Lo que podía haber supuesto un largo y costoso litigio judicial termina con un apretón de manos y un cheque de 1.000 millones. Disney ha formalizado este jueves su entrada en el accionariado de OpenAI con una inversión de ese calibre, una operación marca un hito en la relación entre los grandes estudios de Hollywood y las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial generativa: incluye una licencia especial para que OpenAI use el material protegido con derechos de autor de Disney.

El contrato, con una duración inicial de tres años y que incluye la posibilidad de comprar más acciones en el futuro, convierte a Disney en el primer gran socio de contenidos de OpenAI. La clave del pacto reside en que la compañía de entretenimiento permitirá que los usuarios de Sora —la red social de generación de vídeo sintético de OpenAI— utilicen legalmente más de 200 personajes de sus franquicias, incluyendo los de la propia Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

La irrupción de Sora en octubre generó el enésimo conflicto para OpenAI, ya que la herramienta no contaba con ningún control para impedir que los usuarios crearan contenidos con personajes protegidos con derechos de autor. Los miembros, a través de órdenes de texto, pueden generar vídeos cortos con cualquier figura pública o de ficción sin permiso de las personas que son representadas o de los propietarios de los derechos.

Los actores humanos, excluidos

Según los términos del acuerdo revelados por Disney, los usuarios de Sora podrán generar vídeos cortos con figuras icónicas como Mickey Mouse, Iron Man o Darth Vader. No obstante, el contrato excluye explícitamente el uso de voces y la imagen de actores reales. Solo se permite el uso de personajes animados, enmascarados o criaturas digitales.

Como parte del trato, la empresa de Sam Altman se ha comprometido con Disney a implementar “controles robustos” y filtros de seguridad específicos, una exigencia impuesta por la multinacional tras los incidentes donde los usuarios han utilizado la IA de Sora para generar “contenido inapropiado” con sus personajes infantiles.

Además de la inversión, el contrato convierte a Disney en un socio preferente de OpenAI. La multinacional desplegará herramientas como ChatGPT y la propia Sora entre sus empleados para el desarrollo de procesos internos y nuevas “experiencias”, y distribuirá una selección de vídeos generados por IA en su plataforma de streaming Disney+.

El movimiento de Disney establece una hoja de ruta para la industria de la IA en la que el uso de los contenidos protegidos deberá contar con un permiso expreso, al menos en los contenidos audiovisuales. La multinacional mantiene litigios abiertos con los desarrolladores del generador de imágenes Midjourney y la empresa china Minimax, a las que acusa de piratería. También ha revelado que ha enviado cartas de advertencia a la startup Character.AI, que permite diseñar chatbots en los que la IA puede actuar en base a las características e imagen de personajes de ficción.

El acuerdo llega cuando tanto OpenAI como otras empresas del sector de la IA mantienen juicios abiertos con escritores y guionistas, que los acusan de haber entrenado estos sistemas con sus obras sin su permiso y sin compensación.

No es una victoria total, pero sí un importante precedente en para la gran batalla legal sobre copyright y el entrenamiento de las inteligencias artificiales. Dos tribunales federales estadounidenses acaban de dictaminar que incluir obras protegidas en las bases de datos de estos algoritmos es un uso legítimo, aunque sus autores estos no hayan dado permiso para que se usen con este fin.

No obstante, uno de los jueces responsables de esas decisiones ha ido más lejos que el otro a la hora de especificar cómo deberían haberse adquirido esas obras, ya que considera fundamental que las empresas de IA hayan pagado por ellas en primer lugar. Así lo ha dispuesto el juez William Alsup, del Distrito Norte de California, en un caso que implicaba a Anthropic, la tercera gran empresa en la carrera de la IA tras OpenAI y Google. Anthropic fue demandada el año pasado por tres escritores que la acusaron de incluir sus libros pirateados en el entrenamiento del modelo Claude sin consentimiento.

La compañía ha podido demostrar que realmente había comprado algunos de los libros en los que se basaba la demanda. Lo hizo en su formato físico, desencuadernándolos y escaneado sus páginas una a una e incluyéndolas en las bases de datos de Claude. Esta práctica, para el juez, constituye un “uso justo” de las obras, aunque Anthropic no recabara el visto bueno de sus autores previamente.

“Los autores sostienen que entrenar modelos de inteligencia artificial resultará en una explosión de obras que competirán con las suyas”, escribe el juez en su resolución, que les avisa que “esto no es así”. Es como “si se quejaran de que enseñar a los escolares a escribir bien resultaría en una explosión de obras competidoras”, argumenta el juez, que recuerda a los demandantes que los derechos de autor se basan en proteger la autoría de la obra, “no proteger a los autores de la competencia”.

“Como cualquier lector que aspira a ser escritor, los modelos de IA de Anthropic se entrenaron con obras no para adelantarse y replicarlas o suplantarlas, sino para dar un giro y crear algo diferente”, falla Alsup.

¿Y los libros descargados ilegalmente?

La victoria de Anthropic es trascendental porque abre la puerta a que las compañías de IA paguen simplemente por el precio de venta al público de las obras que quieran utilizar, sin necesidad de pagar más o negociar su uso con los autores. Sin embargo, la sentencia viene con un gran asterisco tanto para esta empresa (fundada por ex trabajadores de OpenAI y Google DeepMind y financiada con miles de millones de dólares por Amazon y la propia Google) en lo relativo a los libros descargados de internet ilegalmente.

Y no serían precisamente pocos. “Anthropic no tenía derecho a utilizar copias pirateadas para su biblioteca central”, avisa el juez: “Anthropic descargó más de siete millones de copias pirateadas de libros, no pagó nada y mantuvo estas copias pirateadas en su biblioteca incluso después de decidir que no las usaría para entrenar su IA. Los autores argumentan que Anthropic debería haber pagado por estas copias pirateadas. Esta resolución está de acuerdo”.

Los autores argumentan que Anthropic debería haber pagado por estas copias pirateadas. Esta resolución está de acuerdo

Alsup excluye claramente esta práctica del “uso justo” de las obras para el entrenamiento de Claude e indica a los demandantes que lo juzgará en una pieza separada, invitándoles a seguir el litigio por esa vía. Una decisión igualmente clave tanto para Anthropic como para las empresas de IA, puesto que las expone a multas milmillonarias en caso de que los juzgados terminen declarando que deben pagar el precio de cada obra utilizada.

Pagar por cada obra

En otra resolución conocida en la madrugada de este miércoles, otro juez federal ha tomado la misma decisión en la demanda que 13 autores interpusieron contra Meta por usar sus obras para el entrenamiento de su modelo LlaMa si su permiso. Según el tribunal, los escritores no han logrado demostrar cómo perjudica su posición en el mercado el hecho de que Meta haya incluido sus libros con derechos de autor en sus bases de datos.

Sin embargo, de nuevo, el juez no entra a valorar el hecho de que esos materiales se obtuvieran ilegalmente. Solo su empleo para el entrenamiento de los modelos, lo que también considera un “uso justo” dado que las respuestas de la inteligencia artificial basadas en esas obras son los suficientemente “transformadoras” respecto al contenido original de los libros.

El aspecto de la piratería en el caso de Meta es especialmente relevante, puesto que documentos internos de la multinacional han mostrado que descargó al menos 81,7 terabytes de libros ilegalmente de Internet para entrenar sus modelos. Aunque depende del formato de las obras, esa base de datos podría contener unos 40 millones de libros. El juez de su caso no ha entrado a valorar estos hechos como hace Alsup, pero ha citado a los demandantes y a los abogados de Meta a una reunión para discutir como manejar las reclamaciones por piratería y valorar su tratamiento en una pieza separada.

Según correos electrónicos de empleados de Mark Zuckerberg presentados ante el tribunal, la descarga se realizó mediante torrents y utilizando ordenadores de la empresa. Los propios trabajadores alertaron a la dirección de que era una práctica ilícita que podría traerles problemas, pero esta, supuestamente, habría seguido adelante con ella.

La evidencia presentada contra Meta es la más contundente, pero su competencia está enfrentando procesos similares. OpenAI, por ejemplo, reconoció que había descargado y transcrito millones de vídeos de YouTube para usar ese material para el entrenamiento de ChatGPT, algo que violaría los derechos de autor tanto de los creadores como de la plataforma. Esta última, no obstante, ha renunciado a demandar a OpenAI por el momento, quizá porque su matriz, Google, ha sido acusada de hacer lo mismo.

OpenAI sí ha reconocido que ha usado contenidos protegidos por copyright, defendiendo que entrenar inteligencias artificiales habría sido “imposible” sin ese material. No obstante, no ha aclarado si accedió legalmente a él. Será algo que también diluciden los tribunales, puesto que la compañía ha sido demandada por medios como The New York Times y The Intercept, junto con ocho publicaciones del grupo Alden Global, por utilizar “millones” de artículos protegidos sin autorización.

Esta no es la única demanda contra OpenAI. George R.R. Martin, el autor de Canción de hielo y fuego, junto con otros 16 reconocidos escritores respaldados por el sindicato Authors Guild, presentaron una demanda colectiva contra la compañía. Otros autores han tomado acciones similares por su cuenta. Estos casos siguen en curso, y OpenAI ha respondido afirmando que respeta los derechos de los autores y está en conversaciones con Authors Guild para encontrar soluciones.

La clave de todos estos casos será hasta dónde alcanza el “uso justo” de las obras. Un “uso justo” que el juez del caso Anthropic ha amparado para el entrenamiento de las inteligencias artificiales, pero no para el empleo de contenidos descargados ilegalmente para ello.

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Esta información se ha actualizado el 26 de junio para incluir la resolución en el caso sobre Meta, aparecida tras la publicación original.

Nuevo revés para las entidades de cobro de derechos de autor. Un juzgado mercantil de Madrid ha fallado a favor de Vodafone contra la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), ordenando la devolución de 906.150 euros. Estos fueron cobrados indebidamente entre 2015 y 2020 por los derechos de autor de canciones que se incluyen en series y películas, que la operadora había abonado por su servicio de televisión de pago.

La sentencia, a la que ha tenido acceso CincoDías y han confirmado a elDiario.es fuentes de Vodafone, se basa en un precedente del Tribunal de Justicia de la UE (2020) que estableció que los artistas no tienen derecho a cobrar por todas las canciones sincronizadas en obras audiovisuales, ya que un fonograma pierde su condición al formar parte de películas, series o anuncios. Sin embargo, sí procede el cobro cuando la música suena en programas o entrevistas.

Esa jurisprudencia de 2020 fue después ratificada por el Tribunal Supremo en 2021 en un litigio entre AGEDI y AIE contra Atresmedia. Las entidades de gestión reclamaban más de 17 millones de euros al grupo de cadenas de televisión y radio por la difusión de fonogramas en series y películas, pero la sentencia desestimó los argumentos de AGEDI y AIE.

En su caso, Vodafone demostró mediante un informe independiente que solo el 49% de su oferta comercial contenía obras audiovisuales, frente al 100% que reclamaban las entidades. Por contra, la sentencia también establece que la operadora deberá pagar las cantidades adeudadas desde 2020 según este nuevo baremo.

Esta demanda pionera podría desencadenar reclamaciones similares por parte de otras operadoras como Movistar+ y MasOrange, así como plataformas de streaming como Netflix, Max, Disney+ y Prime Video, que pagan importantes sumas por estos derechos debido a su volumen de ingresos y producción audiovisual.

No, España no es uno de los países con mayor índice de piratería, como algunos responsables del sector de los contenidos audiovisuales traslada habitualmente. Es, de hecho, el quinto estado con menor índice de piratería por usuario de toda la UE, tal y como refleja el informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre 2023, que se publica este jueves y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Con 8,5 accesos mensuales a contenidos pirateados, los españoles se colocaron casi dos puntos por debajo de la media europea, que es de 10,3, y apenas poco más de un punto por encima del país que registra el mínimo en este sentido, que es Italia con 7,3 accesos mensuales por usuario. En el extremo contrario se sitúan los países bálticos y del norte de Europa, con Letonia, Estonia y Lituania (26,2, 23,2 y 21,7, respectivamente).

El análisis de este año es además el primero que contabiliza el impacto de los servicios IPTV (Televisión por Protocolo de Internet, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite la transmisión de contenidos televisivos online y que en algunos casos se está usando para acceder a retransmisiones de pago, como el fútbol y otros deportes. Sin embargo, la EUIPO señala la dificultad de cuantificar esta categoría, que se da a través de redes y dispositivos privados, por lo que las cifras de impacto se basan en las visitas a sitios web de registro de IPTV pirata, no en el consumo real.

Como en el resto de los países europeos, los contenidos televisivos son los que más se piratean en España (48% del total). Sin embargo, aquí España también se sitúa en la tendencia contraria, siendo uno de los 9 miembros de los 27 donde este tipo delictivo disminuyó respecto al año anterior. España también se encuentra entre los países con menor número de accesos mensuales por usuario de internet para películas, aunque en el caso de la música, el consumo pirateado creció.

Los datos contrastan con las declaraciones del presidente de la patronal del fútbol, Javier Tebas, que afirmó recientemente que “el 40% de la población española piratea”, pidiendo legislaciones más duras y la posibilidad de poder exigir a las operadoras que le den acceso a los datos de los usuarios que se conectan a servicios IPTV, a pesar de que estos también tienen usos que entran dentro de la legalidad.

“Si no resolvemos este problema,nos vamos a una situación muy complicada. El día que tengamos la legislación ya va a estar obsoleta, porque el pirata va por delante”, continuaba Tebas, adelantando que LaLiga presentará “querellas criminales” contra “Google, en Ecuador, en Brasil y en Francia también” por negarse a retirar apps IPTV de la tienda de Android. En España, la patronal de clubes de fútbol ha pedido la imputación de los máximos responsables de Google, Apple y Huawei en un caso contra una de estas apps, como adelantó en exclusiva elDiario.es.

