El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

El borrador del informe de las Cuentas Generales de Navarra de 2024 ha sido corregido después de que los miembros de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas Navarro, mostraran al auditor que elaboró el informe su desacuerdo con las conclusiones.

Así, según ha informado Comptos en una nota, el informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 incluye una 'cláusula de discrepancia' del auditor a quien se encomendó la elaboración del borrador de dicho informe. En el documento consta también la respuesta del presidente a dicha cláusula.

La 'cláusula de discrepancia' está prevista en la Ley Foral de la Cámara de Comptos como una salvaguarda para los auditores frente a posibles manipulaciones por parte de la Presidencia. Según la institución, “no es el caso de lo ocurrido en la tramitación de este informe”.

Ha informado así que tras la presentación del borrador del informe de las cuentas de 2024, los miembros de la Cámara de Comptos, es decir, el presidente de la institución, el secretario general y el resto de auditores, mostraron su desacuerdo con las conclusiones. Dicho desacuerdo se basaba, principalmente, en “la incorrecta aplicación de las normas de auditoría e interpretaciones jurídicas no fundamentadas”.

En determinadas afirmaciones y conclusiones del autor del borrador, ha indicado Comptos, existe una falta de evidencia de auditoría, clave para poder realizar esas afirmaciones. “Se trata de meros juicios personales del auditor que no pueden admitirse en la labor de una institución rigurosa”, ha añadido. El auditor de las cuentas cuestionaba que el sobrecoste de las obras de Belate propuesto por las empresas Acciona, Osés y Servinabar 2000 no debió ser aceptado por Obras Públicas.

También cuestiona la utilidad de dos empresas públicas. Son el Instituto Navarro de Inversiones, del que considera que sus funciones ya las realiza la sociedad pública Sodena, lo que podría llevar a duplicidades. Y la empresa Nafarbide, de la que señala que carece “de medios suficientes” para gestionar los peajes de la comunidad foral, y por su “imposibilidad de llevar a cabo los futuros encargos con pleno sometimiento a la normativa contractual, pudiendo desarrollarse esta actividad por la ACFN”.

Respecto a la opinión de legalidad, el autor del borrador “ha sostenido y mantenido criterios contrarios” a la opinión de la asesoría jurídica de la institución, órgano al que le corresponde fijar dicha opinión.

Según Comptos, en el borrador se detectaron, asimismo, intromisiones en las competencias del Parlamento de Navarra, por ejemplo, al referirse a la tramitación de los Presupuestos, y del Gobierno de Navarra, en este caso respecto a su capacidad para tomar decisiones sobre la organización en la prestación de sus servicios.

En definitiva, ha expuesto el órgano fiscalizador, “el borrador presentado por el auditor no cumplía con los criterios de calidad exigibles a una auditoría, entre otros la imparcialidad, objetividad, ponderación y evidencia de auditoría”.

Al presidente le corresponde aprobar los informes y garantizar su calidad. Por tanto, “en uso de sus facultades y su responsabilidad”, ha corregido el borrador “teniendo en cuenta el criterio del resto de miembros de la institución, en el convencimiento de que el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la ciudadanía en general merecen fiscalizaciones rigurosas y objetivas”.

El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de que España presenta deficiencias en la supervisión del fondo europeo de recuperación y lagunas en los controles de contratación pública, y advierte de que el sistema antifraude del Mecanismo “no es plenamente eficaz y presenta insuficiencias” a escala comunitaria para garantizar una protección plena del presupuesto de la Unión Europea.

En su informe sobre la lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los auditores concluyen que el marco establecido para prevenir, detectar y corregir el fraude “no es plenamente eficaz” y presenta carencias tanto en los Estados miembro como en la propia arquitectura diseñada por la Comisión Europea.

En el caso de España, el Tribunal subraya que el organismo de coordinación no ejerce un control activo sobre la aplicación de las medidas antifraude por parte de las entidades ejecutoras, lo que debilita la supervisión global del sistema. Además, señala que los controles vinculados a la contratación pública no cubren la totalidad de los contratos financiados por el mecanismo, limitando así la capacidad de verificación y deja espacios de riesgo.

No obstante, el informe reconoce avances tras las auditorías comunitarias y destaca como elemento positivo la existencia del canal nacional de denuncia 'Infofraude', gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que permite comunicar irregularidades de forma anónima y refuerza los mecanismos de alerta temprana.

Los requisitos demasiado generales, un problema europeo

Más allá del caso español, el Tribunal advierte de que los requisitos antifraude fijados en la normativa del Mecanismo de Recuperación, dotado con 650.000 millones de euros, son demasiado generales y no definen con suficiente precisión el alcance mínimo de las comprobaciones que deben llevar a cabo las autoridades nacionales.

Los auditores también alertan de la falta de criterios uniformes para notificar los casos de presunto fraude a la Comisión y de la existencia de datos incompletos e incoherentes entre países, lo que dificulta evaluar la magnitud real del problema y orientar de manera eficaz las medidas correctoras.

Otro de los puntos más sensibles del informe se refiere a la recuperación de fondos. A diferencia de otros programas europeos, los Estados miembro no están obligados a reintegrar al presupuesto comunitario los importes que recuperen de beneficiarios implicados en fraude, salvo que la Comisión considere insuficientes esas actuaciones.

Dado que una parte significativa de las inversiones se ejecutará en la fase final del instrumento, el Tribunal advierte del riesgo de que posibles casos de fraude se confirmen cuando el sistema de notificación ya haya concluido, lo que podría dificultar el seguimiento y la recuperación efectiva de fondos.

Según datos de la Fiscalía, desde la puesta en marcha del MRR se han investigado 307 casos de fraude vinculados a este instrumento, una cifra que, a juicio de los auditores, pone de relieve la necesidad de reforzar las salvaguardas en futuros programas europeos de gran volumen financiero.

La respuesta de la Comisión

La Comisión Europea ha acogido favorablemente el informe de los auditores y, aunque coincide en términos generales con las conclusiones, también discrepa de algunas valoraciones, y sostiene que los sistemas nacionales examinados están, en líneas generales, bien diseñados para detectar actividades fraudulentas y cuentan con políticas antifraude y canales de denuncia operativos.

En relación con la notificación de casos sospechosos, la Comisión reconoce que puede haber margen de mejora y anuncia que actualizará sus orientaciones para precisar el momento y la información que deben comunicar los Estados miembro, en el marco de las directrices sobre la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación.

Sobre la recuperación de fondos, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembro están legalmente obligados a corregir y recuperar los importes indebidamente utilizados y a notificar los casos sospechosos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea, incluso después de la finalización formal del mecanismo.

Asimismo, la Comisión subraya que mantiene el derecho a efectuar verificaciones y auditorías durante un periodo de hasta cinco años tras el último pago y advierte de que, cuando un país no corrija adecuadamente casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, adoptará las medidas correctoras pertinentes, incluidas posibles reducciones financieras.

La Sindicatura de Comptes ha destapado un nuevo agujero negro en el denominado 'modelo Alzira' (la privatición de hospitales y centros públicos, que implantó el PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps en la Comunitat Valenciana en cinco departamentos de Salud). El informe publicado este lunes (volumen 1, página 26) revela que el Tribuna de Cuentas investiga si hay “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados por lo tanto por Ribera Salud (Alzira, Dènia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente.

Esta situación implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio, en concreto entre los años 2013 y 2023, según la investigación del mencionado Tribunal. El IVO es una fundación que se nutre prácticamente en su totalidad de fondos públicos de la Generalitat al que por lo tanto puede acudir de forma voluntaria cualquier valenciano, independientemente del hospital que tenga asignado en función de su zona de residencia, unos servicios que después paga la Conselleria de Sanidad. Lo que investiga el Tribunal de Cuentas es si Sanidad ha incurrido en un doble pago cuando estos pacientes atendidos en el IVO pertenecen o han pertenecido a un departamento de salud privatizado, puesto que entre los pagos que realiza la administración a las empresas por cada habitante adscrito a la zona gestionada (cápita) también se incluyen los tratamientos oncológicos.

En concreto, el mencionado documento destaca entre otras cuestiones analizadas que “la Consellería de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de varios pacientes asignados a las concesionarias”.

Esta situación, “señalada reiteradamente por la Sindicatura, está siendo analizada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable, que se encuentran en tramitación”. En este sentido “en 2025 la consellería ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos”.

Al respecto, fuentes de Sanidad han explicado a elDiario.es que este cálculo forma parte de las liquidaciones y que precisamente por este motivo han reclamado 45 millones de euros tanto a Ribera Salud como a Sanitas. En el caso de Ribera Salud las mismas fuentes han asegurado que ya han abonado la cuantía reclamada. A preguntas de esta redacción ambas empresas han preferido no hacer comentarios.

Tras extender el PP el 'modelo Alzira', el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y con el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

Entre los muchos problemas que presenta este modelo, tales como deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control o la elevada litigiosidad, destaca también las dificultades para realizar las liquidaciones finales de cada ejercicio, es decir, el balance económico en el que se calcula si la Generalitat debe aportar cuantías adicionales a las empresas gestoras por atenciones extraordinarias y otros gastos imprevistos o si por el contrario son las mercantiles las que deben devolver dinero a la administración, entre otros aspectos, por pacientes asignados a las áreas de salud privatizados que finalmente han sido atendidas en centros públicos.

El conseller Marciano Gómez puso en valor la semana pasada en el pleno de las Corts que durante su responsabilidad en la conselleria en estos dos últimos dos años se han regularizado 35 liquidaciones de las concesiones y se han ingresado ya en las cuentas de la Generalitat cerca de 300 millones de euros (240 millones de Sanitas y 60 de Ribera Salud), mientras que en 8 años del Botànic fueron 26 liquidaciones.

