El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado abrir diligencias previas para investigar la polémica cena de gala que se celebró el pasado 17 de septiembre a los pies de la Giralda, contando con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre los 400 invitados.

En un auto firmado el 29 de septiembre, la jueza ordena “oficiar a la policía a fin de que proceda a la investigación de los hechos”, según trasladan a elDiario.es fuentes judiciales.

La investigación sobre el evento privado, que obligó a cerrar al público la emblemática plaza Virgen de los Reyes, se inicia a raíz de la denuncia interpuesta por el partido Iustitia Europa, que apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación por la organización de un acto que fue financiado con 36.058 euros por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

Instituciones señaladas en la denuncia

El evento correspondía a la celebración de la XX edición de los Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre, y que ha generado una ola de críticas ciudadanas por el uso de un espacio público y emblemático para una celebración privada.

Iustitia Europa dirige su denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla, Contursa —la empresa municipal de gestión turística— y la Consejería de Turismo, a las que atribuye la concesión de permisos administrativos y la aportación de fondos públicos.

La denuncia señalaba también a la Diputación de Sevilla, basándose en informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.

La acusación de Iustitia Europa se formuló “contra quienes resulten responsables”, solicitando así que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”.

El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, criticó que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.

El partido denunciante subrayó además que la propia delegada municipal de Turismo reconoció públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.

En cuanto a la Diputación, su inclusión en la denuncia se basa en informaciones relativas a la Casa de la Provincia, situada en la vecina plaza del Triunfo. El promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirmó que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente no llegó a aceptar. La institución provincial sostiene que dicho espacio fue solicitado por la organización, sin especificar el tipo de evento, como ocurre con otras peticiones que recibe de asociaciones e instituciones. Según la institución provincial, se solicitó la cesión de una sala para utilizarla como vestuario de los artistas y de un aseo.

Por el momento, la jueza de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha encargado a la Policía que investigue los hechos para elaborar un atestado que permita esclarecer las circunstancias del evento y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha rechazado que se produjeran negligencias en el Hospital Comarcal de La Axarquía (Torre del Mar, Málaga) tras conocerse que se conservaron reactivos caducados entre 2020 y 2025, lo que cuestiona la fiabilidad de los resultados de los análisis, como desveló este medio. Al respecto, ha subrayado: “No ha quedado acreditado el uso de reactivos caducados o no aptos”, a lo que añadió, “con la información disponible hasta hoy, no se ha acreditado que la seguridad de los pacientes se haya visto comprometida”.

Por otra parte, Sanz ha reconocido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “inició la investigación mucho antes que la Fiscalía”, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Rodrigo Serrano, del grupo parlamentario de Adelante Andalucía. En relación a las investigaciones abiertas, ha enfatizado que “los mecanismos de control existen y funcionan” y que “la Fiscalía investiga y nosotros siempre vamos a colaborar”.

A ello, el consejero ha requerido a la oposición: “¿Está usted diciendo que los profesionales sanitarios engañan a la máquina?”, para lo que ha pedido “prudencia” y “responsabilidad” frente a la “generación de alarma social a los ciudadanos”. “Los analizadores del laboratorio están programados para bloquear y rechazar cualquier reactivo caducado”, ha apuntado el consejero Sanz a partir de los controles que habría realizado el SAS en el Hospital de la Axarquía, por lo que ha pedido que “dejemos que actúe la investigación”.

Investigación de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio.

La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia. El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.

“Las trabajadoras están sufriendo acoso laboral”

En este contexto, Adelante Andalucía ha manifestado además que “las trabajadoras que han denunciado esto han visto como no ha cambiado nada en el hospital, salvo una cosa, están sufriendo un acoso laboral brutal”, demanda a la que no contestó el consejero Sanz en su siguiente intervención. En paralelo, las asociaciones Amama, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria anunciaron para el 15 de octubre una concentración en defensa de la sanidad pública.

Asimismo, el partido de José Ignacio García ha vinculado estas denuncias con la crisis de los cribados de cáncer de mama de hace un año, afirmando que “es fundamental que no nos mientan a la cara” en materia de calidad asistencial. Cuestión, la del cáncer de mama, a la que el consejero Antonio Sanz ha replicado minutos antes en sede parlamentaria que ya se ha contratado el 90% de los 700 profesionales de refuerzo para el plan de choque que se anunció tras conocerse los fallos, con 2.317 mujeres afectadas junto a siete mujeres fallecidas, según Amama.

Por su parte, la diputada socialista María Márquez ha insistido en defender una partida presupuestaria para indemnizar a las afectadas por los errores de comunicación en las pruebas diagnósticas en vez de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) evite llegar a un acuerdo en las más de 200 reclamaciones patrimoniales que ha dejado de contestar y que, finalmente, irán a la vía de lo contencioso-administrativo, dilatando los tiempos. “El presupuesto de la Junta tiene que acordarse de estas mujeres. ¿Dónde tienen ustedes el corazón?”, se ha preguntado Márquez.

Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas han encabezado este jueves una minicumbre de Andalucía y Ceuta, en una visita oficial del presidente ceutí al Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta, junto a miembros de sus respectivos gobiernos y de ambas cámaras de comercio. Ambas delegaciones han suscrito acuerdos de colaboración en materia de internacionalización de proyectos empresariales, universidades, innovación, turismo, cultura, deporte, comunicaciones y transporte. Pero nada sobre inmigración.

Desde enero de 2024, los gobiernos de Andalucía y Ceuta tienen firmado un convenio de colaboración para “agilizar” la acogida e integración de menores extranjeros no acompañados en esta comunidad y aliviar así la “crisis migratoria” que ya sufría entonces la ciudad autónoma.

Se trataba de un “instrumento de cooperación interautonómico”, que fuera “estable en el tiempo”, y que a día de hoy sigue “en activo y está desarrollándose”, reconocen en la Junta. Sin embargo, ambos presidentes han rechazado explícitamente invocar ese convenio para el traslado provisional de los niños que entraron en la incursión irregular de 80.000 inmigrantes a Ceuta que tuvo lugar hace justo dos meses -unos 2.500 siguen allí, según el Gobierno central-, que serían acogidos por la Junta de Andalucía mientras se tramitan sus expedientes.

Moreno y Vivas han coincidido hoy en que lo ocurrido en Ceuta no es un problema migratorio, sino “una invasión de la integridad territorial de España”, para justificar que ninguno de los dos haya invocado ese acuerdo de colaboración. “La inmigración no es la causa, es la consecuencia de una invasión territorial. Tenemos que poner el foco ahí para que no se vuelva a repetir”, ha dicho Vivas. “No podemos tratar esto como un fenómeno migratorio normal, porque no es normal, es una invasión”, ha abundado Moreno.

El presidente andaluz y ceutí han comparecido juntos en el Palacio de San Telmo minutos después de que el Gobierno anunciara la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla, los días 13 y 14 de octubre, justo después del Día de la Fiesta Nacional. Vivas ha recibido la noticia esta mañana en una llamada del propio Felipe VI. “Es la quinta vez que el rey me llama. No hay ninguna autoridad del Estado más implicada con Ceuta que el rey”, ha subrayado, tras insistir en que el presidente Pedro Sánchez no quiso atenderle los días previos a la entrada irregular de 80.000 inmigrantes, y subrayar que después de la crisis “sólo me llamó una vez”.

Vivas declaró el miércoles ante la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis migratoria de Ceuta, para enumerar cronológicamente las llamadas que hizo al Gobierno antes, durante y después de la entrada masiva desde Marruecos, y denunciar que Moncloa le derivó al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y que Sánchez no le cogió el teléfono hasta el día 30 a las cuatro de la tarde, cuando ya habían entrado los 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma.

La Moncloa ha desmentido el relato de horas que Vivas expuso ante la jueza, según el cual, su director de gabinete llamó a Presidencia del Gobierno ocho veces sin obtener respuesta los días previos a la entrada masiva. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por elDiario.es, el Gobierno ha examinado las comunicaciones registradas en los teléfonos del Presidente, su director de gabinete, su director adjunto y sus correspondientes secretarías, y traslada un balance de nueve llamadas con el Gabinete del Presidente Vivas. “Todas fueron diligentemente atendidas en el acto o minutos después, algo que puede comprobarse en la secuencia completa”, apuntan esas fuentes.

“Andalucía jamás os dejará solos”

El encuentro ha tenido lugar en el Salón de los Espejos, espacio privilegiado de San Telmo para visitas oficiales, donde ambos han visibilizado un tándem que escenifica el vínculo especial de Andalucía con Ceuta, recogidos en ambos Estatutos de Autonomía. “Andalucía jamás os dejará solos. Esta es tu casa”, ha comenzado Moreno, en un encuentro en el que han participado miembros de ambos gobiernos, pero también representantes del mundo empresarial de Ceuta y Andalucía.

Moreno ha pedido “no dejar que se apague el foco” sobre la crisis migratoria de Ceuta, denunciando el “caos” que vive la ciudad autónoma, que aún acoge a unos 10.000 inmigrantes que entraron de forma irregular hace justo dos meses. El presidente de la Junta ha ofrecido “apoyo y colaboración”, pero no ha hecho mención al convenio de colaboración para “contingencias migratorias”.

El presidente de la Junta ha anunciado una batería de acuerdos suscritos entre ambos gobiernos en materia de proyección empresarial, turismo, transporte y comunicaciones, cultura, deporte, innovación y universidades. Ninguna propuesta en materia migratoria. La Junta pondrá a disposición de las empresas de Ceuta la Agencia Trade, para promover internacionalmente proyectos de actividad económica.

Moreno también ha anunciado acuerdos entre ambas cámaras de comercio y en materia de turismo una promoción conjunta para atraer turistas a ambos lados del estrecho, una mejor conectividad entre el puerto de Málaga y Ceuta (vía helicópteros), y estudian subvenciones para el pasaje del ferry que conecta Andalucía con la ciudad autónoma.

En su turno, Vivas ha hecho un recordatorio tremendo de la situación que persiste en su ciudad: “Ceuta vive una de las situaciones más difíciles de su historia reciente. Hace dos meses sufrimos una invasión con la entrada masiva de 90.000 personas, usando la inmigración como un arma. La situación sigue siendo absolutamente insostenible. Continúan allí unas 15.000 repartidas en campamentos de acogida y esto está teniendo un impacto demoledor. Es un deterioro gravísimo de la seguridad, de los servicios fundamentales, educación y sanidad, deteriora nuestra convivencia y estamos en alerta en cuanto a la seguridad nacional”, ha dicho.

El presidente ceutí ha denunciado que sus ciudadanos han visto “mermados” sus derechos fundamentales. “Hemos perdido parte de libertad, vivimos en una olla a presión. El día a día de Ceuta parece una crónica de sucesos: altercados, reyertas, delitos, violencias. Es insoportable. No estamos dispuesto a que esto sea así. La única manera de volver a la normalidad es mediante el retorno a Marruecos de todos los que entraron de forma ilegal”, ha sentenciado.

Un año después, la versión oficial la Junta de Andalucía sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama es que hubo un error en el protocolo que afectó a 2.317 mujeres, incidiendo en que no se contemplaba la obligatoriedad de informar a las mujeres con resultados no concluyentes. Una respuesta a la que se unió la puesta en marcha de un plan de choque, cambios en ese protocolo y el cese de varios cargos. Entre ellos, el del exjefe de Radiodiagnóstico que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Las explicaciones son insuficientes para la oposición para el Parlamento andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer: piden saber qué recursos había disponibles, cuál era la carga asistencial y dónde están las listas de espera para analizar el error estructural.

En un segundo intento, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se unieron el pasado día 23 y presentaron una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama. A esta propuesta, Vox manifestó su rechazo aunque antes de las elecciones y de formar parte del Gobierno andaluz había mostrado su apoyo y, por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tachó de “ridículo” el comportamiento de las izquierdas, refiriéndose en comisión parlamentaria al “fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias”. Sin embargo, el responsable del PP obviaba dos cuestiones: la vía penal interpuesta por los partidos ha sido archivada mientras más de 200 reclamaciones patrimoniales de las pacientes afectadas proseguirán su camino hacia lo contencioso-administrativo ante el silencio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras quedan dudas sin resolver.

“Hemos pedido que se amplíe la información: número de mujeres por provincias, cómo están funcionando las unidades de mamografía, cuáles son los tiempos de espera”, exige Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, en declaraciones a este medio. También, añade, han pedido saber “si se ha detectado cáncer de mama en algunas de las mujeres, qué protocolos de urgencia aplicarían en ese caso para atender con la máxima celeridad a esas mujeres, y qué profesionales van a contratar en cada una de las 32 unidades de mama andaluzas”. Lo que más preocupa, resalta, es “solucionar rápidamente el problema y dar certidumbre a las personas afectadas”.

“No han respondido a todas” las demandas

Sin embargo, “no han respondido a todas” estas demandas. La asociación forma parte del Plan Asistencial del Cribado de Cáncer de Mama y estuvo presente en las tres reuniones que se han celebrado hasta la fecha de la comisión de seguimiento de la crisis que activó la Consejería de Sanidad, con quien califican el diálogo como “fluido”. Aun así, Cantero subraya: “Siempre hemos pedido transparencia, responsabilidad y generar confianza en las mujeres andaluzas sobre los cribados y la importancia de la detección precoz del cáncer”. En esta línea, demandan que Andalucía se integre en los programas internacionales de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en su totalidad, como ya ha empezado a hacer con el cáncer colorrectal.

Por ello, las reclamaciones las concentra Cantero en que la Asociación participe como agente externo en la Ponencia de Cribados de la Comisión interterritorial, así como poner a disposición de las autoridades administrativas la herramienta Más datos Cáncer “para volcar los datos de los programas de cribado”, ya que, frente a las negligencias del sistema, han detectado desconfianza en muchas mujeres a la hora de participar en los cribados considerando que “podría ser ineficaz”, aunque trabajan mano a mano con las pacientes, las familias y la sociedad civil para “ofrecer una atención más humana e integral que cubra sus necesidades”.

En la cara opuesta, Amama resolvió levantarse de la segunda reunión organizada en el comité de seguimiento después de que se les pidiera firmar una orden de confidencialidad. En un continuo tira y afloja, las relaciones con la Junta se han terminado por empantanar, ya que observan que hay un rechazo continuo a sus peticiones para aclarar qué sucedió para que 2.317 mujeres fueran afectadas y se produjera, según han constatado, la muerte de siete mujeres a causa del desarrollo del tumor por el fallo sanitario.

La resolución del Defensor ante la “parquedad de información”

Quien también reclamaba más explicaciones ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. Jesús Maeztu abrió una investigación de oficio tras el estallido social, haciendo un primer requerimiento al Ejecutivo autonómico en octubre. No obstante, el informe remitido por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue tachado como “claramente insuficiente”, motivo por el que el Defensor salió ante los medios de comunicación para criticar el silencio del Gobierno de Juanma Moreno. En marzo de este año declaraba que “no se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Siete meses después, el equipo de Maeztu publicó una resolución que pasó de puntillas en mitad de las elecciones autonómicas. Este documento refleja que las actualizaciones pedidas nunca llegaron y se insiste en que la respuesta no satisface los requerimientos solicitados para analizar el alcance y las consecuencias de la crisis del cribado.

¿Qué evitó responder la Junta? La resolución señala que la Consejería de Sanidad y el SAS no informaron sobre cómo funcionaba el protocolo que estaba vigente. Tampoco en lo relativo a si el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ajustaba a este protocolo o no y qué razones llevaban a aplicar una resolución u otra. Además, se rechaza dar los datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera y no aclaraba el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado antes de que en octubre se pusiera en marcha la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz a raíz de la alerta sanitaria.

“La parquedad de la información recibida no impide a esta institución formar un recto juicio, ni renunciar a la salvaguarda del derecho a la protección de la salud de las mujeres, que hacemos valer tanto reflejando las deficiencias constatadas como el mismo hecho de no haber llegado a poder desvelar su causa”, asesta la resolución de mayo.

La Unidad de Radiología trabajó al 170% de su capacidad

Entre las conclusiones, se da cuenta de la plantilla que había en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, única entidad que remitió información en abril de 2026. “En octubre de 2025, se disponía de 6,3 facultativos en la Unidad de Radiología de Mama y la plantilla ha pasado de 5,3 puestos efectivos a 8,3 puestos efectivos en la actualidad, además de haber sido contratado personal técnico en número de 4 y 1 administrativo de apoyo a la Unidad”.

A renglón seguido, el Defensor subraya que “la suficiencia o insuficiencia de estos recursos de personal solo puede ser evaluada en función de la demanda, obviamente”. Ahora bien, a la luz de los datos facilitados, da la siguiente relación.

“Los facultativos disponibles en octubre de 2025 trabajaron durante dos meses al 170% de la actividad normal para resolver todos los retrasos; en diciembre de 2025 un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa de cribado tuvieron que ser derivadas al concierto externo; incluso tras el actual refuerzo de personal, la Unidad ha tenido que ser dotada de más continuidades asistenciales por semana para el equipo que la integra”. Pese a que hay quejas registradas a causa de la crisis del cribado desde las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Málaga, solo este centro hospitalario contestó al requerimiento del Defensor.

