La Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas por PSOE y Más Madrid y no abra una investigación para indagar en la adquisición por parte del Gobierno regional de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que la actuación “se ajusta plenamente a la legalidad” y a los “estatutos y competencias” de Planifica Madrid, la empresa pública que compró la vivienda. También subrayan que esa operación “no supone un deterioro económico” para las arcas públicas. 

El Tribunal de Cuentas solicitó a la Fiscalía, a la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid que se pronunciara sobre la conveniencia de nombrar a un instructor para que estudie si hubo desvío de fondos públicos en la adquisición de ese ático que seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. 

De acuerdo a las fuentes de la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid “adquirió el inmueble dentro del objeto social de la empresa pública, cuya finalidad es adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid y ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional”. En sus alegaciones, los servicios jurídicos afirman también que el inmueble, que costó 6,3 millones de euros, “se adquirió por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra”.

El escrito presentado se acoge a la última versión ofrecida por el Ejecutivo de Ayuso, consistente en que el ático se compró para “alojar a las propias autoridades de la Comunidad”. Así, dicen que el inmueble “se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, lo cual se concretó en el contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad a la adquisición”. Y subrayan que “en ningún caso, el inmueble se adquirió como vivienda oficial para la presidenta”.

El documento también afirma que el consejero delegado de Planifica Madrid “es la persona facultada expresamente para realizar la compraventa de inmuebles en la empresa”. Y resalta que “la operación tenía como finalidad incorporar un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión y permitiendo atender distintas necesidades institucionales de la Comunidad de Madrid”.

Más de dos años después de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas ha aplicado la norma a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. Entre los beneficiados se encuentran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

En una sentencia notificada este miércoles, la consejera de cuentas del ente fiscalizador Elena Hernáez absuelve a todos los dirigentes demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y les devuelve la fianza de 4,1 millones que les impuso por los gastos efectuados entre 2011 y 2023.

Termina así la resistencia que ha mantenido el Tribunal de Cuentas a amnistiar su causa sobre el procés pese a la claridad de la ley. La resolución dedica decenas de páginas en justificar las cuestiones prejudiciales que la consejera de cuentas Hernáez envió a la Justicia europea para demorar la aplicación de la norma. Después le siguieron la Audiencia Nacional en el caso de los CDR y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la causa por los preparativos del referéndum.

Aunque la sentencia admite que en ningún momento del procedimiento abierto en 2021 se planteó que los gastos del procés provenieran de fondos europeos, Hernáez alega que como parte de la financiación de la Generalitat proviene de transferencias de la Unión Europea era “razonable” preguntárselo cuando se aprobó la ley de amnistía, que excluía a los encausados por afectar a los intereses financieros de la UE.

Luxemburgo rechazó, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión se vieran “afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

Pese a la claridad de la respuesta del TJUE, la consejera Hernáez insiste en una hipótesis que nunca fue real: que los gastos del procés se financiaran con fondos europeos. A criterio de la consejera, de la sentencia del TJUE “se desprende claramente que no se podría aplicar la amnistía en el caso de que los gasto se hubieran realizado con fondos provenientes del presupuesto de la UE”.

“En ese hipotético caso, la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea resultaría incuestionable”, insiste la sentencia, aunque el TJUE dejó claro que este supuesto no ocurrió.

Las altas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, son las que más oposición han mostrado a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

El Tribunal de Cuentas intentó que Luxemburgo respaldara excluir a los independentistas de la amnistía, pero se encontró con un aval rotundo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Gracias a la amnistía, Puigdemont, Mas y el resto de encausados se ahorran una sentencia que podría condenarles a devolver 5,3 millones de euros.

La consecuencia de la sentencia europea era clara, pero igualmente el Tribunal de Cuentas ha demorado casi tres meses la aplicación de la norma. En julio, la consejera Hernáez abrio un plazo de diez días de alegaciones para que las partes pudieran pronunciarse sobre el origen de los fondos empleados para organizar el 1-O. Tanto la Generalitat como los encausados solicitaron aplicar la norma sin más dilaciones, pero igualmente en septiembre el ente abrio otró plazo antes de, por fin, archivar la causa, algo que la Fiscalía tildó de “innecesario e improcedente”.

Solventada la causa del Tribunal de Cuentas, Puigdemont y Junqueras todavía esperan la amnistía en el caso procés abierto desde 2017 en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, pero en los próximos días tendrá que aplicarla después de que el Constitucional le obligara a rectificar.

El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en el funcionamiento del las llamadas pulseras de control de maltratadores (Cometa) durante la ejecución del anterior contrato. El organismo ha puesto el foco en el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista tras la “alarma social” generada por los fallos que se hicieron públicos a finales del año pasado y ha analizado los contratos de 2018, 2021 y 2023. Su conclusión es que los problemas, “si bien fueron finalmente resueltos, han comprometido la seguridad” de las mujeres y que la actuación del Ministerio de Igualdad para solucionarlos no fue suficiente.

En un informe aprobado este miércoles, el Tribunal de Cuentas hace un diagnóstico general del sistema y destaca que estas deficiencias “interrupciones del servicio” se produjeron debido a las “debilidades” en la preparación de los contratos, en las fases de transición entre ellos y en el seguimiento institucional de cómo estaban funcionando. Por eso, recomienda al Ministerio de Igualdad que persiga la calidad del servicio “por encima del ahorro de costes” del servicio. El organismo recuerda que del “adecuado funcionamiento” de Cometa depende la protección y la “estabilidad emocional y mental” de miles de mujeres.

El informe aborda profusamente el problema que puso en el centro de la actualidad el sistema a finales del año pasado. Y que tuvo que ver con la pérdida de información ocurrida a raíz del cambio de empresa adjudicataria, que pasó de Telefónica a Vodafone. Este fallo impidió “dar respuesta a 123 requerimientos” de datos que hicieron los juzgados y que “no fueron atendidos” por la nueva compañía debido a “problemas de descarga”. Según el Tribunal de Cuentas, los burofaxes intercambiados entre las dos empresas durante 2024 “evidencian discrepancias” sobre cuál de las dos tuvo la responsabilidad.

Sin embargo, y a pesar de los fallos detectados, el organismo destaca que la intervención del Ministerio de Igualdad para solucionarlos fue insuficiente. “No consta que se llevara a cabo ninguna actuación para coordinar o arbitrar su solución durante la fase de transición”, afirma la evaluación, que detalla que esta solución se produjo en diciembre de 2024, nueve meses después de haber finalizado la transición y en una fecha que coincidió con un requerimiento que le hizo la Fiscalía al departamento dirigido por Ana Redondo. El Ministerio Público fue el que precisamente advirtió en su memoria sobre 2024 —publicada un año después— de lo que había ocurrido.

En este sentido, el informe destaca limitaciones en el llamado Plan de Transición, que debe acompañar a cada contrato con el objetivo de garantizar que el servicio continúa al término de cada uno. Sin embargo, no se previó en los pliegos de 2018 y 2021 y su inclusión en el de 2023 dependió de una “modificación contractual” posterior. Algo que, para el organismo evaluador, “evidencia deficiencias en la planificación de la contratación y falta de previsión, teniendo en cuenta que el siguiente contrato podía adjudicarse a una nueva empresa, como de hecho sucedió”.

Problemas “no puntuales”

Más allá de la pérdida de información ocurrida en el trasvase entre compañías, el Tribunal de Cuentas informa de “graves deficiencias” en el servicio “prácticamente durante toda la vigencia del contrato”. Los fallos, que habían sido advertidos por las trabajadoras de Cometa en varios momentos, afectaron a la “fiabilidad” de los dispositivos y tenían que ver con errores de geolocalización que “permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas”, con baterías “deficientes” o retrasos en reparaciones.

Según las especificaciones técnicas incluidas en la oferta de Vodafone, las baterías debían durar seis meses, pero “las pruebas reales” solo duraban “semana y media en el mejor de los casos”. El Tribunal de Cuentas ha repasado los informes, notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato y revela que en octubre de 2024 se alertó de un riesgo real de “rotura de stock” de dispositivos, con aparatos que apenas cinco o seis meses después de estrenarlos “presentaban ya un deterioro significativo”.

En cuanto a los fallos de geolocalización, el informe desvela que en enero de 2025 la empresa adjudicataria indicó que analizaría el origen de estos errores, algo que a juicio del Tribunal de Cuentas “ya debería haberse realizado en esa fecha”. Un mes después, en febrero, la empresa “reconoció por primera vez que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático” que “menoscababa la credibilidad del servicio” ante la Policía y que “ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas”.

Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes y a partir de mediados de junio ya sí comenzó una “reducción significativa” de los problemas, cuando el contrato “ya se encontraba en su fase final de ejecución”.

