Han pasado cinco años desde la celebración del juicio del procés en el Tribunal Supremo y Manuel Marchena ya no ve las cosas de la misma manera. Lo que antes era una quimera o ensoñación en la que la violencia no jugó un papel esencial para el presidente de la Sala Penal del Supremo, que presidió ese juicio, ahora está teñido de elementos violentos y de “adoquines” volando. La sentencia no condenó a los encausados por rebelión, sino por sedición. En el texto del auto que plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, hay múltiples referencias a los “golpistas”, en la línea de las denuncias hechas desde entonces por el Partido Popular y Vox. Marchena ha cambiado el libreto y lo ha ajustado a las necesidades de los que afirmaban que se había producido un golpe de Estado.

La sentencia de 2019 quedó definida en buena medida por el uso de la palabra “ensoñación” para describir el intento fracasado de provocar la independencia de Catalunya desde el Govern de Junts y Esquerra. La gran paradoja es que fue a Marchena a quien se le ocurrió ese término con la intención de aunar las distintas opiniones que se estaban debatiendo en el tribunal. Su objetivo era alcanzar la unanimidad en la sentencia, sin votos particulares discrepantes, lo que le daría más fuerza jurídica de cara a futuros recursos. Luciano Varela puso sobre la mesa la idea de que todo había sido un engaño, mientras que otro magistrado, Andrés Martínez Arrieta, no estaba de acuerdo con esa definición.

Terminó siendo ensoñación. La sentencia admitió que el proceso independentista no tenía ninguna posibilidad de éxito. Los políticos condenados “eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del 'derecho a decidir', no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano”.

Varela lo explicó de forma coloquial en una entrevista posterior en El Mundo en 2020: “Vamos a ver, ¿usted se imagina un golpe de Estado en que le sacan una hoja del BOE (la aplicación del artículo 155 de la Constitución) y acaba todo? Llamar a eso rebelión es una desproporción que minimiza lo que hicieron Milans del Bosch y Tejero. Es una pura performance delictiva que sólo encaja en el tipo de sedición, de ninguna manera en el de rebelión. ¿Qué rebeldes eran esos?”.

La “hoja del BOE” con la que se pone fin a un supuesto golpe de Estado se menciona de esta manera en la sentencia: “La conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas”.

Sobre el uso de la violencia, la sentencia lo tenía claro. Los incidentes violentos producidos fueron sólo eso, incidentes, y no el elemento clave de una conspiración. “La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”. Y así se descartaba una condena por el delito de rebelión, es decir, que hubiera existido un golpe de Estado.

La violencia ha resucitado esta semana a ojos del Tribunal Supremo, unida a las variadas referencias a un golpe de Estado que no aparecía en la sentencia original. Los condenados, “además de delinquir, lo hicieron animados por el propósito de culminar un golpe de Estado”. “La libre y democrática convivencia fue gravemente perturbada en España como consecuencia de un intento, por fortuna fallido, de golpe de Estado”. La respuesta de los demócratas no se rebajó a la de los agresores del Estado de derecho, porque confiaron en el funcionamiento de las instituciones democráticas. “No decidieron, por su parte, desentenderse también del ordenamiento jurídico, respondiendo a los adoquines con adoquines”.

Para oponerse a la amnistía, el Supremo da mucha importancia a la propaganda independentista. “Lo volveremos a hacer”, han dicho algunos de sus dirigentes. Pretenden comunicar a sus seguidores que no han sido vencidos y que en cualquier momento volverán a estar en marcha, no se sabe cómo.

Sus resultados en las últimas elecciones generales y autonómicas han sido peores que en las anteriores. Esquerra ha sufrido una auténtica hemorragia de votos. En las autonómicas de mayo, Junts se quedó en el 21% de los votos. La última encuesta del CEO revela que el rechazo a la independencia se encuentra en máximos históricos (desde que en 2015 se empezó a hacer esa pregunta). Un 53% se opone a la secesión, frente a un 40% que la desea.

La realidad no es tan importante para el Supremo como lo que dicen los dirigentes de Junts y ERC, a diferencia de lo que mantenía la sentencia de 2019. No sólo no piden perdón, sino que “proclaman que no aceptan perdón alguno, que simplemente han vencido y, como machaconamente repiten, amenazan con que lo volverán a hacer”, se dice ahora.

Hace cinco años, no dieron tanta importancia a este tipo de declaraciones. “No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice, lo volvería a hacer”, avisó Jordi Cuixart en la última jornada del juicio en la que los acusados tenían derecho a dirigirse al tribunal. Marchena y los demás magistrados no se sintieron muy condicionados por estas palabras en la redacción de la sentencia.

El auto de 2024 destaca la gravedad de los hechos de 2017, cuando se intentó “alterar por la fuerza de los hechos el orden constitucional democrático”. La sentencia del procés pretendía ajustarse a los hechos reales. Ante el alegato de los fiscales, que llegaron a sostener que “el 27 de octubre, la independencia se consuma en Cataluña y la Constitución se ha derogado en el territorio”, como afirmó Fidel Cadena, el Supremo no se dejó llevar por ese nivel histérico que era habitual encontrar en la prensa de derechas, como ha vuelto a suceder con la ley de amnistía.

“El Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera”, afirmó la sentencia.

Ya lo dijo Luciano Varela en la entrevista: “En ningún momento existió la posibilidad de que Cataluña dejara de ser Estado español. Ni con lo que habían hecho, ni con lo que pensaban hacer”. Una hoja del BOE y todo se vino abajo. Ahora Marchena ha construido una realidad alternativa y ha descubierto el golpismo. Con efectos retroactivos.

Con su decisión conocida este miércoles, la Sala Penal del Supremo ignora los hechos probados de la sentencia de 2019 redactada por la misma sala presidida por el mismo magistrado. Cualquiera diría que hay una élite judicial dispuesta a cambiar sus principios en favor de sus intereses ideológicos y que eso le lleva a utilizar en esta ocasión en nueve ocasiones la palabra 'golpistas', como si se les hubiera aparecido de repente en mitad de una revelación inspirada por el Todopoderoso. Y en el auto incluyen consideraciones evidentemente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de un número reducido de diputados, calcando de esta manera el argumentario del Partido Popular.

Menos mal que la derecha judicial lleva tiempo diciéndonos que su único objetivo es asegurar la independencia judicial.

Primer movimiento en el ámbito judicial tras la aprobación de la ley de amnistía. Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un informe crítico con la norma que pretende el olvido penal de los delitos vinculados al 1-O. En un documento plagado de consideraciones políticas, los fiscales dicen que no ven ‘amnistiable’ la malversación, lo que dejaría fuera de la norma a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Y que, en consecuencia, no procede acordar levantar las medidas cautelares vigentes contra el expresident, contra el que pesa una orden de detención en España. 

La malversación es uno de los tipos penales que, en determinados supuestos, forma parte de las excepciones de la ley. Así, la redacción finalmente aprobada especifica que se incluyen en la amnistía los delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. Esta es la vía que encontraron el Gobierno y sus socios para tratar de blindar los efectos de la ley para este delito concreto. 

Sin embargo, la tesis de los fiscales es que en el caso de Puigdemont, Junqueras y el resto de condenados o procesados por este delito “existió apropiación de fondos públicos y ánimo de lucro, y por ende beneficio o enriquecimiento patrimonial”. A su juicio, hubo un “indudable beneficio patrimonial e incluso enriquecimiento personal” pues los dirigentes del procés entregaron esos fondos a “los terceros con quienes habían concertado la ejecución de todas las etapas y fases del referéndum inconstitucional”.

Así, defienden que realizaron la llamada modalidad “activa” de “apropiación”, en la que el ánimo de lucro debe existir en quien sustrae los bienes. “Fueron ellos quienes se apropiaron de fondos públicos” y lo hicieron “con ánimo de lucro propio, no de terceros”, lo que, a su juicio, implica que hubo “un enriquecimiento personal al poder disponer para sus ilícitos fines de fondos públicos”. Y añaden: “incorporaron a su ámbito de dominio el dinero ocultado y escondido a los ojos de la Intervención del Estado para sufragar los gastos de su proyecto inconstitucional”. 

Por otro lado, los fiscales sostienen que la malversación tampoco puede ser amnistiada porque otra de las excepciones de ley son las conductas que atenten contra “los intereses financieros de la Unión Europea”. En este sentido, defienden que “la malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión”. 

Más allá de consideraciones jurídicas, los fiscales también se permiten en el ámbito político con consideraciones sobre el supuesto respaldo popular a la norma. “La amnistía no formó parte del debate electoral, de modo que la ciudadanía ni fue informada ni fue consultada sobre la misma. No resulta extraño, por ello, que el rechazo a la misma sea ampliamente mayoritario en la sociedad española y que su utilización como moneda de cambio haya generado un clima de crispación y de confrontación en su seno”, dice el informe. La norma ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara y el rechazo de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. 

Aunque sin citarlo, los fiscales afean también el, a su juicio, “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE que “pasó de mostrarse totalmente contraria a la aprobación de cualquier norma que concediera una amnistía (...) a sostener justamente lo contrario en fechas inmediatamente posteriores” a las elecciones del 23 de julio. E incluso se refieren a la frase del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió “hacer de la necesidad, virtud” para defender la amnistía. 

En su informe, que han realizado antes incluso de que se lo solicitara el Tribunal Supremo, los fiscales defienden también que sí se puede aplicar la amnistía a los de desobediencia y desórdenes públicos. Estos cuatro fiscales han participado este jueves en un encuentro con García Ortiz para coordinar la actuación del Ministerio Público ante la aprobación de la ley. También han asistido los dos fiscales jefes de sección de lo Penal del Supremo y el fiscal del Tribunal Constitucional. Está previsto que mañana viernes se reúna con los fiscales superiores de Cataluña.

Los firmantes de este informe son los mismos fiscales que durante el juicio del procés defendieron la acusación por rebelión, esto es, que en el procés se utilizó la violencia y que vieron su tesis fracasada en la sentencia de la Sala Segunda, que preside Manuel Marchena. Los acusados fueron condenados por sedición, la acusación que defendió la Abogacía del Estado, y no por rebelión. 

Una de las cuatro fiscales firmantes es Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado con el Gobierno del PP, que desde su puesto en la Fiscalía del Tribunal Supremo publicó una tribuna contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de la COVID-19. En ella acusaba al poder ejecutivo de “antidemocrático” y de imponer por la puerta de atrás “un verdadero estado de excepción”. Además, el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas señaló en una entrevista a Madrigal como uno de los dos fiscales del Supremo que le presionaron para que informara a favor de las querellas presentadas contra el Gobierno central por la gestión de la pandemia. 

No desviemos el debate. La cuestión que nos ocupa en estos días no es tanto técnica –es constitucional, no lo es; se puede o no se puede– cuanto de justicia material. ¿Es justo amnistiar a los catalanes implicados en el procés? Si uno se ha sumergido en el relato instalado por la práctica totalidad de los partidos políticos durante los últimos siete años contestaría que no, que no lo es. Este es el problema que tiene el PSOE, que asumió el relato de que se trataba de delincuentes y de la defensa de la Razón de Estado casi desde el principio y ahora tiene que virar con una inercia demasiado grande. En el pecado llevan la penitencia, porque si hubieran sido coherentes, si hubieran mantenido al menos un prudente escepticismo respecto a la respuesta penal a un problema que ya había sido resuelto con la aplicación del 155, ahora no se verían como se ven. 

