En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

***

Episodio relacionado: Hasta la cocina de la corrupción: el gran juicio de la Kitchen

***

Episodio relacionado: El Morocho de los cojones 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha introducido nuevas versiones de la operación Kitchen durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Trece años después del operativo, tras varias declaraciones en fase de instrucción y numerosas entrevistas, Villarejo ha dicho que la investigación estaba dirigida a descubrir, y supuestamente encubrir, la supuesta relación del rey emérito, Juan Carlos I, con el tráfico de armas que dirigía un delincuente internacional de origen árabe. “Pino era muy monárquico”, ha dicho sobre el director adjunto operativo de la Policía que ha declarado antes que él.

El comisario jubilado José Villarejo, uno de los principales imputados en la operación Kitchen, ha intentado desvincular este operativo policial ilegal de la información que Luis Bárcenas pudiera tener sobre el Partido Popular y su contabilidad paralela. Ha explicado que fue Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, quien le encomendó a mediados de 2013 mantener una reunión con Eugenio Pino, también acusado y número dos del Cuerpo. Allí le pidieron que entablara contacto con Sergio Ríos, conductor de la familia Bárcenas. Pino también ha señalado a Cosidó en su declaración, pese a no estar investigado y haber declarado ya en el juicio como testigo.

La Fiscalía considera que el objetivo de esta captación era saber si Bárcenas tenía documentación comprometida para el PP que gobernaba entonces. El propio Villarejo dijo en fase de instrucción que buscaban “información nuclear del Gobierno”, pero hoy ha afirmado que en ese momento había sido sometido a “torturas” y que habló con “resquemores”. 

Este lunes, ante el tribunal, Villarejo ha dado una versión distinta y ha afirmado que, en ese primer momento, el objetivo era buscar información sobre viajes que Bárcenas hacía a la “frontera” y sobre “tráfico de armas”. “Era información que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado, decía que tenía información sobre tráfico de armas”. Ha rechazado explicar por qué hay una anotación en su agenda de unos meses previos y que, supuestamente, refleja que habló con un mando de Interior de una “grabación” comprometedora.

El comisario Villarejo ha dicho el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, se aprovechó de la operación Kitchen pese a ser un operativo “legal” para localizar dinero y testaferros de Luis Bárcenas. “Visto lo visto, y a estas alturas, ojalá yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy. Me hubiera hecho mucha ilusión”, ha dicho en respuesta al fiscal Anticorrupción. Ha sido el único acusado hasta ahora que ha accedio a contestar al Ministerio Público.

En la misma línea, Villarejo ha continuado: “El señor Rajoy se aprovechó de esta operación legal y correcta de localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectaba a él pues trincarlo. Lo supe en 2017 y ahora a balón pasado. El secretario de Estado y el ministro fueron engañados por el genio de Rajoy que lo solucionaba todo con Cardhu [prestigiosa marca de whisky]”, ha dicho Villarejo antes de que le cortara el tribunal. Con esta afirmación ha provocado las risas de otros acusados, como ha ocurrido en otros pasajes de la declaración de Villarejo.

Villarejo ha optado por denostar al resto de acusados y al tiempo eximirles de responsabilidad. Por ejemplo, de Pino ha dicho que “no se enteraba de nada; estaba todo el día haciendo dibujitos de los uniformes, de medallas... ”. “Es un gran policía pero el puesto [de director adjunto operativo] le venía grande”, ha añadido.

Como acostumbra, Villarejo ha intentado introducir apreciaciones sobre terceros que no estaban en las cuestiones del fiscal o cuestiones de actualidad. Ha llegado a decir que una grabación por la que le preguntaba el fiscal Anticorrupción procede de “las cloacas del PSOE” cuando el audio fue encontrado en una de sus viviendas. Villarejo ha intentado contraponer la actitud de la fiscal del caso de Leire Díez con la de su compañero del caso Kitchen. “Debe andar en un lío personal el señor fiscal”, ha dicho Villarejo antes de que el tribunal le interrumpiera. 

“No voy a reconocer jamás el contenido de ningún audio porque jamás se me hija permitido una copia de todo lo que me saquearon y la mitad de lo que se llevaron jamás ha constado en las actas”, ha dicho Villarejo.

El comisario jubilado Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía durante la operación Kitchen, ha exculpado en su declaración , uno por uno, al resto de los acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. También se ha eximido a sí mismo de responsabilidad al calificar el espionaje a Luis Bárcenas y su familia como “una operación de inteligencia” ante la información de que el tesorero, desde la cárcel, iba a enviar a Suiza al chófer Sergio Ríos en relación con cantidades de dinero supuestamente ocultas en ese país. Pino ha dicho que la operación Kitchen es un término acuñado por un periodista y que nunca fue un operativo ilegal.

El comisario Pino está considerado el artífice de la brigada política del Partido Popular durante el primer mandato de Mariano Rajoy. En su declaración como acusado –Anticorrupción pide 15 años de cárcel para él– ha contestado únicamente a su abogado ya que el tribunal, a quien había accedido a responder, no ha formulado preguntas. Ha dicho que nunca habló del operativo alrededor de la familia Bárcenas ni con el ministro, Jorge Fernández Díaz, ni con su segundo, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía también pide 15 años de cárcel.

Pino ha asegurado que la operación fue legal y estuvo justificada porque la Policía no podía dejar pasar por alto la información acerca de que Bárcenas iba a enviar a Suiza al chófer. Luego, ha contado, quedó desmentida esa primera información y se obtuvo otra que apuntaba a que el dinero estaba en Paraguay y era gestionado por Ángel Sanchís, antiguo cuadro del Partido Popular, lo que provocó su fin.

Eugenio Pino ha acusado al hijo de Bárcenas de cometer delitos pese a que nunca ha estado investigado. El exDAO ha dicho que el joven dijo viajar a Chile y que él cree que estuvo en países de su entorno, entre los que se encuentra Paraguay. “Yo creo que no se había ido a Chile sino a sitios cerca, a mover cosas...”, ha asegurado Eugenio Pino.

Fue en ese momento cuando él, Pino, ordenó cancelar el operativo sobre la familia Bárcenas al considerar que ya no podía prosperar, con el hijo de Bárcenas moviendo dinero en el extranjero, según su versión, y el coche que iba a salir para Suiza aparcado en un garaje sin haberse movido.

El antiguo número dos de la Policía ha señalado a Ignacio Cosidó, que nunca estuvo imputado, como conocedor de la operación Kitchen desde su inicio. Ha declarado que cuando él tuvo conocimiento por Andrés Gómez Gordo –policía en excedencia al servicio entonces de María Dolores de Cospedal– de que “alguien estaba tocando” al chófer de los Bárcenas, montó una reunión con conocimiento del entonces director general Cosidó. Y que fue este, Cosidó, en una llamada telefónica, con Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín Blas –ambos acusados– presentes en su despacho, quien le ordenó que pusiera a trabajar en ello al comisario Villarejo. Así es como habría empezado la operación Kitchen, según Pino. Luego ha dicho que quien había contactado con el chófer, por su propia cuenta y antes de la impliación del resto, había sido Enrique García Castaño, 'El Gordo', comisario que no está siendo juzgado por problemas de salud.

Se da la circunstancia de que Cosidó ya ha declarado en el juicio como testigo y no puede rebatir las afirmaciones de Pino que, como el resto de acusados, pidió declarar después de los testigos. En la misma línea, el comisario jubilado ha implicado en el conocimiento del operativo “legal” a otros testigos que han declarado durante el juicio, caso del exjefe de la UDEF, Manuel Vázquez, 'Fiti', y del comisario general de Policía Judicial de la época, Santiago Sánchez Aparicio, 'Chati'. Ambos dijeron que habían oído algún fugaz comentario sobre un operativo sobre la familia Bárcenas distinto a la investigación de sus subordinados en la UDEF, pero que no tuvieron más conocimiento de ello.

Pino se ha referido a Manuel Morocho como “el chico” y ha negado que le presionara en sus investigaciones sobre Gürtel, de las que nunca quiso saber nada. El inspector jefe al frente de los casos de caja B y Gürtel, Manuel Morocho, declaró en el juicio que Pino le sobrecargó de trabajo y le envió al nido de la brigada política para que revisara el informe PISA contra Pablo Iglesias, entre otra carga adicional de trabajo.

El exDAO Pino ha dicho este lunes que Morocho no llegó “ni a ver” el informe PISA. En otro momento se ha referido a Pablo Iglesias, sin citarle, como “un personaje” al que hubo que investigar porque había una querella contra él en el Tribunal Supremo. Precisamente ante alto tribunal fue presentado el informe PISA y este lo despreció, como haría después la Audiencia Nacional.

Denuncia una presunta maniobra de Baltasar Garzón

Además, Pino ha denunciado una maniobra del abogado Baltasar Garzón. Ha dicho que se ofreció a defenderle y que se lo hizo saber a través de otro comisario, Jesús Figón, destinado entonces en Brasil. Figón era el agregado de Interior y fue detenido, juzgado y condenado tiempo después por matar a su mujer en el país sudamericano. Fue defendido por el despacho de Garzón.

Eugenio Pino ha dicho que fue asistido en un primer momento por un abogado del despacho de Garzón, Ilocad. El exDAO ha explicado que el bufete decidió después asignarle otro letrado. También ha declarado que no ha sabido hasta la celebración del juicio que ese abogado que tuvo en primer lugar pasó a representar a Enrique García Castaño. Con ese otro abogado, García Castaño empezó a colaborar y señaló a Pino como uno de sus superiores que le ordenó robar los discos duros del PP. García Castño, conocido como 'El Gordo', no está siendo juzgado por motivos de salud.