El seguimiento de Igualdad

El informe afea a Igualdad que “no hizo un seguimiento adecuado del contrato” y su plan “no fue suficiente” a pesar de que se estaban detectando incumplimientos contractuales. Señala el organismo que a pesar de que en el pliego se previó la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses, en los primeros siete u ocho meses de contrato “el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico”.

En sus alegaciones, el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género defienden que el seguimiento del contrato fue adecuado, sosteniendo que sí se celebraron las reuniones “con regularidad” contempladas en el pliego. La primera en el mes de abril. Para el Tribunal de Cuentas, esta reunión es simplemente “una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria”. Además, el departamento dirigido por Ana Redondo asegura que hubo una “comunicación constante” con la compañía “desde el inicio del contrato” a través de llamadas de teléfono y correos electrónicos.

El organismo lamenta también que el Ministerio “no adoptara medidas de exigencia contractual efectivas” y asegura que los requerimientos de la Delegación del Gobierno “fueron tardíos”. La única sanción impuesta fue la multa de 25.000 euros a Vodafone del pasado mes de marzo por la caída del sistema ocurrida durante varias horas el 11 de noviembre y ya “cuando estos problemas habían tenido repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización”.

A este respecto, el Ministerio sostiene que las incidencias fueron “puntuales” y que “en ningún caso supusieron incumplimiento del contrato” a excepción de la sanción acordada. Defiende Igualdad que a partir de octubre de 2024 se implementó un “exhaustivo” Plan de Seguimiento con reuniones mensuales que “han permitido requerir en tiempo y forma cada una de las mejoras o correcciones que se han ido detectando de forma inmediata”, apunta el Ministerio, que destaca “los tiempos y la complejidad de las soluciones a implementar” como elemento “a tener en cuenta”.

El pasado mes de mayo, el Gobierno propuso la adjudicación del nuevo contrato a la empresa adjudicataria actual —la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— tras haber anunciado un incremento del presupuesto del 42% y un cambio de pulseras por tobilleras. La propuesta no es aún definitiva.

La Diputación de Badajoz ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas para reclamar al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y Luis Carrero la devolución del dinero que percibieron por los trabajos realizados para la institución provincial. La Diputación sostiene que no existe base legal para iniciar ese procedimiento mientras la sentencia que da origen a las actuaciones no sea firme.

La petición llega después de que el Tribunal de Cuentas diera la semana pasada cinco días a la Diputación para que decidiera si reclamaba al músico las cantidades que percibió durante su etapa como trabajador de la institución. El órgano fiscalizador abrió este trámite para determinar si de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz podía derivarse una posible responsabilidad contable.

En el escrito remitido ahora al Tribunal de Cuentas, la Diputación explica que los informes jurídicos elaborados por la institución concluyen que no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Tribunal de Cuentas para apreciar una responsabilidad contable por alcance.

Además, la institución provincial recuerda que la sentencia todavía no es firme. Según expone, la resolución aún no ha sido notificada formalmente y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También están pendientes las solicitudes de subsanación y aclaración planteadas por las partes.

Por ello, la Diputación considera que no procede exigir a David Sánchez ni a Luis Carrero que devuelvan las cantidades percibidas ni abrir un expediente de reintegro mientras el procedimiento judicial no haya concluido.

Responsabilidad contable

El procedimiento se inició a raíz de las peticiones de los letrados de Vox e Iustitia Europa para ejercer la acción pública ante una posible responsabilidad contable relacionada con la creación de los puestos ocupados por ambos. Posteriormente presentaron escritos similares los abogados del PP y de HazteOír.

El Tribunal de Cuentas debía determinar si existían elementos suficientes para reclamar a los dos trabajadores las cantidades percibidas de la Diputación. Tras recibir la posición de la institución provincial, el Ministerio Fiscal dispondrá también de cinco días para pronunciarse y posteriormente se dará audiencia a las partes que promovieron las actuaciones.

La apertura de este procedimiento no implicaba que David Sánchez estuviera obligado a devolver ya sus nóminas. Entre 2017 y 2025, cuando renunció a su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, percibió 340.572,36 euros brutos de la Diputación de Badajoz.

La actuación del Tribunal de Cuentas está vinculada a la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por hechos relacionados con su contratación en la institución provincial. La resolución le absolvió del delito de tráfico de influencias y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La información en torno a la operación por la que la Comunidad de Madrid compró el ático de Chamberí va cayendo como un gotero desde las primeras noticias, hace ya un mes. Posteriormente, se conoció que había costado 6,3 millones de euros a las arcas públicas y, unas semanas más tarde, se puso en venta por casi 6,7 millones. Según justificaron entonces, el dinero obtenido de esta venta y otras de la empresa pública Planifica Madrid iría dirigido a la reconstrucción tras los incendios. Sin embargo, todavía se desconoce el detalle de la operación y, ante esta falta de transparencia, Más Madrid ha decidido acudir al Tribunal de Cuentas por lo que consideran un posible “menoscabo” de dinero público.

Según argumentan en su denuncia, si se tienen en cuenta otros posibles gastos derivados de este tipo de compraventas y con estas cantidades de dinero, el precio total de compra —incluidos impuestos y otros posibles gastos derivados como los de gestión— podría acercarse mucho al precio de venta que ha decidido establecer la Comunidad de Madrid, lo que podría conllevar una posible “pérdida patrimonial”, según el escrito. Otro de los puntos por los que ven ese “menoscabo” de caudal público es que se ha adquirido un inmueble “innecesario o no idóneo para la finalidad o necesidad pública”. El motivo es que cuando se conoció la compra, el equipo de Isabel Díaz Ayuso aseguró que el ático se destinaría a “reuniones” oficiales mientras durasen las obras de la sede de la Presidencia en Sol. Sin embargo, el inmueble no puede ser oficina debido a la normativa del Ayuntamiento de Madrid.

La líder del partido autonómico y ministra de Sanidad, Mónica García, tiene claro que en este caso “ha habido un deterioro de las arcas públicas manifiestas, más allá de la compra y de la posterior venta”. Ese dinero, explica en declaraciones a elDiario.es, se podría haber invertido en algo distinto: “Estamos otra vez en lo mismo, en una contabilidad perversa por parte de Ayuso y del PP, que utiliza los bienes comunes de todos los madrileños para uso propio, para uso personal”. Sobre la denuncia, García y su equipo esperan que el Tribunal de Cuentas pueda dar “fe de esta pérdida patrimonial” dentro de un procedimiento que califica de “absolutamente irregular y obsceno”: “Los madrileños hemos perdido dinero. Hemos perdido dinero en toda esa transacción de la compra, la venta y todos los intermediarios a los que hemos ido pagando los caprichos y los lujos de Ayuso”.

El partido estima que Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia encargada de la operación, habría pagado un importe de unos 378.000 euros como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), al margen de esos 6,3 millones que costó el ático. Esa es otra de las claves que se denuncian: la posibilidad de que la empresa haya “soportado una carga tributaria excesiva”, en comparación con otras entidades que no tienen que pagar ITP.

Pero no solo eso, la cifra también podría aumentar si se tienen en cuenta otros gastos, como los de notaría y gestoría. En total, Más Madrid calcula que serían unos 6,68 millones en total, una cifra que se aproxima a los casi 6,7 millones de euros de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, aseguran en el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Además, en el documento indican que a ese precio final de venta habría que descontar también los otros gastos adicionales a la venta, así como la comisión de intermediación o los gastos en mantenimientos y seguros. “En caso de vender el inmueble, habrá que determinar el importe neto obtenido por la venta y deducir el coste total de adquisición”. Sin embargo, esto de por sí no tendría por qué suponer un menoscabo de dinero público, sino que se tendrían que analizar otros factores como la utilidad pública o la necesidad de la compra.

Falta de documentación pública

Un mes después de que saliera a la luz la operación firmada en abril, todavía se desconocen detalles relacionados u otros documentos que justifiquen la compra del ático. En el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, Más Madrid solicita que el Gobierno autonómico entregue al órgano el expediente de compra del inmueble y otros datos como informes jurídicos y técnicos previos, las escrituras o los extractos bancarios para que pueda “determinar la existencia, cuantía y responsables del eventual alcance o menoscabo”.

Además, otra de las peticiones recogidas en el texto es la de analizar si el ático podía destinarse a oficinas o a esas “reuniones” que argumentó el Gobierno autonómico. Por ello, consideran “determinante” conocer la situación urbanística del ático y la posibilidad de que se destine a “actividades administrativas”.

