“¡Madrid, hemos vuelto!”. Con este mensaje anunciaba hace unas semanas Naturaleza Encendida su regreso a la capital después de una Navidad de ausencia y varias ediciones marcadas por las protestas vecinales, las críticas ecologistas y las polémicas por la privatización de espacios públicos. Después de marcharse a Zaragoza el año pasado, la organización vuelve a apostar por Madrid, esta vez con una nueva ubicación y una propuesta inspirada en Alicia en el País de las Maravillas.

La nueva edición se instalará en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, situado en Ciudad Universitaria, del 24 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Este será el tercer emplazamiento madrileño de Naturaleza Encendida, que anteriormente pasó por el Real Jardín Botánico del CSIC y el parque Enrique Tierno Galván, antes de trasladarse en 2025 al Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza.

Su marcha de la capital se produjo después de cinco Navidades consecutivas en Madrid y no estuvo exenta de interrogantes. Entonces, tanto el Ayuntamiento como la compañía confirmaron que Naturaleza Encendida no regresaría a la ciudad. Preguntados por los motivos de su salida, desde Letsgo Company explicaron a este periódico que se trataba de un “espectáculo itinerante”, por lo que “no tiene ni una ciudad ni un emplazamiento fijo que se repita cada año”. Una explicación que contrastaba con su trayectoria en Madrid desde 2020, marcada por sucesivos cambios de ubicación y controversias relacionadas con su impacto ambiental y la ocupación de espacios públicos.

Su primera parada fue el Real Jardín Botánico de Madrid en 2020, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde permaneció durante tres ediciones. Allí comenzaron las críticas de Ecologistas en Acción, que denunció desde el principio la contaminación sonora y lumínica, la masificación de los jardines y el derroche energético que, a su juicio, suponía la celebración de un espectáculo de estas características en un espacio dedicado a la conservación de especies vegetales.

A las advertencias ecologistas se sumaron las quejas de los asistentes. En diciembre de 2022, la lluvia obligó a cancelar una de las sesiones sin previo aviso, pese a que la organización aseguraba en su página web que el espectáculo podía celebrarse con normalidad ante las inclemencias meteorológicas. La decisión provocó el enfado de numerosos visitantes, algunos de los cuales se habían desplazado expresamente a Madrid para disfrutar del recorrido.

La gestión del evento también quedó bajo la lupa de las instituciones. En diciembre de 2023, el Tribunal de Cuentas inició una investigación al CSIC por un supuesto agujero de cinco millones de euros en el Botánico, en un procedimiento que señalaba “graves irregularidades en la gestión” e “incumplimientos normativos”, especialmente relacionados con Naturaleza Encendida. El caso terminó archivándose después de que se aceptaran las alegaciones del organismo, que explicó que había reclamado las cantidades correspondientes a la empresa concesionaria.

Para entonces, Naturaleza Encendida ya había abandonado el Botánico y encontrado un nuevo emplazamiento en el parque Enrique Tierno Galván, en Arganzuela. La compañía negó que el traslado respondiera a “ningún hecho especial” y lo justificó por unas obras de adecuación y mejora de los caminos previstas en su anterior ubicación. Según explicó entonces, había surgido la oportunidad de instalarse en el parque municipal con el permiso del equipo de José Luis Martínez-Almeida, lo que les permitiría ofrecer “una experiencia más amplia”. El Ayuntamiento, por su parte, aseguró que había sido la empresa quien solicitó ocupar el recinto y negó haberle ofrecido previamente ese espacio.

Dos navidades privatizando un parque público

El cambio de escenario no acabó con las polémicas. Al contrario, la llegada de Naturaleza Encendida al Tierno Galván abrió un nuevo frente por la utilización de un parque público para una actividad privada de pago. Ecologistas en Acción volvió a advertir de las posibles consecuencias del montaje sobre la fauna y la flora, debido a los cientos de metros de cableado, la instalación de luces en los árboles y la afluencia masiva de visitantes.

La organización ecologista también cuestionó la “mercantilización” del espacio verde para un proyecto “únicamente destinado a obtener beneficios económicos”, sin objetivos científicos ni educativos. Entre los principales colaboradores del espectáculo figuraban empresas como Repsol y Hyundai.

Pero fueron las protestas vecinales las que cobraron especial protagonismo durante las dos últimas ediciones celebradas en Madrid. Los residentes de Arganzuela denunciaron la privatización de buena parte del parque Tierno Galván durante cerca de dos meses, entre los trabajos de montaje, las semanas de funcionamiento del espectáculo y el posterior desmontaje de las instalaciones.

En noviembre de 2023, la empresa comenzó a cercar el recinto y llegó a ocupar casi la mitad de su superficie, impidiendo que los vecinos pudieran utilizar libremente algunas de sus zonas habituales. Letsgo Company se comprometió a respetar las áreas verdes y aseguró que el espacio solo se utilizaría durante el horario de apertura establecido, pero estas explicaciones no convencieron a los residentes, que llevaban meses denunciando las molestias provocadas por la celebración de grandes eventos en el parque.

La cesión del espacio también abrió un debate sobre su encaje legal. El artículo 206 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano establece limitaciones a la privatización de parques por su condición de bienes de dominio y uso público. Sin embargo, el Ayuntamiento justificó la autorización del espectáculo recurriendo al artículo 19.1 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), una disposición prevista para actos especiales y de carácter puntual.

Pese a la oposición vecinal y ecologista, Naturaleza Encendida continuó celebrándose en el Tierno Galván. Según los datos difundidos por la organización, las dos ediciones en este parque sumaron alrededor de medio millón de entradas vendidas.

Cuando el año pasado se conoció que el espectáculo abandonaba Madrid, Letsgo Company insistió en que la decisión no estaba relacionada con ninguna concesión municipal y explicó que se encontraba concentrada en otros proyectos nacionales e internacionales. “No hay mucho más motivo que ese”, señalaron entonces sus responsables, sin vincular la marcha con las controversias que habían acompañado al evento. La compañía tampoco confirmó que las protestas hubieran influido en su decisión.

Un regreso al Botánico, pero en Ciudad Universitaria

Ahora, Naturaleza Encendida vuelve a apostar por un jardín botánico, aunque no por el mismo que acogió sus primeras ediciones. El escenario elegido es el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid y situado en Ciudad Universitaria.

Inaugurado oficialmente en 2001, este espacio cuenta con unos 50.000 metros cuadrados y alberga más de un millar de especies botánicas. Además de su función científica, educativa y de conservación de la biodiversidad, el recinto acoge actividades culturales y musicales, entre ellas el ciclo de conciertos Noches del Botánico, que se celebra cada verano.

Será en estos jardines donde se instale la nueva edición, bautizada como Maravillas e inspirada en el universo creado por Lewis Carroll. La propuesta sustituye los recorridos de anteriores temporadas por una experiencia ambientada en Alicia en el País de las Maravillas, con el Sombrerero Loco, el Gato de Cheshire y otros personajes del cuento como protagonistas.

Según ha anunciado la organización, el público recorrerá un itinerario nocturno con instalaciones de luz, videoproyecciones y escenas interpretadas por actores en directo, con los que podrá interactuar durante la visita. El espectáculo contará también con una zona gastronómica y distintas actividades complementarias.

El recorrido tendrá una duración aproximada de 45 minutos, con pases cada cuarto de hora. Las entradas ya se encuentran a la venta por precios que oscilan entre los 19 y los 24 euros para una edición que marca el regreso del espectáculo a Madrid después de su paso por Zaragoza y de un historial de controversias que, hasta ahora, ha acompañado cada uno de sus cambios de escenario.

Un joven de ultraderecha agredió físicamente a un estudiante que pegaba carteles de un colectivo de izquierdas la pasada semana en la parada de bus situada a escasos metros de la Facultad de Ciencias de la Información (CCINFO) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según los testimonios de varios testigos consultados por elDiario.es y una comunicación que envió el decano a la comunidad universitaria. Más tarde, siempre según las fuentes señaladas, el grupo del agresor entró en la mencionada Facultad a colocar pegatinas y otros materiales con lemas de ultraderecha. Y todos ellos fueron expulsados por personal de la seguridad privada de la Universidad. Los miembros de la comunidad educativa consultados por este diario denuncian, además, que dos hombres que se identificaron verbalmente como policías presentes en el lugar quitaron importancia a lo sucedido.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del 7 de octubre. Unas horas después, el decano Ángel L. Rubio enviaba un mensaje a toda la comunidad educativa: “La violencia y la intimidación no tienen cabida en la vida universitaria. Nuestra Facultad debe ser un espacio en el que todas las personas puedan estudiar, trabajar y expresar sus ideas con libertad, respeto y seguridad”. El también profesor de Periodismo añadió que “la pluralidad y el derecho a discrepar son parte esencial de la Universidad, y su defensa exige rechazar cualquier intento de imponer posiciones mediante la fuerza o el miedo”.

Un docente de la Facultad que prefiere mantenerse en el anonimato “por discreción” presenció lo sucedido: “Estaba con un compañero en la puerta de la facultad y vimos un tumulto en la parada del autobús. Vi que había un chico pegando a otro y me acerqué rápidamente a separarlas”. El agredido se encontraba pegando carteles de una organización de izquierdas y acabó con sangre en la zona de la oreja y el cuello debido a los puñetazos que recibió, según los testimonios recabados por elDiario.es. El agresor portaba una camiseta con simbología fascista y las pegatinas que después pondrían en la facultad eran de Falange Complutense, tal y como ha podido saber este medio.

Incidentes dentro de la Facultad

Menos el agresor, todo su grupo parecía formado por menores de edad, a tenor de lo señalado por el docente de Comunicación Audiovisual que prefiere no dar su nombre. Cuando la situación ya se había calmado un poco, también gracias a la mediación de un grupo de alumnas de la Facultad que estaba en el lugar, el agresor se fue dirección a la estación de Metro de Ciudad Universitaria muy alterado. “Siguió arrancando carteles al grito de viva Franco”, asegura el profesor. El agredido abandonó el lugar.

En ese momento, por la marquesina pasó un coche con unas iniciales de un sindicato policial. Se paró y sus ocupantes se identificaron como agentes. “Cuando les conté lo sucedido, estuvieron muy poco comprensivos. Las alumnas y yo alucinamos con su reacción, nos decían que podía arrancar los carteles que quisiera porque era en la vía pública”, relata este docente. Joan Pedro, profesor de Periodismo en la Facultad testigo de la escena, precisa que “los policías se pusieron del lado del agresor” y que “dijeron que era el chaval con simbología de ultraderecha el que había salido perdiendo”. Cuando les dijo a los agentes que el grupo pasaba dentro de la Facultad de Ciencias de la Información, respondieron que “tenían derecho a entrar”.

Unas ocho personas, entre las que se contaba el agresor, entró en la Facultad de Ciencias de la Información. “Venían muy alterados”, comenta el profesor de Comunicación Audiovisual. En su comunicado a la comunidad educativa, decanato informó del traslado del incidente al interior del edificio, “donde algunos integrantes del grupo han accedido y colocado pegatinas y otros materiales con lemas de ultraderecha, hasta que la intervención de los servicios de seguridad de la Universidad ha permitido poner fin a la situación”.

