Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado elDiario.es de fuentes de Junts. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

Puigdemont y los exconsellers subrayan que el Tribunal de Cuentas era precisamente una de las instituciones directamente vinculadas por la sentencia del TJUE, que se dictó como respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por la institución de control económico como por la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Justicia de la UE dió la semana pasada la razón a Puigdemont y a la treintena de ex altos cargos investigados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas, al que respondió que los fondos de la UE no se habían visto afectados por el procés. Además, el TJUE remarcó como imperativo que los órganos que tengan causas previstas en la ley de amnistía “dicten una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Este mismo martes, la Fiscalía de esa instancia ha considerado “innecesario e improcedente” dar un nuevo plazo a las partes antes de aplicar la ley de amnistía tal como interpreta la sentencia. Puigdemont y los suyos creen, además, que el Tirbunal de Cuentas, al abrir un plazo de alegaciones el lunes, dictó una providenica expresamente vetada por la sentencia.

En el escrito dirigido a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso elDiario.es, Puigdemont, Comín y Puig recuerdan además que este lunes 20 de julio han solicitado al Tribunal de Cuentas la aplicación “inmediata” de la amnistía. En la misma fecha se ha dirigido escrito al TJUE para poner en conocimiento los hechos denunciados.

La reclamación que los políticos formulan es que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España por “el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia del Tribunal de Justicia”. También piden que se envíe “con carácter urgente” la carta de emplazamiento correspondiente a España, “dada la naturaleza del incumplimiento y la incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.

En ese escrito también se recuerda que la Comisión Europea “presentó observaciones” en la causa de las cuestiones prejudiciales resuelta por el TJUE, por lo que “dispone de pleno conocimiento del litigio”.

El escrito se acompaña de la misma sentencia del TJUE y de la providencia del Tribunal de Cuentas de 20 de julio, así como de la nota de prensa del mismo tribunal hecha pública también el 20 de julio sobre la decisión en torno a la demora de la aplicación de la amnistía y del escrito dirigido al TJUE de la misma fecha.

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento “hasta la resolución del incidente prejudicial”, descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y “aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento”, de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía “cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste”.

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada “admite las ocho cuestiones planteadas” por el órgano español, “contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban” su “independencia e imparcialidad”.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la norma y ha descartado que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, ha leído en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el problema político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar mientras el TJUE resuelva una eventual cuestión prejudicial.

La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

El fallo del TJUE desbarata una de las vías que encontraron algunos togados para oponerse a la norma. La mayoría de juzgados aplicó la amnistía (hay más de 300 beneficiados por la norma), pero una minoría se resistió a hacerlo en los casos más sensibles para los independentistas.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional optaron por enviar al TJUE en 2024 los casos de los gastos del 1-O y la acusación por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Ahora los jueces nacionales están obligados a amnistiar a los encausados, una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Son los principales beneficiaros de la sentencia de este jueves.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Su caso depende de que el Constitucional corrija al Supremo. Esto ocurrirá a la vuelta del verano, si bien el fallo de Luxemburgo es un espaldarazo al tribunal de garantías ante una de sus resoluciones más decisivas.

En suma, para el retorno definitivo de Puigdemont (y la rehabilitación de Junqueras para presentarse a las elecciones) habrá que esperar por lo menos hasta otoño.

El Supremo tomó la delantera contra la amnistía mediante una argumentación particular que fue criticada por dos magistradas. El Alto Tribunal dejó la malversación fuera de la aplicación de la ley porque, a su juicio, supuso un beneficio personal para sus impulsores al no financiar de su bolsillo el referéndum y porque ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea. El TJUE desmiente este último extremo y descarta que el procés pusiera en riesgo los intereses financieros de la Unión.

El Tribunal de Cuentas del Estado tiene abiertas diligencias desde el pasado 16 de junio para investigar un presunto “menoscabo de fondos públicos” tras la denuncia de la asociación Corrupción Cero, quien apunta presuntas irregularidades en la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado inmediato de las actuaciones al Ministerio Fiscal. 

La denuncia también ha sido enviada a la Fiscalía Anticorrupción de la delegación de Tenerife, y señala un reguero de presuntas irregularidades: desde el mantenimiento del precio del agua de riego respecto al que se pagaba durante la emergencia hídrica de 2024, aunque ya no haya sequía, hasta una cadena de contrataciones presuntamente llenas de puertas giratorias y conflictos de intereses.

En 1983 se empezaron a construir 10 embalses para 17 municipios del norte de Tenerife con una capacidad total de 3,25 hectómetros cúbicos, fue el Plan de Balsas del Norte de Tenerife. El Cabildo Insular, con la participación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Gobierno de Canarias, construyó una infraestructura que aprovecha el agua de las galerías que los agricultores desperdician en invierno, para disponer en verano de 300 litros por segundo en el norte de la isla.

Esta es la historia de cómo se creó la empresa pública Balsas de Tenerife. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción tienen sobre la mesa una denuncia firmada por Juan Manuel Pérez, presidente de la Asociación Corrupción 0, que pone el foco en Ana María Sánchez, quien ejerció como gerente de BALTEN entre el 9 de septiembre de 2021, hasta su cese el 28 de febrero de 2025, según el informe Jurídico interno de BALTEN. 

“Puertas Giratorias” 

Según expone el documento de denuncia, tras su cese de la empresa insular Balten, Ana Sánchez pasó a desempeñar funciones directivas como directora adjunta en Servicios de Aguas del Valle, S.A. (Savasa). Esta incorporación resulta especialmente controvertida porque SAVASA fue una de las entidades directamente beneficiadas por las modificaciones económicas al alza aprobadas por Balten durante su mandato y con su participación directa como gerente. 

Según la denuncia, a este hecho se suma el nombramiento de su marido, Braulio Domínguez, como gerente de Teidagua en diciembre de 2024. Y hay que tener en cuenta que esta empresa está participada al 50% por Canaragua. Porque fue precisamente bajo la gerencia de su mujer Ana Sánchez, cuando Balten adjudicó a CANARAGUA un contrato de operación y mantenimiento de redes por un valor estimado de más de 5,8 millones de euros. No era la oferta más económica de las tres que se presentaban. En la denuncia se solicita que se investigue si estos hechos constituyen un “conflicto de interés estructural” y una situación de “puerta giratoria”. 

Las acusaciones de favoritismo en las licitaciones se sustentan en los propios registros oficiales. Según la resolución de la Plataforma de Contratación del Sector Público aportada a la causa, el contrato de mantenimiento otorgado a CANARAGUA se cerró por un importe fijo de 695.500 euros y se formalizó el 30 de octubre de 2024. El propio documento oficial confirma que la entidad pública desechó otras ofertas más económicas a favor de la empresa con la que la gerencia tenía aparentes vínculos.

Precios de sequía en tiempo de lluvias 

Al igual que la gasolina cuando hay escasez de petróleo, con el agua ocurre lo mismo. Durante la emergencia hídrica de 2023 y 2024, con los embalses casi vacíos, en niveles críticos del 12,8%, BALTEN justificó modificar excepcionalmente y de manera urgente el precio del agua de riego, encareciendo el suministro a proveedores como SAVASA. La empresa Balsas de Tenerife argumentaba que había “riesgo de desabastecimiento agrícola” y que esta empresa suministradora amenazaba con cortar el suministro del agua si no se cubrían sus costes.

Según el denunciante, todo esto provocaría un grave perjuicio económico a las arcas insulares. La documentación aportada en las denuncias detalla que el agua extraída del Pozo Patronato (gestionado por SAVASA) pasó de costar un 46,43% más caro, de un 0,420 €/m³, a 0,615 €/m³, el Pozo La Calderona se encareció un 66,75%, ya que pasó de 0,412 €/m³ a 0,687 €/m³, y el Pozo Chivana se encareció un 60,19%, de 0,520 €/m³ a 0,833 €/m³.

Sin embargo, el escenario meteorológico cambió radicalmente a principios de 2026. Las intensas lluvias de la borrasca Therese dejaron los embalses prácticamente llenos, alcanzando casi un 90% de su capacidad. Esto motivó que el Cabildo de Tenerife levantara oficialmente la declaración de emergencia hídrica el 1 de marzo de 2026. Pero aunque desapareció totalmente esta situación excepcional de sequía, la denuncia señala que BALTEN no ha revertido estos precios. Según la asociación denunciante Corrupción Cero, pagar el agua a precio de sequía extrema en época de abundancia podría constituir el “menoscabo a los fondos públicos”, que ahora deben dirimir el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. 

El caso no solo salpica presuntamente a la anterior gerencia de la empresa pública, sino que apunta directamente a la actual cúpula política de la isla. El escrito, dirigido expresamente a la atención de la Presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acusa a la corporación insular de una flagrante “inactividad”.

El denunciante advierte de que el gobierno insular podría estar “consintiendo” estas presuntas irregularidades al no ordenar la reversión de los precios del agua pese a tener los embalses al máximo de su capacidad, lo que supondría un quebranto patrimonial continuado.

Este periódico ha contactado con Ana María Sánchez, exgerente de BLATEN y actual directora adjunta de la gerencia de SAVASA, que asegura que no ha sido notificada por ninguna instancia judicial. Niega las acusaciones de puertas giratorias, y sin querer hacer más declaraciones, recuerda que dejó la gerencia de Balsas de Tenerife en enero de 2025.

