El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha retirado tres preguntas a través de la Mesa de las Cortes apenas tres horas después de presentarlas. Las preguntas eran críticas y pretendían fiscalizar el trabajo de la Junta, que Vox integra junto con el Partido Popular y apuntaban a dos consejerías del PP, la de Sanidad y la de Medio Ambiente. Tal y como ha podido comprobar elDiario.es, las tres preguntas formuladas por dos procuradoras de Vox, Dolores Mateo y Laura Dorreis, apenas aguantaron tres horas en el registro del Parlamento: se presentaron a las 10 de la mañana del jueves y pasadas las 13.00 las propias parlamentarias solicitaron su retirada en registro.

Las cuestiones planteadas eran para su respuesta por escrito, ni siquiera se iban a trasladar al Pleno, si bien tanto las preguntas como las respuestas sí quedan registradas en el Boletín Oficial de las Cortes.

Denegación de visados para productos farmacéuticos de nutrición enteral

En concreto, la procuradora por Salamanca Dolores Mateo, farmacéutica de profesión planteaba una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, a cargo de Alejandro Vázquez, relacionadas con la denegación de visados de medicamentos para la la nutrición enteral domiciliaria así como espesantes. Se trata de una medicación que utilizan pacientes con problemas de deglución y nutrición y que son “esenciales” para mantener su calidad de vida. La “negativa sistemática”, planteaba Mateo, afecta a un colectivo vulnerable, pacientes ancianos, y “obliga a muchas familias a asumir el coste íntegro de esos productos a pesar de que muchos de esos pacientes perciben pensiones mínimas, ”lo que supone una carga económica insostenible que puede derivar en el abandono del tratamiento“. Por ello, Mateo cuestionaba con varias preguntas la denegación de visados aunque existe una normativa establecida para su autorización.

Huelga sanitaria por la reforma del Estatuto Marco

Su compañera de filas, la procuradora por León Laura Dorreis, técnica farmacéutica, también planteaba preguntas dirigidas a la Consejería de Sanidad, en concreto sobre el proceso de reforma del Estatuto Marco promovido por el Ministerio que ha generado “un importante conflicto con las organizaciones representativas de los médicos y facultativos” con las consecuentes movilizaciones. Dorreis quería conocer qué actuaciones desarrolla la Junta de Castilla y León para defender los intereses de los profesionales y trasladar al Ministerio su postura.

Seguridad en zonas de baño

Dorreis también registró una pregunta para la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y seguridad en ríos embalses y zonas de baño. Las respuestas, a menos que otro partido tome el testigo, nunca se responderán. Desde Vox han comentado a elDiario.es que las preguntas se han retirado horas después de registrarlas porque consideran que las preguntas escritas al gobierno “son un instrumento más acorde con la labor de un grupo en la oposición”.

Llevo algo más de 600 días como vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tomé posesión menos de un mes después de la devastación de la DANA de Valencia. Desde entonces hemos visto los veranos más cálidos de la serie histórica e intensas olas de calor que afectan especialmente a los más vulnerables. Hemos visto arder el noroeste peninsular en 2025, más de 350.000 hectáreas calcinadas. Hemos visto un invierno con un tren borrascas encadenadas en el suroeste que obligó a desalojar a miles de personas y dejó cauces, carreteras y otras infraestructuras destruidas. Y ahora, en 2026, volvemos a un verano durísimo en incendios: con víctimas mortales, todavía más hectáreas quemadas en junio y julio, y aún más cálido que el anterior. El más cálido desde que hay registros.

No es extraño que, en este contexto, haya dedicado una parte importante de estos 600 días a impulsar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Un pacto para toda la sociedad. Un Pacto para la prevención, la emergencia y la recuperación.

Este Pacto nace de años de desastres sucesivos que nos han hecho sentirnos extremadamente vulnerables. Nace de una sociedad que no quiere solo preocuparse: quiere ocuparse, y quiere que los políticos nos ocupemos. Y nace de décadas de evidencia científica.

Por eso incorpora un diagnóstico: el primer análisis multicriterio a escala nacional de todos los riesgos e impactos del cambio climático y sus interrelaciones en los sectores económicos y ámbitos sociales y territoriales (agricultura, turismo, biodiversidad, medio forestal, ciudades, medio rural, salud, cohesión social, patrimonio…). Un diagnóstico que identifica los desafíos prioritarios y mide su urgencia a la hora de actuar.

Este Pacto comenzó siendo una iniciativa del Gobierno, pero hoy pertenece a la sociedad española. Las más de 3.800 aportaciones recibidas de 1.300 actores, con una participación destacada de la comunidad científica, ampliaron y mejoraron significativamente su contenido. Cada propuesta, cada observación y cada debate contribuyeron a enriquecer el texto. Porque escuchar no retrasa las soluciones: las hace más robustas, legítimas y eficaces. Y este Pacto es hoy mejor precisamente porque ha contado con la inteligencia colectiva de nuestro país.

A finales de julio lanzamos una invitación a sumarse al Pacto mediante un proceso de adhesiones.

Desde el 27 de julio, en apenas unos días, en pleno agosto, con España de vacaciones, casi 300 organizaciones que representan a millones de personas ya han dicho sí al Pacto: sindicatos, empresas y asociaciones empresariales, organizaciones del sector primario, asociaciones de mujeres rurales, entidades del tercer sector, organizaciones ecologistas, colegios profesionales, universidades y centros de investigación, servicios de emergencias, el Consejo de la Juventud, diputaciones, ayuntamientos. Esto es solo el principio. Estoy convencida de que se sumarán muchas más tras el periodo estival.

Y, sin embargo, para algunos ahora no toca. Nos piden que hablemos solo de incendios. Los incendios merecen toda nuestra atención. Pero también tenemos que responder el día en que lo que llegue no sea una llama, sino una riada o una sequía severa.

Este enfoque transversal no es una cuestión ideológica, sino pragmática. Porque hacer frente a la emergencia climática exige actuar sobre sus causas y sus consecuencias al mismo tiempo: reforzar el medio rural, mejorar los sistemas de prevención y alerta temprana, dimensionar adecuadamente los servicios de emergencia, proteger la biodiversidad y acelerar las medidas de adaptación. No son objetivos aislados, sino piezas de una misma estrategia para construir territorios más seguros, resilientes y preparados ante los riesgos que ya estamos afrontando.

Ser más ambiciosos no nos hace menos concretos. También en la lucha contra los incendios forestales. Al contrario, el Pacto mira al futuro y apuesta por una gestión forestal adaptada al siglo XXI: quemas prescritas, uso estratégico del fuego de baja intensidad, recuperación del pastoreo y la ganadería extensiva, impulso a la biomasa térmica, construcción en madera, compensación de los servicios ambientales, paisajes ordenados y reforestaciones más resilientes. Todo ello en un medio rural con más actividad, mejor acceso a los servicios y nuevas posibilidades para atraer y fijar población.

No son ocurrencias ni recetas improvisadas. Estas medidas, junto con otras muchas, fueron recogidas el pasado otoño tras un amplio proceso de escucha a técnicos, científicos y profesionales que llevan años defendiendo su eficacia frente a un riesgo cada vez mayor.

¿Necesitan las propuestas mayor nivel de detalle? Por supuesto. Algunas ya las hemos desarrollado en profundidad: dos reales decretos para una mejor planificación y coordinación en incendios, una propuesta para reducir la edificación en zonas inundables, una red de refugios climáticos, una nueva Estrategia Nacional para la equidad territorial y el reto demográfico, la actualización de las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil frente a fenómenos meteorológicos adversos y el nuevo Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, recién publicado.

Seguimos trabajando. Pero necesitamos el talento y la implicación de todos, de la sociedad civil, de las fuerzas parlamentarias y de las administraciones competentes.

Un acuerdo diseñado para el consenso, con vocación de permanencia y con la ciencia como base. Porque todos los eventos que hemos sufrido son multifactoriales, pero todos encuentran en el cambio climático su agravante. ¿Cómo es posible que, en pleno segundo cuarto del siglo XXI, todavía haya quien quiera negar o minimizar este hecho?

En el verano de 1979, un grupo de científicos de la atmósfera y los océanos se reunió en Massachusetts para evaluar el impacto que tendría el aumento de dióxido de carbono en el clima del planeta. Su conclusión fue inequívoca: el clima cambiaría como consecuencia de las crecientes concentraciones de CO₂ generadas por la actividad humana. Casi medio siglo después, la realidad se ha encargado de confirmar aquel diagnóstico con una precisión inquietante.

Desde entonces, miles de investigaciones y publicaciones han dado forma a la ciencia climática. Una ciencia que, a su vez, se sostiene sobre cimientos de la física y la química, algunas de cuyas leyes fundamentales tienen siglos de antigüedad. Una evidencia abrumadora que exige responsabilidad y acción.

Que algunos políticos sigan negando la emergencia climática no puede considerarse como una simple frivolidad. Su postura supone un rechazo frontal a la investigación científica, al pensamiento racional y a la obligación de fundamentar las decisiones públicas en la evidencia. No es una anécdota ni un detalle menor: es una puerta abierta a la irracionalidad que nunca deberíamos cruzar. Porque negar la realidad es desproteger a la ciudadanía, desinformar deliberadamente y contribuir a alimentar los incendios, las inundaciones y la devastación que hemos visto multiplicarse en estos más de 600 días.

La mayor parte de la sociedad española lo sabe. Quiere sumarse a las soluciones, nos pide acuerdos y nos pide rigor en la acción. No podemos fallarles.

Quienes amamos la cultura recordamos la famosa obra de Fernando Fernán Gómez titulada 'Las bicicletas son para el verano'. En aquel texto, la crudeza de la guerra truncaba de golpe la inocencia y el descanso de las familias españolas.

Décadas después, contemplando los montes amenazados por temperaturas asfixiantes, la metáfora cobra una vigencia trágica. El verano ya no es sinónimo de paz, sino de miedo al fuego. La realidad es que los incendios no deberían ser para el verano; el fuego se apaga en invierno con prevención, ordenación del territorio, limpieza de montes y contratos dignos para los trabajadores forestales.

Esperar a que la tierra arda y que el desastre devore comarcas enteras para actuar es una temeridad que retrata la falta de visión a largo plazo de la gestión pública. Detrás de esa inercia estacional hay una preocupante continuidad que se traduce en una evidente dejación de funciones por parte de las administraciones competentes.

Los datos presupuestarios a nivel estatal muestran una alarmante desinversión en las partidas estructurales de prevención forestal durante la última década, priorizando el gasto reactivo de la emergencia estival sobre la planificación silenciosa del invierno. Se ha preferido recortar en lo que no se ve para asumir después el coste dramático y humano de apagar las llamas.

