La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un total de 76 años de prisión a tres integrantes de la familia propietaria del Gran Circo África al considerar acreditado que sometieron durante años a una familia de trabajadores a un régimen continuado de “violencia, humillaciones, explotación laboral y agresiones sexuales a los menores”. La sentencia absuelve a una cuarta acusada y descarta finalmente los delitos de trata de seres humanos.

Los magistrados sitúan los hechos entre 2020 y 2024, periodo durante el que las víctimas, un matrimonio y sus dos hijos menores, convivieron con los acusados mientras el circo recorría distintas localidades españolas.

La investigación se inició después de que la mujer lograra escapar y, días más tarde, también huyera su marido para denunciar los hechos ante la Guardia Civil, cuando el circo se encontraba en la provincia de Cáceres. A partir de esa denuncia, la Guardia Civil puso en marcha el operativo, liberó a los menores y se iniciaron las diligencias judiciales.

La causa fue instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Trujillo, que posteriormente la remitió a la Audiencia Provincial de Cáceres para su enjuiciamiento.

La resolución considera probado que el matrimonio fue sometido de forma “reiterada a golpes, amenazas, insultos y actos vejatorios”, en un contexto de “absoluta dominación”. El tribunal afirma que las agresiones y humillaciones constituyeron un trato “degradante” y añade que algunos episodios alcanzaron una intensidad “calificable de torturador”, expresión empleada en la sentencia para describir la gravedad de la violencia ejercida sobre las víctimas.

Abusos y agresiones a los menores

Según los hechos declarados probados en la sentencia, recogida por EFE, también los dos hijos de la pareja fueron objeto de “agresiones físicas, amenazas y castigos”, además de verse obligados a realizar distintas tareas dentro del circo. La Audiencia concluye igualmente que dos de los condenados les impusieron “actos de naturaleza sexual”, algunos grabados con teléfonos móviles, y destaca que esos vídeos, incorporados a la causa, resultaron determinantes para corroborar los testimonios de las víctimas.

El fallo condena al propietario del circo y a uno de sus hijos por un delito contra los derechos de los trabajadores, al apreciar que aprovecharon la “extrema vulnerabilidad económica de la familia para imponerles unas condiciones laborales abusivas”.

Los tres acusados son además responsables de cuatro delitos contra la integridad moral, uno por cada miembro de la familia.A ello se suman varias condenas por agresiones sexuales a menores, una tentativa, y por elaboración de material pornográfico infantil, en función de la participación atribuida a cada procesado.

No obstante, la Sala absuelve a los acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual que sostenía inicialmente la Fiscalía.

180.000 euros de indemnización

Los magistrados consideran acreditada la explotación y los malos tratos, pero entienden que durante el juicio no quedó demostrado, “con la certeza exigible” en el proceso penal, que las víctimas tuvieran completamente anulada su libertad de movimientos ni que existiera una finalidad de explotación sexual en la captación de los menores o un propósito de difusión o beneficio económico con las grabaciones.

La sentencia también absuelve a una cuarta persona procesada al apreciar dudas sobre su intervención en una de las grabaciones y concluir que el resto de imágenes que se le atribuían carecían de relevancia penal.

En materia de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 euros para cada uno de los dos hijos.

Los informes médico-forenses incorporados al procedimiento reflejan que los dos menores precisan tratamiento psicológico por las secuelas derivadas de los hechos, mientras que la madre presenta importantes consecuencias emocionales que afectan a su vida cotidiana.

Además de las penas de prisión, la Audiencia impone distintas órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitación para desarrollar actividades profesionales, docentes o de ocio que impliquen contacto habitual con menores

“Buenos días”. El mensaje en hebreo en un post de Instagram iba acompañado de una foto de un preso palestino de Gaza torturado. El hombre, engrilletado y en ropa interior, está atado a un palo tumbado boca abajo sobre una hamaca. La cuenta de Instagram que subió la imagen ha desaparecido.

El Ejército de Israel ha confirmado que la foto es real y que ha abierto una investigación. “El incidente no se ajusta a los valores ni a las normas de las Fuerzas de Defensa de Israel”, señaló un portavoz. Sin embargo, Israel ha diseñado un patrón de impunidad, tal y como denuncian las ONG, y casi 9 de cada 10 de estas investigaciones se quedan sin resolver o se cierran sin culpables.

“El ejército confirma que las imágenes publicadas en las redes palestinas durante las últimas 24 horas, en las que se ve a un hombre de Gaza esposado, atado a una cama, con los ojos vendados y con una barra atada a la espalda, son imágenes reales de lo ocurrido en la Franja de Gaza”, señaló otro portavoz militar en declaraciones a la radio militar recogidas por la agencia turca Anadolu.

La imagen es una prueba más que confirma las acusaciones de torturas y malos tratos por parte de Israel, denuncian los activistas. “Corrobora los numerosos informes sobre las torturas infligidas por Israel a los palestinos detenidos y puede constituir en sí misma un crimen de guerra”, denunciaba Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch y profesor en la Universidad de Princeton.

“No existe ninguna justificación de seguridad para retener a un detenido en ropa interior”, denunció Sari Bashi, directora del Comité Público contra la Tortura en Israel, en declaraciones recogidas por The Guardian. “La desnudez forzada, seguida de la captura y difusión de imágenes sexualizadas en las redes sociales, es una forma de violencia sexual y también un crimen de guerra”.

Israel no ha revelado la identidad del preso torturado, pero dos madres han dicho que se trata de su hijo, según ha informado la agencia Reuters, lo que muestra la angustia de miles de personas en busca de sus familiares en Gaza.

Alrededor de 1.200 palestinos de Gaza se encuentran detenidos en Israel en virtud de la Ley de Internamiento de Combatientes Ilegales, que permite la detención por un período ilimitado.

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dimecres, després d'un acord de conformitat, sis joves acusats de sotmetre un jove amb una discapacitat reconeguda del 38% a una sèrie d'humiliacions i agressions, entre elles tatuar-li un penis a la cara. Els inculpats han reconegut els fets, que van dur a terme al municipi mallorquí de Manacor. Inicialment, van ser detingudes set persones -tres dones i quatre homes- d'entre 20 i 31 anys.

La sentència, dictada 'in voce' pel tribunal de la Secció Segona, considera els sis responsables d'un delicte contra la integritat moral, un delicte lleu de lesions i un delicte de coaccions. L'Audiència imposa a cadascun d'ells cinc mesos de presó pel delicte contra la integritat moral, una multa de vint dies amb una quota diària de cinc euros per les lesions i una altra multa de nou mesos, també amb una quota diària de cinc euros, per les coaccions.

A més, els condemnats hauran d'indemnitzar conjunta i solidàriament la víctima amb 18.160 euros i no podran acostar-se a menys de 250 metres ni comunicar-se amb ella.

Els fets es van produir a principis del 2021, tal com recull la resolució, el fall que ha donat a conèixer el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB). Els magistrats asseveren que la víctima no podia prestar un consentiment vàlid a les actuacions dels acusats a causa de la discapacitat que pateix. Aprofitant-se d'aquesta situació, els joves van organitzar un suposat concurs de canvi de look en què el van sotmetre a diferents càstigs i humiliacions que el tribunal considera greument degradants.

Els acusats li van tatuar un penis a la cara i un altre dibuix similar al costat dret del rostre, li van rapar i tatuar les celles, li van fer un tatuatge amb forma de sostenidor al pit, li van tatuar una orella, li van col·locar pírcings, li van immobilitzar els canells amb brides, li van cremar els llavis amb cola i li van cosir els dits d'un peu.

L'Audiència ha aplicat als sis processats les atenuants de reparació del dany i de dilacions indegudes. Abans del judici van consignar íntegrament la indemnització fixada per a la víctima i van reconèixer els fets.

Així mateix, la Fiscalia ha assenyalat que el procediment va romandre paralitzat per causes alienes als acusats entre el 21 de març de 2023 i el 8 de maig de 2024, així com entre el 5 de juny de 2024 i l'11 de febrer de 2025, circumstància que també ha estat tinguda en compte per rebaixar la condemna.

Tal com van informar en el seu moment fonts de la investigació citades per l'agència Efe, la víctima va acceptar participar en el concurs de “canvi de 'look” mitjançant pràctiques que van degenerar en severs abusos i humiliacions. Els acusats li van proposar desplaçar-se fins a un habitatge de Manacor, a la qual cosa ell va accedir. Allà, durant tot el cap de setmana, es van succeir “proves” les conseqüències negatives de les quals van assolir alts nivells de crueltat. Finalment, el diumenge, la víctima va abandonar l'habitatge en què havia estat sotmesa a les vexacions i va denunciar els fets a la Policia Nacional, que va procedir a detenir els implicats.

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado este miércoles, tras un acuerdo de conformidad, a seis jóvenes acusados de someter a un joven con una discapacidad reconocida del 38% a una serie de humillaciones y agresiones, entre ellas tatuarle un pene en la cara. Los inculpados han reconocido los hechos, que llevaron a cabo en el municipio mallorquín de Manacor. Inicialmente, fueron detenidas siete personas -tres mujeres y cuatro hombres- de entre 20 y 31 años.

La sentencia, dictada 'in voce' por el tribunal de la Sección Segunda, considera a los seis responsables de un delito contra la integridad moral, un delito leve de lesiones y un delito de coacciones. La Audiencia impone a cada uno de ellos cinco meses de prisión por el delito contra la integridad moral, una multa de veinte días con una cuota diaria de cinco euros por las lesiones y otra multa de nueve meses, también con una cuota diaria de cinco euros, por las coacciones.

Además, los condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 18.160 euros y no podrán acercarse a menos de 250 metros ni comunicarse con ella.

Los hechos se produjeron a principios de 2021, tal como recoge la resolución, cuyo fallo ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). Los magistrados asevera que la víctima no podía prestar un consentimiento válido a las actuaciones de los acusados debido a la discapacidad que padece. Aprovechándose de esa situación, los jóvenes organizaron un supuesto concurso de cambio de look en el que le sometieron a distintos castigos y humillaciones que el tribunal considera gravemente degradantes.

Los acusados le tatuaron un pene en la cara y otro dibujo similar en el lado derecho del rostro, le raparon y tatuaron las cejas, le hicieron un tatuaje con forma de sujetador en el pecho, le tatuaron una oreja, le colocaron piercings, le inmovilizaron las muñecas con bridas, le quemaron los labios con pegamento y le cosieron los dedos de un pie.

La Audiencia ha aplicado a los seis procesados las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. Antes del juicio consignaron íntegramente la indemnización fijada para la víctima y reconocieron los hechos.

Asimismo, la Fiscalía ha señalado que el procedimiento permaneció paralizado por causas ajenas a los acusados entre el 21 de marzo de 2023 y el 8 de mayo de 2024, así como entre el 5 de junio de 2024 y el 11 de febrero de 2025, circunstancia que también ha sido tenida en cuenta para rebajar la condena.

Tal y como informaron en su momento fuentes de la investigación citadas por la agencia Efe, la víctima aceptó participar en el concurso de “cambio de 'look” mediante prácticas que degeneraron en severos abusos y humillaciones. Los acusados le propusieron desplazarse hasta una vivienda de Manacor, a lo que él accedió. Allí, durante todo el fin de semana, se sucedieron “pruebas” cuyas consecuencias negativas alcanzaron altos niveles de crueldad. Finalmente, el domingo, la víctima abandonó la vivienda en la que había sido sometida a las vejaciones y denunció los hechos a la Policía Nacional, que procedió a detener a los implicados.

La Fiscalia acusa el germà d'Antonio Anglés, el desaparegut assassí de les xiquetes d'Alcàsser, de segrestar i torturar un home a qui exigia 200.000 euros. El Ministeri Públic, segons l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés aquest diari, demana una pena de 27 anys de presó pels presumptes delictes de segrest, lesions, amenaces, robatori amb violència, danys per incendi i pertinença a grup criminal per a Joaquín Martins Monroig, que va canviar la seua identitat original —Mauricio Anglés, també conegut com El Mauri— per un altre nom i pel cognom matern per a evitar l'estigma que assegura arrossegar per l'assassinat de les adolescents Toñi, Miriam i Desirée, comés el 1993 pel seu germà Antonio i per Miguel Ricart, l'únic condemnat. La Fiscalia sol·licita la mateixa pena per als altres cinc acusats, tots amb antecedents penals, igual que el germà d'Anglés.

El Ministeri Fiscal aplica en el seu escrit de conclusions provisionals l'agreujant d'alevosia en el delicte de segrest i l'agreujant d'executar els fets mitjançant disfressa en la resta dels delictes que imputa als acusats.

Joaquín Martins Monroig s'asseu aquest dimecres al banc dels acusats davant la secció tercera de l'Audiència Provincial de València, en una vista oral per a la qual s'han reservat quatre sessions. En el judici declararan els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació i els metges forenses, entre altres testimonis i pèrits. Martins Monroig va deixar entreveure en una entrevista recent amb el diari Las Provincias que el denunciant és un “narcotraficant condemnat” i va al·legar que es trobava en un altre lloc en el moment dels fets.

El germà del famós delinqüent, la pista del qual es va perdre al port de Dublín el 24 de març de 1993, després d'una fugida que va mantindre en suspens un país encara profundament commocionat pel crim d'Alcàsser, afronta aquest judici després d'haver sigut absolt el 2020, per falta de proves, en el marc d'un altre procediment en què se l'acusava, juntament amb dos germans més, d'extorquir un empresari. El tribunal, per contra, va condemnar Carlos Martins Monroig a un any i tres mesos de presó per un delicte de tinença il·lícita d'armes, així com a altres tres anys i sis mesos de presó i al pagament d'una multa de 5.000 euros per un delicte contra la salut pública.

Aquell judici també va traure a la llum els negocis que Joaquín Martins Monroig gestiona a València juntament amb la seua germana Kelly, en àmbits empresarials com el sector immobiliari, la restauració o les clíniques capil·lars. A més, el germà d'Antonio Anglés manté un canal de YouTube en el qual repassa la seua biografia i ressenya les seues aparicions en programes de Telecinco i Antena 3, on sosté que va implantar empelts capil·lars a la seua clínica a l'exministre José Luis Ábalos i al seu assessor, Koldo García.

Un segrest amb “gran violència”

L'empresari, criat en una família lumpenproletària, s'enfronta aquest dimecres a una severa petició de pena de presó per part de l'acusació pública. El Ministeri Públic considera que, després de vigilar la víctima i estudiar-ne les rutines, els acusats van interceptar l'home a la carretera CV-415 minuts abans de les 18.45 del 29 de novembre de 2021, mentre conduïa un BMW X5. Els presumptes assaltants van col·locar dues furgonetes robades davant i darrere del vehicle de la víctima, evitant així qualsevol possible maniobra d'evasió.

Els acusats, vestits amb roba fosca i amb passamuntanyes i guants, van apuntar el conductor amb dues armes que mai no van ser localitzades i, “de manera violenta”, mentre trencaven el vidre davanter del vehicle, el van obligar a pujar a una de les furgonetes, segons la Fiscalia. Per a això, “van emprar una gran violència”, afirma l'escrit d'acusació.

Una vegada a la furgoneta, la víctima va ser emmanillada i traslladada a la cavallerissa propietat d'un dels processats, situada a Montserrat, on el segrestat va ser sotmés a tortures perquè pagara 200.000 euros a canvi del seu alliberament. Els acusats, davant la resistència de l'home a pagar, van anar reduint la quantitat exigida mentre continuaven colpejant-lo. Fins i tot van emprar unes cadenes per a assotar-lo.

La Fiscalia sosté que van cremar el segrestat amb brases

El germà d'Antonio Anglés i els altres cinc acusats, segons la Fiscalia, van acovardir l'home amenaçant de segrestar-li el fill i la dona, dient-li que li tallarien un dit i acostant-li unes tenalles a l'orella. De fet, li van arribar a fer un tall vertical a l'orella. La víctima va quedar en estat de semiinconsciència i, “en un moment determinat, el van cremar amb unes brases i després li van tirar un líquid per damunt perquè reaccionara”, segons relata l'acusació pública.

