El seudosindicato Manos Limpias ha pedido en su escrito de acusación más de diez años de cárcel para Begoña Gómez por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el documento, registrado este viernes, también solicita que se condene al empresario Juan Carlos Barrabés a dos años y tres meses de prisión por tráfico de influencias.

La organización argumenta que Gómez “se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno” para que el rector de la Universidad Complutense “diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla”. “Se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido [15.000 euros] sino que también detrajo el software desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil”, señala el escrito, que también apunta que “inmediatamente después”, en julio de 2020, emitió “cartas de recomendación a favor de la empresa” de Barrabés.

Esas cartas a favor de la UTE de Barrabés fueron presentadas en dos procesos de licitación de la empresa pública Red.es que estaban financiados con fondos de la Unión Europea, por lo que la Fiscalía Europea asumió su investigación. Un informe pericial a la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario, pero Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa.

Manos Limpias también cree que los hechos anteriores podrían constituir un delito de prevaricación del que sería responsable quien nombró a Begoña Gómez para la cátedra universitaria, pero entiende que “tal acusación no es factible en este momento procesal”.

La esposa de Sánchez empezó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14. Y, después, como codirectora de dos másteres, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró 40.000 euros en todo ese tiempo, de los que 8.123 los percibió antes de 2018. 

Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), que es la actividad de la que derivan parte de las sospechas del juez Peinado. Nunca cobró por la codirección de esa cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en su último auto que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

Recientemente, Manos Limpias pidió al juez en un escrito que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señalaba, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

La comunidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido convocada este jueves para opinar sobre el plan de ajuste aprobado (PEF) por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de febrero ante la situación económica del centro, que roza la ruina. Ante la pregunta “¿Paramos el plan de recortes?”, estudiantes, docentes y personal administrativo votan si apoyan la suspensión de unas medidas que conllevan un recorte de más de 33 millones de euros en la universidad.

Este referéndum llega en un momento de gran tensión en el campus madrileño, tras la firma en marzo del Acuerdo de Financiación Plurianual entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas. Para la plataforma convocante del referéndum, este acuerdo no soluciona la asfixia presupuestaria, sino que obliga a universidades como la Complutense a consolidar los recortes que hoy se someten a votación: el PEF aprobado incluye un recorte del gasto del 35% para todos los departamentos, jubilaciones que no se repondrán y cierre de asignaturas y grados.

Así, se prevé que estudiantado, profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria muestren hoy su rechazo hacia ese Plan Económico y Financiero aprobado en la UCM. “Es un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. 

Las urnas para votar este jueves (hasta las 18:00 h) se han situado en distintos puntos de las facultades, desde Bellas Artes hasta Derecho. Algunas facultades se han quejado o intentado impedir esta votación, alegando que es ilegal y eliminando la publicidad colocada, pero sus estudiantes han dicho que “siguen adelante”. “Por poner una mesa con una silla y una urna no pueden hacer nada, en todo caso te pueden decir que la quites, pero sería un conflicto ya que son actividades que no son nada cruciales”, asegura Eva Aladro, profesora de la Complutense y miembro de la plataforma que ha organizado la votación, UCM por la pública. 

Durante esta semana, las seis plataformas de las universidades públicas están preparando diferentes actividades reivindicativas, como asambleas y marchas, para rematar el domingo 19 con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña. A pesar de la cifra “histórica” de 14.800 millones de euros para las universidades públicas anunciados por Isabel Díaz Ayuso el mes pasado, la comunidad complutense denuncia que siguen sufriendo una “asfixia económica cronificada”. 

Las plataformas de las universidades aseguran que en esta cifra, la Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones), la recaudación de las matrículas (3.340 millones) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones), por lo que el incremento real de la financiación acordado por ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros para seis universidades públicas en cinco años.

Respecto al plan de recortes de la propia UCM, los más de 33 millones de euros de recortes incluidos en el PEF se traducen en el cierre de grupos y asignaturas optativas, menos dinero para becas e investigación, o salarios congelados y falta de mantenimiento en los edificios.

“Están cerrando másteres y asignaturas, ya nos han dicho que los profesores que se jubilan este año no los van a cubrir con nuevos profesores, sino con sustitutos, que es una figura muy precaria, que además no son especialistas, con lo cual se degrada totalmente la docencia”, explica Aladro. “En la facultad de Ciencias de la Documentación, en Documentación, les dicen que ya no van a tener turno de tarde… Se quitan los dos grupos o tres grupos de tarde, lo cual es hasta ilegal, porque hay que tener grupos de tarde para la gente que trabaja”, afirma. 

Julia y Germán, estudiantes de tercer curso de biología en la Complutense, también han notado esta situación: desde techos de las aulas que se caen a pedazos, hasta material que no se puede renovar ni reparar porque no hay presupuesto.

“Antes de que le dieran el crédito a la Complutense, en la facultad redujeron el horario de la biblioteca”, afirman, “y las salidas de campo que quedan son cogidas con pinzas”. Antes, su facultad organizaba viajes formativos a lugares como Doñana o el desierto de Almería. Ahora, están mucho más reducidas y a sitios más cercanos. “La universidad en general no saca tantos proyectos de investigación como podría”, concluyen. 

Sin embargo, estos recortes, según el rector de la UCM Joaquín Goyache, son “necesarios” porque la universidad “debe dinero” a la Comunidad de Madrid. “No 'debemos' nada a una institución que nos infrafinancia. Tampoco a un rector que no nos representa cuando pacta nuestra miseria a espaldas de la comunidad universitaria”, afirman desde UCM por la pública. 

Ángel Zurdo y María Cadilla, profesores en la Facultad de Ciencias de la Información, aseguran que este referéndum es una reacción a “un plan de desmontaje de la propia universidad, y en este caso, desde dentro”. “Hasta ahora se ha prestado mucha atención a qué estaba pasando desde la Comunidad de Madrid (cuáles estaban siendo los problemas de financiación, los recortes, es decir, los problemas sistemáticos) pero en este caso, la situación es mucho más grave porque la agenda de la Comunidad de Madrid está siendo asumida plenamente por el propio rectorado”, explican. 

Ellos también han notado este plan de recortes desde dentro del aula: “Hay muchas tensiones y se está jugando muchas veces incluso con la contratación de sustitutos, retrasándolo todo lo que se puede desde el propio rectorado”, explican. “Se están cubriendo a menudo con sobrecarga docente. Ha pasado en nuestro propio departamento, hemos tenido que impartir clases para que los alumnos no se queden sin clases, asumiendo una carga docente mayor de lo que nos corresponde”, concluyen. “Se están internalizando costes que deberían de ser cubiertos por la propia universidad”. 

Desde la mesa de votación de la Facultad de Derecho, Víctor cuenta las trabas que la facultad ha puesto para poder votar allí. Tenían la autorización de la facultad para instalar las mesas de votación dentro, pero asegura haber recibido correos prohibiéndoles utilizar material de la facultad, e incluso amenazando con unas posibles sanciones que, dicen, no tienen fundamento ninguno. Finalmente, han montado la mesa fuera del edificio. “Esta urna es una caja que utilizan en las Facultades de Ciencias que tuvo que comprar una profesora con su dinero para poder realizar experimentos, y nos la ha cedido aquí para tenerla como urna”, explica. 

Como la votación se puede hacer tanto en físico como a través de una web, ya se pueden ir contabilizando votos: en apenas unas horas, ya había casi 790. Alrededor del mediodía se han registrado unos 3.000 votos.

Desde la Facultad de Filosofía y Filología, Jorge Pérez, estudiante, cree que es muy importante votar, ya que “por primera vez en muchos años, ante un proceso tan importante como es el de la aprobación de un plan de recortes que afecta al conjunto de la comunidad universitaria, es el propio estudiantado, las profesoras, el personal laboral, quien ha puesto una mano sobre la mesa y ha dicho que aquí se tenía que escuchar su opinión”. Confía en que la gente vaya acudiendo con más frecuencia a las urnas conforme se desarrolla la jornada. 

La votación del referéndum finalizará a las 18:00h, cuando se procederá al recuento de votos para dejar claro lo que la Complutense en su conjunto, piensa de este plan de recortes.

La película debut del director de cine Alejandro Amenábar ha vuelto esta mañana al lugar donde nació. El mismo salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que aparece en Tesis, hito del cine español, ha terminado abarrotado hasta los suelos por la proyección de esta cinta cuando se cumplen tres décadas desde su estreno. Unas 360 personas han podido disfrutar de este pase tan especial. La mayoría, veinteañeros entre los que se contaban algunos que nunca habían visto el largometraje. En el coloquio posterior, el director ha anunciado una remasterización de la cinta para poderla apreciar a la misma velocidad a la que actuaron los personajes.

El 12 de abril de 1996 Amenábar acababa de cumplir 24 años. Imbuido en unos estudios de Imagen que nunca llegaría a terminar, culminó su paso por la Facultad con una tesis muy personal. La grabación tuvo lugar durante las vacaciones de verano de 1995 a lo largo de cinco semanas y media en las que se rodó una película de dos horas. El ritmo fue de unos 20 planos rodados cada jornada.

Tal hazaña le mereció al director un reconocimiento casi sin igual en los Premios Goya de aquella temporada después de recaudar más de 2,6 millones de euros en las salas. Ganó siete estatuillas, incluidos el galardón a mejor película, mejor dirección novel y mejor guion original. Tesis, producida por José Luis Cuerda, impulsaba a un joven Amenábar a un estrellato que después ha confirmado con trabajos como Ágora, Mientras dure la guerra, Los otros y El Cautivo. Demostraba, además, que en España se podía hacer cine de género, conquistar la taquilla y arrasar en los premios. Su llegada, junto a la de otros cineastas como Álex de la Iglesia, cambió el paradigma de lo que era el cine español. 

En torno a las 9:00 varias personas ya se apostaban a la entrada del salón de actos. Quedaban dos horas para el inicio de la proyección. El vestíbulo de esta Facultad brutalista con aroma a búnker pronto comenzó a llenarse de una larga cola serpenteante. Como si la gente, esperando y de forma inconsciente, mapeara en la superficie los pasillos sinuosos que se esconden en las plantas subterráneas. Han sido esos mismos pasillos, transitados por centenares de estudiantes cada día y utilizados por Ángela (Ana Torrent), Chema (Fele Martínez) y Bosco (Eduardo Noriega) para sus escaramuzas en la ficción, los que pronto han adquirido la importancia que Tesis les confirió.

Una película más lenta

El visionado no ha sido algo habitual. Los vistazos al móvil del público se conjugaban con algunos grititos de miedo por el devenir de la película, acompañados de la risa nerviosa posterior de los más asustadizos. 

La cinta dura 125 minutos. Eso es lo que han tardado las luces del salón de actos en volverse a encender. También ha sido uno de los grandes temas abordados en el coloquio posterior. “La película nace con un defecto formal, y es que se rodó a 25 imágenes por segundo porque había muchas grabaciones al televisor. Al proyectarse a 24 frames por segundo, la película discurre un 4 o 5% más lenta”, ha explicado Amenábar al público.

Es decir, la Tesis que siempre hemos visto dura unos cinco minutos más que si la visualizáramos a la velocidad a la que actuaron los actores. “Ahora trabajamos para estrenar una remasterización para corregir eso y abrir más el sonido y crear mejor las atmósferas”, ha anunciado el director.

Evitar lo explícito del terror

Como si de una rueda de prensa se tratara, el alumnado de Ciencias de la Información ha aprovechado la oportunidad de dejarse guiar por una de las mayores figuras cinematográficas de España. Las preguntas se han sucedido. La primera pedía un consejo. Así ha respondido Amenábar: “Un rodaje es una carrera contrarreloj y optimizar, no solo los recursos, sino todo en general, es bueno, tanto en el rodaje como en la vida”.

Lo acojonante es que 30 años después salgan los documentos de Epstein y te des cuenta de que la maldad humana es capaz de esto y de mucho más

Alejandro Amenábar — Cineasta

Al alumnado con la mirada más agudizada no se le ha pasado por alto la forma en que Amenábar transmite el terror en esta obra, evitando en gran medida lo explícito y centrándose en la respuesta que provocan. “Sabía que tendría más impacto la reacción de la protagonista, más fuerza en su expresión viendo las imágenes gore, que las imágenes en sí”, ha respondido el también responsable de la mayoría de las bandas sonoras de sus creaciones. 