El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del plan de pensiones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona el metro y el autobús en la capital catalana.

El órgano fiscalizador indaga el pago de sobresueldos vinculados a ese fondo de jubilación que se abonaron a una veintena de empleados. La otra pata del procedimiento son las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control.

Solo entre 2020 y 2023, TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estos encuentros, que se celebran una vez al mes —sin incluir agosto— y duran unas tres horas, según afirman distintas fuentes conocedoras de las reuniones.

La empresa pública, además, pagó en 2022 y 2023 sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados —en una plantilla de 9.000 trabajadores— para compensarles el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones. 

TMB repartió estos pagos de forma unilateral, en función del importe de la carga fiscal de cada empleado, sin atender a ningún convenio ni acuerdo con los trabajadores y beneficiando principalmente a quienes más ganaban.

La empresa es conocedora de la irregularidad de estos sobresueldos desde al menos julio de 2024, cuando tras una denuncia interna solicitó un dictamen jurídico a un bufete de abogados. El escrito de los letrados, obtenido por este periódico, señaló que tanto los pagos como la discrecionalidad con la que se repartieron no se ajustaban a la legalidad.

Según ha podido saber elDiario.es, la investigación arrancó tras una denuncia de un empleado ante el Tribunal de Cuentas en 2024 y el órgano ha pedido a TMB —una de las mayores empresas públicas de Catalunya— las actas de las mencionadas reuniones del plan de pensiones.

La investigación supone un nuevo capítulo en la crisis de reputación que vive TMB: cinco altos cargos —entre ellos el Consejero Delegado— están imputados en juzgados penales por dos denuncias de acoso laboral. La Oficina Antifraude y la Agencia Catalana de Protección de Datos, por su parte, han incoado expedientes sancionadores contra la empresa por haber tenido al descubierto información confidencial de sus empleados.

Pagos irregulares para compensar impuestos

TMB abonó los sobresueldos investigados porque, tras destinar dinero a su plan de pensiones, algunos trabajadores acababan pagando más impuestos de lo habitual. La empresa decidió compensar ese sobrecoste fiscal de su propio bolsillo con un pago en nómina con el concepto “Abonos diversos”.

Tras pedir el dictamen jurídico que los consideró ilegales, sin embargo, la empresa requirió a los empleados que la cobraron que la devolvieran a TMB en el plazo de un año, según consta en las cartas escritas a los empleados consultadas por esta redacción.

Algunos trabajadores acataron la petición. Otros se negaron y TMB se lo ha reclamado por vía judicial, según sostiene una fuente oficial de la empresa pública. 

La misma fuente oficial recuerda que la investigación del Tribunal de Cuentas está en una “fase de investigación previa” y no de “enjuiciamiento” y enmarca esos sobresueldos irregulares en la transformación que se hizo de los planes de pensiones “por obligación legal”.

Sobre los altos importes que han cobrado los representantes de los trabajadores que acudían a las reuniones del plan de pensiones, TMB responde que estos empleados no son liberados sindicales ni se rigen por su régimen jurídico.

“Son trabajadores elegidos por sus compañeros y ejercen esta función dentro de su jornada laboral sin retribución adicional”, afirma la compañía. 

La propia empresa, sin embargo, informaba hasta hace poco en su portal de transparencia de las horas, el importe y el número de “liberados sindicales del plan de pensiones”. La compañía dejó de publicar esa información coincidiendo con la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Por esto el cálculo del dinero abonado a estos representantes que figura en este artículo solo incluye el periodo 2020-2023. La empresa no ha querido aportar los datos de 2024 y 2025.

“Durante unos años consideramos que las personas del plan de pensiones eran liberados [sindicales], pero no lo son y por eso dejamos de publicar la información en el portal de transparencia. Ahora ya no la tenemos recopilada como tal”, responden desde TMB.

“Por supuesto que somos liberados sindicales”, asegura Rafael Barrios, que ha participado en la comisión de control del plan de pensiones durante más de dos décadas y fue su presidente hasta hace pocos meses.

Barrios, sin embargo, defiende el trabajo que han hecho él y el resto de representantes para mejorar las condiciones de la jubilación de los empleados de TMB y considera que “no hay nada” que el Tribunal de Cuentas pueda reprochar.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Museo Reina Sofía presenta carencias en sus sistemas de seguridad frente a los incendios, además de problemas con su inventario. Así lo ha señalado en un informe publicado este martes en el BOE, por el que la Comisión Mixta insta al Ministerio de Cultura a exigir al centro el cese de su director, Manuel Segade, si no se cumplen las premisas de actualización de su registro y la modernización de la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico antes del 31 de diciembre. Desde el Museo Reina Sofía afirman a elDiario.es que ya están trabajando en las soluciones pertinentes.

El Tribunal de Cuentas recoge que las obras de arte existentes en la institución, así como las que son propiedad de la misma, pero no están debidamente localizadas, “no pueden seguir en peligro”. De ahí a que la Comisión Mixta exija a la cartera liderada por Ernest Urtasun que pida al centro que presente informes con carácter mensual hasta que se tenga el “control absoluto del inventario de obras”, incluidas tanto las que están dentro del mismo, las que estén en depósito fuera de la pinacoteca y las depositadas en ella, de terceros.

Desde el Reina Sofía indican a este periódico que en el Museo “está realizando un proceso de revisión del inventario”, del que detallan que exige no solo la “comprobación física de las obras, sino también una revisión documental”, puesto que las principales anomalías detectadas se corresponden a momentos anteriores a la creación del actual museo, en 1988. En lo que respecta a la actualización de los fondos bibliográficos, explican que también están trabajando en ello, de manera conjunta entre los departamentos de Biblioteca, Gestión Económica y Arquitectura, Desarrollo Sostenible y Servicios Generales.

Carencias en la protección frente a incendios

En lo que respecta a la seguridad y la protección frente a los posibles incendios, el Tribunal de Cuentas recoge que el mantenimiento y conservación de las instalaciones de seguridad del Reina Sofía está contratado con una empresa externa, que en 2022 elaboró dos informes sobre ambos asuntos.

En ellos se ponía de manifiesto que los equipos utilizados “no resultaban adecuados para su fin, tanto por su antigüedad, como por la obsolescencia técnica e insuficiencia en los medios instalados para cubrir la seguridad de todos los espacios” de la pinacoteca. Y que, por lo tanto, “no eran idóneos” para alcanzar el nivel de seguridad preciso y acorde con los sistemas y tecnología disponible del momento. De tal forma que en ambos se recomendaba la “sustitución o actualización” de estos sistemas.

El Tribunal de Cuentas expone que las “comprobaciones físicas” que han llevado a cabo sobre los aspectos reseñados en ambos documentos “han permitido constatar las deficiencias señaladas y su importancia”. También añade en su informe publicado este martes, que el Museo lleva desde 2023 abordando esta problemática, con diferentes “expedientes de contratación para renovar sus sistemas de seguridad y contra incendios”.

En concreto, desde el Reina Sofía comunican a este periódico que ya han “tramitado y adjudicado” una auditoría de seguridad, a través de un contrato menor, para “conocer las necesidades presupuestarias y técnicas en materia de Protección Contra Incendios, y que dispondrán de los resultados a finales de junio. ”De esta licitación se obtendrá la evaluación actual de las deficiencias en materia de seguridad y autoprotección, así como la reconfiguración de un Plan Director en estas materias“, comparten.

Localizar obras en “situaciones anómalas”

El Tribunal de Cuentas señala también “necesario” que el Reina Sofía complete la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico y aplique las normas de reconocimiento y valoración previstas en el Plan General de Contabilidad Pública, para que sirva de soporte de los registros contables de dichos bienes, informando en la memoria de las cuentas anuales sobre todos los aspectos relevantes vinculados con obras de arte.

El organismo ha comprobado que, en cuanto a la ubicación de las obras, 66 figuraban como “no localizadas”, en 27 obras valoradas en 278.206 euros la ubicación “no quedaba identificada” y 146 con una valoración de 4.889.880 euros no precisaban “su ubicación física en almacenes”. Por ello, recomiendan “finalizar los trabajos de localización y regularización administrativa” de las piezas que se encontraban en “situaciones anómalas”.

En el Reina Sofía aseguran que se “está trabajando en la revisión de la documentación existente” que permita identificar “cuál ha sido el último movimiento realizado con respecto a las mismas”. Desde la pinacoteca explican que en esta situación hay obras que estaban en edificios que se destruyeron durante la Guerra Civil; en otros casos se trata de depósitos de alta representatividad en edificios oficiales y ministerios constituidos desde principios del siglo XX, y otras son obras que documentalmente se asignan al Museo Español de Arte Contemporáneo, como donación al Estado, pero que nunca ingresaron físicamente al Museo, aunque “consta documentación”.

“Es un proceso trabajoso y de gran minuciosidad, que requiere consultas en diferentes archivos e instituciones públicas y privadas”, argumentan desde la institución, y avanzan que en los casos en los que no puedan resolverse de otra manera, se pondrá en conocimiento de la Brigada de Patrimonio que colabora con Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura o se interpondrá directamente una denuncia de carácter policial.

El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

El borrador del informe de las Cuentas Generales de Navarra de 2024 ha sido corregido después de que los miembros de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas Navarro, mostraran al auditor que elaboró el informe su desacuerdo con las conclusiones.

