La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado al profesor de la facultad de Ciencias Políticas Juan Carlos Monedero con un año de suspensión de funciones por acoso sexista a varias alumnas, un hecho calificado como falta muy grave, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es. El expediente comenzó en febrero de 2025: entonces, una alumna, al amparo del protocolo de actuación contra el acoso sexual y/o sexista con el que cuenta la universidad, denunció al profesor.

El mismo día en el que elDiario.es publicó que dos mujeres avisaron a Podemos en septiembre de 2023 de los comportamientos machistas, incluidos “manoseos”, de Monedero, uno de sus fundadores, con mujeres jóvenes en entornos del partido, la Complutense hizo pública la apertura de la investigación. Juan Carlos Monedero negó entonces todas las acusaciones. La UCM no confirma ahora la sanción “por protección de datos”.

En un post en X, Juan Carlos Monedero admitía este martes por la tarde la sanción de la Complutense, pero rechaza haber realizado algunas de las conductas que le atribuye el expediente. Monedero, a través de un comunicado de su abogada, anuncia que ha recurrido judicialmente el expediente disciplinario, cuya tramitación, asegura, ha estado “plagada de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales y procimentales”. En el comunicado, el expolítico sugiere que se trató de una denuncia con fines políticos.

Tras conocer la apertura de la investigación, Monedero pidió una baja laboral, según anunció la facultad de Ciencias Políticas. Sin embargo, en marzo, debido al expediente en curso, la Complutense le impuso como medida cautelar la suspensión de sus funciones durante seis meses, el tiempo máximo permitido mientras se resuelve un proceso de este tipo. Pasado ese periodo, como contó elDiario.es, el expolítico volvió a dar clases.

A la sanción de funciones y sueldo que le impone ahora la Complutense, de un año de duración, se le restan los seis meses impuestos como medida cautelar el año pasado. El protocolo contra el acoso sexual y/o sexista de la UCM remite a las sanciones contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La actuación de la Fiscalía

En abril de 2025, la Complutense envió el expediente a la Fiscalía, una posibilidad que contempla el protocolo del centro cuando el caso es de gravedad. Sin embargo, a comienzos de junio, la Fiscalía anunciaba que no seguiría investigando los hechos cometidos por Juan Carlos Monedero contra alumnas de la UCM. El Ministerio Público constataba entonces que el profesor utilizó expresiones “inadecuadas” e insultos machistas, pero que los hechos no constituían delito. La decisión de la Fiscalía dejaba todo el peso a la universidad, que aseguró que, una vez el caso judicial se había archivado, continuaba su investigación interna.

Los hechos relatados por la mujer que interpuso la denuncia interna sucedieron durante el curso académico 2021-2022 y afectaron a varias alumnas. Las conductas incluidas en el expediente consistían en expresiones que la Fiscalía calificó como “inadecuadas, improcedentes, fuera de lugar y reprochables moralmente, sobre todo de quien se dedica a enseñar y a quien se le exige una cierta responsabilidad social vinculada a transmitir unos valores éticos”, pero sin llegar a ser, señalaba el Ministerio Público, constitutivas de delito. Para que lo fueran, proseguía, debían de suponer un trato degradante más lesivo, algo que se produce cuando existe reiteración, desvalor, o menoscabo grave de la integridad moral.

Según pudo saber elDiario.es, entre los comportamientos que el expediente atribuía a Monedero había comentarios como “tienes cara de zorra” a una alumna, presumir de haber mantenido relaciones con algunas de ellas o comentar el vestido que llevaba una de las jóvenes en el aula. Aunque la Fiscalía no veía mimbres para que los hechos constituyeran un delito contra la integridad moral, sí señalaba “el perjuicio y daño que pueden causar estos comportamientos entre el alumnado” e instaba a la Complutense a actuar.

“Esta situación de vulnerabilidad y de asimetría debe ser conocida por quien tiene la autoridad para restablecer el equilibrio y evitar que se produzcan estas situaciones, cuanto menos desafortunadas, impropias, inadecuadas y gratuitas, las cuales podrían, en su caso, corregirse en vía disciplinaria mediante la continuación de la tramitación del Expediente Disciplinario incoado”, decía el Ministerio Público.

Las denuncias en Podemos

En febrero de 2025, elDiario.es publicó que el 12 de septiembre de 2023 una mujer alertó por escrito a Podemos de que tenía “conocimiento directo” y era “vox pópuli” que Juan Carlos Monedero “incomoda y manosea a mujeres jóvenes en entornos del partido”. El caso fue remitido a la Comisión de Garantías del partido, pero Podemos aseguró que, al pedirle más datos a la denunciante, nunca contestó. La mujer que interpuso la queja aseguró a elDiario.es no haber recibido ninguna respuesta a su mail por parte del partido. 

Solo dos días después del correo enviado por la simpatizante, el 14 de septiembre, Monedero anunció en redes sociales su dimisión de la dirección de la Fundación República y Democracia, el único cargo ligado al partido que mantenía, aunque su salida, según fuentes oficiales del partido, se había producido en mayo.

Ese mismo día, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, agradecía el “incansable trabajo” de Monedero. Varias fuentes confirmaron a este periódico que, para entonces, la dirección del partido ya tenía conocimiento de que una mujer había enviado una queja por escrito contra Monedero por sus comportamientos inapropiados con mujeres cercanas a ese espacio político.

Por las mismas fechas, una segunda mujer hizo llegar un testimonio todavía más grave a varios miembros de la dirección, aunque no por escrito. Fuentes oficiales de Podemos aseguraron a elDiario.es que cuando tuvieron conocimiento de esas quejas apartaron al dirigente de los actos del partido, aunque no llegaron a comunicarle los motivos. Monedero, por su parte, afirmó que nadie le comunicó nunca esas protestas y que él siguió participando en actos de partido por toda España después de septiembre de 2023.

La Sexta hizo públicas unas capturas de los chats del grupo de Telegram del Consejo Ciudadano Estatal que mostraban que Monedero seguía participando en ese órgano al menos hasta diciembre de 2023, meses después de que tuvieran conocimiento de la denuncia.

Eran tiempos de manifestaciones, asambleas, huelgas y hasta libros prohibidos en una universidad tan convulsa como el momento político que se vivía. Siempre habían estado ahí, personas ávidas de conocimiento cuyo motor en su día a día era la curiosidad, las ansias de contar el mundo, saber qué había más allá de lo que se veía a simple vista y explicarlo. Hace medio siglo, se licenció la primera promoción de periodistas universitarios en España tras superar los cinco cursos de carrera en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Al visitar la Facultad de Ciencias de la Información (CCINFO), varios de estos protagonistas rememoran con cariño y cierta añoranza aquellos años de juventud y aprendizaje. A sus 71 años, Ángeles Afuera expresa que hizo el curso preuniversitario, antecesor del archiconocido curso de Orientación Universitaria, en el instituto público madrileño Isabel la Católica. “A mí siempre me ha gustado escribir por el placer de hacerlo y tenía mucha vocación por preguntar”, dice. Con 17 años se matriculó en la nueva carrera, a la que accedió tras realizar un examen de ingreso en octubre aquel 1971, al igual que todos sus compañeros.

Todavía no estaba construida la mole de hormigón armado, ideal ejemplo de arquitectura brutalista, por la que han pasado algunas de las plumas más señeras del periodismo español. “Era todo un poco desastre. Nosotros comenzamos las clases en febrero de 1972 en la Escuela Oficial de Cinematografía, hoy Instituto de Radio y Televisión, en la Dehesa de la Villa, y ahí hicimos toda la carrera”, expresa la fundadora del departamento de Documentación de la cadena SER. A la actual facultad la llamaban el búnker y la caja de cerillas, añade con sorna, después de verla construida tras aprobar su proyecto de edificación en 1971, cuando se dio rango de universitarios a los estudios de periodismo, publicidad y relaciones públicas e imagen y sonido, hoy comunicación audiovisual.

Por qué quieres ser periodista

Felipe Sahagún, especializado en información internacional, no sabía muy bien qué era el periodismo cuando se matriculó hace cinco décadas. “Yo recuerdo que me gustaba escribir y viajar”, apuntilla. No olvida el pequeño ensayo que realizaron en el examen de ingreso. Tuvieron que responder a la pregunta de por qué querían ser periodistas. Fueron varios centenares quienes contestaron de forma acertada: “Había lo que llamábamos el grupo de religiosos, militares, civiles, curas y monjas; profesionales que en ese momento ya estaban en los principales medios”.

“Luego había otros que se matricularon, pero a quienes les abrieron una especie de carrera paralela. Les era suficiente con acudir a unos seminarios los sábados”, desarrolla Sahagún a sus 73 años. Según asegura, muchas de las estrellas de televisión de los últimos años del franquismo llegaban al examen, ponían su nombre y sin contestar las preguntas les aprobaban.

César Gil fue otro joven que se licenció en Periodismo en 1976. En su caso, la espinita estaba clavada desde que participara años antes en el concurso ‘Olimpiada del saber’ que se emitía en una emisora local con alcance nacional. “Me había matriculado en ICADE, pero veía que me gustaba el mundo del periodismo y, sobre todo, la radio”, rememora. Desde entonces, como tantos otros, ha sido alumno, profesor universitario y periodista.

La política inunda las aulas

Afuera reconoce que el primer curso fue muy corto y tilda de “irregulares” los siguientes años de estudio. “A veces, parábamos para hacer una asamblea y otras entraba la Policía Armada para desalojar. Fueron años muy moviditos, evidentemente”, afirma antes de recordar con sus palabras los chorros de agua a presión y las carreras delante de los grises, tal y como denominaban a los agentes. “Los de periodismo éramos los primeros en saber si iba a haber lío porque veíamos los caballos de la Policía asentados al lado de un edificio en el que estudiábamos”, añade la locutora.

Son muchos años los que han pasado desde entonces, pero Afuera recuerda una batallita que le provocó cierto temor. “La policía nos quitó el carnet de la universidad cuando estabamos en la Facultad de Derecho, porque íbamos ahí a estudiar, y tuvimos que ir a la Dirección General de Seguridad a recogerlo. Nos decían que por eso ya nos tendrían fichados, pero yo nunca me lo creí porque no estaba tan metida en política”, se explaya.

Sahagún, que llegó a pasar por la redacción del periódico franquista ‘Informaciones’, como muchos compañeros que después formarían parte de los primeros pasos de ‘El País’, se matriculó en Ciencias Políticas aquel 1971 por si Periodismo no salía adelante. “A nivel político todo era una tensión. Perdimos algunos meses de clase por las protestas.Yo recuerdo a los caballos de la Policía en el hall de la Escuela”, relata.

De todas formas, siempre hubo clases. Sahagún, que trabajó como educador en un colegio de Guadalajara durante sus años universitarios, sostiene que algunos de sus compañeros acudían a las manifestaciones sin temor a que les pudieran retirar alguna beca, mientras que “otros siempre tuvimos que estudiar con ayudas y no podíamos arriesgarnos a que nos detuvieran porque no teníamos padrino”.

Gil, quien ha desempeñado su carrera mayormente ligado a Radio Televisión Española (RTVE), reconoce que la situación política y social provocaba que la gente estuviera muy inquieta, aunque con cierto grado de esperanza por un futuro mejor y diferente al sufrido durante cuatro décadas de franquismo. También tiene otra batallita: “Solía pasearme por las clases e ir a asambleas, algunas de corte político y otras más estudiantiles, y como impartía clase también, me iba enseguida”. Esto levantó sospechas. “Un día me di cuenta de que me seguían algunos estudiantes no con aspecto de muy buenas personas. Me querían zurrar porque pensaban que era un infiltrado policial”, completa. La situación se solventó sin violencia.