De todas formas, el desarrollo de Tesis surgió de una duda. Es la primera escena de la película. De camino a la facultad, Amenábar tuvo que apearse del tren. Alguien se había tirado a las vías. “Habías dos tipos de gente. Los que querían ver a ese hombre partido por la mitad y los que nos retirábamos para evitarlo”, recuerda. Y añade: “Si pudiera hacer la película de nuevo, se verían incluso menos imágenes de las que se ven o sugieren en la pantalla”.

José Luis Cuerda, un segundo padre

La humildad con la que habla el ganador del Oscar en 2004 por Mar adentro, que según ha reconocido el aspecto de la iluminación es el que menos maneja, ha quedado patente en las palabras que ha compartido esta mañana. Por ejemplo, ha asegurado que sus películas son resultado de “todo lo que he visto, leído y conocido”. Así, Tesis bebe de otras producciones como Vértigo, de Alfred Hitchcock, Coma, de Michael Crichton, e Instinto básico, de Paul Verhoeven.

A la hora de hablar de referentes, Amenábar ha subrayado la impronta que José Luis Cuerda, director de la mítica Amanece que no es poco y productor de Tesis, ha dejado en él. “Era una persona que reivindicaba el pasado, pero también una persona muy moderna”, ha apuntado. Sin embargo, algo les diferenciaba a la hora de enfrentar un rodaje. “Él vivía la pesadilla del rodaje con arranques de mal humor, se encendía con mucha facilidad, pero tenía la capacidad de apagarse y envainársela muchas veces, y disculparse cuando había sido grosero”, ha añadido el mismo Amenábar, quien ha aceptado que Cuerda fue como un segundo padre para él.

La nueva difusión de imágenes violentas

Muchas cosas han cambiado en Amenábar desde aquellos 23 años en los que se despertaba a las dos horas de cerrar los ojos durante la grabación de Tesis. Ahora ha conocido lo que es la higiene del sueño, y duerme como un bebé, asegura. De todas formas, lo que no ha variado es su ilusión por hacer cine y su esfuerzo porque la música de sus largometrajes enfrente bien el paso del tiempo.

La sociedad también ha evolucionado en estas tres décadas. A pesar de que el elemento tecnológico que vertebra la cinta está más que superado, aquellas cámaras de vídeo Sony capaces de realizar zoom digital y que eran la joya de la corona, no sucede así con uno de sus grandes temas. “Desde el punto de vista de cómo actuar ante la difusión de determinadas imágenes, la película continúa vigente, sobre todo con la aparición de Internet y las redes sociales. Lo acojonante es que 30 años después salgan los documentos de Epstein y te des cuenta de que la maldad humana es capaz de esto y de mucho más”, ha finalizado el aclamado director.

El juez Juan Carlos Peinado cierra la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y propone llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado archiva la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno y da cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación a pesar de que propone una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado. También propone juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

En la resolución, fechada el 11 de abril, el magistrado apunta los indicios recabados durante los dos años que ha durado la investigación y sostiene la tesis de que Begoña Gómez influyó sobre autoridades y funcionarios prevaliéndose de su relación personal como esposa del presidente del Gobierno. Así, afirma que desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su “posición relacional”.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En relación con este mismo delito, el magistrado se refiere también a las “cartas de apoyo” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez concluye que Gómez utilizó esa “ascendencia” para buscar financiación de un proyecto que tenía potencial de explotación económica privada, como era esa cátedra. Las defensas han reiterado que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna por el desarrollo de esa cátedra y que los fondos iban al patrimonio de la Complutense. El juez dice, no obstante, que no puede dar “verosimilitud” a este argumento dado que considera que “el beneficio puede ser indirecto” y a favor de un tercero, el también investigado, Juan Carlos Barrabés.

De hecho, el magistrado llega a acusar incluso a la esposa de Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra, si bien es un extremo en el que nunca ha ahondado la investigación. Según la información recopilada, Begoña Gómez tenía en sus cuentas bancarias algo más de 21.000 euros. El juez señala que la prueba indiciaria más clara de este supuesto intercambio de favores son las citadas cartas de apoyo a favor de la UTE de Barrabés.

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de dos empresas de “gran relevancia nacional” como son Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros.

Además, Begoña Gómez buscó financiación privada para la puesta en marcha de una herramienta informática vinculada a la cátedra que era gratuita para todos los usuarios. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El juez apunta sin hacer alusión a ningún tipo de indicio que ese patrocinio pudiera ser solo la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las numerosas adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que esas empresas hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración relacionados con estos patrocinios.

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez siempre han defendido que, dado que la herramienta era gratuita, la esposa de Sánchez nunca pudo hacer negocio con ella. Y que no hubo, por tanto, ningún ánimo de lucro porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias, tal y como puso de manifiesto el Ministerio Público en un escrito aportado al sumario.

Sin embargo, el juez insiste en que Begoña Gómez pudo cometer un delito de apropiación indebida porque se apropió de ese software, ya que registró la marca y adquirió el dominio web (transformatsc.org) donde lo alojó. También constituyó una sociedad mercantil limitada con el mismo nombre, de la que es administradora y socia única.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Aunque la mujer de Pedro Sánchez no es una funcionaria que administre fondos públicos directamente, el juez argumenta que participó en este delito como “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío de recursos públicos”.

Su tesis es que “solicitó, aceptó y aprovechó” el trabajo de la asistente Cristina Álvarez para tareas estrictamente privadas, como gestionar la cátedra, buscar patrocinadores y reunirse con tecnológicas. El auto incluso señala que Begoña Gómez pidió expresamente la contratación de esta asesora por su “relación de confianza” con ella.

En este auto, el juez decide archivar la acusación por el delito de intrusismo profesional que le atribuían las acusaciones populares en relación con la firma de los pliegos técnicos para contratar el citado software. El magistrado considera que hay un único indicio “endeble” —un informe de una asociación minoritaria de abogados del Estado— y que, por contra, hay contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego.

Hace varios meses que consta en la causa el correo en el que la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM da instrucciones Begoña Gómez para que firme esos pliegos. Además, la Interventora de la Universidad Complutense declaró como testigo y afirmó que de acuerdo con las normas de ejecución presupuestaria, la firma de los pliegos debía realizarse por la Jefa de la Unidad, que era Begoña Gómez.

“Han recortado a los más pringados de la Universidad. Lo único que van a conseguir es que nadie quiera investigar”. Como Juan, unos 70 jóvenes investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que están preparando su tesis denuncian que el centro, que vive una situación financiera límite, ha reducido un 11% los salarios de las ayudas para la contratación de personal investigador predoctoral en formación (PIPF) que otorga la Comunidad de Madrid, lo que ha dejado unos contratos que no eran boyantes en origen rozando el salario mínimo interprofesional (SMI).

Además, explican los afectados, lo ha hecho sin avisar del recorte hasta el instante mismo de la firma de los contratos, momento en el que ya tenían que haber renunciado a cualquier otro empleo que tuvieran porque estas ayudas exigen exclusividad, por lo que se habían quedado sin margen de maniobra. “Llegado a ese punto estás obligado a firmar porque ya has dimitido de lo que tenías”, corrobora Luis, que dejó un trabajo ligeramente mejor remunerado pensando que con el PIPF tendría las condiciones de anteriores convocatorias, para encontrarse después con el recorte.

Cuando le han pedido explicaciones a la Universidad, esta les ha respondido que la medida se ciñe a la legalidad porque la convocatoria no especifica que tenga que haber un salario concreto y las cifras que ofrece se atienen al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). También les dijo, nota mediante, que se ha tomado esta decisión para “garantizar la estabilidad presupuestaria de la UCM” porque, según la Universidad, “el aumento de costes durante el cuarto año [de contrato] provoca que el coste real para la UCM supere la financiación máxima establecida para la convocatoria”.

La Complutense ha tenido que pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para cerrar las cuentas del año y, como condición, ha tenido que aprobar un plan de austeridad que recurre a las jubilaciones y a la tijera –se van a cerrar estudios, por ejemplo– como vías para recuperar la estabilidad financiera. El centro no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el recorte en las ayudas a la investigación.

Los afectados dicen sentirse “engañados” porque no les informaron del recorte hasta que ya no podían dar marcha atrás y porque los 150 euros mensuales de menos respecto a anteriores convocatorias y lo que asumían que iban a ganar les hace la vida muy difícil en Madrid con 1.112 euros mensuales. “Entre el alquiler, facturas y gastos básicos te quedan 200-250 euros al mes para vivir”, describe uno de ellos una situación recurrente entre los demás. También está el agravio comparativo que sienten cuando miran a los compañeros de anteriores promociones y ven que están cobrando un 11% más que ellos.

2.000 euros menos

Los contratos PIPF son unas ayudas para jóvenes investigadores que concede la Comunidad de Madrid con 18.269,58 euros anuales, poco más que el SMI, que está en 17.094 euros. Hasta este ejercicio, la UCM complementaba la parte autonómica con un extra de unos 2.000 euros anuales, elevando la cuantía total hasta los 20.325,62 euros cada 12 meses. Con esta cifra contaban los investigadores cuando pidieron la ayuda para la convocatoria de 2024, que se tramita en 2025.

La sorpresa vino hacia finales de año, explica el colectivo de afectados en una nota, cuando fueron a firmar el borrador, habiendo renunciado a lo que pudieran tener antes, y descubrieron el recorte de 150 euros mensuales sin preaviso. “Lo que nos molesta es la falta de comunicación que ha habido con esto”, explica Guillermo. “Yo tenía un contrato PLI (de personal laboral investigador) y con esta ayuda pensaba que iba a poder cobrar ese pellizco más. Pensábamos todos que íbamos a poder tener un estilo de vida más relajado, porque con ese contrato va muy, muy justo en Madrid con 1.100 euros”. Ese extra mensual puede no parecer mucho, cuentan los investigadores, pero es una diferencia fundamental cuando vas tan justo.

“Me gasto la mitad en alquiler y con la otra mitad tengo que vivir, pagar los viajes a Sevilla para ver a mi familia”, relata Guillermo una situación que se repite. Cuando Alfonso supo que había ganado un contrato hizo planes con su novia. Ella, colombiana, vendría a España y se irían a vivir juntos. Alquiló una habitación doble, cuenta, para encontrarse la sorpresa del salario. “Pago 550 euros por la habitación, estoy bastante al límite con los gastos y estamos esperando para juntarnos porque no tengo capacidad de ahorro”, explica.

Una precariedad que amenaza las carreras investigadoras. “No es que te plantees dejarlo, porque estás haciendo lo que te gusta”, responde a la pregunta directa Alberto. “Pero tienes que trabajar, dar clase, corregir, si haces trabajo de campo lo haces gratis los fines de semana... Para que no haya un mínimo de compensación y en el momento en el que tenga cualquier percance o me suban el alquiler ya no es que quiera o no, sino que no podré permitírmelo”, explica.

Los investigadores están molestos porque la Complutense haya decidido recortar a los más débiles. “Es una situación un poco humillante”, pone voz Guillermo a lo que piensan todos. “La universidad recorta a los que estamos abajo del todo. No es una cantidad de dinero significativa para la UCM en su conjunto, pero para nosotros es un cambio muy grande”. “Esta situación [financiera] de la universidad es terrible, pero están cargando el peso en los más débiles, que somos los predoctorales recién contratados”, coincide Julia, otra afectada. “No es un buen reflejo de lo que tenemos que aspirar como sociedad. No se puede precarizar más a un sector que ya está bastante precarizado de por sí”, cierra Alfonso. Cuando se les pregunta cómo se sienten, las respuestas oscilan entre “estafados” y “humillados”, con una dosis de “ninguneados”.

La Universidad Complutense es el epítome de la situación de las seis universidades públicas madrileñas. El centro vive una situación financiera límite tras años de infrafinanciación por parte de la Comunidad de Madrid. En los dos últimos ejercicios, la UCM ha perdido 140 millones de euros, un estado de las cuentas que le ha forzado a cerrar estudios, ordenar un recorte del 35% en los gastos a todos los departamentos y, ahora, meter la tijera en la investigación. Tras dos ejercicios de un tenso tira y afloja con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, hace unas semanas las partes firmaron un acuerdo financiero para los próximos años que los rectores calificaron de “hito”, pero que las plataformas en defensa de la universidad pública ven como un parche que apenas mejora la financiación, que pasará del 0,4% del PIB al 0,5% en un escenario optimista.