“Un fracaso”

“Lo acaecido ha supuesto un cuestionamiento del funcionamiento del Programa de Detección Precoz y la desconfianza en su eficacia”, señala, “un fracaso en una importante línea de trabajo dentro de las estrategias de salud pública, que puede llegar a producir efectos colaterales o secundarios si desincentiva la participación, con nefastas consecuencias personales, sanitarias y sociales”. A ello, se apunta que “con estos signos de advertencia” resulta “difícil comprender la tendencia a ampliar cada vez más el arco etario [el aumento de la franja de edad] del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin contar con la garantía de su correcto cumplimiento”.

Asimismo, la resolución ahonda en que lo que se cuestiona en la crisis de cribado no es la pericia o negligencia de los profesionales encargados del estudio, sino “la suficiencia de los medios dedicados a posibilitar el correcto funcionamiento del Programa, y si el infradiagnóstico vinculado a la insuficiencia de recursos sanitarios ha supuesto una pérdida de oportunidad en la protección del derecho a la salud”. Es decir, ante el plan millonario que anunció la Junta, ¿qué garantías hay de que se reviertan los errores ocurridos si no se dan cuenta de ellos?

Lo deseable: “Afrontar una crisis con decisiones humanas”

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en el tratamiento humano hacia las pacientes y la vía judicial en la que ahora están embarcadas a causa de la estrategia que ha emprendido la Junta: “En el escenario más doloroso de las mujeres que han determinado depurar responsabilidades, hubiera sido deseable una Administración sanitaria cuyos responsables hubieran sido capaces de afrontar una crisis como la acaecida con decisiones compasivas y humanas, acordando de oficio la iniciación de los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial”.

Así, el Defensor concluye con cuatro recomendaciones, entre las que destaca la implantación de un programa con “un sistema uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática”. Asimismo, pide dotar dotar “de medidas de refuerzo” para atender adecuadamente a las pacientes y cumplir con los plazos. Una resolución, en todo caso, parcial ante respuestas incompletas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes que el “grave problema” de la vivienda “necesita menos ideología y más gestión” para resolverlo, además de reivindicar la colaboración público-privada como vía para abordarlo, frente a las “proclamas” o decisiones “unilaterales”.

Son mensajes que Juanma Moreno ha trasladado durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este, en la capital andaluza, en la que ha subrayado que, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), “el acceso a la vivienda ha ido escalando” hasta situarse entre los tres primeros “problemas” para los españoles actualmente.

Moreno ha defendido que el Gobierno andaluz que preside asume este “reto” como “una línea de acción que tiene que ser prioritaria y debe ser urgente”, y ha advertido de que “si alguien cree que va a solucionar el problema de la vivienda con proclamas, no solamente se equivoca, sino que va a generar una frustración y una melancolía en la población”.

En esa línea, ha aseverado que “este es un problema muy grave, tremendamente grave”, que “requiere del concurso de todos y cada uno de los actores” que están vinculados “al ámbito de la construcción”, entre los que ha subrayado que las instituciones públicas juegan un “papel destacado”.

En ese punto, Moreno ha querido poner en valor la “colaboración y cooperación entre instituciones”, y ha reivindicado que la Junta ha “multiplicado por cuatro la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) desde el año 2019, alcanzando la cifra de 18.300”, y Andalucía se ha convertido en “la tercera comunidad autónoma que más vivienda de VPO está impulsando”.

Además, ha destacado que la Junta “lidera la construcción de vivienda libre en España”, desde el convencimiento de que, “hay un problema de oferta y demanda”, y “cuantas más viviendas se pongan en marcha, se construyan, más posibilidades habrá de romper esa diferencia entre oferta y demanda”.

Construir más para resolver el problema

De igual modo, el presidente de la Junta ha señalado que este es “un asunto tan serio” para el que “no existen varitas mágicas”. “Ya nos gustaría”, ha manifestado, “porque es verdaderamente muy frustrante ver a tantos jóvenes y a tantas familias sufrir por no poder acceder a un hogar digno”, ha apostillado Moreno, que ha comentado que él mismo se encuentra “por muchas calles de Andalucía con jóvenes” que le cuentan la “realidad dramática” que viven, en la que, pese a haberse “esforzado” en su formación y sus estudios, no pueden “ni siquiera alquilar una vivienda porque no las hay”.

En ese punto, Moreno ha sostenido que “el reto de la vivienda no se resuelve con una sola medida, ni de manera unilateral por parte de una administración en solitario”. Sería “un error”, según ha opinado el presidente andaluz, que ha rechazado además que este problema se pueda resolver “enfrentando a lo público y a lo privado”, que, en su opinión, conforman “dos esferas complementarias y fundamentales”.

Moreno ha agregado que, “después de escuchar a centenares de actores que participan en el ámbito de la vivienda, el problema se empieza a resolver cuando se construye más, movilizando mucho suelo, agilizando los trámites y los plazos, restándole cargas administrativas, burocráticas e impuestos a gran parte de los procedimientos que hay a la hora del desarrollo urbanístico y de construir una vivienda, en colaboración con los promotores y con las constructoras”.

“Tenemos que hablar con promotores y constructoras, que tener un diálogo franco y complicidad con ellos”, ha proclamado en esa línea Juanma Moreno, quien también ha apostado por sumar “todos los recursos disponibles” procedentes de administraciones como ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno de España y, “por supuesto, fondos europeos”.

Objetivo: 20.000 nuevas viviendas asequibles en cinco años

Moreno ha explicado que “el objetivo global es impulsar desde Andalucía 20.000 nuevas viviendas asequibles en los próximos cinco años, duplicando así el ritmo de promoción que tenemos en la actualidad”. “Es una estimación prudente y realista, no queremos vender motos, sino que hemos hecho un cálculo con el ritmo y con los recursos que disponemos, lo que podemos hacer, y podría incluso ir a más, porque contamos con una bolsa de suelo con capacidad de más de 43.000 viviendas que vamos a poner en marcha”, ha comentado el presidente de la Junta.

En esta línea ha destacado, además, que “comprar una vivienda en Andalucía será menos costoso en el año 2027”, porque “los andaluces que compren una vivienda de segunda mano podrán beneficiarse de una nueva rebaja del impuesto que se paga por la compra” merced a que desde la Junta van a “bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7 al 6,75%, y lo vamos a seguir bajando año tras año hasta llevarlo al 6%”.

Además, el presidente ha indicado que su gobierno va a “elevar el límite del precio de la vivienda para los tipos reducido y superreducido de los 150.000 a los 200.000 euros, adaptándolo más a la realidad”, y ha valorado que, estas medidas, según los “cálculos” de la Junta, “van a beneficiar a cerca de 150.000” andaluces.

Moreno ha concluido incidiendo en la idea de que “el problema de la vivienda necesita menos ideología y más gestión”, y que “cuanto más gestión hagamos y menos ideología haya, del ámbito que sea, en el ámbito de la vivienda, más fácilmente será acercarnos a la solución de este grave problema que no solamente tenemos en Andalucía, sino que tenemos en el conjunto de España”.

Miedo, ansiedad, dolor. Ansiedad. La ansiedad que no quería despertar el presidente andaluz Juanma Moreno ha trastocado la vida de Ángela Claverol, presidenta de Amama, la asociación que destapó la crisis de cribado de cáncer de mama ahora hace un año. Un seísmo en la sanidad pública andaluz que dejó al descubierto las fallas de un sistema del que, hasta en dos ocasiones acreditadas, se había alertado de la falta de personal para atender a las 2.317 mujeres que, según los datos oficiales de la Junta, quedaron expuestas. Pero, la credibilidad ha quedado en entredicho y la oposición busca una comisión de investigación para la que el PP aún no está preparado.

Claverol, que ha sido una de las caras visibles de esta contienda mediática, legal y social, recibe a este medio una hora antes de que se presente en la casa del pueblo andaluz la iniciativa apoyada por PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, y a la que se esperaba que se uniera Vox, como les habían prometido. Aunque su tono es sereno, deja que cada una de sus palabras caigan en mitad del silencio. “Algunas nos moriremos en el camino”, acusa ante el largo camino judicial que ha abierto el Gobierno andaluz, pese a reconocer la negligencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para así evitando la negociación de indemnizaciones individuales.

Un año después, hay 2.317 expedientes con retrasos y 23 tumores detectados tras la revisión interna de la Junta. Pero Amama sigue reclamando transparencia e información, estudia los casos y estima que hay hasta siete fallecidas a causa de la crisis del cribado. Inmaculada González, Carmen Ríos y Purificación Fernández fueron las tres primeras víctimas constatadas por la asociación de una lista que se alarga.

Se cumple un año desde que se destapó la crisis de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Con la vuelta del curso político, ¿han recibido algún tipo de información nueva sobre lo que sucedió o han aclarado los protocolos?

Somos usuarias diarias de los hospitales con más de 700 socias, así que sabemos que los protocolos que, se supone, pusieron en marcha [bajo la denominación] del acto único no se están cumpliendo. Por ejemplo, a una compañera de la Junta Directiva le han tardado tres meses en darle un diagnóstico y tenía un BI-RADS 3. Con lo cual, el problema sigue. Hay chicas para que le detecten un cáncer han tardado más de dos meses.

El acto único fue un panfleto publicitario con el que iban a arreglar todo. También, están tardando las citas con los oncólogos, radiólogos... A fecha de hoy, no dijeron qué pasó: tú no puedes arreglar algo si no sabes lo que ha pasado. No creo que no dijeran qué ha pasado porque quieran esconder algo, sino que, creo, firmemente, que no saben lo que pasó. Dónde fallaron y dónde no. Lo que intentaron fue taparlo.

Un año después, ¿se ha retomado el diálogo con la Consejería de Sanidad? Teniendo en cuenta que se levantaron de las mesas, algo que también se les ha criticado duramente.

Nosotras no nos levantamos de la mesa en la primera reunión con el consejero Antonio Sanz, pero no conseguimos que nos hiciera caso, decía que le dejáramos trabajar. Lo que querían era, de alguna manera, callarnos, mientras nosotras decíamos que cada vez había más mujeres. En la segunda reunión de los cribados, nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad solo a Amama.

Entonces, vimos que cuando yo intentaba intervenir, no nos escuchaban... Cualquiera se levantaría de la mesa. Pueden criticar lo que quieran, pero la realidad es una, no hay otra. Y no, no ha habido más diálogo. Luego dijo Juanma Moreno que había intentado hablar con nosotras: eso es una mentira. Este señor no se ha dirigido personalmente a nosotras en la vida. Con lo cual, entendemos que debemos importarle bien poco.

¿Han aumentado las muertes registradas a causa del cribado?

Hay siete mujeres fallecidas por el cribado. Siete parece un número pequeño, pero a mí me parece terrorífico. Inmenso. Esas siete mujeres tenían maridos, hijos, familia..., que las querían, que ellas querían. Pero por no prestarles el auxilio de un BI-RADS 3 o haberles hecho una prueba complementaria, esas señoras han fallecido. No han fallecido por el cáncer, no, han fallecido porque las diagnosticaron muy tarde y ya no tenían arreglo. Es que eso no tiene ni nombre. Cada uno que se ponga la mano en el pecho y piense que sea su madre, su hermana o su hija.

En cuanto al cauce judicial, se contabilizaba hasta mayo unas 166 reclamaciones patrimoniales interpuestas. ¿Han aumentado? ¿Cómo sigue el proceso?

Presentadas hay alrededor de 200 y tenemos otras 40 o 50 en proceso. En muchos casos han conseguido lo que querían: que estas mujeres se aburrieran en el camino o prestaran más atención a su enfermedad. A fecha de hoy, no han resarcido a ninguna. Todas las reclamaciones patrimoniales están cumpliendo los plazos de seis meses que tienen y no contestan, con lo cual entendemos que les importan un rábano. Ya lo dijo Antonio Sanz en una entrevista, “que vayan a juicio, que tienen todo el derecho del mundo”.

Pero esto no se trata de derecho. Esto se trata de que ellos reconocieron públicamente un fallo en las mamografías del cribado y, si tú reconoces un fallo, tendrás que arreglarlo. Pero no. Vamos a dejarlas ahí, que en vez de llegar las 250, se mueren o se aburren. Menos pagan ellos. Al final, las mujeres andaluzas somos dinero.

Si piensas en el cribado de cáncer de mama como dinero, les sale a cuenta. Los juicios se están poniendo en Sevilla para 2030 o 2031... Se habrán muerto algunas

Las reclamaciones continuarán aún así.

Van a seguir, se pongan como se pongan. Nosotras no fuimos nunca por la parte penal. Las reclamaciones patrimoniales es un derecho que tienen las mujeres y nuestro abogado continúa presentándolas. Aunque, fíjese, el SAS está poniéndole difícil a nuestro abogado pedir un informe de síntesis. Es patético.

¿Lo están poniendo difícil?

Sí. Tienen unos plazos para cumplir y contestar con los informes de síntesis de una mujer. Pero hay que reclamárselo una y otra vez. ¿Qué más nos van a hacer? Atrasarlo todo hasta que te aburras en el camino o te vayas muriendo, ¡si yo lo entiendo! Si piensas en el cribado de cáncer de mama como dinero, les sale a cuenta. Los juicios se están poniendo en Sevilla para 2030 o 2031... Se habrán muerto algunas. Fíjese lo duro que es esto. Desde el punto de vista humano, facilita todo esto.

Como pedía el abogado de la asociación, que se estudiara caso por caso y se indemnizara, ¿verdad?

Es tan fácil como indemnizarlas. Tienen los expedientes. Digo yo que tendrán más de un abogado en el SAS. No les interesa el tema, pero habrán recibido esa orden. Algunas nos moriremos en el camino, pero no nos vamos a aburrir.

En el caso de Anabel Cano, fue la primera que denunció y empezará la vía de lo contencioso-administrativo. ¿Cuál es la expectativa?

A Anabel le pasa una cosa como a todas las mujeres del cribado y a todas las mujeres oncológicas del cáncer de mama: tiene un cáncer avanzado, ha tenido quimioterapia, inmunoterapia, todos los tratamientos posibles, y le ha dejado unas secuelas impresionantes. ¿Cómo está? Hecha polvo. El otro día me comentaba: “Va a hacer un año, Ángela, me están llamando los medios de comunicación”, y le dije, “a mí también”. Y me dijo, “no puedo decir que estoy bien, cada vez estoy más frustrada y desesperada”.

No es un tema que hayan arreglado, pese a los planes de choque. Yo sé cuántos oncólogos hay en mi hospital de la Macarena. ¿Cuántas salas de oncología? Si hubieran puesto más oncólogos, digo yo que habría más salas, ¿no? ¿O meterán a todos en la misma? Me hago mis ecografías y resonancias, y están los mismos. Pero nosotras no tenemos nada contra los oncólogos, radiólogos y médicos y enfermería. Hablamos con ellos y nos dicen que no es verdad, que no han metido gente. Pues, ¿cómo están todas las mujeres del cribado? Frustradas, desesperadas, hartas.

¿Se ha roto la confianza en el servicio?

Se ha roto la confianza en el Gobierno andaluz. Nosotras tenemos la confianza en los oncólogos, pero se ha roto la confianza en un Gobierno al que no le importamos las mujeres.

Fui al oncólogo en marzo, me mandó doble ecografía por mi doble mastectomía y tardó cinco meses. Si yo hubiera recaído y el cáncer vuelve de forma agresiva, estás muerta. ¿Sabes lo que han generado en toda la comunidad de cáncer de mama y los pacientes oncológicos en general? Una ansiedad y una incertidumbre... ¿No dijo que quería evitar la ansiedad? Pues ha conseguido que vivamos con más miedo todavía, porque no ha arreglado la sanidad pública ni el canal preferente para los pacientes oncológicos. Ellos tienen muchos millones de euros para tapar lo mal que lo están haciendo, pero Amama no tiene ni un duro en publicidad, lo queremos para investigación.

Se han dedicado todo este tiempo a amenazarnos, a menospreciarnos, a llamarnos mentirosas, a utilizar noticias como la del archivo de la Fiscalía cuando Amama nunca fue por la vía penal. Siempre fuimos por la administrativa, pero, fíjate, lo que intentan es utilizar las noticias para menospreciar a las mujeres con cáncer de mama y las de Amama y quedar como que 'han ganado'. Pero esto no es una lucha. En el cáncer no se gana nunca.

Ni a mí ni a una ciudadana de a pie le sirve que destituyan a una consejera, a un jefe de radiología... Si lo destituyes, será por unos motivos, ¿por qué no hablas de esos motivos?

Habla del archivo de la Fiscalía y me gustaría preguntarle por el archivo sobre el falseamiento de los historiales clínicos. ¿Lo hubieran enfocado de otra manera?

Nosotras sí teníamos las pruebas de mujeres que les aparecía el BI-RADS 3 y luego les desapareció, pero no pudimos probarlo. Esto es la lucha de David contra Goliat: mujeres sin recursos contra todo el aparato de dinero de la Junta de Andalucía. Pero no hemos perdido ni las esperanzas ni las ganas. ¿Qué esperamos de la Junta? Que salga adelante la comisión de investigación para saber qué ha pasado. Cuando detentas el poder y te importan muy poco los ciudadanos, se transforma todo en política. Dijeron que nos pagaba el PSOE o Izquierda Unida, y a nosotras nunca nos ha pagado nadie.

