La utilización por parte de Isabel Díaz Ayuso del jefe de despacho de la Presidencia para negociar la compra de otro piso en Madrid ha ocupado este jueves parte de la sesión de control en la Asamblea regional. La exclusiva de elDiario.es que publicó anoche la noticia ha sido mencionada tanto por la portavoz de Más Madrid en el parlamento autonómico, Manuela Bergerot, como por la del PSOE, Mar Espinar. Pero la presidenta madrileña ha obviado esas alusiones y ha preferido guardar silencio sobre esas gestiones.

Como en el centro del debate ha estado la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno, Espinar ha comenzado reprochando a Ayuso sus políticas al respecto. “El gran reemplazo es el suyo, que está sustituyendo a los vecinos por fondos de inversión y especuladores”, le ha espetado. A renglón seguido le ha dicho que “la única patria que conoce” Ayuso “es la avaricia”. “Hoy sabemos que sus asesores le están buscando un nuevo piso en Chamberí. Por las mañanas les tiene tapando los chanchullos de su novio y por las tardes aumentando su patrimonio. Hay que ver lo que le está dando de sí Quirón”, ha ironizado la portavoz socialista.

En ese mismo tono se ha pronunciado despúes Bergerot. “Hay que ver lo que es la vida. De tener la ilusión de tener una casa a llevar por la tercera en una legislatura”, le ha dicho. “La vida le trata bien, le trata bien Quirón. Y ahora su jefe de despacho se pone el traje de Tecnocasa para conseguirle su tercer pisito”, ha añadido la portavoz de Más Madrid, que luego le ha lanzado una advertencia: “Tenga cuidado no le vaya a cobrar comisión que es ilegal. Y díganos si esa casa va a estar a su nombre”. Ayuso no ha respondido a ninguna de las dos.

Este jueves, elDiario.es ha publicado en exclusiva que Ayuso ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático). Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto este jueves a defender las relaciones de su gobierno con el grupo Quirón que es también el principal cliente de su pareja, Alberto González Amador. Durante la sesión de control a su Ejecutivo en la Asamblea de Madrid la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha reprochado el nuevo contrato suscrito entre la Comunidad de Madrid y Quirón para que esta empresa gestione el laboratorio central de la región por 120 millones de euros. Y la presidenta madrileña ha optado por responder atacando y, en concreto, haciendo mención al juicio del caso Mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, en el que están acusados el exministro José Luis Ábalos, el que fue su máximo colaborador Koldo García y Víctor de Aldama.

“Trabajan ustedes menos que miss Asturias”, les ha reprochado Ayuso a los socialistas en alusión a Claudia Montes, que el miércoles dijo en el juicio que en su etapa en Logirail dejaba solía ir a la biblioteca a leer “libros de trenes” en lugar de trabajar desde su despacho. “El modelo de la comunidad de Madrid es totalmente garantista, métaselo en la cabeza. No se perdona nada y cada actividad se factura”, ha añadido, para defender sus relaciones con Quirón.

Ayuso ha dicho que “en lo peor de la pandemia se extendió una red de corrupción de mascarillas que impedía que las comunidades autónomas pudieran contratar”. También ha afirmado que “el número dos” del PSOE, en alusión a Ábalos “va a pasar del banquillo a la cárcel”. “¿Y tienen todavía la caradura de hablarnos de corrupción esta semana ustedes? Obras, saunas, escuchas, cloacas, y eso sí, siempre con la conveniencia del presidente del Gobierno, porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo”, ha añadido.

En su intervención, Espinar había criticado que Ayuso tenga “el don para juntarse con lo peor de cada casa” y “decida perdonar 70 millones a Quirón y Ribera Salud”. “En este trato a favor que hace con el principal cliente de su pareja, ¿qué sacan los madrileños? Pues una sanidad peor, listas de espera récord, faltas de cama, falta de personal, urgencias colapsadas”, ha afirmado. La dirigente socialista ha subrayado que en la Semana Santa Ayuso parecía estar más centrada en pensar cuántos millones “le iba a regalar en el próximo Consejo de Gobierno a Quirón”. “¿Dónde está usted? ¿Con los que están haciendo aguantar la respiración al mundo o con los derechos humanos? ¿Con el amor al prójimo o con el infierno en la tierra?”, ha ironizado.

“¿Cómo tienen la poca vergüenza de hablarnos así con ese poco rubor después de lo que se está viviendo durante todos estos días?”, ha insistido Ayuso, que ha llegado a afirmar que esta semana Sánchez “huye a China con su mujer”. “No son capaces de dar explicaciones ni por la gestión del AVE, nos dejan sin luz, sin médicos y sin vivienda. Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa”, ha zanjado la presidenta madrileña.

La posición internacional

El otro gran rifirrafe protagonizado por Ayuso ha sido con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que le ha recordado que el presidente estadounidense “amenazó con destruir una civilización entera” y “con aniquilar un país de 90 millones de habitantes, y lo que hizo la derecha española fue pedir sensatez”, en alusión a un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien la máxima dirigente de la oposición ha tachado de “cobarde” por ni siquiera poner el nombre de Donald Trump en su mensaje.

“Es usted igual de cobarde”, le ha dicho a Ayuso, por callar ante el “genocidio en Palestina” y los “250 asesinatos de Netanyahu en el Líbano”. “Si ustedes no se atreven ni siquiera a decir eso, señora Ayuso, ustedes no están capacitados para gobernar este país y no deberían ser capaces de mirarse al espejo cada mañana”, ha recalcado.

Ayuso le ha respondido asegurando que si estar “callado es ser cómplice”, Bergerot lo es de “cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre”.

“A MAR (sic) no le persigue la justicia, le persigue la izquierda”. Con estas palabras ha reaccionado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando la oposición le ha recordado la imputación de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por la filtración de los datos personales de dos periodistas. “Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso las pierden todas”, les ha dicho la dirigente madrileña a los miembros de la izquierda y, en especial, al PSOE, con cuya portavoz, Mar Espinar, Ayuso ha mantenido su rifirrafe más agrio. 

Durante la sesión de control al Gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid, la socialista había asegurado antes que “Miguel Ángel Rodríguez y sus largas sobremesas están convirtiendo a Madrid una región sin ley”. “Usted no lo va a cesar porque le contrató para convertir Madrid en un lugar en el que poder hacer negocios para vivir como dios”, ha añadido.

A renglón seguido, Espinar ha reprochado a Ayuso su posición de apoyo a los ataques de EEUU e Israel en Irán. “Usted y su jefe de Gabinete tratan de arrastrarnos a los momentos más oscuros, al PP de Aznar que nos llevó a una guerra ilegal cuando los españoles no querían. Usted ha cogido el testigo de esa política cruel y carroñera. Por eso no le importan las 160 niñas asesinadas en una guerra ilegal que empezó Trump. Por eso jalea al genocida Netanyahu, porque el aprendiz ha superado al maestro”, ha añadido. “Si estuviéramos en mayo de 1808 me la imagino a usted abriendo la puerta de par en par a Napoleón con tal de que le dejaran pasar unos días en Versalles”, ha ironizado.

En su respuesta, Ayuso ha asegurado que las “campañas” promovidas según ella por la izquierda contra Madrid “provienen del entorno de la Moncloa”. A Pedro Sánchez le ha atribuido tanto la imputación de Miguel Ángel Rodríguez como la de la 'número tres' del PP madrileño, Ana Millán, cuya causa por corrupción ha sido precisamente archivada esta semana. Para Ayuso, a Espinar “le hacen los papeles” desde Moncloa, unos documentos “que le dicta encima el equipo de fracasados que han tenido que salir rebotados de la política madrileña, rescatados por Sánchez”. “Aquellos que están por su alta capacidad de hacer trabajos sucios, grabar, extorsionar, manipular y amedrentar”, ha concluido. 

El choque con Bergerot

Durante el Pleno también se han mencionado las críticas lanzadas por Ayuso al rey por haber dicho que en la conquista de América se produjeron “abusos”. La presidenta madrileña respondió el martes al monarca asegurando que esos abusos los realizaban “los aztecas” contra la población local y que “los de la cruz”, en alusión a los españoles, fueron a América a “civilizar” el continente.

“No sé si el rey le está pasando por la izquierda o que está pasada de vueltas, pero deje de hacer el ridículo diciendo de civilizar a la gente. La época de las cruzadas ya pasó”, le ha dicho la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en otro momento de la sesión de control. Ayuso ha optado entonces por sacar a colación el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los Oscar, el pasado domingo.

“El Oscar es para Podemos, Sumar y HamásMadrid. Los mejores actores”, ha ironizado Ayuso. “Toda la vida diciendo 'la izquierda auténtica', 'la de las gentes de las calles', 'nosotros somos los del pueblo'. Pues por una pajarita, un esmoquin, el maquillaje, unas tenacillas, una casa de 400 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido”, ha añadido. A continuación Ayuso ha repasado los viajes de Díaz: “Estados Unidos, Vaticano, Festival de cine de Cannes, Punta del Este cuando se fue a ver al expresidente Mujica... Todo por el pueblo”, ha seguido, con sorna.

“Pero si no les hemos visto en Senegal con los pobres. O con los pueblos de Bolivia cuya pobreza ustedes multiplican allí para luego tenerles aquí sumidos en la misma. O ninguna comunidad necesitada en Asia mientras estrujan a los autónomos españoles”, ha añadido Ayuso, que ha recurrido al final al insulto: “Sánchez les vio venir desde el primer día. Los vio porque vio que eran los herederos del Duque de Galapagar, les olió a kilómetros. Son muy memos”, ha zanjado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene pensado cambiar un ápice su política después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara el lunes su Ejecutivo que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. 

“Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo. Porque defiendo la libertad, la ideológica, de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos, la integridad física y moral”, ha zanjado Ayuso este jueves, durante la sesión de control a su gobierno en la Asamblea de Madrid.

Previamente, la portavoz de Más Madrid en el parlamento regional le había instado a Ayuso a cumplir la ley. “Presidenta, va de revés judicial en revés judicial”, le ha espetado la máxima dirigente de la oposición madrileña. “Mire, le dijimos que iba a pasar por el aro y va a pasar por el aro. La justicia la va a obligar a hacer un registro de objetores del aborto, y las mujeres madrileñas van a poder ejercer su derecho al aborto en la pública, sí, por mucho que usted prefiera que nos acosen a la puerta de las clínicas privadas”, le ha recordado.

“Sobre el tema del aborto se lo vuelvo a decir una vez más. ¿No les da ni siquiera pena ver a España tan sumamente envejecida, que nunca hagan una sola propuesta en positivo? ¿No creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar la mayoría de los casos? ¿No les da pena que uno de cada cuatro embarazos en España acaben aborto? ¿Que el 40% sea reincidente? ¿Que ya estamos alcanzando los 100.000 abortos en España?”, se ha preguntado

A renglón seguido, Ayuso ha asegurado que al año se producen 20.000 abortos al año en Madrid. “¿Les parece que en Madrid no se puede abortar? ¿No les da pena la vergüenza de mentir así a la gente?”, ha continuado preguntándose, sin aclarar si acatará la decisión de la justicia.

