“Me costará de digerir, toda la vida he sido acusada y ahora soy acusadora”. La frase la pronunció Blanca Serra tras convertirse en la primera víctima que relató a la Fiscalía de Memoria Democrática las torturas que sufrió de manos de policías franquistas. Menos de un mes después de que la Fiscalía concluyera la investigación, esta histórica activista de la izquierda independentista catalana murió este viernes a los 82 años.

La juventud de Serra es un ejemplo de la violencia sufrida por ser mujer e independentista durante la supuestamente modélica Transición: junto a su hermana Eva, fue detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). Los agentes las arrestaron siempre en su casa. Estaban vigiladas.

Los policías torturaron Serra ya muerto el dictador en la misma comisaría conocida por la oposición al franquismo como 'la casa de los horrores'. Via Laietana 43, sede de persecución a los disidentes antes y después de 1975. A día de hoy, sigue albergando la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya pese a las reiteradas demandas de las víctimas para convertirlo en un espacio de memoria. Todos los Gobiernos de PP o PSOE se han negado a sacar a la Policía del edificio. Otra muestra de modélica Transición.

El archivo de la investigación por torturas resultó agridulce para Serra: por primera vez se investigaron las torturas, pero al final la Fiscalía no pudo identificar a sus autores. “No se reconstruye la estructura jerárquica de la represión ni se abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, lamentó Serra en un vídeo, su última aparición pública el pasado marzo.

Blanca Serra nació en Barcelona en 1943. Licenciada en filología clásica por la Universidad de Barcelona, trabajó como profesora de lengua española. Era hija del arqueólogo Josep de Calassanç Serra, y hermana de la historiadora y activista independentista Eva y de Josep de Calassanç Serra, uno de los fundadores de Terra Lliure.

Durante el franquismo, Serra militó en el Front Nacional de Catalunya y a finales de los años sesenta fue una de las fundadoras del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), formación de visión marxista con bases de anarquismo. También fue miembro de la Assemblea de Catalunya.

En noviembre de 1975 tuvo que exiliarse en Francia y participó en el Congrés de Cultura Catalana en Perpiñán. Cuando regresó a España, fue detenida, acusada de haber colaborado con ETA y Terra Lliure y le aplicaron la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales.

Durante la Transición, tanto ella como su hermana Eva (fallecida en el 2018), fueron torturadas varias veces por la policía franquista, primero en la jefatura de Vía Laietana de Barcelona, y después en la Dirección General de Seguridad, en Madrid.

Toda su vida estuvo marcada por el activismo político en favor de la independencia de Catalunya y la lengua catalana: fue portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir que promovió las consultas independentistas en Catalunya desde 2006.

Posteriormente, formó parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y suscribió el polémico Manifest Koiné, documento firmado en 2016 por un grupo de filólogos, lingüistas y docentes que criticaban el bilingüismo en la sociedad catalana y abogaban porque el catalán fuera la única lengua oficial de una hipotética Catalunya independiente.

La investigación de la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, la primera del Ministerio Público que requirió documentos a la Policía y a los archivos, dio plena credibilidad a Serra, consideró demostradas las torturas, las calificó de crímenes contra la humanidad, pero pidió su archivo al no poder identificar a sus autores.

“Es un gran día para hacer memoria y recuperar un pasado que no se ha acabado”, declaró Serra el 19 de mayo de 2025 tras comparecer ante la fiscal delegada de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Expósito. Pese a andar con la ayuda de un caminador, albergaba la certeza de que tenía que declarar ante la Fiscalía. “Los jóvenes tienen que conocer lo que pasó”, dijo, alertando del contexto global de ascenso de la extrema derecha. Conocer el pasado para que no se repita. Blanca Serra lo intentó toda su vida.

La Fiscalía ha concluido su primera investigación sobre las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social sin hallar a los uniformados que perpetraron los delitos. Así lo ha comunicado este jueves la Fiscalía de Barcelona, que durante casi un año ha investigado la denuncia presentada por la histórica activista de la izquierda independentista catalana Blanca Serra.

Las conclusiones de la Fiscalía suponen un resultado agridulce. Por primera vez, una víctima ha encontrado la escucha de las instituciones judiciales, hasta ahora un muro de impunidad para los policías torturadores. Pero el resultado final sigue siendo, en la práctica, el mismo: el archivo del caso.

En un vídeo grabado este jueves, Serra ha agradecido el trato que le ha dispensado la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito, si bien ha lamentado que la vía de la jurisdicción voluntaria que le queda (penalmente el caso quedará archivado) no comporta la identificación ni la toma de declaración de los policías que la torturaron, ni de sus superiores jerárquicos. “Tampoco permite reconstruir la estructura jerárquica de la represión ni abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, ha constatado.

El Ministerio Público tomó declaración a Serra como víctima, a un perito y al forense que constató las secuelas psicológicas que sufre Serra. También reclamó documentos a varias instituciones, algo inédito hasta ahora en las denuncias por torturas franquistas, que los juzgados solían despachar con una inadmisión de plano o una investigación exigua. La Policía envió a la fiscal varias actas de detención o del registro en el domicilio de Serra.

Tras practicar todas las diligencias, la Fiscalía concluye que Serra sufrió un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad y “de persecución y represión política instaurada por el franquismo”, al que define como un “régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”.

Los agentes de la llamada Brigada Político-Social, expone la fiscal, detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, y le infligieron violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.

Sin embargo, la investigación no ha podido revelar la identidad de los policías que perpetraron las torturas, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el juzgado, en la que se pide el archivo provisional por falta de autor conocido.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

Más allá de haber sido escuchada, el caso de Serra constata que, 50 años después de la muerte del dictador, la operación de olvido que se impuso a la recién nacida democracia española sigue vigente: la ley de amnistía del 1977 y la prescripción de los delitos siguen siendo obstáculos, pese a la Ley de Memoria, para abrir causas en los juzgados. A ello hay que añadir el paso del tiempo, pues la mayoría de policías torturadores ya han fallecido.

Lo que sí ha permitido la nueva ley es que el Ministerio Público escuche a la víctima, como hizo con Serra, y pueda pedir documentos a organismos oficiales para ofrecer una mínima reparación a las personas que sufrieron torturas y que hasta entonces se encontraban con el portazo del sistema.

Las de Serra fueron las primeras diligencias penales abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como 'casa de los horrores'.

El edificio sigue inmerso, en pleno 2025, en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.

La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Gobierno Navarra ha reconocido, en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, a otras ocho personas como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Eleva así a 109 el número total de casos confirmados desde que se aprobó la ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1979 y 2009. Se trata de Carlos Turumbay Andueza, secuestrado y torturado por cuerpos no identificados en 1979; Tarsicio Rey Bacaicoa, torturado por la Guardia Civil en 1980; Avelino Gonzalez Fernández, torturado por la Guardia Civil en 1983; Koldobika Mikel, torturado por la Policía Nacional en 1984; Josu Rubio Mendiluze, torturado por la Policía Nacional en 1984; Jon Castañares Larrea, torturado por la Guardia Civil en 1994; Xabier Suescun Muzás, torturado por la Policía Nacional en 1995 y 1997; y Jon Ciriza Murugarren, torturado por la Guardia Civil en 2009.

De las 109 personas reconocidas por el Ejecutivo foral, seis corresponden a víctimas mortales, una de ellas por torturas (Mikel Zabalza); 76 a víctimas de torturas; una de torturas, lesiones físicas y daños materiales; una de torturas y daños materiales; 19 de lesiones físicas o psicológicas; cuatro de lesiones físicas y daños materiales; y dos de años materiales.

A través de un comunicado, las dos entidades han valorado “positivamente” los reconocimientos. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia de Estado ha tenido en nuestro territorio”, apuntan. En este sentido, han considerado que “deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”. Así, han animado a “todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra” a presentar sus solicitudes de reconocimiento y ha reiterado su predisposición a “ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La norma recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta por un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista. Asimismo, ha ratificado la pena de 4 años de cárcel por el primero de los delitos a Jon Enparantza, considerado también miembro del frente jurídico de ETA. Mientras, el Supremo estima parcialmente los recursos de los otros dos condenados en la causa, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad, ya que consistía en gestión y responsabilidad subordinada, o de comunicación, en la estructura investigada, sin que se haya constatado conexión fáctica con actividades violentas. De ese modo, rebaja la condena por delito de integración en organización terrorista a Zuriarrain de 3 años y 6 meses de prisión a 2 años, y a Sarriegui, de 3 años a 1 año y 6 meses.

Salvo esa reducción de pena a dos de los recurrentes, el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional, que estableció que los acusados, al margen de la defensa jurídica de miembros de ETA, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la organización terrorista y les transmitían directrices de esta. El periodo de actividad que ha sido juzgado es el comprendido entre 2005 y abril de 2010, cuando se produjo la detención de los acusados y el registro de dos despachos de abogados en los que operaban en Bilbao y Gipuzkoa. A los cuatro se les aplicó en la sentencia ahora confirmada la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Por su parte, el alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Zulueta y Enparantza que, entre otros extremos, también pedían que, en caso de condena, se les aplicase la reducción de pena que permite el artículo 579 bis.4 del Código Penal cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

En el caso de Zulueta, el Supremo recuerda que la Audiencia Nacional ha fijado como hecho acreditado que poseía los archivos informáticos precisos para acceder o facilitar que otros pudieran entrar en la posesión de unos depósitos de armas y explosivos de ETA, localizándose los archivos en un pendrive oculto detrás de un cuadro de su despacho profesional, conteniendo croquis y documentación de tres zulos en el sur de Francia.

Añade que “no se trataba de un acopio inocuo o marginal, pues los documentos detallaban que los tres zulos contenían precursores explosivos, fusiles de asalto, cargadores, munición, cordón detonante y dinero. Y, cumplimentada la comisión rogatoria, la policía francesa localizó efectivamente los zulos e intervino, entre otros efectos, 92 kg de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov y un G3/Cetme, munición y dinero, hallándose las armas en perfecto estado de uso y funcionamiento”.

Con esos elementos, para el alto tribunal, es imposible predicar la “menor gravedad objetiva” por el medio empleado, pues el hecho delictivo de su integración en la organización terrorista se proyecta sobre armas de guerra, munición y precursores explosivos, esto es, instrumentos típicamente ordenados a la ejecución de atentados, como lo son también las colaboraciones tendentes de la fijación de objetivos que se detallan en los hechos probados, concretamente la información sobre vehículos oficiales, la elaboración de un informe sobre la seguridad de la Audiencia Nacional o, incluso, funciones en la creación y dirección de una extensa red de información para la definición de futuros objetivos.