Así, según ha informado Comptos en una nota, el informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 incluye una 'cláusula de discrepancia' del auditor a quien se encomendó la elaboración del borrador de dicho informe. En el documento consta también la respuesta del presidente a dicha cláusula.

La 'cláusula de discrepancia' está prevista en la Ley Foral de la Cámara de Comptos como una salvaguarda para los auditores frente a posibles manipulaciones por parte de la Presidencia. Según la institución, “no es el caso de lo ocurrido en la tramitación de este informe”.

Ha informado así que tras la presentación del borrador del informe de las cuentas de 2024, los miembros de la Cámara de Comptos, es decir, el presidente de la institución, el secretario general y el resto de auditores, mostraron su desacuerdo con las conclusiones. Dicho desacuerdo se basaba, principalmente, en “la incorrecta aplicación de las normas de auditoría e interpretaciones jurídicas no fundamentadas”.

En determinadas afirmaciones y conclusiones del autor del borrador, ha indicado Comptos, existe una falta de evidencia de auditoría, clave para poder realizar esas afirmaciones. “Se trata de meros juicios personales del auditor que no pueden admitirse en la labor de una institución rigurosa”, ha añadido. El auditor de las cuentas cuestionaba que el sobrecoste de las obras de Belate propuesto por las empresas Acciona, Osés y Servinabar 2000 no debió ser aceptado por Obras Públicas.

También cuestiona la utilidad de dos empresas públicas. Son el Instituto Navarro de Inversiones, del que considera que sus funciones ya las realiza la sociedad pública Sodena, lo que podría llevar a duplicidades. Y la empresa Nafarbide, de la que señala que carece “de medios suficientes” para gestionar los peajes de la comunidad foral, y por su “imposibilidad de llevar a cabo los futuros encargos con pleno sometimiento a la normativa contractual, pudiendo desarrollarse esta actividad por la ACFN”.

Respecto a la opinión de legalidad, el autor del borrador “ha sostenido y mantenido criterios contrarios” a la opinión de la asesoría jurídica de la institución, órgano al que le corresponde fijar dicha opinión.

Según Comptos, en el borrador se detectaron, asimismo, intromisiones en las competencias del Parlamento de Navarra, por ejemplo, al referirse a la tramitación de los Presupuestos, y del Gobierno de Navarra, en este caso respecto a su capacidad para tomar decisiones sobre la organización en la prestación de sus servicios.

En definitiva, ha expuesto el órgano fiscalizador, “el borrador presentado por el auditor no cumplía con los criterios de calidad exigibles a una auditoría, entre otros la imparcialidad, objetividad, ponderación y evidencia de auditoría”.

Al presidente le corresponde aprobar los informes y garantizar su calidad. Por tanto, “en uso de sus facultades y su responsabilidad”, ha corregido el borrador “teniendo en cuenta el criterio del resto de miembros de la institución, en el convencimiento de que el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la ciudadanía en general merecen fiscalizaciones rigurosas y objetivas”.

El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de que España presenta deficiencias en la supervisión del fondo europeo de recuperación y lagunas en los controles de contratación pública, y advierte de que el sistema antifraude del Mecanismo “no es plenamente eficaz y presenta insuficiencias” a escala comunitaria para garantizar una protección plena del presupuesto de la Unión Europea.

En su informe sobre la lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los auditores concluyen que el marco establecido para prevenir, detectar y corregir el fraude “no es plenamente eficaz” y presenta carencias tanto en los Estados miembro como en la propia arquitectura diseñada por la Comisión Europea.

En el caso de España, el Tribunal subraya que el organismo de coordinación no ejerce un control activo sobre la aplicación de las medidas antifraude por parte de las entidades ejecutoras, lo que debilita la supervisión global del sistema. Además, señala que los controles vinculados a la contratación pública no cubren la totalidad de los contratos financiados por el mecanismo, limitando así la capacidad de verificación y deja espacios de riesgo.

No obstante, el informe reconoce avances tras las auditorías comunitarias y destaca como elemento positivo la existencia del canal nacional de denuncia 'Infofraude', gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que permite comunicar irregularidades de forma anónima y refuerza los mecanismos de alerta temprana.

Los requisitos demasiado generales, un problema europeo

Más allá del caso español, el Tribunal advierte de que los requisitos antifraude fijados en la normativa del Mecanismo de Recuperación, dotado con 650.000 millones de euros, son demasiado generales y no definen con suficiente precisión el alcance mínimo de las comprobaciones que deben llevar a cabo las autoridades nacionales.

Los auditores también alertan de la falta de criterios uniformes para notificar los casos de presunto fraude a la Comisión y de la existencia de datos incompletos e incoherentes entre países, lo que dificulta evaluar la magnitud real del problema y orientar de manera eficaz las medidas correctoras.

Otro de los puntos más sensibles del informe se refiere a la recuperación de fondos. A diferencia de otros programas europeos, los Estados miembro no están obligados a reintegrar al presupuesto comunitario los importes que recuperen de beneficiarios implicados en fraude, salvo que la Comisión considere insuficientes esas actuaciones.

Dado que una parte significativa de las inversiones se ejecutará en la fase final del instrumento, el Tribunal advierte del riesgo de que posibles casos de fraude se confirmen cuando el sistema de notificación ya haya concluido, lo que podría dificultar el seguimiento y la recuperación efectiva de fondos.

Según datos de la Fiscalía, desde la puesta en marcha del MRR se han investigado 307 casos de fraude vinculados a este instrumento, una cifra que, a juicio de los auditores, pone de relieve la necesidad de reforzar las salvaguardas en futuros programas europeos de gran volumen financiero.

La respuesta de la Comisión

La Comisión Europea ha acogido favorablemente el informe de los auditores y, aunque coincide en términos generales con las conclusiones, también discrepa de algunas valoraciones, y sostiene que los sistemas nacionales examinados están, en líneas generales, bien diseñados para detectar actividades fraudulentas y cuentan con políticas antifraude y canales de denuncia operativos.

En relación con la notificación de casos sospechosos, la Comisión reconoce que puede haber margen de mejora y anuncia que actualizará sus orientaciones para precisar el momento y la información que deben comunicar los Estados miembro, en el marco de las directrices sobre la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación.

Sobre la recuperación de fondos, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembro están legalmente obligados a corregir y recuperar los importes indebidamente utilizados y a notificar los casos sospechosos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea, incluso después de la finalización formal del mecanismo.

Asimismo, la Comisión subraya que mantiene el derecho a efectuar verificaciones y auditorías durante un periodo de hasta cinco años tras el último pago y advierte de que, cuando un país no corrija adecuadamente casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, adoptará las medidas correctoras pertinentes, incluidas posibles reducciones financieras.

La Sindicatura de Comptes ha destapado un nuevo agujero negro en el denominado 'modelo Alzira' (la privatición de hospitales y centros públicos, que implantó el PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps en la Comunitat Valenciana en cinco departamentos de Salud). El informe publicado este lunes (volumen 1, página 26) revela que el Tribuna de Cuentas investiga si hay “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados por lo tanto por Ribera Salud (Alzira, Dènia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente.

Esta situación implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio, en concreto entre los años 2013 y 2023, según la investigación del mencionado Tribunal. El IVO es una fundación que se nutre prácticamente en su totalidad de fondos públicos de la Generalitat al que por lo tanto puede acudir de forma voluntaria cualquier valenciano, independientemente del hospital que tenga asignado en función de su zona de residencia, unos servicios que después paga la Conselleria de Sanidad. Lo que investiga el Tribunal de Cuentas es si Sanidad ha incurrido en un doble pago cuando estos pacientes atendidos en el IVO pertenecen o han pertenecido a un departamento de salud privatizado, puesto que entre los pagos que realiza la administración a las empresas por cada habitante adscrito a la zona gestionada (cápita) también se incluyen los tratamientos oncológicos.

En concreto, el mencionado documento destaca entre otras cuestiones analizadas que “la Consellería de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de varios pacientes asignados a las concesionarias”.

Esta situación, “señalada reiteradamente por la Sindicatura, está siendo analizada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable, que se encuentran en tramitación”. En este sentido “en 2025 la consellería ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos”.

Al respecto, fuentes de Sanidad han explicado a elDiario.es que este cálculo forma parte de las liquidaciones y que precisamente por este motivo han reclamado 45 millones de euros tanto a Ribera Salud como a Sanitas. En el caso de Ribera Salud las mismas fuentes han asegurado que ya han abonado la cuantía reclamada. A preguntas de esta redacción ambas empresas han preferido no hacer comentarios.

Tras extender el PP el 'modelo Alzira', el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y con el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

Entre los muchos problemas que presenta este modelo, tales como deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control o la elevada litigiosidad, destaca también las dificultades para realizar las liquidaciones finales de cada ejercicio, es decir, el balance económico en el que se calcula si la Generalitat debe aportar cuantías adicionales a las empresas gestoras por atenciones extraordinarias y otros gastos imprevistos o si por el contrario son las mercantiles las que deben devolver dinero a la administración, entre otros aspectos, por pacientes asignados a las áreas de salud privatizados que finalmente han sido atendidas en centros públicos.