El eterno debate entre profesión y oficio

La antigua periodista de la cadena SER ha buscado algunos artículos de la época que hablaban de la creación de la carrera de Periodismo y sus primeros licenciados. “Había mucho escepticismo porque hasta entonces mucha gente pensaba que el periodismo se aprende ejerciéndolo, y yo estoy de acuerdo”, enfatiza. Sin embargo, en la década de los 70 ya eran varias las escuelas oficiales de periodismo en funcionamiento. De ellas salieron voces y firmas como las de Rosa Montero, Rosa María Calaf, Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

Las aulas no solo aportaban un conocimiento teórico y más o menos práctico sobre las áreas en las que el periodista debería desenvolverse, sino también una especie de “madurez”, según Afuera, que “creaba espíritu crítico”. Más allá del periódico ‘El Alcázar’ y las revistas en la que trabajó durante la carrera, esta comunicadora dio el salto a la radio en febrero de 1977 con el programa ‘Las ciudadanas’, el primer espacio que hablaba a la mujer de temas como la patria potestad, la igualdad salarial y el divorcio. Formó parte de los servicios informativos de la SER hasta 1989, cuando fundó el departamento de Documentación de la emisora. “Metí la cabeza con 22 años y la saqué con 62”, abunda Afuera.

Sahagún exclama que “donde hemos aprendido periodismo es en las redacciones, en la calle y viendo y cubriendo acontecimientos”. Él, que siempre ha estado ligado la universidad como docente de Relaciones Internacionales desde que se licenció y ha llegado a ser subdirector de informativos en Televisión Española y Radio Nacional de España, admite que “las aulas sirven para poner un pie en tierra y entrar en contacto con ciertas personas”. Por su parte, Gil, que ha llegado a ser director de Producción de los Servicios Informativos de RTVE, opina que “todo puede llegar a ser un oficio” si ello se entiende como la enseñanza de una destreza mediante el hacer. “La universidad da una pátina y una base importantísima, y eso luego se nota. Yo creo que es oficio y profesión”, zanja.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.

Ni los jóvenes son de extrema derecha, ni Vox es el partido que más les convence. Al menos es lo que retrata el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que ya en sus últimos barómetros colocó al partido de Abascal en tercer lugar para el votante de entre 18 y 24 años, un tramo de vida asociado en la educación reglada a la etapa universitaria. Los datos recogidos en el mes de abril le dieron un 14,8% en intención de voto joven, unos dos puntos menos que el PP (17,1%) y seis respecto al PSOE (21,4%), la opción más popular entre los encuestados. Pero el porcentaje que sobresale es el que está aún en disputa: el 23% de votantes con menos de 25 años está indeciso, prefiere no votar o echará una papeleta nula o en blanco. Para llegar a ellos, la extrema derecha se ha fijado en las universidades: un espacio plagado de jóvenes en pleno proceso de politización y con edad para votar.

En el camino han logrado visibilidad, pero aún están lejos de alcanzar la hegemonía. Durante el 15-M, la comunidad universitaria se volcó en las protestas y reclamó mejoras sociales en un momento de hastío político. Algunos campus de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM) o la Carlos III se convirtieron en un símbolo del movimiento: sus estudiantes, docentes y las asambleas universitarias tuvieron una participación activa en las acampadas de la Puerta de Sol. Juventud Sin Futuro, uno de los colectivos que prendieron la mecha del 15-M era, de hecho, eminentemente universitario.

Cuando pasó 2011 y el suflé bajó, ese activismo desde las aulas quedó centrado en causas más concretas, y no tanto en un descontento general: feminismo, movimientos por la educación pública o reivindicaciones culturales. En ese tiempo, tanto los grupos más conservadores como los de extrema derecha permanecieron ajenos a la hegemonía cultural, y su presencia pública en las facultades fue más bien de nicho, muy focalizada en organizaciones concretas como el sindicato Respuesta Estudiantil, extinto desde 2015. Pero en la última década y, especialmente, desde hace unos años, todo parece distinto.

“¿A ti también te han dicho que la II República fue un paraíso?”

El pasado 20 de abril, un anuncio volvió a mover las aguas. El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) envió un correo electrónico a la comunidad universitaria para anunciar un evento. “¿A ti también te han trasmitido que la Segunda República fue un paraíso democrático?”, comenzaba el mensaje. En cierto modo, acabó volviéndose en su contra. Este órgano interno de gobierno es de carácter público y gestiona todo lo relativo al alumnado, e invitó a las facultades a una ponencia con los autores de un libro de 2017. En él, dos historiadores de otra universidad madrileña, la Rey Juan Carlos (URJC), plantearon la posibilidad de un fraude electoral en los últimos comicios de la Segunda República, que aceleraron su fin.

Estos dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas que obtuvo la mitad de los votos y prendió la mecha de la Guerra Civil. En la agenda de la UAM, el acto de Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío —que ya avanzan en la sinopsis que su libro “causará polémica y debates encendidos”—, no contaba como actividad oficial. Esto, según la universidad, no necesariamente es inusual: ocurre con los eventos no institucionales o que no convocan ellos directamente, sino una entidad externa o alguna asociación estudiantil. En este caso, era lo segundo.

Pero todo lo demás fue fruto de un error: al día siguiente, el propio Vicerrectorado de Estudiantes remitió un segundo e-mail en el que pedía hacer “una aclaración”, dado que “la redacción del [anterior] mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta”. “Estimados estudiantes, [...] La difusión de este tipo de actividades a través de los canales institucionales responde a la solicitud recibida, pidiendo la difusión de una actividad organizada por estudiantes. En ningún caso dicha difusión implica una toma de posición institucional, ni la asunción de los contenidos, enfoques o planteamientos de los actos anunciados”, escribió su vicerrectora, Nuria Fernández Monsalve.

El órgano de representantes insistió en su “compromiso con el rigor académico, el pensamiento crítico y los valores democráticos que inspiran a la institución, así como con una convivencia basada en el respeto y el diálogo”. “Tomo nota de ello: reforzaremos los criterios de comunicación para que el carácter estrictamente informativo de estos envíos resulte inequívoco”, se disculparon. Aunque, a preguntas de Somos Madrid, desde la Universidad Autónoma aseguraron que el segundo correo electrónico “no se envió expresamente por haber recibido críticas”, sí admiten una “confusión”: ese acto no era de la institución, así que no tenía que haberse promocionado por las vías oficiales.

Sin embargo, rectificaron la primera comunicación al “darse cuenta de que no era un evento de la universidad”. La diferencia entre unas actividades u otras, además de quién las coordina, es si por lo general reciben subvenciones públicas para desarrollar su agenda. De momento, nada apunta a que así fuera en el coloquio sobre 1936: la actividad sí que parte de una organización elegida entre las que representan al alumnado en la Facultad.

Los nombres detrás de estos movimientos juveniles

Alternativa estudiantil es una asociación próxima a la extrema derecha en la universidad española. Conocedores de que el fetichismo de las pequeñas diferencias ha funcionado tradicionalmente en el campo nacional —incluso más que para la izquierda—, su discurso delimita líneas maestras que refuerzan algunos conceptos como patria, familia y religión. Un vistazo a sus redes sociales devuelve multitud de mensajes que caben en estos moldes, y congregan los temas habituales de una derecha sincretista o algunos homólogos en Europa, como el espacio florentino Casaggi Firenze. Que, de hecho, ha servido de cantera juvenil para Fratelli d'Italia, el partido de Georgia Meloni.

Entre sus memes abundan los mensajes islamófobos, recuerdos franquistas, alusiones a la Reconquista, imaginería católica elaborada con IA, las teorías de la conspiración de sus hermanos mayores (como la del 11-M) o defensas indisimuladas del plan Kalergi (un supuesto complot internacional para importar trabajadores de Asia y África y mezclarlos con las “razas europeas”). Pero el origen del grupo hay que buscarlo en las políticas europeas de movilidad universitaria.

Diego Fernández de Eribe venía militando en grupos juveniles de extrema derecha desde el Bachillerato. Algunos nombres: Revuelta Identitaria, Juventud Identitaria, Estudiantes por España o Plataforma 722. En 2022, la beca Erasmus le llevó hasta la ciudad de Turín, donde militó en el Frente Universitario de Acción Nacional, una veterana formación italiana de extrema derecha cuyas prácticas quiso trasladar a España a su vuelta. Un año después, se juntó con antiguos camaradas y miembros del entorno del medio de comunicación Herqles para fundar Alternativa Estudiantil. La mayoría de estos datos los contó el fundador de la asociación para un trabajo académico, hace ya un año.

Fernández de Eribe también ha trabajado en CitizenGo (marca europea de la que depende Hazte Oír) y fue candidato por Vox en Ávila. Dimitió en septiembre de 2025 como presidente de la asociación que él mismo había fundado, pero sigue activo en los saraos del campo juvenil patriota. Intervino como activista, pero sin filiación militante, en la conferencia celebrada en Madrid el pasado 11 de abril sobre Remigración llamada Frontera, en la que participaron el ex líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, junto con miembros de otros grupos españoles y portugueses de extrema derecha. Entre ellos se encontraba Alternativa Estudiantil.

Los vínculos con Vox: militantes invitados y actos comunes

En un comunicado emitido luego por la organización, esta salió al paso de las suspicacias ocasionadas por los movimientos internos de Vox, o la creación de posibles escisiones en la formación para declarar su independencia. Aunque nacieron en Madrid y esa sigue siendo su principal base de maniobras —actualmente tienen presencia en la UAM, la Universidad Carlos III, la Complutense y la Rey Juan Carlos—, se han extendido a Asturias, Valencia, Alicante y Málaga, según sus publicaciones en redes sociales.

Los referentes internacionales en los que se apoyan son otros grupos y sindicatos juveniles de la derecha, como el ya mencionado de Turín o el NSV flamenco. También los franceses Cocarded étudiante, con quienes mantuvieron un encuentro en el Centro Social Hermanos García Noblejas de Pueblo Nuevo, punto de encuentro ideológico en el barrio que opera bajo el nombre Asociación Cultural Alfonso I. Dentro de España, se incardinan en una tradición de grupos de extrema derecha como Respuesta Estudiantil, ya desaparecida; además, tienen relaciones con otros grupos universitarios similares, como X El Futuro (Alicante), S'ha Acabat! o Estudiants pel Canvi, ambos de Cataluña. Juntos acudieron recientemente a un acto en Castellón al que también asistió Jorge Buxadé, de Vox.

La coincidencia en espacios comunes con Vox no es anecdótica. El pasado 12 de abril participaron en un acto de Málaga contra la Zona de Bajas Emisiones convocada por Solidaridad, el sindicato de Vox. Solo unos días después, una delegación del grupo se fotografiaba con los diputados Carlos Hernández Quero e Isabel Pérez Moñino, certificando la cercanía a los sectores soberanistas y más alejados del liberalismo de la formación de extrema derecha. Sin ir más lejos, sus redes exhiben otras reuniones públicas con Hernández Quero.

Alternativa Estudiantil nació en septiembre de 2023 en el seno de la Facultad de Derecho de la UAM. Aunque critican constantemente a los “institucionalistas”, han hecho de la participación en los órganos de representación estudiantil de las facultades una punta de lanza para su crecimiento, junto con la organización de actos polémicos y las habituales pegadas de carteles. Su primera actuación reseñable fue presentarse a las elecciones de Junta de Facultad de Filosofía y Letras, en la misma universidad.

Entonces obtuvieron dos representantes y pasaron a la acción, insistiendo en discursos críticos con las universidades, la izquierda o esos colectivos denominados institucionalistas y trasladando el mensaje de que sus preocupaciones habituales son ajenas al día a día del alumnado. La baja participación en los distintos comicios universitarios permiten que, con muy pocos votos, un grupo organizado consiga cierta representación en los órganos de representación universitarios. En un ejemplo elocuente: en las elecciones de la UAM en marzo de 2026, lograron un representante con 10 votos en el Consejo de Gobierno.

