El Interventor General de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido de su cargo, aduciendo “motivos personales”. La dimisión de Figueroa, adelantada por ABC y confirmada por este medio, se conoce tras revelarse que sus siglas aparecen en el cuaderno de la exmilitante socialista Leire Díez como “nuestros ojos en la SEPI”.

Figueroa, interventor general de la Junta de Andalucía desde enero de 2025, llegó a ese puesto procedente de la Agencia IDEA, aunque antes había pasado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde estaba bajo el mando de su amigo y expresidente Vicente Fernández, hoy investigado por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a la SEPI y otras entidades públicas. Esta parte del caso sigue bajo secreto de sumario. No ha trascendido que Figueroa esté investigado.

Fuentes del Ejecutivo andaluz confirman a elDiario.es que Figueroa comunicó su intención de dimitir “hace unos meses”, cuando comenzaron a revelarse las primeras informaciones sobre el caso. Continuó, pero anunció que dimitiría tras las elecciones. Así ha sido. Estas mismas fuentes confirman que presentó su carta de dimisión el lunes.

Ahora, la renuncia debe pasar por el Consejo de Gobierno, antes de que se active el procedimiento de sustitución. La previsión es que eso ocurra la semana que viene. El procedimiento de sustitución es reglado, tal y como previene el Reglamento de funcionamiento de la Intervención: asume el puesto la persona titular de Dirección de División con mayor antigüedad en el cargo.

La Intervención General de la Junta de Andalucía es la encargada de controlar cómo se gestiona el Presupuesto de la Junta de Andalucía, más de 48.000 millones de euros, ejerciendo funciones de auditoría interna independiente dentro de la Administración. Controla la legalidad del gasto, realiza auditorías, lleva la contabilidad, colabora con los tribunales cuando se le requiere para ello...

Nombrado en enero de 2025

Figueroa se desempeñaba como interventor general desde hace año y medio, después de que en enero de 2025 el Gobierno andaluz cesara a su antecesora, María Antonia González Pavón, responsable del informe de actuación que alertó a la consejera de Hacienda del “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores en el SAS en 2021, un informe que dio pie a la apertura de diligencias en un juzgado de Cádiz por un supuesto delito de malversación.

Poco después de aterrizar, destituyó a cuatro de los ocho jefes de división, lo que motivó que la oposición hablase de purga. Casi simultáneamente, el Gobierno andaluz cambió el sistema de fiscalización interna de sus cuentas, en plena investigación judicial por los contratos sanitarios: la Intervención General asumió el control financiero permanente del SAS, esto es, las auditorías a posteriori que hasta entonces realizaban los interventores provinciales.

Esos informes de auditoría desfavorables elevados por los interventores provinciales del SAS están en el origen de la investigación judicial. El control de los informes determina también el de la relación con los órganos judiciales que puedan investigar posibles irregularidades.

En mayo, Figueroa reorganizó el trabajo, y la Intervención General pasó a asumir directamente la realización de esos informes.

Gustavo Fuentes ha dejado de formar parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), después de que elDiario.es revelara que está siendo investigado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), de la que era director general hasta este miércoles.

Según han confirmado fuentes de la UPO, apenas unas horas después de conocer la noticia de la imputación de Fuentes publicada el martes, el presidente del Consejo Social se puso en contacto con él para abordar el caso. Fue durante esa misma conversación cuando el ya exconsejero presentó su renuncia con el objetivo de no perjudicar la imagen de la institución académica ni la del propio órgano de representación universitaria, apuntan las mismas fuentes.

Desde ese momento, Fuentes dejó de pertenecer al Consejo Social de la UPO, donde ocupaba una vocalía por designación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según explica a este periódico el rector de la UPO, Francisco Oliva. El ya exdirector de ADM era una de las últimas incorporaciones al órgano de gobierno universitario, anunciada el pasado mes de febrero como una “figura destacada en el impulso de la industria creativa y digital”, por su peso en el sector audiovisual andaluz como CEO de la principal productora de Canal Sur, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta.

Oliva asegura que la Universidad tuvo conocimiento de los hechos a través de la información publicada por este periódico y que actuó con “diligencia” y “toda celeridad” para “preservar la honorabilidad del Consejo Social”. A raíz de esa llamada, Fuentes presentó su dimisión y dejó de estar vinculado a la institución universitaria, que ya ha eliminado su nombre de la página web.

El Consejo Social es un órgano de gobierno y representación universitaria que canaliza la participación de la sociedad en la gestión de la universidad. Entre sus funciones, figura fortalecer la relación de la institución académica con su entorno económico, profesional y social. Sus miembros son designados por distintas instituciones, entre ellas el Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y las entidades sociales y empresariales.

En el caso de Fuentes, su nombramiento como vocal fue designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz (a través de la empresa pública Sandetel) es el accionista mayoritario de ADM, cuyo principal contratista es su asociado, la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA). Es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur: Andalucía Directo.

La salida de la UPO se produjo el mismo día en que Fuentes también dejó de ejercer las funciones de presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Coincide, además, con su relevo al frente de ADM, consumado este miércoles.

Apartado de los principales cargos que ostentaba

La compañía nombró este miércoles nuevo director general al hasta ahora director financiero, Óscar González-Barba, persona de la estrecha confianza de Fuentes. El relevo se produjo tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de ADM celebrada la noche anterior, en la que se acordó la “suspensión temporal de funciones” del directivo, aunque sin ejecutar su cese definitivo.

A la mañana siguiente se celebró la primera reunión de la nueva directiva con los trabajadores, haciendo aflorar el enfado y la “indignación” de la plantilla y de algunos directivos, que cuestionaron la gestión de la crisis por parte del Consejo de Administración, donde la Junta de Andalucía tiene una posición determinante a través de la empresa pública de Telecomunicaciones Sandetel.

Según fuentes internas, algunos directivos ya conocían desde abril, por el propio Fuentes, que un juez le había citado a declarar como imputado el 11 de mayo (aunque la declaración finalmente se aplazó al próximo 25 de junio). En su comunicado nocturno, el Consejo de Administración de ADM sostiene que sabían de la situación procesal de su principal directivo “desde el pasado 7 de mayo”, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”.

La denuncia de la reportera contra el CEO de la compañía es de enero, el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la víctima el 25 de marzo y, al instante, imputó a Fuentes por delitos de agresión y acoso sexual. El juez le notificó su imputación el 31 de marzo.

El hasta ahora vocal del Consejo Social de la UPO y director general de ADM niega las acusaciones. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, declaró a este periódico antes de ser apartado de todos los órganos en los que ostentaba algún cargo.

Con su salida del Consejo Social de la UPO, su relevo de la presidencia de LAND y de la dirección de ADM, Fuentes ha dejado de ocupar los principales cargos institucionales y de representación que ejercía hasta ahora en el sector audiovisual andaluz, mientras permanece abierta la investigación judicial en su contra.

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El 26 de junio de 2025, seis mujeres acudieron a la sede de CCOO Andalucía, en la Avenida Cardenal Bueno Monreal, de Sevilla, para reunirse con una abogada y un delegado sindical y denunciar que habían sido víctimas de agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral por parte de su jefe, Gustavo Fuentes, el ya ex CEO de la principal productora de Canal Sur, Andalucía Digital Multimedia (ADM).

Este encuentro, que empezó a las cinco de la tarde y duró tres horas, ocurrió siete meses antes de que una de estas mujeres interpusiera una denuncia por delitos sexuales contra Fuentes ante un juzgado de Violencia de Género (el 29 de enero). Menos de un mes después, el juez abrió diligencias, en marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, imputó al director general de la productora por agresión sexual y acoso sexual continuado, citándole a declarar el próximo 25 de junio.

Una de ellas era la reportera de ADM que más tarde, “viendo que no hacían nada”, decidió acudir a los tribunales. Otra de las mujeres también relató ante los responsables de CCOO una agresión sexual y acoso de Fuentes, que le habría “metido mano” sin su consentimiento en un bar, después de una cena de empresa de Navidad en diciembre de 2024. Varios trabajadores de la productora han corroborado estos hechos en conversación con elDiario.es.

Las otras cuatro mujeres narraron situaciones de acoso laboral en la empresa, comentarios vejatorios, gritos, insultos, descalificaciones y un comportamiento degradante por parte del superior jerárquico. De las seis mujeres que acudieron a pedir amparo a CCOO en junio de 2025, sólo una -la que terminaría denunciando- seguía contratada en la productora. Otras dos fueron despedidas, una pactó su salida para poder cobrar el paro y la última tenía un contrato temporal que ya había expirado.

En la reunión estuvo presente el delegado sindical Pedro Corrientes y, por videoconferencia, una abogada de CCOO, coordinadora de los servicios jurídicos de atención a la Mujer. Este periódico ha contactado con ambos para confirmar la versión de las seis mujeres. “Esa reunión me ha hecho mucho daño, me ha pesado muchísimo, porque era una cosa muy grave, me dolió mucho, porque no podíamos hacer nada”, explicó Corrientes a elDiario.es, visiblemente afectado, nada más ser preguntado por aquel encuentro.

Las seis mujeres “lloraron” al describir con detalle las situaciones de agresión sexual y acoso laboral que sufrieron por parte del director de la compañía. Entendían que un sindicato como CCOO, con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), podía “hacer algo”, dado que ADM es una empresa público-privada asociada a Canal Sur, su principal cliente, y participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz.

“Todas, muy afectadas, intentaban demostrarme que esas situaciones horribles de agresión y acoso sexual y laboral que describían se habían dado de verdad, que tenían testigos, que tenían pruebas y mensajes y pantallazos... y yo les decía que no tenían que convencerme, que yo las creía, no me tenían que demostrar nada”, recuerda Corrientes. “Aquello era insoportable de escuchar”, resume.

Según su versión, el sindicato estudió las posibilidades de pilotar una denuncia por acoso laboral contra Gustavo Fuentes, pero se vio “maniatado legalmente”, porque en ese momento “sólo dos de ellas mantenían vinculación laboral con la empresa, las otras ya se habían ido, y más adelante sólo quedó una en la empresa, y no se veía preparada para denunciar”. CCOO ha recibido y tramitado otras denuncias contra la productora de Canal Sur por acoso laboral, que se han tramitado por la Inspección de Trabajo.

El 12 de marzo y el 19 de marzo, el Consejo de Administración de la RTVA, presidido por Rafael Porras y al que suele acudir el director general, Juan de Dios Mellado, abordó el caso concreto de una denuncia por acoso laboral de un trabajador de ADM, ya con un acta de la Inspección de Trabajo. Los casos de agresiones sexuales no se han abordado en el Consejo de la RTVA, según fuentes de la dirección del ente público, aunque la cadena aún no ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de su productora asociada estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales desde el pasado febrero.

CCOO ha explicado a este periódico que en el caso de las seis trabajadoras de la productora estaba más limitada para actuar por lo Penal que por lo Social. “No tenemos un gabinete jurídico penal, lo tenemos contratado externamente”, advierte. Corrientes explica que las seis mujeres “estaban aterradas, tenían pánico a denunciar, no querían que trascendieran sus nombres, ni podíamos dar sus cargos, por miedo a no poder encontrar trabajo en el sector audiovisual andaluz, que es muy dependiente de la teta de Canal Sur. Y así, nuestro margen de maniobra para actuar estaba muy reducido.

“Demostrar acoso en el trabajo por motivos sexuales es difícil”

No es la primera vez que este delegado sindical se encuentra con situaciones de este tipo. “El miedo empuja a la gente a dinámicas en las que se convierten, sin querer, en enemigas de sí mismas”. “El ambiente laboral que describían todas en ADM, señalando siempre al director general, era un ambiente sexualizado, humillante, de machismo puro y dudo. Él las trataba como ganado y hacía lo que quería con ellas porque consideraba que eran suyas”, explica.

En la reunión no estuvo presente Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer de CCOO, “pero conocía todo de lo que hablamos”. “Intentamos convencerlas de que había que tirar para adelante, pero estaban paralizadas por el miedo”, explica el delegado sindical. También se les preguntó por el protocolo y el canal antiacoso de la productora, si alguna lo había denunciado internamente, desde el anonimato, pero todas coincidieron en que “no se fiaban”, que aquel canal “estaba controlado por una persona próxima a Gustavo”. Una de ellas sí contó que “solicitó la activación del canal, pero no se activó”.

Corrientes no ha contado nada de aquella reunión hasta hoy, porque ellas le pidieron que no se hiciera público. “Llevo sufriendo este asunto por dentro casi un año”, dice.

Una de las seis extrabajadoras envió un WhatsApp al delegado sindical en septiembre de 2025, tres meses después de la reunión: “Te escribo por lo que teníamos pendiente. Después de esa reunión colectiva, en la que nos dedicasteis tanto tiempo, no hemos vuelto a saber nada. Dime finalmente cuáles son los siguientes pasos, qué más podemos hacer nosotras, si hay forma de hacer algo... u honestamente, consideras que esto debe quedar así”.

La respuesta: “Pues, la verdad es que desde finales de mes de julio no sé gran cosa y era que estaba la técnico en contacto directo con [la reportera que luego denunció a Fuentes]. Preguntaré a ellas, porque recuerdo que se estaba estudiando la denuncia laboral de ella para agrupar las demás situaciones”.

Un mes después, en octubre de 2025, Corrientes volvió a escribir a esta extrabajadora de ADM: “Te cuento lo que he averiguado: Por desgracia contábamos con solo una posible denuncia sobre la que se basaba todo lo demás (era el hilo conductor para sacar las demás situaciones). Como la compañera no se encuentra bien y, al parecer, no puede seguir anímmicamente para adelante, parece que nos hemos quedado sin capacidad para aflorar todos los demás casos”, dice.

