Pocos minutos antes de que diera comienzo la eucaristía las dos mujeres, con pancartas en alto, se colocaron a las puertas de la iglesia para protestar por este homenaje franquista y fueron increpadas inmediatamente por los asistentes al grito de “putas”, “guarras” o “fuera de aquí”.

Uno de los hombres que portaba una bandera preconstitucional trató de interceptarlas y agredió sexualmente a una de las manifestantes manoséandole varias veces el pecho. “Señor, que no toque, que no toque”, le repliclaron las activistas. Otra asistente a la misa logró quitarles una de las pancartas. Finalmente, las dos activistas se marcharon por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas ha durado unos minutos.

La misa no se ha diferenciado de otra cualquiera en nada salvo porque el cura ha señalado que se llevaba a cabo por “el alma” de Franco y por los símbolos que llevaron algunos de los asistentes: desde chapas e insignias de Falange a una boina carlista o pulseras con la bandera preconstitucional.

La ceremonia ha sido organizada por la familia de Franco y la fundación que lleva su nombre, que se enfrenta al procedimiento iniciado por el Gobierno para extinguirla por ser contraria a la Ley de Memoria Democrática. Como llamamiento a asistir al acto, la fundación presidida por el general de División de Infantería de Marina en la reserva Juan Chicharro, ha colgado en su web una esquela en la que asegura que Franco “murió cristianamente al servicio de la patria” y “ruega una oración por su alma”.

Al término del oficio religioso, varias decenas de asistentes permanecieron a las puertas de la parroquia, donde han proferido gritos de “Viva Franco, viva cristo rey”, “Patria, justicia, revolución”, insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras cantaban el himno de Falange y el Cara al Sol. Además, a las puertas de la iglesia se instaló una pequeña mesa para la venta de objetos relativos a Francisco Franco, con una bandera preconstitucional.

Todos los años, Madrid acoge una de estas misas con motivo del 20N desafiando la Ley de Memoria Democrática, que considera “contrarios a la memoria democrática” los actos en público que exalten la dictadura o a sus líderes y supongan humillación de las víctimas. Badajoz, Granada o Santander también acogieron ceremonias similares de homenaje al dictador.

Lo decía el periodista –gallego– Xabier Fortes cuando explicaba por qué eligieron el Pazo de Meirás para emitir el programa especial de TVE sobre la dictadura en la víspera del 50 aniversario de la muerte de Franco. No sólo era la residencia de verano de su familia y uno de los principales símbolos de su poder: también se ha convertido en el “emblema de las usurpaciones” perpetradas por el franquismo; sobre todo, después de lograr su devolución al patrimonio público tras dos sentencias judiciales que, sin embargo, no son firmes. Desde marzo de 2021, el caso está en el Supremo, el mismo alto tribunal que este verano ordenó devolver al ayuntamiento de Santiago las dos estatuas del Pórtico de la Gloria expoliadas por capricho de Carmen Polo y que permanecían en la capilla del Pazo. El consistorio esperaba a este simbólico 20-N para anunciar que ya tienen destino definitivo: podrán visitarse, a partir del 11 de diciembre, en el Museo do Pobo Galego.

La histórica sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña estableció en 2020 que el Pazo de Meirás pertenecía a Patrimonio y no a los Franco. La magistrada consideraba “una simulación” la supuesta operación de compraventa con la que la familia adquiría a título particular lo que había sido una “donación” –basada en las amenazas y lejos de tener el carácter “voluntario” del que presumía el régime– al jefe del Estado. En su fallo, dejaba claro que no era más que una “ficción” creada “solo con el objeto de poner el bien a su nombre”.

La sentencia de la Audiencia Provincial confirmaba el fondo de la cuestión, aunque añadía un pequeño matiz: abría la puerta a una posible indemnización por los supuestos “gastos de mantenimiento” que habrían pagado los Franco desde 1975. Los herederos del dictador no se rindieron y presentaron en marzo de 2021 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que alegaban que su ocupación del edificio fue “pública y pacífica”.

Justo dos años después, la Sala Primera lo admitía a trámite, al igual que los elevados por las administraciones implicadas –Estado, Xunta, Deputación de A Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada– quienes, entre otros aspectos, se oponían a cualquier pago a los herederos. Consideraban que la Audiencia entraba en “contradicciones” al admitir, simultáneamente, la ilegalidad de la posesión y la supuesta “buena fe” alegada por los Franco.

Mientras el alto tribunal deshoja la margarita, el Gobierno ha dado los primeros pasos para declarar el Pazo como Lugar de Memoria Democrática, una demanda que le habían trasladado una treintena de entidades. Incluían en su petición a la isla de San Simón, campo de concentración franquista, ante la “desidia” e incluso la “beligerancia” de la Xunta hacia la memoria histórica. El ejecutivo se comprometió con ambos espacios y hace apenas un mes les sumó la ciudad de Ferrol, apellidada del Caudillo durante la dictadura. Para el ministro Ángel Víctor Torres existen “razones históricas desde el siglo XIX, de la lucha por las libertades, por la democracia” para esta distinción.

Las esculturas pacientes

La parálisis judicial mantiene la mayor parte del Pazo de Meirás preventivamente vedada a las visitas. De hecho, La noche en 24h tuvo que emitir su histórico directo –el primero realizado en el edificio– desde el hall de entrada. La capilla, en un acceso lateral, es otra de las contadas estancias que los visitantes pueden, al menos, contemplar desde la puerta. Allí se acumulan sin demasiado orden objetos que la convierten en una especie de gran trastero del expolio, con parte de los casi 600 objetos que, en primera instancia, la Justicia también ha ordenado devolver a los Franco.

En la capilla ocupan un lugar preferente dos de los símbolos de la rapiña: las dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago atribuidas al Maestro Mateo y que tras dos reveses iniciales –“de auténtica vergüenza”, según el asesor jurídico del consistorio– el mismo Supremo ordenó devolver a la capital gallega.

El consistorio compostelano inició la batalla judicial con Martiño Noriega (Compostela Aberta) como alcalde y, tras un mandato del socialista Sánchez Bugallo, recibió la buena noticia con el bastón de mando en manos de una nacionalista, Goretti Sanmartín, la misma que desde la vicepresidencia de la Deputación había impulsado el estudio jurídico que estableció las bases para recuperar el Pazo.

Noriega recuerda la primera sentencia, la del juzgado de primera instancia número 41 de Madrid, como un auténtico “atraco”. La “hostilidad” con la que los recibieron estaba encabezada por la jueza Adelaida Medrano, nieta de uno de los firmantes del “parte de la Victoria” de 1939 y que tuvo al primo de Franco o a Carrero Blanco como testigos de la boda de sus padres. Medrano dio por completo la razón a los herederos del dictador y el recurso a la Audiencia Provincial, donde no faltó cierto esperpento, no gozó de mejor suerte.

Su rechazo a las demandas del ayuntamiento se basó en un único punto: que los bienes reivindicados no estaban “adecuadamente identificados”. El motivo era que, según la documentación, una de las estatuas estaba rota –“La que identifica como 'fig. 2' presenta una fractura que la divide en dos fragmentos”– pero la Audiencia no fue capaz de apreciarlo. “La habían pegado, pero mirabas las fotos y veías la grieta”, señalaba el asesor jurídico del consistorio, Xaquín Monteagudo. Y eso, tan sencillo, fue lo que hizo la Sala de lo Civil del Supremo: “Del examen de las fotografías, se observa a simple vista que una de ellas tiene una fractura precisamente a media pierna y con dirección ligeramente diagonal”. Caso cerrado.