No voy a entrar en la posición de los partidos de derecha y de extrema derecha. España se rompe. Fue Rajoy, con su Fiscalía, quien derivó a la represión penal su ineficacia. Voy al papelón de los socialistas. Todavía en noviembre de 2018, más de 300 juristas, encabezados por los catedráticos de Derecho Penal de 35 universidades españolas, expusieron el grave “error” que suponía el intento de aplicar los delitos de rebelión y sedición a los acontecimientos vividos en Catalunya en 2017. Entre esas firmas las había de expertos próximos al socialismo. Si el PSOE en aquel momento no se hubiera posicionado totalmente a favor del relato que triunfaba en la opinión pública –las banderas, los balcones, los votos– los juristas no se hubieran retirado a sus grutas, los jueces que veían el desastre no se hubieran callado para no enfrentarse al Supremo ni perjudicar su carrera, el debate público hubiera tenido constancia de los problemas jurídicos que existían y ahora no parecería tan descabellado dar marcha atrás. Permítanme recordar que cabemos en un taxi los que a contracorriente seguimos contando cada paso anómalo del procedimiento. Por todas aporto las siguientes columnas de 2017: 'Es un escándalo', 'El Supremo se hace bola', 'Un auto que sonroja', 'No hace maldita falta', 'Puigdemont sorpassa a Maza'... y eso sólo de principio. Se puede hacer un librito con mis textos en este medio denunciando la espuria utilización del derecho penal.

La cuestión es que la impostura, llevada a cabo con aplausos durante siete años, topa ahora con la realidad tanto en Waterloo como en Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de admitir ni más ni menos que nueve recursos contra la sentencia del procés. Europa va a revisar la actuación del Tribunal Supremo del Reino de España. Ya les adelanto que hay cuestiones en las que la justicia española lo tiene mal, como las referidas al juez predeterminado por la ley, la falta de certeza de la norma, la vulneración del derecho de defensa entre otras decisiones jurisdiccionales. No es que sea adivina, es que ya lo denunciamos y lo hubieran hecho también en voz más alta muchos juristas si no hubieran sido devorados por la espiral del silencio impuesta por los políticos. 

El nudo gordiano de la eventual ley de amnistía, que ya se negocia pero que no se conoce ni se reconoce, es que, frente al indulto, la amnistía supone admitir que el sistema obró mal, es decir, que la actuación de la justicia española con los catalanes fue represiva e injusta. Yo creo que fue así, pero insisto que esa no ha sido la apariencia de verdad que el relato político ha instalado. Bien mirado, si la amnistía no reconoce esa injusticia lo acabará haciendo el TEDH. Perdonen, pero llegados a este momento hay togas con nombres y apellidos que acabarán puestas en evidencia. No queda otra. O bien se da la amnistía –que es una enmienda total a su actuación– o bien Estrasburgo se lo frota por la cara. Pensándolo bien, la amnistía podría incluso evitar que fuera Europa la que nos aireara las vergüenzas. 

Hacer virar a un barco muy cargado demasiado rápido es una maniobra peligrosa. Eso exactamente es lo que tienen que hacer desde el PSOE. De hecho, las prisas se acumulan. El próximo día 6 de octubre expira el plazo para que el Reino de España informe al TEDH a través de la Abogacía del Estado sobre el recurso de Jordi Turull, que fue enviado a prisión preventiva entre la primera votación de su investidura como presidente de la Generalitat y la segunda, en la que había probabilidad de que saliera. Aquí se olvidan muy pronto las cosas, pero ese acto fue de una gravedad terrible. ¿Qué va a encargar el gobierno a la Abogacía del Estado que diga antes de que se haya llevado a efecto al investidura de Sánchez? ¿Van a respaldar la postura coherente con la amnistía que negocian o van a insistir en que estaba bien enviado a prisión cuando planean amnistiarlo?

Ahora sabemos bien que Azaña fue detenido y procesado espuriamente. Fue también un octubre de 1934 cuando el fiscal general de la República, a las órdenes de Lerroux, presentó querella contra él en el Tribunal Supremo por un inexistente delito de rebelión en Cataluña. Pareciera que en este país no han pasado ciertas cosas. Los tiempos no son los mismos. Ahora las trampas salen a la luz antes. Ahora estamos en los organismos internacionales y en el club de democracias occidentales. La respuesta constitucional al intento catalán de soslayar la ley era y fue la aplicación del artículo 155 que suponía la grave decisión en democracia de anular la voluntad popular disolviendo sus instituciones. Pareció poco. La cárcel en términos punitivistas y populistas mola más pero, amigos, tiene consecuencias a la larga. Así andamos.

Otra pregunta pertinente, llegados a este punto, consiste en analizar si una amnistía que es justa debe producirse a cambio de unos votos o debe regalarse para restablecer el orden. Cabe preguntarse también si una amnistía justa no debiera ser asumida también por el gran partido conservador, cuyos líderes fueron en realidad los causantes del entuerto. ¡Ay, los relatos! Un relato es una forma corta de ficción. De hecho uno de los escollos de la negociación de ese proyecto de ley de amnistía reside en la exposición de motivos. En una exposición de motivos no caben dos relatos contrapuestos y eso es lo que sucede exactamente con los negociadores. Otro problema de no haber sido fríos, coherentes y serios desde el principio. Ir siempre con la lengua fuera detrás de las encuestas y la opinión pública es lo que tiene. Ahora se encuentran con una parte de su propio partido que no entiende el viraje, porque nunca les han explicado que lo que se obró en los tribunales fue injusto. 

En un lugar o en otro, negociando en Waterloo o sentenciando en Estrasburgo, la verdad aflorará. Ya verán entonces cuánta gente se apunta a ella, cuando sea mainstream. Esos que no saben que ser valiente no es cuestión de suerte. 

Los lectores que me hayan seguido saben que vengo sosteniendo, desde hace mucho tiempo, que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) mediante la cual se condenó a los exmiembros del Govern y a los exmiembros de la Mesa del Parlament por su conducta en los meses de septiembre y octubre de 2017 acabaría siendo anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En realidad, debería haber sido anulada por el Tribunal Constitucional (TC), pero no fue así, aunque la sentencia del TC contiene dos votos particulares, que, en mi opinión, anticipan lo que será la sentencia del TEDH. La mayoría del TC no estimó los recursos de amparo interpuestos por los condenados y, con ello, se agotó la vía judicial en España, abriéndose la posibilidad de recurrir al TEDH.

Parece bastante probable que coincidan en el tiempo el debate jurídico en el seno del TEDH y el debate político en el Congreso de los Diputados sobre la adopción o no de una medida de gracia respecto de los mismos condenados que han acudido en amparo ante la justicia europea.

Se trata de dos debates distintos. En las Cortes Generales no se puede poner en cuestión la sentencia dictada por el TS. Al contrario. Se tiene que dar por supuesto que el TS hizo lo que tenía que hacer y que, sobre esa decisión, las Cortes Generales no tienen nada que decir. Una sentencia, no solo del TS, sino de cualquier órgano jurisdiccional, incluso aunque no sea firme, no puede ser revisada por un órgano de naturaleza política, como son las Cortes Generales, con base en una argumentación jurídica. Eso sí supondría una infracción inadmisible de la división de poderes. Lo que vale para la sentencia del TS, vale exactamente igual para la sentencia del TC.

Esto no se puede perder de vista en ningún momento. Sobre la sentencia del TS respecto de los que eran miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, así como respecto de los presidentes de la ANC y Omnium Cultural, ya se pronunció el Gobierno de la Nación mediante los indultos. Lo hizo políticamente, sin poner en cuestión ni la fundamentación jurídica ni la parte dispositiva de la sentencia que los condenó.  

Lo mismo que hizo el Gobierno lo tienen que hacer también las Cortes Generales. Ningún órgano de naturaleza política puede poner en cuestión la fundamentación jurídica de la decisión de un órgano judicial. Esto vale tanto para el Gobierno como para las Cortes Generales, aunque esta última, precisamente porque es portadora de la manifestación de voluntad del Estado, de la voluntad general, puede llegar más lejos de lo que puede hacerlo el Gobierno. Este puede aprobar un indulto. Las Cortes Generales pueden aprobar una amnistía. El acto del Gobierno puede ser recurrido ante el TS. El acto de las Cortes Generales solo puede ser recurrido ante el TC.

Ahora bien, la justificación política de la amnistía tiene que ser distinta de la del indulto. Las Cortes Generales no reaccionan frente a una petición, como hace el Gobierno cuando aprueba un indulto. Las Cortes Generales aprueban una amnistía motu proprio, porque, dentro de la libertad que tienen para enfrentarse con cualquier problema que afecte a la sociedad, considera que así debe hacerlo. La oportunidad de tomar la decisión es lo primero que se tiene que justificar. Y a continuación, el alcance de la decisión. En el caso de los indultos el Gobierno reacciona siempre frente a una petición individualizada. En el caso de la amnistía las Cortes Generales deciden libremente cuál va a ser el alcance de la decisión que nadie le ha pedido, porque nadie puede pedírselo, que puede afectar a personas que ya han sido condenadas por un órgano judicial, no necesariamente el TS, o que están siendo procesadas o que no están ni condenadas ni procesadas. El indulto es siempre singular. La amnistía puede serlo, pero no lo es casi nunca.

En el caso del procés parece claro que una ley de amnistía supondría una valoración por parte de las Cortes Generales de la forma en que se adoptó por el Gobierno con la aprobación por mayoría absoluta del Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ni el Gobierno ni el Senado se preocuparon de adoptar las cautelas necesarias para que no se trasladara la respuesta al ejercicio desviado del derecho a la autonomía por parte del Govern y del Parlament, del ámbito político al ámbito judicial, porque a partir de ese momento la negociación política para resolver un problema que no puede ser resuelto más que políticamente, se hacía imposible. 

Es la falta de previsión del Gobierno y del Senado al activar el 155 lo que ha creado una situación que dificulta la integración de la nacionalidad catalana en el Estado, generando con ello un problema de gobernabilidad tanto en Catalunya como en España. No se trata ahora tanto de rebajar la tensión, como de resolver el problema. Volver al terreno exclusivamente político, de donde nunca se debió salir. Este es el debate político sobre la ley de amnistía. 

En el TEDH, el debate, por el contrario, tiene que ser un debate exclusivamente jurídico. ¿Se han respetado los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de los órganos judiciales españoles a los condenados por el procés o se han producido condenas con vulneración de alguno o algunos de tales derechos? Este es el interrogante al que el TEDH tiene que dar respuesta. Aquí no puede haber valoración alguna respecto de la decisión de recurrir al artículo 155 de la Constitución. 

¿Perdería su objeto, es decir, su razón de ser, el recurso ante el TEDH si se hubiera aprobado antes una ley de amnistía? ¿Se evitaría con la ley de amnistía una eventual condena del Estado español por el TEDH por las sentencias del TS y TC? Porque quien es condenado es el Estado y no los órganos judiciales que han aprobado las sentencias con vulneración de derechos reconocidos en el Convenio Europeo. ¿Podría formar parte de la negociación de la ley de amnistía la retirada de los recursos por los condenados ante el TEDH?

Con estos interrogantes tendrán que enfrentarse quienes tengan que entablar la negociación política, que no jurídica, en el comienzo de esta legislatura.

