Igualdad multa con 25.000 euros a Vodafone por la caída del sistema de las pulseras de control de maltratadores

El Ministerio de Igualdad ha impuesto una multa de 25.000 a Vodafone por la caída que el sistema sufrió el pasado 11 de noviembre. Así lo ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes del Ministerio, que insisten que en “ninguna tecnología es infalible” y añaden que “el sistema funciona con normalidad, gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible”.

El sistema que monitoriza las pulseras de control de maltratadores (Cometa) sufrió un fallo que provocó que los dispositivos dejaran de funcionar correctamente durante varias horas. El Ministerio de Igualdad afirmó entonces que, en cuanto tuvo constancia de la incidencia, las víctimas fueron contactadas para alertarles del fallo del sistema, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la protección de las mujeres. El botón del pánico –que hace saltar una alarma prioritaria– del que disponen las víctimas siguió activo en todo momento, también la posibilidad de hacer o recibir llamadas así como las alertas por proximidad.

Igualdad afirma que “tras la apertura del expediente por las incidencias detectadas en el sistema Cometa durante unas horas el pasado 11 de noviembre, se ha impuesto a la empresa responsable del servicio una penalidad por importe de 25.285 euros”. “Se hará efectiva mediante deducción de cantidades”, esto es, restando dinero de los pagos periódicos que tiene que recibir Vodafone por la prestación del servicio.

El pasado septiembre, el funcionamiento de las pulseras provocó un terremoto político que llevó a la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso. Todo comenzó con un párrafo en la última memoria de la Fiscalía: el Ministerio Público aseguraba que un error técnico durante el trasvase de datos a la nueva empresa adjudicataria del servicio Cometa (una UTE formada por Vodafone y Securitas) hizo que, durante meses, se perdieran los datos anteriores a marzo de 2024. Eso, proseguían, había provocado una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. Se trataba de casos en los que se acusaba al agresor de haber quebrantado una orden de alejamiento, no de los procedimientos por violencia de género en sí.

Tras el revuelo, la Fiscalía aclaraba que el fallo había sido puntual y que “la mayoría” de los procesos fueron reabiertos y “resueltos posteriormente” una vez se recuperaron los datos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también insistía en que los problemas “fueron contados” y los cifraba en el 1% de los casos, aunque el Poder Judicial no ofreció datos concretos. Ocurrió a raíz del cambio de empresa adjudicataria del servicio, que pasó de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad España en octubre de 2023, aunque en la práctica fue a principios de 2024 cuando el nuevo sistema comenzó a funcionar y, según las trabajadoras, a “dar fallos”.

En la entrevista de este viernes con elDiario.es, Redondo insiste en que “hubo un problema tecnológico, pero esos fallos nunca supusieron absoluciones, como se dijo”. “Hemos pedido la información de esas supuestas sentencias absolutorias al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía y no ha habido respuesta”, añade.