García Castaño reconoció en fase de instrucción que la operación Kitchen existía, que estaba al margen de la causa judicial contra el PP en la Audiencia Nacional y que él recibió la orden de Pino y del secretario de Estado Martínez de robar los discos duros del PP con presunta información sobre la caja B. Pino ha dicho este lunes que cree que es mentira que García Castaño allanara un local de Rosalía Iglesias en busca de una grabación de Mariano Rajoy y que él nunca supo que había clonado tres teléfonos de Bárcenas, ambas actuaciones reconocidas por el comisario García Castaño, conocido como 'El Gordo'.

Pino ha dicho que García Castaño le fue a visitar ya estando jubilado y que le trasladó un mensaje: “Dice la Fiscalía que no les des tanta caña, que si colaboras ahora con la Operación Cataluña te tratarán bien”. Según ha dicho Pino, García Castaño le trasladó un mensaje de Baltasar Garzón: “Si lo cuentas todo, la Fiscalía tiene para ti una prevaricación”. Aludía una acusación por un delito menor, pero Pino ha añadido que se negó porque es “inocente”.

En el momento de esos hechos, Baltasar Garzón era ya pareja de Dolores Delgado, por entonces fiscal general del Estado. La defensa que el despacho de Garzón hizo de Pino y García Castaño en aquella época fue objeto de polémica por la vinculación entre el abogado y la fiscal general. Después esa polémica se recrudeció cuando Dolores Delgado no accedió a renovar en Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que había impulsado los casos Kitchen y Villarejo.

Uno de los acusados en el juicio de Kitchen, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, pasó en dos años de presidente del sindicato de la escala superior de la Policía a cobrar un sueldo público de 14.000 euros brutos mensuales, como agregado del Ministerio del Interior en Países Bajos durante el Gobierno del Partido Popular. Tal fue la fortuna de Fuentes Gago que consiguió un destino en la misma ciudad del extranjero donde la Policía había destinado unos meses antes a su esposa. Ella era enlace del Cuerpo en Europol, también cargo de libre designación, con una retribución de más de 10.000 euros brutos mensuales. José Ángel Fuentes Gago obtuvo la mayor recompensa de cuantas repartió el Ministerio del Interior a todos los implicados en las maniobras de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

La confusión del término 'brigada patriótica', popularizado mediáticamente, radica en que ignora que sus integrantes, si actuaron por el amor a España, no fueron recompensados únicamente con el amor de España. Los policías, algunos de ellos con una carrera mediocre, engordaron sus cuentas bancarias con destinos en el extranjero, los mejor remunerados. A ello hay que sumar las primas de las medallas 'roja' al mérito, que incrementan en un porcentaje del 10% acumulables su asignación mensual de por vida. Siete de los ocho policías que se sientan en el banquillo de Kitchen fueron condecorados con una de ellas. Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano disfrutaron además de destinos en el extranjero.

Este lunes ha sido el turno para los testigos propuestos por la defensa de José Ángel Fuentes Gago en el juicio de Kitchen. El comisario Juan Rueda ha sido propuesto con la intención de descartar irregularidad alguna en el nombramiento de Fuentes Gago. Sin embargo, su testimonio ha evidenciado la discrecionalidad de un sistema aprovechado para repartir recompensas.

Rueda fue subdirector general de Relaciones Internacionales y ejercía de secretario de la Comisión de Destinos en el Exterior. El testigo ha explicado: “Cada Cuerpo [Policía y Guardia Civil] nos mandaba un listado de todos los candidatos que habían solicitado ese puesto y sus currículums. No obstante, la Dirección nos mandaba una terna de los tres que consideraba más idóneos”. El comisario ha añadido: “Si en la comisión no nos parecía que eran idóneos podíamos analizar los currículums de los compañeros que habían solicitado esa plaza”.

Los abogados no han preguntado a Rueda si en alguna ocasión desoyeron las recomendaciones de “la dirección”. Sin embargo, el comisario ha tenido que precisar quién representaba a esa “dirección”. “¿Entiendo que se refiere al director adjunto operativo (DAO)?”, le ha preguntado el abogado del PSOE. “Sí, porque el director general estaba en la comisión”, ha respondido Rueda. Traducido al lenguaje de Kitchen: Ignacio Cosidó, que se ha librado de la imputación, participó como director general de las recompensas de los destinos en el extranjero. Y quien los promovía no era otro que Eugenio Pino, DAO de la Policía entonces y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel por la operación Kitchen.

El comisario Juan Rueda ha olvidado comentar que, en ocasiones, ni siquiera llegaban tres recomendados por Pino y que solo había un nombre en la lista. Fue el caso del acusado en Kitchen Bonifacio Díez Sevillano, quien había ejercido de mano derecha del DAO hasta que este le recomendó en exclusiva para el puesto de agregado de Interior en México, donde se embolsó 11.000 euros netos al mes hasta que fue cesado con el cambio de Gobierno. Ocurrió igual con Jesús Vicente Galán, jefe de seguimientos en Asuntos Internos cuando la Unidad se implicó en el espionaje a Bárcenas. Galán solo ha comparecido como testigo en el juicio. Su destino, con una retribución similar, fue Mauritania.

El acusado José Ángel Fuentes Gago ejerció de presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Conjurado entonces para acabar con la “politización” del Cuerpo por los socialistas, Fuentes Gago comenzó a colaborar estrechamente con Ignacio Cosidó, aún con el PP en la oposición. Fuentes policiales elevan su influencia hasta el punto de que los dos nombramientos más relevantes de la Policía con el siguiente Gobierno fueron susurrados por él: Eugenio Pino, como número dos, y Enrique Barón, comisario general de Información.

Fuentes Gago aguantó en el sindicato hasta la primavera de 2013. Entonces se incorporó a un puesto en Policía Judicial de Cantabria. En enero de 2014 pasó a ser letrado de la Jefatura Superior de esa comunidad autónoma. Las acusaciones sospechan que el destino en Santander era una cobertura formal a su trabajo real, como 'hombre para todo' de Eugenio Pino en constantes viajes a Madrid. Su defensa intenta demostrar que cuando se desarrolló el núcleo de la operación Kitchen, en el verano de 2013, Fuentes Gago no estaba en la capital.

La comisión del Congreso de los Diputados sobre el uso partidista de la Policía concluyó que el Gobierno había hecho un uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo en el Cuerpo con el fin de esconder los verdaderos destinos los agentes dedicados a espiar a la oposición. La documentación recabada por los diputados sirvió para concluir que Fuentes Gago estuvo destinado en Casa Real entre el 13 de enero y el 8 de octubre de 2015. En realidad, el policía nunca pisó la Zarzuela, pero en esos meses viajó en ocho ocasiones a Cataluña, en pleno apogeo de la guerra sucia a los separatistas.

El uso irregular del catálogo de puestos de trabajo en la Policía apareció de forma reiterada en el interrogatorio de la comisión de investigación a Pino. El DAO despachó las preguntas con displicencia hacia los diputados. Ante ellos aseguró que esa práctica entraba dentro de la normalidad más absoluta del funcionamiento de la Administración. Es más, aseguró que destinó a Casa Real a Fuentes Gago porque algunos sindicatos y el PSOE se habían quejado de los 16.000 euros en dietas que costaba tenerle en Madrid cuando su destino era un puesto anodino en Santander.

José Ángel Fuentes Gago estuvo destinado en La Haya hasta que hubo un cambio de Gobierno. Fueron casi tres años en los que pudo embolsarse alrededor de medio millón de euros de fondos públicos, gastos aparte y sin contar lo que percibía su mujer, a la que también había enviado a La Haya el Gobierno del PP.

“Con un mandato” de Rajoy

Durante su destino como representante del Ministerio del Interior en Países Bajos, Fuentes Gago viajó a Nueva York a reunirse con un exministro de Hugo Chávez para que firmara una declaración dando por buena una fotocopia de unos supuestos pagos a fundadores de Podemos. En la grabación de esa reunión se le oye decir que si Podemos no llega al Gobierno, “mejor para todos”. También confiesa a su interlocutor que ha viajado hasta allí “con un mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la lista de servicios al Gobierno del Partido Popular, Fuentes Gago aparece como el muñidor de la entrevista entre el director de Antifrau, Daniel de Alfonso, y el ministro Fernández Díaz, en la que se aborda la operación Cataluña. O el informe que exculpó de cualquier irregularidad al comisario Villarejo después de que El País publicara que el policía tenía 12 sociedades en paraísos fiscales.

Fuentes Gago fue destinado a un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid cuando el PSOE llegó al Gobierno. Allí permaneció hasta abril de 2021. Entonces, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que presidió le liberó para ejercer la actividad de defensa laboral de los agentes. Unos meses después, en septiembre, la Dirección de la Policía le suspendió de empleo y sueldo por su procesamiento en Kitchen. Su recurso por la vía contencioso-administrativa no prosperó. En la actualidad trabaja en una academia para la formación de opositores a la Policía.

No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha reaparecido públicamente para conceder una entrevista, la primera después de obtener la libertad condicional en su condena de 12 años de prisión, y se ha referido a la operación Kitchen, el dispositivo del Ministerio del Interior para intentar sabotear el caso de la caja B del PP “como una auténtica aberración” cometida contra personas inocentes, en referencia a su esposa, Rosalía Iglesias, y a su hijo Guillermo.

“El caso Kitchen, lo que demuestra, es hasta que punto creen en el Estado de Derecho las personas que estaban encargadas de esas funciones en esos momentos [en el Ministerio del Interior]. Es absolutamente impresentable el uso de recursos públicos para perseguir, a ya no hablo de mí, hablo de mi familia, a ciudadanos absolutamente inocentes, a mi hijo a mi mujer... con un despliegue de policías inmenso, pagando, según está acreditado en informes policiales y se determinará en el juicio, con fondos reservados. Una auténtica aberración, una auténtica barbaridad”, ha dicho Bárcenas en el podcast del abogado Miguel Durán, amigo del ex tesorero.

