Una de les cartes que va utilitzar Carlos Mazón per aconseguir tutelar la seua successió el cap de setmana en què Gènova el va obligar a dimitir després dels crits rebuts al funeral d'Estat per les víctimes de la dana va ser la convocatòria d'eleccions. En diverses ocasions, l'expresident va amenaçar amb l'òrdag de dissoldre les Corts, la seua prerrogativa com a cap del Consell, i anar a les urnes, encara que ell no fos el candidat. La pressió va ser tan forta que, encara que Alberto Núñez Feijóo va aconseguir que Mazón abandonara el càrrec, va haver d'assumir que Juanfran Pérez Llorca fos el successor i no María José Català, com haguera preferit el lider del PP nacional.

¿Per què Alberto Núñez Feijóo tenia tanta por a un ajornament electoral a la Comunitat Valenciana? ¿Per què el PP nacional va donar suport a avançaments electorals a Extremadura i Aragó i no per a la Generalitat? Els conservadors sempre van defensar no acudir a les urnes perquè Vox va donar suport als pressupostos valencians, però la realitat és que el PP s'haguera ofegat en unes eleccions valencianes i l'esquerra podria haver recuperat el poder, segons una enquesta interna del PSPV-PSOE a l'octubre de 2025 que ha pogut conèixer elDiario.es i que es va veure confirmada per una altra enquesta interna de Compromís dos mesos després. Els trackings interns del PP anaven en la mateixa línia, sostenen fonts populars.

L'enquesta interna del PSPV-PSOE es va realitzar entre el 16 de setembre i el 30 d'octubre de 2025, un dia després de l'aniversari de la dana i tres abans de la dimissió de Mazón. Es van realitzar 1.812 entrevistes amb un marge d'error del 2,3 %. La projecció de l'enquesta vaticinava una caiguda estrepitosa del PP i una pujada exponencial de Vox, que creixia en nou escons, però no prou per frenar una possible victòria de l'esquerra.

Així, la suma de PSPV-PSOE i Compromís assolien els 50 diputats, només un per damunt de la majoria. 30 escons per als socialistes i 20 per als valencianistes, que creixien en cinc diputats respecte a les autonòmiques de 2023. El PP haguera obtingut 27 i Vox 22, aconseguint ser el tercer partit més votat.

Segons el sondeig, a la província de València el PP patia una caiguda de quatre diputats, mentre que a Alacant les pèrdues de vots superaven els cinc escons. A Castelló, província clau, el PP perdia altres quatre. La castellonenca és la circumscripció on l'esquerra li donava la volta al tauler electoral amb una diferència al seu favor de dos representants.

A la província de València, la força que més pujava era Vox, mentre que Compromís creixia en un diputat. Els socialistes acusaven desgast per la dana i perdien un escó.

A Alacant, feu electoral de la dreta, les forces d'esquerra retallaven en escons en sumar dos més. Gràcies a Vox, la dreta mantenia la seua hegemonia al sud.

Per la seua part, segons aquesta enquesta, Podem colliria el 2% dels vots, uns 50.000 sufragis, insuficients per entrar a les Corts. Un resultat pitjor que el de 2023, quan els morats superaven els 80.000 però també es van quedar sense representació

Al desembre, com va explicar elDiario.es, Compromís també va llançar un sondeig intern que apuntava a la possibilitat d'una victòria de l'esquerra. L'enquesta confirmava la pujada exponencial de Vox i dels valencianistes que s'aprofitaven del desgast del PP per la gestió de la dana i del PSOE pels casos de corrupció vinculats als seus dos anteriors secretaris d'Organització.

Amb aquesta temperatura electoral, l'esquerra mobilitzada i els mateixos sondejos interns del PP, l'ajornament electoral es convertia en una quimera.

Una de las bazas que usó Carlos Mazón para conseguir tutelar su sucesión el fin de semana en que Génova le obligó a dimitir tras los abucheos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana fue la convocatoria de elecciones. En varias ocasiones, el expresidente amenazó con el órdago de disolver las Corts, su prerrogativa como jefe del Consell, e ir a las urnas, aunque él no fuera el candidato. La presión fue tan fuerte que, aunque Alberto Núñez Feijóo consiguió que Mazón abandonara el cargo, tuvo que asumir que Juanfran Pérez Llorca fuera el sucesor y no María José Català como hubiera preferido el líder del PP nacional.

¿Por qué Alberto Núñez Feijóo tenía tanto miedo a un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana? ¿Por qué el PP nacional apoyó adelantos electorales en Extremadura y Aragón y no para la Generalitat? Los conservadores siempre defendieron no acudir a las urnas porque Vox apoyó los presupuestos valencianos, pero la realidad es que el PP se hubiera habido en unas elecciones valencianas y la izquierda podría haber recuperado el poder, según una encuesta interna del PSPV-PSOE en octubre de 2025 que ha podido conocer elDiario.es y que se vio confirmada por otra encuesta interna de Compromís dos meses después. Los trackings internos del PP iban en la misma línea, deslizan fuentes populares.

La encuesta interna del PSPV-PSOE se realizó entre el 16 de septiembre y el 30 de octubre de 2025, un día después del aniversario de la dana y tres antes de la dimisión de Mazón. Se realizaron 1.812 entrevistas con un margen de error del 2,3 %. La proyección de la encuesta vaticinaba una caída estrepitosa del PP y una subida exponencial de Vox, que crecía en nueve escaños, pero no lo suficiente para frenar una posible victoria de la izquierda.

Así, la suma de PSPV-PSOE y Compromís alcanzaba los 50 diputados, solo uno por encima de la mayoría. 30 escaños para los socialistas y 20 para los valencianistas, que crecían en cinco diputados respecto a las autonómicas de 2023. El PP hubiera obtenido 27 y Vox 22, consiguiendo ser el tercer partido más votado.

Según el sondeo, en la provincia de Valencia el PP sufría un descalabro de cuatro diputados, mientras que en Alicante las pérdidas de votos superaban los cinco escaños. En Castelló, provincia clave, el PP perdía otros cuatro. La castellonense es la circunscripción donde la izquierda le daba la vuelta al tablero electoral con una diferencia a su favor de dos representantes.

En la provincia de Valencia, la fuerza que más subía era Vox, mientras que Compromís crecía en un diputado. Los socialistas acusaban desgaste por la dana y perdían un escaño.

En Alicante, feudo electoral de la derecha, las fuerzas de izquierda recortaban en escaños al sumar dos más. Gracias a Vox, la derecha mantenía su hegemonía en el sur.

Por su parte, según esta encuesta, Podemos cosecharía el 2% de los votos, unos 50.000 sufragios, insuficiente para entrar en las Corts. Un resultado peor al de 2023, cuando los morados superaron los 80.000 pero también se quedaron sin representación

En diciembre, como contó elDiario.es, Compromís también lanzo un sondeo interno que apuntaba a la posibilidad de una victoria de la izquierda. La encuesta confirmaba la subida exponencial de Vox y de los valencianistas que se aprovechaban del desgaste del PP por la gestión de la dana y del PSOE por los casos de corrupción vinculados a sus dos anteriores secretarios de Organización.

Con esta temperatura electoral, la izquierda movilizada y los propios sondeos internos del PP, el adelanto electoral se convertía en una quimera.

La educación, especialmente la concertada aunque seguida de cerca por la pública, fue el servicio que la ciudadanía catalana valoró mejor en el año 2025. En lado opuesto, la administración de justicia quedó en el último lugar, como el ámbito en el que la administración debe mejorar. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta sobre servicios públicos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), de la Generalitat, que ha visto la luz este jueves.

Junto a la satisfacción con los servicios públicos en general, la encuesta también pregunta por los medios de transporte habituales. En este ámbito, los trenes de Rodalies de Renfe, obtienen la peor nota, con un 4,2 que los deja en el suspenso. Los siguen por la cola los Regionals de la misma compañía. En la parte alta de la tabla, los Ferrocarrils FGC son los mejor puntuados, seguidos del metro de Barcelona.

Aunque la encuesta se realizó mucho antes de la actual crisis de Rodalies, el estudio hace patente cómo la imagen de los trenes de cercanías de Renfe se ha hundido año tras año, obteniendo en 2025 el peor resultado de la serie. Pero también el AVE ha perdido prestigio, al caer casi medio punto en dos años. El metro, por su parte, ha mejorado puntuación, mientras que FGC y los autobuses, tanto urbanos como interurbanos, se mantuvieron en el margen habitual de valoración.

El sondeo no entra en cuestiones de competencia política y no arroja ni proyección electoral ni valoración de partidos o líderes. Sin embargo sí pregunta por la nota global del Govern de Salvador Illa, que obtiene en 2025 un 5,1 sobre 10 en valoración ciudadana. Se trata de tres décimas más que en el 2024 y de la primera vez que se supera el aprobado desde el inicio de este formato de encuesta, en el 2022.

El Ejecutivo, adedmás, obtiene una valoración positva de los simpatizantes de todos los partidos, con la excepción de CUP, Vox, y Aliança. Por otra parte, la ciudadanía da un aprobado al Govern en promoción de la cultura y la lengua catalana, la sanidad o la educación, mientras que suspende en lucha contra la pobreza y en seguridad de la ciudadanía.

La percepción sobre la inmigración ha dado un rápido vuelco en Catalunya. Segun un sondeo del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), adscrito a la Universitat de Barcelona, dos de cada tres catalanes (64%) son partidarios de limitar la llegada de personas extranjeras, mientras que el 33% lo rechaza. Esta amplia mayoría contra la inmigración fraguada en 2025 contrasta con la respuesta que arrojaba la misma encusta hace dos años, cuando solo un 44% reclamaba restringir las llegadas y eran más de la mitad los que se mostraban en contra.

Este ascenso de la inmigración como fuente de preocupación no ha sido igual en todos los sectores políticos ni demográficos. Si se observa por partidos, los votantes de Junts son quienes más han basculado hacia posiciones contrarias a la inmigración, convergiendo con el resto de fuerzas de la derecha. En 2023, menos de la mitad de los ciudadanos que aseguraban haber votado al partido de Carles Puigdemont estaban a favor de limitar la entrada de extranjeros. Sin embargo, dos años después, el porcentaje era de cerca del 75%.