El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha decidido confirmar el procesamiento de Carles Puigdemont por malversación y desobediencia después de la reforma del Gobierno que derogó el delito de sedición por el que fueron condenados los otros líderes políticos catalanes. El magistrado instructor de la causa ha decidido rechazar los recursos que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones y las defensas presentaron contra su auto que imputó estos dos delitos al expresident y a Toni Comín y Lluís Puig, dejando la acusación sobre Marta Rovira y Clara Ponsati en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que esta reforma no implica que los delitos atribuidos a Puigdemont, Comín y Puig puedan encajar en una versión atenuada de la malversación y que lo que antes se consideraba sedición ahora se debe considerar desobediencia. Fiscalía y Abogacía del Estado pedían que reconsiderara su decisión y les acusara no de desobediencia sino de desórdenes públicos agravados.

La reforma del ejecutivo central que derogaba la sedición, creaba un nuevo delito agravado de los desórdenes públicos y modificaba también la malversación tuvo una incidencia directa en la causa del procés. La Sala de lo Penal, por su parte, tuvo que adaptar su sentencia que impuso hasta 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición, malversación y desobediencia.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa pasaron a estar condenados en desobediencia en concurso con malversación de caudales públicos. Sus penas de cárcel ya indultadas no se modificaron y tampoco su inhabilitación, lo que mantiene la prohibición del líder de ERC a presentarse a las elecciones en Catalunya en 2025.

En paralelo, el juez Llarena también tuvo que adaptar el procesamiento que pesa desde hace varios años sobre Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes en búsqueda y captura que abandonaron España entre 2017 y 2018, que ya tuvo que ser rebajado de rebelión a sedición después de que el Supremo dictara sentencia. En esta segunda revisión entendió que podían seguir acusados de malversación pero que la sedición debía transformarse en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que los ahora eurodiputados no se pueden ver protegidos por una inmunidad que obtuvieron un año después de su primer procesamiento, y que si en el futuro son encarcelados se les dejará acudir a las sesiones del Parlamento Europeo. Tampoco ven una vulneración de sus derechos en la causa que se sigue contra ellos, por la vía contable, en el Tribunal de Cuentas. “Los dos procedimientos se complementan”, dice Llarena.

La retirada de la sedición el pasado mes de enero ha provocado que el proceso de extradición abierto en Cerdeña (Italia) contra el expresident se haya archivado. El expresident fue arrestado en el aeropuerto de Alguero en septiembre de 2021, pero a las pocas horas fue puesto en libertad. El tribunal italiano consideró que no podía decidir sobre la entrega de Puigdemont hasta que la Justicia europea decidiera sobre su inmunidad.

En un sentido parecido resolvió el pasado mes de enero el juez Llarena, cuando constató que debido a la reforma de Código Penal ya no podía reclamar a los independentistas por sedición, limitando las peticiones de extradición a los delitos de malversación y desobediencia. El juez, sin embargo, dijo que no cursaría una nueva petición de extradición hasta que la controversia sobre la inmunidad estuviera resuelta por los tribunales europeos, algo que podíra no ocurrir hasta finales de año.

“En 15 años en la unidad de medios aéreos nunca había vivido nada igual”. Así se ha expresado este lunes el mosso d'esquadra que iba de copiloto en el helicóptero policial contra el que, según la Fiscalía y la Generalitat, el joven F.L.G. disparó un cohete durante las protestas por la sentencia del procés en 2019. 

Ante la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona ha arrancado el juicio, en el que la Fiscalía pide hasta 9 años y medio de cárcel para el acusado por desórdenes públicos, atentado a los agentes de la autoridad y lesiones leves al mosso que le detuvo. La Generalitat rebaja la pena a los dos años de prisión, mientras la defensa, que ejerce la letrada Mireia San Nicolás, reclama la libre absolución.

Nadie niega que el acusado lanzó un cohete rojo que no llegó a impactar en el helicóptero, pero sí pasó cerca de la aeronave la noche del 16 de octubre en pleno Eixample de Barcelona, durante la semana de disturbios que siguió a la sentencia del procés del Tribunal Supremo. El conflicto en este juicio está en si el disparo tenia intención de dar a la policía. Fiscalía y Generalitat creen que sí, pero la defensa lo niega.

En la sesión de la vista oral se ha visionado el vídeo que acompaña a esta información. El presidente de la sección 5ª, José María Assalit, ha permitido que toda la sala lo viera y no solo los togados que ocupan los estrados. La grabación, muy breve, muestra que el cohete no impactó en el helicóptero sino que estalló y desprendió luces rojas a poca distancia. 

El helicóptero estaba a unos 30 metros del suelo y controlaba los disturbios que esa noche iban reproduciéndose en varias calles del Eixample. “Noté un ruido con deflagración y vibración”, ha relatado el copiloto de la aeronave. Inmediatamente, ha explicado, se retiraron de la zona “por seguridad”.

El mosso encargado de la cámara del helicóptero, que iba en su parte trasera, ha detallado que el piloto tomó altura tras advertir del cohete, pero que la nave “no se desestabilizó” en ningún momento. El piloto y el acusado declararán el próximo martes 15 de noviembre. 

¿Quién vio al acusado disparar el cohete y permite ahora sustentar las tesis de Fiscalía y Generalitat? Dos agentes de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que estaban a pie de calle para contener los disturbios. Con un lenguaje que ha imitado al empleado por los policías y guardias civiles en el juicio del procés para referirse a los votantes del 1-O, los mossos que han testificado este lunes han descrito una “masa” de manifestantes que iba montando barricadas y sembrando el caos por el Eixample.

En la Gran Via entre Bruc y Roger de Llúria, ha detallado un mosso, vio a un hombre con casco y pañuelo amarillo “que salía de la masa” y realizaba dos lanzamientos de cohetes contra el helicóptero mediante un tubo de PVC (como el que habitualmente acompaña a este tipo de cohetes). Ese hombre era el acusado, según su versión. “Pocas veces lo vemos tan claro”, ha remarcado el agente. El perito policial ha ratificado que las huellas halladas en el tubo corresponden al acusado.

Un segundo antidisturbios ha ratificado el relato de su compañero y ha añadido que grabó el segundo lanzamiento de cohete. “Apuntaba directamente al helicóptero”, ha señalado. Este mismo agente fue el encargado de analizar el teléfono móvil del acusado durante la instrucción del caso y no ha tenido reparos en admitir que entre las conversaciones analizadas incluyó una del procesado con su antiguo letrado pese a la confidencialidad que ampara la relación entre abogado y cliente.

Los antidisturbios siguieron al joven hasta que lo detuvieron dos calles más allá de donde habría lanzado el cohete. Pero, según su relato, lo soltaron rápidamente “porque la masa estaba violenta”, en palabras de uno de los agentes. “Por instinto de supervivencia no lo arrestamos al momento, había riesgo de agresiones”, ha terciado su compañero.

El resto de la sesión ha supuesto un desfile de una decena de agentes de los Mossos que poco o nada más han aportado al relato efectuado por sus compañeros. El juicio quedará visto para sentencia el próximo martes.

El Tribunal Supremo ha decidido condenar a Eulàlia Reguant, diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya, a pagar una multa de 13.500 euros. Los jueces consideran que la diputada catalana incurrió en un delito de desobediencia al negarse a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés soberanista, un juicio en el que el partido ultraderechista ejerció la acusación popular y en el que ella compareció como testigo.

La sanción a Reguant es muy inferior a la solicitada por la Fiscalía, que pedía cuatro meses de cárcel e inhabilitación para ella. Explican los jueces que no optan por la prisión “no solo porque la misma es una pena privativa de libertad, sino por las consecuencias accesorias que la misma lleva aparejada”, ya que habría obligado a Reguant a dejar su escaño en el Parlament de Catalunya como pasó en el caso de Alberto Rodríguez. Una multa que suma 13.500 euros, entienden los jueces, es proporcionada y se ajusta “a la capacidad económica de la acusada” por su sueldo de diputada autonómica.

Para los jueces, Reguant no contestó a Vox sabiendo a lo que se exponía y conociendo su obligación de hacerlo. “La actitud de la acusada negándose a cumplir el mandato del tribunal ha sido evidente e inequívoca, clara y patente”, dice la sentencia, asegurando que la parlamentaria de la CUP actuó de manera “obstinada, totalmente meditada y decidida”.

En su cuenta de Twitter, la parlamentaria ha denunciado haberse enterado de su condena a través de los medios de comunicación y ha afirmado que “no contestar al fascismo nunca puede ser considerado un delito”.

La diputada de la CUP en el Parlament catalán fue juzgada el pasado 28 de septiembre ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Reguant justificó ante los magistrados su negativa a contestar a las preguntas de Vox durante el juicio al procés independentista, donde la ultraderecha ejerció la acusación popular. Su actuación, explicó, respondió a “la voluntad colectiva de señalar que aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial, era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y aquel procedimiento”.

La libertad ideológica

El fiscal del caso, Carmelo Quintana, hizo firme su petición de cuatro meses de prisión e inhabilitación por un delito de desobediencia al entender que nada justificaba su negativa a contestar a todas las preguntas como testigo, tal y como obliga la Ley. El abogado defensor de Reguant, Daniel Amelang, por su parte afirmó que ni la sala advirtió de forma correcta a la parlamentaria de las consecuencias de sus actos y que, además, no contestar a las preguntas de Vox fue un ejercicio de “libertad de expresión y conciencia”.

Los jueces entienden que estos argumentos no sirven para su absolución. “Traspasó claramente los límites de su libertad ideológica y de conciencia, y no se estaba ante un ejercicio lícito de la libertad de expresión”, dice la sentencia. Además, entienden los jueces por unanimidad que “no existe un derecho general de desobediencia respaldado por disposición constitucional o legal alguna, por el contrario, el derecho vigente, legitimado democráticamente, tiene efecto obligatorio general y no sólo respecto de quienes estén de acuerdo con él”. Su condena, zanja el Supremo, no viene por su “posicionamiento ideológico” sino por “el deber de colaboración con la justicia, y de respeto al principio de autoridad y al orden público”.

El proceso contra Reguant queda sentenciado en firme después de varias idas y venidas por los tribunales mientras que Antonio Baños, otro testigo que se negó a contestar preguntas de Vox en el juicio al procés, se sentó un día después en el banquillo de los juzgados de lo penal de Madrid acusado del mismo delito. Ambos, además, fueron multados con 2.500 euros por negarse a contestar.

El juicio contra la diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant, ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo con la Fiscalía pidiendo cuatro meses de cárcel para ella por negarse a contestar a las preguntas de los abogados de Vox durante el juicio al procés independentista. En su turno de última palabra, la parlamentaria ha afirmado que su negativa a contestar al partido ultraderechista, que ejercía la acusación popular, respondió a “la voluntad colectiva de señalar que aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial, era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y aquel procedimiento”.

Su defensa ha solicitado su absolución mientras que el fiscal ha hecho definitiva su petición de cuatro meses de cárcel por un delito de desobediencia. Ella ha insistido en el turno de última palabra en que la defensa de Jordi Cuixart también pidió al tribunal la expulsión de Vox como acusación popular. “La respuesta siempre fue una negativa no argumentada”, ha reprochado.

Para Reguant, la presencia de Vox como acusación popular fue “una herramienta más del Estado para construir un juicio político, un elemento más del engranaje represivo del Estado contra personas que defienden el derecho de autodeterminación”, ha explicado. En un momento dado el presidente del tribunal ha cortado a la parlamentaria de la CUP, explicando que “este no es sitio para hacer un alegato de contenido político”.