El partido considera que es necesaria la tramitación urgente del mismo y la “inmediata práctica de las actuaciones” que sean precisas. El motivo que exponen es que la enajenación del ático podría suponer trabas en la investigación de estos hechos. Más Madrid también solicita recabar la documentación necesaria para conocer quiénes formaron parte de la operación, el precio total de la misma, así como “continuar el procedimiento jurisdiccional”.

El pasado 7 de agosto, la Comunidad publicó el anuncio de venta de este inmueble de la calle General Martínez Campos y de otro situado en Gran Vía, por el que pedía 11,8 millones de euros y que llevaba ya tiempo intentando enajenar. El consejero de Presidencia, portavoz regional y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Las denuncias y la respuesta de Transparencia

Mientras, las denuncias en torno al ático de lujo se acumulan. El primero en acudir a los tribunales tras la compra fue el abogado Javier Flores, que también interpuso una demanda en el Tribunal de Cuentas al ver “menoscabo” de dinero público.

Tampoco es la primera denuncia sobre la operación que interpone Más Madrid. Solo dos días después de que se conociera, el partido anunció que acudiría a los tribunales apuntando a un posible delito de malversación. Unas semanas después, el PSOE madrileño adelantó que presentarían una denuncia ante la Fiscalía, en este caso contra el consejo de administración de Planifica Madrid. En total, la Fiscalía ya ha enviado a un juzgado de Madrid cuatro denuncias por el ático.

Una constante en las denuncias de los partidos, pero también de particulares, está relacionada con la falta de información pública disponible en torno al caso. Un mes más tarde, todavía faltan datos relevantes que han sido requeridos a través de Transparencia. Hace unas semanas, el organismo argumentaba que no podía ofrecer estos detalles porque la información afectaba “a terceros”, y que estos debían acceder. Este mismo viernes se ha conocido que la vendedora del ático, Astrid Gil-Casares, ha aceptado por escrito que la Comunidad de Madrid entregue esta información.

El Ayuntamiento de Santander ha cerrado el ejercicio de 2025 en el que ha elevado un 12% el gasto por habitante, hasta los 1.312 euros, y ha incrementado un 13% la inversión per cápita, hasta los 161 euros. Además, ha reducido un 52% la deuda municipal hasta situarse “en mínimos históricos” y ha mantenido una fiscalidad “contenida”.

Así lo ha destacado en nota de prensa la alcaldesa, Gema Igual (PP), tras la reunión de la Comisión Especial de Cuentas, en la que la Cuenta General del pasado año ha sido dictaminada favorablemente.

A su juicio, los resultados reflejan una gestión que “ha permitido reforzar los servicios, la capacidad inversora del Ayuntamiento y, paralelamente, continuar saneando las cuentas municipales”.

“Los datos muestran que Santander está destinando más recursos a cada ciudadano, está invirtiendo más en la transformación y mejora de la ciudad y, a la vez, tiene menos deuda. Estamos haciendo más con unas cuentas saneadas, manteniendo las principales figuras tributarias estables dentro del marco normativo vigente”, ha afirmado la regidora.

Según ha resaltado el Consistorio, uno de los indicadores que “mejor” refleja esta evolución es el gasto realizado por habitante, que ha pasado de 1.176 euros en 2022 a 1.252 euros en 2024 y 1.312 euros en 2025.

En conjunto, representa un crecimiento del 12% durante la legislatura. La inversión por habitante ha seguido igualmente una trayectoria ascendente: desde los 143 euros de 2022 hasta los 149 de 2024 y los 161 euros alcanzados en 2025, lo que equivale a un incremento del 13%.

Igual ha puesto en valor esta evolución porque evidencia, según ha explicado, “la capacidad del Ayuntamiento para convertir la estabilidad presupuestaria en mejores servicios, más actuaciones y más inversión para Santander”.

“Gestionar bien las cuentas tiene un objetivo muy concreto: que los recursos reviertan en los vecinos y contribuyan a que la ciudad siga avanzando”, ha añadido.

Deuda en mínimos históricos

Por otra parte, la deuda viva ha descendido un 52% durante la legislatura, al pasar de 52 millones de euros a 25, una disminución equivalente a 161 euros por habitante.

Actualmente, el nivel de endeudamiento representa “únicamente” el 11% de los ingresos corrientes, “muy por debajo” de los límites establecidos por la normativa, ha subrayado el Consistorio.

Al respecto, la alcaldesa ha remarcado que Santander tiene hoy “la deuda más baja de la legislatura y una de las situaciones financieras más saneadas de los últimos años”, y ha valorado que se ha reducido el endeudamiento “a menos de la mitad” mientras se aumentaba “los recursos destinados a los servicios públicos y a las inversiones”.

En este sentido, el Ayuntamiento ha afirmado que la evolución de los principales indicadores presupuestarios “confirma” esa mayor capacidad de actuación municipal. Y es que, ha explicado, el presupuesto ha aumentado un 13% durante la legislatura, desde los 234 millones hasta superar los 265 millones de euros; cuando en el mismo periodo, el gasto destinado a la prestación y mantenimiento de los servicios públicos ha crecido un 11% y las inversiones han aumentado un 29%.

Sin subida de impuestos

Además, Igual ha incidido en que estos resultados se han alcanzado manteniendo una política fiscal con tipos impositivos en niveles “estables”. La alcaldesa ha detallado que el Ayuntamiento conserva, entre otras medidas, el tipo impositivo del IBI en el mínimo legal permitido, aplica distintas bonificaciones fiscales y mantiene congelados precios públicos correspondientes a ámbitos como las instalaciones deportivas, el Conservatorio o las actividades culturales y de ocio. A ello se suman servicios como la teleasistencia gratuita y los descuentos en el transporte público.

“Nuestro compromiso es gestionar los recursos públicos con responsabilidad y estar al lado de las familias, los autónomos y las empresas. Por eso hemos buscado el equilibrio entre unas cuentas saneadas, una fiscalidad estable y una mayor capacidad para prestar servicios e invertir en la ciudad”, ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, ha resaltado que las cuentas municipales reflejan una posición de “solvencia y equilibrio” financiero, con liquidez inmediata, ahorro neto, superávit y remanentes de tesorería positivos.

Estos indicadores, ha comentado, permiten al Ayuntamiento atender sus obligaciones “con garantías, continuar reduciendo deuda y disponer de capacidad para financiar inversiones y reforzar los servicios públicos”. También se ha mejorado el periodo medio de pago a proveedores, de forma que los pagos se realizan “nueve días más rápido”.

42 millones de fondos europeos y 184 contratos

En cuanto a la captación y gestión de fondos europeos -otro de los elementos “destacados” del ejercicio-, el Ayuntamiento ha gestionado un total de 42 millones de euros a través de 38 proyectos y 115 actuaciones, y ha alcanzado una tasa de éxito del 65% sobre los fondos solicitados.

“Son recursos que refuerzan nuestra capacidad de inversión y están permitiendo desarrollar actuaciones estratégicas para la transformación urbana y la mejora de los servicios municipales”, ha explicado la alcaldesa.

Y en lo que tiene que ver con la contratación pública, durante 2025 se han tramitado 184 contratos de obras, servicios y suministros, de los cuales 59 son contratos mayores y 125 menores, con lo que se mantienen los mecanismos de “transparencia, control y mejora continua” en la gestión administrativa.

Igual ha concluido que la Cuenta General de 2025 “refleja un Ayuntamiento solvente, con capacidad para responder a las necesidades de la ciudad y preparado para seguir abordando nuevos proyectos”.

“Reducir la deuda, mantener una fiscalidad estable y, al mismo tiempo, elevar el gasto y la inversión por habitante es la mejor muestra de que unas cuentas saneadas son una herramienta para seguir mejorando Santander y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, ha sostenido.

Tras el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General se someterá a información pública. Una vez concluido este periodo y examinadas las posibles alegaciones, si las hubiera, se elevará al pleno para su aprobación definitiva. Completada la tramitación en los órganos municipales, la Cuenta General será remitida al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legal establecido, ha detallado el Ayuntamiento.

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha rechazado íntegramente el recurso con el que el eurodiputado ultra Alvise Pérez pretendía evitar el rastreo de información clave sobre la financiación de la campaña tras la que concurrió a las europeas de 2024. En un auto del 30 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor confirma el rastreo policial de los monederos virtuales de criptomonedas y los requerimientos de información dirigidos tanto a su partido como al Tribunal de Cuentas que había acordado a petición del PSOE, personado como acusación popular.

El magistrado afirma que son “informes necesarios para asegurar la investigación” abierta al agitador ultra por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas semanas antes de la campaña de los citados comicios. Entre esas tres diligencias está la petición de un informe a la Policía para analizar los tres monederos de criptomonedas que ese empresario, Álvaro Romillo, creó para que Alvise pudiera recibir donaciones anónimas que le permitieran eludir el control del Tribunal de Cuentas. Romillo está imputado en este caso y también por una supuesta estafa con criptomonedas.