Los afectados por este recorte aún tienen un argumento para considerarse afortunados: su convocatoria es, por el momento, la última que ha realizado la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional anunció hace unas semanas que suspendía la siguiente (y se ahorra los 29,1 millones de euros que conlleva), lo que implicará que si vuelve a sacar estas ayudas habrá el doble de aspirantes en la próxima convocatoria.

El Ayuntamiento de Madrid plantea un concurso de ideas para reconfigurar el gran campus de Ciudad Universitaria, que concentra multitud de facultades o centros de la UNED al noroeste de la ciudad. Este martes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presidido en el Palacio de Cibeles un encuentro con los rectores de las tres universidades con presencia en la zona: la Universidad Complutense (UCM), la Politécnica (UPM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La reunión se produjo en el marco de una comisión de seguimiento para un convencio entre Cibeles y su Consorcio del campus, con idea de aunar miradas y redefinir el campus.

En este sentido, el delegado ha detallado que en el concurso de ideas pueden participar equipos multidisciplinares de las distintas materias de las tres universidades, con estudiantes de estudios de grado, máster o doctorado, pero también con profesores y egresados, con el fin de “soñar con lo que debe ser la Ciudad Universitaria del futuro”. Esta iniciativa busca fomentar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la Ciudad Universitaria en sus dimensiones urbanística, arquitectónica, social y económica, de movilidad y sostenibilidad, cultural, de ocio y como gran zona verde.

En la reunión han participado, como integrantes de este consorcio, los rectores de la UCM, Joaquín Goyache; de la UNED, Ricardo Mairal, y de la UPM, Óscar García. El convenio firmado se enmarca en los más de 60 acuerdos que el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha suscrito en los últimos meses con instituciones públicas, colegios profesionales, asociaciones y entidades privadas con el fin de impulsar la redacción y diseño del Plan Estratégico Municipal de Madrid (PEM), cuya aprobación inicial está prevista para la primavera de 2027 y que vendrá a sustituir al Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Carabante ha abordado con los rectores varias cuestiones que vinculan al Consistorio con estas tres universidades, entre las que destaca el concurso de ideas para “la puesta en valor y transformación de la Ciudad Universitaria”, cuya resolución coincidirá en 2027 con el centenario de su creación. “Este es el campus urbano más importante de Europa y, por tanto, lo que debemos hacer es consolidarlo y pensar cómo debemos reseñarlo para que siga siendo un icono de la ciudad de Madrid”, ha señalado el delegado.

Carabante incide en que la transformación que se plantea no se centra únicamente en un giro de conocimientos, sino en cambios “también desde el punto de vista urbanístico” y en los que se incluyan “elementos de sostenibilidad”. Con el fin de fomentar la diversidad en la composición de los equipos, las ideas del concurso deberán estar integradas por miembros de, al menos, dos de las tres universidades y dos de los tres perfiles.

Las propuestas podrán entregarse hasta el 21 de septiembre. El fallo del jurado se dará a conocer un mes después y en 2027, se organizará una exposición con las ideas ganadoras. Con todo ello, el concurso aspira a convertir a la Ciudad Universitaria de 1927 en el “campus del talento urbano más relevante de Europa en el siglo XXI, dotar de un propósito a sus 350 hectáreas con usos que vayan más allá del académico y convertir este punto de la ciudad y su patrimonio en un icono imprescindible para el ciudadano y el viajero”.

Los seis grandes desafíos que han de resolverse

El concurso de ideas establece que las propuestas que se presenten deben resolver seis grandes desafíos: la superación de la fractura urbana que representa “la desconexión física y psicológica” en Moncloa-Aravaca generada por las infraestructuras viarias, recuperando la continuidad con el resto de la ciudad; la identificación de “áreas infrautilizadas o residuales” para rediseñarlas y ponerlas en valor, evitando la dispersión actual. Otras de las propuestas son la reversión del exceso de superficies pavimentadas y viales sobredimensionados para su integración en el sistema de infraestructura verde regional y local.

Además, se buscará transformar el modelo de movilidad mediante la resolución del impacto del vehículo privado y “la saturación de aparcamientos en superficie que degradan el paisaje y la experiencia peatonal” con nuevas fórmulas, unidas a un despliegue estratégico para integrar otros usos complementarios al tejido universitario. Lo que se pretende es lograr “una mejora de la relación espacial entre los volúmenes arquitectónicos existentes”, aislados según el Ayuntamiento por “un paisaje fragmentado y poco amable” e integrar el patrimonio edificado con el resto del campus.

Por su parte, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha agradecido formar parte del Plan Estratégico municipal, que ayude a “pensar en el futuro de la Ciudad Universitaria”. Aunque aún no tienen definido el proyecto, Goyache ha manifestado que quieren que Ciudad Universitaria sea un lugar que “vivan” los ciudadanos de Madrid y los visitantes porque tiene “un patrimonio histórico, cultural y deportivo más que interesante”.

La Universidad Complutense de Madrid ha denunciado que una treintena de personas, la mayor parte de ellas encapuchados y con el rostro cubierto, irrumpieron el pasado viernes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social y vandalizaron material reivindicativo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.

En un comunicado, los decanatos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social han denunciado estos “graves hechos” ocurridos en la tarde del viernes cuando sobre las 17.30 horas cuando “aproximadamente 30 personas” irrumpieron en las facultades e increparon a algunas de las personas que se encontraban en ellas y causaron destrozos.

Según relatan los decanatos, arrancaron carteles, “especialmente aquellos relacionados con actividades en torno al 8 de marzo y los derechos de las mujeres”, y retiraron “violentamente” pancartas reivindicativas del estudiantado de las facultades.

Todo ello, explican, para intentar colocar una pancarta que, junto al símbolo de Falange, contenía el lema 'Rechaza el feminismo, abraza la feminidad', aunque finalmente el personal de la facultad impidió su colocación.

Desde los decanatos de ambas facultades han remarcado que “el grupo de ultraderecha se ensañó especialmente con el aula social del estudiantado, causando importantes daños materiales y en el mobiliario”. Finalmente, el personal de la universidad evitó que se produjeran más incidentes y expulsó a estas personas “violentas” del edificio y del campus.

Los decanatos ya se han puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes y se ha procedido a su denuncia. También se está evaluando todos los daños ocasionados para sufragarlos desde la institución.

En su comunicado, remarcan además que esta acción ha tenido lugar en el marco de la semana de actos en torno al 8M, “con el propósito evidente de amedrentar a nuestro estudiantado y personal, y de reprimir y silenciar las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista en defensa de los derechos de las mujeres”. “No lo van a conseguir. Estos hechos demuestran que esta lucha por los derechos y la igualdad es hoy más necesaria que nunca”, han defendido.

En esta línea, han recordado que no se trata de un “hecho aislado” sino que las facultades y “buena parte de las universidades públicas”, están siendo objeto de “una ofensiva sistemática y prolongada por parte de grupos de ultraderecha que tratan de negar derechos y libertades, que promueven discursos de odio y que utilizan en los últimos tiempos especialmente nuestro centro como diana de sus ataques”.

“Nuestra comunidad universitaria se está viendo expuesta a acciones que tratan de alterar y romper nuestra vida académica y social. Una universidad pública --al igual que cualquier otro espacio de nuestra sociedad-- no debería verse expuesta a los niveles de violencia y agresión que hemos sufrido en los últimos meses. Frente a estas amenazas, seguiremos trabajando para que nuestras facultades sean espacios públicos seguros, en los que nos cuidamos y en los que nos queremos libres de odio y de miedo”, han alegado desde los decanatos.

En este marco, han reclamado al Rectorado “los medios necesarios para garantizar la seguridad” en el centro. “Es un derecho básico de nuestra comunidad universitaria que hemos de saber cubrir. Esperamos que la Comunidad de Madrid condene públicamente esta incursión violenta y ponga también los recursos para ello”, han añadido.

El primer día que entré en las aulas de la Universidad Complutense estaba aterrorizada y emocionada a la vez: la idea de estudiar en una universidad centenaria me enorgullecía. Hoy se está desmontando esa universidad emblemática. La guerra civil hizo que los estudios superiores se saltaran una generación en mi familia, pero entrar allí era ser consciente de que la democracia daba oportunidades a todos. En España ese sueño ha durado apenas 30 años. Ayuso y el PP de Madrid apuestan contra la movilidad social: llevan 30 años construyendo una sociedad que da oportunidades a quienes tienen dinero. Hoy, además estas políticas están excluyendo a nuestro sistema universitario —público y privado— del debate más urgente de nuestro tiempo: el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza superior. 

No me molesta que haya universidades privadas, sino que desde la administración se sabotee de forma deliberada la universidad pública, para que funcione más rápido el negocio. Las aulas luminosas de mi facultad tenían ese aire ajado que deja el paso del tiempo en los pomos de las puertas. En esa luz aprendí que el conocimiento se hereda del pasado y se transmite al futuro. En Madrid, hoy, el conocimiento es, por encima de todo, una mercancía. 

Aquí un tercio de los alumnos estudia en centros privados, y la Comunidad es la que menos invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Esto es dramático: somos una de las regiones más ricas de España y de Europa, pero despreciamos el talento de la población, siempre y cuando sea de clase humilde. Al parecer, aún hay quién se pregunta qué tipo de sociedad emerge del hundimiento de la universidad pública. Pues lo sabemos hace tiempo. En un siglo, a lo largo del XVIII, Escocia modificó su sistema de enseñanza para hacerlo más accesible. Con 1,5 millones de habitantes generó a gente como David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson y otras figuras fundacionales en filosofía, economía, sociología, química, etc. Esta concentración de genio no se dio por casualidad, sino porque se extendió la educación básica y las universidades accesibles (tampoco excluían por razones religiosas). Hume era hijo de un abogado de escasa fortuna; Smith, de un interventor de aduanas. La Ilustración escocesa demuestra de forma empírica que dar más oportunidades a más gente no es sólo una política de mejora individual, sino de mejora social: el conocimiento es un bien democrático.

Destruir la universidad pública siempre es malo. Ahora es peor. Para adaptarnos al mundo que viene, sería necesario integrar el desarrollo digital y la inteligencia artificial con unas Humanidades innovadoras que protejan nuestras mentes de los excesos de la revolución tecnológica. La ausencia de este debate hace pagar un alto coste de oportunidad a todo el sistema. Las principales universidades del mundo debaten con urgencia el impacto de la inteligencia artificial en su modelo de enseñanza: los estudiantes ya no escriben trabajos, lo hace ChatGPT, y eso significa una pérdida para la madurez intelectual del alumnado que hay que compensar. Niall Ferguson ha defendido un cambio de modelo que combina el “enclaustramiento y la nave espacial”: siete horas al día de estudiar como los monjes medievales, con libros, cuadernos y lápices; el resto con IA. Su planteamiento es nítido: si no enseñamos a los jóvenes a hacer buenas preguntas, serán esclavos de la IA, y no sus dueños. Entretanto, en Madrid se habla de Los Pocholos y el gurú que ilumina a Ayuso en política educativa, un tal Antonio Castillo Algarra, director artístico del Ballet Español de la Comunidad. Hay días en que recordar aquella luz de las aulas complutenses no es un ejercicio de melancolía, sino una advertencia. Escocia tardó un siglo en producir a Hume. Madrid lleva 30 años desmontando su universidad. 

La autonomía más rica de España es también la que más maltrata a la Universidad. A la pública, conviene precisar; que a la privada las políticas del PP le sientan fenomenal. 

Los datos, por si hubiera alguna duda. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero público invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Es la que cobra tasas más caras: 2.052 euros al año, el doble que las autonomías más baratas (Galicia y Asturias). Es la que tiene más alumnos universitarios en la privada: ya son un tercio del total, el 34%, frente al 23% de la media nacional.

Las cifras absolutas son terribles. Pero cuando se compara con la riqueza de esta autonomía son más sangrantes aún; se entiende que Ayuso tenga como referente la motosierra de Milei. Respecto a su PIB per cápita, Madrid gasta la mitad que las demás. Repito, que es grave, la mitad: un 16% frente al 31% de la media nacional. 

Los datos completos, con gráficos, los ha recopilado Aurelio Medel en este interesante artículo que hay que leer. Son las cifras de la demolición de la universidad pública madrileña. Un recorte paulatino que cada año va a peor. En 2008, Madrid gastaba el 0,88% de su PIB en las universidades públicas. Hoy es el 0,68%.