El juicio por la operación Kitchen está previsto que comience el próximo 6 de abril y en el banquillo se sentarán el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y el DAO de la Policía Eugenio Pino, a los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel. Estarán acompañados de un grupo de mandos policiales, integrantes de la brigada política que actuó al servicio del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En el juicio, Bárcenas y Rosalía Iglesias actúan como víctimas de aquella operación y ejercen la acusación particular.

En un momento de la entrevista, Durán pregunta a Bárcenas por el “falso cura” que asaltó su domicilio en busca de documentación del Partido Popular y que murió en la cárcel sin haber prestado declaración en el marco del caso Kitchen por las consecuencias de un ictus que había sufrido. El ex tesorero del Partido Popular ha enmarcado el asalto del “falso cura” como parte de la Operación Kitchen y ha dicho que el juicio determinará lo que ocurrió, después de que los principales acusados se hayan desmarcado del asalto.

También ha aludido a Sergio Ríos, el chófer de la familia que actuó de espía para la familia y que luego fue recompensado con el acceso a la Policía Nacional a los 42 años. Bárcenas ha explicado que se lo recomendó una persona que trabajaba en seguridad en el Partido Popular, pero que, con posterioridad, recibió el visto bueno de “alguien del Ministerio del Interior” que no ha identificado. “Alguien del Ministerio del Interior me dice que es muy buen chico. Digamos que venía ampliamente recomendado y decidí contratarlo”, ha apostillado Bárcenas.

Bárcenas ha hecho estas declaraciones en el podcast 'Asi te veo yo' en el que Durán realiza entrevistas a personajes relevantes con la colaboración del grupo de comunicación Merca2.

El ex tesorero pasó a disfrutar de la libertad condicional en diciembre de 2024 al haber cumplido los dos tercios de su condena a 12 años de cárcel. La propuesta partió del régimen donde cumplía la condena en régimen de semilibertad y acordada por el juez de Vigilancia Penitenciaria después de que la Fiscalía no se opusiera. Bárcenas suma condenas que ascienden a 33 años de cárcel, pero la legislación penitenciaria permite cumplir, como máximo, el triple de la pena que conlleva el delito más grave de los cometidos.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo gana por agotamiento. Este martes, el policía más famoso de España ha colmado la paciencia del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Pujol con sus divagaciones y chascarrillos cuando la defensa de la familia le preguntaba por si había participado en la obtención ilegal de los datos bancarios de la familia o se había reunido con la actual senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho o la examante del primogénito, Victoria Álvarez.

Primero Villarejo ha alegado su condición de investigado en Andorra por la causa que investiga la Operación Catalunya para no responder. El tribunal se lo ha impedido al tratarse de una causa en otro país. Después ha tirado de comentarios impropios ante un tribunal de Justicia, como cuando ha dicho que desconocía si se reunió con Álvarez (uno de sus socios la animó a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola) alegando que en su vida se había divorciado dos veces y que había tenido “muchas novias”.

“Sus comentarios están fuera de lugar”, ha cortado, rápido ante cualquier intento de Villarejo de implosionar su declaración, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, que ha reprochado en varias ocasiones a Villarejo su actitud y le ha recordado reiteradamente su obligación de decir la verdad, a lo que el comisario jubilado ha replicado con más espectáculo: “Me siento coaccionado por el tribunal”.

La sesión se esperaba con ganas, pero ha servido de poco. Cada parte ha visto confirmada su tesis pese a los pocos detalles que han dado los mandos, en su mayoría imputados en varias causas de corrupción y que serán juzgados este año por el caso Kitchen, el intento de la brigada política del PP de hacer desaparecer pruebas del caso Gürtel.

Cada testigo ha parecido interpretar un papel de una mala película de policías, aunque nada de lo que las defensas de los Pujol han preguntado daba pie a los chascarrillos y evasivas con las que todos ellos han respondido. Se trataba de aportar luz a si hubo coacciones policiales a los banqueros de la BPA para que aportaran los datos bancarios de la familia y si, una vez obtenidos, la brigada política del PP los filtró al diario 'El Mundo'.

La cuestión resulta relevante porque la defensa alega que esa maniobra policial envenena el origen del caso y debe llevar a su nulidad, ya que sin esa portada, el expresident no hubiera confesado. En cambio, las acusaciones desvinculan ambos hechos, y mantienen que la carta en la que Pujol admitió haber mantenido una fortuna familiar sin regularizar durante décadas fue una palanca perfectamente legal para empezar a investigar a la familia.

En la sesión de este martes han testificado Eugenio Pino, exdirector adjunto de la Policía Nacional en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy que fue condenado por adulterar el caso con un 'pendrive' con datos robados de un dispositivo de los Pujol; el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que sigue inmerso en varios juicios por corrupción; y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

Pino ha sido el policía desmemoriado, aunque ha dicho que los dos mandos se arrogaban el “mérito” de haber obtenido los datos bancarios de los Pujol; Villarejo ha jugado un papel retador y charlatán, hasta el punto que el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha subido el tono como hasta ahora no había hecho en el juicio; Martín-Blas se ha presentado como un poli bueno con un papel secundario.

De la misión en Andorra de la Operación Catalunya ya se saben varios extremos. No gracias a ninguna investigación en España, sino por la que comanda una magistrada del principado. En ese procedimiento, Villarejo ha llegado a atribuir al expresidente Mariano Rajoy el origen de las maniobras. En cambio, ante la Audiencia Nacional, ha evitado mencionar a cualquier político (salvo recordar que también trabajo para gobiernos socialistas).

Ninguno ha reconocido (como sí hizo Villarejo en Andorra) el influjo político a la Operación. Más bien todos se han desentendido de la Operación. Villarejo, cuando ha sido preguntado por la boda en la que los mandos policiales contactaron con los banqueros anndorranos, ha afeado al letrado Cristóbal Martell (quien también ha tenido que tirar de paciencia) que le preguntara por cuestiones “de un programa del corazón”. Le ha valido al comisario otra reprimenda del tribunal.

Todos los interrogatorios han sido tensos y plagados de evasivas, aunque todos los testigos han negado que participaran en una operación coordinada contra los Pujol y, en cualquier caso, han desvinculado al Gobierno de Mariano Rajoy de sus indagaciones, de las que afirman que no les informaron. Sirva de ejemplo esta pregunta a Pino:

Abogado Martell: La obtención de un dato bancario por un cauce no judicial no le mereció a usted prevención y decir, ¿Marcelino dónde vas con eso?

Eugenio Pino: No, Marcelino me lo transmitió y no tenía por qué darme cuenta. No soy operativo.

El jefe de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy no testificará en el juicio del caso Pujol. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha rechazado la comparecencia, con obligación de decir verdad, en la vista sobre el origen de la fortuna familiar de Eugenio Pino, la única persona condenada en firme por intentar adulterar la causa en el marco de las maniobras policiales contra el procés.

La Audiencia Nacional celebrará, a partir del próximo 10 de noviembre, el juicio contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol, sus siete hijos y varios empresarios. A lo largo de varios meses desfilarán ante el tribunal 254 testigos. Las magistradas han rechazado la comparecencia de Pino y otros policías de la brigada política “porque lo que se pretende no es objeto de este procedimiento”. En otras palabras, que el intento de introducir pruebas de dudoso origen, que fue abortado por el juez instructor y terminó con la condena de Pino, no formará parte de la vista.

En su resolución, las magistradas dejan claro el terreno de juego del juicio: “La posesión de los fondos en Andora y el desconocimiento de su origen, que la Fiscalía ha vinculado a posible actividad de corrupción”. La familia, por el contrario, insiste en la misma tesis desde el año 2014: la fortuna procede del legado del abuelo Florenci Pujol.

Tampoco ha aceptado el tribunal que declare como testigo la exlíder del PP catalán Alícia Sánchez Camacho, quien en conversaciones grabadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo le encargó investigaciones sin control judicial a varios políticos, empresarios y directivos de medios de comunicación.

Sí comparecerán, entre los 254 testigos, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, quien denunció en diciembre de 2012 que lo había acompañado en viajes a Andorra, adonde, según su relato, el primogénito llevaba mochilas con una gran cantidad de billetes de 500 euros.

Posteriormente, admitió que acudió a denunciar la supuesta corrupción de los Pujol en la Comisaría General de la Policía Nacional en Madrid a instancias del excomisario Villarejo, que contactó con ella haciéndose pasar por periodista, y un socio suyo. Y en 2014 elDiario.es desveló que el entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, había animado por SMS a la exnovia de Álvarez para que denunciase los manejos de dinero opaco ante la Policía

Las declaraciones de la ex de Jordi Pujol Ferrusola y las del empresario Javier de la Rosa dieron pie a que la Audiencia Nacional abriera una investigación en 2012 sobre las actividades económicas del primogénito. En paralelo, un juzgado de Barcelona abrió diligencias a raíz de la carta de confesión de julio de 2014 en la que Jordi Pujol reconocía la fortuna oculta en Andorra, una causa que permitió expedir comisiones rogatorias y obtener información bancaria sobre los movimientos de sus cuentas en el Principado y que acabó unificándose con la que tenía en marcha la Audiencia Nacional.

En el escrito en el que pide penas de entre ocho y 29 años para los Pujol, la Fiscalía inicia su exposición de hechos remitiéndose precisamente a la carta de confesión de Jordi Pujol, una prueba que resulta clave para las acusaciones y que fue realizada por el propio expresident sin intervención de la brigada política.