“Según el estudio, España no sale mal parada en cuanto a piratería en 2023 (tendencia que ya observamos en 2022)”, reseña Nathan Wajsman, economista jefe de la EUIPO, en declaraciones a este medio. Pese a todo, Wajsman afirma que “sigue siendo un índice muy alto, que demuestra que debemos seguir concienciando a la ciudadanía sobre los riesgos de acceder a contenidos pirateados”.

El informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE destaca que el pirateo de televisión por IPTV es un problema creciente el ámbito europeo. Un análisis previo de este organismo ya cifraba en 1.060 millones de euros los ingresos de este tipo de negocio, y considera que ha aumentado un 10% a fecha de hoy.

Piratería donde no hay alternativa a precio de mercado

La EUIPO resalta que los niveles de piratería a nivel europeo se mantienen altos y cómo estos están relacionados con la población y desempleo juvenil y la desigualdad de ingresos. “Este estudio arroja luz sobre el consumo de contenidos digitales y los factores que impulsan la piratería. Es imperativo abordar las causas de este comportamiento, que a menudo provienen de la falta de acceso a contenidos legales asequibles y de la necesidad de una mayor concienciación pública sobre las consecuencias de la piratería”, explica su director, João Negrão.

El informe concluye que “el volumen de la oferta legal contribuye a reducir la piratería en casi todos los ámbitos”. A su vez, recalca que un mayor número de plataformas legales y canales de televisión está asociado con una menor piratería. “Nuestro análisis apunta a factores económicos y demográficos que pueden influir en los niveles de piratería, por ejemplo la proporción de jóvenes en la población o el grado de desigualdad económica en la sociedad, pero también hay otros factores muy importantes como la percepción y actitud hacia la piratería, la disponibilidad de una oferta de contenidos legales y el conocimiento sobre esta oferta legal”, señala Wajsman.

Tomando en cuenta el factor edad, el estudio muestra que la población joven tiende a presentar mayores consumos de contenidos pirateados, especialmente en el caso de las películas. Otra variable directamente proporcional a este ilícito es la desigualdad: a mayor desigualdad presente en un país, mayor piratería tiende a presentar.

No obstante, en ocasiones los resultados muestran la complejidad creciente de este fenómeno. El análisis econométrico de la EUIPO muestra que un mayor PIB per cápita está asociado con una menor piratería de películas, pero con una mayor piratería de eventos deportivos en directo. Esto sugiere que el nivel de ingresos puede tener un efecto complejo en la piratería, dependiendo del tipo de contenido.

Los próximos años estarán cuajados de resoluciones judiciales clave para determinar si los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial generativa han usado ilegalmente escritos, diseños, voces, imágenes, obras de arte, comentarios o vídeos subidos a Internet por profesionales o usuarios. Material que ha servido para entrenar sus algoritmos sin el permiso de sus creadores y en ocasiones protegido con derechos de autor. En esa contienda, la primera victoria se la ha apuntado OpenAI.

Una jueza federal de Nueva York ha desestimado una demanda de los editores de dos medios de comunicación independientes, Raw Story y AlterNet, que denunciaron que la empresa de inteligencia artificial había hecho un uso ilegítimo de sus artículos. Destacan que OpenAI eliminó la información relativa a la autoría, el titular de miles de sus noticias, así como el hecho de que estaban protegidas por copyright, permitiendo así que ChatGPT la replicara y redistribuyera.

Una actividad que, alegaron, realizó sin tener autorización expresa para ello por parte de sus creadores originales y obteniendo unos beneficios que fueron a parar a sus propias arcas. “Cuando un usuario pregunta a ChatGPT sobre un acontecimiento de actualidad o sobre los resultados de un trabajo de periodismo de investigación, ChatGPT proporcionará respuestas que imitan los trabajos periodísticos protegidos por derechos de autor que cubrieron esos acontecimientos”, citaban como prueba los editores.

“ChatGPT no tiene ningún conocimiento independiente de la información proporcionada en sus respuestas. Más bien, para dar servicio a los clientes de pago de los Demandados, ChatGPT reempaqueta, entre otros materiales, el producto del trabajo periodístico protegido por derechos de autor desarrollado por los Demandantes y otros a su costa”, añadían.

La demanda buscaba una indemnización por los daños causados a los medios y una orden judicial para eliminar el contenido de los conjuntos de entrenamiento de ChatGPT. Sin embargo, la jueza ha cerrado por el momento la puerta a esa opción, indicando que los medios de comunicación no han podido demostrar el perjuicio que ChatGPT les había causado para respaldar la demanda. “Sin un daño concreto, no hay legitimación”, sentencia.

La magistrada expone que la gran cantidad de información que se utilizó en el entrenamiento de ChatGPT hace que la probabilidad de que el programa reproduzca contenido de los artículos de los demandantes es muy baja. “Cuando un usuario introduce una pregunta en ChatGPT, esta IA sintetiza la información relevante de su repositorio en una respuesta. Dada la cantidad de información contenida en el repositorio, la probabilidad de que ChatGPT produzca contenido plagiado de uno de los artículos de los demandantes parece remota”, se lee en la sentencia.

No obstante, la sentencia da otra oportunidad a Raw Story y AlterNet para volver a intentarlo con pruebas sólidas tanto del “riesgo sustancial” de que la actual versión de ChatGPT esté generando respuestas plagiando sus artículos, como del “daño concreto” que esto produce a su negocio. Avisándoles, eso sí, de que ella es “escéptica” de que puedan “alegar un daño reconocible” por lo visto hasta el momento.

El abogado de los demandantes ha afirmado que estos están “seguros” de que podrán “abordar las inquietudes que identificó el tribunal a través de una demanda enmendada” en declaraciones a la Agencia Reuters.

OpenAI, por su parte, ha recalcado la legitimidad de sus acciones para entrenar a ChatGPT. “Construimos nuestros modelos de IA utilizando datos disponibles públicamente, de una manera protegida por el uso justo y principios relacionados, y respaldados por precedentes legales de larga trayectoria y ampliamente aceptados”, ha destacado un portavoz en un comunicado enviado a este medio. A principios de este año la empresa reconoció que habría sido “imposible” entrenar ChatGPT respetando el copyright.

Rivales mayores en el horizonte

Raw Story y AlterNet son dos medios independientes estadounidenses de línea progresista y tienen una audiencia similar, aunque algo mayor en cifras absolutas para el primero (unos cinco millones de lectores mensuales). Raw Story adquirió Alternet en 2018 para formar una empresa de medios compartida para las dos plataformas. John Byrne, fundador de Raw Story, alegó durante la que “las organizaciones de noticias deben plantar cara a OpenAI” por utilizar “el duro trabajo de periodistas cuyos puestos de trabajo están siendo asediados”

OpenAI tiene por delante otros procesos de más envergadura que el protagonizado por Raw Story y AlterNet, aunque este podría sentar un precedente en cuanto a la valoración de los jueces del daño real que las empresas de IA han hecho a los titulares de derechos. El mayor desafío del sector de los medios de comunicación es seguramente la demanda presentada por The New York Times contra la propia OpenAI y Microsoft.

Los argumentos del Times son similares a los de Raw Story y AlterNet. La prestigiosa cabecera argumenta que OpenAI y Microsoft se están beneficiando de la propiedad intelectual del periódico al utilizarla para generar contenidos que compiten con los artículos originales, lo que tiene el potencial de reducir el tráfico y los ingresos del periódico. Aunque la demanda no especifica una cantidad exacta, reclama una indemnización de miles de millones de dólares por ese uso ilícito de sus contenidos.

Pruebas presentadas por el Times en el proceso han demostrado que también pide a las empresas que dejen de utilizar sus artículos en sus datos de entrenamiento y que destruyan cualquier modelo de IA construido con este material.

Sobre OpenAI también pesa la demanda del sindicato de autores de EEUU, al que pertenecen escritores como George R.R. Martin (Canción de hielo y fuego). Estos han denunciado el “robo sistemático” de sus obras por parte de la empresa creadora de ChatGPT, que ya está valorada en 157.000 millones de dólares tras cerrar la mayor ronda de financiación de capital riesgo de la historia.

Pactos con otros editores

Quizá para evitarse más problemas legales, OpenAI también ha firmado importantes acuerdos con editores de noticias para acceder y usar su contenido en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial. Entre los pactos más destacados se encuentra uno con la agencia Associated Press (AP), una de las más importantes del mundo; con o News Corp, propietaria de cientos de medios de comunicación como The Wall Street Journal o The Times.

OpenAI también firmó en marzo de este año una asociación exclusiva con el grupo de medios español Prisa, lo que permite a ChatGPT acceder a contenidos publicados por El País, Cinco Días, AS y El HuffPost. “Unir fuerzas con OpenAI nos abre nuevas vías para llegar a nuestras audiencias. Aprovechar las capacidades de ChatGPT nos permite presentar nuestro periodismo de profundidad y de calidad en formatos novedosas, llegando a personas que buscan contenidos rigurosos e independientes. Este es un paso definitivo hacia el futuro de las noticias, donde la tecnología y la experiencia humana se fusionan para enriquecer la experiencia del lector”, aseguró Carlos Núñez, presidente ejecutivo y consejero delegado de Prisa.

Telegram ha estado a punto de quedar inactiva en España este lunes. El juez Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, ha rectificado la orden que él mismo dictaminó el viernes de bloquear el acceso a la app de forma cautelar. Una medida que habría convertido a España en el único país europeo, junto a Bielorrusia, en censurar el acceso de sus ciudadanos a esta plataforma de mensajería, la segunda más usada por detrás de WhatsApp, y que solo un puñado de países en todo el mundo han decretado alguna vez. La mayoría de ellos, autoritarios.

En su auto del viernes, el juez Pedraz alegaba que la “suspensión temporal” de Telegram era la “única” medida “posible” ante la “falta de colaboración” de Islas Vírgenes, el paraíso fiscal donde está registrada la matriz de Telegram. El proceso tiene su origen en una denuncia por violación de derechos de autor interpuesta por Mediaset, Antena 3, Movistar+ y Egeda, que acusan a la app de permitir la descarga de contenidos protegidos sin su permiso.

Finalmente y tras solicitar un informe a la Policía, el magistrado ha dejado sin efecto su auto del viernes y ha permitido que los 8,5 millones de españoles que usan Telegram puedan seguir haciéndolo. Reconoce que el bloqueo habría resultado “un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)”, así como que “en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional”.

El paso atrás reafirma la opinión de múltiples juristas, que consideraron “desproporcionado” el impacto sobre las libertades del resto de la población que tendría un bloqueo de Telegram basado en el hecho de que algunos usuarios la utilicen para la piratería. La medida había llamado la atención incluso de organizaciones internacionales.

“Bloquear todo un servicio basándose en una violación de los derechos de autor parece inapropiado, desproporcionado”, coincide Jan Penfrat, jefe de políticas públicas de la ONG European Digital Rights (EDRi). “No lo estarían bloqueando basándose en la difusión de desinformación o amenazas a la democracia o las elecciones, que parecerían razones más serias, sino por motivos comerciales como los derechos de autor. Una decisión como esta tiene un enorme impacto en la libertad de expresión de todos sus usuarios, no sólo aquellos que potencialmente están cometiendo esas infracciones de derechos de autor”, recalca en conversación con este medio.

Telegram, por su parte, no ha llegado a posicionarse sobre el posible bloqueo en España que habría dado comienzo este lunes.

Bloqueos judiciales de patas cortas

No es la primera vez que un magistrado de un país democrático decide censurar Telegram, que tiene 900 millones de usuarios en todo el mundo. Aunque tras lo ocurrido en España, este tipo de decisiones judiciales se caracterizan ya por tener un recorrido limitadísimo.

La última vez que Telegram se enfrentó a una situación de este tipo fue en Brasil, hace menos de un año. En abril de 2023 un juez del país ordenó bloquear el acceso a la app después de que esta se negara a colaborar en la investigación de los grupos neonazis que habían instigado el asalto a instituciones públicas tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro. En aquella ocasión el bloqueo solo duró tres días.

“La Policía Federal solicitó la suspensión de Telegram porque no proporcionó datos completos de los usuarios de dos chats grupales que supuestamente provocaron ataques a escuelas”, explica la ONG NetBlocks, que documenta este tipo de bloqueos de servicios digitales y los ataques a la libertad de acceso a Internet. El cierre también fue tachado como “desproporcionado” tanto por esta organización como por expertos internacionales.

“Brasil tiene un historial de restricción del acceso a Telegram, con órdenes judiciales similares emitidas en 2015 y 2016, aunque por lo demás el país tiene una Internet libre y abierta”, recordaba NetBlocks. El juez levantó el bloqueo tras las presiones internas y la imagen hacia el exterior que provocó la medida, pero mantuvo una multa de un millón de reales (unos 180.000 euros) a la aplicación por su falta de colaboración con los tribunales.

Una app rebelde que no entrega datos

Lo ocurrido en España y Brasil no es ni mucho menos excepcional. Por regla general, Telegram no entrega datos personales de sus usuarios ni a servicios de seguridad ni a jueces. Esto la ha convertido en una “app segura” para activistas de cualquier ideología, pero también en un punto de reunión de los bajos fondos de Internet, siendo habitualmente acusada de albergar material pedófilo o terrorista.

Esta falta de colaboración para que las autoridades entren en sus sistemas esta escrita en el ADN de la aplicación. Sus fundadores fueron un grupo de desarrolladores que habían desarrollado VK, el Facebook ruso, durante su etapa en la Universidad de San Petersburgo. En 2013, el Kremlin les exigió acceder a datos personales de activistas ucranianos con cuentas en VK. Su negativa supuso que Vladimir Putin les obligara a vender VK y exiliarse.

El desarrollo de Telegram lleva marcado a fuego lo sucedido con VK. Telegram se compromete a “proteger” los datos y conversaciones de sus usuarios de “terceras partes curiosas, como funcionarios, empleados, etc”. Una política que aplica a rajatabla pero que hasta ahora solo le había generado problemas serios en regímenes autoritarios como la citada Bielorrusia, así como China o Irán.