“En suma, por los medios (armas/explosivos) y por la función (custodia/aseguramiento del acceso a los instrumentos para la comisión de atentados o suministro de información que facilitara la ejecución de otros), la conducta queda fuera del perímetro del artículo 579 bis 4 del Código Penal”, subraya la Sala.

Y respecto de Jon María Enparantza, el Supremo explica que el relato y la prueba de la sentencia recurrida describen una intervención que rebasa con mucho el plano de mera militancia periférica o de “apoyo ideológico”, en particular la remisión de correos para obtener por coacción recursos económicos destinados a facilitar la subsistencia de la organización y la ejecución de atentados, llegando a recibir algunos de los pagos derivados de esta extorsión. Asimismo, señala que en la documentación intervenida se reflejan remisiones de información operativa a la dirección de ETA para su aparato de información, con selección de diversas personas como posibles objetivos y proponiendo medios de ataque que aseguraran una mayor eficacia, llegando a ofrecer detalles para asesinar a una persona concreta. Por ello, considera que su contribución es de entidad incompatible con la rebaja de la pena que solicita.

La sentencia desestima el resto de las alegaciones de los acusados. Así, no aprecia ninguna irregularidad en la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, y en la investigación de inteligencia que realizó, verificándose la cobertura judicial de la misma y su sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad. También rechaza los argumentos contra las entradas y registros practicados en abril de 2010 en despachos profesionales de los acusados en Bilbao y Gipuzkoa, actuación que estima que respondió claramente a sospechas fundadas de responsabilidad en los investigados, y que se realizó con todas las cautelas precisas.

Tampoco admite el Supremo que la sentencia de la Audiencia Nacional vulnerara el principio ‘non bis in ídem’ (no ser juzgado dos veces por los mismos hechos) por haber sido condenados con anterioridad, en 2019, por integración en organización terrorista vinculado igualmente al entramado jurídico-carcelario de ETA, por un periodo temporal posterior al sentenciado ahora. Explican los magistrados que se trata de dos condenas por actuación en dos periodos distintos de tiempo por el mismo sujeto y con la misma inserción orgánica, mediando entre los dos periodos una detención e ingreso en prisión.

También descarta que pueda declararse la nulidad de las pruebas por las denuncias de torturas y tratos inhumanos o degradantes por parte de la Guardia Civil tras su detención realizadas por Naia Zuriarrain, ya que no hay corroboraciones objetivas suficientes.

Las detenciones de la causa conocida como sumario 13/13, se produjeron por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuzkoa en el año 2010. Fueron detenidos antiguos presos y abogados de personas acusadas de pertenecer a ETA.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos el Gobierno de Navarra ha reconocido a otras siete personas como víctimas de la violencia policial en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Con ellas son ya 101 las víctimas policiales confirmadas merced a esta ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1973 y 2002. Se trata de Iñaki Beorlegui Recalde, torturado por la Brigada Político Social en 1973; Amparo Arangoa Satrustegi, torturada por la Guardia Civil en 1976; Purificación Galarza Ochoa, torturada por la Guardia Civil en 1979; Javier Pérez de Obanos Oyarbide, torturado por la Policía Nacional en 1981 y 1987; Pedro De Miguel Caballero, torturado por la Guardia Civil en 1994 y por la Policía Nacional en 2004; Ane Buitron Zazpe, torturada por la Guardia Civil en 1995; y Mikel Soto Nolasco, torturado por la Guardia Civil en 2002.

Ambas entidades han valorado “positivamente” las resoluciones del Gobierno foral. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia del Estado ha tenido en nuestro territorio y consideramos que deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”, han añadido.

Una de las primeras víctimas reconocidas por el Gobierno navarro fue Mikel Zabalza, el joven que fue torturado hasta la muerte por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo, y del que hace pocos días se cumplieron 40 años de su desaparición. “Seguimos animando a todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra a presentar sus solicitudes de reconocimiento y reiteramos nuestra predisposición a ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”, han explicado desde las dos entidades.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona inició ayer su andadura –hasta el 10 de diciembre en el Cine Maldà, en el distrito de Ciutat Vella– con el documental Tortura blanca, producido y dirigido por la activista y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, actualmente en arresto domiciliario en Teherán y que no ha recibido el permiso de las autoridades iraníes para acudir a Barcelona a presentarlo. Esta es la vigésimo segunda edición del festival, el más veterano del Estado en este género.

Sin embargo, la ausencia de Mohammadi, que ha pasado largas temporadas en prisión en su país, si bien recientemente consiguió salir de la cárcel tras una larga huelga de hambre, ha sido suplida tanto por un videomensaje que ha enviado a la organización del festival, y que ha podido verse previo a la emisión del documental, como por la presencia de su marido, el también activista y periodista Taghi Rahmani.

Tortura blanca versa sobre la práctica generalizada en Irán del arresto de activistas de cualquier tipo y el sometimiento sistemático a un régimen de aislamiento total que puede durar de semanas a meses, practicándose incluso en repetidas ocasiones durante largas sentencias de cárcel. El director de festival, el fotoperiodista y documentalista Toni Navarro, ha recordado antes de la exhibición del documental que el régimen de aislamiento total “es un sistema de tortura que en nuestro país está institucionalizado y se conoce como Régimen Fies, que afecta a muchos presos en un momento u otro de su reclusión”.

Una práctica sistemática que no deja huellas físicas

Por su parte, Rahmani ha explicado que el régimen islámico iraní lo utiliza profusamente “contra cualquier opositor por cuestiones tan simples como la disidencia religiosa, protestas vecinales o estudiantiles”. El activista ha agregado que los ayatolás lo utilizan porque “no deja huellas físicas que puedan utilizar luego las organizaciones de derechos humanos para elaborar sus informes”, pero que “sí deja huellas psicológicas muy serias en quienes lo padecen y también en su entorno”.

En este sentido, ha explicado que las víctimas de la tortura blanca “pasan incluso semanas sin ningún tipo de contacto humano ni con el exterior, en cubículos de dos metros de ancho por tres de largo”, una situación que les lleva a desesperación y a poner en serio riesgo su salud mental, que muchas veces queda maltrecha para siempre.

El documental se articula por una serie de entrevistas que Narges Mohammadi realizó en 2021, tras una de sus salidas de prisión, entre diversas víctimas de esta práctica: abogados, estudiantes, sociólogos, psicólogos líderes religiosos o madres de desaparecidos. Todos ellos relatan no solo la ruptura anímica que luego utilizaron los torturadores en su contra en los juicios, sino también las secuelas que posteriormente no les han permitido llevar una vida normal.

A los dos meses de la realización del documental, tras tener las autoridades iraníes conocimiento del mismo, volvieron a arrestar a Mohammadi que, según su marido, “sigue dispuesta a luchar y no piensa ceder aunque le cueste su libertad, su salud e incluso la vida”. A este respecto, Navarro ha señalado que “la salud de la Premio Nobel se resintió muy seriamente a raíz de su huelga de hambre”. Según Navarro este deterioro ha sido la causa de que el régimen le haya conmutado la prisión por el arresto domiciliario.

Rahmani ha destacado, de todas formas, que desde la emisión internacional del documental, el régimen ha recibido numerosas presiones, por lo que ha decidido reducir por ley el aislamiento a un máximo de dos semanas, aunque el activista tilda el logro de “insuficiente”, ya que “aunque sean 15 días, sigue siendo una tortura”. En conversación posterior a la emisión con elDiario.es, Rahmani, –que actualmente vive en Francia con los dos hijos de la pareja, a los que, ha dicho, “Narges hace diez años que no ve”– ha desvelado que la Premio Nobel se encuentra “fuerte y recuperada, con ganas de seguir luchando por la caída del régimen”.

Un régimen con fecha de caducidad

Preguntado por las esperanzas de que dicha caída se concrete, ha opinado que la misma no se producirá hasta que muera el líder de la revolución, Alí Jamenei, y ha destacado que los recientes ataques de Israel han provocado un aumento de la represión estatal porque han evidenciado la fragilidad y la incapacidad del gobierno para cubrir las necesidades del país en todos los frentes. “El régimen es claramente ineficiente e insuficiente, y la gente lo nota, por lo que cada vez más sectores de la población que antes apoyaban a los ayatolás, ahora no lo hacen, sobre todo en zonas urbanas”. Pero ha matizado que “aguantará hasta la muerte de Jamenei y luego se caerá en pedazos”.

No obstante, ha advertido que “aunque la muerte de Jamenei suponga el fin de la teocracia, los cambios profundos en la cultura democrática de los iraníes tardarán en llegar, porque la mentalidad tradicional, machista, clasista y autoritaria está todavía muy arraigada, en especial en sectores rurales y de menor poder económico”. En el mismo sentido ha obrado el discurso por vídeo enviado por Mohammadi, que se ha proyectado antes del documental.

En mismo, la Premio Nobel, tras agradecer al festival de Barcelona la invitación y lamentar no haber podido acudir, ha incidido en el peligro actual que amenaza a las democracias en todo el planeta y ha instado a mantener la denuncia contra las vulneraciones de los derechos humanos, “sean del tipo que sean”. Ha hecho especial énfasis Mohammadi en lo que ha denominado “el apartheid de género”, que ha señalado que “debe ser denunciado y condenado como cualquier otro tipo de segregación, sea racial, religiosa, de clase o cualquier otra forma”.

La exposición itinerante '40 años en memoria de Mikel Zabalza' ha llegado este jueves a Pamplona en su recorrido por distintas localidades vinculadas al joven navarro que murió en el cuartel de Intxaurrondo víctima de las torturas que recibió por parte de la Guardia Civil en 1985. Se trata de un autobús como el que conducía Zabalza en Donostia y en el que en su interior se han colocado paneles informativos que cuentan la historia de su caso y la reclamación de su familia por conocer la verdad. 40 años después la versión oficial sigue siendo la de que falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto, cuando un informe del Gobierno vasco del año 2022 adelantado por este periódico acreditó que había muerto en Intxaurrondo por las torturas que sufrió.

“El caso de Mikel Zabalza es el más conocido de los cerca de 1.000 casos de tortura en Navarra, y en él se juntan de alguna manera todas las injusticias que hemos padecido las personas torturadas en Navarra: la falta de reconocimiento, la falta de justicia y, en general, la impunidad con la que se nos ha torturado aquí”, ha explicado Mikel Soto, miembro de la Red Navarra de Personas Torturadas, que junto con la asociación Mikel Zabalza Gogoan y antiguos compañeros suyos de trabajo han organizado la exposición, que estará en Pamplona hasta el 7 de diciembre y que finalizará en Donostia el 14 de diciembre.