El avance desde 2018 y la visibilización de actos polémicos

La excepción española en Europa respecto al peso de partidos de extrema derecha en sus Cortes vio su fin en diciembre de 2018. Vox, que había ganado fuerza con el conflicto catalán, entró de lleno al Parlamento andaluz y anticipó la llegada de Santiago Abascal al Congreso de los Diputados. Con este impulso, algunos de esos espacios condenados a la marginalidad volvieron a tomar parte en el debate político. En las universidades madrileñas, uno de los episodios más polémicos tuvo lugar hace cuatro años.

Era abril de 2022 cuando un centenar de estudiantes y docentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) increparon a Javier Ortega Smith hasta expulsarle de un acto no autorizado en la Facultad de Ciencias Políticas. El Campus de Somosaguas vio nacer a Podemos y está íntimamente ligado a la historia reciente de la izquierda. El entonces miembro de Vox, hoy en disputa abierta con su dirección, había acudido a un evento organizado por una plataforma ajena a la universidad, y que el Decanato ya había cancelado un día antes. Sin embargo, sus promotores avisaron de que eso no les pararía. La facultad terminó cerrando preventivamente sus instalaciones y hubo un gran despliegue policial, similar al que se repitió en febrero del año pasado con un antiguo compañero de siglas de Ortega Smith.

En febrero de 2025, cientos de estudiantes se plantaron en la Complutense para boicotear un acto de Iván Espinosa de los Monteros. Como el invitado no podía acceder a la sala de conferencias, acabaron suspendiéndolo. Pero estas disputas muy sonadas fueron marcando una voluntad ideológica, en busca de asentar a determinados grupos en un entorno universitario que hasta entonces se les escapaba. La cita con Espinosa de los Monteros la había convocado, precisamente, una de las asociaciones estudiantiles con representación entre facultades.

Libertad Sin Ira nació en 2021. Capitaneada por Ignacio Dancausa, hoy al frente de las Nuevas Generaciones del PP, su objetivo fundacional era disputar el “monopolio” de la izquierda en las universidades públicas. Hoy constan en el listado oficial de asociaciones con representación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Entre los valores que ellos mismos exponen en su página oficial suenan muchos conceptos comunes (consenso, democracia representativa, libertad de expresión...) y otros que resuenan en círculos conservadores, como la unidad o la lealtad a España.

Los recursos universitarios para asociaciones estudiantiles

Dos años después de echar a andar, en marzo de 2023, Libertad Sin Ira protagonizó un primer momento tenso con la universidad, algo distinto al que luego vivió con el acto frustrado de Iván Espinosa de los Monteros. La asociación estudiantil había invitado a otra cara visible de Vox, Rocío Monasterio, para ofrecer una charla por el 8-M. Como el resto de políticos mencionados, Monasterio hoy ya no forma parte del núcleo de Santiago Abascal, pero entonces era uno de sus rostros más conocidos. La Facultad de Derecho de la UCM, donde se quería organizar la cita, advirtió que esta “no había sido autorizada” y que, por lo tanto, tampoco podría celebrarse.

Eso no frenó su expansión: para cuando volvieron a intentarlo, en 2025, esta organización ya había consolidad su presencia en varias universidades madrileñas. Según su propia página web, aún mantienen delegados estudiantiles en cuatro de seis instituciones: la UCM, la URJC, la UAM y la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid). Sobre qué implica formar parte de la Junta de Gobierno o de Facultad en uno de estos centros académicos habla una de las plataformas con presencia transversal en varios de ellos, UAM x la Pública. Nacieron en la Universidad Autónoma como una agrupación de estudiantes, docentes y trabajadores de derecha de la universidad pública.

Uno de sus portavoces explica a Somos Madrid que, de entre las asociaciones estudiantiles, no todas tienen una razón política o de lucha social. De hecho, son las menos frecuentes. La mayoría de entidades registradas por el alumnado son culturales o de ocio. La plataforma universitaria de la UAM detalla que algunas giran en torno a los juegos de mesa, o a la robótica en el caso de algunas escuelas de ingenieros. Cuando obtienen representación formal en unas elecciones de la facultad, también pueden acceder a un presupuesto que cada academia dispone para actividades impulsadas por estudiantes. “En la [Universidad] Autónoma, por ejemplo, te dan alguna ayuda según el tipo de actividad que propongas”, aseguran desde la organización universitaria, que calcula unos 100 euros obtenidos para un taller de reprografía y 150 en otro de carpintería.

El dinero iba a parar a la adquisición del material con el que desarrollar y promocionar el evento. Aunque las cantidades siempre varían, en función de lo que cada centro decida en sus cuentas. “A veces se pide que el alumnado adelante el presupuesto. Se pacta una cuantía, luego se aportan facturas de todo y, al final, la universidad lo repone”, afirman las mismas fuentes, tajantes a la hora de citar alguna referencia directa a las asociaciones estudiantiles que hoy orbitan en sus facultades y mantienen vínculos con la extrema derecha. “Al final, su verdadera ventaja no es la de tener una gran representación e influencia interna, sino el hacer ruido. Si les damos otro altavoz, dudo que eso juegue a nuestro favor”, concluyen.

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido su citación del próximo 9 de junio en el juzgado de Juan Carlos Peinado, trámite previo para que sea enviada a juicio ante un jurado popular. La esposa del presidente del Gobierno acusa al magistrado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal” y de tramitar el procedimiento “como si tuviera excesiva prisa”. El abogado de Gómez, que ya pidió aplazar la cita por tener otros asuntos judiciales ese mismo día, entiende que antes debe llamar a declarar al codirector de la cátedra extraordinaria y a los autores de los informes periciales que ha presentado en las últimas semanas.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia interpuesta hace dos años por el pseudosindicato Manos Limpias, propuso el pasado mes de abril que fuera juzgada ante un jurado popular por cuatro delitos distintos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Una causa que abarca toda la vida profesional de Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, entre acusaciones de usar su posición para favorecer a un empresario, potenciar un trabajo que desarrollaba desde 2012 en la Universidad Complutense o usar a su asistente, Cristina Álvarez, para asuntos privados.

El siguiente paso de Peinado fue citar a Gómez el próximo 9 de junio para la audiencia preliminar obligatoria en este tipo de procesos, bajo advertencia de tomar medidas para evitar que “eluda” la Justicia. Una decisión que ha recurrido su letrado, Antonio Camacho, entre acusaciones de llevar el procedimiento con excesiva velocidad llevándose por delante varios de sus derechos.

Entiende la defensa de Gómez, en primer lugar, que tendría que haber citado a un testigo antes de tomar esta decisión. Se trata de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que, recuerda este escrito, “nunca ha declarado en instrucción”. “Nadie mejor que quien compartió la dirección de la misma puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultados”, afirma el letrado.

Esta diligencia fue denegada por el instructor y ahora la defensa de Gómez reclama que no ponga en marcha el proceso ante el jurado popular, al menos, hasta que la Audiencia Provincial resuelva sus recursos. También pide que Peinado tome declaración a los autores de los tres informes periciales que ha presentado en las últimas semanas.

Cierre de grupos, turnos (de tarde, sobre todo) que desaparecen, asignaturas optativas eliminadas, clases masificadas, profesorado impartiendo más horas de las que les corresponde por contrato... La Universidad Complutense de Madrid (UCM) prepara el curso que viene rebuscando bajo las piedras dónde recortar para cumplir con el Plan Económico y Financiero (PEF) que aprobó el rectorado para cuadrar las cuentas del centro, inmerso en un déficit presupuestario en los últimos años, y para empezar a devolver el crédito de 33 millones de euros que tuvo que pedirle a la Comunidad de Madrid ante la falta de financiación de la propia Comunidad de Madrid.

El rectorado de la universidad, cuentan varias fuentes, ha optado por pedirle a las distintas facultades que le propongan recortes en los grados y cursos que imparten en función de la ocupación, matriculaciones, etc. Una medida que se une al tijeretazo del 35% en los gastos generales que le impuso a los centros el pasado curso y que viene acompañada de un aviso a quien se niegue, según explican personas cercanas a varios decanatos que han visto los mensajes: a la facultad o departamento que rechace cierres no se le cubrirán bajas ni se le concederán sustitutos. Este periódico ha preguntado sobre este punto a la universidad, que no ha contestado.

La Plataforma x la UCM ha identificado propuestas de cierre de grupos en al menos siete facultades, y en otras dos se plantea clausurar un turno completo, mañana o tarde, entre ellas Sociología, Bellas Artes, Geografía o Comercio y Turismo. En Ciencias de la Información la UCM fuentes de la facultad cuentan que el rectorado quiere acabar con una de las ocho líneas de Periodismo, lo que en sí mismo supondría cerrar 67 grupos. En Ciencias Políticas van a “hibernar” un grupo entero de 2º de Antropología (se deja de ofrecer durante un curso o más, pero con la idea de recuperarlas) y otras materias optativas con poco alumnado, además de un grupo de 3º de Políticas y otro de 3º de Sociología.

Esta idea —cerrar el turno de tarde— es una de las opciones que más se están proponiendo en varias facultades, una medida que rechazan desde la Plataforma x la UCM porque afecta especialmente a los estudiantes que a la vez trabajan, explican, lo que va en contra tanto de los Estatutos de la UCM como de la ley universitaria (ambas tienen una fórmula similar a: “El estudiantado tendrá derecho (...) a un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”).

Dimite una decana

El último foco de conflicto ha estallado en la Facultad de Documentación. Este centro, de los más pequeños de la universidad, ha vivido una última semana agitada desde la marcha de protesta que realizaron estudiantes y profesorado el miércoles 13 por el cierre de uno de los turnos.

La Asamblea de estudiantes de esta facultad informó de que en una reunión el 21 de abril de 2026 se les explicó que “se habían llevado tres propuestas [de ahorro] desde Decanato al Vicerrector: la grabación de las clases, el mantenimiento de los turnos e ir cerrando desde primero hasta cuarto año a año, y el trabajo por parte de los profesores que quisieran dar esas clases del turno que se cerrará a coste cero”.

Según el relato estudiantil, “la propuesta de 'trabajo a coste cero' fue la que le pareció 'viable' al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado”, Julio Banacloche, que está pilotando el proceso. El estudiantado se negó a validar ninguna de las opciones.

Después vino la movilización del miércoles 13, que derivó en tensiones internas, según los convocantes, porque la decana, María Olivera, expulsó a algunos manifestantes del centro y llamó a la policía. Olivera, descrita por conocidos como defensora de la universidad pública, ha acabado dimitiendo esta semana, alegando “motivos personales”. La exdecana no ha contestado a los emails de este diario.

¿Vuelta a las clases de 80?

Esta idea de mantener grupos y turnos a “coste cero” para la universidad que se baraja para Documentación ya se ha estado aplicando este curso en algunas facultades, según cuentan fuentes de diversas facultades. “El profesorado imparte más docencia que la que le corresponde, hay gente dando más de las 240 horas de clase [anuales que les corresponden] de manera absolutamente generalizada. Y ya no podemos más”, explica una docente. Esta sobrecarga de trabajo, añade, “afecta sobre todo a las facultades de sociales y humanidades, porque en las facultades más experimentales tienen menos alumnado”.

Otra de las consecuencias del cierre de grupos y/o turnos es que, como explica una profesora, el alumnado no desaparece con ellas. Los estudiantes serán reubicados en otros grupos, devolviendo las clases a unas ratios de otros tiempos, preplan Bolonia, cuando había 80 personas en cada aula.

Y eso en el escenario bueno. Para otros, advierten desde la Plataforma x la UCM, la única alternativa puede acabar siendo la universidad privada. “Cerrar grupos en Humanidades o alguna Filología es más complicado, porque pueden no tener suficientes estudiantes, pero algunos grados minoritarios solo se imparten en universidades públicas en Madrid en la Complutense”, advierte un cargo directivo de una facultad.