El viaje a Nueva York

Gran parte de la sesión de control ha estado dedicada, no obstante, al viaje que realizó Ayuso estos últimos días a EEUU, el sexto a territorio norteamericano desde que es presidenta. “He pasado tres días tranquila en Nueva York”, ha defendido, entre las críticas de la oposición. “No he faltado a ninguna de mis obligaciones, ni parlamentarias, ni al Consejo de Gobierno”. Además, ha cargado contra la izquierda por criticarla por utilizar su viaje a EEUU para reunirse allí con el alcalde de Sevilla e ir a ver un espectáculo de flamenco.

“También se avergüenzan del flamenco, yo es que lo amo, amo su gente. Por tanto, si los puedo representar a artistas, a empresarios, o a cualquier español que triunfa en cualquier lado del mundo, ahí voy a estar representándolo institucionalmente, porque no me avergüenzo, sino que lo reafirmo y lo respaldo vivamente”, ha dicho. Asimismo, Ayuso ha defendido que los viajes internacionales “claro que funcionan” y por eso “la inversión no ha dejado de crecer” en la región. “Somos de gran interés para las grandes compañías”, ha concluido.

“Pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares”, le había criticado minutos antes la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, que ha llegado a calificar a la presidenta madrileña de ser “una ridícula” por ir a EEUU a “colocarse al lado de los malos”. “Lame las botas de quien desprecia a España y el español”, ha añadido, además de llamar a Ayuso “vendepatrias”. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta de ir a Estados Unidos “a vender el Estadio del Rayo” porque en Vallecas “no se atreve”, tras ofrecer a los empresarios estadounidenses la inversión en el Estadio. “Usted se ha ido a vender Madrid a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque odia un equipo de barrio y una hinchada antifascista”, ha afirmado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido este jueves dar por zanjada la crisis que provocó con el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, que desembocó en la dimisión de varios altos cargos que dentro del PP se conocía como el grupo de 'los Pocholos' y tenía como máximo líder al que fuera gurú de la propia mandataria madrileña Antonio Castillo Algarra, ahora defenestrado. “La universidad madrileña claro que necesita un cambio, necesita que le pongamos alma, alegría, ilusión”, se ha limitado a señalar Ayuso durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid precisamente para explicar dicha crisis.

Su estrategia ha sido, como suele ser habitual, cargar contra el Gobierno central o las comunidades gobernadas por otros partidos que no son el PP. Ayuso ha dicho que ella “nunca utiliza las consejerías como cambalaches” ni a los “consejeros como monedas de cambio”, a pesar del cese de Viciana y su sustitución por Mercedes Zarzalejo. “Hace mucho pedí un giro en la política universitaria y esa es la razón por la que decidí que Mercedes fuera la nueva consejera”, ha señalado, tratando de remarcar que su Ejecutivo está “muy coordinado” pese a la crisis de las últimas semanas.

“Estamos poniendo en marcha muchas medidas muy buenas en la consejería”, ha destacado Ayuso, que ha evitado dar explicaciones por el cese de Viciana y ha llegado a alabar a todos los cargos dimitidos. “Ha sido una decisión que me ha costado muchísimo tomar, pero que va a ser para mejor”, ha señalado. 

El pasado mes el Gobierno regional sufrió su crisis más grave con el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, que provocó una sucesión de dimisiones en el equipo de Ayuso. Lo ocurrido evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: precisamente el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. El primero tocaba el trombón en la compañía de teatro de Castillo Algarra, el Rasputín de Ayuso, la segunda era la recepcionista de su academia de opositores, según adelantó El País.

La “profesionalidad” de 'los Pocholos'

Después, un diputado del clan que era el portavoz del PP en la Comisión de Educación de la Asamblea, Pablo Posse, anunció su dimisión y la de su compañera de escaño y de renuncia, Mónica Lavín, así como la de otra exdiputada del mismo grupo, Carlota Pasarón. Del clan de 'los Pocholos' también formaba parte la directora general de Juventud de la Comunidad, Laura Castilla, y el responsable de Enseñanzas Artísticas en la Consejería de Educación, Miguel Olive, que también fue bailarín en la compañía de Algarra. Ambos salieron también del Ejecutivo.

A todos ellos este jueves Ayuso les ha dado “las gracias” y ha defendido su “profesionalidad”. A renglón seguido, en cambio, ha defendido que la universidad madrileña “claro que necesita un cambio” para “impulsar” a Madrid como región universitaria. “Y lo primero que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo con los rectores”, ha señalado, en alusión a la firma del acuerdo de financiación firmado este martes con los máximos responsables de las seis universidades públicas madrileñas.

Para la oposición, en cambio, ese acuerdo no es más que “un parche” y ha sido forzado por la presión de la comunidad universitaria. “Ha planteado todo como un éxito de transparencia y de gestión cuando comparece por sus errores”, le ha espetado Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea. A su juicio, “la victoria” de los rectores “es más moral que económica”. “Durante su mandato las universidades públicas han vivido una agonía”, le ha recordado a Ayuso, con “los precios y tasas más caras de España”.

A su juicio, además, “el acuerdo de financiación no va a mejorar las expectativas” de las universidades madrileñas, sino que “es un acuerdo al borde del colapso”, con unas universidades que se han pasado los últimos meses “sin poder pagar las nóminas”. “Los rectores han elegido entre susto y muerte”, ha recalcado, además de concluir que “las universidades madrileñas no merecen ni esta asfixia ni este abandono”. “Negociar con los rectores completamente asfixiados no es un acuerdo es un chantaje. La universidad pública sigue en coma inducido”, ha concluido.

“Un parche”

En su turno, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha insistido en esta idea. En su opinión, la crisis de gobierno que ha provocado Ayuso la “hace obligada, tras el cese de un consejero aupado por una secta de 'los Pocholos' y de Rasputín”, en alusión a Castillo. “Han retirado la ley de universidades porque los campos universitarios les han doblado el brazo”, ha señalado Bergerot, y “se acaban de comprometer con los rectores también obligados”.

“El nuevo acuerdo en 2031 va a seguir por debajo del 0,5% del PIB, no alcanza para completar las plazas, para climatizar las aulas, para acabar con la precariedad laboral en los campus, ni para atraer el talento”, ha destacado la portavoz de Más Madrid. “El acuerdo es un parche, un rescate provisional a la crisis financiera. No es una apuesta por la universidad pública. El martes firmó una tregua provisional, pero la paz con los campus no la ha ganado”, ha zanjado. 

Alguien en la sede del Gobierno de la Puerta del Sol parece haber bajado de nuevo el pulgar. No es difícil saber quién. Todo en el entorno de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lo maneja Miguel Ángel Rodríguez, el señor Lobo, su controvertido jefe de gabinete. Hace dos semanas MAR ya se deshizo del otro gurú que susurraba a la lideresa: Javier Castillo Algarra, alias Rasputín, un exótico personaje que había infiltrado a su clan hasta tomar el control de la Consejería de Educación e influir mucho en la de Cultura. Aquello fue una carnicería: cayó el consejero Emilio Viciana un lunes a última hora de la tarde. Y tras él, a la mañana siguiente se inmolaron dos directores generales y tres diputados que además eran portavoces de área. El propio Castillo Algarra, Rasputín, dimitió como patrono y directivo de una fundación hecha a su medida, la que gestiona el Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

El que ahora está en entredicho es ni más ni menos que el número dos del partido, el secretario general, Alfonso Serrano. Mucho más que un soldado de Ayuso, el espartano que ha dado por ella todas las batallas. El dirigente que acudió a reunirse con su pareja a Barajas para tratar de contener el escándalo un día después de que elDiario.es publicase los detalles de su fraude fiscal, sus empresas pantalla y sus facturas falsas. El hombre que se bate el cobre en las televisiones por Ayuso, el que llamó “gentuza” a las decenas de miles de personas que protestaron contra el equipo de Israel y lograron paralizar la última etapa de la Vuelta ciclista a España, el pasado verano en Madrid.

Entonces nadie lo sabía, pero la suerte de Serrano pudo empezar a cambiar el 26 de febrero de 2024, hace ahora dos años. Ese día, una concejal de su partido en Móstoles se dirigió por email al gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para denunciar “la discriminación muy grave” que lleva sufriendo desde las elecciones de mayo de 2023. En la carta reclamaba que la líder de su partido pudiese “mediar” y “que no tengan que intervenir otros organismos”.

Un día más tarde, el gabinete de la presidenta establece una red de protección para Ayuso. En la respuesta al email alega razones de agenda para no recibir a la edil de Móstoles (que no había propuesto ninguna fecha concreta, simplemente reclamaba poder verse con su presidenta) y deriva la gestión del caso al número dos del partido, Alfonso Serrano. Esta es la literalidad del email: “Estimada señora [...] Acusamos recibo de su correo electrónico de 26 de febrero y lamentamos mucho comunicarle que a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le es posible acceder a su propuesta de reunión por cuestiones de agenda. En cualquier caso, y si usted lo estima conveniente, podemos dar traslado de su escrito al secretario general del PP Madrid para su conocimiento y consideración”.

En el blindaje permanente que su jefe de gabinete traza sobre la presidenta, a la que en privado llama “la niña”, Rodríguez encomienda la gestión de la crisis a Serrano. Ese mismo día, el 27 de febrero, la edil responde que preferiría reunirse con Díaz Ayuso, pero que entiende “la dificultad por motivos de agenda” y accede a sentarse “a la mayor brevedad posible” con su secretario general. El 28 de febrero, dos días después de la primera denuncia, el gabinete de la presidenta responde a la edil que sus correos ya están en manos de Serrano. Seis días más tarde, el 4 de marzo, Ayuso recibe en su despacho al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, una apuesta personal suya y de la secretaria de Organización, Ana Millán. El Gobierno vende la cita como un encuentro institucional donde los representantes de dos administraciones hablan de sus proyectos en común. No hay rueda de prensa posterior ni detalles sobre lo acordado.

Una semana después de que la presidenta recibiese en la Puerta del Sol al acusado, su mano derecha se sienta por fin con la denunciante el 11 de marzo de 2024 en la sede del PP de Madrid, primera planta de Génova 13. Es la secretaria de organización y vicepresidenta de la Asamblea regional, Ana Millán, la que arranca la conversación con la concejal en Móstoles. Con la charla a medias se incorpora el secretario general, al que Millán hace un breve resumen.

Es ese 11 de marzo de 2024 cuando el número dos de Ayuso espeta a la denunciante las siguientes frases: “O sea, que él te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿es eso?”. Antes Millán había admitido en la conversación con la concejal que se trataba de un “caso de acoso de manual”. Pese a ello, ambos dirigentes intentan convencer a la denunciante para que no acuda a los juzgados y tampoco haga público el caso. Apelan a sus padres, muy conocidos en el PP mostoleño, a la situación en que quedaría la edil tras una denuncia de ese tipo, a la dificultad para mantener el trabajo. Millán pronuncia otras dos frases terribles: “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. “Todas las mujeres hemos aguantado muchas cosas en política”. Serrano en la misma charla advierte a la edil: “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”.