Ha sido entonces cuando Reguant ha finalizado su última palabra antes de que el juicio quedara visto para sentencia: “Vamos a actuar en conciencia y defendemos el derecho a hacerlo y a desafiar la ley y las autoridades en la base de un sentimiento: el fascismo no puede tener cabida en una sociedad que se pretende justa, ejercer el antifascismo es la base de la democracia y ese es el nuestro argumento para hacer lo que hicimos”.

En su declaración, Reguant ha explicado por qué no contestó a las preguntas de la acusación popular que encarnaba Vox. “Asumir la presencia de aquellos que niegan derecho fundamentales es abrir la puerta, aquellos que no defienden derechos fundamentales es imposible que impartan justicia”, ha dicho a preguntas de su abogado Daniel Amelang. Contestar a sus preguntas sería, ha dicho, “legitimar a aquellos que hacen políticas en contra de la igualdad de género, de las personas, y va en contra de mis principios y valores”. Ha destacado que ella no habría tenido ningún problema en que las preguntas de los abogados de Vox se hicieran a través de una tercera persona como el presidente del tribunal o también otro de los letrados.

Su letrado ha explicado en su exposición final que el suceso protagonizado por Reguant en el juicio del procés no se corresponde con los cuatro requisitos de este delito de desobediencia que le atribuye la Fiscalía: que la orden del Supremo fuera expresa, que se hiciera dentro de sus competencias, que se hiciera revestida de formalidades legales y finalmente que la negativa de Reguant a obedecer fuera contumaz.  “La actuación de la acusada fue un ejercicio de la libertad de expresión y conciencia que no merece reproche penal alguno”, dicho.

“La existencia de ese mandato resulta cuanto menos dudosa. Ella creía fervientemente que responder a las preguntas de Vox podía suponer un menoscabo en su dignidad personal y el presidente de la sala no indagó más, en ningún momento se advirtió de las consecuencias del incumplimiento”, ha especificado el letrado.

“No tenía derecho a negarse a declarar”

El fiscal del caso Carmelo Quintana, después de oponerse a las cuestiones previas planteadas por el abogado de la defensa, ha hecho definitiva su petición de cuatro meses de prisión para Reguant por un delito de desobediencia. “No tenía derecho a negarse a declarar”, ha explicado tras afirmar que Vox era una “parte legítima” del juicio del procés y que, en todo caso, había que proceder “dentro de los cauces legales” pero no negándose a contestar a sus preguntas.

También ha afirmado el fiscal que la posición de la política de la CUP es “contradictoria” al tener en cuenta que en el juicio afirmó que no contestaba a los abogados del partido ultraderechista “asumiendo las consecuencias”. “Todos los elementos concurren”, ha dicho el fiscal para solicitar una condena por un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.

La autoridad a la que desobedeció, ha destacado el fiscal, fue el Tribunal Supremo, “el órgano jurisdiccional supremo en todos los órdenes”. Sucedió, además, en “un juicio relevante” y sus alegaciones fueron “de orden ideológico” y “no tenían ninguna consistencia”, según el representante del Ministerio Público.

11 de marzo de 2022. Restaurante Lagareta. Vigo. 

Mandos y agentes de la Policía Nacional se reúnen para rendir homenaje a Iván, un agente de los antidisturbios obligado a jubilarse por las secuelas de las graves heridas que sufrió en los disturbios contra la sentencia del procés en el otoño de 2019. Toma la palabra la máxima autoridad del Cuerpo en la provincia, la comisaria Estíbaliz Palma, quien empieza destacando la figura de la pareja del agente herido y termina por reflexionar sobre las críticas que recibió la Policía por su actuación frente a los manifestantes. “Hubo 48 horas en que parecía que la Policía Nacional se había transformado y, de repente, violaba, maltrataba y no sé qué cuántas cosas hacía más, que ya les gustaría a algunas que las violara un UIP (antidisturbios)”, afirma Estíbaliz, entre risas y bromas. Uno de los presentes les dice a los que grababan con su teléfono móvil: “¡Corta eso!”.

María Estíbaliz Palma Varona es la jefa de la comisaría de Pontevedra desde aquel otoño de 2019, un cargo de libre designación. Ella misma se refiere a su destino previo en la charla ante sus compañeros, a cuyo audio ha tenido acceso elDiario.es. “Yo ahora recordaba que estaba de comisaria en Pozuelo de Alarcón cuando pasó todo esto y ya me iba de Pozuelo y venía para Pontevedra. Pozuelo es una plaza nacional, no republicana. O sea, era un ámbito estupendo cuando dabas una charla. Pero hubo un momento... mis hijos con redes sociales decían: ‘Mamá, ¿qué hace la Policía en Catalunya?’”.

Al trascender los hechos en esta información de elDiario.es, la Dirección General de la Policía ha decidido cesar a Palma como comisaria provincial de Pontevedra, ha avanzado este martes un portavoz de Interior. La destitución ha ido acompañado de la apertura de un expediente que derivará, como está tasado en este procedimiento disciplinario, en una propuesta de sanción o, por contra, de archivo por parte del agente de Régimen Disciplinario que actúe como instructor.

Pozuelo de Alarcón es una de las ciudades más ricas de España y un feudo tradicional del Partido Popular. A esta localidad madrileña se refiere la comisaria Palma hoy en día como “zona nacional”, en alusión al territorio controlado por el bando fascista durante la Guerra Civil. Allí llegó ya siendo comisaria de la Policía Nacional, tras haber ascendido en 2014. Estíbaliz Palma ha aprobado recientemente para comisaria principal, el más alto rango del Cuerpo, y en estos momentos está a la espera de ser convocada al curso previo a prometer o jurar el cargo.

En un momento anterior de su intervención, Palma alaba a la pareja del agente herido. “Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una buena mujer. Y dentro de poco será detrás de una buena mujer hay un buen hombre. O bien otra mujer, o un fluido”. De fondo se oye: “¡elles, elles!”.

La comisaria Palma desempeñó el puesto de secretaria de la Mujer en el Sindicato Profesional de Policía, la organización que representa los intereses de los mandos del Cuerpo. Desde ese puesto y en intervenciones públicas, ha defendido la necesidad de una igualdad real entre hombres y mujeres dentro de la Policía Nacional. elDiario.es contactó con la comisaria antes de publicar la información pero no quiso hacer declaraciones. 

El discurso de la comisaria, en homenaje al agente retirado, no fue el único de una autoridad que se produjo tras la comida, a la que asistieron varias decenas de agentes y mandos de la Policía Nacional. En el mismo restaurante se proyectó un vídeo grabado para la ocasión por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En él, según fuentes presentes, aparece el titular de Interior de pie, apoyado en la mesa de su despacho y mirando a cámara para dirigirse a Iván y decirle que su jubilación por incapacidad “no es una despedida”. El ministro le traslada que siempre será un “ejemplar compañero” y le desea suerte en su nueva etapa vital, junto a su mujer y sus hijos. El vídeo se proyectó antes de que interviniera Palma. 

Jubilado por secuelas del ataque

El 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo anunció su fallo contra los líderes del proceso soberanista que derivó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Las penas de cárcel oscilaron entre los 9 y los 13 años por sedición y malversación, descartada la violencia en los acontecimientos relativos al referéndum y, por tanto, el delito de rebelión. Las protestas pacíficas en Catalunya derivaron en graves enfrentamientos de los radicales con las Fuerzas de Seguridad con la plaza barcelonesa de Urquinaona como epicentro. 

Se contabilizaron alrededor de seiscientas personas atendidas por los servicios de emergencia, de las que 19 requirieron hospitalización. Cuatro jóvenes perdieron un ojo y un quinto un testículo. Una chica fue atendida muy grave por un traumatismo craneoncefálico. Por parte de los agentes, requirieron atención médica 288 de ellos, 153 Mossos d’Esquadra, un guardia urbano y y 134 de la Policía Nacional, entre ellos Iván, conocido entre sus compañeros por su indicativo de la UIP, Raya 32. 

Iván, que tenía entonces 41 años, cayó desplomado bajo una lluvia de piedras y otros objetos que le reventaron el casco. Estuvo en coma durante cinco días y en la actualidad sufre una lesión neurológica que le impide ver correctamente de un ojo. El Ministerio del Interior le concedió en 2020 la jubilación por incapacidad permanente.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos a los nueve líderes independentistas que siguen presos por el procés. Antes de su salida de la cárcel son necesarios una serie de trámites que podrían demorar la excarcelación unas horas o días. La vuelta a la libertad de los condenados por el 1-O podría pillarles ya fuera de la cárcel, habida cuenta de que la mayoría de ellos estarán de permiso a partir de este miércoles por la tarde, coincidiendo con el puente de Sant Joan, festivo en Catalunya. Es posible pues que no haya fotografía conjunta de los indultados saliendo de prisión con el perdón bajo el brazo.

Los trámites burocráticos empiezan tras la aprobación en el Consejo de Ministros de los indultos en forma de reales decretos, que deberán ser firmados por el rey y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) previsiblemente ya este miércoles. Una vez publicados los indultos en el BOE, es el turno del Tribunal Supremo. La ley que regula los indultos, de 1870, establece que “la aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador”, esto es, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

En el caso del procés se publicarán nueve reales decretos, uno por cada uno de los condenados que tienen penas por cumplir: el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La responsabilidad criminal de los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, condenados por desobediencia, ya está extinguida.

En su resolución, que se espera que sea prácticamente inmediata tras la publicación en el BOE,  la Sala encabezada por el magistrado Manuel Marchena hará una nueva liquidación de la condena —es decir, fijará la fecha de la extinción definitiva de las diferentes penas impuestas a cada uno de los condenados— y comunicará a los juzgados de vigilancia penitenciaria la puesta en libertad de los presos, que a su vez se lo remitirán a las cárceles de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses.

Si están de permiso por Sant Joan –algunos solo pasarán fuera la noche de la verbena, pero otros han pedido más días–, los presos tendrán que volver a la cárcel a rubricar su libertad y a recoger sus enseres personales. Si siguen dentro de prisión, la dirección del centro, tras recibir la comunicación del Supremo, hará firmar la excarcelación a cada preso. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha visitado este lunes por la tarde a los presos de Lledoners y ha contactado con los familiares de Bassa y Forcadell para explicar de primera mano los trámites a los presos.

En caso de que los indultos se concreten estando de permiso, algunos de los presos se ahorrarán una fotografía incómoda, la de su salida de la cárcel gracias a una medida de gracia del Gobierno que no pidieron. De hecho, salvo Jordi Cuixart, todos dieron la callada por respuesta cuando el Supremo les preguntó su posición al respecto hace unas semanas. La apuesta oficial del independentismo sigue siendo una amnistía de difícil encaje legal e inviabilidad parlamentaria en el Congreso.

En medios jurídicos cercanos a los presos y a la Generalitat se confía en una plasmación rápida del indulto y que ya puedan celebrar la verbena de Sant Joan en libertad, pero ante todo se impone la cautela. “En teoría debería ir rápido, pero la experiencia con el Supremo nos dice que todo puede salir al revés de lo esperado”, resume una fuente. El escenario de que el Supremo duerma por unos días el trámite de liquidación de la condena para postergar la excarcelación no se descarta, aunque las citadas fuentes recuerdan que iría en contra del derecho fundamental a la libertad.