La Fiscalía apunta que con el objetivo de determinar la veracidad de la denuncia formulada por la expareja del primogénito de los Pujol se acordaron varias diligencias para acreditar el blanqueo de fondos. La relación de Victoria Alvarez con el comisario Villarejo coloca su testimonio en una posición delicada, dado que las defensas podrían enmarcarlo en las maniobras parapoliciales del grupo de mandos liderado por Villarejo que ya estuvieron a punto de contaminar la causa por el pendrive con información de los Pujol.

El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez admitió al empresario Javier Pérez Dolset que la cuenta en el paraíso fiscal de Granadinas que la llamada brigada política atribuyó al fundador de Podemos Pablo Iglesias era “una mentira, una falsificación” y que, pese a ello, salió publicado en un medio de comunicación, según un audio desvelado este viernes por el El País. Según esta información, Martínez hizo esta confesión como una vía de colaborar con la Justicia ante su inminente juicio por las actuaciones de esa brigada política contra Luis Bárcenas.

Martínez también está siendo investigado por el espionaje a dirigentes de Podemos con el objetivo de hallar información negativa que pudiera perjudicarles políticamente y estuvo encarcelado de forma provisional hasta este jueves por otro procedimiento vinculado al hacker conocido como 'Alcasec'. Dolset, por su parte, es un empresario encausado por el supuesto desvío a Panamá de más de cien millones de euros y que achaca sus problemas con la justicia a un montaje de “las cloacas del Estado” instauradas bajo gobiernos del PP. Ambos mantuvieron diversas conversaciones entre 2012 y 2017 sobre las operaciones ilegales del ministerio.

En mayo de 2016, la brigada política filtró a OkDiario una supuesta orden de pago 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria Euro Pacific Bank. Para elaborarlo, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según confesó él mismo en un juzgado madrileño.

“Lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que era mentira, que era una falsificación, y sin embargo apareció publicado en OkDiario o en no sé qué medio de Inda, por qué, pues porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese, pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista”, afirma Martínez en la grabación. Dolset le dice entonces que el comisario José Villarejo afirmó en otros audios que eso se lo había inventado el comisario Eugenio Pino, el número dos de la Policía, hoy imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos con fondos reservados.

Martinez responde: “Pero no es que se lo invente, sino que viene alguien y se lo da a Pino, y entonces Pino, en lugar de coger eso y comprobarlo, sobre todo cuando canta como canta…. coge e intenta que a través del ministerio se lo compremos, y como no se lo compramos, porque además no interesaba, pues un día eso aparece en Ok Diario. Y eso cómo ha pasado, ah no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas, pues hombre. Pero lo mismo hacía Villarejo con sus amigos de El Mundo, decía oye colócame esto y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado”.

El comisario de la Policía Nacional Alberto Carba es el nuevo jefe de la Brigada de Policía Judicial en la Comunidad de Madrid, han avanzado a elDiario.es fuentes policiales. Carba es el responsable de investigaciones que acabaron tumbadas por los tribunales, como la reciente contra Nacho Cano; otra de supuesto tráfico de drogas de Rafael Amargo, quien resultó absuelto; y la que pretendió atribuir el presunto acoso de Javier López Madrid a la mujer víctima de los mismos, la doctora Elisa Pinto. El cargo implica que Carba mande sobre cerca de 900 investigadores de la Policía Nacional en Madrid, encargados de cuestiones tan relevantes como el narcotráfico, los grandes crímenes, el crimen organizado o la corrupción.

Carba se convierte en el sustituto del comisario Pablo Hernández-Hurtado, quien se jubiló el pasado 7 de mayo. El nombramiento de Carba supone un cambio en la actitud de Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, al frente de la cual está el político del PSOE castellano-manchego Francisco Pardo. El director general de la Policía había negado hasta ahora peticiones de destinos a Carba, quien no superó el proceso de ascenso a comisario principal este mismo año.

El nombre de Alberto Carba volvió a estar de actualidad cuando el músico Nacho Cano le citó por su nombre en una rueda de prensa posterior a su detención por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Los agentes de la Comisaría del distrito Centro, que dirige aún Carba, detuvieron a Nacho Cano por unos delitos de los que la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que no hay indicios. Cano denunció desde el primer momento ser víctima de un montaje del Gobierno central en represalia por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

La noticia de la detención de Cano había trascendido rapidamente a los medios y un portavoz atendió a los medios a las puertas del centro policial que dirigía Carba, la comisaría de distrito más grande de España. El comisario Carba presentó una demanda por vulneración del derecho al honor contra Nacho Cano. En el acto de conciliación, el músico se negó a retractarse y el proceso sigue adelante.

En mayo del pasado año, la Audiencia de Madrid absolvió al bailaor Rafael Amargo y al resto de acusados del delito de tráfico de drogas por el que la Fiscalía solicitaba 9 años de cárcel. La sentencia supuso un enorme varapalo para el trabajo de los policías de la comisaría de Carba. Los agentes convencieron al juez de instrucción de la necesidad de desplegar una gran investigación contra el popular bailaor, incluidas escuchas telefónicas. La investigación fue anulada en un fallo en el que se decía que el trabajo policial estaba plagado de “inferencias”, “débiles sospechas”, “suposiciones”, “presuposiciones” y “valoraciones subjetivas”.

Alberto Carba fue el comisario al que el jefe de la brigada política del PP encargó rehacer la investigación del caso de presunto acoso de Javier López Madrid a la doctora Pinto para demostrar que la mujer se lo había inventado todo y era la verdadera autora del acoso. La Audiencia de Madrid terminó por advertir el montaje y estableció que los informes policiales de Carba tenían “una fiabilidad empañada”. López Madrid se terminará sentando en el banquillo junto al comisario Villarejo, acusados de delitos que pueden suponerles 13 años de cárcel, de acuerdo a la petición de la Fiscalía.

La Guardia Civil encontró en el teléfono de Javier López Madrid, detenido por corrupción, unos mensajes con el comisario Carba en el que el policía se ponía del lado del empresario presuntamente acosador y le trasladaba los avances en su investigación. “Este partido lo vamos a ganar”, le decía el policía al poderoso empresario.

La Brigada de Policía Judicial de Madrid es la más grande de todas cuantas se reparten por las comunidades autónomas y acumula casos por la relevancia de la capital. En noviembre pasado fue detenido el jefe de la UDEF de Madrid por esconder 20 millones de euros en las paredes de su casa. El inspector jefe Óscar Sánchez Gil habría recibido ese dinero de la potente organización de narcotraficantes para la que trabajaba. La Jefatura de la UDEF de Madrid depende del jefe de la Brigada Provincial, el puesto que va a desempeñar Carba.

El comisario Carba resolvió la denuncia falsa de un joven que se inventó una agresión homófoba en el barrio de Malasaña, lo que motivó un gran despliegue policial y movilizaciones en la calle en contra del auge de las posiciones intolerantes en política. Carba obtuvo la confesión del joven de que se había inventado todo.

Alberto Carba González tomó posesión como comisario el 20 de diciembre de 2018. Licenciado en Ciencias Policiales y Derecho, su destino pasado en la Sección de Secuestros y Extorsiones hizo que se prodigara en intervenciones en los medios de comunicación.

*Operación Catalunya: conjunto de maniobras policiales de la denominada brigada política del PP, realizadas entre 2012 y 2016, sin control judicial y destinadas a obtener información de políticos catalanes y sus entornos, con el objetivo principal de, independientemente de su veracidad, ser publicadas en determinados medios de comunicación y combatir así el proceso independentista catalán.

**Caso pendrive de los Pujol: maniobra policial ejecutada en marzo de 2015 por varios miembros de la brigada política del PP, incluido su máximo responsable, para la incorporación a la causa judicial contra miembros de la familia Pujol de abundante documentación robada a uno de los hijos del expresident con el objeto de impulsarla. 

La Operación Catalunya ha llegado al Tribunal Supremo y ha salido de él con su primera sentencia condenatoria. Una década después de que las maniobras de la cúpula policial contra el independentismo catalán alcanzaran su punto álgido, el alto tribunal ha resuelto condenar a un año de cárcel a Eugenio Pino, el comisario a quien el Partido Popular confió la dirección operativa del Cuerpo y que resultó artífice de lo que se ha venido en llamar la brigada política. 

Los testimonios en sede judicial y parlamentaria, los documentos policiales publicados y las grabaciones del comisario Villarejo han permitido definir como Operación Catalunya las maniobras contra el proceso soberanista catalán. La Justicia no ha abierto una gran causa que englobe a todas ellas y de eso se sirve el Partido Popular, los responsables políticos de su gobierno y los policías nombrados por aquellos para negar su existencia. 

La condena por revelación de secretos al comisario Pino recoge, sin embargo, “una actuación policial completamente desconectada de las funciones que corresponden no solo a cualquier funcionario policial, sino a las posiciones funcionariales de los más altos responsables del Cuerpo Nacional de Policía”.

El apartado de “hechos probados” de la sentencia del Tribunal Supremo describe el intento de adulterar una investigación que solo una actuación diligente del juez que tenía en ese momento el caso de los Pujol, José de la Mata, logró detener, evitando que quedara contaminado todo el procedimiento. 

Marzo de 2015. El director operativo de la Policía ordena a una de sus secretarias que copiara en un pendrive determinada información de Jordi Pujol Ferrusola. Cuando todo está recogido en una memoria de 8 gigas, el 4 de marzo, manda llamar al inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano para que lleve a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pendrive. Debe entregárselo al comisario jefe de la unidad, Manuel Vázquez. 