El problema —y eso no lo supieron hasta hace un par de semanas la presidenta Ayuso y su jefe de gabinete— es que todas esas conversaciones estaban siendo grabadas. Tras ocho meses intentando pedir ayuda, la concejal acabó dándose de baja en el partido y dimitiendo de todos los cargos en el Ayuntamiento. Y el pasado mes ha presentado una denuncia en los tribunales, no solo contra el alcalde, que según ella le hizo la vida imposible por desechar sus proposiciones sexuales, también a Serrano, a Millán y al gabinete de la presidenta por revelación de secretos: los emails que ella envió pidiendo ayuda al gabinete de la presidenta fueron filtrados a la prensa, incluidos sus datos personales. La Comunidad alegó que se trató de un error.

En la sede presidencial de la Puerta del Sol saben que tras esa denuncia que imputa cuatro delitos lo peor del caso está por llegar. Han decidido proteger al alcalde, quien ha dicho en público y en privado que no acosó a la concejal, y se apoyan en unas declaraciones del abogado de la denunciante en la cadena Ser en las que reconoció que el acoso sexual es siempre difícil de probar. Pero la presidenta y su jefe de gabinete están convencidos de que las cosas pueden empeorar. Y más peligro aún que la denuncia de acoso tiene la gestión que el número dos del PP hizo de este caso: si el relato de la edil deberá probarse en los tribunales, los intentos del partido por evitar la denuncia y enterrar el caso han aparecido en todos los periódicos y además están grabados. De momento, sobre lo que dijo en aquella cita Serrano se han publicado las transcripciones, pero el equipo de Ayuso sabe que es cuestión de tiempo que se emitan los audios. Grabaciones en las que su mano derecha, el hombre al que envió a sofocar la crisis, pide no denunciar, intenta enterrar el caso, hace todo lo contrario a lo que obligan los protocolos del PP y de la propia Comunidad de Madrid. Y eso tiene mala defensa.

Por si fuera poco, en la ronda de intervenciones que hizo Serrano en los medios para defenderse y en las que intentó desacreditar a la concejal, pronunció una de esas frases que se convierten en memes y que solo sirven para agravar las crisis. “¿Y tú cómo ligas?”, preguntó al periodista que en una rueda de prensa le hizo ver que él mismo y Ana Millán habían asumido en aquella cita que el trato del alcalde a la edil cambió cuando él le “tiró los tejos” y ella “le dio calabazas”.

Un sector del PP madrileño cree que una cosa es la defensa del alcalde en los tribunales sobre una denuncia que tratan de rebajar a un caso de acoso laboral (como si no fuera suficientemente grave en un cargo público). Y otra, la gestión que la cúpula del partido hizo de la denuncia, que los deja en muy mal lugar. Sobre todo, en un contexto en el que Ayuso había atacado con fiereza a la izquierda por los escándalos protagonizados por cargos como Paco Salazar en el PSOE e Íñigo Errejón en Más Madrid. Ambos fuera de sus puestos a las pocas horas de que se conociesen las acusaciones contra ellos.

En el supuesto de que el caso escale en el juzgado, donde de momento solo se ha presentado la denuncia, dirigentes del PP asumen que será Serrano el que quede en una posición muy frágil. Y dan por hecho que si hace falta un fusible para proteger a la presidenta, a Rodríguez no le temblará el pulso. Lo importante es “la niña”, suele repetir en sus círculos el jefe de gabinete, que en las últimas horas ha vuelto a enviar mensajes en este sentido. Todos los movimientos que ha hecho desde que se convirtió en asesor plenipotenciario van en la misma dirección. Que se lo pregunten a los consejeros del anterior Gobierno, el que llevó al PP a la mayoría absoluta en Madrid ocho años después. No repitió ninguno. Porque Ayuso es la viga maestra del edificio. Y la figura a proteger. Incluso cuando hizo falta tirar por la borda al presidente del partido, Pablo Casado.

Serrano tendrá además que acudir a otro juzgado que lo cita, de momento como testigo, por publicar en sus redes sociales un atestado confidencial de la Policía Municipal de Alcalá de Henares para vincular inmigración y delincuencia. Lo hizo en una respuesta a una información de elDiario.es en enero de 2024. Exhibió un documento confidencial que Serrano no podía tener en su poder y que apunta a una revelación de secretos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que preside la alcaldesa Judith Piquet, otra dirigente cercana a Ayuso.

Las polémicas se le acumulan al número dos del PP madrileño y en las últimas horas ya se han publicado algunas informaciones que hacen ver que Serrano está en horas bajas, como lo demuestran los nuevos nombramientos en el grupo parlamentario para pasar página de la crisis de Los Pocholos. Según El País, los ascensos en el grupo de la Asamblea refuerzan al sector de quien es el portavoz, Carlos Díaz Pache, otro miembro de la guardia pretoriana de Ayuso con el que tiene muy buena relación desde que coincidieron en el gabinete de comunicación de Esperanza Aguirre.

Pero por más que en los alrededores del partido se especule con la existencia de bandos, hace años que el PP madrileño no tiene corrientes: todo el poder se ejerce por delegación. De Ayuso o de Miguel Ángel Rodríguez. Si es que no fueran lo mismo.

Mientras, la oposición martillea, desde la izquierda hasta Vox, contra los intentos del PP de sepultar una denuncia de acoso de una mujer del partido. “Mandó a sus secuaces a decirle que mejor la boquita cerrada”, repite la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar. “¿Y tú cómo ligas?”, replica la líder de Más Madrid la pregunta de Serrano en las sesiones parlamentarias.

La culpabilidad o no del alcalde la dirimirán los tribunales. Las maniobras de la cúpula del PP madrileño están grabadas en un teléfono móvil y aportadas al juzgado. Y a diferencia de Millán, que es íntima de Ayuso, Serrano es un peón que ahora aplaude a Ayuso, como antes había hecho desde ese mismo escaño a Ignacio González y a Granados. Una pieza prescindible para la presidenta y sobre todo para MAR en caso de que las cosas se tuerzan en el juzgado de Móstoles.

La diputada del PP Ainhoa García será la nueva portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid e Isabel Vega ostentará la Secretaría General del Grupo Parlamentario Popular. Así se desprende de la reestructuración del Grupo que han trasladado a los medios de comunicación desde el PP y en la que se mantienen en sus cargos el portavoz, Carlos Díaz-Pache, y el portavoz adjunto Rafael Núñez además de la Presidencia y Vicepresidencia, que se mantienen en la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PP-M y senador, Alfonso Serrano.

Las modificaciones entrarán en vigor la próxima semana y supondrán la salida de Elisa Vigil de la Dirección del Grupo tras ser sustituida por Ainhoa García, portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. El secretario general del GPP dejará de ser José Virgilio Menéndez y asumirá esta responsabilidad la hasta ahora coordinadora territorial Isabel Vega. En la coordinación de comisiones se ha situado a Esther Platero –portavoz en la comisión de Asuntos Sociales– y dejará de ejercer esta función Ignacio Catalá.

La coordinadora territorial será la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP-M, Ana Millán, en sustitución de Isabel Vega. Por último, el hasta ahora secretario general del GPP pasará a ser coordinador institucional, posición de Ana Millán hasta el momento.

Los cambios se producen después de que la pasada semana Ayuso cesara al ya exconsejero de Educación, Emilio Viciana, que provocó una cadena de dimisiones del conocido como el clan de 'los Pocholos' que controlaba esa área autonómica. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. También dimitieron los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón.

El Pleno de la Asamblea de Madrid arrancó este jueves con la toma de posesión de tres nuevos diputados en la bancada del PP. Eva María Gallego Berzal, Irene Zamora Sánchez y Paul Rubio juraron sus cargos antes de que empezase la sesión de control. En el banco del Gobierno había posado la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Pese a los intentos de la Comunidad de Madrid y del PP, el elefante estaba en la habitación. La crisis de 'los Pocholos', un extravagante clan que se había hecho con las riendas de la Consejería de Educación y que ha influido mucho en las políticas de cultura del Gobierno de Ayuso estos últimos años, sacude al gabinete de la presidenta y también a su grupo parlamentario. Por primera vez desde que llegó a la presidencia en 2019, Ayuso ha tenido una rebelión interna con importantes consecuencias políticas. De entrada, ha visto frustrado uno de los proyectos estrella de la legislatura, la ley de universidades, con los seis centros madrileños en una situación crítica, asfixiados económicamente.

Aunque el orden del día del Pleno estaba cerrado antes de que estallase la bronca interna en el PP, tanto Más Madrid como el PSOE pidieron en la sesión de control explicaciones a Ayuso sobre la crisis su partido y las consecuencias que tendrá para las políticas educativas. Su portavoz, Mar Espinar, en su turno, recordó que la Complutense va a tener que recortar un 35% el gasto para pagar el crédito a la institución que debía protegerla, la propia Comunidad de Madrid, y advirtió que ese grave problema no se soluciona “cambiando a Pocholos por pitbull”, en referencia a la consejera recién nombrada.

Desde Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, fue aún más dura: aseguró que la caída de Emilio Viciana, consejero hasta este lunes, no se debe al mal camino de la ley de educación sino a las denuncias que presentó en la fiscalía sobre la corrupción en la FP, un caso que investiga un juzgado de Madrid que acumula varios imputados por fraccionar facturas y amañar contratos en los Gobiernos de Ayuso y otros anteriores. Desde el sillón de presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, consejero de Educación en la época que se investiga, escuchó las acusaciones de Bergerot sin interrumpirla. En la fila del Gobierno, la consejera de Economía, Rocío Albert, alto cargo de Ossorio en aquel momento, hacía lo mismo.

La pregunta de Bergerot iba sobre los millones de euros que la Comunidad gasta cada año en publicidad institucional para primar a sus medios amigos, pero se desvió hacia la educación y el cese del consejero: “No lo han echado por incompetente, que lo es, lo han echado por denunciar el caso FP”. “Lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción en el entorno de Ayuso”.

En su réplica, la presidenta respondió con una pregunta retórica. “Si iba tan mal la educación y doy un cambio, ¿también está mal? Aclárense un poco, sea coherente”, dijo Ayuso. La presidenta dedicó una única frase para defender a los caídos. Del consejero destituido dijo que era “un funcionario honrado” y de los tres diputados que renunciaron, Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, a quien algunos en el PP apodaron como 'los pocholos', destacó su formación: un ingeniero aeroespacial, administradores civiles del Estado, licenciados en Derecho.

Los comparó con lo que tiene en la izquierda “trae a la política” y ahí citó, “acróbatas a caballo, quemacajeros, personas que gestionaban saunas, porteros de puticlub y saltimbanquis”. Y acusó a PSOE y Más Madrid de pretender una universidad “con pancartas de Herri Batasuna, zozobra” e “ideología sectaria que las está carcomiendo”.

El resto de su intervención ya fueron ataques a la oposición y al Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de Madrid y su partido tratan de cerrar la crisis abierta mientras la oposición habla abiertamente de una “guerra de clanes” en los populares madrileños. Y la comunidad educativa y las universidades lamentan los años perdidos en los que se entregó el control de la consejería a un extravagante gurú, Antonio Castillo Algarra, cuya caída en desgracia explica la crisis abierta esta última semana.

