El Gobierno de Rajoy usó a la Policía para investigar ilegalmente al fiscal jefe de Catalunya

El Fiscal Superior de Catalunya en 2012, Martín Rodríguez Sol, intentó abrir una investigación sobre los dosieres con información falsa que el Gobierno de Rajoy había hecho llegar a periódicos afines sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y de su antecesor, Jordi Pujol. Dio orden de abrir diligencias sobre esa información falsa y el papel del Ministerio del Interior y la consecuencia fue que él mismo se convirtió en objetivo de esa mafia político-policial.

Su nombre figura en un documento remitido al ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, con el membrete de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que pide investigar prospectivamente a una serie de personalidades de distintos ámbitos de la sociedad catalana.

Esa lista de objetivos a investigar, que lleva el sello de la unidad que debe vigilar la corrupción dentro de la Policía y que entonces dirigía el comisario Marcelino Martín Blas, pasó por las manos del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien, según fuentes involucradas en aquellas maniobras, no puso objeción alguna.

Se trata de un episodio más de la guerra sucia que el Gobierno de Rajoy a través de diferentes unidades policiales y bajo la supervisión de Fernández Díaz mantenía contra los partidos nacionalistas catalanes y lo que consideraban sus satélites. En esas listas negras de personalidades sobre las que se fabricaron dosieres cabía de todo: fiscales, empresarios, miembros de la sociedad civil, incluso el presidente del Barça, Sandro Rosell, que pasó dos años en prisión preventiva y que acabó siendo exonerado de todas las causas.

Este nuevo documento surge de una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia sobre las maniobras del Gobierno de Rajoy contra el independentismo a partir de 2012, tras la primera Diada multitudinaria, que llevó al ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, a establecer como prioridad el combate del nacionalismo catalán. Fuentes involucradas en esas maniobras aseguran que las informaciones más sensibles se remitían al presidente en sobres blancos, sin remitente ni destinatario a través del servicio de escoltas.

Pese al rastro que dejaron todas esas maniobras en el ministerio, Fernández Díaz siempre negó tener algo que ver en estas prácticas. Lo hizo incluso en el Congreso de los Diputados.

La nota la remitió al ministro la Dirección Adjunta Operativa, que lideraba Eugenio Pino, un policía ya jubilado imputado en la operación Kitchen y condenado por intentar adulterar el caso Pujol, pero no lleva firma de ningún jefe de Asuntos Internos y tampoco fecha. Las fuentes consultadas la sitúan entre finales de 2012 y principios de 2013.

El documento se titula “Propuesta de Investigación por informaciones recibidas” aunque en el último párrafo incluye la siguiente aclaración: “Nota: las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en Internet y no se han podido contrastar hasta el momento”. Es decir, la policía admite en su propio escrito que no tenía ningún indicio sólido pero pedía profundizar en esas investigaciones a objetivos políticos y empresariales al margen del control judicial.

El documento arranca: “Se resumen a continuación las posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada por esta Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo nacional de Policía”. Y entre ellas, además de nuevas maniobras para intentar conocer si el expresident Jordi Pujol tenía cuentas en el extranjero, Asuntos Internos pide investigar “vínculos entre el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido”.

Meses después Rodríguez Sol presentaría su dimisión tras ser expedientado por el Fiscal General de entonces Eduardo Torres Dulce tras hacer unas declaraciones en las que sugería que existían otras alternativas a un referéndum que Madrid iba a impedir y citaba entre ellas la de “utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo”.

Dos años después, y sin que nadie hubiese podido acreditar ninguna relación de Rodríguez Sol con supuestas comisiones ilegales cobradas por Unió, el exfiscal jefe acabó formando parte de la candidatura de este partido en las autonómicas de 2015. Consultado sobre las novedades que revela esta investigación periodística, el fiscal Rodríguez Sol ha eludido hacer ningún comentario.

La misma lista negra remitida al ministerio proponía investigar “posibles irregularidades y posiciones no declaradas en cuanto al patrimonio de Carles Vilarrubí y su esposa, Sol Daurella”. Vilarrubí era un militante histórico de Convergencia que ejerce de ejecutivo en el sector bancario y de seguros y que en 1992 había sido consejero delegado en el nacimiento de Port Aventura, cuando el parque temático era propiedad del polémico empresario Javier De La Rosa. Villarrubí explicó en el juzgado que dimitió al día siguiente de que el Parlament de Catalunya aprobase un crédito de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a la empresa que gestionaba el parque y que De La Rosa había pedido desviar a sus cuentas a través de un cheque. Ese fue el origen de la enemistad entre Villarubí y De La Rosa –quien ya había sido condenado a cinco años por la corrupción en Kio– según contó él propio Villarrubí en su declaración como testigo en el caso de Jordi Pujol Ferrusola. Y la razón por la que De La Rosa, tras pactar que recibiría 150.000 euros de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a cambio de entregar pruebas de la corrupción de Convergència a Villarejo, este incluyó su nombre entre los comisionistas de Convergència junto a los hijos de los Pujol.

En octubre de 2015 todas esas gestiones acabaron con la imputación de Vilarrubí y con el registro de su despacho y de su casa por la policía en presencia del propio Villarejo.

Junto a él, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía pidió también investigar a su esposa, Sol Daurella, presidenta de Coca Cola Europacific Partners, la embotelladora de la multinacional en diferentes partes del mundo, y una de las principales fortunas del país, que ocupa el décimosexto puesto en la lista de Forbes en España con un patrimonio que supera los 2.000 millones de euros.

En el caso de Daurella, se desconocen las gestiones que llevó a cabo esa unidad para investigarla.

La redacción del documento deja patente la inconsistencia de los indicios que la unidad policial había recabado contra su lista de objetivos, repleta de vaguedades. Alude a “vínculos entre la figura de un abogado de nacionalidad india [sic] y Jordi Pujol hijo y Marta Ferrusola”.

En otro apartado se pide indagar en la “posible existencia de posiciones financieras en la entidad Lombard Odier en la ciudad suiza de Ginebra”.

La insistencia en intentar recibir información de los bancos suizos sobre sus objetivos fue una constante de la policía patriótica durante aquella época. Fruto de esas gestiones, realizadas al margen de cualquier control judicial, el Gobierno de Rajoy logró finalmente dar con varias cuentas suizas de la familia Pujol.

Figura en la nota informativa fechada el 1 de julio de 2014, remitida también al ministro Jorge Fernández Díaz. Los pantallazos de ese documento acabaron publicados por el diario El Mundo y semanas más tarde el president de la Generalitat realizó la confesión sobre su patrimonio offshore. El expresident aseguró que procedía de la herencia de su padre, fallecido en 1980.

En la misma nota informativa la unidad policial reconoce cómo pudo obtener el Gobierno de Rajoy esos datos confidenciales: “Parte de esas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA [Banca Privada de Andorra] que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de la marca Banca Madrid, han optado por aceptar prestar declaración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.

Fruto de esas amenazas el Banco presentó una denuncia que instruye un juzgado de Andorra, el único tribunal que ha imputado al presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy, por la utilización de la policía contra sus rivales políticos.