La Sala de lo Penal, que se opuso a los indultos por la falta de “arrepentimiento” de los independentistas en su informe preceptivo pero no vinculante, no tiene más opción en este momento que acatar la decisión del Ejecutivo, afirman fuentes del Alto Tribunal. Ese informe del Supremo sí cierra la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que esta modalidad sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. Sí existe la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

Con los presos del procés el Gobierno optará por perdonar la pena de prisión y mantener vigente la inhabilitación para ejercer cargos públicos a la que fueron condenados. De hecho, lo más frecuente es que los indultos condonen toda la pena de prisión pendiente de cumplir y es lo que previsiblemente ocurrirá en esta ocasión. No obstante, también existe la posibilidad de perdonar sólo parte de la condena y dejarla por debajo de los dos años, un umbral que abre la puerta a la suspensión aunque la excarcelación no sería inmediata y en ese caso el tribunal sentenciador tendría la última palabra. Posible, aunque improbable, también es que el Gobierno perdone el delito de sedición pero no el de malversación, lo que dejaría en manos del Supremo el cálculo de la condena de los cuatro exconsellers condenados por este delito (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull).

Los recursos de la derecha no frenan los indultos

PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán la decisión de indultar a los presos independentistas. Tendrán que hacerlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pues al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros este es el órgano al que corresponde el control jurisdiccional. En todo caso, al ser el indulto un “acto político”, el Alto Tribunal no puede hacer una revisión jurisdiccional de la decisión de indultar, sino que se tiene que limitar a comprobar si la tramitación —los llamados “elementos reglados”— se ha hecho de forma correcta. 

Los hipotéticos recursos no frenan la ejecución de los indultos, explican fuentes del Supremo. La única vía que tendrían los recurrentes para evitar la excarcelación de los presos sería solicitarlo a través de unas medidas cautelarísimas que obligarían a la Sala a resolver en 48 horas y sin escuchar a la otra parte —en este caso, la Administración— si paraliza o no su ejecución hasta su decisión sobre el fondo del recurso. Las fuentes jurídicas consultadas ven muy improbable esa paralización teniendo en cuenta que se trata de una medida de libertad y que incluso el Supremo ha puesto en duda en el pasado la legitimidad de los partidos políticos para recurrir esta medida de gracia. 

Tras el trámite del Supremo, también estaría abierta la vía del Constitucional. En principio, podrían presentar recurso de amparo alegando una posible vulneración de la tutela judicial efectiva tanto los partidos políticos, en caso de que la Sala Tercera rechazara su pretensión de anular los indultos; como el Gobierno o las organizaciones que han solicitado la medida de gracia, si estos fueron cancelados. No obstante, fuentes del tribunal de garantías sostienen que se trata de un futurible y que habría que ver primero con detalle qué hace el Supremo y también quién presenta los recursos. Para la interposición del recurso de amparo es preciso haber agotado antes la vía judicial previa, así como haber invocado en esta, tan pronto como sea posible, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional.

El caso procés ya está en Estrasburgo. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha presentado este martes su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Tribunal Supremo, el primero presentado ante instancias europeas por uno de los líderes independentistas encarcelados. El exconseller Jordi Turull lo hará este jueves.

El recurso, registrado en catalán, llega 24 horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazaba el recursos de amparo de Cuixart confirmaba la condena a nueve años de prisión y otros nueve de inhabilitación. Como el resto de presos, Cuixart confía en que el voto particular de dos magistrados progresistas del Constitucional, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, sirva para que el TEDH condene a España. En su resolución, los dos magistrados censuraron la condena del Supremo a Cuixart ya que, a su juicio, vulneró su derecho de reunión como líder social, lo que, según los togados, “amenaza con empobrecer” la democracia.

Aunque Òmnium ha rechazado detallar el contenido del escrito ante el TEDH, en su recurso ante el Constitucional Cuixart ya enumeró hasta siete derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que creía vulnerados por el Supremo. El núcleo del recurso se centra en la vulneración del derecho de reunión y a la libertad en que, según Cuixart, incurrió el Supremo al condenarle a nueve años de prisión por convocar movilizaciones “pacíficas” del 20 de septiembre en la conselleria de Economía y el 1 de octubre en los colegios.

El líder de Òmnium también acusa el Supremo de no respetar el derecho a la legalidad penal y de desviación de poder. Además Cuixart ve vulnerado el derecho al juez predeterminado por ley –en opinión de la defensa era el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y no el Supremo el competente para investigar el procés– y a la doble instancia penal, pues la del Supremo ya fue la sentencia firme del caso, así como el derecho a un juez independiente e imparcial.

Los plazos de Estrasburgo

El TEDH no puede volver a juzgar el procés ni cambiar los hechos por los que fueron condenados los presos, pero sí puede decir si el Supremo vulneró los derechos humanos en la causa, lo que abriría la puerta a que los líderes independentistas fuesen indemnizados o a una repetición del juicio, en el que el tribunal debería tener en cuenta las apreciaciones de Estrasburgo.

Recurrir a Estrasburgo exige haber agotado la vía interna de impugnaciones, lo que en el caso de España pasa por la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Constitucional, y que los agravios esgrimidos ante el TEDH hayan sido formulados ante las instancias judiciales que hayan estudiado el caso previamente.

Las demandas de los presos se sustanciarán en una sala integrada por siete jueces, que primero deben decidir si la aceptan a trámite y, posteriormente, entrar a debatir el fondo de la cuestión. Una vez admitida la demanda, el TEDH debe dar traslado a la Abogacía del Estado correspondiente para que exponga sus argumentos ante la demanda.

El tiempo de resolución de la demanda varía en función de si quién la interpone está en prisión, circunstancia que agiliza la sentencia, o si permanece en libertad, lo que puede retrasar varios años el fallo. La demanda a Estrasburgo puede incluir la solicitud de medidas cautelares, incluida la excarcelación de presos, aunque el TEDH es muy restrictivo en concederlas y solo las suele dar en casos de peligro de muerte o amenaza grave para la integridad física, algo que no sucede en el caso del procés.

De esta forma, el indulto que estudia el Gobierno para los presos del procés jugará un papel clave en la rapidez con la que se pronuncie Estrasburgo, habida cuenta de que no es lo mismo esperar una sentencia del TEDH –y más si resulta condenatoria para España– en libertad que en prisión.

El Tribunal Supremo ha emitido este miércoles un informe en el que se opone al indulto a los condenados por el procés ante su falta de “arrepentimiento”, su voluntad de “reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia” y la ausencia de “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. Unos argumentos que el Alto Tribunal no tuvo en cuenta hace 28 años para recomendar el indulto del exmilitar golpista Antonio Tejero.

En 1993, con cinco votos a favor y tres en contra, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se mostró favorable a indultar a Tejero, protagonista del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo hizo, en aquella ocasión, pese a que no existía arrepentimiento explícito por parte del golpista, que además era reincidente, según reconocía el propio tribunal. En su caso, la Sala no aplicó el mismo baremo que la actual, que alega la falta de arrepentimiento de los condenados por el procés para oponerse a la medida de gracia.

Un requisito, el del arrepentimiento, que según fuentes jurídicas no es una condición necesaria para el indulto, si bien es cierto que es habitual que quienes solicitan el perdón gubernamental lo muestren. No ocurre así con los presos del procés, que ni siquiera han solicitado el indulto. Quienes han pedido esta medida para ellos –algo que sí se contempla– ha sido el sindicato UGT y el letrado Francesc Jufresa.

En el caso de Tejero, el Alto Tribunal justificó la falta de arrepentimiento señalando que el exmilitar había afirmado que la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, que solicitó el indulto, actuaba en su nombre y que, según su criterio, eso suponía ya “algún indicio de sumisión y de petición de perdón”. 

Otro de los puntos en común de aquel posicionamiento con el conocido este miércoles es que, a juicio de ambas salas, no existen “razones de justicia” para los indultos. En aquella ocasión, el Supremo consideraba que “la sentencia condenatoria no resultaba penalmente excesiva dados los hechos delictivos perpetrados”. En la misma línea se pronuncia hoy la Sala de lo Penal del Supremo en su informe al considerar ajustadas las penas. Mismo argumento, diferente pronunciamiento. 

En 1993, habían transcurrido 12 años tras el intentona frustrada de Tejero, algo que la Sala valoró al considerar que ya no existía en aquel momento una alarma pública y que la pena había tenido ya “efectos ejemplarizantes”. En cualquier caso, el Supremo, que tuvo en contra a la Fiscalía, sí consideró que debía indultarse al ex teniente coronel por razones de “conveniencia pública” para contribuir “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”. 

El Tribunal Supremo tuvo entonces en cuenta otra serie de factores para mostrarse en su informe favorable al indulto a Tejero. Por ejemplo, el tiempo transcurrido en prisión, la ausencia de determinados beneficios penitenciarios, su buena conducta, que pintó “300 lienzos” o que era “frecuente y periódico donador de sangre”. 

Finalmente, el Gobierno de Felipe González, que sí había indultado a Alfonso Armada con el beneplácito del Supremo, no indultó a Tejero, que salió de prisión en 1996, cuando le concedieron la libertad condicional tras haber estado en la cárcel 15 de los 30 años a los que había sido condenado. Esa puede ser la otra gran diferencia con los políticos presos del procés, que ellos sí sean finalmente indultados, después de que la Moncloa haya allanado el camino para concederles la medida de gracia con alegatos a favor de la “concordia” frente a la “venganza”. 

Los indultos a los presos del procés ya están en manos del Gobierno de Pedro Sánchez con un duro informe del Tribunal Supremo en contra de su concesión. El tribunal que sentenció a los independentistas, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, se ha opuesto a la medida de gracia ya que los condenados no han contribuido a justificar las “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que la justificarían ni han mostrado “el más débil indicio de arrepentimiento”. El informe del Supremo es preceptivo, aunque no vinculante, para el Gobierno, y al ser negativo impide un indulto total.

Solo 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, allanara el camino a los indultos con el objetivo de contribuir a la “convivencia” y el “reencuentro”, el Supremo le responde con los mismos términos, pero para oponerse a la medida de gracia. Destaca el tribunal que los condenados por sedición consumaron un “ataque a la paz pública y a la resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia” del que no solo no se arrepienten, sino que proclaman que “lo volverían a hacer”. Según el Supremo, los presos quieren “reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia” y no presentan “una voluntad de reencuentro con el orden jurídico” que menoscabaron, lo que convierte el indulto en una “solución inaceptable” para extinguir sus penas de cárcel.

Más allá de rechazar el indulto, el Supremo se adentra en defender el cumplimiento de las penas de prisión que impuso a los líderes soberanistas. “Una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores”, razona la Sala.

Además de las veladas críticas al Gobierno, el informe del Supremo contiene contundentes ataques contra los presos, las cárceles catalanas y los particulares que solicitaron el indulto, como el sindicato UGT o el letrado Francesc Jufresa. E incluye una respuesta a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que criticaron por “desproporcionadas” las altas penas de cárcel en su voto particular contrario a la mayoría de togados que sí avalaron la condena por sedición. Según el Supremo, el argumento de que la sedición no puede ser sentenciado con penas tan altas “conduce al absurdo” ya que es un delito grave que no solo castiga el “desbordamiento de los límites el orden público” sino un “ataque” a la “solidez de los que se asienta la convivencia democrática”.