El país dirigido Aleksandr Lukashenko censuró el acceso Internet durante tres días tras las multitudinarias protestas de agosto de 2020, en las que el líder autoritario salió reelegido entre acusaciones de pucherazo. Telegram, gracias a sus conexiones descentralizadas, consiguió evitar el bloqueo y convertirse en el canal principal para la organización de las protestas. Esto provocó que el Gobierno de Lukashenko se lanzara con todo para intentar censurarla, pero para entonces muchos bielorrusos ya habían aprendido cómo sortear esos cortes gubernamentales.

“¿Cómo se pueden detener estos canales de Telegram? ¿Se pueden bloquear? No. Nadie puede”, se quejaba amargamente el dictador bielorruso, que terminó renunciando a la posibilidad de censurar la app y optó por abrirse un canal propio en ella.

La dificultad para censurar de forma efectiva Telegram también ha sido uno de los motivos que han llevado al juez Pedraz a revocar su auto del viernes. La medida “no es idónea”, ha reconocido este lunes el magistrado de la Audiencia Nacional, ya que los usuarios podrían utilizar proxies y VPN que permiten ocultar la ubicación real del dispositivo. Esto permite eludir bloqueos nacionales y habría servido a aquellos usuarios que lo usan para las descargas ilegales “acceder a Telegram y seguir consumiendo o publicando tales contenidos”.

Bloqueada definitivamente en China o Irán o Pakistán

Además de Bielorrusia, otros países como Cuba o Tailandia han instaurado bloqueos temporales de Telegram. Sin embargo, los únicos países donde la app de mensajería está bloqueada permanentemente son aquellos donde no existe el Internet libre y el uso de herramientas como las VPN puede ser constitutivo de prisión.

En China, que tiene una red propia prácticamente aislada de la del resto del mundo, el acceso a Telegram está censurado desde 2015. El bloqueo se ejecutó justo después de que la infraestructura de la app sufriera un ataque de denegación de servicio que la colapsó en todo el mundo. “Podría tratarse de un gobierno enfadado o de un competidor descontento”, explicó entonces Telegram: “Por ahora sabemos que el ataque se coordinó desde Asia Oriental”.

Otro de los bloqueos más drásticos de Telegram se llevó a cabo en Irán en 2018. Entonces la app tenía unos 40 millones de usuarios en un país de 82 millones de personas, tal y como reflejó un informe de Centro de Derechos Humanos de Irán. “Se había convertido en la plataforma central para el uso de Internet en Irán, utilizada en todos los ámbitos de la vida”, denunciaba el texto.

“Al ser de propiedad extranjera y tener sus servidores fuera de Irán, Telegram no está bajo el control de los censores estatales del país. La voluntad de las autoridades de interrumpir lo que se ha convertido en el principal medio de comunicación digital en Irán —y desde la prohibición, de interrumpir el acceso a las herramientas de elusión— demuestra la primacía de su compromiso con la censura estatal”, aseveraba el informe.

La responsabilidad de Telegram

España no se convertirá finalmente en un país más de esta lista, aunque ha estado en ella durante todo un fin de semana de manera virtual. Era este lunes cuando las operadoras debían hacer efectivo el bloqueo impuesto por el juez Pedraz, que ha dejado finalmente sin efecto.

“El bloqueo de plataformas enteras es siempre una respuesta desproporcionada y no puede justificarse como mecanismo para resolver los problemas de gobernanza de contenidos”, destaca en un informe la ONG Access Now sobre la censura de este tipo de servicios. Un análisis que no esconde la responsabilidad de Telegram a la hora de mantener su plataforma a salvo de la peor cara de Internet que la usa como refugio.

“A medida que los servicios de Telegram se han vuelto más vitales para los defensores de los derechos humanos y las comunidades en situación de riesgo, se han convertido en un foro más peligroso para la difusión de contenidos nocivos”, destaca: “Telegram y otras plataformas similares tienen la responsabilidad de garantizar que sus servicios no perpetúan los daños a los derechos humanos y de realizar las inversiones y las elecciones de diseño necesarias para poder responder en tiempo real a medida que surgen las amenazas”.

“Su incapacidad para hacerlo ha incentivado cada vez más a los gobiernos a tomar medidas extremas para responder a la desinformación, el discurso del odio y la incitación a la violencia en línea, y del mismo modo ha proporcionado una excusa fácil a los gobiernos que tratan de interrumpir el acceso a la información”, concluye la ONG.

En mayo de 2008 se estrenó en España La antena, una película argentina. Rodada en blanco y negro y sin apenas diálogos, narra la historia de una ciudad que ha perdido su voz. Unos días después sus productores se encontraron que una copia de la cinta estaba disponible en Internet a través de una web de enlaces de descargas. Era PeliculasYonkis, hermana de SeriesYonkis, la principal referencia de los portales de descarga de contenidos que florecieron en España hasta 2015 gracias a un agujero legal. Los responsables de La antena lo denunciaron, dando origen a una batalla judicial que sigue viva 16 años después.

Según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal Constitucional ha admitido finalmente a trámite la demanda de amparo presentada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contra la absolución de los gestores de SeriesYonkis en 2021.

La asociación recurrió entonces el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia, que ratificó a su vez la decisión de absolver a los acusados dictada en primera instancia por un juzgado de lo penal en 2019. Un proceso en el que Egeda pidió 550 millones de euros de indemnización por los daños causados a la industria audiovisual y la Fiscalía hasta dos años de cárcel para los cuatro acusados.

Uno de los casos antipiratería más famosos y trascendentes de España llegará así a la última instancia del tribunal de garantías. El recurso de Egeda, al que ha tenido acceso este medio, apunta al factor clave de la absolución de los gestores de SeriesYonkis: “La consistente en considerar que los acusados no tenían conocimiento efectivo de la antijuridicidad de su conducta y por tanto no existía dolo”, se lee en su petición de amparo al TC.

El argumento que emplearon los magistrados de la sala murciana para exculpar a los gestores de SeriesYonkis es el mismo que se ha repetido en tribunales de toda España en este tipo de casos. La clave es que hasta 2015, cuando cambió la ley de derechos de autor, operar una página web que contuviera enlaces a portales de descarga directa de contenidos protegidos no se consideró una actividad contraria al copyright.

Para 2015, cuando entró en vigor la reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para incluir específicamente este supuesto, las webs de enlaces como SeriesYonkis, PelículasYonkis, Series.ly y otras tantas que habían sido tan populares en España ya habían cesado su actividad. Antes de eso enlazar no fue delito, según han fallado los juzgados hasta ahora.

“No existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían”, expresa el fallo de 2021 de la Audiencia Provincial de Murcia que absolvió a los gestores de SeriesYonkis. “No existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían ni que la misma lesione derecho alguno”, ratificaron los magistrados. Egeda asegura en su recurso al TC que este extremo no estaba entre los hechos probados de la primera sentencia absolutoria dictada por un juzgado de lo penal de Murcia.

Los acusados, Alberto García Sola (creador original de la web), junto a Alexis Hoepfner, Jordi Tamargo y David Martínez (que compraron el dominio posteriormente) alegaron que no tenía ningún control sobre el contenido de los enlaces que aparecían en estas páginas web y que, además, estos variaban cada minuto debido a las actualizaciones que hacían los usuarios.

Esta situación, añadían los magistrados, era conocida también por los visitantes de la web. “El usuario del enlace que desde estas páginas webs deseaba acceder a la obra por él seleccionada era conocedor del redireccionamiento y de que la descarga o visionado en streaming se realizaba en una página web diferente de aquélla que contenía el enlace”.

Pena de banquillo

En los juicios sobre hechos anteriores a 2015 que se han ido sucediendo desde entonces, las entidades de gestión como Egeda o Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional, que agrupa a las productoras de Hollywood) han intentado culpar a los responsables de las páginas de enlaces de tener una voluntad de violar los derechos de autor con sus actividades, aunque no estuvieran tipificadas. Los jueces consideran que no han podido demostrarlo.

El recurso de Egeda ante el TC expresa que esa declaración de hechos probados que se repite en las sentencias de este tipo, como las de SeriesYonkis, vulnera su derecho a gozar de una tutela judicial efectiva.

“Quien necesita tutela judicial efectiva y todos los derechos del artículo 24 de la Constitución es nuestro representado”, contesta uno de los abogados de los acusados, Carlos Sánchez Almeida, haciendo referencia a los más de tres lustros que lleva encausado su cliente por crear SeriesYonkis, “que diseñó cuando era estudiante, y por la cual ha sufrido, está sufriendo y sufrirá una pena de banquillo de 16 años”, destaca en su apelación al TC.

“Básicamente, la práctica totalidad de su etapa laboral y familiar ha estado con un juicio amenazando constantemente planes presentes y futuros, con unos gastos mediáticos, mentales, familiares y económicos que desgastarían a cualquier persona. Y frente a tal sufrimiento, una acusación pone en la balanza de la justicia 550 millones de euros imaginarios, invocando el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas jurídicas productoras de obras cinematográficas”, afea.

Un proceso de 16 años que seguirá sumando días a su calendario, puesto que el TC podría tardar varios años en emitir su veredicto final para uno de los casos de piratería más importantes y longevos de la historia.

Los sistemas de Inteligencia Artificial generativa —aquellos capaces de generar contenidos aprendiendo de textos, imágenes o vídeos creados por personas— se encuentran ante una encrucijada legal. Sus desarrolladores han utilizado toda base de datos accesible online para entrenarlos, incluyendo contenidos protegidos por copyright sin pedir permiso ni pagar a los autores.

A OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, esto le ha valido una cascada de demandas de escritores como George R.R. Martin (Canción de Hielo y Fuego) o periódicos como The New York Times. Ahora la compañía reconoce que si tuviera que respetar los derechos de autor para el entrenamiento de su inteligencia artificial, ChatGPT no existiría.

“Dado que hoy en día los derechos de autor cubren prácticamente todo tipo de expresión humana como blogs, fotografías, mensajes en foros, fragmentos de código de software y documentos gubernamentales, sería imposible entrenar los modelos de IA más avanzados sin utilizar materiales protegidos por derechos de autor”, ha declarado OpenAI en una comunicación oficial remitida a la Cámara de los Lores del Reino Unido, que ha abierto una comisión de investigación sobre la cuestión.

“Limitar los datos de entrenamiento a libros de dominio público y dibujos creados hace más de un siglo podría dar lugar a un experimento interesante, pero no proporcionaría sistemas de IA que satisfagan las necesidades actuales”, continúa la startup estadounidense.

Demandas como las del sindicato de escritores estadounidense Authors Gild acusan a OpenAI de “robo sistemático” por utilizar contenidos de sus afiliados sin pedir permiso. Alegan que la startup está ignorando el principio fundamental del copyright, que es ofrecer una protección legal contra el uso no autorizado de la obra de alguien.

The New York Times por su parte demandó tanto a OpenAI como a Microsoft tras encontrar pruebas de que sus inteligencias artificiales generativas “copian y utilizan millones de artículos de noticias protegidos por derechos de autor” en las respuestas que ofrecen a los usuarios. “El uso ilegal del trabajo del Times por parte de los demandados para crear productos de inteligencia artificial que compitan con él amenaza la capacidad del Times para brindar ese servicio”, continúa la cabecera.

OpenAI rechaza que entrenar sistemas como ChatGPT con contenidos protegidos sin pedir permiso a sus autores constituya una violación del copyright, ya que la ley no lo prohíbe específicamente. “Sin embargo, aunque creemos que legalmente la ley de derechos de autor no prohíbe el entrenamiento, también reconocemos que aún queda trabajo por hacer para apoyar y empoderar a los creadores”, afirman en su comunicación a la Cámara de los Lores.

La startup estadounidense asegura que es una de las “líderes del sector a la hora de permitir a los creadores expresar sus preferencias con respecto al uso de sus obras para el entrenamiento de IA”, ya que ha configurado opciones especiales para que los programadores de páginas web y otros servicios digitales puedan indicar a sus robots que no consienten su uso para el entrenamiento de inteligencias artificiales.

Estas herramientas, que fueron habilitadas meses después de que ChatGPT saliera al mercado, ya están siendo usadas por páginas web de todo el mundo para impedir que sus contenidos se usen sin su permiso.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permite a la Comisión de Propiedad Intelectual arbitrar los conflictos entre los medios de comunicación españoles y las tecnológicas que usen sus publicaciones. De esta forma, el Gobierno encarga a este organismo la intermediación entre editores de prensa y servicios digitales cuando estos no puedan acordar un precio por el uso de sus contenidos en Internet, como cuando se distribuyen a través de agregadores de noticias como el de Google o se comparten en redes sociales.

La Comisión de Propiedad Intelectual forma parte del Ministerio de Cultura y es la encargada de realizar los trámites administrativos en la lucha contra la piratería en Internet. Entre sus nuevas competencias, la norma ratificada hoy establece que los medios podrán acudir a este organismo para dirimir las “cuestiones litigiosas” con las tecnológicas antes de abrir un proceso legal en los tribunales.

El real decreto termina de perfilar el nuevo escenario para la relación entre los medios de comunicación y los servicios digitales en España, después de que la reforma de la ley de propiedad intelectual en 2021 permitiera a los editores negociar individualmente el precio de sus publicaciones con las tecnológicas. Ese cambio legal puso fin tras ocho años de bloqueo propiciado por el conocido Canon AEDE, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que provocó la salida de Google News de España y la negativa de los prestadores de servicios digitales a pagar una tarifa unitaria por el uso de los contenidos de prensa.

La negociación individual entre editores y tecnológicas es el camino que han seguido la mayoría de países europeos en la actualización de sus leyes de copyright, como Francia o Italia. Esta actualización de las normas de propiedad intelectual se está produciendo en todo el mundo y en ocasiones está provocando nuevas fricciones entre las grandes tecnológicas y los estados. En Canadá y Australia, por ejemplo, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) ha llegado a vetar que los usuarios publiquen enlaces a publicaciones de prensa en sus servicios al no estar de acuerdo con la remuneración a los editores impuesta en esos países.

El real decreto también pretende “mejorar el cumplimiento de los plazos y la eficacia en la lucha contra la piratería en Internet”, actualizando las capacidades de la Comisión de Propiedad Intelectual. Esta modernización era un compromiso del Gobierno con la UE como parte del plan de recuperación y resiliencia por el que España recibirá 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026.