Junts, que hace dos años tenía un electorado que en políticas migratorias pensaba parecido a PSC y ERC, en 2025 se parecía más a PP, Vox y Aliança Catalana, donde la opinión contraria a la inmigración es muy mayoritaria.

Esa mimetización entre las derechas puede verse también en las opiniones cruzadas sobre los líderes políticos. Es llamativo que los votantes de Vox valoran casi con la misma nota a su líder, Ignacio Garriga, con un 5,84 de media, que a Sílvia Orriols, a la que puntuan con un 5,83. Algo que, en cambio, no pasa al revés, pues los votantes de Aliança solo dan un 2,64 a Garriga.

Que entre Junts y Aliança la frontera de voto es difusa lo demuestra el hecho de que su electorado valora relativamente bien al líder del otro partido. Los exconvergentes dan un 6,4 a Puigdemont pero, a la hora de elegir una segunda opción, no se decantan por Oriol Junqueras ni por Salvador Illa, sino por Orriols, a la que puntúan con un 4,87.

Entre el electorado de Aliança pasa algo similar. Aunque son quienes mejor valoran a su líder, con un 8,65, si tienen que buscar una alternativa se van a buscar a Puigdemont, a quien le ponen un 4,83.

Esta concentración de la derechas tanto en opiniones sobre la inmigración como en valoración de sus líderes está haciendo crecer a Aliança, un partido que se muestra capaz de atraer votantes de muy diferentes espectros. Uno de los datos que arroja el estudio del ICPS es que en 2025, solo en 52% de los votantes de Orriols se declaran independentistas. Pero además, un tercio de sus votantes manifiesta esncontrarse cómodo con el actual estado de autonomía para Catalunya o, incluso, con menos autogobierno.

Si lo que anticipan las encuestas se cumple el próximo domingo, la gobernabilidad en Aragón pasará únicamente por Vox. Una extrema derecha especialmente reforzada y que, ante un PP que apenas subiría, evidenciará el fracaso del presidente Jorge Azcón en anticipar las elecciones: si la aprobación del Presupuesto autonómico estaba complicada con siete diputados de Vox, con cerca del doble el coste se dispararía. En la izquierda, el PSOE se desinfla con el paso de los días mientras crecen CHA e Izquierda Unida-Sumar.

El PP, que obtuvo 28 diputados en 2023, se quedaría en apenas uno más tras el 8-F, según más de una quincena de sondeos publicados por los medios de comunicación en las últimas dos semanas. En porcentaje de voto, pasaría del 35,5% que logró hace dos años y medio a un 38%, dos puntos y medio más.

La única suma posible para superar el umbral de los 34 escaños que marca la mayoría absoluta es con Vox. La extrema derecha, como sucedió en Extremadura, se dispararía hasta los 12 representantes y cinco puntos más de votos: del 11,2% a un 16,2%.

En el otro lado, un PSOE a la baja se arriesga a obtener el peor resultado de su historia, los 18 diputados que logró Javier Lambán en 2015 aunque en un contexto completamente diferente, con Podemos en su cénit y 14 escaños. Ahora, las encuestas avanzan que se quedarían en casi cinco puntos menos, del 29,5% al 24,8%, y un número de representantes muy similar a 2015. Y lo que resulta más peligroso para los socialistas: con una tendencia a la baja.

Solo el CIS otorga a la candidata Pilar Alegría un resultado próximo al de 2023, cuando obtuvo 23 diputados, y eso en la horquilla máxima. La oportunidad para la exministra está en quienes aún no tienen claro a quién votar, ya que la principal alternativa que manejan es entre el PSOE y la abstención.

En la izquierda, la nota más destacada es de CHA, que confirma su subida con el paso de los días: con Joge Pueyo como cabeza de lista, la formación incluso podría llegar a los cinco diputados –así lo trasladan tres de los cinco últimos sondeos publicados–, dos más de los que tenía en la pasada legislatura, al pasar de un 5,1% a un 6,7%. También Izquierda Unida, en coalición con Sumar, reforzaría su presencia y tiene alguna opción incluso de lograr un segundo escaño.

La Coalición Existe mantiene cierta estabilidad en los dos diputados, ambos por Teruel, con lo que perdería uno, con 1,2 puntos menos hasta el 3,7% de los sufragios. Pese ala llamadaa al voto útil de su candidato, Tomás Guitarte, ningún sondeo le otorga la posibilidad de formar gobierno con el PP de Azcón.

Quien se quedaría sin representación sería la candidata de Podemos, María Goikoetxea, ya que la formación morada –como el PSOE, con una tendencia a la baja– se quedaría en el 2,2%, lo que supone que reduciría en 1,7 puntos su porcentaje de votos respecto a 2023.

Lo mismo le sucedería al PAR, al que los últimos diez sondeos dejan también sin el escaño de Alberto Izquierdo. La baza que juegan los aragonesistas, en todo caso, es que sus posibilidades han pasado siempre por la circunscripción de Teruel y ahí, donde las encuestadoras recaban menos datos, el margen de error puede ser mayor.

Finalmente, según las mismas encuestas Alvise fracasaría en su primer intento de obtener representación en unas elecciones autonómicas y Se Acabó la Fiesta (SALF) continuaría siendo una fuerza extraparlamentaria.

El PNV repetiría como principal fuerza política y lograría 17 escaños, dos más que los que tiene en la actualidad, en las próximas elecciones forales de Álava, según un estudio encargado por la Diputación que vuelve a situar a EH Bildu como segundo partido, con un crecimiento de otros dos escaños que le haría llegar a los 16 representantes.

El estudio, realizado por Gizaker por encargo de la Diputación de Álava, se ha elaborado a partir de 1.200 entrevistas telefónicas a personas residentes en Álava mayores de edad, con un error muestral del 2,83% para un nivel de confianza del 95%. Las entrevistas se han realizado entre el 12 y el 18 de diciembre, según recoge Europa Press.

La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía alavesa sobre la gestión de las principales instituciones. Así, se valora al Gobierno vasco y la Diputación de Álava con una nota de 5,73 y 5,72, respectivamente, por delante de los ayuntamientos (5,17) y el Gobierno de Sánchez (4,41).

En cuanto a la intención de voto para las Juntas Generales de Álava, el estudio concluye que, si hoy se celebraran las elecciones, PNV volvería a ser la fuerza más votada, con una estimación de voto del 30%. Por detrás, EH Bildu obtendría el 28,4%. Le seguiría el PSE-EE, con una estimación del 15,5%. El PP obtendría el 13,1%, Elkarrekin Podemos el 7,1% y Vox el 5% de los sufragios.

En su traslación a las Juntas Generales de Álava, la formación jeltzale obtendría 17 escaños, dos más que en las elecciones forales de 2023; EH Bildu llegaría a los 16 asientos en la Cámara foral y también sumaría dos a su representación actual; el PSE-EE tendría 7 escaños, dos menos que en la anterior cita electoral; el PP también caería dos representantes, quedándose en 7; Elkarrekin Podemos mantendría dos de sus actuales tres asientos; y Vox duplicaría su presencia, hasta llegar a dos representantes.

La conversa bull mentre comencen a arribar els concurrents. Entre cafès i apunts escampats en una llibreta, diversos veïns del municipi mallorquí d'Esporles s'acosten a la taula del cèntric restaurant Es Brollador i comencen a parlar. “Hi ha una clara intencionalitat de les institucions per ocultar el sondeig...”, deixa anar un d'ells. Els presents són part dels coordinadors d'un grup de 74 persones que fa més de dos anys va emprendre una insòlita batalla: reclamar que el Govern espanyol faci pública l'enquesta que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública, en el context de la Transició, si preferia un Estat monàrquic o republicà, com va confessar el mateix mandatari d'UCD dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. Des de llavors, el silenci institucional és absolut.

Els autors de la iniciativa recriminen, en declaracions a elDiario.es, que l'Executiu central mantingui suposadament sota secret aquest sondeig mentre el president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, revelava el passat dimarts el resultat d'una altra enquesta, que també va encarregar Suárez, però ja el 1979. En aquella ocasió, els ciutadans es van inclinar a favor de la monarquia: “Els qui es declaraven partidaris de la monarquia eren un 30,9% i de la república, un 19,7%. Indiferents, el 31,7%”. Durant la seva compareixença, Tezanos va admetre que el problema d'aquella consulta rau en el fet que va tenir “una mostra insuficient de 504 entrevistes”. Malgrat això la seva conclusió va ser clara: en conjunt, va apuntar, “els monàrquics més accidentalistes sumaven un 62%”.

“És una barbaritat que Tezanos digui que hi havia un 62% a favor de la monarquia sense donar la fitxa tècnica. No diu com es va formular la pregunta, quin era el marge d'error ni com es va seleccionar la mostra. I, a sobre, era una enquesta feta a poc més de 500 persones, amb un marge d'error altíssim”, critica Josep Ferrà, integrant del grup de veïns d'Esporles i batle d'aquesta localitat enclavada a la Serra de Tramuntana. Per la seva banda, Domingo, un altre resident, posa l'accent en el fet que Tezanos triés aquest dimarts per donar a conèixer l'enquesta de 1979: “Dona la casualitat que 48 hores abans ens havíem adreçat al president del Govern [d'Espanya] per insistir que publiqui el sondeig de 1976”.

Després de la publicació d'aquest reportatge, el president del CIS ha remès una nota en la qual assegura que no existeix cap registre o document “sobre aquesta suposada enquesta de 1976”, ni els consta que Suárez realitzés cap comentari sobre tal possibilitat. Tezanos assenyala que aquell any es van fer tres grans onades d'enquestes prèvies a la Constitució sobre la possible distribució de les orientacions electorals abans que existissin partits polítics legalitzats. Sobre la de 1979 -a la qual, postil·la l'escrit, l'expresident del Govern espanyol va al·ludir en diverses ocasions-, el CIS apunta que van trobar “documents parcials en les prop de mil caixes de documentació antiga que trobem”.