El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad del modelo.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una propuesta del PSOE por la que se insta al órgano fiscalizador a realizar una auditoría específica de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

En concreto, se urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso de los últimos cinco años, “analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación”, según consta en el escrito recogido por Europa Press.

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Balears que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer “forrarse”. Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

Una “paguita vitalicia” para Abascal

A esas denuncias se ha referido en su intervención el diputado socialista Ferran Verdejo, quien ha defendido que existe un “historial de sospechas sólidas” contra la contabilidad de esta entidad y ha recalcado que el verdadero “interés de Abascal es el dinero” y que han creado una fundación para que el líder del partido “tenga una paguita vitalicia”.

En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como “un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba”, y ha apoyado así mismo esta auditoría especial.

La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para “despejar dudas” sobre si Vox está “desnaturalizando” la ley al desviar desde sus grupos autonómicos “ingentes cantidades de dinero” a una entidad que “reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido”, pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.

Vox alega que no hay irregularidades

El diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha tachado de “barbaridades” las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV, ha achacado la iniciativa socialista a su “obsesión de acosar a quien no controla” y ha avisado de que “volverán a estrellarse” como les ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox, en concreto la multa de 233.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Además, ha asegurado que Disenso ya ha sido fiscalizada sin haberse encontrado “ningún indicio de irregularidad” y ha añadido que Vox apoyaría esa fiscalización si se hiciera lo mismo con todas las fundaciones políticas “desde su nacimiento”.

Desde el PP, Luis María Beamonte ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso o de todas las fundaciones “carece de sentido” porque su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, ha dado su apoyo a la iniciativa socialista. “Quien nada oculta nada teme y no tenemos ningún problema con la transparencia”, ha argumentado.

Eso sí, ha recalcado que el tribunal no puede “fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos” y ha tachado de “hipócrita” que el PSOE se erija en garante con control financiero cuando la Audiencia Nacional tiene “una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara” y fundaciones vinculadas al PSOE, como la Pablo Iglesias “se hunden”.

El Sector Público Institucional Autonómico (SPA) de Castilla-La Mancha no cumple de forma correcta con su obligación legal de aportar datos actualizados sobre su funcionamiento y además carece de una regulación clara para la clasificación y delimitación del sector público institucional y hay un abuso de los contratos menores.

Hay hasta 13 organismos o entidades públicas de Castilla-La Mancha que, o no han actualizado sus datos o no los han validado.

Así lo recoge el informe definitivo de fiscalización del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2022, y que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El informe lo emite la Cámara de Cuentas castellallanomanchega que preside Fernando Andújar y fue aprobado el 27 de noviembre.

El informe de fiscalización es especialmente crítico con el cumplimiento de la ley en materia de remisión de información, organización y transparencia. Analiza 40 entes que componen el Sector Público Autonómico (SPA) castellanomanchego, desde las Consejerías del Gobierno y el Consejo Consultivo, además de los organismos autónomos, que son cinco, las entidades de derecho público que son tres, las fundaciones públicas que llegan a 11 y las empresas públicas que suman ocho. Además, se analizan otras instituciones públicas como la Universidad de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de ella.

El informe también detalla deficiencias en la remisión de expedientes y resúmenes de contratos y eso, dice la Cámara de Cuentas, afecta a la obligada transparencia del sector público.

¿Qué entes u organismos incumplen?

El informe contiene hasta 23 conclusiones que ponen de manifiesto los defectos del sector público en Castilla-La Mancha. Por un lado se incumple el deber de remisión de información relativa a los contratos, tanto en los preceptivos envíos de las Relaciones Anuales Certificadas (RAC) y los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC).

En general hay un bajo cumplimiento en este aspecto. De los 40 entes que conforman el SPA y que son objeto de fiscalización, solo 30 (el 75%) han cumplido con el deber de remisión de las Relaciones Anuales Certificadas, tal y como lo requiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y luego hay incumplimiento total de 10 entidades que representan el 25% del sector público autonómico porque no han enviado nada. Entre ellas se incluyen la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM) y varias fundaciones públicas como la Fundación Centro Tecnológico del Metal, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación Colección Roberto Polo, Tierra de Viñedos, Fuente Agria, FCi3, así como la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa pública UCLM Emprende, SLU.

Además, se señalan los contratos no Informados. Se verificó que la Fundación Colección Roberto Polo (FCRP), una de las entidades que no remitió RAC ni certificación negativa, formalizó 38 contratos en 2022 (32 menores y seis no menores), que sí constan en el Registro de Contratos.

Después, el 13%, cuatro en total, se remitieron fuera del plazo establecido (antes de finalizar febrero del ejercicio siguiente).

La Cámara de Cuentas también ha detectado que falta remitir los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC) para contratos de gran cuantía. Un total de 139 contratos que superaban los umbrales legales y que no fueron enviados a lo largo del ejercicio. Destaca entre ellos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), al que corresponden 103 de estos contratos no remitidos.

Por otro lado se ha detectado “incoherencia” de la información contractual. Se observaron divergencias en la información remitida, tanto en el número de contratos como en su identificación y datos.

Respecto a los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC), 71 se remitieron también fuera del plazo de tres meses desde su formalización (el 26,39% del total). Las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, el SESCAM o la Presidencia acumulan un retraso promedio en la presentación de los extractos fuera de plazo de entre 230 y 376 días.

También hay calificación errónea de los contratos porque algunos se han clasificado bajo tipologías que ya no existen e incluso se han llegado a aplicar contratos menores a tipos contractuales que no los admiten, como por ejemplo la concesión de servicios.

Hay de hecho “un volumen elevado” de contratos menores. Representa el 94,99% del total de contratos formalizados incluidos en las RAC y el 6,69% del importe total adjudicado, destacando la UCLM con un 53,41% de los contratos menores.

Deficiencias en la limitación y organización del sector público

La Cámara de Cuentas también identificó importantes carencias en la regulación y organización del Sector Público Autonómico (SPA) y el Sector Público Institucional Autonómico (SPIA).

Por ejemplo la Administración Autonómica no ha regulado el régimen de organización y funcionamiento del sector público, ni dispone de un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes, y eso incumple la ley, advierte.

También falta atribución de competencias. Los decretos de estructura de la Administración Autonómica no atribuyen expresamente las competencias de supervisión continua ni de control de eficacia a ningún órgano.

Además, los estatutos de las fundaciones públicas regionales (salvo la Fundación Colección Roberto Polo) no determinan su adscripción a Castilla-La Mancha, tal y como requiere la ley.

De otro lado, hay datos no validados en el sistema INVENTE. Múltiples organismos y entidades incluyendo la Agencia del Agua, el IPEX, varias fundaciones y empresas públicas como el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y GEACAM no han validado o actualizado los datos inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE) en los plazos establecidos, lo cual afecta “a la seguridad jurídica y certeza de los datos”.

En este aspecto hay además información contradictoria: la calificación de la Fundación 'Fuente Agria' como entidad pública contradice su inscripción en el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha.

Incumplimiento en publicidad y transparencia contractual

Después hay perfiles de contratante incompletos, porque aunque la mayoría de los entes disponen de perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), no todos los órganos de contratación cuentan con el perfil propio alojado allí, tal y como exige la ley. Dos entidades, la Fundación Atención a Discapacitados Físicos 'Fuente Agria' y UCLM Emprende SLU, no disponen de perfil.

Otra de las deficiencias es que los departamentos, consejerías y organismos públicos con sede electrónica no han incluido un enlace a su perfil de contratante en la citada plataforma y eso incumple el decreto 28/2018.

Se critica también la ausencia de planificación. Solo los departamentos y consejerías de la Administración autonómica disponían de un Plan de Contratación para el ejercicio 2022. Algo que no tienen otros como el Consejo Consultivo, las entidades de derecho público y privado o y la UCLM y sus dependientes, entre otros.

En definitiva la fiscalización concluye que existe un incumplimiento generalizado del deber de remisión de información contractual por parte de un número significativo de entidades, y a eso se suman graves problemas de coherencia y veracidad en los datos reportados y una deficiente implementación de las obligaciones de transparencia y planificación en la actividad contractual.

¿Cuántos contratos se formalizaron?

Respecto de la actividad contractual remitida, constan un total de 49.629 contratos formalizados en el ejercicio 2022, con un importe de 1.186.546.068 euros.

De ellos, el 98,38% corresponden a contratos de obras, suministros y servicios y estas dos últimas categorías representan el 96,69%.

También se han remitido un total de 269 contratos, por importe de 751.371.729 euros, acompañados del correspondiente extracto de expediente, por superar las establecidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (600.000 euros, para contratos de obras, 450.000 euros para suministros y 150.000 euros para servicios).

El importe de adjudicación de los contratos formalizados por los organismos autónomos supone el 48,68% del total del Sector Público Autonómico, destacando el Sescam con el 98,87%.

Por su parte, la Administración General engloba el 38,08% del volumen de la contratación, destacando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que supone el 28,45% de la Administración General.

Hasta nueve recomendaciones: alguien debe supervisar

El Informe contiene 23 conclusiones, que ponen de manifiesto la situación de la rendición de la actividad contractual pero también incluye nueve recomendaciones para mejorar.

Entre ellas hace un llamamiento a regular el régimen jurídico de organización y funcionamiento del sector público autonómico, y en particular del sector público institucional con el objetivo de aplicar “un sistema de supervisión continua”.

Hay una recomendación específica para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Debe incorporar en los decretos que definen la estructura orgánica “la atribución expresa de competencias sobre la supervisión continua y el control de eficacia de las entidades”.

