La presidenta de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han materializado este miércoles el acuerdo para declarar el fuerte franquista de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática. Se trata de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos. Entre los objetivos del convenio firmado, se incluyen impulsar un Proyecto Memorialista, la creación de un Centro de Interpretación Histórica del fuerte (que incorpore los espacios emblemáticos) y visitas guiadas al público.

Legalmente, el Fuerte de San Cristóbal ya era definido como un Lugar de Memoria por una ley foral, pero con el acuerdo alcanzado este miércoles entre el Ejecutivo navarro y el Estado, será declarado también por la ley de Memoria Democrática, lo que, según destacan desde el Gobierno navarro “va a suponer poder hacer una declaración con más soporte institucional de cara a esa recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria y el desarrollo de actividades en torno a ella”.

Según ha adelantado Chivite, el protocolo supondrá “mejorar e intensificar las actividades” que hasta ahora el Gobierno de Navarra ya ha impulsado, como el 'Recorrido de la Memoria', la 'Exposición Ezkaba 1938-2018', el proyecto 'Escuelas con Memoria', la actividad 'Botellas de la libertad' o un escape room. El denominado como 'cementerio de las Botellas', lugar de enterramiento en una de las laderas del monte Ezkaba (donde se enterraba a las personas con su identificación en el interior de una botella), también será señalizado como Lugar de Memoria. A pesar del plan incluye intervenciones en el inmueble, no se han dado detalles de cómo serrehabilitación delóndel espacio.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha declarado que el acuerdo supone un paso, junto con España, hacia “la convivencia, la memoria y la democracia”, frente avance del negacionismo y el autoritarismo “ultra” que pretende “reescribir la historia”. “La violencia fue consustancial a la dictadura franquista. Quienes defienden el silencio y pasar página son precisamente los que llevan sobre su pasado y sus ideas lo indefendible”, afirmaba con rotundidad.

María Chivite ha valorado como un paso importante “recuperar espacios como el Fuerte desde un compromiso humanista, histórico y democrático” para el desarrollo del “proyecto memorialista, las actividades y las visitas”. Además, ha incidido en que su Gobierno y el de España están “firmemente comprometidos para recuperar la historia y la verdad”.

El ministro Torres, siguiendo la estela de la presidenta navarra, ha calificado la firma del convenio como “un día grande para Navarra y para el conjunto del país” y ha afirmado: “Si esas personas [víctimas del Fuerte de San Cristóbal] estuvieran aquí aplaudirían este protocolo y la reparación de la dignidad”.

A la firma también se suscribe el Ministerio de Defensa, propietario del fuerte, aunque, según ha declarado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, “se abre la posibilidad en un futuro” de que alguna parte cambie de titularidad por “razones determinadas”. La duración del acuerdo es de cuatro años prorrogables, aunque no se han detallado acciones prácticas concretas, que se “firmarán en el momento oportuno” mediante otros acuerdos.

El impulso de este convenio formó parte del acuerdo que alcanzó EH Bildu en 2022 con el Gobierno de España para la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Congreso. A cambio de los votos de EH Bildu, el Gobierno de España también se comprometía a la cesión del Palacio de La Cumbre en Donostia, ambos espacios vinculados a la represión franquista y al terrorismo de Estado.

Campo de concentración para presos republicanos

Excavado en la cima del monte Ezkaba a finales del siglo XIX, el Fuerte de San Cristóbal fue reconvertido tras el golpe militar de 1936 en prisión y campo de concentración para presos políticos republicanos. Miles de detenidos llegados de toda España fueron internados en condiciones extremas de hacinamiento, hambre, enfermedad y violencia sistemática desde 1936 hasta, al menos, 1943.

En este contexto tuvo lugar, el 22 de mayo de 1938, la mayor fuga carcelaria de la Europa contemporánea: 795 presos escaparon del penal tras un motín organizado por militantes comunistas, aunque solo tres lograron alcanzar Francia. El resto fue capturado o ejecutado en los montes cercanos.

Por el fuerte pasaron cerca de 7.000 presos y más de 2.000 murieron como consecuencia directa de la represión y las condiciones inhumanas de reclusión, dejando un rastro de fosas comunes y víctimas aún hoy parcialmente sin identificar.

Extremadura estrena legislatura este martes con la constitución de la Asamblea de Extremadura tras el adelanto electoral del pasado diciembre, que se saldó con una victoria insuficiente para el PP, obligado ahora a sentarse a negociar con Vox para conseguir la investidura de María Guardiola. Por lo tanto, la elección de la Presidencia y los miembros de la Mesa es más que un simple trámite burocrático. Se trata del termómetro o la prueba para comprobar las posibilidades reales de un pacto de Gobierno y hasta dónde ha resistido Guardiola frente a las exigencias de la extrema derecha.

La intención del PP ha sido en todo momento negociar en bloque con Vox, es decir, alcanzar un acuerdo global que incluya el reparto de sillones, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo regional, la incorporación de las políticas ultras al programa de gobierno y la aprobación de los presupuestos, de forma que Guardiola tuviera garantizada la legislatura completa. Por eso, un acuerdo en la Asamblea daría por sentado que ya existe un pacto para un Gobierno de coalición y para las cuentas.

Sin embargo, actualmente todas las posibilidades están abiertas. Vox ha comunicado este lunes al PP la suspensión de las conversaciones en un intento de presionar a Guardiola para obtener las competencias ejecutivas a las que aspiran y que pasan por una vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Industria y Educación. Pero si este martes persiste el bloqueo en la votación de la Presidencia de la Asamblea, las Vicepresidencias y Secretarías podría interpretarse como que el órdago de Vox va en serio, pero no necesariamente que el acuerdo es imposible.

Hace dos años, la falta de entendimiento hizo que la Presidencia de la Cámara fuera a manos del PSOE y que el partido ultra se quedara fuera de la Mesa. Fue entonces cuando María Guardiola dijo aquellas palabras sobre que no estaba dispuesta a dejar entrar en la Junta de Extremadura a un partido xenófobo, machista y racista, en referencia a Vox, para pocos días después hacer una rectificación histórica y conformar el primer Gobierno de coalición en la historia de la comunidad.

Y es que una vez constituidos el órgano legislativo autonómico, habrá un mes para la celebración del pleno de investidura, por lo que aún habría margen para el acuerdo, aunque bajo la desconfianza y tensión que ha caracterizado la relación entre PP y Vox en Extremadura desde la anterior legislatura y ahora también con la fuerza que le da al partido de Santiago Abascal el haber pasado de cinco a 11 diputados tras el adelanto electoral.

“Pasar por el aro”

De hecho, Abascal avisó a Guardiola durante la campaña extremeña de que tendría que “pasar por el aro” o volver a convocar a los extremeños a las urnas, sobre todo cuando se da por imposible la abstención de los 18 diputados del PSOE para permitir un Gobierno en minoría y en solitario del PP. “Si no quieres caldo, toma dos tazas”, advirtió Abascal a la candidata del PP tras conocer el resultado del 21D, que dejó a Guardiola a cuatro diputados de la mayoría absoluta.

A diferencia de 2023, las negociaciones comenzaron hace una semana con la invitación de la presidenta en funciones de la Junta a que Vox formara parte del Gobierno, algo que no solo aceptó la extrema derecha, sino que puso sobre la mesa hacerse con una Vicepresidencia y las competencias en agricultura, educación, seguridad e industria. Pero, a diferencia de hace dos años, Vox no está dispuesto a quedarse con cualquier departamento, como cuando se sentó en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que Guardiola se sacó de la manga con competencias que antes estaban en Agricultura.

De hecho, Vox ha alegado como principal escollo del acuerdo la falta de fondos en las consejerías sobre las que tendría competencias. “Consejerías con presupuestos para hacer posible un cambio de políticas”, ha insistido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster. Pero el PP ha asegurado que el pasado viernes planteó una “propuesta razonable” que consistía en la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea, en el Gobierno y la aceptación de políticas que la extrema derecha defiende y todo ello “con las partidas presupuestarias para llevarlas a efecto”.

En este sentido, el PP asegura que el acuerdo programático “estaba avanzando” y las posturas se habían acercado como para pensar que las conversaciones iban a llegar “a buen término”. Cabe recordar, que Vox ha planteado medidas que han vuelto a poner a María Guardiola en el espejo de sus propias líneas rojas al exigir la reducción o eliminación de partidas de igualdad, de violencia de género, la reducción del número de diputados autonómicos, la derogación de la ley LGTBI, la expulsión de inmigrantes y la eliminación de las ayudas a sindicatos y patronal, entre otros aspectos fiscales donde la sintonía con el PP es más patente.

Hubo una época muy parecida a la presente. Eran distintos el contexto y los protagonistas, evidentemente, porque era otra época. Pero entre 1993 y 1996, la última legislatura de Felipe González, imperó lo que llamábamos “crispación”, porque aún no se nos había ocurrido lo de la “polarización”.

Muchos de los que ahora elogian a González como gran estadista le llamaban “dictador” y cosas mucho peores. Se creó una Asociación de Periodistas y Escritores Independientes, que Juan Luis Cebrián denominó “sindicato del crimen”, con el objetivo de derribar a Felipe González por cualquier medio.

Fueron tres años turbulentos. El director de la Guardia Civil, Luis Roldán, resultó un ladrón y se fugó de España. El Ministerio del Interior al completo rezumaba corrupción (se hacía un uso obsceno de los fondos reservados) y sangre: la irrupción en la prensa de los policías José Amedo y Michel Domínguez hizo imposible seguir manteniendo que los GAL eran cosa de “elementos incontrolados”. La economía se tambaleaba. En 1993, el desempleo afectaba a uno de cada cuatro españoles.

La campaña electoral de 1996 quedó marcada por el anuncio de los dóberman: sin mucho disimulo, el PSOE identificaba al PP con unos perros aterradores. El PP de José María Aznar acabó ganando, por poco.

Bajo el griterío y la tensión de aquella gravísima crisis existía, sin embargo, al menos una política de Estado en la que coincidían PSOE y PP: España tenía que cumplir los criterios establecidos en Maastricht (déficit presupuestario, deuda pública, etcétera) para adoptar el euro como moneda a partir del 1 de enero de 2002. Había discusión sobre los métodos, no sobre la finalidad.

Dudo que ahora, con el PP atado a Vox (eso dicen tanto los sondeos como sucesivos resultados electorales), sea posible algún tipo de pacto de Estado. La sanidad pública, antaño un ámbito relativamente consensuado, sufre un creciente desgaste por el empeño del PP en favorecer la sanidad privada: véase Madrid. Algo parecido ocurre con la enseñanza superior y universitaria: véase de nuevo Madrid.

La lista de temas en los que convendría un pacto de Estado resulta muy larga: desde algo tan elemental como conceder por fin al Senado las competencias que le atribuye la Constitución, hasta imponer la transparencia en los partidos políticos (y acabar con los aforamientos absurdos), pasando por algo tan vital como el cambio climático. Hacen falta políticas estables y de larga duración, al margen de luchas partidistas, para evitar que las inundaciones y los incendios destruyan poco a poco el país. Por no hablar de cuestiones judiciales y militares.

Importantísimo, y realmente urgente, sería un pacto de Estado sobre la vivienda. Un pacto que permitiera destinar grandes cantidades de fondos públicos y privados (a largo plazo, porque el problema no puede resolverse en una o dos legislaturas) a un programa de transformación de la construcción, el urbanismo y los transportes.

