El hackeo de Séneca, el sistema informático que contiene los datos de alumnos y profesores de Andalucía, tuvo su origen en el descuido de un usuario. Mientras concluye la investigación, el Gobierno andaluz reconoce que “realmente no sabemos cuál es el alcance” de este incidente de seguridad.

Así lo ha apuntado este miércoles en Málaga el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, que ha asegurado que toda la información “muy exhaustiva” que ha desarrollado el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) apunta a “un descuido a través de una entrada en un ordenador personal de un usuario de esa red Séneca”. El incidente de seguridad detectado hace unos días podría haber comprometido la confidencialidad de ciertos datos de usuarios del sistema.

Según ha indicado, “muchas veces un descuido sin mala intención de un profesional le abre una brecha en la seguridad y hace que estas personas que se dedican profesionalmente a atacar a la Administración pública en especial, pero también a las empresas, pues encuentran esa brecha y la aprovechan para hacer daño”.

Mejorar la formación

Por eso, ha incidido en “la formación, en desarrollar capacidades de autodefensa en todos los usuarios”, ya que “el no tener un descuido no se puede garantizar, pero pedir la máxima atención sí es nuestra obligación y lo queremos hacer en este momento”. “En un dispositivo no segurizado, en el que no está dentro de la red de garantía que tiene la Agencia Digital de Andalucía (ADA), es mucho más fácil para quienes quieran hacernos daño entrar a través de cualquier tipo de dispositivo o de malware que puede hacer daño, hacer vulnerable el sistema y que esa brecha le permita obtener determinados datos que perjudican a un colectivo mucho más amplio”, ha señalado.

Nieto ha asegurado que se está trabajando en este caso, ya se han puesto en marcha distintas acciones, en coordinación con la Policía Nacional y con el Centro Criptológico Nacional (CCN), “y confiamos, como siempre, en que cuando se cometa un delito, si se puede, no solo se detecte, sino que se detenga, que en la medida de lo posible aprendamos de ese ataque y seamos capaces de evitarlo en el futuro”.

Seguir las medidas de seguridad

Y, además, ha instado a crear “conciencia en todo el colectivo para que nos demos cuenta de que alguna acción tan simple como bajar un correo o entrar para ver si nos han dejado alguna información, si no lo hacemos de la forma adecuada y con la garantía adecuada, nos puede crear un problema no sólo a ese usuario, sino a un colectivo mucho más amplio”.

Nieto ha indicado que le corresponde a la Policía Nacional perseguir el delito y la identificación de los autores, aunque ha asegurado que sí se ha pedido a todos los usuarios que cambien la contraseña, que refuercen su seguridad y que intenten seguir las medidas que le ha aconsejado la ADA ahora “para evitar mayor alcance, pero sobre todo en el futuro para evitar que haya otros ataques que puedan hacer daño”.

El Gobierno andaluz se ha garantizado la paz sindical con los médicos, que se han comprometido a no llevar a cabo huelgas en Andalucía tras lograr mejoras salariales y cambios en las guardias, entre otros aspectos. En concreto, y mientras se desarrolla este acuerdo “desde la buena fe y la corresponsabilidad”, los facultativos evitarán la convocatoria de movilizaciones de ámbito autonómico “mientras se avance en el cumplimiento de las medidas pactadas de forma satisfactoria para ambas partes”.

Así lo han refrendado este miércoles el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, que han rubricado un acuerdo que incluye aspectos como la incorporación de una gratificación económica específica para los profesionales en puestos de difícil cobertura. Asimismo, se contempla la implantación de un complemento retributivo específico de carácter mensual para la actividad de tutorización de los residentes.

También se introducen medidas como la reforma del modelo de guardia y jornada complementaria para implantar la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia. A esto se une un sistema de atención a las urgencias y emergencias alternativo que no esté basado exclusivamente en un modelo de guardias obligatorias.

El acuerdo rubricado recoge, en general, la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del sistema sanitario público de Andalucía. Una hoja de ruta, ha dicho el consejero, que representa una “respuesta propia de Andalucía a las principales reivindicaciones del colectivo médico que están dentro de nuestras competencias”.

“Difícil” convocar una huelga general

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, “es un acuerdo realista y ambicioso para mejorar las condiciones profesionales, reconocer el esfuerzo de nuestros médicos y facultativos, atraer y fidelizar talento y reforzar la calidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público”, ha indicado. Las medidas, que se desarrollarán en esta legislatura, “arrancan una nueva etapa que da continuidad a esa senda de diálogo” que en marzo llevó a un pacto sindical para el desarrollo de un nuevo modelo de carrera profesional.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico ha recalcado que “es un buen acuerdo y hubiera sido un error no suscribirlo, entre otras cosas porque representa una oportunidad de avanzar a través del diálogo”. De esta manera se conseguirá “mejorar la situación de la sanidad pública y así mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los andaluces, que es el objetivo último de lo que hacemos”.

En cuanto a las movilizaciones, Ojeda ha recordado que su sindicato mantiene el “conflicto abierto” con el Ministerio de Sanidad en relación al Estatuto Marco que éste ha planteado. Eso sí, reconoce que resulta “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía tras el verano en este contexto ante el “espacio de diálogo” que ha abierto con la Junta. De hecho, el SMA se ha comprometido a que cualquier actuación futura derivada del conflicto nacional con el Ministerio preserve el contenido del acuerdo y se desarrolle “de manera que no repercuta negativamente en la asistencia sanitaria a la población andaluza, mientras se desarrollen las medidas del acuerdo”.

Productividad fija en primaria

Para el vicepresidente primero, el pacto incluye “medidas de calado y concretas y que van a suponer un impacto organizativo, normativo y presupuestario sin precedentes en nuestro sistema público de salud”. Al respecto, ha detallado que el acuerdo incluye un cambio en el modelo retributivo del personal médico y facultativo para reforzar el peso de las percepciones de carácter fijo o la incorporación de una productividad fija para los médicos de primaria de pago semestral para armonizar la paga adicional.

Además, se recupera también la regulación de la reducción de jornada por interés personal como una medida destinada a “favorecer una mayor flexibilidad y conciliación”. Con este fin, se establecerá una implantación progresiva que permita ampliar el alcance de esta modalidad hasta alcanzar un máximo del 50% de reducción de jornada en el plazo de un año, “garantizando su aplicación de forma ordenada y conforme a las necesidades organizativas y de prestación del servicio”.

Otro compromiso es la equiparación de las retribuciones fijas de los médicos del trabajo con las del resto de facultativos especialistas de área del sistema sanitario público de Andalucía. También se revisará el decreto regulador del Cuerpo A.1.4 –farmacéuticos y veterinarios–, con el objetivo “de adecuarlo a las necesidades actuales de su función son otras de las demandas históricas a las que da respuesta este acuerdo”.

El documento contempla igualmente la aplicación de medidas para “reforzar la conciliación, la igualdad y la protección retributiva en situaciones de maternidad, embarazo, nacimiento, cuidado de mayores dependientes, lactancia y contingencias profesionales”, evitando que el ejercicio de estos derechos “produzca pérdidas económicas”.

Los médicos, en el centro

Como ha explicado el titular de Sanidad, este acuerdo “nos permite ordenar prioridades, realizar los análisis previos necesarios y promover la implantación gradual de las medidas, garantizando su viabilidad, la adecuada cobertura asistencial y la sostenibilidad del sistema”. Un calendario de actuaciones que, ha dicho, “abordaremos desde la colaboración, el compromiso compartido y el diálogo constante”.

Para este fin, la Junta ha anunciado que se creará una comisión de seguimiento, con participación de ambas partes, en las que se evaluará periódicamente el grado de ejecución de los compromisos asumidos y en la que se podrán proponer las adaptaciones o ajustes o mejoras que resulten necesarios.

En suma, el vicepresidente ha mostrado, por último, su reconocimiento al Sindicato Médico Andaluz por su “voluntad para emprender junto al Gobierno andaluz un camino fundamental para reforzar la confianza en el sistema sanitario público de Andalucía, situando a los médicos en el centro y consolidando un modelo sanitario más sólido, atractivo y sostenible”.

La Audiencia de Granada ha acordado el archivo de la causa contra la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, por presunta prevaricación y acoso laboral durante su etapa de gestión en el hospital Virgen de las Nieves de Granada. El caso estaba relacionado con el proceso para cubrir una plaza de jefe de servicio.

En un auto fechado el 27 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la defensa de García Rescalvo y revoca la resolución del Juzgado de instrucción 9 de Granada que acordó procesarla por estos dos delitos, dejándola a las puertas del juicio. En su lugar, el tribunal granadino ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, resolución contra la que no cabe recurso y que por tanto ya es firme.

El asunto gira en torno al proceso de selección del jefe de Servicio de Urología del centro hospitalario --una plaza que fue desconvocada temporalmente en 2020 con motivo del covid-- y a varios expedientes disciplinarios abiertos contra el aspirante a esta plaza, que es quien llevó a los tribunales este asunto, según detallan a Europa Press fuentes del caso.

No aprecia delito alguno

La Audiencia de Granada no comparte las consideraciones del juez de instrucción que procesó a la nueva gerente del SAS por prevaricación y acoso laboral al entender que de las diligencias practicadas en la causa no permiten atribuirle la comisión de estos delitos.

La Sala incide en que el momento en que se produjo la retirada de la plaza a la que aspiraba el querellante fue “especialmente complejo desde la perspectiva de la gestión” debido a la crisis sanitaria de la Covid-19. Una “situación excepcional”, recuerda el tribunal, que dio lugar, tras un primer periodo de estado de alarma desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de dicho año, donde hubo suspensión de plazos administrativos, y a una segunda declaración de estado de alarma el 25 de octubre de 2020.

“De ahí pues que el dictado de la resolución que se dice prevaricadora cinco días antes de tal declaración, sin duda alguna refuerza la justificación ofrecida en la misma sobre un cambio sobrevenido de circunstancias que habría motivado la retirada de la plaza inicialmente convocada”, advierte la Audiencia Provincial.

No contravino la legalidad

A ello suma que las pruebas practicadas avalan las explicaciones ofrecidas por la entonces directora gerente del Virgen de las Nieves “tanto en relación al volcado de esfuerzos del centro hospitalario en la atención del Covid, como en cuanto a los hándicaps presupuestarios que presentaba la dotación de la plaza”.

De este modo, el tribunal señala que “aunque lo deseable” hubiese sido que la resolución dictada por García Rescalvo fuera más “exhaustiva” en cuanto a las motivaciones para suspender la plaza, ello no permite afirmar que contraviniera la legalidad, que ella la hubiera dictado sabiendo que era “contraria a derecho” o que su objetivo fuera hacer valer su voluntad particular.

Todo ello además teniendo en cuenta que el querellado se postuló al puesto una vez ya se había adoptado (aunque no publicado) la resolución “desconvocando” la plaza y de que la convocatoria de la nueva plaza era competencia de la Dirección General en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud y no de ella como directora gerente del Virgen de las Nieves de Granada.