Nos hemos acercado con todo aquel que ha intentado ayudarnos sin importar el color político. Estuvimos reunidas con Vox y antes de las elecciones nos dijeron que apoyarían una comisión de investigación. Volvimos a llamar después de las elecciones, pero, si te he visto, no me acuerdo. Eso lo que nos demuestra es que ellos solo quieren el poder y la política, aunque no hablo solo de ellos, pero me refiero a ellos porque ahora están en la Junta de Andalucía.

¿Cree que Vox apoyará la comisión de investigación que hoy presentan en el Parlamento de Andalucía junto a PSOE, Adelante y Por Andalucía? [Esta entrevista fue realizada unas horas antes de que el grupo de ultraderecha retirara su apoyo].

A mí, personalmente, junto con la secretaria de Amama, nos dijeron que sí la iban a apoyar. Espero que la apoyen, porque es importantísimo saber qué ha pasado.

Porque del PP no esperan un cambio de postura.

A ellos se les vería la ropa que tenían tendida. Pero Vox, si les queda un poquito de decencia tras la foto que nos hicimos y lo que nos dijeron, espero que la apoyen. ¿Sabes una cosa? Las mamografías del cribado, y todo lo que pasó y todo lo que tenga que pasar, no tiene color político. Da igual que seas de Vox, de Izquierda Unida, del PSOE, de Adelante Andalucía o del PP: las mujeres andaluzas podemos ser de lo que nos dé la gana.

Pero eso no tiene nada que ver para que se hagan las cosas bien y que se investiguen a fondo. Ni a mí ni a una ciudadana de a pie le sirve que destituyan a una consejera, a un jefe de radiología... Si lo destituyes, será por unos motivos, ¿por qué no hablas de esos motivos? A mí me hubiera dado igual que la dejaran [en referencia a la exconsejera de Sanidad]. Espero que esa comisión salga adelante.

Hablando de destituciones, el exjefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell, ya avisó en 2023 que había una sobresaturación en el sistema y no se podía asumir la carga por falta de personal.

No creemos que el problema fuera del jefe de Radiodiagnóstico porque avisó en dos ocasiones a la Junta de Andalucía de los miles de mamografías que había pendiente, no solo del cribado, sino de lo demás. Quien tenía que haber pagado las consecuencias de ese error es el gobierno de la Junta de Andalucía. No un señor, que, por más que avise, no le hacen ni puñetero caso.

Cuando nosotras vamos a los hospitales nos dicen que están descontentos, porque ellos avisan, hay un montón de noticias, como ha ocurrido con los reactivos caducados. Avisan de que faltan médicos, oncólogos, que las urgencias están saturadas, si no les hacen caso, ¿por qué lo destituyes? Muevo esto, lo otro, y a otra cosa, mariposa.

El único responsable político es el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No sé cómo puede dormir por las noches. Yo no podría

¿Ustedes han podido hablar con Javier Castell en este tiempo?

No, no hemos hablado con él, sino a través de otra persona. Todos los facultativos nos apoyan. Pero es triste, porque cuando un médico levanta la voz, enseguida lo destituyen o lo cambian, y yo también entiendo que tú no quieras perder tu puesto de trabajo, hay hijos, tienes familia. El único responsable político es el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No sé cómo puede dormir por las noches. Yo no podría.

Quisiera volver al punto sobre el plan de choque de la Consejería de Sanidad. Se aprobó la obligatoriedad de informar y, por otra parte, se preveía ampliar las edades del cribado. ¿En esto tampoco diría que ha habido avances?

Todavía no conocemos a nadie que, con el tema de la ampliación de la edad, las estén llamando. Entiendo que tienen un serio problema dentro del SAS. Las personas que manejan esos datos, o no saben, o no quieren, o no es una noticia estupenda como poner wifi y capellanes, pero no conocemos a gente, en persona, que se le esté haciendo el acto único, que tengan la edad y la estén llamando. Sí hay facultativos que nos dicen que, más allá de un puesto, no han ampliado plantillas. ¿Tienen dinero? Lo que ha salido ahora es un contrato de 14 millones de euros para privatizar la mamografía del cribado.

El consejero Sanz afirmó que era un contrato dedicado a las unidades móviles.

Pero al haberlo privatizado y no haber comunicación ni entre la unidad móvil, ni el hospital ni las mujeres... ¿Por qué no pone los 14 millones en más máquinas, más radiólogos, más cirujanos, más oncólogos? Mete el dinero donde tiene que estar, en la sanidad pública. Entendemos que este partido está acomodado en un capitalismo feroz, pero es contra los ciudadanos. Si ya tuvimos problemas con las mamografías del cribado cuando las privatizaron, pues, si lo siguen haciendo, blanco y en botella. Nos da miedo, porque nosotras en la sanidad pública sí confiamos, y en nuestros oncólogos, en nuestros radiólogos y en nuestros enfermeros. En quien no confiamos es en la gestión del SAS.

A lo largo de este año, ¿cómo ha sido la actividad de Amama?

Este año ha sido terrible. Muy duro. Desde hace 31 años esta asociación se dedica a sostener y asistir a las mujeres con cáncer de mama, pero ha creado una ansiedad bestial. Hemos recibido muchísimas llamadas: “Ángela, no me llaman de oncología, ¿qué hago?”. Las avisaba: “Pon una reclamación por escrito”. Importante, ¿por qué no publican las reclamaciones por escrito? ¿Por qué no publican las listas de espera?

Esto ha creado una sensación, tanto en Amama como en la población, de desconfianza bestial en la gestión, no en los profesionales. Ha sido bestial luchar sin cuartel tanto para mí, como para toda la Junta Directiva y para todas las mujeres de Amama. Hay algo maravilloso en Amama, que, cuando una se mueve, vamos todas. A nivel emocional, ha sido muy triste, porque tú crees que le importas a quien está gobernando.

En julio de este año seguíamos recibiendo llamadas de mujeres que creían que eran de la crisis del cribado

La mayor parte de los casos se dieron en Sevilla, en un 90% en el Hospital Virgen del Rocío...

Tenemos mujeres en toda Andalucía, aunque ellos quisieron focalizarlo en un sitio. Estaremos enfermas, pero la cabeza nos funciona. De hecho, se ha creado la Federación Andaluza de Asociaciones de Cáncer de Mama con todas las presidentas de todas las ciudades, que además la presidencia la lleva Amama, y siguen pasando cosas. En julio seguíamos recibiendo llamadas de mujeres que creían que eran de la crisis del cribado. Por eso le decía que tenemos 40 o 50 casos que están en estudio, porque han seguido entrando por la nefasta gestión.

Así que puede seguir subiendo la cifra de 2.317 mujeres.

Ellos dijeron que era 2.317 y nosotras lo valoramos en más de 4.000 mujeres. No 4.000 mujeres que hubieran desarrollado cáncer de mama, por dios, sino aquellas que vivieron la ansiedad de descubrir que jamás las llamaron. Unas desarrollaron cáncer y otras no, pero siguen siendo afectadas del cribado por esta negligencia. ¿Esa ansiedad quién se las paga a ellas? Ocho meses para saber si tienes cáncer de mama.

Con respecto a las elecciones autonómicas, realizaron varias movilizaciones y el resultado final fue que el PP perdiera la mayoría absoluta, pero logró formar gobierno con Vox. ¿Le desalentaron los resultados?

Al revés, sentimos que habíamos despertado a mucha parte de la sociedad civil. No nos lo tomamos como un fracaso, sino como un triunfo porque se dieron cuenta de que la sanidad pública, gobierne quien gobierne, tiene que estar bien, si no, estamos todos vendidos. Le vuelvo a repetir, aquí en Amama hay mujeres de todos los partidos políticos, pero necesitamos la sanidad pública, más cuando a los pacientes oncológicos no nos cogen en ningún seguro privado.

Estamos hablando de cáncer de mama, pero para que el neurólogo viera a mi madre de 84 años han pasado nueve meses. Sigue pasando un año para que te vea el traumatólogo. No han arreglado nada, no pueden tapar lo que diariamente ve la sociedad civil. No hay cita con el médico de cabecera hasta dentro de dos semanas y me acuerdo todavía cuando solo se tardaba dos o tres días. ¿Qué ha pasado? La única manera de privatizar es cargarse la atención primaria, y este gobierno lo ha hecho, que es el único asilo que tenemos para acceder a especialistas. Así, aboco a la gente a que se haga un seguro privado para que los vean en una semana.

Para nosotras, fue alentador darnos cuenta de que podíamos incidir sobre la sociedad civil de una manera básica, hablando de salud pública. Hasta que no arreglen la sanidad pública no nos vamos a rendir y, si nos quedan otros cuatro años, vamos a seguir, y, si algunas ya no estamos, habrá muchas más detrás. Espero que se den cuenta de que la conciencia de la sociedad civil está por encima de los gobiernos.

¿Van a convocar alguna marcha con motivo del aniversario?

Hay una concentración el día 28 de septiembre en la plaza de la Contratación a donde vamos a acudir todas las feministas de Sevilla, con más de 53 asociaciones, ya que seguimos luchando por los derechos que nos han quitado, siendo uno de ellos la sanidad pública. Luego, el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pondremos mesas informativas por toda la ciudad.

Y, evidentemente, vamos al Parlamento para intentar que cualquier partido político y cualquier persona de la sociedad civil se dé cuenta de que los cribados no es una cosa de Amama. Nosotras no ganábamos nada. Al revés, todo esto nos ha costado dinero: en desplazamientos, un gasto emocional terrible, la salud de muchas de nosotras que no podíamos seguir el ritmo. Pero en los estatutos de Amama dice, “defender a cualquier mujer con cáncer de mama frente a cualquier cosa que la pueda adjudicar”.

¿Cómo ha sido estar en el foco mediático?

Nos ha pasado factura porque no estamos acostumbradas, algunas compañeras cayeron malas, pero había otras que estaban ahí. Aun así, yo tengo que dar las gracias a todos los medios de comunicación. Gracias a ellos conseguimos trasladar el grandísimo desastre que ocurrió y que sigue ocurriendo, porque no sabemos si está arreglado.

Pero nos puede más luchar por nuestra vida, que es la sanidad pública, antes que rendirnos. No nos dio miedo que la Junta de Andalucía nos amenazara con multas. Nos salieron por lo menos mil abogados para defendernos. Nos llamaron de toda España. Pero el problema de estar en el foco mediático es que, por ejemplo, en mi caso, utilizaran a mi propia hija. Eso me dolió mucho. Sigo viviendo en el mismo barrio, teniendo el mismo coche de 15 años, siendo pensionista. Yo no he sacado nada personal ni atacaría a nadie, jamás, que defiende algo como la sanidad pública. Aun así, seguimos adelante.

El único objetivo de Amama era alzar la voz para que cualquier mujer de Andalucía mirara su cribado de cáncer de mama y supiera si era un BI-RADS 3 y si le había hecho la prueba o no

Hace un año se publicó la noticia en la Cadena SER. ¿Cómo recuerda aquel día, aquellos momentos?

Aquellas primeras semanas fueron una debacle, porque Amama tampoco tiene una infraestructura adecuada para atender miles de llamadas. Fíjese lo bonito, que las propias afectadas que ya teníamos constatadas del cribado se pusieron a atender los teléfonos.

Yo tenía mucho miedo. Miedo que la gente se muriera, que las mujeres se murieran por no saberlo. El único objetivo de Amama era alzar la voz para que cualquier mujer de Andalucía mirara su cribado de cáncer de mama y supiera si era un BI-RADS 3. Luego aquellos se distorsionó con la política. Hicimos viajes a todas las provincias andaluzas para dar charlas de autoexploración... Hay gente que cree que Amama nació con el cribado cuando ya llevábamos 30 años dando charlas de concienciación, de prevención, con 700 socias y sostenimiento diario.

Fue durísimo. Me he acostado muchas noches llorando, muchas, muchísimas. Cada vez llegaban más mujeres del cribado y era una tragedia terrible lo que está estaba pasando. Luego nos dimos cuenta lo que había pasado, y más miedo teníamos.

Pero por fin lograron ese reconocimiento.

Pero no conseguimos que lo reconocieran de buena voz. Tuvimos que lanzar una campaña donde las propias afectadas del cribado contaban su historia por redes sociales. ¿Usted sabe lo que cuesta convencer a una mujer con cáncer avanzado para que se haga un vídeo, con el aspecto que tenemos en ese tiempo a causa de las quimioterapias, y cuente lo que le ha pasado? Cuando estás mal no tienes ganas de nada. Lo que pasa es que en Amama conseguimos algo muy bonito siempre: todas a una.

Hay acciones que implican traspasar una línea roja, una frontera invisible que es como la última gota que llena el vaso de la paciencia. Por su impacto, eso ha ocurrido con el desahucio de Maricarmen en Madrid para ponerle el foco al desgarro de la vivienda en España, y salvando las muchas distancias es lo que –a escala local– se ha vivido en Sevilla para resucitar el debate sobre el uso (y el abuso) del espacio público. El detonante ha sido la famosa cena de gala celebrada a los pies de la Giralda, en la que concurren varias polémicas y que muchas voces han puesto como el símbolo más extremo, “el colmo” del rumbo de una ciudad a la que están obligando a normalizar la ocupación por lo privado de sus calles y plazas.

La imagen de un reservado exclusivo en un espacio público y privilegiado en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ha reavivado el malestar vecinal que se lleva cociendo desde hace años, en un contexto social muy tensionado por la presión de las viviendas turísticas y la invasión de veladores. Un evento VIP para el que el Ayuntamiento cedió –en contra de su propia ordenanza– un enclave tan privilegiado como la plaza Virgen de los Reyes y al que asistieron como invitados el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz, máximos representantes de dos administraciones gobernadas por el PP que pusieron 36.000 euros brutos (IVA incluido) para financiar los XX Premios Escaparate.

La respuesta ciudadana, al margen de la indignación, ha sido una sentada en la misma plaza en protesta contra la “privatización” de la ciudad y con el objetivo de “recuperar” este enclave. Como telón de fondo, la impotencia ante la evidencia de que el espacio público se ha convertido en un recurso para eventos, negocios y actividades privadas, lo que lleva a preguntarse qué está pasando y qué puede hacerse para ponerle freno.

Todo esto es fruto de la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común

Amparo Graciani — Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte

La primera en dar la voz de alarma en redes sociales sobre lo que venía fue Amparo Graciani, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte. Y aunque lamenta que en relación con el patrimonio ha habido “ejemplos muy flagrantes que no han llegado a explotar”, como Icónica en la Plaza de España o Naturaleza Encendida en el Alcázar, cree que en este caso se ha dado un cóctel que puede marcar “un antes y un después”: malestar ciudadano previo por anuncios como los veladores en la Plaza Nueva, época preelectoral, el simbolismo del enclave, dinero público, un evento elitista…

“La gente está muy cansada”

Y todo, fruto de “la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común”. “Ha faltado sensibilidad”, resume, “han pensado que les valía con un papelito para dar permiso y no se han dado ni cuenta de lo que han hecho”. Y para más inri, a los pocos días el Ayuntamiento acogía un acto sobre turismo de lujo en el que se ponía sobre la mesa que por qué no cerrar la Torre del Oro si un señor quiere cenar allí. “Todo esto demuestra poca inteligencia, no es ya sólo el dinero público, sino la falta de respeto al ciudadano. Y la gente está muy cansada”, advierte.

“Una utilización abusiva de lo que es el patrimonio identitario” define por su parte lo ocurrido Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos, organización asociada a la Unesco y que le asesora en cuestiones de patrimonio. Es además el símbolo de que Sevilla se está convirtiendo en una “ciudad para el monocultivo turístico, una ciudad escaparate y nunca mejor dicho, una ciudad en la que todo se puede alquilar, todo se puede vender, incluso los elementos más simbólicos, más representativos, el corazón de la ciudad”.

“Nunca se habían atrevido a tanto”

La imagen que se ha ofrecido ha sido “muy triste”. La plaza Virgen de los Reyes es objeto de una “dinámica privatizadora” en Semana Santa con sillas y vallas, “pero ya convertirlo en un restaurante es una vuelta de tuerca insoportable”, una imagen que refuerza la idea de que “en Sevilla todo es posible pagando”. Aunque sea apropiándose de un paisaje público que “no es un espacio de nadie, sino que es fundamentalmente de la gente de la ciudad que ya lo compartimos habitualmente, con mucha generosidad, con una gran cantidad de turistas, con una cantidad de usos ligados al turismo”.

La ordenanza que regula la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico, de 2008, recoge en su artículo 11 que “queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para el desarrollo de eventos y actividades, aunque incluye el matiz de que se admiten actos que por su ”corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad“ no ocupen el espacio demasiado tiempo. En este supuesto podría encajar la cena de Escaparate, una gala que para la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), se ajustó a un procedimiento legal y de hecho partió del propio Ayuntamiento la petición para utilizar la plaza. Vox también ha tratado de quitar importancia a que tres de sus cargos estuvieran en el evento.

"Han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más 'sagrado' de la ciudad, hay que poner pie en pared

Javier Escalera — Catedrático de Antropología de la UPO

Pero no le quita trascendencia a lo ocurrido Javier Escalera, catedrático de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide, para quien lo ocurrido al pie de la Giralda es “un paso más en una trayectoria que se inició hace tiempo, no sólo con este gobierno municipal: la puesta a disposición de la ciudad y su patrimonio a los intereses privados y particulares”. Eso sí, en este caso considera que “se han traspasado todos los límites de la prudencia” derivando en un caso “extremo” porque se ha celebrado “en el lugar más simbólico de la ciudad”.