Las consecuencias de esta asfixia económica a la vista están. Especialmente en la Universidad Complutense, la más grande de España entre las presenciales; una de las más antiguas y prestigiosas. Más de 500 años de historia, desde que la fundó en 1499 el cardenal Cisneros en la antigua “Complutum” romana, hoy Alcalá de Henares. 

En los últimos veinte años, la Universidad Complutense ha perdido el 25% de sus alumnos. No por falta de demanda, las notas de corte son altísimas y cada año miles de estudiantes se quedan fuera. Hay menos alumnos porque no les pueden atender. 

Ha habido meses donde el pago de las nóminas en la Complutense ha estado en riesgo. Algunos de los edificios se caen a trozos. La universidad ha tenido que presentar un plan urgente para devolver un préstamo de 33 millones al gobierno de Ayuso, unos recortes que pasan por reducir el número de profesores, precarizar aún más sus salarios e incluso eliminar algunos de los grados y titulaciones. A pesar de los recortes, sigue estando entre las mejores universidades españolas. Pero en cinco siglos, cuesta encontrar otro momento más crítico en la historia de la Complutense. Desde luego no hay otro peor en tiempo de paz.

Esta persecución contra la universidad pública madrileña en beneficio de la privada no empezó anteayer. Viene de lejos. Comenzó con Alberto Ruiz Gallardón y su consejero de Educación, el ultracatólico Gustavo Villapalos: el mismo que entregó a los Legionarios de Cristo una universidad, la Francisco de Vitoria. Esta institución privada empezó en la pública: nació como centro adscrito a la Complutense cuando Villapalos era rector. Fue el mismo Villapalos, como consejero de Educación, quien después autorizó su transformación en universidad privada independiente. Entonces era la segunda en Madrid. Hoy ya son 14 universidades privadas, y hay más en proyecto.

Los grandes tijeretazos a las universidades públicas los aplicó después Esperanza Aguirre, que perdió todo el pudor y forzó los primeros recortes de sueldos y presupuesto en la Complutense. Y la puntilla final, con ensañamiento y a la vista de todos, la está dando Isabel Díaz Ayuso.

El PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida desde hace más de tres décadas, desde julio de 1995. En este tiempo han perdido las elecciones dos veces. La primera derrota la arreglaron con el Tamayazo. De la segunda les salvó Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar la política y demostró su verdadera cara rescatando al corrupto PP de Madrid, que en esas fechas veía entrar en la cárcel a sus principales líderes, con la única excepción de Aguirre. Si aplicáramos a este gobierno autonómico un análisis sobre su calidad democrática, como los que pasan los Estados, Madrid no saldría demasiado bien.  

Este PP de Madrid, supuestamente liberal, dice defender la “meritocracia”. Al tiempo se ha dedicado a dinamitar la institución más meritocrática que existe, la Universidad pública. Es la llave del ascensor social: la herramienta más potente que tienen las clases trabajadoras para poder prosperar. En el último tercio del siglo XX sin duda fue así. Hoy es un pasaje angosto por el que muy pocos logran trepar. Basta con ver las notas de corte en la pública: hace falta más de un 13 sobre 14 puntos para estudiar Medicina o alguna de las carreras científicas y tecnológicas más demandadas. 

Hay otra salida, claro está. Pagar 20.000 euros al año para que tu hijo estudie Medicina en la privada; en ellas la nota de corte está en un 5. Es el modelo fantástico del PP de Madrid: te ahorran 200 euros en el IRPF, te lo cobran multiplicado por cien con el coste privado de la sanidad o la educación.

La causa de esta demolición está a la vista de todos. No ocurre por casualidad. Isabel Díaz Ayuso no oculta su desprecio sectario hacia la universidad pública. Para ella, la Complutense es una institución “colonizada por la izquierda” donde “se dan los títulos como churros”, un “entramado de chiringuitos de familiares y de negocios”. No es un diagnóstico: es su coartada para seguir recortando. 

Argumenta en su artículo Aurelio Medel que es un error culpar del deterioro de la universidad a ese clan de ‘los Pocholos’ que, en los últimos tres años, han dirigido la Consejería de Educación. Tiene razón: esto viene de mucho más atrás. Pero sí es sintomático en quién confió esta tarea: en qué manos dejó Isabel Díaz Ayuso la gestión de un presupuesto de 7.000 millones de euros anuales.

Ese auge y caída de ‘los Pocholos’ lo cuenta con mucho detalle José Precedo, en este otro artículo que publicamos hoy; es un novelón. Ayuso conoció al líder de ese grupo, Antonio Castillo Algarra, casi de casualidad. Cuando aún no era la presidenta de Madrid. Desde entonces, y ha pasado casi una década, este ‘Rasputín’ –como le llaman en el propio PP de Madrid– ejerció desde las sombras una enorme influencia y poder. No cualquiera puede colocar a tres diputados en las listas del PP de Madrid, ni nombrar al consejero de Educación, ni a cuatro directores generales. Todos ellos, gente de su absoluta confianza y lealtad, hasta el punto de que la gran mayoría dimitieron en una misma mañana, tras una escueta llamada telefónica en la que ‘Rasputín’ solo les dijo una frase: “Ya sabes lo que tienes que hacer”.

Lo ocurrido con estos Pocholos y su estrambótico gurú no es la causa del deterioro de la universidad. Pero sí demuestra la frivolidad de una Isabel Díaz Ayuso a la que solo le interesa el poder y no la aburrida gestión. También el sectarismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cautivada intelectualmente por un iluminado ultraconservador cuyas ideas y artículos son como la letra de “El imperio contraataca”, de Los Nikis, pero con extra de petulancia y cero sentido del humor.

Mientras tanto, esa universidad fundada por Cisneros hace más de medio milenio agoniza. No es culpa de una fatalidad, ni del pérfido sanchismo, ni de la inteligencia artificial. Es una fría y meditada decisión política. 

Este 2026 se cumplen diez años de uno de los festivales más emblemáticos de la época estival madrileña. Desde hace una década no hay verano en Madrid sin Noches del Botánico. La señalada cita musical celebrará su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid con un total de 54 conciertos y más de 60 artistas que darán forma a una edición clave en la historia del ciclo, por el que ya han pasado más de un millón de asistentes a lo largo de todos estos años.

Después de anunciar el primer avance de programación el pasado mes de diciembre con 16 conciertos, la organización del festival ha presentado este jueves el cartel completo de actuaciones del ciclo, que lleva ya más de 65.000 entradas vendidas y nueve shows agotados entre los que se encuentran Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian o Diana Krall. Un hito sin precedentes en las nueve ediciones anteriores, que continúa amplificando la conexión del festival con una audiencia fiel y diversa.

Además de seguir, un año más, fiel a su compromiso por el eclecticismo, la calidad artística y una propuesta de festival concebida tanto para el disfrute del público como para el de los propios artistas, el décimo aniversario de Noches del Botánico va más allá de una programación: es una verdadera celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso, regresan artistas que ya son de la casa y que vuelven a un escenario que ha formado parte de sus grandes shows como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny, o LP en fechas tan señaladas y especiales para el festival.

A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en suelo complutense como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks, el proyecto Beat de Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai, Jeff Goldblum, o la energía electrónica de Tomora, entre muchos otros. El viaje sonoro del décimo aniversario se expande hacia Latinoamérica con Babasonicos, El Zar, María Becerra, Cultura Profética, Gilsons, Lasso, Elvis Crespo y Silvestre y La Naranja, potencia la presencia nacional con M-Clan, Veintiuno, Pablo López o Marta Santos, y reserva un espacio esencial para las raíces con Yerai Cortés y el homenaje al Omega de Enrique Morente y Largatija Nick, encargado de inaugurar esta edición tan especial.

Este décimo aniversario pone de manifiesto el éxito del modelo de festival que Noches del Botánico viene desarrollando esta década, gracias al trabajo conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Una propuesta cultural sostenible, integrada en la ciudad y comprometida con un entorno único, que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario musical estival.

A continuación puedes consultar el cartel completo de actuaciones para cada jornada:

Junio 2026

Julio 2026

Entradas de Noches del Botánico 2026

Las entradas para las nuevas fechas confirmadas estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero, a las 12.00 horas. Se podrá acceder a la compra a través de la web oficial de Noches del Botánico y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés se habilitará 24 horas después.

Para el resto de conciertos anunciados el pasado mes de diciembre las entradas ya se encuentran a la venta, aunque algunos ya han colgado el cartel de sold out como es el caso de Rigoberta Bandini en dos de sus fechas, Zaz o Love of Lesbian. Los precios varian dependiendo del artista, pero por lo general oscilan entre los 35 y los 55 euros,

Horarios de Noches del Botánico 2026

La apertura de puertas tendrá lugar todos los días a las 19.30 horas para que los asistentes puedan disfrutar antes de los conciertos de las amplias zonas verdes, la oferta gastronómica, la vinoteca y las diferentes áreas de esparcimiento que forman parte esencial de la experiencia Noches del Botánico, tanto en la previa como en el post-concierto.

En el caso de las jornadas en las que solo haya un artista programado, la actuación dará comienzo a las 22.00 horas. Cuando sean dos, la primera empezará a las 20.30 y la otra alrededor de las 22.00. Como en ediciones anteriores, el festival se alargará cada día hasta medianoche.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su gobierno al completo suelen presumir ante empresarios e inversores de que su región es la única de España sin impuestos propios, al mismo tiempo que piden recortar gasto a las universidades públicas, varias de ellas, como la Complutense, al borde de la quiebra. Esta mañana ese doble mensaje ha quedado patente en el anuncio que la presidenta ha hecho en el Nueva Economía Fórum, un ciclo de conferencias financiado por la aseguradora Asisa y la empresa de renovables Solaria. Ante otras autoridades de la región, empresarios y representantes de la sociedad civil, Ayuso ha anunciado una nueva rebaja de impuestos, de otro medio punto en el tramo autonómico del IRPF para este año que tendrá efectos sobre las declaraciones presentadas en 2027. Madrid ya era la autonomía donde ese impuesto era más bajo con tipos que oscilan entre el 8,5% y el 20,5% para las rentas más altas. La presidenta no ha calculado cuánto dejará de ingresar la región con su nuevo anuncio, que ya estaba en su programa electoral. Destacó que la medida pretende “ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la comunidad una de las mejores del mundo y que siempre estará al servicio de España a través de su sanidad, de su universidad y de sus empresas”.

Con 2,5 millones de contribuyentes en Madrid, la rebaja anunciada por Ayuso beneficiará a los salarios más altos: en las rentas de menos de 13.000 euros, exentas de hacer la declaración, la rebaja apenas permitirá ahorrar de 20 a 30 euros al año; para quienes estén en el tramo de 20 a 35.000 euros el ahorro será de 90 a 100 euros al año, mientras que los sueldos más altos, los que superan los 200.000 euros dejarán de pagar entre 900 y 1.000 euros en la declaración de 2027. La decisión es consecuente con la filosofía del PP madrileño durante décadas que consiste en reducir al máximo los impuestos estatales, la mayoría de ellos bonificados, y en no crear tasas autonómicas. Ese “liberalismo” que prima a las rentas altas, denuncia la oposición, tiene como consecuencia directa el deterioro de los servicios públicos.

En la misma conferencia, Ayuso ha animado a los rectores de las universidades públicas, algunas como la Complutense, al borde de la quiebra, a recortar sus gastos. Cuando fue preguntada por la financiación de las universidades públicas y la situación de la Complutense que ha tenido que ser rescatada por un crédito de 30 millones aportado por la Comunidad y que tendrá que devolver con intereses, la presidenta elogió a esos otros “rectores valientes” que fueron capaces de recortar el gasto. Dijo que su Gobierno trabaja en un proyecto de financiación plurianual y acusó de mala gestión a la Complutense: “El modelo está garantizado, luego lo que hay que ver es cómo hay universidades que gestionan mejor que otras, pienso que hay algunas han perdido alumnos a raudales, pero han seguido incrementando el gasto en contratación de personal de servicio o profesores, otras se han ajustado y han adaptado el número de matrículas al gasto, por eso no todas las universidades están gestionadas de distinta manera y por eso es de reconocer que haya habido rectores que han sido valientes y se haya comprometido con el gasto que es ilimitado, y no puede serlo”.