Y concluye: “La pretensión era usar un proceso/procedimiento ”laboral“ y desde ese movimiento engarzar el resto de situaciones”. La reportera que finalmente terminaría llevando a Gustavo Fuentes a los tribunales, acusado de tres agresiones sexuales y múltiples situaciones de acoso sexual y laboral continuado, adjuntó a su denuncia dos informes médicos que acreditan su débil estado anímico, físico y mental, con síntomas de depresión y ansiedad de los que aún se está tratando.

El juez también ha pedido un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La secretaria de la Mujer de CCOO Andalucía explica, sobre la reunión con las seis extrabajadoras de la productora, que “se les asesoró y quedamos a su disposición para plantear una denuncia”. “No tenemos ningún expediente abierto de aquello, no se pudo avanzar”, dice, y reitera que cinco de ellas ya no estaban en ADM, y a la que sí continuaba se le ofreció el acompañamiento necesario para denunciar.

Carrasco admite que la “invisibilidad del acoso en el trabajo” complica a la hora de denunciar, “no es fácil, y nosotros no las vamos a engañar: demostrar acoso por razones de sexo es muy difícil”, advierte, “y si aceptan irse voluntariamente, entre comillas, o aceptan un finiquito, entonces es más complicado aún”, remata.

Una de las seis extrabajadoras, en conversación con elDiario.es, subraya que lo que estaba pasando en la productora de Canal Sur “era un secreto a voces”. “Existía un miedo generalizado a hablar por la repercusión que podía tener en tu carrera profesional. Una mala llamada de Gustavo hacía que no te llamen en otro sitio. Puedes denunciar pero puedes perder tu trabajo”, dice.

Las seis acusan al ya ex CEO de la compañía de tratarlas “como tontas por ser mujeres”. “Soltaba comentarios machistas como: qué pasa que vienes con esa cara al trabajo, ¿no has dormido? ¿no tienes tiempo para maquillarte? ¿No te pagamos lo suficiente como para comprarte otro bolso, siempre traes el mismo?”.

Otra extrabajadora asegura que “Gustavo mandaba a compañeras como premio de acompañantes a cenas privadas con Óscar González-Barba”, el nuevo CEO de la compañía, elegido por el Consejo de Administración de ADM, que aprobó la “suspensión temporal” de Fuentes 18 horas después de que este periódico revelase que llevaba un mes y medio imputado por delitos sexuales.

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En la mañana de este miércoles, 24 horas después de que elDiario.es revelara que el CEO de la principal productora de Canal Sur está imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera, Gustavo Fuentes envió un mensaje al grupo de WhatsApp que aún comparte con el resto de directivos de la compañía para explicar su “salida pactada” con el Consejo de Administración de la compañía, que en la medianoche del jueves anunció su “suspensión temporal de funciones”.

Fuentes se despidió de sus compañeros animándoles a verse para comer y decirse adiós “como Dios manda”. Minutos después, todos los directivos fueron abandonando ese grupo de WhatsApp, uno a uno, dejando solo al ya ex director general de la empresa.

Andalucía Digital Multimedia (ADM), una de las productoras de más peso del sector audiovisual andaluz, con un centenar trabajadores, y responsable de algunos de los programas más emblemáticos de Canal Sur, como Andalucía Directo, o de Telemadrid, como Callejeando, tiene desde ayer un nuevo CEO, el hasta hoy director financiero Óscar González-Barba (persona de la estrecha confianza de Gustavo Fuentes), y un nuevo grupo de WhatsApp para los directivos.

Uno de los primeros mensajes que anunció ayer la nueva directiva a los trabajadores fue admitir que el protocolo antiacoso de la empresa no había funcionado, que la investigación interna e “independiente” que el propio Fuentes había encargado al Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa] sobre su denuncia por acoso sexual se había cerrado en falso, contando con la versión del CEO, pero no de la víctima ni de testigos que corroboran su versión.

La compañía quiere ahora revisar aquel informe sobre la denuncia contra Fuentes, pero ya no podrá contactar con la denunciante porque ésta ha iniciado la vía penal y “la empresa no puede interferir ni perjudicar el procedimiento judicial en curso”. Con todo, se animó a todos los trabajadores a denunciar por unos canales internos y anónimos en la web de ADM que, según el propio Fuentes, nadie había usado “en cinco años”.

Tras la publicación de la noticia, a las seis de la mañana del martes, las siguientes horas dentro de ADM fueron convulsas. La primera reunión de la nueva directiva con los trabajadores, este miércoles, ha hecho aflorar el enfado y la indignación de la plantilla y de algunos directivos con el Consejo de Administración de la compañía, donde la voz cantante la tiene propia Junta de Andalucía a través de la empresa pública de Telecomunicaciones Sandetel.

“¿Por qué tardaron 18 horas en darnos alguna explicación a los trabajadores tras publicarse la noticia? ¿Por qué lanzaron un comunicado casi a las doce de la noche? Y, sobre todo, ¿por qué no han fulminado definitivamente a Gustavo?”, “¿Qué significa suspensión temporal, es que va a volver?”, fueron algunas de las preguntas que plantearon los trabajadores.

Hay directivos en ADM que sabían desde abril, por el propio Fuentes, que un juez le había citado a declarar como imputado el 11 de mayo (aunque la declaración finalmente se aplazó). En su comunicado nocturno, el Consejo de Administración de ADM sostiene que conoció la situación procesal de su principal directivo “desde el pasado 7 de mayo”, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. El juez había notificado a Fuentes su imputación el 31 de marzo.

“Muchos en la empresa sabíamos que nuestra compañera había interpuesto una denuncia contra Gustavo en los juzgados, pero no conocimos la gravedad de los hechos hasta leer los detalles en elDiario.es”, relatan varios trabajadores. Algunos se echaron a llorar. Otros mostraron una indignación y una rabia contenida.

ADM es una empresa público privada, cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Juanma Moreno, y cuyo cliente preferente es Canal Sur. “Durante 18 horas ninguna de estas instituciones ni el Consejo de ADM dio ninguna explicación, ningún mensaje a los trabajadores, que estábamos impactados”, insiste un directivo, visiblemente enojado.

La denuncia de la reportera contra el CEO de la compañía es de enero, el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la víctima el 25 de marzo y, al instante, imputó a Fuentes por delitos de agresión y acoso sexual. Está citado a declarar el próximo 25 de junio, junto a dos testigos, su exnúmero dos en la compañía y una amiga de la víctima.

Pasó un mes y medio hasta que este periódico lo hizo todo público, apoyado en la denuncia, en los mensajes de WhatsApp de índole sexual que él envió a la periodista entre 2018 y la actualidad, y de siete testimonios de extrabajadores de ADM que corroboraron ante el juez las agresiones y el acoso denunciados.

Tras publicarse la noticia, la dirección de la RTVA mantuvo el silencio hasta las 21.30 horas, cuando lanzó un comunicado informando de que no podía “actuar” contra Fuentes ni activar el protocolo antiacoso, porque el caso ya estaba judicializado y la víctima no había usado los canales internos para denunciar. “Por miedo”, dice ella.

El Consejo de ADM ha puesto al frente de la compañía al número dos de Fuentes. González-Barba, hasta ayer director financiero, y José Ramón García Japón [Joserra], subdirector general, han reunido este miércoles a los trabajadores de ADM que estaban en la sede de la Isla de la Cartuja, unas 45 personas, incluidos los miembros de Andalucía Directo, para anunciar “una nueva etapa, con una dirección más amigable”.

Según algunos de los presentes, la nueva directiva ha querido garantizar que “lo que había antes era una situación extrema que no se va a volver a repetir”. Se mencionó, además de la denuncia por delitos sexuales, un ambiente de trabajo “tóxico” que ha denunciado la reportera como delito de “acoso laboral”, pero también otros extrabajadores (algunos llegaron a acuerdos prejudiciales con la empresa para no llegar a juicio).

También se ha dirigido a la plantilla José Antonio Jiménez de León, que ejerce la figura del Compliance, para animar a todos a usar el canal antiacoso de la web de ADM para denunciar cualquier situación de acoso que haya sufrido por Fuentes, ahora que ya no está. “En cinco años no se ha usado este canal”, había explicado él a elDiario.es. Este periódico se ha puesto en contacto con Jiménez de León, que ha eludido responder.

Los testimonios que refuerzan la denuncia de la reportera contra su superior jerárquico son todos de extrabajadores de ADM. Ningún empleado actual de la compañía ha respaldado públicamente sus acusaciones, es más, uno de los directivos de la empresa ha realizado y firmado informes de la compañía para defender los intereses de Fuentes en este litigio. “La gente siente desconfianza del Consejo de Administración, que lo sabía desde hace tiempo y no hizo nada, y cuando lo supo tardó muchísimo en echarle, y cuando le echó parece que no le ha echado del todo”, explica otro directivo.

La reunión con la plantilla ha terminado sin que nadie hiciera ninguna pregunta a los nuevos jefes. Las fuentes consultadas coinciden en que han recibido el mensaje con “recelo y escepticismo” por dos razones: la primera es porque el Consejo de ADM usa un término “ambiguo” para anunciar la salida del CEO: “suspensión temporal de funciones”. “¿Eso significa que puede volver?”, ha preguntado luego un miembro de la directiva al Compliance, en una segunda reunión sólo de ejecutivos en la quinta planta.

Una hora antes, algunas trabajadoras de la productora se planteaban las mismas dudas: “¿Es seguro denunciar ahora en el canal antiacoso? ¿Y si luego, cuando se pase el ruido, la empresa le recupera? ¿Y si señalas a los que se hicieron los locos cuando le oían dirigirse a las mujeres con un lenguaje sexualizado y machista, y luego eso tiene repercusiones?”

La respuesta de la nueva directiva es que “Gustavo ya no va a volver”. El Consejo ha usado un “tecnicismo legal” para describir lo que en la práctica es “un cese”, pero que, al tratarse de una sociedad mercantil, debe actuar con cautela respetando la presunción de inocencia de Fuentes, explican los directivos consultados.

El segundo recelo de los trabajadores tiene que ver con las personas que han sustituido a Gustavo Fuentes, que hasta el martes eran sus “pretorianos”, como él solía llamarles. En el despacho del ya ex CEO de la productora, una de las extrabajadoras que ha decidido testificar voluntariamente ante el juez para corroborar el relato de la denunciante describe una conversación de Fuentes con González-Barba, actual CEO: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Los trabajadores consultados aclaran que el nuevo director general de la compañía “jamás” ha usado las maneras y el lenguaje de su predecesor, que “no es el mismo talante ni el mismo carácter”. Un directivo advierte que Gustavo no sólo maltrataba a las mujeres, a hombres también, incluido a González-Barba y a García Japón, “que se supone eran sus amigos, los trataba a patadas”. Los dos directivos que ahora le sustituye también han estado sometidos a “mucha presión y maltrato psicológico, porque este hombre amenazaba cada dos por tres con despedir a alguien”, coinciden hasta siete trabajadores consultados.

Desde el pasado lunes, en el centro de salud de Atarfe contienen la respiración. Desde ese día, este ambulatorio cuenta con una ambulancia menos desde la medianoche y hasta las ocho de la mañana, lo que dificulta tanto la atención médica que provoca un efecto en cascada que afecta a otros municipios. Con la plantilla mermada por falta de personal de cara al verano y con una ambulancia menos, el centro de salud puede verse obligado a cerrar por no tener sanitarios que puedan atender en el momento a una población que supera las 40.000 personas. No son solo las que viven en Atarfe, sino también las que lo hacen en Albolote.

Mientras la Junta de Andalucía defiende que no se ha perdido un recurso, sino que se ha reorganizado, los sanitarios del centro de salud de Atarfe llevan días movilizándose a las puertas del centro exigiendo que se les vuelva a dotar de la ambulancia no medicalizada con la que contaban a partir de la medianoche. Hasta ahora, tenían esa y una UVI móvil que será la única que quede disponible cada madrugada. Aunque se trata de una ambulancia más avanzada, en realidad es un problema añadido porque, al estar medicalizada, necesita que en ella viajen no solo el técnico sanitario que la conduce sino al menos un médico, lo que deja en cuadro al personal de un ambulatorio que tiene una demanda razonable por las noches.

Esto, en la práctica, significa que cuando la UVI móvil sale a un aviso o a un traslado hospitalario, el equipo sanitario que queda en el centro de salud tiene que asumir en solitario toda la actividad de urgencias, tanto la atención presencial como los avisos domiciliarios. Y si en ese intervalo entra una segunda emergencia, la respuesta ya no depende del centro, sino de la disponibilidad de recursos en Santa Fe o Armilla, que cubren un área amplia y no siempre están libres. “Con que salgamos nosotros a un aviso, si sale otro por la noche hay que esperar a la de Santa Fe o Armilla, que cubren zonas muy amplias y que es probable que estén ocupadas”, explica una de las médicas del dispositivo.

La consecuencia directa de esta “reorganización”, como la bautiza la Junta, es que el centro de salud puede verse obligado a cerrar su punto de urgencias en determinados momentos de la noche, una posibilidad que los profesionales no plantean como excepción, sino como escenario real cuando coinciden salidas y nuevas demandas asistenciales. “Vamos a tener que cerrar la urgencia muchas veces”, denuncian.