Negar los efectos de la crisis climática mientras los satélites muestran una catástrofe que supera las 32.000 hectáreas calcinadas en el incendio de La Mierla- uno de los sucesos más graves de la historia de Castilla-La Mancha- constituye un asunto de extrema gravedad. Este escenario exige ir más allá de la batalla partidista para afrontar las debilidades estructurales del sistema: el progresivo abandono del medio rural, el descenso de la ganadería extensiva que mantenía limpios los pasillos forestales y la acumulación de biomasa seca, convertida hoy en el combustible idóneo para incendios ingobernables.

Esta asfixia de recursos y la consecuente precariedad laboral se constatan de norte a sur. En la Comunidad de Madrid, los colectivos de bomberos forestales llevan años denunciando el bloqueo de sus convenios laborales y la congelación salarial. En Castilla y León, las dotaciones reales por hectárea forestal se sitúan a años luz de los mínimos viables estimados por los técnicos para blindar el territorio de manera efectiva. Tampoco se salva el sur: en Andalucía, el INFOCA alerta de modelos que reducen los efectivos fijos en los retenes, debilitando la protección invernal de entornos tan sensibles como Doñana. Incluso en Castilla-La Mancha, las plantillas de Geacam se han visto obligadas a movilizarse en demanda de estabilidad laboral y el fin de los recortes estructurales.

La gravedad del escenario se acentúa cuando la investigación judicial y el SEPRONA apuntan a presuntas imprudencias graves durante labores agrícolas mecanizadas en Robledillo de Mohernando como el origen del foco. Que las negligencias individuales combinadas con la inacción institucional terminen provocando la evacuación masiva de municipios enteros como Hiendelaencina, Congostrina o Alpedroches, amenazando con saltar los límites provinciales, supone un sabotaje directo contra el patrimonio natural y el porvenir del medio rural.

Frente a esta ceguera, la historia nos ofrece espejos de dignidad internacional e institucional.

Personajes de diversos signo entendieron en su día que la defensa de la Tierra y la mitigación del calentamiento global debían abordarse como una estricta obligación de Estado. La ciudadanía tiene en su mano la responsabilidad de fiscalizar estas políticas y exigir que los presupuestos públicos reflejen un compromiso real con el desarrollo sostenible, penalizando la desatención de nuestros bosques. La verdadera soberanía nacional y el patriotismo no se demuestran con retórica, sino dotando de recursos dignos a las brigadas forestales del Infocam y a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se juegan la vida ante las llamas. No podemos permitir que la crispación artificial sirva de cortina de humo para tapar las cenizas de nuestros parajes protegidos. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, una tarea colectiva que define la madurez de nuestra sociedad.

Por todo ello, se hace fundamental y urgente alcanzar un gran Pacto de Estado en esta materia, blindado y firmado por todas las fuerzas políticas sin excepción. Proteger nuestros bosques no es una cuestión de siglas, sino una apuesta decidida estratégica en la lucha contra el cambio climático.

Esta es una tarea crucial que nos atañe a todos y que, sin duda alguna, contaría con el aplauso y el respaldo unánime de toda la ciudadanía. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, el reflejo de la madurez de nuestra sociedad.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado “poco realista” esperar que se pueda producir un pacto de Estado en materia climática “con el ambiente que hay” en la política nacional.

En una entrevista este miércoles en la Cadena Ser, García-Page ha aseverado, sin embargo, que hay que “poner pie en pared” con quienes “relativizan o niegan el cambio climático”. “El cambio climático no es una opción, quien lo está negando niega la inteligencia humana”, ha aseverado.

Así, ha afirmado que “el clima está cabreado” y cada vez “manda mensajes más evidentes”, por lo que ha reiterado que hay que luchar contra “cualquier tipo de negacionismo”.

En este sentido, ha manifestado que “para arreglar un problema primero hay que tener conciencia” del mismo, por lo que “si se relativiza es difícil” tomar medidas tanto a nivel individual como colectivo.

En todo caso, García-Page ha puesto de manifiesto que este Gobierno central “defiende una sostenibilidad” en la que el país “ha avanzado mucho”, por lo que tiene una perspectiva “de inconformismo pero optimista”.

Un verano “preocupante”

En cuanto a la situación con respecto a los incendios, el presidente castellanomanchego ha lamentado que este sea un verano “especialmente preocupante” pero ha pedido “no establecer juicios tan rápido” sobre cómo se afrontan los fuegos en España.

Sobre ello, ha señalado que durante sus años como presidente del Gobierno autonómico, la superficie forestal ha aumentado “un 14%” pese a la evolución de los incendios.

Asimismo, ha aseverado que los dispositivos contra incendios ahora cuenta con “muchísimos más medios que hace 20 años”, remarcando que “el 90% de los incendios” se apagan en fase de conato antes de haber llegado a quemar una hectárea.

“Eso no se cuenta, pero los dispositivos están normalmente preparados para abordar los incendios por miles en España”, ha apostillado.

“Lo primero son las vidas”

En cuanto al incendio de La Mierla, el mayor de la historia de la región en superficie afectada, García-Page ha admitido que “desde el primer momento” sabían que iba a tener “envergadura forestal” y, ante ello, optaron por una “estrategia elemental”, basada en que “lo primero son las vidas y, a veces, se sacrifican hectáreas para salvar vidas”.

La segunda prioridad, ha proseguido, fue “salvar los núcleos de población”, alegando que si se quemaban las casas y los campos era “muy difícil” que la vida pudiera continuar en los pueblos, mientras que el campo “muchas veces se regenera”.

“Francamente, salvamos 40 municipios de los que al menos siete se podrían haber quemado por completo”, ha manifestado.

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

“Aquel a quien se castiga no es quien ha cometido el delito. Es siempre el chivo expiatorio”. Friedrich Nietzsche.

Leo el pacto pepero-voxero en Andalucía que han firmado un mohíno Juanma Moreno, antaño representante de la moderación y la resistencia al lío, y un Manolo Gavira que siempre luce una media sonrisa de esfinge y del que nadie dice nada a pesar de lucir en su biografía haber sido el primer cargo institucional de Vox en un parlamento. El ya presidente firma sabiendo que entierra, en un mismo ataúd, su carrera política fuera de Andalucía y la moderada vía Moreno para su partido, ya totalmente entregado a la agenda de Vox. El PP reconoce que las ideas vienen de Vox y Vox se aviene a gobernar como preludio a un gobierno de coalición “nacional y patriótico” en España sin molestas líneas rojas.

El pacto ya está a disposición de los andaluces y españoles y, quitando el tema que nos va a ocupar, la inmigración, es tan pobre, tan rancio y tan triste que choca con la riqueza, alegría y amplitud de miras de Andalucía. Entre objetivos huecos, difusos y alusiones a la tauromaquia, la caza, la pesca y la colaboración público-privada (una suerte de caza y pesca con el objetivo de disparar contra lo público) destaca, como si estuviera escrito en letras de neón, la teoría del chivo expiatorio hecha pacto racista y clasista. Desde que el hombre es hombre ha buscado cabezas de turcos o chivos expiatorios, personas o grupos de personas que cargan con una culpa que no es suya y sufren un castigo por una situación de la que no son responsables. Los criterios para nombrar a alguien chivo expiatorio son varios y evolucionan a lo largo de la historia pero siempre exigen una condición previa: la impotencia del chivo expiatorio para defenderse.

La expresión “chivo expiatorio” deriva del ritual judío del Yom Kippur recogido en el Levítico y en el que se sacrifican dos machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel, el diablo. Al chivo para Azazel se le transferían todos los pecados de los hombres y era abandonado en el desierto. Desde esa primera leyenda, se llama chivo expiatorio a cualquier sujeto inocente que sufre violencia punitiva por delitos o pecados ajenos. Pero fabricar chivos expiatorios es una tendencia natural del ser humano, que parte de nuestros más bajos instintos. Estigmatizar, envidiar y descargarse de responsabilidad ante cualquier problema, frustración, obstáculo que suframos. René Girard ya dijo en su obra La violencia y lo sagrado que el propio sistema se protege de una violencia más estructural y destructiva a través del chivo expiatorio, que carga con la culpa y se inmola para preservar los frágiles vínculos de la comunidad que lo sacrifica.

El inmigrante es hoy el perfecto chivo expiatorio, y así se explica en el pacto de PP y Vox en Andalucía. Roto el contrato social, el sentido de comunidad y convertidos los rasgos culturales en máscaras y postureo para turistas, la desigualdad evidente acentúa la competición entre pobres. Y surge como única ventaja competitiva haber nacido en Andalucía, o en España, y la pertenencia cultural o emocional se convierte en un baremo de puntos para evaluar méritos y adquirir derechos. Y ese sentimiento de pertenencia ya no se puede compartir o transmitir, solo se puede acaparar y defender con violencia. Las pulsiones violentas nacidas de la frustración y la precariedad se disfrazan de medidas de protección frente a la amenaza de los inmigrantes, incluso los legales, y se extiende a los españoles que viven fuera, y a los españoles que viven dentro pero no son parte de la España nacional y central, y hasta a los españoles de la España central que no se pliegan al sacrificio de los otros.

Todo esto está en el pacto del PP y Vox en Andalucía: la criminalización del inmigrante, su degradación y despojo de dignidad y humanidad, su concepción de excrecencia que hay que extirpar. La criminalización de las organizaciones que ayudan a los inmigrantes a sobrevivir y preservar su dignidad, esos andaluces que visitan los asentamientos de personas sin papeles para ayudarles a empadronarse, buscar trabajo, enterarse de si sufren violencia o explotación laboral, si los niños comen, están escolarizados o tienen que vacunarse. Ni una palabra en ese pacto de los empresarios para los que trabajan en negro y por cuatro euros en condiciones de explotación, de los dueños de tierras o invernaderos que los esconden en cortijos, de los propietarios de bares que pagan tres euros a mujeres inmigrantes para que les limpien la cocina y los baños, de los auténticos responsables de la trata de seres humanos.

Las graves consecuencias de este pacto y de los otros a lo largo y ancho de España no son solo para las víctimas, para los chivos expiatorios. También las sufriremos nosotros, los “españoles españoles”, los andaluces de Almería o de Cádiz. Despreciar y denigrar a otros seres humanos, hacerles la vida imposible, nos debilita como país y, paradójicamente, cercena y empequeñece nuestra identidad. Ahora que los estadounidenses celebran su 250 aniversario es evidente que su grandeza siempre estuvo ligada a su capacidad de contagiar el sueño de ser americano a los que no lo eran originariamente.

El pacto de gobierno, en Andalucía, debería tratar de solucionar problemas y acabar con carencias persistentes. Pero los andaluces solo han conseguido tener a alguien a quien culpar del estado lamentable de la sanidad, la peor de España, del colapso de los servicios públicos, de los precios de la vivienda, de la falta de oportunidades laborales fuera de la hostelería o las oposiciones a la Junta, del cierre de aulas, de los frecuentes cortes de luz y agua de los pueblos y hasta del ardiente calor. Bienvenidos a la España de la expiación.