Durante la conferencia en el hotel Four Seasons, el cinco estrellas más lujoso de la capital, Ayuso habló sobre todo. Unos minutos después de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, pidiese la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, que costó la vida a 45 personas, Ayuso, quien también había exigido la renuncia de Puente en una entrevista en El Mundo publicada este lunes, planteó que quien tiene que caer es Pedro Sánchez. Y cuando se le consultó si el PP tenía un mensaje unificado sobre la catástrofe, aseguró que hay diferencias en la gestión de los tiempos pero que todos están de acuerdo en el diagnóstico sobre la catástrofe: fueron los nombramientos y la corrupción que anidó durante la gestión de José Luis Ábalos la que ha causado este desastre. ¿Cuánto tardará en producirse el próximo incidente o accidente?, llegó a preguntarse la presidenta madrileña.

En el mismo foro, la presidenta que ha dedicado más de la mitad de su intervención a cargar con dureza contra el Gobierno, acusó a Sánchez de sembrar división entre los españoles. Deseó que el PSOE y sus socios se vayan cuánto antes, pero advirtió que solo lo harán cuando no tengan más remedio que convocar elecciones y anticipó que mientras tanto el país asistirá a cosas que harán “helar la sangre”. Frente a ese porvenir, pidió “no dejarse llevar por miedos” y que cada uno dé “lo mejor de sí mismo”. La misma dirigente que hizo famoso el lema de “me gusta la fruta” como una forma de llamar “hijo de puta” al presidente del Gobierno, ha dicho lamentar “el clima preguerracivilista” instalado en el país y del que ha culpado a la izquierda. “Sánchez nos llevará al choque más insoportable, advirtió, al tiempo que avisaba de que la Comunidad de Madrid pretende ejercer de dique contra todo lo que se viene. ”La corrupción va a atar a Sánchez en el poder, no va a ser lo que le eche, por eso veremos cosas que nos helarán la sangre. Nos llevarán al choque a todos, Es el mejor momento para que cada uno dé la mejor versión para no dejarnos intimidar ni amenazar por el Gobierno, o por los miedos o el egoísmo. España no aguanta más este deterioro, cuyas consecuencias tardarán mucho en solucionarse. Cuánto antes se vayan será mejor para todos, pero mientras tanto los españoles ya saben dónde tienen a su región capital“, dijo Ayuso como cierre de su exposición.

Ya en el turno de preguntas, donde no hubo cabida para las irregularidades en la gestión de Ribera Salud ni los negocios de su pareja con Quirón, la presidenta regional destacó la fórmula de colaboración público-privada (otra forma de llamar a la privatización de los hospitales madrileños) como un ejemplo para toda España.

La presidenta del PP y exsocia de Vox cargó contra la formación de Abascal, a la que ha acusado de beneficiar a Sánchez, pero, cuando fue preguntada por las políticas de alianzas de su partido y lo que debe hacer María Guardiola en Extremadura, recomendó pactar: “Mejor acuerdos a tener que estar sumidos en procesos electorales”.

Los depredadores de lo público en la Comunidad de Madrid han subido un peldaño más en el destrozo de los servicios de todos. Son incansables. Ahora han suprimido las becas predoctorales para todos los investigadores que quieran realizar una tesis doctoral sobre el cáncer de hígado o sobre el golpe del coronel Segismundo Casado de 1939. Da igual el tema, como les da igual la ciencia y el conocimiento. En el ejercicio de 2026 ha suspendido una partida (29,1 millones de euros el pasado año) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis doctorales con un salario, aunque bajo. No se crean los ajenos a la universidad que aquí nos hacemos ricos como los comisionistas de la Quirón.

Yo fui becaria predoctoral FPU (Formación del Personal Universitario) de la CAM y becaria posdoctoral también de la CAM, tras tener otra beca posdoctoral del Ministerio de Ciencia en París. Sin esas ayudas públicas yo no sería hoy profesora de la Universidad Complutense ni les estaría dando la paliza desde esta tribuna con la defensa de los servicios públicos. Además, fui becaria bajo un gobierno del PP -cómo no, en Madrid parece imposible que gobierne otro partido-, primero con Alberto Ruiz Gallardón la predoctoral y luego con Esperanza Aguirre la posdoctoral-, que apenas hizo dos convocatorias. Pero ahora con Isabel Díaz Ayuso se vuelve a suspender la convocatoria de ayudas predoctorales. ¿Para qué invertir en investigación? Mucho mejor destinar el dinero a la Fórmula 1, a que familias pudientes se puedan desgravar el salario de la interna, a tener a la prensa conservadora como perrito faldero con una jugosa publicidad institucional, o a pagos millonarios a Quirón y a Ribera Salud con todo este cambalache de la privatización de la gestión de la red hospitalaria pública. En los presupuestos de la Comunidad de Madrid existen demasiadas mamandurrias y chiringuitos para redes clientelares y amigos totalmente prescindibles. Y luego falta dinero para lo imprescindible, ya saben, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. 

Es una vergüenza que la Comunidad más rica de España -alardean de ello todo el día- no se pueda permitir mantener las becas predoctorales para que futuros investigadores se formen y hagan avanzar la ciencia y el conocimiento. Quien quiera investigar que se lo pague él trabajando en el Burger King o que se lo financie su familia pudiente. ¡Fuera el dinero público de la universidad!, es la consigna. Se les llena la boca con que Madrid es líder en innovación y desarrollo, pero no con el dinero público; que pague Amancio Ortega, como en el caso de los aparatos médicos, o la fundación de El Corte Inglés, que ya tiene unas becas similares. Ayuso expulsa a los investigadores del mismo modo que manda a abortar fuera de la CAM la vez. ¡Qué inventen ellos!

La política científica en Madrid es penosa. No tienen los proyectos de investigación ni las becas de investigación que existen en otras comunidades, incluso gobernadas por el PP. Yo he evaluado currículos de candidatos a plazas procedentes de Galicia que han participado en proyectos de investigación en Historia contemporánea en los que les concedían en torno a 100.000 euros, mucho más que la financiación del Ministerio de Ciencia en sus diversas denominaciones y con diferentes gobiernos. El nuevo recorte de la Comunidad de Madrid en becas para investigación, una partida ínfima en comparación con otras, es una tragedia para la ciencia y la universidad. Y una victoria más para los piratas de lo público.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia en la que solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un nuevo informe con la información que le ha remitido una empresa implicada en su momento en el software para la cátedra extraordinaria que codirigió Begoña Gómez. En esa información remitida al juzgado, Making Science Group S.A incluye un listado de reuniones y participantes de lo que se desprende que Begoña Gómez asistió a 22 reuniones con la empresa y que en tres de ellas también estuvo su asistente, Cristina Álvarez, a quien un tribunal popular juzgará junto a la mujer del presidente del Gobierno por un delito de malversación, relacionado con el desvío de fondos públicos que supusieron presuntamente algunos de los trabajos de la empleada.

La propia empresa presenta la documentación como el “listado de reuniones mantenidas, personas convocadas y ausnot de las mismas”. Asegura que se trataba de reuniones de carácter “eminentemente técnico y mayormente de seguimiento de avance de proyecto” y que “no se levantaba acta formal”. “A las reuniones asistían ingenieros, jefes de proyecto e informáticos encargados de desarrollar el proyecto”, añade la compañía.

Según el citado listado, las 22 reuniones se celebraron entre 19 de abril de 2022 y el 7 de febrero de 2024. En ellas participan miembros de Making Science y de otras empresas implicadas en el proyecto y cuyos representantes han sido llamados al juzgado por Peinado en varias ocasiones, caso de Google, Telefónica o Deloitte. En ocasiones el organizador es un miembro de la Universidad Complutense y en otras son las empresas implicadas las que convocan.

En dos de las tres reuniones que participó Cristina Álvarez el método fue la videoconferencia. Solo una vez la asistente se desplazó, también junto a Begoña Gómez, a la sede de Making Science. Fue en el último encuentro, celebrado el 7 de febrero de 2024, donde asiste igualmente Begoña Gómez, tres representantes de la emprea y otra persona a la que no se identifica de dónde procede. Tuvo lugar dos meses antes de que Peinado abriera la causa contra Begoña Gómez, en abril de 2024.

“En esta reunión se plantea a Making Science continuar el desarrollo del proyeto en una segunda fase. Desdpués de la reunión, Making Science envió un presupuesto para la segunda fase del proyecto y no se obtuvo respuesta”, escribe la compañía en el escrito al juzgado. Las reuniones estaban dirigidas a la puesta en marcha de un software de uso gratuito para la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Complutense y por la que no cobraba.

La instrucción judicial más irregular de los últimos tiempos mantiene imputada por hasta cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y sigue viva gracias a algunas controvertidas decisiones de tres magistrados. Se trata de María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández y Enrique Jesús Berges, integrantes de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid y encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez. Desde hace año y medio, cuando se inició esta causa, los tres magistrados sostienen a duras penas un proceso judicial plagado de irregularidades. Pese a su esfuerzo argumental, los tres magistrados no han tenido más remedio que anular hasta tres imputaciones: el actual delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín; un directivo del IE, Juan Jose Güemes; y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El juez Peinado intentó también que se encausará por malversación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero el Supremo lo impidió al no encontrar ni el más mínimo indicio de delito en la actuación del dirigente socialista.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial iniciaron su trabajo de revisión de las decisiones del juez Peinado apenas dos meses después de comenzar la investigación. Analizaron la causa y encontraron que la “deslavazada” querella del grupo ultraderechista Manos Limpias que admitió a trámite el juez Peinado estaba basada en “hechos erróneos”, “conjeturas” y recortes de prensa con algunas noticias falsas. Pero dejaron a Peinado que siguiera con la causa porque al menos había un indicio para investigar: la mujer del presidente del Gobierno había firmado como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense una carta de apoyo a una empresa que había logrado contratos millonarios de la administración central.

Cuando los tres magistrados firmaron su primer auto sobre la causa autorizando al magistrado a seguir con la investigación ya existía un informe de la UCO que anulaba, tras un exhaustivo análisis, el valor como indicio de la carta de apoyo. La UCO descartó irregularidades en el concurso ganado por una empresa que incluía en su oferta 32 cartas de apoyo, una de ellas firmada por Begoña Gómez. El análisis de la UCO no le importó a Peinado ni a los tres magistrados de la Audiencia Provincial, la causa siguió y fue acumulando nuevos delitos sin que aparecieran nuevos indicios.

Los tres magistrados fueron validando el trabajo de Peinado pese a que, a la vez, iban anulando imputaciones y limitando el campo de la investigación: el instructor no podía investigar el rescate de Air Europa, pese a que lo sigue intentando todavía hoy, ni podía usar el material requisado al empresario Juan Carlos Barrabés en un registro que, según la Audiencia Provincial, vulneró los derechos del imputado.

Es difícil encontrar una instrucción con tantos accidentes del juez que dirige la investigación.

El último empeño del juez Peinado es demostrar que Begoña Gómez usó a su asistente, María Cristina Álvarez, para trabajos privados, lo que implicaría una malversación de fondos públicos por parte de ambas mujeres. La Audiencia Provincial ya dijo en uno de sus autos anteriores que la asistente nunca podría cometer ese delito, pero ahora respalda que se la tome declaración en calidad de investigada por eso mismo. Una nueva pirueta jurídica en un proceso plagado de triples saltos mortales.

Los trabajos privados que Peinado considera delictivos consisten básicamente en decenas de correos electrónicos que la asistente mandaba desde su cuenta personal a directivos de la Complutense en nombre de Begoña Gómez. Eran correos relacionados con la búsqueda de patrocinios privados para la cátedra que codirigía la mujer del presidente a cambio de cero euros, porque no podía cobrar por esa función al no ser personal universitario.

Nadie ha calculado aún cuánto dinero suponen unas horas de trabajo para enviar esos correos electrónicos sobre siete años de sueldo público de la asistente. La Audiencia Provincial de Madrid ha escrito lo siguiente: “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”. Por lo investigado no parece que Cristina Álvarez haya desatendido la agenda y asuntos protocolarios de Begoña Gómez. No hay ni una sola prueba de esa circunstancia.