Se dirige también al Protectorado de Fundaciones Públicas de Castilla-La Mancha para que se requiera a todas ellas a adaptar sus estatutos a la normativa de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), exceptuando a la Fundación Colección Roberto Polo, que por otro lado quedará extinguida cuando se produzca el cierre de sus dos museos en Toledo y en Cuenca.

A la Intervención General de Castilla-La Mancha (IGCLM), le pide instar a quienes estén al frente de las entidades a realizar la pertinente validación, actualización o modificación de los datos inscritos en INVENTE.

A la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación le sugiere revisar la inscripción de la Fundación Fuente Agria en el Registro Autonómico de Grupos de Interés, debido a que su calificación en dicho registro es contradictoria con la información contenida en INVENTE.

Recuerda el deber de remitir la información de los contratos y de los extractos de los expedientes relacionados con los contratos.

A los órganos de contratación de los entes del Sistema Público Autonómico le pide realizar la correcta calificación de los contratos, a la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital le reclama adoptar las medidas de coordinación necesarias para garantizar el envío, en tiempo y forma, de la información contractual requerida por la ley.

Le pide también mejorar la transparencia y publicidad de los contratos que se realizan, que se publiquen de forma anticipada en el perfil de contratante, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto, la transparencia, la eficiencia y la concurrencia en las licitaciones y que eso no se limite a los contratos de mayor cuantía, sino también a los contratos menores. Son los que suelen 'escapar' al control con más frecuencia.

El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar los controles financieros sobre el Servicio Cántabro de Salud, dado el volumen del presupuesto que gestiona. El informe de fiscalización de las cuentas de Cantabria, correspondiente a 2023 y publicado el 27 de noviembre, pone en evidencia “la existencia reiterada de gastos realizados que no disponen de dotación presupuestaria” en este organismo dependiente de la Consejería de Salud por “deficiencias en la adecuación del presupuesto inicial”.

El análisis indica que resulta relevante el hecho de que el SCS, en virtud de lo que disponen sus estatutos, no está sometido a la función interventora, la cual ha sido sustituida por el control financiero que a su juicio resulta insuficiente.

El Tribunal aconseja modificar las normas reguladoras del régimen de funcionamiento del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales para que sea obligatorio que tengan presupuestos propios y rindan cuentas independientes respecto de la Cuenta Anual de la Administración General.

De manera especial pone el acento en que el presupuesto del Servicio Cántabro de Salud se adapte a las necesidades reales de gasto de cada año para evitar gastos extras sin dotación y reducir, al mismo tiempo, la necesidad de endeudarse.

Una recomendación recurrente que se hace cada año. El informe de las cuentas de 2022 subrayaba que las necesidades reales de gasto del SCS habían requerido incrementar su presupuesto en 130 millones de euros.

De hecho, el análisis actual señala una irregularidad –salvedad, en términos contables– en la gestión de las cuentas de Cantabria porque se imputaron al presupuesto de 2023 gastos procedentes de ejercicios anteriores –y que, por tanto, se debían haber reconocido en tales ejercicios– por importe de 115 millones de euros, un 36,3 % más que en 2022. Fecha en la que ya se había producido un aumento interanual del 4,7 %.

De este importe, 64 millones corresponden al Servicio Cántabro de Salud (SCS). Son gastos que se hacen sin disponer de crédito y que se han reconocido –erróneamente desde el punto de vista contable y fiscal– como si se tratara de obligaciones ordinarias de ese año. Todos ellos proceden de obligaciones comprometidas sin disponer de dinero suficiente en el ejercicio en el que se generaron.

El análisis también señala que, en sentido contrario, no se imputaron a presupuesto 109 millones de euros correspondientes a obligaciones generadas en el ejercicio, de los que 61.926 miles corresponden al SCS. En consecuencia, las obligaciones reconocidas están sobrevaloradas en 5,7 millones de euros.

En el análisis de la liquidación del presupuesto de Cantabria de 2023 el Tribunal de Cuentas detecta algunas incidencias más. En primer lugar, se presenta una sucesión de partidas presupuestarias sin ordenar ni agregar por capítulos, secciones y programas, “lo que resta claridad a la información suministrada y dificulta el análisis”, reprocha.

Las recomendaciones que hace el informe son, en general, recurrentes y muy técnicas. El documento evidencia algunos datos relevantes como que en 2023 se dejaron de gastar 228 millones de euros que quedaron sin ejecutar. De igual modo, tampoco se gestionaron otros 216 millones de euros correspondientes al fondo de Recuperación y Resiliencia.

Salvedades

El informe reprocha las modificaciones financiadas con créditos del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que han sido “una práctica habitual en lugar de excepcional como prevé la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023”. Es decir, que se ha utilizado ese dinero para modificar gastaos presupuestarios, lo cual no es un procedimiento correcto desde el punto de vista contable y financiero.

Al tiempo, censura que no adjunta información sobre los presupuestos de la Universidad de Cantabria, ni los correspondientes a las sociedades Aberekin, S.A., Parque Empresarial de Cantabria, S.L. y Gran Casino del Sardinero, S.A. que no están sometidos a control.

Añade que en los organismos “sobre los que no se ejerce la función interventora” y, en especial, sobre el Servicio Cántabro de Salud y sobre el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actuaciones de control financiero “resultan insuficientes”.

De hecho, subraya que no se realizan controles sobre la Universidad de Cantabria, ni tampoco sobre tres de las once fundaciones públicas autonómicas, ni sobre 18 de las 19 empresas públicas, pese a que –precisa– todas estas instituciones han sometido a auditoría sus correspondientes cuentas anuales. En resumen, el Gobierno de Cantabria solo acreditó informes de control de eficacia sobre la actividad de 8 entidades públicas.

El análisis subraya algunas otras cuestiones menores como que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) no tiene registrada la cesión gratuita por la Consejería de Economía y Hacienda de las instalaciones en las que desarrolla su actividad, o que la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) no ha acreditado el registro contable de la cesión de uso de un inmueble y de un despacho de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Por parte de la Universidad de Cantabria destaca que no ha incluido en su memoria económica la obligatoria explicación del grado de cumplimiento de los objetivos programados y de las desviaciones entre las partidas inicialmente aprobadas y las ejecutadas por lo que las considera “cuestionables”.

Movimientos políticos a cuenta de las últimas polémicas en torno a la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y de un contrato a una consultora, unido a la investigación del Tribunal de Cuentas a la presidenta por un presunto caso de desvío de fondos, ambos asuntos destapados por elDiario.es, no han pasado desapercibido.

El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, ha elevado una petición a la mesa del Congreso en la que solicita “amparo” ante la denegación inicial del documento de la IGAE. Ibáñez ya lo requirió el pasado 23 de septiembre pero le fue denegada la petición con la excusa de varios de los procesos selectivos de personal que están cuestionados están pendientes de juicio.

Ahora, tras publicar su contenido esta redacción, vuelve a realizar la petición en base al propio reglamento del Congreso que reconoce a los diputados y diputadas “la facultad de recabar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de estas”. También sostiene su exigencia en base a amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la interpretación amplia del derecho a la información.

Además, Ibáñez también exige que el Tribunal de Cuentas, “como órgano dependiente directamente de las Cortes Generales, aclare el objeto concreto de la investigación que está llevando a cabo sobre las irregularidades de la presidencia del Puerto de València, detallando los aspectos concretos que están siendo objeto de investigación”.

Por su parte, el Ayuntamiento de València que dirige la alcaldesa del PP, María José Catalá, consejera de la APV, ha solicitado también el informe de la IGAE. En sentido, el grupo municipal de Compromís pidió a alcaldía copia del documento. La respuesta ha sido que no lo tienen y que trasladan la petición a la APV para que les haga llegar el informe, del que se dará traslado a la coalición valencianista.

Como informó este diario, llama la atención que cuando la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, dio cuenta en el consejo de administración del 30 de junio del informe de la Intervención, no repartió copias a los consejeros. Además, el punto se incluyó en el orden del día después de que los consejeros recibieran un correo anónimo que alertaba de la existencia del mismo así como de la gravedad de su contenido.

Un contrato y cinco plazas cuestionadas

En su informe, la IGAE señala el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, dice la Intervención.

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.

Los problemas se le acumulan a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

Según ha averiguado elDiario.es, la investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.

Además el Tribunal de Cuentas requiere a Chao para que designe a un representante legal de la APV ante la existencia de un posible conflicto de intereses en su condición de presidenta y presunta responsable por alcance. Además, remite copia de las actuaciones a la Fiscalía y a la propia Autoridad Portuaria para que presenten alegaciones si así lo consideran. El Tribunal ha notificado la resolución tanto al Ministerio Fiscal como a la APV advirtiendo de que contra la misma cabe recurso de reposición.

Al respecto, fuentes de la APV consultadas por elDiario.es han explicado que “a raíz de una denuncia anónima ante la OCI” el organismo habría atendido las alegaciones de la presidenta y “dado traslado de la denuncia al Tribunal de Cuentas a fin de que sea éste, como única institución que puede pronunciarse sobre la existencia de un alcance contable, el que determine si existe o no”. Para ello, han confirmado que “el Tribunal de Cuentas ha acordado unas diligencias preliminares y dado traslado a la APV”.

Las irregularidades investigadas

Aunque el Tribunal de Cuentas no detalla qué aspectos concretos están siendo objeto de investigación, al proceder el escrito que da origen a las diligencias de la Secretaría de Estado de la que depende la OCI, todo apunta a que se trata de algunas de las cuestiones que estaban siendo analizadas por este organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital, principalmente las relacionadas con contratos o con el cobro de dietas.