La incertidumbre ante próximas agresiones

Hace tiempo que Pedro ya había vivido algo parecido. Sucedió hace unos años, en la acampada que se levantó en la UCM en solidaridad con Palestina y contra el genocidio perpetrado por Israel. “Venían grupos de extrema derecha por la noche, cuando la gente dormía. Parece que se está normalizando que esta gente pueda venir a provocar, a poner su propaganda fascista e incluso a agredir”, opina.

Rubio, el decano, destacó en su escrito que adoptarán “las medidas necesarias a nuestro alcance para proteger a nuestra comunidad y nuestras instalaciones, y promoveremos las actuaciones que correspondan para exigir responsabilidades a quienes atenten contra ellas”. 

El decanato de la Facultad ha rechazado realizar declaraciones a elDiario.es. Sin embargo, Rubio comentó a Infoactualidad, el medio mantenido por estudiantes de la Facultad, que lo sucedido el miércoles pasado “es algo que lamentablemente creo que nos va a acompañar durante todo este periodo largo hasta las elecciones y que, lamentablemente, cada vez afecta más a la universidad”.

Por otro lado, el Rectorado de la UCM ha apuntado que “se trata de un hecho puntual y aislado, que no responde a una situación generalizada de violencia o inseguridad en nuestra comunidad universitaria”. El gabinete de Joaquín Goyache, rector de la Universidad, ha declinado responder preguntas realizadas por este medio, como si han localizado al grupo del agresor, si existe algún protocolo de respuesta para estas agresiones o si creen que estos actos violentos pueden ir a más con el auge de la ultraderecha y las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Contra la impunidad del fascismo

El profesor de Comunicación Audiovisual sostiene que se sintió “violentado” por la situación. “No sorprendido, lamentablemente, porque ya solo al entrar en los baños de la facultad ves lo que hay”, agrega. Se refiere a las pintadas con loas a Franco, simbología nazi y en contra de Palestina. Sí le llamó la atención que el grupo del agresor estuviera formado por personas tan jóvenes. “Me preocupa que estas cosas sucedan. Más allá de nuestra labor intentando levantar conciencias críticas en la universidad, estaremos atentos para que estas situaciones no se repitan. Poco más se puede hacer”, confiesa. Por su parte, Pedro puntualiza que “la universidad es el lugar del pensamiento y debe ser un espacio seguro para que todo el mundo se sienta libre de expresarse”.

Carlos Ochoa, portavoz del Sindicato de Estudiantes, recalca “la impunidad con la que actúan estas bandas”. Según este alumno de Derecho en la UNED, “vivimos en la época en que más agentes de seguridad hay en las universidades, que parece que las han convertido en centros policiales casi, y al mismo tiempo es la misma época en que se ven más agresiones de este tipo”. Desde el punto de vista de la organización estudiantil, esta seguridad privada está ahí para reprimir al movimiento estudiantil y cercenar su derecho de reunión y expresión.

“La extrema derecha está muy enfadada porque son los primeros guardianes de los beneficios de los explotadores y los especuladores, y está enfadada porque el movimiento en defensa de la educación púbica y por una vivienda digna les está combatiendo a través de la lucha y la defensa colectiva”, se explaya el portavoz.

Pedro, el profesor de Periodismo, concluye con un recordatorio: “Recordemos que el fascismo no solo implica la muerte del pensamiento, sino que se define por la violencia y, en última instancia, el exterminio del diferente. Todo demócrata debe oponerse con firmeza y altura histórica a este tipo de agresiones, antes de que sea demasiado tarde”.

“Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Ha sido todo muy gratuito y muy violento”. Ainhoa tiene 23 años y esta mañana estaba en la Universidad Complutense de Madrid. Había decidido participar en la huelga por la educación pública, contra los recortes y ha acabado con el brazo roto en la represión de las protestas, según relata en conversación con elDiario.es.

“Me han pegado un porrazo en la pierna, otro en la mano y el último, que ha sido en el brazo, me iba a la cara. Pero como he visto que me iba a ir a la cara, me he puesto el brazo para protegerme y me ha dado una hostia tan grande que me ha abierto una herida. Me han puesto dos grapas y me han roto el cúbito del brazo”, cuenta. “Menos mal que me he puesto el brazo, porque iba a la cara”, subraya. Los incidentes han terminado con al menos cinco manifestantes detenidos y los movimientos estudiantiles hablan de seis heridos.

La joven, estudiante de la UCM, ha pasado la mañana en el hospital desde que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) de la Policía Nacional han decidido cargar contra los estudiantes que protestaban frente a la Facultad de Químicas de la universidad madrileña. Ha acudido primero al Hospital Clínico San Carlos, donde ha sido escayolada tras unas pruebas médicas. Dos horas y media más tarde, al mediodía, ha sido dirigida al centro sanitario de La Paz. No ha sido hasta pasadas las cuatro de la tarde cuando ha sabido, tras un TAC, que no necesitaba ser operada. En elDiario.es hemos accedido al parte de lesiones.

El informe clínico realizado en Urgencias del Hospital Clínico apunta a una fractura en el cúbito (concretamente, en el olécranon, el hueso que forma la punta del codo). Antes, ha recibido dos grapas para cerrar la herida abierta causada por los porrazos de los agentes. Los profesionales también han registrado las policontusiones provocadas por los golpes y le han ordenado mantener el brazo en cabestrillo.

Ainhoa ha decidido denunciar. “Físicamente estoy dolorida, me duele bastante, me han inyectado antibiótico, pero me duele todo, el brazo... Y, emocionalmente, oscilo un poco. La gente que está conmigo me intenta animar, pero ha sido tan violento que estoy muy enfadada tanto con el Estado como con las Fuerzas [y Cuerpos de Seguridad] que han ejercido esa violencia sobre mí, ese abuso policial”.

Según relata, formaba parte de un grupo de piquetes informativos. Han pasado por la Facultad de Matemáticas y, al salir, la Policía ha cortado el paso. El Comité de huelga ha tratado de negociar con ellos y, después de que varios miembros les dijeran que había que seguir, parecía que les dejaban avanzar. “Entonces, han dicho [los agentes]: '¿qué hacéis?'”. “Que nos están diciendo que avancemos”, han respondido. “Y según ha pasado eso nos han empezado a pegar, o sea, de manera muy gratuita. Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Todo muy gratuito y muy violento”.

Además de estudiante, pertenece al colectivo UCM x la pública y se ha graduado recientemente en Educación Primaria. Ahora cursa el Máster de Estudios LGTBIQ+. Sus reivindicaciones en esta huelga de carácter indefinido y que abarca a todas las etapas son, principalmente, con los recortes que sufre la universidad pública. “Nos encontramos en la universidad con que hay muchas aulas sin profesores, infraestructuras rotas que no se arreglan. El año pasado hubo una gotera en una aula que no arreglaron: cada vez que llovía se liaba. En resumen, [protesto] por la educación pública, y específicamente nosotras por la universidad, porque no se puede más contra los recortes de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso”.

La consejera de Educación del Ejecutivo autonómico, Mercedes Zarzalejo, ha calificado las cargas de “altercados contra la autoridad”, las ha justificado y ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por decir que no habían sido proporcionadas: “¿Tiene que dejar que se eleve el conflicto a la agresividad y a la rebelión que defienden?”. Martín, por su parte, se ha limitado a asegurar que la respuesta de los agentes ha de ser “siempre proporcionada” y ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una “investigación de urgencia”. “Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos”, ha afirmado, y ha pedido adoptar las “medidas inmediatas que sean pertinentes”. El rector de la Complutense ha condenado las cargas y ha querido “dejar constancia” de que no ha “solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional en el campus”.

Preguntada Ainhoa acerca de si participará en la marcha del miércoles a las 18.00 y en las sucesivas jornadas de huelga, declara a este medio: “Voy a seguir con las protestas. Esta tarde iré a la manifestación y seguiré luchando, porque esto es lo que quieren: amedrentarnos y quitarnos de la lucha, pero no. Mientras tenga fuerzas y pueda, a mí me van a tener luchando ahí”. Y concluye: “A pesar de que a mí me haya pasado lo que me ha pasado, animo a toda la gente que pueda a que nos apoye en la lucha, que la educación es un derecho y nos lo quieren quitar”.

La Universidad Complutense de Madrid sale esta semana a la calle. La Plataforma UCM por la Pública ha organizado una programación de clases en la acampada de la Puerta del Sol para mostrar su apoyo al movimiento por el derecho a la vivienda y abordar desde distintas disciplinas algunos de los asuntos que atraviesan las movilizaciones de los últimos días.

La iniciativa, bautizada como “clases en la calle”, arranca este lunes y reunirá a docentes de distintas facultades de la Complutense en torno a cuestiones que van desde la sociología urbana y el rentismo hasta el cambio climático, la comunicación o las luchas sociales. “Queremos, sobre todo, traer la atención, poner nuestro grano de arena a este fenómeno único que se está viviendo, que es el hecho del despertar de la conciencia ciudadana al respecto de la situación de miles y miles de personas en el ámbito de la vivienda”, ha explicado la portavoz de UCM por la Pública, Eva Aladro.

La primera sesión está prevista para este lunes de 16.00 a 17.00 horas, con la ponencia Sociología urbana: de la fragmentación social a la movilización urbana. La ciudad como campo de batalla, a cargo de Sara Porras y Pedro Uceda, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. A las 20.00 horas llegará una de las sesiones que da nombre al ciclo, La Uni en la puta calle, impartida por María José Díaz Santiago, Pablo López Calle y Antonio Ramírez Melgarejo, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas.

El programa continuará el martes con tres sesiones. A las 12.00 horas, Eddy Sánchez abordará El rentismo y la construcción histórica del capitalismo en España. Por la tarde, Víctor Alonso Rocafort hablará sobre Democracia radical versus populismos. Una teoría política para y desde la acampada, mientras que, de 18.00 a 20.00 horas, la profesora de Ciencias Físicas Belén Rodríguez de Fonseca explicará las Islas térmicas. Por qué Sol es un infierno sin árboles.

La programación del miércoles estará especialmente vinculada a las movilizaciones por la vivienda de los últimos días. Eva Aladro y Raquel Caerols, de la Facultad de Ciencias de la Información, analizarán de 12.00 a 14.00 horas El fenómeno comunicativo Maricarmen y cómo despertar conciencia, en referencia al caso de la vecina de 87 años cuyo desahucio desencadenó nuevas movilizaciones del movimiento por la vivienda.

A las 16.00 horas será el turno de Xabier Arrizabalo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con la ponencia Por el derecho a migrar. Qué hacer ante la superexplotación y la represión racista, una sesión planteada también en memoria de los 145 migrantes asesinados en Ceuta, según la programación de la plataforma. El ciclo se cerrará a las 18.00 horas con Luchas sociales y patrimonio. Una incuestionable y valiosa relación, a cargo de Alicia Castillo Mena, profesora de la Facultad de Geografía e Historia.