Kathi Vidal (1968) es subsecretaria de Comercio y directora de la Oficina de Patentes y Comercio de EEUU. Asumió el cargo en abril de 2022, solo unos meses antes de la llegada de las inteligencias artificiales generativas que amenazan con protagonizar la mayor revolución tecnológica desde Internet. Una revolución que obliga a “repensar todo el sistema de patentes”, así como a “explorar” si se deben expandir los derechos de autor a áreas como la voz, a la vista de las denuncias de cantantes y actores de doblaje que acusan a sistemas de inteligencia artificial (IA) de haberles robado sus voces.

Vidal explica la visión de su oficina y los movimientos de la Casa Blanca sobre “los retos y amenazas de la inteligencia artificial” en esta entrevista en exclusiva con elDiario.es, que concede en la residencia de la embajadora estadounidense en España tras una visita al país para reunirse con sus homólogos españoles.

¿En qué han consistido esas reuniones con las autoridades españolas?

Hemos tenido dos reuniones. Una con la Oficina de Propiedad Intelectual y otra con personas que luchan contra la falsificación y la piratería. En la primera reunión, hemos hablado de nuestros objetivos comunes, de lo que estamos intentando solucionar y de cómo podríamos colaborar juntos, no sólo en España sino también en los países latinoamericanos. La mayor parte del trabajo en el que queremos colaborar se divide en tres categorías. Una es la falsificación y la piratería, para encontrar formas de trabajar juntos. No hemos tomado decisiones definitivas, pero queremos asegurarnos de que trabajamos más en el ámbito de la aplicación de la ley y más juntos en el de la educación para desalentar el tipo de comportamiento que da lugar a la compra de productos falsificados o a la piratería. La segunda categoría gira en torno a la mujer, para incorporarlas a las patentes, al ecosistema de la innovación y a la iniciativa empresarial.

Hemos hablado del espacio verde, donde a menudo vemos una desconexión entre dónde inventa la gente y dónde se invierte el dinero

La propiedad intelectual sirve para incentivar la innovación en ese ámbito porque sabes que puedes protegerla y obtener los beneficios de toda la investigación. Pero también se necesita un sistema de propiedad intelectual sólido para que repercuta en la gente, para que la gente invierta en lo que estás haciendo. Por eso también hemos hablado del espacio verde, donde a menudo vemos una desconexión entre dónde inventa la gente y dónde se invierte el dinero. Así que tenemos que encontrar la manera de conectar los puntos porque todos los inventos del mundo no van a importar nada si acaban colgados en la pared o en un cajón. Tenemos que asegurarnos de que la gente inventa las tecnologías que realmente queremos comprar y que los gobiernos y la financiación privada quieren comercializar.

Su campo es uno de los que pueden verse más afectados por las inteligencias artificiales generativas. ¿Cómo lo afronta el Gobierno de EEUU?

La inteligencia artificial es una de las áreas en las que más estamos trabajando en la Casa Blanca y en todo el Gobierno porque es la mayor oportunidad para nuestros países, pero también la mayor amenaza. El presidente Biden ha anunciado que va a haber una orden ejecutiva [una directiva emitida por el presidente de EEUU que tiene fuerza de ley y se aplica a la administración y operaciones del Gobierno federal] sobre IA. También hay que tener en cuenta que los asuntos relacionados con la inteligencia artificial son cuestiones internacionales, no se detienen en las fronteras. Los tenemos que resolver juntos, a nivel internacional.

Los asuntos relacionados con la inteligencia artificial no se detienen en las fronteras. Los tenemos que resolver juntos, a nivel internacional

En términos de IA estamos, por supuesto, centrados en los riesgos y en las oportunidades. Estamos colaborando con la Oficina de Derechos de Autor [que pende de la subsecretaría de Vidal]. Han emitido una solicitud de información y van a hacer un estudio sobre el tema. Se trata de una consulta en la que buscan información del público para que, cuando tomemos decisiones sobre políticas relacionadas con la formación en el uso de material protegido por derechos de autor, contemos con la opinión de las partes interesadas. También hemos tenido consultas con el Congreso. Hemos testificado ante el Congreso de los EEUU en relación con la IA, tanto sobre los derechos de autor como sobre otros tipos de propiedad intelectual, como las patentes. Para hacer política necesitamos tener todos los datos. También trabajamos en todo el mundo. Queremos asegurarnos de que colaboramos con otras oficinas, porque no sirve de nada que uno de nosotros adopte una política si otra oficina en otra parte del mundo adopta una diferente; eso solo provocaría que la gente se mueva a los lugares más beneficiosos y cosas por el estilo.

Muchas de las empresas a las que se está acusando de violar la propiedad intelectual en el entrenamiento de sus inteligencias artificiales son estadounidenses. George R.R. Martin y otros escritores han demandado a los creadores de ChatGPT por “robo sistemático”. ¿Podría explicar la postura del Gobierno estadounidense respecto a esto? ¿Cree que debe haber una compensación para los autores?

Diré que esta es la manera en la que damos forma a una política, así es que primero necesitamos los comentarios. Hemos escuchado opiniones de ambos lados, de las industrias artísticas, de la música, del cine, también de los periódicos. La semana pasada me reuní con directivos de prensa y escuchamos sus comentarios sobre cómo no podrán sobrevivir si sus contenidos se utilizan para crear otros contenidos. Cómo, de repente, los creadores de contenidos originales no tendrán ningún valor y realmente necesitamos a esos creadores de contenidos originales. También escuchamos a algunas de las empresas que entrenan inteligencias artificiales que creen que es un uso justo, ya que la IA hace igual que un humano que podría leer un montón de artículos de periódico y aprender a escribirlos.

Las organizaciones que entrenan inteligencias artificiales creen que hacen un uso justo de los contenidos

Lo que estamos haciendo es (y el Congreso de EEUU también está escuchando diferentes posicionamientos) tratar de averiguar cuál es la política adecuada. Por eso la consulta de la Oficina de Derechos de Autor es tan importante. Queremos saber: ¿hay sistemas que podríamos inventar que funcionen? ¿Hay ideas que se hayan propuesto? ¿Debería haber un sistema de exclusión voluntaria en el que el usuario pueda elegir si quiere que la IA no pueda entrenarse con sus datos? ¿Debería haber un sistema de pago automático? ¿Cómo debería ser ese sistema? Antes de que el Gobierno de EEUU elabore una política, tenemos que conocer todos estos datos.

¿Cuánto tiempo cree que durarán esos trabajos? La falta de regulación está provocando que los implicados empiecen a actuar: ya hay muchas páginas web que están bloqueando la posibilidad de que la IA las lea.

Sabemos que muchos de estos problemas serán resueltos por el sector privado, como el ejemplo que ha dado. Hay soluciones eficientes. Donde estamos trabajando es en saber qué podemos hacer a nivel internacional. Estamos tratando de averiguar dónde debe estar esa política y si la industria puede resolverlo, si se le ocurren soluciones. Por lo general, nos apartamos si a la iniciativa privada se le ocurre una solución eficaz que funcione para todos y no hay necesidad de que el Gobierno actúe. Sabemos que esto es terriblemente importante y que tenemos que movernos lo más rápido posible y al mismo tiempo dar a las partes interesadas tiempo suficiente para exponer su opinión. La mayoría de partes interesadas dicen que necesitan tres meses para dar su opinión. Tenemos que asegurarnos de que tienen la oportunidad de ser muy reflexivos y que podemos dar una respuesta política basada en sus opiniones.

El copyright es un área conocida porque ya existe regulación previa. Pero quería preguntarle sobre otros aspectos como la voz, que no está cubierta por la propiedad intelectual. Ahora los cantantes o actores de doblaje se están encontrando con que la IA puede copiarles la voz y generar nuevas obras sin su intervención o consentimiento. ¿Cree que la propiedad intelectual debería empezar a contemplar elementos como la voz?

Lo estamos explorando. Una parte de los trabajos del Congreso es si debemos crear un nuevo derecho de propiedad intelectual. El sistema actual no está diseñado para las prácticas comerciales que están apareciendo. La industria nos ha dicho que deberíamos centrarnos en esto y tener una ley específica al respecto. Es algo que está estudiando el Congreso. En el ejercicio de mis funciones, asesoro al Congreso en este tipo de asuntos, así que escucharé a las partes interesadas y contribuiré al proceso a medida que reflexionen sobre si deberíamos tener este derecho y cómo sería.

Estamos explorando si debemos crear un nuevo derecho de propiedad intelectual [que incluya aspectos como la voz]

Como asesora del Congreso de EEUU en esta cuestión, ¿cuál es su punto de vista?

Aún no tengo una orientación concreta porque no he escuchado a todas las partes interesadas al respecto. Necesito escuchar a todo el mundo, lo que están experimentando, y luego sacar conclusiones. Algunas personas han lanzado ideas como crear una nueva propiedad intelectual. Ciertamente, si eso termina siendo hacia donde vamos, entonces también queremos trabajar a nivel internacional. Queremos asegurarnos de que todos estamos de acuerdo con los mismos derechos, porque es muy importante que tengamos infraestructuras de propiedad intelectual coherentes, armonizadas y sólidas en todas partes.

¿Cree que los métodos de entrenamiento de las inteligencias artificiales deberían ser transparentes? Es algo que se solicita desde múltiples sectores pero hasta ahora las empresas han ocultado por completo qué materiales utilizan para entrenarlas.

Creemos en la transparencia. Imagino que las posiciones de EEUU sobre algunos de estos temas se darán a conocer en la orden ejecutiva del presidente Biden. Esa orden ejecutiva articulará los pensamientos y políticas de la administración en torno a la inteligencia artificial (IA). En términos de transparencia, estoy de acuerdo con usted, pero no tenemos una posición final hasta que escuchemos a las partes interesadas.

¿Cómo cree que la inteligencia artificial va a afectar al sistema de patentes?

Sobre las patentes, solo voy a decir que es realmente importante que nos replanteemos todo el sistema, porque lo primero que tenemos que pensar es en la invención. Hemos decidido que la IA no puede ser inventora, que no vamos a conceder patentes cuando sea la IA la que cree la invención. Lo que ahora tenemos que hacer es elaborar una política sobre cuánta intervención humana y qué tipo de trabajo humano se necesita para que podamos conceder una patente. Sabemos que otros países también están pensando en este tipo de cuestiones. Hay otros temas como los requisitos para obtener una patente. Esto cambia cuando se piensa en la IA. Estamos revisando toda la infraestructura de patentes. El sistema de propiedad intelectual está destinado a incentivar la innovación, pero no queremos bloquear innecesariamente la innovación.

Tenemos que elaborar una política sobre cuánta intervención humana y qué tipo de trabajo humano se necesita para que podamos conceder una patente

Así que si tenemos un sistema en el que patentamos demasiado, entonces no estamos animando a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas a innovar. Tenemos que encontrar el equilibrio y asegurarnos de que tenemos un sistema lo suficientemente fuerte como para que la gente siga queriendo participar en la innovación. Que sigan queriendo obtener patentes, ingresos e inversiones para que sus innovaciones tengan impacto.

¿Cómo podrían detectar hasta qué punto una patente tiene intervención humana o es obra de inteligencia artificial? ¿No sería algo fácilmente falsificable?

Estamos pensando en ello. Tenemos ciertos requisitos en nuestra oficina, como la firma de documentos que dan fe, y estamos estudiando los requisitos y las implicaciones de actuar bajo juramento. Estamos tratando de resolverlo porque nos damos cuenta de que podría haber abusos. Por eso, cuando elaboramos la política, siempre pensamos en qué necesitamos para asegurarnos de que, cuando decimos que esto es ser inventor, la gente está haciendo lo correcto y que es posible para nosotros y el público saber si alguien no ha hecho lo correcto.

¿Cómo está afectando la tensión con China en este sentido?

En lo que respecta al trabajo con China, diré que es un trabajo que está llevando a cabo el Gobierno estadounidense en su conjunto. Nuestro papel, el de la Oficina de Patentes y Marcas, es trabajar con nuestra agencia homóloga china y mantener debates abiertos sobre lo que ven nuestras partes interesadas. En la medida en que estamos de acuerdo y podemos trabajar juntos, intentamos hacerlo. Pero no puedo referirme a las ideas generales del Gobierno estadounidense sobre ningún aspecto concreto de nuestras interacciones con China, porque son delicadas y complicadas. No hay una respuesta fácil.

El 17 de junio de 2015 la Policía Nacional se personó en las oficinas de Series.ly, la página de enlaces de descarga de series y películas más popular de aquel momento. Los agentes registraron las instalaciones y después detuvieron a los tres administradores de la web por delitos contra la propiedad intelectual. Siete años después fueron absueltos en primera instancia. Ahora la Audiencia Provincial de Barcelona ha vuelto a desestimar el recurso contra ellos y destaca que buena parte de las pruebas que los exculpan provienen precisamente de aquel registro del año 2015, recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los magistrados respaldan la argumentación de la jueza de Sabadell que desestimó la demanda inicial de la agrupación de las productoras de cine estadounidenses, Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional). Se trata de la misma motivación que se repite en los tribunales que dirimen las acusaciones contra las páginas de descargas que operaron antes de 2015: el enlace a webs de terceros que permitían el acceso a contenidos con copyright no era delito antes del 1 de junio de ese año, cuando entró en vigor una reforma de la ley de propiedad intelectual que tipificó esta actividad.

Cuando eso ocurrió, ya no había enlaces de descarga en Series.ly. Sus administradores, explica la sentencia, “habían decidido, ante las reformas legislativas que estaban previstas, eliminar los enlaces que resultaban sospechosos de vulnerar los derechos de propiedad intelectual en diciembre de 2014”.

Las evidencias de esta conducta se encontraron durante el registro de sus ordenadores previo a su detención. La perito del Cuerpo Nacional de Policía que analizó el material incautado halló una serie de comunicaciones de los gestores de Series.ly con su abogado en las que este les recomendaba eliminar los enlaces que pudieran llevar a webs de descarga antes de que se modificara la ley, como finalmente ocurrió.