Ni trato hostil ni vejatorio

También rechaza la Sección Segunda de la Audiencia de Granada que la actual gerente del SAS, que ha estado representada en este proceso por el letrado José Antonio Rodríguez Alaminos, pudiera incurrir en un delito de acoso laboral.

Y es que de las diligencias practicadas no se desprende “la existencia de un verdadero trato hostil o vejatorio” por parte de la entonces directora gerente del Virgen de las Nieves contra el querellante en el ámbito de su actividad laboral.

“Pero menos aún que la actuación de hostigamiento o humillación que se predica de aquella hubiese acontecido de forma reiterada o sistemática”, agrega el tribunal granadino.

El pasado 14 de mayo, tres días después de que el CEO de la productora de Canal Sur Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, fuera citado a declarar ante el juez como imputado por agresión y acoso sexual a una reportera, un alto cargo del Gobierno andaluz le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado.

Esa testigo “fundamental” para la acusación, que había sido su número dos en la empresa, le acababa de denunciar tras recibir un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes.

El alto cargo de la Junta de Andalucía que le dio el aviso fue Sergio Gómez Rojas, director gerente de la empresa de Telecomunicaciones Sandetel (adscrita a la Consejería de Industria) y, a la sazón, presidente del Consejo de Administración de ADM. El Gobierno andaluz, a través de Sandetel, es el accionista mayoritario de la productora (con un 47,8% de participación), referente en el sector audiovisual andaluz y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

La llamada de este alto cargo de la Consejería de Industria permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa en el caso de delitos sexuales por el que está siendo investigado en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, el ex CEO de ADM acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia' para defenderse, asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que el 14 de mayo había recibido una llamada del presidente de su compañía [Gómez Rojas] para ponerle sobreaviso de una segunda denuncia contra él: la de una antigua directiva de la productora, testigo clave en su procedimiento judicial, acusándole de haberle enviado un “mensaje amenazante”, según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes judiciales.

Este periódico se ha puesto en contacto reiteradamente con el director gerente de Sandetel y presidente de ADM y le ha trasladado una serie de preguntas que ha eludido responder. La primera: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género [Fuentes está imputado desde el 25 de marzo] a raiz de la denuncia de una trabajadora por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” [la denuncia es del pasado enero].

Y la segunda: si el pasado 14 de mayo, cuando alertó a Gustavo Fuentes de que la testigo clave del caso acababa de denunciarle a la Policía por supuestas amenazas y coacciones, conocía ya su imputación.

La 'contradenuncia' antes que la denuncia

Es importante el momento en que Gómez Rojas puso en alerta al CEO de la productora sobre la existencia de una segunda denuncia contra él, vinculada al caso por el que está siendo investigado, porque la denuncia de Gustavo Fuentes sobre el supuesto “hackeo” de su móvil llegó al Juzgado de Violencia de Género 5 “antes” que la propia denuncia de la testigo clave contra él por coacción y amenazas.

Es decir, el acusado se anticipó a la acusación de la testigo, dejando constancia por escrito ante el juez de que el presidente de su productora y alto cargo del Gobierno andaluz le había advertido de antemano de que era objeto de una segunda denuncia, esta vez por coacciones a la testigo “fundamental” de la causa contra él por delitos sexuales a una reportera.

En la comunicación que dirige al juez del caso, Gustavo Fuentes aseguró que llevaba mucho tiempo sin ponerse en contacto con la que fuera su número dos en la compañía, y explicó que, al revisar sus redes sociales, se dio cuenta de que a través de su cuenta de Instagram se había remitido, sin su conocimiento, un reel/video a la testigo. Según su versión, ni siquiera abrió el enlace del vídeo, no conocía, por tanto, su contenido, y en ningún caso había sido él quien lo había enviado.

Ante el temor de que pudieran haber “hackeado” su terminal móvil, donde tiene las aplicaciones de redes sociales, el exCEO de la productora de Canal Sur se personó en una comisaría de Policía para interponer una denuncia. Con esa denuncia, Fuentes también se apresura a explicar al juez que las claves de acceso a sus dispositivos y aplicaciones, incluida Instagram, están alojadas en la nube de la empresa, y sugiere que algún trabajador ha podido usar esas contraseñas para enviar el mensaje amenazante.

El investigado ha aportado a la causa un certificado de su empresa, firmado por el director técnico David Pérez, para acreditar que las contraseñas de su móvil estaban en un fichero alojado en un servidor corporativo de la empresa, incluidas las claves de acceso a su portátil, entregadas por él mismo a algunos técnicos para resolver posibles incidencias. El propio Pérez ha confirmado a este periódico que firmó ese certificado, aportando el nombre y apellidos de cinco técnicos de ADM que tuvieron acceso a ese fichero, tres siguen en la productora y otros dos ya no.

David Pérez, el técnico que firma ese certificado para corroborar la 'contradenuncia' de Gustavo Fuentes, tiene el papel más atípico de la compañía: es directivo y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de ADM en Málaga. En teoría, su firma avala tanto a la dirección de la empresa como a la plantilla.

Pérez no pertenece a ningún sindicato, se postuló a unas elecciones internas, en 2017, como “independiente”. Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”.

El ex CEO de la compañía, de hecho, se ha apoyado en un certificado firmado por él, en calidad de director técnico de la empresa, para defenderse de sus acusaciones, señalando a otros trabajadores y extrabajadores de la productora como hipotéticos responsables de haber enviado ese vídeo amenazante a la víctima desde su cuenta de Instagram.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar en calidad de imputado por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de su empresa el pasado 11 de mayo, siete días antes de las elecciones andaluzas. El ya ex CEO de la productora ADM, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía, cambió de abogado tres días antes, logrando aplazar su declaración ante el juez de Violencia de Género número 5 de Sevilla, que instruye el caso, y la de dos testigos citados por el magistrado para corroborar la versión de la denunciante.

Una de esas testigos tiene un papel “fundamental” para la acusación, porque durante dos años fue la número dos de Gustavo Fuentes en la productora, con su despacho adjunto al del director gerente de la empresa. Ese mismo día 11, ya por la tarde, la testigo recibió un mensaje privado de su ex jefe a través de la red social Instagram: un enlace de vídeo en la que se escucha lo siguiente: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La testigo acudió a una comisaría de Policía en Sevilla para interponer una denuncia por “amenazas” y posible “coacción” de Gustavo Fuentes, contra quién debía declarar en un Juzgado de Violencia de Género ese mismo día, antes de que se aplazaran las declaraciones de ambos. Una vez interpuesta la denuncia ante la Policía, la abogada de la testigo se la remitió al juez titular que investiga la denuncia de la reportera contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur por varios delitos sexuales.

Sin embargo, el juez Francisco José de Córdoba recibió las alegaciones de Fuentes a esta denuncia por amenazas antes que la denuncia contra él de la testigo por supuestas coacciones en esta causa. El magistrado decidió no incluir esa denuncia de la testigo como parte de la investigación contra Gustavo Fuentes, aunque ésta podría dirimirse en otro juzgado de instrucción.

Paradela, Sanz y el silencio del Gobierno andaluz

La llamada que hizo el presidente de ADM y alto cargo de la Consejería de Industria a Gustavo Fuentes el pasado 14 de mayo compromete la versión que, hasta hoy, ha dado el Gobierno de Juanma Moreno sobre este asunto. El pasado 10 de junio, tras publicarse la noticia en elDiario.es, la portavoz de la Junta, Carolina España, no supo aclarar desde cuándo sabía que el CEO de la principal productora de Canal Sur estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales.

España no ofreció una respuesta, pero dejó la pelota sobre el tejado de los dos consejeros que tienen competencia directa en este asunto, el titular de Presidencia, Antonio Sanz (de quien depende la RTVA), y el de Industria, Jorge Paradela (de quien depende Sandetel, la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y, en última instancia, ADM).

A preguntas de los periodistas, durante un acto público en Jaén, Paradela aseguró que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, dijo. El cese definitivo de Gustavo Fuentes se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio, una semana después de que elDiario.es revelase que llevaba casi dos meses siendo investigado por la Justicia por agresiones sexuales.

Sanz, en cambio, apenas ha dado explicaciones públicas sobre este tema. El hoy vicepresidente primero de la Junta y consejero de la Presidencia fue el gran padrino político de Gustavo Fuentes. En 2023 allanó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el propio consejero de la Presidencia, y del que fue destituido nada más revelarse su imputación.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirmaron una decena de trabajadores de la empresa.

La Junta de Andalucía ha denunciado a la Policía Nacional un posible hackeo que podría haber afectado al sistema de información de la Consejería de Educación, Séneca, en donde se contienen los datos personales de alumnado y profesorado de la comunidad. Un hecho que ya investiga el Centro de Ciberseguridad de la Junta y que, también, se ha comunicado a la autoridad competente en protección de datos.

La Junta traslada en un comunicado remitido este sábado que se ha detectado un posible acceso no autorizado al identificador de usuario IdEA de algunos profesores, por lo que se podría haber accedido a sus cuentas y, por tanto, a ciertos datos de carácter confidencial.

Entre las hipótesis, se baraja que podría haber sido un ataque con un malware al ordenador de un usuario. Una vez detectado este falla, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ha activado el protocolo de coordinación con la Agencia Digital de Andalucía (ADA), en estrecha colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CNN).

Continúa el funcionamiento de 'Séneca'

Como medida preventiva, se han generado nuevas contraseñas para todos los profesionales usuarios en Séneca y prevenir así posibles accesos ilegítimos o intentos de suplantación de identidad. También, la Junta traslada que se está realizando un seguimiento continuo de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa. Mientras, la plataforma Séneca sigue funcionando “con total normalidad y puede seguir utilizándose por sus usuarios”.

Asimismo, la Junta recomienda cambiar todas las claves de cuentas almacenadas en gestores de contraseñas vinculadas al usuario IdEA, “cuyo uso debe limitarse a fines educativos”. A ello, ha añadido que “es aconsejable extremar la precaución” cuando se acceda a estas aplicaciones desde fuera del entorno de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía con una red abierta y equipos personales.

El 1 de julio de 2021, la Sierra de las Nieves entró en un club reservado a apenas 16 espacios naturales de todo el país. La declaración como parque nacional convirtió a este enclave malagueño en la tercera joya de la máxima protección ambiental en Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada, y situó al mayor pinsapar de la península ibérica bajo un nuevo paraguas de conservación. Cinco años después, ese reconocimiento se traduce en más de 25 millones de euros de inversión, nuevas infraestructuras, más investigación y una creciente proyección turística, pero también en nuevos desafíos para preservar uno de los ecosistemas más singulares del Mediterráneo.

“Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero la mala suerte o un despiste te lo puede quemar en tres horas”, recuerda el director del parque, Rafael Haro. Su reflexión explica por sí sola el momento que atraviesa la Sierra de las Nieves: consolidada como referente ambiental y orgullosa de haber dado el salto a la élite de la conservación española, pero todavía inmersa en la construcción de un proyecto que encara retos como el cambio climático, el riesgo creciente de grandes incendios, la falta de personal y la necesidad de seguir compatibilizando la protección del territorio con un turismo sostenible y el desarrollo de los municipios de su entorno.

La declaración como parque nacional supuso un punto de inflexión para un espacio que ya acumulaba décadas de figuras de protección -parque natural desde 1989, Reserva de la Biosfera desde 1995 o zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000-, pero que hasta entonces no había contado con el respaldo económico ni el reconocimiento que otorga la máxima categoría de protección ambiental en España.

Un lustro de desarrollo

Desde 2021, las distintas administraciones han movilizado 25,74 millones de euros para actuaciones de conservación, mejora de infraestructuras, uso público o dinamización socioeconómica, de los que 16,5 millones proceden directamente de la Junta de Andalucía. Entre las principales inversiones destacan el nuevo centro de visitantes de Conejeras, que abrirá próximamente sus puertas tras una inversión superior a los cuatro millones de euros, la nueva base del Plan Infoca en Istán, trabajos de mejora forestal y restauración de hábitats o proyectos de sostenibilidad turística impulsados por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves.

Haro admite que el salto respecto a la etapa anterior ha sido “impresionante”. “En estos cinco años se han invertido más de 25 millones de euros. Una cosa absolutamente impensable cuando éramos parque natural”, explica. A su juicio, la principal diferencia no reside únicamente en el dinero recibido, sino en el lugar que ahora ocupa la Sierra de las Nieves dentro de la conservación española. “Somos 16 parques nacionales. La forma en que nos mira el Gobierno central, la Junta o la propia sociedad es distinta. Hemos conseguido entrar en la joya de la corona de los espacios naturales”.

Ese nuevo estatus también empieza a notarse fuera de los despachos. Aunque el director reconoce que todavía es pronto para medir el impacto económico del parque, asegura que el interés por conocer la Sierra de las Nieves no ha dejado de crecer. “Todo el mundo quiere conocer la joya de la corona. A nivel turístico ya se va notando, pero no podemos pretender que de la noche a la mañana esto se triplique o se cuadruplique. Todo necesita su tiempo”.

El pinsapo, la gran bandera de la sierra

Si existe un símbolo que explica por qué la Sierra de las Nieves terminó convirtiéndose en parque nacional, ese es el pinsapo. La sierra malagueña alberga alrededor de 2.000 hectáreas de esta reliquia botánica exclusiva del sur peninsular, la mayor superficie continua existente, una circunstancia que terminó inclinando la balanza para incorporar este sistema natural -hasta entonces ausente en la Red de Parques Nacionales- a la máxima figura de protección. “El pinsapo ha sido, es y será siempre la estrella del parque”, cuenta Haro.

Durante estos cinco años, buena parte de los esfuerzos se han centrado precisamente en mejorar el estado de conservación de estos bosques. Además de tratamientos selvícolas o actuaciones para favorecer la regeneración natural, el parque desarrolla actualmente un proyecto de 1,7 millones de euros destinado a retirar antiguos vallados de protección que ya han dejado de ser necesarios. “Hace décadas se instalaron para proteger la regeneración frente al pastoreo. Ahora esas plantas ya han salido adelante y estamos retirando alambradas, postes y plásticos. Es una mejora ambiental impresionante porque favorece la conectividad de la fauna y mejora muchísimo el paisaje”, explica.

A ello se suman otros proyectos destinados a naturalizar antiguas repoblaciones forestales, restaurar hábitats o mejorar enclaves de alta montaña como el Quejigal de Tolox, además del impulso que ha supuesto la incorporación a la Red de Parques Nacionales para la investigación científica sobre los procesos ecológicos del espacio protegido.

El fuego, el enemigo permanente

Pero si existe una amenaza que concentra buena parte de los esfuerzos de gestión, esa sigue siendo el fuego. El cambio climático, unido al progresivo abandono de los usos tradicionales del monte, ha incrementado la cantidad de combustible acumulado en buena parte de las sierras mediterráneas. Para Haro, ese fenómeno explica por qué los incendios forestales actuales son cada vez más difíciles de controlar. “Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero una mala suerte, un despiste o una mala intención te lo puede quemar en tres horas”, advierte.

El director recuerda que el abandono progresivo de actividades como la ganadería extensiva o determinados aprovechamientos forestales ha permitido que el monte gane densidad de forma constante. “El monte sigue creciendo”, recuerda. Esa acumulación de biomasa, añade, convierte cualquier incendio en un potencial episodio de enorme intensidad, como ocurrió hace apenas unos años en Sierra Bermeja.

Para tratar de reducir ese riesgo, el parque ejecuta cada año tratamientos preventivos en las zonas consideradas más sensibles: limpieza de cortafuegos, desbroces, clareos forestales o eliminación de combustible vegetal. Sin embargo, Haro reconoce que las limitaciones presupuestarias impiden actuar simultáneamente sobre todo el territorio. “Quisiéramos limpiar todos los caminos todos los años, pero eso es inviable. Vamos actuando por prioridades y rotando las actuaciones según la disponibilidad económica”.

Las lluvias torrenciales registradas el pasado invierno también obligaron a destinar más de un millón de euros adicionales a reparar caminos e infraestructuras dañadas por las borrascas, una inversión extraordinaria que ilustra cómo los fenómenos meteorológicos extremos empiezan a condicionar también la gestión cotidiana del parque.

Un plan para el futuro

Cinco años después de la declaración, la Sierra de las Nieves sigue siendo, en cierto modo, un parque en construcción. Uno de los grandes objetivos inmediatos pasa por culminar la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que regulará desde los usos permitidos hasta la conservación de los recursos naturales o las actividades económicas compatibles con el espacio protegido.

“Nunca vamos a tener a todo el mundo contento”, reconoce Haro. “Pero es fundamental que ese plan salga con el mayor consenso posible y que los municipios se sientan partícipes”. El director insiste en que la declaración como parque nacional no debe entenderse como una limitación para los pueblos del entorno, sino como una oportunidad para generar empleo ligado a un modelo de turismo sostenible, similar al desarrollado en otros parques nacionales españoles.

“No buscamos un turismo masivo”, aclara. “Queremos un turismo que venga a disfrutar del parque, que genere riqueza en los municipios, que cree empleo y que siempre tenga como prioridad la conservación. Si no conservamos lo que tenemos, acabaríamos matando la gallina de los huevos de oro”. Pese al balance positivo, Haro no oculta que aún quedan asignaturas pendientes. Además de culminar la apertura del centro de visitantes y seguir mejorando infraestructuras, admite que el parque continúa funcionando con necesidades de personal, medios materiales y financiación. “Hemos hecho una bestialidad en estos cinco años”, concluye. “Pero falta más. Estamos todavía en cuadro de personal, de material y de inversiones. No podemos perder la ambición”.

La oposición ha salido en tromba este viernes a pedir explicaciones sobre las tres horas que tardó la Junta de Andalucía en activar el plan de evacuación en el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó 13 muertos y 5.200 hectáreas calcinadas. Un informe de la Guardia Civil, realizado a petición del Ministerio del Interior, establece que el Gobierno andaluz activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del pasado 9 de julio, tres horas más tarde de los primeros desalojos que realizaron los propios alcaldes.

La información, adelantada por El Correo, establece una cronología preliminar sobre lo acaecido en el ya es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía, en la que también se registra que el Puesto de Mando Avanzado se constituyó entre las 20.00 y 20.30, en la base de bomberos de Turre. El Plan Infoca establece que el nivel 0 procede cuando los incendios no suponen ningún peligro para las personas ajenas a las tareas de extinción o para los bienes distintos a los forestales, mientras que la Situación Operativa 1 se activa cuando se exigen medidas especiales para proteger a las personas y a los bienes amenazados.

A las 19.37 horas ya se habían producido varios desalojos que afectaban a alrededor de unas 50 personas que se reubicaron en distintos complejos. No obstante, la Consejería de Presidencia sostiene que durante esas tres horas ya estaba activado el plan de preemergencia, donde se permite adoptar desalojos preventivos.

Tanto el PSOE, como Adelante Andalucía y Por Andalucía registrarán una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el incendio declarado en Los Gallardos ante el “mar de dudas” y los distintos “puntos negros” que, considera la oposición, hay que despejar.

“Tres horas de vacío”

Así lo ha trasladado Mario Jiménez, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, en una rueda de prensa convocada este viernes en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha transmitido que la comparecencia en el Parlamento autonómico de ayer de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, dejó “un abanido de dudas y sospechas” sobre la gestión de la emergencia.

Desde el PSOE-A se preguntan “cómo es posible” que “un incendio del que se tiene conocimiento a las 16.30 horas de la tarde, y que desde el primer minuto produjo desalojos”, no fuera “hasta las 19.37 horas”, es decir, hasta “más de tres horas” después, cuando desde la Junta se acordó “la declaración del nivel 1 en la situación operativa del plan de emergencia”, la propia ante un incendio que supone “una amenaza a la integridad y a la vida de las personas”.

El representante socialista ha remarcado que “tres horas en un incendio es una auténtica eternidad”, y desde el PSOE-A temen que en ese lapso de tiempo las decisiones que se tomaron “pudieron condicionar situaciones de peligro real para la población”, y que pudieron “haberse sentado las bases de una respuesta no diligente” o “negligente por parte del operativo de emergencia, de sus responsables políticos, que al final determinaran la situación que dio lugar al terrible balance en términos de vidas, de bienes materiales y de patrimonio forestal” que ha arrojado este incendio.

Además, se preguntan “quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas de vacío, quién estuvo dando instrucciones a los responsables locales, que solamente pueden operar bajo la coordinación, la supervisión y las instrucciones de la autoridad sustantiva en materia de emergencia, que es la Junta”, comparándolo con la gestión de la 'dana' de la Comunidad Valenciana del año 2024.

Llamamiento al apoyo a la comisión de investigación

A su vez, Jiménez ha criticado que Moreno no siguiera este jueves toda la comparecencia de Sanz en el Parlamento, y ha llamado la atención sobre el relevo al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, para la que se ha nombrado esta semana a Francisco Góngora en sustitución de Aránzazu Martín, y se ha preguntado si tiene que ver con la gestión al menos “no diligente” de la Junta sobre este incendio.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha subrayado que “hay 13 personas fallecidas, y creemos que se lo merecen ellos y sus familias”. Por tanto, ha realizado “un llamamiento” a todas las fuerzas políticas para apoyar la comisión de investigación, y se ha dirigido expresamente al PP y a Vox, desde la premisa de que, “cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que se investigue”, ha zanjado.