"Es difícil sostener" que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. "¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más", sostuvo, mezclando ingresos de todo tipo

La situación viene originada por la infrafinanciación a la que ha sometido la Comunidad de Madrid a las seis universidades públicas de la región en los últimos años y de la que la Complutense es la que ha salido peor parada. El centro perdió 140 millones de euros entre los dos últimos ejercicios y se vio obligado a pedir un préstamo de casi 35 millones de euros a su financiadora para cerrar este ejercicio sin sobresaltos. De esta manera, no transferirle suficiente dinero a la UCM para su normal funcionamiento le va a rendir al Gobierno regional, que ganará unos dos millones de euros en concepto de intereses por el crédito.

Pero el Ejecutivo regional no se siente apelado. “Es difícil sostener” que hay recortes en las universidades públicas, sostuvo hace diez días el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín. “¿Qué plan de recortes? Hasta dónde yo sé el plan que ha presentado este Gobierno es de 14.000 millones de euros más”, sostuvo aludiendo al acuerdo firmado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores de las universidades públicas el pasado mes de marzo.

El consejero mezcla todo tipo de cifras en su afirmación. La Comunidad no pondrá 14.000 millones de euros más; esa es la cantidad total para el periodo 2026-2031, y ni siquiera es dinero que ponga el Ejecutivo regional. Los específicamente 14.790 millones de euros incluyen la aportación pública (12.294 millones de euros), pero también el capítulo III, que son los ingresos por precios públicos y tasas que tiene cada universidad y que pagan los estudiantes. Esta partida supone ya cada año una parte importante de los ingresos de los centros. Para la Complutense, en concreto, fueron 141 millones de euros por este capítulo III en los últimos presupuestos, lo que supone más de un 33% de transferencia anual que realiza el Gobierno regional (412 millones, según esa misma fuente).

Así, la aportación de la Comunidad de Madrid con sus propios fondos realmente subirá un 41% al final del ciclo 2026-2031, y pondrá sobre la mesa un total de 480 millones de euros extra el último ejercicio, 2031. Dicho de otra manera: el Ejecutivo regional subirá la partida que destina a universidades en 80 millones de euros anuales (de media y para las seis universidades) durante seis ejercicios, para pasar de 1.239 millones a esos 1.700 millones de euros en total. Supondrá, en su momento álgido y sin contar el previsible aumento del PIB que hará el crecimiento relativo aún más pequeño, pasar de una inversión del 0,4% del PIB a poco más del 0,5%. La ley estatal universitaria fija el 1% del PIB como meta para la inversión en universidades.

La Universidad Complutense recibirá específicamente de la Comunidad de Madrid 2.914,2 millones de euros en seis años (son 485 al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio).

“Hasta ahora los recortes solo habían venido afectando a lo ”interno“ de la universidad (contrataciones, recursos materiales en bibliotecas, horas del profesorado), pero ahora ha saltado”, analiza Santiago Cuesta, responsable de Universidad en CCOO Madrid. “Y eso que en los primeros años solo se devuelven intereses del préstamo, cuando lleguen los ejercicios en los que hay que devolver el importe en sí habrá más complicaciones”, cierra.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

Su defensa recuerda, sin embargo, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.

El letrado recuerda asimismo que este cargo no conllevaba “retribución económica alguna” y afirma que su nombramiento cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el centro universitario. Sostiene que fue el rector, Joaquin Goyache, quien le planteó en una reunión de julio de 2020 la posibilidad de que dirigiera una cátedra extraordinaria dada su experiencia con la codirección de dos máster.

El juez Peinado otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como la citada con el rector. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos. En su escrito, la defensa de Begoña Gómez alega que cuando se produjo esa reunión, la Complutense estaba cerrada por la pandemia y que, desde 2018, el Palacio de la Moncloa es su residencia familiar.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el letrado afirma que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense “para la medición del impacto social y su cuantificación”.

Las aportaciones económicas de las empresas colaboradoras ingresaron directamente en el patrimonio de la universidad, y fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. La defensa recalca que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Así, subraya que la esposa de Sánchez registró el dominio de internet y los símbolos de la marca “Transformación Social Competitiva” siguiendo las instrucciones expresas de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI) del centro universitario. Esto se hizo para evitar que terceros se apropiaran de ellos, dado que la normativa universitaria impedía registrar el producto a nombre de la Complutense hasta que estuviera totalmente finalizado.

Por otro lado, el escrito se refiere a las tareas de la asistente Cristina Álvarez, quien tenía un puesto “habitual en la historia de nuestra Democracia desde sus inicios” de gestión de la agenda y la seguridad de la esposa del presidente. La defensa indica que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

El seudosindicato Manos Limpias ha pedido en su escrito de acusación más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el documento, registrado este viernes, también solicita que se condene al empresario Juan Carlos Barrabés a dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.

La organización argumenta que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno” para que el rector de la Universidad Complutense “diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”. “Se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido [15.000 euros] sino que también detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”, señala el escrito, que también apunta que “inmediatamente después”, en julio de 2020, emitió “cartas de recomendación a favor de la empresa” de Barrabés.

Esas cartas a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. Un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario, pero Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa.

Manos Limpias también cree que los hechos anteriores podrían constituir un delito de prevaricación del que sería responsable quien nombró a Begoña Gómez para la cátedra universitaria, pero entiende que “tal acusación no es factible en este momento procesal”.

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

Recientemente, Manos Limpias pidió al juez en un escrito que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señalaba, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

La comunidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido convocada este jueves para opinar sobre el plan de ajuste aprobado (PEF) por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de febrero ante la situación económica del centro, que roza la ruina. Ante la pregunta “¿Paramos el plan de recortes?”, estudiantes, docentes y personal administrativo votan si apoyan la suspensión de unas medidas que conllevan un recorte de más de 33 millones de euros en la universidad.

Este referéndum llega en un momento de gran tensión en el campus madrileño, tras la firma en marzo del Acuerdo de Financiación Plurianual entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas. Para la plataforma convocante del referéndum, este acuerdo no soluciona la asfixia presupuestaria, sino que obliga a universidades como la Complutense a consolidar los recortes que hoy se someten a votación: el PEF aprobado incluye un recorte del gasto del 35% para todos los departamentos, jubilaciones que no se repondrán y cierre de asignaturas y grados.

Así, se prevé que estudiantado, profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria muestren hoy su rechazo hacia ese Plan Económico y Financiero aprobado en la UCM. “Es un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. 

Las urnas para votar este jueves (hasta las 18:00 h) se han situado en distintos puntos de las facultades, desde Bellas Artes hasta Derecho. Algunas facultades se han quejado o intentado impedir esta votación, alegando que es ilegal y eliminando la publicidad colocada, pero sus estudiantes han dicho que “siguen adelante”. “Por poner una mesa con una silla y una urna no pueden hacer nada, en todo caso te pueden decir que la quites, pero sería un conflicto ya que son actividades que no son nada cruciales”, asegura Eva Aladro, profesora de la Complutense y miembro de la plataforma que ha organizado la votación, UCM por la pública. 

Durante esta semana, las seis plataformas de las universidades públicas están preparando diferentes actividades reivindicativas, como asambleas y marchas, para rematar el domingo 19 con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña. A pesar de la cifra “histórica” de 14.800 millones de euros para las universidades públicas anunciados por Isabel Díaz Ayuso el mes pasado, la comunidad complutense denuncia que siguen sufriendo una “asfixia económica cronificada”. 

Las plataformas de las universidades aseguran que en esta cifra, la Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones), la recaudación de las matrículas (3.340 millones) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones), por lo que el incremento real de la financiación acordado por ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros para seis universidades públicas en cinco años.

Respecto al plan de recortes de la propia UCM, los más de 33 millones de euros de recortes incluidos en el PEF se traducen en el cierre de grupos y asignaturas optativas, menos dinero para becas e investigación, o salarios congelados y falta de mantenimiento en los edificios.

“Están cerrando másteres y asignaturas, ya nos han dicho que los profesores que se jubilan este año no los van a cubrir con nuevos profesores, sino con sustitutos, que es una figura muy precaria, que además no son especialistas, con lo cual se degrada totalmente la docencia”, explica Aladro. “En la facultad de Ciencias de la Documentación, en Documentación, les dicen que ya no van a tener turno de tarde… Se quitan los dos grupos o tres grupos de tarde, lo cual es hasta ilegal, porque hay que tener grupos de tarde para la gente que trabaja”, afirma. 

Julia y Germán, estudiantes de tercer curso de biología en la Complutense, también han notado esta situación: desde techos de las aulas que se caen a pedazos, hasta material que no se puede renovar ni reparar porque no hay presupuesto.

“Antes de que le dieran el crédito a la Complutense, en la facultad redujeron el horario de la biblioteca”, afirman, “y las salidas de campo que quedan son cogidas con pinzas”. Antes, su facultad organizaba viajes formativos a lugares como Doñana o el desierto de Almería. Ahora, están mucho más reducidas y a sitios más cercanos. “La universidad en general no saca tantos proyectos de investigación como podría”, concluyen. 

Sin embargo, estos recortes, según el rector de la UCM Joaquín Goyache, son “necesarios” porque la universidad “debe dinero” a la Comunidad de Madrid. “No 'debemos' nada a una institución que nos infrafinancia. Tampoco a un rector que no nos representa cuando pacta nuestra miseria a espaldas de la comunidad universitaria”, afirman desde UCM por la pública. 

Ángel Zurdo y María Cadilla, profesores en la Facultad de Ciencias de la Información, aseguran que este referéndum es una reacción a “un plan de desmontaje de la propia universidad, y en este caso, desde dentro”. “Hasta ahora se ha prestado mucha atención a qué estaba pasando desde la Comunidad de Madrid (cuáles estaban siendo los problemas de financiación, los recortes, es decir, los problemas sistemáticos) pero en este caso, la situación es mucho más grave porque la agenda de la Comunidad de Madrid está siendo asumida plenamente por el propio rectorado”, explican. 

Ellos también han notado este plan de recortes desde dentro del aula: “Hay muchas tensiones y se está jugando muchas veces incluso con la contratación de sustitutos, retrasándolo todo lo que se puede desde el propio rectorado”, explican. “Se están cubriendo a menudo con sobrecarga docente. Ha pasado en nuestro propio departamento, hemos tenido que impartir clases para que los alumnos no se queden sin clases, asumiendo una carga docente mayor de lo que nos corresponde”, concluyen. “Se están internalizando costes que deberían de ser cubiertos por la propia universidad”. 

Desde la mesa de votación de la Facultad de Derecho, Víctor cuenta las trabas que la facultad ha puesto para poder votar allí. Tenían la autorización de la facultad para instalar las mesas de votación dentro, pero asegura haber recibido correos prohibiéndoles utilizar material de la facultad, e incluso amenazando con unas posibles sanciones que, dicen, no tienen fundamento ninguno. Finalmente, han montado la mesa fuera del edificio. “Esta urna es una caja que utilizan en las Facultades de Ciencias que tuvo que comprar una profesora con su dinero para poder realizar experimentos, y nos la ha cedido aquí para tenerla como urna”, explica. 

Como la votación se puede hacer tanto en físico como a través de una web, ya se pueden ir contabilizando votos: en apenas unas horas, ya había casi 790. Alrededor del mediodía se han registrado unos 3.000 votos.

Desde la Facultad de Filosofía y Filología, Jorge Pérez, estudiante, cree que es muy importante votar, ya que “por primera vez en muchos años, ante un proceso tan importante como es el de la aprobación de un plan de recortes que afecta al conjunto de la comunidad universitaria, es el propio estudiantado, las profesoras, el personal laboral, quien ha puesto una mano sobre la mesa y ha dicho que aquí se tenía que escuchar su opinión”. Confía en que la gente vaya acudiendo con más frecuencia a las urnas conforme se desarrolla la jornada. 

La votación del referéndum finalizará a las 18:00h, cuando se procederá al recuento de votos para dejar claro lo que la Complutense en su conjunto, piensa de este plan de recortes.