Nada de esto parece posible. Y cabe suponer que pagaremos cara esta absoluta falta de rumbo.

El nuevo curso político que se iniciará tras el parón veraniego situará de nuevo al Tribunal Constitucional en el centro de la pugna política. Cuatro de sus magistrados, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzarán el final de su mandato el próximo diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el Partido Popular tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones por sí mismo: le faltan 15 votos.

Es un escenario que abre nuevos interrogantes sobre los incentivos del partido de Alberto Núñez Feijóo para pactar una renovación que, en principio, no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes muy relevantes y de enorme carga simbólica para el Gobierno como la amnistía. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto hace solo un año y tiene la opción de ser reelegido.

La renovación requiere el respaldo de tres quintos (160 votos) de la Cámara Alta, que esta misma semana recibió la comunicación oficial que da inicio al proceso para designar a los nuevos magistrados. Hasta el momento, lo habitual ha sido que PP y PSOE se repartieran los cuatro puestos y cada formación propusiera dos nombres. Sin embargo, es una hipotética negociación que aparece plagada de incógnitas dado el momento de enorme crispación, con los socialistas sumidos en el desgaste de la corrupción del ‘caso Cerdán’ y el PP desplegando una estrategia de descalificación del Constitucional, al que ha acusado de ser “un tribunal político al servicio del Gobierno”.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, aseguró el pasado jueves que su partido quiere que el Constitucional “recupere la senda de respeto a las instituciones” y a la “Justicia”. También reclamó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se tome “en serio” este tema y “deje de manipularlo todo el tiempo”. El PP cuenta con 145 senadores.

En privado, sin embargo, en el PP reconocen que la formación puede tener pocos alicientes para abordar una renovación con el PSOE. Por un lado, ante el impacto negativo que puede tener fraguar un acuerdo con los socialistas en unas fechas en las que se esperan nuevas revelaciones sobre la trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos y los casos que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

Y, por otro, ante la posibilidad de un adelanto electoral que pudiera mejorar las expectativas del partido y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya fuera en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

Sin embargo, el bloqueo a la renovación implicaría que, salvo renuncia, los cuatro magistrados seguirían en sus puestos con el mandato prorrogado. Eso supondría, en consecuencia, extender el mandato de Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y al que el partido de Núñez Feijóo ha acusado de “corregir” sentencias del Tribunal Supremo y de estar a “las órdenes” de la Moncloa.

Pero la realidad es que la aritmética actual hace prácticamente imposible un acuerdo que no pase por implicar a los socialistas, que cuentan con 91 escaños en el Senado. Para eludir un hipotético acuerdo con la formación de Pedro Sánchez, el PP tendría que sumar a la ecuación a opciones antagónicas como Vox y los independentistas vascos o catalanes, lo que parece altamente improbable. No sería, en todo caso, la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional. Ya lo hizo durante el mandato de Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés.

Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al Consejo General del Poder Judicial (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas.

Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

No obstante, el bloqueo más escandaloso al que el PP ha sometido a un órgano constitucional tuvo lugar entre 2018 y 2022, cuando con excusas crecientes y cambiantes se negó a pactar una renovación que le hiciera perder su mayoría en el CGPJ, la principal institución del tercer poder Estado y la que designa a los jueces más relevantes del país. Hubo varios intentos y en algunos la renovación estuvo cerca, pero Núñez Feijóo cedió a la presión de terminales mediáticos muy influyentes en el partido y de voces internas de la formación, muy críticas con cualquier viso de acercamiento a Pedro Sánchez.

El acuerdo se fraguó en junio de 2024. El PSOE, a pesar de estar en el Gobierno, aceptó que el órgano se dividiera totalmente a la mitad, con diez vocales designados a propuesta de los socialistas y Sumar y otros diez elegidos por iniciativa del PP. El pacto también contemplaba que, por primera vez, fueran los propios vocales los que eligieran la presidencia del órgano.

Después de que el bloque conservador volviera a bloquear la designación de las candidatas propuestas por el bloque de la izquierda, el órgano acabó designando a Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista pero que ha mantenido una posición neutral en los temas más controvertidos. Tras seis años de bloqueo el órgano ha recuperado la normalidad institucional, aunque también se ha puesto de manifiesto la debilidad del bloque progresista tal y como refleja el hecho de que casi un 40% de las plazas adjudicadas en el Supremo y los tribunales territoriales hayan sido para jueces conservadores.

El Constitucional, un posible contrapeso

A pesar de estos precedentes, en el Ejecutivo reconocen que la renovación parcial del Constitucional es un asunto que todavía no se ha empezado a abordar. Sin embargo, dada la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le puede interesar una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del órgano, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. Algunas voces apuntan a que, en caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el Constitucional tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por una extrema derecha que sigue subiendo en las encuestas.

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como el aborto o la eutanasia y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. Además, una de sus últimas decisiones ha sido avalar la ley de amnistía al considerar que es compatible con la Constitución, que su tramitación parlamentaria fue correcta y que no es un indulto general.

El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el recurso de amparo interpuesto por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación de fondos públicos, lo que le ha dejado fuera de la amnistía. El órgano de garantías también tendrá que resolver sobre cuestiones como la eliminación del catalán como requisito para trabajar en la sanidad pública de Balears o el mantenimiento de las leyes de memoria derogadas en varias autonomías gobernadas por el PP. Son parte de los asuntos que abordarán los magistrados mientras, de puertas para afuera, todo apunta a que el tribunal seguirá inmerso en la pugna política.

¿Puede el PP pactar con Puigdemont? ¿Sobre qué materias, con qué líneas rojas? ¿Es Junts un partido nacionalista más, como PNV o ERC, o está situado fuera de la legalidad? El PP lleva haciéndose estas preguntas desde el inicio de la legislatura y, tras un congreso en el que no han acabado de resolverlas, ahora es la sección catalana del partido quien ha dejado ver que entre sus propios dirigentes sigue habiendo diferentes formas de entenderlo.

Las posturas más alejadas en esta cuestión las han marcado hasta el momento el presidente del PP catalán y diputado autonómico, Alejandro Fernández, y Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y presidente del congreso que el PP celebró el pasado fin de semana. El primero intentó introducir una cláusula en la ponencia ideológica que vetaba cualquier acuerdo con Junts, en la medida que incluyera entre sus objetivos “subvertir el orden constitucional”, que finalmente quedó algo más descafeinada, puesto solo veta a los de Carles Puigdemont si “actúan” fuera de la ley.

Albiol, por su parte, ha optado por desprecintar algunos de los tabús de su formación, ya que es partidario de entendimientos “puntuales” con Junts. Eso incluye, por supuesto, coincidir en propuestas fiscales que permitan bajar los impuestos estatales o autonómicos, algo que además ya ha ocurrido en los últimos años. Pero el primer edil de Badalona va más allá y cree, contra otras opiniones en su partido, que no pasaría nada si el PP y Junts llegasen a un acuerdo para una moción de censura a Pedro Sánchez que acabase con una investidura de Feijóo.

El alcalde del PP, eso sí, introduce límites: no podría firmarse con Junts un pacto de legislatura, sino circunstancial, y no puede condicionarse a que su líder vaya a reunirse con Puigdemont, como reclaman los independentistas, pues el expresident es un hombre cuya situación penal sigue en entredicho. Pero, pese a las salvedades y los requisitos, Albiol conjeturó con una negociación con Junts en unos términos que hasta ahora han sido inimaginables para el PP, precisamente lo que Fernández quería evitar a toda costa en este congreso.

“No somos una secta. Somos un partido plural, en el que cada uno puede opinar libremente, pero todos unidos en un proyecto nacional”, respondió Fernández a las palabras de Albiol tirando de fairplay. El líder del PP catalán se ha jugado varias veces la supervivencia en el partido a una estratégica que, lejos de implicar quedarse callado y pasar desapercibido, suponía lo contrario, escalar el conflicto abierto con la dirección nacional. Y la mayoría de las veces ha ocurrido a cuenta de las veleidades de Feijóo hacia Junts, partido con el que Génova ha intentado algunos acercamientos a lo largo de la legislatura.

Sin embargo, una cosa es que Alejandro Fernández haya sido capaz de sobrevivir hasta el momento y otra que tenga recorrido como figura dentro del partido. Todos los gestos de la nueva dirección del PP hacia Catalunya han obviado claramente a su líder y se han centrado en otras personas, como el propio Albiol pero, más importante aún, Daniel Sirera. El hasta ahora líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona ha pasado a integrar el comité ejecutivo del PP, junto al también badalonés Juan Fernández, que ejerce como portavoz en el Parlament.

Ambos, Sirera y Juan Fernández, son más cercanos a las tesis de Albiol sobre Puigdemont que a las del líder de su formación en Catalunya respecto a cómo deben alinearse en relación con Junts. Pero también son perfiles que pueden enterrar el hacha sobre la cuestión, sobre todo en un momento en el que Feijóo ya ha dejado claro que no tiene prisa para hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez y que, por tanto, puede seguir prescindiendo de los votos de Junts.

Más importante para el futuro inmediato del PP catalán será la posición de Génova sobre la oficialidad del catalán en Europa, una cuestión que podría volver a la mesa del Consejo Europeo el próximo 18 de julio. Por el momento, Sirera ya ha dado señales de que no habrá volantazo en la posición de su partido, que ya se movió a nivel de las cancillerías europeas para abortar la última intentona del Gobierno a favor del catalán, gallego y euskera. “Creo que no tenemos que demostrar que respetamos y valoramos nuestra propia lengua”, ha afirmado Sirera.

Albiol, un inesperado verso suelto

El alcalde de Badalona ya sorprendió en las últimas elecciones municipales adoptando un tono muy alejado del discurso xenófobo que en su momento le encumbró. El Albiol de 2023 buscaba en Badalona un mensaje transversal, con acento en la gestión, e interpelaba explícitamente a votantes tanto de izquierdas como independentistas con la excusa del “badalonismo”. Algunos pensaron que el giro era un truco de campaña, pero al alcalde debió convencerle porque hizo de la pose moderada una divisa de la que ha seguido tirando durante toda la legislatura.

Este lunes, en plena resaca del congreso que ha presidido, Albiol no se ha mordido la lengua a la hora de mostrar distancias con su propio partido. En una entrevista concedida a Rac1, el edil ha marcado distancias con José María Aznar, que llegó a hablar del encarcelamiento de Pedro Sánchez. “Hay afirmaciones con las que no estoy de acuerdo y que no comparto. Por ejemplo, dijo que quiere ver a Pedro Sánchez en prisión, y a mí lo que me gustaría es verlo fuera de la Moncloa”, ha asegurado.

También se ha referido a la amnistía en términos diferentes a lo que es habitual en el PP. Aunque Albiol ha evitado calificar directamente la ley, ha dicho que hay que “respetar al Constitucional” que acaba de avalarla. “Se debe respetar lo que dice el Constitucional. No vale aceptar las decisiones cuando nos gustan y no hacerlo cuando no”, ha asegurado Albiol, para a continuación asegurar que lo que pasó en 2017 en Catalunya fue una de las “etapas más grises” y que hay que “olvidarla”.

