La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado este jueves cinco acuerdos adoptados por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en las que estimaba las denuncias presentadas por la coalición Por Andalucía a cinco visitas técnicas realizadas por consejeros de la Junta tras el anuncio de la convocatoria electoral del 17 de mayo, así como la publicación de tuits en la red social X relativos a esa actividad.

En todos los acuerdos, la JEC ratifica que dichas visitas vulneran las prohibiciones establecidas en el artículo 50.2 y 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Asimismo, el organismo ha instando a dichos consejeros a que se “abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada, que pudieran vulnerar la Loreg, y a que extreme las precauciones para asegurar el respeto al principio de neutralidad en el ejercicio de su actividad institucional durante el curso del proceso electoral conducente a las elecciones del 17 de mayo de 2026”.

“El consejero, como cualquier otro cargo público, puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión. Pero no puede hacerlo prevaliéndose de las actividades realizadas en su condición de cargo público”, ha indicado la JEC en los acuerdos consultado por Europa Press.

Declaraciones y cobertura mediática

En concreto, el organismo ha respaldado la denuncia presenta en las visitas de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a las obras de la plataforma reservada del Aljarafe Norte en Sevilla; también Rocío Díaz a las últimas pruebas de la conexión con el trazado de la prolongación del metro de Granada; en los trabajos de emergencia en la vía autonómica A-333; del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al centro de salud de Salobreña (Granada); y también de Sanz al hospital de Motril (Granada).

En todos los recursos presentados a la JEC, la Junta ha alegado que estas visitas técnicas se realizaron “conforme a la normativa electoral, pues no consta que en la visita se haya hecho convocatoria de medios, ni que apareciera en la agenda institucional, sin que se emitiese ninguna nota de prensa”. En esta línea, el gobierno andaluz ha indicado que la publicación en redes sociales se ha producido en la cuenta personal del perfil de X del consejero, “y por tanto, debe prevalecer la libertad de expresión”.

Sin embargo, pese a estos argumentos, la JEC ha corroborado que varios medios de comunicación cubrieron la visita y que los consejeros realizaron declaraciones. Asimismo, según el organismo, “las características del vídeo, que en buena parte de su extensión focaliza su atención en la consejera y su equipo y tiene una elaboración muy profesional, del mismo tipo que otros vídeos relativos a visitas que la Junta Electoral ha examinado con ocasión de denuncias ha determinado que se considere como un indicio añadido de que la visita se llevó a cabo rebasando el carácter de una mera visita técnica y con un componente promocional”.

Los acuerdos son firmes en vía administrativa contra los que solo cabe una interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

Desestimadas varias denuncias contra 'tuits' de Moreno

En la reunión de la Junta Electoral Central de este jueves, también se ha desestimado el recurso presentado por la coalición Por Andalucía contra la decisión de la JEA de no considerar contra la Loreg vario 'tuits' publicados por Juanma Moreno en su cuenta en la red social 'X' en los que venía a valorar fiestas como la tauromaquia o la Semana Santa.

Según la JEC, “no resulta posible encontrar en las manifestaciones denunciadas ningún contenido electoralista”. “No hay en ellas alusiones a realizaciones o logros obtenidos, ni referencias comparativas o críticas con otras formaciones políticas, ni se utilizan imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en la campaña por alguna de las formaciones concurrentes a las elecciones”, ha remarcado.

En todos los casos, la Junta Electoral de Andalucía acordó desestimar estas denuncias apoyándose para ello en artículos de la Loreg y en acuerdos anteriores sobre cuestiones similares.

La Junta Electoral Central (JEC) ha ratificado este jueves que la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) no podrá utilizarse “para la identificación del votante” en las elecciones al Parlamento andaluz convocadas para el próximo 17 de mayo, al no estar garantizado que “el control de la verificación de la identidad de los electores” por dicho sistema es “suficientemente segura”.

Así lo señala la JEC en un acuerdo adoptado este jueves, 23 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, que responde a una consulta de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) “relativa a la repercusión en la suspensión de la eficacia de las aplicaciones 'MiDGT' y 'MiDNI' como medio válido de identificación de los votantes para las elecciones al Parlamento de Andalucía” del 17 de mayo.

La Junta Electoral Central decidió el pasado 26 de marzo dejar en suspenso sus resoluciones autorizando el uso de la versión digital del DNI para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, permitida desde el pasado septiembre, y a instancias del PP acordó que ya no se pueda utilizar en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y mientras no se garantice que el control de verificación sea “suficientemente seguro”.

Control de la verificación de la identidad

La JEC ha ratificado así en su acuerdo de este jueves, 23 de abril, ese otro del pasado 26 de marzo de 2026 “sobre la suspensión de la eficacia de sus acuerdos por los que se permitía la utilización de las aplicaciones 'MiDGT' y 'MiDNI' por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo”.

De esta manera, “como se dice en el mencionado acuerdo, dichas aplicaciones no podrán utilizarse para la identificación del votante, en tanto no se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura, lo que no se produce en las elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas para el día 17 de mayo próximo”, zanja el acuerdo de la JEC en respuesta a la consulta de la Junta Electoral andaluza.

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía subrayaron el pasado marzo que esta decisión de la JEC se producía también “tras la impugnación formal y las alegaciones presentadas por la Secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía”, que “cuestionaban que dicho documento cumpliera las garantías de la normativa electoral para la identificación del votante”.

“Con esta resolución, se atiende la solicitud de la Junta para que la identificación de los votantes se realice exclusivamente mediante los documentos físicos expresamente previstos por la ley”, remarcaron al hilo de dicha resolución del 26 de marzo desde la Consejería de Presidencia, desde donde añadieron que “la Administración andaluza entiende que, mientras no existan mecanismos de verificación plenamente operativos y accesibles, el uso del soporte digital no cumple las garantías exigidas en la normativa electoral”.

Escrito de la Junta

La Junta de Andalucía “advirtió que el uso de la versión digital del DNI carecía de las garantías necesarias para asegurar la integridad del proceso de votación, ya que la administración electoral no dispone actualmente de los medios tecnológicos ni de las aplicaciones oficiales necesarias para realizar la verificación de los códigos QR dinámicos que genera la aplicación 'MiDNI', lo que impide asegurar una comunicación segura y completa”.

El escrito presentado por la Junta “se fundamentaba en que el artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General exige la identificación mediante documentos físicos, como el DNI o el pasaporte, que contengan la fotografía del titular”. Además, “señalaba que las mesas electorales carecen de los dispositivos para la comprobación en tiempo real prevista en el diseño del sistema”.

Por otro lado, “la dependencia de la aplicación 'MiDNI' planteaba dudas en supuestos donde no se pueda garantizar una cobertura de comunicaciones adecuada, lo que generaría una evidente inseguridad jurídica y disparidad de criterios entre las distintas mesas”, argumentaron desde el Gobierno andaluz a la hora de pedir que no se autorizara el uso del DNI digital para la identificación de votantes en la cita del 17 de mayo.

El decreto que amplía y consolida el teletrabajo para los alrededor de 40.000 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral) de la administración general autonómica sigue siendo un proyecto, y no una realidad, más de un año después de que el borrador quedase sellado. El Gobierno de Moreno anunció que los dos días de teletrabajo serían una realidad a finales de 2025, luego lo demoró al primer semestre de 2026, y ahora ya no llegarán hasta la primavera de 2027, en el mejor de los casos. La demora sobre el calendario previsto por el propio Gobierno andaluz ha hecho tambalearse la paz social en las últimas semanas, con un amago de movilizaciones abortado, por ahora, gracias a un vago compromiso acordado este martes por la Junta con la mitad de los sindicatos presentes en mesa sectorial.

En el acuerdo entre la Consejería de Función Pública, de un lado, y SAF, CSIF y UGT, por otro, el Gobierno andaluz reconoce que no ha cumplido “los tiempos previstos” para implantar el teletrabajo, y hace propósito de enmienda reflejando su “firme compromiso” de que la tramitación haya terminado “a finales del mes de septiembre de 2026”. Después, habrá que esperar otros seis meses para que entre en vigor. Es decir, el nuevo régimen de teletrabajo para los empleados públicos de la Junta (excluido el personal sanitario, docente y de la administración de justicia) no estará vigente hasta finales de marzo de 2027, como pronto.

La mayoría absoluta del PP aprobó en el Parlamento Andaluz aprobó en junio de 2023 la ambiciosa Ley de Función Pública en junio de 2023. Es una de las leyes estrella de la legislatura, una norma muy ambiciosa destinada a voltear el modelo de empleo público que sostiene la administración autonómica, pero necesita de un desarrollo reglamentario para algunos aspectos esenciales como la carrera profesional, la evaluación de desempeño, la relación de puestos de trabajo o los procesos selectivos. Y en materia de teletrabajo ha encallado, ya sea por su complejidad o, como sostienen los sindicatos, por la falta de voluntad. Este es el asunto más espinoso de cuantos quedan por desarrollar.

“Impulso” o “lavado de cara”

Mientras se aprueba el Decreto ya redactado, la Junta ha propuesto a los sindicatos aprobar una Instrucción que evite la situación actual, en la que cada consejería o cada jefe de servicio aplica criterios diversos para solicitar el teletrabajo. Dentro de 16 días (el 8 de mayo), la Secretaría General para la Administración Pública les presentará una norma transitoria que establezca un marco más claro, homogéneo y estable que lo que hay ahora.

Tras dos semanas de tira y afloja, la aceptación por una parte de los sindicatos es un balón de oxígeno que permite a la Junta ganar tiempo. Sin embargo, está por ver que lo que presente a comienzos de mayo satisfaga a la parte social, que acumula desconfianza. A la administración, los sindicatos le achacan escaso interés en impulsar el teletrabajo. Las declaraciones del consejero José Antonio Nieto sugiriendo que el teletrabajo se usa para el escaqueo (“No se puede confundir teletrabajo y vacaciones”) ya enervaron a los sindicatos hace un año.

Pero tampoco hay unión entre los propios sindicatos. Los tres que no suscriben el acuerdo de este martes (CCOO, ISA y Ustea) creen que no sirve para nada, salvo para romper la unidad sindical y que la Junta se justifique ante sus trabajadores. “Es un lavado de cara”, lamenta Pablo López del Amo, de CCOO; un “pacto vacío” que encubre una “estrategia dilatoria”, según ISA.

“Lo que hacemos los firmantes es relanzar la herramienta del teletrabajo, y que se publique la instrucción”, defiende Juan José Gener, de UGT, que justifica el pacto en que sirve para dar un “impulso” a la administración. CSIF, el sindicato mayoritario, argumenta que “desbloquea” una situación enquistada estableciendo un calendario y permitirá corregir inmediatamente las desigualdades que ahora se producen.