Asimismo, Antonio Maíllo, portavoz del grupo Por Andalucía, ha señalado que Antonio Sanz no dio respuesta en su comparecencia “a las preguntas” que hicieron “los grupos de la oposición, también Por Andalucía, sobre la concreción de los hechos” y “la ralentización y lentitud en la respuesta desde la Delegación del Gobierno” andaluz en Almería.

En este sentido, ha apuntado que Sanz demostró en su comparecencia que se sentía “acorralado” y “nervioso porque sabe que ha habido errores en la gestión”, y le ha afeado que “respondió con zafiedad y fuera de tono” en su réplica a los grupos de la oposición “en lugar de haber respondido a las preguntas” que le formularon, que quedaron “sin respuesta”, según ha advertido Antonio Maíllo. “Tres horas de diferencia que hubo entre que la gente empezó ya a evacuarse de sus pueblos y la alerta que se dio tres horas más tarde”, ha aseverado.

Las universidades públicas andaluzas han confirmado que el sistema en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, certificando así la entrada en un escenario de déficit estructural que los rectores venían advirtiendo desde hace dos años. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido con el modelo de financiación”, defiende el portavoz de las universidades públicas, Francisco Oliva, que lleva desde 2024 denunciando el “incumplimiento reiterado” de los acuerdos alcanzados por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Tras hacer público el balance definitivo de las cuentas de 2025, los rectores han vuelto a reclamar una solución “urgente” para evitar que el desequilibrio se agrave en 2026. Las esperanzas están puestas ahora en el dictamen que salga de la comisión técnica constituida junto con la Consejería del ramo para determinar la “infrafinanciación” real del sistema y fijar las cantidades que corresponden a las universidades conforme al modelo de financiación antes de la elaboración de los presupuestos de 2027.

“Ya no hablamos de una negociación política sobre cuánto dinero se da o no a las universidades, lo que se está analizando es cuál es la estructura real de gasto y cuál es la diferencia entre lo que pagamos y lo que se nos financia para cumplir el modelo”, explica Oliva. Por el momento, este camino entierra la vía judicial que los rectores barajaron emprender hace dos años, cuando amenazaron con acudir a los tribunales por el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la Junta de Andalucía en 2023.

Ahora las universidades públicas andaluzas confían en el “compromiso” que les ha trasladado el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, tras la primera reunión mantenida recientemente con el portavoz de los rectores. “Reconoce el problema y también está esperando los resultados de la comisión técnica”, traslada Francisco Oliva. El objetivo es que ese trabajo concluya entre finales de septiembre y principios de octubre. La fecha es importante porque permitirá que las universidades elaboren los presupuestos de 2027 sin reproducir el desequilibrio de los últimos ejercicios.

“Borrón y cuenta nueva”

Los rectores se muestran así confiados en que la Junta acate las resoluciones de la comisión: “Tienen que aceptarse sí o sí, es inimaginable plantear el escenario de que la Junta reconozca la deuda y no haga nada”, apostilla el también rector de la Universidad Pablo de Olavide.

“Si sale bien la comisión, querrá decir que se nos va a pagar a las universidades lo que se nos debe según el modelo de financiación, que dice que se nos tienen que pagar unas cantidades y no se nos está pagando”, recuerda Oliva, quien resume la situación con estas palabras: “Nueve universidades públicas están en déficit, esto quiere decir que es culpa de la infrafinanciación que llevamos dos años anunciando, pero no se nos escuchó”.

El déficit, subrayan los rectores, refleja que los ingresos que reciben las universidades se sitúan ya por debajo de sus gastos estructurales, especialmente en el capítulo 1 destinado a las nóminas del personal y el 2, relativo a las contratas (luz, limpieza o seguridad de los campus). Una situación que, advierten, dificulta no solo el desarrollo de proyectos estratégicos, sino que amenaza incluso la capacidad de atender con normalidad las obligaciones más básicas si se mantiene en el tiempo. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido el modelo de financiación”, sostiene el portavoz de AUPA.

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Pese a la “gravedad” de la situación, los rectores creen que la constitución de la comisión técnica abre una oportunidad para reconducir el conflicto con la Junta. “Queremos hacer borrón y cuenta nueva, resolver correctamente los pagos de 2025, 2026 y 2027”, expresa el representante de los rectores andaluces.

Hasta entonces, las universidades mantienen la alerta: el déficit previsto para 2026 será aún mayor si no se corrige la infrafinanciación. “Es imprescindible que la Junta intervenga inmediatamente”, concluyen desde AUPA, confiados en que el dictamen de la comisión técnica sirva para zanjar definitivamente las discrepancias sobre la financiación del sistema universitario andaluz.

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este miércoles, 22 de julio, los nombramientos de sus delegados en las ocho provincias, con cambios en las de Almería, Huelva y Jaén. En estas provincias asumirán el cargo, respectivamente, el hasta ahora alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la secretaria general del PP provincial de Huelva, Berta Centeno, y el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez.

Entre la nueva tanda de nombramientos está también el de Sofía Rull Rodríguez como nueva interventora general de la Junta de Andalucía, responsabilidad que ejercía Miguel Ángel Figueroa hasta su dimisión el pasado mes de junio por su vinculación con el caso Leire, una causa por la que finalmente ha sido imputado. Por su parte, el que fuera portavoz parlamentario de Ciudadanos en Andalucía entre 2019 y 2022, Sergio Romero Jiménez, ha sido designado como director general de Consumo, con lo que dejará el cargo de coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Cádiz para el que fue elegido en 2022.

Los nombramientos los ha anunciado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, en la que ha confirmado que –al margen de Almería, Huelva y Jaén– como delegados de la Junta en las restantes cinco provincias andaluzas continuarán quienes ya ocupaban esa responsabilidad al finalizar la anterior legislatura. Se trata de Mercedes Colombo en Cádiz, de Adolfo Molina en Córdoba, de Antonio Jesús Granados en Granada, de Patricia Navarro en Málaga y de Ricardo Sánchez en Sevilla.

Con su nombramiento como delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora tendrá que dejar la alcaldía de El Ejido por incompatibilidad con su nueva responsabilidad, al igual que Berta Centeno y Erik Domínguez tendrán que renunciar a sus escaños en el Parlamento andaluz que revalidaron en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Francisco Góngora releva como delegado de la Junta en Almería a Aránzazu Martín, mientras que Berta Centeno sustituye en Huelva a José Manuel Correa, y Erik Domínguez a Jesús Estrella. A éste le había sustituido en funciones Ana Mata para presentarse como candidato del PP por la provincia de Jaén a las pasadas elecciones autonómicas, por la que ha obtenido escaño en el Parlamento.

A estos nombramientos hay que sumar el de Francisco Javier Ros Rodríguez como subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, que también se ha ratificado este miércoles. La vicepresidenta y consejera portavoz de la Junta ha trasladado su “más sincera enhorabuena” a los delegados y el “deseo de que acierten en sus decisiones”, porque con ellas “ganarán las ocho provincias andaluzas”, según ha subrayado.

Interventora del cuerpo de gestión

Por lo que respecta a la nueva interventora general, Sofía Rull Rodríguez como nueva Interventora general de la Junta, se trata de una funcionaria del cuerpo de gestión. Nacida en Sevilla en 1977, es licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y actualmente cursa grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED.

Funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía desde el año 2008, ha formado parte del Cuerpo de Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Consejo Económico y Social de España (donde ha sido responsable de personal) y también parte del departamento de Asuntos Económicos, así como del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta en la especialidad de gestión financiera.

Entre los nombramientos figuran tres vinculados a la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que dirige Manuel Gavira (Vox), como el de Manuel Alejandro Lara León como nuevo secretario general para el Turismo, además de los de María José Cañizares como secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración, y de Cristina Alejandra Jiménez como secretaria general de Administración Local.

SAS, Agricultura y Empleo

Por otro lado, también se ha formalizado el nombramiento ya anunciado de María de los Ángeles García Rescalvo como nueva directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). También en el ámbito sanitario, Antonio Luis Cansino Osuna ha sido designado como director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud.

En cuanto a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se ha aprobado el nombramiento de María Luisa López Cánovas como secretaria general de Aguas, y de Ana Delgado Morgado como secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Por último, en el ámbito de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se ha aprobado el nombramiento de Cristina Amador Naranjo como secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha definido este martes a Rafael Sánchez Saus como “el mejor viceconsejero que hay en el Gobierno de Andalucía”, y ha minimizado el que pudiera haber simpatizado con la Falange Española “en su juventud”, desde la premisa de que no le importa ni le preocupa “lo que pensara” entonces, sino lo que piensa “ahora”.

Así lo ha manifestado Manuel Gavira en una entrevista en Canal Sur Televisión seguida por Europa Press, y en respuesta a la pregunta de si sabía que el recién nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local “había militado en Falange”.

El vicepresidente segundo y consejero de dichas competencias en el Gobierno de Juanma Moreno ha respondido que él conoce a Rafael Sánchez Saus “desde hace muchos años”, y está “muy contento y muy agradecido” con que el también catedrático de Historia y exrector de la Universidad CEU San Pablo forme parte del nuevo Gobierno andaluz.

“La verdad es que a mí ni me preocupa ni me importa lo que pensara el señor Rafael Sánchez Saus en su juventud. Sé lo que piensa ahora, y sé el problema que tenemos en nuestra nación”, que “no es lo que pensara una persona hace 50 años”, ha añadido Gavira.

El vicepresidente del Gobierno andaluz en representación de Vox ha agregado que “el problema” que sufre actualmente España tiene que ver con “los casos de corrupción a nivel nacional” que se van conociendo, y ha incidido en defender que “eso es lo importante”, y no hablar “de lo que pensaba uno hace 50 años”.

Además, Gavira ha opinado que “todos los andaluces antes pensaban una cosa, y han madurado, han evolucionado y han crecido, y ahora piensan de otra manera o pueden pensar de otra manera”. “Pues eso es lo que se da aquí”, ha añadido en relación a Sánchez Saus y antes de concluir afirmando que está “encantado”, porque quiere contar con “los mejores”, y cree que tiene en dicho catedrático “al mejor viceconsejero que hay en el Gobierno de Andalucía”, según ha finalizado el vicepresidente segundo.

Elogios a Primo de Rivera

ElDiario.es Andalucía desveló la pasada semana el pasado falangista de Sánchez Saus. El nuevo viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, nombrado directamente por Gavira, fue candidato a la Jefatura Nacional de Falange Española de las J.O.N.S. en el Consejo Nacional del partido celebrado el 4 de julio de 1987. Es autor de múltiples libros, artículos y conferencias trufadas de referencias elogiosas a la figura de José Antonio Primo de Rivera.

En una respuesta ofrecida a este diario, Sánchez Saus explicó que “nunca ha renegado” de su pasado falangista, pero insiste en que “no tiene influencia sobre mi pensamiento actual”, y apostilló: “Yo puedo seguir admirando la figura de José Antonio Primo de Rivera, pero para nada me considero ya un falangista”.

