Hacienda denuncia que Red.es benefició “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés en adjudicaciones millonarias

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha entregado un informe a la Fiscalía Europea en el que cuestiona dos procesos millonarios de adjudicación de la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso que el juez Juan Carlos Peinado dirige contra Begoña Gómez desde hace más de un año. Un informe en el que este organismo fiscalizador asegura que en estas adjudicaciones se cometieron irregularidades que beneficiaron a Barrabés de forma ilegal, como por ejemplo tener en cuenta positivamente las cartas que la esposa del presidente del Gobierno y otras empresas y organismos firmaron a su favor, aunque sin atribuir un papel concreto a las misivas de Gómez, motivo por el que fue imputada por Peinado en un primer momento.

Fuentes de Red.es cuestionan algunas de las conclusiones a las que llega el informe, asegurando que ninguna de las 33 auditorías a las que se han sometido desde 2011, entre otras por la propia IGAE, han informado en contra de sus normas de contratación. Los contratos analizados en este informe, destacan estas fuentes, “se ajustaron plenamente a la ley” sin que nadie presentara ningún tipo de recurso.

Juan Carlos Barrabés fue imputado por el juez Peinado por sus relaciones profesionales con Begoña Gómez. La primera denuncia de Manos Limpias, que abrió el proceso judicial, afirmaba que Gómez había usado su “estatus” de esposa de Pedro Sánchez para “recomendar o avalar por carta con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”. En este caso a Juan Carlos Barrabés, con el que también colaboraba en el ámbito académico: en la cátedra extraordinaria que Gómez tuvo hasta 2024. El juez Peinado llegó a registrar el despacho y la casa de Barrabés mientras este estaba hospitalizado, movimiento anulado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Parte del caso terminó en manos de la Fiscalía Europea, que reclamó investigar las adjudicaciones de Red.es a Barrabés en dos contratos: la formación en empleo juvenil para la economía digital, donde consiguió dos lotes por 4,7 millones de euros, y un segundo contrato de 3,6 millones para dar cursos de ciberseguridad dentro de un servicio de formación para personas desempleadas. Una de las pocas líneas de investigación avaladas por la Audiencia Provincial y que terminó en manos de la Fiscalía Europea porque parte de esas adjudicaciones habían sido financiadas con fondos comunitarios.

El informe de la Intervención entregado a la Fiscalía Europea apunta a diversas irregularidades en estos procesos de adjudicación por parte de Red.es, empresa que depende del Ministerio para la Transformación Digital, aunque ninguna relacionada directamente con Begoña Gómez. En la línea de otro informe del mismo organismo entregado el pasado verano al juez Peinado en el que señala irregularidades puntuales en cuatro adjudicaciones a Barrabés sin relevancia penal.

La causa contra Begoña Gómez se abrió bajo la acusación de haber favorecido a Barrabés a través de cartas de recomendación o apoyo en estas adjudicaciones públicas, cartas que entregaron varios organismos, incluido el Ayuntamiento de Madrid. La IGAE explica que estas cartas, en su conjunto y no específicamente la de Begoña Gómez, fueron “tenidas en cuenta” para puntuar las ofertas, aunque no sea posible saber “cuántos puntos” significaron, aunque sí beneficiaron a la empresa de Barrabés frente a otras. “Tenerlos en cuenta para puntuar las ofertas en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores y ha perjudicado a otros”, dice Hacienda. Haber tenido en cuenta estas cartas cuando era algo que no aparecía en los pliegos es “arbitrario”, concluye el informe, ya que se discriminó a algunas empresas aspirantes a los contratos, aumentando de forma “injusta e ilegal” la puntuación, entre otros, de la empresa de Barrabés.

La IGAE, por tanto, considera irregular que Red.es tuviera en cuenta positivamente que las empresas vinculadas a Barrabés y otras aspirantes a los contratos presentaran estas cartas de apoyo, pero no especifica ni que marcaran la diferencia a la hora de adjudicar los contratos ni tampoco diferencia entre la carta que firmó Begoña Gómez y la que firmaron otras empresas u organismos públicos que habían contratado a Barrabés con anterioridad.

Fuentes de la compañía pública desmienten este punto y explican que esas manifestaciones de apoyo “no influyeron” en la puntuación de las diferentes ofertas, tal y como reflejan “los informes técnicos de valoración”. El propio informe, destaca, reconoce que “no es posible determinar” cuántos puntos sumaron las empresas que las presentaron.

“Podría constituir un fraude de ley”

Las críticas más duras del informe de la IGAE no tienen que ver con la relación entre Barrabés y la esposa del presidente del Gobierno, sino con el procedimiento seguido en la empresa pública Red.es para adjudicar los contratos que se llevó y cuantificar los puntos de cada empresa aspirante. El sistema elegido por esta empresa, critica Hacienda, no se correspondía con los pliegos y, además, acarreaba una consecuencia: la valoración de las ofertas tendría que haberla hecho un 'Comité de Expertos' con tres miembros no relacionados con la empresa pública.

“Sin embargo, incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de RED.ES, que no era competente para efectuar la valoración”, dice el informe. El resultado es un proceso de adjudicación que “podría constituir un fraude de ley mediante el que se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un Comité de Expertos”.

Fuentes de la empresa pública entienden que en ninguno de sus expedientes se ha requerido la existencia de un comité de expertos y que ninguna de las más de 30 auditorías realizadas han expresado esa necesidad. Añaden que han aplicado las mismas normas de contratación a 1.610 expedientes desde 2011 y que estos pliegos y fórmulas de valoración han contado con el visto bueno de la Abogacía del Estado, al menos desde 2018 cuando cambió la normativa del sector público. Estos pliegos y fórmulas, además, no son específicos de los contratos que afectaban a Barrabés, sino que se aplican a todos.

Añade también a la lista de irregularidades que la empresa pública “no ha motivado la elección de las fórmulas elegidas para puntuar las ofertas económicas, y para ponderar las puntuaciones técnicas resultantes de la valoración efectuada por los técnicos”. Apunta igualmente a otro aspecto que benefició irregularmente a las empresas de Barrabés y su UTE: tener en cuenta positivamente que adjuntaran o no los currículos de orientadores y profesores, aunque eso no figurase en los pliegos como algo puntuable. “Dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente su puntuación, en particular” a las empresas relacionadas con Barrabés, mientras “perjudica a otros a los que se les ha reducido injusta e ilegalmente la puntuación”.