La Plataforma UCM por la Pública prevé ampliar la programación con nuevos horarios y ponencias en los próximos días si la acampada de Sol continúa. La iniciativa pretende así trasladar parte de la actividad universitaria al espacio público y vincularla con el movimiento ciudadano que reclama medidas ante la crisis de vivienda. “Queremos, sobre todo, traer la atención, poner nuestro grano de arena a este fenómeno único que se está viviendo”, ha resumido Aladro, que sitúa la iniciativa en el contexto del “despertar de la conciencia ciudadana” ante la situación que atraviesan miles de personas por el acceso a la vivienda.

Este es el programa completo de ponencias:

Lunes, 5 de octubre

Martes, 6 de octubre

Miércoles, 7 de octubre

La defensa de Begoña Gómez ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, defiende que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, trata de desmontar la tesis de las acusaciones de extrema derecha que sustentan la causa y que defienden que Begoña Gómez se valió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera y que, además, lo hizo con la ayuda de su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Su abogado defiende que desde la llegada de la democracia es una “costumbre” que las cónyuges del presidente cuenten con personal de apoyo para tareas de “carácter institucional”, pero también de “naturaleza privada o profesional”. Para apuntalar este argumento, de cara al juicio aporta como prueba documental pasajes del libro de memorias de Ana Botella, donde la esposa de José María Aznar detalla que su asistente personal la acompañaba en actos oficiales y en tareas estrictamente privadas, como asistir a desfiles de moda, al Camino de Santiago o con los preparativos de la boda de su hija.

También pedirá que se exhiban durante el juicio las fotografías en las que Jaime de los Santos, actual miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, aparece portando las bolsas de la tienda Escada de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. De los Santos cobró del erario público por desempeñar el puesto de asistente de la mujer del entonces presidente.

Según el escrito, el propio certificado de funciones de la asistente alude a que sus tareas de “gestión de la agenda”, “preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos” o “acompañamiento en desplazamientos” incluyen cuestiones tanto públicas como privadas. La defensa de Begoña Gómez insiste, además, en que Cristina Álvarez no ha desatendido sus funciones como asistente por auxiliarla en cuestiones relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, dado que realizaba horas extra por las que no cobraba más remuneración.

La cátedra de la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a esa cátedra gracias a su “posición relacional”.

El escrito recuerda que Begoña Gómez ya venía colaborando con la Complutense desde 2012, “mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno”. Además, detalla que solicitó la excedencia en su empresa de consultoría (Inmark) en junio de 2018 precisamente para evitar cualquier conflicto de interés. E insiste en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir esa cátedra.

El juez otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como el encuentro en el que según la defensa del presidente “surgió la idea” de crear esa cátedra. Peinado dijo que eran conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y que habría que “remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En su escrito, el abogado alega que Begoña Gómez se puso en contacto con el rector “para charlar por teléfono, mantener una reunión online o en un lugar interdisciplinar como la Escuela de Gobierno de la Complutense”, pero que finalmente la reunión se celebró en la Moncloa —su domicilio oficial— porque esas dependencias estaban cerradas por la pandemia.

Asimismo, la defensa recuerda que, según el propio reglamento de la Complutense, las cátedras extraordinarias tienen como fin primordial la recaudación de fondos y no exigen una titulación universitaria superior para su dirección, que es el cargo que Begoña Gómez desempeñó de “forma gratuita” durante cuatro años. Además, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro.

Sobre la supuesta apropiación indebida de un software para pequeñas empresas ligado a la cátedra, el letrado afirma que la propiedad de esa herramienta digital siempre fue de la Complutense. Y que el registro “funcional y provisional” de la marca y de la web transformatsc.org a nombre de su clienta se debió a indicaciones de la propia Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, que no tenía un cauce propio para registrar dominios. Además, defiende que se hizo para evitar que terceros se lo apropiaran.

Por último, el escrito recalca que las facturas emitidas por la sociedad mercantil de Gómez por unos talleres de sostenibilidad fueron fiscalmente “neutras”, ya que los ingresos recibidos se destinaron íntegramente a pagar a los técnicos colaboradores, sin reportarle ningún beneficio.

El escrito califica de “temeraria” la actuación tanto de la acusación popular que lideran los ultracatólicos de HazteOir, como de la Complutense, que está personada para reclamar la responsabilidad civil por los supuestos daños o “perjuicios patrimoniales” derivados de las actuaciones investigadas.

A este respecto, la defensa de Begoña Gómez insiste en que la Complutense no sufrió ningún perjuicio patrimonial, ya que el software se financió íntegramente con patrocinadores privados, e incluso se quedó con un remanente de 29.685 euros tras el cese de la cátedra. En consecuencia, solicita que se condene en costas tanto a la acusación popular como a la Complutense.

La Universidad Complutense de Madrid ha rechazado la petición de acceso a las notas universitarias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que presentó Newtral.es tras su nombramiento como alumna ilustre por parte de la Facultad de Ciencias de la Información.

El origen de la petición de Newtral se remonta a 2023. La solicitud fue denegada por la Comunidad de Madrid y Newtral recurrió ante el entonces Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que a su vez decidió que era la Universidad Complutense —la que tiene en su poder la información— la institución competente para resolver. La Comunidad de Madrid recurrió entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente confirmó que la petición debía ser resuelta por la universidad.

Según informa Newtral, durante el procedimiento Ayuso ha alegado que la información sobre su titulación ya está disponible en el Portal de Transparencia y el expediente de notas “no guarda relación alguna con la actuación de la Comunidad de Madrid, con la prestación de sus servicios ni con el manejo de sus fondos públicos”. Ayuso también defendió que el acceso a estos datos “corresponde en exclusiva a su titular por tratarse de una información de carácter personal que no puede ponerse a disposición de terceras personas”, sometida al régimen de protección de datos europeo y nacional.

La Complutense ha respondido que no puede dar a una tercera persona el Certificado Académico Personal de Ayuso porque su solicitud corresponde a la propia estudiante. Tras estudiar si podría facilitar la información académica sobre las notas por separado, la Complutense admite que “la información solicitada no afecta a datos especialmente protegidos” y que tiene interés general comprobar la veracidad de los datos académicos por la relevancia pública de Ayuso. Pero estima que ese interés no alcanza a las notas, que no son públicas, y no son necesarios para acceder al cargo de presidenta.

El pasado día 26, falleció de forma repentina Francisco Díaz Pineda, en la actualidad profesor emérito de Ecología en la Universidad Complutense de Madrid.

Díaz Pineda fue uno de los primeros catedráticos de Ecología en España, una vez que esta disciplina científica se incorpora con carácter propio, como área de conocimiento independiente, en los planes de estudios de Biología y más adelante de Ciencias Ambientales.

Nos ha dejado un científico de referencia, excelente docente y una persona de excepcional calidad humana. Queremos destacar su aportación en dotar a la ciencia de la Ecología de un carácter técnico, aplicado, en especial a la planificación ambiental y ordenación del territorio, en proyectos que incorporan la gestión cuidadosa y prudente de los recursos naturales y agrarios.

Fue pionero e impulsor en la utilización de técnicas de análisis multivariante tanto en modelos teóricos, que tratan de descifrar dinámicas complejas de la naturaleza, reconociendo su carácter sistémico, como en su aplicación al análisis espacial y proyección territorial de este tipo resultados.

Su magisterio ha influido de manera muy relevante en una escuela de Ecología aplicada, basada en buena medida en la visión y perspectiva científica del profesor Fernando González Bernáldez, a quien Paco Díaz Pineda reconocía como su maestro, al igual que inspirada en el importante legado científico de Ramón Margalef y Pedro Montserrat.

Desde el punto de vista de la gestión, Díaz Pineda formó parte durante décadas de la dirección del Word Wildlife Fund y presidente de la sección española. Asimismo formó parte, como fundador y patrono, de la Fundación Fernando González Bernáldez, muy vinculada a Europarc España, entidad con un papel destacado en aportar soluciones técnicas para la gestión de los espacios naturales protegidos. Por el conjunto de su trayectoria científica y aplicada, Díaz Pineda, recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente.

Aunque era natural de Sevilla, Coria del Río, Francisco Díaz Pineda, estuvo especialmente vinculado a la Sierra de Guadarrama, donde realizó su tesis doctoral, ya desde su incorporación al proyecto de Departamento de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid.

Él hubiera reclamado la implantación y preservación de paisajes seguros, frente a los actuales paisajes de riesgo, tensionados por el cambio climático. Reconociendo la estrecha dependencia entre gestión forestal, ordenación del territorio incluyendo los distintos usos humanos y la conservación de la naturaleza

Su pérdida coincide en el tiempo con los efectos catastróficos del fuego sobre la Sierra de Madrid, circunstancia que viene a recordarnos la estrecha relación entre los cambios en los usos del suelo y el aumento del riesgo ambiental.

Paco Pineda, tal como muchas personas le conocíamos, hubiera reclamado la implantación y preservación de paisajes seguros, frente a los actuales paisajes de riesgo, tensionados por el cambio climático. Reconociendo la estrecha dependencia entre gestión forestal, ordenación del territorio incluyendo los distintos usos humanos y la conservación de la naturaleza.

Sirvan estas palabras como recuerdo y homenaje a nuestro querido amigo y maestro, a quien siempre recordaremos por su sabiduría, dedicación y generosidad.

(*) Antonio Gómez Sal, José Manuel de Miguel y Carlos Montes.

Los firmantes han sido catedráticos de Ecología, en las universidades de Alcalá, Complutense y Autónoma, en la Comunidad de Madrid. Antonio Gómez Sal es actualmente Profesor Emérito en la Universidad de Alcalá.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, abonen 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil por el uso del software investigado en la causa contra ellas y de personal de la institución educativa.

Así se desprende del escrito de conclusiones provisionales que la UCM ha remitido al juez que investiga la causa, Juan Carlos Peinado, y al que ha tenido acceso Europa Press, en la que la universidad está personada como perjudicada.

La UCM presenta este escrito tras la petición a las partes del magistrado instructor de ajustar sus peticiones para el juicio después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a Gómez y Álvarez y confirmó mantener el juicio con jurado popular.

Ahora, la Complutense hace suyos los hechos recogidos en el auto de la Audiencia de Madrid que “confirman la existencia de indicios racionales suficientes para continuar el procedimiento respecto del presunto delito de malversación de caudales públicos” en el uso del software “desarrollado con medios, recursos y bajo el paraguas institucional” de la universidad.

De este modo, recuerda que Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria en la institución educativa y remarca que “la circunstancia de que parte de los recursos destinados” a ella procedieran de aportaciones privadas “no altera su naturaleza, en tanto dichos recursos quedaban afectados al cumplimiento de fines de interés público de carácter universitario y educativo”.

Así, identifica dos focos en la supuesta malversación. Por un lado, “el programa informático y conjunto de actuaciones encaminadas a desarrollar el software, elaborado en el marco de la Cátedra Extraordinaria, respecto del cual el tribunal, y previamente esta Administración, considera que constituye un activo perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, financiado mediante aportaciones de entidades colaboradoras y recursos económicos de la propia universidad”.

Por otro lado, indica que la resolución “integra dentro del concepto de caudal o patrimonio público la actividad desarrollada por personal al servicio de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Cristina Álvarez, presunta “cooperadora necesaria”

La Complutense aprecia indicios de que “el software desarrollado en el seno de la cátedra habría sido desviado al ámbito de disponibilidad exclusiva de la investigada mediante el registro del dominio y de la marca a favor de la mercantil Transforma TSC sin conocimiento ni autorización” de la universidad.