“No lo tienen como prioridad”

En Andalucía, el teletrabajo en la administración sigue rigiéndose en 2026 con los criterios excepcionales fijados para la crisis del Covid-19. Hasta ahora, los trabajadores de la administración general pueden solicitar un día de teletrabajo a la semana. Con el Decreto podrán pedir dos tan pronto como entre en vigor, una cifra que sigue siendo inferior a la mayoría de comunidades autónomas. Pasado año y medio se evaluará si se han cumplido los objetivos, y el Gobierno andaluz lo podrá generalizar a tres días a la semana, según el borrador que, se supone, llegará al Consejo de Gobierno en septiembre, tras casi año y medio en exposición pública.

Para los sindicatos, el retraso refleja la falta de voluntad de la administración y una desconfianza latente hacia la figura del teletrabajo y hacia sus propios trabajadores. “No lo tienen como prioridad, y han tenido el Decreto durmiendo el sueño de los justos”, lamenta Pablo López del Amo. “Creemos que tiene los recursos para que eso ya se hubiera hecho, y si no que los ponga encima de la mesa. No puede decir que es muy difícil”, protesta Gener. “El decreto de teletrabajo ya está aprobado, sólo hay que aplicarlo”, observa ISA.

El pasado 8 de abril la Consejería admitió en una reunión de mesa sectorial que aún necesitaba los informes presupuestario, jurídico y del Consejo Consultivo. Los sindicatos salieron de allí con la confirmación de que el teletrabajo no es una prioridad para el Gobierno andaluz. Días después, se filtró una circular de la Consejería de Sostenibilidad que restringe el teletrabajo, haciendo referencia a una guía de buenas prácticas de la propia Secretaría General de Administraciones Públicas de la que no habían sido informados.

Fue la gota que colmó el vaso. Los sindicatos se prepararon para una rueda de prensa conjunta, deslizando posibles movilizaciones. Ante esa perspectiva en puertas de la campaña electoral, el secretario general se movió rápido para sofocar la crisis: volvió a citarlos, y les aseguró que la Junta espera publicar el Decreto a finales de septiembre, ofreciendo entre tanto una regulación que “homogeneice” la aplicación del teletrabajo y acabe con la disparidad, que raya la arbitrariedad.

Para los sindicatos firmantes, un paso que acerca al cumplimiento de los compromisos; para los críticos, un pacto vacío de contenido que no garantiza que los trabajadores de la administración andaluza vayan a contar pronto con una norma que regule su teletrabajo, a pesar de que esta aguarda turno desde julio de 2024.

El interrogatorio de tres horas al que los senadores del PP y Vox sometieron este pasado lunes a María Jesús Montero en el Senado ha resultado un desastre mediático contrario a lo que le hubiera gustado al equipo de la precampaña electoral del candidato y presidente de la Junta Juan Manuel Moreno.

El objetivo era exponer en la Cámara alta a la candidata del PSOE a un trasfondo de corrupción para debilitarla ante la opinión pública. Un objetivo fallido no solo por la metedura de pata de un senador al admitir que la citación era, en contra de lo defendido por el PP, erosionar a Montero cara a las elecciones andaluzas: “¿Qué prefieren ustedes, que los ciudadanos vayan a votar sin conocer la información?”, dijo el senador del partido conservador Salvador de Foronda dejando a sus compañeros acharados y al descubierto.

Digo no solo, porque ese mismo lunes, el foco mediático estuvo en la citación en el juicio sobre el caso 'Kitchen' de Luis Bárcenas. Las declaraciones del extesorero del PP señalando que M. Rajoy es, como ya todos sospechaban, Mariano Rajoy, y que el expresidente del Gobierno era conocedor de la doble contabilidad en su partido, opacaron cualquier declaración que la exministra de Hacienda pudiera hacer sobre su subordinado al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, investigado por corrupción.

Lo de utilizar el Senado como tribunal inquisitorial contra adversarios políticos es una fórmula ya utilizada por el PP con otros candidatos de su oposición aprovechando su mayoría absoluta en el parlamento territorial. Incluso con otros candidatos andaluces.

La misma estrategia utilizó el PP para auxiliar a Juan Manuel Moreno en las elecciones de 2018 cuando en la precampaña citó a Susana Díaz para interrogarla sobre los ERE, en pleno escándalo. Un caso en el que el PP andaluz ha sido acusación popular (primero con Javier Arenas, luego con Juan Ignacio Zoido y después con Moreno al frente) hasta lograr que los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueran condenados. Y más allá, hasta conseguir que la Audiencia de Sevilla retrase aplicar la exoneración del Tribunal Constitucional a los expresidentes y otros cargos socialistas condenados hasta ver qué opina el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) al respecto. 

Algo de justicia poética ha sido que el mismo día del paseíllo de Montero al Senado, Bruselas diera un varapalo a la Audiencia de Sevilla que condenó a los expresidentes al desestimar que el TJUE revise el fallo del Constitucional anulando las sentencias del caso ERE

Tantas coincidencias: María Jesús Montero fue consejera de los gobiernos de Chaves y Griñán, mientras que Juan Manuel Moreno fue secretario de Estado del Gobierno de Mariano Rajoy, quien le envió a hacerse cargo del PP andaluz. Como algo de justicia poética ha sido que el mismo día del paseíllo de Montero al Senado, Bruselas diera un varapalo a la Audiencia de Sevilla que condenó a los expresidentes al desestimar que el TJUE revise el fallo del Constitucional anulando las sentencias del caso ERE.

El mismo día que en el juicio por espionaje a Bárcenas se escucharan los nombres de Rajoy y también de Javier Arenas como a los que pudo beneficiar que pudieran desaparecer documentos que podían haberles incriminado en el caso de la doble contabilidad del PP por la que este partido fue condenado, aunque ellos nunca fueron investigados.

Aún más coincidencias: mientras que Juan Manuel Moreno no quiere a Rajoy en su campaña electoral, pese al aprecio que le tiene, el PSOE de María Jesús Montero había previsto un acto con todos los expresidentes socialistas desde Rafael Escuredo a Susana Díaz, y también Chaves y Griñán, como manera de reivindicarles y devolver a la militancia socialista el orgullo perdido por la gestión en la Junta. El mitin, a celebrar el sábado 18 de abril, fue suspendido por la muerte de la mujer de José Rodríguez de la Borbolla, Gracia Sánchez. 

El espaldarazo de Bruselas en plena precampaña dará aún más motivos y aliciente a la convocatoria de expresidentes en otro momento antes del 17M

El espaldarazo de Bruselas en plena precampaña dará aún más motivos y aliciente a la convocatoria de expresidentes en otro momento antes del 17M. La decisión de los técnicos europeos ha levantado los ánimos a un PSOE decaído por las encuestas y también por las malas noticias de los tribunales, como el juicio Mascarillas o la intención del instructor Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

Unos ánimos también indignados en un PSOE amilanado durante años por el proceso de los ERE. Tanto que el expresidente Rafael Escuredo se ha exaltado en su cuenta en X: “Los jueces sevillanos, los que se manifestaron a las puertas de los juzgados, deberían ser sancionados por el Consejo General del Poder judicial por inventarse un recurso inexistente de la Unión Europea. ¡Canallas!”.

Así está el patio andaluz a dos semanas del comienzo de la campaña: el ruido de los tribunales es más poderoso que el de la feria de Sevilla. Un ruido que impide a Moreno centrarse en su estrategia de encapsular su campaña, alejarla del barullo de sinsabores de la corrupción pasada de su partido. Y de los líos de las negociaciones de Génova con Vox para los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla-León.

Un ruido de tribunales que también distorsiona los mensajes de María Jesús Montero, centrados en defender lo público, sobre todo la sanidad pública. O quizás Montero (también Antonio Maíllo) ha conseguido algo, que Moreno entre al trapo de lo que de verdad importa en las elecciones andaluzas al admitir en una entrevista en televisión que su gestión al frente de la sanidad andaluza no ha sido buena y prometer cambiarla. 

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

La sanidad es el gran tema de las elecciones autonómicas en Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo. Convertido en el principal problema para los andaluces, según las encuestas del CIS y el CENTRA, los socialistas buscan esta veta para percutir sobre los ocho años de gobierno del PP de Juan Manuel Moreno, conscientes de que la gestión sanitaria de sus últimos años fraguó en un malestar decisivo para su salida de San Telmo, y que ahora el malestar crece: Andalucía no logra bajar del millón de pacientes en listas de espera sanitarias, con 200.000 andaluces aguardando por un quirófano, y el tiempo de espera media para operarse sigue siendo el más alto del país (173 días).

Esta ha sido también la legislatura de los errores en el cribado de cáncer de mama, una crisis que ha dejado al menos a 2.317 mujeres en el limbo, generando de paso el primer gran temporal político para Moreno, que cesó a su consejera de Salud y gran parte de su equipo para entregar el mando sanitario a un perfil netamente político, el consejero Antonio Sanz. El PP, que sabe de lo delicado del asunto, trata en campaña de minimizar daños, y ha conseguido que la Junta Electoral prohíba por ahora la proyección en centros públicos de un documental muy crítico con su gestión sanitaria, Andalucía no responde.

Este domingo, Moreno y María Jesús Montero (acompañados por Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez, respectivamente) reivindicaron sus respectivos modelos, uno en Córdoba y otra en Gibraleón. La socialista alertó contra el “desmantelamiento de lo público”, algo que Moreno calificó de “bulo”, mientras Antonio Maíllo (Por Andalucía) cargaba contra el modelo “clasista” de Moreno que “deprecia lo público”.

Moreno admite que deben “hacerlo mejor”

Moreno admitió que “hay margen de mejora”, y que debe “hacerlo mejor”, pero rechazó que se diga que “estamos mucho peor que antes en muchas áreas”. En línea con sus mensajes de los últimos meses, Moreno se agarró a las cifras presupuestarias, lo que Andalucía destina a Sanidad, asegurando que “no llegaba a los 9.000 millones de euros” cuando fue investido por primera vez como presidente de la Junta en enero de 2019, y que actualmente se sitúa “en 16.200 millones”. También reivindicó la oferta de empleo público.

El presidente del PP-A cargó contra “el bulo de las privatizaciones”, sin referirse a los contratos sanitarios a dedo con entidades privadas, prorrogados sin base legal tras la pandemia o fraccionados previa supresión de controles previos, lo que ha motivado la apertura de varias investigaciones penales. En relación a las listas de espera, Moreno admitió que “son altas”, pero acusó a los socialistas de haberlas “metido en los cajones” cuando gobernaban “para que no se contabilizaran” y que “los ciudadanos no supieran” que existían.