El segrestat només va oferir els 2.000 euros en efectiu que deia tindre a sa casa. Els acusats es van quedar la ronyonera que duia, amb un telèfon mòbil i diners en efectiu al seu interior, valorats en un import total de 393 euros.

Cap a les 21.37, després de més de dues hores de tortures, els acusats van substituir les manilles per brides, que li van lligar a les mans per darrere de l'esquena, i van introduir l'home a la furgoneta per abandonar-lo nuet. Poc després va ser localitzat per un home, que va alertar la Policia.

Vehicles incendiats per a esborrar pistes

Per a esborrar qualsevol indici de la seua participació en els fets, alguns dels processats —“seguint el pla establert prèviament”— van portar el BMW que conduïa la víctima, propietat de sa mare, a un camí d'accés a un camp de cultiu, on li van pegar foc fins a calcinar-lo completament.

Una de les furgonetes robades per a executar el segrest va ser abandonada després d'haver-ne ruixat l'interior amb un extintor. L'altra furgoneta va ser adquirida pel seté processat, que, malgrat conéixer-ne l'origen il·lícit, la va comprar per a desmuntar-la i aprofitar-ne les peces. Aquest acusat s'enfronta a una pena d'un any de presó per un presumpte delicte de receptació.

L'home segrestat va patir lesions que van tardar 17 dies a sanar. També li va quedar una cicatriu a la cama. Tots els acusats tenen antecedents penals i estan en llibertat provisional, amb una ordre d'allunyament respecte de la víctima.

Els investigadors van aconseguir acreditar la participació dels acusats en els fets gràcies a l'estudi del posicionament dels telèfons mòbils i a les imatges de les càmeres de videovigilància i dels lectors de matrícules.

Un nuevo informe elaborado por la organización Palestinian Feminist Collective (Colectivo Feminista Palestino) y la Internacional Progresista ha recopilado múltiples casos de empleo de violencia sexual por parte de Israel contra los palestinos a lo largo de las décadas, desde la fundación misma del Estado Israelí en 1948 hasta la actualidad, con especial énfasis en los casos sucedidos desde octubre de 2023, cuando comenzó la operación genocida contra Gaza que siguió a los atentados de Hamás.

El trabajo, que lleva por título A predatory state (Un Estado depredador), sistematiza a lo largo de más de 180 páginas la evidencia documental y los testimonios recogidos de múltiples fuentes —desde declaraciones de supervivientes a investigaciones de historiadores, relatos de juristas e informaciones de prensa— para llegar a la conclusión de que el empleo de la violencia sexual representó una estrategia de “deshumanización institucionalizada para ejecutar un daño y castigo colectivo a los palestinos y tratar de reducir la resistencia a una situación de subyugación colectiva”. Descarta, en ese sentido, el relato de las autoridades israelíes según el cual los casos de violencia son sucesos aislados, y concluye que son parte de un plan coordinado.

Un ejemplo flagrante, a juicio de los autores, es el uso de perros en prácticas de violencia sexual, mencionadas en un epígrafe específico. “Sostenemos que la única forma de que un perro viole a un humano es que haya sido entrenado para ello”, denuncian. Alegan que el objetivo de este proceder es infundir terror en los palestinos; y llaman la atención sobre la circunstancia de que la dimensión y frecuencia con el que se repiten se hayan acrecentado desde el nombramiento como ministro de Seguridad Nacional de Israel en 2022 del colono ultraderechista Itamar Ben-Gvir.

Violencia sexual desde 1948

El informe refiere casos documentados de violencia sexual desde la fundación del Estado de Israel y las matanzas y expulsión de los palestinos de sus hogares que siguieron a esta, la llamada Nakba (catástrofe). Menciona el caso de una violación en grupo reconocida por un mando militar y que figuraba en los archivos israelíes, un suceso desclasificado y después declarado nuevamente secreto, además de documentación recopilada por los primeros historiadores revisionistas israelíes —como Benny Morris o Ilan Pappé— que cuestionaban el relato oficial de una ocupación pacífica de terrenos prácticamente baldíos.

El informe divide cronológicamente en cinco etapas la represión israelí desde la fundación del Estado hasta 2023, con profusión de sucesos de violencia sexual. A partir de esa fecha el relato es todavía más minucioso y divide las conductas entre “humillación sexual” y “tortura sexual y violación”, distinguiendo si las víctimas son hombres o mujeres (incluidos niños y niñas) y si las actuaciones tienen “intención genocida”.

Testimonios reiterados

La casuística es múltiple. Uno de los testimonios, tomado de un trabajo previo de la ONG Euromed, es de una mujer detenida que denuncia una penetración anal con un pene artificial. En otro, recogido anteriormente por el Palestinian Center for Human Rights, una mujer identificada por las iniciales N.A., detenida en un control en Gaza en 2024, relata violaciones por más de un soldado, algunas en el mismo día, además de torturas físicas y psicológicas. “No puedo describir lo que sentí, a cada momento deseaba morir”, expresaba.

Una de las instalaciones en las que se denunciaron abusos es la prisión de Ofer en Jerusalén, mencionada en varias ocasiones en el informe. Uno de los abogados que visitó a presos en este establecimiento, Khaled Mahajna, señala que algunas de estas agresiones sexuales se realizaban delante de otros reclusos de forma deliberada “para dar una lección a todos los detenidos y hacerles ver que cualquiera de ellos podría ser sometido a métodos tan brutales”.

El trabajo lo firman The Palestinian Feminist Collective (PFC), que se identifica como un cuerpo de feministas árabes y palestinas basadas principalmente en Norteamérica, y la Internacional Progresista, un movimiento de partidos de izquierdas, sindicatos y ONG de todo el mundo cuyos impulsores iniciales fueron el político griego Yanis Varoufakis y el senador estadounidense Bernie Sanders.

La relatora de la ONU avala el trabajo

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha elogiado el trabajo. “Es hora de comprender que los crímenes contra los palestinos —incluida la violencia sexual y de género que se ha investigado y denunciado minuciosamente en este informe— no son una suma de abusos aislados, sino un sistema de dominación, opresión y borrado [...]”

“Los Estados parecen alegar ignorancia para eludir sus obligaciones legales de prevenir y castigar el genocidio, poner fin a la complicidad, investigar y enjuiciar a los responsables, y desmantelar las estructuras que permiten que persistan tales crímenes. El informe es un llamamiento a todos los ciudadanos responsables para que se mantengan unidos, no solo para poner fin al genocidio, sino para luchar de una vez por todas contra este modelo de poder 'testosterónico' que se arraiga y crece a través de la subyugación y la represión”, reclama Albanese.

La Fiscalía acusa al hermano de Antonio Anglés, el desaparecido asesino de las niñas de Alcàsser, de secuestrar y torturar a un hombre al que pedía 200.000 euros. El Ministerio Público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, pide una pena de 27 años de prisión por los presuntos delitos de secuestro, lesiones, amenazas, robo con violencia, daño por incendio y pertenencia a grupo criminal para Joaquín Martins Monroig, que cambió su identidad original —Mauricio Anglés, también conocido como El Mauri— por otro nombre y el apellido materno para evitar el estigma que dice arrastrar por el asesinato de las adolescentes Toñi, Miriam y Desirée, cometido en 1993 por su hermano Antonio y por Miguel Ricart, el único condenado. La Fiscalía solicita la misma pena para otros cinco acusados, todos con antecedentes penales (al igual que el hermano de Anglés).

[Actualización: Juicio al hermano de Antonio Anglés: “Me torturaron dos horas, me pegaban cadenazos y me quemaban con brasas”]

El Ministerio Fiscal aplica en su escrito de conclusiones provisionales la circunstancia agravante de alevosía en el caso del delito de secuestro y la agravante de ejecutar el hecho mediante disfraz en el resto de delitos que imputa a los acusados.

Joaquín Martins Monroig se sienta este miércoles en el banquillo de los acusados ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, en una vista oral que ha reservado un total de cuatro sesiones para la celebración de un juicio en el que declararán los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación y los médicos forenses, entre otros testigos y peritos. Martins Monroig deslizó en una reciente entrevista con el diario Las Provincias que el denunciante es un “traficante condenado” y alegó que se encontraba en otro lugar en el momento de los hechos.

El hermano del famoso delincuente, cuya pista se perdió en el puerto de Dublín el 24 de marzo de 1993, tras una fuga que mantuvo en vilo a un país aún tremendamente impactado por el crimen de Alcàsser, encara este juicio tras haber sido absuelto en 2020, por falta de pruebas, en el marco de otro procedimiento en el que se le acusaba, junto con otros dos hermanos suyos, de extorsionar a un empresario. El tribunal, por el contrario, condenó a Carlos Martins Monroig a un año y tres meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, así como a otros tres años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros por un delito contra la salud pública.

Aquel juicio también afloró los negocios que Joaquín Martins Monroig, junto con su hermana Kelly, maneja en València, en ámbitos empresariales como el sector inmobiliario, la restauración o las clínicas capilares. Además, el hermano de Antonio Anglés mantiene un canal de Youtube en el que repasa su biografía y reseña sus apariciones en programas de Telecinco y de Antena 3, al sostener que colocó injertos de pelo en su clínica capilar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García.

Un secuestro con “gran violencia”

El empresario, criado en una familia lumpenproletaria, se enfrenta este miércoles a una severa petición de pena de prisión por parte de la acusación pública. El Ministerio Público considera que, tras vigilar a la víctima y estudiar sus rutinas, los acusados interceptaron al hombre en la carretera CV-415 minutos antes de las 18.45 del 29 de noviembre de 2021, mientras conducía un BMW modelo X5. Los presuntos asaltantes colocaron sendas furgonetas robadas delante y detrás del vehículo de la víctima, evitando así cualquier posible maniobra de evasión.

Los acusados, vestidos con ropas oscuras y con pasamontañas y guantes, apuntaron al conductor con dos armas que nunca fueron halladas y, “de manera violenta” mientras rompían la luna delantera, lo obligaron a subir a una de las furgonetas, según la Fiscalía. Para ello, “emplearon gran violencia”, afirma el escrito.

Una vez en la furgoneta, la víctima fue engrilletada y conducida a Catarroja. En la cuadra propiedad de uno de los procesados en Montserrat, el secuestrado fue sometido a torturas para que pagara 200.000 euros a cambio de su liberación. Los acusados, ante la resistencia del hombre a pagar, fueron reduciendo el montante mientras seguían golpeándole. Emplearon incluso unas cadenas para darle latigazos.

La Fiscalía dice que quemaron con brasas al secuestrado

El hermano de Antonio Anglés y los otros cinco acusados, según la Fiscalía, amedrentaron al hombre con secuestrar a su hijo y a su mujer, diciéndole que le iban a cortar un dedo y acercándole unas tenazas a la oreja. De hecho, llegaron a realizarle un corte vertical en la oreja. La víctima quedó en estado de semiinconsciencia y, “en un momento dado, le quemaron con unas brasas y después le tiraron por encima un líquido para que reaccionara”, según relata la acusación pública.

El secuestrado solo ofreció 2.000 euros en efectivo que decía tener en su casa. Los acusados se quedaron con la riñonera que portaba, con un teléfono móvil y dinero en efectivo en su interior valorados en un importe total de 393 euros.

Sobre las 21.37, tras más de dos horas de torturas, los acusados sustituyeron las esposas por bridas atadas a sus manos por la espalda y metieron al hombre en la furgoneta, para abandonarlo desnudo. Poco después fue localizado por un varón que alertó a la Policía.

Vehículos incendiados para borrar pistas

Para borrar cualquier indicio de su participación en los hechos, algunos de los procesados —“siguiendo con el plan establecido previamente”— llevaron el BMW que conducía la víctima (propiedad de su madre) al camino de acceso a un campo de cultivo, donde le prendieron fuego, calcinándolo totalmente.

Una de las furgonetas robadas para ejecutar el secuestro fue abandonada tras haber rociado su interior con un extintor. La otra furgoneta fue entregada por el séptimo procesado, que pese a conocer su origen ilícito, la adquirió para desmontarla y hacerse con las piezas desguazadas. Este acusado se enfrenta a una pena de un año de prisión por un presunto delito de receptación.

El hombre secuestrado sufrió lesiones que tardaron 17 días en sanar. También le quedó una cicatriz en la pierna. Todos los acusados cuentan con antecedentes penales y permanecen en libertad provisional, con una orden de alejamiento de la víctima.

Los investigadores lograron acreditar la participación de los acusados en los hechos gracias al estudio del posicionamiento de los teléfonos y a las cámaras y lectores de matrículas.

Entre el trasiego habitual de personas que un lunes cualquiera entran y salen de los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid, esta mañana ha ocurrido algo excepcional. El militante antifranquista Carlos Serrano se ha sumado a la escasa lista —se cuentan con los dedos de una mano— de denunciantes de crímenes del franquismo que declaran ante un juez en España. Ha sido frente al magistrado Juan Carlos Peinado, de actualidad este lunes por la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial de poner en marcha un expediente por su auto sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Mientras la Comisión Permanente del organismo daba este paso con el voto en contra de los conservadores, Carlos respondía a las preguntas de Peinado sobre las torturas que sufrió cuando la dictadura daba sus últimos pasos.

“He respondido a todo, he contado que estuve en la cárcel dos veces y los malos tratos a los que fui sometido”, ha dicho Serrano a la salida. En enero de 2025, Peinado decidió admitir a trámite la querella presentada por el hombre junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). El juez, titular del Juzgado de Instrucción nº 41, incoó entonces diligencias previas con el objetivo de intentar determinar si durante las dos detenciones que sufrió en 1975 a manos de la Brigada Política Social, la policía política de Franco, fue objeto de torturas “en un contexto de crímenes contra la humanidad”, como menciona el escrito.

El magistrado había ordenado este lunes tomar declaración a Serrano y a Agustín Costo Martínez, uno de los policías imputados a raíz de la querella, que se ha acogido a su derecho a no declarar. La denuncia se dirigía contra otros exmiembros, uno de ellos fallecido y otros tres pendientes de ser identificados, según explican fuentes cercanas al caso. “El interrogatorio se ha desarrollado con total normalidad. Hemos visto que el juez ha estado interesado y ha querido indagar en los hechos objeto de denuncia”, ha explicado el abogado Jacinto Lara, que apunta a que Peinado “se ha mostrado muy interesado en posibles testigos” de los hechos.

Militante de la Liga Comunista y activista estudiantil, Serrano fue detenido en dos ocasiones, en mayo y octubre de 1975, por su actividad en oposición al régimen franquista y fue trasladado a la Casa de Correos de la Puerta del Sol, entonces sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y ahora sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se opone a recordar su pasado franquista a través de la instalación de una placa. Serrano ha contado que fue torturado y amenazado en un régimen de total incomunicación, a pesar de que tenía 17 años. En las dos ocasiones fue después trasladado a la cárcel de Carabanchel.

“La dureza de la DGS era tal que estás deseando que te envíen a la cárcel. Es surrealista y paradójico, pero es así, porque sabes que no te van a volver a detener y torturar de esa manera. El alivio de entrar en la cárcel es algo que se siente debido a los malos tratos que se sufrían” en la Puerta del Sol, ha ilustrado sobre aquellos momentos frente al grupo de activistas antifranquistas que le estaban arropando a las puertas del juzgado.

Carlos Serrano ha protagonizado este lunes una imagen todavía inédita en nuestro país. Es la segunda vez que un denunciante de torturas sufridas en el franquismo o la Transición declara ante un juez, después de que en septiembre de 2023 lo hiciera Julio Pacheco. El hombre denunciaba hechos similares, pero el caso fue finalmente archivado. Antes de esa fecha, los españoles que han interpuesto querellas por crímenes de la dictadura solo habían sido escuchados por la Justicia a miles de kilómetros de nuestro país, en Argentina.