Así, tal y como avanzó elDiario.es, la OCI abrió una primera investigación para comprobar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.

A esta causa se suman otras tres. La primera de ellas se refiere a la contratación supuestamente directa, sin el preceptivo concurso público, de un book de fotos institucional para dar soporte gráfico a diferentes actos.

La segunda y la tercera están reflejadas también en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destapado por esta redacción. En concreto, una se refiere a un contrato que adjudicó el 21 de octubre del pasado año por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El órgano de contratación fue la propia presidencia de la APV que lidera Mar Chao y el objeto del contrato licitado el pasado 24 de julio fue la asistencia técnica para el apoyo en la gestión de personas. Sin embargo, como informó elDiario.es, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV advirtió de que los pliegos licitados podían incurrir en una limitación del derecho a la pública concurrencia. Tras este requerimiento, la APV publicó el pasado 17 de diciembre su desistimiento del contrato. El denunciante ante la OCI considera que puede haber un delito de prevaricación puesto que Chao ya contrató a esta empresa en una etapa laboral anterior a la que le adjudicó un contrato por valor de 475.000 euros.

La tercera investigación de la OCI pone de manifiesto irregularidades en diferentes procesos de contratación que supuestamente se habrían amañado. Se trataría de al menos cinco puestos públicos adjudicados de forma presuntamente teledirigida a determinadas personas sin seguir las instrucciones para la selección de personal.

Toda amnistía plantea un dilema entre la búsqueda de justicia y la necesidad de reconciliación. Esta máxima, que se repite desde la antigua Grecia, es la que encabeza el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dean Spielmann sobre la ley de amnistía al procés. Sus conclusiones se sitúan en una línea favorable a las tesis del Gobierno: la norma se aprobó en un contexto de “reconciliación política y social” y no es una “autoamnistía” de los independentistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el fondo como en la forma, las conclusiones del abogado general son contrarias a las posiciones mantenidas por el Tribunal Supremo y los demás tribunales españoles refractarios a la ley. También suponen una respuesta contundente a la consideración de “autoamnistía” que alegó el abogado de la Comisión Europea, en una inusual crítica política a la norma en el seno de un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

Aunque el Gobierno y los independentistas han cantado victoria, cabe remarcar que las conclusiones de este jueves del abogado general del TJUE no son la sentencia del caso, que se emitirá en invierno. Es cierto que los magistrados de Luxemburgo suelen seguir las opiniones del abogado general, pero en casos sensibles e inéditos también son especialistas en dar giros de guion. Sirvan de ejemplo causas enviadas desde España como las cláusulas hipotecarias abusivas o la de derecho al olvido de Google, en las que los magistrados enmendaron a su abogado general. 

El propio abogado general Spielmann admite en su dictamen que tiene que argumentar sobre una “cuestión inédita y de primera importancia”: hasta dónde puede llegar el TJUE en el control sobre una ley de amnistía aprobada por un estado miembro. Los detractores de la amnistía que soñaban con un desguace de la ley por parte de los magistrados de Luxemburgo no pueden estar satisfechos con las conclusiones del abogado general.

Salvo volantazo, de seguir las conclusiones de su abogado general, el TJUE se situaría en una posición de prudencia y de no injerencia en los grandes aspectos de la amnistía. Así, el abogado general hace mucho hincapié en que no se trata de que Luxemburgo se adentre a valorar el “alcance material o temporal” de la norma, esto es, si la ley precisa lo suficiente sus beneficiarios o sus años de aplicación, sino en si alguno de sus artículos incluye “actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos”.

La respuesta a este extremo también es negativa. Lo hace en uno de los aspectos de la norma que más preocupaba a los independentistas, el relativo a la causa por terrorismo de los CDR en la Audiencia Nacional, uno de los cuatro tribunales que ha planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la amnistía. El límite fijado en la ley, consistente en no amnistiar únicamente los actos terroristas que supongan violaciones graves de derechos humanos (lo que no es el caso de los CDR), es correcto y compatible con la normativa europea e internacional.

A criterio del abogado general, la ley solo es contraria al derecho europeo en dos aspectos menores y ya superados: los dos plazos que la ley daba en junio de 2024 a los jueces para decidir si la aplicaban y la obligación de retirar las cautelares.

Pero en sus aspectos nucleares, la norma no presenta inconvenientes, en opinión de Spielmann. Además de no ser contraria a los intereses financieros de la UE y a la normativa antiterrorista, el abogado general también remarca que la norma no vulnera los principios generales de seguridad jurídica, confianza mutua, igualdad ante la ley y primacía del derecho de la UE consagrados en los tratados comunitarios. 

Lo contrario había mantenido el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal realizó varias manifestaciones sobre la norma y su encaje en el derecho europeo, aunque optó no por enviarla al TJUE, sino por realizar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Entre sonoras alusiones a los independentistas como “golpistas”, los magistrados de la máxima instancia judicial española dejaron caer que la vulneración que, a su juicio, suponía la norma al principio de seguridad jurídica o a la igualdad ante la ley no eran “ajenas” al Derecho de la Unión Europea.

En cambio, el abogado general insiste en que los principios de seguridad jurídica y confianza mutua “no se oponen” a la ley. Es más, cree que ese debate debe quedar fuera del TJUE, que solo ha de analizar si la norma incluye graves vulneraciones de derechos humanos, algo que no ocurre con la amnistía.

“Aunque la amnistía presenta un ámbito de aplicación material y temporal amplio, se inscribe en una lógica interna que le confiere una coherencia propia”, resuelve el abogado general, que también da la razón al Gobierno español al señalar que la norma “identifica con precisión” los hechos amnistiados, abarca “un periodo determinado” y guarda “relación directa” con el objetivo de “normalización institucional y reconciliación social”.

Esta tesis del abogado general también choca con lo planteado por el letrado de la Comisión Europea en el pleito por la amnistía, Carlos Urraca, y varias resoluciones del Supremo contrarias a la norma. 

En un ejemplo de puño de hierro con guante de seda, el abogado general considera “oportuno tocar la cuestión de la autoamnistía” que sacó a colación Urraca durante la vista celebrada el pasado mes de julio. “Aunque no sea objeto de una problemática específica en la petición de decisión prejudicial”, apostilla Spielmann en velada referencia a la crítica política desplegada por el letrado de la Comisión.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, proclamó Urraca. “Nada permite calificar a la ley de amnistía como autoamnistía”, replica el abogado general de la UE, que también descarta que sustraiga de funciones al poder judicial y que exista “un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida”.

La palabra “vínculo” también apareció en uno de los autos del Supremo contrarios a la norma, pero en un sentido opuesto al del abogado general del TJUE. La Sala de lo Penal consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además había sido “proclamado con orgullo” por los partidos favorables a la norma.

La conclusión del abogado general es cristalina: “La ley no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles situaciones judiciales, sino dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

La futura sentencia y sus efectos

Las futuras sentencias del TJUE sobre la amnistía desplegarán efectos en los cuatro tribunales españoles que elevaron sus cuestiones prejudiciales: la Audiencia Nacional en el caso de los CDR; el Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos del procés; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los colaboradores de Junqueras y el 1-O; y un juzgado penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en un juicio por desobediencia. 

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si la sentencia sigue la opinión del abogado general, estas causas deberán archivarse con celeridad, ya que los planteamientos de Spielmann no dan margen de maniobra para otra interpretación que no sea la aplicación de la amnistía. 

Otra cosa es lo que ocurra en el Supremo y si el Alto Tribunal, una vez el Constitucional emita su sentencia sobre la amnistía a Puigdemont a principios del año que viene, quiere retrasar la aplicación de la norma con una cuestión prejudicial al TJUE.

Para ello el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación y la afectación de la norma a los principios de seguridad jurídica, que aborda el abogado general en su dictamen).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado. Así lo recuerda también el abogado general este jueves.

El dictamen de Spielmann recuerda que Aristóteles dejó escrito en La Constitución de los atenienses que la amnistía de Atenas a la Tiranía de los Treinta en el año 403 a.C. ya incluía la “voluntad explícita de reconciliación política”. Lo mismo ocurre más de 2000 años después en otra orilla del Mediterráneo.

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma. El TJUE emitirá la sentencia del caso en los próximos meses.

Más allá de consideraciones jurídicas, el texto del abogado general del TJUE replica con contundencia las críticas políticas a la norma lanzadas por el abogado de la Comisión Europea (que se alineó con las posiciones del PP). El abogado general niega que la ley sea una “autoamnistía”, avala toda su tramitación y la enmarca en el objetivo “de normalización institucional y reconciliación”, tal y como defiende el Gobierno.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar.

Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, extremo que este jueves ha desmentido de forma rotunda el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

Tras despejar de forma clara las dudas jurídicas sobre la norma, el letrado general también replica a las inusuales críticas políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en la vista del pasado mes de julio. El abogado de la Comisión cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura y la llegó a tildar de “autoamnistía”.

La respuesta del abogado general es clara. “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, zanja Spielmann en su texto. El abogado general agrega que la norma se aprobó en el Congreso fruto de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

El abogado general también niega que la amnistía suponga arrogarse las funciones del Poder Judicial. “Su aplicación no se sustrae al control judicial”, remarca el texto de Spielmann, que remarca que la norma está bien acotada en cuanto a hechos y plazo temporal: “Se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”.

La norma, insiste el abogado general en una larga argumentación, “no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”. Todo lo contrario, se trata “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

En suma, a falta de la sentencia del TJUE, el abogado general se alinea con las tesis del Gobierno, que en la vista de Luxemburgo defendieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y realiza una réplica de profundidad a las críticas políticas a la norma realizadas por la Comisión Europea y varios tribunales españoles.