El Supremo rechaza el argumento de la defensa del eurodiputado, que pretendía anular este rastreo alegando que el político nunca dispuso de la “frase semilla”, una especie de clave maestra que permite acceder a los fondos. Y que, en consecuencia, “nunca ostentó la titularidad, posesión ni capacidad de disposición sobre dichos activos”. Antes de recibir el dinero, Alvise trasladó al empresario sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña, tal y como recogen los mensajes intercambiados entre ambos y como reveló elDiario.es.

Entre las diligencias acordadas, el juez reclamó también al representante legal de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido creado por Alvise, la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las europeas en 2024.

Asimismo, figura el requerimiento de información al Tribunal de Cuentas para que aporte el informe de fiscalización y toda la documentación presentada por la formación sobre esos comicios. El magistrado defiende que las tres diligencias acordadas se acomodan al “objeto de esta causa”, según la autorización otorgada por la Eurocámara. El pasado mayo, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar la inmunidad a Alvise para que pueda ser juzgado por este caso.

Además, el instructor tiene pendiente decidir todavía si acuerda el rastreo de sus movimientos bancarios personales desde el año 2023, tal y como reclamó el PSOE. En su escrito, la defensa de Alvise sostiene que sería una diligencia “totalmente prospectiva” y pide acotarla, en todo caso, a las fechas de los hechos. Esto es, entre el 9 de abril y el 9 de junio de 2024. El eurodiputado alega que ese fue el período en el que estuvo operativa la agrupación de electores SALF, que se acabó registrando después como partido político con el mismo nombre.

A este respecto, el magistrado precisa que la solicitud del PSOE para revisar esas cuentas “no se ha resuelto aún”. Por otro lado, el instructor del Supremo también descarta la pretensión de Alvise de concluir de manera inmediata la instrucción y pasar directamente a la fase de juicio oral. En su recurso, su defensa aludía a la “pena de banquillo” por la “exposición pública” y “constante afectación personal” que supone cada actuación judicial para el eurodiputado.

Atestado de la Policía

Tal y como desveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las compañías del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños.

En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Tras la apertura de la causa, el juez ofreció a Alvise declarar de forma voluntaria. Lo hizo en julio del año pasado, cuando reconoció que cobró esos 100.000 euros en “fajos” de billetes guardados en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario, algo que solo ha hecho con dos mensualidades.

Un informe de la Policía aportado a la causa concluyó que “no hay dato alguno” en las conversaciones que ambos mantuvieron que corrobore que el dinero era el pago por un trabajo. El atestado califica de “veraz” la entrega de esos 100.000 euros y afirma que su “génesis” se produjo siempre “bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones del Parlamento Europeo ocurridas en junio de 2024”.

Según el informe, el interés del empresario estaba relacionado con sus “expectativas de negocio” de cara a “involucrar” a los seguidores de Alvise como clientes de sus negocios, si bien “siempre fue consciente” de que sus acciones “conducirían” a financiar al político.

La transcripción de la declaración de Alvise ante el juez del Supremo evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el instructor le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su formación, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (...) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (...); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (...) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del PSOE por “posibles irregularidades” en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid después de que el partido llevará ante este órgano fiscalizador la presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos de sanidad privada Quirón y Ribera Salud.

Según el auto, al que ha accedido Europa Press, el Tribunal de Cuentas no detecta que haya un “perjuicio patrimonial concreto” para las arcas públicas que sea “evaluable económicamente” en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Los socialistas se apoyaron en una información de elDiario.es que apuntaba a que entre 2017 y 2023 se habría dejado de apuntar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros en coste por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados.

En el escrito, el Tribunal de Cuentas expone que el PSOE “no individualiza, ni acredita siquiera indiciariamente un eventual perjuicio a los caudales públicos, más allá de la referencia del medio de comunicación citado a una supuesta condonación por la Comunidad de Madrid a los centros concertados”.

Aunque considera que la denuncia parte de “una inferencia racional”, que es que el desequilibrio en el sistema de compensación de costes puede reflejar “una gestión deficiente en perjuicio de los ingresos públicos”, no se identifican “los indicios racionales de que pudiera haberse producido el menoscabo patrimonial cierto, actual y jurídicamente exigible que requiere la constatación de un alcance contable”.

“El informe del que parte la denuncia no recoge importes o cuantías que permitan identificar un daño concreto o evaluar económicamente el impacto de esas disconformidades. Y ofrece como posible causa que una parte apreciable de las solicitudes incumple los criterios del Manual de facturación intercentros”, consta en el documento.

Desde el Gobierno regional han resaltado que el archivo de las actuaciones coincide con la posición mantenida tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, “que solicitaron el cierre del procedimiento al no apreciarse responsabilidad contable alguna en relación con el sistema de facturación intercentros”. “Confirma que la actuación de la Comunidad de Madrid se ha ajustado en todo momento al marco normativo vigente”, han reivindicado.

Posteriormente, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado ante los medios de comunicación que esta decisión “ha dado la razón a la Comunidad”.

“El PSOE ni está ni se le espera cuando se trata de luchar contra la corrupción y sí cuando se trata de engañar a los ciudadanos en relación con la gestión que realiza la Comunidad de Madrid”, ha planteado.

Al hilo, ha cargado contra los socialistas y su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, que no han sido “capaces de parar la corrupción que se ha colado en la misma sala del Consejo de Ministros”. Cree que “trata de buscar fantasmas” en la gestión del Ejecutivo autonómico para “tapar la gran corrupción que ha traído el sanchismo”.

Cheques por jornal, “a porrillo” y libres de impuestos. Esta es la curiosa retribución que el Ayuntamiento de Murcia ha pagado a sus voluntarios de Protección Civil a lo largo de 24 años. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias, tras una denuncia presentada por dos miembros de la propia agrupación municipal: “Ellos te dan el cheque y te dicen que vayas a cobrarlo al banco de en frente. Pasan los meses y ves que no te piden un expediente para justificar los gastos”.

Tal y como recuerda la denuncia al Tribunal de Cuentas, “la actividad voluntaria se caracteriza por su carácter gratuito, altruista y no retribuido”. Esto no es incompatible con el derecho a reembolso de los gastos ocasionados por la actividad, como pueden ser la comida o el transporte. El problema, recuerdan los denunciantes, llega cuando la regularidad de los pagos no responde a “verdaderos reembolsos de gastos reales, necesarios, individualizados y documentalmente acreditados”, sino a “cantidades fijas por guardia, jornada, disponibilidad, asistencia o colaboración”. En otras palabras, el Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si los cheques que el Consistorio dio a sus voluntarios de Protección Civil durante más de dos décadas fueron para retribuir jornadas de servicio, y no para pagar dietas.

Los pagos se recibían limpios y libres de impuestos, aseguran los denunciantes. Sin embargo, incluso las dietas de los voluntarios deben estar sujetas a IRPF, tal y como estipula el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esto lo corrobora el Ministerio de Hacienda en múltiples consultas relativas al tema: “Hay cuatro dictámenes vinculantes del Ministerio de Hacienda que dicen que los ayuntamientos tienen que declarar estos pagos en el IRPF”.

“Cuantías fijas por guardia”

Según la denuncia, los importes a percibir por los voluntarios eran cuantías fijas por guardia. Resulta reveladora una relación de voluntarios y guardias publicada en un grupo de WhatsApp de la Agrupación. El listado abarca desde el uno de enero hasta el 19 de enero del año 2023. Tras una relación de DNI parcialmente anonimizados figuran dos columnas para el tipo de guardia, y una tercera con las cantidades a abonar a los voluntarios. Los denunciantes apuntan a que los importes se habrían podido calcular en “cuantías fijas por guardia”: “En guardias ordinarias de fin de semana, el criterio sería supuestamente de 50 euros por cada guardia de 24 horas y 25 euros por cada guardia de 12 horas”, explican los denunciantes. Un día tenía dos turnos, mañana y tarde, “por lo que acabas con 64 euros”, abundan. La suma total de las cuantías de ese listado ascienden a 12.400 euros.

“El problema también viene porque el que lleva el registro de cuántos servicios se hacen son los propios voluntarios. Puedes jugar con apuntarte cosas, es un descontrol total del dinero público”, aventuran.

Más allá del listado al que han tenido acceso los denunciantes, y los cheques que han podido fotografiar, los voluntarios confiesan que va a ser “un reto” estimar cuánto dinero desembolsó el Ayuntamiento de esta manera: “Al terminar el servicio, te hacían firmar una hoja para hacer constar que recogías el cheque, lo imprimían ellos [el Servicio de Protección Civil]. Después lo llevabas al banco y lo cobrabas en efectivo, el voluntario se queda sin ningún tipo de documentación que refleje ese pago”, explican.