Por todo ello, cuantifica “provisionalmente el perjuicio económico en 113.509,32 euros, derivado, de una parte, de la pérdida de disponibilidad del software desarrollado con recursos públicos y, de otra, del coste correspondiente a las retribuciones satisfechas con fondos públicos al personal cuya actividad, indiciariamente, habría sido destinada a fines particulares”.

Respecto a Cristina Álvarez, también hace suyos los argumentos de la Audiencia Provincial, que “fundamenta su eventual responsabilidad en calidad de cooperadora necesaria” del delito de malversación, “por su participación activa e indispensable en las gestiones dirigidas al desvío del referido activo patrimonial de la UCM hacia fines privados”.

“La Sala considera, con carácter indiciario, que su intervención constituyó un elemento personal indispensable para el desarrollo de la actividad desplegada en torno a la cátedra, excediendo las funciones inherentes al puesto que desempeñaba en la Presidencia del Gobierno y prestando una colaboración esencial para la realización de las actuaciones atribuidas a la codirectora de la cátedra”, concluye.

Peinado da tres días a las defensas sobre la audiencia preliminar

El juez Juan Carlos Peinado ha dado tres días a las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que informen si renuncian a la audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, y les ha instado a que presenten su escrito de defensa en el plazo de cinco días, según una providencia de este 28 de julio a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El pasado 15 de junio, el magistrado ya celebró una audiencia preliminar a la que acudieron Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como las partes y la Fiscalía, Días después de aquel trámite, el juez le retiró el pasaporte a la esposa de Sánchez, una decisión que fue revertida por la Audiencia Provincial de Madrid, que también archivó para ella y su asesora los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Por su parte, la Fiscalía ha avanzado que presentará un escrito de conclusiones absolutorias próximamente, tal y como hizo antes de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar para Gómez y su asesora los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que previamente le atribuía Peinado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal traslada al juez que “no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio”, por lo que interesa “traslado posterior a fin de formular escrito de conclusiones absolutorias a la vista de las pretensiones que pueda ejercer la acusación popular unificada”.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha reaccionado a la noticia en un mensaje que ha compartido en la red social X y ha asegurado que “esto no hay vacaciones ni incendios que lo paren”. Además de compartir la petición de la Complutense, ha terminado diciendo que “van todos pá'lante”.

La acusación popular de HazteOir solicita trece años de prisión para Begoña Díaz por un delito de tráfico de influencias y dos de malversación de patrimonio público en relación con sus trabajos para la Universidad Complutense de Madrid, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por la creación de una cátedra extraordinaria, distinta del máster que venía impartiendo la mujer del presidente del Gobierno, la organización ultracatólica considera que ha cometido un delito de tráfico de influencias que debe ser castigado con dos años de cárcel. Asegura la acusación que Gómez “ideó la cátedra con total independencia de la Universidad Complutense” y luego se ayudó de Juan Carlos Barrabés, al que la Audiencia Provincial ha sacado del procedimiento del tribunal del jurado y su acusación seguirá por el trámite del procedimiento abreviado.

“Se nombró a Begoña Gómez directora de la Cátedra no siendo profesora o personal d e adminitración de servicios con vinculación permanente a la UCM”, dice HazteOir, pese a los años que llevaba la mujer del presidente trabajando en el máster de la Universidad. “Materialmente, [la cátedra] no fue una estructura académica sino un instrumento de captación de financiación y de mediios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada”, concluye HazteOir, sin precisar cuál fue el beneficio que obtuvo Gómez.

La asociación ultra recurre a la reunión entre el rector de la Complutense y Gómez para concluir que fue “aprovechada por Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, instituciónal o académicamente por debajo de él, y fue asimismo consciente de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión [Moncloa] y de su relación matrimonial con el presidente del Gobierno”.

En relación con la supuesta desviación de los trabajos que debía hacer para ella su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, HazteOir considera que ha cometido un delito de malversación de fondos públicos y que debe ser castigada con tres años de cárcel. La asistente envió correos electrónicos de parte de Gómez.

HazteOir considera que la retribución de Álvarez “está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en ningún caso para pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma”.

A estos hay que sumar otro delito de malversación por el supuesto “uso y desvío hacia la esfera privada del software” de la Complutense, “desarrollado con fondos públicos de la Cátedra, mediante la utilización de marcas, dominio y sociedad mercantil”, añade. Este delito debe ser castigado, según los ultras, con ocho años de cárcel. En un principio, estos hechos estuvieron calificados como apropiación indebida, pero la Audiencia Provincial corrigió al respecto al juez Juan Carlos Peinado.

Gómez, con la ayuda de Álvarez, “se hizo con y puso bajo su poder de control y disposición, con ánimo de lucro, el programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC. El activo le había sido confiado, en su condición de directora y después codirectora de la Cátedra, para una finalidad universitaria y debía quedar integrado en el patrimonio de la UCM. ”Sin embargo, no efectuó su entrega institucional ni formalizó a favor de la Universidad la cesión de los derechos de propiedad intelectual, de la marca o del dominio, sino que lo hizo accesible a terceros a traves de un dominio registrado a su nombre, empleo maras registradas personalmente, constituyó una sociedad mercantil de denominación coincidente y proyectó el activo hacia su esfera privada“, continúa.

Para Cristina Álvarez, HazteOir solo pide que se la castigue por cooperadora necesaria del delito de malversación del software con seis años de cárcel y un delito de inhabilitación absoluta por quince años. Para Gómez, la suma de los periodos de inhabilitación absoluta que solicita HazteOir es de 24 años y diez sin beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

HazteOir propone que declaren decenas de testigos en el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el delincuente Víctor de Aldama.

La investigación y el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno por la justicia española, imputándole tráfico de influencias y malversaciones por la obtención de una cátedra en la UCM, es el ejemplo perfecto de la violación de uno de los principios constitucionales más relevantes de la democracia española y europeas: el Estado de Derecho.

El tráfico de influencias de un particular está regulado en el art. 429 del Código Penal, y consiste en la influencia en un funcionario público o autoridad “para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. Nada de esto, ni siquiera un indicio leve, parece haber existido en la conducta de Begoña Gómez. Imputarla por ello es una decisión que puede calificarse de arbitraria.

El otro delito de que se imputa a Begoña Gómez es “malversación” por una autoridad (art. 435 del Código Penal) de fondos públicos. Pero no hay indicio alguno de que tal conducta se haya producido, tal como señaló el Fiscal con todo lujo de detalles.

Sobre las dos imputaciones sobrevuela un principio capital del Estado de Derecho: la presunción de inocencia, que es, además, un derecho fundamental (art. 24.2 de la Constitución), con amparo ante el Tribunal Constitucional.

Este principio traslada a la parte acusadora (judicial o de acción popular) la obligación o carga de la prueba de la destrucción de la presunción de inocencia. Se exime así al imputado de la necesidad de demostrar su inocencia. Un derecho el de presunción de inocencia recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (art. 14.2), en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ar. 6.2) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 46).

No basta en derecho penal la duda sobre la culpabilidad. Tiene que poseer la suficiente fuerza para destruir la presunción de inocencia. Según doctrina del Tribunal Constitucional, en caso de duda solo cabe una resolución judicial exoneradora de toda culpa o sospecha de culpa.

Estos principios no sólo están pensados para aplicarlos al momento del juicio penal, sino ante la importante decisión de decidir investigar unos hechos con apariencia delictiva. La investigación, imputación o juicio de una persona implica siempre una sombra de culpabilidad implícita que afecta directamente a la honorabilidad o sentimiento de esa persona el resto de su vida.

Esto es lo que sucede con Begoña Gómez. La ausencia evidente de pruebas indicadoras de los delitos de los que se la juzgará constituye una violación del principio constitucional de la presunción de inocencia.

El auto de la Audiencia de Madrid decide, de forma asombrosa, que es verosímil que por ser mujer del Presidente, y sólo por serlo, Begoña Gómez produce dos efectos: primero, un “influjo” -sin explicarlo- sobre la Universidad, y, segundo, una “presión moral suficiente” (sic) como para mover la voluntad de la autoridad académica. El primer efecto (“influjo”) sería tráfico de influencia. El segundo (“presión moral”) malversación, aunque el propio Fiscal, que ha solicitado el archivo de la causa, advirtió que Begoña Gómez percibió “cero euros” por la cátedra.

Sea cual sea el veredicto final del tribunal (del jurado) que juzgue a la investigada, ella habrá sufrido una pena insoslayable: la de una acusación y un procesamiento que pesará sobre la afectada por meses o años.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado al profesor de la facultad de Ciencias Políticas Juan Carlos Monedero con un año de suspensión de funciones por acoso sexista a varias alumnas, un hecho calificado como falta muy grave, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es. El expediente comenzó en febrero de 2025: entonces, una alumna, al amparo del protocolo de actuación contra el acoso sexual y/o sexista con el que cuenta la universidad, denunció al profesor.

El mismo día en el que elDiario.es publicó que dos mujeres avisaron a Podemos en septiembre de 2023 de los comportamientos machistas, incluidos “manoseos”, de Monedero, uno de sus fundadores, con mujeres jóvenes en entornos del partido, la Complutense hizo pública la apertura de la investigación. Juan Carlos Monedero negó entonces todas las acusaciones. La UCM no confirma ahora la sanción “por protección de datos”.

En un post en X, Juan Carlos Monedero admitía este martes por la tarde la sanción de la Complutense, pero rechaza haber realizado algunas de las conductas que le atribuye el expediente. Monedero, a través de un comunicado de su abogada, anuncia que ha recurrido judicialmente el expediente disciplinario, cuya tramitación, asegura, ha estado “plagada de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales y procimentales”. En el comunicado, el expolítico sugiere que se trató de una denuncia con fines políticos.

Tras conocer la apertura de la investigación, Monedero pidió una baja laboral, según anunció la facultad de Ciencias Políticas. Sin embargo, en marzo, debido al expediente en curso, la Complutense le impuso como medida cautelar la suspensión de sus funciones durante seis meses, el tiempo máximo permitido mientras se resuelve un proceso de este tipo. Pasado ese periodo, como contó elDiario.es, el expolítico volvió a dar clases.

A la sanción de funciones y sueldo que le impone ahora la Complutense, de un año de duración, se le restan los seis meses impuestos como medida cautelar el año pasado. El protocolo contra el acoso sexual y/o sexista de la UCM remite a las sanciones contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La actuación de la Fiscalía

En abril de 2025, la Complutense envió el expediente a la Fiscalía, una posibilidad que contempla el protocolo del centro cuando el caso es de gravedad. Sin embargo, a comienzos de junio, la Fiscalía anunciaba que no seguiría investigando los hechos cometidos por Juan Carlos Monedero contra alumnas de la UCM. El Ministerio Público constataba entonces que el profesor utilizó expresiones “inadecuadas” e insultos machistas, pero que los hechos no constituían delito. La decisión de la Fiscalía dejaba todo el peso a la universidad, que aseguró que, una vez el caso judicial se había archivado, continuaba su investigación interna.