Montero promete garantizar atención primaria en 24 horas

Mientras, en Gibraleón, Montero afeaba a Moreno el deterioro de la sanidad pública y prometía “rescatarla”. La candidata socialista, acompañada del Presidente del Gobierno, ha asegurado que la primera decisión que va a adoptar si es presidenta de la Junta de Andalucía es “garantizar que nadie espere más de 24 horas para ser atendido por el médico de familia; que nadie espere más de 30 días para hacerse una prueba diagnóstica; que nadie espere más de seis meses para ser intervenido por un problema de salud”.

“Vamos a rescatar al sistema sanitario. Sabemos hacerlo. Fuimos orgullos de la sanidad española, con la investigación, con células madres, con la tecnología punta, con la capacidad de poner en marcha centros de alta resolución. Sabemos de salud”, ha subrayado.

Montero ha enfatizado que el PSOE es “la alternativa real para poder cambiar el rumbo de esta comunidad, parar la privatización, defender lo público y garantizar esa igualdad de oportunidades que nos permite la condición de ciudadanía”.

Maíllo: la Sanidad pública “no aguanta un tercer mandato del PP”

Mientras, en Córdoba, el candidato de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado que el “modelo estafa” del PP, que “está desmantelando los servicios públicos porque es su hoja de ruta y su estrategia” y ha lamentado que el modelo social de Moreno sea que “el que quiera curarse, que se lo pague, y el que quiera formarse de calidad, que se lo pague; y el que quiera dependencia, que venda la casa y con eso pueda pagar la dependencia”.

“Andalucía no aguanta un tercer mandato del PP. La sanidad pública no aguanta un tercer mandato del PP. La educación gratuita, como la hemos entendido, no soporta otro mandato del PP y de Moreno Bonilla”.

La Plataforma Andaluza de Educación Infantil ha celebrado este sábados dos concentraciones en Sevilla (en las Setas) y Málaga (en la Plaza de la Constitución) para reivindicar una bajada de ratio en las escuelas infantiles andaluzas y una mejora en la situación laboral de las trabajadoras. Los partidos y coaliciones de izquierda han apoyado con la presencia de algunos de sus candidatos las convocatorias, que han contado con el apoyo de sindicatos, PSOE, Por Andalucía o Adelante Andalucía.

“Tenemos unas ratios insostenibles, estamos solas en el aula y no tenemos recursos para atender a los alumnos como se merecen”, ha explicado Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma, en Málaga, en declaraciones a Cadena Ser: “Los niños están atendidos, pero lo que queremos es poder atenderlos mejor, mirarles a los ojos, darles la atención que necesitan”.

Terriza ha denunciado que la excesiva carga de trabajo provoca que realicen horas extra, y que muchas empresas incumplen convenios y normativas. Andalucía transita hacia un modelo íntegramente concertado cuando se culmine la transición hacia la gratuidad total de este etapa de la enseñanza. El año que viene serán gratuitas también las plazas para menores de uno a dos años. La Junta calcula que el 93% de los menores de 0 a 3 disfrutan de una plaza gratuita en una escuela infantil.

En torno al 80% acuden a centros en manos privadas. “Desde la gestión privada muchas veces se está funcionando a costa de las trabajadoras”, ha señalado la portavoz de la plataforma.

Las trabajadoras ya se concentraron ante el Parlamento andaluz el pasado 26 de marzo para exigir al Gobierno de Juan Manuel Moreno una actualización del precio que paga por cada plaza, congelado desde 2020.

Las movilizaciones preceden a la convocatoria de huelga estatal prevista para el próximo 7 de mayo.

“Blindar la financiación”

Toni Valero, coordinador de IU Andalucía, y Toni Morillas, su homóloga en Málaga, se han sumado este sábado a la movilización de Málaga.El partido de izquierdas, que se presentará a las próximas elecciones dentro de la coalición Por Andalucía (junto a Sumar, Podemos, Iniciativa por Andalucía, Alternativa Republicana y Los Verdes) ha denunciado que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno (PP-A) “ha renunciado a 120 millones de euros que iban destinados a la educación infantil pública, a costa de la precariedad de estas trabajadoras”.

En este contexto, han asegurado que Por Andalucía se compromete a “blindar la financiación necesaria para reducir ratios, garantizar la pareja educativa y asegurar que haya recursos especializados que atiendan la diversidad que haya dentro de las aulas andaluzas”.

Valero ha acusado a Juanma Moreno de “concebirla como un negocio”. Frente a “más precariedad, peor servicio y más desigualdad”, desde Por Andalucía apuestan por “entender la educación infantil como un derecho”. El dirigente de IU ha reivindicado el “derecho a una atención digna para niños de cero a tres años”, así como a “condiciones justas para las trabajadoras”, y a “tener una red 100% pública, con ratios adecuadas y con gestión directa porque las trabajadoras de la educación infantil no solo cuidan, también educan, también construyen futuros”. “Defender lo público, dignificar a las trabajadoras de educación infantil y garantizar recursos para lo más preciado”.

Por su parte, Toni Morillas ha subrayado el compromiso de la coalición por incrementar la financiación de la educación de cero a tres años para garantizar condiciones laborales justas para las trabajadoras, reducir las ratios dentro del aula, garantizar pareja educativa y que haya recursos especializados que atiendan la diversidad que hay dentro del aula“, ha señalado.

Moreno “está racaneando las condiciones laborales”

En Sevilla, el candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, también ha reclamado una “mejora de las condiciones laborales” de las trabajadores de escuelas infantiles, así como una “bajada de ratio”.

García ha denunciado que “es una auténtica barbaridad” que “el mismo gobierno --en referencia al que preside Moreno (PP-A)-- que devolvió 116 millones de euros al Estado porque eran para la educación infantil y no le interesaba”, y que “quitó dinero de la educación infantil para llevarlo a las obras del Estadio La Cartuja” de Sevilla, “le está racaneando las condiciones laborales a estas trabajadoras”.

José Ignacio García ha dicho que él le preguntaría a Moreno “si sería capaz de estar con 20 niños de dos años él solito en un aula; si sería capaz de estar solo con ocho bebés en un aula”, y ha remarcado que lo que están pidiendo dichas trabajadoras es “algo que dice toda la literatura científica y que es imprescindible, que es la pareja educativa”, el que haya “dos maestras, dos educadoras en la misma aula”, ha abundado.

El representante de Adelante ha agregado que “está muy bien que se suba el precio-plaza”, y desde su formación política apoyan eso, pero también entienden que “eso tiene que ir obligatoriamente ligado a una mejora de las condiciones laborales y a una bajada de la ratio, porque, si no, lo que están haciendo es maltratar sistemáticamente a la educación infantil”, según ha advertido José Ignacio García para concluir.

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a recurrir a mensajería privada para enviar documentación electoral a ciudadanos en determinados países en el exterior para las elecciones al Parlamento andaluz convocadas para el próximo 17 de mayo.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, el uso de la mensajería privada se permite en “aquellas situaciones que pudieran suscitarse, poniendo en riesgo la recepción de la documentación electoral en plazo, según resulte más ventajoso tanto en calidad como en precio”.

En este sentido, la JEC pide a Correos que detalle los supuestos en los que “específicamente y de forma excepcional” se hará uso del servicio privado o premium.

La entidad fundamente la decisión en base al Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2025, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2026.

En su solicitud, Correos ha indicado que, al igual que en elecciones anteriores, se estará en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores por “si fuera sabedor de algún país cuyas circunstancias aconsejen emplear un canal alternativo al certificado postal tradicional para la remisión de la documentación electoral”.

Situaciones que hagan “aconsejable” un “servicio premium alternativo”

Concretamente sobre los comicios andaluces, la Sociedad Estatal ha asegurado que está previsto el uso del certificado habitual a través de los operadores postales de la Unión Postal Universal, “considerando que en las circunstancias actuales el empleo de canales alternativos no incrementaría ni facilitaría la entrega de dichos envíos a sus destinatarios”.

En esta línea, han indicado que “pueden producirse situaciones que hicieran aconsejable el uso de un servicio premium alternativo”. Al respeto detalla, la existencia de destinos “requeridos por el Ministerio de Asuntos Exteriores (en el caso de que finalmente se produzca), siempre que tenga cobertura la red alternativa en dicho país”.

También se recogen posibles “envíos con dirección completa y correcta de entrega que hayan tenido algún tipo de incidencia operativa” como puede ser “deterioro en los procesos de transporte o distribución, reenvío a solicitud del destinatario, reimpresiones derivadas de eventualidades en el envío remitido inicialmente como pudiera ser que se hubiesen recibido sobres sin contenido”

Asimismo, se reconocen aquellos envíos de residentes ausentes o temporalmente ausentes “que sean depositados en Correos posteriormente a los plazos establecidos inicialmente, y que por ello requieren una premura aún mayor en su gestión”. También se ponen “casos no recogidos pero que por su singularidad sea aconsejable el uso de un servicio urgente”.

Para las anteriores elecciones autonómicas andaluzas, celebras en 2022, Correos remitió a las JEC una lista con 78 estados para recurrir con ellos a la mensajería privada, entre ellos se encontraban India, Sudáfrica, Ecuador o Australia.

De este Acuerdo se dará traslado a la Dirección General de Política Interior, a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y a la Junta Electoral de Andalucía, para su conocimiento y traslado a las Juntas Electorales Provinciales y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Los partidos políticos que logren representación en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo recibirán 25.684,01 euros por escaño y 95 céntimos por voto --en concreto, 0,9479 euros-- en concepto de subvenciones por gastos electorales.

Así lo determina una orden publicada el pasado 27 de marzo por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, que actualiza las cantidades para subvenciones a gastos electorales establecidas para los últimos comicios autonómicos celebrados en junio de 2022 aplicándoles el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026.

De este modo, la Junta fija que cada uno de los 109 escaños obtenidos en el Parlamento andaluz será subvencionado con 25.684,01 euros, y que se otorgarán 0,9479 euros por voto obtenido por cada lista siempre y cuando esos sufragios se traduzcan en escaños en esa circunscripción.

Límite a los gastos electorales: 4,36 millones por partido

Por otra parte, Hacienda fija en la misma orden el límite de los gastos electorales que podrá realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores que concurra a las urnas el 17M en 4,36 millones de euros sumando las ocho circunscripciones provinciales.

En el caso de Almería el límite se sitúa en 389.109,23 euros; en Cádiz en 623.291,62 euros; en Córdoba en 388.392,96 euros; en Granada en 474.136,85 euros; en Huelva en 269.458,61 euros; en Jaén en 310.654,81 euros; en Málaga en 900.919,28 euros; y en Sevilla en 994.241,87 euros.

El límite de los gastos electorales que puede realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores en los comicios del 17M es la cantidad en euros resultante de multiplicar por 0,5030 el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de cada una de las circunscripciones.