El conseller Marciano Gómez puso en valor la semana pasada en el pleno de las Corts que durante su responsabilidad en la conselleria en estos dos últimos dos años se han regularizado 35 liquidaciones de las concesiones y se han ingresado ya en las cuentas de la Generalitat cerca de 300 millones de euros (240 millones de Sanitas y 60 de Ribera Salud), mientras que en 8 años del Botànic fueron 26 liquidaciones.

El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad del modelo.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una propuesta del PSOE por la que se insta al órgano fiscalizador a realizar una auditoría específica de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

En concreto, se urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso de los últimos cinco años, “analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación”, según consta en el escrito recogido por Europa Press.

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Balears que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer “forrarse”. Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

Una “paguita vitalicia” para Abascal

A esas denuncias se ha referido en su intervención el diputado socialista Ferran Verdejo, quien ha defendido que existe un “historial de sospechas sólidas” contra la contabilidad de esta entidad y ha recalcado que el verdadero “interés de Abascal es el dinero” y que han creado una fundación para que el líder del partido “tenga una paguita vitalicia”.

En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como “un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba”, y ha apoyado así mismo esta auditoría especial.

La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para “despejar dudas” sobre si Vox está “desnaturalizando” la ley al desviar desde sus grupos autonómicos “ingentes cantidades de dinero” a una entidad que “reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido”, pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.

Vox alega que no hay irregularidades

El diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha tachado de “barbaridades” las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV, ha achacado la iniciativa socialista a su “obsesión de acosar a quien no controla” y ha avisado de que “volverán a estrellarse” como les ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox, en concreto la multa de 233.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Además, ha asegurado que Disenso ya ha sido fiscalizada sin haberse encontrado “ningún indicio de irregularidad” y ha añadido que Vox apoyaría esa fiscalización si se hiciera lo mismo con todas las fundaciones políticas “desde su nacimiento”.

Desde el PP, Luis María Beamonte ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso o de todas las fundaciones “carece de sentido” porque su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, ha dado su apoyo a la iniciativa socialista. “Quien nada oculta nada teme y no tenemos ningún problema con la transparencia”, ha argumentado.

Eso sí, ha recalcado que el tribunal no puede “fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos” y ha tachado de “hipócrita” que el PSOE se erija en garante con control financiero cuando la Audiencia Nacional tiene “una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara” y fundaciones vinculadas al PSOE, como la Pablo Iglesias “se hunden”.

El Sector Público Institucional Autonómico (SPA) de Castilla-La Mancha no cumple de forma correcta con su obligación legal de aportar datos actualizados sobre su funcionamiento y además carece de una regulación clara para la clasificación y delimitación del sector público institucional y hay un abuso de los contratos menores.

Hay hasta 13 organismos o entidades públicas de Castilla-La Mancha que, o no han actualizado sus datos o no los han validado.

Así lo recoge el informe definitivo de fiscalización del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2022, y que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El informe lo emite la Cámara de Cuentas castellallanomanchega que preside Fernando Andújar y fue aprobado el 27 de noviembre.

El informe de fiscalización es especialmente crítico con el cumplimiento de la ley en materia de remisión de información, organización y transparencia. Analiza 40 entes que componen el Sector Público Autonómico (SPA) castellanomanchego, desde las Consejerías del Gobierno y el Consejo Consultivo, además de los organismos autónomos, que son cinco, las entidades de derecho público que son tres, las fundaciones públicas que llegan a 11 y las empresas públicas que suman ocho. Además, se analizan otras instituciones públicas como la Universidad de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de ella.

El informe también detalla deficiencias en la remisión de expedientes y resúmenes de contratos y eso, dice la Cámara de Cuentas, afecta a la obligada transparencia del sector público.

¿Qué entes u organismos incumplen?

El informe contiene hasta 23 conclusiones que ponen de manifiesto los defectos del sector público en Castilla-La Mancha. Por un lado se incumple el deber de remisión de información relativa a los contratos, tanto en los preceptivos envíos de las Relaciones Anuales Certificadas (RAC) y los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC).

En general hay un bajo cumplimiento en este aspecto. De los 40 entes que conforman el SPA y que son objeto de fiscalización, solo 30 (el 75%) han cumplido con el deber de remisión de las Relaciones Anuales Certificadas, tal y como lo requiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y luego hay incumplimiento total de 10 entidades que representan el 25% del sector público autonómico porque no han enviado nada. Entre ellas se incluyen la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM) y varias fundaciones públicas como la Fundación Centro Tecnológico del Metal, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación Colección Roberto Polo, Tierra de Viñedos, Fuente Agria, FCi3, así como la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa pública UCLM Emprende, SLU.

Además, se señalan los contratos no Informados. Se verificó que la Fundación Colección Roberto Polo (FCRP), una de las entidades que no remitió RAC ni certificación negativa, formalizó 38 contratos en 2022 (32 menores y seis no menores), que sí constan en el Registro de Contratos.

Después, el 13%, cuatro en total, se remitieron fuera del plazo establecido (antes de finalizar febrero del ejercicio siguiente).

La Cámara de Cuentas también ha detectado que falta remitir los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC) para contratos de gran cuantía. Un total de 139 contratos que superaban los umbrales legales y que no fueron enviados a lo largo del ejercicio. Destaca entre ellos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), al que corresponden 103 de estos contratos no remitidos.

Por otro lado se ha detectado “incoherencia” de la información contractual. Se observaron divergencias en la información remitida, tanto en el número de contratos como en su identificación y datos.

Respecto a los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC), 71 se remitieron también fuera del plazo de tres meses desde su formalización (el 26,39% del total). Las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, el SESCAM o la Presidencia acumulan un retraso promedio en la presentación de los extractos fuera de plazo de entre 230 y 376 días.

También hay calificación errónea de los contratos porque algunos se han clasificado bajo tipologías que ya no existen e incluso se han llegado a aplicar contratos menores a tipos contractuales que no los admiten, como por ejemplo la concesión de servicios.

Hay de hecho “un volumen elevado” de contratos menores. Representa el 94,99% del total de contratos formalizados incluidos en las RAC y el 6,69% del importe total adjudicado, destacando la UCLM con un 53,41% de los contratos menores.

Deficiencias en la limitación y organización del sector público

La Cámara de Cuentas también identificó importantes carencias en la regulación y organización del Sector Público Autonómico (SPA) y el Sector Público Institucional Autonómico (SPIA).

Por ejemplo la Administración Autonómica no ha regulado el régimen de organización y funcionamiento del sector público, ni dispone de un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes, y eso incumple la ley, advierte.

También falta atribución de competencias. Los decretos de estructura de la Administración Autonómica no atribuyen expresamente las competencias de supervisión continua ni de control de eficacia a ningún órgano.

Además, los estatutos de las fundaciones públicas regionales (salvo la Fundación Colección Roberto Polo) no determinan su adscripción a Castilla-La Mancha, tal y como requiere la ley.

De otro lado, hay datos no validados en el sistema INVENTE. Múltiples organismos y entidades incluyendo la Agencia del Agua, el IPEX, varias fundaciones y empresas públicas como el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y GEACAM no han validado o actualizado los datos inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE) en los plazos establecidos, lo cual afecta “a la seguridad jurídica y certeza de los datos”.

En este aspecto hay además información contradictoria: la calificación de la Fundación 'Fuente Agria' como entidad pública contradice su inscripción en el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha.

Incumplimiento en publicidad y transparencia contractual

Después hay perfiles de contratante incompletos, porque aunque la mayoría de los entes disponen de perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), no todos los órganos de contratación cuentan con el perfil propio alojado allí, tal y como exige la ley. Dos entidades, la Fundación Atención a Discapacitados Físicos 'Fuente Agria' y UCLM Emprende SLU, no disponen de perfil.

Otra de las deficiencias es que los departamentos, consejerías y organismos públicos con sede electrónica no han incluido un enlace a su perfil de contratante en la citada plataforma y eso incumple el decreto 28/2018.

Se critica también la ausencia de planificación. Solo los departamentos y consejerías de la Administración autonómica disponían de un Plan de Contratación para el ejercicio 2022. Algo que no tienen otros como el Consejo Consultivo, las entidades de derecho público y privado o y la UCLM y sus dependientes, entre otros.

En definitiva la fiscalización concluye que existe un incumplimiento generalizado del deber de remisión de información contractual por parte de un número significativo de entidades, y a eso se suman graves problemas de coherencia y veracidad en los datos reportados y una deficiente implementación de las obligaciones de transparencia y planificación en la actividad contractual.

¿Cuántos contratos se formalizaron?

Respecto de la actividad contractual remitida, constan un total de 49.629 contratos formalizados en el ejercicio 2022, con un importe de 1.186.546.068 euros.

De ellos, el 98,38% corresponden a contratos de obras, suministros y servicios y estas dos últimas categorías representan el 96,69%.

También se han remitido un total de 269 contratos, por importe de 751.371.729 euros, acompañados del correspondiente extracto de expediente, por superar las establecidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (600.000 euros, para contratos de obras, 450.000 euros para suministros y 150.000 euros para servicios).

El importe de adjudicación de los contratos formalizados por los organismos autónomos supone el 48,68% del total del Sector Público Autonómico, destacando el Sescam con el 98,87%.

Por su parte, la Administración General engloba el 38,08% del volumen de la contratación, destacando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que supone el 28,45% de la Administración General.

Hasta nueve recomendaciones: alguien debe supervisar

El Informe contiene 23 conclusiones, que ponen de manifiesto la situación de la rendición de la actividad contractual pero también incluye nueve recomendaciones para mejorar.