Colaboración con los titulares de derechos

Además, la perito localizó “incluso correos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual donde les pedían que retiraran determinados enlaces, cosa que hicieron”, destacan los magistrados. Es decir, se produjo una colaboración con las productoras para retirar enlaces de descarga cuando estas lo solicitaron. En la práctica, los magistrados reflejan que no se puede condenar a los gestores de Series.ly por albergar enlaces por lo mismo que no se puede condenar a Mark Zuckerberg cuando se detecta un contenido ilegal en Facebook. Su obligación legal es eliminarlo “con diligencia” y “cuando tengan conocimiento efectivo” de su presencia en la web.

Series.ly fue de hecho la página de enlaces con más usuarios de la última era de este tipo de webs por contener elementos de red social. Los usuarios podían invitar a otras personas a unirse y configurar apartados de “noticias, calendario, amigos, catálogo, noticias o juegos”. Algunas de sus herramientas se vieron después en los servicios de streaming que hoy pagan millones de usuarios por todo el mundo.

“Resulta paradójico que la entrada y registro que tanto se publicitó en prensa como un 'golpe a la piratería' haya sido sin embargo la principal prueba para la absolución”, destaca el abogado defensor, David Bravo. “Los documentos incautados eran precisamente dictámenes jurídicos del letrado de la web para mantener su actividad en la legalidad, correos electrónicos con las productoras para eliminar los enlaces que les reportaban e incluso correos internos entre los administradores que decían que tenían que adaptarse a las nuevas leyes ”por retrógradas que sean“. Es más, se hallaron conversaciones de los administradores implantando un sistema para premiar a los usuarios que enviaran enlaces a sitios como Filmin o Netflix. Ni yo como defensa habría podido aportar prueba más contundente”, destaca.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona puede ser recurrida por Adivan mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Contactada por elDiario.es, la asociación se ha negado a adelantar si pretende interponerlo. “Tenemos por costumbre en ADIVAN no opinar los casos que no han terminado, como este”, ha explicado su presidente, Santiago Mediano. Técnicamente, el proceso sí habría concluido si Adivan decide no llevar el caso al Supremo.

El caso de Series.ly se zanjaría así con la misma resolución que el de Series Yonkis, el de Elitedivx o el de bajandoxvid.net. Este último se cerró hace dos semanas en la Audiencia Provincial de Tenerife con una absolución que acabó con 16 años de proceso penal para los acusados. Los abogados especialistas en este tipo de causas denuncian que, aunque las productoras saben que sus demandas previas a 2015 acabarán en la absolución, buscan una “pena de banquillo” para los acusados.

Series Yonkis, Series Pepito, Elitedivx, Series.ly. Las páginas de descargas de series y películas fueron un elemento característico de Internet español desde mediados de la década de los 2000. Su truco era sencillo: los contenidos no estaban disponibles directamente en sus webs, sino que estas enlazaban a páginas de terceros desde las que sí era posible verlos o descargarlos. Una estrategia que les sirvió para evitar a la justicia hasta el 1 de junio de 2015, cuando entró en vigor una reforma de la ley de propiedad intelectual que tipificaba expresamente como delito el enlace a contenidos protegidos.

Esa es la teoría, que han ido refrendando los tribunales. La realidad es que los responsables de estas páginas han enfrentado larguísimos procesos judiciales que terminan con absoluciones, pero que implican penas de banquillo que llegan a durar hasta 16 años. Es lo que le ha ocurrido a los dos administradores de bajandoxvid.net, absueltos esta semana por la Audiencia Provincial de Tenerife tras ser denunciados en 2007 por la organización que agrupa a las productoras de cine estadounidenses, hoy llamada Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional).

Uno de los responsables de bajandoxvid.net era menor de edad en el momento en el que se interpuso la denuncia, con lo que se ha pasado casi la mitad de su vida encausado. El final de su proceso judicial ha sido el habitual en este tipo de causas: los magistrados han fallado que no puede condenarse a los acusados por una actividad que no estaba penada en el momento en el que se produjo. De 2007 a 2009, cuando estuvo activa bajandoxvid.net, no era delito enlazar contenidos protegidos.

En el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia Provincial de Tenerife ha afeado además a los demandantes —y al Juzgado de lo Penal que condenó a los acusados en primera instancia— el hecho de no especificar las obras que presuntamente habrían sido reproducidas sin permiso de las productoras. Estos se limitaron a citar que bajandoxvid.net “contenía un listado de 500 títulos, todos ellos protegidos”, pero solo mencionaban uno: “Harry Potter y la orden del Fenix, la cual fue estrenada por su titular legal de explotación Warner Bros. el 11 de junio de 2007 y que unos días más tarde era posible descargar a través de los enlaces facilitados por los acusados”.

“Esa falta de concreción de la sentencia apelada afectaría a uno de los elementos esenciales del delito por el que se condena a los acusados, que requeriría concretar mínimamente cuáles eran las obras objeto del delito a las que se daba a los usuarios acceso no autorizado por los titulares de los derechos de autor”, destaca el fallo. De ser piratas, los acusados lo habrían sido solo de esa película de Harry Potter, la única obra citada en su condena, explican los magistrados antes de declarar su absolución.

Todavía no ha acabado

Los gestores de bajandoxvid.net podrían tener que añadir aún un capítulo más a su historia judicial. Adivan podría recurrir el fallo de la Audiencia Provincial de Tenerife ante el Tribunal Constitucional. elDiario.es ha contactado con la asociación que representa los intereses de las discográficas, que se ha negado a revelar si pretende hacerlo: “No tengo nada que comentar en este asunto, como es nuestra costumbre cuando están sub iudice”, ha declarado Santiago Mediano, presidente de Adivan. La locución latina sub iudice hace referencia a los procesos que están pendientes de resolución judicial, aunque el caso de bajandoxvid.net acaba de ser resuelto con la absolución de los acusados.

Adivan también se ha negado a aclarar si ha presentado recurso ante el Constitucional en el proceso contra Series Yonkis, la mayor web de enlaces de descargas de España en el periodo anterior a 2015. Sus gestores fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Murcia en 2021; al igual que los de EliteDivX, unos meses después. Ambos permanecieron abiertos 14 años. Hoy no está claro que se hayan cerrado, puesto que Adivan no ha querido desvelar a este medio si ha acudido a la vía extraordinaria del TC. Sí ha dado el paso necesario para hacerlo, que es presentar un recurso de nulidad en ambos procesos, que ha sido desestimado.

Lo de menos es conseguir condenas, lo que les importa es generar miedo y sufrimiento con la pena de banquillo

Carlos Sánchez Almeida — abogador defensor de bajandoxvid.net, Series Yonkis y Elitedivx

“La industria del entretenimiento utiliza el proceso penal por piratería como propaganda”, denuncia Carlos Sánchez Almeida, abogado defensor en las tres causas citadas. “Lo de menos es conseguir condenas, lo que les importa es generar miedo y sufrimiento con la pena de banquillo. No impulsan los procesos, lo que les importa es tener el máximo número posible de gente acusada para generar escarmiento. Se trata de un abuso sistemático de nuestra Administración de Justicia, que no trabaja en estos casos para autores españoles, sino para la industria de Hollywood”, afirma el letrado a elDiario.es.

Otros casos de la era de los enlaces siguen abiertos. Esperando a la resolución de la segunda instancia (que emitirá la Audiencia Provincial de Barcelona) se encuentran los gestores de Series.ly, absueltos en primer término por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sabadell en octubre de 2022. La argumentación de la jueza, la ya conocida: enlazar no era delito antes de 2015. Pese a ello, las productoras recurrieron. ¿Por qué? “Porque no les cuesta nada”, contesta David Bravo, su letrado.

Recurrir les sale gratis. Si les dan la razón, pues tanto mejor. Si no, al menos han mantenido a los acusados en un limbo de ansiedad y una pena de banquillo que ya es una condena en sí misma

David Bravo — abogado especialista en propiedad intelectual

“En la vía penal no hay condena en costas para la acusación particular salvo temeridad, algo que nunca he visto aplicar ni en los casos más temerarios”, continúa en conversación con este medio. “Todo lo que sea recurrir les sale gratis para sus abogados en nómina porque no tiene repercusiones. Y si además suena la flauta y les dan la razón, pues tanto mejor. Si no se la dan, al menos han mantenido a los acusados en un limbo de ansiedad y una pena de banquillo que ya es una condena en sí misma”, coincide con su colega. En este caso la acusación particular pide cuatro años de prisión, una multa de 20 meses a razón de 20 euros diarios y 195.735'35 euros de indemnización.

El último proceso abierto es el de Series Pepito, en el que el juez de instrucción ha ordenado el embargo de los bienes de sus dos gestores. La acusación pide además siete años de prisión. También se han embargado los bienes de tres trabajadores de una empresa que crearon para administrar páginas web y que se encargaba del citado portal de descargas y de docenas de clientes más, ya que se les reclama más de un millón de euros de indemnización. La policía los acusa a todos de formar parte de una organización criminal.

En pocos años, los electrodomésticos no cocinarán alimentos que no hayan sido procesados por su empresa, existirán superhéroes que quieran hacer el bien y los magnates se prepararán para el colapso, mientras la gente corriente busca soluciones en Internet ante la negativa de los seguros a pagar tratamientos médicos. ¿Alguien se atreverá a 'hackear' su horno? ¿Las intenciones honrosas traerán resultados positivos? Estos son los puntos de partida de los cuatro cuentos que conforman el libro 'Radicalizado' (Capitán Swing, 2022), escrito por el periodista y novelista canadiense Cory Doctorow. Son cuatro distopías que están mucho más cerca de lo que parece.

Su libro presenta distopías a partir de elementos muy cotidianos, como electrodomésticos, en lugar de hablar de robots o tecnologías difíciles de imaginar. ¿Por qué?

El primer cuento es una historia de ficción, pero la situación que describe, en la que es imposible usar productos no autorizados en tus electrodomésticos, no solo es algo que puede conectar con la gente, sino que también es una posibilidad real. En 2001 se aprobó el artículo seis de la directiva del Copyright, que establece una protección anticopias que ha provocado que haya productos como CD's que no se pueden reproducir en ciertos dispositivos de otra marca distinta a la que los ha fabricado. Esto causó mucha polémica porque ponía sobre la mesa unos peligros claros.

¿Qué riesgos tiene el Copyright?

Durante muchos años, hemos pensado que las potencialidades y los peligros de Internet eran abstractos. Pero no lo son y en un futuro próximo se notará que son muy reales. Tendríamos que haber lidiado con ellos antes porque ya vulneran derechos fundamentales. En Estados Unidos hay policías que, cuando cometen violencia policial, sacan sus teléfonos y reproducen canciones de Taylor Swift para que, si alguien los graba, el filtro de derechos de autor no permita la publicación de los vídeos en redes. Con mi libro pretendo despertar a la gente, combinar el debate político abstracto con una ficción narrativa que llegue al lector.

El primer cuento pone en jaque la comida, que es algo muy real y fácil de entender.

Escribí una columna para 'The Guardian' llamada 'Si los lavavajillas fueran iPhones' y emulaba una carta de un directivo de una compañía de lavavajillas que explicaba a sus clientes que ya no podrían lavar sus platos en sus propios electrodomésticos, sino que tendrían que comprar el menaje de la empresa. “¿Cómo podemos garantizar la máxima calidad del servicio si te dedicas a comprar platos a otras empresas? Si algo sale mal, podrías morir. ¿No quieres asegurarte de que los creadores del plato son pagados por su obra?”, decía el directivo. Son argumentos estúpidos, pero son los mismos que usa Apple. En un futuro, nuestro enemigo se parecerá más a una licencia de Apple que a Terminator, pero nadie se queja.

Sí hay gente que se queja.

Sí, quizás. Pero la mayoría acaba diciendo que, si no te gustan las políticas de Apple, no compres un iPhone. Pero nadie reivindica el hecho de que si te compras un iPhone, debería ser tu iPhone, no el iPhone de Apple. Nadie te debería decir cómo usarlo. Nos dicen que nos ponen estas normas para protegernos como consumidores, pero lo que hacen es cubrir sus propias espaldas y las de sus inversores. Estas políticas empresariales, contra las que no está luchando ningún gobierno, son un caballo de Troya. Nos engañan con sus preciosos rectángulos de vidrio, coches o altavoces inteligentes. Lo peor es que el pueblo es cómplice y víctima a la vez. Parece una inevitabilidad histórica que esos aparatos acaben controlándonos.

No hay peor estrategia que decirle a la gente que debe dejar las redes sociales

¿Por qué entonces cree que la gente sigue fiel a estas empresas?

Porque nos gustan los servicios que ofrecen. Si seguimos en Instagram o Facebook no es porque nos guste Mark Zuckerberg, sino porque nuestros amigos están ahí. Estas redes sociales están diseñadas de tal manera que, si las abandonas, abandonas también a tus amigos, que siguen haciendo su vida en ellas. La gente prefiere seguir hablando con su familia, viendo fotos graciosas de animales y jugando a videojuegos, tratando de no pensar demasiado en que estas compañías están arruinando nuestras vidas. Por eso creo que no hay peor estrategia que decirle a la gente que debe dejar las redes sociales porque no hay peor estrategia que decir a la gente que no debería gustarle lo que en realidad sí le gusta.

¿Cuál sería una buena estrategia?

La clave se encuentra en el colectivo y en la forma de conseguir un movimiento de masas, juntando diversas preocupaciones que, aunque aparentemente sean inconexas, estén bajo el mismo paraguas. Es como con el ecologismo: ¿qué tiene que ver mi preocupación por los búhos con la tuya por la capa de ozono? Aparentemente nada, pero realmente todo. Pues con la oposición al monopolio y al poder corporativo es lo mismo.

Si compras unas gafas, es posible que tengas la sensación de poder elegir entre marcas, pero muchas de ellas son propiedad de la misma empresa que, además, también es dueña de las aseguradoras ópticas. Por eso, hay que conseguir juntar a quienes están enfadados porque sus gafas se han encarecido un 1.000% con los que están molestos porque todas las cervezas saben igual, ya que las fabrica la misma empresa. Cuando se unan, tendremos un movimiento. Y para conseguir unir la frustración y la indignación de la gente, Internet es una gran herramienta.