Crítica a Jordi Cuixart y a los presos

Solo el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, respondió la petición que hizo al Supremo sobre si quería el indulto para decir que priorizaba la amnistía y que “lo volvería a hacer”. Los presos de Junts y ERC dieron la callada por respuesta al entender que el Supremo realizaba con su pregunta una maniobra política. Para el tribunal, las palabras de Cuixart expresan “una actitud antidemocrática” en la que “la propia conciencia” de cada ciudadano “autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia”. El Supremo tilda de “grave” la reivindicación de Cuixart de que volvería a llamar a manifestarse ante la conselleria de Economía y a defender los colegios el 1-O, pues recuerda el tribunal que las movilizaciones del otoño soberanista de 2017 “ni fueron pacíficas ni fueron democráticas”.

Respecto a los condenados que guardaron silencio, el Supremo critica que su “indolencia o indiferencia, aparente y puramente fingida o real” les sitúa “a las antípodas” de la actitud que “cabría esperar” de alguien que aspira a ser indultado. Les afea además que se presenten como “presos políticos” cuando llamaron a una “movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, voltear el funcionamiento de las instituciones e imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus ciudadanos”. Ante su falta de respuesta, agrega el tribunal, las razones de justicia o equidad que respaldarían extinguir parcial o totalmente las penas de prisión “pierden cualquier justificación”.

En línea con las críticas a la administración penitenciaria catalana de anteriores resoluciones, el Supremo arremete contra las cárceles donde cumplen condena los líderes soberanistas, que expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto. Acusa el tribunal a las cárceles de unificar “de forma contumaz” el tratamiento penitenciario a todos los presos, cuando lo pertinente hubiera sido individualizarlo por cada penado, lo que “ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo que sería titular del derecho al indulto”. Y a los particulares que solicitaron el indulto el Supremo les reprocha que plantearan sus peticiones como una vía para “corregir la injusticia” de la sentencia del procés, un motivo que no contempla la ley para conceder la medida de gracia.

La ley impide las “medidas de autoindulto”

Con el informe del Supremo, la pelota de los indultos vuelve al tejado del Gobierno nueve meses después de que el Ejecutivo iniciara su tramitación. Al igual que el tribunal, la Fiscalía lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa del procés. El Supremo se refiere al informe de los fiscales en un aspecto que puede tener trascendencia ante los recursos en contra de su concesión anunciados por el PP y la extrema derecha. Argumentó la Fiscalía la ley del indulto prohíbe concederlo a los ministros del Gobierno, algo que el Ministerio Público creía extendible a los exconsellers de la Generalitat. El Supremo “coincide” con los fiscales en que la ley impide “medidas de autoindulto” a los miembros del Ejecutivo, aunque también “constata” que la analogía entre ministros y consellers que hace el Minsiterio Público “podrían ser valoradas desde la singular perspectiva” del caso del procés, en el que algunos de los aspirantes al indulto, recuerda el tribunal, son líderes políticos de partidos que “hoy por hoy garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio de la medida de gracia”.

En cambio la Sala de lo Penal del Alto Tribunal no hace mención alguna al informe de la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O, lo que alargó todavía más los trámites.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el 30 de marzo su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Con el trámite del Supremo completado corresponde ahora al Ministerio de Justicia elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto sobre los condenados, que llevan ya más de tres años en prisión.

La primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos de amparo de los condenados por el procés incluye una respuesta a los jueces belgas, que cuestionaron la competencia del Tribunal Supremo para investigar y enjuiciar el proceso soberanista. El tribunal de garantías considera que el razonamiento de la Justicia belga “no obsta” para alcanzar una conclusión opuesta, pues a juicio del Constitucional el Tribunal Supremo sí era el competente para juzgar el procés y no se quedó con la causa de forma “arbitraria” ni “irrazonable”.

Los jueces belgas, asumiendo por primera vez una de la tesis de las defensas de los líderes del procés, concluyeron que el Supremo se atribuyó la competencia para juzgar el proceso soberanista sin una base jurídica “explícita”. “Sin un texto legal explícito al efecto, el Tribunal Supremo no se puede considerar como el órgano judicial establecido por la ley” para juzgar el procés, rezó la sentencia del pasado mes de enero por el que la Justicia belga confirmó la negativa a la extradición del exconseller Lluís Puig.

La cuestión no es menor: desde el inicio de la instrucción del caso en 2017, los independentistas alegan que tanto el magistrado instructor, Pablo Llarena, como el presidente de la Sala, Manuel Marchena, han vulnerado su derecho fundamental a ser juzgados por el juez natural predeterminado por ley, que sería el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al ocurrir la mayor parte de los hechos juzgados en la comunidad catalana. Esta vulneración afectaría además, a su juicio, al derecho a la doble instancia penal, pues la sentencia del Supremo no se pudo recorrer al ser el Alto Tribunal la última instancia en el sistema judicial penal español.

En cambio el Constitucional descarta que el Supremo vulnerara los derechos de la exconsellera Meritxell Borràs al juez ordinario predeterminado por la ley, a la doble instancia penal y a la tutela judicial efectiva. Argumenta el Constitucional que el Supremo se quedó con el caso sin apoyarse en “valoraciones o razonamientos que puedan ser calificados como arbitrarios, manifiestamente irrazonables o que sean fruto de un error patente”, por lo que pese a que exista una discrepancia no cabe concluir que se ha vulnerado un derecho fundamental.

Además el Constitucional destaca que la resolución de los jueces belgas no lo vinculan “en modo alguno”, pues es el tribunal de garantías quien debe “delimitar el contenido de los derechos fundamentales y resolver en amparo los casos en que se denuncie su vulneración”. Los argumentos de los jueces belgas, agrega el Constitucional, “no son trasladables” a su análisis sobre la vulneración de derechos alegada por los líderes soberanistas.

Al margen de la respuesta a los jueces belgas, el Constitucional señala que la competencia del Supremo para juzgar el procés está avalada por la “doctrina de la ubicuidad”, aplicable a los casos en que un mismo delito se ha cometido en diversas jurisdicciones territoriales. La sentencia destaca que la competencia del Supremo “tiene una incuestionable base legal explícita” al asentarse la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto de Catalunya, que establece que el Supremo puede investigar a cargos aforados ante el TSJC por hechos acaecidos fuera del territorio catalán. Y en el ordenamiento jurídico español existe una legislación expresa que obliga a juzgar en una misma causa a los responsables de los delitos conexos, como fue el caso de la sedición y la malversación, agrega el Constitucional.

La cuestión de la competencia para enjuiciar el procés ha sido uno de los asuntos que más debate ha generado entre los juristas. El Constitucional avala ahora los argumentos del Alto Tribunal para no derivar el caso al TSJC: la condición de aforados de la mayoría de acusados (que eran diputados en el Parlament o el Congreso), y el hecho de que una parte de los hechos fueron cometidos en el extranjero. En concreto, las transferencias para observadores internacionales del 1-O, que fueron realizadas desde la Delegación de la Generalitat en Bruselas, así como el resto de la actividad exterior del Govern en favor de la consulta ilegal.

Los recursos de amparo ante el Constitucional son un paso imprescindible antes de que los presos del procés puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde tienen puestas sus verdaderas esperanzas. Hasta ahora el Constitucional no ha avalado ninguna vulneración de derechos de los presos del procés durante la instrucción del caso, si bien una minoría de tres magistrados sí se mostraron en contra de la prisión preventiva.

La jueza ha dado la razón a Òmnium Cultural y ha desestimado la demanda que un guardia civil interpuso contra la entidad por usar su voz durante su declaración en el juicio del procés en un vídeo. El agente reclamaba 10.000 euros a la entidad por una supuesta vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen que la magistrada descarta.

El motivo de la controversia era un vídeo del testimonio que prestó el sargento el 19 de marzo de 2019 en el juico del procés ante el Tribunal Supremo, cuando aseguró que durante los registros del 20 de septiembre de 2017 vio “una bandera de Òmnium”. Ante la pregunta de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, sobre cómo era la bandera el guardia civil respondió con una descripción que no se corresponde con ninguna enseña de la entidad. Por eso Òmnium empleó la confusa declaración del sargento en un vídeo para denunciar las “mentiras” en el juicio del procés.

La jueza concluye, en línea con las alegaciones de la entidad, que con la confección del vídeo Òmnium pretendía “expresar su discrepancia en relación con la declaración vertida por parte del agente ahora demandante ante el Tribunal Supremo” sobre un asunto, recalca la magistrada, “de relevante interés general”.

En la sentencia, la magistrada destaca que puede apreciarse “un interés público” en el uso de la voz del guardia civil por parte de Òmnium ya que la entidad la usó “con una finalidad legítima de crítica política”. “Òmnium hizo un ejercicio legítimo de su libertad de expresión sin vulnerar el derecho a la propia imagen del demandante”, zanja la jueza.

La magistrada descarta que Òmnium usara la voz del agente como reclamo del vídeo para ganar socios, tal y como alegaban el sargento y la Fiscalía, que también había solicitado condenar a la entidad y que abonara una indemnización de entre 6.000 y 10.000 euros.

La exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant ha declarado este martes ante una jueza de Madrid imputada por un presunto delito de desobediencia por negarse a responder a las preguntas de Vox en su declaración en el juicio del procés. Reguant, tal y como explicó ante el Tribunal Supremo, ha asegurado que ha trasladado a la instructora su defensa de la “objeción de conciencia” para no responder al partido de extrema derecha, que ejerció de acusación popular en el juicio del procés, pese a la obligación de los testigos de contestar a todas las partes.

“Hemos defendido el derecho a disentir y a enfrentarse a la autoridad porque al fascismo se le combate y no se le puede dar un solo espacio”, ha aseverado Reguant a la salida de los juzgados, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Reguant ha defendido que “actuó en consecuencia” al considerar la acusación popular ejercida por el partido de Santiago Abascal “condicionaba todo el procedimiento judicial”. La declaración de la exdiputada ha durado unos 25 minutos, en la que ha contestado a la instructora y a su abogado y se ha centrado en insistir lo mismo que explicó ante el tribunal del 'procés' sobre el por qué se oponía a contestar a las preguntas de VOX.

Según ha manifestado Reguant ante los medios de comunicación a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, en la declaración ha asegurado que “asumía las consecuencias pero poniendo encima de la mesa que un partido de extrema derecha condicionaba todo el procedimiento judicial”. “Frente a eso la mejor manera que encontramos era actuar a conciencia y por lo tanto no contestar a las preguntas de VOX”, ha argumentado.

Reguant ha comparecido ante la jueza instructora de Madrid por la investigación por un delito de desobediencia abierta contra ella y contra el también exdiputado de la CUP Antonio Baños –que declarará por videoconferencia el próximo 18 de marzo–, después de que el alto tribunal dedujera testimonio por no cumplir la obligación que tienen los testigos de contestar a todas las partes. El Supremo también les impuso una multa de 2.500 euros a cada uno.

La exdiputada ha insistido, haciendo suyas las palabras que expresó en el juicio el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que aceptar la presencia de Vox en la vista suponía “omitir la responsabilidad del tribunal para garantizar un juicio justa y aceptar un partido que niega derechos fundamentales”.