Carlos ha explicado que sentarse frente a un juez para explicar lo que vivió le ha hecho sentirse “contento” y lo entiende como “una continuidad de la lucha, no solo mía sino de todos los compañeros y compañeras que entregaron su vida o parte de ella al antifascismo”. “Hemos vivido el fascismo en nuestra juventud, sabemos lo que es y no queremos que se vuelva a repetir”, ha añadido a preguntas de los medios.

Para el querellante, el objetivo de la acción que ha emprendido es “decir que estamos aquí y abrir una brecha en el muro de impunidad del franquismo”, se ha referido al modus operandi habitual de los tribunales que inadmiten o acaban archivando la inmensa mayoría de querellas. “Todas las dictaduras del siglo XX se juzgaron, pero el Estado español es el único territorio donde nunca se han investigado ni juzgado los crímenes del franquismo. España es un refugio de criminales franquistas”, ha apuntado antes de asegurar que tiene “esperanza” en que la querella siga adelante: “Si esto logra que se abran más juicios y más expedientes, habrá merecido la pena el recorrido”.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha informado en el Parlamento foral de que el Ejecutivo ha revocado la autorización de funcionamiento del centro evangélico Vida Nueva, ubicado en Ciriza, y lo ha excluido del registro de centros de servicios sociales por incumplimientos relacionados con el decreto foral por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales y el régimen de autorizaciones.

La revocación de la autorización de funcionamiento supone dar de baja al centro en el registro de servicios sociales. Esta decisión no supone un cese de actividad, sino la baja en el registro, según han explicado desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en comisión parlamentaria, Maeztu ha señalado que se trata de un centro que, según recientes informaciones periodísticas, está siendo investigado por un Juzgado de Pamplona tras las denuncias presentadas por tres mujeres que fueron internas del centro. Según informó 'Newtral', los responsables del centro están siendo investigados por diez presuntos delitos, como detención ilegal, coacciones o torturas por razones discriminatorias.

La consejera ha precisado que el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna denuncia de personas usuarias, pero ha explicado que su departamento ha realizado en el centro seis inspecciones desde 2016, la última de ellas en diciembre de 2025.

“En estas inspecciones nunca se ha detectado ningún ilícito penal, pero fruto de estas inspecciones, en 2022 sí que se detectó el incumplimiento de un aspecto de la normativa, que tenía que ver con el decreto foral 92/2020, de 2 de diciembre, en relación al número de plazas que tenían las habitaciones. Desde el Departamento de Derechos Sociales se instó al centro a que realizara las modificaciones necesarias para adaptarse a esta normativa, que establece que las habitaciones tienen que tener como máximo dos plazas y les dábamos un plazo de cumplimiento hasta marzo del 2025”, ha indicado la consejera.

Maeztu ha explicado que “se realizaron además en estas inspecciones otros requerimientos en cuanto a cuestiones que tenían que ver con la modificación de la normativa de ingreso y la no solicitud de determinados datos e informes médicos que se pedían a las personas que ingresaban en este centro de acogida”.

El pasado 16 de diciembre, “al constatar que no se habían hecho las adaptaciones necesarias, la inspección del Departamento comenzó el procedimiento para revocar la autorización de funcionamiento y excluir al centro Vida Nueva del registro de centros de servicios sociales por incumplimiento de la normativa”. “El 8 de abril, y tras la tramitación del consiguiente expediente que incluye la audiencia a la interesada, se acordó revocar la autorización de funcionamiento del Servicio de Centro Residencial de Inclusión Social, que es como estaba autorizado”, ha explicado.

Carmen Maeztu ha precisado que se trata de “un centro de iniciativa privada y que no tiene plazas concertadas, nunca las ha tenido y no existe desde luego en el Departamento de Derechos Sociales ni en el de Salud ningún protocolo consensuado de derivación a este recurso”.

La consejera ha precisado que “si en vía judicial se determina cualquier cuestión, el Gobierno de Navarra lógicamente actuará en consecuencia y conforme a lo que establezca, en este caso, la autoridad judicial”. “Nosotros, como Administración, hemos hecho cumplir la norma que tenemos en este caso, que es el decreto de autorizaciones”, ha subrayado.

El portavoz de EH Bildu, Jabier Arza, ha explicado que el Departamento de Salud señaló que no existe relación contractual ni ningún tipo de derivación desde los servicios de salud mental, pero “en el acta de la última inspección se recoge que el contacto con el centro se hace a iniciativa de las personas usuarias o mediante derivación de los servicios sociales, hospitales o centros de salud”. Por ello, se ha interesado acerca de si desde el Departamento de Derechos Sociales o desde Salud se ha comunicado la “conveniencia de no orientar a ninguna persona hacia ese centro”.

La consejera ha respondido que “debemos actuar como departamento con arreglo a la normativa que está en vigor y no tenemos un protocolo de derivación a los servicios sociales, por tanto, no hemos enviado ninguna instrucción, porque no hay un protocolo de derivación ni por parte del Departamento de Salud ni por parte del Departamento de Derechos Sociales”.

Jon-Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UVP-EHU) y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Especializado en violencia política, forma parte de la comisión para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales en Euskadi, una iniciativa que ve exportable para abordar la escucha y reconocimiento de los represaliados del franquismo y la transición.

“No se trata de poner a unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados”, defiende Landa, que fue uno de los ponentes de unas jornadas de la Universitat de Girona sobre formas de reparar a víctimas que han encontrado un muro en los juzgados.

Ha investigado sobre las “víctimas invisibles” de violencia política en España. ¿Quiénes son?

Son las víctimas de violencia política del Estado tanto en la dinámica del contraterrorismo en el País Vasco como los opositores de la dictadura después de 1978. La dictadura se acabó, pero la tortura continuó, y de forma muy exagerada, en los años 80. Estas víctimas, que no son prototípicas, han sido negadas o tratadas de peor condición que las víctimas de ETA. No se trata de hacer una competición, pero en España ha habido unas víctimas de segunda, que no han conocido la justicia penal.

Un primer grupo de estas víctimas son las del contexto de la lucha antiterrorista. ¿Se han contabilizado?

Un primer informe del Gobierno vasco de 2013, tras el fin de la violencia letal de ETA, cifró en al menos 167 víctimas mortales y más de 1.100 heridos, bien por violencia de la Policía, bien por elementos contraterroristas que actuaban en colusión con las fuerzas de seguridad. En la actualidad se ha contabilizado ya a 240 víctimas.

Cuando hablamos de violencia de Estado en la lucha contra ETA la imagen automática son las víctimas del GAL y el caso Segundo Marey. ¿Al resto de víctimas se las ha reparado lo suficiente?

El GAL existió pero no solo es el GAL. En los 70 y los 80, grupos como el Batallón Vasco Español o la Triple A se dan el relevo en las reivindicaciones de violencia política. Y también se han identificado, claramente, elementos parapoliciales, o incontrolados, que cuentan con la aquiescencia del Estado para llevar a cabo su violencia política.

Hubo algunos casos excepcionales de enjuiciamiento, pero la gran bolsa de muertos, heridos y torturados no ha conocido la justicia penal, y no existen a nivel oficial. Lo que sí ha habido es un debate, tanto en el País Vasco como en Navarra, en el que se ha conseguido aprobar dos leyes para crear dos comisiones de valoración, similares a las impulsadas en relación con los abusos de la Iglesia, para generar una investigación y reparar a las víctimas.

En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política

¿Cómo ha sido este proceso?

Las comisiones nacieron tras una batalla por tierra, mar y aire en el plano jurídico contra ellas. Se decía que iban a actuar como jueces, y no es cierto. En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política. Se ha logrado que emerjan más damnificados, a los que se ha reconocido como víctimas. Se ha conseguido darles lo que más piden: algo de verdad. Las víctimas no reivindican tanto una indemnización, que también reciben, sino que quede constancia de que se les lesionó o torturó o a que a su familiar lo mataron.

¿Qué tipo de casos han visto las comisiones?

Pelotazos en manifestaciones, detenciones con gravísimas agresiones en los centros de detención, incluso con agresiones sexuales, controles de carretera con muertos… Todos esos excesos, abusos y violaciones graves de los derechos humanos, en su momento no se enjuiciaron porque la policía no investigó o se investigó lo mínimo, y los jueces y fiscales miraron para otro lado y no hicieron su trabajo, con lo que los procedimientos se dilataron, archivaron o prescribieron. Es un supuesto clásico en casos de excesos de los aparatos del Estado: el propio Estado se autoencubre y los tapa.

¿Su trabajo ayuda a la reconciliación en el País Vasco?

Se está logrando cierta verdad y reparación para estas víctimas. Se está logrando también cierta visibilidad, aunque mediáticamente bastante enclaustrada en el País Vasco y Navarra. Pero es un trabajo muy necesario para la reconciliación del tejido social: aquí no se trata de poner unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados.

A las víctimas de ETA pendientes de reparación, hay que repararlas y trabajar a su favor. Pero estas otras víctimas que estaban totalmente fuera de foco también merecen reparación y una respuesta. Seguramente en el contexto polarizador del terrorismo no se podía hacer, y por eso se hace ahora.

¿La labor de estas comisiones se puede comprender más desde Catalunya y otras periferias del Estado que desde Madrid?

No debería ser así porque no es una cuestión de ‘politiqueo’. No estoy hablando de un discurso o una labor que beneficie a un partido político u otro. Hemos reconocido ya a 240 víctimas, y decenas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con ningún color político. Un día fueron detenidas, les metieron cuatro días en una comisaría y les destrozaron la vida con un derrumbe psiquiátrico irrecuperable. Eso tiene un impacto en la persona y su familia respecto, por ejemplo, la percepción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si queremos una democracia en la que todos creamos en las instituciones, tendrá que atenderse también esta realidad. No es una realidad de suma cero: atender a estas víctimas no quita legitimidad a las de ETA. Las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA siguen siendo muy necesarias, pero en el pasado a su alrededor se generó un relato inaceptable para condenar al olvido otras violaciones de derechos humanos.

¿Por qué le ha costado tanto al Estado y a sus responsables políticos reconocer esta violencia?

Le sigue costando: la Ley de Memoria Democrática tiene una disposición adicional que por primera vez amplía el espectro del ámbito objetivo de la ley desde 1978 a 1983 para tratar la violencia que se produjo en la transición. Pero el Estado atiende de manera muy tímida a estas víctimas. Parece que va contra la democracia reconocer que a partir de la entrada en la Constitución se produjeron también violaciones graves de derechos humanos. En realidad, la grandeza de un Estado democrático no es el cuerpo formal de su democracia, sino cómo la ejerce. Y se ejerce reconociendo también aquellos derechos humanos que han quedado por el camino.

Aunque ha habido investigaciones, los represaliados del franquismo y la transición siguen encontrando un muro en la Justicia. ¿Un ejemplo a seguir para estas víctimas serían las comisiones que ha impulsado en el País Vasco?

Es un mecanismo previsto por la ley de Memoria, y tiene potencial, pero será real cuando se lo tomen en serio. Si no nos gusta el nombre de comisión de la verdad, le llamamos de otra manera. Pero lo que no puede ser es que estas personas no estén atendidas.

Más allá de la judicatura, donde se ha impuesto una doctrina muy conservadora (que no era la única posible) para no atender los estándares de derechos humanos y a las víctimas, hay un espacio intermedio que son los mecanismos de verdad, que se pueden instrumentar a través de leyes administrativas y expedientes que no tienen que ser fríos. Al contrario, pueden ser mecanismos que se llenen el corazón con lo que es la doctrina del derecho internacional y de los derechos humanos y llamen a las cosas por su nombre.

Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria

¿Por qué tarda tanto en moverse esta maquinaria institucional del Estado en memoria democrática?

Hay varias razones. Medio país no cree en esas leyes: cuando el PP ha llegado al poder en distintas instituciones, le ha quitado el presupuesto. Cancelaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que educaba a los alumnos en derechos humanos y era una sugerencia del Consejo de Europa, y nos debilitó. ¿Cómo se puede quitar la educación para la ciudadanía en un Estado democrático? Ello no quita la capacidad de los actuales responsables del Gobierno para impulsar la ley de Memoria, aunque habría que preguntárselo a ellos.

Por otro lado, históricamente en Europa la víctima de primera es precisamente la de la violencia del Estado a su máximo nivel: la víctima del Holocausto. Por contra, en España la víctima prototípica es la del terrorismo. Todo ello genera una contención por parte de medio país, que no quiere mirar a los ojos a la historia y que sigue, de alguna manera, convalidando una especie de historia de España como si la dictadura no fuera lo que fue. Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria.

Hay muchas víctimas que se quejan de las dificultades que les ponen los archivos para acceder a la documentación de sus detenciones.

Esto muestra donde estamos: hay leyes de víctimas bien articuladas jurídicamente, pero hay muchas instituciones que colaboran y otras muchas instituciones que no colaboran. En nuestra comisión de colaboración, cuando no colaboran lo decimos y se va haciendo presión.

¿Qué instituciones colaboran menos?

Los archivos militares. Muchas veces a la judicatura le cuesta, dice que no tiene medios y echan balones fuera. Pero incluso con la propia administración autonómica a veces no es todo tan claro.

¿Por qué?

Porque todavía se está sujeto a la arbitrariedad. Muchas veces depende de que un archivero te dé o no unos datos cuando hay una ley de víctimas que articula una comisión de valoración que tiene unos poderes investigativos tasados para poder recabar la documentación. Pero cuando emergen las personas reconocidas y se van conociendo sus historias de vida, la verdad empuja la verdad y es más difícil de tapar.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España. Es bueno que todos los abusos se limpien, no con una voluntad de estar constantemente con comisiones de clarificación, que también tienen que tener un tiempo tasado. Si se hace bien el trabajo, aunque no pueda hacerse todo pero quede limpio, la salud democrática mejorará.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España

¿Cómo podría tener éxito una comisión de este tipo a nivel estatal?

Lo primero sería tomársela en serio y que las personas que participaran fueran del máximo prestigio y que no sea para hacer un juego partidario. También tenemos que imbuirnos de la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, que ha quedado demasiado fuera del foco (es otro daño colateral de la dictadura).

El derecho internacional de los derechos humanos no es para gente buena que tiene el corazón henchido de buenos deseos. La Constitución dice que hay que interpretar todas las leyes conforme a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos. No lo han querido hacer los jueces, pues actuemos estratégicamente impulsando las leyes de víctimas y mejorando los mecanismos.

Muchas de las víctimas en el caso de las del tardofranquismo y transición ya están empezando a morirse.

Esto nos pasó en la comisión de valoración del País Vasco y es un drama. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas a las que funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han torturado. Se trata de atender estándares asentados en todo nuestro entorno europeo que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cuáles son las consecuencias de no mirar con seriedad al pasado?

Comporta un lastre para hoy y para el futuro, por ejemplo en políticas en las que se necesitaría consenso y no lo hay. También en determinados cuerpos funcionariales: a veces, en ciertos sectores de la judicatura y la Fiscalía, hay una mirada de arrastre porque en su momento no se depuraron. ¿Por qué casi siempre hay mayoría conservadora en determinados cuerpos del Estado? ¿Representan a la pluralidad del país? Hay muchos deberes que no se atendieron y lastran el funcionamiento de las instituciones hoy, no solo en la violencia de motivación política, sino también a la hora de controlar los abusos policiales.

¿Estamos pagando las consecuencias del modelo de transición española, caracterizado por el olvido, en vez del argentino, donde se juzgó a los responsables de la dictadura?

Creo que sí. Hay muchas personas que tienen reservas respecto al Estado democrático por la experiencia que tuvieron con la Policía. Las historias negras que no se limpian dejan rastro en muchas personas que no van a confiar en las fuerzas de seguridad, lo que les dificultará convertirse en un cuerpo de proximidad y comunitario. Hay que atender a las víctimas y a sus familiares porque son espinas que están clavadas en las historias de vida de nuestros ciudadanos. Sacando esas espinas, conseguiremos recuperar el tejido social.