Escribo dolidísima, indignada, triste y muy preocupada. Ya sé que Moreno Bonilla es PP. Y que el PP va, cuesta debajo, siguiendo a Vox, hacia su propia extinción. Sin aprender del s.XX, ni de actuales derechas fagocitadas por el fascismo, en EEUU, Brasil, Italia, Francia… Mirad en la foto el anillo negro que Moreno lleva en su índice izquierdo. Es para el insomnio. Sufre ansiedad, según él ha contado. Lógico en los gobernantes, dadas las implicaciones de sus decisiones. Pero, ahora ya, el anillo no va a bastarle. Lo siento. De verdad, de corazón, sin cinismo. Ha rendido Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su pacto de la vergüenza queda para la historia.

Yo nunca dejo cerrada, si no una puerta, una rendija a la esperanza. Yo nunca menosprecio la humanidad y la conciencia que cada cual tenga dentro de su pecho. Y no hago excepción con Moreno ni líderes, miembros, militantes, simpatizantes o votantes del PP. El fascismo viene a por todos los demócratas. También a por ellos, aunque, en la lista, les precedan los inmigrantes, las personas no blancas y cristianas, las feministas, miembros del colectivo LGTBIQ+, nacionalistas periféricos, sindicalistas, gente de izquierdas, crítica… Aunque algo más tarde, las mujeres y hombres demócratas de derecha también son para el fascismo, como demuestra la historia, objetivo a batir.

Moreno ha abierto la Junta de Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su "pacto de la vergüenza" queda para la historia. Pero yo no menosprecio la conciencia de nadie. Ojalá, si los remordimientos le impiden dormir, sea capaz de rectificar.

Pero hoy debemos poner el foco en la traición del PP de Moreno. De subrayar la irresponsabilidad de asumir, con su firma, postulados racistas, discriminatorios, islamófobos, contrarios a nuestra identidad y al legado de Al-Ándalus, anticonstitucionales y negacionistas de los derechos humanos universales y de la catástrofe climática que, avisa Francia, allí, ya ha causado 2.025 muertes la última semana de junio. La insensatez de fraguar este pacto con Vox para que la gente vea normal la escalofriante opción de Feijóo-Abascal como presidente y vicepresidente de España, 90 años después del golpe de Estado de Franco.

Moreno, que tanto ha reivindicado al ministro de la UCD Clavero Arévalo, quien contradijo a Suárez para defender la plena autonomía andaluza, y ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado por los franquistas y echado a una cuneta aún por localizar… Moreno debía haber defendido, frente a cualquier presión centralista, la dignidad de una Andalucía libre del fascismo que quiere cargarse nuestra autonomía, como todas.

Rendir los principios al fascismo

Leed, por favor, el “pacto de la vergüenza”. Ojead, siquiera por encima, esa ignominia. Y compartidla. Son 60 páginas y 150 puntos, pero atrapa y te lo bebes: los ataques a esos pobres niños y adolescentes inmigrantes solos, ataques a las organizaciones humanitarias que los protegen, a los sindicatos, ¡si hasta anula impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a ríos y mares!

Yo creí a Moreno Bonilla cuando, en julio de 2024, paró los pies al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, diciéndole que vincular extranjeros y delincuencia es mentir para rascar votos. Me hice eco, en este artículo, de las palabras de Moreno (escuchadlas en este vídeo) al señalar que “solo el 7% de los delitos anuales en Andalucía los cometen inmigrantes, muchos europeos”. Ahora Gavira es su vicepresidente.

Moreno podría y debería no haberse prestado a la estrategia centralista de normalizar un futuro gobierno de Feijóo-Abascal. Podría y debería, tras haber condenado tantas veces el racismo electoralista de Vox. Duele que él, que tanto ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado y echado a una cuneta por franquistas, convierta al neofranquista Gavira en su vicepresidente.

En septiembre de 2025, en esta columna donde critiqué las dañinas políticas de Moreno para la educación, sanidad, ayuda a la dependencia públicas, y su trilerismo fiscal, pese a todo, empecé así:

“En el contexto de auge neofascista y radicalización de la derecha yo quiero creer, me empeño y busco y defiendo el papel que debe jugar una derecha con cuya visión y enfoques yo discrepo, pero que es demócrata y valora y quiere proteger y preservar para nosotros y nuestros hijos y nietos la convivencia en paz de los diferentes. Con esa convicción mía en mente, prefiero el PP que encarna el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.”

Con la legitimidad que me da haberle dado crédito, puedo decir ahora que, o bien nos ha mentido siempre sobre sus principios solidarios y humanitarios, o se ha traicionado a sí mismo al vendernos al fascismo.

Vox en la Consejería de Turismo para amordazar a los medios

Desde la firma del pacto y la investidura de Moreno, el PP andaluz intenta restar importancia a su traición a la democracia. Por los pasillos del Parlamento andaluz decían que nadie prestaría atención al tema “el día en que han imputado a la Directora General de la Guardia Civil y se juega el España-Austria”. Los populares minimizaban la cesión de una sola consejería, la de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, a Gavira, a Vox.

Incluyendo el área de Turismo en la Consejería para Vox, el PP de Moreno le da un presupuesto millonario, que suele pagar muchas campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo que Vox espera que le sirva para amordazar a la prensa y que no desvele sus atropellos.

Periodistas y medios acríticos con la derecha también minimizaban la cesión del PP (callando que, además, se da a Vox una vicepresidencia de la mesa del parlamento y un senador autonómico). Bien puedo afear a esos colegas su irresponsabilidad, con la legitimidad de ser yo crítica con la izquierda, que me es afín, en mis columnas y noticias, como la que publiqué, ayer mismo, sobre el incomprensible caso de 33 estudiantes gazatíes que llevan hasta dos años a la espera de que el gobierno central los traiga para formarse en las universidades españolas que les han concedido plaza.

Apuntemos algo no evidente de primeras: ¿Por qué Vox se “conforma” con Turismo si en Agricultura, Igualdad o Cultura podría dar más “batalla cultural”? El Turismo es el principal motor económico de Andalucía, con casi el 13% del PIB, y la Consejería, ahora en manos de Vox, tiene casi 200 millones de euros de presupuesto. Buena parte ha ido siempre a campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo clave para sus cuentas y subsistencia. Veis la jugada, ¿verdad? La estrategia facha es cargarse todo lo que puedan, con los 150 puntos del acuerdo y las múltiples competencias de la macro consejería, manteniendo amordazada a la prensa. Apañados van con muchos de nosotros. No nos conocen.

Hará falta toda la unión, estrategia y coordinación democrática, de la gente, la sociedad civil organizada y los partidos políticos, para hacerles frente. Pero se lo haremos. Todas y todos, juntos, protegeremos nuestra democracia. Y, ojalá tengamos la generosidad e inteligencia de acoger a nuestro lado a las y los demócratas, liberales, democristianos y de derecha que también se sientan traicionados o que rectifiquen, más pronto que tarde, firmes y constructivos ante el fascismo demoledor.

Los gobiernos de Canarias y Euskadi han urgido a la convocatoria de la conferencia sectorial de migraciones para analizar las repercusiones de la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo, que lleva en funcionamiento apenas 48 horas.

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado este sábado que ella y su homóloga vasca, Nerea Melgosa, le han dirigido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para que reúna a las comunidades “de inmediato” y allí ver “el día a día de cómo vamos a llevar ese pacto”.

Delgado ha revelado que le informó a la ministra del envío de esta misiva al coincidir con ella en la visita del papa León XIV a Canarias.

Lo ha hecho este sábado en la inauguración de un simposio internacional sobre refugiados y migrantes que se celebra en La Laguna como colofón a la visita del pontífice a Canarias, un encuentro en el que se da voz a “esos temores y dudas” que el pacto europeo de migración y asilo genera, sobre todo en Canarias, siendo como es “la puerta sur de Europa”. 

Un juzgado de Ceuta ha dado la razón a Aragón tras el envío de un menor migrante a la comunidad y obliga a justificar de manera adecuada las razones que motivaron el traslado. Así lo ha dado a conocer este jueves la vicepresidenta y portavoz, la popular Mar Vaquero, que ha añadido que el Gobierno autonómico devolverá a la ciudad autónoma al joven si se confirma el fallo. Justo después ha comparecido el también vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox, para continuar con su ofensiva ante la política migratoria del Ejecutivo central y para dar a conocer un supuesto crimen en Caspe del que no se tenía noticia.

Vaquero ha anunciado que el Gobierno regional acatará lo que determinen los tribunales tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, contra la que cabe recurso en el plazo de 15 días. Mientras no sea firme, la situación del menor no cambiará. Aun así, Vaquero ha sido clara: “El Gobierno de Aragón cumplirá la sentencia y si tiene que volver a la situación anterior, se hará”.

La portavoz ha cargado contra el Gobierno central, al que acusa de utilizar a los menores migrantes con fines políticos y considerar al niño “un bulto y una moneda de cambio para intentar contentar a los socios de legislatura. Para nosotros sí era prioritario el interés superior del menor; para el Gobierno central, en cambio, ha primado el interés de un adulto: Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Vaquero ha subrayado que se trata de la primera sentencia favorable al Gobierno de Aragón frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta relativa al traslado de un menor extranjero no acompañado , y sigue la línea de otros pronunciamientos favorables a distintas comunidades autónomas.

A su juicio, “el traslado se realizó con criterios arbitrarios y sin una motivación suficiente, dejando a Aragón en una situación de indefensión”. Además, ha cuestionado que estos menores sean enviados a Aragón mientras otras comunidades, como Cataluña, quedan al margen.

La comunidad autónoma inició esta estrategia con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que modificó la Ley de Extranjería. La entonces consejera competente, Carmen Susín, defendió el recurso al considerar que la norma invadía competencias autonómicas. El Gobierno aragonés también anunció que recurriría todas las medidas derivadas de dicho decreto.

“Este reparto vulnera los principios de igualdad y solidaridad y quiebra el Estado de Derecho en cuestiones relacionadas con los derechos y libertades de los extranjeros. También constituye una forma de xenofobia excluir a dos comunidades autónomas de la llegada de menores no acompañados y migrantes adultos mediante criterios diseñados para evitar su traslado a Cataluña y al País Vasco, al dictado de un prófugo de la justicia española. Es una falta absoluta de humanidad hacia estos menores”, ha sostenido Vaquero.

La portavoz ha advertido además de que, si finalmente se revierte la situación, los menores volverán a ser trasladados entre comunidades autónomas “como si fueran mercancías. Esperemos que la justicia sirva para imponer sentido común frente a un Gobierno que fuerza la Constitución con tal de mantenerse en La Moncloa”», ha añadido.

Las pruebas de edad

Respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que han determinado la mayoría de edad de uno de los menores acogidos en Aragón y una diferencia de edad en el caso de una menor que tenía 13 años en lugar de los nueve declarados inicialmente, Vaquero ha explicado que, de los 116 menores llegados a Aragón, se han practicado 23 pruebas.

Hasta ahora, el Gobierno no había considerado necesario extenderlas al resto, aunque la situación ha cambiado. “Ahora existe un acuerdo de gobierno y un consejero (de Vox) que ejercerá plenamente sus competencias”, ha justificado.