En el capítulo de ayudas a la propaganda electoral gratuita por correo, la orden establece una subvención que oscilará entre los 12,15, 16,48, 19,95, 24,30, 27,76, 32,10 y 36,43 céntimos de euro por elector en función del porcentaje de votos obtenidos el 17M, siempre que se superen porcentajes del 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35% del voto válido en la circunscripción.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Huércal-Overa (Almería) ha multado con 300 euros al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía por infracción a la Ley Electoral ante las manifestaciones realizadas durante la visita al Hospital de La Inmaculada el pasado 13 de abril al considerar que ensalzó la labor del PP y, con ello, vulneró el deber de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral.

La resolución, consultada por Europa Press, incide en la infracción del artículo 50.2 LOREG y requiere expresamente al consejero y candidato del PP al Parlamento de Andalucía por Cádiz para que “cese de forma inmediata” en este tipo de actuaciones durante el periodo electoral así como para que retire “cualquier publicación que haga referencia a la mencionada visita” de sus redes sociales y otros soportes.

El órgano estima parcialmente la denuncia interpuesta por el PSOE e incide en que las declaraciones realizadas ante la prensa por parte de Sanz en un acto institucional dirigido a presentar al nuevo gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería “fueron dirigidas a ensalzar la labor del PP en material de sanidad”.

En esta línea, asegura que no hay “lugar a dudas” de que la publicación que lanzó al respecto en la red social X, en la que hablaba de un programa excepcional para reforzar la atención sanitaria en la comarca y destacaba las incorporaciones de profesionales desde 2018, estaba orientada en el mismo sentido, cuando dicho extremo “está radicalmente prohibido” en la ley.

La juez da cuenta de los recortes de prensa que los socialistas acompañaron a la denuncia y destaca que “aun no siendo responsable de lo que se redacta en un medio de comunicación”, el dirigente andaluz “sí lo es por su contenido” en cuanto a los anuncios y declaraciones que realiza, en este caso, a lo largo de una página completa acompañada de una imagen del consejero.

De otro lado, la resolución no aprecia una conducta “reprobable” en cuanto a la actuación de la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, o el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, al entender que ellos únicamente participaron del acto de presentación del facultativo.

“Los denunciados acudieron en su condición de cargos públicos, tratándose de un acto que se puede enmarcar entre las actividades propias de los mismos”, resuelve el acta contra la que cabe recurso ante la Junta Electoral Provincial (JEP) en cinco días.

El PSOE dice que hay “nerviosismo” en el PP

A tenor de dicha resolución, el secretario de Organización del PSOE de Almería y cabeza de lista al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha criticado la “campaña sucia” que, según ha observado, lleva a cabo el Gobierno andaluz durante el periodo electoral al tiempo que ha apreciado cierto “nerviosismo” en el PP.

Ayala ha afeado la actuación del consejero, quien “repasó inversiones, destacó logros y anunció actuaciones futuras” cuando “está expresamente prohibido hacerlo”.

“Esta resolución viene a confirmar lo que ya habíamos advertido”, ha incidido el candidato socialista, para quien es “paradójico” que Moreno “reclamara una campaña limpia” mientras “su propio Ejecutivo ha actuado en sentido contrario”.

De la misma manera, ha criticado que el consejero tratara de trasladar una imagen de mejora en ese centro sanitario a pesar de que, a su juicio, representa “la zona cero del deterioro de la sanidad pública en Andalucía”, tras ocho años de gestión del Partido Popular.

Para el secretario de Organización del PSOE de Almería, esta actuación constituye “una vulneración grosera de la ley electoral” que, según ha señalado, evidencia “el nerviosismo de Moreno Bonilla ante los resultados del 17 de mayo”, una cita que ha definido como “un referéndum sobre el estado de la sanidad pública en Andalucía”.

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén (UJA), la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para este año 2026, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros (1.788 millones del Presupuesto de este año y 37,5 millones adicionales para pagar complementos autonómicos de 2024 y carrera horizontal del PDI y PTGAS), según ha informado la Consejería de Universidades.

Por universidades, la de Sevilla será la que más financiación reciba, con casi 450 millones de euros. A la Universidad de Málaga le corresponden 253. Le siguen la Universidad de Córdoba (150,5 millones), la de Jaén (112), la de Almería (98), la de Huelva (90,45), la Pablo de Olavide (85) y, por último, la UNIA (14,6).

De los 1.825,7 millones de euros que se reparten, 1.669,01 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 112,64 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada (UGR), que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la de Málaga (UMA), a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros.

A todas esas cifras se añade una cuantía de 21,5 millones consignada para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales, tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)

Además, el modelo incluye otros 16 millones consolidables para el refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario, por lo que ambas cantidades suman un montante de 37,5 millones adicionales. Inicialmente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguró que esta partida iría para digitalización de los campus, aunque finalmente las universidades podrán usarla en aquello que consideren más oportuno.

El Consejo Andaluz de Universidades ha subrayado que está cantidad estará destinada a cubrir diferentes conceptos reclamados “ampliamente” por las instituciones, como el abono total de los complementos autonómicos del PDI y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del PTGAS del año 2024, y la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía durante la apertura del curso académico 2025-2026.

Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano celebrada este viernes en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.

En esta reunión, se ha informado favorablemente la orden que recoge esa distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero “equilibrado y sostenible”, el capítulo 1, que constituye la principal reclamación de las universidades.

Se tratará de un mecanismo de auditoría conjunta entre las Universidades y la administración autonómica para determinar de forma exacta los costes reales de la plantilla universitaria y abonar la diferencia de ingresos no percibidos en virtud del cumplimiento íntegro de la cláusula de salvaguarda correspondiente a cada Universidad, según ha informado el CAU en una nota. En este sentido, la entidad ha reclamado a la Junta de Andalucía que dicha auditoría esté finalizada en el mes de julio, para que sus conclusiones se apliquen durante este ejercicio económico.

Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos.

Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

Un ciudadano andaluz sufre un golpe muy fuerte que deriva en convulsiones y que, por lo tanto, precisa de una ambulancia que le traslade inmovilizado y con un equipo que le monitorice. La ambulancia llega, pero lo hace tan solo con un técnico y sin que sea un vehículo adecuado para lo que necesita el paciente. Tiene que ser la Policía Local la que ayude al sanitario, lo que no evita que el ciudadano se fracture el cráneo y tenga que recibir tratamiento urgente.

Este es un caso real. Uno de decenas que ocurren semanalmente en Andalucía y que ponen en el foco otro de los problemas que se extienden en la sanidad pública: tampoco hay personal ni recursos suficientes en el transporte en ambulancias. Así lo denuncia Platesa, la plataforma andaluza que aglutina a los técnicos en emergencias sanitarias. Desde hace tiempo, aseguran que la Junta de Andalucía incumple la normativa en esta materia, mientras la externalización del servicio sigue degradándolo al utilizar vehículos inadecuados para los usos que se le dan.

Para entenderlo, hay que partir del hecho de que existen tres tipos de ambulancias para el transporte de ciudadanos: las no asistenciales (A1 y A2), que se utilizan para trasladar a ciudadanos a una consulta programada, y las asistenciales clase B y clase C, que son las de transporte urgente en función de la gravedad y que necesitan, mínimo, de técnico y ayudante o médico. Sin embargo, según Platesa, en Andalucía se utilizan sobre todo las A1 y A2 para las emergencias, pese a que esas por normativa no tienen por qué contar con ningún otro profesional que no sea el técnico que conduce el vehículo.

Es decir, la Junta de Andalucía, que contrata externamente el servicio de ambulancias, incumple la normativa. Al menos, esa es la tesis que sostienen los profesionales que están dentro del sistema. Y lo hacen no sólo desde la percepción, sino con datos. El dossier elaborado por Platesa, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dibuja un patrón que se repite provincia a provincia: en la Red de Transporte Urgente -la que debe atender emergencias- predominan las ambulancias no asistenciales, mientras las unidades que sí cuentan con dotación completa son claramente insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, hay 24 ambulancias A1 operando frente a ninguna de tipo B, en Granada, 36 A1 frente a sólo dos unidades asistenciales básicas, en Almería, 31 A1 y ninguna tipo B. La fotografía se repite, con matices y ligeras fluctuaciones numéricas, en prácticamente toda Andalucía.

Situaciones límite

El problema, explican, no es únicamente cuantitativo, sino funcional. Las ambulancias A1 están diseñadas para traslados programados de pacientes estables, sin necesidad de intervención durante el trayecto. Sin embargo, están siendo utilizadas para cubrir avisos urgentes. “Se está usando un argumento malicioso: que el paciente ya está valorado”, explica José David Orihuela, técnico de emergencias y portavoz de Platesa. “Pero eso sólo tendría sentido en un traslado programado. En una urgencia, la situación puede cambiar en cualquier momento”.

Ese desajuste tiene consecuencias directas. El técnico que conduce no puede, al mismo tiempo, atender al paciente en la parte trasera del vehículo. En la práctica, eso implica traslados en los que la persona viaja sola, sin supervisión, incluso en situaciones de riesgo. “Seguimos yendo solos en la red de transporte urgente”, insiste Orihuela. “Y eso no es una excepción, es el modelo que se está aplicando”.

Los ejemplos recogidos en el dossier refuerzan esa idea. Un paciente con insuficiencia respiratoria que se sincopa durante el traslado y broncoaspira sin que haya nadie atendiéndole en ese momento; una mujer con fractura de cadera que sólo puede ser movilizada correctamente porque, de forma excepcional, hay un alumno en prácticas; un traslado en el que una familiar tiene que asumir funciones de vigilancia sanitaria ante la ausencia de personal. En otro caso, un técnico es enviado solo a un accidente de tráfico y tiene que pedir apoyo tras realizar una primera valoración sin respaldo.

La versión de la Junta

Incluso las unidades de mayor complejidad presentan carencias. Platesa denuncia que en varias provincias hay ambulancias de soporte vital avanzado -las conocidas como UVI móvil- operando con un solo técnico, sin el equipo completo que establece la normativa. “Es una vergüenza lo mires por donde lo mires”, resume Orihuela.

La Consejería de Salud rechaza esta interpretación. En respuesta a este medio, asegura que el sistema se organiza conforme al Real Decreto 836/2012 y que las ambulancias A1 se utilizan para pacientes “clínicamente estables, que no requieren atención sanitaria durante el traslado”. Además, sostiene que existe supervisión sobre las empresas adjudicatarias y que cualquier incidencia se analiza de forma individual.

Sin embargo, la distancia entre ese planteamiento y lo que relatan los profesionales es evidente. Mientras la Junta describe cómo debería funcionar el sistema, los técnicos insisten en que la práctica diaria es otra. Y que no se trata de casos aislados. “Tenemos testimonios en las ocho provincias”, recalca Orihuela. “Esto pasa en toda Andalucía”.