Cinquanta anys després de la mort de Franco, Roser Rius continua recordant amb nitidesa els crits i les tortures als calabossos de la Direcció General de Seguretat -principal centre de detenció i tortura policial durant la dictadura, avui seu de la Reial Casa de Correus i declarat Lloc de Memòria malgrat el boicot de la Comunitat de Madrid. Militant de la Lliga Comunista Revolucionària, va ser detinguda a Madrid l'octubre de 1974 durant una caiguda policial contra la seva organització. Durant els interrogatoris va ser colpejada i sotmesa a tortures físiques i psicològiques per agents de la Brigada Polític-Social, entre els quals es trobava Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, qui li va destrossar els peus a cops mentre alternava les pallisses amb converses aparentment normals. “Ells volien que sentissis que allà no eres ningú. Fins que no passaves davant d'un jutge, pràcticament no existies”, recorda.

En aquesta entrevista concedida a elDiario.es, Rius (Barcelona, 1947) recorda com, després de passar pels calabossos de la DGS, va ser empresonada durant catorze mesos a la presó madrilenya de Yeserías. Allà va escriure cartes i va convertir el dibuix en una forma de resistència i de comunicació amb l'exterior. “Dibuixar m'ajudava a treure coses de dins”, explica. Ara ha reconstruït aquella experiència a Memòria dibuixada. Presó de Yeserías (1974-1975), un diari il·lustrat travessat no només per la tortura i la represió, sinó també pels petits gestos quotidians d'afecte i supervivència: un cafè després de repartir octavetes, una carta enviada clandestinament, la solidaritat entre preses o l'emoció de descobrir, després de dies de cops i interrogatoris, que ningú havia delatat ningú. “Sentíem que els haviem vençut”, subratlla.

Querellant contra Billy el Niño i activista memorialista des de fa dècades, Rius denuncia que les tortures dutes a terme per l'aparell policial franquista “no eren excessos aïllats”, sinó “part d'un sistema organitzat”. La il·lustradora, qui ha estat a Palma per participar en la jornada 'Malgrat la por, la solidaritat i la memòria. Relats de presó de dones durant el franquisme', organitzada per la Universitat de les Illes Balears (UIB), qüestiona, així mateix, el relat oficial de la Transició: “No tenien cap interès real a acabar amb allò. Tenien interès a maquillar una mica el règim per a Europa i que els seus negocis continuassin funcionant”.

A Memòria dibuixada hi ha escenes molt quotidianes -un desdejuni, una conversa, un comiat- just abans de la seva detenció. Quina importància té recuperar aquesta vida quotidiana que la dictadura va intentar trencar?

Quan hi ha una malaltia, una desaparició o, en aquest cas, una detenció, el que fèiem abans sempre queda molt marcat. D'alguna manera sabíem que en qualsevol moment podien detenir-nos, però intentàvem fer una vida el més normal possible: treballar, trobar-te amb els amics després dins del que la clandestinitat ens permetia, anar a prendre una canya després d'una manifestació o un cafè després d'haver repartit fulls. Tot això ho trobaves molt a faltar a la presó.

D'alguna manera sabíem que en qualsevol moment podien detenir-nos, però intentàvem fer una vida el més normal possible: treballar, trobar-te amb els amics o, dins del que la clandestinitat ens permetia, anar a prendre una canya després d'una manifestació o un cafè després d'haver repartit fulls

Relata que quan la van detenir va sentir fins i tot “el final de la por a ser detinguda”.

Així és... Com les veies venir, perquè hi havia moltíssimes detencions, judicis i caigudes a Madrid i a Barcelona, vivies amb la por al cos, com se sol dir. Llavors, en el moment en què em van detenir, vaig pensar: “Ja ha passat. Ha passat allò que durant tant de temps havies pensat i temut que podia passar”.

Descriu la Direcció General de Seguretat (DGS) com “el palau del terror” i parla de l'absència actual de plaques o memòria a l'edifici. Què recorda amb més nitidesa d'aquelles hores a la DGS?

El més dur eren els interrogatoris, que es feien en despatxos, de vegades amb molts homes alhora. Evidentment, hi havia els cops, la tortura psicològica i, en el meu cas, intentaven fer-me creure que en Francesc, el meu company, estava molt malament i que li havien pegat molt al carrer. També hi havia els crits que escoltaves constantment. No sabies si eren reals o si hi posaven una cinta. I sobretot hi havia aquella sensació que allà tu no eres ningú. Ells volien que no fossis ningú i que sabessis que podien fer amb tu el que volguessin. Recordo que una metgessa, quan jo vaig cridar que volia saber què li havien fet al meu company, em va respondre: “Vostè aquí no té cap dret”. I tenia raó. Eres allà, a les seves mans, i fins que no passaves davant d'un jutge pràcticament no existies. Aquella sensació era molt forta.

A la Direcció General de Seguretat volien que no fossis ningú i que sabessis que podien fer amb tu el que volguessin. Estabes allà, a les seves mans, i fins que no passaves davant d'un jutge pràcticament no existies. Aquesta sensació era molt forta

Al mateix temps, també era molt forta la sensació que aquella gent era exactament el que esperaves que fossin: uns desgraciats, uns malnacuts. No hi havia cap síntoma d'humanitat que pogués fer-te canviar d'idea. Eren els representants perfectes d'una dictadura. I això, vulguis o no, també reforçava les teves conviccions. Als calabossos, quan estaves a baix, senties que la vida seguia al carrer perquè senties les petjades i veies les cames de la gent passar. Pensaves: “Mira, la vida segueix allà fora”. Aquesta sensació també la tenies a la presó, veient els balcons i la vida al voltant. Era com si tu estiguessis vivint una altra vida obligada, una cosa semblant al conte de La bella dorment.

Al seu llibre apareix molt la memòria del cos: els cops, el cansament, la por. Creu que el cos conserva records que mai desapareixen?

Sí, com quan ens van traslladar als calabossos de Saleses, on vam estar tres dies abans de declarar davant del jutge. Ja només el fet d'arribar allà ja suposava un canvi. El teu cos estava contusionat, ple de ferides, però senties que allò ja era una altra cosa. I a més hi va haver una cosa molt important: ningú de la nostra caiguda va parlar ni va delatar ningú. Això ens va donar moltíssima força. Quan ens van ficar a la furgoneta que ens portava des de la DGS fins al Palau de Justícia, anàvem eufòrics. Semblava que ens haguessin donat un premi, encara que jo tenia els peus destrossats i gairebé no podia caminar.

Mirava els altres: el 'Peque', que estava fet un naufragi, la 'Cuchi', a qui havien obligat a fer 'el pato' [tortura que els policies exercien obligant el detingut a ajupir-se amb les mans per sota dels genolls mentre el colpejaven], altres companys plens de cops... Sentíem una sensació... jo diria que de les més plenes que he tingut a la meva vida. Era com pensar: “Hem guanyat, els hem vençut”. I això que ni tan sols ens coneixíem tots. A una de les companyes detingudes no la coneixia de res, a una altra molt poc i amb una altra sí que hi tenia més relació. Després, a la presó, totes quatre ens vam fer molt amigues.

Ningú de la nostra caiguda va parlar ni va delatar ningú. Això ens va donar moltíssima força

Explica que Billy el Niño alternava cops amb converses aparentment normals. Quin efecte psicològic tenia allò?

Jo ho vivia pensant que aquell paio estava com una 'xota'. Amb el temps em vaig assabentar que teníem la mateixa edat, 27 anys, però en aquell moment no podia imaginar-ho. No em cabia al cap que una espècie de desgraciat així pogués tenir aleshores la mateixa edat que jo. Començava parlant-me que havia estat a Barcelona i jo pensava: “Aquest paio es creu que estem en un cafè?”. Només podies pensar que tenia un excés d'alguna cosa que no li anava bé. Però, més enllà d'això, dubto molt que allò pogués produir un efecte diferent. No crec que una persona detinguda pugui pensar que hi ha un policia que vol fer-se amic seu després d'haver-te donat una pallissa.

Amb el temps em vaig assabentar que Billy el Niño i jo teníem la mateixa edat, 27 anys, però en aquell moment no ho podia imaginar. No em cabia al cap que una espècie de desgraciat així pogués tenir aleshores la mateixa edat que jo

Considera que allò forma part d'un sistema organitzat?

Les tortures no eren un fet aïllat. Com escric al llibre, darrere de cada torturador hi havia un sistema que els preparava i protegia. A l'actualitat, dues vegades al mes, fem assemblees al carrer, davant de Via Laietana, que era la gran comissaria de Barcelona: allà escoltes nombrosos testimonis i, si no ho hagués sabut ja abans -perquè vaig estar a la presó amb 200 o 300 detingudes-, m'hauria adonat ara: les coses es repeteixen. I es repeteixen a tot arreu, a totes les ciutats i a tots els llocs.

Ells tenien una sèrie de protocols, fins i tot per escrit. Els aprenien en campaments de formació policial. Hi havia tota una sèrie de pràctiques que aplicaven, de vegades amb més violència i altres amb menys. De vegades no sabies molt bé per què. En el nostre cas, a més, feia tres setmanes que [l'11 de gener de 1977] s'havia produït l'atemptat de la cafeteria Rolando, davant de la DGS: van morir tretze persones, entre elles un policia. Aquell els havia encès moltíssim i potser estaven especialment rabiosos. Nosaltres no teníem res a veure ni amb allò ni amb cap tipus de violència armada, però igualment ens donaven cops. Recordo fins i tot que alguna vegada, mentre ens pegaven, deien alguna cosa així com: “Aquest cop és pel que li van fer al meu company”. I allà sí que notaves clarament que estaven molt enfadats.

Les tortures no eren un fet aïllat. Darrere de cada torturador hi havia un sistema que els preparava i protegia

Era també el dibuix una manera de resistir a la deshumanització de la càrcer?

Sempre m'ha agradat dibuixar i m'he guanyat la vida amb això. Dibuixar em feia sentir bé i era una forma de treure coses que d'una altra manera em resultava més difícil expressar. També era una forma de comunicació amb el meu company. Alguns dibuixos no podia enviar-se'ls, però d'altres sí. Hi havia dibuixos molt conscients, com els de la Direcció General de Seguretat, perquè volia reflectir coses que havien ocorregut allà. Un dels primers que vaig fer tot just sortir de presó buscava expressar com una persona pot sentir-se completament dominada per la violència sense necessitat de dibuixar directament els cops. Jo soc il·lustradora de llibres infantils i em costa molt expressar determinades coses relacionades amb l'odi. Per això intentava buscar altres formes de transmetre aquella sensació. Dibuixar em va servir de vàlvula d'escapament.

Un dels primers dibuixos que vaig fer tot just sortir de presó buscava expressar com una persona pot sentir-se completament dominada per la violència sense necessitat de dibuixar directament els cops. Jo sóc il·lustradora de llibres infantils i em costa molt expressar determinades coses relacionades amb l'odi

Un altre dels dibuixos que vaig fer reflecteix una tortura que no tenia una explicació senzilla: l'anomenaven 'el pato' i era molt humiliant perquè t'obligaven a ajupir-te amb les mans lligades per sota de les cames mentre et donaven puntades de peu i cops. Si duies temps militant, intentaves resistir per no acabar caient-hi perquè sabies que això els encantava. Una de les companyes que la va patir encara no havia complit els divuit anys. També hi havia una altra tortura sistemàtica: lligar-nos a un radiador i colpejar-nos repetidament a la planta dels peus: “pim, pam, pim, pam”. L'efecte d'allò el vaig intentar explicar després al poema inicial del llibre.

(Jo vaig tenir els peus negres

l’octubre de 1974,

negres, verats de verd i de morat.

El dolor pujava pels turmells

morint a mitja cama.

A còpia de cops,

l’ànima de ferro de la porra

va dibuixar una geografia

de la tortura sobre la meva pell.

L’amor, les idees, la solidaritat

van embolcallar la meva por.

Protegint-me de la delació.

Més tard, les negres ungles

van caure una a una.

I, al mig dels peus,

m’hi van quedar uns estigmes

rodons, com monedes.

Jo vaig tenir els peus negres

a l’octubre de l’any 74,

però els cops,

com el mall contra el ferro,

van forjar la meva força).

Relata al seu llibre el component específicament masclista de la violència i també com, malgrat compartir espai amb altres preses polítiques molt diferents entre si, es va crear una gran solidaritat a Yeserías. Va ser aquella xarxa de suport el que els va permetre resistir?

La sort va ser poder comptar amb companyes en qui podies recolzar-te. Bàsicament eren companyes del meu partit, encara que vam estar molt poc temps juntes perquè les tres noies que havien detingut amb mi van quedar en llibertat al cap de dos mesos. Després, dins la presó, hi havia tanta gent que anaves buscant afinitats. Jo estava amb dones d'altres partits i d'altres organitzacions i amb algunes vam establir relacions molt bones i moltíssima solidaritat.

Era una qüestió de supervivència, d'autodefensa, de formar un grup que pogués sostenir-se. Perquè un lloc tancat, ja sigui una presó, un convent o qualsevol altre lloc, acaba generant dinàmiques molt particulars i has de saber distingir moltes coses i no deixar-te arrossegar. Però, si aconsegueixes construir amistat, companyerisme i aliances amb persones que més o menys pensen com tu, això ajuda moltíssim, perquè sentir-se sola és molt dur. Jo vaig tenir companyes basques i una altra de Madrid, i amb elles vaig fer una relació especialment forta. En general em vaig portar bé amb gairebé tothom.

Jo estava amb dones d'altres partits i d'altres organitzacions, i amb algunes vam establir relacions molt bones i moltíssima solidaritat. Era una qüestió de supervivència, d'autodefensa, de formar un grup que pogués sostenir-se

S'ha explicat suficientment la repressió específica que van patir les dones durant el franquisme?

Jo crec que en els últims anys s'ha anat obrint molt tota aquesta part de la memòria, perquè durant molt de temps tot el relacionat amb la postguerra va estar molt ocult, tant en el cas de les dones com en el dels homes. A poc a poc això s'ha anat coneixent i moltes vegades han estat elles mateixes qui han acabat escrivint, buscant testimonis de les seves companyes d'aleshores i fent treballs molt interessants. Moltes ja no hi són, però els seus fills o els seus nets han continuat aquesta tasca. I després també han arribat dones d'altres generacions.

Crec que des de fa uns anys hi ha molt més coneixement i moltes més ganes de donar aquest testimoni. El meu llibre s'inscriu precisament en aquest exercici de memòria col·lectiva que molta gent estem impulsant. El que passa és que el protagonisme masculí sempre ha estat molt fort i durant molt de temps semblava que les dones només havien tingut un paper de suport. Les dones democràtiques eren les que cuidaven els presos, per exemple, quan en realitat també hi havia dones preses. Les dones van quedar invisibilitzades, com si no haguessin lluitat.

Abans parlava de l'orgull que sentien de no haver delatat companys. Com ho recorda avui?

És una cosa que et serveix sempre en algun moment dur. Penses: “A mi allò no em va fer abaixar el cap. La policia no va aconseguir doblegar-me, així que tu tampoc ho faràs”. No és que vagis explicant la teva vida constantment, però en el fons estàs dient a aquella persona: “A mi no”. Si no em va enfonsar la policia, aquesta persona tampoc ho aconseguirà. I això et dóna força. Per sort són moments molt concrets, però alguna vegada a la vida et trobes amb algú i penses: “Tu a mi no, eh?”. No sé si és fortalesa o supervivència. Suposo que és intentar extreure alguna cosa del que t'ha passat.

Què sent en pensar que molts torturadors van morir sense ser jutjats? Què va sentir en el cas de Billy el Nen?