Recursos escasos cada noche

Porque el problema, insisten, no es sólo de ambulancias. Es de tiempos y de simultaneidad. De la capacidad que van a tener para responder cuando dos urgencias graves ocurran al mismo tiempo en un territorio que no se ha reducido, sino que ha crecido en población y en presión asistencial. Atarfe y Albolote suman en torno a 40.000 habitantes, pero el volumen de atención nocturna, según la plantilla, se comporta como el de dispositivos de mayor tamaño. “Esa cantidad de presencialidad por la noche es equiparable a lo que yo veía en Motril, con una población superior y tres equipos en el centro”, señala otro médico del dispositivo, que regresó recientemente tras varios años fuera del área.

Según ese mismo facultativo, la diferencia entre el diseño teórico que hace la Junta de Andalucía de los recursos de los que se dispone y su funcionamiento real distan mucho de parecerse. La reorganización, según la Junta de Andalucía, no supone pérdida de recursos, sino una mejora en la capacidad de resolución al reforzar la ambulancia de soporte vital avanzado, que ahora pasa a ser el recurso principal en horario nocturno.

Sin embargo, los profesionales sostienen que esa ambulancia ya existía previamente y que el cambio no es la incorporación de un recurso nuevo, sino la desaparición de otro que cumplía una función distinta: los traslados no medicalizados, que permitían descongestionar el sistema sin movilizar equipos sanitarios completos. La diferencia, explican, no es menor. Porque la UVI móvil requiere personal sanitario a bordo, lo que reduce la disponibilidad de profesionales en el centro de salud cada vez que se activa una salida. “Eso es lo que dicen ellos, que en la teoría es muy bonito. Pero no saben cómo trabajamos ni el tipo de población que manejamos”, cuenta una de las médicas.

La tensión se acumula además sobre un dispositivo que ya venía funcionando con limitaciones de personal. Según los profesionales, desde enero se conocía la salida de parte del personal de apoyo, sin que esas plazas hayan sido cubiertas. A ello se suma la falta de sustituciones en vacaciones y bajas, lo que ha ido reduciendo progresivamente la capacidad del equipo. El resultado es un sistema en el que las guardias se reparten sobre una plantilla cada vez más ajustada, con semanas que, en algunos casos, alcanzan las 80 horas de trabajo. “Hay veintitantas guardias sin repartir que tenemos que asumir el personal que ya está”, señalan. Además, como falta personal, ante avisos simultáneos, el centro también queda al borde del cierre durante el día en periodos vacacionales.

Una población que no para de crecer

La situación se agrava en un contexto de crecimiento poblacional que no se detiene en el área metropolitana de Granada. En la última década, Atarfe ha sumado varios miles de habitantes, en torno a un 16% más, según los profesionales. Un incremento que no ha ido acompañado, denuncian, de un aumento equivalente de recursos. A ello se añade otro elemento que los sanitarios consideran estructural: la falta de un tercer equipo de urgencias que permitiría evitar el cierre del centro cuando coinciden varias salidas simultáneas. Una demanda que, según explican, sí se ha atendido en otros dispositivos de características similares.

Al mismo tiempo, el centro de salud mantiene desde hace tiempo reclamaciones relacionadas con la seguridad. Los profesionales denuncian agresiones verbales frecuentes y episodios de violencia física ocasional, y reclaman una reorganización de la vigilancia que priorice las horas nocturnas, cuando el centro queda más expuesto si el equipo sale a atender avisos. Mientras tanto, las nuevas urgencias del centro de salud de Atarfe siguen sin abrir, pese a que la obra está finalizada. Su puesta en marcha depende todavía de su dotación completa de personal y equipamiento, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre a un dispositivo que ya funciona en tensión permanente.

En ese escenario, la reorganización de ambulancias no se percibe como un ajuste técnico, sino como un punto de inflexión operativo. No por lo que cambia sobre el papel, sino por lo que puede ocurrir cuando varias emergencias coinciden en el mismo momento y los propios sanitarios sólo disponen de una respuesta posible.

Después de muchas horas reunidos, la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha emitido un comunicado este martes, a las 21.30 horas, para posicionarse por primera vez sobre la noticia adelantada por elDiario.es, que esta mañana reveló que un juzgado de Violencia de Género de Sevilla lleva dos meses investigando a Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral”.

La dirección de la RTVA descarta pedir la dimisión de Fuentes y advierte en el comunicado de que tampoco puede activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

La RTVA, como cualquier empresa con más de 50 trabajadores, está obligada por ley a tener un Plan de Igualdad y un protocolo antiacoso para actuar en casos de violencia sexual en la empresa, y “también a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicio a Canal Sur Radio y Televisión”, como es el caso de ADM.

“En el presente caso”, dice el comunicado del ente público, “no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas” y “dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el Protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder”.

La dirección de la RTVA, pilotada por el director general Juan de Dios Mellado, no cita ninguna “medida preventiva temporal” con respecto al CEO de ADM, que de momento seguirá en su puesto al frente de la productora, aunque este martes ha sido apartado de de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, y próximo a la medianoche, el Consejo de Administración de la productora aprobó la “suspensión temporal de sus funciones” (...) “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”

Lo que sí ha hecho la directiva, a petición de los sindicatos, es convocar con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, “a fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable”. Fuentes que participan en dicha comisión advierten, de antemano, que el objeto de esta reunión es analizar la situación del CEO de ADM, su repercusión para Canal Sur, y pedir explicaciones a la dirección, “pero no se espera que puedan adoptar ninguna actuación, más allá de informar”.

ADM, una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía, y que está asociada a la RTVA, su principal comprador institucional de contenidos. La imputación del director general por delitos sexuales a una trabajadora ha zamarreado tanto la dirección del ente público, como del Gobierno de Juanma Moreno, cuyo gran valedor hasta hace pocas horas era el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Este periódico ha preguntado al departamento de Sanz, a la Consejería de Igualdad, que dirige Loles López, y al departamento de Industria, de Jorge Paradela, que actualmente tiene las competencias sobre la empresa de telecomunicaciones Sandetel, accionista mayoritario de la productora ADM, pero ninguno de los tres ha querido valorar la imputación del director general por acoso y agresión sexual a una trabajadora.

Varias fuentes dentro de ADM apuntan a que el presidente del Consejo de Administración de la compañía, Sergio Gómez Rojas, había convocado a los miembros a una reunión urgente, en la sede de Sandetel, para abordar la continuidad de Gustavo Fuentes al frente de la productora. Preguntado sobre este asunto, ninguna de las dos consejerías ha querido confirmar o desmentirlo. Este periódico también se ha puesto en contacto con Gómez Rojas, presidente de ADM, que ha eludido responder desde cuándo conocía que el CEO de la compañía estaba imputado por delitos sexuales.

La productora ADM es responsable de algunos de los programas de referencia de Canal Sur, entre ellos su buque insignia, Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena. Algunos reporteros de Andalucía Directo y de la propia ADM han publicado este martes mensajes en sus redes sociales cargando contra el CEO de la compañía, y denunciando otras situaciones de acoso laboral.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han exigido este martes explicaciones a la Junta y a la RTVA por sus vínculos con la empresa de Fuentes, tras su imputación por delitos sexuales. La socialista María Jesús Montero ha exigido la comparecencia urgente de Sanz y de Mellado en el Parlamento para aclarar desde cuándo conocían la situación procesal del CEO de ADM.

El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- abrió diligencias en febrero, a raíz de la denuncia de la reportera, la citó a declarar el 25 de marzo y, ese mismo día, dictó un auto citando a declarar en calidad de imputado a Gustavo Fuentes por acoso sexual y contra la libertad sexual de la trabajadora.

El directivo tendrá que acudir a los juzgados el próximo 25 de junio, junto a dos testigos “fundamentales”, según al denuncia, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La denuncia de la periodista va acompañada de las declaraciones juradas de siete extrabajadores de ADM (algunos con cargos directivos) que corroboran las situaciones de acoso sexual y laboral, así como las tres agresiones sexuales descritas (una en 2013, otra en 2022 y la tercera en 2023).

También se adjuntan 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

PP y Vox han iniciado este martes la negociación para la investidura de Juan Manuel Moreno como Presidente de la Junta de Andalucía, a 48 horas para que se constituya el Parlamento autonómico. Representantes de ambos partidos se han reunido en el la Cámara legislativa en un encuentro breve tras el que se han emplazado a seguir dialogando.

La reunión, adelantada por la Cadena Ser, ha empezado a las cinco de la tarde y se ha prolongado una hora, “en un clima de cordialidad” para abordar “un posible acuerdo de gobernabilidad”, según un comunicado remitido a los medios por el PP andaluz y, poco después, por Vox.

Moreno ganó las elecciones el pasado 17 de mayo con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, por tanto necesita los votos de la ultraderecha para ser investido presidente y para garantizarse una gobernabilidad sin sobresaltos en esta legislatura. Estas conversaciones arrancan dos días antes de que tomen posesión los 109 diputados electos, y se elija al presidente o presidenta del Parlamento y al resto de miembros de la Mesa (siete en total).

Esa composición es clave para adivinar si PP y Vox han avanzado en un pacto político que dé estabilidad a la legislatura y allane la investidura de Moreno. Si no cierran ningún acuerdo antes del jueves, cada partido se votará a sí mismo y los populares podrían quedarse con cuatro o incluso cinco miembros del órgano rector del Parlamento, que tiene un papel decisivo en la legislatura, porque es quien debe calificar las iniciativas de todos los grupos políticos y establecer la prioridad de los debates.

Vox no ha demostrado especial interés por presidir las cámaras legislativas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, todas bajo control del PP, pese al acuerdo de ambas fuerzas para garantizar la gobernabilidad de estos territorios. Sin un pacto entre las partes, Moreno podría lograr en la composición de la Mesa del Parlamento lo que no ha logrado en las urnas, es decir, una mayoría absoluta que le dé ventaja tanto en su alianza con Vox como frente al resto de partidos de la izquierda.

Con cuatro de los siete miembros -presidencia, dos vicepresidencias y un secretario- ya tendría el control absoluto de la Mesa de la Cámara. Para que eso no ocurra, Vox tendría que negociar duro con el PP y exigirle que renunciase a dos puestos para que los ultras se hicieran con dos miembros, los mismos que el PSOE.

Otra opción, más improbable, es que Vox y los tres partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- pacten al menos “para no hacerse daño”, y que presenten o no presenten candidatos con el objetivo común de impedir que Moreno se alce con la mayoría absoluta en la Mesa: es decir, que el PP se quede con tres miembros, en vez de cuatro.

El reglamento establece que todos los partidos con grupo parlamentario deben estar representados en la Mesa de la Cámara, aunque no todos tengan voz y voto. En esta legislatura, el PP tenía cuatro, el PSOE dos y Vox uno. Por Andalucía contaba con un miembro, que no tenía voto, pero sí acceso a las decisiones importantes que se adoptaban. Ahora, todos los partidos tendrán al menos un representante en este órgano de decisión, porque todos lograron al menos los cinco diputados necesarios para tener gruupo.

La primera reunión (conocida) de los de Moreno con los miembros de Vox en Andalucía ha tenido lugar también la misma tarde en que, si todo discurre como se espera, Alfonso Fernández-Mañueco será reelegido Presidente de la Junta de Castilla y León con el apoyo de Vox, consolidando la dinámica de pactos entre el PP y la ultraderecha en las comunidades autónomas que han celebrado elecciones desde el pasado diciembre: Extremadura, Aragón, Castilla y León y, si las conversaciones fructifican, Andalucía. Hasta ahora, todas con el eje común de la “prioridad nacional” de los ultras en el acuerdo político firmado por ambas formaicones.

En Andalucía, la negociación parte de un reparto electoral más decantado para el PP que en las otras comunidades. Sólo le restan dos escaños para lograr la mayoría absoluta.

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juan Manuel Moreno, había anunciado este martes por la mañana la apertura de un “diálogo inminente” con Vox. El objetivo, ha dicho durante la inauguración de un nuevo puente colgante en el Caminito del Rey (Ardales, Málaga), es llegar a un “acuerdo que sea razonable y justo y que represente el interés general de los andaluces”.

Morenono ha aclarado en esa comparecencia cuándo empezarían las negociaciones, que a esa hora no habían comenzado. “Todavía no hemos iniciado esas conversaciones y por tanto no sabemos a dónde nos llevará este caminito; lo que sí sabemos es que lo vamos a recorrer con responsabilidad, con sentido común y con determinación, y esperemos llegar pronto a esa meta”. “Cuando lleguemos al puente, cruzaremos el puente, todavía no lo hemos cruzado”, ha añadido Juanma Moreno, utilizando una terminología acorde con el entorno en el que ha realizado las declaraciones.

A dos días de constituirse el Parlamento

Moreno ha esperado tres semanas desde que se celebraron las elecciones autonómicas para empezar a hablar con Vox. El PP obtuvo 53 escaños en esos comicios, cinco menos que los que obtuvo en 2022 y a dos de la mayoría absoluta. Los tiempos lentos manejados por el candidato del PP han exasperado a Vox, cuyos dirigentes han lamentado en público esta parsimonia acusando al PP de “bloquear” la formación de gobierno.

El presidente en funciones hizo del temor a la apertura de estas negociaciones uno de los ejes de su campaña, planteando la dicotomía entre la “estabilidad” si sacaba mayoría o el “lío” si no, y se veía abocado a buscar algún tipo de apoyo en la ultraderecha. De ahí que su incontestable victoria tuviese un regusto amargo para él. Logró el objetivo de ganar, pero no el de conservar la mayoría absoluta que blindara la constitución de gobierno.