Por eso, ve positivo el revuelo social que se ha formado, porque “uno de los grandes problemas de Sevilla es que al personal parece que le resbala todo”. Pero esta vez “ha sido el colmo, nunca se habían atrevido a tanto”, porque “han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más sagrado de la ciudad”. En este sentido, considera que hay que “poner pie en pared” ante este rumbo.

“Obsesionados con la promoción turística”

Jaime Jover, geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), se adentra en la variable política para apuntar que “es la enésima prueba de que el Ayuntamiento de Sevilla no gestiona pensando en los residentes, sino que está obsesionado con la promoción turística de la ciudad, con atraer a más y más visitantes, como si no existiera un problema de saturación turística”. Y a eso hay que añadirle que, desde un punto de vista técnico-urbanístico, “estamos hablando de una ilegalidad: la ordenanza del propio Ayuntamiento prohíbe este tipo de eventos en la plaza Virgen de los Reyes, donde se realizó esta cena exclusiva”.

Es decir, que “el Ayuntamiento crea la norma pero no se la aplica”. Por ello, apunta a que “si hubiera alguna asociación o partido con ganas de batallar, llevaría este asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. O si la propia Fiscalía quisiera hacer su trabajo bien, entiendo que podría abrir diligencias de oficio”. De momento, el evento de la revista Escaparate ha acabado en el juzgado de guardia, donde ha presentado una denuncia el partido Iustitia Europa.

“Es ilegal según la normativa municipal precisamente por su simbolismo, porque se entiende que es un espacio libre especialmente sensible” como otros del casco antiguo, apostilla. Esta misma consideración se plasma en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que a su juicio “tiene sentido si pensamos que, al ser espacios patrimoniales, satisfacen una necesidad pública de índole cultural, en el entorno de monumentos clave de la ciudad, y por eso el Ayuntamiento se dota de un proceso específico para autorizar eventos en estos lugares”. Es el caso de esta plaza, que es el “epicentro de los bienes Patrimonio Mundial de la Unesco que tiene Sevilla”: Catedral, Alcázar y Archivo de Indias“.

“Tendencia de privatización” al alza

Y a propósito del PGOU, Manuel Ángel González Fustegueras, arquitecto, urbanista y padre de este plan de ordenación que se aprobó en 2006, considera que –en teoría y ante un caso de estas características– él “no debería opinar más allá de lo que dice la ordenanza municipal, pero lo cierto es que esto no está bien, ha sido privatizar un espacio público de una manera nada razonable y más para un evento de esta naturaleza”. “Ha sido lamentable, más que excesivo”, apostilla, y lo enmarca en “una tendencia cada vez mayor de privatización del espacio público”.

Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa, el riesgo es que la excepción se convierta en norma. Esto es un timo y una estafa a los ciudadanos

Manuel Ángel González Fustegueras — Urbanista y arquitecto

Con la famosa cena de gala, la ordenanza admite excepciones que en este caso poco menos que se han retorcido para ajustarlas a lo que interesaba puntualmente, “un timo y una estafa a los ciudadanos” que representa el riesgo añadido de que “esa excepción se convierta en norma”. “Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa”.

Víctor Fernández Salinas tercia para coincidir en que “se trata del espacio más complejo desde el punto de vista patrimonial, es el sancta sanctorum del patrimonio sevillano”. Así que “no es un espacio cualquiera”, y precisamente por eso “el espacio público que está entre ellos tiene que participar de ese carácter especial, hay que tener mucho cuidado cuando se mercantilizan los elementos identitarios más importantes de una ciudad”.

“A más no se puede ir ya”

Jaime Jover retoma el hilo para recordar que “Sevilla siempre ha tenido una oferta turística centrada sobre todo en el entorno de Santa Cruz, pero ahora es una ciudad turistificada y ya no sólo Santa Cruz, sino en casi todo su centro histórico”. Es decir, que hablamos “precisamente de los barrios que concentran una mayor identidad urbana” y que ahora están orientados al visitante, “se ve hasta en el idioma que utilizan, ¿quién hace un brunch en esta ciudad?”.

“Podríamos contar con los dedos de una mano las pescaderías que quedan en el centro histórico; para las ferreterías quizás nos harían falta dos, pero dudo que haya más de una decena”. Evidencias, en definitiva, que son “indicadores” claros de que “cada vez viven menos personas en el centro porque las viviendas que ocupaban hoy son hoteles o pisos turísticos”.

Javier Escalera añade por su parte que “lo de los veladores por todos lados es escandaloso, ahora van a estar hasta en la Plaza Nueva, y luego está lo que se quiere hacer en la Plaza de España”, donde el alcalde insiste en su idea de vallarla para cobrarle a los turistas. “¿Qué será lo siguiente, una terraza en la Giralda?”, se pregunta, y es que “lo de la cena no es ni casual ni excepcional, forma parte de una manera de entender la ciudad como negocio y producto al mejor postor” que se traduce en “una utilización absolutamente sin control de lo común”. “Se le está quitando espacio al ciudadano en beneficio de los intereses particulares, hay una gran insensibilidad política a nivel colectivo”, lo que ha llevado a cruzar una línea “que hasta los turistas que pasaran por allí el día de la gala verían cateto”.

El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor, al final las propias instituciones terminan banalizando los elementos más identitarios

Víctor Fernández Salinas — Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos

“¿Qué necesidad hay de que haya veladores en la Plaza Nueva, en qué beneficia eso a Sevilla?”, cuestiona Manuel Ángel González Fustegueras, al tiempo que pone el acento en que “la hostelería ocupa toda la ciudad”. “El espacio público es lo más democrático que existe”, de ahí que considere “muy grave” su privatización porque es “subvertir” su fin. Y el caso de esta gala lo considera especialmente “raro” porque no sólo se le ha permitido, sino que también se le ha pagado con dinero público: “Es como si a un bar le pagamos por poner veladores, a más no se puede ir ya”.

“Una forma frívola de usar los recursos de la ciudad”

Víctor Fernández Salinas subraya que el acto al pie de la Giralda es “muy grave” y se enmarca dentro del “modelo de desarrollo de nuestra ciudad”, que despoja a los barrios de sus habitantes y que tiene que ver con la expansión de los veladores por todos lados, incluso en enclaves donde no había como en la Plaza Nueva. “Es peligrosísimo, es una forma frívola de usar los recursos más importantes de la ciudad porque desde las instituciones públicas, que deberían ser ejemplares, se nos demuestra a la población que eso no es nuestro”.

“El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor”, continúa. Al final, las propias administraciones “terminan banalizando los elementos más identitarios”, de ahí que entienda perfectamente el revuelo social que se ha formado, “por lo simbólico, por lo que trasciende y por lo que atenta contra los elementos identitarios más importantes de Sevilla”. “Es la sobreexplotación y el abuso del patrimonio”, remacha.

Cumplir las ordenanzas ya existentes

Jaime Jover apunta a otro símbolo, la Plaza de España, un enclave patrimonial que durante un par de meses en verano cierra varias de sus zonas “para el lucro de una empresa privada, no tiene ningún sentido”. Esto lo enmarca en poco menos que una tradición, y es que “no es algo nuevo que el Ayuntamiento no proteja los espacios públicos de la ciudad”, y aquí asoma el recuerdo de 1992, cuando el Cabildo de la Catedral “privatizó el patio de los Naranjos, que había sido siempre un espacio público, y nadie dijo nada”. “En cualquier otro lugar con unas instituciones decentes que defendieran el interés general no se habría permitido o, como mínimo, ya se habría revertido”.

El actual modelo de ciudad es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia

Jaime Jover — Geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)

“Sevilla es cada vez más insoportable para vivir en ella, es un proceso triste y muy denunciable”, insiste Víctor Fernández Salinas, que lamenta el modelo de ciudad que se está imponiendo, “si a las plazas más importantes se las trata así, al resto se le puede hacer cualquier cosa”. “Diría más bien –añade Jaime Jover– que el modelo es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia”.

“El alcalde llegó al poder hace más de tres años diciendo que contendría los pisos turísticos y no ha hecho absolutamente nada”, continúa, y resalta que “ahora dice que va a hacer un plan para repoblar el centro y, por lo que se ha publicado en prensa, es solamente humo”. Ante ello, explica que más que nuevas ordenanzas que regulen estas situaciones, lo que hay que hacer es cumplir con las que ya existen.

¿Y qué futuro aguarda a las ciudades que siguen esta tendencia? “Los urbanistas no hacemos milagros”, apunta Manuel Ángel González Fustegueras, porque en última instancia “el urbanismo depende de un ayuntamiento, de su pleno, de los partidos políticos…”. Eso sí, postula que “el ciudadano es el protagonista de la ciudad”, y que tiene en sus manos la herramienta más poderosa para cambiar las cosas: su voto.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un plazo de diez días para atender a una solicitud de información registrada por un ciudadano acerca de la “lista de espera de pruebas diagnósticas” en la comunidad autónoma andaluza.

Así se recoge en una resolución firmada por el director del Consejo de Transparencia, Jesús Jiménez, adelantada por la Cadena SER y consultada por Europa Press, y con fecha del pasado martes, 22 de septiembre, que responde a una reclamación presentada por escrito en septiembre de 2025 por un ciudadano ante dicho organismo “en materia de acceso a la información pública”.

El referido ciudadano acudió al Consejo de Transparencia tras presentar, el 21 de julio de 2025, ante el SAS una solicitud de acceso a información en relación a “la lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”, con los datos puestos al día “a la fecha más actualizada en el momento de responder” a dicha petición.

El mismo ciudadano solicitaba al SAS que, “caso de no existir un informe” con los datos reclamados, le aportara, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el número de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Provincia, tramos de tiempos de respuesta y tiempo medio de respuesta”. Además, solicitaba, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el total de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Especialidad y Tiempo medio de respuesta”.

El SAS, “sin ninguna herramienta”

El SAS contestó a esta petición el 19 de agosto de 2025 señalándole que “no se cuenta con ninguna herramienta que permita facilitar la información registrada” en los términos que dicha persona solicitaba sobre la “lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”.

El reclamante de la información reaccionó a dicha respuesta del SAS considerando “sorprendente” esa contestación, “puesto que lo que se solicitaba eran elementos sencillos de un básico sistema de información, que parece absolutamente imposible que no disponga el SAS, puesto que conocer lo que se solicita es absolutamente básico para cualquier planificación del servicio”, añadía el ciudadano.

En su resolución en respuesta a la reclamación del ciudadano, el Consejo de Transparencia aclara que “el Registro de Procedimientos Diagnósticos sobre el que se solicita la información es el conjunto de pacientes que en un momento dado se encuentran en espera para la realización de una prueba diagnóstica/terapéutica en atención especializada, solicitada por un médico autorizado por el Servicio Andaluz de Salud”.

“Se entiende como prueba diagnóstica aquel procedimiento que sea solicitado por facultativos que desempeñen sus funciones en consultas programadas ambulatorias de un centro de atención primaria o especializada del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, aclara también la resolución de Transparencia antes de señalar que “es requisito exigible que el órgano o entidad interpelada realice y acredite un esfuerzo razonable para la localización de la información solicitada”.

“Satisfacer la petición con la información que obre en su poder”

En esa línea, desde el Consejo argumentan que “el esfuerzo referido exige que la entidad ofrezca, cuando sea posible, al menos la información que obre en su poder y que no exija una acción previa de reelaboración, y que permita al menos satisfacer parcialmente la petición”.

“Y este requisito no podemos apreciarlo en la resolución recaída”, advierte la resolución del Consejo de Transparencia, que llama además la atención acerca de que el SAS “no acredita motivos que le imposibiliten para proporcionar los datos de los que sí disponga, aunque no sea organizados o clasificados como requiere el solicitante”.

El Consejo de Transparencia puntualiza que “esta carencia resulta aún más necesaria de justificarse si se analiza el contenido del Real Decreto 605/2003, de 723 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, y el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía”, que “obliga a la tenencia y remisión de determinada información sobre las listas de espera”.

El Consejo de Transparencia considera que el SAS “ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc”.

“La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física”, puntualiza también la resolución del Consejo de Transparencia.

De esta manera, dicho organismo ha resuelto que el SAS “deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado” al respecto de la ocultación de datos personales, “en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución”.

“La entidad reclamada habrá de facilitar a la persona solicitante la información de que disponga y que se pueda obtener mediante un uso informatizado de uso corriente y que responda al menos con el contenido y nivel de desagregación lo más cercano posible al que la información ha sido solicitada”, precisa también la resolución del Consejo de Transparencia, contra la que cabe interponer contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación“.

PSOE-A critica la “opacidad” del SAS

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha aludido este viernes a esta resolución en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha subrayado que “la salud es lo más importante que tenemos todos en nuestras casas”, y hay “una opacidad tremenda” en el ámbito de la Junta de Andalucía en relación a las listas de espera.

En esa línea, la dirigente socialista ha subrayado que es “importante” tener acceso a dicha información teniendo en cuenta que hay gente que “lleva meses, años, esperando una cita con el traumatólogo”, o “para poder operarse” o tener los “resultados de una biopsia”.

Candelaria, bajo pseudónimo, lleva 22 meses limpia y reconoce que gran parte de su recuperación se la debe a la Comunidad Terapéutica de Mijas, el único centro dedicado a la desintoxicación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) que tiene en Málaga y que está dedicado exclusivamente a mujeres. “Necesitamos un centro para nosotras solas”, enfatiza, añadiendo que “si no hubiese dado con este sitio, no hubiese cumplido 43 años”. Sin embargo, este recurso ha cerrado finalmente sus puertas después de que la Junta de Andalucía tomara la decisión el pasado mes de agosto, sin que haya, por el momento, una alternativa. Tras mes y medio sin aclarar su futuro a los trabajadores, el proceso de reubicación forzosa se ha acelerado en las últimas horas, y la intención es que la próxima semana quede ya definido, según un documento al que ha tenido acceso elDiario.es/Andalucía.

Esta medida supone un duro golpe a la red de atención de la ASSDA, ya que la provincia no cuenta con una instalación para atender las adicciones en Andalucía oriental y tampoco que sea únicamente femenina. La clausura, adelantada por SUR y confirmada por este medio, supone la estocada final para un complejo sobre el que pesaban las amenazas de cierre en los últimos años. A preguntas de este medio, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, titular del servicio, no ha respondido al cierre de esta edición, aunque ha reconocido que el centro cuenta con “un informe negativo” porque las instalaciones están en una zona con riesgo de incendios y de inundaciones.

Una información que corrobora Juan Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, que indica que en una reunión mantenida con miembros de la Junta de Andalucía, en la que se encontraba el viceconsejero de Igualdad, José Repiso, y el director general de Atención Socionisanitaria del área de Sanidad, José Ángel Lázaro, “no se enseñó el informe”, pese a que lo reclamaron en varias ocasiones. Tampoco, al igual que a esta cabecera, se les comunicó que estuviera planteada la reubicación de la comunidad terapéutica en otro lugar. Lo que sí reconocieron, asegura el responsable sindical, es que “la privatización del servicio mediante un concierto era una opción perfectamente viable”.

La Comunidad Terapéutica de Mijas contaba con capacidad para 32 usuarias y, en el momento del cierre, había nueve pacientes a las que se le dieron de alta o se desplazaron a la comunidad de Almonte, la cual es mixta. Una cuestión sensible, ya que en el centro malagueño contaban con víctimas de violencia de género y, también, con inscritas en el sistema de protección VioGén. Además, se pierde un eslabón de la red pública andaluza de comunidades terapéuticas, con dos en Huelva (Cartaya y Almonte), una en Sevilla (Los Palacios) y otras dos en Cádiz (Tarifa y La Línea), por lo que la vertiente oriental queda desatendida y conllevará a un “traslado forzoso”, indica desde CGT, de las pacientes que requieran esta atención especializada.

De cierre provisional a definitivo

En el Centro trabajaban hasta el pasado 4 de agosto veinte personas, con la condición de personal laboral fijo de la Junta de Andalucía. Aquel día extraoficialmente les dijeron que el centro se cerraba ante el elevado riesgo de incendio, y que las nueve usuarias que había entonces serían reubicadas (siete de ellas), dadas de alta (una) o asignadas a una salida terapéutica. El lugar ya tuvo que ser evacuado en 2011 y 2013, cuando el fuego devoró parte de la Sierra de Mijas, y posteriormente se adecuó de acuerdo a lo que indicaron los especialistas.

Con el riesgo creciente por incendios, las trabajadoras confiaron que sería un traslado solo veraniego. “En la confianza de que el riesgo era real, pensábamos ingenuamente que podía tener sentido movernos en verano”, cuenta una trabajadora. Sin embargo, con el paso de las semanas aquella decisión aparentemente provisional fue cristalizando en algo definitivo, coincidiendo con el traslado de las competencias. El servicio está ahora adscrito a la Consejería de Sanidad, en manos de Antonio Sanz, mientras que la ASSDA, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales e Igualdad, está encargada de la gestión del personal.