Para rematar, Albiol incluso ha considerado que la idea de poder utilizar el catalán en Europa es “una propuesta interesante siempre que esté bien planteada”. Unas palabras que contrastan con la línea oficial del partido, que representa Sirera y de la que, hasta ahora, solo solía desmarcarse Alejandro Fernández, a quien le ha salido competencia como verso suelto del PP catalán.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha reivindicado que su formación ha demostrado ser “una fuerza política imprescindible para mejorar la vida de la gente” con el acuerdo para la revisión fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi. Aunque ha admitido que no es la reforma que “Podemos Euskadi habría hecho en solitario”, ha subrayado que se ha “girado a la izquierda” el proyecto de PNV y PSE-EE.

Según ha informado Podemos Euskadi, Vaquero ha agradecido, en su intervención en esta reunión, tanto a la Ejecutiva como al Consejo Ciudadano Euskadi su “trabajo, compromiso y determinación”, sin el que “no habría sido posible” el acuerdo de revisión fiscal anunciado este jueves entre su formación y el PNV y el PSE-EE. El coordinador de Podemos Euskadi ha reivindicado a su partido como “una fuerza transformadora” que ha demostrado, “con hechos y no solo con palabras”, que es “imprescindible para mejorar la vida de la gente” al lograr un acuerdo en materia fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi.

Podemos era decisivo porque PNV y PSE-EE solamente tienen mayoría absoluta en Bizkaia. En el caso de Álava y de Gipuzkoa, los Gobiernos forales de Ramiro González y Eider Mendoza, respectivamente, tienen 24 de 51 escaños y precisan de un tercer socio. Los socialistas habían cerrado claramente la puerta a la derecha, al PP, y EH Bildu ha presentado enmiendas de totalidad al entender que este proceso no implica cambios estructurales en el modelo tributario.

Así, Vaquero ha subrayado que este acuerdo, tras “una negociación intensa”, beneficiará a más de un millón de personas, “casi el 50% de la población vasca”, según recoge Europa Press. Para Vaquero el pacto alcanzado “marca un antes y un después” ya que Euskadi “tiene hoy un sistema fiscal más justo, más progresivo y más solidario”. Así, ha destacado que, con la puesta en marcha de la revisión fiscal, “las rentas por debajo de 20.000 euros, y que no pagarán IRPF, pueden recibir hasta un 35% de lo que han abonado en concepto de alquiler”, lo que supone “un alivio real para miles de familias, jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad”. “Por primera vez en la historia, quienes menos tienen recibirán apoyo directo de la Hacienda foral. Es un paso enorme hacia una sociedad más equitativa”, ha manifestado.

También ha resaltado los “pasos decisivos” en materia de vivienda, ya que se ha podido “desbloquear” el envío de datos al Ministerio de Vivienda para fijar los Índices de Precios de Referencia y regular los precios del alquiler en Euskadi. Vaquero ha reconocido que, pese a las 27 medidas que se han introducido en el proyecto de revisión fiscal mediante este acuerdo, “no es el que habría hecho Podemos Euskadi en solitario”. En todo caso, ha remarcado que sí se ha logrado “girar el proyecto fiscal a la izquierda. ”Hemos conseguido que paguen más quienes más tienen, que las grandes empresas y las entidades financieras aporten lo que les corresponde, y que las rentas más bajas reciban un apoyo real“, ha manifestado.

La formación ha reunido este sábado en Bilbao su Consejo Ciudadano Autonómico, su primer encuentro con la nueva Ejecutiva, que integran Leticia Jiménez (Organización), Luis Miguel Lapeña (secretaría Política), Xabier Marrero (Emergencia Climática y Modelo Productivo), Gustavo Angulo (Acción Institucional), Ana Viñals (Municipalismos), Joseba Andoni Fernández (Sociedad Civil), Inés Unzaga (Comunicación) y Thania Pazos (Feminismos). Además, cuentan con un grupo asesor compuesto por David Rodríguez y Eneritz de Madariaga, portavoces en las Juntas Generales de Álava y Bizkaia, respectivamente.

Su cordinador general considera que el acuerdo fiscal pone de manifiesto que Podemos Euskadi es “determinante”. Según ha reivindicado es “la fuerza que impulsa los cambios necesarios para que Euskadi avance con justicia e igualdad” y seguirá haciéndolo. “Seguiremos defendiendo los derechos de la mayoría social, de las trabajadoras y trabajadores, de quienes más dificultades tienen, de quienes necesitan una política que les escuche y que responda con soluciones reales”, ha afirmado. Además, se ha comprometido a “seguir trabajando sin descanso para que Euskadi sea un ejemplo de justicia social, de igualdad y de progreso”. “Porque para eso nacimos y para eso seguimos aquí: para cambiar las cosas y para demostrar que otra política es posible”, ha indicado.

Tras la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, lo ha destacado como “un avance en dos aspectos fundamentales para nuestra sociedad, como son la igualdad y la libertad para las mujeres”. Arraiz ha señalado que el propósito del Gobierno de España es avanzar en “nuevos mecanismos para combatir todas las formas de violencia machista”, pero también, ha dicho, “generar un cordón sanitario frente al negacionismo de Vox, un partido claramente retrógrado, tal y como lo demostró al ser el único que votó en contra de esta renovación”.

Por ello, ha agradecido a los partidos políticos que apoyaron este acuerdo “por su responsabilidad y altura de miras para aparcar diferencias”. “Los grandes consensos han sido imprescindibles para transformar la sociedad machista en una democrática, igualitaria y justa”, ha añadido.

Tal y como ha explicado la delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, este nuevo Pacto de Estado, mejorado y ampliado, contiene 461 medidas frente a las 290 que se incluían en el anterior de 2017. Para desarrollarlas, se ha dotado de una financiación adecuada y en el nuevo texto se contempla un 50 % más de dotación económica, lo que supone un compromiso de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años.

De esta financiación prevista, 160 millones anuales se destinarán a las comunidades autónomas, un 60 % más que en 2017; 100 millones anuales se destinarán a la Administración General del Estado, 20 millones más que en 2017; 40 millones anuales para los ayuntamientos, un 50 % más que en 2017; y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos.

Incorporación de importantes novedades

La delegada ha explicado que este nuevo texto presenta importantes novedades, como son las incorporadas en materia de violencia vicaria, económica y digital.

Respecto a la violencia vicaria, uno de los puntos más importantes es la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.

Además, se perfeccionarán los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género para adaptarse a las víctimas menores de edad, elaborando indicadores específicos sobre la violencia vicaria, como la existencia de denuncias previas de violencia contra la madre, la intervención anterior de los servicios sociales en situaciones de conflicto familiar, el alcoholismo o la drogadicción del padre, las incidencias previas en el cumplimiento del régimen de visitas, el carácter violento del padre, en caso de que existan denuncias por agresiones del padre a terceros, o el uso o posesión de armas, entre otras.

También se desarrollará legalmente el reconocimiento de hijas e hijos víctimas de violencia de género como víctimas directas a través del título habilitante, durante el tiempo que sea necesario, que permita acreditar ante la administración la consideración de víctimas de violencia de género, permitiendo el acceso a los recursos destinados para estas víctimas.

Otra de las novedades es la incorporación de manera específica la violencia económica en el ordenamiento jurídico. De este modo, se reconocerá, regulará y definirá la violencia económica en nuestro derecho como forma de violencia de género, entendiendo como tal la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores, con el objetivo de que la mujer dependa económicamente del agresor, mermando sus opciones de escapar de la violencia y, por tanto, incrementando la posibilidad de que la situación derive en privaciones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o muerte.

Debe tenerse en cuenta que la violencia económica de género no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.

Con respecto a la violencia digital, también se incorpora de manera específica este tipo de violencia en nuestro ordenamiento jurídico. Se entenderá por violencia digital de género todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este, como los teléfonos móviles, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer por el hecho de serlo.

Para ello, se aprobará una ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con especial atención a la prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Este Pacto de Estado renovado prevé sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes).

Entre otras medidas, se fomentará adoptar y realizar el seguimiento de sistemas que permitan detectar y eliminar comentarios e hilos de incitación a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas en las redes sociales, a través del uso de inteligencia artificial.

Asimismo, se prevé la realización de campañas de sensibilización sobre los tipos de violencia sexual que se manifiestan en el ámbito digital, incluyendo el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes modificadas, mostrando de manera pedagógica a las personas menores de edad las formas de violencia sexual para prevenirla, y sus consecuencias sobre las víctimas, incluida su salud mental, y su vida sexual y afectiva.

Víctimas en el mundo rural

Por otro lado, se incorporan con mayor énfasis las perspectivas de infancia, juventud, mujeres mayores, migrantes, y pone especial atención, también, en las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad.

En cuanto al mundo rural, se incrementarán, en coordinación con las comunidades autónomas, la atención a las víctimas en las zonas rurales, con un mayor número de centros de acogida y/o de información de carácter comarcal o con recursos itinerantes que cubran más de una comarca.

Además, se continuará reforzando la presencia policial y se promoverán equipos especializados itinerantes de actuación en el ámbito rural para la adecuada atención a las víctimas.

Dentro de este ámbito rural, se brindará a las víctimas una atención y acompañamiento efectivos y de calidad, adaptados a las condiciones y especificidades del entorno de la víctima, así como se facilitará el acceso a recursos fuera del municipio de residencia de las mujeres víctimas de violencia para conservar el anonimato y el desplazamiento para garantizar la atención por parte de servicios especializados.

También se fortalecerá la colaboración entre administraciones para mejorar la red de recursos habitacionales destinados a las víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos y se impulsará que comunidades autónomas y entidades locales puedan prestar una atención más cercana, eficaz y accesible para las víctimas con discapacidad, así como para las que se encuentran en otras situaciones de especial vulnerabilidad, tales como las relacionadas con adicciones, salud mental, edad o procedencia, entre otras.

Otro aspecto a destacar es que se reforzarán las campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito rural, por la mayor incidencia en este entorno; entre la población migrante, dadas sus especiales circunstancias y, en muchos casos, su situación de vulnerabilidad; y se impulsarán campañas dirigidas a los hombres, con perspectiva intercultural y en diferentes idiomas, para combatir conductas machistas.

Por último, en cuanto a las medidas judiciales, se proponen medidas legales para impedir que el pago de las pensiones alimenticias se utilice para intentar modificar el régimen de visitas o para forzar acuerdos en los convenios reguladores, así como para evitar que pueda utilizarse el impago como forma de venganza del victimario.

Comenzamos nuestra cuarta temporada poniéndote al día de la actualidad política: la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat, la aparición de Carles Puigdemont siete años después, el pacto entre Esquerra y el PSC para una financiación distinta en Catalunya o las maniobras del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Lo hacemos con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado estar “tranquilo” tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas “no se llevarán a cabo”, al tiempo que ha trasladado su rechazo a que haya una financiación “singular” para Cataluña que perjudique a Castilla y León dentro de su defensa de la “igualdad y la solidaridad” entre territorios.

Así se ha pronunciado Tudanca ante los medios de comunicación para hablar de este pacto, un punto en el que ha considerado que es una “muy buena noticia” que Salvador Illa “esté más cerca de ser presidente de la Generalitat”, ya que, a su juicio, de conseguirse sería un avance para Cataluña y España.

No obstante, el líder socialista en Castilla y León ha asegurado que lo que “más” le “tranquiliza” es que está seguro de que la propuesta de ERC dentro de ese pacto no se llevará a cabo porque no hay mayorías para una reforma parcial del sistema de financiación, un punto en el que ha insistido en su defensa, plasmada en el acuerdo con la Junta de Castilla y León y consensuada con otras autonomías en el acuerdo de Santiago de Compostela, de una reforma “multilateral” abordada desde el “consenso” y bajo los principios de “igualdad y solidaridad” en defensa de los intereses de España.