Es la respuesta a la destitución fulminante del consejero de Educación Emilio Viciana. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo ha fulminado para tratar de solventar la crisis que viven las universidades madrileñas. Y como respuesta, tres diputados de la máxima confianza de quien era el consejero han dimitido en la Asamblea de Madrid. Se trata del portavoz que llevaba el área de Educación, Pablo Posse; Mónica Lavín, que se ocupaba de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud. Los tres han presentado su renuncia por “coherencia”. Todos forman parte del sector de “Los Pocholos”, como se conoce a este grupo de diputados en la Asamblea de Madrid.

Los hechos se han precipitado esta mañana en la comisión de educación del parlamento regional. En su último turno, el portavoz del PP, Pablo Posse, anticipó la dimisión de un director general del equipo de Viciana y anunció que también él presentaría su renuncia como diputado a lo largo del día.

Otras dos diputadas de ese mismo grupo, Lavín y Pasaron, han contado a otros dirigentes del partido su intención de dimitir, según fuentes cercanas, y finalmente han renunciado. Desde el PP de Madrid han explicado por la tarde que el grupo parlamentario en la Asamblea “se reforzará gracias a la incorporación de tres nuevos diputados con perfiles muy municipalistas”. Serán Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora Sánchez, exalcaldesa de Collado Mediano; y Paul Rubio Falvey, exconcejal de Villaviciosa de Odón y actual coordinador de Seguridad y Emergencias de Móstoles.

Tras la renuncia, el malestar en el seno del grupo parlamentario es palpable. Y a alguna de las diputadas se la ha visto llorando por los pasillos de la Asamblea. El diputado Posse, en su última intervención esta mañana en la comisión de Educación, dio por hechas también las salidas de la Directora General de Secundaria y Formación Profesional, María Luz Rodríguez de Llera, Tejeda, y también del responsable de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo.

Se trata de la mayor crisis abierta en un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la renuncia de tres diputados. Todos forman parte de un grupo muy alineado con el consejero de Educación.

La destitución de Viciana se produce en el peor momento del departamento con las universidades en pie de guerra, por falta de financiación (hasta el punto de que la Complutense ha tenido que ser rescatada con un crédito del Gobierno regional) y sin que haya visto la luz la prometida ley que anunció la presidenta. Además, un juzgado investiga prácticas corruptas en la construcción de los centros de Formación Profesional, con contratos troceados y adjudicaciones a dedo.

Las reacciones de Más Madrid y PSOE

En lugar de Viciana, Ayuso ha elegido a una persona de su máxima confianza, la exdiputada regional y exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejos, que se ganó la confianza de la presidenta madrileña tras su duro interrogatorio a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Tras esa intervención, Ayuso la ascendió a viceconsejera el pasado octubre y ahora le entrega todo el poder en el departamento de Educación, dotado con un presupuesto de 7.000 millones de euros, el 22% del total de la Comunidad de Madrid.

En un tuit, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que con las dimisiones “caen los ejecutores de la política educativa de Ayuso ante el fracaso de Ayuso en universidades y en todos los ámbitos de la educación pública madrileña”. “Es el reconocimiento de la debilidad del PP madrileño y la falta de resultados. Lo que debe cambiar ahora son las políticas”, ha zanjado.

Además, el líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha considerado que “el consejero de educación de la comunidad de Madrid es la primera víctima del Ayusazgo universitario”. “Pero lo importante no es que cese a un consejero para poner a una consejera más sectaria. Lo importante es lo que está haciendo con la universidad pública madrileña, a la que está asfixiando económicamente y contra la que ha querido hacer la peor ley universitaria de la historia”, ha señalado.

Miguel Ángel Rodríguez no estuvo allí. En siete años como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y alto cargo de la Comunidad se niega a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid con el respaldo de los diputados del Partido Popular. Tampoco acudió este jueves, cuando la asamblea regional debatía sobre su reprobación por insultar y amenazar a periodistas de elDiario.es y de otros medios. El debate llega dos años tarde porque solo fue posible después de que el Tribunal Constitucional certificase en una sentencia firmada por magistrados conservadores y progresistas que la Asamblea de Madrid estaba vulnerando la Constitución al cercenar los derechos políticos de Más Madrid y el PSOE. Durante todo ese tiempo, la Mesa de la Asamblea, con la mayoría del PP y la presidencia de Ossorio, rechazaron una tras otra las peticiones de la oposición.

Así que 23 meses después de que el jefe de gabinete respondiese a las exclusivas de este medio sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso amenazando con cerrarlo y triturar a los periodistas, la Asamblea de Madrid, pudo debatir por fin sobre el cese del jefe de gabinete.

Y lo que se produjo fue una defensa cerrada del Partido Popular. Su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache, ensalzó a Rodríguez como pocas veces se había hecho en un parlamento durante sus largos años de experiencia política: “Qué bien les vendría tener a un Miguel Ángel Rodríguez a su favor, pues no lo tienen. [...] Un compañero fiel, un tipo brillante, sagaz, optimista, terriblemente divertido, una de esas personas que te ayudan a mirar lejos y que hacen de la política un lugar más mejor, más bonito y más útil , así que ustedes no se lo van a quitar”. El mismo portavoz había descrito a Rodríguez como una especie de eminencia de la comunicación, citado sus nueve libros y tres obras de teatro, las elecciones que Aznar ganó a Felipe González, su época de portavoz en el gobierno posterior y su supuesta influencia en América [sic]. “Así que hay que tener un poquito más de nivel para tratar a una persona con esa trayectoria”.

Sirvió la respuesta de la oposición en bandeja: ¿por qué una persona con esas altísimas capacidades se ha negado durante siete años a comparecer en la Asamblea Regional. Se lo preguntó Más Madrid, el PSOE e incluso la diputada de Vox Ana María Velasco, con un tono mucho más cariñoso: “No tengan miedo”.

Díaz Pache intentó rebajar los insultos y amenazas que Rodríguez vertió contra este medio a una conversación entre dos conocidos, Miguel Ángel Rodríguez y la periodista Esther Palomera, la tesis desplegada por el jefe de gabinete cuando elDiario.es reveló su intento de intimidación. Palomera explicó entonces en un extenso artículo que no tenía una relación de amistad con el jefe de gabinete y que su cadena de insultos no se produjo en medio de un debate, sino que fue Rodríguez unilateralmente el que envió una sucesión de mensajes telefónicos cuando vio publicada la segunda entrega sobre la investigación a los negocios de Ayuso en la que Palomera ni siquiera había participado.

Más Madrid, responsable de la proposicion no de ley, rebajó los supuestos superpoderes de Rodríguez. Su portavoz, Manuela Bergerot: “No es un genio de la estrategia es un gestor de la propaganda pagado con el dinero de todos”. “Es el 'koldo del PP' y un cobarde que no se atreve a comparecer para las cuatro preguntas que le hagamos”. “Muy valiente para insultar en redes sociales pero muy cobarde cuando se trata de venir donde toca”. La portavoz de Más Madrid insistió en que su partido no pretende solo reprobar a la mano derecha de Ayuso, sino “impugnar una forma de hacer política basada en la mentira, en la intoxicación, en el insulto, la intimidación y la compra de voluntades”. Ayuso y Rodríguez son exactamente lo mismo, dijo la portavoz de Más Madrid durante un debate en el que ni la presidenta ni su asesor quisieron estar presentes: “Rodríguez no es nada sin ayuso, sin los jefes, sin la tupida red del Partido Popular con el poder judicial, el mundo del dinero y los medios de comunicación y no es absolutamente nada sin el dinero de la Comunidad de Madrid con el que compran las voluntades de los periódicos y panfletos que difunden sus bulos”.

Bergerot recordó también que entre las misiones de Rodríguez estuvo también “difamar a las familias de las víctimas de los protocolos de la vergüenza” y recordó algo que el portavoz popular pasó por alto en su panegírico del jefe de gabinete: la doble condena por difamar al doctor Luis Montes, ya fallecido, jefe de Urgencias del Hopistal Severo Ochoa de Leganés, al que Rodríguez llamó “nazi” varias veces en plena campaña del PP de Esperanza Aguirre contra él.

En el turno del PSOE, la diputada Aitana Jiménez Liébana reprochó al PP y a su presidenta que manoseen la palabra “libertad” mientras censuran desde la Asamblea y desde la Presidencia de Madrid. “Venimos a debatir si en Madrid vamos a normalizar que desde el corazón del poder se amenace a periodistas cuando publican una información incómoda para la presidenta”. “Ha tenido que decirles el Constitucional que están vulnerando derechos al impedir el debate y a recordarles que no es su cortijo ni la versión madrileña de Mara Lago”. La parlamentaria socialista censuró que desde su puesto público el jefe de gabinete “planifica y ejecuta la defensa de la pareja de Ayuso”. Y cerró con la pregunta que se hace toda la oposición en la Asamblea: “¿Por qué no permiten que Rodríguez venga a esta asamblea a dar explicaciones, dónde está esa bravuconería en wasap, la épica tuitear, a ver si es verdad lo que dice Vox de la derechita conservadora”. Incluso la portavoz de Vox, con un tono mucho más comprensivo hacia el PP y entre duras críticas a la izquierda y alusiones a ETA, les recomendó a los populares que “no tengan miedo” y permitan a Rodríguez comparecer en el parlamento regional.

Durante todo el debate el PP atribuyó la censura de la oposición al jefe de gabinete a la “envidia”. Vino a decir que todos los partidos querrían contar con alguien así en la sala de máquinas. Incluso reprochó a la oposición “bajar al barro” contra el jefe de gabinete y ejercer contra él una “crítica personal” ya que no pueden cuestionar su “trayectoria profesional”. Su portavoz Díaz Pache asumió en voz alta, desde la Asamblea de Madrid que ese Gobierno, el que supuestamente debería representar a todos los madrileños, “va contra Sánchez”. Y también contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Bergerot desde Más Madrid, le afeó “el papelón” de este debate parlamentario y concluyó: “El mérito de miguel ángel rodríguez es ser la primera línea de defensa cuando el clan Ayuso comete delitos”. “Defienden al matón número uno del Partido Popular, al Koldo del Partido Popular”, clamó desde su escaño.

La respuesta del portavoz de Ayuso, Carlos Díaz Pache, a que el jefe de gabinete no haya pisado la Asamblea de Madrid en estos siete años y no vaya a hacerlo en el futuro es que Rodríguez estaría encantado de acudir pero no lo hace porque el PP no quiere “un circo”. ¿Por qué el PP permite que otros cargos de la Comunidad comparezcan y Rodríguez no alegando que sería un circo (cuando los diputados de la oposición son los mismos)? Es una pregunta que quedó en el aire en el debate. Los votos en contra del PP que festejaron con una ovación y puestos en pie las loas de su portavoz a Rodríguez impidieron que la Asamblea de Madrid reprobase a la mano derecha de Ayuso.

Las acusaciones de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, han estado este jueves en el centro del debate de la sesión de control a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Tanto PSOE como Más Madrid han acusado a la presidenta madrileña de “proteger” y querer “ocultar” la denuncia de la exconcejala a la que tanto el PP de Madrid como el estatal dieron carpetazo. Y Ayuso ha sacado toda su artillería pesada contra la izquierda con sus descalificaciones y acusaciones habituales, llegando incluso a recurrir a la ya desaparecida banda terrorista ETA.