Mikel Zabalza era un joven treintañero navarro que no tenía ningún tipo de vinculación con ETA, pero que fue detenido por la Guardia Civil en Donostia en la madrugada del 26 de noviembre de 1985 merced a la Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. En Intxaurrondo sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Su cuerpo no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. 

Desde entonces su familia reclama que se conozca toda la verdad de lo sucedido aquellos días en el cuartel de la Guardia Civil. “Por parte del Estado es cierto que los pasos que se han dado son pocos”, lamenta Mikel Soto, que mantiene la “esperanza” en que la movilización social pueda ayudar a que se desclasifiquen los archivos del 'caso Zabalza'. “Sería extraordinario que por el aniversario se diera algún paso, pero no espero que suceda, no interesa sacar a la luz lo que pasó”, explicaba su hermana hace unos días a este periódico.

“Es una ley firmada por el generalísimo Franco, es una ley franquista que además da a la Junta Militar la potestad de abrir los expedientes y la documentación, y en casos como el de Mikel Zabalza difícilmente se podrá dar más avances si no se cambia esa ley”, ha añadido la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.

Un tribunal revolucionario iraní ha condenado en ausencia al director de cine Jafar Panahi, con numerosos premios internacionales y último ganador de la Palma de Oro de Cannes, a un año de prisión por propaganda contra el sistema, informó este lunes uno de los abogados del cineasta.

“La Sección 26 del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán ha condenado en ausencia al señor Jafar Panahi a un año de prisión por actividades de propaganda contra el sistema”, dijo en X Mostafa Nili, uno de los defensores del director, que se encuentra fuera de Irán en estos momentos.

Nili indicó que el vencedor de la última edición de Cannes este año con 'Un simple accident' ('Un simple accidente’) ha sido condenado además a dos años de prohibición de salir del país y afiliarse a grupos políticos o sociales.

“Llevaremos a cabo las acciones necesarias para apelar esta sentencia”, añadió el abogado.

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión, y presentó 'Un simple accident' en Cannes.

“'Un simple accident' no la hemos hecho nosotros, la ha hecho la República Islámica, es la República Islámica la que nos encarcela. Deben saber que cuando encarcelan a un artista tienen que asumir las consecuencias”, explicó el cineasta en una rueda de prensa en Cannes sobre una película profundamente política en la que denuncia la violencia del estado contra ciudadanos inocentes.

Después visitó el Festival de San Sebastián en septiembre donde en una entrevista con EFE aseguró que la República Islámica “se ha autodestruido por dentro, solo le queda el cuerpo”.

En 'Un simple accident', Panahi, de 65 años, retrata la cotidianidad a menudo surrealista de los ciudadanos de Irán. Un grupo de antiguos presos políticos trata de averiguar si han dado con su torturador, al que solo pueden reconocer por la voz, mientras se afanan en tareas como preparar su inminente boda, trabajar en un taller mecánico o ayudar a una parturienta.

“En la cárcel te sientan en una silla frente a la pared con los ojos vendados mientras un policía te interroga. Pero más que tener la atención puesta en qué contestar, estás pendiente de la voz que te está preguntando. Quieres reconocer y entender a esa persona y tu oído se fortalece, pierdes el resto de los sentidos”, rememoró Panahi.

Representante de la 'nueva ola iraní', Panahi es uno de los cuatro cineastas -junto a Robert Altman, Michelangelo Antonioni y Henri-Georges Clouzot- que ha conseguido el premio principal de los tres festivales internacionales más importantes del mundo: Cannes, Venecia y Berlín.

Ganó el León de Oro de Venecia de 2000 por 'El círculo' ('The Circle', 2000); el Oso de Oro de Berlín por 'Taxi Teherán' (2015) y este año la Palma de Oro de Cannes con 'Un simple accidente', película presentada por Francia como candidata al Óscar a mejor filme internacional.

En 2010 le condenaron a seis años de prisión y a veinte sin realizar filmes, escribir guiones, viajar al extranjero ni dar entrevistas, acusado de “reunión y colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema” de la República Islámica de Irán.

Fue detenido de nuevo en julio de 2022 por protestar por la detención de los cineastas Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad y encarcelado hasta febrero de 2023, cuando salió tras una huelga de hambre.

La madrugada del 26 de noviembre de 1985, efeméride de la que este miércoles se cumplen 40 años, el navarro Mikel Zabalza dormía en su casa de Donostia para, a la mañana siguiente, acudir como cada día a su puesto de trabajo en la compañía del transporte público de la capital guipuzcoana. Miguel Mari, como le llamaba su familia, no era miembro de ETA ni tenía relación alguna con la banda terrorista. Pero a pesar de ello, aquella noche la Guardia Civil lo detuvo en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. La misma noche que detuvieron a Mikel Zabalza, la Guardia Civil también arrestró, en la misma operación, a sus hermanos Aitor y Patxi, a Idoia Ayerbe, novia de Zabalza, a Manuel Vizcay, su primo, y a Jon Arreche. Todos ellos sufrieron malos tratos.

Zabalza fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Su cuerpo no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial dice que falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto, pero un informe del Gobierno vasco del año 2022 adelantado por este periódico acreditó que había muerto en ese cuartel por las torturas que sufrió. Hoy, en ese lugar una placa recuerda la violencia que allí sufrió hasta la muerte.

Tanto el Gobierno vasco como el navarro han reconocido oficialmente a él y a su familia como víctimas de la violencia policial, un gesto que “reconforta en una parte” a sus allegados, que lo consideran “un paso muy importante”. Eso comporta también una indemnización económica.

Al otro lado del teléfono una de las hermanas de Mikel Zabalza, Lourdes, reconoce que estas son “fechas muy emotivas” en las que se le recuerda “muy especialmente” y lamenta todo el tiempo que ha tenido que pasar para que se les diera la razón. Su familia sufrió durante años el acoso de quienes defendían la versión oficial, que les tildaban de “mentirosos” por decir que había sido torturado. “Se ha demostrado que mi hermano no era de ETA y se ha reparado su nombre”, señaló en 2022 Lourdes Zabalza en una entrevista.

Con todo, su familia sigue reclamando que se conozca “toda la verdad” de lo sucedido aquellos días en Intxaurrondo con la desclasificación de los documentos oficiales y pide que se expediente a los agentes que participaron en las torturas. Sin embargo, no confían en que eso pueda suceder en el corto plazo. “Sería extraordinario que por el aniversario se diera algún paso, pero no espero que suceda, no interesa sacar a la luz lo que pasó”, lamenta Lourdes Zabalza. En 2023 Arturo Espejo, guardiacivil que instruyó la causa y estaba encargado de custodiar a Zabalza en Intxaurrondo cuando era teniente en ese cuartel, fue ascendido a la cúpula de la Guardia Civil.

Para la elaboración del informe del Gobierno vasco se practicaron 32 diligencias entre recopilación de información policial, judicial o periodística, entrevistas a testigos, análisis periciales e incluso una reconstrucción de la supuesta huida en Endarlatsa para descartarla como hipótesis. En él se explica, por ejemplo, que asumir que esa posibilidad supondría creer que una persona sin relación con ETA identificó un zulo y que, una vez allí, saltó nueve metros esposado y sin saber nadar por una zona escarpada y peligrosa. “No es posible que una persona maniatada que no sabe nadar se tire por un barranco que está lleno de arbustos cuando, si conocía tan bien el lugar, como ellos sostenían, en lugar de tirarse por ahí, hubiera cruzado el río un poco más adelante, solo se hubiera mojado los pies y estaría en Francia”, explica su hermana.

La reconstrucción de los hechos

El informe del Gobierno recoge que todos los detenidos aquella noche refirió malos tratos y torturas. Diferentes testigos describen que “oyeron gritos desgarradores” de la zona de Intxaurrondo donde estaba Zabalza. Menciona que entre las prácticas que se empleaban para la tortura estaban la 'bañera' –ahogamientos en agua– o la 'bolsa' –asfixia con una bolsa en la cabeza–.

También recoge el trato “degradante” que sufrió su familia y reseña el caso de su madre, que cuando acudió al cuartel solicitando información sobre su hijo detenido fue remitida “a objetos perdidos”. “Constituye en sí mismo un trato inhumano y degradante con entidad propia y de especial bajeza moral”, sostiene el informe. La Guardia Civil también acudió al domicilio de unos allegados para tratar de convencerles de que Zabalza había cruzado la frontera para huir a Iparralde.

—El tema de Zabalza está muy feo.

—Sí, muy mal.

—¿Has hablado con Felipe y éstos?

—No, no he hablado... Un juicio así rápido mío de valores es que se les ha ido la mano, que se les ha quedado en el interrogatorio.

[...]

—¿Tú crees que se les murió en Intxaurrondo?

—Sí, mi impresión es que en el interrogatorio. Posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza, ésa es mi impresión. Cometieron muchísimos fallos.

[...]

—Porque cuando se cargaron a Zabala y al otro... ¿Cuál era?

—¿A Lasa? Eso fueron dos tiros en la cabeza.

—¿Dos tiros?

—Dos tiros en la cabeza sin capucha.

El informe recoge también la transcripción de la conversación entre Perote y Gómez Nieto en el que hablan con franqueza de lo ocurrido con Zabalza pero también de uno de los principales crímenes terroristas de los GAL. Sin embargo, la Guardia Civil publicó el 27 de noviembre que Zabalza se había escapado. El 29 añadieron que “fruto de una manifestación espontánea” Zabalza explicó dónde había un zulo de ETA en Endarlatsa y que fue allí desde donde escapó. El cadáver no apareció hasta el 15 de diciembre. Lo halló el GAR de la Guardia Civil “en una zona que había sido rastreada minuciosamente en cada una de las ocasiones por doce buceadores, veinte socorristas de apoyo, tres embarcaciones y la unidad de rescate de la Cruz Roja”. Hubo manifestaciones multitudinarias en Donostia y en Pamplona.

Por el cuarenta aniversario de su desaparición, sus antiguos compañeros de trabajo, en colaboración con la asociación Mikel Zabalza Gogan, han organizado una actividad “para dar visibilidad” a la realidad de su caso. Consistirá en un autobús con paneles informativos y decorado con la misma pancarta que sus compañeros colgaron de uno de los autocares durante los días que estuvo desaparecido y que rezaba: “Hemen ez dago gidaria, non dago? Aquí no hay conductor, ¿dónde está?”. El autobús recorrerá Orbaizeta, Pamplona, Bortziriak, Altza y Donostia entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre.