Así, ha considerado que el acuerdo con ERC dibuja un “escenario hipotético” en términos de: “Que viene el lobo”. Así, ha asegurado que en ningún caso respaldará un sistema de financiación singular que perjudique los intereses de Castilla y León.

Tudanca ha insistido en que el texto que se ha acordado es “enormemente abierto, matizable” y con un calendario de aplicación muy extenso, además, como ha señalado, los “datos avalan que en realidad nunca se ha roto la solidaridad”. “Han dicho tantas veces que se rompe y nunca se rompe”, ha defendido, un punto en el que se ha referido a la condonación de la deuda a Cataluña que “no ha sucedido y no sucederá”, por lo que ha pedido “confianza” en el Gobierno de España que ha asegurado que “no se quebrará la solidaridad”.

De este modo, el secretario autonómico del PSOE ha considerado que no se puede “coser” la unidad territorial “descosiendo” por otro lado. “No voy a defender nunca la quiebra de la solidaridad, la quiebra de la igualdad dentro del sistema de financiación, no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición, seguimos en el mismo sitio”, ha subrayado el socialista, quien ha defendido un acuerdo para reformar el modelo de financiación que garantice “más recursos” para “todos” acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido ha sido claro al afirmar que “si hay singularidad que haya singularidad para todos y si hace cesiones de competencias tributarias que sea para todos y en términos de igualdad, solidaridad y corresponsabilidad fiscal”.

Tras esta reflexión el líder socialistas en la Comunidad ha asegurado que respeta las posiciones de todas las autonomías y ha defendido que la financiación no es un asunto partidista sino “territorial”, al tiempo que ha dejado claro que no acepta lecciones del PP sobre este asunto cuando Alberto Núñez Feijóo ha propuesto un concierto para Cataluña similar al del País Vasco.

Asimismo, Luis Tudanca ha insistido en que no ha habido “agravios” hacia Castilla y León en materia de financiación y ha recordado que, tras comunicarse las entregas a cuenta, se constata que la Comunidad “ha recibido la mayor financiación autonómica de su historia”, “muy por encima” de lo que recibía con el gobierno del PP. “El compromiso actual del gobierno con nuestra tierra infinitamente mayor”, ha asegurado, tras lo que ha afeado el ejercicio del PP de “mentiras y cinismo”.

Por último, Luis Tudanca ha defendido los pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la situación en Cataluña y lograr una convivencia en “paz y unidad”. “El Gobierno ha hecho cosas valientes y arriesgadas como la Ley de Aministía”, ha zanjado.

El alcalde de Soria pide “cautela” pero rechaza los cupos territoriales

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha pedido “cautela” hasta conocer el documento completo del acuerdo firmado entre el PSOE/PSC y Esquerra sobre el concierto económico en Cataluña, pero se ha mostrado contundente en su posición contra los cupos territoriales, ya que genera “desigualdad entre territorios”.

Martínez ha destacado su “confianza plena” en el Gobierno y recalcado la necesidad de conocer el documento completo del acuerdo para poder posicionarse: “Es un mero acuerdo de gobierno, el papel lo sujeta todo y, después de ver muchos acuerdos firmados encima de la mesa, el desarrollo de los mismos plantea dificultades”.

Hace dos días, la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, se mostró en contra del acuerdo entre PSOE y ERC. En un mensaje publicado en la red social X, la regidora indicó que si se apuesta por “la redistribución de la riqueza entre personas como principio irrenunciable de solidaridad, no debe ser menos la redistribución y solidaridad entre territorios”. “No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea”, sentenció.

Ni unidad ni mucho menos unanimidad. La decisión tomada este jueves por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox de romper los pactos de Gobierno con el PP en todas las comunidades autónomas, con la excusa de que no están dispuestos a aceptar el reparto de una cifra ínfima de menores migrantes llegados solos a Canarias, ha sacudido de nuevo los cimientos de la formación de extrema derecha. El partido vive una división interna que Santiago Abascal intenta minimizar pero cuyas consecuencias son aún desconocidas.

La decisión de romper con el PP se saldaba de inmediato con la insumisión del único consejero que tenía Vox en el gobierno de Extremadura: Ignacio Higuero, que anunció que se daba de baja en el partido para quedarse en el Ejecutivo de María Guardiola ocupando la misma cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural. “Me llamabais el consejero de Vox y ahora soy el consejero de la Junta de Extremadura”, zanjaba en una comparecencia ante la prensa arropado por la propia Guardiola.

Pero Higuero no es el único que ha mostrado abiertamente su descontento con el órdago echado por Abascal. El malestar se extiende a algunos otros cargos que se sentían cómodos gobernando con el PP, como el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, quien, según ha adelantado ABC, aunque sale del Gobierno de Mañueco, ha comunicado a Vox su decisión de abandonar la militancia en el partido. Su compañero y consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha decidido mantener el pulso a Abascal y este viernes confirmaba que no iba a dimitir con el argumento de que el PP le había pedido que se quede en la cartera. El ya exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, reconocía en una comparecencia convocada para anunciar que él sí se marchaba y que “su deseo” era que todos los demás consejeros dimitieran, aunque reconocía que era “una decisión personal”. “Cada uno actuará con su sistema de valores”, asumió.

¿Qué va a pasar ahora?, es la pregunta que muchos se hacen en Vox. “Hay preocupación por la pérdida de poder institucional y a muchos nos gustaría saber por qué se rompe ahora y no antes”, asegura a elDiario.es una de las voces críticas que hay en Vox, que recuerda los numerosos agravios que han sufrido por parte del PP y del propio Alberto Núñez Feijóo. Unos agravios, que, en su opinión, eran motivos suficientes para haber originado antes ese divorcio. Entre otras cosas, cita que el líder del PP “intentó impedir” que se presentaran en Galicia, o el hecho de que les haya estado “ninguneando e insultando” en todas las campañas. Eso, añade esta voz crítica, por no hablar de la “deslealtad” que cree que los de Feijóo han demostrado con la ley de amnistía y su doble discurso: “Ponían el grito en el cielo mientras pactaban con los socialistas en Europa y se repartían aquí los organismos institucionales”.

Incluso hay quien va más allá y cree que Abascal se ha comportado como un “césar” imponiendo su criterio, “como suele hacer a menudo”. A juicio de este exdirigente del partido lo lógico es que la importante decisión se hubiera tomado de forma “sosegada” con todos los consejeros y cargos autonómicos implicados, sin tanta prisa. Abascal, sin embargo, se lanzó a amenazar con romper los pactos varios días antes de materializar la idea. La primera vez que envió serias advertencias al PP si aceptaba el reparto de inmigrantes menores en esos territorios fue el lunes pasado, después de la reunión con el Comité de Acción Política, en donde ya se planteó la cuestión pero no se tomó ninguna decisión en firme. No obstante, el líder de Vox ya había dejado caer algunas frases en ese mismo sentido mucho antes. Aquel lunes, en una comparecencia en la sede del partido, afirmó: “Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones”. Los días posteriores continuó insistiendo en la misma idea hasta que este jueves por la noche la oficializó tras reunir a la dirección nacional.

Que la reunión fue tensa y que en ella hubo diversas voces discrepantes ha quedado patente. Según las fuentes de Vox consultadas por esta redacción, la decisión fue sometida al refrendo de la Ejecutiva y la consulta se saldó con “casi un 90% de apoyos” de los presentes. Es decir, que hubo al menos un 10% que no la respaldó. Hasta el propio Abascal, en una entrevista concedida el viernes a Telecinco, admitía que durante las cuatro horas y media que duró el cónclave –que fue el motivo por el que retrasó su comparecencia, prevista en un principio para las ocho de la noche– hubo un intenso debate y “diferentes posiciones” aunque al final la resolución se tomó “por mayoría” y de forma “colectiva”, porque Vox. según Abascal, “no es un partido norcoreano”.

Preocupación por la pérdida de poder institucional

La principal preocupación ahora es, por un lado, esa pérdida de poder institucional justo cuando Vox más necesitaba visibilidad política al surgirle un competidor como el agitador ultra Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta, que ya les hizo un roto en las recientes elecciones europeas. Y puede hacerles otro si a alguno de los barones del PP se le ocurre convocar elecciones en su autonomía, algo que parece que los de Feijóo descartan. Pero, por otro lado, está la situación personal en la que se quedan los miembros que salen de esos Gobierno que mantenían con el PP. No todos son parlamentarios por lo que se quedan sin nada, como los consejeros de Agricultura e Industria de Castilla y León, Gerardo Dueñas y Mariano Veganzones, que han sido cesados por Mañueco y han abandonado Vox. Su compañero Gonzalo Santonja, que tampoco tiene acta, por el contario, ha desoído a Abascal y se queda al frente de la Consejería de Cultura en un gobierno en solitario del PP. Y el hasta ahora vicepresidente castellano leonés, García-Gallardo, verá mermados considerablemente sus ingresos y no tendrá ya coche oficial ya que pasará a ser un simple procurador en la oposición aunque cobrará un plus como portavoz del grupo en las Cortes regionales.

Los tres consellers valencianos de Vox, el vicepresidente primero y responsable de Cultura y Deporte, Vicente Barrera; la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, que tampoco eran diputados, han sido cesados por el presidente, Carlos Mazón por lo que tendrán que replantearse su futuro. En Murcia, el único que tiene una acta en la Asamblea es José Ángel Antelo, que, obedeciendo a Abascal, dimitía este viernes como vicepresidente del Gobierno y será nombrado casi con toda seguridad portavoz del grupo parlamentario. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, en cambio, se queda sin nada y previsiblemente volverá a su trabajo como ingeniero.

En Aragón, el hasta ahora vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, sí es diputado, por lo que mantiene el acta. Sin embargo, el responsable de Agricultura, Ángel Samper, no lo era, así que se queda sin cargo alguno.

La versión de Abascal es que ninguno de los exvicepresidentes autonómicos que acudieron a la reunión del jueves del Comité Ejecutivo Nacional “mostró apego por los cargos”. “Todos exhibieron una posición heroica y digna y son personas de gran humanidad”, aseguró. La pregunta es si la dirección del partido ahora les recompensará de alguna forma por su 'sacrificio' con algún complemento extra. No obstante, los daños económicos no son solo para estos cargos públicos, sino que colateralmente afectan a las personas que ficharon para sus equipos, que previsiblemente serán despedidos o, si tiene suerte, acomodados en otros departamentos. Personas que, según Abascal, “en muchos casos, habían dejado sus trabajos, que habían dado un paso al frente y que después de sólo un año de gobierno, se ven fuera de esas responsabilidades y probablemente con situaciones personales difíciles”. Sin embargo, el líder de Vox ha presumido de que las decisiones en su partido “no se toman por sillones, sino por principios”.

A pesar de esa aparente “comprensión” hacia aquellos que no estaban de acuerdo con la decisión tomada, las críticas contra los primeros disidentes no se hicieron esperar. El eurodiputado y jefe de la delegación en Bruselas, Jorge Buxadé, cargaba por la mañana contra el extremeño Ignacio Higuero por decidir seguir en el cargo pese a la orden de ruptura dada por el líder nacional. Buxadé admitía en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE, que había “una posibilidad” de que algunos de los consejeros de Vox optaran por “quedarse pegados al sillón y no defender los valores de Vox” pese a que “la decisión del partido era salir de los gobiernos”. “Entiendo que se queden. Desde el punto de vista personal lo podemos entender, aunque no desde el punto de vista político”, afirmó. Pero tanto él como Abascal han dejado claro que los disidentes serán expulsados de forma “inmediata” del partido. “Si esas personas se quedan, no serán de Vox”, sentenciaba el líder de la extrema derecha.