Los hechos relatados por la mujer que interpuso la denuncia interna sucedieron durante el curso académico 2021-2022 y afectaron a varias alumnas. Las conductas incluidas en el expediente consistían en expresiones que la Fiscalía calificó como “inadecuadas, improcedentes, fuera de lugar y reprochables moralmente, sobre todo de quien se dedica a enseñar y a quien se le exige una cierta responsabilidad social vinculada a transmitir unos valores éticos”, pero sin llegar a ser, señalaba el Ministerio Público, constitutivas de delito. Para que lo fueran, proseguía, debían de suponer un trato degradante más lesivo, algo que se produce cuando existe reiteración, desvalor, o menoscabo grave de la integridad moral.

Según pudo saber elDiario.es, entre los comportamientos que el expediente atribuía a Monedero había comentarios como “tienes cara de zorra” a una alumna, presumir de haber mantenido relaciones con algunas de ellas o comentar el vestido que llevaba una de las jóvenes en el aula. Aunque la Fiscalía no veía mimbres para que los hechos constituyeran un delito contra la integridad moral, sí señalaba “el perjuicio y daño que pueden causar estos comportamientos entre el alumnado” e instaba a la Complutense a actuar.

“Esta situación de vulnerabilidad y de asimetría debe ser conocida por quien tiene la autoridad para restablecer el equilibrio y evitar que se produzcan estas situaciones, cuanto menos desafortunadas, impropias, inadecuadas y gratuitas, las cuales podrían, en su caso, corregirse en vía disciplinaria mediante la continuación de la tramitación del Expediente Disciplinario incoado”, decía el Ministerio Público.

Las denuncias en Podemos

En febrero de 2025, elDiario.es publicó que el 12 de septiembre de 2023 una mujer alertó por escrito a Podemos de que tenía “conocimiento directo” y era “vox pópuli” que Juan Carlos Monedero “incomoda y manosea a mujeres jóvenes en entornos del partido”. El caso fue remitido a la Comisión de Garantías del partido, pero Podemos aseguró que, al pedirle más datos a la denunciante, nunca contestó. La mujer que interpuso la queja aseguró a elDiario.es no haber recibido ninguna respuesta a su mail por parte del partido. 

Solo dos días después del correo enviado por la simpatizante, el 14 de septiembre, Monedero anunció en redes sociales su dimisión de la dirección de la Fundación República y Democracia, el único cargo ligado al partido que mantenía, aunque su salida, según fuentes oficiales del partido, se había producido en mayo.

Ese mismo día, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, agradecía el “incansable trabajo” de Monedero. Varias fuentes confirmaron a este periódico que, para entonces, la dirección del partido ya tenía conocimiento de que una mujer había enviado una queja por escrito contra Monedero por sus comportamientos inapropiados con mujeres cercanas a ese espacio político.

Por las mismas fechas, una segunda mujer hizo llegar un testimonio todavía más grave a varios miembros de la dirección, aunque no por escrito. Fuentes oficiales de Podemos aseguraron a elDiario.es que cuando tuvieron conocimiento de esas quejas apartaron al dirigente de los actos del partido, aunque no llegaron a comunicarle los motivos. Monedero, por su parte, afirmó que nadie le comunicó nunca esas protestas y que él siguió participando en actos de partido por toda España después de septiembre de 2023.

La Sexta hizo públicas unas capturas de los chats del grupo de Telegram del Consejo Ciudadano Estatal que mostraban que Monedero seguía participando en ese órgano al menos hasta diciembre de 2023, meses después de que tuvieran conocimiento de la denuncia.

Eran tiempos de manifestaciones, asambleas, huelgas y hasta libros prohibidos en una universidad tan convulsa como el momento político que se vivía. Siempre habían estado ahí, personas ávidas de conocimiento cuyo motor en su día a día era la curiosidad, las ansias de contar el mundo, saber qué había más allá de lo que se veía a simple vista y explicarlo. Hace medio siglo, se licenció la primera promoción de periodistas universitarios en España tras superar los cinco cursos de carrera en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Al visitar la Facultad de Ciencias de la Información (CCINFO), varios de estos protagonistas rememoran con cariño y cierta añoranza aquellos años de juventud y aprendizaje. A sus 71 años, Ángeles Afuera expresa que hizo el curso preuniversitario, antecesor del archiconocido curso de Orientación Universitaria, en el instituto público madrileño Isabel la Católica. “A mí siempre me ha gustado escribir por el placer de hacerlo y tenía mucha vocación por preguntar”, dice. Con 17 años se matriculó en la nueva carrera, a la que accedió tras realizar un examen de ingreso en octubre aquel 1971, al igual que todos sus compañeros.

Todavía no estaba construida la mole de hormigón armado, ideal ejemplo de arquitectura brutalista, por la que han pasado algunas de las plumas más señeras del periodismo español. “Era todo un poco desastre. Nosotros comenzamos las clases en febrero de 1972 en la Escuela Oficial de Cinematografía, hoy Instituto de Radio y Televisión, en la Dehesa de la Villa, y ahí hicimos toda la carrera”, expresa la fundadora del departamento de Documentación de la cadena SER. A la actual facultad la llamaban el búnker y la caja de cerillas, añade con sorna, después de verla construida tras aprobar su proyecto de edificación en 1971, cuando se dio rango de universitarios a los estudios de periodismo, publicidad y relaciones públicas e imagen y sonido, hoy comunicación audiovisual.

Por qué quieres ser periodista

Felipe Sahagún, especializado en información internacional, no sabía muy bien qué era el periodismo cuando se matriculó hace cinco décadas. “Yo recuerdo que me gustaba escribir y viajar”, apuntilla. No olvida el pequeño ensayo que realizaron en el examen de ingreso. Tuvieron que responder a la pregunta de por qué querían ser periodistas. Fueron varios centenares quienes contestaron de forma acertada: “Había lo que llamábamos el grupo de religiosos, militares, civiles, curas y monjas; profesionales que en ese momento ya estaban en los principales medios”.

“Luego había otros que se matricularon, pero a quienes les abrieron una especie de carrera paralela. Les era suficiente con acudir a unos seminarios los sábados”, desarrolla Sahagún a sus 73 años. Según asegura, muchas de las estrellas de televisión de los últimos años del franquismo llegaban al examen, ponían su nombre y sin contestar las preguntas les aprobaban.

César Gil fue otro joven que se licenció en Periodismo en 1976. En su caso, la espinita estaba clavada desde que participara años antes en el concurso ‘Olimpiada del saber’ que se emitía en una emisora local con alcance nacional. “Me había matriculado en ICADE, pero veía que me gustaba el mundo del periodismo y, sobre todo, la radio”, rememora. Desde entonces, como tantos otros, ha sido alumno, profesor universitario y periodista.

La política inunda las aulas

Afuera reconoce que el primer curso fue muy corto y tilda de “irregulares” los siguientes años de estudio. “A veces, parábamos para hacer una asamblea y otras entraba la Policía Armada para desalojar. Fueron años muy moviditos, evidentemente”, afirma antes de recordar con sus palabras los chorros de agua a presión y las carreras delante de los grises, tal y como denominaban a los agentes. “Los de periodismo éramos los primeros en saber si iba a haber lío porque veíamos los caballos de la Policía asentados al lado de un edificio en el que estudiábamos”, añade la locutora.

Son muchos años los que han pasado desde entonces, pero Afuera recuerda una batallita que le provocó cierto temor. “La policía nos quitó el carnet de la universidad cuando estabamos en la Facultad de Derecho, porque íbamos ahí a estudiar, y tuvimos que ir a la Dirección General de Seguridad a recogerlo. Nos decían que por eso ya nos tendrían fichados, pero yo nunca me lo creí porque no estaba tan metida en política”, se explaya.

Sahagún, que llegó a pasar por la redacción del periódico franquista ‘Informaciones’, como muchos compañeros que después formarían parte de los primeros pasos de ‘El País’, se matriculó en Ciencias Políticas aquel 1971 por si Periodismo no salía adelante. “A nivel político todo era una tensión. Perdimos algunos meses de clase por las protestas.Yo recuerdo a los caballos de la Policía en el hall de la Escuela”, relata.

De todas formas, siempre hubo clases. Sahagún, que trabajó como educador en un colegio de Guadalajara durante sus años universitarios, sostiene que algunos de sus compañeros acudían a las manifestaciones sin temor a que les pudieran retirar alguna beca, mientras que “otros siempre tuvimos que estudiar con ayudas y no podíamos arriesgarnos a que nos detuvieran porque no teníamos padrino”.

Gil, quien ha desempeñado su carrera mayormente ligado a Radio Televisión Española (RTVE), reconoce que la situación política y social provocaba que la gente estuviera muy inquieta, aunque con cierto grado de esperanza por un futuro mejor y diferente al sufrido durante cuatro décadas de franquismo. También tiene otra batallita: “Solía pasearme por las clases e ir a asambleas, algunas de corte político y otras más estudiantiles, y como impartía clase también, me iba enseguida”. Esto levantó sospechas. “Un día me di cuenta de que me seguían algunos estudiantes no con aspecto de muy buenas personas. Me querían zurrar porque pensaban que era un infiltrado policial”, completa. La situación se solventó sin violencia.

El eterno debate entre profesión y oficio

La antigua periodista de la cadena SER ha buscado algunos artículos de la época que hablaban de la creación de la carrera de Periodismo y sus primeros licenciados. “Había mucho escepticismo porque hasta entonces mucha gente pensaba que el periodismo se aprende ejerciéndolo, y yo estoy de acuerdo”, enfatiza. Sin embargo, en la década de los 70 ya eran varias las escuelas oficiales de periodismo en funcionamiento. De ellas salieron voces y firmas como las de Rosa Montero, Rosa María Calaf, Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

Las aulas no solo aportaban un conocimiento teórico y más o menos práctico sobre las áreas en las que el periodista debería desenvolverse, sino también una especie de “madurez”, según Afuera, que “creaba espíritu crítico”. Más allá del periódico ‘El Alcázar’ y las revistas en la que trabajó durante la carrera, esta comunicadora dio el salto a la radio en febrero de 1977 con el programa ‘Las ciudadanas’, el primer espacio que hablaba a la mujer de temas como la patria potestad, la igualdad salarial y el divorcio. Formó parte de los servicios informativos de la SER hasta 1989, cuando fundó el departamento de Documentación de la emisora. “Metí la cabeza con 22 años y la saqué con 62”, abunda Afuera.

Sahagún exclama que “donde hemos aprendido periodismo es en las redacciones, en la calle y viendo y cubriendo acontecimientos”. Él, que siempre ha estado ligado la universidad como docente de Relaciones Internacionales desde que se licenció y ha llegado a ser subdirector de informativos en Televisión Española y Radio Nacional de España, admite que “las aulas sirven para poner un pie en tierra y entrar en contacto con ciertas personas”. Por su parte, Gil, que ha llegado a ser director de Producción de los Servicios Informativos de RTVE, opina que “todo puede llegar a ser un oficio” si ello se entiende como la enseñanza de una destreza mediante el hacer. “La universidad da una pátina y una base importantísima, y eso luego se nota. Yo creo que es oficio y profesión”, zanja.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Ni los jóvenes son de extrema derecha, ni Vox es el partido que más les convence. Al menos es lo que retrata el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que ya en sus últimos barómetros colocó al partido de Abascal en tercer lugar para el votante de entre 18 y 24 años, un tramo de vida asociado en la educación reglada a la etapa universitaria. Los datos recogidos en el mes de abril le dieron un 14,8% en intención de voto joven, unos dos puntos menos que el PP (17,1%) y seis respecto al PSOE (21,4%), la opción más popular entre los encuestados. Pero el porcentaje que sobresale es el que está aún en disputa: el 23% de votantes con menos de 25 años está indeciso, prefiere no votar o echará una papeleta nula o en blanco. Para llegar a ellos, la extrema derecha se ha fijado en las universidades: un espacio plagado de jóvenes en pleno proceso de politización y con edad para votar.