A partir de los juicios con mujeres encausadas y de archivos militares repartidos por toda España, Javier Rodrigo, historiador especializado en el estudio de las guerras civiles, políticas de violencia y catedrático en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha rescatado la historia de las mujeres víctimas de violencia política, violencia sexual y torturas durante la posguerra, concretamente desde el final de la Guerra Civil hasta mediados de los años 50. Se trata de 150 mujeres guerrilleras armadas y otros cientos de ellas que participaron en la resistencia desarmada como enlaces de los guerrilleros. Todo ello lo ha recogido en el ensayo 'La guerra degenerada. Violencia y resistencias en la España de posguerra'.

“La Guerra Degenerada es un libro que originalmente quería y quiere trabajar sobre la historia de las mujeres que fueron víctimas de violencia vinculada a la represión y a la persecución política en la posguerra española. En España hay una guerra después de la Guerra Civil. La guerra de la resistencia, la guerra contra la guerrilla en la que participan muchas mujeres. Muchas participan como guerrilleras, unas 150, pero sobre todo participan muchas mujeres como enlaces o como resistentes del llano. Una forma de resistencia desarmada que no es políticamente vinculante, sino que tiene mucha relación más bien con los afectos y con las relaciones familiares, pero que es fundamental para la supervivencia de la guerrilla. Estas mujeres, sobre todo los enlaces, acaban convirtiéndose en víctimas propiciatorias de la persecución de la guerrilla. Víctimas vicarias en muchos casos también porque se las tortura o encarcela para intentar que delaten a guerrilleros que están en el monte. Son sometidas muchas veces a formas de violencia sexual o genitalizada, incluidas violaciones o reconocimientos vaginales forzosos”, detalla Rodrigo a este periódico tras su paso por Bilbao para presentar la obra.

El historiador era consciente de que existían este tipo de prácticas en la posguerra, pero hasta la fecha nadie las había sacado a la luz. “Planteé la posibilidad de investigarlas a partir de los expedientes militares, los expedientes de los juicios militares en los que existen mujeres encausadas, en los archivos militares que hay esparcidos por toda España. Así me di cuenta de en qué consiste la guerra irregular, la guerra degenerada, la guerra entre la resistencia y el Estado fundamentalmente, y con ello pude volver a replantear la posguerra misma. La posguerra no es un tiempo de paz, sino de pacificación, y es un tiempo de una extrema violencia en la que existen tanto una guerra irregular contra la resistencia como formas de violencia sexuada, de violencia específicamente pensada y dirigida hacia la mujer como la de la violación, los tocamientos y las torturas. Y de esto va el libro, básicamente de repensar la posguerra a través del estudio de la presencia de la violencia contra las mujeres en el marco de la guerra contra la guerrilla”, apunta el autor.

¿Cómo consiguió dar con estas mujeres violentadas y torturadas si se trata de una violencia ocultada? Rodrigo confiesa que lo que se sabe de ellas es “relativamente poco”. “La posibilidad de cruzar datos con otras fuentes documentales es muy limitada, no se trata de mujeres que, a diferencia de en otros casos europeos, hayan escrito sus memorias o hayan sido visibilizadas por la historia, por la historiografía o por las políticas de memoria. Se trata de mujeres, de colectivos abiertamente invisibilizados por las políticas de memoria, pero también por la propia historiografía, es decir, por la rama de conocimiento que reconstruye el pasado. Por tanto, me es muy difícil tener más información sobre estas mujeres. Resistentes armadas, es decir, guerrilleras, se pueden identificar aproximadamente solamente 150 más o menos. Se conocen las identidades e incluso algunas han escrito su biografía, pero las enlaces son miles y es imposible reconstruir la historia de miles de mujeres, que no es que sean anónimas, es que han sido anonimizadas, porque nadie es anónimo. Por eso yo me limité a identificarlas a través de la forma en la que las identifica el propio Estado franquista, que es utilizándolas como o como enjuiciadas o como testigos en procesos judiciales militares”, sostiene.

Rodrigo llega a la historia de estas mujeres gracias a los archivos militares. “Sabía que había decenas de miles de juicios, de expedientes judiciales que nadie había tratado en el estudio de la represión franquista, de la violencia franquista y específicamente de la violencia contra las mujeres en la guerrilla. Entonces, en estos juicios, en estos expedientes, fui a buscar nombres femeninos. Encontré unos mil expedientes judiciales en tres o cuatro archivos en Ferrol, Sevilla, Zaragoza y Madrid. Expedientes judiciales en los que aparecían mujeres como encausadas”, detalla, a partir de ahí comenzó su investigación. “Tire del hilo para conocer los procedimientos judiciales y las investigaciones judiciales que se realizan sobre estas mujeres, encontrándome con grandes sorpresas. Por ejemplo, el hecho de que hay mujeres que en sede judicial, es decir, delante del juez, se retractan de las declaraciones hechas en sede policial, porque dicen que las confesiones hechas en el cuartelillo de la Guardia Civil, las hacen bajo tortura o bajo amenaza de tortura, o porque las han violado o pegado. Esto abre una ventana, una ventana muy pequeña a través de la cual asomarse a una historia que está por reconstruir en España, que es la historia de la violencia sexual y de la tortura como forma de violencia sexual. Un tema que no se ha investigado y que se puede seguir investigando. Se puede seguir continuando con el trabajo de vaciamiento de las fuentes militares”, reconoce.

Según reconoce, ese es su objetivo: seguir investigando sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres en la posguerra. “Mi objetivo es, por un lado, visibilizar la violencia contra las mujeres en la posguerra, visibilizar a las víctimas supervivientes de violencia sexual en la posguerra y luego plantear también una forma de repensar la posguerra, en la que entendamos que la praxis generalizada de las violaciones y las torturas es una realidad cotidiana en los pueblos y las ciudades, que es una historia de violencia. La historia de la España de posguerra es también una historia de resistencia, porque también lo que quería era reivindicar que estas mujeres, por activa o por pasiva, de manera consciente o inconsciente, son agentes de la resistencia. Siempre que se estudia la resistencia, son resistencias nacionales, armadas y masculinas. Y, en cambio, yo lo que quería reivindicar es el estudio de una resistencia desarmada, no siempre nacional, sino más bien relacional y sobre todo una resistencia en femenino, porque cuando la resistencia es desarmada es siempre resistencia de mujeres. Sobre eso no cabe ninguna duda”, concluye el historiador.

A Kutxi.

En los últimos meses, hemos visto una batalla por la memoria que ha sido también política, jurídica y mediática entre el Gobierno central de PSOE-Sumar y el de la Comunidad de Madrid, liderado por Ayuso. El motivo ha sido la declaración de la Real Casa de Correos, sede de la actual presidencia madrileña situada en plena puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática. Esto implica colocar una placa que recuerde que allí se torturó a miles de militantes antifranquistas. El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado esta decisión a pesar de la oposición de Ayuso, pero ¿qué importancia tiene este edificio en la historia para que aún hoy día tenga relevancia hablar de lo que ocurrió entre sus cuatro paredes?

Un breve repaso a su historia

Que el franquismo colocara en dicho edificio la Dirección General de Seguridad (DGS) –de la que explicaré sus funciones más adelante– no es ninguna casualidad. Primero, por el valor histórico del lugar. La Real Casa de Correos, ideada por el arquitecto francés Jaime Marquet a finales del siglo XVIII, se construyó en un primer momento con intenciones de reorganizar el servicio postal. Pero pronto sirvió para otras tareas. Concretamente, las de control del orden público. Desde sus primeros instantes, se apostaron en las esquinas del edificio guarniciones militares para vigilar lo que ocurría por la zona.

El edificio adquiriría su relevancia como lugar para la vigilancia de la sociedad en esta época a partir de 1848, cuando se instaló allí el Ministerio de la Gobernación (lo que sería hoy Interior). Durante la época de la Restauración, de la Dictadura de Primo de Rivera, entre sus cuatro paredes se firmaron decretos contra el anarquismo, el socialismo, el comunismo o las huelgas, el 1º de Mayo. Precediendo a lo que ocurriría después en el franquismo de una forma más clara y cruda.

La segunda razón por la que Franco instaló allí al organismo que articularía los cuerpos policiales fue parar quitarle el valor simbólico a la zona. Frente al edificio está la Puerta del Sol, una plaza que, desde que tenemos conocimiento, ha sido testigo de grandes luchas y revueltas. Desde los comuneros de Castilla hasta el punto culmen de la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. El régimen de Franco quiso quitarle al enclave esa memoria e identificación con valores de movilización, pasando todos sus rituales políticos unos metros más adelante, en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.

Un pasado de oscura represión

La DGS no fue un instrumento policial que se inventó el franquismo. A lo largo del siglo XIX y principios del XX diferentes gobiernos intentaron crear una estructura que se encargara de organizar y centralizar los servicios policiales, en un momento en el que se estaba creando el Estado moderno. Fue en 1912, tras el asesinato del Primer Ministro José Canalejas, en plena Puerta del Sol, cuando la DGS se convirtió en un organismo que perduró en el tiempo.

Sería con la dictadura franquista cuando alcanzaría su punto culmen como organización encargada del control de la sociedad, de la represión política. Para ello, necesitaba un lugar a la altura. El sitio escogido fue la Real Casa de Correos, por estar en pleno centro de Madrid, donde se podría observar no sólo la ciudad, sino todo el país y convertirse en el Km.0 de la violencia estatal.

En septiembre de 1939 se trasladaría a dicho lugar la DGS con todas sus ramificaciones. Desde la Policía Armada, encargada del control del orden público en las calles, hasta la Brigada de Investigación Criminal, que se ocupaba de la persecución de los delincuentes comunes. Y, sobre todo, la Brigada Político Social, la policía política de la dictadura franquista, que llevaba a cabo la represión contra los y las militantes antifranquistas.

Con todos estos contingentes, la DGS (que fue dirigida, entre otros, por Carlos Arias Navarro, quien sería el último presidente del Gobierno con Franco y el primero con el Rey Juan Carlos I) se empleó a fondo en la represión no sólo política, sino también moral. Deteniendo a personas por hacer huelgas y manifestaciones u organizarse políticamente, también reprimiendo a las mujeres que abortaban o al colectivo LGTBI, prohibiendo ciertas ropas (como la ropa corta y el bikini en las playas), vetando el carnaval, etc. El organismo policial se encargó de que la sociedad siguiera a rajatabla el ideario nacionalcatólico del franquismo.