Confessions a micro tapat

La confecció i els resultats de la suposada enquesta havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que una 'relliscada' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que, 21 anys després, seria desvetllada per La Sexta Columna el novembre de 2016, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, va introduir-hi les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i promulga les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que ja havia estat sotmès a referèndum”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem

Adolfo Suárez — Entrevista inèdita amb Victoria Prego el 1995

Com s'aprecia en el vídeo inserit en aquest article, Suárez procedeix a tapar el micròfon que porta subjecte perquè no es registressin les seves paraules: explica que va actuar d'aquesta manera perquè els sondejos dels quals disposava el Govern espanyol -i que mai van arribar a publicar-se- anunciaven que el model republicà era el preferit pels espanyols. “Fèiem enquestes i perdíem”, va admetre l'expolític abulenc, qui, durant la dictadura franquista, va ostentar diversos càrrecs públics per, el 1976, ser nomenat líder de l'Executiu central pel rei Joan Carles I. Va morir el 2014, deixant un cúmul d'incògnites i interrogants sobre com es va forjar la Transició. Gairebé cinquanta anys després, les ombres que planen sobre el relat d'aquell històric període continuen sense aclarir-se.  

“La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”

Els veïns reunits al centre d'Esporles sostenen que l'ocultació de la consulta de 1976 respondria a un patró segons el qual, “quan capten que socialment no hi ha una majoria a favor de la monarquia, s'amaguen les dades. Va passar a la Transició i ha tornat a passar quan la valoració del rei va caure per sota de 5 al CIS entre 2011 i 2015”, assevera Domingo. Aquest resident recorda que fa anys el baròmetre va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. En aquest sentit, critica que el president d'aquest organisme públic “porta des de 2015 dient que no es pregunta per la monarquia perquè per a la gent no és un problema”. El grup, no obstant això, ha estudiat minuciosament les sèries estadístiques del CIS i els cicles de publicació de dades i assevera: “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”.

Domingo Sanz recorda que fa anys el baròmetre del CIS va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”, denuncia

El veí diu que aquest patró ja existia a la Transició i incideix en què aquesta es va fonamentar sobre un relat adulterat: “La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”, subratlla mentre els altres assenteixen. “No va tenir el suport inicial de la població i es va ocultar. Quan les dades interessaven, es publicaven. Quan no, s'oculten”, afegeix Ferrà, qui considera que es tracta d'“un joc molt esbiaixat” atès que “tots els aparells mediàtics que acompanyen les institucions fan reflotar aquesta narrativa perquè la monarquia sigui acceptada”.

La Llei franquista de Secrets Oficials

Per damunt d'això, el primer edil considera “molt greu” que “s'ocultin aquestes coses en democràcia amb una llei de secrets franquista”. Es refereix, en concret, a la Llei de Secrets Oficials que es va aprovar el 1968, amb el règim de Franco en vigor, i en la qual les institucions s'emparan per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez. En una resposta oferta el 5 d'abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, qui milita a Més per Mallorca, l'Executiu central al·ludia a l'elaboració d'un avantprojecte de llei que pretén substituir la norma encara vigent. “El Govern està compromès amb l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei d'Informació Classificada que actualitzi el règim jurídic preconstitucional en aquesta matèria, tal com passa als països del nostre entorn”, responia aleshores l'Executiu, reconeixent, potser implícitament, l'existència de l'enquesta que se li va formular a l'opinió pública espanyola dos anys abans d'aprovar-se la Constitució. “Aquesta és l'autèntica enquesta”, comenta Domingo.

Les institucions s'emparen en la Llei de Secrets Oficials de 1968, aprovada amb el règim franquista en vigor, per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez

Ferrà va més enllà: “El més greu és que en un Estat democràtic s'estiguin ocultant coses que van passar durant la dictadura, que és el que s'està fent en aquest cas, quan aquesta llei franquista no obliga a ocultar-les. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i, si no ho fa, és perquè no li dóna la gana, perquè ha publicat coses que també estaven sota aquesta mateixa llei”. “Quin barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat?”, es pregunta. I sentencia: “El Govern [espanyol] protegeix la dictadura”.

Sobre la nova norma que prepara l'Executiu central, alerta que permetria bloquejar documents durant dècades “sense necessitat de justificar-ho davant la ciutadania” -el text estableix un mínim de 45 anys, prorrogables de forma motivada a un màxim de 60-. El batle confia que “els comptadors no arrenquin des de zero” per als documents classificats actualment, en línia amb altres veus crítiques que temen que els terminis del secret dels documents es reiniciïn i aquests continuïn algunes dècades més sota sigil, buidant així la memòria col·lectiva i mantenint ocultes determinades zones fosques de la història contemporània. “Ara estem veient com la població jove no sap ni qui és Franco ni què és la Transició. D'aquí a 40 o 50 anys, la feina de desmemòria que s'haurà fet serà total”, recela.

La llei de secrets franquista no obliga a ocultar. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i si no ho fa és perquè no li dóna la gana. ¿Què barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat? El Govern [espanyol] protegeix la dictadura

Josep Ferrà — Membre del grup i batle d'Esporles

La trobada a Es Brollador avança i la frustració es barreja amb la determinació. Alguns proposen escriure de nou als grups parlamentaris que donen suport al Govern central; altres creuen que caldrà explorar noves vies legals. L'únic segur és que no pensen rendir-se, atès que, en la seva opinió, el que ha succeït no és un detall històric menor, sinó un element que hauria canviat la forma en què diverses generacions es van acostar a la Transició i a la cultura democràtica.

“Si s'hagués conegut aquesta enquesta, tindríem una societat molt millor”, subratlla Domingo, qui considera que “els professors d'història haurien pogut explicar el sondeig sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil”. En aquesta línia, subratlla: “Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'”. La veu li tremola lleugerament en recordar els infructuosos intents per aconseguir que el Govern d'Espanya recapaciti: “Envies un escrit i res. És desesperant. Estem molt fotuts”.

Si s'hagués conegut l'enquesta, tindríem una societat molt millor i els professors d'història haurien pogut explicar els seus resultats sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil. Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'

Domingo Sanz — Membre del grup

Al gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro -conegut per dirigir la instrucció del cas Nóos- i Juan Pedro Yllanes -qui va renunciar a presidir el judici contra Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina per accedir a la política de la mà de Podem-, van remetre una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la qual li reclamaven que es desclassifiqui tota la informació relativa a l'enquesta de 1976. Igual que els veïns d'Esporles, volen arribar al fons d'aquesta qüestió per conèixer si, efectivament, els qui van tutelar la transició de la dictadura franquista a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant aquests dubtosos mètodes la continuïtat d'un règim caduc sota el parapet de la monarquia i van impossibilitar que la bandera de la República pogués onejar de nou als balcons de les institucions.

El gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro i Juan Pedro Yllanes, van reclamar al Govern que es desclassifiqui la informació relativa a l'enquesta de 1976 per conèixer si els qui van tutelar la transició del franquisme a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant dubtosos mètodes la continuïtat del règim

En la seva missiva, reclamaven que, juntament amb els resultats del referèndum de la Llei de la Reforma Política -elaborada pel president de les Corts franquistes Torcuato Fernández Miranda-, el Govern central proporcioni l'entrevista que Prego va realitzar a Suárez i en la qual, recorden, aquest “va desvetllar que abans del referèndum de 1976 havia ordenat la realització d'enquestes, que no va publicar, i que li van permetre organitzar el referèndum per obtenir els resultats que li interessaven i assegurar la continuïtat de la monarquia que el dictador havia restaurat el 1947 mitjançant la Llei de Successió del cap d'Estat”. A través d'aquesta norma, Franco va establir que Espanya, com a unitat política, era un Estat catòlic, social i representatiu que, d'acord amb la seva tradició, es declarava constituït en regne, reservant-se d'aquesta manera la facultat de proposar a les Corts la persona que havia de ser cridada, al seu dia, a succeir-lo a títol de rei.

A Esporles, mentrestant, els veïns no descarten emprendre noves accions després de Nadal. Malgrat el cansament acumulat, els seus integrants mantenen la convicció que la societat mereix saber què pensaven realment els espanyols el 1976, quan Adolfo Suárez va decidir mirar aquelles xifres i callar.

La conversación hierve conforme comienzan a llegar los concurrentes. Entre cafés y apuntes desperdigados en una libreta, varios vecinos del municipio mallorquín de Esporles se acodan en la mesa del céntrico restaurante Es Brollador y empiezan a hablar. “Hay una clara intencionalidad de las instituciones por ocultar el sondeo...”, desliza uno de ellos. Los presentes son parte de los coordinadores de un grupo de 74 personas que hace más de dos años emprendió una insólita batalla: reclamar que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública, en el contexto de la Transición, si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. Desde entonces, el silencio institucional es absoluto.

Los autores de la iniciativa recriminan, en declaraciones a elDiario.es, que el Ejecutivo central mantengan supuestamente bajo secreto aquellos sondeos mientras el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, revelaba este martes el resultado de otra encuesta, que también encargó Suárez, pero ya en 1979. En esa ocasión, los ciudadanos se inclinaron a favor de la monarquía: “Los que se declaraban partidarios de la monarquía eran un 30,9% y de la república, un 19,7%. Indiferentes, el 31,7%”. Durante su comparecencia, Tezanos admitió que el problema de esa consulta radica en que tuvo “una muestra insuficiente de 504 entrevistas”, pese a lo cual su conclusión fue clara: en su conjunto, apuntó, “los monárquicos más accidentalistas sumaban un 62%”.

“Es una barbaridad que Tezanos diga que había un 62% a favor de la monarquía sin dar la ficha técnica. No dice cómo se formuló la pregunta, cuál era el margen de error ni cómo se seleccionó la muestra. Y, encima, era una encuesta hecha a poco más de 500 personas, con un margen de error altísimo”, critica Josep Ferrà, integrante del grupo de vecinos de Esporles y alcalde de esta localidad enclavada en la Serra de Tramuntana. Por su parte, Domingo, otro residente, hace hincapié en el hecho de que Tezanos eligiese este martes para dar a conocer la encuesta de 1979: “Da la casualidad de que 48 horas antes nos habíamos dirigido al presidente del Gobierno para insistir en que publique el sondeo de 1976”.

Tras la publicación de este reportaje, el presidente del CIS ha remitido una nota aclaratoria en la que asegura que no existe ningún registro o documento “sobre esa supuesta encuesta de 1976”, ni les consta que Suárez realizara ningún comentario sobre tal posibilidad. Tezanos señala que aquel año se hicieron tres grandes oleadas de encuestas previas a la Constitución sobre la posible distribución de las orientaciones electorales antes de que existieran partidos políticos legalizados. Sobre la de 1979 -a la que, apostilla el escrito, el expresidente del Gobierno aludió en varias ocasiones-, el CIS apunta que hallaron “documentos parciales en las cerca de mil cajas de documentación antigua que encontramos”.