El cas d'Antonio González Pacheco va ser molt curiós i contradictori. Tant la Comuna com l'associació d'ex-presos el que volíem era poder presentar querelles i portar aquesta gent a judici. Llavors, quan durant la pandèmia va morir Antonio González Pacheco, d'entrada em vaig alegrar i vaig pensar: “Mira, un menys”. Però gairebé immediatament alguns companys em van dir: “Ja no podrem jutjar-lo, se n'ha anat”. I aleshores em va donar moltíssima ràbia.

És un sentiment contradictori perquè tampoc desitges la mort de ningú, però t'adones que se'n van morint i desapareix la possibilitat de jutjar-los. I això està passant amb molts protagonistes tant de la política com de la policia franquista. Billy el Niño encara va morir relativament jove, tindria 72 o 73 anys. El mateix passa amb Martín Villa. Havia de comparèixer fa uns mesos a Alacant i al final ha aconseguit evitar-ho. Havien aconseguit que una jutgessa el cités a declarar [per la mort el 1976 de l'antifranquista Teófilo del Valle a mans de la Policia Armada], però sembla que sempre aconsegueixen moure peces i esquivar aquest moment.

Quan durant la pandèmia va morir Antonio González Pacheco, d'entrada em vaig alegrar i vaig pensar: 'Mira, un menys'. Però gairebé immediatament alguns companys em van dir: ‘Ja no podrem jutjar-lo, se n'ha anat’. És un sentiment contradictori, perquè no desitges la mort de ningú, però t'adones que se'n van morint i desapareix la possibilitat de jutjar-los

Durant dècades, la Llei d'Amnistia ha estat presentada com un dels pilars de la Transició. És del parer que l'Estat espanyol ha estat més a prop de protegir els botxins que de reparar les víctimes?

Sí, està claríssim. L'altre dia vaig ser en una universitat parlant amb professors de Dret i ells m'ho explicaven molt millor del que puc fer-ho jo. Deien que els articles de la Llei d'Amnistia que blindaven jutges, policies i militars es van introduir gairebé al final, amb moltíssima pressió dels propis aparells franquistes. I això va ser el que la va convertir en una mena de llei de punt final, que a més segueix vigent. És veritat que gràcies a aquesta llei va sortir molta gent de presó perquè encara quedaven prou presos polítics. Però, al mateix temps, també va servir per cobrir completament les esquenes dels qui havien participat en la repressió.

En països com Argentina aquestes lleis de punt final van acabar derrogant-se parcialment i aquí també podrien modificar-se aquests articles. No necessàriament tota la llei, perquè hi ha parts que van afectar positivament molta gent represaliada. Però, segons m'explicaven aquests professors, el que fa falta és voluntat política: que els legisladors canviïn la llei. Aleshores els jutges no tindrien més remei que aplicar també aquesta modificació.

Gràcies a la llei d'amnistia va sortir molta gent de presó, perquè encara quedaven bastants presos polítics. Però al mateix temps també va servir per cobrir completament les esquenes dels qui havien participat en la repressió

Per què creu que Espanya continua sent una anomalia a Europa en la investigació dels crims del franquisme? Potser ha pesat més la voluntat de “passar pàgina” que la de depurar responsabilitats?

Perquè tot estava 'atado y bien atado'. Amb la Transició, el franquisme no es va trencar del tot. Hi va haver eleccions lliures, sí, però qui van ser els primers que van guanyar aquelles eleccions? Eren franquistes. Era Adolfo Suárez. Aquella gent, com anava a canviar completament una cosa que havia defensat durant quaranta anys? No tenien cap interès real a acabar amb allò. Tenien interès a maquillar una mica el règim per a Europa, perquè els seus negocis poguessin funcionar millor, però al final van prevaler els seus propis interessos. A més, els anava molt bé tenir al darrere uns quants militars amenaçant constantment amb un cop d'estat. Des de la mort de Franco hi va haver amenaces contínues i, especialment entre 1979 i 1981, l'ambient estava ple d'aquesta pressió militar fins que va arribar el cop del 23F. Hi havia molta por que allò pogués tornar enrere.

Què sent quan organismes internacionals qüestionen la compatibilitat de la Llei d'Amnistia amb els principis del dret internacional sobre veritat, justícia i reparació per a les víctimes de delictes de lesa humanitat?

Hauríem d'aconseguir que tot això es revisés a fons. Per a mi, la major reparació seria precisament aquesta: reconèixer que lluitàvem per coses que avui són completament legals i que, a més, formen part dels drets humans, com el dret de reunió o el dret de manifestació. Lluitàvem per això, entre moltes altres coses. Que hi hagués un reconeixement clar que allò pel que vam ser condemnats era completament injust i que els qui van participar en aquesta repressió -jutges, policies- van ser responsables de crims de lesa humanitat.

Encara que la majoria ja hagin mort, almenys hauria de quedar constància pública d'això. I els qui segueixen vius no haurien de continuar cobrant privilegis o sobresous vinculats a aquella repressió. Perquè la policia cobrava sobresous per les nostres detencions i per les nostres tortures. I aquests complements els han continuat cobrant durant anys. Com pot ser això? Això sí que seria una manera de demostrar que realment existeix voluntat d'assumir el que va ocórrer.

Li preocupa el revisionisme actual sobre la dictadura franquista i l'auge dels discursos que la relativitzen?

Sí, clar, especialment entre la gent jove. També és veritat que he anat a alguns instituts i universitats i, de moment, no m'he trobat ningú que defensés obertament la dictadura. Jo sempre els dic: “Si penseu una altra cosa, podeu dir-ho i ho parlem”. Però ningú m'ha dit a la cara que la dictadura fos una cosa a enyorar. El problema és que la democràcia té molts defectes, els polítics tenen molts defectes i hi ha molta corrupció. I si la gent jove no coneix realment el que va ser allò, pot acabar pensant que era un món molt ordenat i molt senzill.

L'extrema dreta sempre presenta alternatives senzilles, una espècie de nou paternalisme: “No pensis massa, no et moguis i no passarà res”. Aquest tipus de missatges poden fer molt de mal i ja ho estan fent. A més, les xarxes socials han ajudat moltíssim a això i al darrere hi ha diners i mecanismes molt potents. Per això nosaltres hem d'intentar explicar al màxim tot el que sabem, oferir alternatives noves i, a més, dir-los als joves que pensin. Si realment pensen que allò era millor vol dir que alguna cosa passa, però que facin l'esforç de reflexionar abans de dir-ho.

Què li agradaria que entengués algú de 20 anys en llegir avui el seu llibre?

Quan presento el llibre sempre dic que m'agradaria molt anar a instituts. Ja m'han sortit algunes oportunitats de fer-ho i també he anat a un parell d'aules universitàries. A mi m'interessa parlar amb la gent jove. No sé si els joves de 20 anys estan llegint el llibre. Sé d'alguna persona jove que sí l'ha llegit, però crec que la majoria de lectors són persones que senten que allò també va ser el seu moment, encara que no patissin directament la repressió: gent que ara té entre 65 i 85 anys i que va viure aquella època d'una manera o altra. M'agradaria que els joves el llegissin i em diguessin què pensen, però, sobretot, m'agradaria que reflexionessin davant d'aquests discursos d'odi i aquests missatges tan simples que circulen per les xarxes socials i que acaben calant tant.

M'agradaria que els joves llegissin 'Memòria dibuixada' i em diguessin què pensen, però, sobretot, m'agradaria que reflexionessin davant dels discursos d'odi i els missatges tan simples que circulen per les xarxes socials i que acaben calant tant

Què creu que Espanya encara no ha volgut mirar de cara sobre la dictadura? Pensa que hi ha encara una cultura de protecció cap a determinades estructures heretades del franquisme?

Jo crec que, després de tants anys des de la Transició, molta gent ni tan sols s'ho pregunta. Hi ha algunes persones que sí que ens ho preguntem molt, però gran part de la societat no ha volgut qüestionar-se realment què va passar. Si tu els dius: “Saps que tota aquesta gent era la mateixa que la del Tribunal d'Ordre Públic? Que simplement se li va canviar el nom i que eren els mateixos jutges i els mateixos fiscals?”, molta gent no ho sap o no ha volgut veure-ho.

Però són coses que nosaltres tenim molt clares: hi va haver tota una política destinada a això, no va ser una cosa que sortís sola. I els va anar bé. Va ser una política d'oblit impulsada des de dalt a la qual van contribuir els partits polítics, la premsa… tothom. Tot allò va tenir molta força i, com que a més les coses havien millorat una mica, van decidir no mirar què és el que estava passant, tota la repressió que hi va haver als carrers a finals dels setanta i principis dels vuitanta. Es va instal·lar aquesta idea de: “Bé, és que estem a Europa”, “ja tenim democràcia, ja podem votar”.

Mentre uns deien que calia “tancar les ferides”, hi havia famílies buscant els seus morts a les fosses sense que gairebé ningú en parlés...

De fet, els qui van començar la lluita per la memòria democràtica perquè tot això es veiés van ser les persones que tenien els seus pares o avis a les cunetes. Van ser ells qui van començar a presentar querelles, fins i tot a Argentina. No es van creure aquest discurs que tot estava ja superat. Les ferides eren tan profundes que els descendents encara les porten a sobre i continuen volent tancar-les de veritat.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, Roser Rius continúa recordando con nitidez los gritos y las torturas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad -principal centro de detención y tortura policial durante la dictadura, hoy sede de la Real Casa de Correos y declarada Lugar de Memoria pese al boicot de la Comunidad de Madrid. Militante de la Liga Comunista Revolucionaria, fue detenida en Madrid en octubre de 1974 durante una caída policial contra su organización. Durante los interrogatorios fue golpeada y sometida a torturas físicas y psicológicas por agentes de la Brigada Político-Social, entre quienes se encontraba Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, quien le destrozó los pies a golpes mientras alternaba las palizas con conversaciones aparentemente normales. “Ellos querían que sintieras que allí no eras nadie. Hasta que no pasabas delante de un juez, prácticamente no existías”, recuerda.

En esta entrevista concedida a elDiario.es, Rius (Barcelona, 1947) recuerda cómo, tras pasar por los calabozos de la DGS, fue encarcelada durante catorce meses en la prisión madrileña de Yeserías. Allí escribió cartas y convirtió el dibujo en una forma de resistencia y de comunicación con el exterior. “Dibujar me ayudaba a sacar cosas de dentro”, explica. Ahora ha reconstruido aquella experiencia en Memòria dibuixada. Presó de Yeserías (1974-1975), un diario ilustrado atravesado no solo por la tortura y la represión, sino también por los pequeños gestos cotidianos de afecto y supervivencia: un café después de repartir octavillas, una carta enviada clandestinamente, la solidaridad entre presas o la emoción de descubrir, tras días de golpes e interrogatorios, que nadie había delatado a nadie. “Sentíamos que les habíamos vencido”, subraya.

Querellante contra Billy el Niño y activista memorialista desde hace décadas, Rius denuncia que las torturas llevadas a cabo por el aparato policial franquista “no eran excesos aislados”, sino “parte de un sistema organizado”. La ilustradora, quien ha estado en Palma para participar en la jornada 'Malgrat la por, la solidaritat i la memòria. Relats de presó de dones durant el franquisme', organizada por la Universitat de les Illes Balears (UIB), cuestiona, asimismo, el relato oficial de la Transición: “No tenían ningún interés real en acabar con aquello. Tenían interés en maquillar un poco el régimen para Europa y que sus negocios siguieran funcionando”.

En Memòria dibuixada hay escenas muy cotidianas -un desayuno, una conversación, una despedida- justo antes de su detención. ¿Qué importancia tiene recuperar esa vida cotidiana que la dictadura intentó romper?

Cuando hay una enfermedad, una desaparición o, en este caso, una detención, lo que estábamos haciendo antes siempre queda muy marcado. De alguna forma sabíamos que en cualquier momento podían detenernos, pero intentábamos hacer una vida lo más normal posible: trabajar, encontrarte con los amigos después dentro de lo que la clandestinidad nos permitía, ir a tomar una caña tras una manifestación o un café después de haber repartido octavillas. Todo eso lo echabas mucho a faltar en prisión.

De alguna forma sabíamos que en cualquier momento podían detenernos, pero intentábamos hacer una vida lo más normal posible: trabajar, encontrarte con los amigos después dentro de lo que la clandestinidad nos permitía, ir a tomar una caña tras una manifestación o un café después de haber repartido octavillas

Relata que cuando la detuvieron sintió incluso “el fin del miedo a ser detenida”.

Así es... Como las veías venir, porque había muchísimas detenciones, juicios y caídas en Madrid y en Barcelona, vivías con el miedo en el cuerpo, como se suele decir. Entonces, en el momento en que me detuvieron, pensé: “Ya ha pasado. Ha pasado eso que durante tanto tiempo habías pensado y temido que podía ocurrir”.

Describe la Dirección General de Seguridad (DGS) como “el palacio del terror” y habla de la ausencia actual de placas o memoria en el edificio. ¿Qué recuerda con más nitidez de aquellas horas en la DGS?

Lo más duro eran los interrogatorios, que se hacían en despachos, a veces con muchos hombres a la vez. Evidentemente estaban los golpes, la tortura psicológica y, en mi caso, intentaban hacerme creer que Francesc, mi compañero, estaba muy mal y que le habían pegado muchísimo en la calle. También estaban los gritos que escuchabas constantemente. No sabías si eran reales o si ponían una cinta. Y sobre todo estaba esa sensación de que allí tú no eras nadie. Ellos querían que no fueses nadie y que supieses que podían hacer contigo lo que quisieran. Recuerdo que una médica, cuando yo grité que quería saber qué le habían hecho a mi compañero, me respondió: “Usted aquí no tiene ningún derecho”. Y tenía razón. Estabas allí, en sus manos, y hasta que no pasabas delante de un juez prácticamente no existías. Esa sensación era muy fuerte.

En la Dirección General de Seguridad querían que no fueses nadie y que supieses que podían hacer contigo lo que quisieran. Estabas allí, en sus manos, y hasta que no pasabas delante de un juez prácticamente no existías. Esa sensación era muy fuerte

Al mismo tiempo, también era muy fuerte la sensación de que aquella gente era exactamente lo que esperabas que fueran: unos desgraciados, unos malnacidos. No había ningún síntoma de humanidad que pudiera hacerte cambiar de idea. Eran los representantes perfectos de una dictadura. Y eso, quieras o no, también reforzaba tus convicciones. En los calabozos, cuando estabas abajo, sentías que la vida seguía en la calle porque oías las pisadas y veías las piernas de la gente pasar. Pensabas: “Mira, la vida sigue ahí fuera”. Esa sensación también la tenías en prisión, viendo los balcones y la vida alrededor. Era como si tú estuvieras viviendo otra vida obligada, algo parecido al cuento de La bella durmiente.

En su libro aparece mucho la memoria del cuerpo: los golpes, el cansancio, el miedo. ¿El cuerpo conserva recuerdos que nunca desaparecen?

Sí, como cuando nos trasladaron a los calabozos de Salesas, donde estuvimos tres días antes de declarar ante el juez. Ya solo el hecho de llegar allí suponía un cambio. Tu cuerpo estaba magullado, lleno de heridas, pero sentías que aquello ya era otra cosa. Y además hubo algo muy importante: nadie de nuestra caída habló ni delató a nadie. Eso nos dio muchísima fuerza. Cuando nos metieron en la camioneta que nos llevaba desde la DGS hasta el Palacio de Justicia, íbamos eufóricos. Parecía que nos hubieran dado un premio, aunque yo tenía los pies destrozados y casi no podía andar.

Miraba a los demás: al 'Peque', que estaba hecho un naufragio; a la 'Cuchi', a la que habían obligado a hacer 'el pato' [tortura que los policías ejercían obligando al detenido a agacharse con las manos por debajo de las rodillas mientras lo golpeaban], a otros compañeros llenos de golpes… Sentíamos una sensación... yo diría que de las más plenas que he tenido en mi vida. Era como pensar: “Hemos ganado, les hemos vencido”. Y eso que ni siquiera nos conocíamos todos. A una de las compañeras detenidas no la conocía de nada, a otra muy poco y con otra sí tenía más relación. Después, en prisión, las cuatro nos hicimos muy amigas.