Pese a ello, ha restado excepcionalidad a la medida y ha recordado que se trata de un procedimiento habitual desde hace años. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, entre octubre de 2019 y 2026 el IMLA ha realizado 222 pruebas de determinación de edad. De ellas, 51 concluyeron que la persona examinada era menor de edad, mientras que el 77% correspondía a mayores de edad. “En la mayoría de los casos, la edad declarada no coincidía con la real”, ha resumido.

Vaquero ha insistido en que la competencia para ordenar estas pruebas corresponde a la Fiscalía y que el Gobierno autonómico únicamente puede solicitar su intervención cuando existan indicios suficientes. “Cuando la Fiscalía emite el correspondiente decreto, el Gobierno puede actuar. Y si una persona no es menor de edad, no puede beneficiarse de los recursos destinados a los menores”, ha afirmado.

Acto seguido, la portavoz ha cedido el protagonismo al vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, responsable del área competente pero ha renunciado a mantenerse en el mismo plano que él.

Nolasco irrumpe para hablar del crimen de Caspe

La comparecencia ha dado entonces un giro inesperado. Nolasco ha tomado la palabra para referirse al supuesto asesinato de un joven de 27 años ocurrido en Caspe mucho antes de que la Guardia Civil informara del suceso. “Estamos en contacto con las autoridades y actuaremos con prudencia hasta que la investigación aporte datos oficiales. Exigimos a la Delegación del Gobierno total transparencia. Sabemos que en ocasiones se ocultan datos incómodos. Esperamos que los autores sean detenidos cuanto antes”, ha declarado.

El vicepresidente, que posteriormente se ha desplazado a la misma localidad, relaciona el crimen con la situación migratoria del municipio. “Caspe es uno de los focos más conflictivos que ampara el Gobierno de Sánchez. Existe un creciente malestar ciudadano por la presencia de migrantes que viven allí sin trabajo ni recursos. Hemos visitado la localidad en varias ocasiones y hoy lamentamos no solo este asesinato, sino también las dos agresiones con arma blanca registradas la semana pasada”, ha señalado.

Nolasco ha ido más allá y ha responsabilizado al Gobierno central de no actuar a tiempo. “¿A qué espera la Delegación del Gobierno? Esto se veía venir y podría haberse evitado. Si no se pone freno a esta invasión migratoria en Caspe y no se refuerza la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, situaciones como esta podrían repetirse”. Ha aprovechado para mandar un mensaje a los vecinos: “Estamos con los caspolinos y seguiremos denunciando una situación que consideramos absolutamente intolerable”, ha añadido.

«Vamos a identificar a quienes no sean menores y expulsarlos»

Preguntado por las pruebas de edad, Nolasco se ha mostrado partidario de ampliarlas y ha restado importancia a su coste económico. «Nos cuesta más mantener a inmigrantes ilegales que realizar estas radiografías. Cuando hay asesinatos, robos y agresiones, el coste de las pruebas no puede ser la principal preocupación. A mí me hierve la sangre. Todas las semanas hay agresiones y hoy hemos conocido un asesinato. Lo que me preocupa es que la gente muera y viva con inseguridad».

El vicepresidente ha defendido la realización de pruebas a todas aquellas personas cuya edad genere dudas razonables. “Vamos a seguir solicitándolas para quienes lleguen sin documentación biológica fiable y existan dudas sobre su edad. Resulta llamativo que muchos aseguren haber nacido el mismo día, del mismo mes y del mismo año, declaren tener 17 años y medio y posteriormente se compruebe que tienen 20 años e incluso hijos. Estoy convencido de que la Fiscalía colaborará y de que el resultado será positivo”.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla aumentar el presupuesto destinado al IMLA y ampliar el número de pruebas realizadas, aunque el Ejecutivo no ha detallado el coste unitario de estos procedimientos.

Asimismo, Nolasco ha asegurado que Aragón ha recurrido prácticamente todos los traslados de menores, con cerca de 200 recursos presentados. También ha desafiado al delegado del Gobierno a demostrar que, desde la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, han seguido llegando menores extranjeros no acompañados. “No ha entrado ni un menor más, aunque seguirán intentándolo”.

Sobre el fallo judicial conocido este jueves, Nolasco ha asegurado que respalda la posición del Gobierno aragonés. “La sentencia nos da la razón y demuestra quién está actuando de forma torticera al margen de la ley. No somos nosotros, sino el Gobierno de Sánchez, cuyas políticas enriquecen a las mafias que trafican con seres humanos procedentes del tercer mundo”. “Son ellos los que fuerzan a las CCA a recibir menores extranjeros no acompañados, a menudo, falsos menas”, ha añadido.

El vicepresidente ha concluido reiterando uno de los principales compromisos del pacto PP-Vox: “Vamos a hacer pruebas, vamos a identificarlos y vamos a expulsar a quienes resulten ser mayores de edad. Vamos a poner orden y a informar con total transparencia de todos los incidentes que se produzcan en los centros de menores para que los aragoneses conozcan la realidad. Yo no podría dormir tranquilo defendiendo políticas que, a mi juicio, cuestan vidas y generan violencia”.

Como cierre, ha insistido en que Aragón seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance para combatir la inmigración irregular. “Nuestro objetivo es luchar contra la invasión migratoria con todos los instrumentos que permite la legislación vigente. Para el Gobierno de Pedro Sánchez no todos los territorios son iguales ante la ley. Aragón no recibe el mismo trato que Cataluña e impone su dictadura ideológica, obligando a Aragón a recibir contingentes de menores inmigrantes pero no llevarlos a Cataluña”.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha arremetido este lunes contra el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la región, al que ha calificado de “infame”, “indecente”, “racista” y “profundamente clasista”. Además, ha acusado al Partido Popular de utilizar este pacto como herramienta de presión en otros territorios, como Andalucía, ante futuros procesos electorales.

En su comparecencia semanal, De Miguel ha sostenido que las negociaciones han estado “tuteladas desde Madrid”, lo que, a su juicio, demuestra que ambas formaciones en Extremadura “son meras franquicias” que responden a intereses nacionales y no a la realidad de la comunidad.

Como ejemplo, ha señalado que uno de los ejes centrales del acuerdo sea la inmigración en una región que, según ha recordado, presenta una de las tasas más bajas del país. “Lejos de ser un problema, es una solución a la despoblación”, ha defendido.

La dirigente de Unidas por Extremadura ha afirmado que, más allá de su viabilidad jurídica, el pacto responde a la imposición de un marco político por parte de Vox. “Han querido imponer un relato y lo han conseguido”, ha dicho, en referencia a medidas como la denominada “prioridad nacional”.

En este contexto, ha cargado contra la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, a la que ha acusado de haber “sacrificado” los intereses de Extremadura para beneficiar la estrategia del PP a nivel estatal, en particular de cara a reforzar la posición del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.

De Miguel también ha puesto en duda la estabilidad del futuro Ejecutivo autonómico, al considerar que el acuerdo se ha firmado “con desconfianza” y que no se mantendrá durante toda la legislatura. En su opinión, la continuidad del pacto dependerá de las decisiones del líder de Vox, Santiago Abascal, en función de sus intereses en la política nacional.

Asimismo, ha criticado la supuesta falta de convicción de Guardiola con el acuerdo alcanzado y ha cuestionado su actitud ante el mismo. “No creo que pueda sacar mucho pecho de lo que ha firmado”, ha señalado en relación con el Debate de Investidura que comienza este martes en la Asamblea de Extremadura.

Por último, ha advertido de que su formación ejercerá una oposición constante durante la legislatura, tanto sobre el contenido explícito del pacto como sobre aquellos aspectos que, a su juicio, no han sido detallados públicamente.

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han materializado este miércoles el acuerdo para declarar el fuerte franquista de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática. Se trata de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos. Entre los objetivos del convenio firmado, se incluyen impulsar un Proyecto Memorialista, la creación de un Centro de Interpretación Histórica del fuerte (que incorpore los espacios emblemáticos) y visitas guiadas al público.

Legalmente, el Fuerte de San Cristóbal ya era definido como un Lugar de Memoria por una ley foral, pero con el acuerdo alcanzado este miércoles entre el Ejecutivo navarro y el Estado, será declarado también por la ley de Memoria Democrática, lo que, según destacan desde el Gobierno navarro “va a suponer poder hacer una declaración con más soporte institucional de cara a esa recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria y el desarrollo de actividades en torno a ella”.

Según ha adelantado Chivite, el protocolo supondrá “mejorar e intensificar las actividades” que hasta ahora el Gobierno de Navarra ya ha impulsado, como el 'Recorrido de la Memoria', la 'Exposición Ezkaba 1938-2018', el proyecto 'Escuelas con Memoria', la actividad 'Botellas de la libertad' o un escape room. El denominado como 'cementerio de las Botellas', lugar de enterramiento en una de las laderas del monte Ezkaba (donde se enterraba a las personas con su identificación en el interior de una botella), también será señalizado como Lugar de Memoria. A pesar del plan incluye intervenciones en el inmueble, no se han dado detalles de cómo serrehabilitación delóndel espacio.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha declarado que el acuerdo supone un paso, junto con España, hacia “la convivencia, la memoria y la democracia”, frente avance del negacionismo y el autoritarismo “ultra” que pretende “reescribir la historia”. “La violencia fue consustancial a la dictadura franquista. Quienes defienden el silencio y pasar página son precisamente los que llevan sobre su pasado y sus ideas lo indefendible”, afirmaba con rotundidad.

María Chivite ha valorado como un paso importante “recuperar espacios como el Fuerte desde un compromiso humanista, histórico y democrático” para el desarrollo del “proyecto memorialista, las actividades y las visitas”. Además, ha incidido en que su Gobierno y el de España están “firmemente comprometidos para recuperar la historia y la verdad”.

El ministro Torres, siguiendo la estela de la presidenta navarra, ha calificado la firma del convenio como “un día grande para Navarra y para el conjunto del país” y ha afirmado: “Si esas personas [víctimas del Fuerte de San Cristóbal] estuvieran aquí aplaudirían este protocolo y la reparación de la dignidad”.

A la firma también se suscribe el Ministerio de Defensa, propietario del fuerte, aunque, según ha declarado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, “se abre la posibilidad en un futuro” de que alguna parte cambie de titularidad por “razones determinadas”. La duración del acuerdo es de cuatro años prorrogables, aunque no se han detallado acciones prácticas concretas, que se “firmarán en el momento oportuno” mediante otros acuerdos.

El impulso de este convenio formó parte del acuerdo que alcanzó EH Bildu en 2022 con el Gobierno de España para la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Congreso. A cambio de los votos de EH Bildu, el Gobierno de España también se comprometía a la cesión del Palacio de La Cumbre en Donostia, ambos espacios vinculados a la represión franquista y al terrorismo de Estado.