Por otra parte, los asuntos lucrativos de Begoña Gómez consistían en lograr dinero de empresas privadas para financiar actividades de la universidad pública dentro del proyecto de investigación de una cátedra que codirigía sin sueldo alguno. Cuando la Complutense decidió anular la cátedra, en la caja de esta universidad pública quedó un saldo positivo de 25.000 euros. Un negocio privado de Gómez que sólo rindió beneficios a un centro público de educación.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial emulan las irregulares prácticas del juez Peinado que ellos mismos han anulado en otras resoluciones. Ahora sostienen la causa con afirmaciones carentes del mínimo rigor, como hace Peinado. Si el juez instructor llegó a imputar al directivo del IE, Juan José Güemes, por la declaración de una testigo que nunca se produjo en esos términos. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid incurre en un defecto semejante para apuntalar la malversación en esta causa: “Resulta dudoso, y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo”. No es la primera vez sino la última, porque esto ha ocurrido siempre. Los asistentes de las parejas de los presidentes del Gobierno no han sido funcionarios expertos en protocolo ni se han elegido teniendo en cuenta esa circunstancia.

El asistente de la esposa de Mariano Rajoy fue un licenciado en historia del Arte, Jaime de los Santos, hoy diputado nacional del PP.

La asistente de Ana Botella, mujer de José María Aznar, fue Cristina Alonso Mateo, que antes había sido la secretaria del expresidente del Gobierno. Los magistrados no acaban de explicar cómo el nombramiento de una inexperta en protocolo puede ser un indicio de malversación de fondos públicos. ¿Si la asistente de Begoña Gómez no hubiera enviado esos correos electrónicos, de qué manera podría ser un indicio de malversación el hecho de ser amiga de quien la contrató y de ser inexperta en protocolo?

Pero los magistrados, en el auto escrito por Enrique Jesús Berges, siguen escalando la montaña de lo irracional cuando llegan a censurar que el puesto, de libre designación según la Ley, “se hace recaer en una persona de su máxima confianza”. Y añaden sin una sola prueba que respalde su opinión: Begoña Gómez “no” contrató a su asistente “para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse el fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público”. Sin embargo, el patrimonio público de la Universidad Complutense resultó mejorado por las gestiones de Begoña Gómez para lograr patrocinio para la cátedra. Y en ese afán, su asistente en Moncloa le ayudó enviando algunas decenas de correos electrónicos.

La causa penal contra la mujer del presidente del Gobierno sigue viva y embarrada por decisiones judiciales extravagantes sostenidas sobre argumentos peregrinos cuando no directamente falsos.

Sucedió el 13 de diciembre de 1979. Exactamente casi cuatro años después de la muerte de Francisco Franco, los mismos que dura una legislatura, la Policía asesinó a balazos a dos estudiantes en Madrid. Se llamaban Emilio Martínez Menéndez y José Luis Montañés Gil, y se manifestaban en contra de la Ley de Autonomía Universitaria (LAU). A lo largo de esta cinco décadas sus familias no han recibido ningún tipo de verdad, justicia ni reparación. Hasta hoy. 

El hallazgo y posterior restauración de una pintada en recuerdo de los dos estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Información (CCINFO) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aparecida como un resto arqueológico a cuidar, mantener y exhibir, supone un paso más para las víctimas en esta andadura que ahora y solo ahora comienza a dignificarse.

Este viernes, la quinta planta de la citada Facultad se ha engalanado para acoger tan magno acontecimiento. La jornada ha contado con la presencia de la comisionada para la Celebración de los 50 Años de Libertad en España, Carmina Gustrán, diversas autoridades de CCINFO y activistas por la memoria que han recordado cómo era vivir, y luchar por un mundo mejor, en aquellos años sangrientos de la Transición, quienes han participado en mesas redondas y la proyección del documental ‘Las armas no borrarán tu sonrisa’, dirigido por Adolfo Dufour.

Los grandes muros grises de este laberíntico enclave brutalista han tenido como visitantes a Javier Montañés y Maricarmen Martínez, ambos hermanos de los homenajeados. Maricarmen tenía 15 años en 1979. Lo recuerda todo: “Fue un horror, algo que no te podías esperar. Además, éramos víctimas poco gratas, nadie nos ayudó ni nos acompañó”, introduce algo emocionada. Se refiere a las instituciones, porque la gente se volcó con la familia. Tras conocerse la noticia del asesinato, los ramos de flores no dejaban de llegar a su casa. “No sé cómo supieron nuestra dirección, pero nos escribían hasta telegramas desde institutos y algunos christmas”, rememora a elDiario.es.

Tras el asesinato, la violencia institucional

El entierro, al que acudieron 15.000 personas que les acompañaron a la familia hasta el cementerio de Carabanchel, será una de las últimas cosas que olvidará en su vida, según sus propios términos. Les llovían los claveles rojos. Emilio Martínez tenía 20 años cuando una bala que le entró por el pecho y terminó alojada en el bazo le segó la vida. “Trabajaba para mantenerse y estudiaba química industrial en la Escuela de Ingenieros Técnicos, justo en frente de donde murió”, en la zona de Embajadores, comenta su hermana. 

Por aquel entonces, seguía matriculándose de asignaturas sueltas para evitar el servicio militar, aunque esto también granjeó una mala pasada a la familia. Maricarmen asegura que tiempo después “le declararon en búsqueda y captura, y llegaron a venir a casa a por él porque no sabían que estaba muerto”.

Emilio era una persona interesada en muchas cosas. De ciencias, pero también poeta. Su curiosidad le precedía. Y cabezota, algo que tenía su lado bueno y su lado malo, asegura su hermana con cariño, quien dice de él que fue su profesor y mentor. Su militancia no estaba adscrita a ninguna organización política, aunque sí era uno de los miles de contestatarios ante el nuevo régimen que se imponía en España.

Ese 13 de diciembre de 1979 acudió, primero, a la manifestación contra la LAU de por la mañana. A la tarde secundó una nueva protesta, autorizada, esta vez junto a los trabajadores que luchaban por mejoras en un Estatuto todavía en ciernes. “Vieron llegar un Land Rover de la Policía sin material antidisturbios y se liaron a disparar fuego real. Recogieron 40 casquillos. Lo extraño es que no muriera más gente”, denuncia Maricarmen.

Ella todavía piensa que los mandos policiales, que no sufrieron ningún tipo de depuración tras la muerte del dictador, querían “dar un escarmiento”. Nadie avisó a la familia Martínez de la muerte de Emilio. “Empezó una violencia institucional que jamás imaginé”, admite la hermana del estudiante asesinado por la Policía. Todo ello pasó factura a su madre, que contrajo una depresión que nunca superó. “Ella venía de un pueblo de Asturias y tenía una visión un poco simple del mundo. No entendía cómo la Policía, que en teoría estaba para cuidarnos, había podido matar a su hijo de un balazo”, comenta. 

A nivel judicial, aunque tras un excelente proceso de instrucción por parte del primer magistrado, los policías acusados de los asesinatos fueron considerados inocentes. La sentencia recogió que actuaron en defensa propia, a pesar de que el dictamen no pudo probar que Emilio y José Luis realizaran alguna acción contra los agentes. La familia Martínez consiguió una indemnización por parte del Estado en 1986 tras un proceso en lo contencioso-administrativo: 2,5 millones de pesetas. “Esto jamás será una cuestión de dinero, porque a mi hermano nadie no los puede devolver”, zanja Maricarmen.

Primero una bala en el cuello, luego impunidad

En el caso de la familia Montañés, ni siquiera tuvieron la posibilidad de que el Estado resarciera su daño de alguna forma. Javier, el hermano de José Luis, también tenía 15 años cuando sucedieron los hechos. Aunque la huella y el dolor que deja sufrir una injusticia de este calibre acompañan toda una vida, admite que actos como el de hoy dignifican la figura de tantos y tantos estudiantes y trabajadores asesinados durante la Transición. “No nos van a devolver a Jose, pero sí le podemos honrar”, asegura a este medio.

Su hermano cursaba quinto de Sociología y Ciencias Políticas en la UCM y una bala que le atravesó el cuello terminó con su vida cuando tenía 22 años. “Se pagaba sus estudios porque trabajaba como repartidor y cobrador de la agencia Marsans, en la Carrera de San Jerónimo”, incide Javier. La anécdota está ahí: el mismo día que le asesinaron, en su cartera estaba el dinero que había pagado por un billete de avión la mujer del Ministro de Educación, José Manuel Otero Novas, contra el que José Luis se manifestaba.

Javier, quien ha defendido ante los presentes que “la memoria no es venganza”, todavía recuerda cómo los días posteriores a aquel 13 de diciembre de hace ahora 46 años tampoco fueron nada fáciles: “Los medios intentaron trastocar la realidad y falsearon noticias, intoxicaron. Y la judicatura, heredada del franquismo, dejó en la calle a los asesinos”. Además, el recuerdo amargo del no apoyo por parte de ningún partido u organización política todavía sigue presente en sus palabras.

Sin embargo, la ciudadanía se volcó y las aulas ardieron. Ejemplo de ello es la pintada recuperada ahora en CCINFO. “Era una generación de jóvenes conscientes del momento que vivían, que sufrió mucho y lo expresaba como podía”, asume este integrador social, quien solo tiene palabras de agradecimiento para Cristina Mateos.

Terminar con el silencio

Mateos es la persona que ha liderado el proceso de restauración de esta pintada hallada el año pasado tras la remodelación de la quinta planta de la Facultad. Conservadas las letras originales, en ella se puede leer: “JOSÉ LUIS EMILIO NO OS OLVIDAMOS”. Además, la artista Alicia León ha realizado un mural a su alrededor que engalana el eslogan “para que los alumnos que pasen frente a él sepan que hubo antes otros estudiantes que se manifestaron por conseguir una universidad pública”, tal y como ha explicado ante la cincuentena de personas que ha acudido al acto. 

“La gente va a poder ver contextualizados aquellos hechos, que es uno de los reclamos de las familias que en estos casi 50 años solo han encontrado silencio e impunidad”, añade la docente universitaria. Y lo harán por medio de este mural y la placa que a partir de hoy les recuerda y que termina con el mensaje de “verdad, justicia y reparación”. Especialmente emotivo ha sido el momento en el que los dos hermanos de las víctimas han descubierto la obra. Instantes después, los presentes han dejado más de una docena de claveles a sus pies.

La aparición de la pintada y el esfuerzo posterior por parte de Mateos han eclosionado en una ardua investigación que ha revisitado el movimiento estudiantil de la época. Gracias a su labor, han logrado localizar a sus protagonistas, quienes les comentaron la existencia de una cinta documental secuestrada por las autoridades y que se exhibió en diversas facultades de la UCM en la que aparecían numerosos testigos de los asesinatos de José Luis y Emilio, cuyos hermanos han recibido una copia de toda la documentación obtenida durante la investigación. “La cinta la grabaron dos estudiantes de CCINFO, pero tanto ellos como la cinta sigue en paradero desconocido”, advierte la misma Mateos.

Según subraya a elDiario.es, es “crucial” entender a las víctimas de la Transición como víctimas políticas que la memoria democrática debe recuperar y “sacar del silencio”. Ante dicho extremo, Mateos recalca la labor que acometen desde el Colectivo de Olvidados de la Transición, presente en la jornada de hoy de la mano de Javier Almazán, Pilar Navarro y Olga Gutiérrez.

La música ha contado con un papel predominante en las diversas actividades que ha acogido CCINFO. Los estudiantes Claudia López Marcos, Alessandra Gamboa Salas y Alejandro López Marclay, voz, teclado y guitarra respectivamente, han puesto banda sonora a estas horas tan emotivas en las que se han podido escuchar canciones como ‘Al alba’, de Luis Eduardo Aute, y ‘Me gustan los estudiantes’, de Violeta Parra.

Un momento de lucha en la universidad

En ocasiones, y aunque parezca mentira, este tipo de jornadas, restauración de la pintada e investigación posterior incluida, pueden tener lugar o no dependiendo de lo que considere una sola persona. En esta ocasión, la suerte que disfruta CCINFO con su decano actual, Ángel L. Rubio, ha propiciado la celebración de esta cita memorialista. “El mérito es de la profesora Mateos, quien supo ver que la pintada representa un momento de lucha de la universidad contra los restos del fascismo”, explica a este periódico el también profesor del grado de Periodismo.

Rubio se muestra orgulloso de esta andadura que no termina aquí, pues la investigación sobre la cinta continúa abierta. “Queremos recordar el papel de aquellos dos exalumnos de la Complutense y convertir este espacio en una especie de capilla de la lucha de la universidad contra los reductos del franquismo”, finaliza. Y, como cantaba Parra, ‘¡qué vivan los estudiantes / jardín de nuestra alegría! / Son aves que no se asustan / de animal ni policía / y no les asustan las balas / ni el ladrar de la jauría.