La revelación del pasado falangista de Sánchez Saus motivó la exigencia de dimisión por parte de Adelante Andalucía, que señaló que era un “fascista con carné de fascista”. También el PSOE criticó el nombramiento. “¿De qué caverna ha salido esta gente, a qué siglo pretende llevarnos?”, se preguntó María Márquez, portavoz parlamentaria de los socialistas. Moreno dijo desconocer este capítulo de la vida del nuevo viceconsejero, pero avaló su designación subrayando que tiene un “currículum brillante”.

Sánchez Saus es doctor en Historia por la Complutense, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, exrector de la Universidad CEU San Pablo (de la que sigue siendo rector honorario); consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia Hispano Americana de Cádiz y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, así como autor de más de 20 libros.

En septiembre de 2010, durante la gala de presentación de la nueva programación de Giralda Televisión y en presencia de trabajadores y directivos de la cadena local de Sevilla, Gustavo Fuentes “extendió un cheque de 500 euros” a nombre de una joven periodista allí presente: “Ella es mía y vale mucho. Si no le pagáis la gala, se la pago yo”.

La denuncia que interpuso, 15 años después, aquella joven contra su jefe por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral arranca con aquel primer episodio “especialmente humillante”, que “sentó las bases de una dinámica de poder y control que se prolongaría en el tiempo hasta hacerse insoportable y llegar al extremo de socavar por completo su integridad física y psíquica”.

Gustavo Fuentes, ex director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), comparece este martes ante un juez de violencia de género de Sevilla imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

“La única tía que me ha hecho la cobra”

“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”, le dijo tras intentar besarla a la fuerza aquella primera vez, en 2013, según consta en la denuncia. Otros momentos descritos ocurrieron en presencia de testigos que aparecen, con nombres y apellidos, y pueden ser citados por el juez. En una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur, Fuentes “se jactaba ante otros directivos y compañeros” de que [la víctima] era “la única mujer que se me ha resistido”, “la única tía que me ha hecho la cobra”, comentarios que ella tilda de “vejación sexual, humillación constante y degradación”, por hacerlos además “con carácter público”.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio, pero la denuncia de la reportera se registró en enero, la apertura de diligencias es de febrero y la citación judicial como imputado es del 25 de marzo, el mismo día que tomó declaración a la víctima. Hasta que se hizo público, Gustavo Fuentes tenía una de las mejores huellas digitales del sector audiovisual andaluz y nacional: aparecía en docenas de entrevistas como un “visionario” del mundo audiovisual, preconizando el futuro de la televisión, el cine y las plataformas de streaming; reconocido por liderar alianzas de la industria andaluza con los gigantes del sector, como Netflix o Movistar.

“Gustavo Fuentes, el Messi sevillano tras las cámaras”, rezaba el titular de un perfil en el medio Extradigital, en noviembre de 2023, con una foto suya junto al director general de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado. En 2023, el Gobierno de Juanma Moreno facilitó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su confianza.

“Organizaba eventos y fiestas muy vistosas, traía a gente muy potente y proyectaba una Andalucía moderna, de cine. A él le gustaba rodearse de la gente que manda y hacer ostentación de su cercanía con el poder. Pero él mandaba mucho y a los políticos les encantaba verse en sus saraos”, dice hoy uno de sus estrechos colaboradores. Ese estatus de Gustavo Fuentes es el telón de fondo tras las agresiones y las situaciones de acoso sexual y laboral que describe la denuncia. “Es preciso tomar consciencia de su posición de poder, no sólo en el sector audiovisual andaluz, sino incluso en esferas políticas institucionales de la comunidad autónoma”, subraya el texto de forma insistente.

El hoy vicepresidente primero de la Junta es el gran protagonista del álbum de fotos de Gustavo Fuentes, donde aparece prácticamente todo el Consejo de Gobierno y el staff de la RTVA. “Está muy bien relacionado dentro del sector, pero sobre todo con la cúpula de la Junta, del PP andaluz y de la dirección de la RTVA”, explican fuentes del ente público.

La reportera que terminó denunciando a su jefe en los tribunales, junto a otras cinco trabajadoras de la misma productora, habían pedido amparo seis meses antes a CCOO, describiendo al detalle las agresiones y situaciones de acoso. La denuncia muestra cómo, de manera insistente, trata de justificar el no haber sido capaz de denunciar antes a Gustavo Fuentes por miedo, no sólo a perder su empleo, sino a que su jefe usara sus contactos para ahogar cualquier posibilidad de encontrar trabajo en el muy atomizado sector audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”.

“El director general de ADM no actúa únicamente como superior jerárquico interno, sino como máximo responsable de una de las escasas estructuras empresariales con verdadera capacidad de absorción de empleo, producción y continuidad profesional en el audiovisual andaluz, así como de los empresarios más influyentes de todo el sector”, advierte la denuncia.

En las quinielas para entrar en el Gobierno andaluz

El pasado 7 de junio, dos días antes de revelar la imputación del CEO de ADM por delitos sexuales, en el entorno del presidente Juanma Moreno situaban al “superproductor” en las quinielas para dirigir la RTVA, sustituyendo a Mellado, e incluso como consejero de la nueva cartera de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital.

18 horas después de publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aprobó la “suspensión temporal” de todas sus funciones. A la mañana siguiente, se informó internamente a los directivos de la productora de que Gustavo Fuentes “no iba a volver”, y que su cese era “definitivo e irrevocable”. El terremoto que provocaron los detalles más escabrosos de la denuncia de la reportera cimbrearon los cimientos del Gobierno de Moreno, copropietario de la productora ADM (con un 48% de participación), y de Canal Sur, su principal proveedor (con una facturación anual en torno a los cinco millones de euros).

“Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, había explicado el propio Fuentes a este periódico, el día antes de publicarse la noticia. Tras esa llamada, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación, que remite a otras denuncias y acuerdos prejudiciales por acoso laboral en la productora.

“Reserva para unos mimos; tengo ganas de ti”

El juez Francisco José de Córdoba, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla (de reciente creación), ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Este martes ha citado primero a dos testigos propuestas por la víctima: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Luego tendrá que declarar Fuentes, en presencia de su abogado, el de la acusación y de la Fiscalía, que aún no ha ejercido ninguna actuación relevante en este procedimiento.

El acusado se enfrenta también a sus propios mensajes de WhatsApp, los que envió a la reportera con insistentes propuestas de encuentros privados, y que ella han sido “validados” como prueba de la acusación por el juez: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Reserva para unos mimos”; “Tú me debes una noche loca”; “Lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”; “Bueno, si tú te vienes, a ver si te dejo irte otra vez jajaja”.

La víctima ya declaró ante el juez para explicar la situación de “sometimiento” que sufría y que “se retroalimentaba constantemente de la relación de jerarquía respecto del denunciado”. “La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional, la única opción posible es intentar evitarlo, siendo ello imposible por la propia naturaleza laboral jerárquica existente”, subraya la denuncia, que describe una “situación cronificada de acoso” que empujó a la víctima a un “cuadro depresivo” del que aún se está recuperando.

La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. De aquel primer comentario “humillante” (“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”) al acoso laboral descrito, cuando el CEO de la productora sabe que ha empezado una relación sentimental con un cámara de su propia empresa (“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”), que consta en una de las declaraciones juradas.

Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Esos años en los que compartió un espacio de trabajo con su jefe sin denunciarlo parecen obligarla a justificarse una y otra vez en la denuncia, tratando desesperadamente de explicar que si respondía a aquellos mensajes con “cortesía forzada” a su superior jerárquico no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye la denuncia.

“Primera noticia”. Fuentes próximas al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguran que el jefe del Ejecutivo andaluz desconocía el pasado falangista de Rafael Sánchez Saus cuando fue nombrado viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local por el vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira. No obstante, las mismas fuentes avalan su designación, apelando a su trayectoria profesional “brillante”.

“Los consejeros tienen capacidad de nombrar su equipo y nosotros lo que hemos visto en su currículum es que este hombre era rector de la Universidad CEU San Pablo y, por cierto, con un CV bastante brillante”, sostienen fuentes del entorno del presidente andaluz.

Pese a la polémica generada tras la publicación de esa información, ni Moreno ni ningún miembro del Gobierno andaluz han entrado a valorar la vinculación de Sánchez Saus con Falange Española durante los años 80. En privado, uno de los consejeros veteranos de la Junta sí reconoce que “esta mañana nos hemos quedado en shock”. “Ya empezamos”, ironiza, sobre el arranque de la compleja convivencia de PP y Vox en el primer Gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha en Andalucía.

El único que se ha pronunciado en público, y a preguntas de los periodistas, ha sido el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha evitado responder sobre el nombramiento. “Yo no voy a entrar en contestar todas las opiniones que se hagan de todos los nombramientos porque entonces no terminaríamos nunca”, afirmó este viernes, antes de insistir en que únicamente opina sobre el equipo de su departamento.

El Gobierno andaluz sale así al paso de la polémica generada tras conocerse que Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval, fue consejero nacional de Falange Española y llegó a presentarse como candidato a la jefatura nacional de la formación cuando tenía 31 años. El propio Sánchez Saus aseguró a elDiario.es que aquella etapa forma “parte de mi memoria sentimental, pero no representa mi forma de pensar hoy y no significa nada para mi labor como viceconsejero de la Junta de Andalucía”.

El nuevo viceconsejero de Vox añadió que “nunca ha renegado” de su pasado falangista, aunque insistió en que “no tiene influencia sobre mi pensamiento actual”. “Yo puedo seguir admirando la figura de José Antonio Primo de Rivera, pero para nada me considero ya un falangista”, apostilló.

La revelación de ese pasado por parte de este diario ha suscitado las críticas de la oposición. Tanto PSOE como Adelante Andalucía han reclamado este viernes el cese inmediato de Sánchez Saus. “Gente que no es demócrata no debería ocupar las instituciones democráticas”, ha defendido el portavoz de la formación andalucista, José Ignacio García, tras tachar a Sánchez Saus de “fascista”. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, denunció que la “vía andaluza” de Moreno consiste en “abrirle la puerta a la Falange” en el Gobierno autonómico.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido este viernes la dimisión o el cese del recién nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Rafael Sánchez Saus, tras revelar elDiario.es que fue consejero nacional y candidato a liderar Falange Española en la década de los ochenta.

García ha calificado de “fascista” al nuevo 'número dos' de la Consejería que dirige el vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira. “No es una exageración”, ha remarcado el dirigente andalucista, aludiendo a que Sánchez Saus “era dirigente del partido Falange Española; o sea, un fascista con carné de fascista”.

El portavoz de Adelante Andalucía ha añadido que su nombramiento supone “una barbaridad que difícilmente se puede explicar fuera de Andalucía” y de España. “Qué nos parecería que en Alemania se nombrara de número dos de un ministerio a alguien con origen en el partido nazi, o que en Italia se nombrara de número dos de un ministerio a alguien que directamente estuvo en el partido fascista de Benito Mussolini”, ha cuestionado García.