Reacciones políticas

Pese a no tratarse de la sentencia del caso, las reacciones políticas se han sucedido este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la decisión y ha pedido que se aplique “con celeridad y sin subterfugios” una ley que considera que es buena para Catalunya y España: “Siempre confiamos que sería así”. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de “victoria rotunda” la resolución del abogado general del TJUE.

Por su lado, el independentismo ha confiado en que la futura resolución del TJUE siga los pasos de la opinión del abogado general. El expresident Carles Puigdemont ha valorado que el dictamen “deja en evidencia la indecente estrategia de dilación y manipulación para bloquear la aplicación de la ley de amnistía”, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que el letrado “avale las tesis que ERC ha defendido siempre”, al tiempo que ha criticado la intención “manifiesta” del Supremo de no aplicar la norma.

En cambio, el PP se ha agarrado a los cuestionamientos menores de la norma que hace Spielmann. Obviando que el abogado avala el grueso de la norma, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha arremetido de nuevo contra la ley.

A la espera de sentencia

El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha.

A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Las conclusiones del abogado general van en la línea de las expectativas independentistas y no dan margen de maniobra a los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales para no aplicar la ley.

De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo.

Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses.

No es habitual que un partido político se desfonde para que su fundación –generalmente dedicadas a asuntos sociales y con un componente más filosófico– tenga mucho dinero. Menos aún si esto ocurre a la vez que el partido tiene que pedir créditos a bancos extranjeros para poder hacer frente a procesos electorales, como le pasó a Vox en las generales de 2023.

El partido de Abascal traspasa todos los años 2,5 millones de euros a Disenso, el think tank que preside nominalmente Santiago Abascal y desde el que se organizan congresos, publicaciones o se financia La Gaceta. Ese dinero sale de cuotas de afiliados o es dinero público del que recibe el partido según sus resultados electorales y el número de diputados que obtiene. Con él, Vox le va traspasando fondos a Disenso para que organice eventos, casi siempre relacionados con la internacional ultra, o documentales de apoyo a Bolsonaro, actos con Milei o charlas e informes contra lo que el partido llama “woke”.

El Tribunal de Cuentas –el mayor órgano de fiscalización administrativa de España y con potestad sancionadora– ha publicado un reciente informe en el que aflora cómo se financian y con cuánto dinero las fundaciones vinculadas a partidos políticos en España, entendiendo la vinculación en el sentido de que el partido nombra cargos, tiene alguna capacidad ejecutiva, aporta la mayoría del dinero o se fundó con dinero del partido. En el informe, se ve claramente que el caso de Disenso es único. En los años analizados (2021 y 2022) recibió sendos 2,5 millones de Vox, mientras que sus ingresos por otra vía fueron infinitamente menores: 91.920 euros que donaron dos personas y dos empresas (el análisis no revela nombres).

Otra vía de ingresos habitual para las fundaciones son las subvenciones públicas. En este caso, Disenso recibió en 2021 y 2022 un total de 132.000 euros del Ministerio de Cultura, una ayuda a la que tienen derecho toda fundación vinculada a partido político y que es proporcional a su representatividad en el Congreso y el Senado. Además de esta, puede haber otros organismos públicos financiadores. Por ejemplo, es habitual el Ministerio de Exteriores, que tiene un plan anual enmarcado para este tipo de organizaciones y que concede en el ámbito de la cooperación.

Al contrario de lo que pasa en Vox, el resto de partidos quedan muy lejos de las cifras de trasvase de fondos a sus fundaciones políticas. Por ejemplo, el PP tiene vinculación con dos fundaciones: Popular de Estudios Vascos y Concordia y Libertad. El partido no les pasa dinero. Sin embargo, la segunda recibe más subvenciones públicas de las habituales: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León (todas en manos del PP) y de organismos como el Consejo para el VIH de República Dominicana o el Fondo Mundial de Lucha contra el sida. Sumó en este concepto de ayudas públicas dos millones en los dos años analizados. Disenso también obtuvo a partir de 2022 la ayuda de Exteriores, aunque no aparece en el informe.

PSOE y Podemos

El PSOE tiene diez fundaciones vinculadas, pero solo cuatro con actividad financiera relevante en los años analizados. En 2021, el Partido Socialista transfirió 242.00 euros a sus think tanks, y 259.000 al año siguiente, siendo la principal beneficiaria la Fundación Pablo Iglesias. En subvenciones públicas sumó 1,3 millones, por debajo de los dos millones del PP. Además de los organismos habituales (Exteriores y Cultura), las fundaciones vinculadas al PSOE obtuvieron 10.000 euros de la Comunidad de Madrid. También 500.000 del gobierno vasco y diputaciones forales en el caso de la Fundación Ramón Rubial.

El caso de Podemos queda muy a la cola en la financiación de fundaciones. El partido no traspasó dinero a sus organismos vinculados en 2021. En 2022, el Instituto República y Democracia sí recibió dinero del partido: 3.376 euros. Además, este instituto y el Instituto 25 de mayo recibieron en esos dos años 60.000 euros de donaciones particulares y 170.000 en las subvenciones públicas de Cultura y Exteriores.

El Informe ha analizado 36 fundaciones en 2021 y 34 en 2022 y señala algunos incumplimientos “tanto en el caso de las donaciones privadas como en el de las subvenciones públicas”, de modo que anuncia que informará a los organismos que concedieron las subvenciones para que soliciten el correspondiente reintegro. Se refiere a 6.000 euros de asesoría presentados como subvencionables por la fundación Rubial y que pagó el gobierno vasco.

El Pleno del Tribunal también recomienda en su análisis que “las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos deban someterse obligatoriamente a auditoría externa y remitirla al Tribunal de Cuentas”. Y hace otra recomendación general, una vez analizada la actividad de estos organismos vinculados a partidos: “Deberían adecuar su actuación a la realización de sus fines fundacionales propios, evitando que la actividad de las mismas se limite, en la práctica, a la mera tenencia de bienes inmuebles o, en general, a la obtención de recursos, que se pongan a disposición de los partidos políticos a los que estén vinculadas o de las que sean dependientes”.

Los millonarios traspasos de Vox a Disenso que se retratan en este informe también fueron controvertidos entre sus bases y algunos cargos críticos, que entendían que el dinero debe permanecer en el partido político para afrontar gastos orgánicos y electorales. El malestar generado por el hecho de que se hayan transferido más de 10 millones en los últimos años obligó al secretario general, Ignacio Garriga, a enviar una carta masiva a la militancia justificando las transferencias. El Tribunal que ha elaborado el informe es el mismo que multó a Vox en julio por tercera vez al detectar irregularidades en las cuentas del partido, con lo que la sanción a la formación de Abascal asciende a más de un millón de euros por infracciones de la ley de financiación.

La Cámara de Comptos, el equivalente navarro al Tribunal de Cuentas autonómico, avisa en un informe encargado por el Gobierno de Navarra y dado a conocer este viernes de ciertas anomalías sobre los contratos adjudicados por la Administración navarra a Servinabar 2000 y a su 'hermana' Alegure. Detrás de estas mercantiles está el empresario vasco Antxon Alonso, a quien se le halló un documento que mostraba la participación también del ahora encarcelado exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Se apunta, en concreto a que no fue transparente sobre su posición en las diferentes UTE constituidas con Acciona.

La presidenta María Chivite anunció, cuando se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que apuntaba la participación de Cerdán en la presunta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, una triple auditoría sobre las adjudicaciones a las empresas señaladas en el informe. Las otras dos auditorías, la de la Oficina Anticorrupción y la encargada a una empresa externa ya apuntaron “irregularidades” en los procesos de adjudicación de distintas obras. Este documento sería el tercero y último, aunque no analiza la principal de las adjudicaciones, la de los túneles de Belate, porque ya emitió con anterioridad un dictamen 'ad hoc'.

La Cámara de Comptos ha analizado cinco contratos adjudicados a Servinabar 2000, que son el de las reformas del Navarra Arena, el de rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra y el acceso a los jardines del Palacio, la construcción del colegio público de Arbizu y los de construcción de VPO en el barrio de Erripagaña, uno de 62 viviendas del año 2018 y otro de 46 en 2023. Además, ha revisado la única ocasión en la que aparece Alegure, las obras de un colegio en Arbizu. El tribunal detalla que el Ejecutivo de María Chivite le pidió “expresamente” que no fiscalizase el de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, adjudicado a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 por 62,8 millones de euros, porque ese contrato ya fue evaluado por el tribunal en su informe sobre las cuentas generales del 2023. En aquella ocasión el órgano fiscalizador no detectó ninguna ilegalidad en la adjudicación, pero sí que apuntó “irregularidades” como el hecho de que el presidente de la mesa emitiera su voto conociendo la puntuación del resto de técnicos.

Ahora, en un nuevo informe señala que Servinabar 2000 no fue transparente en el peso que tenía en las UTE con Acciona en un contrato del año 2018 para la construcción de 62 viviendas protegidas en el barrio de Erripagaña y otro de ese mismo año para la construcción del colegio público de Arbizu. Este último contrato en puridad no es adjudicado a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, sino a una UTE llamada CPEIP Arbizu, pero es de similar composición, en este caso Acciona y una sociedad 'hermana' de Servinabar 2000, Alegure.

En el caso de la adjudicación de las viviendas protegidas, el Tribunal de Cuentas indica que en la documentación que Acciona y Servinabar 2000 presentaron en la oferta para concurrir a la licitación señalaron que los porcentajes de participación en la UTE serían del 80% para Acciona y del 20% para Servinabar 2000. “Sin embargo, posteriormente, según las declaraciones del impuesto de sociedades de la UTE, estos porcentajes son del 99,99% para Acciona y del 0,01% por ciento para Servinabar”, recoge Comtos.