La película debut del director de cine Alejandro Amenábar ha vuelto esta mañana al lugar donde nació. El mismo salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que aparece en Tesis, hito del cine español, ha terminado abarrotado hasta los suelos por la proyección de esta cinta cuando se cumplen tres décadas desde su estreno. Unas 360 personas han podido disfrutar de este pase tan especial. La mayoría, veinteañeros entre los que se contaban algunos que nunca habían visto el largometraje. En el coloquio posterior, el director ha anunciado una remasterización de la cinta para poderla apreciar a la misma velocidad a la que actuaron los personajes.

El 12 de abril de 1996 Amenábar acababa de cumplir 24 años. Imbuido en unos estudios de Imagen que nunca llegaría a terminar, culminó su paso por la Facultad con una tesis muy personal. La grabación tuvo lugar durante las vacaciones de verano de 1995 a lo largo de cinco semanas y media en las que se rodó una película de dos horas. El ritmo fue de unos 20 planos rodados cada jornada.

Tal hazaña le mereció al director un reconocimiento casi sin igual en los Premios Goya de aquella temporada después de recaudar más de 2,6 millones de euros en las salas. Ganó siete estatuillas, incluidos el galardón a mejor película, mejor dirección novel y mejor guion original. Tesis, producida por José Luis Cuerda, impulsaba a un joven Amenábar a un estrellato que después ha confirmado con trabajos como Ágora, Mientras dure la guerra, Los otros y El Cautivo. Demostraba, además, que en España se podía hacer cine de género, conquistar la taquilla y arrasar en los premios. Su llegada, junto a la de otros cineastas como Álex de la Iglesia, cambió el paradigma de lo que era el cine español. 

En torno a las 9:00 varias personas ya se apostaban a la entrada del salón de actos. Quedaban dos horas para el inicio de la proyección. El vestíbulo de esta Facultad brutalista con aroma a búnker pronto comenzó a llenarse de una larga cola serpenteante. Como si la gente, esperando y de forma inconsciente, mapeara en la superficie los pasillos sinuosos que se esconden en las plantas subterráneas. Han sido esos mismos pasillos, transitados por centenares de estudiantes cada día y utilizados por Ángela (Ana Torrent), Chema (Fele Martínez) y Bosco (Eduardo Noriega) para sus escaramuzas en la ficción, los que pronto han adquirido la importancia que Tesis les confirió.

Una película más lenta

El visionado no ha sido algo habitual. Los vistazos al móvil del público se conjugaban con algunos grititos de miedo por el devenir de la película, acompañados de la risa nerviosa posterior de los más asustadizos. 

La cinta dura 125 minutos. Eso es lo que han tardado las luces del salón de actos en volverse a encender. También ha sido uno de los grandes temas abordados en el coloquio posterior. “La película nace con un defecto formal, y es que se rodó a 25 imágenes por segundo porque había muchas grabaciones al televisor. Al proyectarse a 24 frames por segundo, la película discurre un 4 o 5% más lenta”, ha explicado Amenábar al público.

Es decir, la Tesis que siempre hemos visto dura unos cinco minutos más que si la visualizáramos a la velocidad a la que actuaron los actores. “Ahora trabajamos para estrenar una remasterización para corregir eso y abrir más el sonido y crear mejor las atmósferas”, ha anunciado el director.

Evitar lo explícito del terror

Como si de una rueda de prensa se tratara, el alumnado de Ciencias de la Información ha aprovechado la oportunidad de dejarse guiar por una de las mayores figuras cinematográficas de España. Las preguntas se han sucedido. La primera pedía un consejo. Así ha respondido Amenábar: “Un rodaje es una carrera contrarreloj y optimizar, no solo los recursos, sino todo en general, es bueno, tanto en el rodaje como en la vida”.

Lo acojonante es que 30 años después salgan los documentos de Epstein y te des cuenta de que la maldad humana es capaz de esto y de mucho más

Alejandro Amenábar — Cineasta

Al alumnado con la mirada más agudizada no se le ha pasado por alto la forma en que Amenábar transmite el terror en esta obra, evitando en gran medida lo explícito y centrándose en la respuesta que provocan. “Sabía que tendría más impacto la reacción de la protagonista, más fuerza en su expresión viendo las imágenes gore, que las imágenes en sí”, ha respondido el también responsable de la mayoría de las bandas sonoras de sus creaciones. 

De todas formas, el desarrollo de Tesis surgió de una duda. Es la primera escena de la película. De camino a la facultad, Amenábar tuvo que apearse del tren. Alguien se había tirado a las vías. “Habías dos tipos de gente. Los que querían ver a ese hombre partido por la mitad y los que nos retirábamos para evitarlo”, recuerda. Y añade: “Si pudiera hacer la película de nuevo, se verían incluso menos imágenes de las que se ven o sugieren en la pantalla”.

José Luis Cuerda, un segundo padre

La humildad con la que habla el ganador del Oscar en 2004 por Mar adentro, que según ha reconocido el aspecto de la iluminación es el que menos maneja, ha quedado patente en las palabras que ha compartido esta mañana. Por ejemplo, ha asegurado que sus películas son resultado de “todo lo que he visto, leído y conocido”. Así, Tesis bebe de otras producciones como Vértigo, de Alfred Hitchcock, Coma, de Michael Crichton, e Instinto básico, de Paul Verhoeven.

A la hora de hablar de referentes, Amenábar ha subrayado la impronta que José Luis Cuerda, director de la mítica Amanece que no es poco y productor de Tesis, ha dejado en él. “Era una persona que reivindicaba el pasado, pero también una persona muy moderna”, ha apuntado. Sin embargo, algo les diferenciaba a la hora de enfrentar un rodaje. “Él vivía la pesadilla del rodaje con arranques de mal humor, se encendía con mucha facilidad, pero tenía la capacidad de apagarse y envainársela muchas veces, y disculparse cuando había sido grosero”, ha añadido el mismo Amenábar, quien ha aceptado que Cuerda fue como un segundo padre para él.

La nueva difusión de imágenes violentas

Muchas cosas han cambiado en Amenábar desde aquellos 23 años en los que se despertaba a las dos horas de cerrar los ojos durante la grabación de Tesis. Ahora ha conocido lo que es la higiene del sueño, y duerme como un bebé, asegura. De todas formas, lo que no ha variado es su ilusión por hacer cine y su esfuerzo porque la música de sus largometrajes enfrente bien el paso del tiempo.

La sociedad también ha evolucionado en estas tres décadas. A pesar de que el elemento tecnológico que vertebra la cinta está más que superado, aquellas cámaras de vídeo Sony capaces de realizar zoom digital y que eran la joya de la corona, no sucede así con uno de sus grandes temas. “Desde el punto de vista de cómo actuar ante la difusión de determinadas imágenes, la película continúa vigente, sobre todo con la aparición de Internet y las redes sociales. Lo acojonante es que 30 años después salgan los documentos de Epstein y te des cuenta de que la maldad humana es capaz de esto y de mucho más”, ha finalizado el aclamado director.

El juez Juan Carlos Peinado cierra la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y propone llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado archiva la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno y da cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación a pesar de que propone una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado. También propone juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

En la resolución, fechada el 11 de abril, el magistrado apunta los indicios recabados durante los dos años que ha durado la investigación y sostiene la tesis de que Begoña Gómez influyó sobre autoridades y funcionarios prevaliéndose de su relación personal como esposa del presidente del Gobierno. Así, afirma que desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su “posición relacional”.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En relación con este mismo delito, el magistrado se refiere también a las “cartas de apoyo” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez concluye que Gómez utilizó esa “ascendencia” para buscar financiación de un proyecto que tenía potencial de explotación económica privada, como era esa cátedra. Las defensas han reiterado que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna por el desarrollo de esa cátedra y que los fondos iban al patrimonio de la Complutense. El juez dice, no obstante, que no puede dar “verosimilitud” a este argumento dado que considera que “el beneficio puede ser indirecto” y a favor de un tercero, el también investigado, Juan Carlos Barrabés.

De hecho, el magistrado llega a acusar incluso a la esposa de Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra, si bien es un extremo en el que nunca ha ahondado la investigación. Según la información recopilada, Begoña Gómez tenía en sus cuentas bancarias algo más de 21.000 euros. El juez señala que la prueba indiciaria más clara de este supuesto intercambio de favores son las citadas cartas de apoyo a favor de la UTE de Barrabés.

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de dos empresas de “gran relevancia nacional” como son Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros.

Además, Begoña Gómez buscó financiación privada para la puesta en marcha de una herramienta informática vinculada a la cátedra que era gratuita para todos los usuarios. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El juez apunta sin hacer alusión a ningún tipo de indicio que ese patrocinio pudiera ser solo la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las numerosas adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que esas empresas hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración relacionados con estos patrocinios.

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez siempre han defendido que, dado que la herramienta era gratuita, la esposa de Sánchez nunca pudo hacer negocio con ella. Y que no hubo, por tanto, ningún ánimo de lucro porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias, tal y como puso de manifiesto el Ministerio Público en un escrito aportado al sumario.

Sin embargo, el juez insiste en que Begoña Gómez pudo cometer un delito de apropiación indebida porque se apropió de ese software, ya que registró la marca y adquirió el dominio web (transformatsc.org) donde lo alojó. También constituyó una sociedad mercantil limitada con el mismo nombre, de la que es administradora y socia única.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Aunque la mujer de Pedro Sánchez no es una funcionaria que administre fondos públicos directamente, el juez argumenta que participó en este delito como “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío de recursos públicos”.

Su tesis es que “solicitó, aceptó y aprovechó” el trabajo de la asistente Cristina Álvarez para tareas estrictamente privadas, como gestionar la cátedra, buscar patrocinadores y reunirse con tecnológicas. El auto incluso señala que Begoña Gómez pidió expresamente la contratación de esta asesora por su “relación de confianza” con ella.

En este auto, el juez decide archivar la acusación por el delito de intrusismo profesional que le atribuían las acusaciones populares en relación con la firma de los pliegos técnicos para contratar el citado software. El magistrado considera que hay un único indicio “endeble” —un informe de una asociación minoritaria de abogados del Estado— y que, por contra, hay contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego.

Hace varios meses que consta en la causa el correo en el que la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM da instrucciones Begoña Gómez para que firme esos pliegos. Además, la Interventora de la Universidad Complutense declaró como testigo y afirmó que de acuerdo con las normas de ejecución presupuestaria, la firma de los pliegos debía realizarse por la Jefa de la Unidad, que era Begoña Gómez.

“Han recortado a los más pringados de la Universidad. Lo único que van a conseguir es que nadie quiera investigar”. Como Juan, unos 70 jóvenes investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que están preparando su tesis denuncian que el centro, que vive una situación financiera límite, ha reducido un 11% los salarios de las ayudas para la contratación de personal investigador predoctoral en formación (PIPF) que otorga la Comunidad de Madrid, lo que ha dejado unos contratos que no eran boyantes en origen rozando el salario mínimo interprofesional (SMI).

Además, explican los afectados, lo ha hecho sin avisar del recorte hasta el instante mismo de la firma de los contratos, momento en el que ya tenían que haber renunciado a cualquier otro empleo que tuvieran porque estas ayudas exigen exclusividad, por lo que se habían quedado sin margen de maniobra. “Llegado a ese punto estás obligado a firmar porque ya has dimitido de lo que tenías”, corrobora Luis, que dejó un trabajo ligeramente mejor remunerado pensando que con el PIPF tendría las condiciones de anteriores convocatorias, para encontrarse después con el recorte.

Cuando le han pedido explicaciones a la Universidad, esta les ha respondido que la medida se ciñe a la legalidad porque la convocatoria no especifica que tenga que haber un salario concreto y las cifras que ofrece se atienen al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). También les dijo, nota mediante, que se ha tomado esta decisión para “garantizar la estabilidad presupuestaria de la UCM” porque, según la Universidad, “el aumento de costes durante el cuarto año [de contrato] provoca que el coste real para la UCM supere la financiación máxima establecida para la convocatoria”.