En el camino han logrado visibilidad, pero aún están lejos de alcanzar la hegemonía. Durante el 15-M, la comunidad universitaria se volcó en las protestas y reclamó mejoras sociales en un momento de hastío político. Algunos campus de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM) o la Carlos III se convirtieron en un símbolo del movimiento: sus estudiantes, docentes y las asambleas universitarias tuvieron una participación activa en las acampadas de la Puerta de Sol. Juventud Sin Futuro, uno de los colectivos que prendieron la mecha del 15-M era, de hecho, eminentemente universitario.

Cuando pasó 2011 y el suflé bajó, ese activismo desde las aulas quedó centrado en causas más concretas, y no tanto en un descontento general: feminismo, movimientos por la educación pública o reivindicaciones culturales. En ese tiempo, tanto los grupos más conservadores como los de extrema derecha permanecieron ajenos a la hegemonía cultural, y su presencia pública en las facultades fue más bien de nicho, muy focalizada en organizaciones concretas como el sindicato Respuesta Estudiantil, extinto desde 2015. Pero en la última década y, especialmente, desde hace unos años, todo parece distinto.

“¿A ti también te han dicho que la II República fue un paraíso?”

El pasado 20 de abril, un anuncio volvió a mover las aguas. El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) envió un correo electrónico a la comunidad universitaria para anunciar un evento. “¿A ti también te han trasmitido que la Segunda República fue un paraíso democrático?”, comenzaba el mensaje. En cierto modo, acabó volviéndose en su contra. Este órgano interno de gobierno es de carácter público y gestiona todo lo relativo al alumnado, e invitó a las facultades a una ponencia con los autores de un libro de 2017. En él, dos historiadores de otra universidad madrileña, la Rey Juan Carlos (URJC), plantearon la posibilidad de un fraude electoral en los últimos comicios de la Segunda República, que aceleraron su fin.

Estos dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas que obtuvo la mitad de los votos y prendió la mecha de la Guerra Civil. En la agenda de la UAM, el acto de Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío —que ya avanzan en la sinopsis que su libro “causará polémica y debates encendidos”—, no contaba como actividad oficial. Esto, según la universidad, no necesariamente es inusual: ocurre con los eventos no institucionales o que no convocan ellos directamente, sino una entidad externa o alguna asociación estudiantil. En este caso, era lo segundo.

Pero todo lo demás fue fruto de un error: al día siguiente, el propio Vicerrectorado de Estudiantes remitió un segundo e-mail en el que pedía hacer “una aclaración”, dado que “la redacción del [anterior] mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta”. “Estimados estudiantes, [...] La difusión de este tipo de actividades a través de los canales institucionales responde a la solicitud recibida, pidiendo la difusión de una actividad organizada por estudiantes. En ningún caso dicha difusión implica una toma de posición institucional, ni la asunción de los contenidos, enfoques o planteamientos de los actos anunciados”, escribió su vicerrectora, Nuria Fernández Monsalve.

El órgano de representantes insistió en su “compromiso con el rigor académico, el pensamiento crítico y los valores democráticos que inspiran a la institución, así como con una convivencia basada en el respeto y el diálogo”. “Tomo nota de ello: reforzaremos los criterios de comunicación para que el carácter estrictamente informativo de estos envíos resulte inequívoco”, se disculparon. Aunque, a preguntas de Somos Madrid, desde la Universidad Autónoma aseguraron que el segundo correo electrónico “no se envió expresamente por haber recibido críticas”, sí admiten una “confusión”: ese acto no era de la institución, así que no tenía que haberse promocionado por las vías oficiales.

Sin embargo, rectificaron la primera comunicación al “darse cuenta de que no era un evento de la universidad”. La diferencia entre unas actividades u otras, además de quién las coordina, es si por lo general reciben subvenciones públicas para desarrollar su agenda. De momento, nada apunta a que así fuera en el coloquio sobre 1936: la actividad sí que parte de una organización elegida entre las que representan al alumnado en la Facultad.

Los nombres detrás de estos movimientos juveniles

Alternativa estudiantil es una asociación próxima a la extrema derecha en la universidad española. Conocedores de que el fetichismo de las pequeñas diferencias ha funcionado tradicionalmente en el campo nacional —incluso más que para la izquierda—, su discurso delimita líneas maestras que refuerzan algunos conceptos como patria, familia y religión. Un vistazo a sus redes sociales devuelve multitud de mensajes que caben en estos moldes, y congregan los temas habituales de una derecha sincretista o algunos homólogos en Europa, como el espacio florentino Casaggi Firenze. Que, de hecho, ha servido de cantera juvenil para Fratelli d'Italia, el partido de Georgia Meloni.

Entre sus memes abundan los mensajes islamófobos, recuerdos franquistas, alusiones a la Reconquista, imaginería católica elaborada con IA, las teorías de la conspiración de sus hermanos mayores (como la del 11-M) o defensas indisimuladas del plan Kalergi (un supuesto complot internacional para importar trabajadores de Asia y África y mezclarlos con las “razas europeas”). Pero el origen del grupo hay que buscarlo en las políticas europeas de movilidad universitaria.

Diego Fernández de Eribe venía militando en grupos juveniles de extrema derecha desde el Bachillerato. Algunos nombres: Revuelta Identitaria, Juventud Identitaria, Estudiantes por España o Plataforma 722. En 2022, la beca Erasmus le llevó hasta la ciudad de Turín, donde militó en el Frente Universitario de Acción Nacional, una veterana formación italiana de extrema derecha cuyas prácticas quiso trasladar a España a su vuelta. Un año después, se juntó con antiguos camaradas y miembros del entorno del medio de comunicación Herqles para fundar Alternativa Estudiantil. La mayoría de estos datos los contó el fundador de la asociación para un trabajo académico, hace ya un año.

Fernández de Eribe también ha trabajado en CitizenGo (marca europea de la que depende Hazte Oír) y fue candidato por Vox en Ávila. Dimitió en septiembre de 2025 como presidente de la asociación que él mismo había fundado, pero sigue activo en los saraos del campo juvenil patriota. Intervino como activista, pero sin filiación militante, en la conferencia celebrada en Madrid el pasado 11 de abril sobre Remigración llamada Frontera, en la que participaron el ex líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, junto con miembros de otros grupos españoles y portugueses de extrema derecha. Entre ellos se encontraba Alternativa Estudiantil.

Los vínculos con Vox: militantes invitados y actos comunes

En un comunicado emitido luego por la organización, esta salió al paso de las suspicacias ocasionadas por los movimientos internos de Vox, o la creación de posibles escisiones en la formación para declarar su independencia. Aunque nacieron en Madrid y esa sigue siendo su principal base de maniobras —actualmente tienen presencia en la UAM, la Universidad Carlos III, la Complutense y la Rey Juan Carlos—, se han extendido a Asturias, Valencia, Alicante y Málaga, según sus publicaciones en redes sociales.

Los referentes internacionales en los que se apoyan son otros grupos y sindicatos juveniles de la derecha, como el ya mencionado de Turín o el NSV flamenco. También los franceses Cocarded étudiante, con quienes mantuvieron un encuentro en el Centro Social Hermanos García Noblejas de Pueblo Nuevo, punto de encuentro ideológico en el barrio que opera bajo el nombre Asociación Cultural Alfonso I. Dentro de España, se incardinan en una tradición de grupos de extrema derecha como Respuesta Estudiantil, ya desaparecida; además, tienen relaciones con otros grupos universitarios similares, como X El Futuro (Alicante), S'ha Acabat! o Estudiants pel Canvi, ambos de Cataluña. Juntos acudieron recientemente a un acto en Castellón al que también asistió Jorge Buxadé, de Vox.

La coincidencia en espacios comunes con Vox no es anecdótica. El pasado 12 de abril participaron en un acto de Málaga contra la Zona de Bajas Emisiones convocada por Solidaridad, el sindicato de Vox. Solo unos días después, una delegación del grupo se fotografiaba con los diputados Carlos Hernández Quero e Isabel Pérez Moñino, certificando la cercanía a los sectores soberanistas y más alejados del liberalismo de la formación de extrema derecha. Sin ir más lejos, sus redes exhiben otras reuniones públicas con Hernández Quero.

Alternativa Estudiantil nació en septiembre de 2023 en el seno de la Facultad de Derecho de la UAM. Aunque critican constantemente a los “institucionalistas”, han hecho de la participación en los órganos de representación estudiantil de las facultades una punta de lanza para su crecimiento, junto con la organización de actos polémicos y las habituales pegadas de carteles. Su primera actuación reseñable fue presentarse a las elecciones de Junta de Facultad de Filosofía y Letras, en la misma universidad.

Entonces obtuvieron dos representantes y pasaron a la acción, insistiendo en discursos críticos con las universidades, la izquierda o esos colectivos denominados institucionalistas y trasladando el mensaje de que sus preocupaciones habituales son ajenas al día a día del alumnado. La baja participación en los distintos comicios universitarios permiten que, con muy pocos votos, un grupo organizado consiga cierta representación en los órganos de representación universitarios. En un ejemplo elocuente: en las elecciones de la UAM en marzo de 2026, lograron un representante con 10 votos en el Consejo de Gobierno.

El avance desde 2018 y la visibilización de actos polémicos

La excepción española en Europa respecto al peso de partidos de extrema derecha en sus Cortes vio su fin en diciembre de 2018. Vox, que había ganado fuerza con el conflicto catalán, entró de lleno al Parlamento andaluz y anticipó la llegada de Santiago Abascal al Congreso de los Diputados. Con este impulso, algunos de esos espacios condenados a la marginalidad volvieron a tomar parte en el debate político. En las universidades madrileñas, uno de los episodios más polémicos tuvo lugar hace cuatro años.

Era abril de 2022 cuando un centenar de estudiantes y docentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) increparon a Javier Ortega Smith hasta expulsarle de un acto no autorizado en la Facultad de Ciencias Políticas. El Campus de Somosaguas vio nacer a Podemos y está íntimamente ligado a la historia reciente de la izquierda. El entonces miembro de Vox, hoy en disputa abierta con su dirección, había acudido a un evento organizado por una plataforma ajena a la universidad, y que el Decanato ya había cancelado un día antes. Sin embargo, sus promotores avisaron de que eso no les pararía. La facultad terminó cerrando preventivamente sus instalaciones y hubo un gran despliegue policial, similar al que se repitió en febrero del año pasado con un antiguo compañero de siglas de Ortega Smith.