Lo mismo sucede con el contrato para la construcción del colegio público de Arbizu. En la oferta Acciona informa que su porcentaje de participación en la UTE es del 75%, mientras que el de Alegure es del 25%. Sin embargo, estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. “Desconocemos los motivos por los cuales estos porcentajes de participación en la UTE se modificaron”, destaca Comptos.

De igual manera el tribunal de cuentas avisa que las cifras de ingresos y gastos de las cuentas anuales de Servinabar 2000 depositadas en el Registro Mercantil “no contienen la integración de su participación en las UTE contrariamente a lo establecido en la normativa contable”. “Al no disponer de información suficiente en dichas cuentas, no podemos cuantificar el efecto contable en las mismas”, apostilla.

“Deficiencias” en los procesos de adjudicación

El tribunal de cuentas también menciona varias “deficiencias” en los procesos de adjudicación que ya fueron anteriormente señalados por el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) y la auditoria externa. Así ,Comptos destaca que la mesa de contratación del contrato de construcción de 62 viviendas protegidas no incluía un representante de la Junta de Contratación Pública, “que debiera haber participado dado el importe del contrato”, ni nombraba a personas suplentes de las previstas. También apunta que no consta ningún acta de la mesa de contratación que acredite su constitución, así como sus actuaciones ni sus decisiones. “Solo hemos tenido acceso a determinada documentación intercambiada entre distintas personas con propuestas de valoraciones técnicas y económicas sin fecha ni firma”, añade.

También indica otras deficiencias como que se debería haber realizado un desglose de las puntuaciones estableciendo unos criterios “más precisos de asignación de la valoración” en la adjudicación de las obras del colegio público de Arbizu. Por último, el órgano fiscalizador recomienda al Gobierno navarro aprobar pliegos de contratación con “la mayor concreción técinica posible de los criterios cualitativos de adjudicación” y modificar la regulación sobre las UTE “regulando de forma más completa los efectos de las modificaciones en la composición de las mismas”, si bien concluye que las adjudicaciones se ajustaron a la normativa.

La portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha assegurat aquest dilluns que si detectés irregularitats en el seu partit “aniria als jutjats” en lloc de difondre-les als mitjans de comunicació, desafiant així els tres exdiputats de la formació que la setmana passada van denunciar les pressions a què haurien estat sotmesos per desviar “ingents quantitats de diners” del grup parlamentari a les illes a Disenso, la fundació privada que presideix Santiago Abascal a títol nominatiu.

Les acusacions dels tres excàrrecs, Idoia Ribas, Agustí Buades i Maite de Medrano -en l'actualitat parlamentaris no adscrits-, han reobert el debat sobre fins a quin punt els grups parlamentaris poden ser utilitzats com a instrument de finançament dels partits i si la llei hauria de reforçar els mecanismes de control per evitar que fons públics destinats a la representació institucional acabin sostenint els aparells polítics.

Preguntada sobre això, Cañadas ha asseverat que “les mentides, injúries i calúmnies no es parlen ni en roda de premsa ni als mitjans de comunicació”. “Per la nostra part ens és igual qui vulgui enredar. Entenc que Vox és un partit que està creixent moltíssim i hi ha molta gent a qui això fa ràbia, però nosaltres ho tenim molt clar: hem vingut a treballar i seguirem treballant pels votants que hem tingut i pels votants futurs, que segurament seran molts més”.

Amb tot, la parlamentària ha eludit aprofundir en l'assumpte quan se li ha inquirit sobre si denunciarà davant la Justícia les manifestacions dels seus excompanys de files, limitant-se a afirmar que “els comptes del grup parlamentari són molt transparents, molt clars i, a més, públics. Per tant, no seré jo”. “De totes maneres, sí que els diré una cosa: si jo estant a Vox veiés alguna irregularitat, no vindria aquí a explicar-ho a vostès, m'aniria directament als jutjats. Crec que així ja els he contestat”.

De nou, preguntada sobre la possibilitat de denunciar les “injúries” a què ha al·ludit, Cañadas ha refusat respondre: “No vull fer donar peu a més comèdies. No contestaré res que no sigui sobre els grups parlamentaris”. Quan una de les periodistes ha assenyalat que la seva pregunta afecta el seu grup i diversos diputats, ha eludit de nou contestar: “No normalitzaré el que és anormal en aquest Parlament. Si vostès m'entenen, m'ho respecten”, ha conclòs.

Més contundent s'ha pronunciat aquest dilluns el portaveu nacional de Vox José Antonio Fúster, que ha defensat que el desviament de fons dels grups al partit és legal, asseverant que els comptes de la formació d'extrema dreta estan auditats pel Tribunal de Comptes. L'òrgan fiscalitzador, però, ja instat diverses vegades a posar límit al “sobrefinançament” de les formacions polítiques, una via legal amb què els partits acaben incrementant els seus recursos amb càrrec als fons públics assignats als seus grups el Congrés, el Senat i els Parlaments autonòmics.

En aquest sentit, el Tribunal de Comptes alerta de l'opacitat i dels riscos de convertir aquestes dotacions a grups en un canal paral·lel de finançament, per la qual cosa reclama reformes reglamentàries així com de la llei del règim local perquè s'estableixin “condicions i requisits” amb les quals es poden fer unes aportacions que, sovint, s'utilitzen per a sufragar despeses ordinàries dels partits o contractar personal. Una finalitat per a la qual ja existeixen altres subvencions, com les de funcionament.

En contra d'aquest criteri, Fúster ha justificat que aquests diners són necessaris perquè el partit “proporciona uns serveis vitals” als grups parlamentaris, entre els quals ha esmentat “seguretat, una oficina tècnica o jornades de coordinació”. En aquesta línia, ha apuntat a més que el PP i el PSOE fan pràctiques similars.

La Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics reconeix que les formacions poden rebre aportacions dels grups parlamentaris, però obliga a justificar-ne l'ús amb transparència ia garantir que es destinin a fins compatibles amb l'activitat institucional. En aquest sentit, la pràctica defensada per Vox, encara que emparada parcialment per la legislació, es mou en un terreny controvertit que podria derivar en responsabilitats si no es compleixen els requisits de transparència, autorització interna i finalitat institucional.

Cal recordar que a fundació presidida per Abascal va néixer el 2020 amb un capital de 30.000 euros del partit, el mínim legal per constituir-la. Les fundacions són institucions privades sense ànim de lucre, compten amb beneficis fiscals i, per tant, l'obligació de presentar balanços (les vinculades a partits estan fiscalitzades pel Tribunal de Comptes). Entre els fins de Disenso, considerats d'interès general, se cita la“promoció de la defensa de la vida i la família”, “la reivindicació de l'herència de la civilització occidental” o “la defensa de la llibertat, la unitat i la sobirania d'Espanya”.

Com va revelar elDiario.es, Vox ha transferit milions d'euros a Disenso durant els darrers vuit anys. Es tracta de diners principalment procedents del partit d'extrema dreta, que rep 10 milions d'euros de diners públics cada any (segons els resultats electorals, els partits polítics perceben una quantitat determinada per al funcionament) i uns 5 milions anuals de donacions privades. Després de conèixer-se a més un informe del Tribunal de Comptes que alertava d'irregularitats a les donacions, la cúpula del partit va substituir el gerent, presentant el canvi com “una renúncia per voluntat pròpia”.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha asegurado este lunes que si detectara irregularidades en su partido “iría a los juzgados” en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, retando así a ir a los tribunales a los tres exdiputados de la formación que la semana pasada denunciaron las presiones a las que habrían sido sometidos para desviar “ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario en las islas a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo.

Las acusaciones de los tres excargos, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano -en la actualidad parlamentarios no adscritos-, han reabierto el debate sobre hasta qué punto los grupos parlamentarios pueden ser utilizados como instrumento de financiación de los partidos y si la ley debería reforzar los mecanismos de control para evitar que fondos públicos destinados a la representación institucional acaben sosteniendo a los aparatos políticos.

Preguntada al respecto, Cañadas ha aseverado que “las mentiras, injurias y calumnias no se hablan ni en rueda de prensa ni en los medios de comunicación”. “Por nuestra parte nos da igual quién quiera enredar. Entiendo que Vox es un partido que está creciendo muchísimo y hay mucha gente a la que le da rabia, pero nosotros lo tenemos muy claro: hemos venido a trabajar y vamos a seguir trabajando por los votantes que hemos tenido y por los votantes futuros, que seguramente serán muchos más”.

Con todo, la parlamentaria ha eludido profundizar en el asunto cuando se le ha inquirido sobre si denunciará ante la Justicia las manifestaciones de sus excompañeros de filas, limitándose a afirmar que “las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes, muy claras y, además, públicas. Por lo tanto, no voy a ser yo quien tenga que desmentir [las acusaciones]”. “De todos modos, sí les voy a decir una cosa: si yo estando en Vox viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes, me iría directamente a los juzgados. Creo que así ya les he contestado”.

De nuevo, preguntada sobre la posibilidad de denunciar las “injurias” a las que ha aludido, Cañadas ha rehusado responder: “No quiero hacer dar pie a más comedias. No voy a contestar nada que no sea sobre los grupos parlamentarios”. Cuando una de las periodistas ha señalado que su pregunta afecta a su grupo y a varios diputados, ha eludido de nuevo contestar: “No voy a normalizar lo que es anormal en este Parlament. Si ustedes me entienden, me lo respetan”, ha concluido.