Nota 1: Bonifacio Díaz Sevillano aparece en los tres episodios relevantes de la brigada política (la Operación Catalunya, la guerra sucia a Podemos y el caso Kitchen o espionaje a Bárcenas). Por el caso Kitchen se sentará, como Pino, en el banquillo de los acusados. Allí también estarán Jorge Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez. Al igual que otros miembros de la brigada política fue recompensado con una medalla pensionada y un destino ‘dorado’ en una embajada. 

Abril de 2016. Los policías de la UDEF que investigaban el caso Pujol remiten un informe al juez un atestado que dicen han elaborado a partir de documentación alojada en bases de datos de “inteligencia policial”. Añadían que esa información procedía de un juzgado de Barcelona, el mismo que había ordenado el registro de la agencia de detectives Método 3 en 2014, en plena crisis por la filtración de la conversación entre la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga. 

Nota 2: El ‘modus operandi’ que se repite en la brigada política es la elaboración de dosieres de escaso valor probatorio que se intentaban blanquear a través de la UDEF, unidad destinada a trabajar a las órdenes de los jueces. En rara ocasión aportaron algo a una causa judicial, si bien el contenido de esas notas, sin mayor comprobación, aparecía publicado en medios afines coincidiendo con momentos álgidos del proceso independentista. 

Julio de 2016. “Ante los confusos e inadmisibles argumentos expuestos en el informe policial sobre el concreto origen, procedencia, correcta ubicación o fecha de entrega de la documentación (…) el juzgado se vio obligado a practicar una serie de diligencias que permitieran asegurar la trazabilidad de los documentos y las personas que habían intervenido en su obtención”, recoge la sentencia del Supremo. El juez José de la Mata advirtió que algo no encajaba en las explicaciones de la Policía y actuó rápido aislando el atestado y el contenido del pendrive del caso que investiga la corrupción de los Pujol.

Noviembre de 2016. El comisario Pino anticipa la que se avecina y comparece voluntariamente ante el juez De la Mata. Explica que el jefe de Asuntos Internos había captado como confidentes a dos ex detectives de Método 3 durante la investigación a la agencia, quienes le habían facilitado la información robada a Pujol Ferrusol en un pendrive cuya copia había acabado en la UDEF. Lo que movía a los detectives, añadió, era su afán de venganza contra Francisco Marco porque, según ellos, el director de la agencia les debía dinero por los trabajos en ella realizados. 

Nota 3: El jefe de Asuntos Internos al que se refiere Pino es Marcelino Martín-Blas. Como desveló elDiario.es en noviembre de 2014, la Unidad de Asuntos Internos fue desviada de las funciones que tiene atribuidas para ser utilizada como policía sobre el terreno en la Operación Catalunya. Martín-Blas se presentó hace poco en la comisión del Congreso como una víctima y restó importancia a haber estado implicado en investigaciones de tipo político que nada tenían que ver con presuntos delitos cometidos por policías, objeto real de Asuntos Internos. Se sentará en el banquillo por la Operación Kitchen. 

Noviembre de 2017. El juez José de la Mata ha practicado interrogatorios y otras diligencias y ha concluido que hay indicios de revelación de secretos, prevaricación y falso testimonio –los policías le habían mentido– y, en consecuencia, deduce testimonio en favor de un juzgado de Madrid, competente para investigar esos delitos. 

Julio de 2020. La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Pino y a Díaz Sevillano después de un juicio por el que desfilaron un importante número de mandos policiales con testimonios repletos de olvidos e increíbles justificaciones. El juicio dejó un reguero de declaraciones que sirvieron como una línea de puntos que, unidos, hacían un dibujo de lo que había sido la Operación Catalunya.

Del ex DAO de la Policía dice que “faltó gravemente a los deberes de lealtad de la policía judicial para con la investigación procesal”, pero que no se puede determinar que utilizara su cargo para acceder a la información robada porque se desconoce su verdadero origen –fruto de los testimonios contradictorios de los policías en el juicio– y que su deber de perseguir delitos también le protege de ser condenado por haberle enviado el pendrive a la UDEF. 

Mayo de 2022. La representación de los Pujol recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revierte el fallo y condena a Pino a un año de cárcel por revelación de secretos. Considera que el hecho de haber entregado, como dijo, el pendrive al CNI, a la UDEF y al juzgado, en lugar de cumplir con su deber de que no “tuviera recorrido alguno”, además de hacer “uso espurio” de él, es motivo suficiente para la condena. 

Nota 4: El máximo responsable operativo de la Policía durante la última guerra sucia –sin muertos– (2012-2016) recibe su primera condena entre la indiferencia de los medios conservadores que habían ejercido de pilar indispensable de la operación Catalunya, difundiendo ampliamente la información procedente de la brigada política del Partido Popular. 

Febrero de 2025. El Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente Andrés Martínez Arrieta, resuelve que la actuación de Pino no se puede describir como “meras irregularidades procedimentales o formales” y confirma el fallo del Tribunal Superior de Madrid. Hasta el Supremo había llegado la causa por el empeño de la Fiscalía del Alto Tribunal en que Eugenio Pino resultara absuelto.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año de cárcel impuesta a Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional durante varios gobiernos del Partido Popular, por adulterar el caso que investigaba a la familia Pujol. Los jueces declaran probado que incurrió en un delito de revelación de secretos al facilitar al CNI, la UDEF y a un juzgado de la Audiencia Nacional un pendrive con información de Jordi Pujol Ferrusola sin advertir que el origen de esta prueba era “ilícito”. La primera sentencia firme condenatoria sobre las irregularidades de la cúpula policial bajo gobierno del PP.

El Supremo es claro a la hora de sancionar la estrategia criminal de Pino, máximo responsable de la Policía Nacional con el PP en el Gobierno, Mariano Rajoy en la Moncloa y Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Sabía que esa información sobre los Pujol había sido obtenida de manera ilegal y, sin embargo, intentó aportarlo a la Audiencia Nacional “blanqueando la ilicitud de su origen”.

Los datos que Pino aportó a la Audiencia Nacional sobre la familia Pujol, reconoce el Supremo en firme, “fueron sustraídos de forma ilícita de un dispositivo o sistema de almacenamiento informático por autores desconocidos, en una intervención que no contó con autorización judicial” y que Pino aportó al juzgado sin advertir esa circunstancia. La memoria externa que hizo llegar al juzgado contenía “939 archivos distribuidos en 32 carpetas, conteniendo información confidencial sobre la familia Pujol, así como de instituciones y miembros de la Generalitat de Cataluña”.

La condena de Pino, hoy jubilado, incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización de 2.000 euros para Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident Jordi Pujol. En un primer momento la Audiencia Provincial de Madrid optó por absolver al ex DAO de la Policía Nacional pero el Tribunal Superior de Madrid, en la sentencia que confirma el Supremo, entendió que había incurrido en un delito de revelación de secretos.

El Supremo explica que las actuaciones de Pino no pueden calificarse como “meras irregularidades procedimentales o formales”. No hay pruebas de que participara en el robo de esa información sobre el patrimonio de la familia Pujol, pero sí de que en marzo de 2015 decidió usarla “a sabiendas de que no procedía de una intervención con previa autorización judicial”. Esa información, añaden los jueces, había llegado de manos “del comisario jefe de la unidad de asuntos internos”.

El objetivo de Pino, destaca la Sala de lo Penal, era que esos datos obtenidos ilegalmente sobre las finanzas de la familia Pujol “surtieran efecto en la investigación” pese a ser “una información obtenida de manera no ajustada al ordenamiento, con incumplimiento grave de los principios rectores de actuación policial que resultan de la Constitución y del ordenamiento jurídico”.

Esa información que el entonces máximo responsable de la Policía Nacional –durante el ejecutivo del PP y Mariano Rajoy y mientras Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior– intentó colocar en la Audiencia Nacional “afecta a la intimidad de una persona, que no ha sido obtenida legalmente, y por ello no debió cederla a terceros, sin depurar la conducta que resultaba de la información recibida”.

“No existe ninguna operación Cataluña, señor Miquel. Este es el invento de un periodista, que se llama don Pedro Águeda, tras la comparecencia del señor Villarejo en el Juzgado de Instrucción número 2 el 6 de julio de 2016”. La frase fue pronunciada el martes por Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en la comisión de investigación del Congreso sobre la “Operación Cataluña”. Causas judiciales, grabaciones y confesiones de sus protagonistas durante diez años –la primera exclusiva de elDiario.es sobre el tema es de dos años antes, en noviembre de 2014– no distraen al Partido Popular del argumentario con el que comparecerá en el Congreso el próximo 5 de marzo quien fuera presidente del Gobierno durante los últimos episodios de guerra sucia vividos en España, Mariano Rajoy. 

¿Por qué la discrepancias de fechas entre la afirmación de Hernando y la primera información sobre la Operación Cataluña? El motivo es que al principio no se llamaba así. Las maniobras policiales destinadas a obtener información, daba igual su veracidad, que pudiera ser publicada en algunos medios de comunicación para desacreditar el movimiento independentista catalán y a los políticos que lo defendían no tenían nombre. O era demasiado largo: “maniobras policiales contra el independentismo…”. Tendrían que pasar dos años para que, por un error de transcripción, naciera el término, que no los hechos a los que se refería. 

El 30 de noviembre de 2014, dos medios de comunicación, el periódico ‘Ara’ de Barcelona y elDiario.es en Madrid, compartían una información firmada por el mismo periodista, al que se refiere Rafael Hernando en su intervención del martes en el Congreso. El texto de este medio de comunicación llevaba por título: “Una unidad secreta de policías rastrea información comprometedora de políticos independentistas”. 

