Una polémica ley con cuenta atrás: la patata caliente que Uribes le dejó a Iceta con el copyright
El paso de Miquel Iceta al Ministerio de Cultura y Deporte fue uno de los nombramientos más inesperados en la última crisis de Gobierno. La principal voz del federalismo plurinacional del PSOE admitió que sentía “mucho” dejar la cartera de Política Territorial y Administración Pública, apenas días después de cerrar un acuerdo histórico para acabar con la temporalidad de los trabajadores públicos interinos. Sin embargo, su nuevo departamento no le va a conceder tiempo de adaptación. Su antecesor, José Manuel Rodríguez Uribes, le dejó una bomba de relojería en forma de copyright, que ya se ha puesto en marcha con una carta de la Comisión Europea.
En la misiva, Bruselas pregunta a Iceta por qué España no ha transpuesto todavía la directiva europea de derechos de autor. Es algo que su antecesor tenía que haber hecho antes del 7 de junio. Tuvo dos años para ello, pero tras un largo proceso de consultas a las diferentes partes que se van a ver afectadas —y hay muchas y con intereses muy contrapuestos— Cultura no presentó ninguna propuesta sobre cómo abrir el melón de la ley de propiedad intelectual.
La carta de Bruselas es el primer paso de su procedimiento de infracción por exceder el límite de dos años para adaptar las legislaciones nacionales a las normas que se aprueban la UE. El Ejecutivo comunitario da seis meses de gracia a los países una vez excedido el límite. A partir de ahí empieza a sobrevolar la posibilidad de la multa, que suelen ser de decenas de miles de euros por cada día de retraso. El problema es que el proceso aún está en pañales.
El nuevo equipo de Cultura ha confirmado a elDiario.es que “está actualmente trabajando sobre el texto de borrador de anteproyecto de ley”, el cual dice tener “en fase avanzada”. Una vez presentado, se abrirá una “fase de audiencia e información pública, durante la cual todos los interesados podrán presentar aportaciones sobre el borrador”, avanzan las mismas fuentes. Después de eso el texto deberá negociarse en la comisión de Cultura del Congreso y, después, aprobarse en el Pleno. Tras ello el anteproyecto pasará al Senado, donde se sigue un proceso similar. En caso de que se introduzcan enmiendas en la Cámara Alta, el texto resultante deberá volver a ser ratificado por el Pleno del Congreso.
En resumen: más de los cuatro meses que le quedarán a Iceta en septiembre antes de que Bruselas se ponga seria con España por no transponer la directiva.
Alerta por la “censura previa” de los filtros
Las negociaciones de las normas de derechos de autor suelen ser muy calientes en España. La principal prueba de ello fue la Ley Sinde, que generó una repulsa ciudadana que terminó siendo uno de los afluentes que desembocaron en el 15M. Pero es que en este caso, además, la norma viene cargada de gran polémica desde su aprobación en la Eurocámara.
El principal motivo son los filtros de contenido que impone para todo lo que se suba a Internet. La UE fijó que las plataformas digitales que albergan contenido de sus usuarios deben instaurar filtros que detecten si lo que estos suben está protegido con derechos de autor y, si es así, censurarlo. Tecnólogos y organizaciones proderechos digitales avisaron de que esta medida podía tener consecuencias muy graves dado que esta tecnología no está lo suficientemente madura como para detectar si un contenido es paródico o crítico, usos en los que no debe entrar en juego el copyright.
Varios juristas alertaron además que la medida podría constituir en sí misma una forma de “censura previa”. El Tribunal de Justicia de la UE ha recibido una solicitud para que se posicione sobre ellos, algo que todavía no ha hecho. Los filtros generaron una enorme contestación y campaña en redes que ahora amenaza con reproducirse a nivel nacional.
Lo cierto es que la directiva europea y sus polémicos filtros plantean tantas dudas que apenas un puñado de países han completado el proceso de transposición a tiempo: 4 de 27. La misma carta de advertencia que ha recibido España ha pasado por los buzones de otros 22 gobiernos.
Ante esta situación, la Comisión Europea anunció la publicación de unas “directrices” sobre cómo actuar con los filtros. Para empeorar la situación, esa guía recibió tantas críticas como el texto original. “Sabemos que la orientación nunca podrá arreglar una ley imperfecta. Pero estas directrices dificultarán que los Estados miembros respeten los derechos fundamentales”, avisó el BEUC, la asociación que agrupa a 44 organizaciones de consumidores europeas.
Es probable que los filtros automáticos se excedan a la hora de retirar contenidos no comerciales
“Además de salir muy tarde [las directrices se publicaron el 4 de junio, solo tres días antes del plazo de transposición], la guía crea cierta incertidumbre y abre la puerta a prácticas abusivas. Por ejemplo, permite a los titulares de derechos de autor marcar contenidos específicos como especialmente sensibles, como el estreno de una película, y bloquearlos automáticamente”, añadía el BEUC: “Es probable que los filtros automáticos se excedan a la hora de retirar contenidos no comerciales realizados por los consumidores por diversión (por ejemplo, parodias). Este tipo de contenido está protegido en la nueva ley, pero ¿cómo van a distinguir las máquinas estas sutiles diferencias? En muchas ocasiones, no lo harán”.
Y mientras el canon AEDE funcionando
Todo este contexto levantó una gran expectación acerca de la propuesta de que haría Cultura sobre cómo trasponer los filtros. La sola filtración de que Uribes podría haber optado por adaptar la norma europea punto por punto con un decreto ley en Consejo de Ministros (lo que evitaría su debate parlamentario) le valió una campaña en contra y la denominación de la norma como “Ley Uribes” por parte de algunas organizaciones de derechos digitales españolas. Estas exigen luz y taquígrafos sobre el proceso de implementación de los filtros de contenido y tiempo para implicar a la ciudadanía y la sociedad civil en el proceso.
Tomar el proceso con la máxima calma no solo enfadaría a Bruselas. En España la transposición de la directiva tiene otro punto caliente más aparte de los filtros: el canon AEDE. Se trata de una tasa que los medios de comunicación tienen que cobrarles obligatoriamente, aunque no deseen hacerlo, a los agregadores de noticias digitales. Fue diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy y la extinta AEDE (hoy renombrada AMI, Asociación de Medios de Información), que agrupa a los grandes grupos de prensa impresa y estaba dirigida a conseguir un pago por parte de Google.
Google se negó a hacerlo y sacó su servicio de agregación de noticias de España. Como consecuencia la tasa fue un fracaso y apenas ha superado los 200.000 euros recaudados en ocho años, a repartir entre todos los medios de comunicación españoles.
La trasposición de la directiva permite derogar el canon AEDE. La inmensa mayoría de los medios digitales, pero también muchas de las cabeceras impresas que impulsaron su aprobación, tienen prisa porque esto suceda. Google ha lanzado un nuevo servicio de agregación de noticias por el que pagará a los medios —mediante pactos individuales— por enlazar sus artículos. Ya ha llegado a acuerdos de remuneración en algunos países europeos y tiene preacuerdos con un buen número de medios en España, que esperan esa nueva vía de ingresos como un necesario soplo de aire fresco tras las estrecheces de la pandemia. Pero para eso necesitan que el canon decaiga.
Unos sectores que piden calma y procesos largos, otros que reclaman acciones rápidas, la amenaza de una multa en el horizonte y una polémica a punto de estallar en cuanto los filtros de contenido lleguen a los telediarios. Es el regalo que Uribes le ha dejado a Iceta dentro de su nueva cartera.
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