Más tajante se ha pronunciado este lunes el portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster, quien ha defendido que el desvío de fondos de los grupos al partido es legal, aseverando que las cuentas de la formación de extrema derecha están auditadas por el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador, sin embargo, ya instado en varias ocasiones a poner coto a la “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal con la que los partidos acaban incrementando sus recursos con cargo a los fondos públicos asignados a sus grupos el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos.

El Tribunal de Cuentas alerta de la opacidad y de los riesgos de convertir estas dotaciones a grupos en un canal paralelo de financiación, por lo que reclama reformas reglamentarias así como de la ley del régimen local para que se establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal. Una finalidad para la que ya existen otras subvenciones, como las de funcionamiento.

En contra de este criterio, Fúster ha justificado que ese dinero es necesario porque el partido “proporciona unos servicios vitales” a los grupos parlamentarios, entre los que ha mencionado “seguridad, una oficina técnica o jornadas de coordinación”. En esta línea, ha apuntado además que PP y PSOE realizan prácticas similares.

La Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos reconoce que las formaciones pueden recibir aportaciones de los grupos parlamentarios, pero obliga a justificar su uso con transparencia y a garantizar que se destinen a fines compatibles con la actividad institucional. En este sentido, la práctica defendida por Vox, aunque amparada parcialmente por la legislación, se mueve en un terreno controvertido que podría derivar en responsabilidades si no se cumplen los requisitos de transparencia, autorización interna y finalidad institucional.

Cabe recordar que a fundación presidida por Abascal nació en 2020 con un capital de 30.000 euros del partido, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, cuentan con beneficios fiscales y, por tanto, la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Entre los fines de Disenso, considerados de interés general, se cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. 

Como desveló elDiario.es, Vox ha transferido millones de euros a Disenso durante los últimos ocho años. Se trata de dinero principalmente procedente del partido de extrema derecha, que recibe 10 millones de euros de dinero público cada año (según los resultados electorales, los partidos políticos perciben una cantidad determinada para su funcionamiento) y unos 5 millones anuales de donaciones privadas. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como “una renuncia por voluntad propia”.

La Mesa del Parlamento Vasco ha solicitado este martes un informe jurídico para aclarar si Amaya Fernández tiene o no un conflicto de intereses para ocupar el cargo de presidenta de la gestora del PP de Bizkaia tras la decisión de Génova de intervenir el partido en esa provincia y apartar a quien ocupaba esa posición desde 2017, Raquel González. Fernández es, desde 2022, asesora del vocal propuesto por el PP en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, un órgano de control que depende del Parlamento, y ejerce labores de “auditora-jefe”, es decir, que participa en el control de instituciones públicas.

Fue el sábado cuando trascendió la operación del PP para reactivar la organización en Bizkaia. Fernández, procedente de Barakaldo, fue brevemente presidenta del PP vasco en 2020 como 'número dos' de Alfonso Alonso, que en su momento fue fulminado del cargo y como candidato a las autonómicas de ese año. Durante unos meses hasta que el elegido Carlos Iturgaiz tomó el control total, Fernández asumió la dirección hasta quedar apartada también. Después, mantuvo un escaño en las Juntas Generales hasta que pasó a ser asesora en el Tribunal de Cuentas dentro de la cuota de la que dispone el PP.

Las fuentes consultadas indican que el dictamen de compatibilidad será positivo con toda probabilidad. De hecho, existe un precedente de 2023 cuando la propia Fernández fue propuesta, también por el actual equipo de Génova, para ser vocal del comité electoral nacional del PP. Entonces, en un informe de dos folios al que ha tenido acceso este periódico y que está firmado por la propia presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, del PNV, se estimó que esa labor en su partido era “compatible” con sus funciones como auditora. Eso sí, se le pidió que comunicara cualquier cambio en su posición, como ha hecho en las últimas horas.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3.c) de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta de Intereses de los Cargos Públicos, solicito de la Presidencia del Parlamento Vasco [que] me sea concedida la compatibilidad para la realización de la siguiente actividad: actividades privadas reguladas en el artículo 14.1.d) de la citada Ley 1/2014, en concreto, participación en los órganos de dirección del Partido Popular de Bizkaia. Esta actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa que le es de aplicación”, ha planteado la aludida a la Cámara.

Además, hay otra persona asesora en el Tribunal de Cuentas que fue dirigente de su partido, en este caso el PNV. Se trata de Amaia Ruiz de Viñaspre, que hasta noviembre de 2024 era la 'número dos' del partido en Álava, esto es, secretaria del Araba Buru Batzar. Su caso salió a la luz cuando contrató a su hija, Ane Miren Atín, también del PNV, para trabajar con ella en el organismo público. Eso sí, fuentes internas recalcan que Ruiz de Viñaspre nunca ha tenido funciones de auditoría.

La secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes ha obert una investigació a l’Ajuntament de Benidorm per l’‘amnistia’ del consistori, governat actualment pel PP, a set empreses que es van sumar al denominat ‘premi hoteler’, una modificació del pla general d’ordenació urbana del 2001, en l’etapa de l’alcalde popular Vicente Pérez Devesa, que permetia a establiments de quatre i cinc estreles augmentar la seua edificabilitat fins a un 40% sense que computara com a increment a canvi de compensacions econòmiques al consistori. No obstant això, tal com va denunciar davant el Tribunal de Comptes Sergi Castillo, regidor del PSPV-PSOE, diversos dels hotels que es van acollir a la modificació van incomplir les compensacions, “cosa que ha provocat una falta d’ingressos o de cessions de sòl al municipi”.

A més, Castillo considerava que, “malgrat tindre coneixement d’aquests incompliments”, l’Ajuntament de Benidorm “no ha adoptat mesures efectives per a exigir les compensacions pendents i ha deixat prescriure aquests drets en perjudici de la Hisenda municipal”.

El consistori va sol·licitar l’arxivament de les actuacions i va negar la “inactivitat”. L’escrit, en tot cas, afirmava que “les hipotètiques responsabilitats comptables estarien prescrites”.

El ministeri fiscal, per part seua, va proposar el nomenament de delegat instructor perquè es practicaren diligències en concloure, al contrari que l’Ajuntament de Benidorm, que l’acció de responsabilitat comptable no hauria prescrit.

El Tribunal de Comptes, en una interlocutòria avançada pel diari Información i a què també ha tingut accés aquest diari, coincideix amb la postura del ministeri públic i conclou que “no es donen les condicions exigides” per a acordar l’arxivament de les actuacions.

Així doncs, l’organisme que fiscalitza els comptes públics acorda el nomenament d’un delegat instructor per a la investigació de les presumptes irregularitats i determinar si pot haver-hi responsabilitat comptable.

Això sí, adverteix la resolució, es tracta d’unes actuacions prèvies “únicament als efectes de procurar un esclariment més gran dels fets” i sense que suposen “en absolut prejutjar” la pretesa responsabilitat comptable per part de l’Ajuntament de Benidorm.

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Benidorm por la 'amnistía' del consistorio, gobernado actualmente por el PP, a siete empresas que se sumaron al denominado 'premio hotelero', una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2001, en la etapa del alcalde popular Vicente Pérez Devesa, que permitía a establecimientos de cuatro y cinco estrellas aumentar su edificabilidad hasta un 40% sin que computara como incremento a cambio de compensaciones económicas al consistorio. Sin embargo, tal como denunció ante el Tribunal de Cuentas Sergi Castillo, concejal del PSPV-PSOE, varios de los hoteles que se acogieron a la modificación incumplieron las compensaciones, “lo que ha resultado en una falta de ingresos o cesiones de suelo al municipio”.

Además, Castillo consideraba que “pese a tener conocimiento de estos incumplimientos”, el Ayuntamiento de Benidorm “no ha adoptado medidas efectivas para exigir las compensaciones pendientes, dejando prescribir tales derechos en perjuicio de la Hacienda municipal”.

El consistorio solicitó el archivo de las actuaciones y negó la “inactividad”. El escrito, en todo caso, afirmaba que “las hipotéticas responsabilidades contables estarían prescritas”.

El Ministerio Fiscal, por su parte, propuso el nombramiento de delegado instructor para que se practicaran diligencias al concluir, al contrario que el Ayuntamiento de Benidorm, que la acción de responsabilidad contable no habría prescrito.

El Tribunal de Cuentas, en un auto adelantado por el diario Información y al que también ha tenido acceso este diario, coincide con la postura del Ministerio Público y concluye que “no se dan las condiciones exigidas” para acordar el archivo de las actuaciones.

Así, el organismo que fiscaliza las cuentas públicas acuerda el nombramiento de un delegado instructor para la investigación de las presuntas irregularidades y determinar si puede haber responsabilidad contable.

Eso sí, advierte la resolución, se trata de unas actuaciones previas que “a los solos efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos” y sin que supongan “en absoluto prejuzgar” la supuesta responsabilidad contable por parte del Ayuntamiento de Benidorm.

La extrema derecha llegó a la política institucional lanzando soflamas contra la “corrupción sistémica del bipartidismo” y los “chiringuitos” y dando lecciones de limpieza y patriotismo frente a quienes, según su relato, “saquean” España. Son mensajes que han calado en parte del electorado y que, sin embargo, chocan con el desdén que formaciones como Vox o Se Acabó La Fiesta (SALF) han mostrado hacia las normas diseñadas para prevenir esas prácticas. El Tribunal de Cuentas acaba de imponer la tercera multa al partido de Santiago Abascal por financiación ilegal, mientras el Tribunal Supremo ha exigido a Alvise Pérez que aporte la contabilidad que no presentó al órgano fiscalizador.