La Complutense ha tenido que pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para cerrar las cuentas del año y, como condición, ha tenido que aprobar un plan de austeridad que recurre a las jubilaciones y a la tijera –se van a cerrar estudios, por ejemplo– como vías para recuperar la estabilidad financiera. El centro no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el recorte en las ayudas a la investigación.

Los afectados dicen sentirse “engañados” porque no les informaron del recorte hasta que ya no podían dar marcha atrás y porque los 150 euros mensuales de menos respecto a anteriores convocatorias y lo que asumían que iban a ganar les hace la vida muy difícil en Madrid con 1.112 euros mensuales. “Entre el alquiler, facturas y gastos básicos te quedan 200-250 euros al mes para vivir”, describe uno de ellos una situación recurrente entre los demás. También está el agravio comparativo que sienten cuando miran a los compañeros de anteriores promociones y ven que están cobrando un 11% más que ellos.

2.000 euros menos

Los contratos PIPF son unas ayudas para jóvenes investigadores que concede la Comunidad de Madrid con 18.269,58 euros anuales, poco más que el SMI, que está en 17.094 euros. Hasta este ejercicio, la UCM complementaba la parte autonómica con un extra de unos 2.000 euros anuales, elevando la cuantía total hasta los 20.325,62 euros cada 12 meses. Con esta cifra contaban los investigadores cuando pidieron la ayuda para la convocatoria de 2024, que se tramita en 2025.

La sorpresa vino hacia finales de año, explica el colectivo de afectados en una nota, cuando fueron a firmar el borrador, habiendo renunciado a lo que pudieran tener antes, y descubrieron el recorte de 150 euros mensuales sin preaviso. “Lo que nos molesta es la falta de comunicación que ha habido con esto”, explica Guillermo. “Yo tenía un contrato PLI (de personal laboral investigador) y con esta ayuda pensaba que iba a poder cobrar ese pellizco más. Pensábamos todos que íbamos a poder tener un estilo de vida más relajado, porque con ese contrato va muy, muy justo en Madrid con 1.100 euros”. Ese extra mensual puede no parecer mucho, cuentan los investigadores, pero es una diferencia fundamental cuando vas tan justo.

“Me gasto la mitad en alquiler y con la otra mitad tengo que vivir, pagar los viajes a Sevilla para ver a mi familia”, relata Guillermo una situación que se repite. Cuando Alfonso supo que había ganado un contrato hizo planes con su novia. Ella, colombiana, vendría a España y se irían a vivir juntos. Alquiló una habitación doble, cuenta, para encontrarse la sorpresa del salario. “Pago 550 euros por la habitación, estoy bastante al límite con los gastos y estamos esperando para juntarnos porque no tengo capacidad de ahorro”, explica.

Una precariedad que amenaza las carreras investigadoras. “No es que te plantees dejarlo, porque estás haciendo lo que te gusta”, responde a la pregunta directa Alberto. “Pero tienes que trabajar, dar clase, corregir, si haces trabajo de campo lo haces gratis los fines de semana... Para que no haya un mínimo de compensación y en el momento en el que tenga cualquier percance o me suban el alquiler ya no es que quiera o no, sino que no podré permitírmelo”, explica.

Los investigadores están molestos porque la Complutense haya decidido recortar a los más débiles. “Es una situación un poco humillante”, pone voz Guillermo a lo que piensan todos. “La universidad recorta a los que estamos abajo del todo. No es una cantidad de dinero significativa para la UCM en su conjunto, pero para nosotros es un cambio muy grande”. “Esta situación [financiera] de la universidad es terrible, pero están cargando el peso en los más débiles, que somos los predoctorales recién contratados”, coincide Julia, otra afectada. “No es un buen reflejo de lo que tenemos que aspirar como sociedad. No se puede precarizar más a un sector que ya está bastante precarizado de por sí”, cierra Alfonso. Cuando se les pregunta cómo se sienten, las respuestas oscilan entre “estafados” y “humillados”, con una dosis de “ninguneados”.

La Universidad Complutense es el epítome de la situación de las seis universidades públicas madrileñas. El centro vive una situación financiera límite tras años de infrafinanciación por parte de la Comunidad de Madrid. En los dos últimos ejercicios, la UCM ha perdido 140 millones de euros, un estado de las cuentas que le ha forzado a cerrar estudios, ordenar un recorte del 35% en los gastos a todos los departamentos y, ahora, meter la tijera en la investigación. Tras dos ejercicios de un tenso tira y afloja con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, hace unas semanas las partes firmaron un acuerdo financiero para los próximos años que los rectores calificaron de “hito”, pero que las plataformas en defensa de la universidad pública ven como un parche que apenas mejora la financiación, que pasará del 0,4% del PIB al 0,5% en un escenario optimista.

Los afectados por este recorte aún tienen un argumento para considerarse afortunados: su convocatoria es, por el momento, la última que ha realizado la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional anunció hace unas semanas que suspendía la siguiente (y se ahorra los 29,1 millones de euros que conlleva), lo que implicará que si vuelve a sacar estas ayudas habrá el doble de aspirantes en la próxima convocatoria.

El Ayuntamiento de Madrid plantea un concurso de ideas para reconfigurar el gran campus de Ciudad Universitaria, que concentra multitud de facultades o centros de la UNED al noroeste de la ciudad. Este martes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presidido en el Palacio de Cibeles un encuentro con los rectores de las tres universidades con presencia en la zona: la Universidad Complutense (UCM), la Politécnica (UPM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La reunión se produjo en el marco de una comisión de seguimiento para un convencio entre Cibeles y su Consorcio del campus, con idea de aunar miradas y redefinir el campus.

En este sentido, el delegado ha detallado que en el concurso de ideas pueden participar equipos multidisciplinares de las distintas materias de las tres universidades, con estudiantes de estudios de grado, máster o doctorado, pero también con profesores y egresados, con el fin de “soñar con lo que debe ser la Ciudad Universitaria del futuro”. Esta iniciativa busca fomentar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la Ciudad Universitaria en sus dimensiones urbanística, arquitectónica, social y económica, de movilidad y sostenibilidad, cultural, de ocio y como gran zona verde.

En la reunión han participado, como integrantes de este consorcio, los rectores de la UCM, Joaquín Goyache; de la UNED, Ricardo Mairal, y de la UPM, Óscar García. El convenio firmado se enmarca en los más de 60 acuerdos que el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha suscrito en los últimos meses con instituciones públicas, colegios profesionales, asociaciones y entidades privadas con el fin de impulsar la redacción y diseño del Plan Estratégico Municipal de Madrid (PEM), cuya aprobación inicial está prevista para la primavera de 2027 y que vendrá a sustituir al Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Carabante ha abordado con los rectores varias cuestiones que vinculan al Consistorio con estas tres universidades, entre las que destaca el concurso de ideas para “la puesta en valor y transformación de la Ciudad Universitaria”, cuya resolución coincidirá en 2027 con el centenario de su creación. “Este es el campus urbano más importante de Europa y, por tanto, lo que debemos hacer es consolidarlo y pensar cómo debemos reseñarlo para que siga siendo un icono de la ciudad de Madrid”, ha señalado el delegado.

Carabante incide en que la transformación que se plantea no se centra únicamente en un giro de conocimientos, sino en cambios “también desde el punto de vista urbanístico” y en los que se incluyan “elementos de sostenibilidad”. Con el fin de fomentar la diversidad en la composición de los equipos, las ideas del concurso deberán estar integradas por miembros de, al menos, dos de las tres universidades y dos de los tres perfiles.

Las propuestas podrán entregarse hasta el 21 de septiembre. El fallo del jurado se dará a conocer un mes después y en 2027, se organizará una exposición con las ideas ganadoras. Con todo ello, el concurso aspira a convertir a la Ciudad Universitaria de 1927 en el “campus del talento urbano más relevante de Europa en el siglo XXI, dotar de un propósito a sus 350 hectáreas con usos que vayan más allá del académico y convertir este punto de la ciudad y su patrimonio en un icono imprescindible para el ciudadano y el viajero”.

Los seis grandes desafíos que han de resolverse

El concurso de ideas establece que las propuestas que se presenten deben resolver seis grandes desafíos: la superación de la fractura urbana que representa “la desconexión física y psicológica” en Moncloa-Aravaca generada por las infraestructuras viarias, recuperando la continuidad con el resto de la ciudad; la identificación de “áreas infrautilizadas o residuales” para rediseñarlas y ponerlas en valor, evitando la dispersión actual. Otras de las propuestas son la reversión del exceso de superficies pavimentadas y viales sobredimensionados para su integración en el sistema de infraestructura verde regional y local.

Además, se buscará transformar el modelo de movilidad mediante la resolución del impacto del vehículo privado y “la saturación de aparcamientos en superficie que degradan el paisaje y la experiencia peatonal” con nuevas fórmulas, unidas a un despliegue estratégico para integrar otros usos complementarios al tejido universitario. Lo que se pretende es lograr “una mejora de la relación espacial entre los volúmenes arquitectónicos existentes”, aislados según el Ayuntamiento por “un paisaje fragmentado y poco amable” e integrar el patrimonio edificado con el resto del campus.

Por su parte, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha agradecido formar parte del Plan Estratégico municipal, que ayude a “pensar en el futuro de la Ciudad Universitaria”. Aunque aún no tienen definido el proyecto, Goyache ha manifestado que quieren que Ciudad Universitaria sea un lugar que “vivan” los ciudadanos de Madrid y los visitantes porque tiene “un patrimonio histórico, cultural y deportivo más que interesante”.

La Universidad Complutense de Madrid ha denunciado que una treintena de personas, la mayor parte de ellas encapuchados y con el rostro cubierto, irrumpieron el pasado viernes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social y vandalizaron material reivindicativo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.

En un comunicado, los decanatos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social han denunciado estos “graves hechos” ocurridos en la tarde del viernes cuando sobre las 17.30 horas cuando “aproximadamente 30 personas” irrumpieron en las facultades e increparon a algunas de las personas que se encontraban en ellas y causaron destrozos.

Según relatan los decanatos, arrancaron carteles, “especialmente aquellos relacionados con actividades en torno al 8 de marzo y los derechos de las mujeres”, y retiraron “violentamente” pancartas reivindicativas del estudiantado de las facultades.

Todo ello, explican, para intentar colocar una pancarta que, junto al símbolo de Falange, contenía el lema 'Rechaza el feminismo, abraza la feminidad', aunque finalmente el personal de la facultad impidió su colocación.

Desde los decanatos de ambas facultades han remarcado que “el grupo de ultraderecha se ensañó especialmente con el aula social del estudiantado, causando importantes daños materiales y en el mobiliario”. Finalmente, el personal de la universidad evitó que se produjeran más incidentes y expulsó a estas personas “violentas” del edificio y del campus.

Los decanatos ya se han puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes y se ha procedido a su denuncia. También se está evaluando todos los daños ocasionados para sufragarlos desde la institución.

En su comunicado, remarcan además que esta acción ha tenido lugar en el marco de la semana de actos en torno al 8M, “con el propósito evidente de amedrentar a nuestro estudiantado y personal, y de reprimir y silenciar las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista en defensa de los derechos de las mujeres”. “No lo van a conseguir. Estos hechos demuestran que esta lucha por los derechos y la igualdad es hoy más necesaria que nunca”, han defendido.

En esta línea, han recordado que no se trata de un “hecho aislado” sino que las facultades y “buena parte de las universidades públicas”, están siendo objeto de “una ofensiva sistemática y prolongada por parte de grupos de ultraderecha que tratan de negar derechos y libertades, que promueven discursos de odio y que utilizan en los últimos tiempos especialmente nuestro centro como diana de sus ataques”.