“Nos parece que es inexplicable”, ha añadido antes de defender que “gente que no es demócrata no debería ocupar las instituciones democráticas”. El portavoz de Adelante ha agregado que dicho nombramiento “demuestra a lo que ha venido Vox a la Junta de Andalucía”, que, a su juicio, es a “cooptar las instituciones para poner a gente que directamente no es demócrata”.

Por todo ello, José Ignacio García ha reclamado “la dimisión inmediata o el cese por parte del presidente de la Junta de Andalucía del viceconsejero de Turismo y Justicia”, al considerar que “la nueva consejería tan importante no puede estar en manos de un señor que dice que admira a José Antonio Primo de Rivera, o que directamente era un dirigente de Falange”, en alusión a las declaraciones del propio Sánchez Saus a este periódico. “Se están pasando muchas líneas rojas en este gobierno”, ha advertido.

El PSOE también critica el nombramiento

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, también ha denunciado este viernes que la “vía andaluza” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es “abrirle la puerta a la Falange” en el Gobierno autonómico, donde PP andaluz y Vox son socios.

En declaraciones a los medios de comunicación en Rincón de la Victoria (Málaga), Márquez se ha pronunciado así en relación con la información que publica este periódico sobre que el nuevo viceconsejero andaluz de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Rafael Sánchez Saus –número dos del vicepresidente segundo de la Junta y titular de dicha consejería, Manuel Gavira (Vox)– fue “candidato a liderar Falange”.

“¿De qué caverna ha salido esta gente, a qué siglo pretende llevarnos?”, ha preguntado María Márquez, quien ha recordado cuáles son los principios de la Falange Española: “Que haya solo una representación política y no haya pluralidad política; está en contra de los sindicatos, y piensa que las mujeres tenemos asignadas en la vida tareas domésticas y familiares y que no tenemos que tener ningún tipo de desarrollo en el ámbito público”.

A continuación, la dirigente socialista ha alertado de que “esa gente está gestionando nuestro dinero y nuestro futuro”, cuestionándose así “en qué manos estamos con el desamparo y la desprotección absoluta de un presidente como Moreno Bonilla que no tiene ningún problema en hacer lo que tenga que hacer por seguir al frente de la Presidencia de la Junta”.

A sus ojos, a Moreno, “la gestión le importa un pimiento y no tiene ningún problema en aplicar las ideas radicales”, porque solo le preocupa “la imagen y la foto”. Se ha referido así a la polémica que ha habido entre PP y Vox por dónde se ubicaba Manuel Gavira en el salón de plenos del Parlamento andaluz. “Moreno Bonilla lo que no quiere es que el señor Gavira le estropee la foto, que el señor Abascal [líder de Vox] esté sentado a su lado”, ha afirmado Márquez.

Pasado vinculado a la Falange

Las reacciones de dos de los partidos de la oposición llegan un día después de que este periódico revelara que Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval y exrector de la Universidad CEU San Pablo, fue consejero nacional de Falange Española y llegó a presentarse como candidato a la jefatura nacional de la formación ultraderechista cuando tenía 31 años.

El nuevo viceconsejero añadió que “nunca ha renegado” de su pasado falangista, aunque insistió en que “no tiene influencia sobre mi pensamiento actual”. “Yo puedo seguir admirando la figura de José Antonio Primo de Rivera, pero para nada me considero ya un falangista”, matizó en conversación con este diario.

El Gobierno andaluz rehúsa pronunciarse

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha evitado viernes pronunciarse sobre el nombramiento de Rafael Sánchez Saus como viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, tras las críticas de PSOE-A y Adelante Andalucía por su pasado en Falange Española.

“Yo no voy a entrar en contestar todas las opiniones que se hagan de todos los nombramientos porque entonces no terminaríamos nunca”, ha señalado Sanz, quien ha insistido en que cada responsable “opina quién es la persona mejor” para conformar su equipo y ha rechazado valorar tanto los nombramientos de otras consejerías como las críticas de la oposición.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado por 37 votos a favor, cinco noes y una abstención la liquidación del ejercicio presupuestario de 2025. La Gerencia de la US ha detallado la auditoría externa del ejercicio 2025, que ha arrojado un déficit de 14,8 millones de euros, elevando el “déficit estructural” de las universidades andaluzas a unos 57 millones de euros en total.

La auditoría de la US apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central -aumento del gasto en plantilla de casi un 7% y unas transferencias de la Junta que “no se acompasan con este crecimiento”-, el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un “déficit presupuestario ajustado” de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio. La Gerencia ha insistido en que la profusión de datos de la auditoría y la transparencia de la misma no puede convertirse en “algo contraproducente” de manera que se acabe “alarmando”.

Entre las voces contrarias a aprobar las cuentas de 2025, miembros del sector D han destacado la de sectores que han argumentado que “no podemos validar unas cuentas” que son consecuencia de la “infrafinanciación” de la Administración autonómica. A este particular, la rectora ha replicado que “no estamos votando si estamos a favor o en contra de unas cuentas; o si estamos a favor o en contra de la financiación autonómica. Estamos votando un informe técnico externo que refleja fielmente las cuentas” de la institución.

Déficit estructural

El déficit no es exclusivo de la Universidad de Sevilla. Las universidades públicas de Andalucía han cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un déficit superior a los 57 millones de euros. Una situación que achacan, fundamentalmente, a que la financiación que reciben de la Junta de Andalucía para abordar los pagos del capítulo 1 -gastos de plantilla- no cubre los costes, que se han disparado en los últimos años.

Por universidades, en el caso de la Universidad de Sevilla (US), el déficit es de 14,8 millones de euros; en la Pablo de Olavide (UPO), 2,542; en Málaga (UMA), 18,8; en Cádiz (UCA), 4,4; en Jaén (UJA), 2,3; en Córdoba (UCO), 4,4; en Granada (UGR), 5,03; en Huelva (UHU), 1,8; y en Almería (UAL), 3,4 millones. Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO, el déficit global ronda los 38 millones de euros, y con el cómputo de la US, ascendería a los 57,4 millones.

Además de las auditorías que las universidades hacen todos los años, el sistema andaluz y la Junta de Andalucía pactaron la realización de un estudio pormenorizado universidad por universidad sobre los gastos de personal a fin de ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad. El cambio de Gobierno mantiene esta medida en punto muerto. Será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el que tenga que abordar este asunto.

El “déficit estructural” supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

La US valora cobrar por las visitas guiadas

El equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado este jueves al Consejo de Gobierno las líneas de trabajo de la Oficina de captación de fondos estratégicos e institucionales (OCFEI) para captar ingresos a fin de cumplir un objetivo concreto: en 2031, el 35% de los fondos de la US tienen que haber sido captados por la institución de manera individual.

Entre las acciones específicas que se prevén para obtener recursos propios, la oficina, dependiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Económica, tiene prevista una “optimización de la explotación” de las infraestructuras e instalaciones -entre las que se encuentra la Fábrica de Tabacos-; poner una entrada al futuro museo de la US; instalar energías renovables y estudiar la integración en una comunidad energética ciudadana; impulsar la tienda de la US; y cobrar por las visitas guiadas a los edificios “emblemáticos” de la Hispalense.

La nueva oficina mantendrá cuatro las líneas de trabajo: captación de fondos nacionales e internacionales; diseño de un plan estratégico de subvenciones; impulso de iniciativas de mecenazgo; y desarrollo de otras actuaciones orientadas a incrementar los recursos propios de la Universidad, en la que se enmarca el cobro de entradas de visitas guiadas, por ejemplo, que hasta la fecha son gratuitas.

Además, en el área de internacionalización, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases para el desarrollo de tres nuevas dobles titulaciones internacionales de grado con el Beijing Institute of Technology (BIT) de Pekín (China): la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software; la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería de Materiales, y la doble titulación internacional de Grado en Filología Hispánica.

La nueva temporada 2026/2027 del Teatro Central de Sevilla contará con 42 espectáculos, 72 funciones y 41 compañías, de las que 24 son andaluzas, 11 nacionales y seis internacionales. “La nueva programación mantiene el carácter multidisciplinar y rompedor que históricamente ha definido al Teatro Central, con 15 propuestas de danza, 11 de teatro, 9 de música, 4 de circo y 3 espectáculos de otros lenguajes escénicos, reflejo de la indisciplina artística, que constituye una de sus principales señas de identidad”, ha avanzado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo durante el acto.

Diseñada “bajo la premisa de continuidad” por el equipo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la nueva temporada del teatro de la isla de la Cartuja aspira a servir de “puente o pasarela” entre la etapa que estuvo bajo la dirección de Manuel Llanes y el nuevo proyecto que dirigirá la cordobesa Elena Carmona Sanjuán, tras ganar la plaza en el proceso selectivo convocado por la Consejería de Cultura para este puesto.

Bienal de Flamenco

La creación andaluza vuelve a ocupar en 2026/2027 un lugar protagonista con la participación de hasta 24 compañías. Así, tras acoger nueve espectáculos de la XXIV Bienal de Flamenco entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre, la nueva temporada del Teatro Central arrancará el 23 de octubre con el estreno en Andalucía de El corazón de Ester una indisciplina del director de escena y performer malagueño Alberto Cortés, que también estará en este escenario el sábado 24.

El 30 y 31 de octubre será el turno de Fondo alto, de Laila Tafur junto a Enrique del Castillo, que compartirá cartel con otro estreno absoluto andaluz, Pueblo, una coreografía para siete intérpretes del jienense Mario Bermúdez, Premio Andalucía de la Cultura de Artes Escénicas 2025, para su compañía Marcat Dance.

El recorrido por la escena andaluza continuará los días 20 y 21 de noviembre con el estreno de Brabant, de Proyecto Lorca y Enrique del Castillo. Los días 27 y 28 de ese mismo mes Rosa Romero presentará El discurso, mientras que Alessandra García ofrecerá dos propuestas teatrales: Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, el viernes 27, y ¿Tú sabes lo que es una posidonia?, el sábado 28. En diciembre, Migue López estrenará Un bostezo melancólico de la tierra los días 18 y 19, mientras que Truca Circus llevará al público familiar Alboroto entre los días 21 y 23.

Enero, febrero y marzo

La programación andaluza continuará en enero con el estreno de 'Gaze', de Bea Lamadrid, los días 22 y 23, compartiendo fechas con 'Dysphoria', de Histrión Teatro. Como novedad, el Teatro Central presentará los días 29 y 30 de enero 'Zappa', un proyecto que reunirá a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al músico andaluz Daahoud Salim en torno al universo creativo de Frank Zappa producido por el espacio escénico.