“Usted es la protectora de un acosador, Manuel Bautista, que sigue en su puesto de trabajo”, le ha espetado a Ayuso la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Para la principal dirigente de la oposición, la presidenta madrileña “es la única responsable de que Bautista no haya dimitido” y que la 'número tres' del PP de Madrid, Ana Millán, se mantenga en su puesto “tras tapar” el caso de acoso del alcalde de Móstoles.

Bergerot también ha hecho hincapié en la respuesta que dio el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, a un periodista, la semana pasada, cuando se le preguntaba por el caso de Bautista. Él dijo: “¿Y tú cómo ligas?”. Bergerot ha preguntado a la bancada del PP “cómo es trabajar” con él, “un señor que describe un caso de acoso para llamarlo un tema laboral”. “¿Ninguno está indignado?”, ha preguntado la portavoz de Más Madrid a los diputados del PP. Su conclusión es que “de Nevenka a Móstoles han pasado 25 años pero en el PP no ha pasado ni un solo día”.

Previamente, en su turno, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, había censurado que “ocho días” después de conocerse el caso de acoso en Móstoles el alcalde siga “en su cargo”. A su juicio, además, Serrano y Millan “no deberían estar” en sus cargos. Y sobre la presunta víctima, Espinar ha añadido: “La creyeron pero en vez de protegerla lo que hizo usted fue enviar a dos sicarios para que se callaran la boquita. Destrozan vidas, son ustedes como la mafia”, le ha espetado. Además, ha acusado a Ayuso de “filtrar” los correos de la exconcejala. “En lugar de pedir al alcalde de Móstoles que se marche ponen ustedes en la diana a la víctima”, ha lamentado. 

Txeroki y “la España de los 90”

Ayuso ha optado por el barro. “Hablando de víctimas, me gustaría recordar a las del señor [el miembro de ETA] Txeroki que ustedes han puesto en la calle”, ha respondido primero a Espinar. “Son unos frustrados que no admiten que el pueblo de Madrid no les quiere, ni España entera”, ha añadido la presidenta madrileña, que ha pedido a Espinar que no se comportara “como si estuviese en una taberna de puerto”. A renglón seguido, Ayuso ha acusado al PSOE de intentar “hacerse” con el ayuntamiento de Móstoles “de manera espuria” por hacer alusión al caso de acoso denunciado por una exconcejala del PP. “Trabajan para ayudar a ETA a sacar a los presos de la cárcel”, ha añadido, para hablar después de la “España de los 90”. “Se han cargado a la España de entonces y a Felipe González”.  

Sin mencionar a Bautista ni dar ninguna explicación sobre por qué el PP de Madrid trató de ocultar el caso, Ayuso ha acusado a Bergerot de centrar su discurso en “ataques personales”. “¡Vaya feminismo barato!”, ha dicho. Después, la presidenta madrileña ha dicho que no le van a “acomplejar” ni “la izquierda, ni la ultraizquierda” de la cámara. “Son unos tristes y unos frustrados”, les ha dicho.

El Partido Popular de Madrid ha vetado este martes la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid, para dar explicaciones por sus insultos y amenazas a medios como elDiario.es. Según han explicado fuentes parlamentarias, la argumentación de los populares que han frenado la declaración en la Comisión de Justicia, es que “no es oportuno” que Rodríguez comparezca ahora.

Más Madrid decidió a principios de mes presentar una proposición no de ley en el parlamento madrileño para exigir el cese de Rodríguez por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo que encabeza Manuela Bergerot tomó la iniciativa además de pedir su comparecencia tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certificó que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados de la oposición sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo casi unánime del Constitucional, la Asamblea tenía la obligación de tramitar las inicativas y debatirlas, pero en el caso de la petición de comparecencia finalmente el PP ha impuesto su mayoría en la Comisión de Justicia, el primer escalón de la tramitación, para vetarla.

“El Partido Popular ha vuelto a poner la asamblea de Madrid al servicio de los intereses antidemocráticos y autoritarios de Isabel Díaz Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez”, ha considerado el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, tras la decisión. “El Tribunal Constitucional, por unanimidad, dijo que claro que podemos pedir que venga a comparecer Miguel Ángel Rodríguez, y cuando lo hemos hecho, aplicando la sentencia del tribunal constitucional, el Partido Popular nos ha dicho que no, que vuelven a esconder a Miguel Ángel Rodríguez, que no se atreve a rendir cuentas”, ha zanjado.

“Es muy gallito para insultar, para atacar, para mentir en redes sociales, para amenazar a periodistas, pero cuando tiene que rendir cuentas ante el órgano que representa a los madrileños, que son quienes les pagan su sueldo, entonces se esconde y utiliza al Partido Popular para amordazar a la oposición y para decirnos cómo tenemos que hacer la oposición en la asamblea de Madrid”, ha concluido.

Espinar: “Van con todo para que nada se sepa”

“Está claro que por lo civil o por lo criminal Ayuso va a impedir que su jefe de gabinete dé explicaciones a todos los madrileños de por qué está utilizando recursos públicos para defender los intereses privados del novio de Ayuso y de ella misma. Van con todo para que nada se sepa”, ha señalado, por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

En la proposición no de ley Más Madrid solicitando la destitución de Rodríguez, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, pedía que la Comunidad de Madrid comunicara a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete así como su “compromiso con la libertad de prensa”.

Más Madrid justificó esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentaron que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusaban a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

Más Madrid ha tomado acción este lunes para exigir el cese de Miguel Ángel Rodríguez, Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo ha registrado por ello una proposición no de ley que llega casi dos años después de que el medio de comunicación denunciara publicamente los mensajes de WhatsApp que dirigió Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

Se produce, también, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora la Asamblea tiene obligación de tramitar esta inicativa y debatirla. El grupo de la oposición ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea madrileña en la que, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, demanda que la Comunidad de Madrid comunique a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete“ así como su ”compromiso con la libertad de prensa“.

Más Madrid justifica esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentan que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusan a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

En cualquier otro lugar, el hombre que eligió Isabel Díaz Ayuso para presidir la Asamblea de Madrid durante su primer mandato con mayoría absoluta estaría en el alambre, probablemente ya dimitido. Enrique Ossorio, que entre 2019 y 2023 fue consejero y vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ahora es la segunda autoridad de la región, ha vulnerado al frente de la Mesa de la Asamblea los derechos políticos de la oposición: del PSOE y también de Más Madrid. Lo ha certificado el Tribunal Constitucional en dos sentencias consecutivas. En la primera el tribunal decretó por unanimidad (lo avalaron todos los magistrados de la Sala Segunda, progresistas y conservadores) que la Mesa, que preside el propio Ossorio y donde el PP impone su rodillo, vulneró el artículo 23 de la Constitución cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre las amenazas e insultos del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, a periodistas de elDiario.es. En lugar de tramitarlas y permitir la fiscalización de un alto cargo que figura en el organigrama de la Comunidad de Madrid con un sueldo de 100.000 euros, la Mesa de la Cámara impidió su tramitación. Lo mismo hizo con una decena de iniciativas de Más Madrid, incluida una comisión de investigación sobre los contratos a Quirón y las adjudicaciones en pandemia. En este segundo caso, hubo dos votos particulares, cuyo contenido todavía se desconoce, por parte de dos magistrados del bloque conservador. El resto coincidieron en que se había vulnerado un precepto constitucional, el que vela por los derechos de la participación política.

De acuerdo con las sentencias, la Mesa debería eliminar las cortapisas que ha puesto para no tratar en el Parlamento donde está representada la soberanía de Madrid asuntos relacionados con el Grupo Quirón, el principal adjudicatario de la Comunidad y durante años el principal pagador de la pareja de la presidenta, y las amenazas e insultos, pero también los contratos de publicidad institucional que gestiona el todopoderoso jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

La doble sentencia pone en el disparadero a uno de los principales peones de Ayuso: Enrique Ossorio, la persona a la que eligió para controlar la Asamblea en su primera legislatura sin socios, en la que también se encargó de atornillar a los pocos órganos que ejercían un mínimo contrapeso a sus decisiones: la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid. El rodillo popular en la Asamblea permitió cambiar las leyes para rebajar las mayorías cualificadas. Cualquier potencial contrapeso fue desactivado. Desaparecidos de la ecuación de la gobernabilidad de Madrid primero Ciudadanos y luego Vox, la presidenta asumió la hegemonía total. Una región entera y 30.000 millones anuales de presupuesto, a merced de Ayuso.

Cuando se le preguntó a la presidenta hace una semana por el doble varapalo del Constitucional a la Mesa de la Asamblea, acusó a la oposición de “hacer preguntas absurdas” y sobre la dimisión de Ossorio aseguró que era una pregunta para plantear en el Parlamento regional. No hay ningún indicio de que Ossorio vaya a renunciar porque, según ha denunciado la oposición tanto en los tribunales como de viva voz desde sus escaños, está en la presidencia precisamente para blindar a Ayuso y separar de ella cualquier cuestión incómoda.

Y Ossorio tampoco es un perfil que se asuste fácilmente. Abogado con plaza en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social, se estrenó en política en 1996 de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, primero como director general de Tributos y después con otros cargos en el segundo escalafón. Pero el gran ascenso se lo debe a la rival política de Gallardón: Esperanza Aguirre lo hizo consejero de Hacienda. Con Ayuso llegó a vicepresidente de la Comunidad, hasta la mayoría absoluta que la dirigente aprovechó para deshacerse de todo su gabinete y poner caras nuevas en todos los departamentos. Sin ser un pata negra del PP, Ossorio medró con todos los sectores del partido en Madrid y 20 años después ahí sigue, ahora como segunda autoridad de la región.

En la bancada de la oposición cunde la sospecha de que la presidencia de la Asamblea no es solo un premio a su fidelidad, sino una forma de blindarlo si el caso de la FP, donde un juzgado investiga adjudicaciones a dedo y contratos troceados ya con varios responsables imputados, escala a la primera línea de la Administración regional.

Varias de las adjudicaciones irregulares que se investigan tuvieron lugar durante la época en la que Ossorio era consejero de Educación y Ayuso presidenta. Esas mismas razones, la lealtad y las precauciones legales, según las mismas fuentes, llevaron a otra alto cargo de aquella consejería en la que se troceaban contratos y se adjudicaban a dedo a la cartera de Economía en el actual Gobierno: Rocío Albert.

De trato correcto, muy alejado de los modales de otros lugartenientes de Ayuso como su secretario general, Alfonso Serrano, Ossorio es más que cualquier otra cosa el cancerbero de la presidenta, coinciden las fuentes consultadas. “Ni una mala palabra ni una buena acción”, resume su relación una diputada de otro grupo que ha tratado mucho con él.

De su época como consejero de la Comunidad queda una intervención suya en la que trató de responder a las organizaciones que denuncian un aumento de la pobreza y la desigualdad en Madrid. Sobre el diagnóstico de Cáritas, Ossorio dijo que él no veía por la calle a todos esos pobres que señalaba su informe.