Nadie de nuestra caída habló ni delató a nadie. Eso nos dio muchísima fuerza

Explica que Billy el Niño alternaba golpes con conversaciones aparentemente normales. ¿Qué efecto psicológico tenía aquello?

Yo lo vivía pensando que aquel tipo estaba como una 'chota'. Con el tiempo me enteré de que teníamos la misma edad, 27 años, pero en aquel momento no podía imaginarlo. No me cabía en la cabeza que una especie de desgraciado así pudiera tener entonces la misma edad que yo. Comenzaba hablándome de que había estado en Barcelona y yo pensaba: “¿Este tío se cree que estamos en un café?”. Solo podías pensar que tenía un exceso de alguna cosa que no le iba bien. Pero, más allá de eso, dudo mucho que aquello pudiera producir un efecto diferente. No creo que una persona detenida pueda pensar que hay un policía que quiere hacerse amigo suyo después de haberte dado una paliza.

Con el tiempo me enteré de que Billy el Niño y yo teníamos la misma edad, 27 años, pero en aquel momento no podía imaginarlo. No me cabía en la cabeza que una especie de desgraciado así pudiera tener entonces la misma edad que yo

¿Considera que aquello parte de un sistema organizado?

Las torturas no eran un hecho aislado. Como escribo en el libro, detrás de cada torturador había un sistema que los preparaba y protegía. En la actualidad, dos veces al mes, hacemos asambleas en la calle, delante de Via Laietana, que era la gran comisaría de Barcelona: allí escuchas numerosos testimonios y, si no lo hubiera sabido ya antes -porque estuve en prisión con 200 ó 300 detenidas-, me habría dado cuenta ahora: las cosas se repiten. Y se repiten en todas partes, en todas las ciudades y en todos los lugares.

Ellos tenían una serie de protocolos, incluso por escrito. Los aprendían en campamentos de formación policial. Había toda una serie de prácticas que aplicaban, a veces con más violencia y otras con menos. A veces no sabías muy bien por qué. En nuestro caso, además, hacía tres semanas que [el 11 de enero de 1977] se había producido el atentado de la cafetería Rolando, delante de la DGS: murieron trece personas, entre ellas un policía. Aquello les había encendido muchísimo y puede que estuvieran especialmente rabiosos. Nosotros no teníamos nada que ver ni con aquello ni con ningún tipo de violencia armada, pero igualmente nos daban golpes. Recuerdo incluso que alguna vez, mientras nos pegaban, decían algo así como: “Este golpe es por lo que le hicieron a mi compañero”. Y ahí sí notabas claramente que estaban muy enfadados.

Las torturas no eran un hecho aislado. Detrás de cada torturador había un sistema que los preparaba y protegía

¿Era también el dibujo una manera de resistir a la deshumanización de la cárcel?

Siempre me ha gustado dibujar y me he ganado la vida con ello. Dibujar me hacía sentir bien y era una forma de sacar cosas que de otra manera me resultaba más difícil expresar. También era una forma de comunicación con mi compañero. Algunos dibujos no podía enviárselos, pero otros sí. Había dibujos muy conscientes, como los de la Dirección General de Seguridad, porque quería reflejar cosas que habían ocurrido allí. Uno de los primeros que hice nada más salir de prisión buscaba expresar cómo una persona puede sentirse completamente dominada por la violencia sin necesidad de dibujar directamente los golpes. Yo soy ilustradora de libros infantiles y me cuesta mucho expresar determinadas cosas relacionadas con el odio. Por eso intentaba buscar otras formas de transmitir aquella sensación. Dibujar me sirvió de válvula de escape.

Uno de los primeros dibujos que hice nada más salir de prisión buscaba expresar cómo una persona puede sentirse completamente dominada por la violencia sin necesidad de dibujar directamente los golpes. Yo soy ilustradora de libros infantiles y me cuesta mucho expresar determinadas cosas relacionadas con el odio

Otro de los dibujos que hice refleja una tortura que no tenía una explicación sencilla: la llamaban 'el pato' y era muy humillante porque te obligaban a agacharte con las manos atadas por debajo de las piernas mientras te daban patadas y golpes. Si llevabas tiempo militando, intentabas resistir para no acabar cayendo porque sabías que eso les encantaba. Una de las compañeras que la sufrió todavía no había cumplido los dieciocho años. También otra tortura sistemática era la de atarnos a un radiador y golpearnos repetidamente en la planta de los pies: ‘pim, pam, pim, pam’. El efecto de aquello lo intenté explicar después en el poema inicial del libro.

(Jo vaig tenir els peus negres / Yo tuve los pies negros

l’octubre de 1974, / en octubre de 1974,

negres, verats de verd i de morat. / negros, veteados de verde y de morado.

El dolor pujava pels turmells / El dolor subía por los tobillos

morint a mitja cama. / muriendo a media pierna.

A còpia de cops, / A fuerza de golpes,

l’ànima de ferro de la porra / el alma de hierro de la porra

va dibuixar una geografia / dibujó una geografía

de la tortura sobre la meva pell. / de la tortura sobre mi piel.

L’amor, les idees, la solidaritat / El amor, las ideas, la solidaridad

van embolcallar la meva por. / envolvieron mi miedo.

Protegint-me de la delació. / Protegiéndome de la delación.

Més tard, les negres ungles / Más tarde, las uñas negras

van caure una a una. / fueron cayendo una a una.

I, al mig dels peus, / Y, en medio de los pies,

m’hi van quedar uns estigmes / me quedaron unos estigmas

rodons, com monedes. / redondos, como monedas.

Jo vaig tenir els peus negres / Yo tuve los pies negros

a l’octubre de l’any 74, / en octubre del año 74,

però els cops, / pero los golpes,

com el mall contra el ferro, / como el mazo contra el hierro,

van forjar la meva força. / forjaron mi fuerza).

Relata en su libro el componente específicamente machista de la violencia y también cómo, pese a compartir espacio con otras presas políticas muy distintas entre sí, se creó una gran solidaridad en Yeserías. ¿Fue aquella red de apoyo lo que les permitió resistir?

La suerte fue poder contar con compañeras en las que podías apoyarte. Básicamente eran compañeras de mi partido, aunque estuvimos muy poco tiempo juntas porque las tres chicas que habían detenido conmigo quedaron en libertad al cabo de dos meses. Después, dentro de prisión, había tanta gente que ibas buscando afinidades. Yo estaba con mujeres de otros partidos y de otras organizaciones y con algunas establecimos relaciones muy buenas y muchísima solidaridad.

Era una cuestión de supervivencia, de autodefensa, de formar un grupo que pudiera sostenerse. Porque un lugar cerrado, ya sea una prisión, un convento o cualquier otro sitio acaba generando dinámicas muy particulares y tienes que saber distinguir muchas cosas y no dejarte arrastrar. Pero, si consigues construir amistad, compañerismo y alianzas con personas que más o menos piensan como tú, eso ayuda muchísimo, porque sentirse sola es muy duro. Yo tuve compañeras vascas y otra de Madrid y con ellas hice una relación especialmente fuerte. En general me llevé bien con casi todo el mundo.

Yo estaba con mujeres de otros partidos y de otras organizaciones, y con algunas establecimos relaciones muy buenas y muchísima solidaridad. Era una cuestión de supervivencia, de autodefensa, de formar un grupo que pudiera sostenerse

¿Se ha contado suficientemente la represión específica que sufrieron las mujeres durante el franquismo?

Yo creo que en los últimos años se ha ido abriendo mucho toda esta parte de la memoria, porque durante mucho tiempo todo lo relacionado con la posguerra estuvo muy oculto, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. Poco a poco eso se ha ido conociendo y muchas veces han sido ellas mismas quienes han acabado escribiendo, buscando testimonios de sus compañeras de entonces y haciendo trabajos muy interesantes. Muchas ya no están, pero sus hijos o sus nietos han continuado esa labor. Y después también han llegado mujeres de otras generaciones.

Creo que desde hace unos años hay mucho más conocimiento y muchas más ganas de dar este testimonio. Mi libro se inscribe precisamente en ese ejercicio de memoria colectiva que mucha gente estamos impulsando. Lo que pasa es que el protagonismo masculino siempre ha sido muy fuerte y durante mucho tiempo parecía que las mujeres solo habían tenido un papel de apoyo. Las mujeres democráticas eran las que cuidaban de los presos, por ejemplo, cuando en realidad también había mujeres presas. Las mujeres quedaron invisibilizadas, como si no hubieran luchado.

Hablaba antes del orgullo que sentían de no haber delatado a compañeros. ¿Cómo lo recuerda hoy?

Es algo que te sirve siempre en algún momento duro. Piensas: “A mí aquello no me hizo bajar la cabeza. La policía no consiguió doblegarme, así que tú tampoco lo vas a hacer”. No es que vayas contando tu vida constantemente, pero en el fondo estás diciéndole a esa persona: “A mí no”. Si no me hundió la policía, esta persona tampoco lo va a conseguir. Y eso te da fuerza. Por suerte son momentos muy concretos, pero alguna vez en la vida te encuentras con alguien y piensas: “Tú a mí no, ¿eh?”. No sé si es fortaleza o supervivencia. Supongo que es intentar extraer algo de lo que te ha pasado.

¿Qué siente al pensar que muchos torturadores murieron sin ser juzgados? ¿Qué sintió en el caso de Billy el Niño?

Lo de Antonio González Pacheco fue muy curioso y contradictorio. Tanto la Comuna como la asociación de expresos lo que queríamos era poder presentar querellas y llevar a esta gente a juicio. Entonces, cuando durante la pandemia murió Antonio González Pacheco, de entrada me alegré y pensé: “Mira, uno menos”. Pero casi inmediatamente algunos compañeros me dijeron: “Ya no podremos juzgarlo, se ha ido”. Y entonces me dio muchísima rabia.

Es un sentimiento contradictorio porque tampoco deseas la muerte de nadie, pero te das cuenta de que se van muriendo y desaparece la posibilidad de juzgarlos. Y eso está pasando con muchos protagonistas tanto de la política como de la policía franquista. Billy el Niño todavía murió relativamente joven, tendría 72 o 73 años. Lo mismo pasa con Martín Villa. Debía comparecer hace unos meses en Alicante y al final ha conseguido evitarlo. Habían logrado que una jueza lo citara a declarar [por la muerte en 1976 del antifranquista Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada], pero parece que siempre consiguen mover piezas y esquivar ese momento.

Cuando durante la pandemia murió Antonio González Pacheco, de entrada me alegré y pensé: 'Mira, uno menos’. Pero casi inmediatamente algunos compañeros me dijeron: ‘Ya no podremos juzgarlo, se ha ido’. Es un sentimiento contradictorio, porque no deseas la muerte de nadie, pero te das cuenta de que se van muriendo y desaparece la posibilidad de juzgarlos

Durante décadas, la Ley de Amnistía ha sido presentada como uno de los pilares de la Transición. ¿Siente que el Estado español ha estado más cerca de proteger a los verdugos que de reparar a las víctimas?

Sí, está clarísimo. El otro día estuve en una universidad hablando con profesores de Derecho y ellos me lo explicaban mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Decían que los artículos de la Ley de Amnistía que blindaban a jueces, policías y militares se introdujeron casi al final, con muchísima presión de los propios aparatos franquistas. Y eso fue lo que la convirtió en una especie de ley de punto final, que además sigue vigente. Es verdad que gracias a esa ley salió mucha gente de prisión porque todavía quedaban bastantes presos políticos. Pero, al mismo tiempo, también sirvió para cubrir completamente las espaldas de quienes habían participado en la represión.

En países como Argentina esas leyes de punto final acabaron derogándose parcialmente y aquí también podrían modificarse esos artículos. No necesariamente toda la ley, porque hay partes que afectaron positivamente a mucha gente represaliada. Pero, según me explicaban estos profesores, lo que hace falta es voluntad política: que los legisladores cambien la ley. Entonces los jueces no tendrían más remedio que aplicar también esa modificación.

Gracias a la ley de amnistía salió mucha gente de prisión, porque todavía quedaban bastantes presos políticos. Pero al mismo tiempo también sirvió para cubrir completamente las espaldas de quienes habían participado en la represión

¿Por qué cree que España continúa siendo una anomalía en Europa en la investigación de los crímenes del franquismo? ¿Ha pesado más la voluntad de “pasar página” que la de depurar responsabilidades?

Porque todo estaba 'atado y bien atado'. Con la Transición, el franquismo no se rompió del todo. Hubo elecciones libres, sí, pero ¿quiénes fueron los primeros que ganaron aquellas elecciones? Eran franquistas. Era Adolfo Suárez. Aquella gente, ¿cómo iba a cambiar completamente algo que había defendido durante cuarenta años? No tenían ningún interés real en acabar con aquello. Tenían interés en maquillar un poco el régimen para Europa, para que sus negocios pudieran funcionar mejor, pero al final prevalecieron sus propios intereses. Además, les iba muy bien tener detrás a unos cuantos militares amenazando constantemente con un golpe. Desde la muerte de Franco hubo amenazas continuas y, especialmente entre 1979 y 1981, el ambiente estaba lleno de esa presión militar hasta que llegó el golpe del 23F. Había mucho miedo a que aquello pudiera volver atrás.

¿Qué siente cuando organismos internacionales cuestionan la compatibilidad de la Ley de Amnistía con los principios del derecho internacional sobre verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad?

Deberíamos conseguir que todo esto se revisara a fondo. Para mí, la mayor reparación sería precisamente esa: reconocer que luchábamos por cosas que hoy son completamente legales y que, además, forman parte de los derechos humanos, como el derecho de reunión o el derecho de manifestación. Luchábamos por eso, entre otras muchas cosas. Que hubiera un reconocimiento claro de que aquello por lo que fuimos condenados era completamente injusto y de que quienes participaron en esa represión -jueces, policías- fueron responsables de crímenes de lesa humanidad.

Aunque la mayoría ya hayan muerto, al menos debería quedar constancia pública de ello. Y los que siguen vivos no deberían continuar cobrando privilegios o sobresueldos vinculados a aquella represión. Porque la policía cobraba sobresueldos por nuestras detenciones y por nuestras torturas. Y esos complementos los han seguido cobrando durante años. ¿Cómo puede ser eso? Eso sí sería una manera de demostrar que realmente existe voluntad de asumir lo que ocurrió.

¿Le preocupa el revisionismo actual sobre la dictadura franquista y el auge de los discursos que la relativizan?

Sí, claro, especialmente entre la gente joven. También es verdad que he ido a algunos institutos y universidades y, de momento, no me he encontrado a nadie que defendiera abiertamente la dictadura. Yo siempre les digo: “Si pensáis otra cosa, podéis decirlo y lo hablamos”. Pero nadie me ha dicho a la cara que la dictadura fuera algo a añorar. El problema es que la democracia tiene muchos defectos, los políticos tienen muchos defectos y hay mucha corrupción. Y si la gente joven no conoce realmente lo que fue aquello, puede acabar pensando que era un mundo muy ordenado y muy sencillo.

La extrema derecha siempre presenta alternativas sencillas, una especie de nuevo paternalismo: “No pienses demasiado, no te muevas y no pasará nada”. Ese tipo de mensajes pueden hacer mucho daño y ya lo están haciendo. Además, las redes sociales han ayudado muchísimo a eso y detrás hay dinero y mecanismos muy potentes. Por eso nosotros tenemos que intentar explicar al máximo todo lo que sabemos, ofrecer alternativas nuevas y, además, decirles a los jóvenes que piensen. Si realmente piensan que aquello era mejor quiere decir que algo pasa, pero que hagan el esfuerzo de reflexionar antes de decirlo.