Entre ellas hace un llamamiento a regular el régimen jurídico de organización y funcionamiento del sector público autonómico, y en particular del sector público institucional con el objetivo de aplicar “un sistema de supervisión continua”.

Hay una recomendación específica para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Debe incorporar en los decretos que definen la estructura orgánica “la atribución expresa de competencias sobre la supervisión continua y el control de eficacia de las entidades”.

Se dirige también al Protectorado de Fundaciones Públicas de Castilla-La Mancha para que se requiera a todas ellas a adaptar sus estatutos a la normativa de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), exceptuando a la Fundación Colección Roberto Polo, que por otro lado quedará extinguida cuando se produzca el cierre de sus dos museos en Toledo y en Cuenca.

A la Intervención General de Castilla-La Mancha (IGCLM), le pide instar a quienes estén al frente de las entidades a realizar la pertinente validación, actualización o modificación de los datos inscritos en INVENTE.

A la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación le sugiere revisar la inscripción de la Fundación Fuente Agria en el Registro Autonómico de Grupos de Interés, debido a que su calificación en dicho registro es contradictoria con la información contenida en INVENTE.

Recuerda el deber de remitir la información de los contratos y de los extractos de los expedientes relacionados con los contratos.

A los órganos de contratación de los entes del Sistema Público Autonómico le pide realizar la correcta calificación de los contratos, a la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital le reclama adoptar las medidas de coordinación necesarias para garantizar el envío, en tiempo y forma, de la información contractual requerida por la ley.

Le pide también mejorar la transparencia y publicidad de los contratos que se realizan, que se publiquen de forma anticipada en el perfil de contratante, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto, la transparencia, la eficiencia y la concurrencia en las licitaciones y que eso no se limite a los contratos de mayor cuantía, sino también a los contratos menores. Son los que suelen 'escapar' al control con más frecuencia.

El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar los controles financieros sobre el Servicio Cántabro de Salud, dado el volumen del presupuesto que gestiona. El informe de fiscalización de las cuentas de Cantabria, correspondiente a 2023 y publicado el 27 de noviembre, pone en evidencia “la existencia reiterada de gastos realizados que no disponen de dotación presupuestaria” en este organismo dependiente de la Consejería de Salud por “deficiencias en la adecuación del presupuesto inicial”.

El análisis indica que resulta relevante el hecho de que el SCS, en virtud de lo que disponen sus estatutos, no está sometido a la función interventora, la cual ha sido sustituida por el control financiero que a su juicio resulta insuficiente.

El Tribunal aconseja modificar las normas reguladoras del régimen de funcionamiento del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales para que sea obligatorio que tengan presupuestos propios y rindan cuentas independientes respecto de la Cuenta Anual de la Administración General.

De manera especial pone el acento en que el presupuesto del Servicio Cántabro de Salud se adapte a las necesidades reales de gasto de cada año para evitar gastos extras sin dotación y reducir, al mismo tiempo, la necesidad de endeudarse.

Una recomendación recurrente que se hace cada año. El informe de las cuentas de 2022 subrayaba que las necesidades reales de gasto del SCS habían requerido incrementar su presupuesto en 130 millones de euros.

De hecho, el análisis actual señala una irregularidad –salvedad, en términos contables– en la gestión de las cuentas de Cantabria porque se imputaron al presupuesto de 2023 gastos procedentes de ejercicios anteriores –y que, por tanto, se debían haber reconocido en tales ejercicios– por importe de 115 millones de euros, un 36,3 % más que en 2022. Fecha en la que ya se había producido un aumento interanual del 4,7 %.

De este importe, 64 millones corresponden al Servicio Cántabro de Salud (SCS). Son gastos que se hacen sin disponer de crédito y que se han reconocido –erróneamente desde el punto de vista contable y fiscal– como si se tratara de obligaciones ordinarias de ese año. Todos ellos proceden de obligaciones comprometidas sin disponer de dinero suficiente en el ejercicio en el que se generaron.

El análisis también señala que, en sentido contrario, no se imputaron a presupuesto 109 millones de euros correspondientes a obligaciones generadas en el ejercicio, de los que 61.926 miles corresponden al SCS. En consecuencia, las obligaciones reconocidas están sobrevaloradas en 5,7 millones de euros.

En el análisis de la liquidación del presupuesto de Cantabria de 2023 el Tribunal de Cuentas detecta algunas incidencias más. En primer lugar, se presenta una sucesión de partidas presupuestarias sin ordenar ni agregar por capítulos, secciones y programas, “lo que resta claridad a la información suministrada y dificulta el análisis”, reprocha.

Las recomendaciones que hace el informe son, en general, recurrentes y muy técnicas. El documento evidencia algunos datos relevantes como que en 2023 se dejaron de gastar 228 millones de euros que quedaron sin ejecutar. De igual modo, tampoco se gestionaron otros 216 millones de euros correspondientes al fondo de Recuperación y Resiliencia.

Salvedades

El informe reprocha las modificaciones financiadas con créditos del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que han sido “una práctica habitual en lugar de excepcional como prevé la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023”. Es decir, que se ha utilizado ese dinero para modificar gastaos presupuestarios, lo cual no es un procedimiento correcto desde el punto de vista contable y financiero.

Al tiempo, censura que no adjunta información sobre los presupuestos de la Universidad de Cantabria, ni los correspondientes a las sociedades Aberekin, S.A., Parque Empresarial de Cantabria, S.L. y Gran Casino del Sardinero, S.A. que no están sometidos a control.

Añade que en los organismos “sobre los que no se ejerce la función interventora” y, en especial, sobre el Servicio Cántabro de Salud y sobre el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actuaciones de control financiero “resultan insuficientes”.

De hecho, subraya que no se realizan controles sobre la Universidad de Cantabria, ni tampoco sobre tres de las once fundaciones públicas autonómicas, ni sobre 18 de las 19 empresas públicas, pese a que –precisa– todas estas instituciones han sometido a auditoría sus correspondientes cuentas anuales. En resumen, el Gobierno de Cantabria solo acreditó informes de control de eficacia sobre la actividad de 8 entidades públicas.

El análisis subraya algunas otras cuestiones menores como que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) no tiene registrada la cesión gratuita por la Consejería de Economía y Hacienda de las instalaciones en las que desarrolla su actividad, o que la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) no ha acreditado el registro contable de la cesión de uso de un inmueble y de un despacho de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Por parte de la Universidad de Cantabria destaca que no ha incluido en su memoria económica la obligatoria explicación del grado de cumplimiento de los objetivos programados y de las desviaciones entre las partidas inicialmente aprobadas y las ejecutadas por lo que las considera “cuestionables”.

Movimientos políticos a cuenta de las últimas polémicas en torno a la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y de un contrato a una consultora, unido a la investigación del Tribunal de Cuentas a la presidenta por un presunto caso de desvío de fondos, ambos asuntos destapados por elDiario.es, no han pasado desapercibido.

El diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, ha elevado una petición a la mesa del Congreso en la que solicita “amparo” ante la denegación inicial del documento de la IGAE. Ibáñez ya lo requirió el pasado 23 de septiembre pero le fue denegada la petición con la excusa de varios de los procesos selectivos de personal que están cuestionados están pendientes de juicio.

Ahora, tras publicar su contenido esta redacción, vuelve a realizar la petición en base al propio reglamento del Congreso que reconoce a los diputados y diputadas “la facultad de recabar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de estas”. También sostiene su exigencia en base a amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la interpretación amplia del derecho a la información.

Además, Ibáñez también exige que el Tribunal de Cuentas, “como órgano dependiente directamente de las Cortes Generales, aclare el objeto concreto de la investigación que está llevando a cabo sobre las irregularidades de la presidencia del Puerto de València, detallando los aspectos concretos que están siendo objeto de investigación”.

Por su parte, el Ayuntamiento de València que dirige la alcaldesa del PP, María José Catalá, consejera de la APV, ha solicitado también el informe de la IGAE. En sentido, el grupo municipal de Compromís pidió a alcaldía copia del documento. La respuesta ha sido que no lo tienen y que trasladan la petición a la APV para que les haga llegar el informe, del que se dará traslado a la coalición valencianista.

Como informó este diario, llama la atención que cuando la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, dio cuenta en el consejo de administración del 30 de junio del informe de la Intervención, no repartió copias a los consejeros. Además, el punto se incluyó en el orden del día después de que los consejeros recibieran un correo anónimo que alertaba de la existencia del mismo así como de la gravedad de su contenido.

Un contrato y cinco plazas cuestionadas

En su informe, la IGAE señala el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, dice la Intervención.

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.

Los problemas se le acumulan a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

Según ha averiguado elDiario.es, la investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.

Además el Tribunal de Cuentas requiere a Chao para que designe a un representante legal de la APV ante la existencia de un posible conflicto de intereses en su condición de presidenta y presunta responsable por alcance. Además, remite copia de las actuaciones a la Fiscalía y a la propia Autoridad Portuaria para que presenten alegaciones si así lo consideran. El Tribunal ha notificado la resolución tanto al Ministerio Fiscal como a la APV advirtiendo de que contra la misma cabe recurso de reposición.