En Catalunya supuso un terremoto político y mediático. En Madrid –en la mayoría de los medios de Madrid– no tuvo repercusión más allá de elDiario.es. Dos años antes, solo El País había prestado atención a las extrañas filtraciones de informes sin sello ni firma que estaban apareciendo en medios de la derecha. “Conjura policial contra el soberanismo”, tituló el periodista José Manuel Romero el domingo anterior a la Nochebuena de 2012. En esa información no se mencionaba al comisario José Manuel Villarejo. Por aquel entonces, la figura del comisario estaba reservada a sus enemigos, a unos cuantos compañeros en el Cuerpo, a los clientes de su agencia y a sus “troncos” en la prensa, como los llamaba él.

La información de elDiario.es del 30 de noviembre de 2014, arrancaba con el siguiente párrafo: “La Policía mantiene operativo desde 2012 un grupo de agentes dedicados casi en exclusiva a buscar indicios de corrupción vinculados a dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno, con el objetivo de contrarrestar la ofensiva política que busca la independencia. Este grupo de policías usurpa las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, sobre todo a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y no está identificado en el organigrama del Cuerpo”.

Cuando unos días después, el 10 de diciembre, un diputado de CiU le preguntó por la información al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz intentó despreciar el contenido asegurando que estaba redactado por “un periodista freelance”. Aprovechó para enviar al “psiquiatra” a los políticos catalanes por sentirse perseguidos. 

La carrera política de Fernández Díaz comenzó a decaer en noviembre 2016, cuando Rajoy decidió que no siguiera siendo ministro del Interior y puso en su lugar a Juan Ignacio Zoido. Los equilibrios que intentó Pablo Casado, cuando llegó a la cima del PP, lo llevaron a nombrarlo “secretario de Interior y Libertades”, pero su imputación en el caso Kitchen motivaron la expulsión de partido. Salió el hombre, pero sobrevivieron sus tesis: la guerra sucia a la oposición es, sencillamente, mentira, también para el PP actual. O “un invento”, como dijo el martes su portavoz Rafael Hernando.

“El gacetillero que está siempre ahí”

Las revelaciones posteriores han resultado demoledoras para Fernández Díaz. El 22 de junio de 2016, publico.es reveló una grabación realizada en el despacho de Fernández Díaz durante una conversación entre el ministro y el entonces director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso. Este último acudía para ofrecerse como “un soldado” para la guerra en Catalunya y Fernández Díaz describió, sin saber que estaba siendo grabado, las maniobras que había negado en sede parlamentaria a raíz de la información de elDiario.es. 

“Lo ideal es: si eso está en el juzgado y sale, nadie va a sospechar que sale de la Policía ni de investigaciones policiales; nadie va a sospechar”, dice el ministro. “Eso sí –matiza Fernández Díaz–, los funcionarios de turno, el periodista gacetillero que está siempre por ahí, el amigo del fiscal... Muchas veces, cuando lo publicas, generas una presión mediática que al final haces que cosas que interesan, lo tengan”, resuelve el ministro, aludiendo al papel clave que jugaron los medios de comunicación afines en las maniobras contra el independentismo. “El presidente lo sabe”, remataba el ministro. 

A Fernández Díaz le dio tiempo a escribir unas memorias negando la Operación Cataluña antes de que otra grabación dilapidara el posible crédito que pudiera mantener entre algunos de los suyos. Fernández Díaz había negado haber despachado con Villarejo, pero el 22 de junio de 2022, El País y Fuentes Informadas publicaron el audio de una reunión en 2012 entre el entonces director operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, y el comisario Villarejo con Fernández Díaz. Planean utilizar los testimonios de Javier de la Rosa y Victoria Álvarez contra los Pujol que ha recabado Villarejo. 

“El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”, dice Fernández Díaz. 

Mucho antes, en 2015, elDiario.es reveló que la participación de Villarejo en la Operación Cataluña le habían valido una medalla pensionada concedida por el Ministerio del Interior de Fernández Díaz. Aquella información iba acompañada de una fotografía del comisario, del que por entonces no constaba documento gráfico, en el acto de entrega.

En todos estos años no han cesado las informaciones documentadas sobre las maniobras policiales en Catalunya que niega el PP. En enero de 2024, elDiario.es y La Vanguardia publicaron la siguiente información: El Gobierno de Rajoy usó a la Policía para investigar ilegalmente al fiscal jefe de Catalunya. En la misma se incluía un documento que la Dirección Adjunta de la Policía remitió al ministro Jorge Fernández Díaz con una serie de objetivos a investigar entre los que estaba el jefe de los fiscales en Catalunya, Martín Rodríguez Sol, al que relacionaba con comisiones de Unió, así como Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners y una de las principales fortunas del país. 

La denuncia de los fiscales

La existencia de la Operación Cataluña, su primer rastro, es mucho anterior a que llevara ese nombre y no lo firman periodistas sino dos fiscales. Se trata del primer acontecimiento conocido de la Operación Cataluña. El 29 de octubre de 2012, los comisarios José Luis Olivera, por entonces director de un organismo de coordinación, el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, viajan a Barcelona para intentar convencer a los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez Ulled de que pidan al juez el registro de la sede de CDC en plena precampaña electoral. Los fiscales desconfiaron de que dos policías próximos a la cúpula policial, pero sin ninguna vinculación con el caso, les presentaran aquellos nuevos y endebles indicios y motivaron una queja formal del Consejo Fiscal. 

Otra comisión de investigación del Congreso ya concluyó en 2017 que la Operación Cataluña existió. En breve, el Tribunal Supremo resolverá el recurso del comisario Eugenio Pino, el artífice de la brigada política, por la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber intentado introducir información obtenida ilegalmente en el caso Pujol. 

El próximo 5 de marzo están citados a la presente comisión del Congreso Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz. Ambos ya han defendido en comparecencias anteriores lo mismo que Rafael Hernando, que la Operación Cataluña es un invento.

Jesús Figón, un ciudadano español residente en Brasil, se presentó en la mañana del 12 de mayo de 2015 en una comisaría de la Policía Civil de Vitoria, la capital del estado de Espírito Santo. Contó a los agentes que había matado a su mujer, una ciudadana brasileña con la que llevaba casado treinta años. También explicó a los policías qué hacía él en su país: Jesús Figón era el máximo representante del Ministerio del Interior español ante las autoridades locales. Este dato ha condicionado durante una década el caso. A poco de cumplirse diez años del crimen de Rosemary Justino Lopes, el comisario de la Policía Nacional Jesús Figón reside en España y no ha pisado un solo día la cárcel. 

En marzo de 2023, ocho años después del crimen, un tribunal del Estado de local condenó a Figón a 9 años, 4 meses y 15 días de cárcel por un delito de homicidio simple, según la denominación del código penal brasileño. La Fiscalía pedía una pena mayor, 11 años, pero el tribunal entendió que Figón “actuó por emoción violenta después de una provocación injusta de la víctima”. Para entonces, el comisario ya había regresado a España y pudo seguir el juicio por videoconferencia. Casi una anécdota entre el cúmulo de circunstancias excepcionales que ha vivido el caso contra el comisario español.

Los abogados de Figón recurrieron a una instancia superior para intentar que el juicio se repitiera por un defecto de forma. No han conseguido ese objetivo pero sí que el Tribunal de Justicia del Espírito Santo (TJES) reduzca la condena a 7 años y 9 meses, informan a elDiario.es fuentes jurídicas locales. La defensa de Figón no ha abandonado su interés en repetir el juicio y ha apelado a la tercera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Brasilia. Un problema en la digitalización de la causa ha retrasado que la causa viaje de Vitoria al tribunal de la capital administrativa del país. Además, se perdió el acta del juicio y los tomos del procedimiento han tenido que regresar físicamente al tribunal que juzgó a Figón. 

Entretanto, la Fiscalía brasileña ha pedido que el comisario español ingrese ya en prisión. El Ministerio Público de ese país, sin embargo, se ha vuelto a topar con la protección diplomática de la que gozaba el comisario español cuando cometió el crimen y a la que el Gobierno del Partido Popular nunca renunció. La defensa en Brasil del policía alega que hasta que no haya sentencia firme, Figón no puede ingresar en prisión. La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no renunciar a en su momento a la “inmunidad de jurisdicción” implica que, si llega a ser condenado en firme, Figón cumplirá su condena en una cárcel española. 

Rosemary Justino Lopes, de 50 años y nacionalidad brasileña, falleció por cinco heridas de arma blanca. El comisario asegura que la encontró dormida cuando regresó a casa y ella, que había bebido, le atacó con un cuchillo. En el transcurso de la pelea, la mujer resultó muerta, siempre según la versión del policía.

La sentencia de la Primera Vara Criminal de la Comarca de Vitoria estableció que Figón intentó alterar la escena del crimen para descargarse de responsabilidad. “El acusado es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y tiene el más alto rango de Policía (en Brasil equivaldría al de coronel de la Policía Militar), habiendo ocupado el puesto número 4 del escalafón en un Cuerpo de 80.000 agentes. Eso significa que toda la alteración de la escena del crimen fue minuciosamente pensada por el acusado, profundo conocedor y experto en investigación criminal”, recogía el fallo. 

Al día siguiente del crimen, el ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García Margallo, anunció que España renunciaría a la inmunidad diplomática de la que gozaba Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. La inmunidad, dijo el canciller español, “en ningún caso puede servir de coartada en hechos tan deleznables como los que se están investigando allí”.

La realidad fue que Figón ni siquiera fue apartado de su puesto como máximo representante del Ministerio del Interior en Brasil y que España solo renunció a la “inmunidad de jurisdicción”. Eso permitió al país sudamericano hacerse cargo de la investigación y juzgar al policía español pero, al mantener la “inmunidad de ejecución”, Jesús Figón cumpliría cualquier condena en España, siempre que el fallo fuera firme. Si eso ocurre, lo hará en las condiciones que establezca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español. 