Moreno suele marcar distancias con los planteamientos de la ultraderecha, y ya advirtió durante la campaña electoral que la “prioridad nacional” de Vox es “irreal”, cuando no “ilegal”. Sin embargo, es consciente que la dinámica electoral y los resultados le encaminan a una negociación con Vox. Esta mañana, ha explicado que “uno tiene que ser realista” por la “dinámica parlamentaria en la que vivimos”, que supone que cuando una formación no obtiene una mayoría absoluta, tiene “la obligación de dialogar con el resto de fuerzas políticas”.

El líder del PP ha lamentado que los partidos de izquierdas no hayan dejado opción a facilitar su investidura. La única “opción de diálogo”, según ha agregado, es Vox, después de que las tres formaciones de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se hayan “automarginado” dejando claro “de manera contundente y nítida” el día siguiente a las elecciones que “no iban a participar en ningún tipo de diálogo” y que no se iban a abstener en su investidura como presidente de la Junta.

El Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) ha relevado en sus funciones a Gustavo Fuentes, su hasta ahora presidente, investigado por un juez de violencia de género por los presuntos delitos de agresión y acoso sexual cometidos contra una periodista de la productora de la que es CEO. En un comunicado, LAND señala que Fuentes ha informado de su decisión de “abstenerse temporalmente” del ejercicio de sus funciones como Presidente, que asumirán los vicepresidentes, hasta que los órganos de gobierno adopten “las decisiones que correspondan”.

Tal y como ha desvelado elDiario.es Andalucía este martes, Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio como investigado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por presuntos delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia relata tres episodios de presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2013, 2021 y 2023, así como situaciones de presunto acoso sexual y laboral. El documento, al que este medio ha tenido acceso, se acompaña de siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) y 175 páginas de mensajes de WhatsApp que corroboran la versión de la denunciante, que ha preferido permanecer en el anonimato.

El presidente de LAND y director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), responsable de Andalucía Directo, entre otros formatos, niega los hechos. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, aseguró a este periódico cuando fue cuestionado por estas acusaciones.

Presidente de LAND desde 2023

Desde 2023, Gustavo Fuentes es el presidente LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza. Fuentes ya había anunciado a la Junta Directiva su decisión de abandonar la presidencia hace un mes, sin explicar los motivos ni aludir al procedimiento judicial por el que ya por entonces se le investigaba. El próximo 12 de junio está prevista la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, tras las que se convocará un proceso electoral para renovar los órganos de gobierno.

LAND explica que ha sido Fuentes quien ha informado al Comité Ejecutivo de su decisión de “abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de la Presidencia”, con el objetivo de “preservar el normal funcionamiento de la entidad”.

En su comunicado, LAND dice respetar las actuaciones judiciales y el principio de presunción de inocencia, al tiempo que reitera su “compromiso de tolerancia cero” frente a cualquier conducta que “pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales de las personas, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia”. También subraya su compromiso con el mantenimiento de entornos profesionales seguros, respetuosos e inclusivos.

La oposición al Gobierno de Moreno ha solicitado esta mañana explicaciones tanto a la Junta de Andalucía como a Canal Sur. María Jesús Montero ha pedido la comparecencia en el Parlamento andaluz de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y de Juande Mellado, director general de la RTVA. La portavoz socialista ha acusado a algunos responsables de “ocultar” las denuncias: “Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves”. “Queremos saber por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación, por qué esta persona ha sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía y ha dejado su cargo hace escasamente unos días”, ha añadido.

“El PP tiene que dar explicaciones. ¿Hizo algo la Junta para proteger a las trabajadoras? ¿Qué mecanismos y protocolos existían? ¿Por qué no han funcionado?”, se ha preguntado Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en un mensaje en X. En la misma red, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la información de “barbaridad impresentable”.

Los partidos de la oposición de izquierdas en Andalucía han pedido explicaciones al Gobierno de Moreno, ahora en funciones, por las presuntas agresiones y acoso sexual a una periodista cometidas por Gustavo Fuentes, director general de la principal productora de Canal Sur, responsable entre otros programas de Andalucía Directo, buque insignia de la cadena. El PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía quieren saber qué hicieron la Junta de Andalucía y Canal Sur para proteger a las trabajadoras de la empresa.

Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio como investigado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por presuntos delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

Fuentes es director general de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), empresa público-privada en la que el Gobierno andaluz es el accionista mayoritario a través de la empresa pública Sandetel (47,81%). Desde 2023, Gustavo Fuentes también es el presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza. Hace un mes el directivo anunció por sorpresa a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, sin aludir al procedimiento judicial en el que estaba envuelto.

Fuentes asegura que se trata de una “denuncia falsa” y niega los hechos: “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, ha asegurado a este periódico. El CEO de ADM ha explicado que informó de la imputación al Consejo de Administración de ADM, presidido por Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (Junta de Andalucía), el director económico financiero de RTVA y otro directivo de Canal Sur Media. Hasta el momento, ni la Consejería de Presidencia (de la que depende Canal Sur) ni la de Igualdad han valorado la información desvelada este martes por elDiario.es.

“Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta”

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, ha exigido a Canal Sur y al Gobierno en funciones que expliquen desde cuándo conocían las denuncias. Montero ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia en el Parlamento Andaluz de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y de Juande Mellado, director general de RTVA, advirtiendo de que “parece” que en los próximos días se conocerán denuncias de otras mujeres contra la misma persona. Además, la secretaria de Igualdad Olga Manzano ha exigido el cese de Fuentes como CEO de ADM.

Montero ha calificado de “gravísimo” el contenido de la información desvelada este martes por elDiario.es Andalucía, y ha sugerido que las denuncias contra Fuentes se conocían por algunos responsables “desde hace tiempo”: “Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves”. En la misma línea, la diputada Rosa Rodríguez (Por Andalucía) ha denunciado la “pasividad” de la RTVA y del Gobierno andaluz.

“Queremos saber por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación, por qué esta persona ha sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía y ha dejado su cargo hace escasamente unos días, probablemente cuando un medio preguntó sobre este tema, no antes que se conocían estas presuntas denuncias”, ha señalado Montero, quien quiere saber si ha habido alguna investigación interna sobre el asunto.

“El PP tiene que dar explicaciones. ¿Hizo algo la Junta para proteger a las trabajadoras? ¿Qué mecanismos y protocolos existían? ¿Por qué no han funcionado?”, se ha preguntado Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en un mensaje en X. En la misma red, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la información de “barbaridad impresentable”.

Tres supuestas agresiones y mensajes de Whatsapp

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, es prolija en detalles y viene acompañada de siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

En ella se da cuenta de tres agresiones sexuales presuntamente ocurridas en 2013, 2021 y 2023, además de otros episodios de supuesto acoso sexual contenidos en decenas de mensajes de Whatsapp dirigidos por el denunciado a la denunciante, que ha preferido preservar el anonimato. “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”, le decía en esos mensajes, enviados a horas intempestivas, y que ella contestaba con evasivas y respuestas secas, según la denuncia.

El magistrado escuchará a Fuentes el próxmo 25 de junio, mismo día en el que están citados dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este curso en Andalucía celebra su convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio, contando con un total de 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, según el avance de matriculados facilitado por las universidades públicas andaluzas a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Las matriculaciones formalizadas este curso suponen un 5,10% más con respecto a las inscripciones del pasado año, que sumaron 50.899, superando, además, el registro de 51.969 de 2024, que había sido el más numeroso hasta ahora.

La Universidad de Sevilla (US) es la que más inscripciones tiene, con 12.262, lo que supone un 22,92% del total. Le siguen las de Málaga (UMA), con 9.581 (17,91%); la de Cádiz (UCA), con 7.629 (14,26%); la de Granada (UGR), con 7.373 (13,78%) y la de Córdoba (UCO), con 4.702 (8,79%). A continuación, se sitúan la de Almería (UAL), donde se evaluarán 4.075 alumnos, equivalentes al 7,62% del cómputo global; la de Jaén (UJA), con 3.508 (6,56%); la de Huelva (UHU), con 2.509 (4,69%); y la Pablo de Olavide (UPO), con 1.856 (3,47%).

Escenarios de la prueba

Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía –encargada de la organización de este evento– ha seleccionado 138 sedes en toda la comunidad entre facultades, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria para acoger a los alumnos de los 1.124 centros educativos convocados a la prueba. De las 138 sedes dispuestas, 60 están repartidas por las capitales andaluzas y las 78 restantes se ubican en el resto de los municipios de las ocho provincias, además de Ceuta (1), Melilla (2) y siete ciudades marroquíes.

Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 16 (cuatro en la capital y 12 en la provincia); la UCO, 20 (siete en la capital y 13 en la provincia); y la UGR, 33 (13 en la capital, diez en la provincia y diez en Ceuta, Melilla y las ciudades marroquíes de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas, Rabat y Larache). Por su parte, la UHU ha dispuesto ocho sedes (cinco en la capital y tres en la provincia); la UJA, ocho (tres en la capital y cinco en la provincia), la UMA, 16 (siete en la capital y nueve en la provincia), la UPO, cuatro sedes en su campus, y la US, 24 (15 en la capital y nueve en la provincia).

Avance del modelo competencial

Asimismo, la Consejería ha explicado que en esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20- 25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son.

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8:30 horas todas las jornadas, aunque el alumno deberá estar presente en su centro de referencia a las 8:00 horas para la citación.

Detectores de uso de IA

Para el desarrollo equitativo de la PAU, las universidades públicas andaluzas en coordinación con la Junta han determinado que, para “articular de la manera más garantista posible” la celebración de la Selectividad en el Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo “barridos selectivos” para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba, con especial incidencia en la IA.

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en la normativa de la PAU en Andalucía, donde se prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.

Fechas clave tras la prueba

Los estudiantes podrán conocer los resultados el 11 de junio, el mismo día en el que también comenzará la entrega de solicitudes para estudiar enseñanzas de grado en el sistema público andaluz en la fase ordinaria, con plazo hasta el 22 de junio.

La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en esta fase ordinaria y la segunda adjudicación será el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática, a través del enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz.

En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas. La solicitud será única y contemplará por orden de preferencia todas las peticiones de los títulos que la persona interesada desee cursar.

Ese orden será vinculante durante todo el proceso de admisión, por lo que es fundamental que la persona incluya el suficiente número de peticiones y en el orden que desee con el fin de evitar problemas por no rellenar correctamente o en un número insuficiente.

Cupos de acceso

En la admisión a los grados se distingue el cupo general, que aglutina todas las plazas de cada enseñanza universitaria y centro, descontando las reservadas que sean ocupadas por personas de colectivos de especial consideración.

En este último apartado se encuadran el cupo específico de alumnos con titulación universitaria o equivalente, que cuenta con un 1%, o el de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, que tiene asociado un 5% de las plazas.

En este capítulo también se incluye el grupo de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, que disponen de un 3% de la oferta de plazas, porcentaje que se eleva hasta el 8% en las titulaciones de Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Igualmente, computan aparte del cupo general, las plazas estipuladas para quienes acceden por la vía de mayores de 25 años (2%), las dirigidas a quienes lo hacen por ser mayores de 40 años con experiencia laboral y/o profesional y mayores de 45 años (2%).

Andalucía afrontará otro verano, y ya es el tercero, con la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin actualizar plenamente y con miles de profesionales sanitarios atrapados en un limbo administrativo que sindicatos y afectados denuncian desde hace años y que afectará a las plantillas que haya en hospitales y centros de salud. Mientras la Junta defiende que se trata de una fase “transitoria” derivada del nuevo modelo de contratación, los profesionales de distintas categorías aseguran que la situación les está dejando fuera del sistema pese a acumular experiencia, formación e incluso plazas aprobadas.

“Llevo cuatro años inscrito en la bolsa del SAS y cuatro años esperando una llamada que nunca llega”, cuenta José María Montero, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de Sevilla y actualmente desempleado. Durante este tiempo ha trabajado en el Sistema Nacional de Salud, ha seguido realizando cursos y acumulando méritos para mejorar su posición en la bolsa andaluza, pero asegura que sigue sin ser baremado oficialmente. “He trabajado y he seguido haciendo cursos para sumar puntos. ¿Para qué? Para nada”, lamenta.

Su caso no es aislado. Francisco Carvajal, enfermero con 15 años de experiencia y formación en urgencias y UCI pediátrica, denuncia que el cambio de sistema de bolsa le dejó prácticamente fuera del SAS. Tras casi una década trabajando en Inglaterra, volvió a Andalucía con 66,6 puntos reconocidos en la antigua bolsa y a las puertas de conseguir una interinidad. Con el nuevo sistema, explica, su puntuación cayó a 1,7 puntos por un error de baremación que ha terminado en los tribunales.

“Me supone una inestabilidad tremenda”, dice. “He estado seis meses en paro y ahora estoy trabajando en un ámbito de la enfermería que no me gusta y para el que no me he formado”. El enfermero asegura que ha tenido que denunciar al SAS por la vía contencioso-administrativa y denuncia que, mientras espera juicio, otros compañeros con menos puntuación sí han conseguido interinidades. Una situación que llega, además, en plena preparación del verano, cuando los hospitales y los centros de salud necesitan reforzar sus plantillas por vacaciones, bajas y el incremento de la presión asistencial en zonas turísticas. Y es precisamente ahí donde los sindicatos advierten del riesgo de que el problema vuelva a agravarse y las listas de espera continúen creciendo.