Los Franco, esta vez, bajaron los brazos. Días después anunciaban su intención de cumplir la sentencia de forma “voluntaria” y se ponían a disposición del ayuntamiento para el traslado de las esculturas. Sanmartín, tras anunciar que les cobraría los portes, lo celebraba como “un día grande” para la ciudad y prometía recuperarlas “de la forma más rápida posible, pero también con todas las garantías jurídicas y patrimoniales”. Este 20-N finalizaba la espera: la regidora anunciaba a través de un vídeo en las redes sociales que las estatuas regresarán a la capital gallega el próximo 11 de diciembre para exhibirse en el Museo do Pobo Galego. Un acto “de justicia histórica” al que invitó a sumarse a toda la ciudadanía.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha instado este miércoles al Gobierno a abrir el Pazo de Meirás al asegurar que “es menos accesible” que cuando estaba en manos de la familia Franco.

Así lo ha trasladado el conselleiro de Cultura durante una respuesta a la diputada del PSdeG Paloma Castro —recogida por Europa Press—, quien ha emplazado a la Xunta a comprometerse a colaborar de forma activa en los procedimientos abiertos por el Gobierno de España para declarar el Pazo de Meirás y la Illa de San Simón como Lugares de Memoria, en el marco ed la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

En su respuesta, el conselleiro ha asegurado que “por supuesto” que la Xunta va a “colaborar con lealtad con el Gobierno” y ha sostenido que le gustaría también que el Ejecutivo estatal trabajase con “la misma lealtad”.

Así, ha sostenido, entre otras cuestiones, que la Xunta, que tiene la gestión de uso de la Illa de San Simón, se enteró que estaba iba a ser declarada como Lugar de la Memoria por un anuncio hecho por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en Lugo. “Sin ni siquiera un trámite ni consultas previas”, ha dicho.

Por su parte, Paloma Castro ha sostenido que la Xunta tiene la obligación legal de emitir un informe sobre la idoneidad de estos espacios, en especial en el caso de la Illa de San Simón, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, y ha lamentado la “desidia y pasividad” del Gobierno gallego en materia de memoria democrática.

El conselleiro ha aprovechado la intervención para asegurar que en Galicia el Gobierno tiene varias cuestiones que puede hacer con “relativa facilidad” como es abrir el Pazo de Meirás que, según ha dicho, “curiosamente es menos accesible” que cuando estaba en manos de la Familia Franco. “Simplemente consiguiendo abrir a toda la ciudadanía el Pazo de Meirás se hace un gesto de restauración y de memoria increíble”, ha apuntado.

Este lunes, 4 de agosto, la Casa Cornide de A Coruña recibió las primeras visitas de ciudadanos. La familia Franco, en cuyas manos está este palacete, permite la entrada, previa reserva, más de dos años después de que fuese declarado bien de interés cultural (BIC) y tras haber sido multada -con 3.000 euros- por incumplir la obligación de abrir las puertas del inmueble. En el primer turno entraron la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, junto al portavoz local del BNG, Francisco Jorquera, el historiador Alfredo Vigo Trasancos -responsable del informe empleado para la declaración BIC- y Rubem Centeno, miembro de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.

Después accedieron otros ciudadanos, que contaron que el edificio está vacío de muebles, pero en el interior siguen elementos que remiten al franquismo, como papeles con membretes de la dictadura, según recoge Europa Press. Vigo Trasancos relató que se pueden ver techos originales de piedra, alguna estatua -como una del apóstol Santiago a la entrada- y réplicas en puertas.

Este palacete de aires barrocos del siglo XVIII ha permanecido cerrado hasta este lunes a pesar de que la ley obliga a que los propietarios de un BIC deben abrirlo al menos cuatro días al mes durante cuatro horas. A ese mínimo se ha acogido la familia Franco después de que se declarase firme la multa de la Xunta -responsable de velar por que se cumplan las normas sobre los BIC- por no permitir visitas. Una página web está habilitada para reservar la visita: son los lunes, de 9:00 a 13:00 y en grupos de cinco personas, a las que no se les permite grabar imágenes o sonido ni hacer fotografías.

Dentro del edificio se aprecia también la reforma hecha en los años 60 del siglo pasado. Uno de los primeros visitantes relató ante los medios que dentro hay “un montón de papeles” con membrete de la época franquista. “Me llamó la atención, como si lo hubiesen dejado aposta”, dijo.

Ante la Casa Cornide hubo también, con el inicio de las visitas, una concentración para reclamar que el edificio vuelva a manos públicas. Manuel Monge, presidente de Defensa do Común, entidad convocante de la protesta, recordó que el inmueble era propiedad del Ayuntamiento de A Coruña, pero terminó en manos de Carmen Polo, la esposa del dictador Francisco Franco. Fue tras una subasta en agosto de 1962 en la que se hizo con él el financiero Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa y uno de los activistas de la comisión del Pazo de Meirás. Pagó 305.000 pesetas de la época, pero solo tres días después se desprendió del edificio: se lo vendió por 25.000 pesetas a Carmen Polo.

“Vamos a seguir reivindicando la devolución, no solo que se abra”, aseguró Monge durante la protesta, en la que reclamó se retiren las distinciones a personas que tuvieron “un papel fundamental” en lo que Defensa do Común considera un “expolio”. También ha considerado que deberían ampliarse los horarios de visita y los grupos que se admiten.

El Ayuntamiento de A Coruña inicio hace más de un año un proceso para anular los acuerdos que, a principios de los 60, pusieron el palacete en manos de los Franco.

El abogado de la familia Franco —el diputado de Vox Juan José Aizcorbe— ha remitido un burofax al representante legal del Ayuntamiento de Santiago, Xoaquín Monteagudo, en la que le traslada la “voluntad expresa” de sus representados de cumplir “de manera voluntaria y total” la condena del Tribunal Supremo que les obliga a restituir a la ciudad las estatuas del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana, expoliadas por el dictador en los años 60.

En la misiva —fechada el 7 de julio y a la que ha tenido acceso elDiario.es—, Aizcorbe comunica que las esculturas están “a disposición inmediata” del consistorio y le recuerda que “tienen acceso” al “lugar en que están” —la capilla del Pazo de Meirás—ya que desde diciembre de 2020 el inmueble “está en posesión de la Administración General del Estado”.

La comunicación de los Franco se produce, tal y como señalan, dentro del plazo de 20 días hábiles concedido para el cumplimiento voluntario de la sentencia firme —del 18 de junio, notificada un día después—, lo que evitaría la apertura de un procedimiento de ejecución forzosa, con la aplicación de sus costas correspondientes.

Precisamente sobre las costas, la carta manifiesta la intención de la familia Franco de proceder al pago voluntario de las que fueron impuestas en primera instancia y solicitan conocerlas “a la mayor brevedad posible” para evitar “dilaciones innecesarias”.