“Nuestra comunidad universitaria se está viendo expuesta a acciones que tratan de alterar y romper nuestra vida académica y social. Una universidad pública --al igual que cualquier otro espacio de nuestra sociedad-- no debería verse expuesta a los niveles de violencia y agresión que hemos sufrido en los últimos meses. Frente a estas amenazas, seguiremos trabajando para que nuestras facultades sean espacios públicos seguros, en los que nos cuidamos y en los que nos queremos libres de odio y de miedo”, han alegado desde los decanatos.

En este marco, han reclamado al Rectorado “los medios necesarios para garantizar la seguridad” en el centro. “Es un derecho básico de nuestra comunidad universitaria que hemos de saber cubrir. Esperamos que la Comunidad de Madrid condene públicamente esta incursión violenta y ponga también los recursos para ello”, han añadido.

El primer día que entré en las aulas de la Universidad Complutense estaba aterrorizada y emocionada a la vez: la idea de estudiar en una universidad centenaria me enorgullecía. Hoy se está desmontando esa universidad emblemática. La guerra civil hizo que los estudios superiores se saltaran una generación en mi familia, pero entrar allí era ser consciente de que la democracia daba oportunidades a todos. En España ese sueño ha durado apenas 30 años. Ayuso y el PP de Madrid apuestan contra la movilidad social: llevan 30 años construyendo una sociedad que da oportunidades a quienes tienen dinero. Hoy, además estas políticas están excluyendo a nuestro sistema universitario —público y privado— del debate más urgente de nuestro tiempo: el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza superior. 

No me molesta que haya universidades privadas, sino que desde la administración se sabotee de forma deliberada la universidad pública, para que funcione más rápido el negocio. Las aulas luminosas de mi facultad tenían ese aire ajado que deja el paso del tiempo en los pomos de las puertas. En esa luz aprendí que el conocimiento se hereda del pasado y se transmite al futuro. En Madrid, hoy, el conocimiento es, por encima de todo, una mercancía. 

Aquí un tercio de los alumnos estudia en centros privados, y la Comunidad es la que menos invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Esto es dramático: somos una de las regiones más ricas de España y de Europa, pero despreciamos el talento de la población, siempre y cuando sea de clase humilde. Al parecer, aún hay quién se pregunta qué tipo de sociedad emerge del hundimiento de la universidad pública. Pues lo sabemos hace tiempo. En un siglo, a lo largo del XVIII, Escocia modificó su sistema de enseñanza para hacerlo más accesible. Con 1,5 millones de habitantes generó a gente como David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson y otras figuras fundacionales en filosofía, economía, sociología, química, etc. Esta concentración de genio no se dio por casualidad, sino porque se extendió la educación básica y las universidades accesibles (tampoco excluían por razones religiosas). Hume era hijo de un abogado de escasa fortuna; Smith, de un interventor de aduanas. La Ilustración escocesa demuestra de forma empírica que dar más oportunidades a más gente no es sólo una política de mejora individual, sino de mejora social: el conocimiento es un bien democrático.

Destruir la universidad pública siempre es malo. Ahora es peor. Para adaptarnos al mundo que viene, sería necesario integrar el desarrollo digital y la inteligencia artificial con unas Humanidades innovadoras que protejan nuestras mentes de los excesos de la revolución tecnológica. La ausencia de este debate hace pagar un alto coste de oportunidad a todo el sistema. Las principales universidades del mundo debaten con urgencia el impacto de la inteligencia artificial en su modelo de enseñanza: los estudiantes ya no escriben trabajos, lo hace ChatGPT, y eso significa una pérdida para la madurez intelectual del alumnado que hay que compensar. Niall Ferguson ha defendido un cambio de modelo que combina el “enclaustramiento y la nave espacial”: siete horas al día de estudiar como los monjes medievales, con libros, cuadernos y lápices; el resto con IA. Su planteamiento es nítido: si no enseñamos a los jóvenes a hacer buenas preguntas, serán esclavos de la IA, y no sus dueños. Entretanto, en Madrid se habla de Los Pocholos y el gurú que ilumina a Ayuso en política educativa, un tal Antonio Castillo Algarra, director artístico del Ballet Español de la Comunidad. Hay días en que recordar aquella luz de las aulas complutenses no es un ejercicio de melancolía, sino una advertencia. Escocia tardó un siglo en producir a Hume. Madrid lleva 30 años desmontando su universidad. 

La autonomía más rica de España es también la que más maltrata a la Universidad. A la pública, conviene precisar; que a la privada las políticas del PP le sientan fenomenal. 

Los datos, por si hubiera alguna duda. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero público invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Es la que cobra tasas más caras: 2.052 euros al año, el doble que las autonomías más baratas (Galicia y Asturias). Es la que tiene más alumnos universitarios en la privada: ya son un tercio del total, el 34%, frente al 23% de la media nacional.

Las cifras absolutas son terribles. Pero cuando se compara con la riqueza de esta autonomía son más sangrantes aún; se entiende que Ayuso tenga como referente la motosierra de Milei. Respecto a su PIB per cápita, Madrid gasta la mitad que las demás. Repito, que es grave, la mitad: un 16% frente al 31% de la media nacional. 

Los datos completos, con gráficos, los ha recopilado Aurelio Medel en este interesante artículo que hay que leer. Son las cifras de la demolición de la universidad pública madrileña. Un recorte paulatino que cada año va a peor. En 2008, Madrid gastaba el 0,88% de su PIB en las universidades públicas. Hoy es el 0,68%.

Las consecuencias de esta asfixia económica a la vista están. Especialmente en la Universidad Complutense, la más grande de España entre las presenciales; una de las más antiguas y prestigiosas. Más de 500 años de historia, desde que la fundó en 1499 el cardenal Cisneros en la antigua “Complutum” romana, hoy Alcalá de Henares. 

En los últimos veinte años, la Universidad Complutense ha perdido el 25% de sus alumnos. No por falta de demanda, las notas de corte son altísimas y cada año miles de estudiantes se quedan fuera. Hay menos alumnos porque no les pueden atender. 

Ha habido meses donde el pago de las nóminas en la Complutense ha estado en riesgo. Algunos de los edificios se caen a trozos. La universidad ha tenido que presentar un plan urgente para devolver un préstamo de 33 millones al gobierno de Ayuso, unos recortes que pasan por reducir el número de profesores, precarizar aún más sus salarios e incluso eliminar algunos de los grados y titulaciones. A pesar de los recortes, sigue estando entre las mejores universidades españolas. Pero en cinco siglos, cuesta encontrar otro momento más crítico en la historia de la Complutense. Desde luego no hay otro peor en tiempo de paz.

Esta persecución contra la universidad pública madrileña en beneficio de la privada no empezó anteayer. Viene de lejos. Comenzó con Alberto Ruiz Gallardón y su consejero de Educación, el ultracatólico Gustavo Villapalos: el mismo que entregó a los Legionarios de Cristo una universidad, la Francisco de Vitoria. Esta institución privada empezó en la pública: nació como centro adscrito a la Complutense cuando Villapalos era rector. Fue el mismo Villapalos, como consejero de Educación, quien después autorizó su transformación en universidad privada independiente. Entonces era la segunda en Madrid. Hoy ya son 14 universidades privadas, y hay más en proyecto.

Los grandes tijeretazos a las universidades públicas los aplicó después Esperanza Aguirre, que perdió todo el pudor y forzó los primeros recortes de sueldos y presupuesto en la Complutense. Y la puntilla final, con ensañamiento y a la vista de todos, la está dando Isabel Díaz Ayuso.

El PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida desde hace más de tres décadas, desde julio de 1995. En este tiempo han perdido las elecciones dos veces. La primera derrota la arreglaron con el Tamayazo. De la segunda les salvó Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar la política y demostró su verdadera cara rescatando al corrupto PP de Madrid, que en esas fechas veía entrar en la cárcel a sus principales líderes, con la única excepción de Aguirre. Si aplicáramos a este gobierno autonómico un análisis sobre su calidad democrática, como los que pasan los Estados, Madrid no saldría demasiado bien.  

Este PP de Madrid, supuestamente liberal, dice defender la “meritocracia”. Al tiempo se ha dedicado a dinamitar la institución más meritocrática que existe, la Universidad pública. Es la llave del ascensor social: la herramienta más potente que tienen las clases trabajadoras para poder prosperar. En el último tercio del siglo XX sin duda fue así. Hoy es un pasaje angosto por el que muy pocos logran trepar. Basta con ver las notas de corte en la pública: hace falta más de un 13 sobre 14 puntos para estudiar Medicina o alguna de las carreras científicas y tecnológicas más demandadas. 

Hay otra salida, claro está. Pagar 20.000 euros al año para que tu hijo estudie Medicina en la privada; en ellas la nota de corte está en un 5. Es el modelo fantástico del PP de Madrid: te ahorran 200 euros en el IRPF, te lo cobran multiplicado por cien con el coste privado de la sanidad o la educación.

La causa de esta demolición está a la vista de todos. No ocurre por casualidad. Isabel Díaz Ayuso no oculta su desprecio sectario hacia la universidad pública. Para ella, la Complutense es una institución “colonizada por la izquierda” donde “se dan los títulos como churros”, un “entramado de chiringuitos de familiares y de negocios”. No es un diagnóstico: es su coartada para seguir recortando. 

Argumenta en su artículo Aurelio Medel que es un error culpar del deterioro de la universidad a ese clan de ‘los Pocholos’ que, en los últimos tres años, han dirigido la Consejería de Educación. Tiene razón: esto viene de mucho más atrás. Pero sí es sintomático en quién confió esta tarea: en qué manos dejó Isabel Díaz Ayuso la gestión de un presupuesto de 7.000 millones de euros anuales.

Ese auge y caída de ‘los Pocholos’ lo cuenta con mucho detalle José Precedo, en este otro artículo que publicamos hoy; es un novelón. Ayuso conoció al líder de ese grupo, Antonio Castillo Algarra, casi de casualidad. Cuando aún no era la presidenta de Madrid. Desde entonces, y ha pasado casi una década, este ‘Rasputín’ –como le llaman en el propio PP de Madrid– ejerció desde las sombras una enorme influencia y poder. No cualquiera puede colocar a tres diputados en las listas del PP de Madrid, ni nombrar al consejero de Educación, ni a cuatro directores generales. Todos ellos, gente de su absoluta confianza y lealtad, hasta el punto de que la gran mayoría dimitieron en una misma mañana, tras una escueta llamada telefónica en la que ‘Rasputín’ solo les dijo una frase: “Ya sabes lo que tienes que hacer”.

Lo ocurrido con estos Pocholos y su estrambótico gurú no es la causa del deterioro de la universidad. Pero sí demuestra la frivolidad de una Isabel Díaz Ayuso a la que solo le interesa el poder y no la aburrida gestión. También el sectarismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cautivada intelectualmente por un iluminado ultraconservador cuyas ideas y artículos son como la letra de “El imperio contraataca”, de Los Nikis, pero con extra de petulancia y cero sentido del humor.

Mientras tanto, esa universidad fundada por Cisneros hace más de medio milenio agoniza. No es culpa de una fatalidad, ni del pérfido sanchismo, ni de la inteligencia artificial. Es una fría y meditada decisión política. 

Este 2026 se cumplen diez años de uno de los festivales más emblemáticos de la época estival madrileña. Desde hace una década no hay verano en Madrid sin Noches del Botánico. La señalada cita musical celebrará su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid con un total de 54 conciertos y más de 60 artistas que darán forma a una edición clave en la historia del ciclo, por el que ya han pasado más de un millón de asistentes a lo largo de todos estos años.

Después de anunciar el primer avance de programación el pasado mes de diciembre con 16 conciertos, la organización del festival ha presentado este jueves el cartel completo de actuaciones del ciclo, que lleva ya más de 65.000 entradas vendidas y nueve shows agotados entre los que se encuentran Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian o Diana Krall. Un hito sin precedentes en las nueve ediciones anteriores, que continúa amplificando la conexión del festival con una audiencia fiel y diversa.