Santi Vila (Granollers, Barcelona, 1973) conserva una buena amistad con Carles Puigdemont a pesar de sus diferencias políticas. Su relación con el expresident es uno de los asuntos que trata Vila en su nuevo libro, 'Vencer y convencer' (Península), en el que repasa el juicio del procés, que vivió desde la última fila del banquillo de los acusados, y muestra su receta para que el centro catalanista no independentista salga de la irrelevancia política a la que fue empujado por el proceso soberanista.

En el libro presenta la hipótesis que tenía antes del juicio para superar la situación: una sentencia del Supremo que no agravara el problema y unos políticos que hicieran de bomberos en vez de pirómanos. ¿Cree que se ha cumplido alguna de las dos?

La sentencia ha sido injusta por desproporcionada. Si asumimos, como dice la sentencia, que lo que se intentó fue tensar la cuerda sin llegarla a romper, salta a la vista que las condenas tan altas de prisión son muy desproporcionadas. Y salta a la vista también que en la política hoy continúa habiendo más pirómanos que bomberos tanto en España como en Catalunya. Es urgente desinflamar la situación y que los presos puedan ir saliendo de la cárcel, que ya han pagado bastante. Otra cosa es asumir la responsabilidad política y el rendir cuentas.

¿Puigdemont fue un pirómano?

Yo no creo que Puigdemont fuera un pirómano. Yo estuve en un Govern presidido por un hombre que tensó la cuerda hasta el extremo y se le rompió.

¿Y entonces quién fue un pirómano en Catalunya en 2017?

Pues había muchas actitudes incendiarias continuamente en las redes sociales. Al president Puigdemont le tiraron por el barranco desde las redes sociales.

¿Si no estaba de acuerdo con la vía unilateral, por qué no dimitió con sus compañeros de Govern en julio del 2017 y lo hizo justo antes de la DUI de octubre?

Porque en julio la convocatoria del referéndum era un instrumento más de presión para forzar una negociación.

¿Los pirómanos también están en los actuales gobiernos de Madrid o de Barcelona?

Ahora hemos iniciado una etapa dulce. Veremos lo que dura. Pero es evidente que el 2017 estaba lleno de pirómanos y ahora en cambio con el presidente Sánchez en Madrid y con este inicio de negociación empezamos una etapa más dulce.

Al final la sentencia del Supremo viene a decir lo que usted defendió en su declaración: que todo el procés era un órdago para negociar con el Gobierno.

Sí, efectivamente, la sentencia habla de “ensoñación” y hace suya mi tesis de que lo que intentamos fue tensar la cuerda para forzar una negociación con el Gobierno. Al final la cuerda se rompió porque unos decidieron que no se movían y que no darían concesiones y los otros siguieron adelante igualmente.

¿Le hubiera gustado que Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría admitieran en el juicio que hasta el último momento Generalitat y Gobierno intentaron negociar?

Sinceramente, sí. Tuvimos la mala suerte de que durante el juicio el PP ya estaba en precampaña electoral, por lo que su lema era que con los catalanistas o independentistas no se podía hablar pese a que en 2017 intentaron varias vías de desinflamación.

¿Cree que el expresidente y la exvicepresidenta mintieron al obviar el intento de mediación que sí explicó Urkullu?intento de mediación que sí explicó Urkullu

Hablando en términos religiosos, lo que sí es seguro es que hubo algún pecado de omisión (ríe).

De los otros acusados en el juicio deja bien a Jordi Cuixart y a Carles Mundó, pero revela que al principio de la vista no se llevaba precisamente bien con sus excompañeros de partido.

Sí. Esto cambió con mi declaración. Hasta entonces había la sensación de que yo podía hacer una declaración incriminatoria hacia ellos para exculparme a mí, pero la realidad fue diametralmente opuesta. Yo me comprometí al máximo no solo en buscar mi absolución sino también la del resto de compañeros.

¿Se fue creando una especie de 'solidaridad de banquillo' entre los acusados a medida que avanzaba el juicio?

Sin duda. El primer día todo era frialdad y desconfianza y el último todo era empatía y complicidad.

Su condena de inhabilitación por desobediencia termina el 14 de junio de 2021. ¿Después le gustaría volver a la política?

Yo ya he hecho lo que tenía que hacer: ser alcalde de Figueres, ser diputado y ser casi seis años conseller. Hay pocas personas que resistan tanto en estas circunstancias tan hostiles. Esto es como el servicio militar, yo ya lo he prestado. A mí me gusta mucho la política, me gusta mucho comprometerme con mis tiempos y mi época y por eso en cierta medida yo todavía estoy en activo: escribo artículos y libros, concedo entrevistas, pronuncio conferencias… Creo que no se me puede pedir más. Además hay que dar paso a otras personas, aire fresco.

Se dio de baja del PDeCAT. ¿Militaría o lideraría un partido catalanista no independentista?

Me gustaría poder votar un espacio político centrista, que tenga claro que Catalunya es una nación pero que no descarte encontrar un buen encaje con el conjunto de España. Liderarlo en unas listas, no: mi compromiso político tiene que tener un componente intelectual más que activista.

Formó parte de las listas de JxSí y de un Govern independentista. ¿El procés ha hecho que deje de ser independentista?

En mi etapa en el Govern yo defendía que era un independentista instrumental porque apoyaba esas posiciones en la medida en que no hubiera alternativa y que España no quisiera empezar una agenda de reformas y actualizar un consenso constitucional que en mi opinión se ha roto.

¿La disposición al diálogo del actual Gobierno central le ha hecho abandonar las tesis independentistas?

Evidentemente, yo ya no estaré en el espacio independentista por poco que el Gobierno de España encuentre un encaje para Catalunya y nos permita a los catalanes votarlo y confirmarlo.

Por lo tanto usted no 'lo volvería a hacer'.

Lo que hicimos entonces, seguro que no.

¿Este centro catalanista no independentista tiene espacio electoral? Los intentos de Unió Democràtica de presentarse en solitario no han sido exitosos.

Yo estoy convencido de que sí. Creo que hay centenares de miles de catalanes que se sienten huérfanos, que son inequívocamente catalanistas, que tienen una idea muy clara de Catalunya como nación y que creen que es compatible con ser pragmáticos y posibilistas. En esta familia pongo tanto a los que, como el PNV, creen que esto es compatible con aspirar a que algún día Catalunya sea independiente como los que sencillamente creen que si se respetan las competencias y se resuelven los agravios fiscales y en infraestructuras no hay necesidad alguna de estar todo el día con temas identitarios.

¿En este espacio no hay demasiadas ofertas para pocos votantes? Están Units per Avançar, la Lliga, Lliures...

Este espacio solo conseguirá buenos resultados electorales si van juntos. Tienen que ir todos a la una; si no, no harán nada. También con el PDeCAT.

¿Que el PDeCAT rompiera con Puigdemont y JxCat no provocaría un terremoto en este espacio postconvergente?

El PDeCAT tiene que olvidarse de los planteamientos de confrontación. En algún momento este espacio tiene que buscar una pista de aterrizaje, que pasa también por encontrar una solución para el president Puigdemont y para los presos.

¿Por ejemplo?

¡Los que están en prisión, que salgan! Y para el president Puigdemont hay que encontrar una fórmula vinculada a una idea de amnistía y de reconocimiento de que en el peor de los casos quizás hubo una cierta desobediencia pero que en ningún caso hubo intentos secesionistas, de rebelión y estos disparates que se dicen.

¿Ve posible una amnistía para Puigdemont con la legislación y el escenario político actual?

Bueno, ha habido amnistías más graves vinculadas a antiguos delitos de sangre.

En el libro se define como insolente y temerario, y dice que esto le ha provocado muchos problemas. ¿Cuál ha sido el más grave?

Una cierta incomprensión por parte de mi antiguo electorado, que a veces se ha sentido desconcertado al ver a un personaje tan libre y poco partícipe de la disciplina de partido, y esto ha tenido consecuencias en el sentido de no tener los apoyos que yo hubiera deseado tener. Al final de toda esta experiencia aprendes que más vale rodearte de buenas personas que de amigos y familiares, porque una buena persona, si la tienes cerca, aunque no comparta tus ideas, si cree que es justo ayudarte, te ayuda. En cambio un pariente o un amigo si ve que no puede ayudarte, desaparece.

Uno de estos problemas que describe en el libro fue cuando le presentó la dimisión a Carles Puigdemont y él le avisó de que quedando bien “con los de Madrid” quedaría mal “con los de Catalunya”. ¿Tiene la sensación de que al final ha quedado mal con todos?

No. Solo he quedado mal con los extremistas de los dos lados. En Madrid hay gente que continúa pensando que yo soy un golpista que se asustó al ver la capacidad coercitiva del Estado y en Barcelona los extremistas consideran que les fallé y que en el momento clave no estuve. También hay en las dos ciudades gente centrada y moderada que aprecia la honestidad de lo que hice y la valentía de ser consecuente. Lo fácil en octubre de 2017 hubiera sido seguir la corriente en vez de plantar cara y decir 'señores, nos hemos equivocado y hay que corregir el rumbo'.

¿Mantiene el contacto con Carles Puigdemont después de verle en Waterloo hace unos meses tras recuperar el pasaporte?

Sí, nos hemos visto. Con Puigdemont mantengo una relación en lo personal excelente, de empatía y admiración por la dignidad con la que lleva el cargo, y de discrepancia política evidente: él cree que España es como Turquía y yo no.

En otro momento del libro habla de una persona presente en el juicio del procés y que no identifica que se refiere a Quim Torra como un pobre hombre. ¿Está de acuerdo con la definición?

Con lo que estoy de acuerdo es con que el president Quim Torra es muchas cosas salvo un político. Es un hombre que, supongo que por patriotismo, ha afrontado esta responsabilidad, pero no hace falta ser muy perspicaz para ver que él hubiera estado mucho más a gusto en el rol de activista que en el de president de todos.

¿Torra lo ha hecho peor que Carles Puigdemont?

Nos falta perspectiva para valorarlo...

Hablando de perspectiva, en el libro define a los políticos como olas del mar que se borran los unos a los otros. Pero ni Torra ha borrado a Puigdemont ni Aragonès a Junqueras.

En cierta medida Torra y Aragonès se autodefinen como vicarios de Puigdemont y Junqueras, por lo tanto ellos mismos se reconocen como interinos o suplentes del personaje principal.

También cita una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba en una cena en Madrid en 2013, cuando comentó que el independentismo tenía tres 'Es', la de la ética, la de la épica y la de la estética, mientras que España sólo tenía la 'E' de España. ¿La comparación sigue siendo válida en 2020?

Creo que hoy ya no. El ideal sigue siendo noble y exigente, pero es evidente que el movimiento independentista ha perdido la estética. Y España, en estos momentos, más allá de la 'E' de España, ha vuelto a vincular el proyecto español con la ética. Por ejemplo, con el proyecto de ley de esta semana sobre la eutanasia. En cuanto a la épica, espero que en ambos espacios desaparezca para siempre.

Ha escrito que la monarquía tiene los días contados. ¿Pronostica que Leonor no llegará a reina?

Tiene los días contados por incomparecencia de la propia monarquía. A mí no me importa, me es indistinto e indiferente si Leonor llega a reina. A mí me importa tener un buen Gobierno, no que la forma de Estado sea monárquica o republicana. No vale la pena discutirse mucho sobre esto porque creo que a la mayoría de la ciudadanía le es indiferente que Leonor llegue a reina o no.