El exalcalde de Santiago e impulsor político de la causa, Martiño Noriega, celebró en la red social X la decisión de los herederos del dictador. “Abraham e Isaac ya pueden regresar a casa en Compostela”, escribió en un post en el que adjuntaba el escrito de Aizcorbe. “Los abogados de los Franco aceptan la sentencia, ponen a disposición del Ayuntamiento las dos esculturas y asumen el pago voluntario de las costas judiciales”, a lo que añade la expresión “non foi sen tempo” (“ya era hora”).

Alcaldesa: “Comienza la cuenta atrás”

“Los Franco claudican en su batalla”. La alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, compareció de urgencia tras recibir el burofax de los herederos del dictador. “Hoy es un día grande porque comenzamos la cuenta atrás para materalizar la vuelta de los profetas del Pórtico al Ayuntamiento de Santiago”.

Sanmartín anunció el inicio inmediato de dos procedimientos paralelos: la búsqueda de la manera “más rápida” de llevar las estatuas a Compostela mientras se define, con el apoyo de expertos, el lugar definitivo donde instalarlos. “Valoraremos las mejores condiciones técnicas y la exposición permanente al público” de unas figuras que son Bien de Interés Cultural (BIC) y adelantó que estarán acompañados de una “explicación de lo que fue un largo proceso de lucha para conseguir esta devolución”.

Tras agradecer a todas las personas y colectivos que trabajaron para devolver a casa a los profetas —desde la alerta inicial de la asociación O Sorriso de Daniel a la denuncia presentada por el exalcalde Martiño Noriega y continuada por su sucesor, Xosé Sánchez Bugallo—, la regidora confirmó que se pondrán en contacto con el Gobierno y la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta para “establecer las condiciones y el momento concreto en que debe hacerse ese traslado”. También, otro aspecto que aún queda por conocer: cuál será el coste total de la operación.

Un capricho de Carmen Polo, la mujer de Franco, fue el que acabó dando con dos de las estatuas del Pórtico de la Gloria en el Pazo de Meirás, las figuras de Isaac y Abraham que el Tribunal Supremo, tras ocho años de lucha judicial, acaba de ordenar a sus herederos que devuelvan a la ciudad de Santiago. Pero en la capital de Galicia, al igual que en A Coruña, recuerdan muchos otros caprichos de La Collares que no han llegado a las crónicas aunque que se transmiten de boca en boca. Son los que hablan de cómo las joyerías y las tiendas de antigüedades se cerraban a su paso porque la mujer del dictador tendía a llevarse sin pagar aquello a lo que le echaba el ojo, “y no tenía cataratas, precisamente”, apunta la historiadora Encarna Otero. Intentar cobrárselo, además, podía salir todavía más caro.

Es lo que cuenta Fernando. En realidad, no se llama así, pero 50 años después de la muerte de Franco, al remover estos asuntos, todavía prefiere dejar en el anonimato tanto su nombre como el de la joyería que su familia atiende, desde hace generaciones, al pie de la catedral. “Pieza que quería, pieza que era para ella, y hablamos de piezas caras, que te suponían un golpe en la economía del comercio. Si le pasabas la cuenta a El Pardo, te la iban a pagar, pero a cambio te caía una inspección, muy dura y, al final, salías perdiendo”.

Por eso, el abuelo de Fernando solo mandó la factura una vez. En adelante, su método sería el mismo que utilizaban tantos otros comercios en Santiago y A Coruña: bajar la verja tan pronto como sabían que Carmen Polo estaba cerca. “Mi familia cerraba para no enfrentarte a ella, porque no podías”. Pero no siempre daba tiempo. “Como pasaba los veranos en Meirás venía mucho aquí, venía a misa... y, de paso, se pegaba una vuelta, a ver lo que se encontraba. Si lo que encontraba le gustaba, se lo llevaba”. Y nunca eran objetos baratos. “Tenía ojo clínico, sabía lo que era bueno, lo tenía claro”.

Más allá de lo que le contaron, Fernando llegó a estar en la tienda junto a Carmen Polo, aunque no lo recuerde. “Debía de ser en torno al año 1973. Yo estaba ahí, acostado en el carrito y ella entró. Preguntó 'quién es este bebé tan bonito' y le dijo a mi madre, que fue quien la atendió, 'felicidades a la mamá'. En aquella época, ya mayor, llegaba acompañada por un séquito de señoras, ”las mujeres de los gobernadores o lo que fuera“. Entonces, eran ellas las que ”sacaban la cartera“ y pagaban los caprichos —”dedales y otras cosas de plata“— de los que ella ”disponía libremente“.

Lo de más valor, a la caja fuerte...

El caso de la familia de Fernando no es una excepción. Encarna Otero, historiadora y exconcejala, una de las mayores conocedoras de la vida reciente de la ciudad, conoce al menos otros dos casos. Uno, el de la histórica joyería Malde, que tenía sede tanto en Santiago —un emblemático edificio a un paso de la Catedral, hoy ocupado por una de esas tiendas pensadas para los turistas— como en A Coruña, las dos ciudades a las que Carmen Polo se desplazaba con facilidad desde el pazo de Meirás, en Sada.

Los propietarios de Malde no dudaban en cerrar tan pronto sospechaban de la presencia de la mujer de Franco en Compostela. “Venía en fechas señaladas, como el 25 de julio —festividad de Santiago Apóstol, hoy también Día Nacional de Galicia— pero también cualquier día de agosto, que era el mes que pasaban en Meirás, donde incluso había reunión de ministros”, ya que el dictador hacía del pazo, expoliado a los vecinos y recientemente recuperado para el patrimonio público, un símbolo “de su mando y poder”.

El otro histórico establecimiento, también desaparecido, es la Joyería Ángel, ubicada en la Praza de Praterías, a la que históricamente dieron su nombre estos negocios. “Ángel, que no se debía de atrever a cerrar, metía lo más valioso en la caja fuerte”. En los expositores de aquel “impresionante” taller —que llegó a tener sedes en Ourense y Vigo— quedaban, aun así, suficientes piezas para llamar la atención de Carmen Polo.

Pero a la mujer de Franco no sólo le pirraban las joyas. Como ha demostrado la recuperación de las estatuas del Pórtico, las antigüedades eran su perdición. Todavía hoy, Meirás sigue siendo un catálogo de bienes expoliados a pazos y monasterios como el de Moraime, en Muxía. El propio párroco documentó, en un caso inédito, la procedencia de las pilas de piedra que permanecen en el jardín, a escasos metros de la capilla donde Isaac y Abraham esperan su vuelta a casa. Tras cientos de años en el sitio para el que fueron creadas, estas piezas del siglo XII salieron en camión hacia la residencia de verano de los Franco poco después de una visita de Carmen Polo a la localidad. La muy católica señora no dudó en convertir las pilas —una bautismal y otra de agua bendita— en dos maceteros para su finca.

... o escapar “de feria” a Madrid

“Expolió piezas de muchos monasterios: Moraime, Sobrado, Oseira... pero también de los anticuarios”. Otero recuerda al menos dos establecimientos compostelanos, que ya no existen, azotados por la avaricia de Polo. “Esconder antigüedades es más difícil que guardar joyas en la caja fuerte, así que la solución era cerrar argumentando que estaban en una feria, por ejemplo en Madrid”.