¿Qué le gustaría que entendiera alguien de 20 años al leer hoy su libro?

Cuando presento el libro siempre digo que me gustaría mucho ir a institutos. Ya me han salido algunas oportunidades de hacerlo y también he ido a un par de aulas universitarias. A mí me interesa hablar con la gente joven. No sé si los jóvenes de 20 años están leyendo el libro. Sé de alguna persona joven que sí lo ha leído, pero creo que la mayoría de lectores son personas que sienten que aquello también fue su momento, aunque no sufrieran directamente la represión: gente que ahora tiene entre 65 y 85 años y que vivió aquella época de una manera u otra. Me gustaría que los jóvenes lo leyeran y me dijeran qué piensan, pero, sobre todo, me gustaría que reflexionaran frente a esos discursos de odio y esos mensajes tan simples que circulan por las redes sociales y que acaban calando tanto.

Me gustaría que los jóvenes leyeran 'Memòria dibuixada' y me dijeran qué piensan, pero, sobre todo, me gustaría que reflexionaran frente a los discursos de odio y los mensajes tan simples que circulan por las redes sociales y que acaban calando tanto

¿Qué cree que España todavía no ha querido mirar de frente sobre la dictadura? ¿Existe todavía una cultura de protección hacia determinadas estructuras heredadas del franquismo?

Yo creo que, después de tantos años desde la Transición, mucha gente ni siquiera se lo pregunta. Hay algunas personas que sí nos lo preguntamos mucho, pero gran parte de la sociedad no ha querido cuestionarse realmente qué pasó. Si tú les dices: “¿Sabes que toda esta gente era la misma que la del Tribunal de Orden Público? ¿Que simplemente se le cambió el nombre y que eran los mismos jueces y los mismos fiscales?”, mucha gente no lo sabe o no ha querido verlo.

Pero son cosas que nosotros las tenemos muy claras: hubo toda una política destinada a eso, no fue algo que saliera solo. Y les fue bien. Fue una política de olvido impulsada desde arriba a la que contribuyeron los partidos políticos, la prensa… todo el mundo. Todo aquello tuvo mucha fuerza y, como además las cosas habían mejorado un poco, decidieron no mirar qué es lo que estaba ocurriendo, toda la represión que hubo en las calles a finales de los setenta y principios de los ochenta. Se instaló esa idea de: “Bueno, es que estamos en Europa”, “ya tenemos democracia, ya podemos votar”.

Mientras unos decían que había que “cerrar las heridas”, había familias buscando a sus muertos en las fosas sin que casi nadie hablara de ello...

De hecho, quienes comenzaron la lucha por la memoria democrática para que todo esto se conociera fueron las personas que tenían a sus padres o abuelos en las cunetas. Fueron ellos quienes comenzaron a presentar querellas, incluso en Argentina. No se creyeron ese discurso de que todo estaba ya superado. Las heridas eran tan profundas que los descendientes todavía las llevan encima y continúan queriendo cerrarlas de verdad.

Hay decisiones judiciales que afectan únicamente a las partes implicadas en un procedimiento concreto. Y hay otras que obligan a preguntarse qué valor real tienen los derechos humanos cuando quienes deben garantizarlos son precisamente los mismos poderes públicos acusados de vulnerarlos. La reciente admisión a trámite por parte del Pleno del Tribunal Constitucional del recurso de amparo impulsado por la APDHA en relación con la eficacia de los dictámenes de Naciones Unidas pertenece claramente a esta segunda categoría.

Lo que está en discusión no es solo un debate técnico sobre competencias judiciales o jerarquía normativa. Lo que verdaderamente está en juego es algo mucho más profundo: si el Estado español puede asumir compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, al mismo tiempo, actuar como si las decisiones de los organismos encargados de vigilar su cumplimiento fueran poco más que recomendaciones morales sin consecuencias prácticas.

El caso tiene su origen en el dictamen emitido en 2019 por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas en el asunto E.L.G. c. España. El Comité concluyó que se habían producido vulneraciones graves de derechos fundamentales relacionadas con malos tratos y reclamó al Estado español una reparación plena y efectiva para la víctima, incluyendo indemnización y garantías de no repetición. Sin embargo, lejos de abrir un proceso serio de reparación, las instituciones españolas optaron por una estrategia demasiado habitual cuando se trata de denuncias de violencia institucional: negar los hechos, minimizar el alcance de las resoluciones internacionales y convertir las garantías de derechos humanos en un problema puramente burocrático.

Porque la cuestión de fondo no afecta únicamente a este caso concreto. El problema es más profundo y viene produciéndose desde hace años: la resistencia sistemática del Estado español a aceptar consecuencias jurídicas efectivas cuando los organismos internacionales de derechos humanos declaran vulneraciones cometidas por las propias instituciones estatales. No se trata de una discusión nueva ni aislada. De hecho, buena parte del debate jurídico de los últimos años ha girado precisamente en torno a los intentos de vaciar de eficacia práctica las decisiones de los comités de Naciones Unidas mediante una combinación de obstáculos procesales, ausencia de mecanismos de ejecución y una interpretación extremadamente restrictiva de sus efectos internos.

El resultado es una paradoja difícilmente sostenible en términos democráticos. España ratifica tratados internacionales de derechos humanos, acepta voluntariamente la competencia de los órganos encargados de supervisarlos y comparece ante ellos, pero después sostiene ante sus propios tribunales que sus decisiones no generan obligaciones realmente exigibles. Esta lógica resulta especialmente preocupante en ámbitos donde históricamente ha existido una fuerte tendencia a la impunidad institucional: denuncias de torturas y malos tratos, violencia policial, vulneraciones en prisión, políticas migratorias o situaciones de discriminación estructural. Precisamente en aquellos espacios donde las víctimas encuentran mayores dificultades para obtener protección efectiva dentro del propio sistema interno es donde los mecanismos internacionales adquieren una importancia decisiva.

No es casualidad que la admisión del recurso haya sido acordada por el Pleno y no por una de sus salas. El propio Tribunal está reconociendo así que el asunto afecta directamente a una cuestión estructural: la relación entre el Derecho interno y las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por España

Por eso la posición mantenida por el Tribunal Supremo en este asunto tiene un alcance que va mucho más allá de una indemnización concreta. El problema no es únicamente que negara la responsabilidad patrimonial del Estado. Lo verdaderamente grave es que llegara a vaciar de contenido práctico los dictámenes de los órganos de Naciones Unidas, reduciéndolos en la práctica a simples declaraciones sin capacidad real para condicionar la actuación de los poderes públicos.

La consecuencia de este razonamiento es enormemente grave. Porque si un Estado puede ignorar sin efectos reales las decisiones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que voluntariamente ha aceptado, entonces el sistema internacional queda reducido a una arquitectura simbólica desprovista de capacidad efectiva para proteger a las víctimas.

Y esa es precisamente la cuestión de fondo que ahora deberá afrontar el Tribunal Constitucional.

No es casualidad que la admisión del recurso haya sido acordada por el Pleno y no por una de sus salas. El propio Tribunal está reconociendo así que el asunto afecta directamente a una cuestión estructural: la relación entre el Derecho interno y las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por España.

Además, el debate llega en un momento especialmente significativo. Mientras las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí producen efectos jurídicos reconocibles dentro del ordenamiento español, los dictámenes de los comités de Naciones Unidas continúan moviéndose en una especie de limbo jurídico deliberadamente ambiguo. Una diferencia de trato difícilmente justificable cuando ambos mecanismos forman parte del sistema internacional de protección aceptado por el propio Estado.

Durante años, los Estados europeos han construido un discurso público basado en la defensa del orden internacional, el multilateralismo y los derechos humanos. Pero ese discurso pierde legitimidad cuando los compromisos internacionales se respetan únicamente mientras no obliguen a cuestionar prácticas internas incómodas, especialmente en ámbitos relacionados con la actuación policial, las cárceles, las fronteras o la rendición de cuentas institucional.

La democracia no se mide únicamente por la existencia formal de derechos, sino por la capacidad efectiva de las personas para exigir responsabilidades cuando esos derechos son vulnerados. Y esa capacidad depende, en buena medida, de que existan mecanismos de control independientes capaces de imponer límites reales al poder del Estado

Resulta difícil exigir el cumplimiento del Derecho Internacional a otros Estados mientras se sostiene internamente que los órganos internacionales de derechos humanos no pueden producir efectos reales sobre las decisiones nacionales.

Más aún en un contexto internacional marcado por el debilitamiento progresivo de los consensos multilaterales, el auge de discursos autoritarios y la creciente tendencia de numerosos gobiernos a cuestionar cualquier mecanismo externo de control democrático.

Precisamente por eso, lo que haga ahora el Tribunal Constitucional tiene una importancia que trasciende este caso concreto.

No se trata únicamente de determinar si una víctima concreta tiene derecho a ser reparada, aunque eso ya sería suficientemente importante. Lo que se decide es si los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de un verdadero sistema de garantías o si, por el contrario, pueden convertirse en declaraciones solemnes que los Estados invocan retóricamente mientras ignoran sus consecuencias prácticas.

La democracia no se mide únicamente por la existencia formal de derechos, sino por la capacidad efectiva de las personas para exigir responsabilidades cuando esos derechos son vulnerados. Y esa capacidad depende, en buena medida, de que existan mecanismos de control independientes capaces de imponer límites reales al poder del Estado.

Por eso este debate no afecta solo a juristas ni a tribunales. Afecta directamente a la credibilidad del sistema democrático y a la protección efectiva de los derechos humanos.

Porque cuando las víctimas obtienen reconocimiento internacional pero ningún efecto práctico dentro del propio Estado responsable de la vulneración, el problema ya no es únicamente jurídico. Es, sobre todo, un problema democrático.

“Me costará de digerir, toda la vida he sido acusada y ahora soy acusadora”. La frase la pronunció Blanca Serra tras convertirse en la primera víctima que relató a la Fiscalía de Memoria Democrática las torturas que sufrió de manos de policías franquistas. Menos de un mes después de que la Fiscalía concluyera la investigación, esta histórica activista de la izquierda independentista catalana murió este viernes a los 82 años.

La juventud de Serra es un ejemplo de la violencia sufrida por ser mujer e independentista durante la supuestamente modélica Transición: junto a su hermana Eva, fue detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). Los agentes las arrestaron siempre en su casa. Estaban vigiladas.

Los policías torturaron Serra ya muerto el dictador en la misma comisaría conocida por la oposición al franquismo como 'la casa de los horrores'. Via Laietana 43, sede de persecución a los disidentes antes y después de 1975. A día de hoy, sigue albergando la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya pese a las reiteradas demandas de las víctimas para convertirlo en un espacio de memoria. Todos los Gobiernos de PP o PSOE se han negado a sacar a la Policía del edificio. Otra muestra de modélica Transición.

El archivo de la investigación por torturas resultó agridulce para Serra: por primera vez se investigaron las torturas, pero al final la Fiscalía no pudo identificar a sus autores. “No se reconstruye la estructura jerárquica de la represión ni se abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, lamentó Serra en un vídeo, su última aparición pública el pasado marzo.

Blanca Serra nació en Barcelona en 1943. Licenciada en filología clásica por la Universidad de Barcelona, trabajó como profesora de lengua española. Era hija del arqueólogo Josep de Calassanç Serra, y hermana de la historiadora y activista independentista Eva y de Josep de Calassanç Serra, uno de los fundadores de Terra Lliure.

Durante el franquismo, Serra militó en el Front Nacional de Catalunya y a finales de los años sesenta fue una de las fundadoras del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), formación de visión marxista con bases de anarquismo. También fue miembro de la Assemblea de Catalunya.

En noviembre de 1975 tuvo que exiliarse en Francia y participó en el Congrés de Cultura Catalana en Perpiñán. Cuando regresó a España, fue detenida, acusada de haber colaborado con ETA y Terra Lliure y le aplicaron la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales.

Durante la Transición, tanto ella como su hermana Eva (fallecida en el 2018), fueron torturadas varias veces por la policía franquista, primero en la jefatura de Vía Laietana de Barcelona, y después en la Dirección General de Seguridad, en Madrid.

Toda su vida estuvo marcada por el activismo político en favor de la independencia de Catalunya y la lengua catalana: fue portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir que promovió las consultas independentistas en Catalunya desde 2006.

Posteriormente, formó parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y suscribió el polémico Manifest Koiné, documento firmado en 2016 por un grupo de filólogos, lingüistas y docentes que criticaban el bilingüismo en la sociedad catalana y abogaban porque el catalán fuera la única lengua oficial de una hipotética Catalunya independiente.

La investigación de la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, la primera del Ministerio Público que requirió documentos a la Policía y a los archivos, dio plena credibilidad a Serra, consideró demostradas las torturas, las calificó de crímenes contra la humanidad, pero pidió su archivo al no poder identificar a sus autores.

“Es un gran día para hacer memoria y recuperar un pasado que no se ha acabado”, declaró Serra el 19 de mayo de 2025 tras comparecer ante la fiscal delegada de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Expósito. Pese a andar con la ayuda de un caminador, albergaba la certeza de que tenía que declarar ante la Fiscalía. “Los jóvenes tienen que conocer lo que pasó”, dijo, alertando del contexto global de ascenso de la extrema derecha. Conocer el pasado para que no se repita. Blanca Serra lo intentó toda su vida.

La Fiscalía ha concluido su primera investigación sobre las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social sin hallar a los uniformados que perpetraron los delitos. Así lo ha comunicado este jueves la Fiscalía de Barcelona, que durante casi un año ha investigado la denuncia presentada por la histórica activista de la izquierda independentista catalana Blanca Serra.

Las conclusiones de la Fiscalía suponen un resultado agridulce. Por primera vez, una víctima ha encontrado la escucha de las instituciones judiciales, hasta ahora un muro de impunidad para los policías torturadores. Pero el resultado final sigue siendo, en la práctica, el mismo: el archivo del caso.

En un vídeo grabado este jueves, Serra ha agradecido el trato que le ha dispensado la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito, si bien ha lamentado que la vía de la jurisdicción voluntaria que le queda (penalmente el caso quedará archivado) no comporta la identificación ni la toma de declaración de los policías que la torturaron, ni de sus superiores jerárquicos. “Tampoco permite reconstruir la estructura jerárquica de la represión ni abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, ha constatado.

El Ministerio Público tomó declaración a Serra como víctima, a un perito y al forense que constató las secuelas psicológicas que sufre Serra. También reclamó documentos a varias instituciones, algo inédito hasta ahora en las denuncias por torturas franquistas, que los juzgados solían despachar con una inadmisión de plano o una investigación exigua. La Policía envió a la fiscal varias actas de detención o del registro en el domicilio de Serra.

Tras practicar todas las diligencias, la Fiscalía concluye que Serra sufrió un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad y “de persecución y represión política instaurada por el franquismo”, al que define como un “régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”.

Los agentes de la llamada Brigada Político-Social, expone la fiscal, detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, y le infligieron violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.

Sin embargo, la investigación no ha podido revelar la identidad de los policías que perpetraron las torturas, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el juzgado, en la que se pide el archivo provisional por falta de autor conocido.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

Más allá de haber sido escuchada, el caso de Serra constata que, 50 años después de la muerte del dictador, la operación de olvido que se impuso a la recién nacida democracia española sigue vigente: la ley de amnistía del 1977 y la prescripción de los delitos siguen siendo obstáculos, pese a la Ley de Memoria, para abrir causas en los juzgados. A ello hay que añadir el paso del tiempo, pues la mayoría de policías torturadores ya han fallecido.

Lo que sí ha permitido la nueva ley es que el Ministerio Público escuche a la víctima, como hizo con Serra, y pueda pedir documentos a organismos oficiales para ofrecer una mínima reparación a las personas que sufrieron torturas y que hasta entonces se encontraban con el portazo del sistema.

Las de Serra fueron las primeras diligencias penales abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como 'casa de los horrores'.

El edificio sigue inmerso, en pleno 2025, en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.