A lo largo de todos estos días Abascal ha estado intentando justificar su arriesgada apuesta de romper definitivamente con el PP insistiendo en que “la inmigración ilegal es un problema para la seguridad en las calles. Es un problema de carácter económico, para los servicios sociales, para la atención sanitaria, y para los presupuestos regionales”. “No se trata de 300 o 400 ilegales a los que ustedes llaman niños y que son jóvenes ya mucho más fornidos que nosotros. Se trata de una avalancha continua y en cuanto esos se reparten, entran otros. Se trata del efecto llamada que nosotros queremos detener y en algún momento hay que poner pie en pared”, zanjaba durante su entrevista en Telecinco. Sus argumentos, aunque compartidos por todos en Vox, no han terminado por convencer a los que se quedan en sus cargos con el PP.

Tras la decisión de romper en las autonomías ahora está por ver si Vox también rompe todas sus alianzas con los de Feijóo en los Ayuntamientos donde cerraron acuerdos o solo lo hace en algunos. El PP ya ha adelantado que, por su lado, piensa mantenerlos.

La dirección de Vox, presidida por Santiago Abascal, ha decidido solemnizar este jueves la ruptura de los pactos de gobierno suscritos con el PP una vez que ha comprobado que sus socios han aceptado acoger en esos territorios un cupo de migrantes menores no acompañados, una medida que el partido de extrema derecha rechaza de plano. Vox a partir de ahora tampoco dará apoyo parlamentario a los gobiernos del PP y sus cargos irán dimitiendo a lo largo de los próximos días.

Abascal ha comenzado su comparecencia diciendo que la de hoy es “una de las decisiones más importantes de la historia política de Vox”, y ha lanzado duras críticas contra Alberto Núñez Feijóo por sus pactos con “el autócrata”, en referencia al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. “Nadie ha votado a Vox, y me atrevería a decir que tampoco al PP, para que continúe la invasión de la inmigración ilegal y de 'menas'”, ha dicho incidiendo en su retórica xenófoba y racista. “Hemos cedido muchas veces para salvaguardar esos gobiernos pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo”, se ha quejado.

En su declaración institucional, sin preguntas, el líder de extrema derecha ha sentenciado que “el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha constatado que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo”, y “acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia”.

“Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente, igual que en el resto de España”, ha concluido Abascal en su comparecencia en la que ha estado rodeado de los miembros de la dirección nacional.

Apenas unas horas después de esta comparecencia, se han comprobado las discrepancias dentro del partido de extrema derecha. Ignacio Higuero, el único consejero de Vox en Extremadura, ha desobedecido a Abascal y ha anunciado este viernes que se queda en el Gobierno de María Guardiola, con quien ha comparecido en rueda de prensa. “Me llamabais el consejero de Vox y ahora soy el consejero de la Junta de Extremadura”, ha dicho Higuero, que se dará de baja de Vox en unos días. El PP seguirá gobernando en solitario en Extremadura.

El propio Abascal tuvo que retrasar este jueves su comparecencia más de una hora y media debido al fuerte debate interno que se ha suscitado durante la reunión, que se inició a las seis y media de la tarde en la sede de la formación de extrema derecha. Aunque no han faltado las dudas y las preguntas de qué va a pasar a partir de ahora, la decisión ha sido respaldada al final por toda la Ejecutiva.

Pese a ese aparente cierre de filas, parece que la drástica decisión de Abascal puede desatar una nueva crisis en el partido a corto o medio plazo. En algunos parlamentos regionales este jueves ya se palpaba el malestar de algunos consejeros que al dejar sus cargos no cuentan con otros ingresos dado que el régimen de incompatibilidades en Vox es estricto. En conversaciones informales con los periodistas, la mayoría confesaba que estaban contentos gobernando con el PP.

Otra de las posibilidades que ahora planea en el ambiente es si alguno de los barones del PP que van a dejar de gobernar con Vox decidirá adelantar las elecciones en sus autonomías.

Abascal: “No podría salir a la calle si no mantengo mi palabra”

Esta misma mañana, a su llegada al Pleno del Congreso, Abascal ratificaba su decisión de romper esos acuerdos: “Yo no podría salir esta noche a la calle si no mantengo mi palabra. Y si yo no puedo salir a la calle dejaría de ser presidente de Vox”, sentenció. Fuentes del partido de extrema derecha lamentan la decisión del líder pero insisten en que el PP “no les ha dejado otra salida”.

El enfado en la dirección de Vox con Feijóo, no obstante, es compartido por todos ya que consideran que ha estado “estafando” a sus electores: “El PP ha pactado tribunales con el PSOE, ha llegado a acuerdos en Bruselas y en comunidades autónomas, y ahora han dinamitado los pactos de gobierno, acogiendo voluntariamente a 400 'menas'”, ha dicho Abascal volviendo a obviar que habla de menores solos. “Para estafar, saquear, y poner en peligro a los españoles, que no cuenten con nosotros”, ha remachado también estos días una y otra vez.

Los primeros en escenificar el divorcio fueron los dos consejeros de Vox en la Región de Murcia, el vicepresidente José Ángel Antelo y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, que este jueves decidían dar plantón al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, del PP, y no acudían a la reunión del Consejo de Gobierno, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar elDiario.es. Se trata del primer movimiento de la formación de extrema derecha tras amenazar a los de Feijóo con romper los acuerdos si pactaban con el PSOE el reparto de menores migrantes. 

En Aragón también los dos miembros de Vox del Gobierno autonómico, el vicepresidente, Alejandro Nolasco, y el consejero de Agricultura, Ángel Samper, decidían cancelar los actos oficiales que tenían programados para este jueves.

En Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, advirtió el miércoles que él estaba dispuesto a dimitir antes que “perder el honor”. Además de él, forman parte de ese Ejecutivo Mariano Veganzones Díez, consejero de Industria, Comercio y Empleo; Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Gonzalo Santonja, titular de Cultura, Turismo y Deporte.

Todos los llamamientos del PP para que Vox no materializara sus amenazas han sido infructuosos. El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, desvelaba este jueves por la mañana que hasta ese momento “nadie de la dirección de Vox se había puesto en contacto con la dirección del PP” para hablar del futuro de los pactos tras la conferencia sectorial de Juventud e Infancia celebrada ayer para abordar también la reforma de la ley de Extranjería. “Vox tendrá que decidir qué quiere ser, si un partido de gobierno o un partido para protestar”, señaló Bendodo en declaraciones a los medios en el Congreso. Además, se mostró “orgulloso” de la decisión unánime de los presidentes autonómicos de su partido para seguir acogiendo a menores no acompañados, a pesar de que el PP ha bloqueado el reparto de miles de esos niños acogidos en Canarias y no ha desvelado aún si apoyará la reforma de la ley para hacer vinculantes los acuerdos que se pacten en las conferencias sectoriales.  

El pacto firmado por PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años de bloqueo no se diferencia mucho del acuerdo que ya exploraron a finales de 2022. Pero entonces el partido de Alberto Núñez Feijóo se levantó de la mesa alegando que no podían pactar con Pedro Sánchez después de derogar el delito de sedición. Como hace dos años, el texto contempla medidas como la regulación de las puertas giratorias entre la política y la Justicia, subir el listón para los magistrados que quieran entrar al Supremo o crear una comisión para estudiar posibles cambios en el sistema de elección de vocales.

20 años para ir al Supremo. El acuerdo de 2022 nunca quedó por escrito con la firma de ambos partidos, pero las medidas eran esencialmente las mismas que las que cimientan el acuerdo conocido esta semana para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Es idéntica, por ejemplo, la exigencia de que los aspirantes al Supremo tengan una experiencia de 20 años en ejercicio para poder entrar en el tribunal, una línea roja que en su momento habría dejado fuera, entre otros, a Carlos Lesmes. Las primeras exigencias del PP en 2022, incluso, elevaban ese listón hasta los 25 años.

Nombramientos por mayoría de tres quintos. También es igual la exigencia de que algunos acuerdos del Consejo se alcancen por tres quintas partes del pleno y no por mayoría simple para reforzar la necesidad de acuerdos en la toma de este tipo de decisiones. Afecta tanto al nombramiento de presidencias de audiencias provinciales, que en la actualidad tienen tres decenas de vacantes, y del magistrado del Supremo encargado de supervisar la actividad investigadora del Centro Nacional de Inteligencia.

Estudiar la reforma del sistema. Tampoco es una novedad que se pacte la creación de una comisión en el seno del órgano de gobierno de los jueces para explorar futuras reformas sobre el sistema de elección de los vocales. Desde Europa la exigencia siempre ha sido la misma: que se renueve el CGPJ y que, después, se analicen estos cambios para ajustarse a estándares comunitarios. El acuerdo firmado esta semana por PSOE y PP obliga a que el Consejo, dentro de seis meses, haga “un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos” y una propuesta legal.

Es algo idéntico a lo que postulaba el PP en octubre de 2022 en un documento: “Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España”. Esa proposición de pacto pasaba por encargar “una propuesta de reforma al nuevo CGPJ” a realizar “en un plazo improrrogable de seis meses”, el mismo que se impone ahora.

Las puertas giratorias. La regulación más estricta de las puertas giratorias entre la Justicia y la política, la ida y vuelta de diputados o ministros del Congreso y la Moncloa a los juzgados, también figuraba ya en ese primer acuerdo con algunos puntos formulados de forma diferente o menos específica. En octubre de 2022, por ejemplo, el documento que proponía el PP ya tenía una cláusula para regular casos como el de Dolores Delgado e impedir que puedan ostentar la figura de fiscal general “quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores”.

El acuerdo alcanzado esta semana va en la misma línea, siendo más específico en cuanto a los cargos políticos a los que se refiere: ni ministros, ni secretarios de Estado, ni consejeros, ni alcaldes. Tampoco eurodiputados, diputados, senadores o diputados regionales. El nuevo acuerdo añade que el fiscal general tendrá que estar sujeto a las mismas causas de abstención que los jueces y que la última palabra será de la junta de fiscales de sala. Esta misma prohibición de haber ostentado esos mismos cargos políticos se extiende a los vocales del Consejo ya aparecía entre las exigencias del PP en 2022.

También se regula la vuelta de los jueces o magistrados a los tribunales tras ejercer en política. Si han trabajado como cargo público o como cargo de confianza “con rango superior a director general” no podrán volver al servicio activo hasta dos años después de cesar en el cargo. Si solicitan el reingreso, durante esos dos años “quedarán adscritos” al presidente del tribunal más alto de la región donde estuviera ejerciendo antes de entrar en política aunque sin bajarle el sueldo. A finales de 2022 el acuerdo era muy similar y ponía el foco sobre una de sus funciones: no podrían poner sentencias en esos dos años tras su regreso.

Vocales que repiten. Los 12 vocales de procedencia judicial vienen de la misma lista de candidatos que se puso en marcha en 2018 cuando caducó el mandato del actual Consejo. Y esta semana han repetido buena parte de los que ya entonces sonaban como los mejor posicionados por ambos partidos para convertirse en vocales. También cuando en 2022 estuvieron nuevamente cerca del pacto. En cuanto a los ocho juristas, algunos nombres como los de Luis Martín Contreras o Bernardo Fernández se mantienen desde 2018.