Las Noches del Botánico se han convertido en uno de los imprescindibles del verano madrileño. La edición de este 2026 será todavía más especial que de costumbre. El festival celebrará su décimo aniverasario entre los meses de junio y julio en su ubicación habitual del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, donde se darán cita decenas de artistas de los que ya se ha desvelado algún que otro nombre.

Con esta nueva edición, el festival volverá a reafirmar la esencia artística del evento en un año clave de su historia con el eclecticismo y la diversidad que le caracterizan. Noches del Botánico propone un recorrido que conecta generaciones y estilos: desde la nostalgia ochentera de Rick Astley, hasta el pulso del rock en dos de sus vertientes más potentes —la esencia clásica de ZZ Top y la intensidad del alternativo de Biffy Clyro—. Todo ello sin dejar de lado la sensibilidad contemporánea de Ethel Cain y la fuerza del blues‑rock de Alabama Shakes, hasta desembocar en la elegancia del directo de Diana Krall y la electrónica experimental de Jean‑Michel Jarre.

Desde la experimentación, el viaje musical se expande hacia la calidez y el intimismo de Silvana Estrada y Mari Froes y la energía luminosa de la chanson moderna de la artista francesa Zaz. También destaca la presencia de figuras de culto en el ámbito de las bandas sonoras como Danny Elfman, así como la energía festivalera de Two Door Cinema Club y Belle & Sebastian. Como no podía ser de otro modo, el talento nacional volverá a ocupar un papel protagonista con referentes femeninas como Rigoberta Bandini, Lia Kali o Ginebras, además de bandas imprescindibles de la escena indie como Love of Lesbian.

Durante estos diez años, Noches del Botánico ha definido un modo distinto de vivir la música en Madrid: cercano, cómodo y plenamente integrado en la naturaleza. Según indica la organización, este modelo ha sido posible gracias a la colaboración con la Universidad Complutense, “cuyo trabajo continuado ha permitido construir un festival sostenible y duradero, en un recinto único, hasta consolidarse como un referente en el panorama cultural europeo”.

Después de reunir a más de 185.000 asistentes en su pasada edición, el ciclo ha recibido nuevos reconocimientos que avalan su trayectoria, entre ellos Mejor Evento del Año por la Academia de la Música de España —por segundo año consecutivo— y Mejor Festival de Mediano Formato en los Iberian Festival Awards, junto a premios locales de gran relevancia como los Premios Madrid y los Madrid Open City Awards.

A continuación puedes consultar los 16 artistas confirmados y las fechas de sus conciertos:

Junio

Viernes 5 - Rigoberta Bandini

Domingo 7 - Two Door Cinema Club

Martes 9 - Ethel Cain

Viernes 12 - Lia Kali

Sábado 13 - Ginebras

Lunes 15 - Love of Lesbian

Lunes 22 - Zaz

Julio

Lunes 6 - Danny Elfman

Jueves 9 - Silvana Estrada / Mari Froes

Viernes 10 - Jean-Michel Jarre

Sábado 11 - Alabama Shakes

Jueves 16 - Belle & Sebastian

Viernes 17 - Rick Astley

Lunes 20 - ZZ Top

Martes 21 - Biffy Clyro

Lunes 27 - Diana Krall

Entradas de Noches del Botánico 2026

Las entradas de estos primeros conciertos confirmados para el décimo aniversario estarán disponibles a partir del martes, 16 de diciembre, a las 12.00 horas. Se podrá acceder a la compra a través de la web oficial de Noches del Botánico y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés se habilitará 24 horas después.

La organización sigue trabajando en el resto de la programación, que se desvelará en los próximos meses, así como en nuevas mejoras del recinto para seguir garantizando los estándares de calidad que han convertido a Noches del Botánico en el enclave ideal para disfrutar de los mejores conciertos en la época estival madrileña.

El que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo que se sintió “obligado por el cargo”, aunque no presionado, a crear la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigía en esa universidad. No obstante, ha reiterado en varias ocasiones a preguntas de los senadores que la documentación presentada por la mujer del presidente “estaba correcta” y que la asesoría jurídica avaló que no fuera licenciada o graduada universitaria para codirigir esos estudios.

“La respuesta de la asesoría jurídica fue que, como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción”, ha incidido. Y ha reiterado que fue el máximo responsable de la Complutense, Joaquín Goyache, quien “promocionó la cátedra”, que él se limitó a firmar para ponerla en marcha y que se hizo todo “muy rápido”. “Tardaron cuatro o cinco días en estar listos los papeles, cosa que me sorprendió”, ha aseverado.

También ha afirmado que el contenido de esa formación era “bueno”. “El contenido era sobre los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] que era algo sobre lo que no había nada y que se puede aplicar en el mundo universitario. ”¿Si Begoña Gómez no hubiera sido la esposa del presidente del Gobierno la Complutense habría creado la cátedra?“, le ha preguntado la senadora de UPN María del Mar Caballero. ”No lo sé. El rector estaba muy contento con Begoña Gómez, pero no le puedo decir“, ha respondido el exvicerrector. 

Doadrio también ha ratificado que Begoña Gómez no recibía remuneración alguna por la cátedra, lo que rebate el mantra de los “negocios privados” de la mujer del presidente del Gobierno al que aluden de forma insistente las acusaciones que sustentan la causa que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta desde hace más de un año y medio contra Begoña Gómez. El ex alto cargo ha afirmado que la mujer de Pedro Sánchez sólo cobró “15.000 euros” por los dos másteres que codirigía.

A preguntas de la senadora de UPN, Doadrio ha sostenido que la vinculación de Begoña Gómez con la Complutense se remonta “al año 95, desde que nombraron secretario general a Pedro Sánchez”. En ese año, el hoy presidente del Gobierno no ostentaba cargos públicos. Fue elegido por primera vez secretario general del PSOE en 2014, casi veinte años después.

La senadora del PSOE María Martín le ha alertado del error y ha calificado de “hiriente” y “capcioso” que hubiera tratado de vincular la trayectoria profesional de una persona a quien es su pareja. “Es lo que se dice en la universidad. Quizá es un chascarrillo”, ha admitido el exvicerrector. En realidad, Begoña Gómez empezó a dar clases en la Complutense en el año 2012. En ese momento, su marido estaba en el paro. El mal resultado de su partido en las elecciones de noviembre de 2011 lo había dejado fuera del Congreso. No volvió a ser diputado hasta 2013.

A preguntas del senador del PP Luis Santamaría, Doadrio ha dicho que “conoció” dos propuestas de creación de cátedras por parte del rector: una para Begoña Gómez y otra para la exministra María Teresa Fernández de la Vega, actual presidenta del Consejo de Estado. Si bien ha afirmado que esta última no se llegó a poner en marcha porque nunca se envió la documentación. Esas propuestas, según su versión, se habrían realizado durante una reunión en la Moncloa entre el rector Goyache y la mujer del jefe del Ejecutivo.

Sanción al profesor Ruano

Durante su comparecencia, Doadrio también ha desvelado que la Complutense ha impuesto de forma reciente una sanción consistente en la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses al profesor José Manuel Ruano de la Fuente, el docente de Ciencia Política que codirigía junto a Begoña Gómez la cátedra extraordinaria. La Universidad Complutense ha declinado hacer ninguna valoración con el argumento de que los expedientes tienen carácter confidencial y no están en disposición de facilitar información sobre su contenido.

elDiario.es informó hace un año de que la universidad tramitaba un expediente por “falta de rendimiento” contra él con el argumento de que no entregó una documentación que se le requirió relacionada con ese curso. Esa documentación alude a la creación de una herramienta informática vinculada a la cátedra extraordinaria. Concretamente, a la adjudicación a Deloitte de un contrato de asesoramiento para la puesta en marcha de la plataforma por valor de 65.000 euros.

El registro del software de la cátedra extraordinaria centra la acusación por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional contra Begoña Gómez. La tesis de las acusaciones es que la mujer del presidente robó ese software que era propiedad del centro educativo. El juez sigue considerando “verosímil” esa imputación a pesar de que tras doce meses de exhaustiva investigación no ha logrado reunir indicios que respalden esta hipótesis. Es más, el sumario recoge incluso documentos y testimonios que la contradicen. 

Pese a ello, la universidad se ha personado en el procedimiento como perjudicada. La institución respondió el pasado 6 de octubre al ofrecimiento realizado por el juez Peinado y aceptó formar parte de la causa “para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño”. La Complutense justifica su decisión en que los hechos objeto de investigación “pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos” para sus intereses. La universidad había pedido en dos ocasiones que le permitiera actuar como acusación si detectaba que hubo un “perjuicio económico”. Ha pasado más de un año desde esa primera petición y ese daño patrimonial no se ha constatado, pero el último movimiento del juez le permite actuar como perjudicada.

¿Qué se busca con la autorización de un nuevo centro adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense? ¿Qué gana la UCM? El mundo universitario madrileño se agita en las últimas semanas con el próximo desembarco del ICAM en la universidad más grande –y más arruinada– del país. La decisión del Gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso, de autorizar un centro adscrito a la UCM a uno de los organismos que ejerció de acusación popular en el juicio al Fiscal General del Estado (FGE) por revelar secretos del novio de Ayuso, ha puesto sobre la mesa el rol que juegan en la universidad estas entidades y los intereses en torno a su aprobación, además de ahondar en la la privatización encubierta de la educación superior en Madrid.

“De facto, la creación de este centro adscrito supone la creación de una universidad privada sin pasar por el expediente de tener que crearla. Será un centro que, a los efectos más problemáticos, es privado y que según parece será un centro de impartición de clases, no de investigación”, critica Jacobo Dopico, catedrático de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. “Pero no se puede considerar que simples centros de impartición de clases sean universidades. Una universidad es un centro de investigación y avance del conocimiento. Pretender desgajar la docencia y la expedición de títulos de la labor de investigación y avance del conocimiento de las universidades conduce a la destrucción del tejido universitario”, sostiene.

Algunas fuentes achacan a las necesidades financieras de la Complutense (reciben dinero por alojar centros adscritos), al deseo de poder e influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la imparable privatización del sistema universitario en la región la maniobra económico-formativa realizada a tres entre la UCM, el ICAM y el Ejecutivo regional.

Pero otras voces recuerdan que la universidad pública no llena el grado de Derecho (tiene una tasa de cobertura de las plazas del 90%, según sus propios datos), por lo que introducir un nuevo agente que lo imparta dentro de su campus es hacerse la competencia a sí misma. “Esto no se explica en términos económicos”, aseguran fuentes informadas.

¿Qué busca entonces la Complutense entonces con este centro? “¿Buenos juristas para impartir docencia?”, se pregunta un experto en Derecho. “Porque el ICAM no tiene, pero la Complutense tiene un montón”, se contesta sí mismo. “¿Por qué esto –un colegio profesional que imparta docencia reglada– no existe en ningún sitio? ¿Se va a investigar mucho en esta universidad? ¿Quién va a dar clases? ¿Por qué la Complutense genera una célula de competencia a sí misma?”, los interrogantes se acumulan. “Más allá del extraordinario conflicto de intereses, con lo que nos encontramos es con un proceso curioso: el ICAM sale a la defensa de la pareja de la presidenta y esta le regala una facultad”, deslizan.

La universidad asegura que su objetivo es mejorar su oferta. “La UCM, pese a ser la universidad que mayor número de plazas oferta en el grado en Derecho, no consigue cubrir la elevada demanda existente para estos estudios. Esta situación se ha acentuado tras la reciente desadscripción de varios centros que impartían dicha titulación. La adscripción de este nuevo centro responde a un contexto distinto y a necesidades actuales de la Universidad. Su incorporación permitirá ampliar la capacidad de oferta en el ámbito jurídico y atender de manera más adecuada la demanda de estudiantes. Asimismo, el proyecto aporta un valor añadido al incorporar nuevos másteres de especialización de especial interés estratégico para la UCM. Estas titulaciones contribuyen a fortalecer la posición académica de la Universidad y a enriquecer su oferta formativa”, explica una portavoz.

El ICAM tiene previsto ofrecer en un primer momento el grado en Derecho y tres másteres: en Acceso a la Abogacía y la Procura, un título obligatorio para ejercer, en Derecho de la Construcción y en Reestructuraciones e Insolvencias.

Poca transparencia

La maniobra se ha realizado con un oscurantismo poco habitual en el Gobierno que dirige Ayuso, que publicita todo lo que hace y puede llegar a enviar varias decenas de notas de prensa un solo día, pero no encontró el momento de anunciar la concesión de esta licencia, aprobada definitivamente en mitad del juicio al fiscal, tal y como informó la Cadena Ser, aunque se llevara tramitando un par de años.