Sí, pero puede salirse de madre. En el segundo cuento del libro, un grupo de víctimas del sistema de salud norteamericano se une contra la injusticia, pero no acaba bien.

La radicalización no es culpa de Internet. Un buen argumento te puede hacer cambiar de idea, pero tiene que venir acompañado de un cambio en tus circunstancias materiales que haga de palanca. La primavera árabe explotó en medio de una crisis alimentaria. Nadie diría que la región no quería la libertad antes de la revolución, pero sus condiciones materiales cambiaron tanto que les llevaron a materializar sus ideas de cambio. La gente tiene muchas ideas, buenas y malas, pero no son importantes hasta que algo a su alrededor hace 'click'.

En todo esto, Internet simplemente es una herramienta genial para que las ideologías lleguen a gente que es susceptible a ellas. Porque no debemos olvidar que Internet forma parte de un monopolio que se beneficia de estas condiciones materiales que nos oprimen y que hacen que la gente estalle.

El proceso de radicalización que describe recuerda a los que se dan en foros de extrema derecha o de jóvenes 'incels'. En cambio, quienes se radicalizan en su libro son víctimas del sistema sanitario. Es fácil empatizar con ellos y, casi, con sus métodos. ¿Buscaba relativizar la gravedad del uso de la violencia o de la radicalización?

La verdad es que cuando escribí esta historia pensaba en los 'incels'. Los foros de Internet pueden ser de gran ayuda para gente que tiene un problema que no sabe cómo resolver. Ahí te encuentras con iguales y te acompañas y, cuando descubres cómo resolver tu malestar, dejas de necesitar este espacio y te vas. A medida que pasa el tiempo, en los foros de Internet solo queda gente incapaz de resolver sus problemas. Y empiezan a tener las peores ideas sobre cómo solucionarlo. Esto es lo que pasa con mi novela y también con los 'incels', que se retroalimentan de manera muy tóxica. Mi idea no era relativizar la violencia, sino mostrar que este sistema hace que todos, no solo malas personas, seamos susceptibles de caer en las redes de la radicalización.

En la novela plantea el debate de si la policía debería tener acceso a estos foros para evitar el riesgo de terrorismo ¿Qué pesa más, el derecho a la intimidad o la seguridad nacional?

Después de los atentados del 11M, fui a un debate en que el Ministerio de Defensa decía que para mantener a la gente segura debíamos espiarlo todo. Pero eso es lo que pasaba con Franco. Si lo hace una dictadura es fascismo, pero si lo hace una democracia, es prevención. Creo que privacidad y seguridad nacional son un binomio falso. Esos espacios se tienen que vigilar, pero no es el Estado quien tiene que hacerlo, sino la misma ciudadanía. Pero eso solo funcionará si somos capaces de crear una sociedad en la que valga la pena vivir, que genere un sentimiento de responsabilidad compartido.

Ahora mismo vivimos en islas, no en sociedad. Creemos que solo podemos resolver nuestros problemas como individuos, aunque sea una estrategia que nos llevará a la extinción. Lo vemos con las personas que se niegan a vacunarse: son incubadoras de nuevas variantes que nos enfermarán a los demás. Actuar solos nos matará a todos. Eso es algo sobre lo que intenté profundizar en el cuarto cuento del libro.

A medida que pasa el tiempo, en los foros de Internet solo queda gente incapaz de resolver sus problemas

En ese cuento habla de un preparacionista, una persona que se prepara activamente para un colapso haciendo acopio de enseres y alimentos. Fue algo que escribió antes de la pandemia y de que se popularizara este movimiento. ¿Ahora lo habría escrito distinto?

Hay algo que me quedó claro tras la COVID-19: hay gente que actúa en base a una fantasía en la que el mundo la necesita. Hay un preparacionista en el oeste de Estados Unidos que está listo para cuando los terroristas envenenen el agua. No hay ninguna razón para pensar que eso pueda pasar, pero si pasa, él salvará la humanidad. Hay algo muy gracioso en ver cómo la gente rica se prepara para el fin del mundo. Hablamos de personas que son buenas invirtiendo en bolsa o evadiendo impuestos. ¿En qué mundo postapocalíptico podría ser eso útil? No entienden que lo que los hace poderosos hoy no les serviría de nada en el fin del mundo. Lo que resultaría útil es la combinación de diversas personas, algo que se vio durante la pandemia. ¿De qué nos sirve un inversor, incluso un policía, si no tenemos basureros o maestros?

De hecho, todos los personajes de su novela que actúan de forma individual acaban bastante mal...

Bueno, hablamos de personajes que, de tanto querer ser héroes, se convierten en villanos. Es gente que cree que las catástrofes suceden por una degradación de la moral social y, en lugar de cooperar, prefiere ir por su cuenta. Y, claro, sale muy mal.

El héroe que, de tanto intentar ser héroe, acaba empeorando las cosas es el protagonista de su tercer cuento.

Esa historia está basada en Superman, que a su vez está influenciada por una historia creada por los judíos poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Al ver cómo estaba creciendo el fascismo al otro lado del continente, se les contaba un cuento a los niños israelíes sobre un 'gólem' inmigrante que llegaba a Europa y resolvía el problema de los nazis a golpes. Por supuesto, no fue así como nos deshicimos del fascismo: fue gracias a uno de las mayores acciones de resistencia colectiva de la historia. Pero, en lugar de eso, la cultura pop prefirió eludir la fuerza de lo común y centrarse en imaginar un solo hombre golpeando a suficientes nazis.

Al igual que Superman, su superhéroe es migrante. Viene de otro planeta. Uno de los personajes le recuerda que la sociedad blanca solo lo aceptará como uno de ellos mientras les resulte útil.

He intentado profundizar en la contingencia de la 'blanquitud'. Cuando mi padre vino a Estados Unidos como refugiado judío, fue objeto de insultos y violencia racista. Pero hoy es blanco, igual que yo. Hay una rama del judaísmo reaccionario que ha olvidado este pasado reciente y se ha aliado con los supremacistas blancos, generando un 'lobby' muy peligroso que da carta blanca para que Israel cometa su propia violencia racista. Cuando Israel deje de interesar a ciertos sectores del poder blanco, volverán a tirar a los judíos por la borda.

Nuestra solidaridad debería estar con las personas racializadas, no con la supremacía. Por principios, pero también por supervivencia. No tiene sentido rendir lealtad a quien te odia. Al final, el libro es un repaso a todos los comportamientos y actitudes estúpidas que tenemos los seres humanos y que pueden acabar con nuestra existencia sin que nos demos ni cuenta.  

La gran campaña de demandas de 2014 y 2015 contra los gestores de páginas de descargas, muchos de los cuales fueron detenidos, se está saldando con una cascada de absoluciones. Así ha ocurrido con Series Yonkis y también con los administradores de la popular Series.ly, que fueron arrestados por un delito contra la propiedad intelectual y ocho años después han quedado libres de todo cargo por la jueza.

El argumento legal está siendo el mismo en todos los casos: la gestión de webs que enlazaban a páginas donde se podían descargar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor no fue delito hasta 2015. Ese año se sentó jurisprudencia sobre la ilegalidad de esta actividad, pero no con carácter retroactivo.

“Los hechos declarados probados no son legalmente constitutivos de un delito de propiedad intelectual” que estuviera “vigente en el momento de los hechos”, zanja la sentencia absolutoria sobre Series.ly, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Antes de su reforma, la ley de copyright perseguía la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública de obras protegidas; pero no el enlace a través de hipervínculos a otras webs que lo hicieran.

“El hecho de que el legislador haya añadido de manera expresa la conducta que es objeto del presente procedimiento, con posterioridad, indica, tal y como expuso la defensa, que, con anterioridad, dicha conducta no era típica penalmente”, argumenta la jueza. El enlace a contenidos protegidos se constituyó como “un nuevo delito” que “encaja perfectamente en la conducta de los acusados”, pero que ya no estaban cometiendo cuando entró en vigor.

“Los acusados, ante las reformas legislativas que estaban previstas, decidieron eliminar los enlaces que resultaran sospechosos de vulneración de propiedad intelectual en diciembre del año 2014”, recuerda la magistrada, titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sabadell.

Series.ly llegó a tener más de cuatro millones de usuarios y a percibir unos ingresos aproximados de 638.000 euros solo en publicidad. La acusación, ejercida por la 20th Century Fox a través de Adivan (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional) pedía cuatro años de prisión para los acusados y una indemnización de 195.735 euros. El Ministerio Fiscal apoyaba su condena, aunque rebajaba la pena de cárcel a dos años y seis meses.

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial de Barcelona. elDiario.es se ha puesto en contacto con 20th Century Fox para añadir su posición a esta información y saber si planea interponer recurso contra el fallo, pero todavía no ha recibido respuesta.

Como recogen los hechos probados, Series.ly iba más allá del enlace de descargas y y tenía funcionalidades propias de una red social. “Daban la posibilidad al usuario de organizar su contenido favorito, así como otros servicios como ”Mis Series“, ”Calendario“, ”Amigos“ (...) y un buscador”, recoge el texto. Fue una de las webs más populares para consumir contenidos audiovisuales antes de la popularización de las plataformas de streaming e incorporó numerosas herramientas que luego serían asumidas por esta nueva generación de servicios.

El abogado encargado de la defensa de los acusados, David Bravo, ha recalcado a elDiario.es que estos actuaron para mantenerse dentro de la ley en todo momento. “La Policía requisó todos los correos electrónicos que se intercambiaban entre los acusados y los de los de los acusados con su abogado. En estos correos internos se decía que se adaptarían a lo que dijera la ley en cada momento por retrógrada que les pareciera, como finalmente hicieron retirando los enlaces con la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual”, ha manifestado.

“El policía que revisó los correos declaró que los acusados estaban permanente asesorados, que hablaban entre ellos de cumplir siempre lo que dijera la ley e incluso ratificó que cualquier reclamación que recibían para retirar algún enlace la cumplían inmediatamente”, recuerda Bravo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que el pago de un canon de derechos de autor en las compras de equipos electrónicos capaces de hacer y reproducir copias privadas es acorde a la legislación comunitaria. En una sentencia publicada este jueves, el máximo órgano jurisdiccional europeo respalda esta medida de compensación a los titulares de derechos de autor, así como que los fabricantes repercutan el sobrecoste a los distribuidores y estos a los consumidores finales.

La decisión del TJUE consolida una regulación que ha pasado más de tres lustros entre vaivenes políticos y judiciales. El actual canon por copia privada fue revivido en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Supremo y el TJUE tumbaran el anterior método de compensación de copyright, que se hacía con cargo al Estado. Se trata de una tasa que se aplica a los equipos electrónicos y soportes que puedan producir, almacenar o reproducir copias de cualquier tipo de contenido protegido, como vídeos, archivos de música o imágenes.

La anterior fórmula que sufragaban las arcas públicas fue obra también del primer Gobierno de Rajoy, que cambió el método de compensación a cargo de los consumidores aprobado entre gran polémica en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, al considerarlo “arbitrario e injusto”. Cuando la justicia tumbó que el Estado se hiciera cargo del pago, el PP diseñó una retribución por copia privada que emulaba la norma socialista que había derogado seis años antes.

Fue entonces cuando la patronal Ametic (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales) llevó el nuevo canon al Tribunal Supremo. El órgano español derivó la cuestión al TJUE, que ha resuelto a favor del Estado este jueves, rechazando los argumentos de Ametic.

Una de las cuestiones sobre las que el Supremo interrogaba a los jueces comunitarios es el papel en el cobro del canon de Egeda, una entidad controlada por las entidades de gestión de derechos de autor. Esta organización también es la que decide sobre las peticiones de exceptuaciones en el pago de la tasa, a las que la ley da derecho a aquellos ciudadanos y empresas que demuestren que el aparato electrónico que han adquirido va a tener un uso exclusivamente profesional.

Sobre esto, el TJUE declara que no contraviene la legislación comunitaria siempre que los certificados de excepción del pago y los reembolsos lleguen en plazos predefinidos y bajo criterios objetivos. Además, estas decisiones deben poder ser recurridas ante una instancia independiente en caso de que Egeda las deniegue, algo que ocurre en el canon español a juicio de los magistrados comunitarios.

El TJUE añade que todo el proceso, tanto en el cobro como en las excepciones, debe ser transparente. Las empresas y ciudadanos deben tener la posibilidad de solicitar a Egeda la información que les permita comprobar que se está cumpliendo la ley y que las compensaciones son las adecuadas. El órgano europeo señala que aunque parece que el canon por copia privada español respeta este principio, corresponde al Tribunal Supremo comprobar que sea así.

Google News vuelve a estar activo en España. Ocho años después de echar el cierre por la negativa de la multinacional a satisfacer los requerimientos que le imponía una renovación de la ley de propiedad intelectual del Gobierno de Mariano Rajoy, un nuevo cambio en las normas de copyright permite el relanzamiento del popular agregador de noticias.

El nuevo servicio incluye la recomendación de informaciones personalizada para cada usuario, pero también una sección de “noticias destacadas” con las historias más importantes del día. Esta “no está personalizada en función del lector o de su ubicación” sino destinada a “facilitar mantenerse al tanto” de la actualidad diaria.

El nuevo Google News también permite seguir determinados “temas”, “fuentes” o “ubicaciones” para crear una portada de noticias en función de los intereses marcados. Provendrán de medios de comunicación de todos los tamaños, tanto de ámbito nacional como local, explica la compañía. Los enlaces llevan directamente a la página oficial de cada medio.

La identificación clara de la fuente de cada noticia es una de las herramientas más útiles para combatir la desinformación, recuerda Google. La estrategia se apoya en otra de las novedades: la presencia de desmentidos de bulos y otros contenidos verificados por agencias especializadas.