Sin mucha autonomía para dirigir los Plenos (a su lado han colocado a una íntima de Ayuso, su poliimputada secretaria de Organización Ana Millán), durante estos dos años se han frustrado todo tipo de debates conflictivos para el PP. Pero lo que provoca urticaria a Ossorio es todo aquello que pueda incomodar a la líder madrileña. Intentó que no se pudiesen mencionar en la Asamblea asuntos familiares, una forma de silenciar los escándalos de comisiones del hermano de la presidenta y el fraude fiscal de la pareja. Dio órdenes a un bedel para que retirase una bandera palestina de un escaño de Más Madrid, en pleno genocidio en Gaza.

Incluso se sacó de la manga una supuesta resolución de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, una organización oficiosa, para vetar que se pudiera aludir en los debates a los miembros de la Mesa. Según Ossorio, porque al estar moderando los plenos, no se pueden defender. Acabó dando marcha atrás a esa idea.

Ahora, después de que el Tribunal Constitucional haya concluido que la Mesa de la Asamblea que preside vulneró un artículo de la Carta Magna y lesionó los derechos políticos de la oposición, Ossorio deberá decidir si levanta los vetos y permite discutir de Quirón, de la pareja de Ayuso, de los contratos en la pandemia que originaron las comisiones de su hermano, y de su plenipotenciario jefe de gabinete. Asuntos todos delicadísimos para su presidenta. El hombre que logró ser alto cargo con Gallardón y ascender todavía más con Aguirre, debe decidir si obedece al Constitucional o a Ayuso, la dirigente que lo encumbró como segunda autoridad de Madrid.

El Tribunal Constitucional ha dictado esta semana dos sentencias que dejan por escrito una realidad: el Partido Popular ha usado la Mesa de la Asamblea de Madrid como dique de contención para proteger a Isabel Díaz Ayuso de preguntas y propuestas incómodas de la oposición. Cuestiones sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, sobre la sanidad madrileña o sobre el grupo Quirón que nunca llegaron a debatirse en pleno o comisión porque, afirma el tribunal, la Mesa las tumbó de forma irregular y vulnerando los derechos políticos de PSOE y Más Madrid. Unas preguntas que, después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora tiene obligación de tramitar.

La Mesa no es el organismo con más exposición pública y mediática de un parlamento autonómico, pero constituye el primer cortafuegos de las iniciativas con las que la oposición busca cumplir con su misión política: controlar la labor de un gobierno regional a través de preguntas y propuestas. La holgada mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2023 también dio al PP un plácido control de la Mesa con cuatro de sus siete miembros, entre ellos su presidente Enrique Ossorio, frente a los solitarios representantes de PSOE, Más Madrid y los aliados de Vox.

La oposición, tras conocer las sentencias del Constitucional, ha reiterado sus peticiones de dimisión contra Ossorio, un técnico de la Seguridad Social que empezó en política de la mano de Ignacio González y que se consolidó como consejero, vicepresidente y portavoz de Isabel Díaz Ayuso antes de ser puesto al frente de la Asamblea y su Mesa. Una atalaya desde la que ha sido calificado como “censor” por servir de muro inexpugnable para las preguntas incómodas.

Los partidos de la oposición decidieron llevar a los tribunales esta labor de cancerbero poco después de que elDiario.es revelase que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciado por defraudar 350.000 euros en impuestos así como sus relaciones profesionales con el grupo Quirón, gigante empresarial con un papel protagonista en la sanidad madrileña. También después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, amenazara por escrito a una periodista de elDiario.es con “triturar” al periódico tras las primeras exclusivas del caso.

Tanto PSOE como Más Madrid presentaron casi dos decenas de iniciativas relacionadas con el caso. Algunas de ellas eran anteriores, como la petición de los de Manuela Bergerot de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de compra de material sanitario como el que había reportado una comisión al hermano de Ayuso. Otras, de ambos partidos, eran posteriores: pedir explicaciones y responsabilidades por las amenazas a elDiario.es, auditar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del grupo Quirón o, incluso, avanzar para que las grandes empresas sanitarias fueran expulsadas de los hospitales regionales.

Todas las iniciativas se quedaron en el primer filtro de la Mesa. Las preguntas, las propuestas de comparecencia, las posibles comisiones de investigación y las proposiciones no de ley. El organismo, con el rodillo del PP y la abstención de Vox, expuso todo tipo de razones para que ninguna de estas propuestas llegara al pleno y, en la práctica, no se sometieran a debate público. Las razones fueron variadas: que Miguel Ángel Rodríguez no es miembro del gobierno sino un asesor, que muchas de esas cosas vienen de legislaturas pasadas o, incluso, que en el caso Koldo ya se están investigando contratos de la pandemia.

El Constitucional ha constatado que, en ambos casos, la Mesa vulneró los derechos políticos de la oposición al bloquear estas iniciativas yendo mucho más allá de sus funciones, que deberían limitarse a constatar que las iniciativas parlamentarias cumplen con requisitos formales. Sus decisiones, impulsadas gracias a la mayoría del PP, impidieron el “núcleo básico de la función parlamentaria”. La verificación de la Mesa, recuerda el Constitucional en estas sentencias, “ha de ser siempre formal”, no entrar al fondo del asunto para limitar el control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

De Miguel Ángel Rodríguez a la sanidad pública

Las sentencias tiran por tierra todos los argumentos que usó Enrique Ossorio para descartar estas iniciativas y que después defendió la propia Asamblea en sus alegaciones ante el tribunal. Es cierto que Miguel Ángel Rodríguez no es consejero en el ejecutivo regional, pero las preguntas sobre sus amenazas a elDiario.es “versan sobre asuntos que sin duda afectan a la acción política del gobierno”. Preguntar por él, añade el Constitucional, es “control al gobierno”.

El Constitucional explica a la Asamblea de Madrid que esta jurisprudencia no es precisamente novedosa. El tribunal lleva dictando sentencias en este mismo sentido desde la década de los noventa que han dado la razón a prácticamente todos los partidos en todo tipo de parlamentos: al PP y a CiU en el Senado, a Izquierda Unida y Podemos en Murcia, a Vox en Euskadi, a Compromís en València y al PSOE en Madrid. El mejor ejemplo, de hecho, ocurrió en esa misma Asamblea hace ahora 20 años.

El portavoz del PSOE regional era entonces Rafael Simancas, que tres años después del 'tamayazo' hacía oposición a una Esperanza Aguirre aupada por los votos de los tránsfugas. Los socialistas, junto con IU, pidieron la creación de una comisión de investigación para estudiar si las obras de la ampliación de la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey eran seguras. El PP de Aguirre enterró esta petición con una alegación que ha repetido dos décadas después: que esas obras eran de una legislatura anterior, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La catenaria llegó a caer sobre las vías.

Esa comisión de investigación nunca se abrió. El Constitucional dio la razón a Simancas en 2012 y, para entonces, ni siquiera era diputado en la Asamblea de Madrid. Ahora el tribunal repite aquellos argumentos para reprochar al PP de Ayuso que no podía bloquear una posible comisión de investigación sobre los contratos regionales durante la pandemia con el argumento peregrino de que ya existía una investigación sobre el caso Koldo.

Este punto ha sido el único que ha roto ligeramente la unanimidad del Tribunal Constitucional en su doble reproche a Isabel Díaz Ayuso. Los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han anunciado votos particulares en la sentencia sobre el recurso de Más Madrid porque discrepan en lo que tiene que ver con la petición de crear una comisión de investigación. Pero el criterio ha rozado la unanimidad con progresistas y conservadores votando lo mismo. Arnaldo, de hecho, es el ponente de la sentencia que da la razón al PSOE.

“Nos saca de la anomalía madrileña”

Las sentencias todavía no han sido notificadas y, por tanto, ni PSOE ni Más Madrid han podido examinar la letra pequeña, pero ambos partidos se sienten avalados por el Constitucional en las quejas que vienen desplegando desde hace años contra la actividad de la Mesa en ese sentido. Tanto Mar Espinar (PSOE) como Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) consideran que ahora el organismo debe tramitar sus peticiones y, si no lo hace, exponerse a consecuencias que pueden llegar al ámbito penal de la desobediencia y la prevaricación.

“Nos saca de la anomalía madrileña salvo que decidan desobedecer al Constitucional”, explica Hugo Martínez Abarca. “Con Ayuso todo es posible, pero el sentido común dice que si el Constitucional obliga a Miguel Ángel Rodríguez a comparecer y dar explicaciones, no cabe otra que aceptar”, afirma en ese mismo sentido Mar Espinar. “Pero hablamos de Ayuso, ya sabemos que ha hecho de la Comunidad de Madrid su pequeña Corea del Norte particular y que, en la tierra de la libertad, la única que vale es la suya”, apostilla.

El diagnóstico sobre el uso que Ayuso y Ossorio han dado a la Mesa en estos años es idéntico en ambos partidos. “Es proteger a la presidenta, que tiene muchísimos frentes abiertos, el nivel de vida cañón que lleva sin justificarlo, tiene que protegerse y la Mesa se ha puesto a trabajar. Ponen a trabajar a toda la maquinaria de la Comunidad en defensa del novio”, argumenta Espinar. “Es una aplicación trumpista de las instituciones que lleva practicando desde que empezó: 'la Asamblea es mi chiringuito y no vais a poder hacer democracia en el parlamento', es muy bestia”, afirma Martínez Abarca.

Más Madrid elaboró un informe el año pasado cuyos datos evidencian que la Mesa de la Asamblea ejerce de cortafuegos con mucha más intensidad que en otros parlamentos regionales. A lo largo de buena parte del año pasado, según este informe del grupo parlamentario, hasta un 30% de las iniciativas fueron inadmitidas, diez veces más que en otros parlamentos regionales.

La presidenta regional no ha podido empuñar el argumento habitual de desacreditar al Tribunal Constitucional por su mayoría progresista –las sentencias han tenido también apoyo conservador– y ha optado por alegar que desde la oposición “plantean preguntas absurdas”. En las próximas semanas la Mesa tendrá que reconsiderar sus negativas. Entre ellas, que Miguel Ángel Rodríguez y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que responder por las amenazas explícitas a elDiario.es por revelar el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta.

El Tribunal Constitucional ha tumbado el veto con el que la Mesa de la Asamblea de Madrid bloqueó varias preguntas de la oposición sobre Miguel Ángel Rodríguez y sus amenazas a elDiario.es tras destapar el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sala segunda, por unanimidad de conservadores y progresistas, estima un recurso del PSOE y entiende que este bloqueo de la Mesa vulneró los derechos políticos de los diputados de la oposición. El pleno tiene pendiente resolver esta semana otro recurso similar de Más Madrid contra otras decisiones de la Mesa que vetaron su petición de constituir una comisión de investigación sobre el caso de Alberto González Amador y sus posibles derivadas.

La Mesa de la Asamblea de Madrid cuenta con una mayoría holgada del Partido Popular que, en la práctica, permite al partido de Ayuso controlar el acceso de cualquier iniciativa. En ese momento gracias a su cuatro miembros encabezados por el presidente Enrique Ossorio y la vicepresidenta primera Ana Millán. El exconsejero Ossorio ha sido acusado en diversas ocasiones por la oposición de ejercer su puesto de presidente del parlamento madrileño de forma partidista a favor de Ayuso, llegando a espetar a los partidos de izquierda: “Mientras ustedes llamen criminales al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tendrán que aguantar que llamen al Gobierno de España ‘banda criminal'”.