Plantillas mermadas

Porque UGT, CCOO, SATSE y CSIF coinciden en denunciar que el SAS volverá a recurrir este verano a los llamados “listados adicionales”, un mecanismo extraordinario que se utiliza cuando las bolsas oficiales se agotan o no están actualizadas. Aunque el SAS, a preguntas de elDiario.es Andalucía, insiste en que se trata de un procedimiento “regulado” y “transparente”, los sindicatos cuestionan que garantice realmente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Utilizar los listados adicionales debe ser la excepcionalidad, no la norma”, advierten desde CSIF, que asegura haber alertado ya en las mesas técnicas de que el sistema acabaría colapsando si no se reducían las notas de corte. “Con unas notas de corte tan altas, enseguida se agotan las listas y tienen que tirar del listado adicional. Eso es lo más injusto y lo menos transparente que existe”, sostiene el sindicato.

El origen del conflicto se remonta al cambio del modelo de bolsa impulsado por el SAS en 2021. Hasta entonces, según explican los sindicatos, las bolsas se actualizaban anualmente. La Junta sustituyó el antiguo sistema por una nueva plataforma con la promesa de agilizar y simplificar las contrataciones, pero la transición ha terminado acumulando retrasos durante años, que hacen que la última actualización completa se produjese en 2023, hace ya dos años y medio. “Lo que iba a ser una baremación más ágil ha acabado siendo todo lo contrario”, denuncia Gema Martín, portavoz sanitaria de CCOO Andalucía. Según explica, actualmente hay miles de profesionales inscritos sin baremar oficialmente, especialmente en categorías sanitarias y de alta demanda.

“Puedes estar inscrita en bolsa, pero sin baremar. Entonces no hay un criterio lógico para llamarte antes a ti o antes a mí”, denuncia. El problema afecta especialmente a quienes han terminado recientemente sus estudios o han acumulado experiencia en los últimos años. “Imagínate que terminas enfermería y no te bareman. ¿Cómo entras entonces en el sistema?”, plantea. Los sindicatos denuncian además que el SAS ha establecido notas de corte muy elevadas en algunas categorías, dejando fuera de las bolsas oficiales a miles de personas. Según CCOO y CSIF, esto obliga después a la propia Administración a recurrir nuevamente a listados adicionales porque las listas principales se agotan rápidamente.

“A veces se dan contratos a gente con muchos menos puntos”, sostiene Victorino Girela, de CSIF. José María Montero, el TCAE sevillano que sigue en paro, comparte esa misma sensación de agravio: “Mantienen en un limbo la bolsa oficial y ofertan contratos a personas con muchísimos menos puntos que los que yo tengo actualmente”. SATSE recuerda que el nuevo Pacto de Bolsa firmado en diciembre de 2025 tenía precisamente como objetivo llegar al verano de 2026 con listados actualizados y una herramienta de contratación más ágil y transparente. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que miles de profesionales presentaron méritos en marzo con la expectativa de que fueran valorados a tiempo para las contrataciones estivales, algo que no ha ocurrido.

“El retraso puede volver a provocar una fuga de profesionales formados en Andalucía”, advierten las enfermeras, que alertan de las consecuencias que puede tener para la asistencia sanitaria “que un sistema con más de 120.000 profesionales no disponga de una herramienta de contratación ágil, actualizada y transparente”. Al mismo tiempo, fuentes del Sindicato Médico Andaluz (SMA) insisten en que la situación se produce además en un contexto de déficit estructural de facultativos. Las jubilaciones, las vacaciones y las bajas veraniegas reducen todavía más unas plantillas ya tensionadas durante el resto del año.

Falta de planificación

Los sindicatos también reprochan al SAS haber abandonado la planificación anticipada de refuerzos estivales que se realizaba hace años mediante los llamados “planes de costas” o “planes de alta frecuentación”, especialmente importantes en provincias turísticas como Málaga, Cádiz o Almería. “No podemos tener contratos tan cortos y tan a última hora”, critica Gema Martín. “Los profesionales se nos van”. Según explica, la falta de estabilidad y la incertidumbre están empujando a muchos sanitarios a buscar mejores condiciones en otras comunidades o directamente en el sector privado.

Desde el SAS defienden, sin embargo, que la situación actual responde a una “fase transitoria” derivada del nuevo modelo pactado con las organizaciones sindicales y aseguran que los listados adicionales “no constituyen un procedimiento ajeno ni opaco”. La Junta de Andalucía sostiene que durante 2026 se están desarrollando los trabajos técnicos necesarios para implantar plenamente el nuevo sistema y recuerda que ya se han publicado las convocatorias para constituir las nuevas bolsas de todas las categorías. Desde el Ejecutivo regional se insiste además en que el objetivo es “compatibilizar dicha transición con la obligación del SAS de asegurar en todo momento la adecuada continuidad asistencial”.

Pero para muchos profesionales, esa transición lleva demasiado tiempo prolongándose. “Has invertido tiempo, dinero y ganas en algo que nunca llega”, relata José María Montero. Y advierte de las consecuencias que, a su juicio, acaba teniendo todo ello en la sanidad pública: “Hay puestos que no se cubren y profesionales asumiendo ratios inadmisibles. El enfermo no entiende ni de administraciones, ni de bolsas adicionales”.

El Tribunal Supremo ha sepultado definitivamente el proyecto estrella del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno para construir en la Vega de Mestanza la gran depuradora del área metropolitana de Málaga, valorada en más de 106 millones de euros.

Los magistrados han inadmitido el recurso de casación presentado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado paralizar las obras de la llamada “EDAR Norte de Málaga” al poco de empezar los trabajos, argumentando que nunca se estudiaron si las posibles alternativas a ubicar la depuradora en este enclave eran menos lesivas desde el punto de vista ambiental.

La decisión del Supremo pone fin a la vía judicial y convierte en firme el fallo (junio de 2025) que paralizó una de las mayores infraestructuras hidráulicas previstas en la provincia, dando la razón a la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas en el recurso que interpusieron a finales de 2022 contra el anteproyecto de la depuradora.

El Gobierno andaluz deberá abonar 2.000 euros por las costas del proceso, pero el cálculo político y económico de este varapalo judicial es mucho más alto. El Ejecutivo de Moreno se había empeñado en ubicar una depuradora para tratar 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes -de cinco munipios, incluido parte de Málaga capital- en una zona inundable, ocupando unas 13 hectáreas.

El veto definitivo del Tribunal Supremo deja en el aire la adjudicación millonaria del proyecto -las obras ya habían comenzado- y abre nuevas incógnitas respecto a las expropiaciones a unos 150 propietarios de los terrenos donde se estaba construyendo la infraestructura hidráulica, que ya han cobrado el justiprecio de esas parcelas.

Desde hace casi dos décadas, los alcaldes de los cinco municipios malagueños afectados -Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Málaga capital- y la Junta de Andalucía conocían de la necesidad de disponer de una nueva depuradora de aguas para esta zona, que vierte al río Guadalhorce las aguas residuales de sus vecinos sin depurar.

El proyecto permaneció mucho tiempo latente, sin que el Gobierno andaluz (por entonces en manos del PSOE) lo abordara. El Ejecutivo de Moreno reactivó el proyecto durante su primer mandato, a finales de 2020, echando mano de los ingresos del canon del agua (una tasa que primero suprimió y luego volvió a activar).

La EDAR Norte de Málaga era la infraestructura de depuración más relevante de cuantas tenía asignadas la administración andaluza. El auto del Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, supone un golpe a uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno andaluz del PP en esta provincia, que hace apenas dos semanas también vio cómo el Alto Tribunal Andaluz anulaba las expropiaciones de terreno que ejecutaron para construir la depuradora en este enclave, por entender que allanaban un proyecto que ya había sido censurado por los tribunales.

Los jueces argumentan en su auto, fechado este jueves, que “no se fundamenta suficientemente (...) que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”, y concluye que “el pronunciamiento de la sentencia impugnada presenta una virtualidad expansiva que implicará su proyección o influencia sobre numerosas situaciones similares; circunstancia que en este caso no aparece debidamente cumplimentada”.

El Supremo fulmina así el último intento del Gobierno andaluz por reactivar las obras de su proyecto estrella y da por válidos los argumentos del TSJA que paralizó la depuradora. En aquella sentencia ya se afeaba a los técnicos de la Junta que sólo hubieran tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos” para elegir Vega de Mestanza, obviando un contraste ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga.

El fallo puso énfasis en subrayar que Vega de Mestanza es un “punto estratégico” del Corredor Biológico Mundial al tratarse del Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, algo que los técnicos debieron valorar y comparar con otras opciones. Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la cataloga como zona inundable de “alta probabilidad” de inundaciones, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años, como se pudo comprobar en las últimas lluvias torrenciales del otoño.

El auto del Supremo, previsiblemente, obligará a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a buscar una ubicación alternativa. Su titular, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, ya había advertido de que no depurar las aguas residuales de la zona norte metropolitana de Málaga obligaba a la Junta a pagar cada año casi 1,3 millones de euros a la Comisión Europea en concepto de multa.

La Universidad de Sevilla (US) ha sacado músculo económico presentando un nuevo estudio sobre el impacto socioeconómico que genera la institución en su entorno. La Hispalense pone así cifras a una idea que los rectorados públicos llevan meses defendiendo en pleno conflicto con el Gobierno andaluz por la financiación universitaria: “Invertir en universidad pública no es un gasto, sino una inversión”.

Así lo ha manifestado este jueves la rectora de la US, Carmen Vargas, durante el acto de presentación del informe impulsado por el Consejo Social. Entre sus principales conclusiones, destaca que la institución sevillana genera un impacto económico superior a los 2.600 millones de euros. Esa cifra equivale a un retorno de 6,2 euros por cada euro transferido por la Junta de Andalucía. Es decir, “se multiplica por más de seis veces la inversión realizada dentro de la propia universidad”, como ha apuntado el profesor encargado del estudio, Francisco José Acedo.

La presentación del informe –elaborado a partir de datos de 2024– llega apenas una semana después de que la US alertara de un desfase de casi 13 millones entre el coste de su plantilla y la financiación prevista por la Junta para 2026, así como del anuncio de un plan de ajuste de 16 millones de euros ante unos fondos que el Rectorado considera “claramente insuficientes”.

Aunque la rectora ha querido desvincular el informe del pulso abierto con el Gobierno andaluz por el modelo de financiación, tanto el momento elegido para difundirlo como el propio enfoque del estudio –iniciado en 2025, coincidiendo con el endurecimiento de las negociaciones con la Junta– refuerzan el mensaje que los rectorados vienen defendiendo desde hace dos años: infrafinanciar la universidad pública conlleva consecuencias económicas y sociales mucho más amplias que las puramente académicas.

El impacto de la US en cifras

El informe, que trata de radiografiar la contribución de la institución a la sociedad, sitúa a la Universidad de Sevilla como “uno de los grandes motores económicos y sociales de Andalucía”. Según los datos recogidos, la actividad de la institución generó en 2024 un impacto económico total de 2.663 millones de euros y contribuyó a la creación de 24.654 empleos. Ese impacto equivale al 1,2% del PIB andaluz y supera el 5% de la riqueza provincial.

El análisis también pone el foco en el retorno fiscal de la inversión universitaria. Según sus cálculos, el Estado recupera el coste de una plaza universitaria en menos de cinco años gracias a la mayor contribución tributaria de los titulados y a un patrón de consumo que aporta entre 1.150 y 1.350 euros anuales adicionales en IVA al sistema tributario.

El informe sostiene además que la formación universitaria mejora las oportunidades laborales y salariales de los titulados. El estudio avala que un egresado de la institución percibe, de media, un 92,7% más de salario que un trabajador con educación secundaria. Ese diferencial asciende al 111,2% en el caso de las mujeres.

Más allá de los datos económicos

La Universidad de Sevilla —la mayor de Andalucía, con más de 71.000 estudiantes y unos 7.600 profesores— sostiene que su impacto trasciende lo estrictamente económico y alcanza ámbitos como la cohesión social, la investigación, la innovación o la dinamización cultural. Más allá de las cifras macroeconómicas, el estudio busca responder a una cuestión de fondo: qué devuelve la Universidad de Sevilla a su entorno en forma de conocimiento, oportunidades, investigación, empleo y cohesión social.

En el ámbito social, el informe destaca que durante el último curso se concedieron 20.039 becas y ayudas, complementadas con programas orientados a la inclusión y la conciliación. Además, 2.537 estudiantes recibieron apoyo directo en materias relacionadas con salud, conciliación o asesoramiento jurídico.

La dimensión cultural y patrimonial también ocupa un lugar destacado en el análisis. La US cuenta con 14.200 bienes digitalizados en su Sistema de Información Patrimonial y registró en 2024 más de 11.400 asistentes a exposiciones y más de 33.000 a espectáculos y actividades culturales.

En investigación, la institución mantiene una posición destacada al situarse como la segunda universidad española en captación de recursos mediante contratos de I+D, con una financiación anual de 63,3 millones de euros. Asimismo, el informe refleja que la producción científica de la US ha aumentado más del 27% desde 2019, no solo en términos cuantitativos, sino también de calidad.

Una decisión de futuro

Por todo ello, el profesor encargado de liderar esta investigación concluye que “los recursos que se destinan a nuestra universidad no son un gasto, son una inversión que retorna a la sociedad a través de múltiples vías”. “Más que el volumen, importa el efecto relativo: por cada euro invertido somos capaces de devolver 6,20 euros a la sociedad”, ha resumido el profesor Acedo, insistiendo en que la Hispalense genera riqueza tanto a corto plazo —a través del gasto, el empleo y la actividad económica— como a largo plazo mediante formación, innovación, atracción de talento y una mayor capacidad fiscal futura de sus egresados.

La principal conclusión del informe, según sus autores, es que “invertir en la universidad es una decisión de futuro”, una apuesta por “construir una sociedad más próspera, más equitativa y culturalmente más rica”.