De esa forma, prosigue, recuperaron la encuesta realizada en 1979 con una muestra de 504 entrevistas que él mismo dio el pasado martes a conocer. “Lo exiguo del tamaño de la muestra hace que los márgenes teóricos de error de tal estudio sean elevadísimos y, por lo tanto, poco representativos”, continúa la nota, en la que recalca que “dio a conocer inmediatamente esta encuesta nunca publicada, debido al indudable interés histórico de la misma”. Tezanos recuerda que en el Senado leyó literalmente la pregunta de dicha encuesta e informó “de todos los datos disponibles”. “En ningún momento en mi comparecencia en el Senado hablé sobre la existencia de otra encuesta diferente”, admite, asegurando no haber tenido conocimiento de las peticiones de los vecinos.

Confesiones a micro tapado

La confección y los resultados de la supuesta encuesta había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 -nada menos que 21 años después-, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que ya había sido sometido a referéndum”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos

Adolfo Suárez — Entrevista inédita con Victoria Prego en 1995

Como se aprecia en el vídeo insertado en este artículo, Suárez procede a tapar el micrófono que lleva sujeto para que no se registraran sus palabras: explica que había actuado de esta forma porque los sondeos de los que disponía entonces el Gobierno -y que nunca llegaron a publicarse- anunciaban que el modelo republicano era el preferido por los españoles. “Hacíamos encuestas y perdíamos”, admitió el expolítico abulense, quien ostentó varios cargos públicos durante la dictadura franquista y fue en en 1976 nombrado líder del Ejecutivo central por el rey Juan Carlos I. Murió en 2014, dejando tras de sí un reguero de incógnitas e interrogantes acerca de cómo se fraguó la Transición. Casi cincuenta años después, las sombras que sobrevuelan el relato de aquel histórico periodo continúan sin despejarse. 

“La monarquía se ha construido con una gran mentira”

Los vecinos reunidos en el centro de Esporles sostienen que la “ocultación” de la consulta que habría sido realizada aquel año respondería a un patrón según el cual, “cuando captan que socialmente no hay una mayoría a favor de la monarquía, se esconden los datos. Pasó en la Transición y ha vuelto a pasar cuando la valoración del rey cayó por debajo de 5 en el CIS entre 2011 y 2015”, asevera Domingo. Este residente recuerda que hace años el barómetro dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. En este sentido, critica que el presidente de este organismo público “lleva desde 2015 diciendo que no se pregunta por la monarquía porque para la gente no es un problema”. El grupo, sin embargo, ha estudiado minuciosamente las series estadísticas del CIS y los ciclos de publicación de datos y asevera: “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”.

Domingo Sanz recuerda que hace años el barómetro del CIS dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”, denuncia

El vecino señala que ese patrón ya existía en la Transición e incide en que esta se cimentó sobre un relato adulterado: “La monarquía se ha construido con una gran mentira”, subraya mientras los demás asienten. “No tuvo el apoyo inicial de la población y se ocultó”, añade Ferrà, quien considera que se trata de “un juego muy sesgado” dado que “todos los aparatos mediáticos que acompañan a las instituciones hacen reflotar esa narrativa para que la monarquía sea aceptada”.

La Ley franquista de Secretos Oficiales

Por encima de esto, el primer edil considera “muy grave” que “se oculten estas cosas en democracia con una ley de secretos franquista”. Se refiere, en concreto, a la Ley de Secretos Oficiales que se aprobó en 1968, con el régimen de Franco en vigor, y en la que las instituciones se amparan para no hacer público el sondeo de 1976 al que aludió Suárez. En una respuesta ofrecida el 5 de abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, quien milita en Més per Mallorca, el Ejecutivo central aludía a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende sustituir a la norma aún vigente. “El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondía entonces el Ejecutivo, reconociendo, quizás implícitamente, la existencia de la encuesta que se le formuló a la opinión pública española dos años antes de aprobarse la Constitución. “Esta es la auténtica encuesta”, comenta Domingo.

Las instituciones se amparan en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada con el régimen franquista en vigor, para no hacer público el supuesto sondeo de 1976

Ferrà va, incluso, más allá: “Lo más grave es que en un Estado democrático se estén ocultando cosas que ocurrieron durante la dictadura, que es lo que se está haciendo en este caso, cuando esa ley franquista no obliga a ocultarlas. Un gobierno democrático puede desclasificar lo que quiera y, si no lo hace, es porque no le da la gana, porque ha publicado cosas que también estaban bajo esa misma ley”. “¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado?”, se pregunta. Y sentencia: “El Gobierno protege la dictadura”.

Sobre la nueva norma que prepara el Ejecutivo central, alerta de que permitiría bloquear documentos durante décadas “sin necesidad de justificarlo ante la ciudadanía” -el texto establece un mínimo de 45 años, prorrogables de forma motivada a un máximo de 60-. El alcalde confía en que “los contadores no arranquen desde cero” para los documentos clasificados en la actualidad, en línea de otras voces críticas que temen que los plazos del secreto de los documentos se reinicien y estos continúen varias décadas más bajo sigilo, vaciando con ello la memoria colectiva y manteniendo ocultas determinadas zonas oscuras de la historia contemporánea. “Ahora estamos viendo cómo la población joven no sabe ni quién es Franco ni qué es la Transición. De aquí a 40 ó 50 años, el trabajo de desmemoria que se habrá hecho será total”, recela.

La ley de secretos franquista no obliga a ocultar. Un gobierno democrático puede clasificar lo que quiera y si no lo hace es porque no le da la gana. ¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado? El Gobierno protege la dictadura

Josep Ferrà — Miembro del grupo y alcalde de Esporles

El encuentro en Es Brollador avanza y la frustración se mezcla con la determinación. Algunos proponen escribir de nuevo a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno; otros creen que habrá que explorar nuevas vías legales. Lo único seguro es que no piensan rendirse dado que, en su opinión, lo sucedido no es un detalle histórico menor, sino un elemento que habría cambiado la forma en que varias generaciones se acercaron a la Transición y a la cultura democrática.

“Si se hubiera conocido esta encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor”, subraya Domingo, quien considera que “los profesores de historia habrían podido explicar el sondeo sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil”. En esta línea, subraya: “Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'”. La voz le tiembla ligeramente al recordar los infructuosos intentos por lograr que el Gobierno recapacite: “Mandas un escrito y nada. Es desesperante. Estamos muy jodidos”.

Si se hubiera conocido la encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor y los profesores de historia habrían podido explicar sus resultados sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil. Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'

Domingo Sanz — Miembro del grupo

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro -conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos- y Juan Pedro Yllanes -quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos-, remitieron una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a la supuesta encuesta de 1976. Al igual que los vecinos de Esporles, quieren llegar al fondo de esta cuestión para conocer si, efectivamente, quienes tutelaron la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria blindaron la continuidad de un régimen caduco bajo el parapeto de la monarquía e imposibilitaron que la bandera de la República pudiera ondear de nuevo en los balcones de las instituciones.

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro y Juan Pedro Yllanes, reclamaron al Gobierno que se desclasifique la información relativa a la supuesta encuesta de 1976 para conocer si quienes tutelaron la transición del franquismo a la democracia parlamentaria blindaron mediante dudosos métodos la continuidad del régimen

En su misiva, reclamaban que, junto a los resultados del referéndum de la Ley de la Reforma Política -elaborada por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda-, el Gobierno proporcione la entrevista que Prego realizó a Suárez y en la que, recordaban, este “desveló que antes del referéndum de 1976 había ordenado la realización de encuestas, que no publicó, y que le permitieron organizar el referéndum para obtener los resultados que le interesaban y asegurar la continuidad de la monarquía que el dictador había restaurado en 1947 mediante la Ley de Sucesión de la jefatura del Estado”. A través de esta norma, Franco estableció que España, como unidad política, era un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en reino, reservándose de este modo la facultad de proponer a las Cortes a la persona que debía ser llamada, en su día, a sucederle a título de rey.

En Esporles, mientras tanto, los vecinos no descartan emprender nuevas acciones después de Navidad. Y, pese al cansancio acumulado, sus integrantes mantienen la convicción de que la sociedad merece saber qué pensaban realmente los españoles en 1976, cuando Adolfo Suárez decidió mirar aquellas cifras y callar.

Carlos Mazón és un zombi polític, un president que necessita respiració política assistida. Els mitjans conservadors reclamen la seua dimissió. Té difícil eixir al carrer sense que l’esbronquen. La seua agenda es redueix al mínim, als seus llocs segurs i ni tan sols ha tret el cap al balcó de l’Ajuntament de València, en altres temps tribuna d’agitació conservadora. I, a més, les enquestes parlen d’un efecte Mazón que fa mal a la marca PP. El cap del Consell s’ha convertit en un problema per als seus.

Que Carlos Mazón no tindrà una carrera política especialment llarga és una cosa que comença a ressonar en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, encara que el president s’obstine a aparentar normalitat. “M’he compromés a la recuperació”, deia dilluns en anunciar el pacte pressupostari amb Vox. Però si algú comprén que la seua situació penja d’un fil és qui té poder per a manejar-lo, qui segueix de prop els seus passos, qui manté una relació pròxima amb ell. En el partit que dirigeix Santiago Abascal són plenament conscients del poder que tenen sobre Carlos Mazón i de quant que els beneficia que continue al capdavant de la Generalitat Valenciana, malgrat la seua desastrosa gestió de la DANA i la seua desaparició encara inexplicada en els moments que desenes de valencianes i valencians morien ofegats.

Sostindre el president a qui tots volen tirar pot passar-los factura, però en Vox han optat per una estratègia a llarg termini: han d’engreixar-lo ara i consumir-lo després. Per això dilluns, després de setmanes de negociació, han decidit donar-li un baló d’oxigen i permetre-li anunciar triomfant un acord pressupostari. Mazón aprovarà l’esborrany dels comptes públics el dijous 20 de març, en plena ressaca de les Falles. Després d’ell, compareixerà el portaveu de Vox en les Corts, José María Llanos, que ha promés mantindre silenci fins llavors. Al maig, si tot va bé, tindrà uns pressupostos aprovats que hauria de donar-li vida fins al 2026, si el procés penal de la DANA no acaba revelant algun detall transcendental i que puga assenyalar-lo directament.