Porque la represión fue un pilar fundamental de la dictadura. La lista represiva es amplia: 100.000 fusilados por los sublevados durante la guerra, otros 50.000 hasta 1952, más de 500.000 exiliados, miles y miles de juzgados en consejos de guerra y más de 50.000 juzgados por el Tribunal de Orden Público de 1963 a 1976.

La Real Casa de Correos fue uno de los principales epicentros de toda esta violencia que impuso el franquismo. Nada más instalarse en dicho lugar la DGS, fue asesinado a golpes policiales el trabajador de Telefónica y militante de UGT Sergio Álvarez Ibáñez. No sería la única historia de violencia y muerte en dicho edificio. En 1946, el guerrillero comunista Cristino García Granda se intentó suicidar en su calabozo, fruto de las torturas sufridas. En 1953 sería asesinado el dirigente de la UGT y PSOE Tomás Centeno. En 1963 fue tirado por una de las ventanas del edificio el dirigente del PCE Julián Grimau, sufriendo graves heridas, siendo después fusilado. En 1969 sería llevado a dicho edificio el estudiante y militante del FLP Enrique Ruano, que sería torturado y después asesinado por la policía en el edificio donde tenían un piso franco.

Todos los que eran juzgados por el TOP en Madrid pasaban por el céntrico edificio. Incluso en los años de la Transición, durante la cual se mantuvo allí la Dirección General de Policía hasta 1983, hubo historias de violencia policial, como el militante del PC(r) José España Vivas, muerto por los golpes policiales. También la del militante abertzale Joseba Arregui en 1981, torturado hasta la muerte, que ocurrió en la Cárcel de Carabanchel. O el último caso de fallecimiento en dicho edificio, el del delincuente Santiago Corella “El Nani”, cuyo cuerpo aún se desconoce donde está a pesar de que han pasado más de cuarenta años de su asesinato.

Todas estas historias, y muchas miles más, convirtieron a la Real Casa de Correos en el palacio del terror de la dictadura. En el “Bergen Belsen” español, como lo conocían los luchadores antifranquistas, en referencia al campo de concentración nazi. Un lugar donde sus paredes hablan de oscuras historias de tortura, represión y muerte a manos de agentes policiales, que no pueden caer en el olvido.

El Ejército de Israel inició el pasado miércoles una investigación penal por un vídeo filtrado a la prensa local en julio de 2024 en el que se muestra a guardias de prisión presuntamente abusando de un gazatí detenido en la cárcel israelí de Sde Teiman.

Dicha investigación, sin embargo, está centrada en la filtración y no en el contenido abusivo de las imágenes. El Ejército sospecha que habría llegado al Canal 12 de Noticias mediante personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar.

En el vídeo, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados el verano pasado, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos “llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto”, reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

Este domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración del vídeo como “el ataque propagandístico más severo” contra Israel desde su creación.

“El incidente causó un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de nuestros soldados. Este es quizás el ataque propagandístico más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea”, aseveró el mandatario israelí en un comunicado.

La jefa jurídica del Ejército admitió que filtró el vídeo y desapareció durante varias horas

Yifat Tomer-Yerushalmi, jefa jurídica del Ejército israelí, declaró este viernes, en su carta de renuncia, ser la responsable de la filtración del vídeo.

“Autoricé la divulgación del material a los medios de comunicación en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley”, dice Tomer-Yerushalmi en la misiva, según una copia difundida en X a la que tuvo acceso EFE.

La abogada militar es la responsable de enjuiciar y hallar violaciones del derecho internacional dentro del Ejército israelí y, según las informaciones, adoptó esta decisión para contrarrestar las interferencias -lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes- para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.

“Asumo plena responsabilidad por cualquier material que se haya divulgado a los medios de comunicación desde dentro de la unidad”, afirma en la carta, y añade que “de esta responsabilidad se deriva también mi decisión de concluir mi mandato como abogada militar general”.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Kazt, anunció que Tomer-Yerushalmi no regresaría a su puesto, “dada la gravedad de las acusaciones en su contra”. “Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman”, advirtió Katz.

Este domingo, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó que el Ejército activara “todos los medios” a su disposición para localizar a Tomer-Yerushalmi.

“Tras las publicaciones sobre la búsqueda de la abogada militar jefe, la general de división Yifat Tomer Yerushalmi, el jefe del Estado Mayor ha ordenado a la Dirección de Operaciones que active todos los medios a disposición de las Fuerzas de Defensa de Israel para intentar localizarla lo antes posible”, recoge el comunicado difundido por el Ejército.

Según la cadena pública israelí Kann, Yerushalmi dejó una carta de suicidio y las autoridades hallaron su coche en la Playa del Acantilado, al norte de Tel Aviv. A última hora de la tarde del domingo, la Policía de Israel la encontró con vida y en buen estado de salud.

“Tras la búsqueda de una mujer desaparecida en el área costera de Herzliya (al norte de Tel Aviv) podemos confirmar que ha sido localizada sana y salva”, recogió un comunicado del cuerpo policial.

Además, el ministro de Justicia está intentando que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara (a la que Netanyahu quiere destituir por sus numerosos dictámenes contra sus políticas), no sea la responsable de la investigación, pero esta insistió hoy en una carta que el ministerio “carece de la autoridad” para vetarla.

Muere un preso palestino de 63 años tras pasar más de uno en una cárcel israelí

Las autoridades israelíes informaron a las principales organizaciones de presos palestinos de la muerte del cautivo Muhammad Ghawadra, de 63 años, tras pasar más de un año en la cárcel de Ganot (en el desierto del Néguev, al sur de Israel), anunciaron el Club de Presos Palestinos y la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos.

El comunicado de ambas organizaciones no recoge cuándo murió Hussein exactamente o detalles sobre su muerte, de los cuales Israel no siempre las informa. Sí recoge que Ghawadra fue detenido el 6 de agosto del 2024.

“Es importante resaltar que el mártir Muhammad Ghawadra es el padre del detenido administrativo Sami Ghawadra, y el padre del prisionero liberado Shadi Ghawadra, que fue deportado a Egipto como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros que tuvo lugar anteriormente este año”, recoge el comunicado conjunto de la Comisión y el Club de Presos.

Shadi Ghawadra fue liberado durante el anterior alto el fuego, en febrero de este mismo año, y antes estaba condenado a cadena perpetua en una cárcel israelí. Su otro hijo, Sami, permanece detenido bajo el sistema de “detención administrativa” de Israel, con el cual un palestino puede ser detenido sin cargos y su cautiverio puede renovarse en periodos de seis meses de forma indefinida.

Todos ellos proceden de la gobernación de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada y un reconocido foco de la conocida como resistencia palestina, en referencia a las milicias que allí se enfrentan a las tropas israelíes.

El grupo islamista Hamás denunció en un comunicado su muerte y la situación de los presos: “Esto es el resultado de la negligencia médica, la tortura y el tratamiento brutal practicado por la Administración de Prisiones como parte de la política sistemática dirigida a romper su voluntad y resiliencia”.

En total, ya son 81 los palestinos que han muerto durante su paso por las cárceles israelíes. En la mayoría de casos, Israel no detalla cómo o cuándo murieron.

“Este periodo en la historia del movimiento de prisioneros es el más sangriento desde 1967, con el número de muertos identificados alcanzando 318 (desde entonces)”, recoge el comunicado del Club de Prisioneros y la Comisión de Asuntos de los Detenidos.

Estas aseguraron además que Israel mantiene en su poder los cadáveres de 89 presos palestinos fallecidos durante su paso por prisión. Del total, 78 han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció las condiciones de los presos en represalia por el ataque de los milicianos gazatíes en esa fecha.

Los presos palestinos denuncian habitualmente los malos tratos sufridos en las cárceles de Israel, donde soportan abusos como palizas e incluso torturas, así como privación del alimento, el sueño o recursos para la higiene personal.

¿Cómo es una cárcel de Israel para alguien que, sin ser palestino, teniendo cierta protección internacional, es considerado un enemigo político? Hay activistas españoles que han vivido esa experiencia en los últimos días.

Esta historia es en realidad un epílogo de otra que ya contamos. En un capítulo anterior, Ada Colau y Juan Bordera fueron nuestros ojos, nuestros oídos, en esa flotilla de gaza en la que también iba Reyes Rigo, una activista mallorquina que ha estado una semana encarcelada y acusada de agredir a una funcionaria de prisiones. Volvemos a hablar con Juan Bordera para que nos termine de contar qué pasó cuando llegaron los barcos militares israelíes y cómo fue vivir tres días en una cárcel de Israel.

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En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos y, más recientemente, la Constitución Española de 1978, proclamaron la prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ambos momentos, de notorio conocimiento y repercusión nacional e internacional, constituyen fechas esenciales para la defensa de los Derechos Humanos.

Por su parte, Aragón, en uno de los momentos más hermosos de creación de su derecho,  suprimió el tormento judicial, entendido como obtención de información mediante la aplicación de dolor físico a un reo, hace 700 años.

Fue Jaime II 'El Justo' quien, ante una petición expresa del reino, lo prohibió el 10 de octubre de 1325 en una sesión de las Cortes celebrada en Zaragoza, estableciendo: “…que turment ni inquisición no sian en Aragon, como son contra fuero”.

Sólo podían ser atormentados los falsificadores de moneda que fueran extraños al reino y los vagabundos sin bienes, de vil condición, vida o fama.

Para comprender en sus justos términos la inmensa relevancia jurídica de la prohibición aragonesa, debe recordarse el momento histórico y el contexto en el que se prohíbe el tormento: Baja Edad Media, Siglo XIV.

En aquellos tiempos, la mentalidad en relación al delito estaba fuertemente condicionada por una combinación de derecho de costumbres, religión, miedo social y una visión del mundo en la que el orden era decisivo y debía restablecerse cuando se rompía.

El delito no se veía sólo como una ofensa contra la persona o el poder secular, sino también como una ruptura del equilibrio moral y religioso de la Comunidad.

La justicia, ejemplarizante y pública, tenía una función moral y expiatoria: castigar al culpable era necesario para restaurar el orden social y espiritual, y la penitencia pública y la humillación eran elementos habituales en la sanción.