El PSOE terminó acudiendo al Constitucional por el veto de este organismo, con los votos favorables del PP y la abstención de Vox, a sus iniciativas sobre las amenazas que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, profirió contra una periodista de elDiario.es después de que este periódico destapara el caso de fraude fiscal de González Amador. Decisiones que salieron de una reunión de la Mesa el 22 de marzo de 2024, poco después de que el medio revelara las amenazas del alto cargo con “triturar” el periódico.

Los socialistas presentaron varias cuestiones, dos de ellas haciendo referencia a estos mensajes. El Tribunal Constitucional, según ha sabido elDiario.es, entiende que el veto de la Mesa a tramitar las preguntas vulneró el derecho de participación política de los diputados de la oposición recogido en el artículo 23 de la Constitución. La Mesa tenía que dar trámite para que eso llegara al pleno, en un debate público, y no convertirse en un muro de contención contra este tipo de iniciativas.

Las quejas y recursos de la oposición contra este veto de la Mesa de la Asamblea regional se han ido sucediendo en los últimos años y mañana el pleno del Tribunal Constitucional, con estos seis magistrados y otros seis más, analizará más alegaciones: las de Más Madrid contra otras negativas similares del organismo a tramitar, por ejemplo, su propuesta de crear una comisión de investigación sobre las derivadas del caso de fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador.

La negativa de la Mesa a permitir la investigación sobre Madrid Network es el último episodio de una dinámica que limita de forma sistemática la labor de la oposición. Convertir un órgano administrativo en un muro político empobrece el debate público y debilita la transparencia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.

En un parlamento democrático, la función de la oposición no es accesoria. Es un elemento esencial del equilibrio institucional: vigila, cuestiona y exige rendición de cuentas. Esa función se sostiene en reglas claras. Cuando esas reglas se alteran y los mecanismos de control se bloquean desde dentro, el deterioro no es solo político: es democrático. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid.

La decisión de la Mesa —con mayoría elegida a propuesta del Grupo Popular— de impedir la tramitación de la Comisión de Investigación sobre Madrid Network, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, representa mucho más que un desacuerdo procedimental. Refleja una tendencia preocupante: la utilización de la Mesa como instrumento para limitar el ejercicio legítimo de la oposición.

Cabe recordar que Madrid Network es una asociación público-privada creada en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre que, bajo el paraguas de la innovación, ha operado durante años como una estructura opaca vinculada al poder político madrileño. Gestionó en 2010 un préstamo estatal de 80 millones de euros para I+D+i, transferido desde la Comunidad de Madrid, destinando, siendo Antonio Beteta exconsejero de la Comunidad su presidente, 1,8 millones a Equipo Económico, la empresa vinculada al exministro Cristóbal Montoro y señalada en un escándalo judicial por contratos y pagos de dudosa justificación. Según la Cámara de Cuentas, desde 2018 no paga sus cuotas de devolución; mientras tanto ha recibido nuevas subvenciones del Gobierno de Ayuso, en tiempos también empleada de Madrid Network, por más de 300.000 euros. Todo esto ha obligado a la Comunidad a cubrir con dinero público, o sea, con dinero de todos los madrileños, lo que debía afrontar esa asociación. El resultado es que ya se han desembolsado más de 51,8 millones hasta 2023, y si sumamos 2024 y 2025 la cifra se acerca a 70 millones.

El recurso de amparo que hemos presentado se apoya en un principio básico recogido en el artículo 23 de la Constitución: los diputados tienen derecho a ejercer su labor en condiciones de igualdad. Ese derecho incluye promover iniciativas de control como las comisiones de investigación, una herramienta común en cualquier parlamento europeo. Es un derecho constitucional, no una concesión.

La solicitud presentada cumplía todos los requisitos formales exigidos por el Reglamento: apoyo suficiente, objeto definido, alcance delimitado y reglas de funcionamiento. La Mesa solo debía verificar esos elementos y permitir su tramitación. No lo hizo. Optó por asumir un juicio político que no le corresponde.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es inequívoca. Desde la sentencia 88/2012 —dictada, además, en un caso prácticamente idéntico en esta Cámara— el alto tribunal sostiene que las Mesas parlamentarias no pueden vetar debates por razones de oportunidad política. Su función es administrativa, no decisoria. La valoración política pertenece al Pleno.

Que la Mesa haya reincidido en esta práctica obliga a reaccionar. Las reglas están para cumplirse, no para reinterpretarse según conveniencia.

El caso de Madrid Network no es una excepción. Durante esta legislatura, la Mesa ha impedido o retrasado diversas iniciativas de control presentadas por los grupos de la oposición. A modo indicativo: preguntas rechazadas por supuestos defectos inexistentes; comparecencias sobre gestión sanitaria, residencias o ejecución presupuestaria bloqueadas durante meses; peticiones de documentación sometidas a dilaciones incompatibles con la función de control; o debates de impulso inadmitidos con argumentos que exceden el marco estrictamente formal.

La suma de estos episodios no responde a un problema técnico, sino a una determinada concepción del poder parlamentario: un espacio donde la mayoría controla no solo lo que se decide, sino también lo que puede discutirse. Ese enfoque reduce el papel de la oposición, empobrece el debate público y debilita la institución.

El Parlamento es, ante todo, un espacio de deliberación. Cuando un órgano interno decide qué asuntos pueden llegar al Pleno y cuáles no, se produce una inversión inquietante del orden democrático: la Mesa sustituye al debate y la mayoría parlamentaria sustituye a las reglas.

Ese desplazamiento no afecta solo al Grupo Socialista. Afecta al conjunto de la ciudadanía, que tiene derecho a que temas de relevancia pública —como la relación del Gobierno regional con una entidad como Madrid Network— puedan discutirse, explicarse y, si es necesario, investigarse.

Un Parlamento no puede permitirse convertir la excepción en norma.

El recurso que presentamos ante el Tribunal Constitucional no busca abrir una batalla institucional, sino restablecer un funcionamiento que nunca debería haberse alterado. Defiende no un trámite, sino un principio: que el control parlamentario corresponde al Pleno y a los grupos, no a la discrecionalidad de un órgano administrativo.

Se trata, en última instancia, de garantizar que el Parlamento madrileño conserve su papel como espacio de transparencia y rendición de cuentas. Porque una Asamblea que limita el control se limita a sí misma. Y una democracia que normaliza los vetos corre el riesgo de habituarse a la opacidad.

El CEO de la empresa Ribera Salud que gestiona el hospital de Torrejón y otros centros públicos de la Comunidad de Madrid defiende en una reunión con directivos “desandar el camino” de reducción de las listas de espera hasta lograr unos beneficios de tres o cuatro millones de euros. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, opera con una identidad falsa dentro del Grupo Quirón, el gigante sanitario al que la Comunidad de Madrid ha pagado durante los últimos cuatro años 5.000 millones de euros, el doble de lo que tenía presupuestado.

Todo se ha conocido en la última semana. La respuesta de la presidenta madrileña en la Asamblea Regional fue hacer una cerrada defensa de las privatizaciones sanitarias, intercalar en su respuesta a la oposición ataques de todo tipo al Gobierno de Sánchez y sus socios y cerrar con un diagnóstico: las críticas a los negocios de su pareja con la principal adjudicataria de la Comunidad de Madrid son machismo.

Hace solo seis días, Ayuso había prometido “erradicar con contundencia” cualquier “mala práctica en el hospital de Torrejón”. Nada de eso está ya sobre la mesa. Las inspecciones exprés de la Consejería de Sanidad en el centro sanitario y sus entrevistas con los actuales gestores han dado como resultado que el centro funciona con normalidad y que no hay ningún reproche que hacer a las instrucciones de quien era su máximo responsable, Pablo Gallart, apartado del puesto desde que estalló el escándalo. Lo más que ha dicho un miembro del Gobierno es que sus palabras fueron “desafortunadas”, según el adjetivo que utilizó la titular de Sanidad, Fátima Matute.

En la sesión de control del parlamento regional, tanto PSOE como Más Madrid han sido hipercríticos con la gestión de la sanidad y han repetido que lo que dice el CEO de Ribera Salud en privado es lo mismo que llevan denunciando años en Madrid: los pacientes convertidos en clientes. No se quedaron ahí. La portavoz socialista Mar Espinar le ha recriminado que la propia Ayuso se lucra con las privatizaciones a través de Quirón y los negocios de su pareja, el comisionista Alberto González Amador, investigado por corrupción en los negocios por la venta de una sociedad a Fernando Camino, presidente de Quirónprevención.

Espinar viene repitiendo en cada Pleno que gracias a los pagos a Quirón, 5.000 millones en cuatro años, el doble de lo que preveían los presupuestos de la Comunidad, “Ayuso vive como dios” y puede disfrutar de un “ático dúplex”. Este jueves lo ha hecho con especial contundencia: “La señora Ayuso con nuestros derechos hace negocios, por eso tiene a Quirón sentado en su consejo de Gobierno [la consejera Matute trabajó durante 20 años en ese grupo sanitario] y por eso lo tiene sentado en el salón de su casa, por eso ahoga presupuestariamente a la sanidad pública pero entrega más de 5.000 millones al principal cliente de su pareja, que hoy sabemos que aunque lo hace con una identidad tan falsa como sus facturas y sus declaraciones de Hacienda, sigue operando para Quirón. Los madrileños seguimos perdiendo calidad en la sanidad pública mientras que usted y la panda de golfos que le rodea sigue viviendo como dios, ahora que vemos las orejas al lobo, cree que el sistema de sanidad público funciona correctamente?”.

En su turno, la portavoz parlamentaria de Más Madrid, Manuela Bergerot, percutió con los mismos argumentos: pagar a empresas privadas por reducir las listas de espera convierte a los pacientes en clientes e hizo un paralelismo con la situación de las residencias, también privatizadas, durante la pandemia y las 7.291 personas “a las que dejaron morir por no tener un seguro privado”. Bergerot recordó que mientras la Comunidad duplica los pagos a Quirón, la pareja de la presidenta cuatriplica el dinero que cobra del gigante sanitario y puso un nombre a todo eso: “cohecho”.

A la hora de las réplicas, Ayuso se deshizo en elogios hacia Ribera Salud: “Las cifras del hospital de Torrejón son muy buenas, atienden a 421.000 consultas externas, 90.000 más que el año pasado, han aumentado sus plantillas, han reducido las listas de espera, los pacientes les dan un 8,5 sobre 10 y estos hospitales de colaboración público-privada tienen los mejores robots, como los Da Vinci para operar, la protonterapia está salvando vidas a jóvenes y niños [...], se emplea la mejor tecnología, la inteligencia artificial”.

Y cuando aludió a Quirón, lo hizo para decir que tiene algunos de los mejores hospitales del mundo y que también opera cinco centros públicos en Cataluña (privatizados durante los gobiernos de CIU pero que hoy gestiona el socialista Salvador Illa) y es contratado por el Gobierno central. Sobre el papel de su pareja en el gigante de la sanidad... Ayuso atribuyó las críticas al machismo. Se lo dijo primero a Mar Espinar, del PSOE: “Con quién duermo, mi sofá, dónde se supone que vivo, son ustedes profundamente machistas”.