El moviment implica salvar el soldat Mazón després de mesos en un estira-i-arronsa, un president que ha fiat el seu futur polític a la reconstrucció després de la riuada. Un futur que requereix, tant sí com no, un projecte pressupostari que materialitze els seus compromisos, d’agilitat en les ajudes i en la tramitació. Mazón necessita vendre una cosa sòlida per a quan en el partit demanen el seu cap de manera categòrica, poc abans de les pròximes eleccions autonòmiques, potser en el pròxim congrés, previst per a l’estiu però ajornat sine die. I no pot fer-ho sense una desena de vots que li garantisquen que els seus comptes, lleis o decrets tiraran avant, perquè un pot fingir en els discursos que no hi ha problemes al seu al voltant, que la instrucció judicial no el sotja, però els números en les Corts, els diputats que pitgen el botó, són inalterables. I la realitat és que el PP de Mazón governa en minoria, amb 41 vots dels 99 del parlament autonòmic.

Dilluns Vox ha promocionat com un èxit el seu acord pressupostari amb Carlos Mazón. El partit parla de celebració, d’haver aconseguit que Mazón rectifique. “El Grup Parlamentari Vox celebra que Mazón rectifique i reconega que Vox té raó quan diu prou al Pacte Verd i a les polítiques que fomenten la immigració il·legal”, és el titular del seu comunicat sobre l’acord, emés des de la direcció nacional. Se senten tan forts que no han dubtat a exhibir les seues condicions, conscients de la factura que li passa a Mazón i al PP de Feijóo.

És un remake del pacte del 2023, quan Mazón, sense esperar la direcció nacional, va ser el primer del cicle a ficar l’extrema dreta en el govern, llastrant Feijóo en les generals. Com llavors, volen ser l’avantguarda en la resta d’Espanya. Al PP no li ha quedat més remei que assegurar que estaven informats del pacte, assumir els postulats de Vox i demanar que es faça el mateix en altres comunitats. Com llavors, també ha participat la direcció nacional d’Abascal en les negociacions. A saber: un dinar a Madrid entre Mazón i Abascal la setmana passada; un altre entre els caps de gabinet del president i la presidenta de les Corts Valencianes en el restaurant del parlament autonòmic i una visita de la vicesecretària de Vox a València el divendres abans de Falles.

Però quin interés pot tindre la ultradreta a mantindre al líder autonòmic més qüestionat del país? En primer lloc, traure’n profit. Entre la vintena de punts que els ultres han exhibit, que impliquen retallar en política lingüística, memòria històrica i polítiques verdes –mesures contràries a la legislació i que provoquen l’enuig en l’esquerra– està amagat l’objectiu principal: participar en la gestió dels fons de reconstrucció, un doll de diners i recursos públics que arribarà del Govern central i els mecanismes europeus. Sempre cal mirar el rastre dels diners, com ha contat elDiario.es amb els contractes d’emergència.

De passada, els ultres venten dissimuladament el vicepresident segon del Consell, Francisco José Gan Pampols, l’única comesa del qual és pilotar la reconstrucció des d’una conselleria sense personal. Gan Pampols no ha comparegut per a anunciar l’acord ni s’ha pronunciat. Al fitxatge estrela de Mazón, que va arrancar amb una gran polèmica sobre el seu sou, se li acumulen els greuges. En Vox decideixen el govern sense estar en el govern. Marquen la política sense embrutar-se en la gestió.

En segon lloc, Vox sembla voler continuar cremant el president, que es cou a foc lent. La Comunitat Valenciana és un dels seus principals caladors de vots de la dreta i la ultradreta. Amb l’11% de la població, no s’entén una victòria en unes eleccions generals sense passar per una victòria al País Valencià.

En Vox saben que cada dia que passa amb Mazón al capdavant de l’executiu és un dia que els ultres pugen en intenció de vot. Ho saben per enquestes com la de La Razón, que fa poc ha titulat: “Mazón afona el PP a la Comunitat Valenciana”, basant-se en sondejos interns del PP, o “L’‘efecte’ Mazón» ja fa mal al PP: Vox i Sumar trauen rèdit de la DANA”, avalat per una enquesta d’NC Report. En unes generals, el PP perdria tres diputats a la Comunitat Valenciana, dels quals dos anirien a Vox i un a Sumar. També ho saben per l’editorial del diari ABC, pels comentaris que li dedica Federico Jiménez Losantos o Ana Rosa Quintana, referents de la dreta mediàtica. En Vox s’alimenten de la incertesa, del conflicte entre Govern i Generalitat aquest discurs antipolític del tots són iguals–, del cansament ciutadà. Per això els convé continuar encoratjant la pugna, mantindre un altre dia més el president que copa els informatius.

Des de la DANA, que els va enxampar ultimant els pressupostos que mai es van presentar, la formació d’ultradreta ha mantingut un perfil més baix del que acostuma. Des de la ruptura estival no han de gestionar, així que tampoc poden cometre errors. Estan apartats del focus. I esperen en silenci, llepant-se, les entropessades dels altres. Engreixen la presa per a menjar-se-la. Encara que siga a través d’un regal enverinat.

El president valencià mai ha tingut objeccions a governar amb la ultradreta. Ho va reconéixer en una conversa amb càrrecs locals del partit, en què mesos abans de les eleccions va apuntar la seua predisposició a cedir: “En el pitjor dels casos, hauríem de llepar-li-la a un de Vox, que venen ací a tocar els collons”, va dir en una reunió que es va gravar. Mig any després, introduïa Vox en el Govern autonòmic amb dues conselleries i una vicepresidència. Des de la DANA continuen circulant àudios amb altres idees que comprometen l’estratègia del president.  

Carlos Mazón es un zombi político, un presidente que necesita respiración política asistida. Los medios conservadores reclaman su dimisión. Tiene difícil salir a la calle sin que le abucheen. Su agenda se reduce al mínimo, a sus lugares seguros y ni tan siquiera se ha asomado al balcón del Ayuntamiento de Valencia, en otros tiempos tribuna de agitación conservadora. Y además, las encuestas hablan de un 'efecto Mazón' que daña la marca PP. El jefe del Consell, se ha convertido en un problema para los suyos.

Que Carlos Mazón no tendrá una carrera política especialmente larga es algo que empieza a resonar el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, aunque el presidente se empeñe en aparentar normalidad. “Me he comprometido a la recuperación”, decía este lunes al anunciar el pacto presupuestario con Vox. Pero si alguien comprende que su situación pende de un hilo es quien tiene poder para manejarlo, quien sigue de cerca sus pasos, quien mantiene una relación próxima con él. En el partido que dirige Santiago Abascal son plenamente conscientes del poder que tienen sobre Carlos Mazón y de cuánto les beneficia que siga al frente de la Generalitat Valenciana pese a su desastrosa gestión de la DANA y su desaparición todavía inexplicada en los momentos que decenas de valencianas y valencianos morían ahogados.

Sostener al presidente al que todos quieren echar puede pasarles factura, pero en Vox han optado por una estrategia a largo plazo: deben engordarlo ahora para consumirlo después. Por eso este lunes, tras semanas de negociación, han decidido darle un balón de oxígeno y permitirle anunciar triunfante un acuerdo presupuestario. Mazón aprobará el borrador de las cuentas públicas el jueves, 20 de marzo, en plena resaca de las fallas. Tras él, comparecerá el portavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, que ha prometido guardar silencio hasta entonces. En mayo, si todo va bien, tendrá unos presupuestos aprobados que debería darle vida hasta 2026, si el proceso penal de la DANA no acaba revelando algún detalle trascendental y que pueda señalarlo directamente.

El movimiento implica salvar al soldado Mazón tras meses en un tira y afloja, un presidente que ha fiado su futuro político a la reconstrucción tras la riada. Un futuro que requiere, sí o sí, de un proyecto presupuestario que materialice sus compromisos, de agilidad en las ayudas y en la tramitación. Mazón necesita vender algo sólido para cuando en el partido pidan su cabeza de manera tajante, poco antes de las próximas elecciones autonómicas, tal vez en el próximo congreso, previsto para verano pero aplazado sine die. Y no puede hacerlo sin una decena de votos que le garanticen que sus cuentas, leyes o decretos saldrán adelante, porque uno puede fingir en los discursos que no hay problemas a su alrededor, que la instrucción judicial no le acecha, pero los números en las Corts, los diputados que aprietan el botón, son inalterables. Y la realidad es que el PP de Mazón gobierna en minoría, con 41 votos de los 99 del Parlamento autonómico.

Este lunes Vox ha promocionado como un éxito su acuerdo presupuestario con Carlos Mazón. El partido habla de celebración, de haber conseguido que Mazón rectifique. “El Grupo Parlamentario VOX celebra que Mazón rectifique y reconozca que VOX tiene razón cuando dice basta al Pacto Verde y a las políticas que fomentan la inmigración ilegal”, es el titular de su comunicado sobre el acuerdo, emitido desde la dirección nacional. Se sienten tan fuertes que no han dudado en exhibir sus condiciones, conscientes de la factura que le pasa a Mazón y al PP de Feijóo.

Es un remake del pacto de 2023, cuando Mazón, sin esperar a la dirección nacional, fue el primero del ciclo en meter a la extrema derecha en el gobierno, lastrando a Feijóo en las generales. Como entonces, quieren ser la vanguardia en el resto de España. Al PP no le ha quedado más remedio que asegurar que estaban informados del pacto, asumir los postulados de Vox y pedir que se haga lo propio en otras comunidades. Como entonces, también ha participado la dirección nacional de Abascal en las negociaciones. A saber: un almuerzo en Madrid entre Mazón y Abascal la pasada semana; otro entre los jefes de gabinete del Presidente y la Presidenta de las Corts Valencianes en el restaurante del Parlamento autonómico y una visita de la vicesecretaria de Vox a Valencia el viernes antes de Fallas.

¿Pero qué interés puede tener la ultraderecha en mantener al líder autonómico más cuestionado del país? En primer lugar, sacar tajada. Entre la veintena de puntos que los ultras han exhibido, que pasan por recortar en política lingüística, memoria histórica y políticas verdes -medidas contrarias a la legislación y que provocan el enfado en la izquierda- está escondido el objetivo principal: participar en la gestión de los fondos de reconstrucción, un chorro de dinero y recursos públicos que llegará del Gobierno central y los mecanismos europeos. Siempre hay que mirar el rastro del dinero, como ha venido contando elDiario.es con los contratos de emergencia.