Un nuevo cargo con inmunidad

Entre el desinterés del caso en España ocurrió otro hecho significativo: Jesús Figón continuó siendo el consejero de Interior de la Embajada de España en Brasil después de matar a su mujer y haberlo reconocido a la Policía local. El puesto de consejero de Interior supone ser el máximo responsable policial de España en una embajada. Estos destinos están cotizadísimos en la Policía por la remuneración que implican y el de Figón no bajaba de los 11.000 euros brutos mensuales. 

Pese a que una comisión de destinos en el Ministerio del Interior elige entre los candidatos, las embajadas se asignan tradicionalmente como una recompensa procedente de la Dirección de cada Cuerpo, la Policía o la Guardia Civil, ya sea por trayectoria, o como ha ocurrido en múltiples ocasiones, por afinidad personal o ideológica. 

En la Policía era conocida la amistad de Jesús Figón con Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía y considerado el artífice de la brigada política del PP durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Figón fue comisario de Alcalá de Henares, el municipio donde aún hoy reside el antiguo DAO, quien será juzgado en 2026 por las maniobras para destruir pruebas del caso de la caja B del PP y para el que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel. 

La situación de Figón tampoco cambió cuando, cuatro meses después del presunto homicidio, la Fiscalía brasileña presentó una acusación formal, en septiembre de 2015. El problema para el comisario y quienes le protegían iba a llegar cuando alcanzara la edad de jubilación. Eso ocurrió el 23 de enero de 2016, pero la cúpula policial y el Gobierno de entonces encontraron una solución: Figón seguiría gozando de inmunidad al convertirse en “consejero asesor” de la Embajada española en materia de Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz lo propuso y Exteriores aceptó.  

A los pocos días del crimen de Rosemary, la única hija del matrimonio había abierto la posibilidad de que su padre fuera juzgado en España. Presentó ante la Audiencia Nacional una querella admitida a trámite por el juez Eloy Velasco: un ciudadano español había cometido presuntamente un delito en el extranjero y el tribunal especializado era competente para investigarlo. Pero la Fiscalía brasileña informó a la española que ya había una causa abierta en el país sudamericano y eso obligó al juez Velasco a archivar provisionalmente el caso, después de haber imputado y citado a declarar al policía.

El matrimonio se había conocido en España y llevaban casados treinta años cuando se produjo el crimen, en mayo de 2015. Figón había sido destinado a Brasil en 2012, tras la victoria del PP. El comisario podría conseguir unos considerables ahorros para su jubilación pasando los últimos años de su carrera profesional en el país de su esposa. A los tres años de estar en el país, Figón mató a su mujer a puñaladas.

Jesús Figón cumplió hace una semana 74 años. Hace casi una década que él y sus compañeros se jubilaron. Ingresados en la Policía en los estertores del franquismo o durante la transición, de los que viven, ninguno parece saber de él o interesarse por el caso. Algunos tienen problemas con la justicia porque llegaron a la élite del Cuerpo en lo más oscuro de su etapa reciente, los años de Fernández Díaz en Interior, los de la Operación Catalunya, el caso Kitchen o la guerra sucia a Podemos. 

Una pregunta parlamentaria de la antigua diputada de Compromís Marta Solís permitió saber que la confesión inicial de Figón se convirtió en una versión exculpatoria del crimen. “Durante la instrucción de la causa se ha aducido la legítima defensa en un primer momento y la autolesión de la víctima en un momento posterior”, recogía la respuesta por escrito del Gobierno. “No puede hablarse, pues, de haberse declarado ‘confeso de asesinato’”, añadía.

La primera sesión de la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Catalunya ha acogido las comparecencias de dos destacados miembros del Ministerio del Interior cuando se produjeron los hechos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Ambos han seguido el guión previsto y apenas han contestado a las preguntas de los diputados. Entre los dos suman ya cinco comparecencias en comisiones de este tipo y este martes, con motivo de las maniobras parapoliciales contra el proceso soberanista, el que fuera número dos de Interior aseguró que la Operación Catalunya “no existe”.

“Lo que hace el Ministerio del Interior es identificar un riesgo que compromete el orden constitucional [en alusión al proceso soberanista en Catalunya] y que, desde el punto de visa de la seguridad, pueda provocar delitos. Entonces el Estado actúa. Pero si estamos hablando de una estrategia escrita con un desarrollo como la Estrategia de Seguridad Nacional o contra la Ciberdelincuencia, eso [la Operación Catalunya] no existe”, ha dicho Martínez en una de sus intervenciones.

Al diputado de Sumar, Eloy Badia, Martínez le ha dicho que atribuirle a él o a otros responsables del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy actuaciones determinadas de algunos policías sería como atribuirle a los actuales dirigentes políticos lo que hayan hecho los guardias civiles implicados en el 'caso Koldo'.

De acuerdo a la línea de lo que ya había expresado en sus comparecencias y algunas entrevistas a los medios, Martínez negó la existencia de un plan en el Ministerio del Interior para dañar al independentismo, a través de investigaciones prospectivas a sus líders o familiares, la elaboración de dosieres sin sello ni firma y, finalmente, su publicación en medios de comunicación afines al Gobierno del Partido Popular.

La segunda línea de su breve argumentación es que las actuaciones policiales que se pudieran haber producido tuvieron lugar bajo la absoluta autonomía de los policías que las desarrollaran. A la pregunta de la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, sobre la existencia de un “deep state (estado profundo)”, Francisco Martínez ha respondido: “Yo no lo llamaría así, pero los ministros llegan con un tren que está en marcha a la velocidad del AVE y que tiene que seguir haya el ministro que haya. No me consta el 'deep state' pero los Cuerpos, en su parte operativa, tienen que actuar con cierta o mucha autonomía respecto de los responsables políticos en cada momento”.

Desde el principio, Martínez ha advertido que su implicación en procesos judiciales le iban a imposibilitar referirse a las preguntas que le realizaran los diputados. Ha vuelto a esgrimir ese argumento cuando la portavoz de Podemos, Ione Belarra, le ha preguntado por una grabación en la que el propio Martínez pedía antecedentes policiales de los recién nombrados dipuados de Podemos en 2015. Esa conversación forma parte de una causa del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sobre las maniobras contra el partido político, en la que él está imputado.

En cualquier caso, ha añadido Martínez, no se reconoce en las grabaciones de Villarejo que le dejan en evidencia y, en el caso concreto que ha citado Belarra, ha denunciado “un acceso ilegal e ilegítimo” de Podemos a las mismas. Se refiere a la decisión que adoptó el juez Manuel García Castellón de que no pudieran ser difundidas ni utilizadas sus conversaciones de whatsapp después de que ya hubieran sido publicadas.

Comisario Pino: “Esto es una comisión política, yo soy policía”

Tras Martínez ha llegado el turno de Eugenio Pino, el comisario que eligió el PP para dirigir la Policía y artífice de la denominada 'brigada política'. Pino ha esgrimido su condición de policía, jubilado, ante lo que ha calificado como “una comisión política” y en este sentido ha añadido que no puede hablar de las cuestiones que conoció en su función como miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En la comisión de Kitchen, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, logró arrancar a Pino la afirmación de que estaría dispuesto a “hacer todo lo que fuera necesario” por España. Rufián, que se incorporó a la comisión en esta segunda comparecencia, ha preguntado a Pino si mantiene dicha afirmación. “Ya le dije que sí”, ha respondido el comisario. Rufián le ha preguntado si es un “comisario corrupto” y ha aludido a algunos diputados de la derecha como los “camaradas” del policía. Cuando Pino ha reconvenido a Rufián sobre el significado histórico del término “camarada”, el portavoz de ERC ha zanjado su intervención: “Digo 'camarada' porque le jode”.

En general, los diputados han asumido con naturalidad que no los comparecientes, como ocurrió en ocasiones anteriores, se negaran a contestar a sus preguntas. A excepción de Podemos, o de Rufián con Pino, los grupos parlamentarios no han escogido a sus portavoces habituales. Los representantes del PP y Vox han optado por criticar el interés partidista de la comisión y no han formulado preguntas. La comisión es parte del acuerdo entre los partidos del Gobierno y ERC para que ésta última apoyara el nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Cámara.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en marcha la investigación sobre la guerra sucia que la Policía Nacional desató, supuestamente, contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por el momento el magistrado ha llamado a declarar en octubre y noviembre como imputados a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Interior, y a varios altos mandos policiales de la época: el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, Enrique García Castaño y José Ángel Fuentes Gago además de Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira.

El magistrado también acepta llamar a declarar a varios testigos propuestos por Podemos después de que la primera batería de testificales contenida en la querella fuera rechazada. Ignacio Cosidó no será imputado pero sí ha sido llamado a declarar como testigo junto con varios excomisarios supuestamente involucrados, un ciudadano venezolano y la que fue contable de Pablo Iglesias.

Fue el pasado mes de febrero cuando el juez Pedraz se convirtió en el primer magistrado en aceptar analizar por la vía penal si la cúpula policial de los gobiernos del PP con Mariano Rajoy maniobraron de forma ilegal para perjudicar a Podemos y sus líderes en pleno ascenso del partido. Ya en su auto de admisión a trámite, el juez explicaba que por el momento no investigaría al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni tampoco al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pero sí a varios de sus subordinados y altos mandos policiales.