“Llegó un punto en el que el propio director del banco salía de su despacho, al ver que no paraban de llegar voluntarios con cheques para cobrarlos. A veces se le juntaban seis voluntarios en la sede, con cheques de 2.000 euros cada uno firmados por el Ayuntamiento de Murcia”, detallan.

Los denunciantes han solicitado al Tribunal de Cuentas que requiera al Consistorio y a la entidad bancaria “la relación íntegra de cheques, pagarés, transferencias, disposiciones y movimientos bancarios que pudieran estar vinculados a pagos a voluntarios de Protección Civil”.

Reglamento interno

Los denunciantes han recurrido también el reglamento interno de Protección Civil al considerar que amplía de forma excesiva el régimen disciplinario. En un escrito de alegaciones de 60 páginas, al que ha tenido acceso este medio, solicitan que se anule el procedimiento de aprobación al entender que el Ayuntamiento no realizó una consulta pública previa, un trámite que consideran necesario al afectar el texto a derechos y obligaciones de los voluntarios. El Consistorio defendió que no era necesario al tratarse de una norma organizativa, una interpretación que los denunciantes rechazan porque el reglamento regula aspectos como el acceso a la Agrupación, los deberes, las sanciones o las condiciones para continuar como voluntario.

“No tenían un reglamento y sin reglamento no se puede abrir expedientes, como habían hecho con nosotros; así que tuvieron que hacer uno deprisa y corriendo”, relatan los denunciantes al tiempo que concretan que se encuentra en fase de aprobación.

Los alegantes sostienen que el nuevo texto modifica el modelo de voluntariado al introducir mayores exigencias de disponibilidad, disciplina y obediencia. Entre los puntos que cuestionan se encuentra la obligación de prestar al menos 60 horas de servicio al año, “repartidas en los cuatro trimestres, salvo justificación médica o necesidad imperiosa”. El mismo artículo establece que “no podrá renovar ni solicitar reincorporación en los próximos dos años” quien no cumpla ese requisito.

También cuestionan el artículo 81, que regula la expulsión definitiva y que, según el texto, “implicará la prohibición de volver a pertenecer a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Murcia bajo cualquier modalidad”. Los alegantes piden sustituir esta prohibición sin límite temporal por un plazo determinado y revisable.

Y advierten de que algunas normas podrían afectar a derechos de los voluntarios, como la libertad de expresión o la posibilidad de comunicar irregularidades: “No quieren que acudamos a otras administraciones a denunciar nada”.

El escrito cuestiona igualmente la limitación para pertenecer a varias organizaciones de protección civil, recogida en el artículo 31, que declara que “la pertenencia a la Agrupación será incompatible con la integración simultánea en otras organizaciones de voluntariado de protección civil de ámbito estatal, autonómico o municipal, así como en entidades análogas, cuando dicha pertenencia pueda afectar a la disponibilidad, neutralidad, coordinación o eficacia del servicio”.

Los alegantes recuerdan que el Consejo de Estado, en su dictamen 950/2018 sobre un reglamento similar en Cantabria, “consideró esencial suprimir una prohibición de pertenecer a más de una organización de voluntariado de protección civil por falta de motivación suficiente y por limitar los derechos de asociación y participación voluntaria”.

Becas bajo la lupa del Defensor del Pueblo

El tercer frente abierto por los mismos voluntarios es la gestión de las becas para cursar el grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). “Se convocan cada dos años, para premiar a los que tienen más antigüedad o han acumulado más horas o más servicios”. También las impugnaron “por incumplir con la ley de subvenciones y de procedimiento administrativo, y el 5 de noviembre nos tuvieron que dar la razón”. Según denunciaron, no existe un órgano colegiado de valoración y las convocatorias nunca se publicaron en el tablón de edictos electrónico ni en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Cinco días más tarde, solicitaron formalmente la revisión de oficio de las seis convocatorias de becas concedidas desde 2015, al considerar que el mismo vicio estructural se repitió de forma sistemática durante una década. Cada convocatoria estaba valorada en unos 27.200 euros por curso, alcanzando una cifra de 160.000 euros el total que podría verse afectado si prospera la revisión, afirman los denunciantes, que piden además la suspensión cautelar de cualquier nueva convocatoria y el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.

El Ayuntamiento no ha dictado resolución expresa sobre esa solicitud pese a haber transcurrido “sobradamente” el plazo legal de tres meses previsto en la Ley 39/2015. Ante ese silencio, los promotores del escrito recurrieron al Defensor del Pueblo, que el pasado 17 de junio admitió a trámite la queja e inició actuaciones ante el Consistorio murciano para que se pronuncie de forma expresa sobre los hechos. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha advertido, no obstante, de que su intervención“ no suspende los plazos para que los afectados puedan acudir, si lo consideran oportuno, a la vía contencioso-administrativa”.

La Generalitat ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas en el que reclama la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas todavía abiertas por el 1-O y por la acción exterior impulsada durante el 'procés'. En el documento, registrado este viernes, el Govern se presenta como entidad presuntamente perjudicada y muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables ligadas al referéndum y a la proyección internacional del 'procés', al entender que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, corresponde aplicar el olvido penal.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos en la preparación, logística y ejecución del 1-O, así como sobre el dinero destinado entre 2011 y 2017 a promocionar internacionalmente el 'procés' a través de Diplocat y de la red de delegaciones del Govern en el exterior.

Más de 30 exaltos cargos de la Generalitat siguen a la espera de que el organismo se pronuncie, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers que formaron parte del Govern en esos años.

Pese al pronunciamiento del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía: ha abierto en su lugar un trámite de alegaciones para que las partes implicadas aporten la documentación sobre el origen de los fondos empleados en los gastos del 1-O.

La Generalitat ha optado por presentar su escrito antes de que se abra formalmente el trámite de audiencia a las partes perjudicadas, amparándose en el “carácter preferente y urgente” que la ley de amnistía otorga a su propia aplicación, y en que la norma obliga a resolver los procedimientos prioritarios en un plazo máximo de dos meses.

Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado elDiario.es de fuentes de Junts. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

Puigdemont y los exconsellers subrayan que el Tribunal de Cuentas era precisamente una de las instituciones directamente vinculadas por la sentencia del TJUE, que se dictó como respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por la institución de control económico como por la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Justicia de la UE dió la semana pasada la razón a Puigdemont y a la treintena de ex altos cargos investigados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas, al que respondió que los fondos de la UE no se habían visto afectados por el procés. Además, el TJUE remarcó como imperativo que los órganos que tengan causas previstas en la ley de amnistía “dicten una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Este mismo martes, la Fiscalía de esa instancia ha considerado “innecesario e improcedente” dar un nuevo plazo a las partes antes de aplicar la ley de amnistía tal como interpreta la sentencia. Puigdemont y los suyos creen, además, que el Tirbunal de Cuentas, al abrir un plazo de alegaciones el lunes, dictó una providenica expresamente vetada por la sentencia.

En el escrito dirigido a la Comisión Europea, al que ha tenido acceso elDiario.es, Puigdemont, Comín y Puig recuerdan además que este lunes 20 de julio han solicitado al Tribunal de Cuentas la aplicación “inmediata” de la amnistía. En la misma fecha se ha dirigido escrito al TJUE para poner en conocimiento los hechos denunciados.

La reclamación que los políticos formulan es que se abra un procedimiento de infracción contra el Reino de España por “el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia del Tribunal de Justicia”. También piden que se envíe “con carácter urgente” la carta de emplazamiento correspondiente a España, “dada la naturaleza del incumplimiento y la incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.

En ese escrito también se recuerda que la Comisión Europea “presentó observaciones” en la causa de las cuestiones prejudiciales resuelta por el TJUE, por lo que “dispone de pleno conocimiento del litigio”.

El escrito se acompaña de la misma sentencia del TJUE y de la providencia del Tribunal de Cuentas de 20 de julio, así como de la nota de prensa del mismo tribunal hecha pública también el 20 de julio sobre la decisión en torno a la demora de la aplicación de la amnistía y del escrito dirigido al TJUE de la misma fecha.

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento “hasta la resolución del incidente prejudicial”, descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y “aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento”, de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía “cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste”.

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada “admite las ocho cuestiones planteadas” por el órgano español, “contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban” su “independencia e imparcialidad”.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la norma y ha descartado que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, ha leído en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el problema político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar mientras el TJUE resuelva una eventual cuestión prejudicial.

