Los acusados se despiden poniendo deberes a los jueces

Para un preso que está siendo juzgado, es difícil conciliar dos ideas: la defensa rotunda de su inocencia y el respeto pragmático al tribunal, porque a fin de cuentas su destino está en manos de esos jueces y no conviene provocarlos. La mayoría de los acusados en este juicio debía tomar una decisión en la que era la última sesión del juicio que empezó el 12 de febrero. Optaron por la primera y no se quedaron cortos.

Como establece la ley, los acusados –nueve en prisión preventiva y tres en libertad bajo fianza– tuvieron un turno final para pronunciar las últimas palabras. Los primeros disponían de quince minutos y los segundos, de cinco. El objetivo formal era dirigirse al tribunal. Dio la impresión de que eligieron sus palabras pensando en los catalanes que les estaban viendo a través de la retransmisión en directo.

Su mensaje fue que volverían a hacer lo mismo que hicieron en su momento y que les llevó al banquillo de los acusados. Los magistrados escucharon atentamente. No sería de extrañar que algunos de los abogados defensores hubieran preferido que fueran menos agresivos en sus intervenciones, sobre todo en aquellas en las que prácticamente lanzaban un desafío a los jueces.

“No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice, lo volvería a hacer”, avisó Jordi Cuixart. Es muy probable que el tribunal lo diera por hecho y que no se sorprendiera. Pero el expresidente de Òmnium fue más lejos y llegó a retar a los seis hombres y una mujer que tenía enfrente: “Si la violencia policial no consiguió impedir que los catalanes dejaran de luchar por el derecho de autodeterminación, ¿alguien cree que una sentencia lo va a conseguir?”.

Volvería a hacerlo. La sentencia, esa que ustedes tienen que discutir y escribir, no nos parará. ¿Cuál podría ser el último desafío? Dar la vuelta a la foto y colocar a los jueces en el banquillo: “Del resultado de este juicio dependerá la calidad de la democracia en el Estado español”. Son ustedes los que se examinan, no nosotros, vino a decir el hombre al que la fiscalía reclama 17 años de prisión.

Cuixart no fue el único. A lo largo de meses, los acusados han escuchado y a buen seguro respetado los consejos de sus abogados. Ahora les tocaba decidir a ellos. Pensar que fueran a mostrar algún tipo de contrición para buscar la comprensión del tribunal sería absurdo. Como no conocerles o ignorar que varios de ellos piensan continuar dedicándose a la política durante mucho tiempo, desde la celda si es preciso. Otra cosa era pensar que podían retar a los magistrados. “Yo creo que ustedes no tienen una solución para el problema que se les ha venido encima”, les dijo Jordi Sànchez, por tratarse de un conflicto político que no encontrará una resolución en los tribunales, una idea también repetida por varios abogados en sus informes finales. “Pero ustedes tienen la responsabilidad de no agravar la situación política”, continuó Sànchez.

Un acusado de un delito grave se dedica a dar órdenes a un tribunal. Esto no se ve todos los días en el sistema de justicia, aunque ya sabíamos que este no era un juicio convencional.

De la misma forma que era imposible pensar que los acusados fueran a arrepentirse, es poco realista pensar que los magistrados del Tribunal Supremo vayan a sentirse obligados a no ser muy duros con su veredicto por miedo a las consecuencias políticas.

Josep Rull entró en una vertiente mucho más personal con una acusación directa contra los miembros de la Sala de lo Penal. “Con sus resoluciones, con mi encarcelamiento, ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis hijos”, dijo. Y adelantándose a una posible condena por los delitos más graves, emitió un aviso: “No existen suficientes cárceles para encerrar las ansias de libertad de un pueblo”. Como otros, Rull no sonaba como alguien muy preocupado por la posibilidad de ser condenado, en su caso a 16 años de prisión.

Oriol Junqueras fue más sobrio que sus antiguos compañeros del Govern. No gastó todo el tiempo del que disponía y decidió limitarse a reclamar que el conflicto se devuelva al mundo de la política. “Siempre he evitado la mala política que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo y les ha traspasado a ustedes la responsabilidad”, dijo en un tono que sonó más mesurado que el de Turull, Rull, Romeva, Sànchez o Cuixart.

Carme Forcadell fue la única que se centró de forma exclusiva en sus circunstancias personales, en su perplejidad por estar en el Supremo acusada de rebelión, mientras los demás integrantes de la Mesa del Parlament serán juzgados por desobediencia en el TSJC. Forcadell ha sido la pieza útil con la que la Fiscalía ha montado la tercera pata de la presunta rebelión, la parlamentaria, pero las pruebas manejadas contra ella han sido escasas y en algunos casos basadas en testimonios poco creíbles. Eso no reduce en nada su responsabilidad política sobre lo sucedido en 2017, pero la responsabilidad penal es un asunto muy diferente.

La expresidenta del Parlament dijo que ella había hecho lo mismo que sus compañeros de Mesa. “Por ello, creo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, no por mis actos ni mis hechos”.

Justo después de Junqueras, Raül Romeva fue quien inició lo que podríamos llamar las hostilidades. “Se ha buscado a lo largo de todo el juicio escarmentar, castigar una ideología”, denunció refiriéndose al papel jugado por las acusaciones. De forma más teatral, alegó que son muchos los catalanes que de alguna manera han sido juzgados: “En este banquillo, no estamos sentados sólo doce personas. Están sentadas también dos millones de personas”. Pero los que se juegan pasar años en prisión son esas personas, y no todos los votantes del 1 de octubre. También se puede decir que las vidas de muchísimos de los catalanes y sus aspiraciones políticas quedarán condicionadas por el veredicto del tribunal.

Eso resulta indudable. Lo argumentó también Dolors Bassa. Sonó dramática, pero no se equivocaba del todo: “Las generaciones que vienen dependen de su sentencia. No solo determinará lo que yo pueda hacer a partir de ahora, sino que puede ser el principio de una solución para muchas personas”.

Es algo que ha estado muy presente desde el primer día de juicio hace cuatro meses. La sentencia, que se conocerá probablemente en septiembre, no servirá sólo para dilucidar las responsabilidades penales de los acusados por lo que hicieron como responsables del procés. Tendrá además una influencia duradera, imposible de medir ahora, en las relaciones entre España y Catalunya.

El magistrado Manuel Marchena no tenía muchas ganas de extenderse a la hora de dar por finalizado el juicio. “Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia”, se limitó a decir. No necesitaba darse más importancia. El sistema político español está ahora en sus manos y en las de los demás magistrados de la sala. Pueden tomarse el tiempo que necesiten. De hecho, es imprescindible que no tengan mucha prisa.