Al respecto, fuentes de la APV consultadas por elDiario.es han explicado que “a raíz de una denuncia anónima ante la OCI” el organismo habría atendido las alegaciones de la presidenta y “dado traslado de la denuncia al Tribunal de Cuentas a fin de que sea éste, como única institución que puede pronunciarse sobre la existencia de un alcance contable, el que determine si existe o no”. Para ello, han confirmado que “el Tribunal de Cuentas ha acordado unas diligencias preliminares y dado traslado a la APV”.

Las irregularidades investigadas

Aunque el Tribunal de Cuentas no detalla qué aspectos concretos están siendo objeto de investigación, al proceder el escrito que da origen a las diligencias de la Secretaría de Estado de la que depende la OCI, todo apunta a que se trata de algunas de las cuestiones que estaban siendo analizadas por este organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital, principalmente las relacionadas con contratos o con el cobro de dietas.

Así, tal y como avanzó elDiario.es, la OCI abrió una primera investigación para comprobar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones derivadas de diferentes viajes de trabajo por encima de lo que le corresponde con arreglo a lo que establece la Ley 3/2015 de altos cargos y en materia de dietas, el artículo 8 del Real Decreto 462/2002. En la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tan solo tienen la consideración de altos cargos la presidenta y el director general. La denuncia sugiere que a la presidenta se le habría aplicado el mismo régimen que al personal excluido del convenio, más ventajoso.

A esta causa se suman otras tres. La primera de ellas se refiere a la contratación supuestamente directa, sin el preceptivo concurso público, de un book de fotos institucional para dar soporte gráfico a diferentes actos.

La segunda y la tercera están reflejadas también en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destapado por esta redacción. En concreto, una se refiere a un contrato que adjudicó el 21 de octubre del pasado año por importe de 160.930 euros (IVA incluido) a Andràs Abogados, asesoría ubicada en Barcelona. El órgano de contratación fue la propia presidencia de la APV que lidera Mar Chao y el objeto del contrato licitado el pasado 24 de julio fue la asistencia técnica para el apoyo en la gestión de personas. Sin embargo, como informó elDiario.es, un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia remitido a la APV advirtió de que los pliegos licitados podían incurrir en una limitación del derecho a la pública concurrencia. Tras este requerimiento, la APV publicó el pasado 17 de diciembre su desistimiento del contrato. El denunciante ante la OCI considera que puede haber un delito de prevaricación puesto que Chao ya contrató a esta empresa en una etapa laboral anterior a la que le adjudicó un contrato por valor de 475.000 euros.

La tercera investigación de la OCI pone de manifiesto irregularidades en diferentes procesos de contratación que supuestamente se habrían amañado. Se trataría de al menos cinco puestos públicos adjudicados de forma presuntamente teledirigida a determinadas personas sin seguir las instrucciones para la selección de personal.

Toda amnistía plantea un dilema entre la búsqueda de justicia y la necesidad de reconciliación. Esta máxima, que se repite desde la antigua Grecia, es la que encabeza el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dean Spielmann sobre la ley de amnistía al procés. Sus conclusiones se sitúan en una línea favorable a las tesis del Gobierno: la norma se aprobó en un contexto de “reconciliación política y social” y no es una “autoamnistía” de los independentistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el fondo como en la forma, las conclusiones del abogado general son contrarias a las posiciones mantenidas por el Tribunal Supremo y los demás tribunales españoles refractarios a la ley. También suponen una respuesta contundente a la consideración de “autoamnistía” que alegó el abogado de la Comisión Europea, en una inusual crítica política a la norma en el seno de un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

Aunque el Gobierno y los independentistas han cantado victoria, cabe remarcar que las conclusiones de este jueves del abogado general del TJUE no son la sentencia del caso, que se emitirá en invierno. Es cierto que los magistrados de Luxemburgo suelen seguir las opiniones del abogado general, pero en casos sensibles e inéditos también son especialistas en dar giros de guion. Sirvan de ejemplo causas enviadas desde España como las cláusulas hipotecarias abusivas o la de derecho al olvido de Google, en las que los magistrados enmendaron a su abogado general. 

El propio abogado general Spielmann admite en su dictamen que tiene que argumentar sobre una “cuestión inédita y de primera importancia”: hasta dónde puede llegar el TJUE en el control sobre una ley de amnistía aprobada por un estado miembro. Los detractores de la amnistía que soñaban con un desguace de la ley por parte de los magistrados de Luxemburgo no pueden estar satisfechos con las conclusiones del abogado general.

Salvo volantazo, de seguir las conclusiones de su abogado general, el TJUE se situaría en una posición de prudencia y de no injerencia en los grandes aspectos de la amnistía. Así, el abogado general hace mucho hincapié en que no se trata de que Luxemburgo se adentre a valorar el “alcance material o temporal” de la norma, esto es, si la ley precisa lo suficiente sus beneficiarios o sus años de aplicación, sino en si alguno de sus artículos incluye “actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos”.

La respuesta a este extremo también es negativa. Lo hace en uno de los aspectos de la norma que más preocupaba a los independentistas, el relativo a la causa por terrorismo de los CDR en la Audiencia Nacional, uno de los cuatro tribunales que ha planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la amnistía. El límite fijado en la ley, consistente en no amnistiar únicamente los actos terroristas que supongan violaciones graves de derechos humanos (lo que no es el caso de los CDR), es correcto y compatible con la normativa europea e internacional.

A criterio del abogado general, la ley solo es contraria al derecho europeo en dos aspectos menores y ya superados: los dos plazos que la ley daba en junio de 2024 a los jueces para decidir si la aplicaban y la obligación de retirar las cautelares.

Pero en sus aspectos nucleares, la norma no presenta inconvenientes, en opinión de Spielmann. Además de no ser contraria a los intereses financieros de la UE y a la normativa antiterrorista, el abogado general también remarca que la norma no vulnera los principios generales de seguridad jurídica, confianza mutua, igualdad ante la ley y primacía del derecho de la UE consagrados en los tratados comunitarios. 

Lo contrario había mantenido el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal realizó varias manifestaciones sobre la norma y su encaje en el derecho europeo, aunque optó no por enviarla al TJUE, sino por realizar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Entre sonoras alusiones a los independentistas como “golpistas”, los magistrados de la máxima instancia judicial española dejaron caer que la vulneración que, a su juicio, suponía la norma al principio de seguridad jurídica o a la igualdad ante la ley no eran “ajenas” al Derecho de la Unión Europea.

En cambio, el abogado general insiste en que los principios de seguridad jurídica y confianza mutua “no se oponen” a la ley. Es más, cree que ese debate debe quedar fuera del TJUE, que solo ha de analizar si la norma incluye graves vulneraciones de derechos humanos, algo que no ocurre con la amnistía.

“Aunque la amnistía presenta un ámbito de aplicación material y temporal amplio, se inscribe en una lógica interna que le confiere una coherencia propia”, resuelve el abogado general, que también da la razón al Gobierno español al señalar que la norma “identifica con precisión” los hechos amnistiados, abarca “un periodo determinado” y guarda “relación directa” con el objetivo de “normalización institucional y reconciliación social”.

Esta tesis del abogado general también choca con lo planteado por el letrado de la Comisión Europea en el pleito por la amnistía, Carlos Urraca, y varias resoluciones del Supremo contrarias a la norma. 

En un ejemplo de puño de hierro con guante de seda, el abogado general considera “oportuno tocar la cuestión de la autoamnistía” que sacó a colación Urraca durante la vista celebrada el pasado mes de julio. “Aunque no sea objeto de una problemática específica en la petición de decisión prejudicial”, apostilla Spielmann en velada referencia a la crítica política desplegada por el letrado de la Comisión.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, proclamó Urraca. “Nada permite calificar a la ley de amnistía como autoamnistía”, replica el abogado general de la UE, que también descarta que sustraiga de funciones al poder judicial y que exista “un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida”.

La palabra “vínculo” también apareció en uno de los autos del Supremo contrarios a la norma, pero en un sentido opuesto al del abogado general del TJUE. La Sala de lo Penal consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además había sido “proclamado con orgullo” por los partidos favorables a la norma.

La conclusión del abogado general es cristalina: “La ley no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles situaciones judiciales, sino dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

La futura sentencia y sus efectos

Las futuras sentencias del TJUE sobre la amnistía desplegarán efectos en los cuatro tribunales españoles que elevaron sus cuestiones prejudiciales: la Audiencia Nacional en el caso de los CDR; el Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos del procés; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los colaboradores de Junqueras y el 1-O; y un juzgado penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en un juicio por desobediencia. 

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si la sentencia sigue la opinión del abogado general, estas causas deberán archivarse con celeridad, ya que los planteamientos de Spielmann no dan margen de maniobra para otra interpretación que no sea la aplicación de la amnistía. 

Otra cosa es lo que ocurra en el Supremo y si el Alto Tribunal, una vez el Constitucional emita su sentencia sobre la amnistía a Puigdemont a principios del año que viene, quiere retrasar la aplicación de la norma con una cuestión prejudicial al TJUE.

Para ello el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación y la afectación de la norma a los principios de seguridad jurídica, que aborda el abogado general en su dictamen).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado. Así lo recuerda también el abogado general este jueves.

El dictamen de Spielmann recuerda que Aristóteles dejó escrito en La Constitución de los atenienses que la amnistía de Atenas a la Tiranía de los Treinta en el año 403 a.C. ya incluía la “voluntad explícita de reconciliación política”. Lo mismo ocurre más de 2000 años después en otra orilla del Mediterráneo.