En febrero llegarán Poemas para un cuerpo en movimiento, de Andrés Marín y Juan Domínguez, los días 12 y 13, y Occupy Bernarda, de Bárbara Sánchez, los días 26 y 27. Ya en marzo, La Permanente presentará Estoy enfadada, estoy rabiosa los días 5 y 6, mientras que Israel Galván y Mohamed El Khatib estrenarán en España Israel & Mohamed los días 12 y 13.

En la recta final de la temporada, David Montero pone en escena 'Ser verbena' los días 23 y 24 de abril precedido, el día 23, por un concierto de 'Cervatana' en la sala A. Los días 30 de abril y 1 de mayo llegará la propuesta de Helena Martos, Danzas blancas. Variación 2 y Patricia Caballero con Ra!. Finalmente, los días 14 y 15 de mayo compartirán programación la danza de Manu Rodríguez con Otra cosa que no es otra conferencia y el teatro de Atalaya con Antígona, la estirpe maldita.

Escena nacional e internacional

La escena nacional también tendrá una presencia destacada en la nueva temporada. Mogambo y Teatro Español presentarán Personas, lugares y cosas los días 20 y 21 de noviembre mientras que Andrés Lima y Teatro del Barrio llegarán los días 5 y 6 de diciembre con el teatro musical Libres!!!. La compañía catalana Mal Pelo trae a Sevilla WE. Nosotros y los tiempos los días 11 y 12 de diciembre. Ya en 2027, LaJoven representará Un monstruo viene a verme los días 10 y 11 de enero.

En febrero, Israel Elejalde y Teatro Kamikaze pondrán en escena El nudo Gordiano los días 12 y 13; Paloma Muñoz presentará La Quijá los días 19 y 20, y Cabosanroque llevará al Central la ópera Mil tres, say cheese Les resurreccions de Don Giovanni“ los días 26 y 27. La programación nacional se completará con Gola, de Oriol Pla y Pau Matas, los días 5 y 6 de marzo; Lexicon, de El Conde de Torrefiel, los días 3 y 4 de abril; y Las gratitudes, de Producciones Teatrales Contemporáneas, los días 7 y 8 de mayo.

La dimensión internacional volverá a ser otra de las señas de identidad del Teatro Central. Jan Martens presentará The dog days are over 2.0 los días 13 y 14 de noviembre. El Centro Dramático Nacional de Normandía-Ruan / Les Anges au Plafond llegará los días 19 y 20 de diciembre con Le Bal marionnettique. La coreógrafa sudafricana Mamela Nyamza, reciente León de Plata de la Bienal de Venecia, visitará por primera vez el teatro sevillano con Hatched Ensemble los días 15 y 16 de enero. Sidi Larbi Cherkaoui y Martin Zimmermann presentarán Has been los días 5 y 6 de febrero, mientras que Mathurin Bolze cerrará la temporada los días 21 y 22 de mayo con Immaqaa “ici, peut-être'.

La Junta de Andalucía ha destacado el potencial del sector de la defensa como una oportunidad estratégica para seguir impulsando el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo de calidad en la región, consolidada ya como uno de los grandes motores en España en este ámbito.

Así lo han resaltado la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, durante la presentación de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa, una iniciativa promovida por los principales clústeres empresariales del sector en la comunidad con el respaldo del Gobierno andaluz.

Durante el acto celebrado en Sevilla junto a Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub, los responsables de la Junta han subrayado en un comunicado esa posición de liderazgo andaluz en un sector especialmente relevante en el actual contexto internacional.

Según los datos de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Andalucía es la segunda región española en la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, solo por detrás de Madrid, “gracias a un ecosistema industrial que integra grandes empresas tractoras, una amplia red de pymes especializadas, universidades, centros tecnológicos y proyectos estratégicos distribuidos por todo el territorio”, ha justificado la vicepresidenta tercera de la Junta.

Incentivos millonarios

Por su parte, el consejero de Universidad e Industria ha celebrado que “Andalucía gracias a la constitución de esta alianza y el apoyo decidido del Gobierno regional compite hoy con mayor firmeza y capacidades para captar oportunidades industriales dentro de los programas europeos, nacionales y OTAN”.

Con la aspiración de lograr este objetivo de mayor carga de trabajo para Andalucía, Paradela ha detallado que el Ejecutivo regional tiene en marcha políticas específicas e instrumentos de apoyo como incentivos y financiación reembolsable de Andalucía Trade, que ascienden a 540 millones que irán saliendo en distintas convocatorias este año.

Así, los incentivos complementarios para atraer grandes proyectos industriales, con una partida de 150 millones; los 47 millones en fondos de Transición Justa para la industria logística, naval y de aviación sostenible o los 31 millones en incentivos para el desarrollo de sistemas satelitales y drones 100% andaluces.

Según ha detallado Carolina España, la actividad vinculada a la defensa, la seguridad, la aeronáutica y el espacio genera en Andalucía un impacto económico superior a los 3.020 millones de euros, equivalente al 1,4% del PIB regional, y sostiene cerca de 35.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Además, se trata de un sector que destaca por su “elevada capacidad de internacionalización”. Las exportaciones andaluzas relacionadas con la defensa, la aeronáutica y las industrias asociadas alcanzaron los 2.512 millones de euros en 2025, lo que supone que casi una de cada cuatro exportaciones españolas de estos productos tuvo origen en Andalucía. Además, la comunidad registra un superávit comercial de 1.393 millones de euros en estas actividades. “Al final, cuando el talento andaluz se une y se organiza, esta tierra es absolutamente imparable”, ha dicho.

100 millones para la base logística del Ejército en Córdoba

Asimismo, el consejero Paradela ha añadido que “el de la defensa es una industria que genera valor añadido, empleo y riqueza y tenemos la ambición de que todo esto vaya a más”. Así, “hay una apuesta decidida por parte del Gobierno de Andalucía, coordinada desde Universidad e Industria y el impulso de todas las consejerías, por hacer de la comunidad una referencia europea en este sector”.

En esa línea, Carolina España ha subrayado que la Junta ya ha comprometido una aportación de 100 millones de euros para la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Y ha apuntado que Andalucía cuenta con activos industriales de referencia como el polo aeroespacial de Sevilla, “uno de los más importantes de Europa”; la industria naval de la Bahía de Cádiz y compañías líderes como Airbus, Navantia o Santa Bárbara, además de iniciativas estratégicas como el Cetedex en Jaén, el CEUS en Huelva o el Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga.

Por ello, el Gobierno andaluz confía en que esta iniciativa contribuya a impulsar nuevos proyectos empresariales, favorecer la participación de las empresas andaluzas en contratos estratégicos, atraer inversiones y consolidar el liderazgo industrial de Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y comunidades de regantes han firmado este jueves los convenios para realizar las 11 obras beneficiarias del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (RegadíA), una actuación destinada a mejorar la eficiencia hídrica, fomentar la innovación tecnológica e impulsar la transición energética y la adaptación al clima frente a los periodos de escasez de agua.

Durante el acto, en el que ha participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez, y los representantes de las comunidades de regantes beneficiarias, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que este programa moviliza una inversión de 138,3 millones de euros, según han subrayado la Junta y el ministerio en sendas notas de prensa.

Así, el consejero ha subrayado que este plan supone “una de las mayores apuestas por el regadío en Andalucía en los últimos años que, a través de un modelo de colaboración ejemplar entre el Estado, la Junta y los regantes podremos multiplicar el impacto de cada euro invertido”.

Más de 14.000 regantes beneficiados

De esta manera, se van a beneficiar de este programa 14.490 regantes y 102.495 hectáreas. Con relación a la financiación, la Junta de Andalucía aporta 52,5 millones de euros, el 50% del coste de las obras, mientras que Seiasa destina el 20% y las comunidades de regantes, el 30% restante.

Por su parte, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, que ha asistido al acto de las firmas, ha señalado que “detrás de cada hectárea que modernizamos hay una familia que va a regar mejor, va a gastar menos agua y menos energía, y va a ganar más margen”. “Eso es lo que estamos firmando hoy en Sevilla. Cuando el ministerio, la administración regional y Seiasa trabajan juntos, las inversiones llegan antes al territorio y a quienes las necesitan”, ha aseverado.

Las actuaciones incluyen nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento de agua, plantas solares fotovoltaicas, la modernización de redes de distribución, sistemas de telecontrol y automatización del riego y la ampliación de infraestructuras de tratamiento de aguas.

Seis provincias

Este plan se traduce en actuaciones concretas en seis provincias a través de once grandes proyectos de modernización, de los cuales cuatro están en la provincia de Córdoba (uno compartido con la provincia de Sevilla), dos en Almería, dos en Jaén, uno en Cádiz, uno en Granada y otro en Sevilla.

Entre los proyectos beneficiarios se encuentran la ampliación de planta de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo, en Almería; el proyecto de plantas solares fotovoltaicas para bombeo de aguas regeneradas y centro de control en la comunidad de regantes de la zona norte de Huércal-Overa, en Almería; o la mejora de la eficiencia hídrica-energética de las instalaciones de la zona regable del Guadalcacín, en Cádiz.

En Córdoba, se unen la instalación de planta solar fotovoltaica sobre suelo en la comunidad de regantes Canal margen izquierda río Bembézar; la balsa de almacenamiento de la comunidad de regantes de Fuente Palmera en los términos municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera; la balsa de almacenamiento de Zamacón para la modernización y consolidación de la zona regable Genil-Cabra (córdoba) y la modernización y mejora de la red de riego de la comunidad de regantes Margen izquierda del Genil, una actuación que comprende las provincias de Córdoba y Sevilla.

Se añaden también a la obra de la colectividad Cuevas del Campo fase III de la comunidad de regantes Pozo Alcón, Hinojares y Cuvas del Campo, en Granada; la modernización de las infraestructuras de riego de la comunidad de regantes Sector V subsector I de Vegas Medias Guadalquivir, en Jaén; la modernización de los regadíos de las Vegas del Guadalquivir, Vegas Altas sector VIII, también en Jaén; y la modernización y mejora del sistema de riego de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, fase I, en Sevilla.

Estos proyectos permitirán incorporar nuevas tecnologías para optimizar cada gota de agua. Se incluyen actuaciones de eficiencia hídrica y energética, instalaciones fotovoltaicas para reducir los costes energéticos de las explotaciones, infraestructuras de almacenamiento que aumentan la capacidad de regulación y ofrecen mayor seguridad a los regantes, y también sistemas inteligentes de control y digitalización que permitirán conocer en tiempo real los consumos y mejorar la gestión del recurso.

De esta manera, la modernización de regadíos constituye una de las principales líneas de actuación del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la competitividad del sector agrario, mejorar la eficiencia en el uso del agua y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.

Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Seiasa, ha invertido en Andalucía 552,19 millones de euros, con 47 actuaciones de modernización finalizadas para 26 comunidades de regantes, que han permitido modernizar 196.572 hectáreas y beneficiar a 45.590 regantes en todo el territorio andaluz. Con los proyectos firmados, la inversión actualmente programada por el ministerio en Andalucía asciende a 522 millones de euros, distribuidos en 40 actuaciones.