Las citaciones están programadas para finales de octubre. El día 29 comparecerán Francisco Martínez, procesado en el caso Kitchen, y al comisario Enrique García Castaño. Un día después lo hará Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo del cuerpo, y José Ángel Fuentes Gago, otro comisario. Ya el día seis de noviembre comparecerán Andrés Gómez Gordo, policía recientemente condenado por la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, y Germán Rodríguez Castiñeira.

La querella del partido de Ione Belarra apuntaba a que los investigados, siguiendo órdenes de Francisco Martínez y en última instancia de Jorge Fernández Díaz, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.

De la Policía a las portadas

El objetivo principal, según la querella que instruye Pedraz, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas en ocho actuaciones diferentes: desde la investigación al líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA (sobre la falsa financiación irregular de Podemos) hasta la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

Desde su irrupción en la política española en las elecciones europeas de 2014, ni Podemos ni ninguno de sus líderes han sido condenados por financiar de forma irregular el partido. Un juzgado de Madrid mantuvo abiertas durante tres años unas diligencias en el conocido como 'caso Neurona' que, finalmente, fue archivado por falta de pruebas.

La investigación de la guerra sucia contra Podemos, que practicó el Ministerio del Interior durante el último Gobierno del Partido Popular, avanza en la Audiencia Nacional con la citación del que fuera entonces máximo responsable en la Policía de Extranjería y Documentación. El comisario jubilado Emilio Baos ha sido citado como testigo por el juez Santiago Pedraz para que explique el próximo 11 de julio la concesión de la residencia a un ciudadano venezolano que ha reconocido estar detrás del bulo que atribuyó a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta bancaria en una banco de Granadinas, en el Caribe. 

Pedraz admitió en febrero pasado una querella de Podemos contra quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos del Cuerpo por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban entonces el partido de la oposición. 

Entre las maniobras que el juez accedió a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. 

Podemos ha incorporado a la causa un documento ante notario en el que el ciudadano venezolano Carlos Arias asegura que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. 

El documento fue aportado por la defensa de Eduardo Inda, en la demanda civil que Iglesias presentó por intromisión en el derecho al honor contra el director de Okdiario. La justicia resolvió que el periódico había realizado las comprobaciones necesarias y desestimó en dos ocasiones las reclamaciones del antiguo líder de Podemos. Otros tres fallos judiciales, estos por la vía penal, han descartado que Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank. 

Sabotear un gobierno de izquierdas

La publicación del citado bulo se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE. 

Las negociaciones entre las dos formaciones de izquierda tras las elecciones de diciembre de 2015 también habían sido objeto de un intento de sabotaje desde el Ministerio del Interior con la colaboración de algunos medios. Cuando arrancaban los contactos entre PSOE y Podemos, la web de Eduardo Inda y El Confidencial publicaron el contenido de un dosier titulado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). El informe PISA es otra de las líneas de investigación del juez Pedraz en la Audiencia Nacional, un documento parapolicial que nunca pasó el filtro de los tribunales, si bien su confección estaba principalmente dirigida a que fuera publicado en prensa. 

En este contexto cualquier información que procediera de Venezuela, ya fuera verdadera o falsa, cobraba especial importancia para el grupo de mandos policiales a los que el Gobierno de Mariano Rajoy había ordenado desbaratar cualquier posibilidad de acuerdo que supusiera un cambio en el Palacio de La Moncloa. Uno de esos mandos reconoce en una grabación que ha viajado a Nueva York a por información que evite que Podemos llegue al poder “con un mandato” del propio Rajoy. La supuesta financiación de la formación morada en sus inicios con dinero procedente del régimen chavista era un mantra que se multiplicaba en los titulares y a la vez una tesis que naufragaba al ser contrastada. 

Una captura de YouTube

Al día siguiente de la publicación falsa, elDiario.es demostró que el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en YouTube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego copió Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.

El documento notarial que firma Carlos Alberto Arias tiene fecha de 30 de mayo de 2016, tres semanas después de la publicación de la información. En él, el confidente venezolano asegura también: “Desde el mes de febrero llevo colaborando como informador de la Policía española aportándole todo tipo de documentos sobre el dinero que ha aportado el Gobierno bolivariano de Venezuela tanto al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) como a Podemos y sus dirigentes, entre otros, Pablo Iglesias Turrión, en este último caso, entre otras, en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas”.

Cuando fue publicada la información falsa, el número dos de Interior ya había firmado el permiso de residencia de Carlos Alberto Arias “por razones excepcionales”. En un documento con su nombre y firma, fechado el 11 de abril de 2016, Francisco Martínez “aprecia razones de colaboración con las autoridades policiales” para conceder el permiso de residencia por un año al confidente. 

En el mismo día, el comisario general de Extranjería Emilio Baos firma la autorización. El próximo 11 de julio deberá explicar ante el juez Pedraz, y a petición de la representación de Podemos, si siguió instrucciones, conocía la actuación de Carlos Alberto Arias o realizó alguna comprobación. 

“Los venezolanos quieren que salga en prensa”

Francisco Martínez, primero jefe de gabinete de Fernández Díaz y luego secretario de Estado de Seguridad, es el principal investigado en la causa que instruye Pedraz por las maniobras contra Podemos. Al admitir a trámite la denuncia, el juez dejó fuera a Fernández Díaz y al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Por ahora, el juez dirige su actuación contra Martínez y un grupo de mandos policiales, con Eugenio Pino, el jefe operativo del Cuerpo, a la cabeza. Precisamente, una conversación de WhatsApp entre Pino y Martínez revela la implicación del Ministerio del Interior al más alto nivel en la información falsa de Okdiario. 

“Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por el interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o El País, por una plataforma mediática televisiva. Lo exigen para seguir colaborando”, le dice Pino al número dos de Interior, según los mensajes extraídos del teléfono que se le incautó a Francisco Martínez en marzo de 2020 en el marco de la investigación del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas por el que fue procesada toda la cúpula del Ministerio del Interior de Rajoy. Finalmente fue Okdiario quien publicó la falsa cuenta de Iglesias.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha ordenado citar como imputados a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, en el marco de la investigación de una presunta trama de extorsión al abogado Javier Gómez de Liaño con el fin de que no aparecieran publicadas informaciones sobre la caja B del PP cuando el letrado representaba a Luis Bárcenas, ex tesorero de la formación política.

La pieza 36 del caso Villarejo mantiene imputados a los tres participantes en una conversación grabada, y aportada a la causa, que hablan de una operación para chantajear a Gómez de Liaño con información sobre un supuesto cobro en negro del abogado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov y que cesen así las publicaciones periodísticas en 2014 sobre la financiación irregular del PP.

En el audio, uno de los participantes dice que al frente de la maniobra está un abogado del Estado en excedencia que responde directamente a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La propia Cospedal ha declarado como testigo en la causa asegurando que desconoce la presunta trama. Durante su declaración llegó a negar que supiera quién pagaba a los abogados que Bárcenas tuvo antes que Gómez de Liaño cuando en su momento, y en público, admitió que la minuta la pagaba el Partido Popular.

La declaración del antiguo secretario de Estado y del entonces director operativo de la Policía se producirá a petición de Gómez de Liaño, que ejerce la acusación particular, y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, si bien el juez García Castellón no ha puesto aún fecha.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Castellón asegura que hasta ahora ni imputados ni testigos han vinculado a Martínez con los hechos, al tiempo que justifica su citación porque en las agendas del comisario Villarejo aparecen anotaciones que apuntan a que estaba al tanto de la maniobra. Las agendas de Villarejo son tomadas como creíbles por los investigadores del caso al tratarse de anotaciones que el comisario había destinado a su uso personal y que fueron incautadas cuando éste ya estaba en la cárcel y pensaba que estaban a salvo de las pesquisas.

En ellas, Villarejo recoge ocho citas con 'Chisco', el apodo que adjudicó a Francisco Martínez, con alusiones a lo que el comisario calificó como “Operación Kalasov”, por el mafioso ruso que habría pagado 5 millones en negro a Liaño, lo que el abogado desmiente tajantemente.

El 4 de abril de 2014, por ejemplo, Villarejo escribe al lado de “Chisco”: “Kalas - Liaño”. El 4 de agosto vuelve a reunirse con el entonces secretario de Esado y anota: “Sergi dice que Liaño recibe dinero en Suiza”. Seis citas son en ese 2014 pero hay dos anteriores, correspondientes a 2013. Se trata del mismo motivo que asume el juez para citar, también como investigado, a Eugenio Pino, director adjunto operativo, esto es, anotaciones en la agenda de Villarejo para tratar con él el tema de Liaño.

Tanto Martínez como Pino se sentarán en el banquillo de los acusados por la operación Kitchen, el espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Anticorrupción pide una condena de 15 años de cárcel para cada uno de ellos. La operación Kitchen es la maniobra parapolicial para destruir la investigación judicial de la caja B del PP. Por eso, la trama paralela para presionar al abogado de Bárcenas en la que han sido citados como imputados se ha venido a llamar Kitchen paralela o Kitchen jurídica.

Cosidó se vuelve a librar

De otro lado, García Castellón rechaza citar a Alejandro Auset Domper pese a que la Fiscalía apunta a él como el abogado del Estado en excedencia al frente de un “lobby jurídico” que trabajaría para el PP, que habría encargado el ataque a Liaño, y que respondería directamente ante María Dolores de Cospedal. También se niega a citar al entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó.

Alega García Castellón que Liaño no especifica si deben comparecer como testigos o imputados y que no ha surgido hasta ahora ningún indicio de su participación, si bien el fiscal anticorrupción preguntó en sus interrogatorios si el abogado del Estado en excedencia al que se refieren en el audio que origina la causa es Alejandro Auset.

[Una primera versión de esta información recogía por error que Francisco Martínez y Eugenio Pino habían sido citados como testigos]