La historiadora compostelana está leyendo Franco, de Julián Casanova, y encuentra en el comportamiento de su esposa un complemento a lo que allí se cuenta. “Casanova ratifica que el dictador se enriqueció con la carne de Argentina o el café de Brasil, que él gestionaba directamente haciéndose millonario a través de la junta de arbitrios mientras España pasaba hambre”. Junto a esto, ella entiende que su mujer se encargaba “del sector decorativo: joyas, esculturas y demás patrimonio”.

“Le encanta visitar joyerías. Cuando se encapricha de alguna pieza, manda que se las envíen a palacio 'para que Paco las vea', dice. ¿Y quién se atreve a negarse? Pero nunca las devuelve. Y no le vas a mandar una factura...”. Más allá de los trabajos científicos, la rapiña de Polo se ha ganado un hueco en la cultura popular. Este diálogo pertenece a la película hispanoargentina ¡Atraco! (Eduard Cortés, 2012), en la que su interés desmedido por unas joyas que no se le podían negar —y que habían pertenecido a Eva Perón— acaba siendo el desencadenante de la trama.

Encarna Otero no quiere dejar pasar la oportunidad de destacar lo “importantísimo” de la sentencia que da la razón al ayuntamiento de Santiago en la demanda sobre la propiedad de las estatuas de la catedral. “Va a abrir el camino para otras, porque al tratarse de bienes del patrimonio público, el delito no prescribe”. Pero, además, demuestra que los herederos del dictador “no son invencibles”. Y eso a pesar de “todos los obstáculos” que encontró la demanda judicial.

Las apropiaciones por la fuerza realizadas durante la dictadura por “Franco, Carmen, pero también por muchos falangistas en bibliotecas, en casas...” todavía han sido “poco analizadas y muy poco revertidas”. La historiadora echa en falta una partida específica para ello en la Ley de Memoria Histórica, aunque entiende las prioridades. “Lo primero era sacar a la gente de las cunetas y llevarla a los cementerios, por una cuestión de dignidad y de duelo con las familias, pero luego viene todo el tema económico. Y no es menor”.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento de Santiago las dos esculturas románicas atribuidas al Mestre Mateo, el creador del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. La sentencia considera probado que las dos figuras de los profetas Abraham e Isaac son las mismas que el consistorio compostelano adquirió en 1948 y que, seis años después, el entonces alcalde la ciudad envió al Pazo de Meirás, la residencia de verano del dictador “sin adoptar acuerdo alguno” —según la demanda— y “por vía de hecho”, únicamente “movido por el deseo de complacer a la esposa del Jefe del Estado”.

La Audiencia Provincial de Madrid, como había hecho antes el juzgado de Primera Instancia, desestimó la demanda, en su caso por considerar que las esculturas reivindicadas por el consistorio “no estaban adecuadamente identificados”. Sin embargo, el Supremo ha estimado el recurso del Ayuntamiento, presentado en 2022, al considerar que se produjo “un error patente” en la valoración de la prueba. Para la Sala, la identificación de las estatuas “es clara y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido”.

Como la sentencia de la Audiencia consideraba que éste era el único requisito que la acción del Ayuntamiento no había cumplido —ya que afirmaba que no se habían identificado adecuadamente los bienes—, una vez constatado que los bienes reivindicados son los que efectivamente están en poder de los demandados, el Supremo consideró que la demanda en la que se ejercita la acción reivindicatoria debia ser estimada y las esculturas devueltas a quienes siempre se habían considerado sus legítimos propietarios.

La fractura que no aparecía

Las piezas en disputa, esculpidas entre los siglos XII y XIII y atribuidas al Mestre Mateo, son “dos estatuas sedentes, con largas barbas, que sostienen sendas cartelas desplegadas y visten el manto y túnica habituales en las figuras medievales”. Originalmente, formaban parte del Pórtico de la Gloria, la entrada occidental de la Catedral considerada una obra cumbre del arte mundial. En el siglo XVI, la ampliación del templo obligó a retirarlas. Reaparecieron en 1948, cuando el ayuntamiento se las compró al conde de Ximonde quien ponía como condición que no podrían abandonar la ciudad. El encaprichamiento de Carmen Polo y el ansia de contentarla del regidor romperían aquel compromiso.

Una de ellas, según el informe pericial, presentaba “una fractura que la divide en dos fragmentos”. La Audiencia Provincial no encontró esa fractura por ninguna parte y por eso argumentó que no se había podido demostrar que era la misma. Al Supremo, sin embargo, no le costó descubrirla. “Del examen de las fotografías (de dicho informe), se observa a simple vista que una de ellas tiene una fractura precisamente a media pierna y con dirección ligeramente diagonal”. Fue una de las pruebas que esgrimió el alto tribunal para concluir que las piezas que demandaba el ayuntamiento y las que poseen los Franco eran las mismas “sin posibilidad de duda”.

“Un día grande”

“Por fin se hace justicia respecto al expolio que la familia Franco perpetró con dos piezas del mestre Mateo que pertenecían al patrimonio público de la ciudad”. En declaraciones a elDiario.es, el exalcalde Martiño Noriega no ocultaba su alegría. Noriega lideraba el gobierno de Compostela Aberta que inició la demanda en 2017. “Ya en su momento advertimos, en la apelación del 2019, que la Audiencia Provincial de Madrid había omitido toda la documentación que demostraba la titularidad pública de las piezas. Me alegra comprobar que el Supremo rectifique la decisión inicial, avalando el magnífico trabajo técnico-jurídico de esos años”. “Hoy es un buen día para la capital de Galicia, Abraham e Isaac ya pueden volver a casa”, concluyó.

A la actual regidora, lo de “buen día” se le quedaba corto. “Es un día grande, un día muy importante para el Ayuntamiento de Santiago y para el conjunto de Galicia”. La nacionalista Goretti Sanmartín —que cogobierna con Compostela Aberta— recordó la “larga lucha” tras esta sentencia, en la que intervino “personal municipal, sobre todo de la asesoría jurídica”, pero también “una lucha en la que la sociedad civil y las personas que trabajan en memoria histórica denunciaron y dieron pruebas de cómo el patrimonio de los Franco fue conseguido con base en el expolio”.

Sanmartín sabe bien de lo que habla. Desde su puesto como vicepresidenta de la Deputación de A Coruña (2015-2019) encargó el informe jurídico que sentó las bases para que el Pazo de Meirás volviese al patrimonio público. Ahora, le toca el turno a Isaac y Abraham que permanecen en la capilla del edificio, en una de esas estancias que, de momento, los visitantes sólo pueden contemplar desde el exterior.

La Xunta ha declarado firme la multa de 3.000 euros a los descendientes de Francisco Franco por no abrir al público la Casa Cornide, que es bien de interés cultural (BIC) desde hace algo más de dos años. Esta figura obliga a los propietarios de los bienes a abrirlos al público al menos cuatro días al mes durante cuatro horas, según un calendario comunicado previamente. Pero este palacete ubicado en la ciudad vieja de A Coruña continúa cerrado.

Cuando el Gobierno gallego propuso multar a la familia del dictador, estos presentaron un recurso contra esa decisión en vía administrativa. Ese proceso ha quedado resuelto con la confirmación de la sanción, según informa Europa Press, que cita a fuentes de la Consellería de Cultura.