Las renuncias. Hay una exigencia de ese documento que no figura en el pacto que finalmente ha firmado el PP con el PSOE de Pedro Sánchez: revertir la prohibición del CGPJ de hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras tenga el mandato caducado. “Debe derogarse íntegramente y no solo en lo que respecta al TC”, decían los de Alberto Núñez Feijóo poco antes de levantarse de la mesa por la reforma de la sedición. En el acuerdo dado a conocer esta semana, esa exigencia no aparece.

Las reclamaciones del PP en 2022 también incluían una serie de puntos fundamentales que no figuran en el nuevo pacto suscrito con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Por ejemplo, que la negociación se llevase a cabo en las Cortes Generales, cuando se ha realizado entre los dos principales partidos con la mediación de Europa.

El grupo de Vox en Sevilla ha dado un paso más en su empeño de entrar en el Gobierno municipal que lideran los populares, afirmando que se está negociando un posible pacto de gobernabilidad con el PP de José Luis Sanz que va “por buen camino”. El anuncio lo ha trasladado a la prensa la portavoz local del partido de ultraderecha, Cristina Peláez, la mañana después de que el PP haya logrado dar el 'sorpasso' a Vox en las elecciones catalanas.

Tales declaraciones han llevado a la Ejecutiva de Juan Manuel Moreno, líder del PP en Andalucía, a cortar de raíz el runrún de cualquier “reunión o pacto de gobierno” con los de Abascal en la capital andaluza, hasta ahora gobernada por los populares en minoría. Para ello, el PP andaluz ha emitido un comunicado desmintiendo que la dirección nacional, autonómica o local del partido haya mantenido “ninguna reunión con Vox” para abordar una posible coalición en el Ayuntamiento de Sevilla. Fuentes del PP nacional también han negado ese extremo en rotundo, antes incluso de que el Gobierno local convocase de urgencia a los medios para desmentir lo que ya había tratado de desmentir la plana mayor de su partido a lo largo de la mañana.

Sin embargo, la portavoz de la formación ultraconservadora en Sevilla ha seguido alimentado la idea de sumar sus tres concejales en el Ayuntamiento hispalense al equipo de Sanz, señalando que las supuestas negociaciones “van en buena dirección”. Cristina Peláez ha sido la primera en comparecer este lunes, después de la información difundida por el Grupo Joly recogiendo el supuesto acuerdo entre PP y Vox para que la ultraderecha se incorpore al Gobierno local de Sevilla. Poco después, el secretario general y vicepresidente de su partido, Ignacio Garriga, también se ha referido a esta cuestión desde Barcelona, afirmando que las conversaciones se vienen manteniendo “desde el día después de las elecciones municipales”.

Negociar presupuestos y no pactos de gobierno

Desde el inicio de la legislatura hace casi un año, el alcalde popular, José Luis Sanz, se ha resistido a abrir la puerta de su Gobierno a Vox, aun sabiendo que tendría que encontrar la fórmula para conseguir amarrar su apoyo a la hora de sacar adelante cuestiones clave como el presupuesto municipal, que sigue bloqueado al no haber conseguido el respaldo de ningún grupo de la oposición. Los de Abascal, sin embargo, siguen condicionando su voto a favor a entrar en el gobierno local.

El portavoz del Grupo Popular en Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado en ese sentido que las conversaciones para abordar el tema de los presupuestos con la formación de ultraderecha son frecuentes, al igual que con el resto de grupos que componen el pleno municipal. “El Gobierno está empeñado en lograr apoyos para conseguir una mayoría en los plenos y seguir gobernando solos”, ha resumido Bueno, insistiendo en que “a día de hoy no hay pacto, no ha habido negociaciones de gobierno y, por supuesto, no hay ningún pacto cerrado de gobierno con Vox ni con nadie”.

Más allá de desmentir “con total contundencia” la noticia que se ha difundido esta mañana –como ha enfatizado el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo–, el portavoz de los populares en el Ayuntamiento hispalense ha dedicado una cascada de reproches al principal grupo de la oposición, el PSOE, a quien responsabiliza de bloquear los presupuestos y otras iniciativas del Gobierno municipal “pensando en sus intereses partidistas”.

En busca de “estabilidad”

Esa carrera de obstáculos que se ha convertido para el PP de Sevilla gobernar en solitario, sumado al contexto de presupuestos prorrogados en el que funciona a día de hoy la administración local, es el telón de fondo de la noticia del supuesto pacto con la que ha amanecido la ciudad. No obstante, desde el Ayuntamiento de Sevilla Juan Bueno ha mantenido que la prioridad del Gobierno de Sanz sigue siendo “recabar apoyos para lograr una mayoría en el pleno y seguir gobernando en solitario”. Tanto es así que el portavoz ha señalado que están dispuestos a continuar el mandato con presupuestos prorrogados.

Aun así, la portavoz ultraderechista ha insistido en que esas conversaciones existen y “van en buena dirección”, confiando en que se puedan materializar finalmente en la entrada de los tres concejales de Vox al Ejecutivo local, en pro de la “estabilidad”, según ha subrayado Peláez. El pacto al que aspiran los de Abascal es similar al que se ha alcanzado en Segovia, donde el partido ultraconservador también anunció hace una semana que había estado negociando con el PP para entrar en el gobierno del Ayuntamiento segoviano, y que la incorporación se podría formalizar tras las elecciones europeas.

La formación ultraconservadora lleva soñando con ese escenario en Sevilla desde las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, en las que el PP alcanzó una mayoría suficiente para garantizarse la investidura sin necesidad de pactos, pero no como para gobernar sin depender del apoyo del resto de formaciones.

Presupuestos prorrogados

No es la primera vez que el PP de Sevilla tiene que salir a desmentir públicamente cuestiones relacionadas con Vox. Ya el pasado mes de septiembre, cuando se cumplían 100 días de gobierno, Sanz desmintió en una entrevista haber ofrecido a Vox un sillón en su ejecutivo, tal y como había afirmado la portavoz del partido de ultraderecha, Cristina Peláez, que mantenía que el regidor le había lanzado esa propuesta.

“A Vox le he ofrecido acuerdos programáticos, porque tenemos muchas ideas comunes”, explicó entonces José Luis Sanz, negando que fuera a cederles ninguna concejalía, algo que los de Santiago Abascal vienen exigiendo desde el inicio de la legislatura, conscientes de la importancia que juegan sus tres concejales para la aprobación de los presupuestos, teniendo en cuenta que el PP no cuenta con mayoría absoluta. No obstante, el equipo de Sanz sigue esquivando este escena, aunque ello implique supeditar su gobierno a unos presupuestos prorrogados, al no haber sumado el apoyo para aprobar sus propias cuentas, dado que Vox sigue enrocado en entrar en el gobierno local.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha sostenido este miércoles que “si no se les distingue en sus declaraciones, si no se les distingue en sus actos ni tampoco se les distingue en sus políticas, hay que concluir que PP y Vox son lo mismo”, en referencia entre otras situaciones al anunciado pacto entre ambas formaciones en el Ayuntamiento de Segovia.

Estas afirmaciones las ha realizado frente al monumento en memoria de las víctimas segovianas de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, donde ha criticado que el actual equipo de gobierno municipal, del PP, no continúe con la tradición de realizar un sencillo homenaje a las víctimas como se venía haciendo con los anteriores gobiernos municipales del PSOE.

Acompañado por el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Clara Martín, Tudanca ha criticado que la dirección nacional del PP haya pedido al alcalde de Segovia retrasar el anuncio de su acuerdo de gobierno con Vox, mientras que este último partido sí lo ha comunicado sin ser contradicho por los populares.

En cuanto a este pacto en Segovia, Tudanca ha afirmado que está “firmado y cumplido”, pese a que el PP quiera mantenerlo en secreto hasta que pasen las elecciones europeas: “Tienen que ocultarlo hasta que la gente vote en las europeas; no vaya a ser que esto tenga alguna trascendencia y la gente se dé cuenta, por fin, de que da igual votar a Vox que al PP, porque son absolutamente idénticos”, ha apostillado.

“Yo no creo que al señor Mazarías (actual alcalde de Segovia) le dé ninguna vergüenza pactar con Vox. No creo que el PP le dé ninguna vergüenza pactar con Vox. Lo que les ha dado un poco de pudor es que esto pudiera tener repercusión en las elecciones europeas. Es lo único que les ha importado”, ha incidido el secretario general del PSOE de Castilla y León.

Memoria democrática

Tudanca ha criticado las políticas conjuntas entre ambos partidos, destacando medidas como la proposición de Ley de Concordia, que, en su opinión, “busca borrar la memoria de todos aquellos que sufrieron la represión del régimen franquista”.

Además, el dirigente socialista ha aprovechado para cargar contra el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que ayer denunció “el uso partidista” del Gobierno central, al que acusó de vulnerar el principio de la separación de poderes por enviarle una carta sobre la tramitación de la proposición de Ley de Concordia y el informe presentado la semana pasada por los relatores de la ONU al respecto.

El secretario del PSOE se ha negado a discutir “sobre si se debe cumplir o no lo que dicen los relatores de las Naciones Unidas” porque se trata de “los mayores especialistas independientes del planeta sobre el exterminio y el genocidio que cometen los regímenes dictatoriales en todo el mundo”.

“Están diciendo que esta ley vulnera derechos fundamentales, y no quiero ponerme en la tesitura de que el señor Mañueco no quiera dialogar para impedir que una ley suya vulnere derechos humanos”, ha finalizado. E

Primera crisis de gobierno en el pacto de coalición entre PP y Vox del Ayuntamiento de Ciudad Real. El Grupo Municipal de la extrema derecha, ha amenazado con votar en contra de los presupuestos municipales, que llevan ya meses de retraso, si “no son consensuados como equipo de Gobierno de coalición”.

Así lo ha anunciado este partido después de que, en plena negociación de las cuentas públicas locales, el concejal de Hacienda, del PP, haya “filtrado” a la prensa datos y plazos sobre estos presupuestos, “ya que aún no se han concretado ni negociado puntos fundamentales de los mismos como coalición”.

Vox asegura que ha demostrado “lealtad” al PP como socio de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real y por eso dice no entender que “se filtre información en plena negociación”, y justo ahora “que se están ultimando los detalles para hacer un presupuesto valiente, con la intención de no ser continuistas con las políticas nefastas de equipos de gobierno anteriores”.

“Vox llegó a los gobiernos para cambiar de rumbo, para cambiar las políticas erráticas y sectarias de la izquierda, y cambiar un Ayuntamiento estancado desde hace más de una década, que no beneficia a esta capital de provincia. No hemos venido a otra cosa que a servir a los ciudadanos. El Partido Popular en Ciudad Real debe entender de una vez que no tiene mayoría absoluta, que está en coalición, y que el juego democrático consiste en llegar a acuerdos para ostentar poder municipal cuando no tienes esa mayoría”, avisa la formación de Santiago Abascal.

Sus concejalías son “pilares básicos”

Recuerda con ello que las las cuatro concejalías que tiene Vox en la capital son “cuatro pilares básicos”, que “deben tener entidad propia y financiación adecuada, delimitaciones claras de competencias y libertad para poder desarrollar las políticas que los ciudadanos votaron y los dos partidos en el gobierno pactaron”.