El Colegio de Abogados y la Comunidad han tratado de salir al paso de la polémica y desvincular la apropiación del centro adscrito del juicio al fiscal general. El ICAM publicó una nota explicando que el proceso empezó en 2022, antes de que este periódico desvelara el caso Amador y que ha seguido todos los cauces legales –informes previos positivos y convenios firmados–, y “rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de 'pago de servicios' en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”.

La Comunidad de Madrid también ha defendido que todos los informes sobre el centro –elaborados por sus propios organismos, al ser un centro adscrito no hace falta que el Ministerio de Universidades informe sobre el proyecto– son “favorables”, aunque no los ha hecho públicos. Entre las obligaciones de estos centros está incluir un programa de investigación, una de las patas que más suele flojear en estos centros.

Los centros adscritos pertenecen habitualmente, como es el caso, a instituciones privadas que se asocian a un campus, normalmente público en un movimiento simbiótico: la universidad recibe un buen dinero a cambio de, simplemente, avalar con su nombre los títulos que ofrecen estas instituciones; los centros pueden ofrecer formaciones (grados y, sobre todo, rentables másteres) respaldadas por una universidad pública de prestigio que pueden cobrar a su alumnado al precio que consideren (suele multiplicar varias veces el coste de la universidad que lo acoge) y además se ven en el escalón previo a ser una universidad propia (un salto que se ha dado antes, y las licencias de universidad ,la capacidad de otorgar títulos, vale mucho dinero); el alumnado que se lo puede permitir obtiene un título con el sello de la Complutense, (todavía) más prestigioso que el de las universidades privadas. (Casi) todos ganan, excepto por la creación de un campus de dos velocidades enseñando lo mismo, advierten las fuentes.

El problema con este tipo de centros, cuentan varias fuentes universitarias, suele ser que aunque las universidades públicas que los acogen sean responsables formales de que cumplan con la calidad mínima, de facto nadie los controla. “Son un agujero negro del sistema que conoce todo el mundo, pero que beneficia a todos, particularmente a las universidades públicas”, sostiene un exgestor universitario.

De centro adscrito a universidad

En los últimos años, en plena ola privatizadora de la educación superior en la Comunidad de Madrid, la Complutense ha perdido dos centros adscritos, Cunef y Villanueva, que se han convertido en universidades privadas por sí mismas. Es casi una tradición en la UCM crear centros adscritos que luego acaban convirtiéndose en universidades propias. A estos dos les precedieron el CEU e incluso la Rey Juan Carlos, que es una evolución del antiguo centro Ramón Carande (de donde, por otra parte, salieron todos los implicados en el Caso Cifuentes).

Con los dos centros que ahora han salido se marchan también de la UCM los millones de euros que ambos pagaban a la universidad a cambio de su sello de calidad en los títulos: los convenios marco de estas relaciones estipulan que cada estudiante de un centro adscrito paga a la universidad pública que lo respalda el precio de una matrícula pública. Si el ICAM y la UCM han firmado un modelo estándar de convenio (este periódico ha pedido el acuerdo, por el momento sin éxito) una cuenta aproximada cifra en unos cuatro millones de euros anuales la cantidad que recibía la Complutense de estos dos centros. Unos millones que las cuentas de la UCM, que ha perdido 140 millones en los dos últimos ejercicios y ha necesitado un crédito de 33 millones de euros para evitar el colapso económico, pueden echar en falta.

La Complutense no está en condiciones de ampliar su por sus propios medios, si es que ese fuera su interés. Es el resultado de la estrategia de dejar morir poco a poco la universidad pública que todos los gobiernos populares han ido aplicando en Madrid desde que la comunidad adquirió las competencias educativas en 1999: la oferta de plazas es insuficiente para la gran demanda que existe, lo que, unido a una obligación de formarse, empuja a la gente a las universidades privadas, que crece como setas en la región. Porque sin dinero –y mucho tiene que cambiar la situación en una universidad que ha recortado el gasto un 35% a sus facultades por la infrafinanciación– no se pueden abrir grados ni másteres, que para los centros públicos siempre son deficitarios en términos estrictamente contables porque los estudios están subvencionados.

No parece que la situación vaya a cambiar en el medio plazo. A la situación actual de la Complutense, que va a necesitar recortar aún más el gasto si pretende devolver el préstamo que acaba de recibir de la Comunidad de Madrid se suma el futuro presupuesto regional, que contempla una subida en la partida universitaria de poco más del 6%, una cantidad que no alcanza lo que piden los rectores. La oposición a Ayuso en la Asamblea sostiene que “no parece que exista una necesidad real de otra facultad de Derecho, lo que sí hace falta son más plazas públicas”, según Mar Espinar, portavoz socialista.

Intereses y estatus

También hay quien enmarca el interés del Colegio de Abogados por tener un centro universitario en una maniobra de poder del ICAM bajo la idea de que quien controla la formación y las prácticas estudiantiles controla el sector, dejando a las universidades públicas “como meras certificadoras”, según explica una fuente que prefiere el anonimato. Tampoco se escapa, ni dentro de la UCM ni fuera, que ser un centro propio es el paso previo a convertirse en universidad en toda regla, un estatus que en este momento, mientras el sector privado se acaba de asentar, vale un potosí.

Algunos ven la adscripción de un centro privado a un campus público como un anacronismo. “En un determinado momento histórico los centros adscritos podían tener sentido con una universidad en expansión para ayudar a cubrir la demanda, como pasó con la escuela concertada. Igual no se podía hacer otra cosa. Pero que hoy se sigan creando centros adscritos, cuando además en la UCM últimamente han sido el germen de universidades privadas (en alusión a Cunef y Villanueva), no tiene sentido alguno”, lamenta Jesús Escribano, responsable de Universidad de CCOO y profesor de la propia Complutense.

De fondo planea también cómo se ha gestado este nuevo centro. El responsable del centro universitario ICAM es Ricardo Alonso, que era el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense durante todo el tiempo que duró el trámite entre la universidad y el ICAM y trabajó desde esa posición para que saliera adelante al menos desde hace año y medio, según explica él mismo en esta entrevista, publicada el pasado octubre, para luego pasarse al otro lado. Este periódico ha tratado de contactar con Alonso, pero no ha obtenido respuesta.

Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se convirtió esta semana en el tercer investigado en la causa que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta contra Begoña Gómez al que la instancia superior retira la imputación. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial que revisan las decisiones de Peinado suscribieron un auto en el que afirman que no hay ni “el más mínimo indicio” contra el alto cargo del Ejecutivo. A pesar de ello, ha permanecido imputado durante medio año. 

El nombre de Francisco Martín se une a los de otros damnificados a los que el juez Peinado investigó de forma injustificada, según la instancia superior. Se trata del directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor a la esposa de Pedro Sánchez. Estuvo seis meses investigado. 

El tercero es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, al que llegó a mantener imputado durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. Goyache se desvinculó de la creación de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Complutense y siempre negó haberle dado trato de favor. La Audiencia Provincial afirmó que la decisión del juez de investigarle carecía de “fundamento” y levantó su imputación ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios”. 

En el caso de Francisco Martín el juez acordó imputarlo el pasado mayo tras admitir una querella que Vox había presentado en diciembre de 2024. Esa querella se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora Cristina Álvarez envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Complutense en relación con un evento en el que iba a participar. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos era suficiente para atribuir al actual delegado al Gobierno, a la asesora y a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

Peinado admitió la querella solo contra Francisco Martín y únicamente por el delito de malversación, aunque meses después, en pleno agosto, cambió de criterio e implicó también por este delito a la esposa de Sánchez y la asistente. El juez argumentó que el delegado —que entre 2021 y 2023 fue secretario general de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” en las que Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. 

La Audiencia Provincial le dice ahora al magistrado que la querella de la formación de Santiago Abascal no proporcionaba ni “el más mínimo indicio” de que Francisco Martín hubiera participado en el presunto delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por la asesora y tampoco de que tuviera una “supuesta función de control” sobre esas tareas, por lo que debió rechazarla de plano. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia. 

“Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada”, dicen los jueces de la instancia superior. Esta afirmación parece contradecir lo afirmado por estos mismos jueces en mayo, cuando sostuvieron que la asistente no podía ser investigada por un delito de malversación, pues ese delito solo puede cometerlo quien “destina, aprovecha o consiente” ese mal uso de los servicios públicos, pero no “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado”. La atribución a Begoña Gómez y su asistente de un delito de malversación también está recurrida por sus defensas a la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto. 

El revés del Supremo

La decisión de la Audiencia Provincial obligará al juez a mover ficha y levantar la imputación de Francisco Martín. Hasta ahora, Peinado no había dado este paso a pesar del revés que encajó el pasado julio, cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando la asesora fue contratada y Francisco Martín fue su predecesor. Los jueces del Supremo acusaron a Peinado de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al ministro, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado. 

El juez también mantuvo imputada durante 11 días a la actual secretaria general de Presidencia, Judith González, a la que atribuyó el mismo delito de malversación que a sus dos predecesores en el cargo. En su caso, el juez acordó sacarla de la causa justo después de interrogarla. La alto cargo dijo que el puesto de la asesora no depende de la estructura que ella dirige, sino del Gabinete. Un día después, el juez confirmó esa decisión en un auto con una somera explicación. “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”, escribió.

Esta misma semana, la Fiscalía pidió al juez que levantara la imputación de Francisco Martín dado que su situación es “idéntica” a la de Judith González, que fue quien lo sustituyó en el cargo. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribió el fiscal. El juez optó por preguntar a las partes antes de tomar una decisión que ahora estará obligado a adoptar tras la resolución de la instancia superior.  

“Todos los actos”

La decisión de la Audiencia Provincial sobre el delegado del Gobierno es el último hito de una causa que Peinado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella inicial acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos. 

Las sospechas sobre Air Europa fueron refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Peinado optó entonces por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en otros contratos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias, lo que motivó la citada imputación del rector. Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del IE, donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial también le obligó a archivar la causa para Juan José Güemes. 

Los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para las universidades públicas llegaron este jueves al debate de las enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid en medio de las reacciones ante el nuevo borrador de la Ley de Educación Superior de la región (LESUC). La Coordinadora de Plataformas de las seis universidades públicas y otras entidades y asociaciones están elaborando ya informes que apuntan a la “inconstitucionalidad de la ley”, según han anunciado en una concentración de docentes, personal universitario y estudiantes frente a la Asamblea este jueves. Prevén hacer “alegaciones en el proceso de la información pública” de esta norma, de la que solo se han conocido borradores hasta ahora, y añaden: “Si se aprueba, acudiremos a los tribunales”.

“Hay múltiples factores por los cuales el nuevo borrador es inconstitucional. Quizás el más grave sea que vulnera derechos fundamentales constitucionales como el derecho de reunión o la libertad de expresión”, ha asegurado Eva Aladro, miembro de la Plataforma. “Establece, por ejemplo, multas por poner una pancarta no autorizada y no dice quién tiene que autorizar la pancarta”.

Además, explica que “vulnera también la autonomía universitaria” al establecer unos “órganos de control nombrados a dedo desde la Comunidad de Madrid. Es inconstitucional porque las universidades tienen sus propios órganos de gobierno establecidos por ley orgánica”. “Toda la ley está hecha para manipular, y para teledirigir. Es ilegal”, añade. Estos órganos de gobierno son los Consejos Sociales, cuyo presidente lo nombra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que se ha encargado en los dos últimos años de emplazar en ellos a hombres afines al PP (o excargos) y a las universidades privadas.

Los presupuestos presentados esta mañana en la Asamblea destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que se traduce en un incremento del 6,5% respecto a 2025. Sin embargo, Aladro apunta que las nuevas cuentas “no tienen en cuenta la inflación” y el incremento en gastos: “Desde el año 2008, los estudiantes de la Universidad de Madrid han perdido un 35% de poder adquisitivo”.

Sin embargo, la Plataforma por las universidades públicas madrileñas insiste en que la Comunidad destina menos del 0,5 por ciento de su PIB a los centros “cuando por Ley Orgánica debería invertir un 1%”. “Es la comunidad más rica y la que menos invierte en sus universidades públicas. Es la que menos invierte por estudiante y la que tiene los precios de matrícula más altos”, subraya Alba Lirón, miembro de la Plataforma.