De ellas, 22 proyectos, con una inversión de 322,45 millones de euros, se ejecutan con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que las 18 actuaciones restantes, dotadas con 199,60 millones de euros, se desarrollan mediante el convenio tradicional entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Seiasa.

Apuesta por el regadío

Por otro lado, Fernández-Pacheco ha afirmado que “hablamos, en definitiva, de modernizar el regadío para hacerlo más competitivo, más rentable y también más respetuoso con el medio ambiente”, para quien el Plan RegadíA “no es una actuación aislada”.

Según ha explicado, forma parte de “una estrategia mucho más amplia” para seguir fortaleciendo el regadío andaluz. De hecho, el Gobierno andaluz va a impulsar la Ley del Regadío Sostenible de Andalucía y va a destinar 165 millones al Plan Parra, que construirá terciarios y conducciones para llevar el agua regenerada desde las depuradoras hasta las comunidades de regantes.

También ha aprobado ayudas de 12 millones de euros para la construcción de balsas. Una estrategia que va a movilizar más de 300 millones de euros y que supone “una apuesta inequívoca por el regadío”.

Junto a ello, el consejero ha agradecido el compromiso de las comunidades de regantes, asegurando que son “un ejemplo de responsabilidad”. “Habéis demostrado que la gestión colectiva del agua funciona; habéis sabido adaptaros a circunstancias muy difíciles y seguir produciendo alimentos de calidad incluso en los momentos más complicados. Y ese esfuerzo merece el respaldo de las administraciones”, ha subrayado.

El incendio de Los Gallardos ha hecho que el nuevo Gobierno andaluz se estrene al ralentí por el luto oficial decretado, pero el caso es que ya está plenamente operativo desde el pasado viernes. Un Ejecutivo que nace con deberes puestos, que no son otros que los compromisos recogidos en el pacto entre PP y Vox que ha permitido a Juan Manuel Moreno repetir como presidente. Hablamos de un listado con 150 temas pero los hay marcados en rojo como prioritarios “desde el primer día de gobierno”, entre los que se incluyen por ejemplo el “rechazo frontal” a la llegada de menores migrantes o la “reivindicación del mundo del toro”.

Una veintena de las 150 cuestiones acordadas son las que vienen etiquetadas con esa urgencia de actuar desde el primer minuto, “desde el arranque del gobierno” como también se plasma en el documento. El resto de medidas vienen calendarizadas de muy diferente manera, con previsiones para antes de que acabe 2026, para incluir en el primer presupuesto que se apruebe, para un año concreto o para activarla antes de que finalice el mandato.

Llama la atención que aunque el bloque de inmigración sea el más prolijo con 12 puntos, incluyendo la famosa “prioridad nacional”, sólo tres de ellos sean de aplicación fulminante. El principal es el rechazo frontal a acoger más migrantes, especialmente menores, con la exigencia de no habilitar nuevos centros de acogida ni crear más plazas en los ya existentes, además de reducir el gasto “al mínimo imprescindible”.

Listados de expulsiones

A esto hay que unir la verificación de edad de los “inmigrantes ilegales”, que se plantea con el argumento de “evitar fraudes”. La tercera cuestión no deja de ser una petición ya que “se reclamará” al Gobierno central que publique trimestralmente a cuántos se ha expulsado, aunque la Junta también tiene que poner su granito de arena aportando datos para “trasladar información veraz a los ciudadanos”. En el capítulo de vivienda, también se le exige al Estado la modificación de la Ley de Extranjería en lo referente a la normativa vinculada al acceso a un piso, precisamente para imponer la susodicha prioridad nacional.

Pese a la carga ideológica ultraconservadora que en general tienen estas propuestas a poner en marcha “desde el primer día de gobierno”, es cierto que otras podrían ser asumibles desde cualquier posición ideológica, como la mejora del confort térmico en los colegios o la “transformación profunda” del sistema universitario para “retener el talento”. También pueden entrar en este capítulo más normal la promoción de las denominaciones de origen, la defensa de los productos del sector primario frente a la “competencia desleal”, el refuerzo de la lucha para prevenir incendios forestales o la limpieza de cauces y riberas.

“Eliminar cargas ideológicas”

Pero junto a ello, se acumulan exigencias como desmarcarse de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, del acuerdo Mercosur o de la reforma de la PAC y su condicionalidad climática. El Gobierno andaluz también se opondrá –aunque eso en verdad lo regula Europa– a la prohibición de productos fitosanitarios para los cultivos si no hay “una alternativa eficaz y económica”, y asimismo PP y Vox se han conjurado para revisar la normativa con la vista puesta en “eliminar cargas ideológicas y trabas” que perjudiquen a los sectores productivos.

Entre estas prioridades desde el minuto 1 también se cuelan la lucha contra las zonas de bajas emisiones, el aumento de los regadíos y el reconocimiento de la ganadería, la extensiva pero también la intensiva, en un intento de defenderla de “la criminalización del lobby animalista y las políticas climáticas desarrolladas desde Bruselas”. Y por supuesto que no falten los toros, ya sea su promoción (junto a la caza y la pesca) como atractivo turístico, la protección del “campo bravo” y la defensa de la tauromaquia en sí misma, blindándola de cabo a rabo –aficionados y escuelas taurinas incluidos– “frente a cualquier intento de discriminación ideológica o exclusión de las políticas públicas”.

El sistema universitario público andaluz en su conjunto ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 en números rojos. Los resultados de las cuentas dibujan un escenario de déficit generalizado que fuentes del ámbito universitario califican de “estructural”, al confirmar que la financiación que reciben de la Junta ya no basta para cubrir los costes fijos de funcionamiento, especialmente los derivados de la plantilla.

Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO y contrastado por este periódico, y a falta de incorporar el dato definitivo de la Universidad de Sevilla (US), el déficit global ronda los 38 millones de euros, una cifra aún provisional que podría variar ligeramente cuando concluya la auditoría de la institución sevillana, cuyos resultados se esperan conocer en los próximos días.

Esta situación supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

Las causas de un déficit generalizado

Fuentes internas señalan que el déficit estructural en el que se encuentran ya todas las universidades públicas andaluzas –a excepción de la UNIA– es consecuencia de varios años sometidas a un estado de asfixia económica por parte de la Junta, ante el “incumplimiento reiterado” del modelo de financiación.

La principal causa, señalada en numerosas ocasiones por los rectores, es la falta de aplicación de la denominada cláusula de salvaguarda incluida en el modelo de financiación, aprobado en septiembre de 2023 para el periodo 2023-2027. El cometido de esa cláusula era garantizar la estabilidad financiera del sistema, obligando a que las universidades reciban, como mínimo, la misma financiación del ejercicio anterior más los incrementos retributivos aprobados para el personal del sector público.

Sin embargo, las universidades sostienen que esas cantidades no se han transferido en su totalidad, forzando a los campus a asumir con recursos propios el aumento del coste de las plantillas. El resultado ha sido un incremento continuado del capítulo 1 —el destinado a personal—, acompañado de un agotamiento progresivo de los márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Fuentes universitarias sostienen que, si el Gobierno andaluz hubiese aplicado íntegramente el modelo de financiación pactado, se podría haber evitado que el sistema entrara en déficit.

Este periódico ha contactado con la Consejería de Universidad para recoger su valoración. La consulta se produjo en plena constitución del nuevo Gobierno andaluz tras la remodelación anunciada por el presidente de la Junta el pasado jueves y el aplazamiento de la toma de posesión de los nuevos consejeros debido al trágico incendio declarado en Los Gallardos (Almería) el viernes. Fuentes del departamento indicaron que necesitan unos días para analizar la información antes de ofrecer una respuesta.

Plan de ajustes ante una financiación “claramente insuficiente”

Más allá del caso de la Universidad de Málaga, a la que el Gobierno andaluz inyectó en 2024 un crédito extraordinario de 48,5 millones de euros para rescatarla de una crisis “sin precedentes”, las señales de alarma comenzaron a hacerse extensibles a otros rectorados andaluces.

Uno de los casos más recientes ha sido el de la Universidad de Sevilla, que aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Semanas después, la propia Hispalense alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una diferencia que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.

Las nueve universidades en números rojos

Otro caso representativo es el de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuyo Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de junio las cuentas anuales de 2025, arrojando un déficit de 2,5 millones de euros. Su rector, Francisco Oliva, explicó entonces que las causas de estas cifras se deben a “cuestiones completamente exógenas e incontrolables” para la propia institución, señalando a la administración autonómica como responsable.

Al presentar las cuentas, Oliva atribuyó ese desequilibrio al incremento obligatorio del gasto de personal —que cifró en 4,9 millones de euros— sin contar con la ayuda de la Junta, así como al “incumplimiento” de los compromisos económicos adquiridos por el Gobierno andaluz, como los 16 millones de euros que prometió el propio Moreno durante el acto de apertura del curso académico celebrado en la UPO.

Según el rector de la Olavide, si se hubieran transferido las cantidades previstas en el modelo de financiación y en los acuerdos pactados con la Junta, la universidad habría cerrado el ejercicio con un superávit de 700.000 euros.

Siguiendo el mismo patrón, la Universidad de Granada refleja en sus cuentas anuales un resultado presupuestario negativo superior a los cinco millones de euros. La única excepción dentro del sistema –formado por diez instituciones públicas– es la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuyo modelo resulta difícilmente comparable al resto por tratarse de una institución dedicada exclusivamente al posgrado y sin una plantilla docente propia.

Dos años de tensiones entre los rectores y la Junta

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Aquella confrontación abrió la puerta a varios meses de negociaciones que desembocaron en una tregua en marzo de 2025, con un acuerdo extraordinario para financiar parcialmente determinados complementos retributivos del personal universitario.

Sin embargo, nueve meses más tarde, las universidades públicas volvieron a denunciar que el reparto de fondos para 2025 seguía sin cubrir la totalidad de la cláusula de salvaguarda, reabriendo el conflicto y planteando de nuevo la posibilidad de emprender la vía judicial para garantizar el cumplimiento del modelo.

Ahora, el cierre del ejercicio presupuestario certifica el desenlace del que los rectores habían alertado en numerosas ocasiones. Hasta este año, las universidades habían logrado absorber el incremento de los costes de personal recurriendo a remanentes y márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Pero esos recursos se han ido agotando hasta el punto de que los fondos autonómicos ya no permite cubrir el gasto estructural del sistema.

La situación recuerda a la vivida tras la crisis financiera de 2008, cuando las universidades andaluzas se vieron obligadas a aplicar severos planes de ajuste para contener el gasto. La diferencia, subrayan fuentes del sistema universitario, es que aquellos recortes respondían a un contexto de profunda recesión económica, mientras que el actual escenario coincide con unos presupuestos autonómicos en máximos históricos.