Una idea en la que ha coincidido la rectora, defendiendo que la universidad pública constituye “una inversión estratégica para el desarrollo económico y social de un territorio” porque “genera empleo, atrae talento, impulsa innovación y emprendimiento, fortalece el tejido empresarial y dinamiza la vida económica y cultural de su entorno”.

Ese mensaje cobra especial relevancia en un contexto en el que los rectorados andaluces siguen a la espera de los resultados de la auditoría pactada con la Junta para revisar el cálculo de unos fondos que consideran insuficientes para afrontar el coste de personal. Si bien la rectora ha tratado de separar el estudio de las tensiones institucionales, ha apelado a la importancia de contar con una “suficiencia financiera” para poder “desarrollar toda esta labor”, en alusión al impacto documentado.

Más allá de cuantificar el impacto económico de la Universidad de Sevilla y medir qué aporta a la sociedad andaluza, el informe plantea de forma implícita una reflexión de fondo: qué perderían Sevilla y Andalucía si una institución de estas dimensiones viera limitada su capacidad de actuación por problemas de financiación.

Con el humo todavía sobrevolando Almonte, las dudas han vuelto a situarse sobre los medios humanos y técnicos con los que cuenta el dispositivo de bomberos forestales de Andalucía, el EMA Infoca, de cara al verano. De hecho, los dos incendios declarados estos días en este municipio de Huelva, en pleno entorno de Doñana, han funcionado como anticipo de lo que está por venir: una campaña de alto riesgo que arranca el 1 de junio y que lo hace entre versiones enfrentadas sobre el estado real del dispositivo que está integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) desde hace año y medio.

Mientras la Junta de Andalucía insiste en que el operativo llega “reforzado” y con más medios que nunca, buena parte de la representación sindical describe un escenario muy distinto: vacantes sin cubrir, unidades incompletas, problemas de relevo en plena extinción y una carga de trabajo que, en algunos incendios, se traduce en jornadas que se alargan durante horas sin descanso. El contraste entre ambas lecturas no es nuevo, pero este año llega con un elemento añadido: la campaña comienza tras semanas de incendios simultáneos en distintas provincias y después de un invierno especialmente lluvioso que ha dejado, según coinciden todas las partes, una acumulación de vegetación que incrementa el riesgo de propagación rápida del fuego.

No obstante, la Junta defiende que el Infoca afronta la campaña con un refuerzo significativo de medios. Habla de 108 autobombas -la mayoría renovadas-, 43 aeronaves, nuevas unidades de maquinaria pesada y una estructura operativa apoyada en 23 Centros de Defensa Forestal, además de una red de vigilancia y puntos de agua extendida por todo el territorio. El Ejecutivo andaluz insiste también en la consolidación de empleo estable dentro de la EMA, con más de 200 plazas fijas, y la incorporación progresiva de nuevas herramientas tecnológicas de coordinación y gestión de incendios. Así, la lectura oficial es clara: más recursos, más tecnología y una estructura más integrada.

“El peor enemigo es la improvisación”

Pero la fotografía que dibujan varios sindicatos es mucho menos optimista. Para CGT, que representa en torno al 40% del operativo, el dispositivo llega a la campaña con problemas estructurales que no se corrigen con cifras globales. Denuncian más de 400 vacantes sin cubrir y brigadas que, en algunos casos, deben reorganizarse para alcanzar los mínimos operativos. En su diagnóstico, el problema no es sólo de volumen de plantilla, sino de disponibilidad real en el momento crítico.

“El peor enemigo de una emergencia es la improvisación”, sostienen, y apuntan directamente a lo que consideran una gestión deficiente de la planificación del dispositivo en los meses previos al alto riesgo. En su relato, que comparten con los sindicatos minoritarios UITA y SIBFI, los incendios de Doñana y otros conatos recientes no son excepciones, sino ejemplos de una operativa que trabaja al límite, con medios incompletos y relevos insuficientes. Además, CSIF coincide en el diagnóstico de fondo, aunque lo centra en un problema inmediato: la falta de incorporación del personal eventual a pocos días del inicio oficial de la campaña.

La central sindical advierte de que esta situación deja equipos incompletos y reduce la capacidad de respuesta ante incendios simultáneos, uno de los escenarios más críticos del verano andaluz. También alerta del contexto climático: la vegetación acumulada tras un invierno muy húmedo se está secando con rapidez y actúa ya como combustible continuo en buena parte del territorio. CCOO añade a este escenario otros problemas que vienen arrastrándose de campañas anteriores: unidades que no están completas, vehículos que no siempre son adecuados para el terreno y carencias en la gestión de los equipos de protección individual.

En este último punto introducen un elemento especialmente sensible: la falta de contrato de limpieza de los EPIs, lo que podría obligar a parte del personal a manipular material contaminado fuera de los circuitos previstos. Desde UGT ofrecen una visión más matizada. Reconocen que existen vacantes y problemas de gestión interna, pero sostienen que el dispositivo se completará con la incorporación del personal de bolsa, como en campañas anteriores.

Desde el sindicato también apuntan más a los problemas organizativos y de recursos humanos que a una falta estructural de medios. Habla de movilidad, conciliación y un deterioro del clima laboral vinculado a la gestión interna de la nueva EMA. A su vez, admiten problemas recurrentes con algunos vehículos utilizados en extinción en zonas de difícil acceso, aunque, eso sí, recuerdan que Andalucía mantiene una de las mayores flotas de medios aéreos del país.

Un conflicto que viene de lejos y que sigue abierto

La campaña arranca, además, con un conflicto laboral que lleva meses tensionando al dispositivo. Hace apenas dos semanas, la Junta cerró un preacuerdo con CCOO, UGT y CSIF sobre un nuevo complemento retributivo vinculado a la experiencia profesional. El acuerdo fue rechazado por CGT y otros colectivos vinculados al EMA Infoca, que consideran que sustituye el histórico complemento de antigüedad por un sistema variable y menos garantista. También critican que el proceso de negociación se haya producido sin la participación de toda la representación sindical.

Desde la Junta, en cambio, se defiende como una solución jurídica dentro de las limitaciones de la legislación presupuestaria y como un avance en el reconocimiento de la experiencia profesional. El resultado es un dispositivo que inicia su campaña de máximo riesgo con una división sindical abierta y con interpretaciones radicalmente distintas sobre su propio estado.

Además, los incendios de Almonte han funcionado como recordatorio inmediato de ese escenario. No tanto por su magnitud, que de hecho ha tenido un impacto significativo en una zona de “alto valor ecológico”, sino por el momento en el que se produce: justo antes del despliegue completo del operativo y en un contexto de advertencias sobre acumulación de combustible vegetal en el monte. La propia Junta ha advertido de que este año la campaña será “especialmente compleja” por la combinación de lluvias intensas y posterior subida de temperaturas, un patrón que ha favorecido el crecimiento de pasto fino altamente inflamable.

En ese contexto, la disputa ya no es sólo sobre condiciones laborales o modelos de gestión. Es sobre la capacidad real de respuesta en un verano que, según todos los actores, ya ha empezado a tensarse antes incluso del inicio oficial de la campaña. El temor de los bomberos forestales es que no se vea reflejado en las actuaciones que deberán realizar, dado que las temperaturas ya están siendo altas y los veranos anteriores ya han demostrado que los fuegos cada vez son de mayor intensidad. Una realidad para la que, insisten, debe estar preparado el Gobierno andaluz para dotar de recursos técnicos y humanos suficientes al dispositivo.

Tres años después de que su médico de familia solicitara una ecografía abdominal de control, una mujer de Cádiz recibió finalmente la cita para realizarse la prueba en el Hospital Puerta del Mar. La petición permanecía registrada desde julio de 2023 y no fue hasta mayo de 2026 cuando recibió una llamada telefónica desde el sistema sanitario público preguntándole si seguía interesada en hacerse la exploración.

La historia vuelve a poner el foco sobre las listas de espera diagnósticas en Andalucía, una situación que pacientes y profesionales sanitarios llevan tiempo denunciando por las demoras acumuladas para acceder a determinadas pruebas médicas. En este caso, además, no se trataba de una intervención quirúrgica ni de una consulta especializada, sino de una ecografía abdominal solicitada como seguimiento rutinario dentro de un control médico.

La paciente explica a este periódico que la prueba estaba relacionada con el seguimiento de un tratamiento con estatinas. “Era un control que me pidió el médico de familia, un control rutinario”, relata. Según cuenta, la ecografía derivaba de una revisión anterior y con el paso del tiempo llegó incluso a olvidarse de que seguía pendiente. “A mí hasta se me olvidó”, reconoce.

La sorpresa llegó cuando recibió una llamada para preguntarle si continuaba interesada en realizarse la prueba. “Lo que más me llamó la atención y lo que me molestó es que me preguntaran: ”¿Sigue usted interesada?“, explica. La mujer asegura que en ese momento recordó la solicitud y pidió que le confirmaran cuándo había sido registrada. ”Me dijeron que en septiembre del 23. Y claro que seguía interesada, porque me la había mandado mi médico de familia“, señala.

“Se están cargando la sanidad pública”

Según relata, durante esa conversación llegó incluso a preguntar si podían darle la cita a primera o última hora para no interferir con su trabajo, pero la persona que la llamó le respondió que únicamente estaba comprobando si mantenía el interés en la prueba. “Era para que corriera el turno”, afirma ahora la paciente, que considera incomprensible que una ecografía abdominal pueda acumular semejante demora.

La mujer decidió entonces comentar lo ocurrido con un responsable del área de calidad sanitaria para pedir orientación sobre cómo actuar. “Yo decía: ‘¿Qué hago, pongo una reclamación o denuncio?’”, recuerda. Finalmente, tras trasladar el caso, recibió la cita a través de WhatsApp y pudo realizarse la ecografía.

Afortunadamente, la prueba no detectó ninguna patología importante. Aun así, la paciente admite que la situación habría sido muy distinta si hubiera existido un problema de salud relevante. “Si hubiera sido algo importante, hubiera removido cielo y tierra o habría acabado haciéndomela en la privada, aunque soy contraria a eso”, afirma.

Pese a disponer de seguro médico privado, insiste en que apenas recurre a él y se define como “pro pública totalmente”. Reconoce, eso sí, que en otras ocasiones sí ha terminado acudiendo a la sanidad privada ante determinadas demoras. “Con una resonancia de la rodilla, por ejemplo, me la terminé haciendo fuera”, explica.

La paciente gaditana asegura que, pese a lo ocurrido, seguirá confiando en la sanidad pública. “Sé que se la están cargando y desgraciadamente la van a seguir deteriorando”, lamenta. Aun así, insiste en que su intención continúa siendo utilizar el sistema público siempre que sea posible.

Según la versión trasladada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a este periódico, se asegura que la mujer ha sido atendida y sometida a distintas actuaciones diagnósticas y asistenciales durante este periodo conforme al criterio médico. Asimismo, el SAS sostiene que la cita a la que se hace referencia corresponde a una revisión programada vinculada a un circuito asistencial concreto y no a una situación de falta de atención sanitaria durante estos años.

Demoras para pruebas diagnósticas

El médico que ha gestionado el caso recuerda que una ecografía abdominal no se solicita de manera arbitraria. “Cuando su médico de cabecera determinó que había que hacerle esta exploración es porque la sintomatología o el seguimiento clínico requerían de esta prueba diagnóstica”, sostiene. A su juicio, esperas tan prolongadas hacen que muchas pruebas “pierdan parte de su utilidad clínica”.

El facultativo asegura además que las demoras para pruebas diagnósticas se han convertido en una situación habitual en numerosos centros sanitarios andaluces. “Hay personas que llevan diez, doce o hasta dieciocho meses esperando determinadas pruebas”, afirma. También relaciona esta situación con el incremento de los tiempos de espera en Atención Primaria y con la falta de refuerzo de personal sanitario.

El problema, añade, no se limita únicamente a las consultas médicas. También afecta a extracciones sanguíneas, derivaciones y pruebas vinculadas a patologías graves. “Se están produciendo cuellos de botella en cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer de próstata”, afirma, recordando que en las últimas semanas distintos medios gaditanos habían informado ya de retrasos en pruebas torácicas relacionadas con posibles diagnósticos oncológicos.

El médico describe además una sensación de descoordinación creciente dentro del sistema sanitario. Como ejemplo, relata que tanto él como su mujer recibieron mensajes automáticos para participar en el cribado de cáncer de cuello de útero pese a circunstancias médicas que hacían imposible esa convocatoria. “Hay un descontrol”, resume. Para este profesional, el problema de fondo pasa por la falta de refuerzo de personal sanitario en la atención directa al paciente.

“Cuando hace viento, la casa se mueve”, se lamenta Estefanía Reyes. Asienten otra decena de vecinos que ven temblar sus viviendas cada vez que sopla con fuerza el levante o el poniente, algo habitual en Cádiz. Es solo uno de los numerosos problemas que sufren las 60 viviendas de la promoción conocida como Matadero Sur, a la entrada de la capital gaditana. Filtraciones de agua, cortocircuitos, puertas que se desploman o facturas de suministros básicos desorbitadas. Podría parecer que son deficiencias provocadas por el paso del tiempo, pero estas casas apenas tienen un año y medio. Las llaves se las entregó en mano el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un día en el que presentó este edificio como un “símbolo de calidad y eficiencia energética”. Era la primera construcción de vivienda pública de la Junta en Cádiz tras 12 años. “El presidente nos dio coba”, resume Estefanía.