El conflicto, en el fondo, va más allá de la organización del servicio. Tiene que ver con el modelo. El transporte sanitario está completamente externalizado y depende de adjudicaciones millonarias a empresas privadas. El último ejemplo se ha producido en Huelva, donde la Junta ha adjudicado un contrato de 100 millones de euros al Grupo SSG, propiedad de un fondo de inversión, desplazando a una unión de cooperativas locales que llevaba más de dos décadas prestando el servicio. La decisión afecta a más de 300 familias.

Para Platesa, este tipo de adjudicaciones no son neutras. “Si reduces costes, ¿dónde recortas? En personal y en recursos”, vienen a señalar. El resultado, según su diagnóstico, es un sistema que funciona por debajo de los estándares que marca la propia normativa. La Junta, por su parte, insiste en que la seguridad del paciente es un “principio irrenunciable”. Pero los profesionales que están en la ambulancia plantean una pregunta más concreta: qué ocurre cuando esa seguridad depende de una sola persona.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anulado la autorización a Mareas Blancas para emitir este jueves el vídeo sobre la sanidad pública en Andalucía, Salud No Responde, en el centro cívico Bellavista. Para ello, esgrime que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla, con fecha 7 de abril de 2026, ya declaró que la proyección del documental “vulnera lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Regimen Electoral General”.

Así consta en una resolución de Alcaldía, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, en la que se deja sin efecto la autorización concedida por la Jefatura de Negociado del citado centro cívico, “solicitada por la entidad ciudadana Asociación de Vecinos 'La Unidad', denegando el uso de los espacios, al entender que la actividad vulnera lo previsto en la mencionada ley”.

En este sentido, la Junta Electoral prohibió el martes de la pasada semana proyectar ese documental en una sede municipal de Mairena del Aljarafe tras un recurso presentado por el PP. La JEZ entiende que el contenido supone una crítica a la sanidad, “cuya gestión realiza un adversario político y vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el período electoral”, destaca la resolución del Consistorio hispalense.

“Improcedente”

Para el colectivo de Mareas Blancas, “el papel prohibitivo que desempeña el Ayuntamiento está fuera de lugar por cuanto no es competencia suya establecer las normativas electorales y su aplicación en la campaña electoral”. “De la misma manera, consideramos improcedente que se aplique una normativa de campaña electoral a una asociación de vecinos o a un movimiento social como las Mareas Blancas”, aseveran en un comunicado.

Todo ello respondería a “una maniobra impulsada por el PP”, determinan, ya que se trata de vídeos “que llevan meses exponiéndose y que muestran la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza, cuestión que al parecer molesta al Partido Popular”.

El PP andaluz ha conseguido que se prohíba la proyección del documental Salud no Responde en al menos cinco municipios, según ha denunciado el colectivo Mareas Blancas y confirma Por Andalucía, que ha presentado los respectivos recursos contra esas decisiones. Las prohibiciones de este documental crítico con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz están siendo emitidas por las Juntas Electorales de Zona con el argumento de que la película no puede proyectarse en edificios públicos, y afecta al menos a los municipios de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Priego (Córdoba), Durcal (Granada), Cuevas del Almanzora y Los Gallardos (Almería).

Salud no Responde, dirigida por Pablo Coca y en la que participan las Mareas Blancas, se estrenó el 11 de enero en el Teatro Cervantes de Sevilla y se proyectó desde entonces con normalidad en centros cívicos y salas culturales de municipios de la provincia. El estado del sistema sanitario autonómico es la principal preocupación de los andaluces, según los principales sondeos de opinión. Unas 21.000 personas, según la Policía Nacional (55.000, según los organizadores) salieron a la calle el pasado domingo para protestar por su deterioro en las ocho capitales andaluzas.

En diciembre, cuando la crisis por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama estaba en su apogeo, era el principal problema para el 22,4% de los encuestados, según el barómetro del Centra, el CIS andaluz, dependiente de la Consejería de Presidencia. Otro sondeo del CIS (dependiente del Gobierno) conocido hace apenas diez días concluye que cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente.

Basta con salir a caminar por algunas zonas de la periferia de Almería capital para encontrarlos. Restos de plásticos agrícolas, rafias -como se conoce a los cordeles de fibra natural-, trozos de invernadero y otros residuos aparecen esparcidos en caminos, solares, márgenes de carreteras o junto a barrios. No se trata de puntos aislados. La acumulación se repite en distintos enclaves del término municipal, uno de los principales núcleos de agricultura intensiva de la provincia y que constituye su cara menos amable.

No en vano, Almería capital cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo bajo plástico. Es el tercer municipio de la provincia en importancia agrícola y uno de los principales productores de tomate, con un modelo intensivo que ha situado a la zona como referencia internacional. Junto a esa potencia productiva, sin embargo, convive una realidad menos visible: la gestión irregular de parte de los residuos que genera la actividad. Una gestión en la que la falta de contundencia de Junta de Andalucía y Consistorio para evitar que los desechos se acumulen está en el foco.

“El 98 o el 99% de los agricultores hace un trabajo perfecto”, sostiene José Mañas, agricultor y concejal de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Almería. “Pero hay unos pocos que lo ensucian todo”. Según explica, esos comportamientos minoritarios son los que acaban teniendo mayor impacto: “Van dejando los residuos donde pillan: bancales, solares, caminos o donde sea”. El problema no se limita, según su relato, a agricultores que evitan asumir el coste del reciclaje. También apunta a intermediarios que operan al margen de los circuitos legales: “Hay gente que cobra por llevar los plásticos a reciclar y luego los va dejando por ahí”.

El circuito de los residuos

Para entender el problema en su conjunto, hay que partir del hecho de que el sistema de gestión de residuos agrícolas en la provincia no es de carácter público directo. La Junta de Andalucía autoriza y supervisa, pero la gestión recae en empresas privadas que se encargan de clasificar y derivar los materiales a gestores finales. En el caso de Almería capital, una de las instalaciones clave es Reciclados Almerienses 2005, que actúa como planta intermedia para distintos tipos de residuos, incluidos los agrícolas.

Pero el proceso no termina ahí. Los plásticos deben ser trasladados posteriormente a plantas específicas, como las ubicadas en Níjar, mientras que los restos vegetales se gestionan en instalaciones como la de Rioja. Esta cadena, con varios eslabones y desplazamientos, introduce costes y complejidad logística. “Estamos hablando de cantidades pequeñas comparadas con otros gastos del campo”, señala Mañas, que sitúa el coste del tratamiento entre 150 y 250 euros por hectárea, además del transporte. Aun así, reconoce que algunos optan por vías irregulares.

Desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) de Almería, el foco se sitúa en otro punto: la capacidad del sistema. La organización advierte de que el final de campaña concentra grandes volúmenes de residuos que pueden saturar las plantas de tratamiento. “Las plantas están trasladando su inquietud por la posible saturación ante el volumen de entradas”, explica su secretario provincial, Andrés Góngora.

COAG insiste en la necesidad de anticipar la gestión para evitar acumulaciones y facilitar el reciclaje, especialmente mediante la separación de materiales. “Separar la rafia es fundamental”, señala Góngora, que recuerda además el impacto económico asociado: “Puede haber una reducción de hasta el 80% si los residuos llegan sin rafia”. La acumulación de restos, ya sea por saturación del sistema o por prácticas irregulares, tiene consecuencias más allá de lo visual. “Es clave evitar que se acumulen restos en el exterior de las explotaciones”, advierte Góngora, que apunta a la proliferación de plagas en un contexto ya complejo para el control fitosanitario.

En esa misma línea, Mañas describe el efecto directo sobre el entorno agrícola: “No es sólo una mala imagen, es un foco de infección para los invernaderos”. Y añade: “Con que salga un pulgón o una mosca blanca de ahí, ya estás transmitiendo enfermedades”. Los residuos no se concentran únicamente en zonas agrícolas. En barrios periféricos, donde la limpieza urbana recae en el Consistorio, su presencia es visible. En lugares como Venta Gaspar, Bellavista o la Vega de Almería “es tremendo lo que te encuentras”, explica.

La acumulación inicial, además, tiende a escalar: “Empieza con unos plásticos y acaba con neumáticos o electrodomésticos porque la basura llama a la basura”. La imagen que proyecta esta situación ha llegado incluso al ámbito comercial. “Se diseñan recorridos para evitar que las visitas vean estos residuos”, reconoce el concejal, en referencia a visitas institucionales o de grandes cadenas de distribución que quieren implantarse en la capital y a las que se aleja de la desagradable imagen de los desechos.

Junta y Ayuntamiento se desmarcan

Mientras, desde el Ayuntamiento de Almería gobernado por el PP, el concejal de Agricultura, Juanjo Segura, sostiene que la gestión de estos residuos no entra dentro de sus competencias directas. “La vigilancia y recogida de residuos agrícolas no es competencia municipal”, afirma, aunque señala que existe colaboración con la Junta de Andalucía y el Seprona para abordar estos casos. “Cuando detectamos residuos, lo ponemos en conocimiento para que se actúe”, explica Segura. El consistorio sí realiza limpiezas periódicas en otros ámbitos, como el cauce del río Andarax, donde en 2025 se retiraron alrededor de 315.000 kilos de residuos, y más de 143.000 en lo que va de año.

La Junta de Andalucía, por su parte, sitúa la responsabilidad inicial en los propios productores. “La responsabilidad es, en primer término, de los agricultores”, señalan fuentes de la Consejería de Agricultura, que indican que, en caso de incumplimiento, la intervención corresponde a la Consejería de Sostenibilidad. Cuando los residuos son urbanos o afectan a caminos, la competencia pasa a los ayuntamientos.

Desde el Ejecutivo regional también recuerdan que se hacen actuaciones en cauces públicos, donde se han retirado residuos plásticos en el marco de programas específicos de limpieza y restauración ambiental. Sin embargo, la consecuencia de estas posturas es que la presencia de desechos en diferentes zonas de Almería capital se debe a que los principales actores implicados - agricultores, empresas gestoras, ayuntamiento y Junta- se reparten su responsabilidad. Mientras tanto, los residuos siguen acumulándose en puntos visibles del entorno agrícola y urbano.

No obstante, desde el propio sector agrícola se plantean soluciones que pasan por mejorar la capacidad de las plantas, modernizar infraestructuras y facilitar la transición hacia materiales biodegradables. “Las mejoras deben ser asumidas por todos los agentes implicados”, sostiene Góngora. Sobre el terreno, sin embargo, la imagen es otra: restos de actividad agrícola que permanecen a la vista, en los márgenes de una de las principales potencias productivas del país y de Europa.