De paso, los ultras atizan disimuladamente al vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols, cuyo único cometido es pilotar la reconstrucción desde una conselleria sin personal. Gan Pampols no ha comparecido para anunciar el acuerdo ni se ha pronunciado. Al fichaje estrella de Mazón, que arrancó con una gran polémica sobre su sueldo, se le acumulan los agravios. En Vox deciden el gobierno sin estar en el gobierno. Marcan la política sin mancharse en la gestión.

En segundo lugar, Vox parece querer seguir quemando al presidente, que se cuece a fuego lento. La Comunitat Valenciana es uno de sus principales caladeros de votos de la derecha y la ultraderecha. Con el 11% de la población, no se entiende una victoria en unas elecciones generales sin pasar por una victoria en el País Valenciano.

En Vox saben que cada día que pasa con Mazón al frente del Ejecutivo es un día que los ultras suben en intención de voto. Lo saben por encuestas como la de La Razón, que recientemente ha titulado: “Mazón hunde al PP en la Comunidad Valenciana”, basándose en sondeos internos del PP, o “El «efecto Mazón» ya daña al PP: Vox y Sumar sacan rédito de la DANA”, avalado por una encuesta de NC report. En unas generales, el PP perdería tres diputados en la Comunitat Valenciana, de los que dos se irían a Vox y uno a Sumar. También lo saben por el editorial del diario ABC, por los comentarios que le dedica Federico Jiménez Losantos o Ana Rosa Quintana, referentes de la derecha mediática. En Vox se alimentan de la incertidumbre, del conflicto entre Gobierno y Generalitat -ese discurso antipolítico del todos son iguales-, del hartazgo ciudadano. Por eso les conviene seguir alentando la pugna, mantener otro día más al presidente que copa los informativos.

Desde la DANA, que les pilló ultimando los presupuestos que nunca se presentaron, la formación de ultraderecha ha mantenido un perfil más bajo del que acostumbra. Desde la ruptura estival no tienen que gestionar, así que tampoco pueden cometer errores. Están apartados del foco. Y esperan en silencio, relamiéndose, los tropiezos de los demás. Engordan a la presa para comérsela. Aunque sea a través de un regalo envenenado.

El presidente valenciano nunca ha tenido reparos en gobernar con la ultraderecha. Lo reconoció en una conversación con cargos locales del partido, donde meses antes de las elecciones apuntó su predisposición a ceder: “En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones”, dijo en una reunión que fue grabada. Medio año después, introducía a Vox en el Gobierno autonómico con dos consellerias y una vicepresidencia. Desde la DANA siguen circulando audios con otras ideas que comprometen la estrategia del presidente.

Santiago Abascal y el secretario general del partido, Ignacio Garriga, han presentado este lunes a 12 nuevos portavoces nacionales de Vox designados por la dirección, a los que han encomendado la misión de “recorrer toda España pueblo a pueblo y calle a calle para trasladar las soluciones reales que tenemos para los graves problemas que afrontan los españoles”. A juicio de ambos dirigentes con ello quieren demostrar que “Vox es un partido de Gobierno y está preparado para ello”.

Los nombramientos se producen justo cuando la formación de extrema derecha afronta una nueva crisis interna tras las recientes expulsiones de dos procuradores en Castilla y León y la inesperada dimisión del exvicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo. Todos ellos se han ido denunciando el “autoritarismo” de la dirección y la “falta de democracia interna” que sufre la formación de extrema derecha, que acaba de celebrar como “un gran éxito” la cumbre de Patriots, el partido de su grupo en la Eurocámara, que ha reunido este fin de semana en Madrid a varios líderes de la ultraderecha europea invitados por su presidente, Santiago Abascal.

Esa mesa de portavoces sectoriales nacionales estará liderada por portavoz nacional, José Antonio Fúster, e integrada por la portavoz en el Congreso de los diputados, Pepa Millán y por el líder de la delegación en Europa, Jorge Buxade. Además figuran en ella José María Figaredo, asumiendo la portación nacional de emergencia y economía; Samuel Vázquez como portavoz nacional de Seguridad e inmigración; Rodrigo Alonso como portavoz de trabajo y campo; Alberto Rodríguez Almeida, diputado en el Congreso, como portavoz nacional de industria; Rocío de Meer, en emergencia demográfica y políticas sociales; Isabel Pérez Moñino al frente de la Agenda España; Carlos Hernández Quero, como portavoz en materia de vivienda, y Julia Calvet, como portavoz de juventud, a la que Garriga ha definido como “una joven promesa que se ha forjado en las calles de Cataluña defendiendo la libertad”. El elenco lo cierra Ainhoa García como portavoz nacional de familia, que asume también ahora asuntos locales. Sobre la ausencia de una portavocía de cultura, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, lo ha justificado posteriormente diciendo que “todo es cultura”, “la batalla cultural lo impregna todo”. “Cuando lleguemos al gobierno ya veremos que hacemos con el ministerio de Cultura”, ha advertido.

Según ha adelantado Garriga, esta docena de dirigentes “son personas comprometidas, con fuertes conocimientos y con mayor entusiasmo que van a recorrer toda España calle a calle junto a todos los cargos de Vox para explicar qué es lo que vamos a hacer cuando más pronto que tarde lleguemos al gobierno”.

Abascal, previamente, ha destacado el auge que está experimentando Vox que “sigue creciendo en intención de voto, sigue creciendo en afiliación y sigue creciendo en influencia nacional e internacional”, “a pesar de los disparos del enemigo y a pesar de los disparos de la quinta columna de la puerta del Sol y de Génova 13”. A su juicio, “esa influencia tanto en España como en Europa y en el resto del mundo ha quedado muy acreditada con los eventos de este fin de semana tanto en Madrid de Patriots, como el acto en Murcia”, que protagonizó Abascal y se jactan de haberlo llenado. Según ha apostillado luego Fúster, el objetivo de Patriots es “convertirse en el primer grupo del Parlamento europeo para ser la alternativa real a populares y socialistas en Bruselas”.

En el partido aseguran que “todos los ataques” que están sufriendo por parte del PP tienen que ver con las negociación de los presupuestos en las autonomías en donde antes gobernaban conjuntamente. “Se lo decimos a Génova y a la Puerta del Sol, nosotros no cedemos ni renunciamos a nuestros principios que son los mismos que los de nuestros votantes. El mensaje de Santiago Abascal fue nítido: si el Partido Popular no se desmarca de las políticas del Partido Socialista en Europa, de la inmigración, del.fanatismo del cambio climático o de las políticas que nos roban la prosperidad, que no cuenten con nosotros para probar los presupuestos regionales”.

Curiosamente, y pese a este fracaso en esas autonomías, el miércoles que viene Vox dará una rueda de prensa para explicar “el éxito de las negociaciones presuestarias en los ayuntamientos”, en donde ambos partidos sí han sido capaces de llegar a un entendimiento.

El Partido Popular sería la fuerza más votada en Castilla-La Mancha con el 37,3% de los votos, casi 10 puntos más que en la última convocatoria electoral en el ámbito europeo; seguido del PSOE, que caería al 30,2% de los votos, después de haber cosechado un 40,5% en 2019, según el sondeo de Sigma 2 para RTVE y la Forta.

Vox sería la tercera fuerza más votada al alcanzar el 15,6% de los votos, casi doblando el 8,2% de 2019; y Sumar se haría con la cuarta plaza con el 5,9% de los votos.

La quinta fuerza sería la agrupación de Se Acabó la Fiesta, llegando al 5,4% de los votos; mientras que Podemos se quedaría en un escueto 2,4%. Ciudadanos, de su lado, se queda en un 1,1%.

A partir de este lunes 10 de julio por la noche elDiario.es ofrecerá cada día un sondeo electoral a cargo de Simple Lógica. La publicación diaria servirá para realizar un seguimiento de la intención de voto de los ciudadanos españoles llamados a las urnas en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El tracking de Simple Lógica para elDiario.es recoge la evolución del porcentaje de voto de PP, PSOE, Vox, Sumar y otros partidos, así como el nivel de abstención entre el electorado. Además, se ofrecerán horquillas cada día con los posibles escaños que podría obtener cada formación política.

La encuesta tiene ámbito nacional y los datos se obtendrán a partir de llamadas telefónicas realizadas, en una primera fase, a mil personas. Las llamadas telefónicas para la primera entrega del sondeo se realizaron entre el 3 y el 8 de julio.

Cada día, en fases siguientes, se irán sumando 300 personas al número de encuestados, hasta culminar en el sondeo final, realizado a 2500 participantes que se publicará antes del fin del plazo para publicar encuestas coincidiendo con la última semana de campaña.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el pasado 5 de julio, daba la victoria al PP pero mantenía a la izquierda con opciones de Gobierno.

Los datos brutos de dicho barómetro situaban a elDiario.es como líder en información política entre los periódicos nativos digitales, y como el cuarto medio más leído de España para seguir la información política y electoral, solo por detrás de cabeceras veteranas como El País, El Mundo y La Vanguardia.

La demoscopia española vive, sin duda, una edad de oro. Entre trackings, encuestas, observatorios y medias de sondeos salimos a media docena de pronósticos diarios. Un fenómeno probablemente sin precedentes en las democracias occidentales modernas. Más que ganas de saber qué puede pasar, ya parece auténtica ansiedad colectiva. Nadie se fía de los datos de nadie.

La publicación de encuestas busca, en no pocas ocasiones, crear un determinado estado de opinión. Pero semejante aluvión puede que acabe generando más bien un estado de confusión. Esta exuberancia de gráficos de intención de voto, asignación de escaños, transferencias de voto, valoración de líderes, preferencias de coaliciones o presidentes o sentimientos ante la convocatoria electoral puede que tenga al votante medio algo aturdido, puede que incluso mareado.

Chaparrón a chaparrón de datos y curvas se van conformado dos grandes bloques demoscópicos. Las encuestas que publican medios de tendencia más bien conservadora apuntan a una clara mayoría absoluta, resultado de la suma del PP y de Vox, con Núñez Feijóo por encima de los seis puntos de ventaja sobre Pedro Sánchez y sumando más diputados que ambos partidos del gobierno de coalición, con un PSOE superando por poco en centenar de diputados y con Vox situada como tercera fuerza, por encima de Sumar, aunque con una distancia que cae dentro de los márgenes de error y perdiendo ambos escaños con respecto a 2019.