La multinacional ha adelantado que en los próximos días lanzará una aplicación específica de Google News para dispositivos Android e iOS. El conjunto permitirá al usuario aumentar la cobertura sobre temas específicos con enlaces a cuentas de Twitter directamente implicadas en la información o noticias centradas en las cifras y gráficos.

“Estamos ayudando a los lectores a descubrir más fácilmente el panorama general de lo que está sucediendo a su alrededor. Eso incluye encontrar más historias locales, entender los temas de las noticias de última hora del día a nivel nacional y mundial y ver qué historias han sido verificadas por organizaciones independientes”, explica Fuencisla Clemares, vicepresidenta de Google para España y Portugal.

Cambio legal

“Tras un paréntesis de casi ocho años, Google News vuelve a España. Esto es gracias a una ley de derechos de autor actualizada que permite a los medios de comunicación españoles, grandes y pequeños, tomar sus propias decisiones sobre cómo se puede descubrir y monetizar su contenido”, ha destacado Clemares.

La actualización de las normas de copyright ha llegado a través de la trasposición de una directiva europea, aprobada por el Congreso el pasado diciembre. El aspecto clave ha sido la posibilidad de que los medios de comunicación negocien de forma independiente con Google cómo se les remunera por el uso de sus noticias en el agregador. El cambio de la ley de copyright de 2014 promovido por el exministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert obligaba a los medios a cobrar una tasa a Google News, aunque no quisieran hacerlo.

La tasa se conoció como canon AEDE y los medios tampoco podían decidir su importe. Al contrario, esta lo establecía una asociación llamada Cedro, que actuaba como una SGAE de la prensa. La multinacional estadounidense argumentó que Google News no tenía ingresos propios puesto que es un servicio que no incluía publicidad, por lo que se negó a sufragar el unilateral canon AEDE y pidió negociar por separado con cada medio.

La negativa del Gobierno provocó que la multinacional decidiera cerrar Google News en España. Su desaparición supuso una caída media del 10% de las visitas de los medios de comunicación, según los datos de la compañía. Este descenso fue más pronunciado en las redacciones más pequeñas.

“Hacer que sea más fácil para los lectores encontrar las noticias que buscan no solo beneficia a los lectores, sino que también ayuda a los editores. Google News dirige a los lectores a los sitios web de los editores cuando hacen clic en los enlaces, lo que ayuda a dirigir el tráfico a su contenido, donde pueden mostrar anuncios e incentivar a los lectores a suscribirse”, ha recordado Clemares.

En este sentido, la multinacional ha adelantado que trabaja para traer a España “a la mayor brevedad” otro servicio de agregación de noticias, Google News Showcase. Este está centrado en los contenidos bajo suscripción y pretende ofrecer una mayor profundización en la información a sus usuarios. A su vez, también quiere ofrecer facilidades a los medios para que los nuevos lectores se suscriban y apoyen su periodismo.

A un lado del banquillo está Prince, de cuerpo entero y fotografiado en blanco y negro. En el lado contrario está el mismo rostro de Prince, pero serigrafiado y pintado de colores. Lo primero es una fotografía del músico realizada en 1981 por Lynn Goldsmith y lo segundo es una obra de Andy Warhol. La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá en los próximos días si el artista pop plagió a la fotógrafa, como defiende ella, o si se trata de una pieza de arte independiente. El debate está servido.

La obra de Warhol es un ejemplo de arte apropiacionista. Una forma de creación que usa como base la obra de un tercero para dotarla de un nuevo significado o contexto. Además, en muchos casos se renuncia a pedir permiso al autor original o incluso a informarle. Es lo que en la cultura anglosajona se denomina fair use. Cuando el artista lo descubre tiene dos opciones: aceptar que el arte contemporáneo se inspira y transforma una realidad existente o denunciarlo por plagio. Lynn Goldsmith optó por esto último, pero no es un procedimiento sencillo.

El caso Goldsmith contra Warhol ha dado bandazos de tribunal en tribunal mediante fallos contradictorios hasta llegar a la Corte Suprema, que intentará descifrar la gran pregunta: ¿cuándo se convierte el apropiacionismo en robo?

“El arte siempre es apropiacionista porque consiste en aprovecharse de la belleza de un tercero. A la fotógrafa también se le puede decir que se estaba apropiando de la belleza de Prince. Es imposible establecer una frontera”, defiende Gabriel García, director de CVLTO, un estudio de diseño dedicado a proyectos culturales underground. “Coger la obra de otros, siempre y cuando no la calques y la quieras hacer tuya, hace que la rueda del arte siga girando”. Curiosamente, ante la petición para usar una foto de la serie de Prince que ilustrase este artículo, la fundación Andy Warhol ha permanecido en silencio.

Goldsmith contra Warhol

Todo empezó con el encargo de la revista Newsweek a Lynn Goldsmith para que fotografiase a Prince en 1981, un retrato que nunca vio la luz. Tres años más tarde, la revista Vanity Fair adquirió los derechos de esa imagen por 400 dólares para que Warhol diseñara una de sus portadas. Hasta ahí todo en orden.

El problema llegó en 2016, cuando con el motivo de la muerte del cantante Vanity Fair publicó una serie de 16 serigrafías basadas en la misma foto y realizadas por Warhol en 1984. Aunque ahora parezca que el icónico artista ha sido víctima de una acusación de plagio por parte de la fotógrafa, la realidad es que la Fundación Andy Warhol dio el primer paso. En 2017, oliéndose las consecuencias de la publicación, demandó a Goldsmith y pidió a un tribunal que declarara que las pinturas de Prince no violaban sus derechos de autor. Fue entonces cuando Goldsmith presentó una contrademanda, que es la que está actualmente en juicio.

Un juez federal de primera instancia sentenció en 2019 que no se violaron los derechos de autor de Goldsmith porque el trabajo de Warhol era transformador y, por lo tanto, constituía un uso legítimo. Más tarde otro tribunal de apelación revocó esa sentencia porque la serie de pinturas mantenía los elementos esenciales de la fotografía –como el ángulo de la mirada de Prince, las sombras alrededor de sus ojos o el reflejo del equipo de iluminación de Goldsmith– sin alterarlos significativamente y no se acogía al fair use. Este último aspecto es el que va a investigar la Corte Suprema y el que abre una nueva línea de debate: ¿cuánto de distinta debe ser la obra apropiada de su original?

El arte siempre es apropiacionista porque consiste en aprovecharse de la belleza de un tercero

Gabriel García — Director de CVLTO

A primera vista, la obra de Andy Warhol solo añade una nueva técnica al retrato de Prince y algunos colores. Pero no se puede leer el arte solo en esos términos. El primer juez declaró que en manos de Warhol, Prince mutaba de “ser humano vulnerable” a “figura icónica, más grande que la vida”. Algunos criticaron el fallo porque la labor de un juez no es hacer de crítico de arte, pero es que ante estos supuestos la legislación es muy difusa, y aún peor fuera de EEUU.

El Pedro Sánchez apropiacionista

Como indica la abogada Eva Sorià Puig en su estudio El arte contemporáneo y los derechos de autor, “EEUU ha generado mayor jurisprudencia y nos permite analizar con mayor precisión las fricciones legales entre libertad de expresión y el derecho de creación y el copyright”. Distinto es en España, donde la ley solo contempla algunas excepciones a los derechos de autor, como la parodia o la crítica.

Una de las obras expuestas en la última feria de ARCO fue acusada de uso indebido frente a otro tipo de tribunal: el de las redes sociales. El fotógrafo Carlos Spottorno señaló al artista finlandés Riiko Sakkinen por haber tomado sin permiso un retrato que le hizo al presidente Pedro Sánchez y alterarlo mínimamente en su obra Mis líderes favoritos de extrema izquierda. La pieza, por valor de 16.000 euros (que nadie compró), representaba el contorno del rostro de Sánchez rodeado de nombres como Fidel Castro, Evo Morales, Nicolás Maduro, Stalin o Kim Jong-Un.

“Este puede ser un buen ejemplo de sátira. Los límites éticos son muy difíciles de establecer, pero entiendo que no es lo mismo apropiarse de una imagen de RTVE, que la pagamos entre todos, que la de un freelance al que ni citas”, distingue Pedro Jiménez, experto en políticas culturales del colectivo ZEMOS98. “No me parece de lo menos ético, ya que Pedro Sánchez es una figura de relevancia pública, pero entiendo la reclamación de autoría de Spottorno”, añade.

Para Gabriel García, las obras de Sakkinen son apropiaciones “sin aporte propio o con poco talento”. “Es una opinión personal, porque si está en ARCO es por algo. Pero reconocí en ella un filtro rápido de Photoshop y me pareció vaga. Lo que está claro es que Riiko ha resignificado la fotografía de Spottorno, pero no me pareció bien que no le citase”, añade el también licenciado en Bellas Artes. Sin embargo, la cita es un acto de deferencia hacia el autor original y solo se contempla el derecho a ella en el ámbito académico, no en el artístico.

García también cree peligroso que se limite el apropiacionismo a la sátira. “La resignificación puede no ser humorística y al final de lo que se trata es de hacer la obra tuya”. Pone como ejemplo la icónica imagen que diseñó Sephard Fairey para la campaña presidencial de Obama en 2008 con la palabra Hope. La foto que tomó de base era de Associated Press, pero nunca pagó por ella y la agencia le denunció. Pidió que le condenasen a 25.000 dólares de multa y dos años de cárcel, pero al final llegaron a un acuerdo extrajudicial que no trascendió. El artista alegó fair use, pero AP consideró que había obrado de “mala fe” eliminando los créditos de la foto. Este caso de apropiacionismo fue uno de los más polémicos.

“Ahí entran los egos en juego. El artista original piensa que le estás robando su trabajo. Entiendo que si no está bien modificado, deberían existir recursos para reclamar, pero no sé si un juez es la persona adecuada para decidir si la obra está suficientemente alterada”, opina el director de CVLTO. A él, como artista, en cambio le haría sentir “orgulloso” porque “significa que mi arte ha inspirado a otra persona”.

Un antecedente peligroso

La sentencia que tiene entre manos la Corte Suprema de EEUU es más relevante de lo que parece. Si el tribunal falla a favor de Goldsmith, la sentencia contra Warhol podría provocar un efecto dominó y considerar ilegales muchas otras obras. No son pocos los artistas que a lo largo de la historia han hecho gala del apropiacionismo, incluyendo a Picasso, a Duchamp o la propia Marilyn Monroe de Warhol, cuya foto original fue tomada sin permiso del material de promoción de la película Niágara.

“A nivel legal todo son limitaciones. Si pasásemos la obra de Antoni Muntadas por un filtro cien por cien legal, no lo pasaría. Y eso que cita a los originales en toda su obra. Pero son artistas apropiacionistas y nadie le pidió a Picasso derechos por parte de Le Figaro en sus collages. ¿Por qué en el arte está permitido y en otros ámbitos no? Ahí está el debate, pero es muy etéreo”, reflexiona Pedro Jiménez, de ZEMOS98.

“El apropiacionismo está mal visto y en el arte, como en cualquier tendencia, la gente se sube al caballo ganador”, critica Gabriel García, cercano al mayor colectivo apropiacionista de España: Equipo Crónica, expuesto en el Museo Reina Sofía. “La gente se siente más aceptada o más cómoda en el mainstream, pero lo valiente consiste en juzgar la opinión mayoritaria”, como hizo él con Spottorno.

El interés público a favor del derecho a la libertad de expresión y de creación es fundamental y debería prevalecer por encima de los derechos de propiedad intelectual

Eva Sorià — Abogada experta en derechos de autor y arte

Para Eva Sorià, que ha estudiado este asunto durante años, “el interés público a favor del derecho a la libertad de expresión y de creación es fundamental y debería prevalecer por encima de los derechos de propiedad intelectual del titular de la obra usada, siempre que la explotación no cause un perjuicio a sus intereses legítimos”. Para la abogada, “los derechos de autor son excepciones a la libertad de expresión”, por lo que esta última debería ser la norma y el copyright la excepción, y no al revés.

Cada caso es un mundo, entiende la experta. Por eso, en el de Warhol también suena legítima la defensa de Lynn Goldsmith ante el tribunal: “Hace cuatro años, la Fundación Andy Warhol me demandó para usar mi fotografía sin pedirme permiso ni pagar nada por mi trabajo. Luché contra esta demanda para proteger mi propio derecho, pero también el de todos los fotógrafos freelances y artistas visuales a ganarse la vida cediendo las licencias de sus trabajos creativos, y para decidir cuándo y cómo explotarlos o si les damos permiso a otros para que lo hagan”. La Corte Suprema tendrá la última palabra.

Dua Lipa ha sido acusada de plagio dos veces en la misma semana y por una sola canción. Levitating, su tema más escuchado en 2021 y una de las melodías de éxito en TikTok, habría copiado la parte inicial de Don Diablo, canción interpretada y cofirmada por Miguel Bosé en 1980 y de su versión inglesa, Wiggle and Giggle All Night, interpretada por Cory Daye un año antes.

Los compositores estadounidenses de ambas, L. Russell Brown y Sandy Linzer, presentaron el lunes una demanda contra la artista británica que se suma a la que un grupo de reggae inició los días previos. También Ed Sheeran se enfrentó el martes a un juicio por los mismos cargos contra su éxito Shape of You, de 2017. Una oleada de violaciones del copyright que ha salpicado a Sam Smith y Normani por su tema Dancing with a stranger, de 2019.

En la causa judicial de Levitating, TikTok ha cobrado una relevancia inusitada. Si bien el porcentaje que se reconocería de Don Diablo y Wiggle es pequeño, coincide con la parte que se ha viralizado en esta red social. Un detalle que los demandantes no han querido pasar por alto.

La parte más escuchada y reconocible de la obra infractora y juega un papel crucial en su popularidad

TikTok se ha convertido en una lanzadera de novedades musicales a través de challenges (o retos) y coreografías cortas que proponen los artistas o los propios usuarios. Dua Lipa organizó un concurso entre sus fans de TikTok de movimientos de baile e ideas de maquillaje para incluirlos luego en el videoclip oficial de Levitating. Se presentaron 150.000 vídeos y, tras un casting, algunos de los concursantes aparecieron bailando la coreografía escogida junto a Lipa.