El PP andaluz ha conseguido que se prohíba la proyección del documental Salud no Responde en al menos cinco municipios, según ha denunciado el colectivo Mareas Blancas y confirma Por Andalucía, que ha presentado los respectivos recursos contra esas decisiones. Las prohibiciones de este documental crítico con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz están siendo emitidas por las Juntas Electorales de Zona con el argumento de que la película no puede proyectarse en edificios públicos, y afecta al menos a los municipios de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Priego (Córdoba), Durcal (Granada), Cuevas del Almanzora y Los Gallardos (Almería).

Salud no Responde, dirigida por Pablo Coca y en la que participan las Mareas Blancas, se estrenó el 11 de enero en el Teatro Cervantes de Sevilla y se proyectó desde entonces con normalidad en centros cívicos y salas culturales de municipios de la provincia.

Mairena del Aljarafe fue el primero de los municipios que tuvo que cancelar la proyección de la película atendiendo al requerimiento de la Junta Electoral de Zona, emitido en términos tajantes: ordenaba cancelar el pase organizado por la Coordinadora de las Mareas Blancas y previsto para esa misma tarde “con carácter inmediato y sin trámite alguno”, alegando que la película “vulnera” el artícuo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Ese artículo “prohíbe a los poderes públicos, desde la convocatoria electoral hasta la celebración de las elecciones, organizar actos que aludan a logros obtenidos o utilicen imágenes/expresiones similares a las campañas políticas, garantizando la neutralidad institucional”.

La Junta Electoral de Sevilla daba por buenos los argumentos del PP-A, a partir “de una rápida consulta en Internet” de la que, según decía, “puede deducirse” que el contenido del documental supone una crítica a la sanidad “cuya gestión realiza un adversario político”. El documental recoge múltiples testimonios contrarios a la gestión de la sanidad andaluza. Ese mismo día, Sebastián Martín Recio, portavoz de Mareas Blancas y exalcalde de IU en Carmona (Sevilla) había firmado un acuerdo con los partidos de izquierdas que concurren a las elecciones andaluzas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- “en defensa de la sanidad pública”.

Mareas Blancas denuncia una “campaña de boicot” por parte de los populares, a los que acusan de “transgredir” los derechos de reunión y a la libertad de expresión, garantizados ambos por la Constitución. “No están suspendidos, haya o no campaña electoral”, recuerda el colectivo, que observa que la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo ni siquiera ha comenzado.

En un comunicado, el colectivo recuerda que no es un partido político, sino un movimiento social que en los últimos años ha protagonizado sonoras protestas contra el deterioro de la sanidad pública, ocurridas tanto en tiempo del anterior gobierno socialista (cuando la consejera era, precisamente, la actual candidata socialista María Jesús Montero) como con el actual del PP. “Aplicarnos normativas dirigidas al funcionamiento de los partidos políticos en campaña electoral no tiene sentido. Y mucho menos prohibir nuestra opinión o nuestras acciones, legítimas y constitucionales, en defensa de los derechos sociales”.

Recursos ante la Junta Electoral Provincial

La Junta Electoral Provincial de Sevilla deberá pronunciarse próximamente sobre este asunto. La prohibición de Mairena del Aljarafe fue recurrida por la coalición Por Andalucía, por entender que la Junta Electoral de Zona no tiene competencia para resolver un asunto así. Además, el recurso observa que la denuncia del PP se resolvió en contra del denunciado sin darle trámite alegando la inminencia de la presentación del documental, cuando lo cierto es que este llevaba tiempo programado.

El recurso subraya que la Coordinadora de las Mareas Blancas no es un “adversario político” de nadie porque no es un “actor político partidario que concurra a un proceso electoral”, y recueda que sus críticas a la gestión sanitaria están amparadas por el derecho fundamental de libertad de expresión y opinión. Tampoco se pueden asimilar, dice el recurso, a una petición del voto.

En cuanto al uso de locales de titularidad municipal, el recurso argumenta que las administraciones locales tienen teatros, casas de cultura o centros cívicos que tienen la función de ser puestos a disposición de la ciudadanía para garantizar los derechos de libertad de expresión, participación, creación u opinión.

La exigencia de neutralidad a los poderes públicos no se extiende a la ciudadanía ni alcanza a los equipamientos cuando los usa la ciudadanía, según Por Andalucía, que cree que “no es de recibo” prohibir su uso bajo el pretexto de que en ellos se puede producir cualquier tipo de conexión con un proceso electoral. “De seguir esa lógica ¿se suspende la Feria de Sevilla que se celebra en un recinto público ante la eventualidad de que se hagan en la misma ruedas de prensa, declaraciones de personas candidatas? ¿no permitimos cualquier concierto, acto cultural, deportivo, religioso en equipamiento, recinto o espacio público no vaya a ser que ser produzcan críticas a quien gobierna?”.

Principal problema para los andaluces

La dispersión de las prohibiciones a instancias del PP sugiere que se trata de una acción coordinada por la dirección autonómica de los populares, entre cuyas filas hay dudas de si es la estrategia acertada o si, por el contrario, aumenta la potencia del foco sobre la sanidad, cuyo deterioro esgrimen todos los demás partidos, desde las izquierdas hasta Vox, como principal bandera contra la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno durante los últimos ocho años.

El estado del sistema sanitario autonómico es la principal preocupación de los andaluces, según los principales sondeos de opinión. Unas 21.000 personas, según la Policía Nacional (55.000, según los organizadores) salieron a la calle el pasado domingo para protestar por su deterioro en las ocho capitales andaluzas.

En diciembre, cuando la crisis por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama estaba en su apogeo, era el principal problema para el 22,4% de los encuestados, según el barómetro del Centra, el CIS andaluz, dependiente de la Consejería de Presidencia. Otro sondeo del CIS (dependiente del Gobierno) conocido hace apenas diez días concluye que cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente.

“Nos vemos totalmente desamparados, en el abismo”. Así resume Esteban Gómez, padre de un alumno con autismo en Los Barrios (Cádiz), la incertidumbre que sienten las familias ante la posible desaparición de la Formación Profesional de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Como él, otros padres temen que, si se confirma la medida que el Gobierno andaluz prevé oficializar tras las elecciones del 17 de mayo, se cierre “la única puerta” que tenían sus hijos para acceder al mercado laboral.

Esteban cursa un ciclo específico de Servicios Comerciales que le permitirá obtener un certificado profesional. “Es de las pocas salidas que medianamente funciona para chicos con necesidades que no terminan la ESO”, lamenta su padre, quien asegura que, sin esta opción, la trayectoria educativa de su hijo “se habría cortado antes de tiempo”.

Ese es el mayor miedo de María del Mar Yáñez. Su hijo Rodrigo, de 17 años, empezó este curso un ciclo de Administración en el IES Punta del Verde de Sevilla, tras ser “apartado” en un aula específica sin los recursos necesarios durante la Educación Secundaria. Ahora, se siente “motivado y muy realizado” estudiando este grado básico, pero su madre teme que los planes de la Junta terminen “dejándole fuera del sistema y cortándole su futuro”.

La medida, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, ha encendido las alarmas en el conjunto de la comunidad educativa, que advierte de que puede dejar sin alternativas reales a un alumnado especialmente vulnerable. Por eso, han puesto en marcha una recogida de firmas y han convocado movilizaciones en toda Andalucía con el objetivo de “intentar parar lo que es injusto porque estos niños necesitan su titulación y no negarles la posibilidad de estar integrados realmente en la sociedad”, como reclama María del Mar en nombre del resto de familias afectadas.

Alternativas que no convencen a las familias

Los grados básicos de FP dirigidos a “los estudiantes más vulnerables” fueron una apuesta de la Junta de Andalucía hace dos cursos para “que nadie se quede fuera de un itinerario formativo profesional”. En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció la puesta en marcha de 61 ciclos dentro de esta modalidad. De cara al curso 2026-27, la Junta ha decidido reorganizar esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo. 

Como alternativa, plantean derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) o integrarlos en ciclos ordinarios con el resto de alumnos, “favoreciendo la inclusión”, como indican a este periódico fuentes de la Consejería del ramo. A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

Las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumentan padres como Esteban. El resultado que vaticinan las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A Esteban, de hecho, le desaconsejaron “totalmente” que matriculara a su hijo en una FP ordinaria, “porque el entorno no es el apropiado para un chico como él”, recuerda. Por eso pone en valor las condiciones que ofrece la FP específica: “Es un entorno seguro, con atención personalizada y una ratio máxima de ocho alumnos”. En cambio, en una clase ordinaria de 20 alumnos “sería inviable” para alumnos como Esteban o Rodrigo.

¿Inclusión o “una forma de discriminación”?

El profesorado también cuestiona la reorganización que plantea el Gobierno andaluz. Montse Cano, profesora de pedagogía terapéutica (PT) en el programa específico de Agrojardinería en el IES Salvador Rueda de Vélez-Málaga, defiende que se trata de “un programa que funciona” desde hace décadas y que permite formar al alumnado “en un oficio con posibilidades reales de inserción laboral”.

“Hablan de inclusión, pero sin recursos es exclusión”, defiende esta profesora. Al respecto, Cano advierte de que en los ciclos ordinarios “ni las ratios ni la formación del profesorado permiten hacer adaptaciones curriculares individualizadas”, lo que podría derivar en abandono escolar o incluso situaciones de acoso. En su centro, donde el programa lleva en funcionamiento desde 2002, existe lista de espera. “Es un programa que funciona y si se suprime, se les está privando de un futuro laboral”, lamenta.

Esa misma percepción la comparte Nacho Quesada, profesor del Grado Básico de Cocina y Restauración en el IES Juan de Aréjula de Lucena (Córdoba). La eliminación del ciclo en Lucena dejaría sin esta opción a toda la comarca de la Subbética. “Eso significa quitarles la posibilidad de trabajar el día de mañana”, señala el docente, que recuerda que estos estudios permiten obtener una cualificación profesional básica que habilita para empleos como ayudante de cocina.

Una opción que desaparece si son derivados a programas como el PTVAL, centrados en la autonomía personal. “Es una cuestión de derechos del alumnado”, subraya Quesada, quien califica la decisión de la Junta como “una forma de discriminación”. En ese sentido, madres como María del Mar defienden que “si un niño tiene aspiraciones, tiene que tener oportunidad de poderlas desarrollar cuando él reclama desarrollarse como persona”.

“No pueden estar relegados a la transición a la vida adulta, la vida adulta es ponerse a trabajar”, reivindica antes de recordar que para muchas familias, esta opción constituye un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para que sus hijos puedan continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años. “No existe verdadera igualdad si no tienen la misma oportunidad”, concluye María del Mar.

Movilizaciones en las ocho provincias

Mientras la Junta ultima la oferta formativa de cara al curso 2026-27, la comunidad educativa continúa movilizándose. Profesorado y familias han convocado actos de protesta en varias provincias andaluzas, con la vista puesta en una movilización autonómica en Sevilla, que visibilice su realidad: “La inclusión real no consiste en integrar sin recursos, sino en garantizar que cada estudiante reciba los apoyos que necesita para desarrollarse académica, social y emocionalmente”.