El castigo, por tanto, debía ser visible para generar temor y reforzar la autoridad del poder. Las ejecuciones públicas, mutilaciones, picotas o paseos infamantes no eran sólo castigos, eran rituales de purificación social.

Para una persona que ha dedicado su vida al Derecho, esta fecha de la historia de Aragón provoca, en igual medida, una profunda emoción por lo que hicimos, por lo que fuimos y, a la vez, una enorme admiración al constatar la continua inclinación aragonesa por la búsqueda de la justicia y la libertad.

Al margen de las ideas imperantes en la época, Aragón, en fecha tan lejana, atisba las bases de nuestro derecho penal moderno en el que no se concibe una condena sin culpabilidad.

Esta prohibición, tempranísima frente a las que luego vinieron, suscita al jurista actual una gran curiosidad por determinar cuáles serían sus razones.

Sin excluir la especial sensibilidad aragonesa frente a los métodos utilizados para arrancar confesiones, lo que evitó la aplicación del tormento en muchos ámbitos de su justicia (no la aplicó el Justicia de Aragón y, en general, salvo ámbitos concretos, Aragón se mostró reticente a su aplicación), debe reconocerse que esa benevolencia, esa clemencia, no llegó a todos los ámbitos, según se ha dicho, ni a la imposición y ejecución de las penas.

Por tanto, parece que el motivo final tenía unas premisas más amplias y hace pensar en un ejercicio muy temprano de protección de la inocencia, derecho fundamental hoy amparado constitucionalmente.

En 1325, Aragón fue consciente de que, frente al tormento, frente a la tortura, sólo algunos seres absolutamente extraordinarios pueden resistir y cuando lo prohíbe, en la fase de investigación del delito, está impidiendo la obtención de confesiones forzadas que, como efecto inmediato, podían suponer la condena de inocentes.

Con ello, vino a introducir la necesidad de la existencia de medios probatorios más sólidos, lo que hoy podríamos denominar “prueba racional”, protegiendo al acusado antes de Sentencia.

El Derecho Aragonés se convertía en un modelo de equilibrio entre orden y garantías, al contrario de lo que ocurría en el resto de Europa, donde se utilizaban instrumentos de tortura para obtener confesiones.

En este contexto, el Justicia de Aragón fue una figura institucional clave para asegurar que los procesos respetasen el fuero y los derechos del acusado. No podía impedir penas severas, pero sí podía frenar abusos o detenciones arbitrarias, concretamente a través del Derecho de Manifestación, a su vez precedente del Habeas Corpus o remedio jurídico actual frente a detenciones ilegales.

Puede decirse que los Fueros de Aragón, el conjunto de leyes del reino, constituyen un precedente jurídico pionero en la defensa de los derechos humanos.

Estoy convencida de que Aragón seguirá manteniéndose firme en su protección, firme en nuestros valores, en nuestras fortalezas, confiando en nuestra sensibilidad y en nuestra intuición jurídica; porque Aragón es así: es Justicia, es Derecho, es Pacto, es Libertad y es Perseverancia en su defensa. Esta es su esencia.

* Concepción Gimeno García es Justicia de Aragón

La comisión creada para el reconocimiento de víctimas de violencia policial en Euskadi -la normativa que complementa a la de víctimas de los terrorismos de ETA o del GAL y de la Guerra Civil- está totalmente bloqueada. Los avisos de años anteriores se han terminado convirtiendo en realidad. En 2025, solamente se han añadido cinco casos a la lista de estas víctimas (243 en total), pero con expedientes pendientes del ejercicio anterior. Sin forenses que puedan hacer valoraciones técnicas, desde septiembre de 2024 no se han podido tramitar nuevas peticiones. “Por desgracia, nuestro peores presagios se han cumplido”, se puede leer en el informe anual entregado al Parlamento Vasco y presentado este miércoles en la Cámara por la presidenta del grupo del grupo de trabajo, Juan Balmaseda, y por otro de sus integrantes, Jon Mirena Landa.

“Podría calificarse este año como un ejercicio particular y especial de nuestra actividad en la medida en que prácticamente a lo largo de todo el curso, esto es, desde finales de septiembre de 2024, no hemos podido valorar nuevos dictámenes ordinarios. [...] Como dirían los clásicos, 'res ipsa loquitur'. La escasez en la dotación de los medios es un problema estructural y endémico que venimos denunciando desde que se creó la comisión y que objetivamente no se resolvió en la anterior legislatura”, apuntan desde la comisión. En el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE, eran los nacionalistas los que dirigían esta cartera en la pasada legislatura y ahora ha cambiado de manos. “Al constituirse el nuevo Gobierno vasco e iniciarse una nueva singladura desde el punto de vista del partido de la coalición gobernante que ostenta la responsabilidad de la dotación de medios a la comisión, se encontraron los nuevos titulares del Departamento de Justicia y Derechos Humamos con un problema heredado que simplemente ha explotado”, agregan.

Sostienen que es una “situación de máxima gravedad”. No es momento para pedir “responsabilidades” sino, más bien, de poder volver a atender a las víctimas. “Necesitamos su ayuda para ponernos en marcha otra vez”, demanda la comisión, que aspira a “recuperar el tiempo perdido”. Insisten en que hay que contar con condiciones adecuadas para disponer de médicos forenses y psicólogos. En todo caso, en el apartado de reclamaciones piden también “cooperación” de modo “ágil” con la Administración de Justicia, más recursos humanos para apoyar a la comisión y, desde una perspectiva “províctima”, reabrir la posibilidad de que se vuelvan a realizar solicitudes de víctimas potenciales que no lo hicieron en su momento. Después, con más calma, entienden que incluso se debería ampliar el marco temporal, que ahora se acaba en 1999.

Los casos nuevos reconocidos son solamente cinco. Uno de ellos es el de Rosa Zarra, fallecida como consecuencia de una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza en 1995. Ese día, un millar de personas pedía la liberación de un secuestrado por ETA, José María Aldaya, HB convocó una contramanifestación y la Ertzaintza cargó. Las otras cuatro víctimas lo fueron por disparos de bala en la bahía de Pasaia, donde al llegar en barca les esperaba una emboscada policial. Son Pedro Mari Isart, Rafael Delas, Dionisio Aizpuru y José Mari Izura. Eran miembros de la organización Comandos Autónomos Anticapitalistas, una suerte de rama relacionada con ETA. Recubieron en total 113 balazos. Las familias de cada uno de los cinco fallecidos tienen derecho a 135.000 euros de indemnización económica. Es una cuantía inferior a los 250.000 euros previstos en la normativa para víctimas de terrorismo.

Para enfado de EH Bildu, que así lo ha verbalizado en la sesión parlamentaria, sí se ha denegado la condición de víctimas a familiares de presos de ETA fallecidos o heridos en accidentes de tráfico con motivo de visitas a condenados encarcelados en cárceles alejadas de Euskadi. El informe sostiene que vivieron un “drama” y que la política de “dispersión” generó incomodidades a las familias, pero niega que haya una responsabilidad directa del Estado o de los poderes públicos en esos hechos. En el pasado, también se evitó que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran emplear este marco legal para reclamar indemnizaciones como víctimas de amenazas de ETA.

Ixone Fernández fue detenida en 2005 por la Policía Nacional acusada de colaborar con ETA y durante su custodia sufrió torturas físicas y psicológicas. La Audiencia Nacional la absolvió sin cargos en 2009, tras haber pasado cuatro años en prisión preventiva. “A mí me detuvieron en Cádiz. Yo estaba sola, saliendo del cine y estuve 20 horas detenida sin que nadie lo supiese. Se me echaron encima en plena calle, en esos zarandeos te mueven como un trapo, te tiran al suelo y te agarran de los pelos. Y de repente alguien te dice que estás detenida e incomunicada. Lo primero que pensé es que me iban a matar. Para mí esas horas fueron terribles. Estaba incomunicada y me tenían que llevar a Madrid, pero yo pensaba que en cualquier momento dirían que me había intentado escapar y me pegarían cuatro tiros. Que iba a desaparecer y nadie sabría nada”, relata Fernández visiblemente emocionada frente a una sala repleta de personas torturadas y representantes institucionales.

Está acompañada de su familia y teme contar en público algo que ni ellos mismos sepan acerca de las torturas que vivió. “No eres nadie, estás ahí en un zulo en el que pueden hacer contigo lo que quieren hasta que te destruyen como persona, ese es el objetivo. Está la mano que lo ejecuta y creo que es importante ese matiz, a mí me detiene la Policía por orden de un juez al amparo de un Gobierno en ese momento, pero luego también me visita un médico forense que me dice que no tenga miedo, que estoy en comisaría y que lo que siento es normal. Luego llega una abogada de oficio, cuando ya llevo un montón de días y ya no puedo más y me acabo aprendiendo la declaración que la Policía quiere, pero mientras me están tomando declaración se duerme. La que se supone que tiene que velar por mi integridad en ese momento se queda dormida. Luego, en el juicio, relata que nuestro trato estaba siendo exquisito, dicho por nosotros, los detenidos y las detenidas. El juez ante el que pasé no me miró ni a la cara, Baltasar Garzón. El juez ante el que pase posteriormente para denunciar torturas, me dijo que teniendo en cuenta la acusación que pesaba sobre mí, que lo que yo contaba era novelesco e irrisorio y que teníamos que tener en cuenta que era mujer, que éramos el sexo débil y que como tal, que sentíamos miedo ante situaciones que igual no eran tan graves”, confiesa.

Así lo relata en el coloquio ‘Día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura’ organizado en Bilbao por el Instituto de la Memoria (Gogora) en el que, además de Fernández, han participado el médico forense Paco Etxeberria y la psicóloga Olatz Barrenetxea. Antes que ellos, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha condenado “esta violencia cruel e injusta” y ha mostrado su apoyo y el del Gobierno al que representa para todas las víctimas. “Algo que seguramente, no siempre hemos sabido hacer”, ha destacado.

Fernández recuerda su entrada a prisión como un alivio, ya que creía que con ello llegaría el fin de las torturas. “Tras cinco días incomunicada el juez me notifica que voy a ir a prisión y sentí un alivio terrible porque para mí el infierno se había acabado. Mis hermanas siempre me recuerdan que cuando me vieron en los calabozos de la Audiencia Nacional tenían una persona delante de ellas que no eran capaz de reconocer. Yo estaba fuera de mí. Estaba demacrada. Reconocerte como víctima es complicado. Estás en una situación psicológica en la que sientes que la cárcel va a ser un espacio seguro y luego te das cuenta de que estás encerrada y a muchos kilómetros de tu familia, pero al menos allí no te torturan o eso es lo que crees”, explica tras reconocer que una vez en libertad su cabeza no tiene la capacidad para asimilar lo ocurrido durante el tiempo en el que estuvo incomunicada ni dentro de prisión y que ha vivido de forma aséptica, totalmente desvinculada de sus emociones porque no es capaz de entenderlas ni gestionarlas.