El proceso para multar a los descendientes del dictador empezó cuando ya se había cumplido más de un año de incumplimiento. Es la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia la que recoge las sanciones. Incumplir la obligación de facilitar la visita pública se considera una infracción leve, que conlleva multas de entre 300 y 6.000 euros. En el proceso actual, la Xunta optó por el nivel intermedio.

En los intercambios entre el Gobierno gallego y la familia Franco sobre la Casa Cornide, los descendientes del dictador trataron de convencer a la Xunta de que el inmueble es una vivienda habitada. Ese es uno de los supuestos previstos en la ley para quedar eximidos de la obligación de abrir un BIC al público. Pero la Consellería de Cultura rechazó el argumento: el palacete apenas tiene muebles, “por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”. Esa fue la respuesta dada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con la información recabada en una visita hecha el 7 de marzo de 2023.

La decisión de la Xunta no cierra las alternativas para que los Franco sigan litigando. Al declarar firme la multa se cierra la vía administrativa, pero los descendientes del dictador pueden recurrir a la judicial y emprender acciones en el ámbito contencioso-administrativo.

El BNG insta a la Xunta a imponer “nuevas medidas coercitivas” a la familia Franco para que abra al público la Casa Cornide, ubicada en el casco viejo de A Coruña, ante “el reiterado y deliberado incumplimiento de sus deberes como titular de un Bien de Interés Cultural (BIC)”. Así lo ha trasladado la diputada de la formación nacionalista Mercedes Queixas en relación a una pregunta oral presentada en el Parlamento gallego.

Queixas señala, según informa Europa Press, que “es cierto” que la Xunta impuso a la familia Franco una multa de 3.000 euros por “incumplir sus deberes” -permitir de forma gratuita visitas al palacete cuatro días al mes, un mínimo de cuatro horas cada uno, con un calendario comunicado con antelación-, pero asegura que no está confirmado si se pagó.

“Visto que el BIC continúa cerrado al público”, la diputada nacionalista considera que el Ejecutivo autonómico “debería tomar nuevas medidas coercitivas” y remarca que la Ley de Patrimonio Cultural habría permitido a la Xunta “imponer una multa superior a la que se fijó”, hasta llegar a un máximo de 6.000 euros. El inmueble se declaró BIC hace dos años y desde entonces se incumple la obligación de que se permitan las visitas públicas.

La familia Franco ha intentado evitar la apertura al público del palacete alegando que está habitada, que es una de las excepciones de la ley para la obligación de permitir visitas. La propia Xunta, responsable de velar por que la norma se cumpla, replicó que, por lo que pudieron constatar los técnicos que la visitaron en marzo de 2023, no resulta creíble: “Se encuentra prácticamente vacía de muebles, por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”.

La relación histórica del régimen de la dictadura de Franco con la cidadanía vasca, centrada en la estructura de poder y los mecanismos de asunción-aceptación-imposición del régimen, el hambre como arma de guerra en Gaza o Colombia y los avances y retos que ofrece la inteligencia artificial serán algunos de los protagonistas de la 44 edición de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

En una edición en la que se ofertarán 152 cursos y 14 congresos, que tendrán lugar desde principios de junio hasta finales de agosto, la UPV/EHU ha dividido cada curso en cinco ámbitos distintos: Cultura y Arte, Sociedad, Salud, Economía y Empresa, y Ciencia y Tecnología. Más allá de las capitales vascas, los cursos se desarrollarán en Baiona, Ataun, Auritz-Burguete, Azkoitia, Beasain, Elgoibar, Gernika-Lumo, Ispaster, Miñano Menor, Mutiloa, Lekeitio, Lesaka, Oñati, Zerain y Zubieta.

“En los tiempos que vivimos, la apuesta por el conocimiento adquiere una relevancia creciente. Es más, esa apuesta marca la diferencia. Y en una época en la que incluso los datos verificados con base científica son puestos en duda, y proliferan argumentos carentes de fundamento, se hace imprescindible seguir profundizando en el conocimiento”, ha destacado el rector de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Joxerramon Bengoetxea, en su primera presentación de los Cursos de Verano desde que se encuentra al frente de la Universidad pública.

En el eje de Cultura y Arte, se analizará el papel que desempeña la diversidad lingüística en el desarrollo sostenible en el curso 'Cultura, euskera y desarrollo sostenible: hacia un futuro común'. Se conmemorará el aniversario del fallecimiento de Koldobika Jauregi, y también se reflexionará en torno a la obra de Gabriel Aresti, en el marco del 50º aniversario de su fallecimiento, y con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Maurice Ravel, se ofrecerá una exploración interdisciplinar sobre su legado musical.

En en el eje Sociedad se debatirá el modo en que se concibe la paz en la actualidad en 'Visiones de la paz y del papel de la Unión Europea en un mundo multipolar'. En esta misma línea, el curso 'Gaza y Colombia: El hambre como arma de guerra, la seguridad alimentaria factor de paz' analizará las dinámicas e implicaciones de la relación entre conflicto y hambre. Coincidiendo con el cincuenta aniversario de la muerte de Franco se dará a conocer la relación histórica que mantuvo aquel régimen de dictadura con la ciudadanía vasca y desarrollar este cometido en diferentes ámbitos: la estructura de poder; los mecanismos de asunción-aceptación-imposición del régimen; los apoyos sociales con que contó este; la captación de personal político y élites para dirigir el espacio institucional vasco; la disidencia, oposición y resistencia a la dictadura; las diferentes economías ensayadas en su tiempo; o la relación del franquismo con la identificación de lo vasco, ya sea tanto en sus aspectos inmateriales como en los más tangibles.

La Inteligencia Artificial será otro de los grandes ejes centrales de esta edición. Se analizará el papel transformador que puede desempeñar en la vida de las personas con discapacidad y, entre otros, se profundizará en el impacto de la IA Generativa y de otras tecnologías emergentes en comunidades vulnerables.

Dentro del eje de Ciencia y Tecnología, el curso sobre computación cuántica dará una visión comprensiva de sus fundamentos y avances tecnológicos más recientes- En el marco de la salud, se profundizará en el conocimiento sobre el fentanilo, tanto por su uso farmacológico como por su creciente presencia como droga de consumo indebido; se pondrán de relieve los beneficios asociados al desarrollo de los cuidados paliativos; y se tratarán estrategias para visibilizar y prevenir el suicidio.

Por último, en cuanto a la Economía y la Empresa, se analizarán las distintas dimensiones del capitalismo con el fin de comprender sus contradicciones como sistema de reproducción social. También se estudiarán estrategias e iniciativas accesibles orientadas a mejorar la resiliencia y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, prestando especial atención a sectores estratégicos de la economía vasca.

El plazo de matrícula ya se encuentra abierto, y las personas interesadas podrán inscribirse hasta el inicio de cada curso, a través de la página web de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Al igual que en ediciones anteriores, los jóvenes de entre 18 y 25 años tienen disponible una tarifa reducida de 25 euros si se matriculan antes del 30 de junio, y también existen diversas reducciones dirigidas a distintos colectivos.

Del palacete hoy ruinoso en Torrelodones (Madrid) con el que hicieron caja los herederos del dictador Francisco Franco al hotel ilegal de El Algarrobico, en Almería, cuyo trámite de expropiación ha iniciado este martes el Consejo de Ministros para derribarlo.