Además de seguir, un año más, fiel a su compromiso por el eclecticismo, la calidad artística y una propuesta de festival concebida tanto para el disfrute del público como para el de los propios artistas, el décimo aniversario de Noches del Botánico va más allá de una programación: es una verdadera celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso, regresan artistas que ya son de la casa y que vuelven a un escenario que ha formado parte de sus grandes shows como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny, o LP en fechas tan señaladas y especiales para el festival.

A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en suelo complutense como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks, el proyecto Beat de Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai, Jeff Goldblum, o la energía electrónica de Tomora, entre muchos otros. El viaje sonoro del décimo aniversario se expande hacia Latinoamérica con Babasonicos, El Zar, María Becerra, Cultura Profética, Gilsons, Lasso, Elvis Crespo y Silvestre y La Naranja, potencia la presencia nacional con M-Clan, Veintiuno, Pablo López o Marta Santos, y reserva un espacio esencial para las raíces con Yerai Cortés y el homenaje al Omega de Enrique Morente y Largatija Nick, encargado de inaugurar esta edición tan especial.

Este décimo aniversario pone de manifiesto el éxito del modelo de festival que Noches del Botánico viene desarrollando esta década, gracias al trabajo conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Una propuesta cultural sostenible, integrada en la ciudad y comprometida con un entorno único, que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario musical estival.

A continuación puedes consultar el cartel completo de actuaciones para cada jornada:

Junio 2026

Julio 2026

Entradas de Noches del Botánico 2026

Las entradas para las nuevas fechas confirmadas estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero, a las 12.00 horas. Se podrá acceder a la compra a través de la web oficial de Noches del Botánico y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés se habilitará 24 horas después.

Para el resto de conciertos anunciados el pasado mes de diciembre las entradas ya se encuentran a la venta, aunque algunos ya han colgado el cartel de sold out como es el caso de Rigoberta Bandini en dos de sus fechas, Zaz o Love of Lesbian. Los precios varian dependiendo del artista, pero por lo general oscilan entre los 35 y los 55 euros,

Horarios de Noches del Botánico 2026

La apertura de puertas tendrá lugar todos los días a las 19.30 horas para que los asistentes puedan disfrutar antes de los conciertos de las amplias zonas verdes, la oferta gastronómica, la vinoteca y las diferentes áreas de esparcimiento que forman parte esencial de la experiencia Noches del Botánico, tanto en la previa como en el post-concierto.

En el caso de las jornadas en las que solo haya un artista programado, la actuación dará comienzo a las 22.00 horas. Cuando sean dos, la primera empezará a las 20.30 y la otra alrededor de las 22.00. Como en ediciones anteriores, el festival se alargará cada día hasta medianoche.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su gobierno al completo suelen presumir ante empresarios e inversores de que su región es la única de España sin impuestos propios, al mismo tiempo que piden recortar gasto a las universidades públicas, varias de ellas, como la Complutense, al borde de la quiebra. Esta mañana ese doble mensaje ha quedado patente en el anuncio que la presidenta ha hecho en el Nueva Economía Fórum, un ciclo de conferencias financiado por la aseguradora Asisa y la empresa de renovables Solaria. Ante otras autoridades de la región, empresarios y representantes de la sociedad civil, Ayuso ha anunciado una nueva rebaja de impuestos, de otro medio punto en el tramo autonómico del IRPF para este año que tendrá efectos sobre las declaraciones presentadas en 2027. Madrid ya era la autonomía donde ese impuesto era más bajo con tipos que oscilan entre el 8,5% y el 20,5% para las rentas más altas. La presidenta no ha calculado cuánto dejará de ingresar la región con su nuevo anuncio, que ya estaba en su programa electoral. Destacó que la medida pretende “ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la comunidad una de las mejores del mundo y que siempre estará al servicio de España a través de su sanidad, de su universidad y de sus empresas”.

Con 2,5 millones de contribuyentes en Madrid, la rebaja anunciada por Ayuso beneficiará a los salarios más altos: en las rentas de menos de 13.000 euros, exentas de hacer la declaración, la rebaja apenas permitirá ahorrar de 20 a 30 euros al año; para quienes estén en el tramo de 20 a 35.000 euros el ahorro será de 90 a 100 euros al año, mientras que los sueldos más altos, los que superan los 200.000 euros dejarán de pagar entre 900 y 1.000 euros en la declaración de 2027. La decisión es consecuente con la filosofía del PP madrileño durante décadas que consiste en reducir al máximo los impuestos estatales, la mayoría de ellos bonificados, y en no crear tasas autonómicas. Ese “liberalismo” que prima a las rentas altas, denuncia la oposición, tiene como consecuencia directa el deterioro de los servicios públicos.

En la misma conferencia, Ayuso ha animado a los rectores de las universidades públicas, algunas como la Complutense, al borde de la quiebra, a recortar sus gastos. Cuando fue preguntada por la financiación de las universidades públicas y la situación de la Complutense que ha tenido que ser rescatada por un crédito de 30 millones aportado por la Comunidad y que tendrá que devolver con intereses, la presidenta elogió a esos otros “rectores valientes” que fueron capaces de recortar el gasto. Dijo que su Gobierno trabaja en un proyecto de financiación plurianual y acusó de mala gestión a la Complutense: “El modelo está garantizado, luego lo que hay que ver es cómo hay universidades que gestionan mejor que otras, pienso que hay algunas han perdido alumnos a raudales, pero han seguido incrementando el gasto en contratación de personal de servicio o profesores, otras se han ajustado y han adaptado el número de matrículas al gasto, por eso no todas las universidades están gestionadas de distinta manera y por eso es de reconocer que haya habido rectores que han sido valientes y se haya comprometido con el gasto que es ilimitado, y no puede serlo”.

Durante la conferencia en el hotel Four Seasons, el cinco estrellas más lujoso de la capital, Ayuso habló sobre todo. Unos minutos después de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, pidiese la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, que costó la vida a 45 personas, Ayuso, quien también había exigido la renuncia de Puente en una entrevista en El Mundo publicada este lunes, planteó que quien tiene que caer es Pedro Sánchez. Y cuando se le consultó si el PP tenía un mensaje unificado sobre la catástrofe, aseguró que hay diferencias en la gestión de los tiempos pero que todos están de acuerdo en el diagnóstico sobre la catástrofe: fueron los nombramientos y la corrupción que anidó durante la gestión de José Luis Ábalos la que ha causado este desastre. ¿Cuánto tardará en producirse el próximo incidente o accidente?, llegó a preguntarse la presidenta madrileña.

En el mismo foro, la presidenta que ha dedicado más de la mitad de su intervención a cargar con dureza contra el Gobierno, acusó a Sánchez de sembrar división entre los españoles. Deseó que el PSOE y sus socios se vayan cuánto antes, pero advirtió que solo lo harán cuando no tengan más remedio que convocar elecciones y anticipó que mientras tanto el país asistirá a cosas que harán “helar la sangre”. Frente a ese porvenir, pidió “no dejarse llevar por miedos” y que cada uno dé “lo mejor de sí mismo”. La misma dirigente que hizo famoso el lema de “me gusta la fruta” como una forma de llamar “hijo de puta” al presidente del Gobierno, ha dicho lamentar “el clima preguerracivilista” instalado en el país y del que ha culpado a la izquierda. “Sánchez nos llevará al choque más insoportable, advirtió, al tiempo que avisaba de que la Comunidad de Madrid pretende ejercer de dique contra todo lo que se viene. ”La corrupción va a atar a Sánchez en el poder, no va a ser lo que le eche, por eso veremos cosas que nos helarán la sangre. Nos llevarán al choque a todos, Es el mejor momento para que cada uno dé la mejor versión para no dejarnos intimidar ni amenazar por el Gobierno, o por los miedos o el egoísmo. España no aguanta más este deterioro, cuyas consecuencias tardarán mucho en solucionarse. Cuánto antes se vayan será mejor para todos, pero mientras tanto los españoles ya saben dónde tienen a su región capital“, dijo Ayuso como cierre de su exposición.

Ya en el turno de preguntas, donde no hubo cabida para las irregularidades en la gestión de Ribera Salud ni los negocios de su pareja con Quirón, la presidenta regional destacó la fórmula de colaboración público-privada (otra forma de llamar a la privatización de los hospitales madrileños) como un ejemplo para toda España.

La presidenta del PP y exsocia de Vox cargó contra la formación de Abascal, a la que ha acusado de beneficiar a Sánchez, pero, cuando fue preguntada por las políticas de alianzas de su partido y lo que debe hacer María Guardiola en Extremadura, recomendó pactar: “Mejor acuerdos a tener que estar sumidos en procesos electorales”.

Los depredadores de lo público en la Comunidad de Madrid han subido un peldaño más en el destrozo de los servicios de todos. Son incansables. Ahora han suprimido las becas predoctorales para todos los investigadores que quieran realizar una tesis doctoral sobre el cáncer de hígado o sobre el golpe del coronel Segismundo Casado de 1939. Da igual el tema, como les da igual la ciencia y el conocimiento. En el ejercicio de 2026 ha suspendido una partida (29,1 millones de euros el pasado año) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis doctorales con un salario, aunque bajo. No se crean los ajenos a la universidad que aquí nos hacemos ricos como los comisionistas de la Quirón.

Yo fui becaria predoctoral FPU (Formación del Personal Universitario) de la CAM y becaria posdoctoral también de la CAM, tras tener otra beca posdoctoral del Ministerio de Ciencia en París. Sin esas ayudas públicas yo no sería hoy profesora de la Universidad Complutense ni les estaría dando la paliza desde esta tribuna con la defensa de los servicios públicos. Además, fui becaria bajo un gobierno del PP -cómo no, en Madrid parece imposible que gobierne otro partido-, primero con Alberto Ruiz Gallardón la predoctoral y luego con Esperanza Aguirre la posdoctoral-, que apenas hizo dos convocatorias. Pero ahora con Isabel Díaz Ayuso se vuelve a suspender la convocatoria de ayudas predoctorales. ¿Para qué invertir en investigación? Mucho mejor destinar el dinero a la Fórmula 1, a que familias pudientes se puedan desgravar el salario de la interna, a tener a la prensa conservadora como perrito faldero con una jugosa publicidad institucional, o a pagos millonarios a Quirón y a Ribera Salud con todo este cambalache de la privatización de la gestión de la red hospitalaria pública. En los presupuestos de la Comunidad de Madrid existen demasiadas mamandurrias y chiringuitos para redes clientelares y amigos totalmente prescindibles. Y luego falta dinero para lo imprescindible, ya saben, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. 

Es una vergüenza que la Comunidad más rica de España -alardean de ello todo el día- no se pueda permitir mantener las becas predoctorales para que futuros investigadores se formen y hagan avanzar la ciencia y el conocimiento. Quien quiera investigar que se lo pague él trabajando en el Burger King o que se lo financie su familia pudiente. ¡Fuera el dinero público de la universidad!, es la consigna. Se les llena la boca con que Madrid es líder en innovación y desarrollo, pero no con el dinero público; que pague Amancio Ortega, como en el caso de los aparatos médicos, o la fundación de El Corte Inglés, que ya tiene unas becas similares. Ayuso expulsa a los investigadores del mismo modo que manda a abortar fuera de la CAM la vez. ¡Qué inventen ellos!

La política científica en Madrid es penosa. No tienen los proyectos de investigación ni las becas de investigación que existen en otras comunidades, incluso gobernadas por el PP. Yo he evaluado currículos de candidatos a plazas procedentes de Galicia que han participado en proyectos de investigación en Historia contemporánea en los que les concedían en torno a 100.000 euros, mucho más que la financiación del Ministerio de Ciencia en sus diversas denominaciones y con diferentes gobiernos. El nuevo recorte de la Comunidad de Madrid en becas para investigación, una partida ínfima en comparación con otras, es una tragedia para la ciencia y la universidad. Y una victoria más para los piratas de lo público.