El juez me dijo que era mujer, que éramos el sexo débil y que como tal, que sentíamos miedo ante situaciones que igual no eran tan, tan graves

“Hay toda una historia de la tortura, de los procesos y de las víctimas. Los mecanismos de defensa después de vivir una situación traumática como la tortura son diferentes si salen a la calle o si son encarcelados, porque son contextos totalmente diferentes. Hemos escuchado cientos de veces que el hecho de entrar a la cárcel, aunque no se entienda desde fuera, es como un sitio como protegido, porque ya se acaba, ya no voy a volver a comisaría, aunque vaya a la cárcel. Es el muro donde de alguna manera se acaba la tortura. Si sales a la calle nunca tienes la garantía de que no se va a volver a repetir, que te pueden volver a detener y de hecho pasaba. Siempre ha habido miedo de hablar de lo que ha pasado y si lo contaban era a escondidas, porque no querían o no podían sacar esa vulnerabilidad. El mecanismo de defensa de la tortura es sobrevivir y aunque haya pasado hace años, hoy en día las personas que han sufrido torturas siguen así”, detalla la psicóloga Barrenetxea.

El médico forense Paco Etxebarria lleva años investigando y documentando sobre la tortura, algo que, según describe “es más que esporádica en Euskadi”. “La tortura en el País Vasco ha sido más que esporádica. Cuando el Gobierno vasco diseñó el Plan de Paz incluyó el punto número seis en el que se abordaba esta cuestión que a mí me tocó dirigir. Organizamos la tarea dentro del Instituto Vasco de Criminología y empezamos a recoger la información documental. ¿Qué pasaba? Que había denuncias públicas y privadas por todas partes. Recibimos la información y para elaborar una prueba testifical anunciamos que necesitamos a personas que testificaran. Recogí 500 testimonios en vídeo. Aparecieron cintas y datos. Nos encontraron informes médicos de personas que siendo detenidas y no pasando a disposición judicial, que quedaban en libertad, eran atendidas los viernes por la tarde en el hospital de Basurto, a escondidas. Así, sin fin. Recogimos información desde el año 60 hasta hace bien poco han podido ser detenidas en Euskadi unas 20.000 personas y de ellas tenemos noticias de malos tratos de 5.000. Sin contar los testimonios de personas que han fallecido”, explica el médico forense.

“Es difícil contarle a tu ama, a tu aita, a tus hermanas, el infierno por el que has pasado. Esa parte la llevamos a fuego, el callar, el silenciar por proteger y no nos damos cuenta de que con esos silencios conseguimos que la herida pase de generación en generación y no son silencios que sanan. Yo he pasado de víctima a superviviente después de mucha terapia. Hice terapia en grupo con otras personas torturadas, algo que me ayudó porque aunque pasásemos por comisarías distintas, en épocas diferentes y hayamos sufrido tipos de tortura diferente, el dolor y el trauma es el mismo, nos comunicamos en el mismo idioma y eso ayuda. Interiorizar todo lo que has pasado y lo que has conseguido, te hace darte cuenta de que has sido víctima, pero que puedes empoderarte para ser superviviente. Entonces, todo el trauma vivido pasa de una parte en la que duele y sangra a otra que deja de doler. Yo siempre recuerdo lo vivido, porque es algo que jamás voy a olvidar, pero lo recuerdo desde una parte que no me duele o que al menos no me condiciona la vida”, concluye Fernández.

Fernández forma parte de los 4.113 casos de tortura recogidos en el proyecto de investigación de los malos tratos y la tortura en Euskadi 1960-2014, una investigación impulsada por el Gobierno vasco y llevada a cabo por el Instituto Vasco de Criminología, con Paco Etxebarria. A través de esa investigación se estableció que la tortura y los malos tratos han tenido un carácter sistemático, una herencia del franquismo, con vigencia hasta el siglo XXI. Además, las denuncias, en buena parte de casos, no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación, y no recibieron la atención sociopolítica ni mediática que hubieran requerido. En relación a las víctimas, la investigación señala que no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos.

Concretamente, este jueves el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución propuesta por los partidos del Gobierno, PNV y el PSE-EE, que ratifica el compromiso de la Cámara con el reconocimiento institucional de la “injusticia” y la “grave vulneración de derechos humanos” que supone la tortura. El texto ha salido adelante con la abstención del resto de formaciones. Lo ha hecho tras un debate sobre “torturas policiales” a raíz de una iniciativa de EH Bildu referida a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se constata que la antigua dirigente de ETA Iratxe Sorzabal fue sometida a “tratos inhumanos” por parte de la Policía.

Esa parte la llevamos a fuego, el callar, el silenciar por proteger y no nos damos cuenta de que con esos silencios conseguimos que la herida pase de generación en generación y no son silencios que sanan

Sin embargo, la proposición no de ley de EH Bildu ha sido rechazada. El texto de la coalición soberanista instaba a Gogora a poner a disposición de Sorzabal “todos los medios jurídicos necesarios para que pueda ejercer sus derechos ante la Justicia, y para que se investiguen y clarifiquen las responsabilidades penales de los agentes del Estado autores de aquellas torturas”. A su vez, EH Bildu instaba al Gobierno vasco a adoptar medidas “para que todas las ciudadanas y ciudadanos vascos que han sufrido torturas ejerzan su derecho a la verdad, justicia y reparación, promoviendo los mecanismos jurídicos y los cambios legislativos necesarios”.

En lugar de la iniciativa de EH Bildu, el pleno ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE. Ha recibido las abstenciones del resto (EH Bildu, PP, Sumar y Vox). A través de este texto, el Parlamento Vasco se ratifica en el compromiso adquirido en 2019 por unanimidad para adherirse al 'Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura', “como reconocimiento institucional de la injusticia que supone esta grave vulneración de los derechos humanos”. En la puerta del Parlamento se ha encendido el mismo pebetero que se ilumina como homenaje a las víctimas del terrorismo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Padrón (A Coruña) ha acordado iniciar la investigación judicial de las torturas sufridas por Manuel Reboiras el 28 de septiembre de 1975, en un contexto de crímenes contra la humanidad, la que supone la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por los juzgados de Galicia.

Este primer caso admitido a trámite en Galicia se suma a otras seis querellas con las que ha ocurrido lo propio en diferentes juzgados en España, según informa la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) en un comunicado este jueves, recogido por Europa Press.

Esta denuncia parte de Manuel Reboiras —hermano del histórico dirigente de la Unión do Povo Galego (UPG) asesinado a tiros por la policía franquista el 11 de agosto de 1975—, quien se querelló en octubre de 2024 por las torturas sufridas durante dos detenciones. Una el 28 de septiembre de 1975 en Padrón y una segunda el 18 de junio de 1976 en el monte O Castro (Vigo).

De tal forma, este juzgado de Padrón ha requerido información documental para ello al Archivo Histórico Nacional, al Centro Documental de la Memoria Histórica y a la Dirección General de Policía.

El auto de la admisión a trámite es consecuencia de la estimación de un recurso de reforma interpuesto por Fiscalía y revocación del auto del mismo Juzgado de fecha 12 de diciembre de 2024 que acordó el sobreseimiento y el archivo de la causa por prescripción.

Ceaqua celebra esta nueva admisión, pero recuerda que, tras más de 115 querellas, “sigue siendo un hecho excepcional”. Por ello, insta a los poderes públicos y a los partidos políticos a “adoptar todas las medidas necesarias para que este hecho excepcional se convierta en un hecho habitual”.

“Una vez más y en este sentido debemos recordar que el Estado español está lejos de revertir las políticas de impunidad imperantes que impiden, con carácter general, y a día de hoy, la investigación judicial de los crímenes franquistas”. “Es más, durante este año en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el que el Gobierno ha programado por ello más de 100 actos, desde Ceaqua queremos interpelar, una vez más, al Gobierno de coalición y a los grupos parlamentarios que conforman el poder legislativo para recordarles que su inacción forma parte de las políticas de impunidad mantenidas por el Estado español”, incide.

La noticia ha trascendido el mismo día en el que el pleno del ayuntamiento de Santiago de Compostela decidía conceder una distinción a Moncho Reboiras, nacido en Dodro pero vinculado con la capital gallega a través de la asociación cultural O Galo, el movimiento estudiantil y la lucha sindical antifranquista. La alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, subrayó su carácter como “última víctima mortal del franquismo” en Galicia.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha pedido revisar la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha después de que varios miembros de EH Bildu se hayan acogido a ella para ser reconocidos tras haber sido víctimas de torturas. El Ejecutivo foral reconoció la semana pasada a 21 nuevas víctimas, entre ellas el eurodiputado de la coalición abertzale, Pernando Barrena. Anteriormente, en febrero, se reconoció al miembro de Sortu Eneko Compains, que denunció torturas por parte de la Guardia Civil.

“Con el paso del tiempo me da la sensación de que van a ser catalogadas, en este sentido y por esta ley, más víctimas de la izquierda abertzale que las víctimas reales que ha sufrido el terrorismo de ETA. Es un disparate y es un sinsentido. Y es intolerable. Y, desde luego, nosotros no nos vamos a callar y pedimos esa revisión al Gobierno de Navarra”, ha señalado el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza.

Esparza ha considerado “mezquina la utilización que está haciendo EH Bildu de las resoluciones de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política”. “La izquierda abertzale lleva tiempo empeñada en construir un relato falso, en el que ellos se sitúan como víctimas, y desde UPN eso no lo vamos a tolerar. No puede ser que quien jaleó, quien aplaudió e incluso quien participó en una organización terrorista como ETA se convierta en víctima cuando en realidad estaba con los verdugos”, ha afirmado.

El portavoz de UPN ha sostenido que “el Gobierno de Navarra debería revisar esa ley para que EH Bildu, para que la izquierda abertzale, no pueda aprovecharse de esta manera de ello, para que no se hiera de nuevo la memoria de las víctimas del terrorismo, para que no se pueda manipular la historia real de lo que ocurrió”. “Aquí, en Navarra y en España, había una organización terrorista apoyada por Herri Batasuna, por la izquierda abertzale, defendida por ellos, jaleada por ellos, aplaudida por ellos y sostenida por ellos, por los que hoy se sitúan en EH Bildu, que se dedicó, cuando había una democracia en este país, cuando todos teníamos libertades, a recortar esas libertades, a atentar contra la democracia y a asesinar a todo aquel que pensara diferente a ellos”, ha señalado.