A la vez los presupuestos del Ayuntamiento de Ciudad Real, según aseguran desde Vox, han de ser unos presupuestos de consenso. “Si el PP quiere tener unos presupuestos similares a los del socialismo para Ciudad Real, que no cuenten con nosotros, Vox no ha venido a la política para cambiar sillas sino para cambiar políticas”.

Lo cierto es que las cuentas del Consistorio local para el presente año ya llevan un sonado retraso. A principios de enero, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, aseguró que no serían “papel mojado” y justificó su demora por hacerlos “fiables”. “Queremos solucionar problemas a nivel presupuestario y, por eso, estamos tardando un poquito más”, ha comentado.

De hecho, también recordó que, en los últimos diez años, tan solo en una ocasión no se han prorrogado los presupuestos municipales, considerando que es “una tónica habitual”.

La crisis entre PP y Vox en el Ayuntamiento no es la primera entre estos dos partidos en la provincia. En la Diputación provincial, donde también gobiernan ambos partidos en coalición, la extrema derecha ya amagó en el mes de noviembre pasado con romper el pacto al afirmar que los acuerdos no se estaban cumpliendo, también en referencia a los presupuestos de esta administración. Finalmente, la situación se solventó y pactaron las cuentas públicas.

Mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, afirmaba este jueves en Granada en la clausura del X Congreso Nacional de la CSIF que no entiende la política sin el diálogo social porque es la mejor fórmula de gobernar para todos y debe ser la máxima de cualquier gobernante, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, evaluaban el desarrollo del primer año de vigencia del Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía firmado hace un año con la Junta de Andalucía y con la CEA. Los dirigentes sindicales han expresado que el Gobierno andaluz “no ha cumplido” con la implantación de algunos aspectos de las medidas urgentes que albergaba dicho pacto y han zanjado que “el diálogo hace aguas en Andalucía”.

López ha aseverado que “estamos ante un monólogo del Gobierno andaluz cuyo presidente presume de los actos del Pacto cuando este es incumplido”, al tiempo que ha afirmado que “el presidente andaluz está perdiendo la oportunidad de demostrar que tiene palabra y que cumple lo que firma”. Igualmente, Martín ha resaltado que este pacto, de cuyo balance informó recientemente elDiario.es Andalucía, “no es solo una necesidad, sino una oportunidad para demostrar que el diálogo y el consenso pueden ser las herramientas más poderosas para construir un futuro mejor para los andaluces”, y ha incidido en “la importancia de la negociación”.

Para el presidente Moreno, según un comunicado de la Junta, “en un país donde a veces se habla de división hay que buscar diálogos que sean transversales entre instituciones y también con la sociedad”. “Solo desde el diálogo se puede evitar el conflicto, sumar y avanzar”, ha añadido, aseverando que el Gobierno andaluz ha buscado desde el primer momento elevar el diálogo social hasta colocarlo en el centro de su toma de decisiones políticas.

Acerca del citado Pacto, ambos dirigentes sindicales han señalado que “es imposible no valorar de manera positiva algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta en la primera batería de medidas urgentes” como “el 30% estatal en la bonificación del transporte público, la firma del Pacto por la Atención Primaria, o el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral. Con respecto a este último plan, Martín ha detallado que ”a pesar de estar en marcha presenta un importante desfase temporal entre las medidas incluidas, como la Unidad Móvil, que nos han comunicado que comienza a funcionar a finales de este mes“.

“Sin embargo, muchos aspectos de estas medidas urgentes no se están cumpliendo”, han apuntado ambos dirigentes sindicales al tiempo que han remarcado que “aunque existen borradores del Bono Carestía, del Plan de Empleo Juvenil o de la Ley de Participación Institucional”, estas “son cuestiones de gran calado y que ya tenían que estar puestas en marcha”.

Por su parte, el secretario general de UGT-A ha verbalizado que “no estamos conformes con la forma de ejecutar el Pacto por el Gobierno Andaluz”. Así, ambos dirigentes han indicado que “en muchos de los casos, se limita a ejecutar unilateralmente las medidas, sin haber sido trabajadas y ni consensuadas en el seno de las Mesas de Trabajo diseñadas para la ejecución del Pacto”.

En concreto, con respecto a las medidas diseñadas para dotar a las tierras andaluzas seguridad hídrica, ha recalcado que “cuatro han sido el total de los decretos de sequía aprobados por el Ejecutivo Central” y de ello “hemos tenido constancia una vez aprobados por el Consejo de Gobierno, anunciado en los medios o publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)”.

De igual forma, Martín ha abundado que “hay que ser críticos con medidas de las que no tenemos información sobre su funcionamiento, como es el caso de las garantías hipotecarias”. Asimismo, ha acentuado que hay “medidas que no se han iniciado, como la dotación de un espacio para la salud mental de los menores”, y ha añadido que “algunas de ellas sólo se ha comunicado el marco en el que se encuadraría”.

En este sentido, ha expresado que “no tenemos constancia de la puesta en marcha de órganos como la Mesa de Diálogo para la Coordinación Sanitaria, la Mesa de Seguimiento del Plan Estratégico de Juventud, el Grupo de Trabajo de Derecho Humano al Agua o la Mesa de Expertos de la Industria en Andalucía”.

Así, “mesas como la de Diálogo Social de Vivienda apenas ha contado con trabajo alguno”, ha apostillado al tiempo que ha subrayado que “su funcionamiento está muy lejos de corresponderse con la idea de gobierno y trabajo en común para la que fueron concebidas”. Además, ha resaltado que “algunas son meramente informativas” como “la mesa sobre el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, la de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión; Zonas Desfavorecidas, Inmigrantes, Menores, Personas con Discapacidad; o el Comité de Análisis de Fondos Europeos”.

En este contexto, López ha indicado que “esta situación que ha derivado a que CCOO se vea obligada a convocar con carácter de urgencia la comisión de seguimiento del Pacto ”que lleva sin reunirse desde junio“. Además, ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que ”llame a sus consejeros para que se pongan a trabajar cuanto antes con rigor y transparencia porque en estos momentos cada consejería hace de su capa un sayo y en algunos casos solo busca la foto“.

A un año de la firma del Pacto, “existe un funcionamiento ineficaz de las mesas y una clara falta de voluntad de las consejerías con respecto a las medidas” ha resaltado al tiempo que ha enunciado que “es necesaria implicación, negociación y trabajo compartido de todas las consejerías con las organizaciones firmantes”, ha señalado.

Finalmente, la secretaria general de CCOO-A ha designado el decreto-ley de simplificación administrativa como “una bomba al corazón del Pacto” pues “solo pone trabas a las personas que ahora no cuentan con un servicio público para hacer los trámites”. “Estamos ante una carrera fiscal del Gobierno andaluz por eliminar trabas cuando en realidad lo que está haciendo es quitar garantías y dar carácter accesorio a lo que tendría que ser una prioridad que son las familias vulnerables y los trabajadores”, ha concluido.

En marzo del año pasado, el presidente de la Junta se garantizaba la paz social a dos meses de unas elecciones que volcaron el tablero municipal andaluz. Aquel Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado entre el Gobierno autonómico, CCOO, UGT y patronal suponía una suerte de 'escudo social' de casi 9.000 millones de euros en ayudas directas a las familias y al sector empresarial, con la inflación acechando. Se aprobaron por entonces una docena de ayudas “urgentes”, amén de otras medidas sociales y económicas. Más de diez meses después, pese a que Moreno apostaba por priorizar su desarrollo con el arranque del nuevo curso político, la mayor parte de las medidas en ejecución se centran más en el apoyo a empresas y autónomos que a las familias con mayores apuros económicos pese a que todas fueran catalogadas como urgentes.

“Nuestro objetivo es proteger a los más vulnerables y reactivar el tejido productivo”, dijo Moreno el 13 de marzo tras firmar el pacto. Diez días después anunciaba la activación inminente de ayudas para pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético de la luz y el gas generado por la guerra entre Rusia y Ucrania, puestas en marcha finalmente en julio. Lo cierto es que la segunda parte de aquel objetivo del presidente se está cumpliendo antes que el primero ya que, según coinciden fuentes oficiales de los sindicatos de clase firmantes, e incluso de la patronal, el paso es más lento (incluso inexistente en algunos casos) en las medidas de apoyo a las familias más vulnerables como el Bono Familia o el Bono Carestía, y a los jóvenes como el Plan Urgente de Empleo Juvenil, si bien es cierto respecto a este colectivo que la garantía sobre los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas a menores de 35 años arrancó hace unas semanas.

No solo es una reivindicación sindical sino que la patronal reconoce que las medidas urgentes para aliviar los bolsillos de las familias están “más atrasadas”, según comenta a este periódico el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios. Y es que el despliegue del “mayor escudo social y económico de nuestra historia”, como dijo Moreno, no corre tan deprisa en ciertos puntos para tratar de paliar los efectos de la inflación en los bolsillos más necesitados, principalmente. Desde la Consejería de Presidencia, que coordina los trabajos, evitan hacer balance del Pacto y emplazan a una próxima comisión de seguimiento prevista para dentro de unas fechas.

En cuanto a las medidas concretas y urgentes que recogía el acuerdo destacaban para las personas más vulnerables en ese sentido el Bono Familia (ayudas directas a aquéllas con menores en condiciones vulnerables y que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, con una previsión de 119 millones de euros) y el Bono Carestía (un único pago de 200 euros para familias con menores a su cargo e ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM vigente. La partida contemplada en el acuerdo para este bono fue de 12 millones). Según los últimos datos, Andalucía tiene un millón de personas con carencias materiales y sociales severas.

“Incumplimientos” a la luz de los presupuestos

En su valoración por medidas, fuentes de UGT-A lamentan que “solo” han mantenido una reunión (el 22 de diciembre) para el Bono Familia en la que se les comunicó que vendría a través del Fondo Social Europeo y que las líneas de actuación vendrían marcadas por la Administración General del Estado, si bien la posterior gestión correría por parte de la Junta. Desde CCOO-A se denuncia respecto a ese Bono Familia que en los presupuestos para 2024 “no se contempla ni un euro pese a ser una de las medidas contempladas como urgente” en el acuerdo.

Respecto al Bono Carestía, en una reunión el 30 de octubre la Junta presentó un borrador y está consignado en los presupuestos de 2024. Explican desde UGT que será una ayuda con concurrencia no competitiva y con plazo de solicitud de un mes a partir de su publicación en BOJA. La pretensión, asegura el sindicato, era ponerla en marcha este mes de enero pero aún no se ha publicado. Fuentes de CCOO-A denuncian que ese Bono Carestía “no aparece en el presupuesto, ni en la memoria, ni en gastos, ni en ingresos, es decir, que no se contempla su puesta en marcha”.

“Las medidas van avanzando. A todos nos gustaría que estuvieran listas al día siguiente pero muchas de ellas tienen una regulación previa y otras tienen más complicaciones. Las urgentes se están ejecutando, o se ejecutarán a medio plazo, como los bonos, que van más atrasadas”, dice Fernández-Palacios, de la CEA, que destaca “un nivel de ejecución satisfactorio”. Este pasado martes asistía a una reunión para la puesta en marcha del Plan de Empleo Juvenil, algo muy demandado por los sindicatos de clase y que estima el representante de la patronal pueda estar listo “en dos meses”. Fuentes sindicales aluden a ese mismo encuentro, donde se le pidió a la administración más concreción para su puesta en marcha, anunciando cerca de 250 millones con fondos también procedentes de otras administraciones.