Dentro del calendario de movilizaciones, el colectivo de familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) ha convocado una concentración frente al Palacio de San Telmo –sede de la presidencia de la Junta de Andalucía– el próximo 30 de abril a las 11:00 horas en la capital andaluza.

“Pedimos que al menos se sienten a hablar con nosotros”, reclaman las familias. Frente al discurso institucional de reorganización e inclusión, temen que la medida deje sin respuesta educativa a un alumnado especialmente vulnerable. “La incorporación de este alumnado a grupos ordinarios, sin los apoyos y adaptaciones que requieren, no solo no favorece la inclusión, sino que incrementa su vulnerabilidad”, advierten padres y madres.

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ultima la supresión de los ciclos formativos de grado básico dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). La medida se prevé hacer oficial después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo –con el Ejecutivo en funciones– y antes de la apertura del plazo de inscripción, fijada para el 15 de junio.

En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de 61 grados básicos de Formación Profesional (la mayoría concentrados en las provincias de Sevilla y Málaga) para que “los estudiantes más vulnerables titulen”. Ahora, la Junta plantea una reordenación de esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo.

Este periódico tiene constancia de que al menos 33 institutos andaluces -más de la mitad de los que ofertan estos estudios- han recibido comunicación oficial de la Junta sobre la extinción de esta modalidad, lo que apunta a un recorte significativo en el número de ciclos específicos a partir del próximo curso 2026-27. La Consejería no ha facilitado el número total de ciclos ni de alumnos afectados, pese a que la redacción andaluza de elDiario.es lo ha solicitado en varias ocasiones.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional enmarcan esta decisión en una “reorganización” general de la oferta formativa en función de factores como la empleabilidad, la demanda del sector o el número de matriculaciones. El ajuste, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, introduce incertidumbre entre las familias, que temen la desaparición de “la única puerta” hacia la inserción laboral de sus hijos.

Estos ciclos formativos de grado básico están diseñados para personas “cuya discapacidad o necesidades educativas especiales no les permite alcanzar los resultados de aprendizaje vinculados a la acreditación o el título” en un itinerario estándar, según la Junta. Se trata de estudiantes que no han completado la ESO y requieren apoyos educativos especiales.

Con ratios reducidas —de máximo ocho alumnos— y el apoyo de profesorado especializado, permiten que jóvenes mayores de 16 años con dificultades de aprendizaje realicen prácticas en empresas y obtengan un certificado profesional que facilita su acceso al mercado laboral.

La extinción de esta vía formativa podría incrementar las tasas de abandono escolar temprano en Andalucía —actualmente en el 14,5%— y dificultar la inserción laboral de un alumnado especialmente vulnerable, con riesgo de exclusión social. Se trata, en muchos casos, de jóvenes que no logran titular en la ESO y que encuentran en estos ciclos una de las pocas alternativas para acceder al mercado de trabajo, en una comunidad en la que el paro juvenil alcanza el 30,73% del total de desempleado.

Alternativas que no convencen a las familias

Para muchas familias, esta opción constituye para sus hijos un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo señalan que en el curso 2024-25 se puso en marcha un proyecto piloto cuya evaluación revela que “aproximadamente el 50% del alumnado presenta dificultades para seguir el currículo ordinario”. Por ello, aseguran estar estudiando “alternativas que garanticen la mejor atención educativa posible”.

Entre las opciones que se barajan, la Junta plantea derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) –centrado en la autonomía personal del alumno y no orientado a la inserción laboral– o la creación de un Grado Básico Ordinario en institutos que no lo tenían en su oferta, “manteniendo los recursos de atención a la diversidad que ya tenían en el Grado Básico NEE, favoreciendo la inclusión a la vez que se pueden incorporar nuevos alumnos sin necesidades educativas especiales”, según fuentes gubernamentales.

No obstante, las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumenta Esteban Gómez, padre de un chico con autismo de Los Barrios Cádiz. El resultado que temen las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

“No queda otro camino que demandar a la Junta”. Con estas palabras Ángela Claverol, la presidenta de Amama, ha anunciado este martes que las víctimas de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía van a denunciar, “una a una”, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados de lo contencioso de Sevilla por no atender a sus reclamaciones patrimoniales.

La vía judicial la abrirá Anabel, quien fue la primera mujer en dar el paso de reclamar una indemnización por haber sufrido los retrasos en el cribado que la dejaron “un año con cáncer sin saberlo”. Fue en junio cuando Anabel presentó su reclamación patrimonial ante el SAS y, desde entonces, lo único que ha recibido por parte de la administración ha sido “silencio absoluto”, como ha afirmado la presidenta de la asociación que destapó la crisis de los cribados de cáncer.

Más de seis meses después, vencido el plazo que establece la ley para abrir la puerta a la vía contencioso-administrativa, Anabel encabezará las demandas judiciales que, asegura Amama, se irán encadenando conforme venzan los plazos de las reclamaciones patrimoniales interpuestas por las afectadas. “La Junta las obliga a arrastrarse por los juzgados”, ha lamentado Claverol a las puertas de los juzgados de Sevilla.

Hasta allí se han desplazado una veintena de mujeres, socias de Amama, para respaldar a Anabel, quien ultima –junto a los servicios jurídicos de la asociación– la demanda que se registrará en los próximos días con el único fin de ser indemnizada por un error que la propia Junta ha reconocido. “No entiendo cómo me van a hacer ir a juicio, perder tiempo y dinero cuando yo sigo en tratamiento, tuve que vender mi casa y no sé cómo voy a hacer frente a esto porque las fuerzas las he perdido”, ha aseverado esta sevillana, poniendo voz a otras tantas mujeres que están dispuestas a presentar demandas individuales contra la Junta “para que se haga justicia”.

“Una tras otra”

Actualmente, la asociación ha presentado en torno a 160 reclamaciones patrimoniales ante el SAS que siguen sin respuesta. A ellas se suman entre 50 y 60 casos pendientes de registro, además de otras decenas en fase de estudio, y “las que están por venir”. Buena parte de las ya presentadas, según explica Amama, vencen a finales de abril y principios de mayo. Serán esas reclamaciones, “una tras otra”, las que se irán transformando en demandas judiciales individuales a medida que expiren los plazos legales, ya que “cada caso es distinto”, ha precisado Claverol.

El caso de Anabel servirá así de referencia para el resto de afectadas por los errores en el protocolo de cribado de cáncer de mama en Andalucía, especialmente en lo relativo a la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes” o “dudosos”. Según la Junta, esta situación afectó a 2.317 mujeres, el 90% de ellas en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al que pertenece Anabel.

La paciente estuvo un año esperando a que le realizaran la segunda prueba diagnóstica pese a que su mamografía ya había arrojado resultados sospechosos. Ello motivó que fuese la primera mujer en reclamar a la Junta por esta demora, convirtiéndose entonces en uno de los rostros más visibles de la crisis. “Nos estáis matando y yo no me voy a callar”, llegó a denunciar públicamente en diciembre, tras asegurar que el retraso en su diagnóstico le ha “arruinado la vida”.

Pese a haber presentado toda la documentación, Anabel asegura que en estos nueve meses no ha recibido por parte de la Junta “absolutamente ningún requerimiento”, a diferencia de otras compañeras de la asociación. Aun así, desde Amama confían en que “la verdad solo tiene un camino” y por eso han decidido llevar estos casos ante la justicia.

Preguntas sin resolver

“Una vez que habían reconocido el error, pensé que se había terminado, pero para ellos sí es política y no sanidad”, ha lamentado Anabel, la mujer que pidió a gritos en el Parlamento de Andalucía explicaciones al presidente Juan Manuel Moreno sobre lo ocurrido con el programa de cribado del cáncer de mama. “Yo lo voté a él”, recuerda ahora la afectada.

Como Anabel, otras muchas mujeres siguen preguntándose “qué ha pasado” y sus preguntas continúan sin respuesta. “Pero no vamos a parar y si hace falta nos veremos delante de un juez para que se haga justicia”, ha sentenciado Cristina Fernández, también víctima de la crisis de los cribados. Junto a ellas, María Lamuedra ha calificado de “tremendamente injusto” lo vivido. Y en nombre de sus compañeras, María ha pedido al Gobierno andaluz que “se responsabilice” de los “daños” causados y “nos ahorren este periplo porque lo único que queremos es vivir bien”.

El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ya avanzó que, en caso de no tener respuesta, demandarían al SAS en los juzgados para que indemnicen a Anabel y al resto de afectadas. Jiménez asegura que este paso se da después de intentar sin éxito abrir una vía de acuerdo con la Junta para evitar el paso por los tribunales, llegando a realizar “más de 50 llamadas” sin obtener respuesta. Según denuncia, las afectadas se ven abocadas a procedimientos “largos y costosos” que prolongan su sufrimiento.

Entretanto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido que las reclamaciones siguen su curso administrativo habitual, ya que las reclamaciones al SAS “son de toda la vida, no son de ahora” y, por tanto, deben tramitarse conforme a los cauces establecidos, “siempre poniendo a la mujer como prioridad”, según declaró el consejero preguntado por el caso de Anabel en concreto.

Asimismo, Sanz recordó que “existe un procedimiento y caben todo tipo de posibilidades”, y que “el ciudadano también tiene derecho a poder ir a los tribunales a reclamar”. En sus declaraciones, el consejero de Sanidad también apuntó a que “ya se habían archivado nueve de las 14 denuncias” relacionadas con este caso, mezclando la jurisdicción penal con la civil.

Nueva vía judicial

El anuncio de estas demandas por lo contencioso-administrativo llega después de que la Fiscalía Superior de Andalucía archivara a principios de febrero las denuncias penales contra altos cargos de la Junta por no encontrar indicios de delito, aunque reconociera irregularidades en la gestión del protocolo de detección precoz del cáncer de mama que provocó un tsunami político y la destitución fulminante de la consejera de Salud y parte de su departamento. 

El Ministerio Público dejó abierta la puerta a investigar los casos de forma individual dado que no presentan las mismas casuísticas, remitiendo las denuncias a distintas fiscalías provinciales.

La crisis de los cribados se originó por fallos en el seguimiento de pruebas con resultados “sospechosos” o “no concluyentes”, que, según datos de la propia Junta, afectaron a 2.317 mujeres. En algunos casos, según las afectadas, el retraso en la comunicación de resultados derivó en diagnósticos tardíos de cáncer, con consecuencias graves para su salud que siguen arrastrando.