La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Gobierno Navarra ha reconocido, en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, a otras ocho personas como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Eleva así a 109 el número total de casos confirmados desde que se aprobó la ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1979 y 2009. Se trata de Carlos Turumbay Andueza, secuestrado y torturado por cuerpos no identificados en 1979; Tarsicio Rey Bacaicoa, torturado por la Guardia Civil en 1980; Avelino Gonzalez Fernández, torturado por la Guardia Civil en 1983; Koldobika Mikel, torturado por la Policía Nacional en 1984; Josu Rubio Mendiluze, torturado por la Policía Nacional en 1984; Jon Castañares Larrea, torturado por la Guardia Civil en 1994; Xabier Suescun Muzás, torturado por la Policía Nacional en 1995 y 1997; y Jon Ciriza Murugarren, torturado por la Guardia Civil en 2009.

De las 109 personas reconocidas por el Ejecutivo foral, seis corresponden a víctimas mortales, una de ellas por torturas (Mikel Zabalza); 76 a víctimas de torturas; una de torturas, lesiones físicas y daños materiales; una de torturas y daños materiales; 19 de lesiones físicas o psicológicas; cuatro de lesiones físicas y daños materiales; y dos de años materiales.

A través de un comunicado, las dos entidades han valorado “positivamente” los reconocimientos. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia de Estado ha tenido en nuestro territorio”, apuntan. En este sentido, han considerado que “deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”. Así, han animado a “todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra” a presentar sus solicitudes de reconocimiento y ha reiterado su predisposición a “ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La norma recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta por un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista. Asimismo, ha ratificado la pena de 4 años de cárcel por el primero de los delitos a Jon Enparantza, considerado también miembro del frente jurídico de ETA. Mientras, el Supremo estima parcialmente los recursos de los otros dos condenados en la causa, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad, ya que consistía en gestión y responsabilidad subordinada, o de comunicación, en la estructura investigada, sin que se haya constatado conexión fáctica con actividades violentas. De ese modo, rebaja la condena por delito de integración en organización terrorista a Zuriarrain de 3 años y 6 meses de prisión a 2 años, y a Sarriegui, de 3 años a 1 año y 6 meses.

Salvo esa reducción de pena a dos de los recurrentes, el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional, que estableció que los acusados, al margen de la defensa jurídica de miembros de ETA, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la organización terrorista y les transmitían directrices de esta. El periodo de actividad que ha sido juzgado es el comprendido entre 2005 y abril de 2010, cuando se produjo la detención de los acusados y el registro de dos despachos de abogados en los que operaban en Bilbao y Gipuzkoa. A los cuatro se les aplicó en la sentencia ahora confirmada la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Por su parte, el alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Zulueta y Enparantza que, entre otros extremos, también pedían que, en caso de condena, se les aplicase la reducción de pena que permite el artículo 579 bis.4 del Código Penal cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

En el caso de Zulueta, el Supremo recuerda que la Audiencia Nacional ha fijado como hecho acreditado que poseía los archivos informáticos precisos para acceder o facilitar que otros pudieran entrar en la posesión de unos depósitos de armas y explosivos de ETA, localizándose los archivos en un pendrive oculto detrás de un cuadro de su despacho profesional, conteniendo croquis y documentación de tres zulos en el sur de Francia.

Añade que “no se trataba de un acopio inocuo o marginal, pues los documentos detallaban que los tres zulos contenían precursores explosivos, fusiles de asalto, cargadores, munición, cordón detonante y dinero. Y, cumplimentada la comisión rogatoria, la policía francesa localizó efectivamente los zulos e intervino, entre otros efectos, 92 kg de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov y un G3/Cetme, munición y dinero, hallándose las armas en perfecto estado de uso y funcionamiento”.

Con esos elementos, para el alto tribunal, es imposible predicar la “menor gravedad objetiva” por el medio empleado, pues el hecho delictivo de su integración en la organización terrorista se proyecta sobre armas de guerra, munición y precursores explosivos, esto es, instrumentos típicamente ordenados a la ejecución de atentados, como lo son también las colaboraciones tendentes de la fijación de objetivos que se detallan en los hechos probados, concretamente la información sobre vehículos oficiales, la elaboración de un informe sobre la seguridad de la Audiencia Nacional o, incluso, funciones en la creación y dirección de una extensa red de información para la definición de futuros objetivos.

“En suma, por los medios (armas/explosivos) y por la función (custodia/aseguramiento del acceso a los instrumentos para la comisión de atentados o suministro de información que facilitara la ejecución de otros), la conducta queda fuera del perímetro del artículo 579 bis 4 del Código Penal”, subraya la Sala.

Y respecto de Jon María Enparantza, el Supremo explica que el relato y la prueba de la sentencia recurrida describen una intervención que rebasa con mucho el plano de mera militancia periférica o de “apoyo ideológico”, en particular la remisión de correos para obtener por coacción recursos económicos destinados a facilitar la subsistencia de la organización y la ejecución de atentados, llegando a recibir algunos de los pagos derivados de esta extorsión. Asimismo, señala que en la documentación intervenida se reflejan remisiones de información operativa a la dirección de ETA para su aparato de información, con selección de diversas personas como posibles objetivos y proponiendo medios de ataque que aseguraran una mayor eficacia, llegando a ofrecer detalles para asesinar a una persona concreta. Por ello, considera que su contribución es de entidad incompatible con la rebaja de la pena que solicita.

La sentencia desestima el resto de las alegaciones de los acusados. Así, no aprecia ninguna irregularidad en la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, y en la investigación de inteligencia que realizó, verificándose la cobertura judicial de la misma y su sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad. También rechaza los argumentos contra las entradas y registros practicados en abril de 2010 en despachos profesionales de los acusados en Bilbao y Gipuzkoa, actuación que estima que respondió claramente a sospechas fundadas de responsabilidad en los investigados, y que se realizó con todas las cautelas precisas.

Tampoco admite el Supremo que la sentencia de la Audiencia Nacional vulnerara el principio ‘non bis in ídem’ (no ser juzgado dos veces por los mismos hechos) por haber sido condenados con anterioridad, en 2019, por integración en organización terrorista vinculado igualmente al entramado jurídico-carcelario de ETA, por un periodo temporal posterior al sentenciado ahora. Explican los magistrados que se trata de dos condenas por actuación en dos periodos distintos de tiempo por el mismo sujeto y con la misma inserción orgánica, mediando entre los dos periodos una detención e ingreso en prisión.

También descarta que pueda declararse la nulidad de las pruebas por las denuncias de torturas y tratos inhumanos o degradantes por parte de la Guardia Civil tras su detención realizadas por Naia Zuriarrain, ya que no hay corroboraciones objetivas suficientes.

Las detenciones de la causa conocida como sumario 13/13, se produjeron por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuzkoa en el año 2010. Fueron detenidos antiguos presos y abogados de personas acusadas de pertenecer a ETA.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos el Gobierno de Navarra ha reconocido a otras siete personas como víctimas de la violencia policial en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Con ellas son ya 101 las víctimas policiales confirmadas merced a esta ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1973 y 2002. Se trata de Iñaki Beorlegui Recalde, torturado por la Brigada Político Social en 1973; Amparo Arangoa Satrustegi, torturada por la Guardia Civil en 1976; Purificación Galarza Ochoa, torturada por la Guardia Civil en 1979; Javier Pérez de Obanos Oyarbide, torturado por la Policía Nacional en 1981 y 1987; Pedro De Miguel Caballero, torturado por la Guardia Civil en 1994 y por la Policía Nacional en 2004; Ane Buitron Zazpe, torturada por la Guardia Civil en 1995; y Mikel Soto Nolasco, torturado por la Guardia Civil en 2002.

Ambas entidades han valorado “positivamente” las resoluciones del Gobierno foral. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia del Estado ha tenido en nuestro territorio y consideramos que deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”, han añadido.

Una de las primeras víctimas reconocidas por el Gobierno navarro fue Mikel Zabalza, el joven que fue torturado hasta la muerte por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo, y del que hace pocos días se cumplieron 40 años de su desaparición. “Seguimos animando a todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra a presentar sus solicitudes de reconocimiento y reiteramos nuestra predisposición a ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”, han explicado desde las dos entidades.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona inició ayer su andadura –hasta el 10 de diciembre en el Cine Maldà, en el distrito de Ciutat Vella– con el documental Tortura blanca, producido y dirigido por la activista y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, actualmente en arresto domiciliario en Teherán y que no ha recibido el permiso de las autoridades iraníes para acudir a Barcelona a presentarlo. Esta es la vigésimo segunda edición del festival, el más veterano del Estado en este género.

Sin embargo, la ausencia de Mohammadi, que ha pasado largas temporadas en prisión en su país, si bien recientemente consiguió salir de la cárcel tras una larga huelga de hambre, ha sido suplida tanto por un videomensaje que ha enviado a la organización del festival, y que ha podido verse previo a la emisión del documental, como por la presencia de su marido, el también activista y periodista Taghi Rahmani.

Tortura blanca versa sobre la práctica generalizada en Irán del arresto de activistas de cualquier tipo y el sometimiento sistemático a un régimen de aislamiento total que puede durar de semanas a meses, practicándose incluso en repetidas ocasiones durante largas sentencias de cárcel. El director de festival, el fotoperiodista y documentalista Toni Navarro, ha recordado antes de la exhibición del documental que el régimen de aislamiento total “es un sistema de tortura que en nuestro país está institucionalizado y se conoce como Régimen Fies, que afecta a muchos presos en un momento u otro de su reclusión”.

Una práctica sistemática que no deja huellas físicas

Por su parte, Rahmani ha explicado que el régimen islámico iraní lo utiliza profusamente “contra cualquier opositor por cuestiones tan simples como la disidencia religiosa, protestas vecinales o estudiantiles”. El activista ha agregado que los ayatolás lo utilizan porque “no deja huellas físicas que puedan utilizar luego las organizaciones de derechos humanos para elaborar sus informes”, pero que “sí deja huellas psicológicas muy serias en quienes lo padecen y también en su entorno”.

En este sentido, ha explicado que las víctimas de la tortura blanca “pasan incluso semanas sin ningún tipo de contacto humano ni con el exterior, en cubículos de dos metros de ancho por tres de largo”, una situación que les lleva a desesperación y a poner en serio riesgo su salud mental, que muchas veces queda maltrecha para siempre.

El documental se articula por una serie de entrevistas que Narges Mohammadi realizó en 2021, tras una de sus salidas de prisión, entre diversas víctimas de esta práctica: abogados, estudiantes, sociólogos, psicólogos líderes religiosos o madres de desaparecidos. Todos ellos relatan no solo la ruptura anímica que luego utilizaron los torturadores en su contra en los juicios, sino también las secuelas que posteriormente no les han permitido llevar una vida normal.

A los dos meses de la realización del documental, tras tener las autoridades iraníes conocimiento del mismo, volvieron a arrestar a Mohammadi que, según su marido, “sigue dispuesta a luchar y no piensa ceder aunque le cueste su libertad, su salud e incluso la vida”. A este respecto, Navarro ha señalado que “la salud de la Premio Nobel se resintió muy seriamente a raíz de su huelga de hambre”. Según Navarro este deterioro ha sido la causa de que el régimen le haya conmutado la prisión por el arresto domiciliario.

Rahmani ha destacado, de todas formas, que desde la emisión internacional del documental, el régimen ha recibido numerosas presiones, por lo que ha decidido reducir por ley el aislamiento a un máximo de dos semanas, aunque el activista tilda el logro de “insuficiente”, ya que “aunque sean 15 días, sigue siendo una tortura”. En conversación posterior a la emisión con elDiario.es, Rahmani, –que actualmente vive en Francia con los dos hijos de la pareja, a los que, ha dicho, “Narges hace diez años que no ve”– ha desvelado que la Premio Nobel se encuentra “fuerte y recuperada, con ganas de seguir luchando por la caída del régimen”.

Un régimen con fecha de caducidad

Preguntado por las esperanzas de que dicha caída se concrete, ha opinado que la misma no se producirá hasta que muera el líder de la revolución, Alí Jamenei, y ha destacado que los recientes ataques de Israel han provocado un aumento de la represión estatal porque han evidenciado la fragilidad y la incapacidad del gobierno para cubrir las necesidades del país en todos los frentes. “El régimen es claramente ineficiente e insuficiente, y la gente lo nota, por lo que cada vez más sectores de la población que antes apoyaban a los ayatolás, ahora no lo hacen, sobre todo en zonas urbanas”. Pero ha matizado que “aguantará hasta la muerte de Jamenei y luego se caerá en pedazos”.

No obstante, ha advertido que “aunque la muerte de Jamenei suponga el fin de la teocracia, los cambios profundos en la cultura democrática de los iraníes tardarán en llegar, porque la mentalidad tradicional, machista, clasista y autoritaria está todavía muy arraigada, en especial en sectores rurales y de menor poder económico”. En el mismo sentido ha obrado el discurso por vídeo enviado por Mohammadi, que se ha proyectado antes del documental.

En mismo, la Premio Nobel, tras agradecer al festival de Barcelona la invitación y lamentar no haber podido acudir, ha incidido en el peligro actual que amenaza a las democracias en todo el planeta y ha instado a mantener la denuncia contra las vulneraciones de los derechos humanos, “sean del tipo que sean”. Ha hecho especial énfasis Mohammadi en lo que ha denominado “el apartheid de género”, que ha señalado que “debe ser denunciado y condenado como cualquier otro tipo de segregación, sea racial, religiosa, de clase o cualquier otra forma”.

La exposición itinerante '40 años en memoria de Mikel Zabalza' ha llegado este jueves a Pamplona en su recorrido por distintas localidades vinculadas al joven navarro que murió en el cuartel de Intxaurrondo víctima de las torturas que recibió por parte de la Guardia Civil en 1985. Se trata de un autobús como el que conducía Zabalza en Donostia y en el que en su interior se han colocado paneles informativos que cuentan la historia de su caso y la reclamación de su familia por conocer la verdad. 40 años después la versión oficial sigue siendo la de que falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto, cuando un informe del Gobierno vasco del año 2022 adelantado por este periódico acreditó que había muerto en Intxaurrondo por las torturas que sufrió.

“El caso de Mikel Zabalza es el más conocido de los cerca de 1.000 casos de tortura en Navarra, y en él se juntan de alguna manera todas las injusticias que hemos padecido las personas torturadas en Navarra: la falta de reconocimiento, la falta de justicia y, en general, la impunidad con la que se nos ha torturado aquí”, ha explicado Mikel Soto, miembro de la Red Navarra de Personas Torturadas, que junto con la asociación Mikel Zabalza Gogoan y antiguos compañeros suyos de trabajo han organizado la exposición, que estará en Pamplona hasta el 7 de diciembre y que finalizará en Donostia el 14 de diciembre.

Mikel Zabalza era un joven treintañero navarro que no tenía ningún tipo de vinculación con ETA, pero que fue detenido por la Guardia Civil en Donostia en la madrugada del 26 de noviembre de 1985 merced a la Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. En Intxaurrondo sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Su cuerpo no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. 

Desde entonces su familia reclama que se conozca toda la verdad de lo sucedido aquellos días en el cuartel de la Guardia Civil. “Por parte del Estado es cierto que los pasos que se han dado son pocos”, lamenta Mikel Soto, que mantiene la “esperanza” en que la movilización social pueda ayudar a que se desclasifiquen los archivos del 'caso Zabalza'. “Sería extraordinario que por el aniversario se diera algún paso, pero no espero que suceda, no interesa sacar a la luz lo que pasó”, explicaba su hermana hace unos días a este periódico.

“Es una ley firmada por el generalísimo Franco, es una ley franquista que además da a la Junta Militar la potestad de abrir los expedientes y la documentación, y en casos como el de Mikel Zabalza difícilmente se podrá dar más avances si no se cambia esa ley”, ha añadido la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.