“La melodía en cuestión es la parte más escuchada y reconocible de la obra infractora y juega un papel crucial en su popularidad”, han dicho los abogados del caso, en referencia a la parte que se ha hecho viral en TikTok. La británica perseguía una estética y tonalidad ochenteras en su último disco, pero ellos esta “inspiración nostálgica” se tradujo en un robo “sin atribución”. “Puesto que los creadores de los videos suelen recortar los ya breves fragmentos sonoros en TikTok, la melodía distintiva supone el 50% o más de estos videos virales”, alega la defensa de los compositores originales.

Dua Lipa no se ha manifestado al respecto, como tampoco lo hizo hace unos días cuando el grupo Artikal Sound System presentó la demanda en un tribunal de Los Ángeles porque Levitating tiene partes calcadas a su canción Live Your Life, lanzada en 2017 en SoundCloud, pero nunca registrada. El grupo estadounidense acusa a Lipa y a Warner Records de robo y les exige una compensación.

Tanto Artikal Sound System como L. Russell Brown y Sandy Linzer han denunciado a la cantante, a la discográfica y a las otras firmas de la canción: Clarence Coffee Jr (que también ha escrito para Justin Bieber y Years & Years), Sarah Hudson (Katy Perry, Nicky Minaj y Camila Cabello) y Stephen Kozmeniuk (Madonna, The Game y Jennifer Hudson).

La demanda por los parecidos con Don Diablo cita una entrevista a Dua Lipa en la que dice haber dado créditos a la banda australiana INXS en su canción Break My Heart para evitarse futuros litigios. Es decir, la joven reconoce abiertamente la inspiración externa. Tanto la composición citada como Levitating forman parte del álbum Future Nostalgia, con el cual se encuentra de gira por Estados Unidos y llegará a España en los próximos meses. Además, Levitating se mantuvo 68 semanas seguidas en la lista de Billboard Hot 100 y pronto lanzó su versión remix que fue otro éxito.

“Cuando hicimos Levitating supimos que era especial porque nos produjo un buen sentimiento. Fue la canción con la que dije 'Vale, ya tengo una idea de lo que es Future Nostalgia'” reveló la artista británica en el pódcast The Journal. En otra entrevista con People, reconoció que se había inspirado en otros artistas retro: “Quería evocar los recuerdos de cuando crecí escuchando la música de mis padres, como Jamiroquai, Blondie y Prince, y recrearlos. Es una celebración de ser abierto, vulnerable, capaz de bailar y ser feliz. Bailar llorando es todo un concepto”.

Future Nostalgia, además de cosechar grandes críticas desde su publicación en 2020, se hizo con un Grammy al Mejor álbum pop, con el premio al Mejor álbum británico de los Brits Awards y con la estatuilla a Mejor álbum favorito de los American Musica Awards. También Los 40 principales lo destacaron como Mejor disco internacional.

La canción más escuchada de la historia de Spotify, a juicio

Todo el mundo conoce Shape of You, el exitazo que Ed Sheeran lanzó en 2017. Es el tema más escuchado de la historia de Spotify. Pero pocos sabrán que ni Ed Sheeran ni los coautores de la canción han recibido un solo royalty en estos cinco años. La razón es que un rapero británico le acusa de plagiar en ella su tema Oh Why, publicado dos años antes.

Sami Switch declaró que Sheeran tiene “la costumbre de robar a conciencia las creaciones de otros compositores”, por lo que inició acciones legales en 2018 para sentarle en un juicio que se ha celebrado finalmente el 8 de marzo de 2022 en Londres. La vista oral podría durar como mínimo tres semanas.

PRS for music, la entidad encargada de los derechos de autor de los artistas afiliados –entre ellos, Sheeran– congeló los royalties de Shape of You hasta que el caso no se resolviese en los tribunales. Son en total unos 24 millones de euros en derechos que el artista nunca ha percibido. El abogado de los demandantes acusó a Sheeran de haber escuchado Oh Why a través de YouTube y de conocer el trabajo de Swift a través de amigos comunes, puesto que el rapero le propuso que colaborasen en alguna ocasión. Ese tándem nunca ocurrió.

Shape of You fue número 1 mundial en todos los países excepto en Japón (donde alcanzó solo el cuarto) y es la canción más característica del artista. “Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente”, declaró Ed Sheeran.

El cantante tarareó ante el tribunal estrofas de canciones como Oh Why (la del demandante), Feeling Good o I see fire (banda sonora de El Hobbit) para demostrar que la melodía acusada de plagio, cantada en “pentatónico menor”, es común: “Si las pones a todas en la misma clave, sonarán igual”, se defendió. También desveló que originalmente la canción por la que se le demanda estaba pensada para Rihanna o para el grupo femenino Little Mix.

Bailando con dos extraños

En 2019, el británico Sam Smith lanzó un dueto junto a la estadounidense Normani llamado Dancing with a Stranger. Según Billboard, surgió de forma casual cuando Smith estaba escribiendo una canción en Los Ángeles y Normani, exintegrante de Fifth Harmony, estaba en el estudio de al lado y decidieron trabajar juntos. Pero justo esta semana el cantante Jordan Vincent ha acusado a Sam Smith de plagiar su tema Dancing with Strangers.

Según Jenesaispop, la demanda señala que “el estribillo de ambas canciones contiene la letra bailando con un extraño y que, en la canción, esta frase aparece en una melodía y en una composición musical casi idénticas”. De hecho, antes de sacar su dueto, el sello de Smith mostró un gran interés por usar la canción de Vincent para otro artista, antes de que la sacase él. Pero ese acuerdo nunca se completó.

También les acusan de haber copiado el videoclip, puesto que ambos muestran a “una mujer que baila danza interpretativa en un estudio minimalista” junto a un “intérprete masculino cantando la canción”. Para los demandantes esta es la última baza, ya que aseguran haber ofrecido un acuerdo en privado al equipo de Sam Smith que ha sido ignorado. El mismo equipo que se comprometió a hacer un análisis comparativo de ambas composiciones que nunca llegó.

No es la primera acusación de plagio a la que se enfrenta Smith. En su momento se señalaron las similitudes de su éxito Stay with me y el tema I won't Back Down, de Tom Petty. Pero aquello se solucionó de forma amistosa incluyendo a Petty en los créditos como coautor de la canción de Smith, a pesar de que el primero dijo en la prensa que se trataba de un “accidente musical”.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con una amplísima mayoría la convalidación de un Real Decreto ómnibus del Gobierno que adapta a la legislación española ocho directivas europeas, entre ellas la de copyright de 2019, un mandato en el que el Ejecutivo iba a contrarreloj tras la finalización del plazo legal el pasado 7 de junio. El decreto elimina la obligación de que los medios de comunicación negocien de forma colectiva con las plataformas digitales que utilizan sus contenidos, permitiendo hacerlo directamente y de manera individual, una condición exigida por el gigante tecnológico Google para volver a habilitar su plataforma de noticias Google News.

La convalidación ha salido adelante en el Parlamento –con 256 votos a favor, 20 en contra y 64 abstenciones– con el apoyo de los partidos del Gobierno, el PP y Ciudadanos, y con la abstención de Vox y PNV, aunque se tramitará como proyecto de ley, una exigencia planteada durante el Pleno de este jueves por PNV y EH Bildu, así como por parte de formaciones en la oposición, como el PP y Ciudadanos. Todos los grupos han coincidido, en todo caso, en criticar al Gobierno por no haber iniciado una negociación sobre la trasposición de directivas antes de llevarlas al Congreso.

Durante la defensa de las iniciativas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la trasposición de la directiva del copyright “tiene una doble finalidad: mejorar el acceso seguro en internet al contenido protegido por derecho intelectual y garantizar un funcionamiento y equitativo del mercado de los derechos de autor en el mercado digital”.

Bolaños ha recordado que el texto “establece por defecto un sistema de licencia que se gestionará individualmente por los editores, salvo que estos opten de manera voluntaria por hacerlo a través de entidades de gestión colectiva”. “Se establece que los autores de las noticias puedan percibir una parte de esa retribución. Esa contraprestación se podrá regular libremente a través del contrato de trabajo”, ha explicado. Además, ha remarcado que “se incluyen obligaciones” para los medios digitales, como la de tener que “comunicar a los lectores los cambios que se producen en los algoritmos de la presentación de contenidos”.

Las críticas de los socios

Durante el debate, el grupo más crítico ha sido ERC que finalmente ha votado 'no' a la convalidación. Su diputada Pilar Vallugera ha considerado que en materia de derechos de autor “no se ha hecho frente con suficiente energía a los gigantes tecnológicos” y ha denunciado que las directivas “no han sido consensuadas”, dado que “no ha habido diálogo previo”. 

Para EH Bildu, la directiva “tal y como ha llegado al Congreso supone dejar a autores, periodistas y fotógrafos en una situación de vulnerabilidad total”. “El derecho de autor es un derecho social y no reconocerlo a nivel digital supone un grave paso atrás”, ha asegurado la portavoz del partido independentista, Mertxe Aizpurua. En su opinión, “el talento se debe proteger y esta trasposición no lo hace”, al considerar que la “gestión colectiva” del copyright debe ser “obligatoria”. “Abogamos por la protección de los derechos de autores a través de la gestión colectiva obligatoria”, señalaba, en la misma línea, la diputada del PNV Josune Gorospe. 

“Como partido liberal siempre hemos defendido que se proteja y promueva el derecho de autor y se proteja a los autores”, ha apuntado, por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, que ha respaldado la convalidación aunque también la tramitación como proyecto de ley. “Hemos defendido que las plataformas se responsabilicen de respetar los derechos de autor y el mundo digital tiene que ser muy similar al analógico en este sentido”, ha concluido. 

PP y Vox han centrado sus críticas en la forma de presentar esta directiva como proyecto de ley, y han acusado al Gobierno de practicar una política “autoritaria” y “absolutista”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para adaptar la legislación española a la Directiva europea de copyright de 2019, un mandato en el que Ejecutivo iba a contrarreloj tras la finalización del plazo legal el pasado 7 de junio. El texto definitivo aparecerá en los próximos días en el BOE (previsiblemente este miércoles) e incluirá varias modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual, aunque la primera que ha comunicado el Gobierno es el acta de defunción del canon AEDE aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que eliminará la obligación de que los medios de comunicación negocien de forma colectiva con las plataformas digitales que utilizan sus contenidos. Este era el asidero que mantenía vivo el canon, ideado en 2014 por el Gobierno del PP y los grandes editores de prensa escrita con el objetivo de cobrar a Google por enlazar noticias, pero que nunca despegó debido a la negativa del buscador a aceptar sus condiciones.

El canon AEDE imponía que los medios cobren sus derechos de autor a través de una entidad de gestión, una 'SGAE de la prensa' denominada CEDRO. Con la reforma se dará “la opción y libertad a cada de editor” de gestionar sus derechos de autor, “bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio”, ha informado Cultura en un comunicado.

La imposición de CEDRO como intermediario provocó que Google sacara su servicio News de España, con lo que el canon AEDE fue en la práctica una tasa fallida. Desde 2014 ha recaudado 200.000 euros en total a repartir entre todos los editores. La posibilidad de que los editores lleguen a acuerdos individuales abre la puerta al regreso del Google News.

“Según las informaciones iniciales parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España. Sin embargo, necesitamos tiempo para analizar en detalle la nueva ley, en breve tomaremos decisiones sobre nuestros próximos pasos”, ha explicado una portavoz de la multinacional en un comunicado enviado a elDiario.es.

Parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España

Google

Tanto Google como Meta (antes conocida como Facebook) están llegando a acuerdos con editores de prensa europeos para remunerarles por el uso de sus artículos a través de la base que ofrece la directiva. Consultada por este medio, una portavoz de Meta ha afirmado que la multinacional está “revisando el Decreto de hoy y, aunque es prematuro comentar el resultado de esta legislación, seguimos apoyando plenamente los objetivos de la Directiva europea sobre derechos de autor”.

Los medios de comunicación nativos digitales han aplaudido el movimiento del Gobierno, considerándolo “un cambio de enorme relevancia para el futuro del sector editorial y su relación con las plataformas digitales, buscadores y agregadores de contenidos”. “Estamos satisfechos porque los editores de medios de comunicación recuperamos las riendas de la gestión de nuestros derechos, secuestradas hace unos años por una ley que siempre consideramos injusta y lesiva”, ha afirmado Arsenio Escolar, presidente de la patronal CLABE, la mayor por número de grupos empresariales adscritos y cabeceras de diarios y revistas digitales representadas.

La Asociación de Medios de Información (anteriormente conocida como AEDE, cuyas peticiones al Gobierno de Rajoy terminaron dando su extraoficial apellido al canon) ha preferido no hacer declaraciones al no disponer del texto definitivo del Decreto-ley.

La trasposición de la directiva europea se ha retrasado en casi todos los países europeos debido a uno de los aspectos más criticados de la norma, los filtros automáticos de contenido. Se trata de algoritmos cuya misión sería vigilar todo lo que se suba a Internet y bloquear aquello que viole el copyright. El aviso de tecnólogos y expertos es que esa tecnología no está madura como para reconocer usos tolerados por la ley, como la parodia o la crítica.

Solo 4 de los 27 estados miembros lo hicieron dentro de los dos años de plazo que da la UE, forzando a la Comisión Europea a publicar unas “directrices” para aclarar cómo debía de hacerse la adaptación. En España, tras más de un año de consulta pública, el ex ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes dejó el cargo sin presentar una propuesta de trasposición.

El comunicado emitido este martes por Cultura no da pistas sobre qué interpretación ha hecho el Gobierno de la directiva europea en lo referente a los filtros de contenido. Las organizaciones de derechos digitales que criticaron la directiva piden esperar al texto definitivo del Real Decreto-Ley y su trascendencia para la legislación española antes de posicionarse. No obstante, han criticado que se utilice esta figura para trasponer la directiva ya que se salta una parte de la negociación parlamentaria y no permite participar a estas organizaciones en el debate.