Son algunos de los activos de Azata Patrimonio, una de las inmobiliarias del octogenario José Domingo Rodríguez Losada, multimillonario muy bien relacionado con la vieja guardia del PP madrileño al que se ha vinculado con el ex comisario José Manuel Villarejo en Boadilla del Monte, el estallido de la Gürtel en Majadahonda o el ‘caso Astapa’ de corrupción en Estepona.

El Ejecutivo ha decidido declarar de “utilidad pública” parte de los terrenos en los que se asienta el Algarrobico, símbolo de los excesos del boom del ladrillo, en un inesperado paso para derribarlo. El hotel empezó a construirse en mayo de 2003 y se paralizó en 2005 por orden judicial. Su promotora fue Azata del Sol, empresa inactiva que tiene el 88,48% de sus acciones en manos de Azata Patrimonio, que hace años reconoció deterioros cercanos a 30 millones en esa filial.

Domiciliada en Marbella, Azata Patrimonio cerró 2023 con activos de 383 millones, unos 25 millones de facturación y un beneficio de 8,6 millones, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. Con centros comerciales en Madrid, Las Rozas o Marbella, a su propietario y administrador único, Rodríguez Losada, el último ranking de ricos de El Mundo le calcula un patrimonio de 510 millones, en el puesto 128 de mayores fortunas españolas, empatado con los Ribera (dueños de la cervecera Estrella de Galicia) y por delante de millonarios tan conocidos como los Lara (Grupo Planeta). 

Discreto y controvertido, Rodríguez Losada, 87 años recién cumplidos, hizo fortuna en el noroeste de Madrid, en municipios como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte. Tuvo excelentes relaciones con Rodrigo Rato o el ex alcalde majariego y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, personaje clave del famoso 'Tamayazo' que aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Romero de Tejada (condenado como Rato por las tarjetas 'black' de Caja Madrid) veraneó durante años en un chalé de Rodríguez Losada en Puerto Banús.

Una operación urbanística en la que estaba implicada Azata, la cesión de dos parcelas de suelo público, “las dos mejores de Majadahonda”, fue la que acabó destapando la trama Gürtel, según declaró en 2015 su cabecilla, Francisco Correa.

En la vecina Pozuelo, la periodista Carmen Rigalt contaba en 2009 que Jesús Sepúlveda, ex marido de la exministra de Sanidad Ana Mato y ex alcalde corrupto de esa localidad, condenado en firme por el Tribunal Supremo en 2020 a 14 años y 10 meses por la primera época de la Gürtel, le puso el nombre de una plaza [“Desconozco cuáles fueron sus méritos”] en honor a una de las hijas del constructor. Se trata de Berta Rodríguez González, licenciada en Historia del Arte y diplomada en Ciencias de la Educación, que estuvo casada con Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad y Empleo en la Comunidad de Madrid con Aguirre.

El dueño de Azata fue noticia más recientemente por la cesión de unos terrenos de Mercamadrid a una de sus empresas, por la que se llegó a investigar a otra histórica del PP madrileño, Concepción Dancausa. En Boadilla, epicentro de Gürtel, intentó desarrollar en 2005 un proyecto de 219 chalés sobre un encinar centenario. Compró a precio de saldo el suelo, que recalificó un Plan de Ordenación elaborado por el arquitecto que firmaba el proyecto, Leopoldo Arnáiz, imputado en su día en varios procedimientos vinculados a los manejos urbanísticos del PP en Madrid, y que acabó en la lista de morosos de Hacienda con deudas millonarias (en la de 2022 figuraba a título personal con una deuda de 3.212.052 euros).

La edificación expropiaba la finca de Villarejo, que según publicó en 2021 El Periódico de España, salvó su chalé de lujo gracias a un chivatazo al PP sobre la inminente detención en 2008 del entonces alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, en el caso Astapa, un escándalo de corrupción urbanística que se desinfló con los años. La sentencia se dictó en noviembre sin penas de cárcel efectivas y con 31 de los 46 procesados absueltos.

En Astapa fue imputado el empresario Aurelio Martín, socio de Rodríguez Losada en el que prometía ser el mayor centro comercial de España en Estepona, La Lobilla, cuyo análisis ha retomado la Junta de Andalucía, según informó El Español en septiembre. Finalmente el fiscal pidió archivar la investigación al socio de Rodríguez Losada por no entender acreditado que hubiera corrompido a técnicos o políticos del consistorio. Villarejo se jactó en una grabación de haber protegido en esa investigación al dueño de Azata, con el que decía compartir negocios, según publicó Moncloa.com en 2019. 

En Estepona, Rodríguez Losada explota un campo de golf de 18 hoyos y vistas al mar, Azata Golf. En la vecina Marbella participa en una promotora aparentemente inactiva, Kasar de Altavista SL, junto a una empresa que montó en Luxemburgo el actual alcalde esteponés, el popular José María García Urbano, y que en 2023 hizo caja vendiendo proyectos fotovoltaicos nada más autorizarlos la Junta.

Indemnizaciones

El mes pasado, la agencia EFE informó de que Azata ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconozca las indemnizaciones pertinentes a su favor si se declara nula la licencia de obra del hotel en Carboneras (Almería) que concedió en su día un alcalde del PSOE. Es la vía que defiende la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla, que asegura que expropiar “no es la mejor fórmula porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial”. La Junta lleva nueve años sin consumar la adquisición del suelo del hotel que ganó en los tribunales.

El Tribunal Supremo dictó en 2016 la sentencia de derribo del Algarrobico tras diez años de litigios, pero la madeja judicial ha hecho imposible ejecutar la demolición. La expropiación planeada por el Ejecutivo es un atajo para sortear los pleitos pendientes. Con todo, la asociación Salvemos Mojácar –que inició la batalla judicial hace 20 años– ha advertido de que el proceso “podría demorarse muchos años si la promotora Azata o el Ayuntamiento recurren”.

elDiario.es contactó con Azata Patrimonio sin obtener respuesta. Las cuentas de la empresa, firmadas en Marbella el 14 de octubre, tienen un año más salvedades de su auditor, por falta de información sobre las operaciones financieras en Portugal, “sobre aspectos legales en vigor o potenciales a cierre de ejercicio por parte de todos los abogados de la compañía”, o sobre las cuentas de sociedades vinculadas, “por lo que no podemos asegurar objetivamente la valoración de las mismas ni la existencia de deterioros de valor”, dice el informe, del pasado 15 de noviembre.

Entre los activos que maneja Azata Patrimonio está un 60% de la británica Stoyam Holding LTD, creada por el hostelero español afincado en Reino Unido José Antonio Oyamburu, que a finales de los 80 pagó 320 millones a la familia del dictador por su antigua residencia de verano en la Sierra de Madrid para montar un hotel. El proyecto no cristalizó y el palacete, ubicado en un parque natural, está en ruinas. El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid recoge una reunión con una delegación de esa empresa convocada en noviembre de 2021 por Luis del Olmo Flórez, entonces director general de Biodiversidad y Recursos Naturales y hoy diputado del PP en la Asamblea de Madrid. 

En mayo de 2024, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció un nuevo expediente sancionador contra los propietarios del palacio por el estado de abandono del inmueble, declarado bien de interés cultural (BIC), construido en 1920 por el conde de las Almenas y regalado en 1940 al dictador.