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma. El TJUE emitirá la sentencia del caso en los próximos meses.

Más allá de consideraciones jurídicas, el texto del abogado general del TJUE replica con contundencia las críticas políticas a la norma lanzadas por el abogado de la Comisión Europea (que se alineó con las posiciones del PP). El abogado general niega que la ley sea una “autoamnistía”, avala toda su tramitación y la enmarca en el objetivo “de normalización institucional y reconciliación”, tal y como defiende el Gobierno.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar.

Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, extremo que este jueves ha desmentido de forma rotunda el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

Tras despejar de forma clara las dudas jurídicas sobre la norma, el letrado general también replica a las inusuales críticas políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en la vista del pasado mes de julio. El abogado de la Comisión cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura y la llegó a tildar de “autoamnistía”.

La respuesta del abogado general es clara. “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, zanja Spielmann en su texto. El abogado general agrega que la norma se aprobó en el Congreso fruto de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

El abogado general también niega que la amnistía suponga arrogarse las funciones del Poder Judicial. “Su aplicación no se sustrae al control judicial”, remarca el texto de Spielmann, que remarca que la norma está bien acotada en cuanto a hechos y plazo temporal: “Se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”.

La norma, insiste el abogado general en una larga argumentación, “no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”. Todo lo contrario, se trata “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

En suma, a falta de la sentencia del TJUE, el abogado general se alinea con las tesis del Gobierno, que en la vista de Luxemburgo defendieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y realiza una réplica de profundidad a las críticas políticas a la norma realizadas por la Comisión Europea y varios tribunales españoles.

Reacciones políticas

Pese a no tratarse de la sentencia del caso, las reacciones políticas se han sucedido este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la decisión y ha pedido que se aplique “con celeridad y sin subterfugios” una ley que considera que es buena para Catalunya y España: “Siempre confiamos que sería así”. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de “victoria rotunda” la resolución del abogado general del TJUE.

Por su lado, el independentismo ha confiado en que la futura resolución del TJUE siga los pasos de la opinión del abogado general. El expresident Carles Puigdemont ha valorado que el dictamen “deja en evidencia la indecente estrategia de dilación y manipulación para bloquear la aplicación de la ley de amnistía”, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que el letrado “avale las tesis que ERC ha defendido siempre”, al tiempo que ha criticado la intención “manifiesta” del Supremo de no aplicar la norma.

En cambio, el PP se ha agarrado a los cuestionamientos menores de la norma que hace Spielmann. Obviando que el abogado avala el grueso de la norma, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha arremetido de nuevo contra la ley.

A la espera de sentencia

El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha.

A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Las conclusiones del abogado general van en la línea de las expectativas independentistas y no dan margen de maniobra a los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales para no aplicar la ley.

De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo.

Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses.

No es habitual que un partido político se desfonde para que su fundación –generalmente dedicadas a asuntos sociales y con un componente más filosófico– tenga mucho dinero. Menos aún si esto ocurre a la vez que el partido tiene que pedir créditos a bancos extranjeros para poder hacer frente a procesos electorales, como le pasó a Vox en las generales de 2023.

El partido de Abascal traspasa todos los años 2,5 millones de euros a Disenso, el think tank que preside nominalmente Santiago Abascal y desde el que se organizan congresos, publicaciones o se financia La Gaceta. Ese dinero sale de cuotas de afiliados o es dinero público del que recibe el partido según sus resultados electorales y el número de diputados que obtiene. Con él, Vox le va traspasando fondos a Disenso para que organice eventos, casi siempre relacionados con la internacional ultra, o documentales de apoyo a Bolsonaro, actos con Milei o charlas e informes contra lo que el partido llama “woke”.

El Tribunal de Cuentas –el mayor órgano de fiscalización administrativa de España y con potestad sancionadora– ha publicado un reciente informe en el que aflora cómo se financian y con cuánto dinero las fundaciones vinculadas a partidos políticos en España, entendiendo la vinculación en el sentido de que el partido nombra cargos, tiene alguna capacidad ejecutiva, aporta la mayoría del dinero o se fundó con dinero del partido. En el informe, se ve claramente que el caso de Disenso es único. En los años analizados (2021 y 2022) recibió sendos 2,5 millones de Vox, mientras que sus ingresos por otra vía fueron infinitamente menores: 91.920 euros que donaron dos personas y dos empresas (el análisis no revela nombres).

Otra vía de ingresos habitual para las fundaciones son las subvenciones públicas. En este caso, Disenso recibió en 2021 y 2022 un total de 132.000 euros del Ministerio de Cultura, una ayuda a la que tienen derecho toda fundación vinculada a partido político y que es proporcional a su representatividad en el Congreso y el Senado. Además de esta, puede haber otros organismos públicos financiadores. Por ejemplo, es habitual el Ministerio de Exteriores, que tiene un plan anual enmarcado para este tipo de organizaciones y que concede en el ámbito de la cooperación.

Al contrario de lo que pasa en Vox, el resto de partidos quedan muy lejos de las cifras de trasvase de fondos a sus fundaciones políticas. Por ejemplo, el PP tiene vinculación con dos fundaciones: Popular de Estudios Vascos y Concordia y Libertad. El partido no les pasa dinero. Sin embargo, la segunda recibe más subvenciones públicas de las habituales: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León (todas en manos del PP) y de organismos como el Consejo para el VIH de República Dominicana o el Fondo Mundial de Lucha contra el sida. Sumó en este concepto de ayudas públicas dos millones en los dos años analizados. Disenso también obtuvo a partir de 2022 la ayuda de Exteriores, aunque no aparece en el informe.

PSOE y Podemos

El PSOE tiene diez fundaciones vinculadas, pero solo cuatro con actividad financiera relevante en los años analizados. En 2021, el Partido Socialista transfirió 242.00 euros a sus think tanks, y 259.000 al año siguiente, siendo la principal beneficiaria la Fundación Pablo Iglesias. En subvenciones públicas sumó 1,3 millones, por debajo de los dos millones del PP. Además de los organismos habituales (Exteriores y Cultura), las fundaciones vinculadas al PSOE obtuvieron 10.000 euros de la Comunidad de Madrid. También 500.000 del gobierno vasco y diputaciones forales en el caso de la Fundación Ramón Rubial.

El caso de Podemos queda muy a la cola en la financiación de fundaciones. El partido no traspasó dinero a sus organismos vinculados en 2021. En 2022, el Instituto República y Democracia sí recibió dinero del partido: 3.376 euros. Además, este instituto y el Instituto 25 de mayo recibieron en esos dos años 60.000 euros de donaciones particulares y 170.000 en las subvenciones públicas de Cultura y Exteriores.

El Informe ha analizado 36 fundaciones en 2021 y 34 en 2022 y señala algunos incumplimientos “tanto en el caso de las donaciones privadas como en el de las subvenciones públicas”, de modo que anuncia que informará a los organismos que concedieron las subvenciones para que soliciten el correspondiente reintegro. Se refiere a 6.000 euros de asesoría presentados como subvencionables por la fundación Rubial y que pagó el gobierno vasco.

El Pleno del Tribunal también recomienda en su análisis que “las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos deban someterse obligatoriamente a auditoría externa y remitirla al Tribunal de Cuentas”. Y hace otra recomendación general, una vez analizada la actividad de estos organismos vinculados a partidos: “Deberían adecuar su actuación a la realización de sus fines fundacionales propios, evitando que la actividad de las mismas se limite, en la práctica, a la mera tenencia de bienes inmuebles o, en general, a la obtención de recursos, que se pongan a disposición de los partidos políticos a los que estén vinculadas o de las que sean dependientes”.

Los millonarios traspasos de Vox a Disenso que se retratan en este informe también fueron controvertidos entre sus bases y algunos cargos críticos, que entendían que el dinero debe permanecer en el partido político para afrontar gastos orgánicos y electorales. El malestar generado por el hecho de que se hayan transferido más de 10 millones en los últimos años obligó al secretario general, Ignacio Garriga, a enviar una carta masiva a la militancia justificando las transferencias. El Tribunal que ha elaborado el informe es el mismo que multó a Vox en julio por tercera vez al detectar irregularidades en las cuentas del partido, con lo que la sanción a la formación de Abascal asciende a más de un millón de euros por infracciones de la ley de financiación.

La Cámara de Comptos, el equivalente navarro al Tribunal de Cuentas autonómico, avisa en un informe encargado por el Gobierno de Navarra y dado a conocer este viernes de ciertas anomalías sobre los contratos adjudicados por la Administración navarra a Servinabar 2000 y a su 'hermana' Alegure. Detrás de estas mercantiles está el empresario vasco Antxon Alonso, a quien se le halló un documento que mostraba la participación también del ahora encarcelado exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Se apunta, en concreto a que no fue transparente sobre su posición en las diferentes UTE constituidas con Acciona.

La presidenta María Chivite anunció, cuando se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que apuntaba la participación de Cerdán en la presunta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, una triple auditoría sobre las adjudicaciones a las empresas señaladas en el informe. Las otras dos auditorías, la de la Oficina Anticorrupción y la encargada a una empresa externa ya apuntaron “irregularidades” en los procesos de adjudicación de distintas obras. Este documento sería el tercero y último, aunque no analiza la principal de las adjudicaciones, la de los túneles de Belate, porque ya emitió con anterioridad un dictamen 'ad hoc'.