En febrero de 2025, cientos de estudiantes se plantaron en la Complutense para boicotear un acto de Iván Espinosa de los Monteros. Como el invitado no podía acceder a la sala de conferencias, acabaron suspendiéndolo. Pero estas disputas muy sonadas fueron marcando una voluntad ideológica, en busca de asentar a determinados grupos en un entorno universitario que hasta entonces se les escapaba. La cita con Espinosa de los Monteros la había convocado, precisamente, una de las asociaciones estudiantiles con representación entre facultades.

Libertad Sin Ira nació en 2021. Capitaneada por Ignacio Dancausa, hoy al frente de las Nuevas Generaciones del PP, su objetivo fundacional era disputar el “monopolio” de la izquierda en las universidades públicas. Hoy constan en el listado oficial de asociaciones con representación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Entre los valores que ellos mismos exponen en su página oficial suenan muchos conceptos comunes (consenso, democracia representativa, libertad de expresión...) y otros que resuenan en círculos conservadores, como la unidad o la lealtad a España.

Los recursos universitarios para asociaciones estudiantiles

Dos años después de echar a andar, en marzo de 2023, Libertad Sin Ira protagonizó un primer momento tenso con la universidad, algo distinto al que luego vivió con el acto frustrado de Iván Espinosa de los Monteros. La asociación estudiantil había invitado a otra cara visible de Vox, Rocío Monasterio, para ofrecer una charla por el 8-M. Como el resto de políticos mencionados, Monasterio hoy ya no forma parte del núcleo de Santiago Abascal, pero entonces era uno de sus rostros más conocidos. La Facultad de Derecho de la UCM, donde se quería organizar la cita, advirtió que esta “no había sido autorizada” y que, por lo tanto, tampoco podría celebrarse.

Eso no frenó su expansión: para cuando volvieron a intentarlo, en 2025, esta organización ya había consolidad su presencia en varias universidades madrileñas. Según su propia página web, aún mantienen delegados estudiantiles en cuatro de seis instituciones: la UCM, la URJC, la UAM y la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid). Sobre qué implica formar parte de la Junta de Gobierno o de Facultad en uno de estos centros académicos habla una de las plataformas con presencia transversal en varios de ellos, UAM x la Pública. Nacieron en la Universidad Autónoma como una agrupación de estudiantes, docentes y trabajadores de derecha de la universidad pública.

Uno de sus portavoces explica a Somos Madrid que, de entre las asociaciones estudiantiles, no todas tienen una razón política o de lucha social. De hecho, son las menos frecuentes. La mayoría de entidades registradas por el alumnado son culturales o de ocio. La plataforma universitaria de la UAM detalla que algunas giran en torno a los juegos de mesa, o a la robótica en el caso de algunas escuelas de ingenieros. Cuando obtienen representación formal en unas elecciones de la facultad, también pueden acceder a un presupuesto que cada academia dispone para actividades impulsadas por estudiantes. “En la [Universidad] Autónoma, por ejemplo, te dan alguna ayuda según el tipo de actividad que propongas”, aseguran desde la organización universitaria, que calcula unos 100 euros obtenidos para un taller de reprografía y 150 en otro de carpintería.

El dinero iba a parar a la adquisición del material con el que desarrollar y promocionar el evento. Aunque las cantidades siempre varían, en función de lo que cada centro decida en sus cuentas. “A veces se pide que el alumnado adelante el presupuesto. Se pacta una cuantía, luego se aportan facturas de todo y, al final, la universidad lo repone”, afirman las mismas fuentes, tajantes a la hora de citar alguna referencia directa a las asociaciones estudiantiles que hoy orbitan en sus facultades y mantienen vínculos con la extrema derecha. “Al final, su verdadera ventaja no es la de tener una gran representación e influencia interna, sino el hacer ruido. Si les damos otro altavoz, dudo que eso juegue a nuestro favor”, concluyen.

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido su citación del próximo 9 de junio en el juzgado de Juan Carlos Peinado, trámite previo para que sea enviada a juicio ante un jurado popular. La esposa del presidente del Gobierno acusa al magistrado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal” y de tramitar el procedimiento “como si tuviera excesiva prisa”. El abogado de Gómez, que ya pidió aplazar la cita por tener otros asuntos judiciales ese mismo día, entiende que antes debe llamar a declarar al codirector de la cátedra extraordinaria y a los autores de los informes periciales que ha presentado en las últimas semanas.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia interpuesta hace dos años por el pseudosindicato Manos Limpias, propuso el pasado mes de abril que fuera juzgada ante un jurado popular por cuatro delitos distintos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Una causa que abarca toda la vida profesional de Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, entre acusaciones de usar su posición para favorecer a un empresario, potenciar un trabajo que desarrollaba desde 2012 en la Universidad Complutense o usar a su asistente, Cristina Álvarez, para asuntos privados.

El siguiente paso de Peinado fue citar a Gómez el próximo 9 de junio para la audiencia preliminar obligatoria en este tipo de procesos, bajo advertencia de tomar medidas para evitar que “eluda” la Justicia. Una decisión que ha recurrido su letrado, Antonio Camacho, entre acusaciones de llevar el procedimiento con excesiva velocidad llevándose por delante varios de sus derechos.

Entiende la defensa de Gómez, en primer lugar, que tendría que haber citado a un testigo antes de tomar esta decisión. Se trata de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que, recuerda este escrito, “nunca ha declarado en instrucción”. “Nadie mejor que quien compartió la dirección de la misma puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultados”, afirma el letrado.

Esta diligencia fue denegada por el instructor y ahora la defensa de Gómez reclama que no ponga en marcha el proceso ante el jurado popular, al menos, hasta que la Audiencia Provincial resuelva sus recursos. También pide que Peinado tome declaración a los autores de los tres informes periciales que ha presentado en las últimas semanas.

Cierre de grupos, turnos (de tarde, sobre todo) que desaparecen, asignaturas optativas eliminadas, clases masificadas, profesorado impartiendo más horas de las que les corresponde por contrato... La Universidad Complutense de Madrid (UCM) prepara el curso que viene rebuscando bajo las piedras dónde recortar para cumplir con el Plan Económico y Financiero (PEF) que aprobó el rectorado para cuadrar las cuentas del centro, inmerso en un déficit presupuestario en los últimos años, y para empezar a devolver el crédito de 33 millones de euros que tuvo que pedirle a la Comunidad de Madrid ante la falta de financiación de la propia Comunidad de Madrid.

El rectorado de la universidad, cuentan varias fuentes, ha optado por pedirle a las distintas facultades que le propongan recortes en los grados y cursos que imparten en función de la ocupación, matriculaciones, etc. Una medida que se une al tijeretazo del 35% en los gastos generales que le impuso a los centros el pasado curso y que viene acompañada de un aviso a quien se niegue, según explican personas cercanas a varios decanatos que han visto los mensajes: a la facultad o departamento que rechace cierres no se le cubrirán bajas ni se le concederán sustitutos. Este periódico ha preguntado sobre este punto a la universidad, que no ha contestado.

La Plataforma x la UCM ha identificado propuestas de cierre de grupos en al menos siete facultades, y en otras dos se plantea clausurar un turno completo, mañana o tarde, entre ellas Sociología, Bellas Artes, Geografía o Comercio y Turismo. En Ciencias de la Información la UCM fuentes de la facultad cuentan que el rectorado quiere acabar con una de las ocho líneas de Periodismo, lo que en sí mismo supondría cerrar 67 grupos. En Ciencias Políticas van a “hibernar” un grupo entero de 2º de Antropología (se deja de ofrecer durante un curso o más, pero con la idea de recuperarlas) y otras materias optativas con poco alumnado, además de un grupo de 3º de Políticas y otro de 3º de Sociología.

Esta idea —cerrar el turno de tarde— es una de las opciones que más se están proponiendo en varias facultades, una medida que rechazan desde la Plataforma x la UCM porque afecta especialmente a los estudiantes que a la vez trabajan, explican, lo que va en contra tanto de los Estatutos de la UCM como de la ley universitaria (ambas tienen una fórmula similar a: “El estudiantado tendrá derecho (...) a un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”).

Dimite una decana

El último foco de conflicto ha estallado en la Facultad de Documentación. Este centro, de los más pequeños de la universidad, ha vivido una última semana agitada desde la marcha de protesta que realizaron estudiantes y profesorado el miércoles 13 por el cierre de uno de los turnos.

La Asamblea de estudiantes de esta facultad informó de que en una reunión el 21 de abril de 2026 se les explicó que “se habían llevado tres propuestas [de ahorro] desde Decanato al Vicerrector: la grabación de las clases, el mantenimiento de los turnos e ir cerrando desde primero hasta cuarto año a año, y el trabajo por parte de los profesores que quisieran dar esas clases del turno que se cerrará a coste cero”.

Según el relato estudiantil, “la propuesta de 'trabajo a coste cero' fue la que le pareció 'viable' al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado”, Julio Banacloche, que está pilotando el proceso. El estudiantado se negó a validar ninguna de las opciones.

Después vino la movilización del miércoles 13, que derivó en tensiones internas, según los convocantes, porque la decana, María Olivera, expulsó a algunos manifestantes del centro y llamó a la policía. Olivera, descrita por conocidos como defensora de la universidad pública, ha acabado dimitiendo esta semana, alegando “motivos personales”. La exdecana no ha contestado a los emails de este diario.

¿Vuelta a las clases de 80?

Esta idea de mantener grupos y turnos a “coste cero” para la universidad que se baraja para Documentación ya se ha estado aplicando este curso en algunas facultades, según cuentan fuentes de diversas facultades. “El profesorado imparte más docencia que la que le corresponde, hay gente dando más de las 240 horas de clase [anuales que les corresponden] de manera absolutamente generalizada. Y ya no podemos más”, explica una docente. Esta sobrecarga de trabajo, añade, “afecta sobre todo a las facultades de sociales y humanidades, porque en las facultades más experimentales tienen menos alumnado”.

Otra de las consecuencias del cierre de grupos y/o turnos es que, como explica una profesora, el alumnado no desaparece con ellas. Los estudiantes serán reubicados en otros grupos, devolviendo las clases a unas ratios de otros tiempos, preplan Bolonia, cuando había 80 personas en cada aula.

Y eso en el escenario bueno. Para otros, advierten desde la Plataforma x la UCM, la única alternativa puede acabar siendo la universidad privada. “Cerrar grupos en Humanidades o alguna Filología es más complicado, porque pueden no tener suficientes estudiantes, pero algunos grados minoritarios solo se imparten en universidades públicas en Madrid en la Complutense”, advierte un cargo directivo de una facultad.

"Es difícil sostener" que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. "¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más", sostuvo, mezclando ingresos de todo tipo

La situación viene originada por la infrafinanciación a la que ha sometido la Comunidad de Madrid a las seis universidades públicas de la región en los últimos años y de la que la Complutense es la que ha salido peor parada. El centro perdió 140 millones de euros entre los dos últimos ejercicios y se vio obligado a pedir un préstamo de casi 35 millones de euros a su financiadora para cerrar este ejercicio sin sobresaltos. De esta manera, no transferirle suficiente dinero a la UCM para su normal funcionamiento le va a rendir al Gobierno regional, que ganará unos dos millones de euros en concepto de intereses por el crédito.