En el caso del Algarrobico, está por ver si la decisión del Consejo de Ministros pone fin al culebrón de este fallido macroproyecto turístico. Greenpeace le dedicó en 2015 un extenso informe que relataba el “despropósito empresarial y judicial” de ese hotel ilegal en el Cabo de Gata. Su dueño, decían, tiene un “historial en el que destacan la búsqueda de lucro a toda costa, las relaciones sospechosas con gobernantes y alcaldes y el desprecio a las leyes medioambientales y urbanísticas”.

El constructor tiene una veta filantrópica. En junio de 2017 dio sus apellidos a la fundación Rodríguez Losada, luego rebautizada como Child Heroes, con el fin de perseguir el “interés general, la promoción y protección de los derechos humanos y la paz con especial atención a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad”. Rodríguez Losada figuró en su primer patronato, en el que hoy aparecen sus hijas Berta (presidenta), Patricia (directora general), su hijo José Domingo y su esposa, Ángeles González (vicepresidenta).

La entidad ha impartido varias charlas en la Universidad Francisco de Vitoria, un centro privado propiedad de los Legionarios de Cristo en Pozuelo. Acepta donaciones a partir de 20 euros y ha realizado proyectos en Sierra Leona, Senegal o Benin de la mano de entidades religiosas que trabajan sobre el terreno, como las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Con un presupuesto de unos 160.000 euros en 2023, se centra en apoyar a niños que han sido víctimas de graves violaciones de sus derechos, como abusos, maltrato, explotación laboral y/o sexual, trata, matrimonio precoz, abandono, etc. 

“Para descubrir el sentido de la vida a veces es necesario mirar atrás y buscar en tus raíces”, escribe en la carta de presentación de su web Patricia Rodríguez, directora de la entidad y con dos décadas de experiencia en cooperación internacional.

Defensa do Común ha solicitado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que inste a la Xunta para que obligue a la familia Franco a abrir al público la Casa Cornide cuatro días al mes y cuatro horas, como mínimo, cada día, “en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural”.

El escrito remitido al Defensor del Pueblo, y recogido por Europa Press, detalla la historia de “cómo se organizó el robo de la Casa Cornide”. Además, explica que la Xunta aprobó en 2023 el expediente para declararla Bien de Interés Cultural (BIC) y, por el momento, “sigue cerrada a visitas públicas”. “Esto es posible por la permisividad de la Xunta con la familia Franco”, sostiene.

Por otra parte, Defensa do Común también ha pedido a Ángel Gabilondo que inste al Ayuntamiento de A Coruña para que retire las calles y distinciones a “franquistas responsables del expolio”, nombrando a Pedro Barrié de la Maza, Alfonso Molina Brandao y Sergio Peñamaría de Llano, “en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática”.

Asimismo, Defensa do Común adjunta a este escrito el manifiesto de la convocatoria de la V Marcha por la devolución de la Casa Cornide, que se celebrará el 14 de diciembre, con salida a las 12.00 horas de la plaza de María Pita, así como una relación provisional de más de 60 entidades de la comarca de A Coruña que apoyan el documento.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desconoce cuál es el contenido del convenio que la familia Franco ha propuesto al Gobierno gallego para la apertura de la Casa Cornide de A Coruña, un palacete declarado bien de interés cultural (BIC). Que existe esa petición por parte de los descendientes del dictador lo dijo la semana pasada el conselleiro de Cultura, José López Campos, que explicó que fue la respuesta a la propuesta de imponerles una multa de 3.000 euros por no cumplir con la obligación de abrir el inmueble al público.

El conselleiro no mencionó qué aspectos contiene la propuesta de la familia Franco ni tampoco lo hizo este lunes el jefe del Ejecutivo autonómico, que sí destacó que la apertura del expediente sancionador y el aviso de multa es muestra de que la Xunta es “muy estricta en la exigencia del cumplimiento de la ley a la familia Franco y a cualquier persona”. Consideró que está “acreditado de sobra” que “no hay ningún tipo de favoritismo” hacia los descendientes del dictador.

El inmueble es BIC desde hace algo más de año y medio -el decreto, fechado el 27 de abril de 2023, se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 12 de mayo de ese año- y en nigún momento en este periodo se cumplió la obligación, recogida en la ley gallega de patrimonio, de que se abra al menos cuatro días al mes durante cuatro horas con un calendario comunicado previamente.  

Los herederos del dictador intentaron primero esquivar la obligación de abrir al público argumentando que la casa está habitada, puesto que ese es uno de los supuestos que la ley recoge para hacer una excepción. La propia Xunta confirmó lo que es una información de dominio público: que en la Casa Cornide no vive nadie. Consta en una carta enviada por la directora xeral de Patrimonio Cultural el 25 de abril de 2024. Ahí se refiere a que los técnicos que visitaron la casa el 7 de marzo de 2023 manifestaron que está “prácticamente vacía de muebles, por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”. En el mismo documento reclamaba a los Franco que remitiesen una propuesta de calendario de apertura.

La situación se mantuvo sin cambios, con el inmueble cerrado, y la Xunta informó a finales de octubre de que había comunicado a la familia Franco una propuesta de sanción. Eligió la cuantía de 3.000 euros, una cifra intermedia entre los 300 y los 6.000 euros de horquilla que fija la ley para las infracciones leves, que es como está catalogado en la ley el incumplimiento de la obligación de permitir las visitas a un BIC. En el plazo de alegaciones, los herederos del dictador remitieron un escrito en el que piden a la Xunta firmar un convenio de colaboración. Ya había ocurrido en el caso del Pazo de Meirás, en el que el Gobierno gallego llegó a admitir que corría con los gastos de seguridad pese a que no estaba obligado por ley.

La Casa Cornide, un palacete de aire barroco del siglo XVIII en el casco viejo de A Coruña, está declarado bien de interés cultural (BIC) desde abril de 2023, una catalogación que implica para los propietarios, que son los descendientes del dictador Francisco Franco, la obligación de abrirla al menos cuatro días al mes al público. No la han cumplido y, más de un año después, la Xunta inició un procedimiento sancionador. Por el momento, ha propuesto una multa de 3.000 euros, que no es firme. La vía abierta no garantiza un efecto inmediato sobre la accesibilidad del inmueble y el proceso se podría enmarañar con alegaciones y recursos ante la Justicia que lo dilatarían durante años.

Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), explica que primero se tiene que agotar la vía administrativa, que es la que está abierta ahora. La Consellería de Cultura, la competente para velar por que se cumpla el requisito de abrir al público los BIC, ha contestado a las preguntas de este diario con posterioridad a la publicación de esta información. Señala que la familia Franco ha presentado una alegación y está siendo evaluada. Es, añaden las mismas fuentes, una propuesta “para acordar un procedimiento de cómo llevar a cabo las visitas públicas”. La Xunta se ha negado a hacer pública esa sugerencia de los heredederos del dictador, que llega tras más de año y medio con el inmueble declarado BIC y sin permitir las visitas públicas. El conselleiro de Cultura, José López Campos, dijo que el recurso es para pedir a la Xunta para que aclare algunos aspectos y “hablan de la posibilidad de buscar una fórmula de colaboración en el sistema de aperturas”. Proponen, en concreto, un convenio. Lo que se responderá, dijo, es que la legislación establece que son los propietarios los que tienen que fijar los horarios para las visitas y “responsabilizarse” de la apertura.