En estas semanas, nadie ha comunicado nada a los trabajadores, según denuncian. “Todo ha sido silencio y mutismo”, denuncia la trabajadora. Hasta que este miércoles, sin que ellas supieran nada, el cierre definitivo se aborda en una reunión del gerente de ASSDA con los sindicatos, con remate final: “Dicen que cierran y que no contemplan la reubicación del recurso”.

“Como trabajadoras estamos perplejas, indefensas y vulnerables, hay una falta de legalidad total y absoluta. Nos dijeron que nos iban a trasladar, pero ¿en qué condiciones? ¿A otra provincia? Hay un ocultismo total, desde el 4 de agosto hasta el miércoles”, lamenta. La puntilla ha llegado un día después. Esto va rápido: en una comunicación al Comité de Empresa, ASSDA comunica que inicia ya el “procedimiento de traslado colectivo” de todos los trabajadores por el cierre del centro.

En atención a este medio, fuentes de la Consejería de Loles López indican que los trabajadores “están cobrando su salario” y se abrirá un proceso negociador obligatorio “para reubicarlos”, confirmando así el cierre definitivo. La alternativa, dice la trabajadora, es el paro con una indemnización de veinte días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.

“Sin la ayuda de Mijas, sé que me hubiera muerto”

Candelaria es una de estas pacientes más vulnerables. Pasó 11 meses en la Comunidad Terapéutica de Mijas, situada en el diseminado de Entrerríos, y salió el pasado marzo tras recibir apoyo, orientación y recursos para acabar con ocho años de drogodependencia. “Los profesionales del equipo terapéutico confiaron en mí cuando ni yo misma lo hacía, hora tras hora, ayudándome a gestionar el dolor y el fracaso que me habían llevado al consumo tras tanto tiempo de destrucción”, relata a este periódico. “Sin la ayuda en Mijas, sé que me hubiera muerto”.

La malagueña vivió una relación de maltrato que no denunció, pero los daños físicos y psicológicos que vivió la arrastraron a una depresión. Ahí fue cuando empezó a consumir para “anestesiarse”. Poco a poco, perdió su trabajo como encargada en una tienda de ropa, su casa y, finalmente, la custodia de su hijo. Intentó salir del círculo de la adicción a través de dos programas diferentes de desintoxicación, primero en un centro de Huelva y luego en otro que la obligó a trasladarse a Cádiz, pero no logró remontar y, en ambos casos, abandonó la terapia. Una de las razones fue, en la primera atención, porque empezó una relación sentimental con uno de los trabajadores.

“Un centro dedicado solo a mujeres nos hace centrarnos en nuestra recuperación, porque cambiamos una adicción por otra. Yo cambié la adicción por las sustancias por la adicción a una relación tóxica”, explica sobre la importancia de que en este recurso se atienda solo a mujeres. “Estar con hombres nos complica muchísimo la recuperación: nos centramos en estar guapas, por ejemplo, en la atención, pero en Mijas me dieron las herramientas necesarias para recuperar mi vida e identificar estas nuevas adicciones”, como las compras, el sexo o, incluso, la toma de café, que debió reducir cuando cayó en la cuenta de que lo estaba tratando de forma compulsiva.

“Es un proceso complicado que, por desgracia, no todo el mundo puede superar”, expone la afectada, que ha convivido con mujeres que han vivido en situación de calle. A la adicción, le suma la vergüenza que sintió por la pérdida del control sobre su vida, la exposición pública y el hecho de ser mujer adicta, una cuestión sobre la que sigue pesando el estigma social. “Al principio, preferí estar fuera de Málaga. No quería que nadie se enterase. Pero han pasado varios años sin haber estado junto a mi hijo, que me necesitaba estando sana”, reflexiona.

Al volver, encontró al mismo tiempo las fuerzas para proseguir en su recuperación como las propias sombras del pasado: “Estar en Mijas me ha hecho estar cerca de mi hijo y, también, de un entorno cercano al consumo, sitios, personas... Pero en el centro me dieron herramientas para gestionar estas situaciones incómodas. Es un mal trago, tanto por la sensación de vergüenza como de pena, de verte a ti misma hace 11 meses, de ver al otro, con el que consumías, pero he podido seguir”. Con el apoyo de los especialistas, aprendió a afrontar estas posibles recaídas. Hoy en día cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, que le ayudaron a gestionar, y disfruta de actividades tan cotidianas como diversas, ya sea el yoga, el teatro, el voluntariado o retomar los estudios para encontrar un nuevo trabajo. “Es fundamental que no se pierda este recurso para mujeres”, reitera.

“Quieren acabar con un recurso especializado y público”

“Hay alevosía, de un plumazo quieren acabar con un recurso especializado y el único totalmente público en toda Andalucía. Damos cobertura a mujeres en la red viogén con personal especializado desde el año 2000”, explica la trabajadora.

En consonancia, Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, incide en que el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas es una cuestión que se viene gestando desde la entrada del PP en la Junta de Andalucía, ya que supuso un cambio en la atribución de las competencias desde la cartera de Servicios Sociales a Sanidad. En 2019 se dieron los primeros pasos para que la titularidad pasara tras algunos intentos infructuosos y, finalmente, en 2021 había una dificultad mayor: la falta de personal sanitario en los centros públicos, en los que debe haber, como mínimo, un médico, un ATS, un psicólogo, un trabajador social, un personal de oficio para tareas de cocina, limpieza y/o mantenimiento, y un monitor ocupacional.

Esta crisis se cerró, pero, de nuevo, en 2025, se procedió al desalojo de la comunidad terapéutica de Mijas debido a que no había personal para atender a las usuarias. Carrillo recuerda que gracias a la presión sindical se reabrió a mediados de febrero y se consiguieron nuevas contrataciones, pero en esta ocasión parece no haber vuelta atrás tras el informe desfavorable que tiene la Consejería de Sanidad en su poder. “Ya se había privatizado la limpieza, luego los trabajos de mantenimiento, al igual que la grabación de las solicitudes de dependencia a través de Tragsatec. Es un paso más en la política de privatización de este Gobierno”, zanja, sin que haya visos de una nueva ubicación para un recurso esencial para las mujeres.

AMAMA, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria han dado este jueves su respaldo a las trabajadoras que han denunciado el uso irregular de reactivos caducados o en mal estado en el laboratorio del Hospital Regional de la Axarquía de Torre del Mar (Málaga). Las tres entidades han anunciado que el próximo 15 de octubre convocarán una concentración con la que esperan que la ciudadanía tome conciencia de lo que ha ocurrido.

“Lo que está sucediendo en este hospital es una prueba para la salud pública andaluza. Por desmantelar la sanidad pública y unos objetivos de productividad escandalosos se está poniendo en riesgo la salud de miles de personas”, ha denunciado Luis Rodrigo, parlamentario de Adelante Andalucía, que la semana que viene planteará una cuestión en Pleno al consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

“Por dinero estamos echando a perder la salud de los ciudadanos. Está en juego la salud de todos”, ha advertido Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, la asociación que destapó el escándalo de los fallos en el cribado del cáncer de mama, antes de pedir “decencia” a la Junta de Andalucía para “no poner reactivos caducados por ahorrarse cuatro duros”. “No hablamos de reactivos caducados: esto interfiere en nuestra salud”, ha explicado Claverol: “Si yo tengo tiroides, con un reactivo caducado puede salir bien o mal, y me van a subir la dosis o no, porque el médico va a entender lo que le diga el análisis”.

Antonio Herrero, de Jubilados del SAS, ha calificado lo ocurrido de “acciones de criminalidad contra la población y la salud pública”. “No es un caso aislado. Se usan de manera perversa los complementos de productividad”.

Investigación de Fiscalía

La Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio. La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia.

El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.

Denuncias ante Inspección de Trabajo

La llamada a la acción de estas tres entidades reconocibles y con peso en el sistema sanitario andaluz sirve también para arropar a las trabajadoras sospechosas de haber revelado esta práctica y descargarlas de la presión que están sufriendo. A través de CSIF presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que esta semana ha visitado el hospital. Simultáneamente, se está pasando para firma dos documentos, según explican fuentes internas: uno que celebra el buen ambiente en el laboratorio, y otro que reafirma las explicaciones ofrecidas en su día por dos de las trabajadoras del laboratorio, que se grabaron un vídeo junto a gran parte de sus compañeros negando el uso de reactivos caducados.

Mientras, dos trabajadoras señaladas por desvelar esa supuesta práctica denuncian un calvario, con situaciones de “hostigamiento sistemático”, que incluyen menosprecio en público, gestos, comentarios y asignación a tareas sensibles para las que no tienen experiencia. Una de ellas tuvo que comparecer ante un instructor, tras ser citada por un cauce no reglado que provocó que muchos de sus compañeros se enteraran. Seis compañeras la habían denunciado por, según dijeron, grabarlas con el móvil, algo que ella niega. El instructor le advirtió de que podrían sancionarla sin empleo y sueldo de tres a seis meses. Tiene el acta de comparecencia, pero jamás le notificaron ni la apertura del expediente ni la resolución.

“¿Y a la que levanta la mano es a la que hay que hacer daño? Será el gerente el que tenga que pagar con su puesto lo que están haciendo. Las denunciantes nunca deben ser víctimas. Que las dejen en paz y a los cargos intermedios y el gerente que saben lo que se está haciendo, que los quiten o que den la cara”, ha reclamado Claverol, antes de advertir que estas situaciones se repiten en otros centros sanitarios de Andalucía: “Nos llaman profesionales de toda Andalucía y nos cuentan casos terribles, pero cuando les pedimos que lo digan públicamente les da miedo, como a ellas, de que las echen o las manden a un despacho a un sótano”.

La Abadía del Sacromonte, una de las joyas patrimoniales de Granada, podría cambiar para siempre. El Ayuntamiento de Granada está tramitando un proyecto, a petición del Arzobispado, para cambiar el uso de una parte del conjunto y permitir su conversión en un hotel de lujo. El plan, que está todavía en una fase inicial, contempla además tres plantas de aparcamiento subterráneo con 115 plazas y afecta a un espacio cuyo valor histórico, paisajístico y cultural trasciende al propio edificio.

No en vano, las historias del propio barrio del Sacromonte y de la Granada cristiana están íntimamente ligadas a la Abadía, bajo la que, presuntamente, se encontraron unos libros sagrados que recogían supuestas revelaciones de la propia Virgen sobre un cristianismo hermanado con el islam. Aunque hoy se considera que aquellos documentos fueron una falsificación elaborada en un contexto de persecución de los musulmanes, acabaron dando el nombre de sagrado al monte y a la Abadía que posteriormente se levantaría allí. De ahí que no solo esté en juego el futuro patrimonial de un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII, sino también parte del acervo cultural que se ha construido alrededor de él. Por eso, los vecinos han presentado alegaciones y la oposición municipal también cuestiona el proyecto.

Pese a las dudas, el Ayuntamiento de Granada tramita desde hace meses la modificación del uso de parte del edificio para permitir un hotel de lujo que tendría una ubicación privilegiada, con vistas al propio Sacromonte y a la Alhambra, y que podría convertirse en un nuevo referente de la oferta turística de la ciudad. Sin embargo, además de las reservas por lo que supone la propia Abadía para Granada, hay más elementos que ponen en cuestión el futuro uso hotelero de este lugar. Sin ir más lejos, la Abadía tiene protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno en el que se encuentra, el Valle del Darro, también está protegido como tal desde 2024. La propia declaración autonómica define el valle como un paisaje cultural formado por siglos de relación entre el territorio, el agua y las distintas formas de ocupación humana, e incluye expresamente las laderas de Valparaíso sobre las que se asienta el Sacromonte.

Un hotel para “conservar” la Abadía

El punto de partida del Arzobispado es relativamente claro: hay una parte del conjunto que está en desuso y mantener una construcción histórica de estas dimensiones requiere recursos. La solución que estudia la Iglesia pasa por permitir un nuevo uso en parte de la Abadía y ofrecerlo a inversores privados para que desarrollen allí un hotel. El Arzobispado insiste en que no está construyendo ningún hotel. Lo que hace, explica, es estudiar esa posibilidad para que un inversor pueda hacerse cargo del proyecto y contribuir con su actividad al mantenimiento del conjunto. “Se está estudiando un posible uso de una parte de la Abadía, que está en desuso, para ayudar al mantenimiento de este lugar”, señala la institución.

Todavía no hay, por tanto, un hotel aprobado ni siquiera se conocen todos los detalles de cómo sería. El Ayuntamiento está tramitando el cambio urbanístico que permitiría ese uso y el proyecto contempla una inversión de 24,4 millones de euros. Pero una de las principales incógnitas sigue siendo precisamente la dimensión que tendría el establecimiento y cuántas habitaciones acabaría teniendo. Sí hay, en cambio, una cifra concreta: 115 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas bajo tierra. Y es ahí donde las dudas empiezan a crecer.

Las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales cuestionan que la documentación explique con suficiente claridad qué relación tendrá ese aparcamiento con el futuro hotel. El proyecto prevé unos 4.200 metros cuadrados de aparcamiento subterráneos, mientras que en superficie existen actualmente plazas de estacionamiento, árboles, paseos y miradores. Los colectivos consideran que la intervención sobre este espacio no está suficientemente explicada y reclaman que se aclare incluso el carácter de ese aparcamiento, que aparece definido como público.

El número de habitaciones tampoco figura en la documentación que se ha hecho pública. Y esa ausencia resulta relevante porque no genera el mismo impacto un pequeño alojamiento que un hotel con una actividad más intensa, restaurante, servicios complementarios o celebración de eventos. La arquitecta y especialista en patrimonio Blanca Espigares pone precisamente el foco en esa cuestión. Cree que las 115 plazas de aparcamiento hacen pensar en un establecimiento de cierta dimensión y plantea qué tipo de actividad se permitirá en el futuro espacio hotelero, incluida la posibilidad de celebrar bodas, bautizos, comuniones o grandes eventos.

La controversia tiene que ver también con algo más difícil de medir que los metros cuadrados: qué significa la Abadía para Granada. Los Libros Plúmbeos, las Santas Cuevas, los restos atribuidos a los discípulos de Santiago, la tradición de San Cecilio y la propia construcción de la Abadía forman parte de un relato que terminó dando nombre al monte y configurando la identidad del Sacromonte. El conjunto no es, por tanto, una construcción aislada que pueda entenderse únicamente desde su arquitectura. “Tenemos que entender cómo surge la Abadía”, explica Espigares, que recuerda que su historia está ligada a las cuevas y al aislamiento del lugar respecto de la ciudad. A su juicio, convertir una parte del conjunto en un establecimiento hotelero puede acabar alterando también esa relación histórica entre el edificio, el barrio y el paisaje.

Las alegaciones presentadas al Consistorio van precisamente en esa dirección. Los colectivos consideran que el cambio de uso no debe estudiarse únicamente como una operación urbanística, sino teniendo en cuenta los valores históricos, culturales y paisajísticos que justifican la protección del lugar. Y hay otro elemento que hace especialmente sensible cualquier transformación: no solo la Abadía está protegida. También lo está el territorio que la rodea. El Valle del Darro cuenta con protección como BIC y el Sacromonte forma parte de ese paisaje histórico. De ahí que los alegantes cuestionen que el proyecto pueda valorarse únicamente desde lo que ocurre dentro del edificio y reclamen que se tenga en cuenta todo lo que puede cambiar alrededor.

“Urbanismo a la carta”

Por otro lado, los colectivos consideran que el Ayuntamiento de Granada está modificando el planeamiento para hacer posible un proyecto concreto y califican el procedimiento de “urbanismo a la carta”. El cambio consiste en pasar una parte de la Abadía de su actual uso como equipamiento religioso a un uso residencial singular hotelero. Para los alegantes, el problema no es que Granada pueda tener nuevos hoteles, sino que el planeamiento se adapte cada vez que aparece un proyecto privado que necesita un cambio de uso.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que la planificación urbanística debe responder al interés general y no únicamente a las necesidades de un propietario o de un inversor. Y cuestiona especialmente que el proyecto presente la transformación como una necesidad para el lugar. “El cambio de uso no es una necesidad. Puede ser, en todo caso, una conveniencia para la propiedad, que vislumbra con ese cambio de uso un negocio y un beneficio propio”, sostienen los alegantes.

La diferencia es importante porque el Arzobispado justifica el proyecto precisamente desde la necesidad de encontrar recursos para mantener la Abadía. Para los colectivos, esa necesidad no obliga a elegir un hotel y existen otras posibilidades que deberían estudiarse antes de modificar el planeamiento.

A su vez, el PSOE, desde la oposición consistorial, coincide en reclamar que se analicen alternativas. Su portavoz Juanjo Ibáñez insiste en que el debate no es “hoteles sí u hoteles no” y rechaza que la ciudad tenga que elegir entre convertir la Abadía en hotel o dejarla deteriorarse. “No es hotel o ruina”, sostiene. Una duda a la que se le añade el tamaño del propio aparcamiento. Las alegaciones advierten de que las obras afectarían a una zona actualmente ocupada por aparcamiento en superficie, árboles, paseos y miradores. También cuestionan la valoración que hace el proyecto de las rampas y otros elementos que tendrán que construirse para acceder a las plantas subterráneas. Pero además de lo que se verá, está lo que puede aparecer durante la excavación.