Javier Esparza ha considerado que “quien tiene que determinar si alguien fue torturado o no es un juez, no una comisión, porque si no ocurre lo que, desgraciadamente, hemos visto que está ocurriendo”. “La comisión puede reconocer como víctima a una persona a la que los tribunales le han negado ese reconocimiento de víctima o viceversa. No tiene ningún sentido. Lo que se decide depende de quienes formen esa comisión. Esa comisión está constituida por personas que han sido elegidas por partidos políticos. Es evidente que esa comisión está ideologizada. Es algo evidente y es perverso que el Gobierno de Navarra permita que ocurra esto”, ha señalado.

Desde EH Bildu, por su parte, han indicado que el caso de Barrena y otras víctimas reconocidas por haber sufrido torturas “no es más que la punta del iceberg, ya que son miles las personas torturadas sistemáticamente en Hego Euskal Herria desde el año 1960”. “Según los informes que están elaborando el Gobierno de Gasteiz y el Gobierno de Navarra, son unas 6.000 personas las que han sido torturadas en Hego Euskal Herria en este periodo, unas 5.000 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en torno a mil en Navarra”, ha señalado el parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta.

Zabaleta ha añadido que “a pesar de los intentos negacionistas de algunos de esta realidad y de estas víctimas, que ahora ya se están reconociendo oficialmente, consideramos que el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas es necesario para que este pueblo siga avanzando en la convivencia democrática”. Además, ha destacado “la labor profesional de la Comisión de Reconocimiento y Reparación” de Navarra para el reconocimiento de estas personas.

“Se tienen que abrir los archivos policiales”. Fue la reclamación de Blanca Serra tras declarar ante la Fiscalía como víctima de torturas de la policía franquista durante la Transición. La histórica activista de la izquierda independentista confía en que una petición del Ministerio Público consiga lo que dos archivos (el Nacional de Catalunya y el de la Audiencia Nacional) le han negado a ella: acceder a los documentos policiales y judiciales de su paso por la 'casa de los horrores' de Via Laietana, la jefatura de Policía Nacional en Catalunya.

La coordinadora de Memoria Histórica del centro Irídia, Andrea Carrera, sabe lo que es enfrentarse a las trabas de los archivos para conseguir los expedientes de los represaliados. Desde hace meses gestiona las peticiones de Serra y otras víctimas del franquismo con resultados desiguales. “Es muy frustrante y tiene un punto de arbitrario”, resume Carrera, que destaca que, en muchas ocasiones, el éxito a la hora de conseguir los papeles depende del funcionario al que le toque gestionar la solicitud.

En el caso de Serra, agrega Carrera, se le añade un elemento que convierte su solicitud en “surrealista”. La activista, junto a sus hermanos Eva y Josep, donó al Arxiu Nacional de Catalunya hace unos años toda la documentación que tenía en casa (que incluía tanto panfletos y programas de la izquierda independentista como parte de los expedientes judiciales a los que se vieron sometidos los tres hermanos por su actividad política). “Estaban desbordados con tantos papeles en casa”, explica la investigadora.

Cuando Carrera, en nombre de Blanca Serra, reclamó en julio del año pasado una copia del caso de la activista, el archivo se lo denegó. “Nos dijeron que como la causa judicial afectaba a otras personas además de a Blanca, no nos lo podrían dar por protección de datos”, expone Carrera. Pese a ser una donación de la propia Serra, la respuesta del archivo fue que solo podrían tener acceso a los papeles más genéricos como los panfletos de propaganda política.

Un cambio reciente en la normativa de protección de datos fue la razón del Arxiu Nacional para impedir a Serra recuperar una copia del material que ella misma había facilitado. El centro Irídia, que junto a Òmnium Cultural representa a Serra en su acción legal, quería incluir de entrada toda esa documentación en su denuncia. Ante la negativa del archivo, ahora quieren que sea la Fiscalía de Memoria Democrática la que recabe esos mismos expedientes.

“Una documentación que los hermanos Serra habían tenido en casa ahora no la podían consultar”, constata Carrera, que remarca la “frustración” que tuvo en la activista la respuesta negativa del archivo. “Nos dijeron que, como mucho, si Blanca iba presencialmente a Sant Cugat (municipio en el que está la sede central del Arxiu Nacional), podrían enseñarle los papeles, pero es una mujer de 82 años”, lamenta la investigadora.

Misma negativa, aunque con distinta argumentación, obtuvo Carrera cuando solicitó a la Audiencia Nacional los archivos de una de las causas que siguieron a sus cuatro detenciones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente).

La sala de gobierno del tribunal especial denegó el acceso al sumario en el que estuvo procesada Serra, actualmente en el archivo de la Audiencia Nacional de Alcalá de Henares (Madrid), agarrándose a un artículo de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.

En su resolución, del pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional explicó que en la causa de Serra también estuvieron procesadas otras tres personas y que no constaba su autorización “expresa” para entregarla. Tampoco se había cumplido el plazo de 25 años desde el fallecimiento o de 50 desde la fecha de los documentos que marca la Ley de Patrimonio Histórico para la entrega de documentos con datos policiales, personales o clínicos.

Los archivos que Carrera sí pudo obtener de Serra provienen del Archivo Histórico Nacional de Madrid y son documentos policiales que demuestran que la activista, dos años antes de su primera detención, “ya estaba fichada por la Policía”.

La ley de Memoria, insuficiente

La ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, declara el “acceso público a una gran cantidad de fondos sobre la guerra y la dictadura, incluso los señalados con marcas de reserva o confidencialidad”. Añade la norma que ese acceso “será libre, gratuito y universal”.

Sin embargo, la propia norma se pone dos límites: que los documentos sean anteriores al 26 de abril de 1968, fecha de entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (que el Gobierno sigue sin reformar pese a haberse comprometido a ello con el PNV) y las excepciones que contempla el mencionado artículo de la Ley de Patrimonio Histórico que ha impedido a Serra acceder a su expediente judicial al haber otros tres acusados.

La experiencia de Carrera en los últimos años con las peticiones a los archivos para recabar los expedientes de varios represaliados del franquismo dista de ser 100% satisfactoria. Para empezar, no siempre la documentación está en el archivo en el que, en teoría, tendría que descansar, y está dividida entre los archivos del Ministerio del Interior, el de Salamanca o el de la Audiencia Nacional.

Una vez localizado el archivo, agrega Carrera, empieza el “laberinto burocrático” para acceder a la documentación: llamadas, correos electrónicos que no siempre se responden y varias semanas de espera que las personas represaliadas por el franquismo que siguen vivas no siempre llevan bien. “A las víctimas les hace mucha ilusión poder recuperar sus documentos, y no quieren esperar tanto tiempo”, explica la investigadora.

También cuenta, igual que en los juzgados, el denominado 'factor humano', esto eso es, el funcionario del archivo encargado de tramitar la petición. “En el archivo de la Audiencia Nacional, uno de sus documentalistas nos ayudó mucho a orientarnos, pero no en todos los centros ocurre lo mismo”, lamenta Carrera.

Para la investigadora, la ley de Memoria Democrática fue “un avance”, pero en su aplicación se mantienen algunos problemas del pasado a la hora de acceder a los archivos. En algunos casos además, un centro le ha llegado a cobrar 150 euros por expedir documentación, un trámite que en teoría tendría que ser gratuito.

A ello se añade, indica Carrera, el registro obligatorio de las víctimas en un censo, algo que debido a las avanzadas edades de muchos represaliados no siempre es fácil. Y tampoco es garantía de obtener toda la documentación: “Los interrogatorios policiales, que es una de las cosas que más interesa a las víctimas, es uno de los archivos que más cuesta encontrar”.

“La ley dio unas esperanzas a los represaliados que no siempre se están cumpliendo. Y son víctimas que llevan esperando demasiado tiempo”, concluye Carrera.

La dirección nacional de EH Bildu, encabezada por Arnaldo Otegi, ha hecho público un comunicado en el que denuncia que el Estado torturó a “miles y miles” de vascos siguiendo una estrategia “organizada” para “imponer un marco constitucional que no fue aprobado” por la ciudadanía en el referéndum de 1978 [en Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra hubo más 'síes' que 'noes' pero en las dos primeras la participación no llegó al 50%]. El comunicado llega después de que la Audiencia Nacional absolviera la pasada semana a la exjefa de la organización terrorista ETA Iratxe Sorzabal de un atentado ejecutado en octubre de 1995 en el paso fronterizo de Irún-Hendaya porque fue “sometida a tratos inhumanos”, en concreto, la aplicación de electrodos para obligarle a confesar.

Cree EH Bildu que este fallo de los “herederos del TOP franquista”, en referencia al Tribunal de Orden Público de la dictadura, confirma lo que “todos” saben en Euskal Herria “desde siempre”, que el Estado “ha empleado la tortura de forma sistemática”. El caso de Sorzabal “apunta” a que “es la punta del icerberg”, según la formación que aglutina a la izquierda abertzale histórica, ahora llamada Sortu, pero también a EA, Alternatiba e independientes. La coalición cita incluso palabras de António Guterres, secretario general de ONU, y estima que este organismo debería pronunciarse sobre el caso vasco también a la luz de este pronunciamiento judicial.

Sin señalar quién con nombre y apellidos, EH Bildu pide a los “responsables políticos” que asuman la existencia de la tortura porque “sería una gran aportación a la convivencia democrática en Euskal Herria”. Por eso, a la formación le llama la atención el “silencio” de instituciones, partidos y “medios comunicativos”. “Es altamente significativo”, aseguran. “Quienes no hacen más que pontificar sobre los derechos humanos y el llamado suelo ético se mantienen en un estrundoso silencio que, en estos momentos, se traduce en un acto cómplice. El silencio ahonda en el manto de impunidad [...]. Callar hoy es encubrir a los torturadores”, entiende EH Bildu.

La formación insiste en que la sentencia trasciende del caso de la dirigente Sorzabal. “Numerosas” personas implicadas en causas judiciales, “además de padecer tortura”, han sido condendas y encarceladas por declaraciones forzadas. Y -remarca EH Bildu- si hay tortura hay “torturadores” que, “a pesar de todas las denuncias, siguen sin reconocer su responsabilidad”.