Amoedo, que forma parte de la sección de patrimonio del Consello da Cultura Galega, indica que el trámite podría seguir alargándose con un recurso de reposición contra la decisión administrativa final y, después, está la posibilidad de litigar en un juzgado de lo contencioso-administrativo. Lo previsible, por lo visto en procesos anteriores, como el del Pazo de Meirás, es que la familia Franco alegue que habría una vulneración de la intimidad, que es un derecho fundamental y que apueste por litigar hasta el final. El derecho al respeto a la vida privada y familiar está recogido en Convenio Europeo de Derechos Humanos, así que “hipotéticamente, pueden llegar hasta Estrasburgo”, dice el experto. En cualquier caso, un procedimiento en el que los descendientes del dictador opten por ir recurriendo en cada etapa se puede prolongar años.

En el caso de que decidiesen pagar la multa, pero siguiesen sin cumplir con la obligación de abrir el inmueble al menos cuatro días al mes durante cuatro horas, la Xunta tendría la posibilidad de iniciar un nuevo expediente sancionador. Ahí podría valorar la reincidencia para aumentar la cuantía, aunque esa reincidencia solo empieza a contar desde que la primera sanción es firme. Y la hipotética nueva multa no podría superar los 6.000 euros. El motivo es que la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia recoge como infracción leve el incumplimiento de la obligación de facilitar la visita pública y las cuantías están fijadas entre 300 y 6.000 euros. En el proceso abierto en la actualidad, la Xunta optó por el rango intermedio. Pero, si se repite la conducta, la norma señala que se debe tener en cuenta en la graduación de las sanciones. Es decir, es esperable que una segunda multa por el mismo motivo sea de mayor cuantía.

Amoedo interpreta que lo que no se podrá hacer, con esa ley en la mano, es pasar a considerar esa infracción grave o muy grave -en este caso, las multas pueden llegar al millón de euros- porque no se incluye este incumplimiento más que como leve. Es, sin embargo, una de las reivindicaciones de Defensa do Común: que la Xunta considere que la sanción entra en el capítulo de las muy graves e imponga la cuantía máxima. El presidente de esta entidad, el activista por la memoria Manuel Monge, cree que el Gobierno gallego “no está actuando responsablemente” para obligar a la apertura del inmueble. Considera que la multa propuesta es baja, sin capacidad para provocar que cambien de conducta, y prevé un litigio similar al de Meirás: “Van a continuar presentando alegaciones y recursos. Pero no se puede permitir que esta gente siga de okupa”.

Monge dice que esta es una muestra de que, 49 años después de la muerte del dictador, quedan restos del franquismo. Considera que Meirás y Cornide con “dos caras del mismo expolio”. “Los beneficiados son los mismos y los que están detrás son los mismos”, dice, pero, pese a todo, confía en que el palacete coruñés se abrirá. Pide que se le den usos sociales y culturales e incluso que se pueda usar como “centro de operaciones” del Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses.

Una réplica de la obstaculización aplicada en Meirás

La estrategia de la familia Franco con la Casa Cornide está replicando la que aplicaron en el Pazo de Meirás. El inmueble, ubicado en el municipio de Sada y regalado al militar golpista tras una “subscripción popular” organizada por la Junta pro Pazo -que presidió Pedro Barrié de la Maza, financiero, empresario y conde de Fenosa que es relevante también para entender la historia de cómo la Casa Cornide se sumó al patrimonio de la familia Franco-, fue declarado BIC en 2008. Los descendientes del dictador litigaron contra la obligación de abrir al público el edificio y no fue hasta 2011 que se hicieron las primeras visitas. Se ocupó de organizarlas la Fundación Francisco Franco, con el objetivo declarado de hacer loas a “la grandeza” de Franco. En los veranos, que era cuando los descendientes iban a la propiedad, esta quedaba de nuevo cerrada al público. Las repetidas denuncias derivaron en 2017 en una multa de 4.500 euros que impuso el Gobierno gallego -que, por otra parte, pagaba la seguridad en el pazo pese a no tener ninguna obligación legal-. No se llegó a cobrar, según publicó el diario El País, porque la titular del inmueble, a nombre de quien estaba la sanción, era Carmen Franco Polo, que falleció antes de abonarla.

Con la tramitación para declarar BIC el Pazo de Meirás iniciada, los descendientes del dictador recurrieron al argumento que se invadía un domicilio particular para rechazar que los técnicos de la Xunta, entonces dirigida por el bipartito de PSdeG y BNG, entrasen a inspeccionar el estado y los bienes que contenía el inmueble. El razonamiento es el mismo en la Casa Cornide.

El argumento de que la casa está habitada que la Xunta rechaza

Cuando la Xunta se dirigió a los herederos del dictador para recordarles que deben abrir al público de la Casa Cornide, la respuesta fue sostener que el inmueble está habitado, pese a que es de dominio público que allí no vive nadie. La intención es hacer uso de uno de los supuestos que recoge la ley para esquivar la obligación de abrir al público un BIC, que es que constituya un domicilio particular.

Pero la Xunta no aceptó ese argumento. Los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural visitaron el palacete en marzo de 2023 y confirmaron que se encuentra “prácticamente vacío de muebles, por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”. Y así se lo trasladó la administración autonómica a los Franco en una carta del 25 de abril de este año, firmada por la directora xeral de Patrimonio Cultural, Carmen Martínez Insua.

El proceso para recuperarla como bien público

En el caso de la Casa Cornide está abierto otro frente distinto al de procurar que el público la pueda visitar por ser bien de interés cultural. Es el de recuperarla para manos públicas. El proceso lo ha iniciado el Ayuntamiento de A Coruña, dado que el palacete pertenecía a la administración municipal justo antes de la operación que lo puso en manos de la familia Franco. Después de recibir diferentes usos, fue adquirido a finales de los 40 del siglo pasado por la Dirección General de Bellas Artes, integrada en el Ministerio de Educación Nacional de la dictadura. En la década siguiente, el alcalde Alfonso Molina -otro miembro, como Barrié, de la Junta Pro Pazo- inició el proceso y negoció una permuta: un terreno en la zona de San Roque de Fóra a cambio de que la Casa Cornide pasase a ser un bien del ayuntamiento.

Molina murió sin terminar la operación, pero su sucesor en la Alcaldía, Sergio Peñamaría de Llano, logró la permuta en 1962. En agosto de ese año, la corporación local aprueba subastar la Casa Cornide y el comprador resulta ser Pedro Barrié de la Maza. Desembolsó 305.000 pesetas y retuvo la propiedad apenas tres días. Entonces se la vendió a Carmen Polo, la esposa de Franco, por la cifra muy inferior de 25.000 pesetas. Es esta decisión de hacer una subasta pública la que el actual gobierno local de A Coruña, dirigido por la socialista Inés Rey, está revisando de oficio para tratar de anularla. Era la sugerencia hecha por un grupo de expertos jurídicos, entre ellos Carlos Amoedo, que ven un fraude de ley tanto en la permuta -esta revisión correspondería al Estado- como en la subasta. El proceso está en marcha en la actualidad. El Ayuntamiento no ha iniciado la otra recomendación de los expertos, que es una acción por la vía civil para anular la venta.