Otro punto urgente del Pacto fue “disponer en todos los centros con hospitalización para salud mental de espacios específicos destinados a menores”, con 6,7 millones, de lo cual “nada” saben los sindicatos. Recordemos que se trata de una cuestión que desde hace un tiempo se vienen sufriendo carencias de personal y de recursos en la sanidad pública andaluza y que el presidente Moreno se había comprometido en ir mejorando.

CCOO valora que algunas de las medidas se hayan incluido en este presupuesto del año entrante “pero otras o no llevan respaldo presupuestario o no se ven reflejadas y por tanto las entendemos como incumplimientos en el 2024”, comentan fuentes de este sindicato, desde donde se incide en que también se contemplan algunos de los compromisos derivados del 'Pacto por la Atención Primaria' “pero quedando la mayoría sin respaldo presupuestario”.

En cuanto al citado Plan de Empleo Juvenil, fuentes de UGT-A apuntan que se iba a constituir un grupo de trabajo más técnico en el seno de la Mesa de la Juventud para abordar la cuestión pero desde octubre no se había convocado a las partes ni se han tenido más noticias sobre la constitución de ese grupo de trabajo.

CCOO valora por su parte la puesta en marcha del programa Garantía Vivienda Joven pero “nada se contempla” en cuanto al resto de compromisos incluidos en el Pacto en esa materia. “Nada sobre la necesidad de impulsar vivienda protegida, y nada sobre medidas que ayuden a las familias a paliar el encarecimiento de las hipotecas, las dificultades de acceso a la vivienda y al alquiler, especialmente en jóvenes”, critica este sindicato, que lamenta que tampoco ha observado presupuesto alguno “para el desarrollo del Plan de Choque contra la Siniestralidad” suscrito posteriormente en agosto en virtud del Pacto Social del que emana.

El equilibrio constituye la regla que rige la supervivencia de las coaliciones, políticas y de las otras. Si todos los socios consiguen aquello que buscan al aliarse, o al menos un resultado que juzguen razonable, acorde a sus expectativas y justo comparado con aquello conseguido por los demás aliados, la coalición sobrevive. Sólo la aparición de una alianza diferente o factores externos pueden generar incentivos suficientes para que un actor racional tome la decisión de romper o desertar de la coalición que le da lo que quería.

Si la coalición se desequilibra, bien porque un actor o varios consideran que su aportación no ha sido suficientemente amortizada, bien porque los restantes socios consideran injusta su recompensa, su supervivencia será una cuestión de puro tiempo. La sucesión de juegos de negociación donde algún socio acaba recibiendo más de lo que los demás consideran razonable y justo para que no rompa el acuerdo, lo quebrará inevitablemente al multiplicar los incentivos para buscar otras alianzas, forzar nuevos pactos o apostar por un nuevo escenario y equilibrio de fuerzas.

Más allá de la lectura o la venta que cada partido hace de lo sucedido en el Senado en el supermiércoles de los decretos, el resultado más incontestable es que la coalición que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez se ha desequilibrado. La prueba es que llevan toda la semana intentando reequilibrarla releyendo los acuerdos de último segundo y corrigiendo su interpretación. Pueden ahorrarse el trabajo. No va a funcionar. Solo van a desequilibrarse más.

Las razones del desequilibrio son principalmente tres. Un socio mayoritario –PSOE– convencido de que la mejor táctica es presentar los acuerdos como un todo o nada y tratar de arrinconar a los socios con la amenaza de la ultraderecha. Un socio minoritario –Junts– convencido de que sus votos valen más que los votos de los demás. Otro socio minoritario -Podemos- que no estaba en el acuerdo inicial y se siente injustamente tratado y precariamente recompensado. Mientras no se ajusten estos elementos estructurales, andar rapiñando entre acuerdos y postacuerdos coyunturales sólo conduce al desastre.

El PSOE debe entender que, si juegas a lo tomas o lo dejas, antes o después alguien te va a decir que lo deja pues los incentivos para hacerlo parecen siempre muy tentadores. Alguien ha de hacerle ver a Junts que sus votos valen lo que valen los votos de, por ejemplo, el PNV. Sus grandes ganancias negociadoras dependen de que los demás acepten el papel de secundarios que parecen otorgarles; basta con que otro socio vote en contra para que todos tengan nada. Alguien debe hacerles llegar a Podemos y a Sumar que la estrategia de destrucción mutua en que se van enrocando acaba en tragedia. O ganan todos o acabarán perdiendo todos.

Existe otra opción. No hacer nada de esto e ir tirando hasta que no quede otro remedio que convocar elecciones. De victoria en victoria hasta la derrota final. Feijóo ya tiene las palomitas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el PP iniciará una “ruta por la igualdad” que recorrerá todo el país como “símbolo de resistencia” frente a los pactos del Gobierno con Junts.

Feijóo ha avanzado que esa ruta “estará en las principales capitales, con dos rutas paralelas, por el norte y el sur” y recorrerá “los pueblos, plazas y ciudades” para protestar porque “el PSOE ha elegido que esta sea la legislatura de la extorsión y la humillación”. El primer gran acto tendrá lugar el próximo domingo 28 de enero con una manifestación en Madrid.

“Hemos vivido una semana de bochorno político”, ha sostenido Feijóo, que ha acusado al Gobierno de “abandonar a la mayoría social de los españoles” y ha augurado que España se va a enfrentar a situaciones “no vistas hasta ahora”.

Feijóo ha hecho estas declaraciones este sábado en su intervención en abierto ante el Comité de Dirección del PP durante las jornadas de trabajo que ha celebrado en Toledo para diseñar su anunciada “ofensiva” política, judicial y social contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante los pactos del PSOE con Junts.

Los Presupuestos de Ceuta para 2024, casi 400 millones de euros de cuya aprobación depende la actualización salarial de miles de empleados públicos y una pléyade de subvenciones con cientos de puestos de trabajo indirectos, entre otras cosas, penden de un hilo por la cuasi ruptura de relaciones entre el PSOE y el PP regionales, ennoviados desde hace tres años. Un cúmulo de despechos políticos más propios de un triángulo sentimental en el que se cruzan las formaciones localistas de electorado árabo-musulmán (y el unánime aislamiento de Vox) e intereses personales enmadejan el pulso en el que se dirime la estabilidad de la ciudad.

El día de la Inmaculada Concepción el secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, propuso al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), retomar los planes de boda en forma de gobierno de coalición que Ferraz frustró en agosto con un sonoro portazo: “Con el partido de Feijóo, que nos insulta cada dos palabras, difunde bulos a diario y tiene un nulo respeto por el presidente Sánchez, no hay nada que hacer a nivel de pactos [estables y formales]”.

Resentido desde verano, cuando los poderes fácticos de Ceuta le presionaron para renunciar a su inclinación por aliarse esta legislatura con los partidos localistas que, como el PP, salieron fortalecidos de las elecciones del 28M, Vivas ha respondido con calabazas al acto de contrición socialista que los populares locales han interpretado “sin hablar con Génova” como “una burda maniobra para enjuagar a nivel nacional su acuerdo con EH Bildu en Pamplona”.

El propio Sánchez ha conectado desde Estrasburgo las dos alianzas: “La realidad cotidiana de los ciudadanos de un lugar o de otro varía y en función de eso el grado de responsabilidad que tenemos las formaciones políticas: en el caso del PSOE siempre ha sido dar estabilidad y hacer avanzar a las Ciudades y Comunidades Autónomas”.

Los últimos comicios municipales dejaron al PP con nueve de los 25 escaños de la Asamblea de Ceuta y tres posibles parejas para alcanzar mayorías suficientes: el PSOE (que se quedó con seis diputados tras perder uno y 1.500 votos), Vox (que cayó de seis a cinco) y los partidos localistas de electorado eminentemente musulmán que medraron, el MDyC a tres y Ceuta Ya! a dos.

Durante la legislatura anterior, Vivas, el más moderado y leal con Sánchez de los barones del PP, se apoyó primero en el PSOE, después en Vox (un año, 2020, del que salió tan escaldado por los ataques de los extremistas al 50% de los ceutíes árabo-musulmanes españoles que ha jurado no volver a juntarse jamás con la ultraderecha) y de nuevo en los socialistas, que en verano exigieron “estar adentro” de un gobierno en coalición para mantener su respaldo al Ejecutivo regional.

El líder del Partido Popular de Ceuta, que gobierna desde el año 2001 y ha llegado a cosechar dos de cada tres votos en la ciudad, salió de las urnas persuadido de aliarse con los localistas en su apuesta por reforzar la convivencia intercultural. Tras la victoria de Sánchez en julio, por sorpresa, viró y aceptó dar tres consejerías y varias empresas municipales al PSOE, pero Ferraz vetó semejante pacto cuando, en agosto, Feijóo reclamaba a Sánchez a nivel nacional algo parecido a lo que estuvo a punto de fraguarse en la ciudad española norteafricana.

Los socialistas han seguido siendo estos meses el apoyo puntual del PP para aprobar el nuevo PGOU local e, inicialmente y con el MDyC, los Presupuestos de 2024, en los que hace tres semanas presumieron de haber incluido 75 millones de euros en inversiones sociales. Hasta el último encontronazo. Ahora el PSOE amenaza con votar en contra de esas cuentas y, quizá junto a Vox y Ceuta Ya!, bloquearlas con el presumible colapso.

El pulso tiene derivadas internas y personalísimas. Según todas las fuentes consultadas por elDiario.es, los socialistas no solo exigen un gobierno de coalición, sino también que Vivas renuncie a municipalizar el servicio de limpieza pública viaria, el más caro, desde 2013 en manos de uno de los grupos empresariales, Makerel, que más han apretado este año al PP para que olvidase a los localistas y siguiera con el PSOE.

Si el presidente consuma su voluntad, el líder de los socialistas ceutíes se verá obligado antes de verano a renunciar a su trabajo como encargado general de las basuras (50.500 euros netos al año) o a su carrera política (que ahora le reporta casi 25.500 extra), que pasarían a ser incompatibles. La única forma que tendría Gutiérrez de mantener sus ingresos actuales y su acta pasa por un asiento en el Consejo de Gobierno, cuyos miembros pasarán a cobrar desde el 1 de enero un 46% más que ahora, 79.900 euros brutos al año.

Presionado por el PSOE y vetado Vox pese a haber rebajado tres tonos el de su anterior portavoz en la Asamblea, Carlos Verdejo, relegado a la nada parlamentaria, al PP solo le resta ver si, como apuntan algunas fuentes, los vaivenes del Grupo Socialista acaban causando una fractura en su seno por acción u omisión o acercarse de nuevo a los localistas.

Con el MDyC de Fatima Hamed, que se ha ido apartando de Sumar tras formar parte de su núcleo fundacional, lo tiene bastante hecho. Ese partido apoyó a finales de noviembre los Presupuestos de 2024 y su líder es más que seria candidata a acceder con el apoyo del PP a una Vicepresidencia de la Mesa Rectora de la Asamblea tras la salida de la socialista Cristina Pérez como nueva delegada del Gobierno en Ceuta.

Entre ambas formaciones suman 12 diputados, a uno de la mayoría absoluta, pero los dos de Ceuta Ya!, antiguos aliados de Podemos, se resisten desairados a ser una muleta “de conveniencia” del PP. El partido que lidera Mohamed Mustafa estima que Vivas lo traicionó en verano y que nunca ha cumplido su palabra. Básicamente considera que los utiliza cuando hace aguas su relación con el PSOE, que tiene menos de 15 días para romper definitivamente la cuerda o no.