La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

El fallo del TJUE desbarata una de las vías que encontraron algunos togados para oponerse a la norma. La mayoría de juzgados aplicó la amnistía (hay más de 300 beneficiados por la norma), pero una minoría se resistió a hacerlo en los casos más sensibles para los independentistas.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional optaron por enviar al TJUE en 2024 los casos de los gastos del 1-O y la acusación por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Ahora los jueces nacionales están obligados a amnistiar a los encausados, una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Son los principales beneficiaros de la sentencia de este jueves.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Su caso depende de que el Constitucional corrija al Supremo. Esto ocurrirá a la vuelta del verano, si bien el fallo de Luxemburgo es un espaldarazo al tribunal de garantías ante una de sus resoluciones más decisivas.

En suma, para el retorno definitivo de Puigdemont (y la rehabilitación de Junqueras para presentarse a las elecciones) habrá que esperar por lo menos hasta otoño.

El Supremo tomó la delantera contra la amnistía mediante una argumentación particular que fue criticada por dos magistradas. El Alto Tribunal dejó la malversación fuera de la aplicación de la ley porque, a su juicio, supuso un beneficio personal para sus impulsores al no financiar de su bolsillo el referéndum y porque ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea. El TJUE desmiente este último extremo y descarta que el procés pusiera en riesgo los intereses financieros de la Unión.

El Tribunal de Cuentas del Estado tiene abiertas diligencias desde el pasado 16 de junio para investigar un presunto “menoscabo de fondos públicos” tras la denuncia de la asociación Corrupción Cero, quien apunta presuntas irregularidades en la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado inmediato de las actuaciones al Ministerio Fiscal. 

La denuncia también ha sido enviada a la Fiscalía Anticorrupción de la delegación de Tenerife, y señala un reguero de presuntas irregularidades: desde el mantenimiento del precio del agua de riego respecto al que se pagaba durante la emergencia hídrica de 2024, aunque ya no haya sequía, hasta una cadena de contrataciones presuntamente llenas de puertas giratorias y conflictos de intereses.

En 1983 se empezaron a construir 10 embalses para 17 municipios del norte de Tenerife con una capacidad total de 3,25 hectómetros cúbicos, fue el Plan de Balsas del Norte de Tenerife. El Cabildo Insular, con la participación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Gobierno de Canarias, construyó una infraestructura que aprovecha el agua de las galerías que los agricultores desperdician en invierno, para disponer en verano de 300 litros por segundo en el norte de la isla.

Esta es la historia de cómo se creó la empresa pública Balsas de Tenerife. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción tienen sobre la mesa una denuncia firmada por Juan Manuel Pérez, presidente de la Asociación Corrupción 0, que pone el foco en Ana María Sánchez, quien ejerció como gerente de BALTEN entre el 9 de septiembre de 2021, hasta su cese el 28 de febrero de 2025, según el informe Jurídico interno de BALTEN. 

“Puertas Giratorias” 

Según expone el documento de denuncia, tras su cese de la empresa insular Balten, Ana Sánchez pasó a desempeñar funciones directivas como directora adjunta en Servicios de Aguas del Valle, S.A. (Savasa). Esta incorporación resulta especialmente controvertida porque SAVASA fue una de las entidades directamente beneficiadas por las modificaciones económicas al alza aprobadas por Balten durante su mandato y con su participación directa como gerente. 

Según la denuncia, a este hecho se suma el nombramiento de su marido, Braulio Domínguez, como gerente de Teidagua en diciembre de 2024. Y hay que tener en cuenta que esta empresa está participada al 50% por Canaragua. Porque fue precisamente bajo la gerencia de su mujer Ana Sánchez, cuando Balten adjudicó a CANARAGUA un contrato de operación y mantenimiento de redes por un valor estimado de más de 5,8 millones de euros. No era la oferta más económica de las tres que se presentaban. En la denuncia se solicita que se investigue si estos hechos constituyen un “conflicto de interés estructural” y una situación de “puerta giratoria”. 

Las acusaciones de favoritismo en las licitaciones se sustentan en los propios registros oficiales. Según la resolución de la Plataforma de Contratación del Sector Público aportada a la causa, el contrato de mantenimiento otorgado a CANARAGUA se cerró por un importe fijo de 695.500 euros y se formalizó el 30 de octubre de 2024. El propio documento oficial confirma que la entidad pública desechó otras ofertas más económicas a favor de la empresa con la que la gerencia tenía aparentes vínculos.

Precios de sequía en tiempo de lluvias 

Al igual que la gasolina cuando hay escasez de petróleo, con el agua ocurre lo mismo. Durante la emergencia hídrica de 2023 y 2024, con los embalses casi vacíos, en niveles críticos del 12,8%, BALTEN justificó modificar excepcionalmente y de manera urgente el precio del agua de riego, encareciendo el suministro a proveedores como SAVASA. La empresa Balsas de Tenerife argumentaba que había “riesgo de desabastecimiento agrícola” y que esta empresa suministradora amenazaba con cortar el suministro del agua si no se cubrían sus costes.

Según el denunciante, todo esto provocaría un grave perjuicio económico a las arcas insulares. La documentación aportada en las denuncias detalla que el agua extraída del Pozo Patronato (gestionado por SAVASA) pasó de costar un 46,43% más caro, de un 0,420 €/m³, a 0,615 €/m³, el Pozo La Calderona se encareció un 66,75%, ya que pasó de 0,412 €/m³ a 0,687 €/m³, y el Pozo Chivana se encareció un 60,19%, de 0,520 €/m³ a 0,833 €/m³.

Sin embargo, el escenario meteorológico cambió radicalmente a principios de 2026. Las intensas lluvias de la borrasca Therese dejaron los embalses prácticamente llenos, alcanzando casi un 90% de su capacidad. Esto motivó que el Cabildo de Tenerife levantara oficialmente la declaración de emergencia hídrica el 1 de marzo de 2026. Pero aunque desapareció totalmente esta situación excepcional de sequía, la denuncia señala que BALTEN no ha revertido estos precios. Según la asociación denunciante Corrupción Cero, pagar el agua a precio de sequía extrema en época de abundancia podría constituir el “menoscabo a los fondos públicos”, que ahora deben dirimir el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. 

El caso no solo salpica presuntamente a la anterior gerencia de la empresa pública, sino que apunta directamente a la actual cúpula política de la isla. El escrito, dirigido expresamente a la atención de la Presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acusa a la corporación insular de una flagrante “inactividad”.

El denunciante advierte de que el gobierno insular podría estar “consintiendo” estas presuntas irregularidades al no ordenar la reversión de los precios del agua pese a tener los embalses al máximo de su capacidad, lo que supondría un quebranto patrimonial continuado.

Este periódico ha contactado con Ana María Sánchez, exgerente de BLATEN y actual directora adjunta de la gerencia de SAVASA, que asegura que no ha sido notificada por ninguna instancia judicial. Niega las acusaciones de puertas giratorias, y sin querer hacer más declaraciones, recuerda que dejó la gerencia de Balsas de Tenerife en enero de 2025.

El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del plan de pensiones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona el metro y el autobús en la capital catalana.

El órgano fiscalizador indaga el pago de sobresueldos vinculados a ese fondo de jubilación que se abonaron a una veintena de empleados. La otra pata del procedimiento son las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control.

Solo entre 2020 y 2023, TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estos encuentros, que se celebran una vez al mes —sin incluir agosto— y duran unas tres horas, según afirman distintas fuentes conocedoras de las reuniones.

La empresa pública, además, pagó en 2022 y 2023 sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados —en una plantilla de 9.000 trabajadores— para compensarles el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones. 

TMB repartió estos pagos de forma unilateral, en función del importe de la carga fiscal de cada empleado, sin atender a ningún convenio ni acuerdo con los trabajadores y beneficiando principalmente a quienes más ganaban.

La empresa es conocedora de la irregularidad de estos sobresueldos desde al menos julio de 2024, cuando tras una denuncia interna solicitó un dictamen jurídico a un bufete de abogados. El escrito de los letrados, obtenido por este periódico, señaló que tanto los pagos como la discrecionalidad con la que se repartieron no se ajustaban a la legalidad.

Según ha podido saber elDiario.es, la investigación arrancó tras una denuncia de un empleado ante el Tribunal de Cuentas en 2024 y el órgano ha pedido a TMB —una de las mayores empresas públicas de Catalunya— las actas de las mencionadas reuniones del plan de pensiones.

La investigación supone un nuevo capítulo en la crisis de reputación que vive TMB: cinco altos cargos —entre ellos el Consejero Delegado— están imputados en juzgados penales por dos denuncias de acoso laboral. La Oficina Antifraude y la Agencia Catalana de Protección de Datos, por su parte, han incoado expedientes sancionadores contra la empresa por haber tenido al descubierto información confidencial de sus empleados.