Las 60 viviendas protegidas de Matadero Sur, en la calle Nelson Mandela, fueron entregadas el 30 de septiembre de 2024. El presidente andaluz había estado en la colocación de la primera piedra y no quiso perderse el momento en que los vecinos accedían por primera vez a estas casas en alquiler. “Es una promoción de última generación, diseñada específicamente para resistir las condiciones climáticas de la ciudad: humedad, viento y salinidad”. Apenas un año y medio después, los vecinos aseguran convivir con goteras, filtraciones, problemas eléctricos, humedad, puertas descuadradas y cortes de agua.

Las denuncias han sido canalizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha decidido, junto a varios afectados, denunciar públicamente la situación y reclamar una actuación urgente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), promotora pública de la obra. “Las viviendas son de pésima calidad”, sostiene Rafael Lara, portavoz de la APDHA en Cádiz.

La directora de AVRA, Susana Cayuelas, llegó a afirmar entonces que “la calidad del aire está garantizada en el interior de las viviendas” y que el diseño del inmueble había tenido en cuenta las singularidades climáticas de Cádiz, con una especial mención a “la protección térmica y acústica”. Los vecinos están hartos de escuchar ruidos extraños procedentes de las tuberías o del silbido del viento que se cuela por sus ventanas mal selladas.

“No había pasado ni un mes cuando me entró agua por el techo del cuarto de baño, la cocina y la ventana principal del salón”, relata Najat Abdelouarten. Según explica, los operarios acudieron en varias ocasiones, pero nunca solucionaron el problema. “Siempre dan largas”, lamenta.

Estefanía Reyes enumera una cadena de incidencias que comenzó prácticamente desde el día en que recibió las llaves. “Me vine a mi casa con un cortocircuito”, cuenta. Después llegaron las filtraciones, un agujero en el techo del baño, placas de pladur empapadas, una tubería de agua caliente reventada y cortes de suministro durante horas. Describe también situaciones difíciles de asociar a un inmueble recién construido: “Los pomos de las puertas están rotos, los marcos se caen, la placa de ducha se mueve… mi casa está llena de humedad”.

“O te asas de calor o te mueres de frío”

En las casas, que iban a ser un icono de climatización, “o te asas de calor o te mueres de frío: no hay término medio”. Además, no se pueden colocar aparatos de aire acondicionado porque las paredes de pladur no resisten. “No podemos poner ni cuadros ni estanterías porque se caen”.

Una de las anomalías que más inquietud genera es que “salen corrientes de aire por los enchufes”. Según la APDHA, no es un caso aislado y apunta a defectos de mayor alcance. “Para que salgan corrientes de aire por los enchufes debe haber un problema estructural en la construcción”, advierte Lara. Por eso, reclama un informe técnico independiente que evalúe el estado del edificio.

La APDHA sostiene que los defectos aparecieron desde el primer momento, por lo que rechaza cualquier argumento relacionado con un supuesto mal uso por parte de los inquilinos. Además, recuerda que las viviendas siguen dentro de los plazos legales de garantía.

La Junta ha argumentado que está a la espera de un informe de AVRA para determinar quién y cómo debe arreglar estos desperfectos. El Ayuntamiento ha derivado, hasta el momento, a los vecinos a la Consejería de Vivienda, al ser la competente, aunque los beneficiarios proceden del listado municipal de demandantes. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador debe acometer las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad. “Los vecinos están cumpliendo con sus contratos y pagando sus alquileres; la Administración también tiene obligaciones”, sostiene. Temen que la Junta esté dejando pasar el tiempo de garantía para no reclamarle los daños a la constructora.

La entidad asegura haber remitido escritos detallados a AVRA, solicitado reuniones con la delegada territorial de Vivienda, Carmen Sánchez, y enviado incluso una carta firmada por los vecinos al presidente andaluz. Pero no han obtenido respuesta. Ese silencio ha llevado a la APDHA a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y a estudiar posibles acciones judiciales. Aunque reconocen que la vía judicial supondría un gran esfuerzo económico para familias con recursos limitados, advierten de que podría acabar siendo inevitable si la Junta no interviene.

Otros edificios con problemas

Las quejas por el estado de las viviendas públicas se acumulan, ya que otros edificios de su competencia en Cádiz también presentan problemas. Los vecinos de la calle Explanada, en el barrio de Puntales, denuncian desde hace años el grave deterioro estructural de varios bloques, con grietas, hundimientos, apuntalamientos y desprendimientos que mantienen a decenas de familias viviendo “con miedo” ante un posible colapso. La situación se ha agravado en los últimos meses con el precinto y desalojo de algunas casas por motivos de seguridad, lo que ha incrementado la indignación vecinal en una zona donde varias familias llevan demasiado tiempo soportando condiciones de infravivienda. La diferencia es que estas casas tienen más de 60 años. Las de Matadero no llegan a dos.

La promoción de Matadero Sur tenía como objetivo ofrecer un respiro a familias expulsadas del mercado privado del alquiler en una ciudad donde la presión turística y la proliferación de viviendas vacacionales han disparado los precios. Cuando se entregaron las llaves, algunos adjudicatarios explicaban que llevaban hasta 20 años esperando una vivienda pública y que pagaban alquileres inasumibles en el mercado libre.

“Mi alquiler es de 425 euros, pero estoy pagando más de 600 al mes por la luz y el agua”, asegura Vanessa Lois, otra de las vecinas. Sus facturas de suministros básicos superan en algunos meses los 200 euros debido al sistema de bombeo o al mal funcionamiento de las placas solares instaladas. Por eso añade: “Yo invito a Moreno Bonilla a que venga aquí, que los 60 vecinos lo estamos esperando. Que venga y vea lo que vino a vender y lo que hay realmente”.

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.

Vox tiende la mano al PP de Juanma Moreno, así lo manifiesta su líder andaluz, Manuel Gavira. La cuestión es llegar a un acuerdo para que “de una vez por todas, Andalucía cambie de rumbo”. Pero, ¿a qué rumbo se refiere Vox, en qué materias, con qué finalidad? Mientras el PP de Castilla y León busca llegar a un punto de encuentro, los gobiernos de Extremadura y Aragón rubricaron el documento con la formación de ultraderecha que los ata durante los próximos cuatro años, sin contar los baches por el camino. Inmigración, mundo rural y medioambiente, rebaja de impuestos y fiscalización de lo que denominan gastos improductivos, líneas en las que el partido de Santiago Abascal marca su agenda, pese a las trabas relacionadas con las competencias estatales.

Las elecciones en Extremadura (21 de diciembre de 2025) y las de Aragón (8 de febrero de 2026) lograron los pactos de gobierno entre PP y Vox cuatro y dos meses después de que la ciudadanía fuera a las urnas, respectivamente. Los plazos en Andalucía todavía están en el aire y la única fecha segura es que el próximo 11 de junio se iniciará la XIII legislatura andaluza en la que los 109 diputados tomarán posesión de su escaño y se votará la composición de la Mesa de la Cámara. A partir de ahí, el reloj marcará los tiempos de las negociaciones y Moreno enarbolará los 53 diputados de la mayoría frente a Gavira, que apelará a los 15 representantes convertidos en la llave del Ejecutivo autonómico. La prioridad nacional, el mantra de la ultraderecha, capilariza los puntos acordados en las otras autonomías, aunque el candidato popular haya manifestado que se trata de un eslógan sin base legal.

La prioridad nacional, con la que se pretende discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas al ponerlas detrás de las españolas, queda definida en los acuerdos así: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, excluyendo a aquellas personas que estén en situación irregular y solo amparándolos “exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Este reclamo con el que Vox mira hacia las generales incluye sus líneas más duras en los documentos firmados en Extremadura y Aragón contra los menores migrantes no acompañados, con párrafos que son un calco: “No más MENAS”. “Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central y a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, se recoge, al igual que “devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”, para lo que los gobiernos autonómicos promoverán “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.

Recorte en acogida de menores

Una serie de actuaciones que no podrán acometer al no contar con competencias en la materia, sin mencionar que se incumpliría con la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas y que España suscribe. En todo caso, podrían instar al Gobierno central a hacer cambios que luego se reflejarían en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía (SIME), que sí está en manos de la Junta. A ello, habría que añadir la persecución de la lengua árabe o del burka o el niqab, una prohibición en las que la ultraderecha ha utilizado a las corporaciones municipales para hacer presión y que ahora ocupa la agenda de dos administraciones autonómicas.

“No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”, rezan los escritos. En este caso, Vox obvia que los menores no acompañados son integrados en los espacios a los que también acuden los nacionales. “En España tenemos el Sistema de Protección, el cual se pone en marcha cuando un menor se ve privado del cuidado parental por un motivo u otro”, explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social en Save the Children. En 2024, el Observatorio de la Infancia señala que el acogimiento residencial en el país se dio más hacia extranjeros (9.606) que a españoles (9.162), sin embargo, en el caso de Andalucía, los menores españoles siguen utilizando más los recursos que los foráneos, ya que son 1.565 frente a 876, respectivamente. Por tanto, ¿se recortarían recursos para ayudar a la población más vulnerable?

“En el caso de los menores extranjeros que vienen separados de su referente familiar, entran en el sistema, al igual que los niños y niñas que están en situación de desamparo, como se le llama a la figura administrativa”, indica Del Moral. A partir de ahí, se podrá derivar al menor a un centro de protección o a un acogimiento familiar, ya sea en unidades acogedoras o extensas. “En determinados lugares hay centros de recepción temporal, pero, de nuevo, la legislación no diferencia entre si son de origen extranjero o español, por lo que cualquier medida que se tome en el Sistema de Protección afectará a la infancia y adolescencia independientemente del motivo por el que lo necesiten”, asevera.

“Objetos de odio”

En lo pactado, Vox y PP establecen que habrá un “endurecimiento del régimen disciplinario” de los centros de acogida, sin especificar si se realizará mediante el incremento de agentes policiales o de seguridad, número de trabajadores o similares. Al respecto, la responsable de Save the Children subraya que la exposición de estos menores los hace “objetos de odio” e, incluso, podrían “generar dificultades en su incursión en el territorio”. Por tanto, ve con preocupación que el descontento en materia de migración se focalice en este colectivo “especialmente vulnerable”.

Además, añade que continuarán realizando su misión, pese a que el pacto de los conservadores establezca que habrá una “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. En el caso de Extremadura, se afirma que la Junta “no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, un bulo alentado por la extrema derecha para el que el Gobierno de Moreno ha puesto alfombra roja, ya que ha recortado un 60% los fondos para la cooperación al desarrollo, así que esta nueva medida daría la estocada definitiva a tantas organizaciones. En este punto, se expresa el rechazo y recorte presupuestario a los sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas “sin utilidad pública”, obviando que las líneas de subvenciones dada por la Junta ya tienen un sistema de baremación que garantiza que las subvenciones reporten beneficios sociales.

Medidas fiscales y rechazo a Bruselas

En cuanto al campo andaluz, nicho de Vox para encadenar el voto agrario, Extremadura pide la eliminación de la ecotasa energética, mientras que Aragón suprimirá el impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera. Con ello, el Ejecutivo no aprobará “ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”, aparte de rechazar la implantación de Mercosur. En el tinglado burocrático, abogan por la simplificación administrativa a destajo y la “aplicación del principio de declaración responsable” con tal de agilizar procedimientos para los que se necesitan una rigurosa inspección. A su vez, se creará una dirección general de regadíos, una cuestión que en Andalucía ya tiene su polémica avanzadilla con la iniciativa que registró Vox para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva)

Hay bonificaciones, varias y cuantiosas. En Aragón, por ejemplo, la reducción del 80% de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca, o que incluya a los sobrinos en las ampliaciones de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A ello, habría que añadir que apuestan por ampliar la “concertación” de plazas para residencias de mayores, dejando la puerta abierta a una mayor privatización y, como reza en Aragón, también a la modalidad educativa de Bachillerato, “garantizando la libertad de elección de centro”. Indicios de lo que podría ocurrir en Andalucía, donde una de las mayores protestas de la comunidad educativa está en la escasa oferta en Formación Profesional pública que ha provocado la falta de oportunidades entre los estudiantes.

Hay un apartado en el que Vox quiere colgarse la medalla. “Publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal”: el Ministerio del Interior publica el balance en el Portal Estadístico de Criminalidad y también el Instituto Nacional de Estadística, donde la serie de 2024 destaca que el 74% de los condenados por delitos era de nacionalidad española. Desde noviembre del año pasado, la Ertzaintza se convirtió en el primer cuerpo policial del Estado en comunicar el origen de sus arrestados, pero por zonas geográficas y no por nacionalidad, siendo una estrategia que se está estudiando en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

Igualmente, el empadronamiento o el acceso a una vivienda protegida y al alquiler social son varias de las cruzadas de la ultraderecha en pos de la prioridad nacional. Por ejemplo, con la creación de un servicio de verificación del empadronamiento ignoran la legislación estatal que ampara a las personas sin hogar que necesitan estar inscritas en albergues, unidades de atención o similares con tal de acceder a los servicios básicos, como la educación, la sanidad o demostrar el arraigo para pedir la residencia.

Además, Extremadura y Aragón piden un mínimo de 10 años de estancia en el país para la compra de una VPO y otros cinco años para alquiler social a un colectivo vulnerable que sufre la discriminación de los servicios inmobiliarios y la subida de los precios del mercado; y aunque los gobiernos autonómicos de PP y Vox expresan por escrito su oposición a la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ambas, al igual que Andalucía, votarán a favor del Plan Estatal de Vivienda para acceder al fondo de 7.000 millones de euros. A la espera de lo que ocurra, estas son las primeras pinceladas que se podrían esperar de un acuerdo con Vox, que ya en 2019 presentó un total de 19 propuestas para facilitar el que fuera el primer gobierno autonómico que quitó el cordón sanitario a su formación.