A Manuela Bergerot, Ayuso la acusó directamente de vivir del feminismo y en nombre de “las mujeres españolas” aseguró que todas ellas se avergüenzan de esta izquierda y del Gobierno central.

“¿Cómo no dicen nada ante la situación de María Corina Machado, que es la mujer más influyente del mundo libre, a la que ustedes persiguen mientras me juzgan mi vida personal y callan ante los abusos de la Moncloa, las del 'yo sí te creo, yo sí te creo' dicen 'es asqueroso' y no hacen nada porque son cómplices, viviendo del feminismo, viviendo de la mujer. Las mujeres españolas nos avergonzamos de esta izquierda, las mujeres españolas nos avergonzamos de su gobierno, machista, misógino”, clamó Ayuso entre una gran ovación de su grupo parlamentario, que arrancó con la consejera de Sanidad, Fátima Matute, poniéndose en pie y a la que siguió el resto de la bancada popular.

La intervención de Ayuso en la que le preguntaban por la situación de la sanidad pública en Madrid fue la ensalada habitual de los argumentarios del PP, que mezcló a Ábalos, a Koldo, las denuncias abusos contra Salazar destapadas por elDiario.es, y hasta el supuesto fraude del CNIO. Arremetió contra “los señoros machistas de la Moncloa” y concluyó: “Viendo los gustos de los socialistas que están yendo, ¿a quién van a poner a frente del PSOE, a Rocco Sigfredi [un famoso actor porno]? Cuál es el siguiente?”

Y en su último turno remató el balón que le había centrado su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache, quien le preguntó cómo valora su propia política fiscal. La presidenta volvió a presumir de ser “la única región sin impuestos propios”. Luego ella y Pache agotaron el turno entre ataques al Gobierno de Sánchez y a sus socios, como hacen todas las semanas, sin que el presidente de la Asamblea, el popular Enrique Ossorio, exconsejero de Ayuso, llamase a nadie al orden para centrarse en la cuestión, como sí suele hacer con Más Madrid y los socialistas.

A Vox que le había preguntado al inicio de la sesión por las 25.000 viviendas públicas que prometió en 2019, cuando la extrema derecha ayudó a investirla presidenta, frente al candidato más votado, Ángel Gabilondo, le respondió que son el mejor aliado de Sánchez, y que a su portavoz, Isabel Pérez-Moñino, le faltan dos plenos para presentarse en la Asamblea con el pañuelo palestino.

Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para las universidades públicas llegaron este jueves al debate de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid en medio de las reacciones ante el nuevo borrador de la Ley de Educación Superior de la región (LESUC). La Coordinadora de Plataformas de las seis universidades públicas y otras entidades y asociaciones están elaborando ya informes que apuntan a la “inconstitucionalidad de la ley”, según han anunciado en una concentración de docentes, personal universitario y estudiantes frente a la Asamblea este jueves. Prevén hacer “alegaciones en el proceso de la información pública” de esta norma, de la que solo se han conocido borradores hasta ahora, y añaden: “Si se aprueba, acudiremos a los tribunales”.

“Hay múltiples factores por los cuales el nuevo borrador es inconstitucional. Quizás el más grave sea que vulnera derechos fundamentales constitucionales como el derecho de reunión o la libertad de expresión”, ha asegurado Eva Aladro, miembro de la Plataforma. “Establece, por ejemplo, multas por poner una pancarta no autorizada y no dice quién tiene que autorizar la pancarta”.

Además, explica que “vulnera también la autonomía universitaria” al establecer unos “órganos de control nombrados a dedo desde la Comunidad de Madrid. Es inconstitucional porque las universidades tienen sus propios órganos de gobierno establecidos por ley orgánica”. “Toda la ley está hecha para manipular, y para teledirigir. Es ilegal”, añade. Estos órganos de gobierno son los Consejos Sociales, cuyo presidente lo nombra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que se ha encargado en los dos últimos años de emplazar en ellos a hombres afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.

Los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en un incremento del 6,5% respecto a 2025. Sin embargo, Aladro apunta que las nuevas cuentas “no tienen en cuenta la inflación” y el incremento en gastos: “Desde el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Madrid han perdido un 35% de poder adquisitivo”.

Sin embargo, la Plataforma por las universidades públicas madrileñas insiste en que la Comunidad destina menos del 0,5 por ciento de su PIB a los centros “cuando por Ley Orgánica debería invertir un 1%”. “Es la comunidad más rica y la que menos invierte en sus universidades públicas. Es la que menos invierte por estudiante y la que tiene los precios de matrícula más altos”, subraya Alba Lirón, miembro de la Plataforma.

Isabel Díaz Ayuso suele elevar su tono ya de por sí crispado contra sus rivales cada vez que el foco mediático se sitúa en las irregularidades de su entorno. La estrategia se ha repetido esta semana, tras las declaraciones de su pareja, Alberto González Amador, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, durante el juicio contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha evitado explicar o aclarar las mentiras que ambos pronunciaron como testigos obligados a decir la verdad y desde el miércoles decidió encender el ventilador de los improperios contra la izquierda. Ayuso vuelve a hablar de la existencia de un “régimen” en España y, sin más argumentos, considera que el PSOE es “lo peor que ha tenido” el país.

Para romper el silencio que había mantenido al inicio de la semana y lanzar sus primeros ataques, la presidenta madrileña eligió primero el medio de Federico Jiménez Losantos, EsRadio, a donde acudió el miércoles por la noche. Fue el día en el que tres periodistas desmontaron en el Supremo la acusación que pesa contra el fiscal general y uno después de que declararan ante el tribunal su pareja y su jefe de gabinete. “Yo nunca había visto a tantos periodistas faltando el respeto al trabajo de los demás”, afirmó Ayuso, que sin dar nombres habló de “los periodistas del régimen” y dijo que “son verdaderas cargas públicas, no cargos públicos”. “Cobran tres veces lo que yo algunos y no asumen ningún tipo de responsabilidad”, zanjó.

“Necesitáis que esto sea una lucha entre el Supremo y el Constitucional, entre el Supremo y la Fiscalía, entre Génova o entre Sol y Moncloa”, añadió, sin concretar más ni decir a quién se dirigía. Y respecto al juicio al fiscal general, acusado sin pruebas de haber filtrado el correo en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, Ayuso dijo que “siempre” se había hablado del mismo “como el caso de Ayuso”. “Lo único a lo que aspiro es a que se sepa la verdad, que se aplique la ley y se sepa lo que ha pasado aquí. Y asumiré lo que tenga que ser”, añadió. Continuó con la siguiente reflexión: “¿Cómo puede ser que un señor solo con su abogado esté en un lado y en el otro tantos fiscales y periodistas? ¿Cómo puede estar la Moncloa metida por el medio, el jefe de Gabinete y el otro? Es que es un abuso del poder y de las instituciones”.

Prácticamente 24 horas antes de que Ayuso pronunciara estas palabras, tanto su pareja como su jefe de gabinete declaraban ante el Supremo presentándose como víctimas y manteniendo algunos de los bulos que llevan repitiendo en los últimos meses. Si el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo es precisamente porque en marzo de 2024 Miguel Ángel Rodríguez trató de intoxicar a varios medios asegurando que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador cuando en realidad fue lo contrario y que se había frenado “por órdenes de arriba”. Llegó incluso a filtrar un correo electrónico que formaba parte de una cadena para tratar de sostener su argumento que después resultó falaz, tal y como revelaron varios medios, incluido elDiario.es. Durante el juicio ha reconocido que no tenía ninguna “fuente” y era solo una “deducción lógica”.

“Quiero que quede claro que a raíz de la filtración del fiscal general me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es que o me voy de España o me suicido”, llegó a decir González Amador el martes, ante el Supremo. Él, que defraudó a Hacienda más de 350.000 euros y que utilizó facturas falsas para intentar justificar sus cuantiosos ingresos como comisionista en lo peor de la pandemia, en todo momento se presentó como un “ciudadano normal” perseguido por “todo el cuerpo fiscal” por su vinculación personal con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“No hay nadie en España que lo dude (...). Todo el aparato del Estado desde hace cinco años está urdiendo de todo para atacar a una rival política”, afirmó, por su parte, Rodríguez, ante el Supremo. También dijo falsamente que Hacienda “no ha permitido llegar a un acuerdo” a González Amador. Sin ser interrumpido por el presidente de la sala ni por ningún miembro del tribunal, el mismo Rodríguez que cuando elDiario.es publicó las primeras informaciones sobre la pareja de Ayuso amenazó con cerrar este medio de comunicación optó de nuevo por las descalificaciones. “Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de línea izquierdista”, declaró, cuando fue preguntado por las labores de contraste que se hicieron desde elDiario.es. “No le presté más atención porque son unos escandalosos”, añadió en otro momento. “Suelen llamar con cosas que son mentira y que luego no pueden publicar”, dijo, antes de considerar que el intento por confirmar informaciones de este medio es “una bravuconada más de este tipo de prensa”.

Ayuso nunca ha desautorizado a Rodríguez por su maltrato a la prensa, ni siquiera cuando su jefe de Gabinete dijo que iba a “triturar” a este diario en una conversación por WhatsApp con Esther Palomera, adjunta al director. Este jueves la presidenta madrileña evitó dar explicaciones sobre la actitud de su pareja y su jefe de Gabinete ante el Supremo. “Solo están a borrar móviles, al 'no me acuerdo', 'no me consta', siempre obstruyendo la labor de la Justicia y siempre ocultando la verdad”, se limitó Ayuso a decirle a la izquierda durante la sesión de control a su gobierno en la Asamblea de Madrid.

El martes, preguntada directamente sobre si sigue defendiendo que Miguel Ángel Rodríguez no mintió cuando difundió a varios periodistas que era la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo, se negó a responder: “No me van a meter en esta situación, no tengo que ver. Sigo insistiendo en el respeto absoluto al tribunal y el trabajo que está realizando”.

En el parlamento autonómico la presidenta regional repitió algunos de los improperios contra la izquierda que ya había dicho el miércoles. A su juicio, desde el Gobierno “están delinquiendo a tanta velocidad” que ella ya se prepara los plenos “la madrugada del jueves”. El de Pedro Sánchez es, a su juicio, un Ejecutivo “que está carcomido por corrupción”. También habló de ETA. “A mí me parece que la peor de las corrupciones es sobre quien sustenta el pacto de investidura que es con Bildu, con el brazo político del terrorismo en España”. Y sin que nadie la interrumpiera, Ayuso dijo que el del Gobierno “es un proyecto guerracivilista” y “totalitario”. Para la presidenta madrileña el objetivo de la Moncloa es “hacer imposible la convivencia” y “hacer odiosa a media España” de forma que “cualquier delito o corruptela pese menos”.

Ayuso se ha abonado al descrédito de las instituciones prácticamente desde su llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Representa al sector más radical del Partido Popular y, pese a repetir una y otra vez que España es una “dictadura” o que el de Pedro Sánchez es un “proyecto totalitario”, no tiene ningún problema en descalificar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial siempre que tiene oportunidad. Esa estrategia se agrava cada vez que se conocen novedades sobre el caso de su pareja.