Campo de concentración para presos republicanos

Excavado en la cima del monte Ezkaba a finales del siglo XIX, el Fuerte de San Cristóbal fue reconvertido tras el golpe militar de 1936 en prisión y campo de concentración para presos políticos republicanos. Miles de detenidos llegados de toda España fueron internados en condiciones extremas de hacinamiento, hambre, enfermedad y violencia sistemática desde 1936 hasta, al menos, 1943.

En este contexto tuvo lugar, el 22 de mayo de 1938, la mayor fuga carcelaria de la Europa contemporánea: 795 presos escaparon del penal tras un motín organizado por militantes comunistas, aunque solo tres lograron alcanzar Francia. El resto fue capturado o ejecutado en los montes cercanos.

Por el fuerte pasaron cerca de 7.000 presos y más de 2.000 murieron como consecuencia directa de la represión y las condiciones inhumanas de reclusión, dejando un rastro de fosas comunes y víctimas aún hoy parcialmente sin identificar.

Extremadura estrena legislatura este martes con la constitución de la Asamblea de Extremadura tras el adelanto electoral del pasado diciembre, que se saldó con una victoria insuficiente para el PP, obligado ahora a sentarse a negociar con Vox para conseguir la investidura de María Guardiola. Por lo tanto, la elección de la Presidencia y los miembros de la Mesa es más que un simple trámite burocrático. Se trata del termómetro o la prueba para comprobar las posibilidades reales de un pacto de Gobierno y hasta dónde ha resistido Guardiola frente a las exigencias de la extrema derecha.

La intención del PP ha sido en todo momento negociar en bloque con Vox, es decir, alcanzar un acuerdo global que incluya el reparto de sillones, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo regional, la incorporación de las políticas ultras al programa de gobierno y la aprobación de los presupuestos, de forma que Guardiola tuviera garantizada la legislatura completa. Por eso, un acuerdo en la Asamblea daría por sentado que ya existe un pacto para un Gobierno de coalición y para las cuentas.

Sin embargo, actualmente todas las posibilidades están abiertas. Vox ha comunicado este lunes al PP la suspensión de las conversaciones en un intento de presionar a Guardiola para obtener las competencias ejecutivas a las que aspiran y que pasan por una vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Industria y Educación. Pero si este martes persiste el bloqueo en la votación de la Presidencia de la Asamblea, las Vicepresidencias y Secretarías podría interpretarse como que el órdago de Vox va en serio, pero no necesariamente que el acuerdo es imposible.

Hace dos años, la falta de entendimiento hizo que la Presidencia de la Cámara fuera a manos del PSOE y que el partido ultra se quedara fuera de la Mesa. Fue entonces cuando María Guardiola dijo aquellas palabras sobre que no estaba dispuesta a dejar entrar en la Junta de Extremadura a un partido xenófobo, machista y racista, en referencia a Vox, para pocos días después hacer una rectificación histórica y conformar el primer Gobierno de coalición en la historia de la comunidad.

Y es que una vez constituidos el órgano legislativo autonómico, habrá un mes para la celebración del pleno de investidura, por lo que aún habría margen para el acuerdo, aunque bajo la desconfianza y tensión que ha caracterizado la relación entre PP y Vox en Extremadura desde la anterior legislatura y ahora también con la fuerza que le da al partido de Santiago Abascal el haber pasado de cinco a 11 diputados tras el adelanto electoral.

“Pasar por el aro”

De hecho, Abascal avisó a Guardiola durante la campaña extremeña de que tendría que “pasar por el aro” o volver a convocar a los extremeños a las urnas, sobre todo cuando se da por imposible la abstención de los 18 diputados del PSOE para permitir un Gobierno en minoría y en solitario del PP. “Si no quieres caldo, toma dos tazas”, advirtió Abascal a la candidata del PP tras conocer el resultado del 21D, que dejó a Guardiola a cuatro diputados de la mayoría absoluta.

A diferencia de 2023, las negociaciones comenzaron hace una semana con la invitación de la presidenta en funciones de la Junta a que Vox formara parte del Gobierno, algo que no solo aceptó la extrema derecha, sino que puso sobre la mesa hacerse con una Vicepresidencia y las competencias en agricultura, educación, seguridad e industria. Pero, a diferencia de hace dos años, Vox no está dispuesto a quedarse con cualquier departamento, como cuando se sentó en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que Guardiola se sacó de la manga con competencias que antes estaban en Agricultura.

De hecho, Vox ha alegado como principal escollo del acuerdo la falta de fondos en las consejerías sobre las que tendría competencias. “Consejerías con presupuestos para hacer posible un cambio de políticas”, ha insistido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster. Pero el PP ha asegurado que el pasado viernes planteó una “propuesta razonable” que consistía en la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea, en el Gobierno y la aceptación de políticas que la extrema derecha defiende y todo ello “con las partidas presupuestarias para llevarlas a efecto”.

En este sentido, el PP asegura que el acuerdo programático “estaba avanzando” y las posturas se habían acercado como para pensar que las conversaciones iban a llegar “a buen término”. Cabe recordar, que Vox ha planteado medidas que han vuelto a poner a María Guardiola en el espejo de sus propias líneas rojas al exigir la reducción o eliminación de partidas de igualdad, de violencia de género, la reducción del número de diputados autonómicos, la derogación de la ley LGTBI, la expulsión de inmigrantes y la eliminación de las ayudas a sindicatos y patronal, entre otros aspectos fiscales donde la sintonía con el PP es más patente.

Hubo una época muy parecida a la presente. Eran distintos el contexto y los protagonistas, evidentemente, porque era otra época. Pero entre 1993 y 1996, la última legislatura de Felipe González, imperó lo que llamábamos “crispación”, porque aún no se nos había ocurrido lo de la “polarización”.

Muchos de los que ahora elogian a González como gran estadista le llamaban “dictador” y cosas mucho peores. Se creó una Asociación de Periodistas y Escritores Independientes, que Juan Luis Cebrián denominó “sindicato del crimen”, con el objetivo de derribar a Felipe González por cualquier medio.

Fueron tres años turbulentos. El director de la Guardia Civil, Luis Roldán, resultó un ladrón y se fugó de España. El Ministerio del Interior al completo rezumaba corrupción (se hacía un uso obsceno de los fondos reservados) y sangre: la irrupción en la prensa de los policías José Amedo y Michel Domínguez hizo imposible seguir manteniendo que los GAL eran cosa de “elementos incontrolados”. La economía se tambaleaba. En 1993, el desempleo afectaba a uno de cada cuatro españoles.

La campaña electoral de 1996 quedó marcada por el anuncio de los dóberman: sin mucho disimulo, el PSOE identificaba al PP con unos perros aterradores. El PP de José María Aznar acabó ganando, por poco.

Bajo el griterío y la tensión de aquella gravísima crisis existía, sin embargo, al menos una política de Estado en la que coincidían PSOE y PP: España tenía que cumplir los criterios establecidos en Maastricht (déficit presupuestario, deuda pública, etcétera) para adoptar el euro como moneda a partir del 1 de enero de 2002. Había discusión sobre los métodos, no sobre la finalidad.

Dudo que ahora, con el PP atado a Vox (eso dicen tanto los sondeos como sucesivos resultados electorales), sea posible algún tipo de pacto de Estado. La sanidad pública, antaño un ámbito relativamente consensuado, sufre un creciente desgaste por el empeño del PP en favorecer la sanidad privada: véase Madrid. Algo parecido ocurre con la enseñanza superior y universitaria: véase de nuevo Madrid.

La lista de temas en los que convendría un pacto de Estado resulta muy larga: desde algo tan elemental como conceder por fin al Senado las competencias que le atribuye la Constitución, hasta imponer la transparencia en los partidos políticos (y acabar con los aforamientos absurdos), pasando por algo tan vital como el cambio climático. Hacen falta políticas estables y de larga duración, al margen de luchas partidistas, para evitar que las inundaciones y los incendios destruyan poco a poco el país. Por no hablar de cuestiones judiciales y militares.

Importantísimo, y realmente urgente, sería un pacto de Estado sobre la vivienda. Un pacto que permitiera destinar grandes cantidades de fondos públicos y privados (a largo plazo, porque el problema no puede resolverse en una o dos legislaturas) a un programa de transformación de la construcción, el urbanismo y los transportes.

Nada de esto parece posible. Y cabe suponer que pagaremos cara esta absoluta falta de rumbo.

El nuevo curso político que se iniciará tras el parón veraniego situará de nuevo al Tribunal Constitucional en el centro de la pugna política. Cuatro de sus magistrados, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzarán el final de su mandato el próximo diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el Partido Popular tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones por sí mismo: le faltan 15 votos.

Es un escenario que abre nuevos interrogantes sobre los incentivos del partido de Alberto Núñez Feijóo para pactar una renovación que, en principio, no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes muy relevantes y de enorme carga simbólica para el Gobierno como la amnistía. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto hace solo un año y tiene la opción de ser reelegido.

La renovación requiere el respaldo de tres quintos (160 votos) de la Cámara Alta, que esta misma semana recibió la comunicación oficial que da inicio al proceso para designar a los nuevos magistrados. Hasta el momento, lo habitual ha sido que PP y PSOE se repartieran los cuatro puestos y cada formación propusiera dos nombres. Sin embargo, es una hipotética negociación que aparece plagada de incógnitas dado el momento de enorme crispación, con los socialistas sumidos en el desgaste de la corrupción del ‘caso Cerdán’ y el PP desplegando una estrategia de descalificación del Constitucional, al que ha acusado de ser “un tribunal político al servicio del Gobierno”.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, aseguró el pasado jueves que su partido quiere que el Constitucional “recupere la senda de respeto a las instituciones” y a la “Justicia”. También reclamó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se tome “en serio” este tema y “deje de manipularlo todo el tiempo”. El PP cuenta con 145 senadores.

En privado, sin embargo, en el PP reconocen que la formación puede tener pocos alicientes para abordar una renovación con el PSOE. Por un lado, ante el impacto negativo que puede tener fraguar un acuerdo con los socialistas en unas fechas en las que se esperan nuevas revelaciones sobre la trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos y los casos que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

Y, por otro, ante la posibilidad de un adelanto electoral que pudiera mejorar las expectativas del partido y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya fuera en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

Sin embargo, el bloqueo a la renovación implicaría que, salvo renuncia, los cuatro magistrados seguirían en sus puestos con el mandato prorrogado. Eso supondría, en consecuencia, extender el mandato de Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y al que el partido de Núñez Feijóo ha acusado de “corregir” sentencias del Tribunal Supremo y de estar a “las órdenes” de la Moncloa.

Pero la realidad es que la aritmética actual hace prácticamente imposible un acuerdo que no pase por implicar a los socialistas, que cuentan con 91 escaños en el Senado. Para eludir un hipotético acuerdo con la formación de Pedro Sánchez, el PP tendría que sumar a la ecuación a opciones antagónicas como Vox y los independentistas vascos o catalanes, lo que parece altamente improbable. No sería, en todo caso, la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional. Ya lo hizo durante el mandato de Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés.

Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al Consejo General del Poder Judicial (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas.

Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

No obstante, el bloqueo más escandaloso al que el PP ha sometido a un órgano constitucional tuvo lugar entre 2018 y 2022, cuando con excusas crecientes y cambiantes se negó a pactar una renovación que le hiciera perder su mayoría en el CGPJ, la principal institución del tercer poder Estado y la que designa a los jueces más relevantes del país. Hubo varios intentos y en algunos la renovación estuvo cerca, pero Núñez Feijóo cedió a la presión de terminales mediáticos muy influyentes en el partido y de voces internas de la formación, muy críticas con cualquier viso de acercamiento a Pedro Sánchez.

El acuerdo se fraguó en junio de 2024. El PSOE, a pesar de estar en el Gobierno, aceptó que el órgano se dividiera totalmente a la mitad, con diez vocales designados a propuesta de los socialistas y Sumar y otros diez elegidos por iniciativa del PP. El pacto también contemplaba que, por primera vez, fueran los propios vocales los que eligieran la presidencia del órgano.

Después de que el bloque conservador volviera a bloquear la designación de las candidatas propuestas por el bloque de la izquierda, el órgano acabó designando a Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista pero que ha mantenido una posición neutral en los temas más controvertidos. Tras seis años de bloqueo el órgano ha recuperado la normalidad institucional, aunque también se ha puesto de manifiesto la debilidad del bloque progresista tal y como refleja el hecho de que casi un 40% de las plazas adjudicadas en el Supremo y los tribunales territoriales hayan sido para jueces conservadores.

El Constitucional, un posible contrapeso

A pesar de estos precedentes, en el Ejecutivo reconocen que la renovación parcial del Constitucional es un asunto que todavía no se ha empezado a abordar. Sin embargo, dada la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le puede interesar una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del órgano, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. Algunas voces apuntan a que, en caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el Constitucional tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por una extrema derecha que sigue subiendo en las encuestas.

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como el aborto o la eutanasia y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. Además, una de sus últimas decisiones ha sido avalar la ley de amnistía al considerar que es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no es un indulto general.

El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el recurso de amparo interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación de fondos públicos, lo que le ha dejado fuera de la amnistía. El órgano de garantías también tendrá que resolver sobre cuestiones como la eliminación del catalán como requisito para trabajar en la sanidad pública de Balears o el mantenimiento de las leyes de memoria derogadas en varias autonomías gobernadas por el PP. Son parte de los asuntos que abordarán los magistrados mientras, de puertas para afuera, todo apunta a que el tribunal seguirá inmerso en la pugna política.

¿Puede el PP pactar con Puigdemont? ¿Sobre qué materias, con qué líneas rojas? ¿Es Junts un partido nacionalista más, como PNV o ERC, o está situado fuera de la legalidad? El PP lleva haciéndose estas preguntas desde el inicio de la legislatura y, tras un congreso en el que no han acabado de resolverlas, ahora es la sección catalana del partido quien ha dejado ver que entre sus propios dirigentes sigue habiendo diferentes formas de entenderlo.

Las posturas más alejadas en esta cuestión las han marcado hasta el momento el presidente del PP catalán y diputado autonómico, Alejandro Fernández, y Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y presidente del congreso que el PP celebró el pasado fin de semana. El primero intentó introducir una cláusula en la ponencia ideológica que vetaba cualquier acuerdo con Junts, en la medida que incluyera entre sus objetivos “subvertir el orden constitucional”, que finalmente quedó algo más descafeinada, puesto solo veta a los de Carles Puigdemont si “actúan” fuera de la ley.

Albiol, por su parte, ha optado por desprecintar algunos de los tabús de su formación, ya que es partidario de entendimientos “puntuales” con Junts. Eso incluye, por supuesto, coincidir en propuestas fiscales que permitan bajar los impuestos estatales o autonómicos, algo que además ya ha ocurrido en los últimos años. Pero el primer edil de Badalona va más allá y cree, contra otras opiniones en su partido, que no pasaría nada si el PP y Junts llegasen a un acuerdo para una moción de censura a Pedro Sánchez que acabase con una investidura de Feijóo.

El alcalde del PP, eso sí, introduce límites: no podría firmarse con Junts un pacto de legislatura, sino circunstancial, y no puede condicionarse a que su líder vaya a reunirse con Puigdemont, como reclaman los independentistas, pues el expresident es un hombre cuya situación penal sigue en entredicho. Pero, pese a las salvedades y los requisitos, Albiol conjeturó con una negociación con Junts en unos términos que hasta ahora han sido inimaginables para el PP, precisamente lo que Fernández quería evitar a toda costa en este congreso.

“No somos una secta. Somos un partido plural, en el que cada uno puede opinar libremente, pero todos unidos en un proyecto nacional”, respondió Fernández a las palabras de Albiol tirando de fairplay. El líder del PP catalán se ha jugado varias veces la supervivencia en el partido a una estratégica que, lejos de implicar quedarse callado y pasar desapercibido, suponía lo contrario, escalar el conflicto abierto con la dirección nacional. Y la mayoría de las veces ha ocurrido a cuenta de las veleidades de Feijóo hacia Junts, partido con el que Génova ha intentado algunos acercamientos a lo largo de la legislatura.

Sin embargo, una cosa es que Alejandro Fernández haya sido capaz de sobrevivir hasta el momento y otra que tenga recorrido como figura dentro del partido. Todos los gestos de la nueva dirección del PP hacia Catalunya han obviado claramente a su líder y se han centrado en otras personas, como el propio Albiol pero, más importante aún, Daniel Sirera. El hasta ahora líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona ha pasado a integrar el comité ejecutivo del PP, junto al también badalonés Juan Fernández, que ejerce como portavoz en el Parlament.

Ambos, Sirera y Juan Fernández, son más cercanos a las tesis de Albiol sobre Puigdemont que a las del líder de su formación en Catalunya respecto a cómo deben alinearse en relación con Junts. Pero también son perfiles que pueden enterrar el hacha sobre la cuestión, sobre todo en un momento en el que Feijóo ya ha dejado claro que no tiene prisa para hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez y que, por tanto, puede seguir prescindiendo de los votos de Junts.

Más importante para el futuro inmediato del PP catalán será la posición de Génova sobre la oficialidad del catalán en Europa, una cuestión que podría volver a la mesa del Consejo Europeo el próximo 18 de julio. Por el momento, Sirera ya ha dado señales de que no habrá volantazo en la posición de su partido, que ya se movió a nivel de las cancillerías europeas para abortar la última intentona del Gobierno a favor del catalán, gallego y euskera. “Creo que no tenemos que demostrar que respetamos y valoramos nuestra propia lengua”, ha afirmado Sirera.

Albiol, un inesperado verso suelto

El alcalde de Badalona ya sorprendió en las últimas elecciones municipales adoptando un tono muy alejado del discurso xenófobo que en su momento le encumbró. El Albiol de 2023 buscaba en Badalona un mensaje transversal, con acento en la gestión, e interpelaba explícitamente a votantes tanto de izquierdas como independentistas con la excusa del “badalonismo”. Algunos pensaron que el giro era un truco de campaña, pero al alcalde debió convencerle porque hizo de la pose moderada una divisa de la que ha seguido tirando durante toda la legislatura.

Este lunes, en plena resaca del congreso que ha presidido, Albiol no se ha mordido la lengua a la hora de mostrar distancias con su propio partido. En una entrevista concedida a Rac1, el edil ha marcado distancias con José María Aznar, que llegó a hablar del encarcelamiento de Pedro Sánchez. “Hay afirmaciones con las que no estoy de acuerdo y que no comparto. Por ejemplo, dijo que quiere ver a Pedro Sánchez en prisión, y a mí lo que me gustaría es verlo fuera de la Moncloa”, ha asegurado.

También se ha referido a la amnistía en términos diferentes a lo que es habitual en el PP. Aunque Albiol ha evitado calificar directamente la ley, ha dicho que hay que “respetar al Constitucional” que acaba de avalarla. “Se debe respetar lo que dice el Constitucional. No vale aceptar las decisiones cuando nos gustan y no hacerlo cuando no”, ha asegurado Albiol, para a continuación asegurar que lo que pasó en 2017 en Catalunya fue una de las “etapas más grises” y que hay que “olvidarla”.

Para rematar, Albiol incluso ha considerado que la idea de poder utilizar el catalán en Europa es “una propuesta interesante siempre que esté bien planteada”. Unas palabras que contrastan con la línea oficial del partido, que representa Sirera y de la que, hasta ahora, solo solía desmarcarse Alejandro Fernández, a quien le ha salido competencia como verso suelto del PP catalán.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha reivindicado que su formación ha demostrado ser “una fuerza política imprescindible para mejorar la vida de la gente” con el acuerdo para la revisión fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi. Aunque ha admitido que no es la reforma que “Podemos Euskadi habría hecho en solitario”, ha subrayado que se ha “girado a la izquierda” el proyecto de PNV y PSE-EE.

Según ha informado Podemos Euskadi, Vaquero ha agradecido, en su intervención en esta reunión, tanto a la Ejecutiva como al Consejo Ciudadano Euskadi su “trabajo, compromiso y determinación”, sin el que “no habría sido posible” el acuerdo de revisión fiscal anunciado este jueves entre su formación y el PNV y el PSE-EE. El coordinador de Podemos Euskadi ha reivindicado a su partido como “una fuerza transformadora” que ha demostrado, “con hechos y no solo con palabras”, que es “imprescindible para mejorar la vida de la gente” al lograr un acuerdo en materia fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi.

Podemos era decisivo porque PNV y PSE-EE solamente tienen mayoría absoluta en Bizkaia. En el caso de Álava y de Gipuzkoa, los Gobiernos forales de Ramiro González y Eider Mendoza, respectivamente, tienen 24 de 51 escaños y precisan de un tercer socio. Los socialistas habían cerrado claramente la puerta a la derecha, al PP, y EH Bildu ha presentado enmiendas de totalidad al entender que este proceso no implica cambios estructurales en el modelo tributario.

Así, Vaquero ha subrayado que este acuerdo, tras “una negociación intensa”, beneficiará a más de un millón de personas, “casi el 50% de la población vasca”, según recoge Europa Press. Para Vaquero el pacto alcanzado “marca un antes y un después” ya que Euskadi “tiene hoy un sistema fiscal más justo, más progresivo y más solidario”. Así, ha destacado que, con la puesta en marcha de la revisión fiscal, “las rentas por debajo de 20.000 euros, y que no pagarán IRPF, pueden recibir hasta un 35% de lo que han abonado en concepto de alquiler”, lo que supone “un alivio real para miles de familias, jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad”. “Por primera vez en la historia, quienes menos tienen recibirán apoyo directo de la Hacienda foral. Es un paso enorme hacia una sociedad más equitativa”, ha manifestado.