Pero el Ejecutivo regional no se siente apelado. “Es difícil sostener” que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. “¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más”, sostuvo aludiendo al acuerdo firmado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores de las universidades públicas el pasado mes de marzo.

El consejero mezcla todo tipo de cifras en su afirmación. La Comunidad no pondrá 14.000 millones de euros más; esa es la cantidad total para el periodo 2026-2031, y ni siquiera es dinero que ponga el Ejecutivo regional. Los específicamente 14.790 millones de euros incluyen la aportación pública (12.294 millones de euros), pero también el capítulo III, que son los ingresos por precios públicos y tasas que tiene cada universidad y que pagan los estudiantes. Esta partida supone ya cada año una parte importante de los ingresos de los centros. Para la Complutense, en concreto, fueron 141 millones de euros por este capítulo III en los últimos presupuestos, lo que supone más de un 33% de transferencia anual que realiza el Gobierno regional (412 millones, según esa misma fuente).

Así, la aportación de la Comunidad de Madrid con sus propios fondos realmente subirá un 41% al final del ciclo 2026-2031, y pondrá sobre la mesa un total de 480 millones de euros extra el último ejercicio, 2031. Dicho de otra manera: el Ejecutivo regional subirá la partida que destina a universidades en 80 millones de euros anuales (de media y para las seis universidades) durante seis ejercicios, para pasar de 1.239 millones a esos 1.700 millones de euros en total. Supondrá, en su momento álgido y sin contar el previsible aumento del PIB que hará el crecimiento relativo aún más pequeño, pasar de una inversión del 0,4% del PIB a poco más del 0,5%. La ley estatal universitaria fija el 1% del PIB como meta para la inversión en universidades.

La Universidad Complutense recibirá específicamente de la Comunidad de Madrid 2.914,2 millones de euros en seis años (son 485 al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio).

“Hasta ahora los recortes solo habían venido afectando a lo ”interno“ de la universidad (contrataciones, recursos materiales en bibliotecas, horas del profesorado), pero ahora ha saltado”, analiza Santiago Cuesta, responsable de Universidad en CCOO Madrid. “Y eso que en los primeros años solo se devuelven intereses del préstamo, cuando lleguen los ejercicios en los que hay que devolver el importe en sí habrá más complicaciones”, cierra.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

Su defensa recuerda, sin embargo, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.

El letrado recuerda asimismo que este cargo no conllevaba “retribución económica alguna” y afirma que su nombramiento cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el centro universitario. Sostiene que fue el rector, Joaquin Goyache, quien le planteó en una reunión de julio de 2020 la posibilidad de que dirigiera una cátedra extraordinaria dada su experiencia con la codirección de dos máster.

El juez Peinado otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como la citada con el rector. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos. En su escrito, la defensa de Begoña Gómez alega que cuando se produjo esa reunión, la Complutense estaba cerrada por la pandemia y que, desde 2018, el Palacio de la Moncloa es su residencia familiar.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el letrado afirma que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense “para la medición del impacto social y su cuantificación”.

Las aportaciones económicas de las empresas colaboradoras ingresaron directamente en el patrimonio de la universidad, y fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. La defensa recalca que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Así, subraya que la esposa de Sánchez registró el dominio de internet y los símbolos de la marca “Transformación Social Competitiva” siguiendo las instrucciones expresas de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI) del centro universitario. Esto se hizo para evitar que terceros se apropiaran de ellos, dado que la normativa universitaria impedía registrar el producto a nombre de la Complutense hasta que estuviera totalmente finalizado.

Por otro lado, el escrito se refiere a las tareas de la asistente Cristina Álvarez, quien tenía un puesto “habitual en la historia de nuestra Democracia desde sus inicios” de gestión de la agenda y la seguridad de la esposa del presidente. La defensa indica que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

El seudosindicato Manos Limpias ha pedido en su escrito de acusación más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el documento, registrado este viernes, también solicita que se condene al empresario Juan Carlos Barrabés a dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.

La organización argumenta que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno” para que el rector de la Universidad Complutense “diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”. “Se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido [15.000 euros] sino que también detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”, señala el escrito, que también apunta que “inmediatamente después”, en julio de 2020, emitió “cartas de recomendación a favor de la empresa” de Barrabés.

Esas cartas a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. Un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario, pero Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa.

Manos Limpias también cree que los hechos anteriores podrían constituir un delito de prevaricación del que sería responsable quien nombró a Begoña Gómez para la cátedra universitaria, pero entiende que “tal acusación no es factible en este momento procesal”.

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

Recientemente, Manos Limpias pidió al juez en un escrito que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señalaba, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

La comunidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido convocada este jueves para opinar sobre el plan de ajuste aprobado (PEF) por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de febrero ante la situación económica del centro, que roza la ruina. Ante la pregunta “¿Paramos el plan de recortes?”, estudiantes, docentes y personal administrativo votan si apoyan la suspensión de unas medidas que conllevan un recorte de más de 33 millones de euros en la universidad.

Este referéndum llega en un momento de gran tensión en el campus madrileño, tras la firma en marzo del Acuerdo de Financiación Plurianual entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas. Para la plataforma convocante del referéndum, este acuerdo no soluciona la asfixia presupuestaria, sino que obliga a universidades como la Complutense a consolidar los recortes que hoy se someten a votación: el PEF aprobado incluye un recorte del gasto del 35% para todos los departamentos, jubilaciones que no se repondrán y cierre de asignaturas y grados.

Así, se prevé que estudiantado, profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria muestren hoy su rechazo hacia ese Plan Económico y Financiero aprobado en la UCM. “Es un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. 

Las urnas para votar este jueves (hasta las 18:00 h) se han situado en distintos puntos de las facultades, desde Bellas Artes hasta Derecho. Algunas facultades se han quejado o intentado impedir esta votación, alegando que es ilegal y eliminando la publicidad colocada, pero sus estudiantes han dicho que “siguen adelante”. “Por poner una mesa con una silla y una urna no pueden hacer nada, en todo caso te pueden decir que la quites, pero sería un conflicto ya que son actividades que no son nada cruciales”, asegura Eva Aladro, profesora de la Complutense y miembro de la plataforma que ha organizado la votación, UCM por la pública. 

Durante esta semana, las seis plataformas de las universidades públicas están preparando diferentes actividades reivindicativas, como asambleas y marchas, para rematar el domingo 19 con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña. A pesar de la cifra “histórica” de 14.800 millones de euros para las universidades públicas anunciados por Isabel Díaz Ayuso el mes pasado, la comunidad complutense denuncia que siguen sufriendo una “asfixia económica cronificada”. 

Las plataformas de las universidades aseguran que en esta cifra, la Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones), la recaudación de las matrículas (3.340 millones) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones), por lo que el incremento real de la financiación acordado por ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros para seis universidades públicas en cinco años.

Respecto al plan de recortes de la propia UCM, los más de 33 millones de euros de recortes incluidos en el PEF se traducen en el cierre de grupos y asignaturas optativas, menos dinero para becas e investigación, o salarios congelados y falta de mantenimiento en los edificios.

“Están cerrando másteres y asignaturas, ya nos han dicho que los profesores que se jubilan este año no los van a cubrir con nuevos profesores, sino con sustitutos, que es una figura muy precaria, que además no son especialistas, con lo cual se degrada totalmente la docencia”, explica Aladro. “En la facultad de Ciencias de la Documentación, en Documentación, les dicen que ya no van a tener turno de tarde… Se quitan los dos grupos o tres grupos de tarde, lo cual es hasta ilegal, porque hay que tener grupos de tarde para la gente que trabaja”, afirma. 

Julia y Germán, estudiantes de tercer curso de biología en la Complutense, también han notado esta situación: desde techos de las aulas que se caen a pedazos, hasta material que no se puede renovar ni reparar porque no hay presupuesto.

“Antes de que le dieran el crédito a la Complutense, en la facultad redujeron el horario de la biblioteca”, afirman, “y las salidas de campo que quedan son cogidas con pinzas”. Antes, su facultad organizaba viajes formativos a lugares como Doñana o el desierto de Almería. Ahora, están mucho más reducidas y a sitios más cercanos. “La universidad en general no saca tantos proyectos de investigación como podría”, concluyen. 

Sin embargo, estos recortes, según el rector de la UCM Joaquín Goyache, son “necesarios” porque la universidad “debe dinero” a la Comunidad de Madrid. “No 'debemos' nada a una institución que nos infrafinancia. Tampoco a un rector que no nos representa cuando pacta nuestra miseria a espaldas de la comunidad universitaria”, afirman desde UCM por la pública. 

Ángel Zurdo y María Cadilla, profesores en la Facultad de Ciencias de la Información, aseguran que este referéndum es una reacción a “un plan de desmontaje de la propia universidad, y en este caso, desde dentro”. “Hasta ahora se ha prestado mucha atención a qué estaba pasando desde la Comunidad de Madrid (cuáles estaban siendo los problemas de financiación, los recortes, es decir, los problemas sistemáticos) pero en este caso, la situación es mucho más grave porque la agenda de la Comunidad de Madrid está siendo asumida plenamente por el propio rectorado”, explican. 

Ellos también han notado este plan de recortes desde dentro del aula: “Hay muchas tensiones y se está jugando muchas veces incluso con la contratación de sustitutos, retrasándolo todo lo que se puede desde el propio rectorado”, explican. “Se están cubriendo a menudo con sobrecarga docente. Ha pasado en nuestro propio departamento, hemos tenido que impartir clases para que los alumnos no se queden sin clases, asumiendo una carga docente mayor de lo que nos corresponde”, concluyen. “Se están internalizando costes que deberían de ser cubiertos por la propia universidad”. 

Desde la mesa de votación de la Facultad de Derecho, Víctor cuenta las trabas que la facultad ha puesto para poder votar allí. Tenían la autorización de la facultad para instalar las mesas de votación dentro, pero asegura haber recibido correos prohibiéndoles utilizar material de la facultad, e incluso amenazando con unas posibles sanciones que, dicen, no tienen fundamento ninguno. Finalmente, han montado la mesa fuera del edificio. “Esta urna es una caja que utilizan en las Facultades de Ciencias que tuvo que comprar una profesora con su dinero para poder realizar experimentos, y nos la ha cedido aquí para tenerla como urna”, explica. 

Como la votación se puede hacer tanto en físico como a través de una web, ya se pueden ir contabilizando votos: en apenas unas horas, ya había casi 790. Alrededor del mediodía se han registrado unos 3.000 votos.

Desde la Facultad de Filosofía y Filología, Jorge Pérez, estudiante, cree que es muy importante votar, ya que “por primera vez en muchos años, ante un proceso tan importante como es el de la aprobación de un plan de recortes que afecta al conjunto de la comunidad universitaria, es el propio estudiantado, las profesoras, el personal laboral, quien ha puesto una mano sobre la mesa y ha dicho que aquí se tenía que escuchar su opinión”. Confía en que la gente vaya acudiendo con más frecuencia a las urnas conforme se desarrolla la jornada. 

La votación del referéndum finalizará a las 18:00h, cuando se procederá al recuento de votos para dejar claro lo que la Complutense en su conjunto, piensa de este plan de recortes.