Pagos irregulares para compensar impuestos

TMB abonó los sobresueldos investigados porque, tras destinar dinero a su plan de pensiones, algunos trabajadores acababan pagando más impuestos de lo habitual. La empresa decidió compensar ese sobrecoste fiscal de su propio bolsillo con un pago en nómina con el concepto “Abonos diversos”.

Tras pedir el dictamen jurídico que los consideró ilegales, sin embargo, la empresa requirió a los empleados que la cobraron que la devolvieran a TMB en el plazo de un año, según consta en las cartas escritas a los empleados consultadas por esta redacción.

Algunos trabajadores acataron la petición. Otros se negaron y TMB se lo ha reclamado por vía judicial, según sostiene una fuente oficial de la empresa pública. 

La misma fuente oficial recuerda que la investigación del Tribunal de Cuentas está en una “fase de investigación previa” y no de “enjuiciamiento” y enmarca esos sobresueldos irregulares en la transformación que se hizo de los planes de pensiones “por obligación legal”.

Sobre los altos importes que han cobrado los representantes de los trabajadores que acudían a las reuniones del plan de pensiones, TMB responde que estos empleados no son liberados sindicales ni se rigen por su régimen jurídico.

“Son trabajadores elegidos por sus compañeros y ejercen esta función dentro de su jornada laboral sin retribución adicional”, afirma la compañía. 

La propia empresa, sin embargo, informaba hasta hace poco en su portal de transparencia de las horas, el importe y el número de “liberados sindicales del plan de pensiones”. La compañía dejó de publicar esa información coincidiendo con la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Por esto el cálculo del dinero abonado a estos representantes que figura en este artículo solo incluye el periodo 2020-2023. La empresa no ha querido aportar los datos de 2024 y 2025.

“Durante unos años consideramos que las personas del plan de pensiones eran liberados [sindicales], pero no lo son y por eso dejamos de publicar la información en el portal de transparencia. Ahora ya no la tenemos recopilada como tal”, responden desde TMB.

“Por supuesto que somos liberados sindicales”, asegura Rafael Barrios, que ha participado en la comisión de control del plan de pensiones durante más de dos décadas y fue su presidente hasta hace pocos meses.

Barrios, sin embargo, defiende el trabajo que han hecho él y el resto de representantes para mejorar las condiciones de la jubilación de los empleados de TMB y considera que “no hay nada” que el Tribunal de Cuentas pueda reprochar.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Museo Reina Sofía presenta carencias en sus sistemas de seguridad frente a los incendios, además de problemas con su inventario. Así lo ha señalado en un informe publicado este martes en el BOE, por el que la Comisión Mixta insta al Ministerio de Cultura a exigir al centro el cese de su director, Manuel Segade, si no se cumplen las premisas de actualización de su registro y la modernización de la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico antes del 31 de diciembre. Desde el Museo Reina Sofía afirman a elDiario.es que ya están trabajando en las soluciones pertinentes.

El Tribunal de Cuentas recoge que las obras de arte existentes en la institución, así como las que son propiedad de la misma, pero no están debidamente localizadas, “no pueden seguir en peligro”. De ahí a que la Comisión Mixta exija a la cartera liderada por Ernest Urtasun que pida al centro que presente informes con carácter mensual hasta que se tenga el “control absoluto del inventario de obras”, incluidas tanto las que están dentro del mismo, las que estén en depósito fuera de la pinacoteca y las depositadas en ella, de terceros.

Desde el Reina Sofía indican a este periódico que en el Museo “está realizando un proceso de revisión del inventario”, del que detallan que exige no solo la “comprobación física de las obras, sino también una revisión documental”, puesto que las principales anomalías detectadas se corresponden a momentos anteriores a la creación del actual museo, en 1988. En lo que respecta a la actualización de los fondos bibliográficos, explican que también están trabajando en ello, de manera conjunta entre los departamentos de Biblioteca, Gestión Económica y Arquitectura, Desarrollo Sostenible y Servicios Generales.

Carencias en la protección frente a incendios

En lo que respecta a la seguridad y la protección frente a los posibles incendios, el Tribunal de Cuentas recoge que el mantenimiento y conservación de las instalaciones de seguridad del Reina Sofía está contratado con una empresa externa, que en 2022 elaboró dos informes sobre ambos asuntos.

En ellos se ponía de manifiesto que los equipos utilizados “no resultaban adecuados para su fin, tanto por su antigüedad, como por la obsolescencia técnica e insuficiencia en los medios instalados para cubrir la seguridad de todos los espacios” de la pinacoteca. Y que, por lo tanto, “no eran idóneos” para alcanzar el nivel de seguridad preciso y acorde con los sistemas y tecnología disponible del momento. De tal forma que en ambos se recomendaba la “sustitución o actualización” de estos sistemas.

El Tribunal de Cuentas expone que las “comprobaciones físicas” que han llevado a cabo sobre los aspectos reseñados en ambos documentos “han permitido constatar las deficiencias señaladas y su importancia”. También añade en su informe publicado este martes, que el Museo lleva desde 2023 abordando esta problemática, con diferentes “expedientes de contratación para renovar sus sistemas de seguridad y contra incendios”.

En concreto, desde el Reina Sofía comunican a este periódico que ya han “tramitado y adjudicado” una auditoría de seguridad, a través de un contrato menor, para “conocer las necesidades presupuestarias y técnicas en materia de Protección Contra Incendios, y que dispondrán de los resultados a finales de junio. ”De esta licitación se obtendrá la evaluación actual de las deficiencias en materia de seguridad y autoprotección, así como la reconfiguración de un Plan Director en estas materias“, comparten.

Localizar obras en “situaciones anómalas”

El Tribunal de Cuentas señala también “necesario” que el Reina Sofía complete la valoración de los Bienes de Patrimonio Histórico y aplique las normas de reconocimiento y valoración previstas en el Plan General de Contabilidad Pública, para que sirva de soporte de los registros contables de dichos bienes, informando en la memoria de las cuentas anuales sobre todos los aspectos relevantes vinculados con obras de arte.

El organismo ha comprobado que, en cuanto a la ubicación de las obras, 66 figuraban como “no localizadas”, en 27 obras valoradas en 278.206 euros la ubicación “no quedaba identificada” y 146 con una valoración de 4.889.880 euros no precisaban “su ubicación física en almacenes”. Por ello, recomiendan “finalizar los trabajos de localización y regularización administrativa” de las piezas que se encontraban en “situaciones anómalas”.

En el Reina Sofía aseguran que se “está trabajando en la revisión de la documentación existente” que permita identificar “cuál ha sido el último movimiento realizado con respecto a las mismas”. Desde la pinacoteca explican que en esta situación hay obras que estaban en edificios que se destruyeron durante la Guerra Civil; en otros casos se trata de depósitos de alta representatividad en edificios oficiales y ministerios constituidos desde principios del siglo XX, y otras son obras que documentalmente se asignan al Museo Español de Arte Contemporáneo, como donación al Estado, pero que nunca ingresaron físicamente al Museo, aunque “consta documentación”.

“Es un proceso trabajoso y de gran minuciosidad, que requiere consultas en diferentes archivos e instituciones públicas y privadas”, argumentan desde la institución, y avanzan que en los casos en los que no puedan resolverse de otra manera, se pondrá en conocimiento de la Brigada de Patrimonio que colabora con Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura o se interpondrá directamente una denuncia de carácter policial.

El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

El borrador del informe de las Cuentas Generales de Navarra de 2024 ha sido corregido después de que los miembros de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas Navarro, mostraran al auditor que elaboró el informe su desacuerdo con las conclusiones.

Así, según ha informado Comptos en una nota, el informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 incluye una 'cláusula de discrepancia' del auditor a quien se encomendó la elaboración del borrador de dicho informe. En el documento consta también la respuesta del presidente a dicha cláusula.

La 'cláusula de discrepancia' está prevista en la Ley Foral de la Cámara de Comptos como una salvaguarda para los auditores frente a posibles manipulaciones por parte de la Presidencia. Según la institución, “no es el caso de lo ocurrido en la tramitación de este informe”.

Ha informado así que tras la presentación del borrador del informe de las cuentas de 2024, los miembros de la Cámara de Comptos, es decir, el presidente de la institución, el secretario general y el resto de auditores, mostraron su desacuerdo con las conclusiones. Dicho desacuerdo se basaba, principalmente, en “la incorrecta aplicación de las normas de auditoría e interpretaciones jurídicas no fundamentadas”.