También ha resaltado los “pasos decisivos” en materia de vivienda, ya que se ha podido “desbloquear” el envío de datos al Ministerio de Vivienda para fijar los Índices de Precios de Referencia y regular los precios del alquiler en Euskadi. Vaquero ha reconocido que, pese a las 27 medidas que se han introducido en el proyecto de revisión fiscal mediante este acuerdo, “no es el que habría hecho Podemos Euskadi en solitario”. En todo caso, ha remarcado que sí se ha logrado “girar el proyecto fiscal a la izquierda. ”Hemos conseguido que paguen más quienes más tienen, que las grandes empresas y las entidades financieras aporten lo que les corresponde, y que las rentas más bajas reciban un apoyo real“, ha manifestado.

La formación ha reunido este sábado en Bilbao su Consejo Ciudadano Autonómico, su primer encuentro con la nueva Ejecutiva, que integran Leticia Jiménez (Organización), Luis Miguel Lapeña (secretaría Política), Xabier Marrero (Emergencia Climática y Modelo Productivo), Gustavo Angulo (Acción Institucional), Ana Viñals (Municipalismos), Joseba Andoni Fernández (Sociedad Civil), Inés Unzaga (Comunicación) y Thania Pazos (Feminismos). Además, cuentan con un grupo asesor compuesto por David Rodríguez y Eneritz de Madariaga, portavoces en las Juntas Generales de Álava y Bizkaia, respectivamente.

Su cordinador general considera que el acuerdo fiscal pone de manifiesto que Podemos Euskadi es “determinante”. Según ha reivindicado es “la fuerza que impulsa los cambios necesarios para que Euskadi avance con justicia e igualdad” y seguirá haciéndolo. “Seguiremos defendiendo los derechos de la mayoría social, de las trabajadoras y trabajadores, de quienes más dificultades tienen, de quienes necesitan una política que les escuche y que responda con soluciones reales”, ha afirmado. Además, se ha comprometido a “seguir trabajando sin descanso para que Euskadi sea un ejemplo de justicia social, de igualdad y de progreso”. “Porque para eso nacimos y para eso seguimos aquí: para cambiar las cosas y para demostrar que otra política es posible”, ha indicado.

Tras la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, lo ha destacado como “un avance en dos aspectos fundamentales para nuestra sociedad, como son la igualdad y la libertad para las mujeres”. Arraiz ha señalado que el propósito del Gobierno de España es avanzar en “nuevos mecanismos para combatir todas las formas de violencia machista”, pero también, ha dicho, “generar un cordón sanitario frente al negacionismo de Vox, un partido claramente retrógrado, tal y como lo demostró al ser el único que votó en contra de esta renovación”.

Por ello, ha agradecido a los partidos políticos que apoyaron este acuerdo “por su responsabilidad y altura de miras para aparcar diferencias”. “Los grandes consensos han sido imprescindibles para transformar la sociedad machista en una democrática, igualitaria y justa”, ha añadido.

Tal y como ha explicado la delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, este nuevo Pacto de Estado, mejorado y ampliado, contiene 461 medidas frente a las 290 que se incluían en el anterior de 2017. Para desarrollarlas, se ha dotado de una financiación adecuada y en el nuevo texto se contempla un 50 % más de dotación económica, lo que supone un compromiso de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años.

De esta financiación prevista, 160 millones anuales se destinarán a las comunidades autónomas, un 60 % más que en 2017; 100 millones anuales se destinarán a la Administración General del Estado, 20 millones más que en 2017; 40 millones anuales para los ayuntamientos, un 50 % más que en 2017; y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos.

Incorporación de importantes novedades

La delegada ha explicado que este nuevo texto presenta importantes novedades, como son las incorporadas en materia de violencia vicaria, económica y digital.

Respecto a la violencia vicaria, uno de los puntos más importantes es la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.

Además, se perfeccionarán los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género para adaptarse a las víctimas menores de edad, elaborando indicadores específicos sobre la violencia vicaria, como la existencia de denuncias previas de violencia contra la madre, la intervención anterior de los servicios sociales en situaciones de conflicto familiar, el alcoholismo o la drogadicción del padre, las incidencias previas en el cumplimiento del régimen de visitas, el carácter violento del padre, en caso de que existan denuncias por agresiones del padre a terceros, o el uso o posesión de armas, entre otras.

También se desarrollará legalmente el reconocimiento de hijas e hijos víctimas de violencia de género como víctimas directas a través del título habilitante, durante el tiempo que sea necesario, que permita acreditar ante la administración la consideración de víctimas de violencia de género, permitiendo el acceso a los recursos destinados para estas víctimas.

Otra de las novedades es la incorporación de manera específica la violencia económica en el ordenamiento jurídico. De este modo, se reconocerá, regulará y definirá la violencia económica en nuestro derecho como forma de violencia de género, entendiendo como tal la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores, con el objetivo de que la mujer dependa económicamente del agresor, mermando sus opciones de escapar de la violencia y, por tanto, incrementando la posibilidad de que la situación derive en privaciones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o muerte.

Debe tenerse en cuenta que la violencia económica de género no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.

Con respecto a la violencia digital, también se incorpora de manera específica este tipo de violencia en nuestro ordenamiento jurídico. Se entenderá por violencia digital de género todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este, como los teléfonos móviles, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer por el hecho de serlo.

Para ello, se aprobará una ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con especial atención a la prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Este Pacto de Estado renovado prevé sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes).

Entre otras medidas, se fomentará adoptar y realizar el seguimiento de sistemas que permitan detectar y eliminar comentarios e hilos de incitación a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas en las redes sociales, a través del uso de inteligencia artificial.

Asimismo, se prevé la realización de campañas de sensibilización sobre los tipos de violencia sexual que se manifiestan en el ámbito digital, incluyendo el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes modificadas, mostrando de manera pedagógica a las personas menores de edad las formas de violencia sexual para prevenirla, y sus consecuencias sobre las víctimas, incluida su salud mental, y su vida sexual y afectiva.

Víctimas en el mundo rural

Por otro lado, se incorporan con mayor énfasis las perspectivas de infancia, juventud, mujeres mayores, migrantes, y pone especial atención, también, en las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad.

En cuanto al mundo rural, se incrementarán, en coordinación con las comunidades autónomas, la atención a las víctimas en las zonas rurales, con un mayor número de centros de acogida y/o de información de carácter comarcal o con recursos itinerantes que cubran más de una comarca.

Además, se continuará reforzando la presencia policial y se promoverán equipos especializados itinerantes de actuación en el ámbito rural para la adecuada atención a las víctimas.

Dentro de este ámbito rural, se brindará a las víctimas una atención y acompañamiento efectivos y de calidad, adaptados a las condiciones y especificidades del entorno de la víctima, así como se facilitará el acceso a recursos fuera del municipio de residencia de las mujeres víctimas de violencia para conservar el anonimato y el desplazamiento para garantizar la atención por parte de servicios especializados.

También se fortalecerá la colaboración entre administraciones para mejorar la red de recursos habitacionales destinados a las víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos y se impulsará que comunidades autónomas y entidades locales puedan prestar una atención más cercana, eficaz y accesible para las víctimas con discapacidad, así como para las que se encuentran en otras situaciones de especial vulnerabilidad, tales como las relacionadas con adicciones, salud mental, edad o procedencia, entre otras.

Otro aspecto a destacar es que se reforzarán las campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito rural, por la mayor incidencia en este entorno; entre la población migrante, dadas sus especiales circunstancias y, en muchos casos, su situación de vulnerabilidad; y se impulsarán campañas dirigidas a los hombres, con perspectiva intercultural y en diferentes idiomas, para combatir conductas machistas.

Por último, en cuanto a las medidas judiciales, se proponen medidas legales para impedir que el pago de las pensiones alimenticias se utilice para intentar modificar el régimen de visitas o para forzar acuerdos en los convenios reguladores, así como para evitar que pueda utilizarse el impago como forma de venganza del victimario.

Comenzamos nuestra cuarta temporada poniéndote al día de la actualidad política: la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat, la aparición de Carles Puigdemont siete años después, el pacto entre Esquerra y el PSC para una financiación distinta en Catalunya o las maniobras del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Lo hacemos con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado estar “tranquilo” tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas “no se llevarán a cabo”, al tiempo que ha trasladado su rechazo a que haya una financiación “singular” para Cataluña que perjudique a Castilla y León dentro de su defensa de la “igualdad y la solidaridad” entre territorios.

Así se ha pronunciado Tudanca ante los medios de comunicación para hablar de este pacto, un punto en el que ha considerado que es una “muy buena noticia” que Salvador Illa “esté más cerca de ser presidente de la Generalitat”, ya que, a su juicio, de conseguirse sería un avance para Cataluña y España.

No obstante, el líder socialista en Castilla y León ha asegurado que lo que “más” le “tranquiliza” es que está seguro de que la propuesta de ERC dentro de ese pacto no se llevará a cabo porque no hay mayorías para una reforma parcial del sistema de financiación, un punto en el que ha insistido en su defensa, plasmada en el acuerdo con la Junta de Castilla y León y consensuada con otras autonomías en el acuerdo de Santiago de Compostela, de una reforma “multilateral” abordada desde el “consenso” y bajo los principios de “igualdad y solidaridad” en defensa de los intereses de España.

Así, ha considerado que el acuerdo con ERC dibuja un “escenario hipotético” en términos de: “Que viene el lobo”. Así, ha asegurado que en ningún caso respaldará un sistema de financiación singular que perjudique los intereses de Castilla y León.

Tudanca ha insistido en que el texto que se ha acordado es “enormemente abierto, matizable” y con un calendario de aplicación muy extenso, además, como ha señalado, los “datos avalan que en realidad nunca se ha roto la solidaridad”. “Han dicho tantas veces que se rompe y nunca se rompe”, ha defendido, un punto en el que se ha referido a la condonación de la deuda a Cataluña que “no ha sucedido y no sucederá”, por lo que ha pedido “confianza” en el Gobierno de España que ha asegurado que “no se quebrará la solidaridad”.

De este modo, el secretario autonómico del PSOE ha considerado que no se puede “coser” la unidad territorial “descosiendo” por otro lado. “No voy a defender nunca la quiebra de la solidaridad, la quiebra de la igualdad dentro del sistema de financiación, no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición, seguimos en el mismo sitio”, ha subrayado el socialista, quien ha defendido un acuerdo para reformar el modelo de financiación que garantice “más recursos” para “todos” acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido ha sido claro al afirmar que “si hay singularidad que haya singularidad para todos y si hace cesiones de competencias tributarias que sea para todos y en términos de igualdad, solidaridad y corresponsabilidad fiscal”.

Tras esta reflexión el líder socialistas en la Comunidad ha asegurado que respeta las posiciones de todas las autonomías y ha defendido que la financiación no es un asunto partidista sino “territorial”, al tiempo que ha dejado claro que no acepta lecciones del PP sobre este asunto cuando Alberto Núñez Feijóo ha propuesto un concierto para Cataluña similar al del País Vasco.