La Cámara de Comptos ha analizado cinco contratos adjudicados a Servinabar 2000, que son el de las reformas del Navarra Arena, el de rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra y el acceso a los jardines del Palacio, la construcción del colegio público de Arbizu y los de construcción de VPO en el barrio de Erripagaña, uno de 62 viviendas del año 2018 y otro de 46 en 2023. Además, ha revisado la única ocasión en la que aparece Alegure, las obras de un colegio en Arbizu. El tribunal detalla que el Ejecutivo de María Chivite le pidió “expresamente” que no fiscalizase el de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, adjudicado a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 por 62,8 millones de euros, porque ese contrato ya fue evaluado por el tribunal en su informe sobre las cuentas generales del 2023. En aquella ocasión el órgano fiscalizador no detectó ninguna ilegalidad en la adjudicación, pero sí que apuntó “irregularidades” como el hecho de que el presidente de la mesa emitiera su voto conociendo la puntuación del resto de técnicos.

Ahora, en un nuevo informe señala que Servinabar 2000 no fue transparente en el peso que tenía en las UTE con Acciona en un contrato del año 2018 para la construcción de 62 viviendas protegidas en el barrio de Erripagaña y otro de ese mismo año para la construcción del colegio público de Arbizu. Este último contrato en puridad no es adjudicado a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, sino a una UTE llamada CPEIP Arbizu, pero es de similar composición, en este caso Acciona y una sociedad 'hermana' de Servinabar 2000, Alegure.

En el caso de la adjudicación de las viviendas protegidas, el Tribunal de Cuentas indica que en la documentación que Acciona y Servinabar 2000 presentaron en la oferta para concurrir a la licitación señalaron que los porcentajes de participación en la UTE serían del 80% para Acciona y del 20% para Servinabar 2000. “Sin embargo, posteriormente, según las declaraciones del impuesto de sociedades de la UTE, estos porcentajes son del 99,99% para Acciona y del 0,01% por ciento para Servinabar”, recoge Comtos.

Lo mismo sucede con el contrato para la construcción del colegio público de Arbizu. En la oferta Acciona informa que su porcentaje de participación en la UTE es del 75%, mientras que el de Alegure es del 25%. Sin embargo, estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. “Desconocemos los motivos por los cuales estos porcentajes de participación en la UTE se modificaron”, destaca Comptos.

De igual manera el tribunal de cuentas avisa que las cifras de ingresos y gastos de las cuentas anuales de Servinabar 2000 depositadas en el Registro Mercantil “no contienen la integración de su participación en las UTE contrariamente a lo establecido en la normativa contable”. “Al no disponer de información suficiente en dichas cuentas, no podemos cuantificar el efecto contable en las mismas”, apostilla.

“Deficiencias” en los procesos de adjudicación

El tribunal de cuentas también menciona varias “deficiencias” en los procesos de adjudicación que ya fueron anteriormente señalados por el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) y la auditoria externa. Así ,Comptos destaca que la mesa de contratación del contrato de construcción de 62 viviendas protegidas no incluía un representante de la Junta de Contratación Pública, “que debiera haber participado dado el importe del contrato”, ni nombraba a personas suplentes de las previstas. También apunta que no consta ningún acta de la mesa de contratación que acredite su constitución, así como sus actuaciones ni sus decisiones. “Solo hemos tenido acceso a determinada documentación intercambiada entre distintas personas con propuestas de valoraciones técnicas y económicas sin fecha ni firma”, añade.

También indica otras deficiencias como que se debería haber realizado un desglose de las puntuaciones estableciendo unos criterios “más precisos de asignación de la valoración” en la adjudicación de las obras del colegio público de Arbizu. Por último, el órgano fiscalizador recomienda al Gobierno navarro aprobar pliegos de contratación con “la mayor concreción técinica posible de los criterios cualitativos de adjudicación” y modificar la regulación sobre las UTE “regulando de forma más completa los efectos de las modificaciones en la composición de las mismas”, si bien concluye que las adjudicaciones se ajustaron a la normativa.

La portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha assegurat aquest dilluns que si detectés irregularitats en el seu partit “aniria als jutjats” en lloc de difondre-les als mitjans de comunicació, desafiant així els tres exdiputats de la formació que la setmana passada van denunciar les pressions a què haurien estat sotmesos per desviar “ingents quantitats de diners” del grup parlamentari a les illes a Disenso, la fundació privada que presideix Santiago Abascal a títol nominatiu.

Les acusacions dels tres excàrrecs, Idoia Ribas, Agustí Buades i Maite de Medrano -en l'actualitat parlamentaris no adscrits-, han reobert el debat sobre fins a quin punt els grups parlamentaris poden ser utilitzats com a instrument de finançament dels partits i si la llei hauria de reforçar els mecanismes de control per evitar que fons públics destinats a la representació institucional acabin sostenint els aparells polítics.

Preguntada sobre això, Cañadas ha asseverat que “les mentides, injúries i calúmnies no es parlen ni en roda de premsa ni als mitjans de comunicació”. “Per la nostra part ens és igual qui vulgui enredar. Entenc que Vox és un partit que està creixent moltíssim i hi ha molta gent a qui això fa ràbia, però nosaltres ho tenim molt clar: hem vingut a treballar i seguirem treballant pels votants que hem tingut i pels votants futurs, que segurament seran molts més”.

Amb tot, la parlamentària ha eludit aprofundir en l'assumpte quan se li ha inquirit sobre si denunciarà davant la Justícia les manifestacions dels seus excompanys de files, limitant-se a afirmar que “els comptes del grup parlamentari són molt transparents, molt clars i, a més, públics. Per tant, no seré jo”. “De totes maneres, sí que els diré una cosa: si jo estant a Vox veiés alguna irregularitat, no vindria aquí a explicar-ho a vostès, m'aniria directament als jutjats. Crec que així ja els he contestat”.

De nou, preguntada sobre la possibilitat de denunciar les “injúries” a què ha al·ludit, Cañadas ha refusat respondre: “No vull fer donar peu a més comèdies. No contestaré res que no sigui sobre els grups parlamentaris”. Quan una de les periodistes ha assenyalat que la seva pregunta afecta el seu grup i diversos diputats, ha eludit de nou contestar: “No normalitzaré el que és anormal en aquest Parlament. Si vostès m'entenen, m'ho respecten”, ha conclòs.

Més contundent s'ha pronunciat aquest dilluns el portaveu nacional de Vox José Antonio Fúster, que ha defensat que el desviament de fons dels grups al partit és legal, asseverant que els comptes de la formació d'extrema dreta estan auditats pel Tribunal de Comptes. L'òrgan fiscalitzador, però, ja instat diverses vegades a posar límit al “sobrefinançament” de les formacions polítiques, una via legal amb què els partits acaben incrementant els seus recursos amb càrrec als fons públics assignats als seus grups el Congrés, el Senat i els Parlaments autonòmics.

En aquest sentit, el Tribunal de Comptes alerta de l'opacitat i dels riscos de convertir aquestes dotacions a grups en un canal paral·lel de finançament, per la qual cosa reclama reformes reglamentàries així com de la llei del règim local perquè s'estableixin “condicions i requisits” amb les quals es poden fer unes aportacions que, sovint, s'utilitzen per a sufragar despeses ordinàries dels partits o contractar personal. Una finalitat per a la qual ja existeixen altres subvencions, com les de funcionament.

En contra d'aquest criteri, Fúster ha justificat que aquests diners són necessaris perquè el partit “proporciona uns serveis vitals” als grups parlamentaris, entre els quals ha esmentat “seguretat, una oficina tècnica o jornades de coordinació”. En aquesta línia, ha apuntat a més que el PP i el PSOE fan pràctiques similars.

La Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics reconeix que les formacions poden rebre aportacions dels grups parlamentaris, però obliga a justificar-ne l'ús amb transparència ia garantir que es destinin a fins compatibles amb l'activitat institucional. En aquest sentit, la pràctica defensada per Vox, encara que emparada parcialment per la legislació, es mou en un terreny controvertit que podria derivar en responsabilitats si no es compleixen els requisits de transparència, autorització interna i finalitat institucional.

Cal recordar que a fundació presidida per Abascal va néixer el 2020 amb un capital de 30.000 euros del partit, el mínim legal per constituir-la. Les fundacions són institucions privades sense ànim de lucre, compten amb beneficis fiscals i, per tant, l'obligació de presentar balanços (les vinculades a partits estan fiscalitzades pel Tribunal de Comptes). Entre els fins de Disenso, considerats d'interès general, se cita la“promoció de la defensa de la vida i la família”, “la reivindicació de l'herència de la civilització occidental” o “la defensa de la llibertat, la unitat i la sobirania d'Espanya”.

Com va revelar elDiario.es, Vox ha transferit milions d'euros a Disenso durant els darrers vuit anys. Es tracta de diners principalment procedents del partit d'extrema dreta, que rep 10 milions d'euros de diners públics cada any (segons els resultats electorals, els partits polítics perceben una quantitat determinada per al funcionament) i uns 5 milions anuals de donacions privades. Després de conèixer-se a més un informe del Tribunal de Comptes que alertava d'irregularitats a les donacions, la cúpula del partit va substituir el gerent, presentant el canvi com “una renúncia per voluntat pròpia”.