En determinadas afirmaciones y conclusiones del autor del borrador, ha indicado Comptos, existe una falta de evidencia de auditoría, clave para poder realizar esas afirmaciones. “Se trata de meros juicios personales del auditor que no pueden admitirse en la labor de una institución rigurosa”, ha añadido. El auditor de las cuentas cuestionaba que el sobrecoste de las obras de Belate propuesto por las empresas Acciona, Osés y Servinabar 2000 no debió ser aceptado por Obras Públicas.

También cuestiona la utilidad de dos empresas públicas. Son el Instituto Navarro de Inversiones, del que considera que sus funciones ya las realiza la sociedad pública Sodena, lo que podría llevar a duplicidades. Y la empresa Nafarbide, de la que señala que carece “de medios suficientes” para gestionar los peajes de la comunidad foral, y por su “imposibilidad de llevar a cabo los futuros encargos con pleno sometimiento a la normativa contractual, pudiendo desarrollarse esta actividad por la ACFN”.

Respecto a la opinión de legalidad, el autor del borrador “ha sostenido y mantenido criterios contrarios” a la opinión de la asesoría jurídica de la institución, órgano al que le corresponde fijar dicha opinión.

Según Comptos, en el borrador se detectaron, asimismo, intromisiones en las competencias del Parlamento de Navarra, por ejemplo, al referirse a la tramitación de los Presupuestos, y del Gobierno de Navarra, en este caso respecto a su capacidad para tomar decisiones sobre la organización en la prestación de sus servicios.

En definitiva, ha expuesto el órgano fiscalizador, “el borrador presentado por el auditor no cumplía con los criterios de calidad exigibles a una auditoría, entre otros la imparcialidad, objetividad, ponderación y evidencia de auditoría”.

Al presidente le corresponde aprobar los informes y garantizar su calidad. Por tanto, “en uso de sus facultades y su responsabilidad”, ha corregido el borrador “teniendo en cuenta el criterio del resto de miembros de la institución, en el convencimiento de que el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la ciudadanía en general merecen fiscalizaciones rigurosas y objetivas”.

El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de que España presenta deficiencias en la supervisión del fondo europeo de recuperación y lagunas en los controles de contratación pública, y advierte de que el sistema antifraude del Mecanismo “no es plenamente eficaz y presenta insuficiencias” a escala comunitaria para garantizar una protección plena del presupuesto de la Unión Europea.

En su informe sobre la lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los auditores concluyen que el marco establecido para prevenir, detectar y corregir el fraude “no es plenamente eficaz” y presenta carencias tanto en los Estados miembro como en la propia arquitectura diseñada por la Comisión Europea.

En el caso de España, el Tribunal subraya que el organismo de coordinación no ejerce un control activo sobre la aplicación de las medidas antifraude por parte de las entidades ejecutoras, lo que debilita la supervisión global del sistema. Además, señala que los controles vinculados a la contratación pública no cubren la totalidad de los contratos financiados por el mecanismo, limitando así la capacidad de verificación y deja espacios de riesgo.

No obstante, el informe reconoce avances tras las auditorías comunitarias y destaca como elemento positivo la existencia del canal nacional de denuncia 'Infofraude', gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que permite comunicar irregularidades de forma anónima y refuerza los mecanismos de alerta temprana.

Los requisitos demasiado generales, un problema europeo

Más allá del caso español, el Tribunal advierte de que los requisitos antifraude fijados en la normativa del Mecanismo de Recuperación, dotado con 650.000 millones de euros, son demasiado generales y no definen con suficiente precisión el alcance mínimo de las comprobaciones que deben llevar a cabo las autoridades nacionales.

Los auditores también alertan de la falta de criterios uniformes para notificar los casos de presunto fraude a la Comisión y de la existencia de datos incompletos e incoherentes entre países, lo que dificulta evaluar la magnitud real del problema y orientar de manera eficaz las medidas correctoras.

Otro de los puntos más sensibles del informe se refiere a la recuperación de fondos. A diferencia de otros programas europeos, los Estados miembro no están obligados a reintegrar al presupuesto comunitario los importes que recuperen de beneficiarios implicados en fraude, salvo que la Comisión considere insuficientes esas actuaciones.

Dado que una parte significativa de las inversiones se ejecutará en la fase final del instrumento, el Tribunal advierte del riesgo de que posibles casos de fraude se confirmen cuando el sistema de notificación ya haya concluido, lo que podría dificultar el seguimiento y la recuperación efectiva de fondos.

Según datos de la Fiscalía, desde la puesta en marcha del MRR se han investigado 307 casos de fraude vinculados a este instrumento, una cifra que, a juicio de los auditores, pone de relieve la necesidad de reforzar las salvaguardas en futuros programas europeos de gran volumen financiero.

La respuesta de la Comisión

La Comisión Europea ha acogido favorablemente el informe de los auditores y, aunque coincide en términos generales con las conclusiones, también discrepa de algunas valoraciones, y sostiene que los sistemas nacionales examinados están, en líneas generales, bien diseñados para detectar actividades fraudulentas y cuentan con políticas antifraude y canales de denuncia operativos.

En relación con la notificación de casos sospechosos, la Comisión reconoce que puede haber margen de mejora y anuncia que actualizará sus orientaciones para precisar el momento y la información que deben comunicar los Estados miembro, en el marco de las directrices sobre la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación.

Sobre la recuperación de fondos, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembro están legalmente obligados a corregir y recuperar los importes indebidamente utilizados y a notificar los casos sospechosos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea, incluso después de la finalización formal del mecanismo.

Asimismo, la Comisión subraya que mantiene el derecho a efectuar verificaciones y auditorías durante un periodo de hasta cinco años tras el último pago y advierte de que, cuando un país no corrija adecuadamente casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, adoptará las medidas correctoras pertinentes, incluidas posibles reducciones financieras.

La Sindicatura de Comptes ha destapado un nuevo agujero negro en el denominado 'modelo Alzira' (la privatición de hospitales y centros públicos, que implantó el PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps en la Comunitat Valenciana en cinco departamentos de Salud). El informe publicado este lunes (volumen 1, página 26) revela que el Tribuna de Cuentas investiga si hay “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados por lo tanto por Ribera Salud (Alzira, Dènia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente.

Esta situación implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio, en concreto entre los años 2013 y 2023, según la investigación del mencionado Tribunal. El IVO es una fundación que se nutre prácticamente en su totalidad de fondos públicos de la Generalitat al que por lo tanto puede acudir de forma voluntaria cualquier valenciano, independientemente del hospital que tenga asignado en función de su zona de residencia, unos servicios que después paga la Conselleria de Sanidad. Lo que investiga el Tribunal de Cuentas es si Sanidad ha incurrido en un doble pago cuando estos pacientes atendidos en el IVO pertenecen o han pertenecido a un departamento de salud privatizado, puesto que entre los pagos que realiza la administración a las empresas por cada habitante adscrito a la zona gestionada (cápita) también se incluyen los tratamientos oncológicos.

En concreto, el mencionado documento destaca entre otras cuestiones analizadas que “la Consellería de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de varios pacientes asignados a las concesionarias”.

Esta situación, “señalada reiteradamente por la Sindicatura, está siendo analizada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable, que se encuentran en tramitación”. En este sentido “en 2025 la consellería ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos”.

Al respecto, fuentes de Sanidad han explicado a elDiario.es que este cálculo forma parte de las liquidaciones y que precisamente por este motivo han reclamado 45 millones de euros tanto a Ribera Salud como a Sanitas. En el caso de Ribera Salud las mismas fuentes han asegurado que ya han abonado la cuantía reclamada. A preguntas de esta redacción ambas empresas han preferido no hacer comentarios.

Tras extender el PP el 'modelo Alzira', el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y con el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

Entre los muchos problemas que presenta este modelo, tales como deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control o la elevada litigiosidad, destaca también las dificultades para realizar las liquidaciones finales de cada ejercicio, es decir, el balance económico en el que se calcula si la Generalitat debe aportar cuantías adicionales a las empresas gestoras por atenciones extraordinarias y otros gastos imprevistos o si por el contrario son las mercantiles las que deben devolver dinero a la administración, entre otros aspectos, por pacientes asignados a las áreas de salud privatizados que finalmente han sido atendidas en centros públicos.

El conseller Marciano Gómez puso en valor la semana pasada en el pleno de las Corts que durante su responsabilidad en la conselleria en estos dos últimos dos años se han regularizado 35 liquidaciones de las concesiones y se han ingresado ya en las cuentas de la Generalitat cerca de 300 millones de euros (240 millones de Sanitas y 60 de Ribera Salud), mientras que en 8 años del Botànic fueron 26 liquidaciones.

El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad del modelo.