Los sondeos publicados por medios de tendencia menos conservadora o más progresista también vaticinan una victoria popular, aunque con una ventaja más próxima a los límites de los márgenes de error de los estudios. La suma del PP y de Vox no alcanzaría los escaños de la mayoría absoluta y no tendría muchas opciones donde buscar la media docena de señorías que le faltan para completarla. La izquierda lo tendría también muy difícil, pero podría llegar a completar la mayoría. El PSOE estaría más cerca que lejos de superar la barrera de los 120 diputados. Sumar y Vox andarían en una lucha cerrada por ver cuál se hace con el tercer puesto, aunque, como pronostica también el otro bloque demoscópico, la distancia se mueve en los márgenes de error de las muestras y la perdida de diputados con respecto a las pasadas generales se mantiene.

Ambos bloques demoscópicos coinciden en algunos datos. La fidelidad de voto y la movilización continúa siendo superior entre los votantes de derecha y ultraderecha, en términos bastante similares a los que reflejaban las encuestas del 28M. En cuanto a la transferencia de voto, los electores que el PP le quita al PSOE por el centro, los socialistas los compensan, en parte, recibiéndolos desde el espacio de Sumar y Yolanda Díaz tiene problemas para compensar esa pérdida reactivando a los abstencionistas en la izquierda. El voto útil parece tirar más en la izquierda que en la derecha, donde los intercambios entre PP y Vox tienden a equilibrarse.

La derecha tiene bastante decidido ir a votar y a cuál va a votar. Esa es su mayor ventaja. En la izquierda, los socialistas no consiguen recuperar a esos votantes del PSOE que siguen sin perdonarle a Sánchez sus pactos con Podemos, ERC o Bildu, pero, paradójicamente, parecen dispuestos a darle una oportunidad a los pactos de Feijóo con Abascal. En cambio, Sánchez sí parece estar reactivando con mayor fortuna sus bases más a la izquierda y estar atrayendo electores que votaron a Podemos, a Compromís o a ERC en los pasados comicios. En el caso de Sumar, aún está tratando de consolidar el espacio que tenía hace cuatro años.

Pensando en el único cara a cara que habrá en estas elecciones, en una cadena privada y con señal privada, no abierta a todos los medios, Núñez Feijóo tiene poco que ganar a su derecha, pero bastante más que perder a su izquierda; mientras que Pedro Sánchez tiene mucho que ganar a su izquierda, pero mucho que perder a su derecha. Dos equilibrios que no son fáciles de mantener y que pueden forzar a cometer errores que se acaben pagando caro. Atentos.

El Partido Popular podría alcanzar la mayoría absoluta con el apoyo de Vox y gobernar en Aragón, según un sondeo a pie de urna de TVE y FORTA. Los resultados de esta encuesta sitúan al PP como la fuerza más votada, con un 37% de los votos, lo que supondría entre 28 y 29 escaños, y a Vox como la tercera, con entre siete y nueve. Con las previsiones menos optimismas alcanzarían 35 escaños y son 34 los necesarios para la mayoría absoluta en Aragón.

El PSOE de Lambán perdería el gobierno de la comunidad autónoma al bajar entre uno y dos escaños. Lambán ha gobernado en un cuatripartito formado por PSOE, Podemos, PAR y CHA, que no han salido bien parados en este sondeo. Podemos perdería entre dos y tres escaños de los cinco que obtuvo en 2019, CHA estaría entre dos y tres frente a los tres de 2019 y el PAR desaparecería del arco parlamentario aragonés, perdiendo sus tres escaños.

Ciudadanos también pierde toda la representación en la comunidad, siendo la mayor caída ya que en 2019 contaba con 12 escaños. Izquierda Unida se mantiene con su único escaño y Aragón Existe irrumpiría en las Cortes de Aragón, aunque no con la fuerza que vaticinaban las encuestas, y obtendría dos representantes.

Con estos resultados, los partidos de izquierdas no sumarían ni con el apoyo de Aragón Existe.

La derecha ganaría en las tres capitales

En el ámbito municipal, el sondeo también deja tres posibles victorias para la derecha de la suma de PP y Vox en los tres grandes ayuntamientos. En Zaragoza el PP sumaría 14 concejales y un 37% de los sufragios, un resultado similar al cosechado en las últimas encuestas y superior a los ocho ediles que consiguieron en 2019. La ultraderecha de Vox duplicaría su representación y pasaría de los dos concejales de los últimos comicios a cuatro representantes.

El mejor escenario que ofrece esta encuesta en Zaragoza no deja margen de mayoría a las candidaturas de izquierdas y de la conocida como España vaciada. El PSOE podría igualar o incluso mejorar sus 10 concejales de 2019 con una previsión de 10 a 11 ediles, Podemos podría aspirar a igualar sus dos concejales con una previsión de 1-2 representantes pero Zaragoza en Común empeoraría de tres ediles a un máximo de dos.

En Teruel esta encuesta deja otra subida del PP, de siete a 9-10 concejales, con Vox subiendo a dos ediles y el PSOE bajando de cinco a cuatro ediles. En la capital turolense destaca la irrupción de la candidatura de Aragón Existe-Teruel Existe con entre cinco y seis concejales.

Una bajada similar a la que registra el PSOE en Huesca, de diez a nueve concejales, en contraste con la subida del PP, de nueve a 11-12 ediles. En la capital oscense Vox también mejoraría de uno a dos o tres ediles según este sondeo a pie de urna, Podemos bajaría de dos a un concejal y la CHA mejora sus resultados de 2019 y entra en el consistorio con un concejal.

Ciudadanos y el PAR desaparecen, según este sondeo, en las tres capitales a nivel municipal y Podemos mantiene representación en Huesca y Zaragoza con uno o dos concejales aunque desaparecería en Teruel.

La FSA-PSOE lo tiene claro, son “el partido de Asturias, el que genera más confianza, seguridad y certidumbre”. Es la lectura que hacen del último sondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aseguran que cuentan con el candidato “más conocido y mejor valorado” para seguir liderando la región.

Mientras, el secretario general del PP asturiano y cabeza de lista por la circunscripción occidental, Álvaro Queipo, ha señalado que el sondeo del CIS demuestra que su director, José Félix Tezanos, “afiliado del PSOE”, sólo busca “salvar a Sánchez”. Los datos que el CIS contempla para Asturias dan a los populares un 27,3% de los votos, a casi diez puntos de la intención de voto que tiene el PSOE.

Queipo se ha mostrado convencido de que el PP ganará las elecciones “y comenzará el cambio en Asturias ” y de que “votar a Barbón es beneficiar al sanchismo y a este Gobierno ruinoso para España”. Además ha recordado que en las últimas elecciones, las celebradas en Andalucía, el CIS otorgaba nueve escaños menos de los que tenía al candidato popular, Juanma Moreno, que posteriormente logró la mayoría absoluta.

Por su parte Vox, que según el sondeo se convierte en la tercera fuerza política en Asturias con un 9,1% de los votos, se ha mostrado “escéptico” con el resultado de las distintas encuestas electorales “y mucho más aún” con esta última al venir del “laboratorio de Tezanos”. “En cualquier caso, nosotros vemos cómo, cada vez más, los asturianos en la calle nos muestran su apoyo y su hartazgo al PSOE. Siempre lo hemos dicho, que son los asturianos lo que decidirán el 28 M”, han añadido. 

La candidata de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, cree que los datos del CIS demuestran lo que sienten en la calle, que la gente sigue confiando en sus propuestas, pese a que el sondeo les otorga tres puntos menos que en las anteriores autonómicas. Tomé asegura que seguirán trabajando en campaña por mantener la representación con la que contaron la legislatura pasada en el parlamento asturiano y por “un país con dignidad”.

Desde Convocatoria por Asturias (IU-Más País-IAS) el secretario de Estrategia de IU-Asturias, Alejandro Suárez, ha señalado que los datos del CIS “son muy limitados porque el universo sobre el que se hace también lo es en lo tocante a Asturias” y se ha mostrado convencido de ampliar los apoyos de la coalición respecto a su pronóstico. Esta formación apenas varía su resultado respecto a las elecciones de 2019 cuando consiguieron un 6,6% de los votos.

Quién sí ha mostrado mayor rechazo a los datos del sondeo preelectoral es el candidato de Foro a la Presidencia del Principado, Adrián Pumares, que ha señalado que su resultado “no se lo cree nadie” y ha lamentado “la manipulación de las instituciones” por parte del PSOE. Según Pumares, los estudios del CIS “son simplemente irrelevantes en Asturias al excluir su sistema electoral y sus circunscripciones” y las encuestas reflejan que Foro tendrá “mucha más fuerza de lo que a algunos les gustaría” dado que, a su juicio, son “la única opción realmente útil” por lo que se muestra convencido de que serán “decisivos” en el próximo Gobierno del Principado de Asturias.

Ciudadanos, que cosecha una pérdida de más de diez puntos respecto a los votos conseguidos en las anteriores elecciones autonómicas, ha considerado que los distintos sondeos “van dibujando un crecimiento paulatino” para su partido que, según han dicho, también “será decisivo” en el futuro de Asturias.

El Partido Socialista de Adrián Barbón volvería a ganar las elecciones según el último sondeo preelectoral que ha dado a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este jueves. La Federación Socialista Asturiana obtendría el 36,7% de los votos frente al 27,3% que lograría el Partido Popular que encabeza Diego Canga. El alto funcionario europeo suma para los populares asturianos diez puntos más respecto a las elecciones autonómicas de 2019.

Vox se convierte en la tercera fuerza más votada y alcanzaría el 9,1% de los votos, seguida por Podemos que pierde tres puntos frente a los anteriores comicios y se queda en el 8%. Quien apenas se mueve en el porcentaje alcanzado es Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS) que lograría el 6,8%.

El mayor descenso lo protagoniza Ciudadanos que baja del 14% obtenido en el 2019 al 3,7% que le otorga para el 28M el CIS. También pierde, pero menos, Foro Asturias que baja dos puntos y no logra el 5% de los votos.