Asimismo, Luis Tudanca ha insistido en que no ha habido “agravios” hacia Castilla y León en materia de financiación y ha recordado que, tras comunicarse las entregas a cuenta, se constata que la Comunidad “ha recibido la mayor financiación autonómica de su historia”, “muy por encima” de lo que recibía con el gobierno del PP. “El compromiso actual del gobierno con nuestra tierra infinitamente mayor”, ha asegurado, tras lo que ha afeado el ejercicio del PP de “mentiras y cinismo”.

Por último, Luis Tudanca ha defendido los pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la situación en Cataluña y lograr una convivencia en “paz y unidad”. “El Gobierno ha hecho cosas valientes y arriesgadas como la Ley de Aministía”, ha zanjado.

El alcalde de Soria pide “cautela” pero rechaza los cupos territoriales

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha pedido “cautela” hasta conocer el documento completo del acuerdo firmado entre el PSOE/PSC y Esquerra sobre el concierto económico en Cataluña, pero se ha mostrado contundente en su posición contra los cupos territoriales, ya que genera “desigualdad entre territorios”.

Martínez ha destacado su “confianza plena” en el Gobierno y recalcado la necesidad de conocer el documento completo del acuerdo para poder posicionarse: “Es un mero acuerdo de gobierno, el papel lo sujeta todo y, después de ver muchos acuerdos firmados encima de la mesa, el desarrollo de los mismos plantea dificultades”.

Hace dos días, la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, se mostró en contra del acuerdo entre PSOE y ERC. En un mensaje publicado en la red social X, la regidora indicó que si se apuesta por “la redistribución de la riqueza entre personas como principio irrenunciable de solidaridad, no debe ser menos la redistribución y solidaridad entre territorios”. “No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea”, sentenció.

Ni unidad ni mucho menos unanimidad. La decisión tomada este jueves por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox de romper los pactos de Gobierno con el PP en todas las comunidades autónomas, con la excusa de que no están dispuestos a aceptar el reparto de una cifra ínfima de menores migrantes llegados solos a Canarias, ha sacudido de nuevo los cimientos de la formación de extrema derecha. El partido vive una división interna que Santiago Abascal intenta minimizar pero cuyas consecuencias son aún desconocidas.

La decisión de romper con el PP se saldaba de inmediato con la insumisión del único consejero que tenía Vox en el gobierno de Extremadura: Ignacio Higuero, que anunció que se daba de baja en el partido para quedarse en el Ejecutivo de María Guardiola ocupando la misma cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural. “Me llamabais el consejero de Vox y ahora soy el consejero de la Junta de Extremadura”, zanjaba en una comparecencia ante la prensa arropado por la propia Guardiola.

Pero Higuero no es el único que ha mostrado abiertamente su descontento con el órdago echado por Abascal. El malestar se extiende a algunos otros cargos que se sentían cómodos gobernando con el PP, como el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, quien, según ha adelantado ABC, aunque sale del Gobierno de Mañueco, ha comunicado a Vox su decisión de abandonar la militancia en el partido. Su compañero y consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha decidido mantener el pulso a Abascal y este viernes confirmaba que no iba a dimitir con el argumento de que el PP le había pedido que se quede en la cartera. El ya exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, reconocía en una comparecencia convocada para anunciar que él sí se marchaba y que “su deseo” era que todos los demás consejeros dimitieran, aunque reconocía que era “una decisión personal”. “Cada uno actuará con su sistema de valores”, asumió.

¿Qué va a pasar ahora?, es la pregunta que muchos se hacen en Vox. “Hay preocupación por la pérdida de poder institucional y a muchos nos gustaría saber por qué se rompe ahora y no antes”, asegura a elDiario.es una de las voces críticas que hay en Vox, que recuerda los numerosos agravios que han sufrido por parte del PP y del propio Alberto Núñez Feijóo. Unos agravios, que, en su opinión, eran motivos suficientes para haber originado antes ese divorcio. Entre otras cosas, cita que el líder del PP “intentó impedir” que se presentaran en Galicia, o el hecho de que les haya estado “ninguneando e insultando” en todas las campañas. Eso, añade esta voz crítica, por no hablar de la “deslealtad” que cree que los de Feijóo han demostrado con la ley de amnistía y su doble discurso: “Ponían el grito en el cielo mientras pactaban con los socialistas en Europa y se repartían aquí los organismos institucionales”.

Incluso hay quien va más allá y cree que Abascal se ha comportado como un “césar” imponiendo su criterio, “como suele hacer a menudo”. A juicio de este exdirigente del partido lo lógico es que la importante decisión se hubiera tomado de forma “sosegada” con todos los consejeros y cargos autonómicos implicados, sin tanta prisa. Abascal, sin embargo, se lanzó a amenazar con romper los pactos varios días antes de materializar la idea. La primera vez que envió serias advertencias al PP si aceptaba el reparto de inmigrantes menores en esos territorios fue el lunes pasado, después de la reunión con el Comité de Acción Política, en donde ya se planteó la cuestión pero no se tomó ninguna decisión en firme. No obstante, el líder de Vox ya había dejado caer algunas frases en ese mismo sentido mucho antes. Aquel lunes, en una comparecencia en la sede del partido, afirmó: “Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones”. Los días posteriores continuó insistiendo en la misma idea hasta que este jueves por la noche la oficializó tras reunir a la dirección nacional.

Que la reunión fue tensa y que en ella hubo diversas voces discrepantes ha quedado patente. Según las fuentes de Vox consultadas por esta redacción, la decisión fue sometida al refrendo de la Ejecutiva y la consulta se saldó con “casi un 90% de apoyos” de los presentes. Es decir, que hubo al menos un 10% que no la respaldó. Hasta el propio Abascal, en una entrevista concedida el viernes a Telecinco, admitía que durante las cuatro horas y media que duró el cónclave –que fue el motivo por el que retrasó su comparecencia, prevista en un principio para las ocho de la noche– hubo un intenso debate y “diferentes posiciones” aunque al final la resolución se tomó “por mayoría” y de forma “colectiva”, porque Vox. según Abascal, “no es un partido norcoreano”.

Preocupación por la pérdida de poder institucional

La principal preocupación ahora es, por un lado, esa pérdida de poder institucional justo cuando Vox más necesitaba visibilidad política al surgirle un competidor como el agitador ultra Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta, que ya les hizo un roto en las recientes elecciones europeas. Y puede hacerles otro si a alguno de los barones del PP se le ocurre convocar elecciones en su autonomía, algo que parece que los de Feijóo descartan. Pero, por otro lado, está la situación personal en la que se quedan los miembros que salen de esos Gobierno que mantenían con el PP. No todos son parlamentarios por lo que se quedan sin nada, como los consejeros de Agricultura e Industria de Castilla y León, Gerardo Dueñas y Mariano Veganzones, que han sido cesados por Mañueco y han abandonado Vox. Su compañero Gonzalo Santonja, que tampoco tiene acta, por el contario, ha desoído a Abascal y se queda al frente de la Consejería de Cultura en un gobierno en solitario del PP. Y el hasta ahora vicepresidente castellano leonés, García-Gallardo, verá mermados considerablemente sus ingresos y no tendrá ya coche oficial ya que pasará a ser un simple procurador en la oposición aunque cobrará un plus como portavoz del grupo en las Cortes regionales.

Los tres consellers valencianos de Vox, el vicepresidente primero y responsable de Cultura y Deporte, Vicente Barrera; la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, que tampoco eran diputados, han sido cesados por el presidente, Carlos Mazón por lo que tendrán que replantearse su futuro. En Murcia, el único que tiene una acta en la Asamblea es José Ángel Antelo, que, obedeciendo a Abascal, dimitía este viernes como vicepresidente del Gobierno y será nombrado casi con toda seguridad portavoz del grupo parlamentario. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, en cambio, se queda sin nada y previsiblemente volverá a su trabajo como ingeniero.

En Aragón, el hasta ahora vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, sí es diputado, por lo que mantiene el acta. Sin embargo, el responsable de Agricultura, Ángel Samper, no lo era, así que se queda sin cargo alguno.

La versión de Abascal es que ninguno de los exvicepresidentes autonómicos que acudieron a la reunión del jueves del Comité Ejecutivo Nacional “mostró apego por los cargos”. “Todos exhibieron una posición heroica y digna y son personas de gran humanidad”, aseguró. La pregunta es si la dirección del partido ahora les recompensará de alguna forma por su 'sacrificio' con algún complemento extra. No obstante, los daños económicos no son solo para estos cargos públicos, sino que colateralmente afectan a las personas que ficharon para sus equipos, que previsiblemente serán despedidos o, si tiene suerte, acomodados en otros departamentos. Personas que, según Abascal, “en muchos casos, habían dejado sus trabajos, que habían dado un paso al frente y que después de sólo un año de gobierno, se ven fuera de esas responsabilidades y probablemente con situaciones personales difíciles”. Sin embargo, el líder de Vox ha presumido de que las decisiones en su partido “no se toman por sillones, sino por principios”.

A pesar de esa aparente “comprensión” hacia aquellos que no estaban de acuerdo con la decisión tomada, las críticas contra los primeros disidentes no se hicieron esperar. El eurodiputado y jefe de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, cargaba por la mañana contra el extremeño Ignacio Higuero por decidir seguir en el cargo pese a la orden de ruptura dada por el líder nacional. Buxadé admitía en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE, que había “una posibilidad” de que algunos de los consejeros de Vox optaran por “quedarse pegados al sillón y no defender los valores de Vox” pese a que “la decisión del partido era salir de los gobiernos”. “Entiendo que se queden. Desde el punto de vista personal lo podemos entender, aunque no desde el punto de vista político”, afirmó. Pero tanto él como Abascal han dejado claro que los disidentes serán expulsados de forma “inmediata” del partido. “Si esas personas se quedan, no serán de Vox”, sentenciaba el líder de la extrema derecha.

A lo largo de todos estos días Abascal ha estado intentando justificar su arriesgada apuesta de romper definitivamente con el PP insistiendo en que “la inmigración ilegal es un problema para la seguridad en las calles. Es un problema de carácter económico, para los servicios sociales, para la atención sanitaria, y para los presupuestos regionales”. “No se trata de 300 o 400 ilegales a los que ustedes llaman niños y que son jóvenes ya mucho más fornidos que nosotros. Se trata de una avalancha continua y en cuanto esos se reparten, entran otros. Se trata del efecto llamada que nosotros queremos detener y en algún momento hay que poner pie en pared”, zanjaba durante su entrevista en Telecinco. Sus argumentos, aunque compartidos por todos en Vox, no han terminado por convencer a los que se quedan en sus cargos con el PP.

Tras la decisión de romper en las autonomías ahora está por ver si Vox también rompe todas sus alianzas con los de Feijóo en los Ayuntamientos donde cerraron acuerdos o solo lo hace en algunos. El PP ya ha adelantado que, por su lado, piensa mantenerlos.