El Sacromonte es un territorio de cuevas y de ocupación histórica. Las propias alegaciones recuerdan los restos arqueológicos conocidos en el entorno y la relación de las cuevas con el origen de la Abadía. Por eso reclaman que se concrete qué actuaciones arqueológicas se realizarán antes y durante la excavación. Espigares incide también en este punto, precisamente por la singularidad del lugar. La historia de la Abadía está ligada a las cuevas y a los hallazgos que se produjeron en ellas, por lo que una excavación de tres plantas bajo tierra añade una intervención especialmente delicada. Las obras no se quedarían, además, bajo tierra. El proyecto contempla intervenir sobre los paseos y miradores y las alegaciones cuestionan que se haya estudiado suficientemente el efecto que tendrán las nuevas rampas, posibles elementos asociados a los accesos y el arbolado existente.

Los coches y el paisaje

No solo eso. El hotel estaría en uno de los lugares más singulares de Granada, pero también en uno de los más complicados para llegar. Las 115 plazas previstas significan, como mínimo, que el proyecto está pensado para recibir un número considerable de vehículos. A ellos habría que sumar los desplazamientos de trabajadores, proveedores, servicios y, dependiendo de cómo termine configurándose el establecimiento, visitantes que acudan a restaurantes o eventos.

Los vecinos reclaman que se estudie con detalle el incremento de tráfico y sus consecuencias sobre el entorno. El PSOE también ha pedido conocer cuántos desplazamientos generaría el hotel, qué vehículos utilizarían los accesos y qué capacidad tienen las carreteras para asumirlos. Una realidad que afecta especialmente al Camino del Sacromonte, que ya soporta el paso de taxis y minibuses turísticos. Blanca Espigares recuerda que el problema de la localización es que los clientes de un hotel situado allí dependerán en buena medida de vehículos para desplazarse por la ciudad.

También aparece el acceso por El Fargue, una vía cuya adaptación para soportar un incremento de tráfico tendría igualmente consecuencias sobre el paisaje del Valle del Darro. Es uno de los puntos donde la protección patrimonial deja de ser una cuestión exclusivamente arquitectónica. No basta con decidir qué se puede hacer dentro de la Abadía si para que ese uso funcione hay que modificar caminos, aumentar el tráfico o transformar el entorno.

Por otro lado, los colectivos consideran que la documentación utiliza criterios demasiado generales y que no analiza con suficiente detalle cómo cambiará la percepción de la Abadía desde su entorno. Entre las cuestiones que señalan están las rampas del aparcamiento, posibles elementos verticales, el arbolado, los accesos y las nuevas instalaciones que pueda necesitar el hotel. El PSOE reclama además que se estudien los corredores visuales hacia la Abadía y la Alhambra, la iluminación nocturna y la señalización. Porque en un lugar como el Sacromonte el paisaje no es simplemente el escenario sobre el que se coloca un edificio. Es parte de lo que se está protegiendo.

Y eso explica también la preocupación de Espigares. Para la arquitecta, la intervención puede ser compatible con el patrimonio si se hace con criterios adecuados, pero el resultado dependerá enormemente de cómo se intervenga en el edificio y de qué tipo de proyecto termine desarrollándose. Una rehabilitación respetuosa y un hotel que transforme profundamente los espacios interiores y exteriores pueden ser dos cosas muy diferentes.

Más presión turística

Por si fuera poco, el futuro hotel ayudaría a tensionar aún más a un entorno urbano que ya sufre desde hace tiempo la presión turística. El Albaicín y el Sacromonte llevan años soportando un turismo extranjero que no deja de crecer y los colectivos vecinales consideran que un nuevo establecimiento hotelero añadiría más visitantes y más actividad en un espacio que ya tiene problemas de movilidad, ruido, limpieza y ocupación del espacio público.

Su preocupación no se limita a la Abadía, sino en la transformación progresiva del barrio. “El Sacromonte no puede convertirse en una sucesión de negocios turísticos que termine destruyendo precisamente aquello que lo hace único, como está pasando en el Albayzín”, advierten desde Albayzín Habitable. Y recuerdan que el proyecto no tiene en cuenta el aumento de servicios que hará falta llevar hasta el entorno del Sacromonte. En sus alegaciones recuerdan que un hotel genera una población flotante formada por huéspedes, trabajadores y visitantes.

El PSOE plantea la misma cuestión desde el modelo de ciudad y reclama estudiar los efectos acumulativos de las nuevas instalaciones turísticas. Su argumento es que cada proyecto puede parecer asumible por separado, pero que la suma de hoteles, apartamentos y visitantes termina teniendo efectos sobre la movilidad, los servicios, la vivienda y los barrios. “Ningún territorio tiene una capacidad infinita”, dice Ibáñez.

Hay una cuestión más. Según las alegaciones, la Abadía ha recibido al menos 2,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del 1,5% Cultural y otros 1,1 millones de la Junta mediante el Plan Alhambra. En total, al menos 3,6 millones de euros de fondos públicos identificados en la documentación. De ahí que los vecinos se pregunten hasta qué punto se puede sufragar con dinero de todos un edificio que acabará teniendo parte de uso hotelero privativo si el Consistorio da luz verde.

También aquí el Arzobispado mantiene su argumento inicial: el futuro negocio serviría para generar recursos con los que mantener la Abadía. Espigares pone el foco en la otra parte de la ecuación: la obligación de conservar un BIC existe con independencia de que el propietario consiga o no convertir parte del conjunto en una actividad económica.

Silencio institucional

Mientras el cambio de uso llega, el Ayuntamiento de Granada, que es quien está llevando adelante el expediente urbanístico, evita entrar al fondo de todas las cuestiones planteadas. Preguntado por las características concretas del proyecto, el Consistorio se limita a decir que se encuentra en un momento “muy incipiente” para avanzar detalles y remite a las explicaciones del Arzobispado como promotor.

Y el Arzobispado, por su parte, señala que todavía está estudiando la posibilidad, que no construirá directamente el hotel y que no hay nada aprobado hasta el momento. Por eso, tampoco concreta todavía aspectos como el número de habitaciones o el funcionamiento del establecimiento. En cuanto a la protección de la Abadía y del paisaje, la Junta tampoco da detalles. La Delegación de Cultura señala que el proyecto todavía no ha llegado al momento de las autorizaciones patrimoniales y que no existe por ahora ninguna previsión oficial sobre cómo se llevará a cabo dicha protección.

Así, el hotel todavía no existe. No se conoce la dimensión final del mismo en cuanto a la presión turística que añadirá y el proyecto puede sufrir modificaciones durante su tramitación, pero sí existe ya una propuesta para cambiar el uso de una parte de la Abadía y hacer posible ese futuro negocio. Una propuesta que pone en jaque el patrimonio cultural de uno de los enclaves más importantes de Granada.

La ciudad, que lleva siglos construyendo alrededor del Sacromonte su propia historia, debe decidir cómo abordar su futuro. Primero fueron las cuevas, después los hallazgos de los Libros Plúmbeos y la construcción de la Abadía. Ahora, cuatro siglos después, el Ayuntamiento tramita la posibilidad de añadir una nueva pieza a esa historia: un hotel de lujo. La duda es si esa nueva pieza puede incorporarse sin cambiar demasiado el paisaje, el barrio y el patrimonio que precisamente hacen de la Abadía uno de los lugares más importantes de Granada.

Los gritos de un grupo de estudiantes en defensa de la universidad pública han obligado a suspender el acto de apertura oficial del curso académico en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en el que participaba este martes el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

La protesta se ha llevado a cabo precisamente durante el turno de palabra del consejero, en pleno desarrollo del acto académico que se estaba celebrando en el Paraninfo de la UPO. Cuando Paradela se dirigió al atril, los manifestantes se pusieron en pie y empezaron a corear desde el público consignas contra la gestión de la Junta: “¿Cómo voy a estudiar si no lo puedo pagar?”, gritaban, mientras desplegaban carteles denunciando la “infrafinanciación” del sistema universitario público.

Los gritos y abucheos interrumpieron así la intervención de Paradela, que esperaba en el atril mientras el rector de la UPO, Francisco Oliva, pedía silencio. “Aquí tenemos la costumbre de debatir, de escuchar y no de gritar; os pido que, por favor, escuchéis todas las propuestas y opiniones”, rogó sin éxito el rector.

“¿Me dais la oportunidad de contaros algo?”, intentó entonces el consejero, mientras los estudiantes continuaban gritando sus reivindicaciones. “Es un acto universitario, estamos en un claustro, por favor, no podéis interrumpir, vamos a tener que tomar medidas disciplinarias”, advirtió Oliva. Poco después, el rector trató de reconducir la situación: “Vamos a escucharlo primero y luego podremos actuar, hay que respetar el derecho de expresión de los demás”, dijo mientras desde el público se escuchaba “basta ya de complicidad”.

Tras unos instantes de silencio, Paradela trató de retomar su intervención. “La juventud es esa edad indefinida en la que uno todavía se atreve a imaginar que puede cambiar el mundo”, comenzó. Palabras que provocaron nuevos abucheos y gritos de “vergüenza” entre los manifestantes. El consejero siguió intentando hablar, pidiendo a los estudiantes que escucharan y conversaran “con quien piensa diferente”.

Ante la imposibilidad de avanzar con el discurso, Paradela terminó guardando silencio y el rector dio por concluido el acto, casi 15 minutos después de que comenzara la protesta. Ni el consejero ni el rector han podido leer finalmente sus intervenciones.

Otro curso marcado por las movilizaciones

Se trata del segundo curso consecutivo que arranca marcado por las protestas en la Universidad Pablo de Olavide. El año pasado también se convocó una movilización coincidiendo con el acto de apertura oficial del curso académico de las universidades andaluzas, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Aquella vez, la acción reivindicativa tuvo lugar a las puertas del Paraninfo y provocó que se interrumpiera la entrada del cortejo académico.

En esta ocasión, la protesta –organizada por la plataforma UPOxLaPública– se ha llevado a cabo en el interior del edificio y se ha saldado con la suspensión del propio acto, ante la imposibilidad de continuar con las intervenciones que estaban programadas. Representantes de UPOxLaPública explican a elDiario.es que la acción se ha coordinado con otras plataformas universitarias, que también han protagonizado movilizaciones similares en las últimas semanas, dentro del calendario de protestas que prepara el camino hacia la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre.

El pasado 11 de septiembre, de hecho, otra movilización contra la “infrafinanciación” de las universidades públicas eclipsó la apertura del curso universitario andaluz, celebrada en la Universidad de Granada (UGR) y presidida por Moreno. También allí estudiantes y trabajadores reclamaron una mayor financiación para las universidades públicas con una concentración a las puertas del Rectorado de la UGR.

Reivindicaciones dirigidas a la Junta y a los rectores

Los convocantes aseguran que sus reivindicaciones se dirigen tanto a los responsables políticos como a los equipos de gobierno de las universidades y, en particular, a los rectores. A estos últimos les reprochan su “complicidad” con la Junta en un momento en el que las universidades públicas mantienen abierta la negociación con la administración autonómica sobre la financiación del sistema y el pulso se ha relajado, al menos en las formas.

Entre los carteles exhibidos durante la protesta podían leerse mensajes como “Fuera privatizador, la UPO no se vende” o “La deuda se acumula y la pública se estrangula”, junto a imágenes de aulas e instalaciones de la universidad que, según denuncian desde la plataforma, presentan “condiciones deplorables”, con problemas como goteras en la biblioteca y desperfectos sin reparar.

Desde UPOxLaPública responsabilizan principalmente a la Junta de la situación por la falta de financiación, aunque también cuestionan la gestión del Rectorado y le reprochan haber anunciado medidas para mejorar las instalaciones que, a juicio de la plataforma, finalmente no se han llevado a cabo.

La comunidad universitaria mantiene así la presión sobre la Junta en un curso que vuelve a arrancar con el conflicto por la financiación de las universidades públicas como uno de sus principales focos de protesta.

La Junta de Andalucía ha confirmado que ha acogido en uno de sus centros al menor migrante que llegó desde Ceuta a Jerez de la Frontera (Cádiz) en los bajos del autobús del Real Valladolid, al que se subió después de que el equipo pucelano jugara el domingo en la ciudad autónoma, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad han explicado a EFE que el joven se encuentra en un centro de la comunidad andaluza, aunque han declinado dar más detalles al tratarse de un menor de edad.

El joven, que se subió a los bajos del autobús en Ceuta, viajó en este espacio los 45 minutos que dura el trayecto del ferry entre la ciudad autónoma y la península, así como la hora que se tarda en ir desde el puerto hasta la ciudad de Jerez de la Frontera.

No fue hasta que el menor vio que se quedaba sin fuerza para seguir, tras casi dos horas, cuando pidió ayuda a gritos que escuchó el centrocampista del Valladolid Iván Alejo, quien alertó a sus compañeros de que había alguien en el eje de las ruedas del autobús.

El vehículo paró entonces en una gasolinera y los miembros del equipo sacaron al menor de los bajos, dándole comida, bebida y ropa mientras llegaba la Guardia Civil, que tramitó los procedimientos pertinentes que han llevado a la acogida del menor en un centro de la Junta de Andalucía.

Víctor Orta, director deportivo del Real Valladolid, señaló a EFE que la actuación de sus jugadores le hizo sentir “orgulloso” por su actitud “humana y solidaria” que hizo posible salvar una vida.

La polémica cena de gala que, el jueves 17, se celebró en plena calle en Sevilla y obligó a cerrar la plaza Virgen de los Reyes (a los mismos pies de la Giralda) no sólo sigue dando que hablar desde el punto de vista político, sino que ya ha acabado ante el juez. El encargado de dar este paso ha sido el partido Iustitia Europa, que ha presentado una denuncia en un juzgado de Sevilla en el que apunta a delitos de prevaricación administrativa y malversación por un acto que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense financiaron con 36.000 euros y al que acudieron el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz.

El evento celebraba los XX Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre y que ha generado una ola de críticas ciudadanas. Iustitia Europea denuncia al Consistorio y a Contursa (la empresa municipal de gestión turística) y a la Consejería de Turismo por dar los permisos administrativos y aportar dinero público, además de incluir también a la Diputación de Sevilla. En este último caso, lo hace en base a informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.

La denuncia se formula “contra quienes resulten responsables”, por lo que solicita que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”. El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.

Fondos de Junta y Ayuntamiento

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha criticado que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.

Este partido subraya que la propia delegada municipal de Turismo ha reconocido públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.

Respecto de la Diputación, la denuncia se hace en base a informaciones sobre la utilización de la Casa de la Provincia (en la vecina Plaza del Triunfo), en las que el promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirma que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente él no aceptó. En este sentido, la Diputación explica que este espacio fue solicitado por la organización –sin señalar el tipo de evento del que se trataba– como muchas otras peticiones que recibe de todo tipo de asociaciones e instituciones, instándose a la cesión de una sala como vestuario para artistas y de un aseo.

Petición “expresamente denegada”

Al tratarse de una casa palacio, como respuesta se establecieron condiciones de uso “especialmente rigurosas”, apunta la institución: tanto la sala polivalente como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento. La Casa de la Provincia dispone de vigilancia las 24 horas, por lo que se subraya que no era necesario “realizar contrataciones adicionales ni abonar horas extraordinarias de personal de seguridad”.

La Diputación, por cierto, recuerda que el mismo promotor solicitó el año pasado el uso de la iglesia de San Luis de los Franceses (que gestiona la institución provincial) para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento, petición que fue “expresamente denegada” al conocerse el contenido y características de la actividad propuesta. En todo caso, se insiste en que no ha habido “ni cesión, ni patrocinio, ni colaboración, ni acuerdo” para el uso de la Casa de la Provincia, que no se firmó ningún documento, que la Corporación provincial no figura en ninguna lista de patrocinadores y que no hubo representación institucional.

Por lo que respecta a la denuncia presentada ante el juez, Iustitia Europa solicita la incoación de diligencias previas para esclarecer los hechos, identificar a las personas que intervinieron en las decisiones denunciadas y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse. La formación ha pedido además que se le notifique el auto de incoación para formalizar su personación como acusación popular y ejercer las acciones que correspondan.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.

Así se recoge en el resumen del informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas a partir de dicho trabajo de fiscalización, incluido en su Plan de Actuaciones del ejercicio 2025, que se ha difundido este viernes tras su envío al Parlamento. En dicho documento se explica que, “con carácter general, las consejerías y agencias administrativas están sometidas a control previo”, que “se ejerce antes de la aprobación del gasto y tiene carácter suspensivo”.

Desde la Cámara de Cuentas aclaran también que “la normativa contempla la posibilidad de sustituir el control previo por el control financiero permanente en determinados gastos, órganos o servicios cuando se considere adecuada esta fórmula de gestión, previo acuerdo del Consejo de Gobierno”. Se trata de un cambio especialmente relevante, ya que, mientras el control previo se realiza antes de aprobar el gasto y permite suspender el expediente hasta que se subsanen las deficiencias detectadas, el control financiero permanente actúa una vez realizada la actividad y ejecutado el gasto, sin efectos suspensivos.

Los acuerdos de Consejo de Gobierno del periodo analizado “justifican, con carácter general, la sustitución” del control previo por el financiero permanente “en base a razones vinculadas a la buena gestión, como la agilización de la tramitación administrativa, la previsión de un elevado volumen de expedientes, la carga de trabajo o la automatización y robotización de procedimientos”.