Si analizamos estos porcentajes por bloques la izquierda sumaría en total un 51,5 % frente al 44,6% de los partidos de la derecha. Una suma que no puede traducirse en escaños porque el sondeo elaborado por el CIS no los ha estimado como consecuencia del tamaño muestral y de las especificidades de las tres circunscripciones.

El nueve de diciembre Diego Canga Fano llegaba al aeropuerto de Asturias, en el avión vespertino procedente de Bruselas, para iniciar su carrera hacia la presidencia del Principado de Asturias como cabeza de lista del Partido Popular. Era el candidato designado por Génova después de que la que era presidenta hasta entonces de la formación en Asturias, Teresa Mallada, se apartara al no recibir el apoyo de la dirección nacional para ser candidata. Canga traía, según sus propias palabras, “aire fresco” a una región que “después de 40 años de socialismo está en segunda división”.

Lanzó un mensaje muy claro a todos los asturianos, el 28 de mayo “la elección es muy fácil: si quieren bajar a Segunda B, ya saben a quién tienen que votar; si quieren a alguien que intente llevarles a Primera, la única opción que hay es el PP”. Un día después se ponía frente al Comité Ejecutivo Autonómico de su partido y exponía su estrategia electoral para “cambiar” Asturias. “No vengo a hacer discursos bonitos, necesitamos que lo que prometemos, lo cumplamos en el plazo prometido”, dijo ante los suyos. Para ello anunció que desarrollaría lo que él mismo denominó “método Canga”.

Desde entonces, durante estos cinco meses de precampaña, Canga no ha parado. En su objetivo de identificar las prioridades de la región el candidato popular se ha propuesto visitar los 78 municipios asturianos y en ello está. También ha vuelto a Bruselas para reunirse con algunos comisarios, ya no como funcionario si no como candidato, y “hacer los deberes” que, según él no se cansa de repetir, el actual presidente asturiano, Adrián Barbón, no hace en Europa.

Su intensa precampaña empieza a dar sus frutos y según la encuesta de Simple Lógica para elDiario.es Asturias, publicada este miércoles, recupera entre cinco y seis escaños sobre los 10 conseguidos por Teresa Mallada en 2019, cuando el PP tocó suelo electoral en Asturias. Gana los mismos diputados que pierde Ciudadanos, que desaparece del parlamento asturiano y donde Canga ha buscado integrantes para sus listas. El actual concejal de cultura del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis Costillas, será el número nueve en la lista del PP por la circunscripción central y Manuel Cifuentes, miembro del grupo parlamentario naranja esta última legislatura, ocupará el puesto número 11.

Donde Canga cosecha peor resultado es en los datos de popularidad que también recoge el sondeo de Simple Lógica. Sólo un 47,7% afirma conocer al candidato de PP, apenas un 1,6% más que los que conocen al cabeza de lista de Foro, Adrián Pumares. Si nos fijamos en las franjas de edad, Pumares, que ha sido diputado en el parlamento asturiano este último periodo legislativo, gana a Diego Canga en tres de ellas. Entre los 18 y los 65 años, el candidato de la formación que nació por voluntad de Francisco Álvarez-Cascos, y que ahora ha roto con su fundador, gana en popularidad al líder del PP. Canga sólo es más conocido entre los mayores de 65.

Hay que apuntar que ambos están muy por debajo de las cotas que alcanza el actual presidente del Principado, Adrián Barbón, al que conoce más de 93% de los asturianos. Sólo en la franja de edad que va de los 18 a los 29 años, Barbón baja del 90%, lo hace ocho puntos. Su mayor popularidad la alcanza entre sus coetáneos, donde afirman conocerle un 95,7%. Hay que apuntar que el ejercicio del poder ejecutivo siempre otorga un plus de presencia pública y es bien conocida la actividad del jefe del ejecutivo asturiano en las redes sociales.

Aún queda más de un mes para la cita con las urnas y los datos pueden cambiar. Las estrategias de campaña de los partidos, dirigidas a conseguir votos, suelen pasar por recorrer kilómetros a pie de calle en los que la cercanía con los ciudadanos puede cambiar estos índices de popularidad, aunque la ventaja del líder socialista va a exigir un buen sprint. No es desconocida la afición del líder de los populares por las carreras y el deporte y como ha dicho en alguna de las entrevistas que ya ha concedido, está en “plena forma” y “lo importante es mantener el ritmo”.

El PP-A ganaría las próximas elecciones andaluzas con el 42,2% de los votos y una ventaja de 18 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 24,2% de los sufragios, y mantendría así la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que ya logró en los comicios del pasado 19 de junio, aunque con 0,9 puntos menos de intención de voto que hace nueve meses, según el barómetro publicado este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Esta es la tercera encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de intención de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio y en lo que va de duodécima legislatura.

Según este sondeo, realizado entre los pasados días 7 y 21 de marzo a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, Vox repetiría como tercera fuerza más votada con el 13,4% de los sufragios, 4,9 puntos más que Por Andalucía, que se quedaría con el 8,5%. Adelante Andalucía, confluencia que lidera Teresa Rodríguez, obtendría un 3,3% de los sufragios y un escaño, mientras que Ciudadanos (CS) seguiría sin representación en el Parlamento andaluz aunque lograría el 4,2% de los votos.

El sondeo, consultado por Europa Press, refleja que Por Andalucía, CS y PSOE-A mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 0,9%, un 0,9% y un 0,1% más, respectivamente, mientras que Adelante Andalucía, PP-A y Vox perderían un 1,3%, un 0,9% y un 0,1% de sufragios respecto a la última cita autonómica, respectivamente.

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 56 y 57 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE-A repetiría sus actuales 30 o ganaría un nuevo diputado en relación al 19J. En relación al anterior barómetro de diciembre, los populares pierden un diputado y los socialistas recuperan entre ocho y nueve escaños.

Por su parte, Vox obtendría 12-13 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; la coalición 'Por Andalucía' ganaría entre tres y cuatro escaños en relación a sus cinco actuales escaños hasta alcanzar 8-9, y Adelante Andalucía, la marca liderada por Teresa Rodríguez, conseguiría un solo diputado, cuando en las últimas elecciones obtuvo dos escaños. Respecto al barómetro de diciembre, Vox pierde un escaño, Por Andalucía cuatro y Adelante Andalucía uno.

En cuanto el grado de conocimiento y la valoración de los líderes políticos, el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es el más conocido (por el 87 por ciento de los encuestados) y el mejor valorado, con una media de 5,70 puntos.

En relación con su porcentaje de conocimiento y grado medio de valoración, le siguen el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas (61,9 por ciento y 4,52 puntos, respectivamente); el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira (29,4 por ciento y 4,69 puntos); la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto (27,3 por ciento y 4,47 puntos), y el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García (21,3 por ciento y 4,70 puntos).

Por otra parte, el 49,8 por ciento de los andaluces considera muy buena o buena la gestión de Moreno como presidente de la Junta, frente a un 35,8 por ciento que la ve mala o muy mala.

En cuanto a la gestión que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, un 24,5 por ciento de los andaluces la ve muy buena o buena, frente a un 61,5 por ciento que la ve mala o muy mala.

En 2019, el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS), un organismo dependiente de la Presidencia vasca, realizó un sondeo monográfico sobre la Sanidad pública. ¿El resultado? La situación de Osakidetza era el octavo problema más relevante en Euskadi, con apenas un 7% de encuestados que lo mencionaban y muy lejos, lejísimos, del 63% que citaba los problemas del mercado de trabajo. Ahora la Sanidad pública se sitúa como el segundo problema solamente por detrás de lo laboral. Es ya una preocupación para el 35% de la ciudadanía, quince puntos más que en el conjunto de España. Son datos extraídos del documento completo del adelanto ya publicado hace una semana sobre intención de voto.

Más en detalle, en Álava crece ese porcentaje hasta el 40%. Es más acuciante en municipios medianos y pequeños que en las grandes ciudades. Afecta más a las mujeres que a los hombres y el doble a los mayores (43%) que a los jóvenes (21%). La inquietud es muy pareja en todas las clases sociales e incluso el 35% de los votantes del PNV consideran también que Osakidetza tiene problemas, una proporción que es mayor en el caso de simpatizantes socialistas, de EH Bildu o de Elkarrekin Podemos-IU. Otros trabajos sociológicos anteriores ya habían mostrado esta tendencia. Por el contrario, la COVID-19 se ha desplomado y apenas ya el 1% de los encuestados lo menciona.

El sondeo, eso sí, revela que el Gobierno vasco, gestor sanitario, es la institución mejor valorada tras la Universidad, con un 78% de confianza y muy por encima del 74% de las diputaciones, el 72% del Parlamento Vasco o de los ayuntamientos, el 56% de la Unión Europea, el 37% del Gobierno de España o el 18% de la Casa Real. Los medios de comunicación apenas generan confianza al 31% cuando era de un 45% hace dos décadas. El GPS concluye que el Ejecutivo vasco es el mejor valorado de todos en la Unión Europea y los ayuntamientos los terceros mejores.

Más socialistas aprueban a Urkullu que a Andueza

En cuanto a la valoración de líderes políticos, el lehendakari, Iñigo Urkullu, aprueba con un 5,7 y también Maddalen Iriarte, jefa de la oposición y ahora candidata de EH Bildu en Gipuzkoa, con un 5,5. Por el contrario, el menos valorado es Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, con 2,1. Eso sí, es el segundo más conocido solamente por detrás de Urkullu. Respecto a quien el PNV aún no ha confirmado como su candidato a optar a un cuarto mandato en 2024, se aprecia una clara tendencia ascendente. En 2012, el año de su llegada a Ajuria Enea, era aprobado por el 41% de los vascos. Ahora son el 70%. El dato es tan abrumador que más socialistas aprueban a Urkullu que a su líder, Eneko Andueza (34% frente a 86%) y casi le dan más nota al PNV que a él. Sobre el secretario general del PSE-EE hay otro dato: le conocen más en el PNV y EH Bildu que en sus propias filas (apenas un 38%). En Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs también hay aprobados por encima del 70% para el lehendakari nacionalista. La sociedad, en cambio, se identifica más como de izquierdas que como de derechas. Identitariamente, el grupo más numerosos es de quienes se sienten igualmente vascos y españoles, 41% del total, El 23% se declara independentista pero hay un 31% que se posicionaría “según las circunstancias”.