A pesar de que se trata de incumplimientos flagrantes de la ley de financiación de los partidos, ambas formaciones han tratado de situar al Tribunal de Cuentas en el centro de una supuesta operación política. “Buscan hacer inviable a Vox. No se atreven todavía con la ilegalización, pero van dando pasos”, ha dicho Abascal. “Todos los partidos y todos los medios nos injurian y atacan de forma inmoral a diario precisamente porque se saben parásitos y entienden que venimos a aplastarlos de una maldita vez”, ha afirmado Alvise, quien fue grabado por un implicado en un fraude de estafa pidiéndole dinero para financiar el partido y prometiendo devolver esos favores cuando sea la llave para un Gobierno de Feijóo.

Los informes del órgano fiscalizador, sin embargo, son claros al constatar los incumplimientos de ambas formaciones. En el caso de Vox, el partido acumula desde el verano pasado multas por 1.145.820,94 euros por irregularidades en la recepción de donaciones. Al menos dos de ellas ya han sido recurridas al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Respecto a Alvise, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas —las únicas a las que ha concurrido— dice de forma expresa que “la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta” (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral“. El agitador ultra tendrá que entregarla al juez del Supremo que le investiga por financiación irregular tras recibir 100.000 euros en efectivo del controvertido empresario.

Vox: donaciones bajo sospecha

El pasado 28 de julio el pleno del Tribunal de Cuentas acordó imponer una multa de 50.000 euros a Vox tras analizar su contabilidad del año 2020. La sanción, que puede ser recurrida, se debe a que la formación recaudó fondos “con una finalidad específica”, cuando la ley prohíbe expresamente proponer que se dé dinero para una causa concreta. Los partidos no pueden aceptar dinero sujeto a un destino específico precisamente para evitar que empresas o grupos de presión puedan condicionar sus decisiones en contra del interés general.

El informe de fiscalización correspondiente a ese año identificó donaciones finalistas por un importe total de 2.754 euros y destacó que el partido no había facilitado la relación de las campañas de captación de fondos llevadas a cabo. También evidenció la existencia de ingresos por valor de 102.048,30 euros en cajeros automáticos. Vox ha defendido que se debían a la venta de artículos del partido (pulseras, bolígrafos…) en las mesas informativas que instala en las calles de muchas ciudades y que, para esos ingresos, “no son de aplicación las reglas establecidas para las donaciones. Pero el tribunal afirmó que ”existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos“ y acabó imponiendo la citada sanción.

Apenas tres meses antes, en abril, el órgano fiscalizador había impuesto a Vox otra multa por 862.496,72 euros por una “infracción muy grave” en las cuentas de 2018, 2019 y 2020. El tribunal consideró probado que el partido de extrema derecha incumplió la ley durante esas anualidades en las que recibió y aceptó dinero en efectivo y aportaciones de personas o entidades no identificadas.

El origen de esa sanción, que Vox recurrió al Tribunal Supremo una semana después, es un informe que alertó sobre la “falta de control” en las entradas y salidas de dinero en el partido. De nuevo llamó la atención de los auditores públicos la existencia de abultados ingresos a través de cajeros automáticos: 20.601,04 euros en 2018 y 311.947,05 euros en 2019. La ley de financiación de partidos no permite las donaciones anónimas o de empresas, las limita a un máximo de 50.000 euros anuales por parte de una misma persona y obliga a notificar al Tribunal de Cuentas todas las superiores a 25.000 euros.

Además, ese informe reveló la “falta de control en la venta de productos promocionales y la ausencia de un precio de venta de los mismos”, lo que “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen de los requisitos contemplados” en la citada ley. En este sentido, figura que el departamento de tesorería del partido indicó en dos instrucciones internas difundidas en noviembre de 2018 y abril de 2019 que “no hay necesidad de identificar a los donantes si el ingreso es por una cantidad inferior a 300 euros por la actividad promocional”. Es una interpretación errónea de la norma, que explicaría por qué el 80% de los ingresos realizados en cajeros en 2019 era de “importes inferiores a 300 euros”.

Vox recibió su primera multa hace algo más de un año, en julio de 2024. Esa sanción, que también está recurrida ante el Tribunal Supremo, alcanzó los 233.324,22 euros y se debió a que el partido había recaudado dinero para fines específicos, como querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra.

El informe en el que se basa esa multa cita la colecta que el partido de extrema derecha promovió para la “causa” a la que denominó ‘Querella contra Quim Torra’ y por la que recaudó 31.664,80 euros. Además, ingresó otros 120.482,93 euros “para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’”. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión. El partido alegó que al realizar las donaciones online, cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente “que dicha donación cumple con lo dispuesto” en la ley de financiación de partidos.

Alvise: la petición del juez que le investiga

Otro informe reciente del Tribunal de Cuentas también reveló que “de las nueve formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas, todas excepto una (la agrupación de electores ”Se Acabó la Fiesta“) han cumplido con dicha obligación”. La ley electoral establece que entre los 100 y los 125 días posteriores a las elecciones, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales (...) deben presentar una “contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales”.

La formación de Alvise no lo hizo y el órgano fiscalizador propuso que no se le adjudicaran subvenciones electorales dado que no presentó esa documentación. La candidatura tendría derecho a 962.350,26 euros en subvenciones, según los votos y escaños que obtuvo en esos comicios. Alvise ha defendido que registró “en tiempo y forma” todas sus cuentas pero que “rechazó registrar la petición del cobro de 1,1 millones de euros al que prometió renunciar durante la campaña electoral”. La realidad es que no lo ha hecho, lo que le permite eludir cualquier control.

Este asunto salió a colación en el interrogatorio al que fue sometido el pasado julio en el Supremo por el juez que le investiga por financiación irregular tras haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario días antes del inicio de la campaña de las europeas. En las grabaciones realizadas el propio Alvise reconocía que necesitaba dinero en efectivo que no pasase por el radar del Tribunal de Cuentas. El magistrado Julián Sánchez Melgar preguntó al eurodiputado si había presentado al órgano fiscalizador esa contabilidad de sus respectivos ingresos y gastos electorales durante la campaña de las europeas. Alvise apuntó entonces a la empresa a la que había contratado para hacer ese trabajo. Aseguró que llamó a uno de sus responsables en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas y que este le dijo que sí se habían presentado y que tenía la confirmación, por lo que no entendía esa “discrepancia de criterio”.

El juez le reclamó entonces tanto el certificado de que las había presentado como las propias cuentas. “Le requiero para que presente las cuentas que hayan presentado ante el Tribunal de Cuentas y el documento que acredite que las han presentado para que las partes puedan conocer esas cuentas y puedan decir lo que tengan por conveniente respecto de ello y pueda realizarse una pericial”, afirmó el magistrado, según la transcripción de esa comparecencia. La declaración de Alvise se produjo el pasado 11 de julio y, por el momento, esa documentación sigue sin estar a disposición del resto de partes personadas en ese procedimiento, según las fuentes jurídicas consultadas.

El eurodiputado ultra Alvise Pérez reconoció el pasado julio ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por financiación ilegal que cobró 100.000 euros en “fajos” de billetes de un empresario semanas antes de que se iniciara la campaña electoral de las europeas de 2024. A preguntas del magistrado Julián Sánchez Melgar, justificó que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido eurodiputado, algo que solo ha hecho con dos mensualidades, la primera, hace justo un año. Así lo recoge la transcripción de esa declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Alvise utilizó ese argumento para tratar de justificar que en ningún caso utilizó ese dinero para financiar su campaña, tal y como sostiene el empresario Álvaro Romillo y acreditan los mensajes que se intercambió con él. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”, le dijo, ante el ofrecimiento de esos fondos. Además, un año después, Alvise ha incumplido de forma flagrante el compromiso de rifar su salario público.

En una entrevista en un canal de YouTube, él mismo reconoció que los sorteos quedaron paralizados en octubre cuando decidió que durante tres meses donaría su sueldo a las víctimas de la DANA, aunque no hay pruebas de esas donaciones. También explicó que desde entonces había “cambiado de parecer” y que el parón se debía a que estaba sometido a una inspección de Hacienda y a que se había dado cuenta de que “todo lo que estaba donando” le estaba “repercutiendo al IRPF”. Aludió, asimismo, al “doble pago de impuestos de los eurodiputados” y a que al salario le debía “sumar el impuesto autonómico”.

A pesar de ello, el supuesto sorteo del salario fue uno de los principales argumentos que esgrimió ante el juez del Supremo para justificar el cobro de 100.000 euros en efectivo por parte de un empresario. Alvise se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas del juez y de su defensa. Y cargó contra la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PSOE, a las que se negó a responder con el argumento de que actúan en esta causa con un “ánimo espurio”.

Tal y como reveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños. En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Las “tres vidas” de Alvise

Ante el juez, Alvise insistió en que cobró esos 100.000 euros en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario.

La transcripción de esta declaración evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el juez le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su partido, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (...) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (...); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (...) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

Durante el interrogatorio, el juez también preguntó a Alvise si había presentado al Tribunal Cuentas la contabilidad de sus respectivos ingresos y gastos electorales durante la campaña de las europeas. El eurodiputado apuntó entonces a la empresa a la que había contratado para hacer ese trabajo y aseguró que llamó a uno de sus responsables en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas ante este organismo y que este le dijo que sí se habían presentado y que tenía la confirmación, por lo que no entendía esa “discrepancia de criterio”.

Sin embargo, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas es claro al respecto: “La agrupación de electores Se Acabó la Fiesta” (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral“. De hecho, el órgano fiscalizador propuso, incluso, que no se le adjudicaran subvenciones electorales dado que la agrupación no había presentado esa documentación. La candidatura tendría derecho a 962.350,26 euros en subvenciones, según los votos y escaños que obtuvo en esos comicios.