“No obstante, dichas motivaciones se expresan de forma genérica y no van acompañadas, con carácter previo, de criterios o indicadores que permitan evaluar comparativamente la idoneidad de la sustitución del control previo”, se puede leer en el resumen del informe, en el que se señala que “dichos acuerdos configuran la aplicación del procedimiento sin una delimitación temporal expresa ni una cuantificación global previa de los importes afectados”.

Alcance de la aplicación del procedimiento

En el resumen del informe se detalla que, “desde el punto de vista del ámbito objetivo, el procedimiento se ha aplicado a tres grandes bloques”; en concreto, “órganos y servicios, subvenciones y ayudas, y otros gastos”.

Desde el punto de vista económico, “las obligaciones reconocidas sometidas al procedimiento ascienden, al menos, a 37.921,01 millones de euros en el periodo 2020-2024”. El “mayor peso” corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones, que representan el 80,13% del total afectado.

Dentro de este bloque, destacan especialmente los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones, equivalentes al 79,84% del total del procedimiento.

En materia de subvenciones y ayudas, el procedimiento se ha aplicado a 47 bases reguladoras, distribuidas entre ocho consejerías, con un importe total afectado de 2.652,13 millones, lo que supone el 6,99% del total.

Entre ellas, la Consejería de Empleo concentra el mayor número de líneas e importe, con 13 líneas y 1.174,60 millones, seguida de las consejerías competentes en Igualdad y Educación.

Respecto a los otros gastos, estos ascienden a 4.881,74 millones de euros, representativos del 12,87% del total afectado. En este ámbito destacan especialmente los gastos vinculados al ámbito educativo, como los salarios del personal docente, y los gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios, según se concreta en el resumen del informe de la Cámara de Cuentas.

No hay registro centralizado y homogéneo

Posteriormente se advierte de que “la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no dispone de un registro centralizado y homogéneo de la fecha de inicio de todas las actuaciones de control financiero permanente, lo que ha dificultado el cálculo sistemático de los tiempos medios de tramitación y la evaluación de la eficiencia del procedimiento”.

En el trabajo íntegro de la Cámara se detalla que, “del total de informes definitivos” de control financiero emitidos por la Intervención de la Junta en el periodo analizado, que han sido 188, un 6,38% -un total de 12- son “con opinión favorable”, 134 “con salvedades” (71,28%), y 42 presentan una “opinión desfavorable” (22,34%). En conjunto, por tanto, más del 93 % de los informes no fueron plenamente favorables.

Las incidencias más comunes en materia de contratación detectados en estos informes de control financiero son “la utilización incorrecta del contrato menor, presente en el 100% de los informes analizados, o la existencia de errores en documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos, detectados en el 75% de los casos”.

En subvenciones y ayudas, “destacan los incumplimientos relativos a la instrucción y concesión de las mismas, presentes en el 94,44% de los casos; a la justificación y pago, en el 88,89%; y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios, en el 72,22%”, se detalla también en el resumen del informe.

Y, en “otros gastos”, las incidencias más relevantes se refieren a “errores en la cumplimentación de comisiones de servicio, detectados en el 77,78% de los informes, y a deficiencias en la documentación justificativa, presentes en el 55,56%”.

Desde la Cámara de Cuentas apuntan además que “la fiscalización ha puesto de manifiesto limitaciones en los sistemas de información y en las bases de datos utilizadas, en los que se han detectado errores, duplicidades, carencias de información y falta de trazabilidad”.

“En conjunto, no constan indicadores específicos que permitan valorar de forma sistemática el impacto de la sustitución del control previo por el control financiero permanente sobre la gestión económico-financiera”, se puede leer también en el documento, en el que se avisa de que “esta ausencia dificulta determinar si el procedimiento ha contribuido a mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública”.

Recomendaciones

Desde la Cámara de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones a la Junta, como “implantar un instrumento de información agregada que permita la identificación y seguimiento sistemático de los gastos, órganos y servicios encuadrados en este procedimiento”, y “realizar un inventario consolidado del universo sometido a sustitución, integrando el acuerdo aplicable, la fecha de efectos, la tipología, el centro gestor, la unidad interventora responsable, el volumen ejecutado, la periodicidad prevista y el estado de planificación y ejecución del control”.

Otras recomendaciones incluidas en el informe son “analizar el impacto del procedimiento de sustitución; reforzar la planificación anual del control financiero permanente mediante criterios de priorización por riesgo y materialidad”, y “definir y aplicar indicadores que permitan evaluar los efectos del procedimiento de sustitución en términos de eficacia, eficiencia y economía”.

El Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, cuyo centro de cabecera es el hospital comarcal, ha celebrado este jueves las IV Jornadas Provinciales de Seguridad del Paciente, coincidiendo con el Día Mundial del Paciente y bajo el lema “atención segura a lo largo de la vida”.

La celebración de las jornadas, difundida en redes, ha recibido la crítica pública del sindicato CSIF, mayoritario en el centro y en la sanidad andaluza, porque se produce mientras la Fiscalía investiga el posible uso de reactivos en mal estado en el laboratorio del hospital, lo que podría generar resultados erróneos en pruebas analíticas, y sin que el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, haya adoptado ninguna medida cautelar que garantice la seguridad de los pacientes desde que en enero el propio sindicato expuso hechos e indicios que apuntan a esta práctica, a mediados de enero.

Las jornadas, que se han celebrado este jueves, ponen el foco en la continuidad asistencial y la coordinación, además de en la promoción de la “cultura de seguridad y prevención”. Para la central sindical, es “especialmente grave” que la gerencia del centro actúe con normalidad mientras permanece abierta una investigación de la Fiscalía sobre unos hechos directamente relacionados con la seguridad del paciente. Es un “ejercicio de cinismo institucional” que “demuestra una preocupante falta de sensibilidad hacia los pacientes” y hacia el personal y profesionales del hospital, lamenta el sindicato en un comunicado.

Pregunta parlamentaria de Adelante Andalucía

CSIF denunció el posible uso irregular de reactivos utilizados en las pruebas diagnósticas en el hospital de la Axarquía, que da servicio a unos 150.000 pacientes, a principios de enero. PEl sindicato puso en manos de la Fiscalía al menos cinco testimonios de trabajadores, fotografías y mensajes de WhatsApp indicativos de que en el laboratorio se usaron de forma habitual reactivos caducados o con pérdida de estabilidad, que debían ser desechados siguiendo las instrucciones del fabricante.

“Si sale caducado no lo tiréis, yo los aprovecharé en rutina”, decía uno de esos mensajes en el grupo de WhatsApp del laboratorio, entre otros que animaban a “cambiar” la fecha de caducidad proporcionada por el fabricante, desvelados por este medio. Las fotos muestran envases envueltos en film con la inscripción “caducado”. “Es el único sitio donde he vivido algo así”, contó un facultativo a este medio. El fiscal ha abierto una investigación y ha solicitado documentación al hospital.

También Adelante Andalucía, que ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno andaluz por esta cuestión, ha criticado las jornadas. Es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía que el mismo hospital que está siendo investigado por poner en riesgo la salud de sus pacientes se presente ahora como escaparate de la seguridad clínica“, ha señalado Luis Rodrigo, parlamentario andaluz.

Sin investigación interna

CSIF lamenta en su nota que no se haya revisado internamente el alcance de su denuncia, identificado las pruebas dudosas o informado a los pacientes potencialmente afectados. El posible uso de reactivos en mal estado durante años podría afectar a miles de pruebas, pero es casi imposible contrastar los resultados dudosos con otros fiables.

El gerente archivó la denuncia en menos de un mes, sin motivación, y sin explicar al sindicato qué averiguaciones había realizado. En aquellos días hubo un inusual trasiego de personas ajenas al servicio, según han contado fuentes hospitalarias a este medio. “La actuación de la gerencia generó aún más dudas y preocupación”, advierte el sindicato.

El SAS ofrece un sistema de recompensas retributivas para trabajadores que alcancen determinados objetivos de productividad y ahorro. El plus aumenta a medida que se sube de categoría, pudiendo rondar los 15.000 euros para los jefes de servicio.

Este medio desveló que el laboratorio se había marcado como objetivo “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”. A nivel individual se valoraba “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador”, una práctica desaconsejada por los fabricantes. La pérdida de estabilidad se puede producir cuando, sin haber superado la fecha de caducidad, el reactivo lleva en uso un tiempo superior al pautado. De 2023 a 2024 el laboratorio redujo su objetivo de consumo de reactivos en un 30%. 

La denuncia de CSIF apunta a dos cargos intermedios que ahora han recibido nuevas responsabilidades, sumando una de ellas la jefatura de servicio de Anatomía Patológica. En cambio, al menos dos trabajadoras han denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de acoso que dicen sufrir por otras compañeras, que las señalan como las denunciantes de la situación irregular en el laboratorio. “Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, contó una trabajadora a elDiario.es.  

Más de 130.400 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes en Andalucía. La normalidad será la nota dominante, pero hay lugares donde no se alcanza esa normalidad a veces deseada. Cabo de Gata empieza otro curso sin el instituto que los vecinos llevan años reclamando para la zona. La propuesta pasa por construir un centro de Secundaria en Pujaire que dé servicio a varios núcleos de Níjar y Almería capital y evite los desplazamientos que cada día tienen que hacer los alumnos. La plataforma ciudadana que reclama el proyecto sostiene que hay terreno disponible y que la zona reúne las condiciones para acoger el centro. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedarían aquí”, explica Lola Alonso, vecina de la zona y madre de un niño que este curso comienza la ESO.

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, también defiende la construcción del instituto y asegura que ya ha abordado el proyecto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno andaluz no concreta si tiene previsto levantar el centro ni pone fecha al proyecto. Su respuesta se limita a señalar que “la escolarización está garantizada” y que Educación continúa priorizando las necesidades de infraestructuras. Mientras, los vecinos denuncian desplazamientos de hasta 45 minutos para acudir a clase y relacionan la falta de servicios con la pérdida de población en estos núcleos.

Un instituto para toda la costa

Porque la reivindicación no se limita a Pujaire, que es un anejo de Níjar, sino que la plataforma ciudadana plantea el instituto para varios núcleos del entorno de Cabo de Gata, una zona marcada por la dispersión geográfica. El Ayuntamiento de Níjar habla de ocho pedanías de los municipios de Níjar y de la propia Almería capital que podrían beneficiarse del centro. De este modo, Pujaire, Ruescas, San José, Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Barranquete y Cortijo Abajo son los principales núcleos de población que se beneficiarían de esta infraestructura que se llamaría Puerta del Cabo por situarse, precisamente, a las puertas del parque natural.

Pero sin ella, la situación actual obliga a los estudiantes a desplazarse fuera de sus localidades para continuar sus estudios. Y no hablamos de un trayecto puntual. Es el viaje de ida y vuelta de cada día lectivo. “Si tú metes a un niño en un autobús 45 minutos para ir y otros 45 para volver a su instituto, es una barbaridad”, lamenta Francisco Palenzuela, uno de los portavoces de la plataforma que pone el foco en la gran dispersión geográfica que hay entre unas zonas y otras.

El problema, casi como la propia dispersión, viene de lejos. Palenzuela explica que la reclamación ya existía antes de los últimos comicios locales de 2023 y que, pese al cambio de corporación municipal del PSOE al PP, los vecinos han seguido reclamando el centro, contando incluso con el respaldo consistorial, pese a que Gobierno regional y local comparten signo político.

Además, personas como Lola Alonso tienen un motivo especialmente cercano para seguir reclamando el instituto: su hijo tiene 11 años y este curso comienza la ESO. Si el centro que reclaman los vecinos estuviera construido, no tendría dudas sobre dónde estudiaría. “Si estuviera el instituto, mi hijo iría a este instituto. No iría a uno tan grande como el de Puerto Carrero”, explica. En Cabo de Gata, según relata, los alumnos pueden cursar actualmente primero y segundo de ESO, pero después tienen que desplazarse para continuar sus estudios. En el caso de las familias de San José, algunas optan por llevar a sus hijos a Cabo de Gata durante esos primeros cursos y después deben buscar otro centro cuando terminan esa etapa.

La falta de un instituto propio hace que los desplazamientos formen parte de la trayectoria educativa de estos niños. Y, para algunas familias, también empieza a pesar en la decisión de dónde vivir. “Muchos padres se están yendo de aquí y vendiendo sus casas”, asegura Alonso. “Estamos perdiendo población en los pueblos rurales porque se van buscando una mejoría para su hijo”.

Un solar de 18.000 metros cuadrados

Por eso, los vecinos no solo reclaman el instituto. También tienen identificado dónde quieren que se construya ya que el propio Ayuntamiento de Níjar ha ofrecido a la Junta de Andalucía una ubicación concreta. Según la información que maneja la plataforma, se podría construir en una parcela situada en Pujaire y que cuenta con una superficie gráfica de 17.833 metros cuadrados, más que suficiente para adecuar un centro educativo que absorva a una población que supera ampliamente el millar de menores en edad para cursar sus estudios allí.

Palenzuela asegura que se trata de un terreno municipal de alrededor de dos hectáreas y considera que reúne las condiciones necesarias para acoger el instituto. “Está todo: el solar despejado, la carretera... cumple todo”, sostiene. De hecho, el Ayuntamiento de Níjar confirma que Pujaire es una de las opciones planteadas. En la información facilitada a este periódico, el Consistorio señala que el instituto, “por ubicación y requisitos”, podría construirse en la localidad.

Además, el Consistorio también asegura que ha mostrado públicamente su apoyo al proyecto. Los concejales de Educación y Urbanismo se han reunido con la plataforma para abordar la necesidad de un centro de Secundaria para toda la zona. Pero que exista un terreno disponible no significa que el proyecto esté en marcha. Falta saber si la parcela ha sido formalmente puesta a disposición de la Junta, qué trámites urbanísticos serían necesarios y, sobre todo, si Educación ha dado algún paso para convertir la propuesta en una obra.

“La escolarización está garantizada”

El Consistorio nijareño asegura que la reivindicación ha llegado a la Administración autonómica. Según explica, ha mantenido “varias reuniones” con la Delegación de Educación para abordar tanto las inversiones que ya se están realizando en los centros del municipio como futuras actuaciones. Entre ellas está, según el ayuntamiento, “la del instituto para la costa”. La plataforma, sin embargo, reclama avances concretos. Lola Alonso asegura que llevan más de un año esperando una reunión con la Junta.

“Educación lleva ya un año y pico diciendo que sí, que sí, que iríamos, y no hemos ido”, afirma. Los vecinos sostienen que la Junta les ha trasladado que poner en marcha un instituto supone una inversión importante y que hay distintos requisitos que cumplir. Palenzuela asegura que una de las explicaciones que han recibido es que “no hay fondos”. Pero la Junta no confirma esa versión. Preguntada por este periódico sobre el proyecto, su financiación y los plazos para construir el centro, la respuesta oficial no concreta ninguno de esos extremos.

El Gobierno regional se limita a defender que los alumnos de la zona tienen actualmente garantizada su escolarización. “Actualmente, la escolarización del alumnado de la zona está garantizada a través de los centros de referencia y de los recursos establecidos”, señala la Junta. Educación añade que “se sigue priorizando el plan de infraestructuras, dando respuesta a aquellas necesidades que se puedan presentar” y que continúa “atendiendo y priorizando las necesidades de infraestructuras educativas conforme se presentan”.

La Junta no aclara si contempla construir el instituto de Pujaire. Tampoco concreta en qué fase estaría el proyecto, si existe un expediente abierto, qué requisitos considera que debe cumplir la zona, cuál sería el coste de la actuación o cuándo podría ejecutarse. La respuesta deja así dos posiciones enfrentadas: para la Junta, la escolarización está garantizada con los centros y recursos existentes y para los vecinos, eso no resuelve el problema de fondo: los alumnos siguen teniendo que desplazarse y las familias siguen reclamando un centro educativo de Secundaria en su entorno.

Educación y despoblación

Pero el instituto es también una cuestión de población. La falta de servicios públicos, dicen los lugareños, está haciendo más difícil que las familias se queden. “Cada vez más gente de Pujaire y de Ruescas se está yendo a Retamar”, asegura Palenzuela. Y apunta directamente a la falta de servicios: “La gente se va, sobre todo porque no hay servicios, y la educación es fundamental”. Alonso coincide. Según su experiencia, hay familias que están optando por marcharse cuando sus hijos llegan a la edad de estudiar Secundaria. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedan aquí”, insiste.

La reivindicación se produce en una zona con una fuerte actividad turística durante los meses de verano, pero donde los vecinos reclaman servicios que permitan mantener población durante todo el año. El instituto se ha convertido así en uno de los símbolos de esa demanda. “Si no tuviéramos niños, no lucharíamos ni buscaríamos nada”, dice Alonso. “Pero tenemos espacio y nos dan el terreno”. El curso ya comienza. Los alumnos siguen teniendo plaza y la Junta insiste en que la escolarización está garantizada. Lo que no hay es un calendario para el instituto que los vecinos llevan años reclamando. Y en Pujaire siguen esperando la misma respuesta: si hay alumnos, hay terreno y el Ayuntamiento defiende el proyecto, qué falta para que la Junta dé el siguiente paso.