Hace siete años la guerra cultural con la que Vox se hizo un hueco en el tablero político estaba enfocada a la protección de la tauromaquia, a la derogación ley de memoria histórica y a la negación de la violencia machista contra las mujeres mientras aludían a la defensa del modelo de la familia tradicional donde la comunidad LGTBI no tenía cabida. En esta ocasión, y con esos mandatos ya implantados en la esfera pública, el discurso de la ultraderecha se ha endurecido, defendiendo sin complejos una política xenófoba que necesitará del apoyo de Moreno.

[Definición de la R.A.E. de fascismo: Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista].

En democracia hay momentos en los que las sociedades se ven obligadas a detenerse, mirar alrededor y preguntarse qué está realmente en juego. Andalucía vive uno de esos momentos. Más allá de los resultados electorales, lo que hoy se discute es la salud de nuestras instituciones y la fortaleza de un sistema democrático que ha costado décadas consolidar.

Las instituciones no son un escenario neutro: son el armazón que sostiene derechos, libertades y convivencia. Por eso cuando aspiran a entrar en un gobierno autonómico fuerzas que cuestionan principios básicos del Estado de derecho, la sociedad y los partidos políticos democráticos deben reflexionar con profundidad. Debemos comprender que la democracia no solo se vota, también se protege.

En un Parlamento fragmentado, la responsabilidad institucional recae en quienes a priori buscan la investidura. En ellos recae la responsabilidad de explorar las vías que garanticen estabilidad, sí, pero también que garanticen el autogobierno y que preserven el marco democrático. Quienes a priori van a ejercer un papel de oposición, pueden y deben aportar análisis y advertencias, pero la primera iniciativa formal corresponde a quienes pretenden presidir la Junta.

Esta no es una cuestión de simpatías políticas, sino de lógica institucional: quien quiere gobernar está obligado a asumir la responsabilidad de evitar escenarios que debiliten la convivencia democrática.

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno

Tras las elecciones andaluzas existen razones por las que un gobierno en solitario podría resultar atractivo para el candidato conservador:

Evitaría el “lío” del que él mismo advirtió durante la campaña, reforzaría su imagen de moderación, y gobernaría sin ataduras de fuerzas xenófobas. Además consolidaría la llamada “vía andaluza”, un camino propio dentro del panorama político nacional. Esta circunstancia situaría además a Juan Manuel Moreno como el referente moderado que pretende ser dentro de su partido. 

La memoria ofrece además advertencias útiles. En la Alemania de los años treinta, la derecha moderada creyó que podía “domesticar” al partido de Hitler otorgándole responsabilidades institucionales. Ocurrió lo contrario: primero fue arrasada políticamente y después vino la destrucción del sistema democrático. Esta es una lección histórica sobre cómo funcionan las dinámicas de poder cuando se cede espacio institucional a ciertas fuerzas políticas.

Por otra parte, y desde una perspectiva democrática existen argumentos que explican por qué la a priori oposición, podría optar por facilitar un gobierno:

El machismo, la homofobia y el odio a la persona distinta ya tienen presencia social. Pero la entrada en un gobierno autonómico de quienes defienden lo anterior supone un salto cualitativo: acceso a recursos, capacidad de condicionar políticas, influencia en el legislativo y de forma indirecta, en el ámbito judicial, y como ya hemos comentado la experiencia histórica demuestra que cuando entran estas ideas en las instituciones, no se moderan, se fortalecen.

La influencia de la izquierda y de las políticas que defiende necesariamente será mayor ante un gobierno en minoría que ante un bloque PP-Vox cohesionado. 

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno, que impondrían ritmos, prioridades y debates diseñados para erosionar derechos y polarizar, obligando a la izquierda a estar en una posición permanentemente reactiva.

El argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada

Además, el argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada. Los grandes medios y las redes sociales están fuertemente condicionados por marcos, cuanto menos, conservadores, por lo que esa reacción social no está garantizada. La normalización del extremismo desde el poder no genera rechazo, sino habituación. La persona votante de izquierdas incluso puede llegar a sentir que ha sido abandonada en manos de un gobierno contaminado con ideas autoritarias, y que eso se podría haber evitado.

La democracia andaluza, como cualquier democracia, se sostiene sobre equilibrios que pueden ser frágiles: respeto institucional, pluralismo, derechos fundamentales y convivencia.

Por eso, se puede y se debe defender que la prioridad debe ser impedir que quienes cuestionan muchos principios democráticos accedan a posiciones de poder que les permitan erosionarlos.

La prioridad es la democracia.

Juan José Martínez, de 84 años, espera desde el 26 de junio de 2025 a que se reconozca el Grado III de dependencia por la Junta de Andalucía. Aquel día recibió la visita de los evaluadores de la Consejería de Inclusión Social, pero no hay respuesta por parte de la administración mientras que su estado de salud se debilita. En los últimos cinco meses ha estado ingresado en el hospital hasta en cuatro ocasiones. Pese a las leves mejoras, el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía sigue a la cola del sistema en 2025: el tiempo medio de espera es de 496 días, en vez de los 180 días establecidos por ley, mientras que 6.995 personas fallecieron sin que les llegara una resolución de grado y 40.092 personas en lista de espera.

María, de 61 años, es la persona cuidadora de referencia de sus padres, Juan José y Adelaida del Pino, de 84 y 85 años, quienes tienen reconocido un Grado II en dependencia desde el año 2022, lo que significa que tienen asignados dos cuidadores con 40 horas mensuales, es decir, una hora por la mañana y una hora por la tarde de lunes a viernes por lo que se le cobra a él una media de 100 euros al mes. El resto del tiempo es la hija quien está al tanto de los progenitores, cuyo desgaste ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses, sobre todo el de su padre.

Al entrar en la cafetería, María saluda a unos y otros. Solía bajar cada mañana con su padre antes de que empeorara y, también, antes de que le cambiaran el perfil de trabajador que acudía a su casa, ya que necesita la fuerza de un cuidador para manejar sin riesgos al hombre que mide 1,90. Acude a la entrevista antes de que llegue la cuidadora de su madre a las doce del mediodía. Si no está, no habrá quien abra la puerta debido a la escasa movilidad que tienen los dos ancianos. Abre un archivero con decenas de fundas de plástico llenas de documentos, listas de medicamentos y facturas que va consultando mientras las muñequeras aprietan sus articulaciones en ambas manos, desgastadas después de varios años manipulándolos tanto para lavarlos, trasladarlos o levantarlos cuando se caen al piso.

Horarios y altos costes de las residencias

Al lado del folleto de simplificación administrativa que reparte la Junta de Andalucía está la solicitud que realizó el pasado año para que su padre accediera al Grado III en dependencia: adjuntó la solicitud, las copias del DNI y nuevos diagnósticos sobre su estado de salud en el ambulatorio. “Esto qué persona mayor te lo hace”, dice con los documentos apilados. Necesita más ayuda y la última vez que acudió al hospital fue la trabajadora social del propio servicio sanitario quien le dio un listado, apenas legible, de las residencias cofinanciadas por la Junta.

Hay dos trabas: por una parte, su padre tiene que aprobar este traslado dado que está lúcido y, por otra, el proceso para iniciar los cambios del Programa Individual de Atención (PIA) se demoraría meses. “Cuando se fracturó la cadera en 2024 lo consideré, pero no es algo que se haga sobre la marcha y, una vez recuperado, tienes que pasar otro proceso para que lo devuelvan a casa... No pude más que hacerme cargo”, la alternativa era pagar por adelantado y luego solicitar una subvención para la cofinanciación. Las residencias más baratas que ha consultado rondan los 1.500 euros, una cantidad que no tiene y a lo que habría que añadir su situación como parada de larga duración.

El batalleo comienza pronto en casa de los Martínez. María se levanta antes para que a las ocho y media de la mañana esté preparado el desayuno, dadas las pastillas y medida la tensión, que últimamente se le dispara a Juan José. A las 9.15 horas llega la cuidadora de su padre, que la ayuda a quitarle el pijama, asearlo y vestirlo. La hora que está con la familia se dedica exclusivamente a la higiene. No hay tiempo para más. A las 10.15 horas se marcha y aprovecha el tiempo para poner lavadoras y limpiar. A las 12.15 horas, la segunda cuidadora se dedica a Adelaida. Otra hora de cuidado personal y el mediodía ya está aquí. Hasta las 19.45 horas no vendrá la persona encargada de su padre, que apoyará a María en el lavado y puesta a punto del pijama. Todo ello, sin contar con la rigidez o contratiempos que provoque el Parkinson: “El resto del tiempo, como los fines de semana, estamos expuestos a caernos los dos si lo tengo que mover porque le duela el cuerpo de estar tanto tiempo quieto o le tengo que cambiar el pañal”.

“El sistema no es malo, pero lo malo son los tiempos y la escasez de recursos. Yo soy la que ha pagado de su bolsillo un fisioterapeuta para mis padres, yo soy la que está pendiente de ellos día sí y día también... Estamos resignados”. Entre enero y abril, su padre ha estado hospitalizado hasta en cuatro ocasiones. “Él lo que me dice es que no tengo en quién delegar... He tenido que renunciar a mi vida”, explica. María solo tiene una hermana, con la que no puede contar. Al vivir cerca de sus padres, va y viene prácticamente todos los días después de que la pandemia de 2020 supusiera un punto de inflexión y contemplara que la pareja era incapaz de pervivir por sí sola.

“No están suficientemente formados”

“Desde la Junta, me dieron la posibilidad de que vinieran los dos cuidadores a la misma hora, pero eso significaría que pierdo todo el tiempo a que si vinieran por separado”, detalla Martínez. “Mis padres me tienen a mí para cubrir el resto de horas, si hay que cambiarles los pañales o darles de comer y que no se asfixien, pero, imagínate los que están solos”, resume. Una vez tuvo que salir y dejó solo a uno de los trabajadores del servicio de dependencia. Al volver, encontró a su padre semidesnudo, desorientado, con las sábanas y el pijama en el que había excrementos tirados en el suelo frente de la pareja de ancianos. Las imágenes quedaron grabadas y se remitieron a la coordinadora del dispositivo. “No están suficientemente formados”, critica.

Las personas más cercanas a María le recomiendan que delegue, pero le es imposible quedarse de brazos cruzados. Es la persona que los acompaña al hospital, quien arregla los trámites en el ayuntamiento y pide que desglosen cada una de las facturas, la que habla con el servicio de ayuda a domicilio para que se cumpla con el programa establecido. A todo ello, habría que añadir el cuidado de la salud mental de sus progenitores, sobre todo de su padre, que aún es consciente de todo lo que pasa a su alrededor y sufre por las consecuencias de la enfermedad degenerativa. “Sí, claro que tengo el síndrome del cuidador, pero si haces mal tu trabajo, es él quien paga las secuelas”, advierte. Su oído rastrea la respiración y los tosidos de su padre durante el día, en alerta por si necesita auxilio. Reconoce que no es indispensable, solo necesita el compromiso de quienes acuden a su casa y que la rotación o sustitución de los trabajadores no sea tan frecuente para que aprendan la rutina de los cuidados que requieren los mayores.

“Tengo que ser fuerte por muchas razones. Detrás de mí hay mucha gente, porque no es solo mi padre ni mi madre, es que hay gente peor que está esperando en una cama a que alguien venga. Hay 7.000 personas que se mueren, ¿sabes lo que te digo?”, zanja. María cree que esto irá a más: “Paséate por la mañana por los supermercados, por los parques... Solo hay personas mayores. La longevidad es muy alta y el sistema se ha quedado muy chico”.

La dependencia, en la rueda electoral

La dependencia ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos en campaña. Todos están de acuerdo en que las listas de espera hay que rebajarlas y en los debates electorales tanto Por Andalucía, de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han prometido a promulgar una ley en la que se obligue a cumplir con los 180 días de espera y que, de incumplir tales plazos, se indemnice a los usuarios y a sus familias.

Acerca de la gestión de Loles López, consejera de Inclusión Social, el Observatorio establece que ha disminuido la lista de espera en 10.756 personas y el tiempo de tramitación en 106 días en comparación con el año anterior. Unas cifras de las que se enorgullece la administración que, en sendos comunicados, ha trasladado en los últimos meses que ha habido un récord histórico de personas beneficiarias. Por contra, el Gobierno andaluz sigue afirmando que aporta más que el Estado para la financiación del sistema de dependencia, una cuestión para la que pide estar a la altura del País Vasco, a pesar de que los informes tanto del Imserso como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores desmienten. Andalucía es de las comunidades más cofinanciadas por el Gobierno central, recibiendo un 34,90%, y se puntualiza que el presupuesto autonómico dedicado a la partida apenas ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue siendo el más bajo de toda España: 7.173 euros.

En marzo de 2024, el Gobierno andaluz implantó un nuevo modelo de gestión mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una vez. El cambio buscaba la agilización de los trámites y un año después las huelgas, protestas y críticas al sistema se agolpan, con cese mediante en julio del año pasado del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, a quien sustituyó el viceconsejero José Repiso. La última manifestación frente al Palacio de San Telmo fue en el inicio de la campaña andaluza cuando la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO pidieron una respuesta “urgente”. La dependencia arrastra los males históricos de una infraestructura infrafinanciada. Cuestiones que se escapan al día a día de María, como tantas otras personas: “Le dije a mi tío que le ayudaría a tramitar su ayuda, pero murió hace un mes”.