¿No se ha planteado denunciar las amenazas que ha recibido por las redes tanto por su posición política como por su orientación sexual?

Pues la verdad es que no porque en la medida en que nunca he visto amenazada mi integridad física, creo que esto va con el oficio. Los políticos tenemos que ser doblemente resilientes en esto y comprender que cuando el ciudadano recibe estímulos y descargas eléctricas continuas que afectan a las emociones, como ha pasado durante el procés, puede acabar siendo víctima de estos planteamientos tan inflamados.

¿Sigue viviendo con la intensidad de quien sabe que morirá mañana, como dice en el libro?

Sí, en la vida estamos de paso y todo va muy rápido. Lo único que podemos esperar de la vida es tener una vida buena, feliz, con un entorno justo y ser leal a tus convicciones más íntimas para ser tú mismo, que es lo que te permite ser feliz.

Carpetazo definitivo a la causa del procés en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por las defensas del ‘procés’, que denunciaron que el juicio y la condena por sedición del Alto Tribunal vulneró varios de sus derechos fundamentales, entre otros la libertad de expresión y de reunión, el derecho al juez predeterminado por ley o el de legalidad penal. Los magistrados niegan las pretensiones de los presos y concluyen que las penas de 13 a nueve años de prisión por sedición son “proporcionadas” al “levantamiento” promovido por los condenados.

Todos los presos coincidían en denunciar que las penas impuestas por el tribunal eran exageradas y vulneraban principio de proporcionalidad de las penas. Los magistrados rechazan las tesis de las defensas y reivindican que las condenas impuestas están vinculadas a la “gravedad” de los hechos cometidos por los líderes independentistas.

“Se propició un levantamiento en modo tumultuario, en plena coordinación con las autoridades autonómicas, que dificultaba o hacía ineficaces resoluciones judiciales, implementaba una normativa autonómica anticonstitucional adoptada y lograba que el referéndum ilícito se celebrara a pesar de la prohibición judicial”, resaltan los togados. “Se daba así paso al desplazamiento del orden constitucional, al menos de manera formal”, continúa el tribunal del procés.

Destacan los togados la “absoluta deslealtad constitucional” de los condenados que llevó a Puigdemont a declarar y suspender la independencia en ocho segundos. “Tal fue la ostensible gravedad del ilícito cometido, que el mando jerárquicamente superior de Mossos d’Esquadra llegó a manifestar que tenía preparado un operativo específico para la previsible detención del President que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal”, agrega el tribunal respecto al plan de Trapero para detener a Puigdemont.

El tribunal reitera que en la causa del procés no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión, otro de los reproches principales de las defensas. “No es posible afirmar que la sentencia condene por convocar manifestaciones pacíficas [...] No hemos criminalizado opiniones y protestas”, insisten los magistrados, que remarcan que las concentraciones en los centros el 1-O no están amparadas por la libertad de reunión porque eran “acciones” que buscaban “conferir una efectividad” a la ley del referéndum, que fue anulada. Sobre las protestas del 20-S, los magistrados describen que los registros en Economía se efectuaron “en una atmósfera de coacción”.

Ambas protestas “conllevaban un levantamiento con el objetivo de implementar una normativa antidemocrática aprobada con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas con representación en la Cámara, de los mandatos y advertencias del Tribunal Constitucional y de la Constitución y el Estatuto”, además de “afectar afectaban potencialmente y de forma mediata a la integridad territorial”.

En sus escritos las defensas alegaban que se había vulnerado el principio de legalidad por la redacción inconcreta del tipo penal de la sedición, algo que también han criticado por su vaguedad organizaciones proderechos humanos como Amnistía Internacional. En pleno debate lanzado por el Gobierno sobre la reforma del delito de sedición, el Supremo niega la mayor y asegura que este tipo penal “no adolece de inconcreción o precisión que impida conocer de antemano el ámbito de lo proscrito”. En otras palabras, que el delito de sedición sí es claro.

“La sedición –argumenta el Supremo– define el comportamiento punible a través de términos que son comprensibles y pertenecen al lenguaje común”, esto es, impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad o el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. El tribunal, en un auto redactado del presidente de la Sala, Manuel Marchena, también rechaza que se haya realizado una interpretación extensiva del delito de sedición, y considera “infundado” el reproche de una distorsionadora ampliación del concepto típico de alzamiento tumultuario.

Como el delito de sedición sí es claro, el Supremo rechaza el argumento del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sobre que su aplicación es “imprevisible” y por lo tanto contrario a la legalidad. El tribunal utiliza para ello la frase de Cuixart convertida en lema independentista: los magistrados sostienen que el “'ho tornarem a fer' [lo volveremos a hacer]” de Cuixart implica que el acusado sí conocía que se le podía aplicar este delito.

La única corrección de la sentencia del procés que acepta el Supremo es el error que cometieron los magistrados cuando identificaron a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa –condenada a doce años de cárcel– como extitular de Enseñanza. Eso sí, el tribunal presidido por Marchena deja claro que se trata de un mero error material “de radical irrelevancia”, ya que los hechos en los que descansa la condena sí están relacionados con la conselleria que ocupaba Bassa. 

De esta forma, el Supremo cierra de una vez por todas la causa del procés, que pasa ahora al Tribunal Constitucional. Los líderes independentistas pueden presentar ante esta instancia recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales, un paso indispensable para que puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, donde tienen puestas sus esperanzas.

“Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de su abuela en un hatillo. Tropezó con la temible Caperucita Roja…”

Anónimo

Si bien dicen algunos psicólogos que es experiencia interesante el contarles a los niños los cuentos al revés, porque fomenta en los niños experiencias en materia de empatía y de las diferentes perspectivas de la realidad, no estoy yo tan segura de que el cuento al revés del Estado de Derecho en el que interesadamente se ha convertido toda la represión penal del independentismo catalán le vaya a sentar nada bien a la democracia. De hecho el cuento al revés ha tenido tanto éxito, y tan acrítico y visceral, que ahora sirve para aprovechar que no vamos despacio y seguir contando mentiras, tralalá.

Vamos a escuchar hasta la extenuación la cantinela de la traición de Sánchez, para contar al revés la odisea que va a suponer revertir los destrozos al Estado de Derecho y de respeto a los derechos democráticos básicos que se han hecho durante los dos últimos años. En mi opinión, Sánchez sí se traicionó a sí mismo y al sistema, en un momento intermedio, entre mayo de 2018 y el verano de 2019, cuando pasó de reconocer que el tipo del delito de rebelión no englobaba lo sucedido en Catalunya y por eso pedía reformarlo para acoger nuevas modalidades de ataque a la Constitución, a decir que veía clarísima la rebelión y después a volver por sus fueros y promover la acusación de sedición por parte de la Abogacía del Estado, al considerar que la rebelión era un escándalo jurídico. Así lo dejó claro el Tribunal Supremo. La rebelión, el golpe de Estado, fue una ensoñación. Una en la que cayeron muchos y a la que sacaron mucho rendimiento político.

El cuento del derecho se lo llevamos relatando algunos dos años. El cuento del derecho habla de cómo, y ustedes lo recuerdan, pasamos de un vértigo nacional y político a la hora de aplicar la coerción estatal del 155 –un artículo diseñado expresamente para un supuesto como el que se dio y refrendado por dos poderes del Estado– a que el tercer poder, que entonces no tuvo cancha, se haya convertido en el paladín del menosprecio de la sacrosanta figura del acta de un electo en una democracia. Antes de disolver una cámara representativa, todos se tentaron la ropa y se aseguraron de que no podía considerarse excesiva la forma de aplicación formada. Los propios socialistas embridaron algunas de las notas de la intervención que el PP quería imponer, como el control de los medios de comunicación, que afectaba también a derechos fundamentales en una democracia. Estábamos todavía en un punto de cordura y de respeto reverencial a la soberanía popular y a los derechos políticos de los representantes y de los representados y ahí se incardina la decisión de convocar elecciones en el mismo momento de la disolución.

Después de aquello, roto el virgo del sacrosanto papel del electo, el cuento enloqueció. Vino a continuación de esa respuesta debida a los graves hechos catalanes, el castigo y el castigo se puso en marcha, desde el Gobierno de Rajoy a través de la enloquecida, y anunciada con bombo y cinco columnas, querella del afanoso Maza. A partir de ahí, el sistema se descoyuntó. No puedo citarles aquí todas las columnas que durante dos años he dedicado a explicar cómo se forzó la jurisdicción, se alteraron las competencias, se modificó el derecho procesal y, a fin de cuentas, se hizo sangrar al sistema para conseguir el objetivo inicial de castigar duramente a los cabecillas de los independentistas. No hubo nada que se interpusiera ante ese objetivo. Nada. A veces ni las leyes.

Aquí me voy a permitir reprocharles el silencio a todos los juristas, a los políticos, a los académicos que vieron cómo se estaba pateando el Estado de Derecho y, tras tímidos intentos como el de los catedráticos de Derecho Penal, pensaron que era más práctico callarse. Ahora está empezando a resucitar alguno de ellos y yo que me alegro.

Roto el virgo, decía, ya la política consistió en querer aplicar el candente artículo por cada bagatela, como si fuera factible estar quitando de en medio a los representantes catalanes hasta que encajara el resultado de las elecciones con lo buscado. Afortunadamente todo esto quedó en vociferios interesados y electorales.

El penúltimo episodio ha sido el del Tribunal Supremo admitiendo que una administración electoral, escindida en dos, pueda decidir, a instancias de dos partidos políticos, desposeer de su acta a un electo que tiene pleno derecho a acudir a una segunda instancia que, de este modo, queda desvirtuada. Y que no concede ni siquiera el aplazamiento contra el criterio del propio fiscal. Ojo, de Pedro Crespo, que no es un mindundi ni sospechoso de nada más que de buen técnico.

La última parte del cuento pasa por convertir en una traición la pretensión de dar la vuelta al cuento perverso para conducir las aguas al lugar del que nunca debieron salir. La desproporción de condenar a 12 años de cárcel por un delito contra el orden público es algo que no se le va a escapar a nadie en Europa. Es una burrada fenomenal. Así que ese delito de sedición decimonónico, ese que a Torres-Dulce le pareció tan injusto para los controladores y que se afinó hasta quedar en multa, debe ser sin duda reformado. Nadie dice que las conductas graves contra el orden público no deban ser castigadas pero desde la multa hasta el encierro por una docena de años hay, sin duda, una gradación que hacer. El orden público es un dios en los regímenes autoritarios, pero en democracia no puede convertirse en una espada de Damocles que amenace la capacidad de protesta de los ciudadanos y eso es lo que ha sucedido con la sentencia de la Sala Segunda, en los términos en los que fue pronunciada.

Las propuestas son variadas y todas de calado técnico y abarcan desde la rebaja de penas hasta la derogación. Es imprescindible redactar un delito contra la Constitución que no sea meramente el de la asonada violenta y militar –uno del siglo XXI– y armonizarnos con Europa respecto al castigo de los delitos contra el orden público. ¿Que esto va a beneficiar a los presos catalanes? Es obvio, puesto que ha sido el mal uso de estos tipos y su aplicación a pesar de ser inadecuados lo que les ha llevado a estar privados de libertad.

Lean, lean el cuento al derecho y lo del derecho va con toda la retranca. Verán cómo normalmente los autores escriben con renglones certeros, lo mismo que los legisladores, y son otros intereses los que les dan la vuelta a las historias.