El CEIP Enrique Tierno Galván de La Zubia, en Granada, ha comenzado el curso escolar con parte de sus instalaciones todavía en obras. Ventanas pendientes de colocar, baños sin terminar, polvo y materiales de construcción conviven estos días con el alumnado, mientras el centro ha tenido que reorganizar algunos de sus espacios para poder arrancar las clases con normalidad. Todo ante la indignación del propio centro, las familias de los estudiantes y hasta el consistorio local.

La actuación, destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del colegio, cuenta con una inversión de 210.277,58 euros de la Junta de Andalucía. Según fuentes del propio centro educativo, las obras debían estar casi finalizadas -a falta de detalles-, a comienzos de curso, pero la realidad ha sido distinta. Mientras la Consejería de Educación sostiene que los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y que la fecha prevista para su finalización es el próximo 31 de octubre, la comunidad educativa, sin embargo, se siente engañada: el curso ha comenzado antes de que las obras hayan terminado y con buena parte de los trabajos todavía visibles en el centro.

“Nos habían dicho que a principios de septiembre iba a estar prácticamente finalizada, solo a falta de poner el elevador”, explica Carmen, presidenta del AMPA del colegio, que tiene una hija de diez años escolarizada en el centro. Según relata, las familias se encontraron al comenzar septiembre con una obra mucho menos avanzada de lo que esperaban. El AMPA asegura que durante el verano apenas ha visto trabajadores en el centro y que, ante la proximidad del inicio de las clases, la dirección y el Ayuntamiento de La Zubia tuvieron que reclamar a la Junta medidas para garantizar que el alumnado pudiera acceder al colegio sin entrar en las zonas de trabajo.

La situación ha obligado además al centro a reorganizar parte de su funcionamiento. Según el AMPA, algunas aulas han tenido que cambiar de ubicación y espacios como la biblioteca y el aula de música se han adaptado para acoger clases que ya no podían desarrollarse en sus emplazamientos habituales. Uno de los cambios que más preocupa a las familias afecta al aula TEA, donde están escolarizados cinco alumnos con necesidades específicas. “Son niños con autismo severo y van a tener que cambiar de clase cuando ya llevan tres años adaptándose a un aula”, señala Carmen. El resto del alumnado también se ha visto afectado, según el AMPA, por cambios en los patios y por la reorganización de los espacios del centro.

La presidenta de la asociación de madres y padres insiste, no obstante, en que las familias no cuestionan la necesidad de la actuación. Al contrario: las obras pretenden precisamente eliminar las barreras arquitectónicas que tenía el colegio. La crítica se centra en las condiciones en las que el centro afronta el comienzo del curso y en las expectativas que, según el AMPA, se habían trasladado sobre el calendario de los trabajos.

El Ayuntamiento de La Zubia, gobernado por el PSOE, también ha reclamado a la Junta que acelere las obras. La alcaldesa, Puri López, ha visitado en varias ocasiones el centro y avala la versión de las familias y el propio colegio: la existencia de trabajos pendientes, materiales de obra en distintas zonas, ventanas sin colocar, baños sin terminar y polvo derivado de las actuaciones. “Estamos hablando de nuestros niños y niñas y de un centro educativo en el que pasan muchas horas cada día”, señala López, que reclama que alumnado, profesorado y trabajadores puedan desarrollar su actividad “con todas las garantías de seguridad y bienestar”.

Una obra con plazo hasta finales de octubre

No obstante, la Junta de Andalucía ofrece una explicación distinta sobre el calendario. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), asegura que la actuación fue programada dentro del programa de Obras de Escolarización de Verano y que contempla un periodo de ejecución de cuatro meses. El Ejecutivo regional cifra en 210.277,58 euros la inversión y explica que la intervención tiene como objetivo la “supresión de barreras físicas y arquitectónicas” para garantizar la movilidad y la inclusión del alumnado. Según la Junta, la fecha de conclusión prevista es el 31 de octubre de 2026. Es decir, casi dos meses después del inicio del curso escolar. Una explicación que choca con el calendario que manejaba la comunidad educativa, mucho más corto en el tiempo.

Sin embargo, la Junta sostiene que mantiene el contacto con la dirección del centro y que las instalaciones serán sectorizadas para separar las zonas de trabajo de las utilizadas por el alumnado. También asegura que se adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para garantizar el inicio del curso.

Es precisamente ahí donde aparece la principal diferencia entre la versión de la Administración y la de las familias. La Junta defiende que los trabajos se encuentran dentro del plazo previsto y que el centro puede comenzar el curso con las medidas de seguridad correspondientes. El AMPA, en cambio, considera que la comunidad educativa esperaba que la obra estuviera prácticamente acabada cuando los alumnos regresaran a las aulas.

Mientras los trabajos continúan, la dirección del centro ha tenido que reorganizar espacios y recorridos para hacer compatible la actividad educativa con una actuación que todavía tiene por delante varias semanas de ejecución. Carmen reconoce que la dirección está extremando las precauciones para evitar que el alumnado acceda a las zonas de obra. “Se está controlando al máximo”, asegura después de haber recorrido el colegio para comprobar las entradas, las salidas y las medidas de seguridad.

El AMPA ha convocado además una concentración a las puertas del centro para reclamar que las obras se aceleren y que el colegio pueda recuperar cuanto antes la normalidad. La actuación que debía servir para hacer el Tierno Galván más accesible ha convertido, al menos durante el arranque del curso, parte del colegio en un espacio de convivencia entre clases y trabajos de construcción. La Junta mantiene octubre como fecha de finalización. Las familias esperan que, esta vez, el calendario se cumpla.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que la Junta presentará alegaciones al proyecto del Gobierno de España que reserva 90 millones de euros en subvenciones directas exclusivamente a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. “Andalucía no aceptará que los fondos de vivienda dependan de la declaración de zonas tensionadas”, ha advertido Díaz.

Además, según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, Díaz ha explicado que la Consejería lleva semanas trabajando con sus equipos en las alegaciones para defender que Andalucía pueda optar también a unos recursos destinados a resolver problemas de acceso a la vivienda que existen con independencia del modelo regulatorio elegido por cada comunidad autónoma.

El proyecto estatal distribuye los 90 millones entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, mientras que Andalucía queda excluida por no haber declarado zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la Ley estatal de Vivienda. Los fondos pueden financiar, entre otras actuaciones, la promoción y rehabilitación de vivienda asequible o social, la adquisición y urbanización de suelo y la incorporación de viviendas al parque residencial.

Díaz ha cuestionado que la declaración de una zona tensionada se convierta en la única vía para acceder a esa financiación. “No compartimos que una decisión legítima en el ejercicio de nuestras competencias termine penalizando financieramente a Andalucía”, ha señalado la consejera, que ha recordado que la propia legislación estatal configura la declaración de estas zonas como una posibilidad de las comunidades autónomas y no como una obligación.

La Junta planteará en sus alegaciones que el reparto se realice atendiendo también a criterios objetivos de necesidad residencial, como la evolución de los precios de compra y alquiler, el esfuerzo económico de las familias, el crecimiento de la demanda, la relación entre oferta y demanda, la producción de vivienda o la disponibilidad de vivienda asequible y social. De esta manera, la Junta propondrá expresamente que se suprima la declaración formal de zona tensionada como condición exclusiva para acceder a la totalidad de las subvenciones. “No estamos reclamando más por ser Andalucía. Estamos reclamando que Andalucía no valga cero por haber elegido legítimamente un modelo diferente”, ha defendido Díaz, que ha insistido en que “los fondos públicos deben seguir a las necesidades de los ciudadanos”.

El anuncio de Díaz añade un nuevo punto de fricción en materia de vivienda entre el Gobierno central y el autonómico, que ya viró su posición inicial para, finalmente, anunciar en junio que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Plan Estatal 2026-2030 aprobado por el Consejo de Ministros en abril. El plan tiene como leit motiv el blindaje de la VPO, y reserva 7.000 millones para encarar la crisis habitacional en España, 1.200 de ellos para Andalucía: el 60% son fondos estatales y el 40%, autonómicos.

Tras aceptarlo en primera instancia, Moreno se revolvió contra el plan y dio el primer paso para interponer un recurso por un conflicto de competencias, mientras negociaba con Vox para alcanzar un gobierno de coalición. El Gobierno de Moreno cree que el Ministerio de Vivienda se ha extralimitado en sus competencias, vulnerado la autonomía financiera de Andalucía y limitado su capacidad para gestionar estas políticas. 

Más vivienda asequible

Durante su comparecencia, Rocío Díaz ha situado el aumento de la oferta de vivienda asequible como uno de los grandes objetivos de la legislatura. La consejera ha defendido el modelo andaluz basado en movilizar suelo, agilizar la gestión, ofrecer seguridad jurídica y sumar recursos públicos y privados para incrementar la oferta. Díaz ha recordado que Andalucía aportará 478 millones de euros, el 40% de la financiación de la nueva fase del Plan de Vivienda 2026-2030, lo que supone multiplicar por seis la aportación autonómica respecto al plan estatal anterior.

Asimismo, la Junta mantiene como objetivos de legislatura impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas y fomentar la rehabilitación de 22.000 inmuebles. Entre las nuevas medidas anunciadas, la Junta pondrá en marcha una línea de avales para facilitar la adquisición de vivienda a las familias numerosas, con una dotación inicial prevista de 25 millones de euros. La vivienda tendrá además un peso especial dentro de las políticas dirigidas a los jóvenes.

En esta línea, la Junta prevé un nuevo programa de ayudas para la compra de vivienda dirigido a menores de 40 años, con 25 millones de euros, y otro programa de alquiler con opción a compra, también dotado inicialmente con 25 millones, que permitirá descontar del precio final de la vivienda el cien por cien de las cantidades abonadas previamente en concepto de alquiler.

A estas medidas se sumará una reserva específica de vivienda protegida, tanto en alquiler como en compra, para menores de 35 años. “No hay emancipación sin vivienda”, ha afirmado la consejera.

El turno de los grupos políticos en la comisión parlamentaria lo ha abierto Por Andalucía, que ha hecho referencia a que “la vivienda es el principal problema para la ciudadanía andaluza, un derecho fundamental que hoy no está garantizado”. Además, se ha referido al precio de la compraventa de la vivienda libre en Andalucía así como a la construcción de viviendas VPO en la comundidad. Igualmente, ha criticado la proliferación de viviendas turísticas bajo el gobierno popular.

Por su parte, desde Adelante Andalucía han cuestionado también la gestión de vivienda pública. Asimismo, ha cuestionado con qué personal se van a gestionar las nuevas promociones de viviendas públicas y qué mecanismos se van a introducir para frenar la especulación inmobiliaria. Por último, el diputado ha cuestionado la falta de declaración de zonas tensionadas.

Desde el grupo parlamentario Vox, han resaltado que “la vivienda es uno de los principales retos de la región”. Así, Bosquet Arias ha planteado la necesidad de “movilizar la vivienda vacía como elemento clave para aumentar la oferta”. Además, ha reclamado “simplificación administrativa”, afirmando que “Andalucía necesita seguridad jurídica, suelo disponible y menos burocracia”.

Para el grupo socialista, el problema de la vivienda se ha convertido también en el principal problema que tienen los andaluces y ha cuestionado cuantas viviendas protegidas ha construido el gobierno andaluz. Asimismo, ha pedido “una colaboración constructiva” con el plan estatal de vivienda 2026-2030.

Sólo 24 horas después de aprobar en Consejo de Gobierno ayudas por valor de siete millones de euros para los municipios granadinos afectados por los terremotos del pasado mes de agosto, la Junta de Andalucía ha anunciado que el montante global se elevará a 46,2 millones de euros. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que ha detallado que este dinero se destinará a Granada capital, a los municipios de la provincia más dañados y al conjunto monumental de la Alhambra.

El presidente del Ejecutivo andaluz ha desvelado la cifra tras mantener una reunión con la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y con regidores de varias localidades que han sufrido especialmente los daños ocasionados por esta serie sísmica. “He venido a Granada a escuchar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los seísmos y a compartir con ellos las propuestas del Gobierno andaluz”, ha señalado, asegurando que si no ha visitado antes a la zona ha sido porque habría sido “solamente para hacerse la foto”.

Moreno ha detallado que los 46,2 millones de euros serán principalmente para afrontar los daños en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra. Asimismo, ha remarcado que este plan “no viene solo” y ha reiterado la petición formal que la Junta de Andalucía ha trasladado al Gobierno de España para que se implique en la ayuda a Granada. “Tiene una herramienta extraordinaria: la declaración de zona gravemente afectada, por eso le hemos pedido que la active ya”, ha afirmado. La administración autonómica, ha añadido, “seguirá empleando todos los instrumentos a su alcance, como viene haciendo desde el primer día”.

Desglose de las ayudas

En cuanto al desglose de las ayudas, más de 10,2 millones de euros se destinarán a los daños registrados en centros de salud y otras infraestructuras sanitarias, y siete millones a los ayuntamientos para reparar infraestructuras municipales. Otro millón irá a los centros educativos, mientras que en materia de vivienda, ocho millones se destinarán a ayudas para garantizar la seguridad de los edificios (comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares), y reparación de viviendas que no cubran el Consorcio de Compensación de Seguros ni el Gobierno.

A petición del Ayuntamiento de Granada, se va a llevar a cabo la cuarta fase del Área de Rehabilitación y Regeneración urbana Santa Adela en Granada. La Junta de Andalucía aportará 15,5 millones a través del nuevo Plan de Vivienda andaluz. La actuación contempla 12 nuevos edificios, que suman en total 150 viviendas. Más de 330.000 euros irán a reparar centros de servicios sociales, entre otros, nueve centros de Participación Activa y la residencia de Armilla. Otros 160.000 se destinarán a infraestructuras judiciales.

La Alhambra recibirá más de cuatro millones de euros. Moreno ha subrayado que en una situación como esta no se podía dejar atrás uno de los grandes monumentos y tesoros del patrimonio andaluz y mundial. Las actuaciones previstas pasan por asegurar, estabilizar y consolidar elementos en Comares, en la muralla oriental de la Alcazaba y en las Torres del Homenaje y Quebrada. La Junta priorizará además obras ya planificadas, como la conservación de las cubiertas de la Sala de las Dos Hermanas, para adecuar los proyectos a la situación generada por los seísmos con criterios de urgencia y relevancia histórica.

Cultura de la prevención

En su intervención, ha anunciado también un plan para el fomento de la cultura de la prevención ante los terremotos, con medidas básicas y nociones claras sobre cómo actuar y protegerse. “No se puede predecir un terremoto, pero sí podemos y debemos prepararnos”, ha resaltado, y es que al tratarse de una zona de alta actividad sísmica la Junta impulsará esa cultura en colaboración con todas las instituciones.

Moreno ha puesto en valor la generosidad y la fortaleza de los granadinos y la respuesta de los alcaldes, las alcaldesas y la Diputación, volcados desde el minuto uno en aportar soluciones. De igual modo, el presidente ha trasladado su cercanía a quienes han visto alterada su vida, su descanso, su organización familiar e incluso su salud mental durante estas semanas, y ha recordado la muerte causada por un accidente posterior en el barrio del Zaidín.

En cuanto a las críticas por tardar varias semanas en visitar la zona afectada, el presidente andaluz ha defendido su decisión de acudir cuando el Gobierno andaluz ha logrado articular recursos y soluciones para los afectados por los terremotos y no “solamente para hacerse la foto”. Asimismo, ha argumentado que en los primeros momentos de una emergencia “hay que dejar espacio a los técnicos”, que son los que tienen que estar en “primera línea”.

“Los políticos sobramos”

“Yo puedo venir a hacerme una foto el primer día, hay otros dirigentes que lo han hecho; que llegan el primer día de crisis, hacen una foto y ya no vuelven más, pero eso yo creo que es poco edificante para los ciudadanos”, ha sostenido tras las críticas que ha recibido en los últimos días por este asunto. “En la primera línea cuando hay una emergencia siempre tienen que estar los técnicos (...) hay que dejarles espacio. Los políticos sobramos. Eso lo hemos visto en numerosas ocasiones, incluso muchas veces me lo han dicho a mí. Me han dicho, presidente, hoy no es el día”, ha narrado.

Bajo esta premisa ha defendido que, políticamente, la emergencia ha estado cubierta “perfectamente” con la consejera de Vivienda, Rocío Díaz –la mayor parte de solicitudes por daños se concentran en inmuebles–, y el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, que “ha estado aquí desde el minuto uno”.

Moreno ha recalcado que su intención ha sido venir cuando se articularan los recursos necesarios para los afectados, una tarea en la que se ha trabajado “contra reloj” en pleno mes de agosto “teniendo que sacar de sus vacaciones a secretarios generales, a directores generales, a jefes de servicios, para trabajar en una modificación de crédito”.

Aunque la semana pasada la Junta ya tenía el plan y se convocó una visita del presidente para presentarlo, Moreno explica que “lamentablemente” no pudo llegar porque se retrasó su vuelo y ha sido aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno. “Venimos con datos, con recursos, con una evaluación”, ha remarcado el presidente del Gobierno andaluz, opinando que es el modo en que deben de comportarse los dirigentes políticos aunque no sea “fácil” y no venir “solamente a hacer una foto”.