“Ahora nos obligan a acudir a los tribunales para que nos resarzan”, resume la presidenta de Amama, quien asegura que “si respondieran a las reclamaciones patrimoniales, descansaríamos, pero la administración ignora a las afectadas”. A sus ojos, se trata de “un desprecio hacia todo lo que tiene que ver con el cribado, que fue una negligencia suya”.

El primer dato cerrado sobre el turismo en la Semana Santa de Málaga ha zanjado la polémica que se levantó durante semanas a partir de unas previsiones de parte descontextualizadas y el catastrofismo de diversos cargos públicos del PP andaluz. Málaga y la Costa del Sol, cuya Semana Santa estaba “definitivamente perdida” para el turismo (según llegó a decir el responsable de Turismo en Andalucía, Arturo Bernal), no sólo no han perdido turistas, sino que cerraron este periodo (del 27 de marzo al 6 de abril) con más ocupación hotelera, hasta alcanzar el 82,85%, 2,67 puntos más que en 2025. En los días “clave”, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la ocupación fue del 85,26%, dos puntos más que el año pasado, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

Son las segundas mejores cifras turísticas del último lustro, solo superadas por las de 2023, cuando la primera Semana Santa sin ninguna restricción Covid cayó íntegramente en abril y vino acompañada de un tiempo muy benigno. Aquel año la ocupación fue del 84,23% (1,5 puntos más que este año).

Los datos finales de 2026 superan las previsiones iniciales “ligeramente”, según AEHCOS, que llegó a alertar de una caída de demanda del 26% y a las puertas de la festividad previó una ocupación del 73,47% (9,3 puntos menos que la cifra final). La patronal atribuye el error de estimación al turismo internacional y, sobre todo, al buen tiempo, clave para las reservas de última hora: no ha llovido ni un día, y las temperaturas diurnas han rondado los 22 grados. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha asegurado José Luque, presidente de AEHCOS, que también destaca que se logran “pese a la desconexión ferroviaria”.

Los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena (90,30%), Costa Oriental – Axarquía, (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria (84,51%). El turismo internacional (77,95%) triplica al nacional (22,05%). AEHCOS también ha divulgado los datos de marzo. La ocupación hotelera media fue del 78,07%, cinco puntos más que en el mismo mes de 2025.

También han sido positivos los datos de empleo, con un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en la provincia y una reducción de 1.863 personas en desempleo respecto a febrero. Ambas cifras mejoran las del conjunto de Andalucía: la caída del paro es la tercera mejor, tras Cádiz y Sevilla, mientras que el incremento de afiliación mensual es del 1,95%, por el 1,44% en el conjunto de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Málaga lo atribuye al “impacto favorable de la Semana Santa”, “a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria”.

De semana “perdida” a “mínimo” impacto

Estas cifras confirman los primeros indicadores, avanzados a mitad de semana por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (quien ya avanzó que impacto sería “mínimo”) y la consejera de Empleo, Rocío Blanco. También corroboran lo que ya advirtió la propia patronal hostelera, cuando su presidente declaró que la Semana Santa no iba a ser “tan mala como se está pintando”.

Quien la pintaba de negro era la Junta de Andalucía, que cebó el enfrentamiento con el Gobierno central por el posible impacto turístico de la interrupción del AVE directo a Madrid, motivado por las obras que se ejecutan a la altura de Álora por el desprendimiento de un talud. ADIF ha dado dos fechas para la reapertura, que ha incumplido, alegando que la obra es mucho más compleja de los previsto inicialmente. Ahora prevé reabrir una de las dos vías a finales de abril, si todo va bien. Entre tanto, Renfe ofrece completar entre Antequera y Málaga en autobús, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media.

Esto es un inconveniente para estudiantes y trabajadores, sobre los que se ha pasado de puntillas en este debate. La Junta se centró en el turismo, a pesar de que las encuestas de movilidad muestran que apenas el 10% de los turistas nacionales llega en tren a Málaga. El AVE tiene algo más de peso en el turismo de congresos y el de fin de semana (despedidas de soltero, por ejemplo).

Dos de los consejeros de Juan Manuel Moreno, Carolina España (Economía y Hacienda, además de portavoz) y Bernal (Turismo) tiraron de hipérbole: la consejera, asegurando que Málaga estaba “incomunicada”; el consejero, para darla por finiquitada. Y el propio presidente Moreno esgrimió un dato de parte, sin contrastar, sin contextualizar y sin desglosar para cuantificar el impacto: los famosos 1.300 millones de euros. La patronal se desentendió de esa cifra (“nosotros nunca la hemos dado”) mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus divulgadores de “buleros”.

El debate subió de tono a las puertas de las elecciones autonómicas, amplificado por las descalificaciones del ministro contra algunos periodistas por la derivada del papel de algunos medios en la difusión de un alarmismo económico que no ha tenido reflejo en la realidad.

El portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente andaluz y a Francisco de la Torre “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía”, aunque el alcalde, mucho más cauto que sus compañeros de partido, advirtió pronto que la incidencia sobre el turismo no sería tan importante. “El éxito arrollador ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares, según Pérez, que les atribuye el intento de “dañar a la ciudad para sacar rédito político”. De momento, ni la Junta de Andalucía ni el regidor (más cauto en sus previsiones sobre el impacto de la crisis del AVE) se han pronunciado respecto a las cifras definitivas de AEHCOS.

Acompañan a personas desempleadas a encontrar trabajo, diseñan itinerarios de inserción y sostienen Andalucía Orienta, una de las principales políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, pero cada vez les cuesta más sostener su propia vida. “No llego ni al día 10”, lamenta Esteban Robles, un orientador laboral en Granada con casi dos décadas de experiencia que acaba de iniciar un movimiento entre sus compañeros para reclamarle al Ejecutivo regional mejores condiciones salariales.

Lo que comenzó como una conversación entre compañeras ha terminado en una movilización que no para de crecer: más de un millar de firmas recogidas en pocas semanas, contactos con grupos parlamentarios como Adelante Andalucía y una denuncia que apunta directamente al modelo sobre el que se articula el programa Andalucía Orienta: en toda la comunidad autónoma son 722 profesionales los que trabajan en este dispositivo, que atiende cada año a más de 150.000 personas en búsqueda de empleo.

Paradójicamente, mientras ayudan a otros a buscar empleo, sienten que el suyo es precario. “Ahora es lo normal que la persona a la que ayudas a encontrar trabajo cobre más que tú”, explica Robles. Lo que antes era una excepción se ha convertido, dice, en la norma. Y no es sólo una percepción: muchos de estos profesionales perciben salarios en torno a los 1.400 euros netos mensuales, apenas unos 200 euros por encima del salario mínimo. Ese desfase, sostienen, no es coyuntural, sino estructural.

Sueldos congelados desde hace una década

El origen del problema está en la financiación. El programa Andalucía Orienta, creado en 2003, no se ejecuta directamente desde la Junta, sino a través de entidades colaboradoras -ayuntamientos, organizaciones del tercer sector o fundaciones- que reciben subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para contratar a los técnicos. Lo que hace que estas entidades no siempre puedan aportar más dinero para completar los salarios, pese a que desde el Gobierno regional lo señalan como solución.

Según un informe elaborado por los propios profesionales, el coste máximo subvencionable por orientador apenas ha variado en los últimos veinte años y permanece congelado desde 2014, cuando se fijó en algo más de 32.000 euros anuales. Aunque desde que en 2004 se reguló por primera vez Andalucía Orienta se han incrementado los salarios un 20%, la inflación acumulada en la última década -en torno al 25-30%- ha limitado el dinero que queda en la cuenta de estos trabajadores a final de mes, provocando una pérdida de entre 8.000 y 10.000 euros anuales por técnico. Es decir, el sistema funciona hoy con menos recursos reales que hace diez años.

La consecuencia de esta pérdida de poder adquisitivo no es menor. Se traduce en salarios bajos, en rotación de personal y en dificultades para sostener equipos estables. “Hace 20 años el sueldo no estaba mal, pero ahora no llego a mitad de mes”, explica Esteban Robles. “Estamos en esto porque nos gusta acompañar a las personas, pero cada vez cuesta más mantener esa implicación”.

El deterioro no afecta sólo a las condiciones laborales, advierten. Tiene impacto directo en el servicio. Los orientadores trabajan, en muchos casos, con personas en situación de especial vulnerabilidad: desempleo de larga duración, falta de formación, discapacidad o entornos de exclusión. “Hay que hacer un acompañamiento integral, desde cuestiones administrativas básicas hasta ir con ellas a entrevistas. Estamos hablando casi de trabajo social”, cuenta Esteban Robles. En ese contexto, la precarización de quienes sostienen el sistema introduce una tensión evidente: la política pública que pretende mejorar la empleabilidad se apoya en condiciones laborales que la debilitan.

Un modelo externalizado

Por otro lado, el conflicto no se limita a los salarios. Apunta al propio diseño del programa. Los orientadores no son personal de la Junta, sino trabajadores contratados por entidades que dependen casi en exclusiva de la financiación pública. Ese esquema, denuncian, genera un bucle difícil de romper. “La Junta siempre deriva la responsabilidad en las entidades, pero esas entidades no pueden pagarnos más porque dependen totalmente de esa financiación”, explica Robles. “Están al límite y no pueden asumir mejoras por su cuenta”.

Desde la Consejería de Empleo, sin embargo, el argumento va más allá y señalan al Gobierno central. Fuentes oficiales aseguran que no existe margen para aumentar la financiación porque los programas se nutren de fondos estatales procedentes de la conferencia sectorial, que, dicen, llevan cuatro años congelados. “No podemos aumentar la partida”, sostienen.

La explicación no convence a los profesionales, que sitúan el problema en una escala temporal más amplia, recordando que en otras comunidades autónomas la situación de los mismos trabajadores es sensiblemente mejor. La congelación, recuerdan, no es de cuatro años, sino de más de una década. Y, además, señalan que en otras comunidades autónomas con el mismo marco estatal sí se han introducido mecanismos de actualización salarial.

En todo caso, la Junta asegura estar abierta al diálogo, pero dice no conocer a los impulsores de la movilización. “No sabemos quiénes son ni se han puesto en contacto con la Consejería”, señalan, apuntando a la Asociación Sindical Profesional de Orientadores de Andalucía (APAO) como interlocutor habitual. Sin embargo, el movimiento que está emergiendo se ha articulado precisamente al margen de esas estructuras y ha logrado en pocas semanas, sin siglas, un respaldo significativo dentro del sector.

Pero mientras la Junta articula una solución, el malestar sigue creciendo. “Antes leías lo de los trabajadores pobres y te parecía algo lejano. Ahora eres tú”, lamenta Robles. Un lamento que explica lo que sienten estos profesionales: de acompañar la precariedad a formar parte de ella. Por eso, para el impulsor de este movimiento, hay una pregunta que ha dejado de ser retórica: “¿Quién ayuda a quien ayuda?”.